Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I ......En algunos casos, las entrevistas...

Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I.P.L.) 2017

CENSO DE POBLACIÓN INDÍGENA PRIVADA DE LA LIBERTAD (C.P.I.P.L) 2017

Presentación del Director General

Me genera un alto honor y satisfacción que, por primera ocasión, podamos compartir los resultados del Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I.P.L.), realizado en el ejercicio 2017, con las personas interesadas en el tema (sector social, privado, académico) principalmente aquellas que, de forma directa o indirecta, participan en la operación del sistema de justicia penal en nuestro país.

Desde luego que también dicha información podrá ser de gran utilidad para el poder público federal y local, en el diseño y ejecución de políticas públicas que atiendan con pertinencia cultural a la población indígena privada de la libertad, a sus familiares y a su entorno comunitario; así como para emprender acciones de prevención del delito, aspecto que se ha constituido en una asignatura pendiente, dando lugar a un gran reto.

Este documento, que ahora está a su disposición, le permitirá acercarse, conocer e identificar la complejidad que implica, para el poder público, la atención de la PIPL, en un marco de congruencia con el carácter pluricultural de la Nación, así como las áreas de oportunidad en las que se debe fortalecer el quehacer de las instituciones.

¿Qué alcances tienen las medidas de reinserción social cuando se está privado de la libertad en un centro de reclusión distante de su familia y de su hogar; lo que generalmente propicia perder contacto con ésta y su comunidad; hablando una lengua distinta de las personas que trabajan en esos centros; padeciendo una condición de pobreza inaceptable?

Lo anterior, nos obliga, entonces, a mantener y fortalecer las acciones de orden institucional que impulsen y alienten la actuación del servicio público en los tres órdenes de gobierno, con respeto absoluto a los derechos humanos, con base en las normas constitucionales y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; dentro del proceso de operación del sistema de justicia penal acusatorio. Muchos de los datos que se ofrecen en este documento son muy reveladores. En principio porque nos ayudan a dimensionar los alcances de los fenómenos sociales que hoy se conocen en nuestro país.


De igual manera, se podrán conocer aspectos socioculturales de las personas indígenas privadas de la libertad (PIPL), como por ejemplo, los pueblos y/o comunidades indígenas a las que pertenecen, su edad, su formación escolar, etcétera. Aspectos jurídicos como el tipo delito, la situación jurídica; los centros penitenciarios en donde existe una mayor concentración de ellos, las actividades que desarrollan dentro de prisión, las dificultades para participar en actividades escolares, cívicas, laborales, entre otros datos.

Destaca la información que se refiere a la situación jurídica. El 94% de la PIPL, se encuentra procesada o sentenciada por delitos del fuero común, lo que nos exige reflexionar sobre la necesidad de diseñar estrategias integrales que se orienten a la atención específica de ésta población.

Tenemos muy claro que las acciones institucionales aisladas no tienen una repercusión importante en la transformación del quehacer público que impacte en la realidad social, por ello, durante la presente administración, que comprende el periodo del 01 de enero de 2013 hasta el 31 de julio de 2018, en materia de acceso a la justicia, la CDI, a través del Programa de Derechos Indígenas, logró la excarcelación de 5,213 personas indígenas, con una inversión de 73.4 mdp.

Adicionalmente, este organismo atendió en el mismo periodo, 7,089 requerimientos para la participación en diligencias judiciales o administrativas de personas con el carácter de intérpretes-traductores en lenguas indígenas; lo que significó una inversión de casi 7.2 mdp, en auxilio del sistema de justicia penal, contribuyendo al cumplimiento de lo establecido en la fracción VIII, apartado A, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estoy cierto y convencido de que el presente documento será una valiosa herramienta para que las organizaciones de la sociedad civil, los operadores del sistema de justicia y responsables del diseño y ejecución de políticas públicas, actúen desde otra perspectiva y contexto, propiciando la definición de estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de la PIPL, desarrollando los mecanismos necesarios para cumplir con el anhelo de acceso a la justicia efectiva, pronta y expedita.

Roberto Serrano Altamirano

Ciudad de México, septiembre de 2018.


Capítulo I

Introducción

Este documento es el resultado de un esfuerzo institucional en el que participaron un gran número de personas, servidoras públicas de esta Comisión Nacional, adscritas a las Delegaciones Estatales, Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, Coordinación General de Planeación y Evaluación, Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; del sistema peniteciario nacional, destacando la Comisión Nacional de Seguridad a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y autoridades penitenciarias de los estados.

En esta edición se ofrece información estadística de los resultados generados en la actualización del Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I.P.L) 2017, realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a nivel nacional a través de sus Unidades Administrativas.

Para ésta Entidad, la información estadística que ahora se presenta, se constituye como una plataforma que sostiene y proyecta las acciones institucionales en torno a la excarcelación de personas indígenas y las relativas al ejercicio del derecho de ser asistido por intérpretes-traductores en lenguas indígenas.

Adicionalmente podrán conocer algunas características socioculturales, económicas y jurídicas de las personas indígenas privadas de la libertad (PIPL), así como identificar zonas geográficas susceptibles de atender a partir de acciones culturalmente pertinentes en materia de prevención del delito.

Un hecho innegable es que las PIPL se encuentran en condiciones de desventaja ante el sistema de justicia penal; los motivos o las causas por las que se encuentran involucradas en asuntos de orden penal; son diversas; sin embargo, es inaceptable que una persona indígena permanezca privada de la libertad por carecer de recursos económicos para acceder a esta; por lo tanto, se estima que resulta necesario mantener, fortalecer mecanismos y estrategias de atención en su favor.


Es importante señalar que la actualización inmediata anterior del diagnóstico de PIPL data de 2014.

Los resultados de ese ejercicio revelaron que en el sistema penitenciario nacional se encontraban 9,753 PIPL, lo que representaba el 3.8% del total nacional.1

Es en este contexto que, por primera ocasión, los resultados del CPIPL se comparten, poniendo a disposición de las personas interesadas en el tema, investigadoras, servidoras públicas vinculadas de manera directa o indirecta en la operación del sistema de justicia penal, organizaciones sociales, entre otras; proponiendo iniciar un proceso de retroalimentación que permita considerar los aspectos que se estimen de interés en ejercicios posteriores. Los comentarios u observaciones se podrán recibir en la página oficial de este Organismo.

1.De acuerdo con los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (CNS), en 2014 había 255,638 personas

privadas de la libertad a nivel nacional.


Capítulo Il

Secuencia (metodología)2

En este capítulo se describen los pasos y rutas (proceso) que se adoptaron para realizar el CPIPL, trabajo cuyos resultados, ahora se ponen a su disposición

La Coordinación General de Derechos Indígenas (CGDI) programó la actualización del “Censo de Población Indígena Privada de la Libertad” (CPIPL) para ejecutarlo en el segundo semestre de 2017, sobre la base de los resultados del mismo ejercicio realizado en 2014.

En el marco de la Coordinación interinstitucional se solicitó a las autoridades penitenciarias, federal y estatales, acceso a la información relacionada con el registro general de la población privada de la libertad en los centros de reclusión. (base de datos)

Inicialmente, a través de las distintas Unidades Administrativas de este Organismo que participaron en esta labor, se realizó un cruce de información entre los resultados de la actualización del CPIPL 2014 con respecto a la base de datos actualizada de la población penitenciaria del centro de reclusión.3

Ese ejercicio permitió la identificación de las personas indígenas que permanecían privadas de la libertad, se actualizó su situación jurídica, se ubicó a aquellas que fueron trasladadas a otro centro de reclusión, y las personas indígenas cuyo ingreso se registró a partir de 2015 para entrevistarlos;4 así como los asuntos que por causas diversas de orden legal ya no se encontraban en esa condición.

2. Desde la década de los 80, en el siglo XX, el Instituto Nacional Indigenista (INI), advirtió la necesidad de ampliar el campo de acción institucional hacia el ámbito del acceso a la justicia penal; destinando recursos humanos y financieros para visitar centros de reclusión con el propósito de identificar a las personas indígenas privadas de la libertad. El panorama resultó preocupante y estremecedor, ya que se identificaron varios asuntos en los que la violación al “debido proceso” se constituyó como el común denominador. La investigación ministerial y el juicio propiamente, se llevaban a cabo sin la asistencia de intérprete en lengua indígena; la determinación judicial sobre la responsabilidad penal, se emitía después de varios años; y cuando ésta resultaba absolutoria, se notificaba sin el auxilio del intérprete, lo que, en repetidas ocasiones, propició que la persona absuelta permaneciera privada de la libertad, porque no se entendía el alcance de ese documento. Desde aquel tiempo, las “formas” para identificar a la población indígena privada de la libertad, se han modificado, pasando por el criterio lingüístico hasta la autoadscripción.

3. Conviene señalar que para realizar la actualización en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) se conformó un equipo de trabajo integrado por representantes de la CDI, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (CNS), Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sosteniendo entrevistas con las personas seleccionadas previa revisión de la base de datos correspondiente. 4. El personal de CDI comisionado para realizar esas actividades, recurrió a las áreas jurídica y trabajo social del centro de reclusión para acceder a la base de datos, considerando, principalmente los indicadores relacionados con el lugar de nacimiento (localidad, municipio y entidad) así como las formas culturales de asignación de nombre, entre otros.


A partir de ese diagnóstico inicial, en conjunto con las autoridades competentes, se adoptaron los acuerdos pertinentes para que el personal de CDI accediera, bajo las condiciones de seguridad necesarias, a los espacios físicos adecuados de los centros de reclusión, y realizar las entrevistas a las personas indígenas que previamente se habrían seleccionado.5

Las entrevistas directas (conversaciones) sostenidas se realizaron por abogadas, abogados, trabajadoras sociales y antropólogas (os), algunos de ellos hablantes de una lengua indígena.

En algunos casos, las entrevistas se realizaron con apoyo de intérpretes-traductores en lenguas indígenas.

Concluida esa fase, trabajo de campo en centros de reclusión, se concentró la información para sistematizarla; clasificándola en los rubros que se pueden conocer en este documento, como las siguientes:

a) Aspectos socio-económicos y culturales

• Género

• Identidad cultural

• Lengua indígena

• Entidad de nacimiento

• Edad

• Escolaridad en el exterior

• Ocupación en el exterior

• Estado civil

5. Se utiliza el instrumento denominado “Diagnóstico socio-jurídico”


b) Aspectos jurídicos

• Situación jurídica, precisando la etapa procesal

(procesado y/o sentenciado) y fuero.

• Delito y modalidad (incidencia delictiva)

• Servicio de defensoría

• Asistencia de intérprete-traductor en el procedimiento.

c) Vida en reclusión (Plan de actividades)

• Educativas

• Laborales

• De otro tipo (religiosas, deportivas y artísticas)

• Vínculos familiares


Capítulo IlI

Sobre los resultados

En México, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)6 señala que el sistema penitenciario nacional (2017) estaba integrado por 360 centros de reclusión; de los cuales 18 son federales, 271 estatales, 58 municipales y 13 están bajo la jurisdicción del gobierno de la Ciudad de México.

1) Población indígena privada de la libertad (entidad federativa y género)

Como ya se refirió, durante el segundo semestre de 2017 la CDI realizó la actualización del Censo de Población Indígena Privada de la Libertad. (CPIPL)

La población penitenciaria nacional registraba un total de 207,432 personas privadas de la libertad7 (PPL); de éstas, el 3% (6,698) se auto-reconocen como integrantes de un pueblo indígena, en el ejercicio del derecho de auto adscripción, en términos de lo establecido en el tercer párrafo, artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 1° punto 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

En la gráfica que se presenta a continuación, se observa la proporción que representa la PIPL con respecto al total de la población penitenciaria a nivel nacional.

200,734(97%)

6,698(3%)

Población Penitenciaria 2017

Población Penitenciaria Nacional

Población Penitenciaria Indígena

Total207,432

6. Comisión Nacional de Seguridad. Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Octubre 2017.7. Ibidem.


Es pertinente recordar que estamos en una etapa transicional; en junio de 2016 concluyó la implementación del sistema de justicia penal acusatorio8, destacando el principio constitucional plasmado en el apartado A del artículo 20, que textualmente señala: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; así como la prisión preventiva como excepción al principio de presunción de inocencia”.

Para la consolidación y viabilidad de la operación del sistema procesal penal acusatorio, paralelamente se promulgaron y entraron en vigor diferentes ordenamientos jurídicos, como los siguientes:

• Código Nacional de Procedimientos Penales

• Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en

Materia Penal

• Ley Nacional de Ejecución Penal

• Ley Federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento

penal.

De igual forma se crearon instancias con ese mismo fin, por ejemplo:

• Juzgados especializados en ejecución penal, en el ámbito federal y estatal.

• Instancias encargadas de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares

aplicadas por autoridades competentes. (Unidad de Seguimiento y Supervisión

de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. CNS)

En este escenario, se realiza la actualización del CPIPL 2017.

Como se expresó al inicio de este documento, en un ejercicio de comparación se advierte que conforme a los resultados de la actualización de 2014 (9,753 personas indígenas) con respecto a los de 2017; (6,698) se registró una reducción del 31% de la PIPL.

Surge una serie de interrogantes ¿Cómo se explica esa reducción en términos absolutos? ¿Qué elementos o aspectos influyeron para que se registre ese descenso en la cantidad de PIPL?. De las valoraciones y análisis internos realizados, es posible plantear algunas razones. 8. Antes de esa fecha entró en vigor el sistema penal acusatorio en algunas entidades federativas como Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Estado de México, entre otras.


La más aceptada es la que sugiere que la entrada en vigor paulatina del sistema procesal penal acusatorio permite a las personas recurrir a diversas alternativas legales para acceder a la libertad, en los términos que establece la legislación aplicable. A continuación se presenta información derivada de los resultados en comento, particularmente en torno a los rubros de entidad federativa y género de la P.I.P.L9.

Se advierte que un poco más de la mitad de la PIPL se concentra en las entidades de Puebla, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México y Guerrero, respectivamente.

Cuantitativamente se observa que del total de la PIPL registrada, el 54.7% se ubica en las entidades referidas, lo que en términos absolutos se habla de 3,666 personas.

9. P.I.P.L. Personas Indígenas Privadas de la Libertad. Artículo 3. Fracción XVII. Ley Nacional de Ejecución Penal.

*Como consecuencia de los sismos de septiembre de 2017, no hubo condiciones propicias para concluir las actividades programadas en el Estado de Oaxaca. No obstante, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social se tiene un registro de más de 1,000 PIPL. Coordinadamente se están ejecutando las acciones institucionales para que en breve se tenga el resultado final.


Por otra parte, del total de la PIPL (6,698) 245 son mujeres, lo que representa el 4%. Gráficamente se observa como lo refleja el cuadro siguiente:

2) Centros Federales de Readaptación Social

Es necesario hacer especial referencia a las actividades de la actualización en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) ya que anteriormente, por las características de seguridad propias de ese tipo de recintos penitenciarios, la CDI sólo accedía a las personas que la Dirección General del propio centro federal tenía clasificada con ese carácter.

A partir de un modelo de coordinación interinstitucional diseñado específicamente para esta tarea, durante el ejercicio 2017, se conformó un equipo de trabajo integrado por representantes de la CDI, del Órgano Administrativo Desconcentrado

Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; para que con el apoyo de los Directores Generales de cada centro federal, se realizaran las actividades pertinentes para la actualización del CPIPL.

A continuación se muestra el registro de PIPL en CEFERESOS10.

6,453 (96%)

245 (4%)

Hombres

Mujeres

Total6,698

Por género


Se identifica que el total de PIPL es de 401. De éstas 22 son mujeres, lo que representa el 5.4% del total.

También es posible apreciar que el 61% de las PIPL (245) en CEFERESOS se ubica dentro de los delitos de orden federal. El 39% (156) se ubica dentro del bloque de delitos del fuero común.

Más de la mitad de la PIPL en CEFERESOS; 218 que representan el 54.3%, se ubican en el número 15 (Chiapas), Complejo Penitenciario Federal Islas Marías, número 4 (Noroeste Tepic, Nayarit) y número 13 (Oaxaca), respectivamente; como se muestra en la tabla siguiente.

1 Por razones de carácter administrativo no se realizó la visita al CEFERESO 9, Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua. Los CEFERESOS 3 (Santa Adelaida, Tamaulipas) y 10 (Monclova, Coahuila) no están operando.

Coordinación General de Derechos Indígenas

Población Indígena Privada de la Libertad en Centros Federales de Readaptación Social11(P.I.P.L) 2017

CEFERESO Hombres Mujeres Total P.C S.C P.F S.F Total

Núm. 1 “ALTIPLANO” (Edo. de México) 5 0 5 0 0 5 0 5

Núm. 2 “OCCIDENTE” (Jalisco) 12 0 12 0 0 11 1 12

Núm. 4 “NOROESTE” (Nayarit) 44 0 44 0 9 23 12 44

Núm. 5 “ORIENTE” (Veracruz) 29 0 29 2 3 12 12 29

Núm. 6 “SURESTE” (Tabasco) 6 0 6 0 2 1 3 6

Núm. 7 “NOR-NOROESTE” (Durango) 14 0 14 0 8 3 3 14

Núm. 8 “NOR-PONIENTE” (Sinaloa) 10 0 10 0 2 3 5 10

Núm. 11 “CPS SONORA” 34 0 34 2 1 13 18 34

Núm. 12 “CPS GUANAJUATO” 20 0 20 1 3 1 15 20

Núm. 13 “CPS OAXACA” 41 0 41 0 13 7 21 41

Núm. 14 “CPS DURANGO” 27 0 27 3 14 5 5 27

Núm. 15 “CPS CHIAPAS” 85 0 85 1 58 2 24 85

Núm. 16- FEMENIL 0 21 21 0 14 0 7 21

Núm. 17 “CPS MICHOACÁN” 1 0 1 0 0 0 0 0 1

1

Centro Federal de Rehabilitación PSICOSOCIAL

4 0 4 1 1 0 2 4

Complejo Penitenciario Federal “ISLAS MARÍAS”

47 1 48 0 18 0 30 48

Total 379 22 401 10 146 87 158 401

10. Es conveniente señalar que un número importante de las 401 personas indígenas ubicadas ahí, se encuentran a disposición de autoridades judiciales de otros estados. Por ejemplo, en el CEFERESO 16-Femenil (Morelos), se encuentran mujeres indígenas de entidades federativas como Oaxaca, Puebla.11. Por razones de carácter administrativo no se realizó la visita al CEFERESO 9, Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua. Los CEFERESOS 3 (Santa Adelaida, Tamaulipas) y 10 (Monclova, Coahuila) no están operando.


En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la PIPL en los CEFERESOS:

85

48

44

41

34

29

27

21

20

14

12

10

6

5

4

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Núm. 15 “CPS CHIAPAS”

Complejo Penitenciario Federal “ ISLAS M ARÍAS”

Núm. 4 “NOROESTE”-TEPIC

Núm. 13 “CPS OAXACA”

Núm. 11 “CPS SONORA”

Núm. 5 “ORIENTE”-VERACRUZ

Núm. 14 “CPS DURANGO”

Núm. 16- FEMENIL-MORELOS

Núm. 12 “CPS GUANAJUATO”

Núm. 7 “NOR-NOROESTE”-DURANGO

Núm. 2 “OCCIDENTE”-JALISCO

Núm. 8 “NOR-PONIENTE”-SINALOA

Núm. 6 “SURESTE”-TABASCO

CEFERESO Núm. 1 “ALTIPLANO”-EDOMEX

CEFEREPSI-M ORELOS

Núm. 17 “CPS M ICHOACÁN”

Población Indígena Privada de la Libertad en CEFERESOS


Capítulo IV

Aspectos socio-culturales

En este capítulo se presentan indicadores que nos permiten conocer, a través de estadísticas y gráficas, diversos aspectos que caracterizan a la PIPL, como el pueblo indígena al que pertenecen, a partir de la autoadscripción; la edad, estado civil, la escolaridad y ocupación que tenían antes de ingresar al centro de reclusión.

1) Identidad cultural

Disponer de un diagnóstico estadístico, respecto a las características socio-económicas y culturales de la población indígena que se encuentra en los centros de reclusión del país permite que los tres órdenes de gobierno enfoquen acciones de orden institucional orientadas a la atención específica de las personas, que impacten favorablemente en el ámbito individual, familiar y comunitario.

Del total de PIPL; el 59% se concentra en personas que se autoadscriben a los pueblos indígenas siguientes:

• Náhuatl (1,712)

• Maya (459)

• Tsotsil (387)

• Mixteco (363)

• Totonaco (358)

• Zapoteco (348) y,

• Tseltal (326).


En el siguiente cuadro, se muestra el registro completo de la información relacionada con el pueblo indígena al que señalaron pertenecer:

Náhuatl 1712 Popoloca 33

Maya 459 Chatino 25

Tsotsil 387 Triqui 24

Mixteco 363 Tepehuano del norte 20

Totonaco 358 Chontal de Tabasco 19

Zapoteco 348 Guarijío 18

Tseltal 326 Tojolabal 15

Tarahumara 288 Pame 13

Otomí 285 Huave 12

Mazateco 255 Cuicateco 11

Ch'ol 170 Mam 10

Cora 149 Pápago 10

Mazahua 140 Tepehua 10

Mayo 139 Pima 5

Tlapaneco 138 Chontal de Oaxaca 4

Chinanteco 119 Chichimeco jonaz 3

Tarasco 104 Matlatzinca 3

Mixe 103 Paipai 3

Huichol 101 Q'anjob'al 3

Teenek 97 Seri 3

Tepehuano del sur 96 Cucapá 2

Zoque 68 Kumiai 2

Amuzgo 61 Chocholteco 1

Yaqui 53 Kaqchikel 1

Huasteco 46 Kickapoo 1

Popoluca de la Sierra 43 Kiliwa 1

Tepehuano 37 Lacandón 1

Total 6,698

Pueblo indígena


Enseguida se presentan los resultados obtenidos en torno a la entidad de nacimiento de la PIPL.

El 63% (4,224) de la población es originaria, principalmente de las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero, respectivamente.


2) Edad

Una característica sociodemográfica importante es la que se relaciona con la edad. Por ejemplo, en el rango de 18 a 40 años, se ubica el 52.6% (3,526) de la PIPL, lo que revela que se trata de personas jóvenes en edad productiva.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

1,6541,872

2,140

664

273 80 8 7

P.I.P.L. 2017 - Por edad

18- 30 31-40 41-50 51-60 61 a 70 71 a 80 81 a más Desconoce su edad


1,949

1,4921,420

983

414

216132

50 27 150

500

1,000

1,500

2,000

2,500

P.I.P.L.-2017-Por escolaridad

Primaria Incompleta Analfabeta Primaria Completa

Secundaria Completa Secundaria Incompleta Preparatoria Completa

Preparatoria Incompleta Licenciatura Completa Licenciatura Trunca

Carrera Técnica

3) Escolaridad antes de ingresar a reclusión

Respecto a la escolaridad, el 51.3% (3,441) de la PIPL se ubica en un nivel de educación primaria incompleta y analfabeta.

Se estima que este escenario puede tener origen en la ausencia de infraestructura educativa congruente con la diversidad cultural, en sus lugares de origen y a la precaria situación económica, principalmente.


4) Ocupación antes de ingresar a reclusión

Durante las entrevistas realizadas, se identificó que el 71% (4,769) de la PIPL señaló que se dedicaba principalmente a las actividades propias del campo y a la albañilería, como se observa en el siguiente cuadro.

Ocupación antes de la reclusión

Activ. propias del campo 3,994

Asistentes educativos 5

Activ. propias de la albañilería 775

Costura y bordado 5

O ios varios (carpintería, cerrajería, electricista, herrería, hojalatería, soldador, tapicería, plomería y zapatero , entre otros)

369

Estilista/Peluquero 5

Comerciantes 349

Mantenimiento 5

Empleados varios 225

Buzos 4

Choferes 155

Pintor automotriz 4

Obreros 171

Servidores públicos 4

Actividades relacionadas con la seguridadpública y privada (Militares -Agente de la AFI y, policías)

81

Abogados 3

Hogar 78

Administradores 3

Artesanos 58

Carboneros 3

Mecánicos 44

Enfermeras 3

Pescador 44

Sastres 3

Empleadas domésticas 34 Secretarias 3

Estudiante 32

Técnicos e lectrónicos 3

Cocineros 31

Cobradores 2

Estibadores 31

Danzantes 2

Profesores 23

Prostitución 2

Meseros 22

Técnicos en computación 2

Actividades relacionadas con la música y el entretenimiento

16

Veterinarios 2

Taqueros 16

Bombero 1

Desempleados 14

Contador 1

Operadores de máquina 12

Decorador 1

Carniceros 11

Ferrocarrilero 1

Veladores 10

Fotógrafo 1

Empleado de molino y tortillería 9

Marino 1

Repartidores de gas, refrescos y otros 9

Médico 1

Promotores (bilingüe, cultural, registro civil, turismo y salud)

7

Quesero 1

Boleros 6

Recolector de plásticos 1

Total 6,698


5) Estado civil

En este aspecto, el 59% (3,967) de la población ha conformado su propio grupo familiar ya sea casados o en unión libre, constituyéndose en el soporte económico del núcleo, sin que se deje de considerar que, independientemente del estado civil que se tenga, también pueden ser el soporte económico de la familia.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Soltero (a)

Unión Libre

Casado (a)

Viudo (a)

Divorciado (a)

2,487

2,036

1,931

154

90

P.I.P.L.-2017- Estado civil


Capítulo V

Aspectos jurídicos

En este apartado se ofrece información relacionada, básicamente, con la información vinculada al ámbito legal, como la situación jurídica, el registro de delitos, incluyendo los asuntos de personas sentenciadas y las que se encontraban en proceso, como probables responsables; así como el tipo de defensa y la intervención o asistencia de intérpretes-traductores en lenguas indígenas.

1) Situación jurídica.

El 94% (6,287) de la PIPL, se encuentra procesada o sentenciada por la comisión de delitos del orden común, tales como homicidio, lesiones, violación y robo, entre otros. El resto, 6% (411) por delitos del orden federal, destacando los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, principalmente.

Destacan las cifras relacionadas con la ubicación de la PIPL de acuerdo con el fuero del delito que se les imputa.

El 94%, se ubica dentro de los expedientes judiciales que se han integrado por la comisión de delitos del orden común. Situación que muestra la necesidad de diseñar y ejecutar acciones que fortalezcan las capacidades del sistema de justicia penal en las entidades federativas.

Por consiguiente, el 6% de la PIPL se ubica en el ámbito de delitos federales.


Tlaxcala 6 21 0 1 28

Veracruz de Ignacio de la Ll ave 278 343 0 0 621

Yucatán 19 150 1 8 178

Zacatecas 2 8 0 0 10

CEFERESOS 10 146 87 158 401

Total 1,799 4,488 140 271 6,698

Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I.P.L) 2017- Por situación jurídica

Entidad P.C 1 S.C 2 P.F 3 S.F 4 Total

Aguascalientes 0 2 0 0 2

Baja California 20 49 3 5 77

Baja California Sur 10 27 0 1 38

Campeche 38 51 1 1 91

Chiapas 332 333 2 8 675

Chihuahua 29 230 3 0 262

Ciudad de México 63 315 0 17 395

Coahuila de Zaragoza 0 2 0 0 2

Colima 3 17 0 0 20

Durango 38 40 3 0 81

Guanajuato 2 3 0 0 5

Guerrero 101 261 8 22 392

Hidalgo 51 130 1 0 182

Jalisco 29 53 1 2 85

México 48 193 5 4 250

Michoacán de Ocampo 29 124 3 1 157

Morelos 11 88 3 1 103

Nayarit 60 132 0 2 194

Nuevo León 3 14 0 3 20

Oaxaca 237 387 9 10 643

Puebla 146 778 4 12 940

Querétaro 13 16 1 1 31

Quintana Roo 103 124 0 0 227

San Luis Potosí 42 185 0 1 228

Sinaloa 28 62 2 8 100

Sonora 42 138 3 5 188

Tabasco 2 59 0 0 61

Tamaulipas 4 7 0 0 11

1 P.C.= Procesados (as) Comunes. 2 S.C.= Sentenciados (as) Comunes. 3 P.F.= Procesados (as) Federales. 4 S.F.= Sentenciados (as) Federales.


Además de lo señalado en líneas anteriores, en la gráfica se observa que el 67% de la PIPL está sentenciada por delitos del orden común, lo que significa que una parte importante de la atención legal en su favor está en el ámbito de los poderes judiciales locales en materia de ejecución penal.

2) Incidencia delictiva

Otro aspecto que se logró conocer es el relativo a la incidencia delictiva.

En la estadística siguiente, se muestra que el 91.5% (6,129) de la PIPL, se concentra en la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal (homicidios y lesiones), contra la libertad sexual (violación, abuso sexual, entre otros), contra el patrimonio (robos) y contra la libertad personal (secuestro y privación ilegal de la libertad).

1,799 (27%)

4,488 (67%)

140 (2%)

271 (4%)

P.I.P.L.-2017-Situación Jurídica

Procesados (as) Comunes

Sentenciados (as) Comunes

Procesados (as) Federales

Sentenciados (as) Federales


Clasificación de delitos Total

Contra la vida y la integridad corporal 3,214

Contra la libertad sexual 1,682

Contra el patrimonio 778

Contra la libertad personal 455

Contra la salud 276

Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 82

Contra la familia 55

Delincuencia organizada 39

Trata de personas 33

Contra la seguridad colectiva 29

Tráfico de personas 18

Contra la sociedad 17

Contra la industria petrolera 5

Contra la seguridad de la Nación 3

Contra la autoridad 2

Contra la paz y seguridad de las personas 2

Encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita

2

Tortura 2

Contra la falsedad 1

Desaparición forzada de personas 1

Evasión de reos 1

Violencia de género 1

Total 6,698


3) Tipo de defensa

De las 6,698 PIPL, de acuerdo con su situación socio-económica, el 85.4% (5,722) recibió asistencia por los servicios de defensoría pública o de oficio.

4) Derecho a ser asistido por un intérprete-traductor en lengua indígena (ITLI).

Durante las entrevistas realizadas a la PIPL, 996 refirieron haber sido asistidas durante sus declaraciones, por un intérprete-traductor en su lengua, lo que representa el 14.8%. El resto, 85.2% expresó que no había recibido esa asistencia, lo que revela que se actúa al margen de lo establecido en la fracción VIII, apartado A, artículo 2°constitucional.

Gráficamente, los resultados obtenidos se observan de la siguiente manera:

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Defensores públicos

Defensores particulares

5,722

976

P.I.P.L.-2017-Tipo de defensor

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

No fue asistido en sus declaraciones conun intérprete-traductor en lengua indígena

Si fue asistido en sus declaraciones con unintérprete-traductor en lengua indígena

5,702

996

P.I.P.L.-2017-Intérprete-traductor en lengua indígena


Capítulo VI

Vida en reclusión

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 establece que la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos humanos.

La Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) regula, en el Título Tercero, las bases para la reinserción social, las cuales deberán contemplarse en el “Plan de Actividades” diseñado para las personas privadas de la libertad, especificando que las actividades físicas y deportivas tienen el propósito de servir como esparcimiento y ocupación.

El artículo 33 de la LNEP establece la necesidad de crear “protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan a los Centros”, destacando el que se establece en la fracción XV, “De actuación en casos que involucren personas indígenas privadas de la libertad;” también se plantea la obligación de mantener una base de datos (artículo 27) que registre las particularidades de las personas que ingresan al centro de reclusión, incluyendo las variables de “condición de identificación indígena y de habla indígena”, entre otros datos.

En el aspecto relacionado con la educación menciona que su impartición tiene que ser gratuita, laica, y en caso de ser indígena, la educación será bilingüe.

Respecto al tema en comento, en seguida se presenta información respecto a las actividades laborales y educativas que realiza la PIPL durante su internamiento, consideradas en el plan de actividades.


1) Actividades educativas

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el 57.7% (3,870) de la población no participa en actividades escolares en prisión; advirtiéndose, durante las entrevistas realizadas, que una de las razones principales es aquella que refiere que en los centros de reclusión no se realizan actividades de este tipo; o bien, no se cuenta con programas específicos diseñados para la población indígena y en otros casos, porque se encuentran alejados de sus familiares y carecen de los documentos correspondientes para inscribirse a las actividades escolares.

Participación en actividades escolares en reclusión

Actividad Total

Ninguna 3,870

Primaria 1,363

Secundaria 988

Preparatoria 257

Alfabetización 177

Computación 23

Estudios Universitarios 7

Inglés 7

Curso de Mecánica 4

Criminología 1

Diplomados 1

Total 6,698


2) Actividades laborales

En relación con las actividades laborales que la PIPL realiza en reclusión; el 47% (3,174) se enfoca a la elaboración de artesanías de hilo y madera; mismas que venden los días de visita para poder disponer de dinero que les permita realizar alguna llamada telefónica a sus familiares, adquirir artículos de higiene, comprar algún alimento o reinvertirlo en material de trabajo. En este mismo tenor, el 32.3% señaló que no participa en actividad laboral alguna.

3) Otro tipo de actividades

La mayoría de la PIPL participa en actividades deportivas y religiosas, principalmente, considerando además que en el caso de los que no participan en éstas, tiene que ver con las normas aplicables propias de los centros de reclusión.

Participación en actividades laborales en reclusión

Actividad Total

Artesanías 3,174

No 2,168

Costura 787

Limpieza 365

Cocinero (a) 204

Total 6,698

Otro tipo de actividades ocupacionales

Actividad Total

Deportivas 2,801

Religiosas 1,857

No 1,335

Artísticas 690

Grupo de AA 15

Total 6,698


4) Vínculos familiares

El 31% (2,073) de la PIPL manifestó que no tiene visita familiar y/o conyugal, debido a que se encuentran lejos del lugar de residencia de su familia y/o por carecer de recursos económicos para que la familia esté en condiciones de acudir.

Tipo de visita en reclusión

Visita total

Familiar 3,532

No 2,073

Familiar y conyugal 961

Conyugal 132

Total 6,698


Capítulo VII

Mapas

En este apartado se ofrecen datos estadísticos vinculados geográficamente a imágenes de la República Mexicana, respecto de la distribución de la PIPL por entidad federativa, considerando los indicadores siguientes:16

• PIPL en el sistema penitenciario nacional

• PIPL por entidad de nacimiento

• PIPL ubicada en centros de reclusión estatales, municipales y de la Ciudad de

México; asociada a la situación jurídica (procesada y sentenciada en el fuero

común y en el ámbito federal)

• PIPL ubicada en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS),

asociada a la situación jurídica (procesada y sentenciada en el fuero común y en

el ámbito federal)

16. Para el desarrollo de este Capítulo se contó con la aportación de Andrés Ramírez Hernández, Director de área de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como de Jorge Alberto Ramírez Sánchez y Efraín Hernández García, prestadores de servicio social en la misma.


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CEFE

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TIPL

ANO

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Mun

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44

de 4

4


Capítulo VlII

Testimonios fotográficos

Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I ......En algunos casos, las entrevistas...

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Transcript of Censo de Población Indígena Privada de la Libertad (C.P.I ......En algunos casos, las entrevistas...