TÍTULO VIII

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO Art. 299 Tráfico ilegal del patrimonio cultural

El que trafique, transporte, almacene, comercialice o extraiga del país bienes culturales, o de cualquier modo transfiera bienes descritos en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación sin la autorización del órgano competente, será sancionado con prisión de tres a cinco años y de quinientos a ochocientos días multa.

Si la obra artística cultural o científica por su naturaleza, calidad e importancia es considerada irrepetible o forma parte del patrimonio cultural de otros Estados o forma parte del patrimonio cultural de la humanidad se impondrá la pena de cuatro a seis años de prisión y de seiscientos a mil días multa.

A los efectos del presente artículo se considera autor de los delitos señalados en los párrafos anteriores, a quien adquiera bienes culturales hurtados o robados.

Art. 300 Exención de pena

Si antes del inicio de la audiencia del juicio oral y público los bienes culturales, científicos o artísticos sustraídos son entregados al Instituto Nicaragüense de Cultura, museo oficial, alcaldía municipal o universidad, se eximirá de pena.

Art. 301 Derribamiento o alteración grave de edificios de interés histórico,

artístico, cultural o monumental Quien contraviniendo las leyes, reglamentos o normativas de planificación urbana, derribe o altere gravemente un edificio o un conjunto urbano o rural protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental, será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión.

Quien estando obligado a la conservación de edificio o conjunto urbano o rural señalados en el párrafo anterior, injustificadamente deje de darle mantenimiento o no permita prestarlo, se le impondrá pena entre cincuenta y doscientos días multa.

Art. 302 Delitos contra el patrimonio cultural cometidos por funcionarios

Cuando los hechos descritos en los artículos anteriores sean cometidos por una autoridad, funcionario o empleado público, además de la pena aplicable para cada uno de los delitos, se impondrá al autor inhabilitación absoluta para ejercer cargo público por un período de seis a doce años.