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Boletín-electrónico MAYO-JUNIO 2008 No.44 Participación de la sociedad civil en auditorías y monitoreo del gasto Democratización, visibilidad y transparencia en auditorías gubernamentales en Honduras por Luis Fernando Velásquez Leal Participación pública en la construcción de carreteras en Filipinas y la India por Leodigario R. de Guzmán y R. Balasubramaniam Estudios y lecciones de ejercicios de seguimiento del gasto público por Vivek Ramkumar Mayor transparencia y participación en Indonesia y Filipinas y en industrias extractivas Indonesia aprueba ley de libertad de información por Dedi Haryadi ONGs trabajan conjuntamente para lograr mayor participación y transparencia en el proceso presupuestario de Filipinas por Robert Valencia La ley de divulgación de transparencia de industrias extractivas se presenta ante el Congreso de Estados Unidos por José Marín Reseñas literarias Presupuesto participativo en Brasil: una visión desde la India por Vinod Vyasulu Michael Edwards cuestiona el Filantrocapitalism por Robert Valencia Sistemas fiscales para la salud y la reconstrucción Esfuerzo colectivo para el financiamiento sustentable de prácticas de inmunización por Christina Morgan Creación de infraestructura fiscal en países post-conflicto por José Marín Nuevas iniciativas de activismo Teléfonía celular y el activismo de las ONGs. Entrevista con Katrin Verclas de MobileActive.org por Robert Valencia "Publish What You Fund" (PWYF) necesita tu apoyo
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Boletín-electrónico MAYO-JUNIO 2008 No.44
Participación de la sociedad civil en auditorías y monitoreo del gasto
Democratización, visibilidad y transparencia en auditorías gubernamentales en
Honduras por Luis Fernando Velásquez Leal
Participación pública en la construcción de carreteras en Filipinas y la India por
Leodigario R. de Guzmán y R. Balasubramaniam
Estudios y lecciones de ejercicios de seguimiento del gasto público por Vivek
Ramkumar
Mayor transparencia y participación en Indonesia y Filipinas y en industrias extractivas
Indonesia aprueba ley de libertad de información por Dedi Haryadi
ONGs trabajan conjuntamente para lograr mayor participación y transparencia en el
proceso presupuestario de Filipinas por Robert Valencia
La ley de divulgación de transparencia de industrias extractivas se presenta ante el
Congreso de Estados Unidos por José Marín
Reseñas literarias
Presupuesto participativo en Brasil: una visión desde la India por Vinod Vyasulu
Michael Edwards cuestiona el Filantrocapitalism por Robert Valencia
Sistemas fiscales para la salud y la reconstrucción Esfuerzo colectivo para el financiamiento sustentable de prácticas de inmunización
por Christina Morgan
Creación de infraestructura fiscal en países post-conflicto por José Marín
Nuevas iniciativas de activismo
Teléfonía celular y el activismo de las ONGs. Entrevista con Katrin Verclas de
MobileActive.org por Robert Valencia
"Publish What You Fund" (PWYF) necesita tu apoyo
Nuevos recursos
Novedades en la página de presupuestos participativos del IBP
Nuevas publicaciones del Banco Mundial
"International Tax Guide"
"Finding the Money,‖ editado por Gábor Péteri
Democratización, visibilidad y transparencia en auditorías
gubernamentales en Honduras por Luís Fernando Velásquez Leal A pesar de los importantes esfuerzos nacionales e internacionales realizados en América
Latina por fortalecer la participación ciudadana en los procesos de auditoría social, los
resultados han sido limitados debido a la falta de coordinación y comunicación entre el
control social y el control institucional ejercido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS). Tradicionalmente, la participación ciudadana en el control de la administración
pública se ha limitado a considerar la denuncia como una herramienta de lucha contra la
corrupción sin que sus resultados se hayan traducido en una mejora significativa en la
prestación de los servicios por parte del estado a los ciudadanos. En algunos casos, las EFS
perciben la participación ciudadana en los procesos de auditoría como una intromisión en su
quehacer institucional debido a la falta de metodologías que permitan la participación y
confianza de la ciudadanía en el control institucional. En Honduras con el apoyo del Banco Mundial, se desarrolló entre septiembre 2007 y marzo
2008 una metodología para vincular a los ciudadanos y organizaciones civiles con las
auditorías gubernamentales realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas de la República
(TSC). Esto forma una experiencia piloto orientada a democratizar, visibilizar y
transparentar las auditorías gubernamentales mediante una alianza estratégica orientada a
mejorar la gestión pública. Dicha experiencia es el resultado de un proceso importante de planificación que incluyó el
diseño conceptual y la estructuración técnica de la metodología de trabajo; la
implementación de ocho auditorías gubernamentales con participación ciudadana en temas
de salud, infraestructura, medio ambiente y municipalidades; la capacitación de auditores y
servidores públicos de las entidades auditadas, así como de 87 organizaciones civiles de
todo el país. Metodología y resultados en Honduras El proceso de participación ciudadana en auditorías gubernamentales consistió de cuatro
fases:
Fase 1- Selección de auditorías con participación ciudadana: esta fase consiste en
integrar información generada por los ciudadanos y los medios de comunicación dentro
del Plan General de Auditorías, como un elemento decisivo para focalizar las
instituciones a auditar. Fase 2- Información y acercamiento a la ciudadanía: aquí se discuten los papeles y
actividades del Tribunal Superior de Cuentas, así como los de la sociedad civil y las
instituciones auditadas. Esta fase es importante porque establece las alianzas sociales e
institucionales necesarias para mejorar la gestión de las entidades auditadas y la
prestación de servicios públicos. Dichas alianzas ayudan a fortalecer los canales de
comunicación y motiva a los ciudadanos a manifestar los aspectos críticos en la calidad
de los servicios.
Fase 3- Desarrollo del control institucional: en esta fase, el TSC informa a los
ciudadanos, a través de eventos públicos cómo su aporte será integrado en el proceso
de auditoría, incluyendo los aspectos y las áreas en que las contribuciones de los
ciudadanos no serán incluidas y porqué.
Fase 4- Presentación pública de resultados: el TSC presenta en eventos públicos
sus hallazgos y recomendaciones para el mejoramiento de la gestión de las entidades
auditadas que incluye los papeles y responsabilidades tanto del gobierno, como de la
sociedad civil. Estos eventos también permiten generar un espacio para que un
representante firme un compromiso público frente a los ciudadanos, con el fin de que se
realice un control social sobre los planes de mejoramiento institucional.
Fase 5- Seguimiento ciudadano a recomendaciones de mejoramiento de la
gestión pública: esta última fase promueve la participación ciudadana y el control
sobre los planes de acción para el mejoramiento institucional que resulta de las
auditorías, transformando sustancialmente las formas tradicionales de auditoría social en
Honduras. Esta nueva metodología de control tiene implicaciones directas en la credibilidad de los
ciudadanos en la labor de las entidades de control, generando mayor confianza en las
instituciones tanto las que auditan, como las que son auditadas. También se fortalece la
capacidad para abordar aspectos sociales y comunitarios y los procedimientos de auditoría y
control que se transforman en función de las necesidades y expectativas ciudadanas y
comunitarias sobre la calidad de los servicios por parte de las entidades auditadas. De igual
forma, permite el mejoramiento de la gestión pública como resultado del control
institucional. Como resultado del desarrollo de las ocho auditorías en Honduras se registró lo siguiente:
479 ciudadanos provenientes de 84 organizaciones civiles participaron de manera
directa en el proyecto y cerca de 1,200 ciudadanos asistieron a la presentación
pública de los resultados de las auditorías en cada una de las entidades auditadas.
Las entidades auditadas firmaron ocho compromisos públicos para el mejoramiento
de la gestión.
Gracias a la información suministrada por los ciudadanos se identificó lo siguiente:
"Publish What You Fund" (PWYF) necesita tu apoyo.
79 por ciento de la información suministrada por los ciudadanos fue de utilidad para
el control institucional.
123 deficiencias de control interno de un total de 187 y 12 situaciones de ilegalidad
de un total de 23.
26 hallazgos de un total de 40 y se formularon 118 responsabilidades administrativas
de un total de 146.
30 responsabilidades administrativas de las 47 instauradas.
Cuatro indicios de responsabilidad penal.
92.88 por ciento del total de las responsabilidades civiles.
Lecciones aprendidas
1. Mejoras importantes en la calidad de las auditorías gubernamentales son posibles en
corto tiempo gracias a la alianza estratégica entre las entidades de control, las
entidades auditadas y la ciudadanía. 2. El control social ejercido mediante procesos de vigilancia ciudadana y auditoría social
no sustituye el control institucional ejercido por el ente contralor: lo complementa,
fortalece y contribuye a mejorar el rendimiento institucional. 3. Una ciudadanía informada y calificada sobre el funcionamiento de las instituciones
públicas ayuda a mejorar los niveles de transparencia en el manejo de los recursos
públicos. 4. La rendición de cuentas pública facilita la mayor comprensión y participación de los
ciudadanos en asuntos públicos.
En la actualidad el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras implementa esta metodología
de trabajo sobre aquellas instituciones que presentan mayores problemas en el desarrollo.
Para mayor información, ir a: www.ac-colombia.net.
Participación pública en la construcción de carreteras en Filipinas y la India por Leodigario R. de Guzmán y R. Balasubramaniam La infraestructura física es crítica en el desarrollo económico de un país. Carreteras de alta
calidad no sólo aseguran que los productos agrícolas y otras mercancías manufacturadas
lleguen a los mercados; sino que además pueden salvar vidas, como en el caso descrito en
este artículo sobre una carretera que conduce a un hospital. Grupos de la sociedad civil
alrededor del mundo se vinculan en el monitoreo de proyectos de construcción de carreteras
para asegurar que la construcción y el mantenimiento de las carreteras sean de alta calidad.
En este artículo, veremos los esfuerzos de Filipinas y la India realizados por dos grupos de
la sociedad civil involucrados en el monitoreo de construcción y reparación de caminos. Filipinas: Bantay Lansangan (Road Watch) En un país en vías de desarrollo como Filipinas, las carreteras cumplen un propósito — la
presencia de carreteras de alta calidad marca la diferencia entre pobreza y progreso. Dada
la trascendental importancia de las carreteras y autopistas, los problemas generales en las
adquisiciones del gobierno y construcción de la infraestructura nacional son predominantes.
Cuando a los miembros de la comunidad les preguntan por la carretera de su vecindad, no
resulta extraño escuchar quejas. En 2007 el gobierno nacional, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado
formaron Bantay Lansangan (Road Watch), una asociación entre el gobierno, accionistas de
organizaciones no gubernamentales y privadas y socios de ayuda para el desarrollo oficial
en el sector de vías nacionales. Esta asociación, que reúne a 14 organizaciones, monitorea
la calidad de los servicios viales para satisfacer las necesidades de los usuarios, mediante el
uso transparente de los recursos públicos, con lo que se maximiza el valor del dinero y
fomenta la integridad corporativa.
Un componente clave de Bantay Lansangan es la red nacional de monitores voluntarios para
proyectos viales que cubrirá 15 regiones del país. Aunque esta iniciativa está en desarrollo,
ya ha sostenido reuniones con socios y accionistas para diseñar herramientas en el uso del
proyecto de monitoreo—como el Estudio de Satisfacción de los Usuarios de Carreteras—para
entrenar a los voluntarios a cargo del monitoreo de los proyectos. Asimismo, se realizó un ―entrenamiento de entrenadores‖ a comienzos de este año, en
donde los participantes aprendieron las etapas en la construcción de carreteras, desde las
adquisiciones del gobierno hasta su mantenimiento. Esta capacitación será seguida por una
serie de entrenamientos regionales que se iniciará en agosto. Bantay Lansangan tiene
planeado capacitar a 100 monitores voluntarios. Además de los proyectos de monitoreo vial,
los voluntarios entrenados realizarán la encuesta de satisfacción de los usuarios de
carreteras en sus localidades. Los resultados de este monitoreo y el estudio del usuario deberán formar parte de una
libreta de evaluaciones sobre el estado del sector vial que medirá el estado actual de los
sistemas de carreteras de las Filipinas. Se espera contar con la primera libreta de
evaluaciones a finales de este año. Las autopistas y carreteras juegan un papel indispensable en el progreso de la nación. Por
ello, es vital que los ciudadanos participen para asegurar su adecuado funcionamiento. Este
proyecto de monitoreo puede servir como modelo de colaboración para la buena
gobernabilidad y la reducción de la pobreza. Para mayor información sobre Bantay Lansangan (Road Watch), contactar a Leodigario R.
de Guzman [email protected], o ir a http://www.bantaylansangan.org. India: monitoreo vial de SVYM Otro grupo con experiencia en el monitoreo vial es el Swami Vivekananda Youth Movement
(SVYM) en India. Ellos se han vinculado, exitosamente, con los principales involucrados en
el proceso de construcción y mantenimiento de carreteras, así como en la creciente
participación ciudadana. Un estudio reciente de SVYM registra las lecciones aprendidas del
monitoreo vial en el pueblo de Kenchanahalli que provee acceso vital a un hospital. Fundado por SVYM, Vivekananda Memorial Hospital es un centro hospitalario caritativo que
cuenta con 10 camas en Kenchanahalli y es administrado por un grupo de doctores
dedicados al servicio de los habitantes tanto de la aldea, como de otros pueblos aledaños. El
hospital está ubicado en una vía de 13.5 kilómetros que en deterioro desde hace muchos
años, haciendo de su uso una pesadilla. ―Llegar al hospital a tiempo era a veces cuestión de
vida o muerte para los pacientes en condiciones graves. En tales casos la carretera era en
realidad algo vital,‖ dice el Dr. M R Seetharam, jefe de actividades de salud del SVYM. Después de infructuosas peticiones dirigidas a las autoridades para la reparación de dicha
carretera, en agosto del 2006 se esperaba que, finalmente, se realizara cierto trabajo en la
vía. Preocupados por una potencial ―negligencia‖ en la reparación de la carretera, SVYM
creó una solicitud al Derecho de Información (RTI) preguntando sobre los detalles del
contrato. La investigación realizada por Lok Ayukta, la institución oficial de anticorrupción,
confirmó malos manejos en los procedimientos pertinentes. SVYM se dio cuenta que entablar una denuncia en contra de los contratistas conllevaría al
alargamiento de procedimientos legales y, entre tanto, el área y los habitantes del pueblo
carecerían del uso de una buena carretera. Por ello, se propuso crear una estimación del
trabajo, llamar a licitadores públicos y premiar el trabajo de los contratistas calificados. El
contratista seleccionado participaría como un accionista clave y se le pediría garantizar la
calidad de su trabajo. Los ingenieros de CNNL, la compaña con responsabilidad oficial sobre
el trabajo de la carretera, aseguraría el cumplimiento de las cláusulas y especificaciones del
contrato. Algo muy importante es que el comité de los pueblos locales sería integrado para
funcionar como un grupo de auditoría social. Por su parte, SVYM facilitaría la capacitación y
funcionamiento de dicho grupo auditor. El papel del comité de auditoría social, conformado por 22 hombres y mujeres, monitoreaba
el trabajo de la vía diariamente. Asimismo apoyaba al contratista cuando era necesario y
aseguraba que la calidad del trabajo fuera consistente. Esta fue la primera vez que la
comunidad tomaba un papel activo en el desarrollo de una carretera. Como Madan de
Kalasoor mencionó, ―siempre hemos asumido que el trabajo de la malla vial es
responsabilidad del gobierno. Si ésta estuviera en malas condiciones, no haríamos nada al
respecto y sólo nos quejaríamos. Ahora tenemos una oportunidad real de participar
activamente.‖ A medida que el trabajo avanzaba, la relación entre los tres accionistas se volvía más
cordial y era más fácil resolver los problemas cuando surgían. En reuniones semanales se
discutía el progreso del proyecto, temas pendientes y observaciones de la comunidad. Como
los miembros del comité ya estaban familiarizados con el trabajo de reparación y
construcción podían entender y atender cuestiones técnicas, así como responder a las
preocupaciones de los miembros de la comunidad sin necesidad de molestar al contratista o
a los ingenieros. Esto contribuyó a que los habitantes de la aldea se sintieran orgullosos
propietarios de su carretera. La primera fase, que comprendía un tramo de 6.5 kilómetros, fue completada sin mayores
dificultades en un tiempo récord de seis semanas, en tanto que los 6 kilómetros restantes
serán completadas en la segunda fase luego de que culmine la temporada de monzones. Swami Vivekananda Youth Movement (SVYM) es una organización de desarrollo fundada por
el Dr. R. Balasubramaniam en 1984 y trabaja para la creación de una nueva sociedad civil
en la India con personal especializado en los sectores de salud, educación y desarrollo
comunitario. SVYM busca desarrollar soluciones locales e innovadoras de bajo costo para
ayudar a la comunidad. La organización tiene más de 60 proyectos en los sectores de salud,
educación, desarrollo comunitario y capacitación en los distritos del estado de Karnataka. Para mayor información, ir a www.svym.org.in.
Estudios y lecciones de ejercicios de seguimiento del gasto público
por Vivek Ramkumar Recientemente el IBP terminó un reporte sobre las experiencias de ONGs en Tanzania,
Malawi, Zambia y Mongolia sobre el seguimiento del gasto público. Aunque el reporte no
presenta conclusiones concretas sobre las experiencias de las ONGs que conducen
encuestas de seguimiento de recursos, ofrece varias lecciones al respecto.
Las ONGs tienen distintas virtudes que pueden aportar al ejercicio del seguimiento del gasto
público. Muchas ONGs, sobre todo aquellas que trabajan a nivel local y con membrecía
masiva, están ubicadas en comunidades locales y cuentan con una profunda comprensión
de los problemas que éstas enfrentan. A partir de este conocimiento, las ONGs pueden darle
seguimiento al gasto público y examinar los problemas de mayor interés para las
comunidades. Un aspecto común de la metodología de investigación, empleada por las ONGs es el uso de
personas locales para administrar cuestionarios. Con ello se incrementa el entendimiento de
los ciudadanos en relación a los presupuestos y se fortalecen las bases para construir
actividades de incidencia. Sin embargo, las ONGs enfrentan desafíos al implementar estos estudios de seguimiento del
gasto debido a la falta de acceso a la información. Hasta cierto punto, este problema es
predecible ya que si existiera información confiable y ésta estuviera disponible, un estudio
de seguimiento del gasto no sería necesario en primer lugar. No obstante, hay casos en que
los datos no son confiables por ser incorrectos y casos en que los funcionaros públicos
simplemente se rehúsan a compartir información. (Para más información sobre el acceso a
la información del presupuesto, ir a: www.openbudgetindex.org.) Otro desafío que enfrentan las ONGs es la forma en que los gobiernos siguen complicados
sistemas de transferencias financieras para la educación y la salud, en donde los fondos
fluyen del nivel central a los distritos, hasta llegar a las escuelas y hospitales. A fin de
implementar un estudio de seguimiento del gasto, una ONG necesita estar equipada
técnicamente para navegar los complejos procedimientos financieros de dichas
transferencias. Mientras los estudios de seguimiento del gasto tienen el potencial para identificar fugas
dentro de un sistema financiero y proponer cambios positivos en la política, estos resultados
pueden comprometerse por reacciones adversas de parte del gobierno. El reporte cita un
ejemplo en Tanzania, cuando en 2005 una ONG publicó los negativos hallazgos de un
reporte de seguimiento de gastos comisionado por el gobierno. La ONG publicó los hallazgos
del estudio en medios impresos, programas radiales y televisivos, a lo cual el gobierno
respondió con la prohibición de la cooperación entre la ONG y el Ministerio de Educación. No
obstante, la presión de la comunidad internacional – junto con la popularidad local de la
ONG —evitó que el gobierno censurara a la organización. Además, el ―estudio sobre seguimiento del gasto‖ se ha convertido en un lema usado por
las ONG para definir una serie de actividades en el monitoreo de gastos que incluso van
más allá del ejercicio tradicional de seguimiento de recursos. En muchos casos, no sólo se
busca identificar fugas de fondos de un nivel gubernamental a otro; sino que a menudo se
identifica la escasez de recursos en salud y educación y deficiencias en la calidad de las
escuelas y hospitales. Evaluar lo adecuado de las asignaciones presupuestarias, suele ser el
enfoque de las encuestas de seguimiento de gastos y puede ser una ventaja más que una
debilidad. Esto ya que el principal objetivo de los ejercicios de seguimiento es asegurar que
los beneficiarios de servicios - en particular los pobres y marginados - tengan acceso a
servicios de alta calidad a partir de sistemas de educación y salud bien financiados. Mientras que los estudios sobre seguimiento de gastos pueden ser una herramienta útil para
las ONGs, tales estudios por sí mismos no capacitan a un grupo para evaluar todos los
problemas que busca atender. Por ello, el IBP ha documentado una serie de herramientas
que las ONGs pueden utilizar para darle seguimiento al gasto y monitorear los presupuestos
gubernamentales, incluyendo libretas de evaluación para los ciudadanos, auditorías sociales
y procesos de monitoreo de adquisiciones públicas. Tales herramientas forman parte de un
catálogo de metodologías que pueden ser aplicadas por las ONGs para monitorear
presupuestos gubernamentales y demandar mejoras en la efectividad de la implementación
presupuestaria. Recientemente, el IBP publicó la guía Our Money, Our Responsibility: A Citizens' Guide to
Monitoring Government Expenditures. Esta guía ofrece una apreciación general de los
procesos de implementación de presupuestos gubernamentales, además de proveer
herramientas probadas y prácticas que pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad
civil interesadas en el monitoreo del gasto público. Esta publicación se encuentra disponible
en la página del IBP: www.internationalbudget.org. Para más información, contactar a Vivek Ramkumar a [email protected].
Indonesia aprueba ley de libertad de información por Dedi Haryadi Aunque no entrará en vigor hasta el 2010, la aprobación de la Ley de Libertad de
Información (FOI, por sus siglas en inglés) en Indonesia el pasado 3 de abril del 2008
marcó un momento histórico no sólo para los activistas que realizan trabajo presupuestario
aplicado; sino para el público en general. Después de más de ocho años de actividades de
incidencia por parte de una coalición entre ONGs, agencias financiadoras, periodistas y
varios grupos, las 10 facciones del parlamento indonesio aprobaron unánimemente la ley de
FOI. La ley de FOI: 1) obliga a las instituciones públicas a brindar información al público; 2)
garantiza que el público tenga el derecho al acceso de la información gubernamental; 3)
establece qué información debe ser publicada y cómo debe ponerse a disposición del
público; 4) establece los procedimientos para acceder la información; 5) explica qué
información debe estar exenta de los requisitos de esta ley; y 6) explica las tareas y
funciones de la comisión de información responsable de redactar las normas y
procedimientos para implementar la ley. Este breve artículo examinará las implicaciones políticas y prácticas de esta ley para el
trabajo presupuestario aplicado y las actividades de incidencia para procesos
presupuestarios transparentes en Indonesia. Políticamente, la aprobación de esta ley es una
muestra clara de que los indonesios han logrado recuperar su democracia. La cual ha
presentado oportunidades significativas para realizar y fortalecer los derechos civiles y
políticos de la población. El reconocimiento de estos derechos contrasta con el gobierno
autoritario de Suharto, de décadas anteriores, en donde no se respetaban los derechos
civiles y políticos de los indonesios, además de controlar estrictamente el acceso a la
información y los medios de comunicación. Este sistema represivo distorsionaba el proceso presupuestario a nivel local y nacional al
generar inconsistencias en la información. Además, no todos los que estaban afectados por
las decisiones presupuestarias tenían suficiente acceso a la información para participar
efectivamente en esas decisiones. El resultado fue la aprobación de presupuestos
desproporcionados al servicio de intereses de élite que ignoraban las grandes necesidades
de la nación y su gente. Durante este período no sólo se le negó el acceso a la información
al pueblo indonesio; sino también a los miembros del parlamento y a otros funcionarios
públicos. El proceso de presupuestos no fue ni responsable, ni transparente y los
presupuestos desproporcionados que salieron de ese proceso se caracterizaron por el
sobrecargo en los gastos y bajas en los ingresos, además de la notable presencia de gastos
fuera del presupuesto. La implementación de esta ley de FOI reducirá la distorsión en la información del proceso
presupuestario en Indonesia y hará que el presupuesto sea más abierto y responsable.
Indonesia fue uno de los países incluidos en el Open Budget Index (OBI) en 2006 que mide
el nivel de transparencia y participación de los procesos presupuestarios en 59 países.
‖...estuve involucrado en la investigación del OBI en donde nuestro país obtuvo la
calificación de 0.41, lo que puso a Indonesia en la tercera de cinco categorías de
transparencia presupuestaria y rendición de cuentas,‖ dijo Haryadi. Los países en la tercera
categoría ofrecen información presupuestaria a los ciudadanos y los 21 países en esta
categoría incluyen a Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Ghana y la India. Mejorar el nivel de acceso público a la información en Indonesia es muy importante ya que
ayuda a reducir la corrupción. Además, la nueva ley de FOI podría generar mayor
participación de la sociedad civil; mejorar el acceso público a la información presupuestaria;
aumentar la conciencia sobre temas importantes; y facilitar las actividades de incidencia
para presupuestos abiertos y responsables. El potencial de una nueva ley de FOI se concretará si logramos dirigirnos a tres factores
críticos con relación a su implementación. En primer lugar, se necesita fortalecer la
demanda pública por la información, incluyendo la presupuestaria. A nivel local, la ausencia
de tal demanda pública ha hecho que muchos de los estatutos locales dificulten la
transparencia y la participación ciudadana. En segundo lugar, debemos asegurarnos de que
el suministro y divulgación de información presupuestaria sea fácil de usar. En tercer lugar,
es necesario familiarizar al público con conocimientos básicos presupuestarios para
aumentar su capacidad de entender y participar en el proceso presupuestario. Para mayor información, contactar a Dedi Haryadi a [email protected].
ONGs trabajan en conjunto para lograr mayor participación y transparencia en el proceso de presupuesto de Filipinas por Robert
Valencia En Filipinas la sociedad civil es diversa y dinámica con un récord rico en entrega de
servicios, innovación social, activismo y cabildeo político. Como resultado, un número de
ONGs y coaliciones son activas en la realización de trabajos de presupuesto a nivel local y
nacional. Entre ellas se puede mencionar a ―Procurement Watch,‖ que ha desarrollado
metodologías pioneras en el control ciudadano sobre procuraciones nacionales; ―Galing
Pook,‖ una fundación que realiza una competencia anual que selecciona y premia a los
mejores programas de gobierno locales; y ―Philippine Center for Investigative Journalism,‖
que ha publicado investigaciones presupuestarias que han alcanzado impacto político. Sin embargo, los proyectos realizados por organizaciones de la sociedad civil (OSCs) a nivel
nacional y subnacional podrían ser más decisivos y analíticos si los grupos tuvieran mayor
capacidad de análisis presupuestario e incidencia. Por esta razón, el pasado mes de mayo
―Social Watch Philippines‖ organizó un panel sobre la incidencia presupuestaria y sus
desafíos. Igualmente, presentó algunos avances en los procesos presupuestarios en
Filipinas. Dividido en tres sesiones, la reunión tocó temas vitales como el análisis
presupuestario, estrategia de incidencia mediática y experiencia internacional en incidencia
presupuestaria. Dentro del selecto grupo de panelistas se encontraba Ravinder Singh Duggal, quien explicó
que existen varias maneras en las que se pueden influenciar los presupuestos y su rendición
de cuentas. Duggal mencionó que el trabajo en las diferentes etapas del ciclo
presupuestario ha sido tomado como un tema de buena gobernabilidad por un creciente
grupo. Además, subrayó la necesidad de una mayor transparencia presupuestaria en Filipinas con
base en los resultados del Open Budget Index (OBI) de IBP 2006—un estudio sobre
apertura, transparencia y responsabilidad del proceso presupuestario en 59 países. En este
estudio, Filipinas ofrece cierta información sobre el presupuesto a sus ciudadanos. Un
resumen del OBI y sus resultados para Filipinas se puede ver aquí:
http://www.openbudgetindex.org/CountrySummaryPhilippines.pdf. Esta reunión sirvió para discutir las lecciones tomadas del ―Alternative Budget Initiative‖
(ABI), un consorcio de grupos de la sociedad civil y legisladores progresistas en el país.
Dentro de estas lecciones están la importancia de vincular socios clave en el proceso
presupuestario y la necesidad de colaboración entre las OSCs con capacidades distintas.
Promovido por el ―Social Watch Philippines,‖ ABI motiva a las OSCs a adquirir las
capacidades necesarias para entender la dinámica de la sincronización y acercamiento a la
hora de vincular legisladores, al igual que llevar a cabo investigaciones actualizadas para
crear prioridades racionales que los guiarán en la creación de propuestas presupuestarias. Durante la reunión se enfatizó la necesidad de aprovechar la reciente resolución aprobada
por la cámara de representantes del país, la cual permite que las ONGs participen en la
preparación del presupuesto nacional. Esta nueva resolución permite a las ONGs vincularse
de manera activa en el proceso presupuestario y establece reglas formales de
comunicaciones con los legisladores. Se recomendó el uso de estrategias mediáticas en incidencia presupuestal, así como el
desarrollo de paquetes de bajo costo, bitácoras (blogs), comunicados de prensa y podcasts
para transmitir propuestas a nivel mundial. Asimismo, los asistentes fueron exhortados para
que usen el cabildeo como parte de un plan de incidencia que atraería la atención de los
legisladores. También se discutió el futuro, los desajustes en el desempeño y otras actividades
específicas en sectores como la protección ambiental, agricultura, educación y salud en
Filipinas. Para mayor información sobre ―Social Watch Philippines,‖ ir a
http://socialwatchphilippines.org/.
La ley de divulgación de transparencia de industrias extractivas se
presenta ante el Congreso de Estados Unidos por José Marín El 15 de mayo del 2008 el representante Barney Frank, presidente del Comité de Servicios
Financieros de la Cámara de Diputados de Estados Unidos y los copatrocinadores presentó
la Ley de Divulgación de Transparencia de Industrias Extractivas (EITD, por sus siglas en
inglés), para consideración del congreso. El EITD requeriría que las compañías petroleras,
de gas y minería - incluidas en la Comisión de Intercambio y Seguridades de Estados Unidos
(SEC) - presenten todos los pagos realizados a gobiernos en el exterior. La ley está
diseñada para poner fin a la corrupción en países en donde las compañías extractivas
tengan una significativa participación en la economía y ayuden a incrementar la
responsabilidad de los gobiernos extranjeros, así como fomentar buenas prácticas de
negocios para los inversionistas y sus compañías. Los gobiernos de países ricos en recursos naturales reciben sustanciosos pagos de parte de
compañías extranjeras para realizar operaciones extractivas. Sin embargo, muchos de estos
pagos no son contabilizados y en muchas ocasiones terminan siendo mal manejados o
malversados por funcionarios corruptos. Como evidencia de que estos gastos no siempre se
usan adecuadamente, dos tercios de la población más pobre del mundo vive en 50 o más
países que pueden catalogarse como ricos en recursos, dando paso a lo que se conoce como
la ―maldición del recurso‖ o ―la paradoja de los ricos.‖ Además de los altos niveles de
pobreza, muchos de estos países se caracterizan por tener una pobre gobernabilidad y gran
inestabilidad. Esta ley solicitaría que tales compañías revelen pagos de más de US$100,000 realizados a
gobiernos extranjeros por extracciones petroleras, de gas y minería. La EITD se aplicaría a
todas las compañías mencionadas en el SEC, incluyendo las estadounidenses y las
extranjeras. Además, la ley se aplicaría a las compañías petroleras, de gas y minería más
grandes del mundo sentando un precedente respecto a la apertura de información. La ley
también exige que la información esté a disposición del público y disponible en Internet.
Esta regulación no penalizaría, ni promovería acciones cívicas respecto de ninguna
transacción. La EITD beneficiaría a inversionistas y compañías, así como a Estados Unidos y otros países.
La transparencia que surgiría de esta ley le permitiría a los inversionistas a evaluar riesgos
potenciales debido a la inestabilidad que se viven en algunos de estos países. En este caso,
la EITD ayudaría a las empresas a defender su reputación al hacerle frente a acusaciones
injustas de los gobiernos en relación a los pagos. La ley les permitirá a los ciudadanos de
esos países solicitar rendición de cuentas y aumentar los niveles de buena gobernabilidad y
estabilidad. Estados Unidos también se beneficiaría al reducir la inestabilidad en estos
países que le suministran recursos naturales. Este aumento en el nivel de transparencia le permitiría a los grupos de sociedad civil en
estos países acceder información que anteriormente estaba restringida por acuerdos de
repartición de utilidades. Ya existe una iniciativa voluntaria llamada ―Extractive Industries
Transparency Initiative‖ (EITI) que motiva a los países ricos en recursos naturales a
reportar pagos e ingresos procedentes del petróleo, minería o gas. La EITD complementaría
esta iniciativa ya que obligaría a las compañías a publicar los pagos realizados a gobiernos
de países que no pertenecen al EITI. Como lo mencionó el Dr. Morton H. Halperin, director ejecutivo del ―Open Society Policy
Center,‖ ―la libertad de información hecha posible por esta ley sacará a la luz los miles de
millones de dólares que los gobiernos reciben por contractos petroleros, de gas y mineros.
Esto permite la rendición de cuentas de parte del gobierno para con los ciudadanos y la
comunidad internacional respecto a cómo se gasta el dinero.‖ Es posible encontrar leyes similares alrededor el mundo. El Parlamento Europeo aprobó una
enmienda de su Orden de Obligaciones de Transparencia, la cual se efectuó en enero 2007 y
promueve reportes públicos de parte de los estados miembros de la Unión Europea sobre
pagos hechos a gobiernos a través de compañías extractivas enlistadas en la bolsa de
valores europea. A finales del 2007, el Parlamento Europeo recomendó nuevos estándares
internacionales de contabilidad que requieren reportes obligatorios del pago de ingresos a
compañías extractivas. En el Reino Unido, todas las compañías extractivas que pertenecen al Mercado de Inversión
Alternativa — parte de la bolsa de valores de Londres — debe reportar todos los pagos
hechos por adquisición o mantenimiento de bienes a cualquier gobierno por un valor
superior a las £10,000. Noruega, por su parte, pide que todas las compañías en ese país
reporten pagos a gobiernos extranjeros por extracción de recursos naturales al
―Brønnøysund Register Center‖ del Ministerio de Comercio e Industrias de Noruega. ―En muchos países, el hallazgo de recursos naturales valiosos ha traído más mal que bien.
El principio de que la gente conozca el ingreso generado por los recursos de su nación no
debería de ser un punto de controversia,‖ subrayó Frank. Para mayor información, ir a www.openthebooks.org y www.pwypusa.org. Toda la
información en este artículo fue obtenida en el sitio electrónico de ―Open the Books‖ y de
―Publish What You Pay‖ USA.
Presupuesto participativo en Brasil: una visión desde India por Vinod
Vyasulu Brian Wampler publicó un fascinante libro titulado ―Participatory Budgeting in Brazil:
Contestation, Cooperation and Accountability,‖ que examina uno de los ejemplos más
interesantes de participación ciudadana en el proceso presupuestal. [1] Wampler llevó el debate sobre presupuesto participativo fuera de la ciudad de Porto Alegre
y examinó otras ciudades brasileñas. Durante el proceso, describe lo excepcional de la
experiencia de Porto Alegre y los factores que comparten los ejemplos de presupuestos
participativos revisados. El principal argumento del libro es que ―la principal variación en la delegación de autoridad
para sus ciudadanos...puede ser explicada por (a) incentivos administrativos de la alcaldía a
la hora de repartir autoridad; (b) el marco legal para transferir autoridad a los ciudadanos;
y (c) cómo las OSCs y los ciudadanos responden a las nuevas instituciones.‖ Es decir, que
las condiciones iniciales cuentan y las variaciones de dichas condiciones hacen que las
predicciones sean riesgosas. En su caso, las condiciones iniciales en Porto Alegre fueron
prometedoras. El hecho de que haya variaciones en un país tan grande como Brasil no sorprende. Pero el
hecho de que el presupuesto participativo se haya expandido en todo el país es algo digno
de destacar. Aquellos que hemos trabajado con presupuestos como una herramienta de
democracia o como un punto de entrada para debates sobre prioridades públicas, tenemos
mucho que aprender del libro de Wampler. Ante esto, no puedo dejar de preguntar lo
siguiente: ¿Qué ha hecho que esto se diera en Brasil y no en la India, un país que cuenta
con un sistema democrático desde 1947? Intelectuales indús han tratado de responder a esta pregunta. Una visita a Brasil,
incluyendo puntos en algunas ciudades que Wampler incluye en su estudio, nos enseño a mí
y a Chiranjib Sen que parte de la respuesta está en que el contexto histórico entre estos dos
países es distinto. Wampler subraya un punto inesperado, al mencionar que el régimen militar de Brasil fue un
factor importante en hacer del presupuesto participativo algo posible en el país. En los años
ochenta, Brasil se embarcó en una dura y larga batalla por recuperar la democracia. Este
esfuerzo estuvo caracterizado por la presencia de una dictadura militar y por la lucha del
Partido de los Trabajadores (PT). Un reconocimiento por la importancia de las instituciones
de la sociedad civil se desarrolló y fue fomentada en este tiempo. Por lo tanto, cuando la
nueva constitución se estaba escribiendo, el PT y otros jugaron un papel importante en la
definición de Brasil como la unión del estado federal, las provincias y municipalidades. Algo
único fue proveerle a las municipalidades un estatus constitucional dentro del cual se
pudiese experimentar—una diferencia con India. Ya que la dictadura militar había creado desconfianza en el estado, se le dio poder político a
la gente. Un espacio fue creado por la sociedad civil (conselhos) de tal manera que no ha
sucedido en otros países, ni siquiera en India. A nivel municipal en Brasil hay concejales
electos y un grupo de delegados participativos. Cuando los dos trabajan en conjunto con un
alcalde solidario, tenemos como resultado Porto Alegre. Cuando el PT ganó la elección en Porto Alegre, fue capaz de moverse decisivamente. El
alcalde tuvo estatus constitucional y contó con legitimidad para incorporar a la sociedad civil
en el proceso. Hubo un grupo de personas que habían sido instruidas por la lucha
mencionada anteriormente y quienes trabajaron organizadamente para traer personas,
incluyendo pobres y mujeres al presupuesto participativo. Muchos estudios se enfocan en
los detalles de la experiencia de Porto Alegre, pero no en lo que la hizo posible. Las
condiciones iniciales son importantes, pero en este caso fueron favorables. Otras ciudades tuvieron una historia diferente, la cual influenció su experiencia con el
presupuesto participativo. El trabajo de Wampler en resaltar estas variaciones y matices
ayuda a nuestra comprensión, no sólo del presupuesto participativo; sino del proceso
presupuestario local en general. La conclusión de Wampler merece ser citado en detalle: ―OSCs… ONGs… agencias
internacionales de financiamiento e institutos de investigaciones que abogan por la adopción
de entidades participativas necesitan estar más informados sobre cambios potenciales
asociados con el funcionamiento de las instituciones participativas… Cuando los gobiernos
no están interesados en promover estos nuevos espacios institucionales, están sujetos a
pasar por alto las demandas de los actores del presupuesto participativo, neutralizando a la
institución.‖ El argumento de que el presupuesto participativo necesita tanto la cooperación del gobierno
como una forma de protesta nos hace reflexionar sobre la importancia de ambas formas de
trabajo. Pero, ¿cuándo se debe cooperar y cuándo se debe protestar? Y ¿Cómo reducir la
brecha entre aquellos que piensan que el gobierno tiene intereses vendidos y aquellos que
dicen que es posible promover el cambio desde dentro? No es una tarea fácil. En comparación con lo que estaba disponible a comienzos de los noventa, hemos visto un
progreso que nos ha permitido responder a estas preguntas. Además del libro de Wampler,
un trabajo reciente del ―Brookings Institution’s Transparency and Accountability Project‖
sobre estos asuntos en algunos países ofrece una nueva perspectiva y conocimientos
importantes. Le corresponde a las OSCs digerir esta información y aplicarla en su trabajo. No existe una
fórmula general. En todos los casos, de deben de hacer apreciaciones y reconocer que éstas
pueden estar equivocadas, en cuyo caso también se puede aprender de la experiencia. [1] Para una discusión sobre el equivalente indio, ver el libro ―Panchayats, Democracy and
Development,‖ Rawat Publishers, Jaipur, 2000.
Para mayor información, contactar Vinod Vyasulu a [email protected].
Michael Edwards cuestiona el filantrocapitalismo en su nuevo libro por Robert Valencia Michael Edwards, director de los programas de gobernabilidad y sociedad civil de la
Fundación Ford, lanzó recientemente su libro "Just Another Emperor: The Myths and
Realities of Philanthrocapitalism,‖ en el cual resalta inquietudes sobre la creciente influencia
de la ideología mercantil y de negocios en el mundo de la filantropía. En un artículo sobre su
libro, Edwards describe el filantrocapitalismo como ―un movimiento que une al poder de los
negocios y el mercado con las metas de cambio social.‖ [1] Edwards subraya puntos importantes relacionados al filantrocapitalismo —y el
sensacionalismo que lo rodea— que pueden distraer la atención de los cambios profundos
necesarios para transformar a la sociedad. Argumenta que aquellos en favor de extrapolar
los principios del mundo de los negocios al mundo de la sociedad civil ignoran los costos que
esto implica. Edwards explica que, mientras los esfuerzos de los filantrocapitalistas por
desplegar métodos mercantiles para distribuir bienes y servicios pueden funcionar a menor
escala, "la evidencia sugiere que estos métodos son difíciles de operar exitosamente a gran
escala y que con frecuencia se traducen en costos y beneficios entre sus metas financieras y
sociales.‖ Al respecto cita una encuesta de 25 alianzas en los Estados Unidos, en donde
todas a excepción de tres iniciativas se caracterizaron por la falta de congruencia entre su
misión y su objetivo principal. Más aún, las dos alianzas encuestadas que mostraron mayor
éxito en términos financieros fueron también las que más se alejaron de su misión social al
enfocarse en actividades que parecieran incrementar ingresos a costa del activismo y de los
servicios a los más necesitados o a los clientes más difíciles de servir. Edwards identifica algunas tendencias preocupantes relacionadas con la popularidad del
enfoque mercantil aplicado al cambio social como:
"La pérdida de independencia que viene de la dependencia del sector privado o del
gobierno y, por consiguiente, el constante debilitamiento de la habilidad de la
sociedad civil de exigir rendición de cuentas,‖
"la disminución de comportamientos por competencia e incentivos financieros (como
por ejemplo, voluntarios remunerados),‖ y "el incremento en la desigualdad dentro de la sociedad civil, entre proveedores de
servicios de altos recursos (u otros grupos que de acuerdo a ciertos inversionistas de
peso tienen un buen desempeño) así como grupos comunitarios de bajos recursos y
grupos de incidencia" A la vez que Edwards reconoce que el filantrocapitalismo pudo haber aumentado el tamaño
general de la sociedad civil, también admite que se ha hecho poco por fomentar la
capacidad de la sociedad civil a fin de realizar una transformación social. Menciona que esto
sucede porque "la lógica de los negocios y la transformación social no sólo son diferentes —
sino que van en direcciones opuestas de muchas formas.‖ Edwards elabora un contraste
entre la sociedad civil, el éxito bajo el cual se basa "la calidad de las interacciones entre la
gente, las capacidades y las instituciones que ellos ayudan a crear" y la ciencia métrica de
los negocios que "privilegian el tamaño, crecimiento y la participación del mercado.‖ En
palabras de Edwards, "los filantrocapitalistas no tienen ánimos de esperar resultados y las
medidas que ellos usan para evaluar el éxito se enfocan en ganancias materiales a corto
plazo; mas no en cambios estructurales de valores, poder y relaciones a largo plazo.‖ Edwards concluye que "el aumento en la concentración de riquezas y poder entre los
filantrocapitalistas no es sana para la democracia" y advierte que "el uso del pensamiento
de negocios y mercado puede dañar a la sociedad civil, que es el crisol de la política
democrática y la transformación social.‖ Él hace un llamado a un debate público global para
responder a la pregunta de 550 mil billones de dólares (la cantidad de filantropía que se
espera será creada tan solo en los Estados Unidos durante los próximos 40 años):
¿usaremos estos recursos para dedicarnos a la transformación social o simplemente los
malgastaremos en los síntomas? En respuesta a Edwards, Gara LaMarche, CEO de "The Atlantic Philanthropies,‖ dice que
aunque está de acuerdo en muchos de los planteamientos de este libro, "es erróneo
presentar lo que Edwards llama 'filantrocapitalismo' como algo en contra de la filantropía
tradicional, porque gran parte de su crítica también se aplica a fundaciones bien
establecidas que difícilmente estuvieron a la vanguardia de movimientos sociales.‖ [2]
LaMarche señala algunos ejemplos en donde el apoyo de fundaciones jugó un papel en
campañas de cambio social como la campaña de derechos civiles y los movimientos de
mujeres; pero argumenta que "un cambio social significativo que trastorna el orden social
establecido raramente recibirá — por lo menos no en las primeras etapas—apoyo de las
instituciones del status quo.‖ LaMarche no ignora el, a veces, papel catalizador que las fundaciones han jugado en el
cambio social y cita como ejemplos un reporte de Gunnar Mrydal sobre racismo que fuera
comisionado por la Fundación Carnegie titulado "Un Dilema Americano" y el papel de George
Soros en avanzar el debate sobre reformas políticas de drogas. Sin embargo, dice que "en
las fundaciones no es en donde se origina el movimiento social y, en este sentido, la nueva
ola de capitalistas agresivos se asemeja a las fundaciones más antiguas que ellos mismos
están comenzando a dejar en segundo plano.‖ Aunque LaMarche está de acuerdo en que el énfasis que los filantrocapitalistas ponen en
cuantificar y en aplicar los mecanismos de mercado a la sociedad civil y al cambio social ha
sido exagerado, argumenta que hay una verdadera necesidad de parte de los activistas de
justicia social y las fundaciones que los financian de atender las inquietudes de los
donatarios respecto al impacto del financiamiento hacia políticas sociales y actividades de
incidencia. LaMarche dice, "esto no significa que debamos convertirnos en ―contadores de
semillas‖, o adoptar el complicado argot del mundo corporativo. Pero sí significa que
debemos tener control de la discusión sobre ―evaluación‖ y trabajar juntos para desarrollar
herramientas que permitan comunicar la importancia y el impacto de la filantropía de
justicia social para aquellos que todavía no están cantando el mismo son."
Para mayor información sobre el libro "Just Another Emperor: The Myths and Realities of
Philanthrocapitalism,‖ ir a: http://www.justanotheremperor.org. Para bajar la publicación, ir a:
http://www.nonprofitquarterly.org/images/fbfiles/files/Just_Another_Emperor.pdf. Para leer la reseña bibliográfica por el Non Profit Quaterly, ir a:
http://www.nonprofitquarterly.org/content/view/513/1/. [1] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Michael Edwards pertenecen al análisis titulado "Philanthrocapitalism: After the Goldrush,‖ escrito por él mismo el 20 de marzo del 2008 para "Open Democracy" y descargado del http://www.opendemocracy.net/node/36008/print el 1 de julio del 2008. [2] A menos de notificarse lo contrario, todas las citas de Gara LaMarche fueron tomadas del análisis titulado "Philanthropy for Social Change: A Response to Michael Edwards" publicado por ―The Atlantic Philanthropies‖ el 9 de abril del 2008, y descargado el 1 de julio del 2008.
Esfuerzo colectivo para el financiamiento sustentable de prácticas de inmunización por Christina Morgan Los programas de inmunización salvan miles de vidas en el mundo en vías de desarrollo y
con la introducción de nuevas vacunas se salvarán muchas más. Sin embargo, mientras que
vacunas nuevas y más costosas entran en el mercado global, muchas naciones en vías de
desarrollo luchan por financiar sus programas de inmunización. Para hacer énfasis a este
creciente desafío, el ―Sabin Vaccine Institute‖ (http://sabin.org/) ha lanzado el proyecto de
activismo para el financiamiento sustentable de inmunización. Con el apoyo de la Fundación
Bill & Melinda Gates, esta actividad de incidencia concentra sus esfuerzos en 12 naciones
africanas: Camerún, Etiopía, Kenia, Leona, Liberia, Malí, Mozambique, Nigeria, República
Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra, Uganda y tres naciones asiáticas:
Camboya, Nepal y Sri Lanka. Lograr sistemas de inmunización sustentable puede demostrar
la capacidad de un país al prestar un servicio público en sus propios términos. El proyecto de incidencia tomará dos enfoques para establecer mecanismos de
financiamiento para la inmunización sustentable. Primero, los expertos en administración
fiscal y salud pública que integran el equipo del proyecto servirán como facilitadores para
los actores en la inmunización doméstica: no solamente los parlamentarios o los ministerios
de salud y finanzas; sino también las partes involucradas de la sociedad civil y del sector
privado. Al vincular a estos participantes en el proceso presupuestal se incrementa la
transparencia y la rendición de cuentas. Un segundo planteamiento es que el proyecto operará dentro de un marco de acción
colectivo. El equipo del proyecto de incidencia ayudará a establecer metas, además de
fortalecer la comunicación y colaboración entre participantes domésticos y las partes
involucradas del ―Global Alliance for Vaccines and Immunization‖ (GAVI, por sus siglas en
inglés), como la UNICEF, Organización Mundial para la Salud (OMS) y el Banco Mundial,
quienes juegan un papel esencial en el financiamiento nacional de los sistemas de
inmunización. El equipo visitará cada país trimestralmente para recolectar información y
retroalimentar a las partes involucradas. La acción colectiva también será apoyada a través
de intercambios frecuentes de las partes involucradas en diferentes países. Al actuar
colectivamente, los participantes intercambiarán sus mejores prácticas y perfeccionarán sus
habilidades presupuestarias. El objetivo principal del proyecto es ayudar a cada país a crear fondos para la inmunización,
lo que implica garantizar nuevas y diversas fuentes de financiamiento en el largo plazo. La
sustentabilidad se puede lograr cuando cada país cumple con los costos de inmunización
mediante una combinación de fondos externos y domésticos a largo plazo. Tanto los grupos
de la sociedad civil, los medios de comunicación y parlamentos jugarán un papel para
conseguirlo. El proyecto de incidencia espera que los 15 países participantes hayan
alcanzado la meta de financiamiento sustentable para el 2015. En caso de tener éxito los
innovadores enfoques de financiamiento para la inmunización se pueden adaptar a otras
áreas de desarrollo.
Para mayor información sobre esta iniciativa, ir a: http://sabin.org/programs/sif/index.html,
contactar a Mike McQuestion [email protected], o Christina Morgan
Creación de infraestructura fiscal en países post-conflicto por José Marín Recientemente, la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional (USAID, por sus
siglas en inglés) dio a conocer un nuevo estudio titulado ―Building Fiscal Infrastructure in
Post-Conflict Countries.‖ El estudio se basa en las experiencias de siete países que han
surgido de conflictos armados. Los hallazgos de este reporte son el reflejo de otro estudio
llamado ―Rebuilding Fiscal Institutions in Postconflict Countries‖ por Gupta, Tareq, et al, que
resume las experiencias del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario
Internacional (FAD, por sus siglas en inglés) en la reconstrucción de instituciones fiscales en
17 países post-conflicto. A continuación se presenta un resumen de las lecciones clave
obtenidas por las recientes experiencias del USAID y el trabajo del FMI. Los países post-conflicto dependen de sus instituciones fiscales para regresar a la
normalidad. Durante este proceso el gobierno es llamado a comenzar su reconstrucción e
institucionalizar programas para aliviar agravios y estabilizar la economía. Con respecto a
esto, los gobiernos de países emergentes de conflictos armados necesitan un sistema que
les permita generar ingresos y hacer gastos a fin de satisfacer las necesidades del país. El
reporte de USAID define la infraestructura fiscal como el conjunto de sistemas que manejan
ingresos públicos, gastos, análisis de política fiscal, creación de políticas, y la recolección y
reporte de estadísticas fiscales y económicas. Los países incluidos en el reporte de USAID son Afganistán, Angola, Bosnia Herzegovina, El
Salvador, Guatemala, Kosovo y Liberia. El reporte identifica los desafíos comunes que
enfrentan los países al igual que las lecciones clave que surgen de la experiencia de cada
caso. Finalmente, el reporte ahonda en los problemas de la secuencia de actividades,
identificando aquellos que son más urgentes y que deberían ocurrir primero en el proceso
de la reconstrucción de las instituciones fiscales.
Lecciones aprendidas Ambos estudios compartieron algunos hallazgos clave, incluyendo la conclusión de que los
gastos deberían ser uno de los primeros asuntos a tratar, especialmente por las demandas
repentinas de recursos que requieren los esfuerzos de reconstrucción. El sistema de gastos
debe ser simple, fácil de administrar y transparente. Para lograrlo, el FAD identifica dos
pasos significativos: 1) crear una tesorería y un sistema de pago y 2) crear una sola cuenta
para la recaudación de ingresos el desembolso de pagos para asegurar reportes más
completos y precisos. Una de las áreas prioritarias identificadas en el informe del USAID es la necesidad de tomar
control sobre los procesos de recibos. La demanda por gastos durante la reconstrucción
requiere que se establezcan sistemas simples para agilizar el proceso de recibos con el fin
de recaudar impuestos rápidamente. Ambos reportes ponen énfasis en la importancia de
enfocarse en los impuestos indirectos —como los impuestos de aduanas— para recaudar
fondos de manera simple y rápida. Aunque se conoce que estos impuestos no son tan
óptimos para la economía a largo plazo, es un mal necesario a corto plazo. Además, algunas
instituciones fiscales en países post-conflicto no tendrían la capacidad de implementar
impuestos directos, que son más complejos de administrar y de garantizar con su
cumplimento. Por lo tanto, es importante introducir gradualmente una estrategia de
políticas de impuestos para la reconstrucción de las instituciones fiscales que sea
consistente con la habilidad de las autoridades para administrar los recursos y con la
capacidad de la economía de integrarlos. Ambos reportes observan la importancia de las instituciones fiscales y el fomento de sus
capacidades. Aunque el desarrollo de dichas instituciones es un proceso a largo plazo, los
donatarios deben hacer el esfuerzo de fortalecer las capacidades locales tan pronto como
sea posible. Tanto las habilidades administrativas como las analíticas deben ser
desarrolladas si el sistema de manejo financiero público es sustentable. El informe de USAID
habla de que la necesidad de atender los débiles sistemas de estadística podría incluirse en
este proceso. Finalmente, los reportes de FAD y USAID indican que la coordinación entre los donatarios es
esencial, debido a las grandes entradas de ayuda a países post-conflicto. De acuerdo con el
reporte del USAID los donatarios deben hacer más que simplemente reunirse
periódicamente para discutir el trabajo que realizan individualmente. En lugar de eso los
donatarios deben de tomar un enfoque integral hacia el mismo objetivo. Existen varias fuentes en Internet sobre la reconstrucción de instituciones fiscales en países
emergentes de conflictos. Para mayor información ver la bitácora del Fondo Monetario
Internacional, PFM Blog y en el sitio electrónico del USAID sobre reformas fiscales en
http://www.fiscalreform.net/. Asimismo, el Centro de Cooperación Internacional de la
Universidad de Nueva York tiene una sección titulada ―Public Finance and Economic
Recovery‖ sobre los entornos emergentes de conflictos armados.
Telefonía celular y el activismo de las ONGs. Entrevista con Katrin
Verclas de MobileActive.org por Robert Valencia Con más de 3.5 billones de teléfonos celulares alrededor del mundo, los servicios de
telefonía celular se están convirtiendo en una herramienta de gran potencial para las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) y sus actividades de incidencia y estrategias de
participación. Con ello se puede revolucionar la manera en que las organizaciones prestan
servicios, ofrecen acceso a la información y promueven la participación de la ciudadanía. Por
ejemplo, La Cruz Roja Americana ha utilizado la tecnología SMS (―short message service‖ o
mensajería de texto) para robustecer sus esfuerzos de asistencia permitiéndoles a los
usuarios de celulares en Estados Unidos hacer donativos deducibles de impuestos a la Cruz
Roja mediante el simple envío de un mensaje de texto con la palabra ―Help‖ (ayuda). Como
parte de estas iniciativas de asistencia, los portadores de teléfonos celulares ahora pagan
menos por el servicio de envío de mensajes. El IBP recientemente entrevistó a Katrin Verclas de ―Mobileactive.org‖ sobre los avances del
uso de la tecnología celular en actividades de incidencia. Experta en el impacto social
mediante el uso de la comunicación móvil, Verclas ha dirigido varias ONGs como ―NTEN:
The Nonprofit Technology‖ y trabajado para ―Proteus Fund‖ en donde se enfocó en el uso de
la tecnología en la participación cívica y democrática y la transparencia gubernamental. Antecedentes MobileActive.org es una red internacional de 3,000 voluntarios — formada por expertos en
tecnología, activistas, personal de ONGs, organizaciones intermediarias, prestadores de
servicios y organizaciones que financian proyectos de tecnología móvil — dedicados al uso
de los teléfonos celulares para bienestar mundial. Su misión es aumentar la efectividad de
las ONGs alrededor del mundo y reconocer que la proliferación de los teléfonos celulares
ofrece oportunidades sin precedentes para tareas organizativas, esfuerzos de
comunicaciones y servicios de información. Los miembros de la red buscan ampliar su
acceso a ideas, experiencias y conocimientos sobre el uso de la tecnología móvil para tener
impacto social; reducir el costo de aprendizaje vinculado a la propagación de la tecnología
móvil; acelerar el uso por parte de las ONGs de estrategias efectivas y tácticas de activismo
móvil y brindar una plataforma comprensiva para la creación de alianzas y facilitar el acceso
a la tecnología y el financiamiento. Los miembros de MobileActive.org trabajan conjuntamente para crear los recursos que las
ONGs necesitan para el uso efectivo de los teléfonos celulares en su trabajo. Es decir,
contenido y servicios de relevancia local, así como apoyo y oportunidades de aprendizaje y
redes que les ayuden a los participantes a vincularse unos con otros. Con estos recursos,
miles de ONGs estarían mejor posicionadas para enriquecer y servir a sus comunidades. IBP: ¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de los teléfonos celulares por parte de activistas?
Katrin Verclas: Este es un campo poco explorado en donde distintas organizaciones intentan
diferentes cosas, en algunos casos con verdadero éxito. Existen varios estudios de caso que
demuestran que el uso de la tecnología SMS en el trabajo de activismo de las ONGs como
―Greenpeace,‖ logró afectar una ley mediante la creación de una base de datos de
simpatizantes. Se reunieron alrededor de 300,000 números de teléfono a través de un
formato de Internet y 50,000 más fueron recopilados por correo electrónico y por
voluntarios en calles muy transitadas. Otros grupos activistas como ―World Wildlife Fund‖ en
Sudáfrica han utilizado las líneas de información SMS para informar al público en el
momento de comprar un producto (en este caso pescado) para informarles si éste se
produjo bajo estándares ecológicos responsables. IBP: ¿Existen iniciativas en donde el uso de teléfonos celulares se haya utilizado para la
recopilación de información presupuestaria, el monitoreo o el activismo presupuestario? Katrin Verclas: Aún no. Sin embargo, estamos explorando junto con varias agencias
financiadoras y organizaciones de activistas cómo los grupos de monitoreo de presupuestos
pueden utilizar la tecnología celular y otros medios novedosos en sus campañas de
activismo. En los próximos meses realizaremos una evaluación comprensiva de los grupos
de monitoreo de presupuestos interesados en integrar el uso de teléfonos celulares en su
trabajo. IBP: Hemos visto las ventajas del uso de los teléfonos celulares en esfuerzos de activismo.
¿Existen dificultades que las ONGs pueden enfrentar al utilizar SMS y cómo se les podría
ayudar a superar dichos obstáculos? Katrin Verclas: Sí, el uso de teléfonos celulares para la participación y el activismo no es
algo sencillo. Existen varias dificultades como la falta de una estrategia clara de tecnología
―know-how,‖ de recursos monetarios (ya que las campañas móviles pueden ser muy
costosas) y de aplicaciones. Hemos hecho una comparación de herramientas ―hágalo usted
mismo‖ y muchas carecen de funcionalidad y requieren de capacidad tecnológica avanzada.
En muchos países existen campañas comerciales que podrían canalizarse hacia estrategias
activistas. Finalmente, es importante tener en cuenta el tema de la seguridad en países con
ambientes políticos represivos. Cualquier grupo interesado en el uso de celulares debe de
estar muy familiarizado con las idiosincrasias respecto al uso de teléfonos celulares a fin de
no poner en riesgo su trabajo de ninguna manera. IBP: ¿Qué sugerencias le daría a una organización que desea integrar el uso de celulares en
una campaña activista? Katrin Verclas: Se necesita pensar muy detenidamente de qué manera conviene más
integrar el uso de teléfonos a una estrategia de incidencia. Generalmente, los celulares
como un medio interactivo son útiles en situaciones de emergencia y como medio de
interacción mutua. Es fundamental tener claro qué aspectos de la tecnología son útiles en el
contexto de una campaña. Integrar el uso de celulares en un esfuerzo de incidencia sólo
quiere decir que conoces muy bien a tu audiencia y que sabes cómo hace uso de los
celulares para sacarle provecho. Para conocer otras recomendaciones sobre campañas
móviles ver los siguientes estudios de caso en ―MobileActive Strategy Guide on Advocacy‖
(http://mobileactive.org/strategy-guide-2-mobile-phones-advocacy-campaigns) y los
materiales de MobileActive.org sobre activismo (http://tinyurl.com/5jqvmb). Para mayor información sobre la red y el uso de celulares con impacto social, ir a:
http://mobileactive.org.
“Publish What You Fund ” (PWYF) necesita tu apoyo
La campaña de Publish What You Fund (PWYF) es una nueva iniciativa que promueve el
acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación para procesos de
asistencia financiera más efectivos. Esta iniciativa ha sido desarrollada por ―Access Info‖ y
―Tiri‖ (www.tiri.org) con el apoyo de un grupo de trabajo formado por varias organizaciones
(Action Aid, UK Aid Network, DATA, Aidinfo) y con asesoría de ―International Alert,‖ el IBP y
―Article 19.‖ PWYF está por finalizar los principios de la campaña y está solicitando
reacciones y retroalimentación de la comunidad internacional de monitoreo de
presupuestos.
Para revisar los principios, ir a: http://www.internationalbudget.org/PWYFConceptNote.pdf y
http://www.internationalbudget.org/PWYFPrinciples.pdf.
Para enviar sus comentarios, contactar al director del programa Martin Tisne:
[email protected]. La fecha límite para enviar comentarios es el 15 de agosto 2008.
Novedades en la página de presupuestos participativos del IBP
Herramientas sobre presupuestos participativos:
http://www.internationalbudget.org/themes/PB/index.htm. “Participatory Budgeting Unit” La Unidad de Presupuestos Participativos es un proyecto del ―Church Action on Poverty‖ en
el Reino Unido, que apoya el sector público y a grupos comunitarios en el desarrollo de
procesos de presupuestos participativos a nivel local en el Reino Unido. “Participatory Budgeting in Africa: A Training Companion with Cases from Eastern and
Southern Africa” El presupuesto participativo en África es parte de un esfuerzo por estructurar la capacidad
de los funcionarios del gobierno local y sus partes involucradas para una mayor
responsabilidad y buena gobernabilidad. Esta guía está dirigida a los gobiernos locales y
otros actores para preparar, diseñar, iniciar y manejar procesos de presupuestos
participativos al capacitar a los actores clave del proceso.
Nuevas publicaciones del Banco Mundial Nuevas publicaciones de la serie sobre gobernabilidad del sector público y rendición de
cuentas: “Local Public Financial Management” Este volumen brinda una visión general sobre la información y contabilidad financiera del
gobierno local. Ofrece consejos prácticos sobre cómo y cuándo usar la deuda, cómo evaluar
si se debe contraer una deuda y cómo manejarla. El informe también resalta el uso de
controles internos y auditorías para asegurar la eficiencia e integridad. “Performance Accountability and Combating Corruption” Este volumen está organizado en dos partes. La primera trata de las reformas de
administración pública para garantizar la integridad y mejorar la eficacia de las operaciones
gubernamentales. La segunda ofrece consejos para el fortalecimiento del papel de los
representantes de instituciones - como órganos y comités del parlamento — con el
propósito de vigilar los programas del gobierno.
International Tax Dialogue
El International Tax Dialogue (ITD, por sus siglas de inglés) es un arreglo cooperativo que
involucra al Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de las
Naciones Unidas, y el Grupo del Banco Mundial, que motiva y facilita la discusión de asuntos
entre funcionarios nacionales de impuestos y organizaciones internacionales.
Finding the Money, editado por Gábor Pétri Finding the Money es una publicación del "Local Government and Public Reform Initiative" y
el "Center for Public Studies at the Central European University.‖ Se basa en materiales
desarrollados como parte de un curso de verano en la Universidad de Europa Central.
