BOLETIN Nº 712

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 13 al 24 de febrero 2015

 

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INDICE

01. RAJOY FAVORECE DE NUEVO A LOS REGISTRADORES AL APROBAR QUE COBREN POR MÁS GESTIONES A EMPRESAS Y ASOCIACIONES

02. LOS REGISTRADORES REDACTARON LAS ENMIENDAS DEL PP POR LAS QUE SE QUEDAN CON EL REGISTRO 03. RAJOY SOBRE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN: “MEJOR DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN”

04. RAJOY SOBRE LA POBREZA: “ME PINTA USTED UN PAÍS QUE NO CONOZCO” 05. MONTSERRAT GOMENDIO: "EN ESTADOS UNIDOS LA UNIVERSIDAD PRÁCTICAMENTE LA PAGA EL ESTUDIANTE"

06. EL TRIBUNAL DE CUENTAS CITA AL MINISTRO DE SANIDAD ALFONSO ALONSO 07. IMPUTADO POR ESTAFA UN JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO

08. GOLPE A LA “REDACCIÓN PARALELA” DE TVE: UN INFORME DENUNCIA SUS "GRAVES ERRORES", SU POCO RIGOR Y SU AFINIDAD AL PP 09. EL PP IMPONE SU MAYORÍA PARA QUE EL PRESIDENTE DE RTVE SIGA SIENDO NOMBRADO POR EL GOBIERNO 10. MÁSTER EN AZNARISMO 11. C.A.ANDALUCÍA.EL PP-A INCLUYE A UNA DOCENA DE ALCALDES EN SUS LISTAS DEL 22M PESE A LA INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS

12. C.A.BALEARES. EL PSOE DEMANDA A BAUZÁ EL ORIGEN DE 1,5 MILLONES GASTADOS EN LA SEDE DEL PP

13. C.A.BALEARES. EL FISCAL PIDE AL JUEZ CASTRO QUE INVESTIGUE LA COMPRA Y REFORMA ILEGAL DE LA SEDE DEL PP BALEAR 14. C.A BALEARES. CONFIRMADA LA PENA A MATAS POR UN SOBORNO PARA DAR UN SUELDO A SU MUJER 15. C.A.GALICIA.LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP 16. C.A.MADRID. EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LOS PAGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A JUECES

17. C.A.MADRID. MADRID PAGA PRIMAS A JUECES POR MEDIO DE UNA EMPRESA PRIVADA 18. C.A.MADRID. VIEIRA, EL MAGISTRADO QUE ANULÓ PARTE DE LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL 19. C.A.MADRID.EL ESPIONAJE POLÍTICO DE LA 'GESTAPILLO' EN MADRID LLEVA SEIS AÑOS DORMIDO EN UN JUZGADO 20. C.A.MADRID. UN NUEVO ERROR VUELVE A ATASCAR LA COMISIÓN ROGATORIA AL REINO UNIDO SOBRE EL ÁTICO DE GONZÁLEZ

 

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21. C.A.MADRID. LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL INCIDENTE DE TRÁFICO DE AGUIRRE 22. C.A.MURCIA. LAS ‘NOCHES VENECIANAS’ A TODO LUJO Y CON LA FAMILIA DE VALCÁRCEL, OTRO ‘POPULAR’ DE LOS DE LA AUSTERIDAD

23. C. VALENCIANA. EL GOBIERNO VALENCIANO DEBE INFORMAR SOBRE EL PISO DE DE LA RÚA EN EL TSJ 24. EL JUEZ QUE AFILIÓ A CAMPS AL PP QUIERE PRESIDIR LA AUDIENCIA DE VALENCIA 25. C.VALENCIANA. CASO BLASCO: UN RELATO DE MUCHOS PILLAJES 26. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ SE HACE UN LÍO CON EL VALENCIANO 27. C.VALENCIANA. AEROPUERTO DE CASTELLÓN: SÓLO SIETE EMPLEOS... DE LOS 18.000 QUE PROMETIÓ EL PP 28. EL GOBIERNO DEL PP EN MELILLA, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN

 

 

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01. RAJOY FAVORECE DE NUEVO A LOS REGISTRADORES AL APROBAR QUE COBREN POR MÁS GESTIONES A EMPRESAS Y ASOCIACIONES Las sociedades mercantiles deberán inscribir cada año sus libros de comercio, en lugar de legalizar a priori “libros en blanco” que 'rellenaban' durante varios ejercicios como hasta ahora El Gobierno proyecta aumentar más de 10 veces los aranceles que cobran los registradores mercantiles El Ministerio de Justicia sostiene que "no se encarecen los procesos"

El Gobierno prepara un nuevo regalo para los registradores mercantiles. Mientras negocia con el Colegio Oficial que incluye a registradores mercantiles y de la propiedad el polémico traspaso de la gestión del Registro Civil, hasta ahora en manos de jueces y funcionarios judiciales, acaba de aumentar el catálogo de actos por los que van a cobrar a los ciudadanos. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad en servicios especiales con reserva de plaza desde hace 25 años. Una instrucción del Ministerio de Justicia, con fecha del pasado 12 de febrero, suprime los libros comerciales “en blanco” que hasta ahora utilizaban las sociedades mercantiles para “rellenar” con sus actos comerciales a lo largo de los años. En su lugar, deberán inscribir, cada año en los cuatro meses posteriores al cierrre del ejercicio, “todas las actas de reuniones de los órganos colegiados, incluyendo las decisiones adoptadas por el socio único”. La instrucción aplica el artículo 18 de la Ley de Emprendedores, que obliga a las empresas a presentar todos sus libros comerciales “telemáticamente” en el Registro Mercantil en ese plazo. La norma también permite a las sociedades “legalizar voluntariamente libros de detalle de actas o grupos de actas formados con una periodicidad inferior a la anual”. Es decir, el Gobierno multiplica así el número de actos que deberán inscribir las empresas y por los que los registradores cobrarán a partir de ahora. Además, la instrucción extiende la nueva “legalización de libros” a “uniones temporales de empresas, fundaciones, asociaciones de cualquier clase, comunidades de bienes y personas físicas y jurídicas obligadas a llevar una contabilidad ajustada a las prescripciones del Código de Comercio”. También amplía el número de sujetos que acudirán a los registros. El Ministerio de Justicia, por su parte, niega que la instrucción “aumente los libros que deben legalizarse” o amplíe los sujetos que deben legalizarlos. “Son los mismos libros: los sociales (actas y socios) y los contables (diario, inventario y cuentas anuales)”, explica, aunque admite que desde ahora la legalización deberá ser “a posteriori” y “al menos anual”. El departamento justifica que se haya suprimido la legalización “a priori” de los libros con hojas en blanco en que ésta “retrasaba la puesta en marcha” de los nuevos negocios en 15 días. Asegura que esa demora suponía un problema para la competitividad de la economía española. Además, el ministerio indica que las entidades que deben presentar esos libros son ahora las mismas que antes: “Todas las empresas que están sujetas al deber de contabilidad establecido en el Título III del Libro I del Código de Comercio”. Sin embargo, ese título sólo dice que “los empresarios” deberán llevar una contabilidad “adecuada” y las sociedades mercantiles, un libro o libros de actas. No especifica más sobre los sujetos que deben acudir a los registros mercantiles. Por ejemplo, las comunidades de bienes carecen de personalidad jurídica y no hay obligación de registrarlas. Pero ahora sí deben acudir al Registro Mercantil para presentar sus libros, según la instrucción del 12 de febrero.

 

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Finalmente, Justicia rechaza que las nuevas medidas encarezcan los procesos. Al eliminar el papel y la necesidad de utilizar gestores, “los costes registrales son los del antiguo arancel”. Subida de aranceles En todo caso, el Ejecutivo prepara una subida de los aranceles que esos registradores mercantiles perciben por sus notas y certificaciones. El proyecto de reglamento del Registro Mercantil los equipara a los que cobran los registradores de la Propiedad. La Ley de Emprendedores, en vigor desde septiembre de 2013, también obligaba al Gobierno a redactar ese reglamento en un plazo de seis meses, que ha incumplido. Aún se encuentra “en fase de elaboración”, explica el Ministerio de Justicia. Según el borrador del proyecto, en cualquier caso, los aranceles del Registro Mercantil suben. Y mucho. Por un asiento de presentación, por ejemplo, se pasará de cobrar 0,3 euros a seis euros. Por las notas simples, de 0,6 a nueve euros. Por las certificaciones, de 1,5 euros a 24. Por los depósitos de cuentas el arancel se duplica, hasta los 72 euros. Según las fuentes consultadas, una sociedad mercantil tiene que presentar una media de tres libros de comercio. Si cada uno de ellos le supone un desembolso de 72 euros, deberá pagar en el Registro Mercantil unos 226 euros. Hasta ahora, bastaba con unos 20 euros. En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 3,12 millones de sociedades mercantiles. Entre ellas, 1,13 millones de sociedades limitadas y 92.986 sociedades anónimas. También 111.771 comunidades de bienes que, de acuerdo con la instrucción del 12 de febrero, tendrán ahora que presentar sus libros en el Registro Mercantil. En resumen, a razón de 226 euros por cada una de ellas, los ingresos del centenar de registros mercantiles que funcionan en España pueden aumentar unos 700 millones de euros al año. La guerra de los registradores El traspaso del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la propiedad proyectado por el Gobierno puso en pie de guerra a estos últimos, que se niegan a gestionarlo si tienen que costear ellos su financiación. Su rechazo frontal le costó el puesto el pasado mes de octubre al anterior director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, y a su equipo en el Ministerio de Justicia. Pese a que tanto él como el resto de los máximos responsables de la Dirección General son registradores, el proyecto que elaboraron para reformar los registros levantó ampollas entre sus colegas profesionales. Éstos le reprochaban sus vínculos con Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador de la Propiedad como él mismo y su hermana Mercedes. Los registradores también le acusaban de haber diseñado la reforma para beneficiar a una empresa, Futuver Consulting, mediante la adjudicación del sistema informático integrado. A esa empresa la relacionaban de nuevo con Enrique Rajoy y la asociación profesional de registradores Arbo. El concurso no lo licitó el Ministerio de Justicia, sino el de Defensa, a través de una empresa pública, Isdefe, en un procedimiento negociado y sin publicidad. Sin embargo, tras dimitir Alberto Ruiz-Gallardón, el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, no tardó en anunciar que renunciaba al proyecto de su antecesor para los registros y que el Colegio de Registradores desarrollaría la controvertida plataforma tecnológica. Poco después Joaquín Rodríguez fue sustituido en la Dirección General por Javier Gómez Gálligo, también registrador pero bien visto por el Colegio. Reforma a la medida Desde entonces, una comisión mixta integrada por el ministerio y el colegio negocian los términos en que los registradores asumirán la gestión del Registro Civil. Fruto de

 

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esas conversaciones son las47 enmiendas que el PP ha presentado al proyecto de ley de reforma del registro civil. En ellas se incluyen textualmente todas las reclamaciones y matices que pide el Colegio de Registradores. Éstos siguen sin querer el Registro Civil si asumirlo les supone un coste adicional. Justicia ha negado a infoLibre que se trate de las enmiendas definitivas. “Son meras propuestas formuladas por el Colegio de Registradores, que se han discutido en una comisión interna del ministerio, pero que nada van a tener que ver con las enmiendas definitivas que el propio ministerio vaya a proponer al Grupo Parlamentario Popular”. Según añade, el departamento “no va a aceptar ninguna de las propuestas que se aparten del principio de gratuidad para el ciudadano [...], salvo las relativas a la nueva organización del Registro Civil”. Los registradores, aunque funcionarios, no cobran de los Presupuestos del Estado como el resto de los empleados públicos, sino que viven de los aranceles que cobran a ciudadanos y empresas por inscribir y certificar sus actos y documentos. El Gobierno repite sin descanso que el Registro Civil, una vez traspasado a los registradores mercantiles, va a seguir siendo gratuito para los ciudadanos: ni va cobrarles las inscripciones ni va a sustentarlo a través de los Presupuestos Generales. Ahí es donde surge la incógnita de cómo se va a financiar entonces un servicio que cuesta 120 millones de euros al año. Subir los aranceles que cobran los registradores por su actividad “normal” sin duda ayudaría a éstos a sufragar la tarea adicional que se les quiere encomendar. No es la primera vez que el Gobierno de Mariano Rajoy favorece a sus colegas de profesión. A través de la Ley de Emprendedores ya les concedió 150 millones de euros en nuevos ingresos. También les permitió dejar de trabajar los sábados. Después, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, les concedió, a ellos y a los notarios, funciones hasta entonces reservadas a los jueces. Ahora pueden convocar la junta general de las sociedades, constituir el sindicato de obligacionistas y nombrar auditor para el examen de las cuentas anuales. Cada una de esas nuevas competencias supone un ingreso adicional para los registradores. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/24/el_gobierno_favorece_nuevo_los_registradores_ampliando_catalogo_gestiones_que_cobran_las_empresas_28798_1012.html

02. LOS REGISTRADORES REDACTARON LAS ENMIENDAS DEL PP POR LAS QUE SE QUEDAN CON EL REGISTRO La privatización de los registros civiles continúa adelante. Y han sido los propios registradores que se beneficiarán del cambio legal quienes han redactado las enmiendas del Grupo Popular ¿Se pueden subcontratar las enmiendas que presenta un grupo parlamentario a un proyecto de ley remitido por el Gobierno? La respuesta es sí. Al menos, eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario popular a la hora de enmendar el llamado proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de la Justicia y del Registro Civil, más conocido como el texto legal que pone en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad la gestión de los registros civiles. ¿Y quién ha elaborado las enmiendas? Pues ni más ni menos que los propios beneficiarios: el Colegio de Registradores, tal y como acredita un texto conocido por El Confidencial. Lo paradójico es que esas enmiendas aparecen bajo un documento oficial del Ministerio de Justicia. En concreto, la Secretaría General Técnica, que es quien ha hecho llegar al Grupo Parlamentario popular las enmiendas presentadas por el Colegio de Registradores, y que ha asumido el Gobierno de la a la z. El documento tiene fecha del 12 de febrero, es decir, doce días antes de que el próximo martes finalice el periodo de enmiendas a un texto que ha tenido un tormentoso camino legislativo con una veintena de ampliación del plazo para la

 

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presentación de enmiendas, y que cuenta con la oposición no sólo de todos los grupos parlamentarios o algunos Gobiernos autonómicos, sino también de todo el ámbito de la justicia: fiscales, jueces, notarios, secretarios judiciales y los propios funcionarios de los registros civiles. Pues bien, en la página 3 del bloque de enmiendas se puede leer: “Se admite por el colegio la nueva redacción” (sic). Otro párrafo anterior es igualmente ilustrativo sobre la capacidad de influencia de los registradores a la hora enmendar un texto legal. El artículo 2 del proyecto de ley es el que establece la existencia de un Registro de la Familia Real. Y lo que dice la enmienda textualmente es que “se admite esta refundición para incluir en el número cuatro el registro de la familia real, pero el Colegio entiende que ha de suprimirse del párrafo 2 del número 1 la palabra órdenes”. El argumento que se da es que en el sistema anterior de Registro Civil los encargados iban a ser funcionarios, pero ahora, dice la enmienda enviada por Justicia al Grupo Popular, “los registradores no nos relacionamos con la administración mediante órdenes, ya que esto implica dependencia jerárquica en la esfera administrativa, y lo que se pretende es mantener el estatus del registrador dentro de la Administración pública tal y como lo tiene actualmente aunque ejerza las funciones de Encargado del Registro Civil. Por tanto, sugiere, “la enmienda quedaría como sigue:…” Y a continuación la especifica. No acaba ahí el trabajo de los registradores. En total, son 103 folios de enmiendas elaboradas por el colegio bajo el membrete del Ministerio de Justicia. Y en casi todas aparece el mismo latiguillo: “Se admite por el Colegio….” Incluso en alguna, como la que se refiere a la modificación del artículo 7, se admite que “el colegio propone incorporar íntegramente la enmienda” y que había sido suprimida anteriormente. En otra enmienda lo que se dice es que “el colegio considera muy importante suprimir del artículo 8.2 la palabra funcionarios. El argumento que se ofrece es que “la palabra funcionario a secas podría permitir el acceso ilimitado a ‘determinados funcionarios’ privados, lo cual como ocurre con el Registro de la Propiedad no se considera conveniente”. La enmienda, se dice, “quedaría en los siguientes términos”... (sic). Así hasta más de un centenar de modificaciones. En alguna de ellas se habla de que “el colegio admite la modificación de esta enmienda pero haciendo dos salvedades muy importantes”. Mientras que otra se habla ya claramente de la necesidad de su aprobación. Se refiere al artículo 26 del proyecto de ley, y lo que dice el texto es que “en opinión del colegio hay que meterlo sí o sí”. Se argumenta que “no se puede admitir que las instrucciones, resoluciones, etc. que dicte la Dirección General tengan siempre carácter vinculante en todo caso”. Información confidencial La gestión por parte de los registradores mercantiles y de la propiedad de la gestión del Registro Civil fue una iniciativa del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el argumento que se da es que será más eficaz. Según el Gobierno, la mitad de las quejas sobre el funcionamiento de la justicia provienen del actual Registro Civil, algo que rechazan de plano tanto los sindicatos de Justicia como los grupos de la oposición, que consideran que con su privatización este servicio público se convierte en un negocio. Teniendo en cuenta, además, que gestiona documento de carácter muy personal, como las últimas voluntades. El Registro Civil se encarga de inscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones. Igualmente, emite los siguientes expedientes con un sistema de cita previa: nacionalidad y vecindad, emancipación y la habilitación de edad, modificaciones judiciales de la capacidad de las personas o declaración de éstas en concurso de acreedores, declaraciones de ausencia o fallecimiento, y patria potestad y tutela.

 

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La tortuosa tramitación de la privatización de los registros se manifiesta en el hecho de que en 2011 (con el anterior Gobierno) se aprobó una ley que contó con el respaldo de los grupos parlamentarios. Esa ley debía entrar en vigor tres años después, pero al año el nuevo Gobierno la enmendó con un Real Decreto Ley que es el que ahora quedará suprimido con la nueva ley que tramita el Congreso. Entre la ola de protestas contra la privatización se encuentra el propio Consejo de Estado. El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno señaló que la atribución a la citada Corporación de unas funciones y una estructura típicamente colegiales, con aplicación supletoria de la legislación de Colegios Profesionales, “supone una lectura inconstitucional del mandato de la disposición adicional vigesimoséptima del Real-Decreto-ley 8/2014, en relación con el artículo 36 de la Constitución Española”. El Consejo de Estado concluye que la normativa impulsada por el Gobierno “se extralimita al pretender un ámbito de actividad de la Corporación” al tiempo que denuncia la pretensión de modificar normas legales de cara a la gestión integrada de los registros civil y mercantil, tal y como pretende el Ministerio de Justicia. http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-22/los-registradores-redactaron-las-enmiendas-del-pp-por-las-que-se-quedan-con-el-registro_716252/

03. RAJOY SOBRE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN: “MEJOR DEJAR LAS COSAS COMO ESTÁN” El presidente dice que no se opone al cambio constitucional pero que no es el momento Al Gobierno no le interesa "abrir el melón" de la reforma de la Constitución en plena recta final de la legislatura, sin que haya acuerdo sobre su contenido, sobre el sentido de la misma y sin conocer los apoyos con los que contaría, según ha reconocido este martes el presidente del Gobierno en el Senado. Durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, la primera de este año, Rajoy ha admitido que la Carta Magna podría necesitar "algunos retoques", pero ha defendido que no es el momento de abordarlos. "Mejor dejar las cosas como están", ha zanjado el presidente. "No me opongo a hacer un cambio en la Constitución", ha expresado Rajoy, pero no "al socaire de un problema político" planteado en Cataluña por "unas fuerzas políticas concretas". El presidente ha subrayado que ese cambio requiere "sosiego, tranquilidad y no estar presionados por nadie". El jefe del Ejecutivo contestaba así a una pregunta del senador socialista José Montilla, que le ha emplazado a reformar la Constitución con el objetivo de que siga siendo válida para otra generación. "Se trata de iniciar un proceso para mejorar, modernizar y adaptar nuestra Constitución para que siga siendo de todos", ha insistido Montilla, que ha citado como posibles cambios la cita de las comunidades autónomas o la redistribución de competencias del Título VIII, "a la vista de la inseguridad jurídica" y de la "conflictividad política" que se ha generado. Montilla ha advertido también de que el "empecinamiento" en no abordar la reforma "da alas a quienes proponen un nuevo orden constitucional". "¿Quiere ser usted quien acabe propiciando el proceso constituyente que algunos proponen?", le ha preguntado el senador Montilla, en referencia a Podemos, que propugna un proceso para una nueva Constitución. Ante esas advertencias, el presidente del Gobierno ha insistido en destacar las diferencias "fundamentales" entre la España del proceso constituyente del 77 y la de 2015. "Hoy las cosas son total, absoluta y radicalmente diferentes", ha apuntado Rajoy, porque entonces el país salía de un régimen "autoritario" y buscaba la democracia. "Entonces había un acuerdo en lo fundamental en todas las fuerzas políticas, se trataba de fijar las reglas del juego", ha destacado Rajoy.

 

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El presidente vería adecuada la mención de la UE en el texto constitucional y el cambio para consagrar la igualdad del hombre o la mujer en la sucesión en la Corona. "Y está bien que se nombre a las Comunidades, pero hombre, todos sabemos cuáles son", ha concluido. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/10/actualidad/1423583640_567793.html

04. RAJOY SOBRE LA POBREZA: “ME PINTA USTED UN PAÍS QUE NO CONOZCO” El presidente responde a Cayo Lara sobre la situación de la exclusión El 27% de la población en España, en riesgo de pobreza o exclusión “Usted describe un país que no conozco. Describe el peor país del mundo y no es verdad porque vamos claramente a mejor”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha desvinculado así del panorama de pobreza y exclusión de España que le ha descrito la oposición en el pleno del Congreso de los Diputados, para proclamar la mejora de la situación económica y de las previsiones para este año. Cayo Lara (IU), Josep Antoni Duran Lleida (CiU) y Pedro Sánchez (PSOE) le han preguntado en la sesión de control desde distintas perspectivas sobre las consecuencias de la crisis, para coincidir en que la situación no es la descrita por el presidente del Gobierno. “Usted es cómplice de todo esto”, le ha dicho Lara en referencia a las cifras de pobreza y desigualdad y a las empresas concretas que cierran o despiden trabajadores. “Usted hace propaganda abusiva”, le ha espetado Duran. Y “han recortado 11.500 millones de la inversión de educación y han recortado 33.500 profesores”, le ha recordado Pedro Sánchez. Los tres han intentado hacer frente al optimismo de Rajoy, pero el presidente del Gobierno ha utilizado expresiones como “vamos claramente a mejor”, explicando que ha sido siempre “prudente” en sus previsiones. El líder socialista ha asegurado que si gana las elecciones a final de ese año derogará reformas como la reforma laboral o la de la educación y Rajoy le ha respondido: “Me temo mucho que usted va a tardar en llegar”. El presidente ha explicado que era necesaria la reforma de la educación porque había una situación “insoportable” con una tasa de abandono escolar del 26%. Mirando la campaña electoral andaluza, el presidente ha utilizado como referencia la situación en esa comunidad para contraponer sus reformas con lo que considera inactividad de los socialistas. Lara fue reprendido por el presidente del Congreso, Jesús Posada, por interrumpir el ritmo de pregunta y réplica de la sesión con el fin de cruzar el Hemiciclo para entregarle una camiseta verde con el lema "No al cierre de Bosal", que poco antes había blandido desde su escaño. Bosal es una empresa de la Comunidad Valenciana en la que se ha planteado un ERE que afecta a más de 200 trabajadores. El líder de IU, que se ha solidarizado también con los trabajadores de otras empresas, ha exigido a Mariano Rajoy un plan de lucha contra la pobreza y un plan “urgente” para ayudar a los parados de larga duración. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/11/actualidad/1423643353_868029.html

05. MONTSERRAT GOMENDIO: "EN ESTADOS UNIDOS LA UNIVERSIDAD PRÁCTICAMENTE LA PAGA EL ESTUDIANTE" La secretaria de Estado de Educación sostiene que el sistema universitario español "no es sostenible"

 

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Gomendio afirma que el problema es que "la educación no es gratuita" y la pregunta es "quién la paga, cuándo y cómo" Sobre la huelga educativa convocada por el Sindicato de Estudiantes para esta semana considera que debería atender a "razones serias" La secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, ha calificado de "ecuación imposible" el hecho de que en España se tenga una de las mayores tasas de acceso a la Universidad de toda la Unión Europea, una de las tasas más bajas de matrícula, impuestos bajos y prácticamente ninguna selección de entrada a las facultades. En este sentido, ha explicado que en Estados Unidos la universidad prácticamente la paga el estudiante, mientras que, en el otro extremo, en los países nórdicos, casi no hay tasas pero tienen un elevadísimo nivel de impuestos. Respecto al sistema universitario español ha comentado que "no es sostenible" y que habrá que iniciar en algún momento el debate sobre el tipo de sistema. "El problema es que la educación no es gratuita" y la pregunta es "quién lo paga, cuándo y cómo", ha afirmado. "Mensaje demagógico" Gomendio ha criticado la huelga educativa que ha convocado el Sindicato de Estudiantes para esta semana y ha calificado de "mensaje demagógico" el argumentario empleado por los estudiantes para protestar contra el real decreto que permite los grados de 3 años. En su opinión, las reformas educativas en España favorecen especialmente al sistema público, al ser el principal en el país. Ni los grados de tres años implican menor formación que estudiar los de cuatro, ni significa que haya que estudiar un máster, ni que éste tenga que ser de dos años, ha insistido. Por ello, la número dos de Educación sostiene que la huelga es algo "tan serio", que debería atender a "razones serias" y tener alguna "relación con la realidad". Sobre si las protestas tendrán o no seguimiento no ha querido opinar, ya que si decía que no, "podía animar a todo el mundo a ir". http://www.eldiario.es/sociedad/Montserrat-Gomendio-Unidos-universidad-practicamente_0_359764181.html 06. EL TRIBUNAL DE CUENTAS CITA AL MINISTRO DE SANIDAD ALFONSO ALONSO El fiscalizador le reclama el pago de un alquiler irregular cuando era alcalde El Tribunal de Cuentas ha citado para el próximo día 5 de marzo al actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que presente alegaciones y haga frente a 439.365 euros más los intereses de demora, de forma solidaria, con el equipo de Gobierno que dirigió como alcalde de Vitoria en la legislatura de 2003 a 2007. La providencia del tribunal describe que se trata de hacer frente a una "irregularidad" que se produjo durante su mandato al pagar por el alquiler de unas oficinas “un precio muy superior al de compra” por un tercero. El contrato estaba blindado para 20 años y con un precio muy elevado Las condiciones de ese contrato firmado en 2007 entre el exalcalde y Gonzalo Antón (un conocido empresario que presidió el Club Deportivo Alavés y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) generaron tal escándalo en la ciudad que la oposición —el PP gobierna en minoría— constituyó una comisión de

 

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investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas el pasado abril. Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas. El empresario compró una lonja en la céntrica calle San Antonio de Vitoria en enero de 2006 por 2,7 millones de euros y, a finales de ese mismo año, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Antón firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 años —cuando la petición inicial de la propiedad era de 10 años—. Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público. En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, además, con una cláusula de blindaje. Si se rompía el contrato, el Ayuntamiento debía pagar los 20 años íntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electrónicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Antón escribió alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que había recibido de Hacienda —el concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto— no refeljaba la cantidad mensual negociada inicialmente y, a cambio, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. El Ayuntamiento de Vitoria fijó subidas del coste hasta nueve puntos sobre el IPC La justificación que ofreció el Ayuntamiento en otro correo era que no le valía la propuesta del empresario porque comenzaba con mensualidades de 18.500 euros, IVA aparte, cuando los técnicos municipales habían emitido un informe que desaconsejaba pagar más de 10.100 euros al mes. ¿Cómo solventarlo? El Ayuntamiento reajustó las cuotas a 12.500 euros, IVA aparte, —más cerca de los 10.100 recomendados— y, para llegar a los 6,1 millones pactados, programó el pago de cuotas con esos incrementos de hasta nueve puntos anuales. Hasta para la propiedad resultó difícil de digerir. En otro correo sus responsables sostenían: “Al objeto de que los aumentos porcentuales que se originan queden justificados creemos se debe incluir una cláusula en la que se indique que los mismos son a petición, o propuesta, del Ayuntamiento”. Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando saltó el escándalo al hacerse público el contrato en 2014. Maroto y Antón revocaron el blindaje y rebajaron el precio. Fuentes de la corporación actual indicaron este jueves que esos hechos han prescrito y que las alegaciones irán en esa dirección. Según el actual ministro de Sanidad, es una citación a la institución y no personal a cada uno de los alcades o exalcaldes de Vitoria. Por eso, acudirá el abogado del Ayuntamiento para formular las alegegaciones.En este caso, las alegaciones del abogado dirán que los hechos están ya prescritos y, por eso, el Tribunal de Cuentas no podrá actuar ya sobre este asunto. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/19/actualidad/1424384783_427290.html 07. IMPUTADO POR ESTAFA UN JEFE DE GABINETE DEL GOBIERNO Presuntamente, autorizó la venta de una parcela para saldar una deuda con un empresario local, que denunció la situación porque esa misma parcela había sido vendida por otros dos ediles del equipo de gobierno La Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado un recurso del exalcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Alejandro Sánchez (PP) –actual jefe de Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad– y confirma su imputación por un posible delito de

 

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estafa en relación a la presunta doble venta de una parcela municipal cuando era regidor del municipio gaditano en el año 2009. Fuentes del caso han confirmado a Europa Press este extremo, que adelantó este viernes El Mundo. La causa, cuya instrucción se ha prolongado durante unos tres años, está relacionada con la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de La Línea (Emusvil), de la que Sánchez era presidente. Presuntamente, autorizó la venta de una parcela para saldar una deuda con un empresario local, que denunció la situación porque esa misma parcela había sido vendida por otros dos ediles del equipo de gobierno, también imputados (Juan Montero y Mari Cruz Atienza). Según las citadas fuentes, la fecha de celebración del juicio aún no está señalada. La Fiscalía solicita para el exalcalde una pena de cuatro años de prisión. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/20/imputado_por_estafa_jefe_gabinete_del_gobierno_28677_1012.html 08. GOLPE A LA “REDACCIÓN PARALELA” DE TVE: UN INFORME DENUNCIA SUS "GRAVES ERRORES", SU POCO RIGOR Y SU AFINIDAD AL PP El Consejo de Informativos de TVE culpa a estos once periodistas de falta de rigor, errores de bulto, plagios y tratos de favor al Gobierno. Se incorporaron a la televisión pública hace sólo 15 días, pero la labor de "los hombres de Gundín" ha sido criticada con dureza por este órgano de control. Desde que hace 15 días el director de Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gundín impulsó la contratación de once nuevos redactores para reforzar su equipo, la tensión se puede cortar con un cuchillo en Torrespaña. En las mesas y los corrillos de la casa se denomina a este grupo de periodistas como “la redacción paralela”; y se mira con lupa cada una de sus informaciones, puesto que se sospecha que con su llegada se quiere consumar un “giro a la derecha” de la línea editorial del Telediario para favorecer los intereses del Gobierno. Una prueba del marcaje al hombre que se efectúa a estos trabajadores es el “demoledor” informe que ha elaborado el Consejo de Informativos de TVE, en el que se citan múltiples ejemplos de su falta de rigor, de su parcialidad o de los “errores de bulto” que han cometido durante su corta estancia en la televisión pública. Este documento critica el tratamiento que han realizado de diversos asuntos de actualidad, como el descubrimiento del paradero en el que se encuentra el etarra José Ignacio De Juana Chaos, en Venezuela. En la información que se transmitió en el Telediario, se relacionaba directamente la salida de la cárcel de este terrorista, en 2008, con la negociación con ETA que supuestamente mantuvo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante una parte de su mandato. “En la primera noticia que firmaba para TVE, este redactor vinculó estos dos hechos, algo que es falso y tendencioso; y supone toda una manipulación de la realidad, puesto que, obviamente, quien dictó su libertad fue el juez y no el Ejecutivo”, critican desde el Consejo de Informativos, en declaraciones a Vozpópuli. La mayoría de los componentes de la "redacción paralela" proceden de medios con una línea editorial conservadora Desde este órgano, recuerdan que la mayoría de los periodistas de esta “redacción paralela” procede de medios de comunicación de ideología conservadora, como Intereconomía o La Gaceta, lo que ofrece una pista sobre la intención con la que han sido contratados por Álvarez Gundín. La experiencia de la mayoría de ellos es “mucho menor” que la de muchos redactores de la casa, que han sido relegados a un segundo plano, en detrimento de "los hombres de Gundín".

 

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Críticas al tratamiento de la información Las críticas que el Consejo ha lanzado al nuevo núcleo duro del Telediario también están dirigidas a la forma en la que sus periodistas han abordado asuntos como la salida a la luz de la lista Falciani o el empeoramiento del déficit comercial. En su opinión, se ha dedicado muy poco tiempo a estos temas debido a que resultan "incómodos" para el Gobierno y chocan con los mensajes de regeneración política y recuperación económica que quiere transmitir. Precisamente, una de las secciones de los servicios informativos con las que se muestra más crítico este órgano es la de Economía, dirigida desde hace unas semanas por Cecilia Gómez Salcedo. Desde este departamento, se elaboran todos los días noticias que carecen de la objetividad necesaria en una televisión pública y muestren un punto de vista "excesivamente optimista" sobre España y su salida de la crisis, señalan. El Consejo de Informativos critica el tratamiento excesivamente optimista de las noticias relacionadas con la economía española El Consejo también cita en su informe las faltas de rigor que ha detectado entre los nuevos redactores. Una de las que considera más graves es el "plagio" de un análisis publicado por el diario ABC sobre los planes de Tsipras para el puerto del Pireo, por parte de una redactora a la que se le encargó tratar este tema con el mismo punto de vista que el periódico monárquico. “Ni corta, ni perezosa, copió dos párrafos enteros. No modificó ni una palabra, ni incluyó nada más en su noticia. Un error inadmisible en una televisión pública que ofrece una visión sobre su nivel informativo actual”, precisan estas fuentes. Redactores veteranos que se encuentran “mano sobre mano” La incorporación de este grupo de redactores ha desatado las críticas entre los sindicatos progresistas de Torrespaña, pero también entre una buena parte de los trabajadores conservadores. Estos últimos consideran innecesaria su incorporación, a tenor de la gran dimensión de la plantilla actual, que con 6.400 empleados es casi tres veces más grande que la suma de las de Mediaset y Atresmedia. Tampoco creen que estos fichajes se justifiquen por la carga de trabajo existente en la casa, pues ni mucho menos es alta. "Es más, desde que estos periodistas han empezado a trabajar, hay otros que, literalmente, pasan su jornada mano sobre mano", inciden. Los más críticos consideran estos fichajes como una "traición" de Álvarez Gundín, quien a su incorporación a la Dirección de informativos de TVE aseveró que llegaba solo a la casa y no se rodearía de gente afín. "No sólo incumplió lo que dijo, sino que ha montado una redacción paralela que está llamada a monopolizar los primeros minutos del Telediario. Tiene todo atado y bien atado", afirman fuentes sindicales. http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/58040-golpe-a-la-redaccion-paralela-de-tve-un-informe-denuncia-sus-graves-errores-su-poco-rigor-y-su-afinidad-al-pp 09. EL PP IMPONE SU MAYORÍA PARA QUE EL PRESIDENTE DE RTVE SIGA SIENDO NOMBRADO POR EL GOBIERNO Todos los grupos parlamentarios apoyaron la propuesta del PSOE para que la dirección de la televisión pública se elija por consenso, pero los votos del partido que apoya al Gobierno lo impidieron Los socialistas denuncian que RTVE se encuentra "en una situación económica desastrosa, con las audiencias más bajas de su historia, y con los informativos en mínimos de credibilidad, por su dedicación a la propaganda del Gobierno"

 

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El Partido Popular impidió este martes, con su mayoría parlamentaria, la vuelta al consenso en la elección de la cúpula de RTVE, tal y como solicitaba el PSOE con una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. La iniciativa socialista fue apoyada por los portavoces de todos los grupos de la Cámara y exigía la derogación de la normativa, impuesta por el PP en 2012, que ha permitido la designación de los dos últimos presidentes de la Corporación con el voto exclusivo de los diputados populares. En la defensa de la iniciativa, el diputado Germán Rodríguez describió la situación actual de RTVE resaltando que se encuentra "en una situación económica desastrosa, con las audencias más bajas de su historia, y con los informativos en mínimos de credibilidad, por su dedicación a la propaganda del Gobierno del PP". En este sentido, se refirió a las denuncias continuas de manipulación que ha realizado el Consejo de Informativos, y a las protestas realizadas por la redacción en los últimos meses. "Con el sistema anterior nos parecíamos a la BB, desde que llegó el PP, copiamos el modelo de Telemadrid", concluyó. Aunque todos los grupos de oposición han anunciado desde la tribuna su voto favorable a la elección de los responsables de RTVE por tres quintos de la Cámara, varios portavoces explicitaron que lo hacían no tanto por la literalidad de la propuesta socialista, como por la necesidad de abrir un debate que devolviera a la radio y televisión pública estatal al pluralismo informativo. En esa dirección, el representante de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, destacó que el Partido Popular "no presentó una sola enmienda a la ley que establecía el consenso, pero, en cuanto tuvo la mayoría, la cambió para poner a RTVE a su servicio". Por el PP, intervino el diputado Ramón Moreno, que rechazó la propuesta con acusaciones hacia el PSOE de "querer llevar a RTVE al callejón sin salida nos encontramos al llegar al Gobierno". El portavoz conservador afirmó que "no había justificación real para las críticas de manipulación, y que se estaba atacando, e incluso amenazando, a los profesionales de TVE". Aunque la votación se producirá a última hora de este martes, la confirmación del voto negativo del PP llevará esta iniciativa al fracaso. http://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/02/17/el_impone_mayoria_para_que_presidente_rtve_siga_siendo_nombrado_por_gobierno_28509_1027.html 10. MÁSTER EN AZNARISMO

• Aznar presenta al público a su último vástago político, el Instituto Atlántico de Gobierno

• Aznar presenta su instituto sobre Gobierno y políticas públicas

Terno negro, corbata negra sobre almidonada camisa blanca, atusada pelambrera ala de cuervo. Aznar se presentó en la Casa de América con toda la pompa y circunstancia que acarrea de serie más toda la solemnidad indumentaria de las grandísimas ocasiones. No era para menos. Presentaba al público a su último vástago político y, casi, según quiso enfatizar él mismo, biológico. A la niña de sus ojos, con permiso de su hija Ana. Su Opus Magnum, con permiso de sus ocho años al timón del Gobierno de España. El acto fundacional de su propia escuela de líderes, dirigentes y gobernantes: el Instituto Atlántico de Gobierno. Un máster que, pontificó, pretende ser el “alma máter” de un “grupo especial” de jerarcas globales que piensen, debatan y actúen “en los mismos términos”. Los suyos y los de los suyos. Aznar dejó claro que, mientras Mariano Rajoy le reprocha crípticamente “confundir la política con el sermón de la montaña”, está seguro de que habrá quien está dispuesto a pagar entre 1.500 y 18.000 euros para tener privilegiado acceso a lo mejor de sus homilías y la impagable posibilidad de instruirse a su imagen y semejanza. Eso es lo que cuestan, respectivamente, el curso de fin de semana, y el máster de un año que el Instituto comenzará a impartir en septiembre y cuya primera promoción está llamada a

 

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erigirse, según su fundador, en la pomada de la pomada de los gestores públicos —y privados— a este y al otro lado del Atlántico de sus obsesiones. De él y de los suyos, ya se ha dicho. Seguro que habrá quien está dispuesto a pagar entre 1.500 y 18.000 euros para tener privilegiado acceso a lo mejor de sus homilías El claustro de profesores, colaboradores y miembros del Consejo Académico y Social parecen sacados, de hecho, de su agenda personal. Desde el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, padrino de honor del bautizo de la criatura, hasta César Alierta, presidente de Telefónica, presente también en la ceremonia, hasta el exsindicalista José María Fidalgo, pasando por ministros, presidentes, empresarios e intelectuales variopintos. Personalidades más o menos afines al aznarismo, pero que, desde luego, no parecen sospechosos de “manifestar inequívoca animadversión al ideario” del nuevo think-tank, única condición de admisión que puso Aznar a los aspirantes a formar parte de esa nueva camada de prebostes mundiales criada a sus pechos. De momento, y hasta que se formalice la matrícula, la legendaria capacidad de convocatoria de Aznar se manifestó en su esplendor, dejando pequeño un auditorio de más de mil personas sin nada mejor que hacer a las doce y media de un lunes que asistir al nacimiento de una nueva cantera de élites. A codazo limpio se hicieron hueco algunos señores y señoras enjaretados como para ir a misa que se confiaron demasiado a esa hora tonta entre el desayuno y el aperitivo. El orgulloso padre de la criatura llegó con su señora esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella, muy ufana y bien atalajada con un abrigo rosa chicle. De fresa, por supuesto. El claustro de profesores, colaboradores y miembros del Consejo Académico y Social parecen sacados de su agenda personal A su lado, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría pasaba desapercibida para las masas, aunque iba de rojo lo suficientemente encendido como para que se la viera de lejos, quizá porque era eso lo que buscaba. Los defenestrados exministros Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón y los aznaristas habituales, con Ignacio Astarloa y Eduardo Zaplana a la cabeza, pasaban, pobres, ante las cámaras sin que nadie tuviera la bondad de hacerles el menor caso. Esperanza Aguirre, sin embargo, se dejaba querer a conciencia por los focos. Para eso había ido. La pelota de la candidatura al Ayuntamiento de la capital no está en su tejado, había dicho. Pero, por si acaso, había que acercarse a hacerle la ídem al líder eterno de sus siglas. Por cierto que Esperanza vestía la misma rutilante chaqueta de pedrería de Zara con la que también se ha visto a Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, y presunta rival en la presunta carrera a la presunta alcaldía. De Cifuentes, ni rastro. Seguro que Aznar tomó nota. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/16/actualidad/1424100297_687709.html 11. C.A.ANDALUCÍA.EL PP-A INCLUYE A UNA DOCENA DE ALCALDES EN SUS LISTAS DEL 22M PESE A LA INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS Todos sus regidores de capitales de provincia, a excepción del de Jaén, van en las candidaturas, en los últimos puestos, igual que el presidente de la Diputación de Málaga, cargo que también se topa con la incompatibilidad. Esto supone que mandatarios que han tenido que dejar hace tres meses el Parlamento de Andalucía, vuelvan a estar ahora en la propuesta que la formación presentará a las urnas el próximo 22 de marzo. El partido sostiene que si gana las elecciones autonómicas "lo primero" que hará será "derogar la ley" que impide compatibilizar estas funciones, y que ya ha obligado a dimisiones en la presente legislatura.

 

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El PP-A ha decidido volver a recurrir a sus alcaldes, el gran aval que tiene en Andalucía donde gobierna en las principales ciudades incluidas las ocho capitales de provincia, para las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Y lo hace a costa de pasar por alto la reforma de la ley electoral de Andalucía que impide compatibilizar el cargo de alcalde con el diputado y que, aprobada en 2011, fue avalada el pasado año por el Tribunal Constitucional, que rechazaba el recurso presentado por los populares en su contra. En las candidaturas que ha registrado el PP-A para el 22M hay hasta 12 políticos que de ser elegidos diputados tendrían que renunciar a ese cargo o a su bastón de mando a nivel municipal. Son personas que con la ley en la mano no podrían tomar posesión en caso de ser elegidas o deberían renunciar a su actual cargo. Cierto es que van de los últimos en las listas y es difícil que salgan, pero las listas son precisamente largas para contemplar relevos que puedan tener que acometerse en el futuro. Desde el PP-A argumentan que se ha hecho así porque van a ganar las elecciones autonómicas y "lo primero que hará será derogar la ley". En concreto, se trata de los alcaldes de Almería, Rogelio Rodríguez-Comendador (número 12 por esta provincia); Cádiz, Teófila Martínez (primera suplente); Córdoba, José Antonio Nieto (12); Granada, José Torres Hurtado (13); Huelva, Pedro Rodríguez (11); Málaga, Francisco de la Torre (17); y Sevilla, Juan Ignacio Zoido (primer suplente). También se ha incluido a Elías Bendodo (15), presidente de la Diputación de Málaga, cargo considerado igualmente incompatible por la citada ley. En todos estos casos, además, el partido ha mostrado su intención de que vuelvan a concurrir a las elecciones municipales que se celebrarán el 24 de mayo. Es la lista de Córdoba la que más regidores contempla, porque además de José Antonio Nieto hay que sumarles los alcaldes de Fuente Obejuna, Isabel Cabezas Regaño (como la quinta); Bartolomé Madrid Olmo, de Añora, como décimo; y María Luisa Ceballos Casas, de Priego de Córdoba, como undécima. Mientras, por Sevilla se ha colado Francisco Godoy, alcalde de Bollullos de la Mitación, también como undécimo. Sólo en la lista de Jáen no se ha dado esta situación. Cabe recordar que a finales del pasado año se conoció el fallo del Tribunal Constitucional que avalaba la reforma impulsada por la Junta de Andalucía, donde el PSOE-A encontró un filón para torcerle el gesto a los populares, cuyos alcaldes habían entrado en masa en la cámara. Siete parlamentarios se vieron obligados a elegir entre el escaño o la alcaldía. Se trataba de uno de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que apuró hasta el último momento para decidirse finalmente por la alcaldía de Marinaleda, y seis del PP-A. De estos últimos, todos a excepción de la alcaldesa de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña, que optó por el Parlamento de Andalucía, se quedaron con sus alcaldías. En concreto, Juan Ignacio Zoido; la secretaria general del PP-A Dolores López (Villaverde del Camino, Huelva); José Antonio Nieto (Córdoba); Pedro Rodríguez (Huelva); y José Cara (La Mojonera, Almería). Con ello se da la paradoja de que diputados que han tenido que dejar de serlo por ley, caso de los alcaldes de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, vuelvan a estar en las listas del PP-A para precisamente elegir a los componentes del Parlamento de Andalucía. Mientras desde el PP-A pasan por alto este inconveniente, desde el PSOE-A, su secretario de Organización, Juan Cornejo, ha criticado lo que considera un "fraude" con el electorado. En su opinión, "o no tiene a otros que poner o por su falta de conocimiento ponen caras conocidas" aunque luego, en virtud de la ley de incompatibilidades, no puedan ejercer como parlamentarios. http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/PP-A-incluye-alcaldes-incompatible-diputado_0_358014899.html

 

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12. C.A.BALEARES. EL PSOE DEMANDA A BAUZÁ EL ORIGEN DE 1,5 MILLONES GASTADOS EN LA SEDE DEL PP Los populares sostienen que se invirtieron 2,5 millones en la adquisición y la reforma La líder del PSOE de Baleares, Francina Armengol, reclamó este martes al presidente del Gobierno balear y líder del PP regional, José Ramón Bauzá, que detalle el origen del millón y medio de euros que su organización abonó en efectivo para la compra y la reforma de la sede de Palma, entre 2003 y 2006. “Eran a tocateja. ¿De dónde salen?”, dijo Armengol en el Parlamento. Bauzá que lidera el PP desde 2010, dio sus cifras sobre el caso a partir del 21 de enero, después de que el excontable Luis Bárcenas afirmase ante una comisión de investigación de la cámara balear, que un empresario, Antonio Pinal, de Brues, pagó en parte las sedes de Palma y del País Vasco. El PP sostiene que se gastó más de 2,5 millones entre la adquisición y la reforma de Palma. 886.000 euros de aportaciones de militantes y cargos públicos; 1,05 millones de una hipoteca y 579.000 euros de una trasferencia bancaria. Los socialistas echan sus cálculos y denuncian el manejo 1,5 millones en efectivo. El tema de la supuesta financiación ilegal del PP balear está bajo investigación judicial tras la documentación librada por el fiscal Pedro Horrach al juez José Castro quién abrió la pieza 28 del caso Palma Arena para abordar la cuestión. En la causa-madre hay otras dos piezas relacionadas con la supuesta caja 'b' de los populares, por pagos en efectivo de publicidad con facturas simuladas y contratos públicos supuestamente amañados a favor de la empresa de publicidad Over MC. Las sospechas sobre aportaciones clandestinas de contratistas nacen de las confesiones de implicados en casos de corrupción, Luis Bárcenas y Rodrigo de Santos, los dos excargos del PP y del publicista Daniel Mercado de Over MC. Los expoliticos conservadores señalaron al empresario Antonio Pinal, de Brues, como uno de los supuestos benefactores del partido. Brues logró contratos públicos por unos 70 millones, según los datos aportados por el grupo MÉS per Mallorca. Para el Gobierno balear, los socialistas ofenden a la verdad y plantean juicios paralelos sobre el asunto de la sede. El presidente Bauzá le dijo a la secretaria general socialista Armengol que rechazaba sus “lecciones” y reprimendas y aventó el “estricto y muy duro código ético del PP”, que "lidera" la regeneración en España. Armengol había criticado a Bauzá por “sus medias verdades y opacidad”, mezclando lo privado con lo público. El presidente del PP cerró el cruce dialéctico lanzando una sospecha contra su adversaria al reclamarle “explicaciones sobre sus negocios inmobiliarios”, por la actividad privada de su compañero. Además aseguró que la socialista “tiene algo que esconder” por haber votado contra el plan de la comisión de investigación de son Espases, en la que Bárcenas aseguró que el PP tuvo la ayuda del constructor para su sede. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/17/actualidad/1424198966_400591.html 13. C.A.BALEARES. EL FISCAL PIDE AL JUEZ CASTRO QUE INVESTIGUE LA COMPRA Y REFORMA ILEGAL DE LA SEDE DEL PP BALEAR El fiscal ha entregado al juez las facturas sobre la sede del PP en Palma, que apuntan a que fueron sufragadas por empresarios favorecidos por adjudicaciones públicas en la etapa de Jaume Matas como presidente de Baleares. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha entregado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, las facturas relativas a la reforma de la sede del PP, que junto a su compra fue financiada de forma presuntamente ilegal por parte de empresarios favorecidos con la adjudicación de diversas obras públicas durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007).

 

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Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que, junto a las facturas, el representante del Ministerio Público ha presentado la declaración que prestó en su día el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien confesó estos hechos ante el fiscal. La documentación prevé ser incorporada al caso Palma Arena. El fiscal ha desgajado de este modo las investigaciones que lleva a cabo en torno a la financiación supuestamente irregular del PP, remitiendo al magistrado los datos recabados hasta el momento en torno a su sede. Documentos de los que, una vez Castro los una a la causa que instruye desde hace más de cinco años, dará traslado a las partes para proseguir con las pesquisas.

Precisamente, sobre estos hechos fue inquirido el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas durante la comisión de investigación del hospital de Son Espases en el Parlament balear, a través de videoconferencia, al recordar que un empresario gallego, Antonio Pinal, presidente de Bruesa, colaboró en la adquisición y financiación del inmueble junto a otros empresarios. El propio Castro investiga en el marco del caso Palma Arena la supuesta financiación irregular del partido bajo el mandato de Matas, principalmente a través de los pagos que varias empresas llevaron a cabo con destino a las campañas electorales del PP de 2003 y 2007, mercantiles que a su vez resultaron favorecidas con contratos públicos. Entre ellas se encuentra Over Marketing, en cuyo beneficio habrían sido amañados diversos expedientes de contratación investigados en el marco de la pieza 27 del caso, considerada la ramificación de la trama Gürtel en Baleares. En este fleco están imputados tanto Matas como el exdelegado del Gobierno en las islas y actual presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el expresidente del Parlament Pere Rotger, y el extesorero de la formación Fernando Areal. Tal y como confesó el propio administrador de Over, Daniel Mercado, éste pactó con Matas poder cobrar parte de los gastos de las campañas electorales en dinero opaco al fisco e incluso manifestó que existía el acuerdo con el exministro de que parte de los gastos que se debían cobrar en negro y finalmente no se cobraron, quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se le prometían. De hecho, explicó cómo Areal establecía los pagos en dinero A y B, si bien en una ocasión fue Rodríguez quien efectuó el pago de dinero negro en las antiguas oficinas del partido. "Pero el grueso de los pagos en negro me los hizo Areal, a quien supongo que Matas ya le había dado instrucciones", apuntó en su día el declarante. Del mismo modo, otra de las investigaciones del caso Palma Arena se centra en el presunto delito electoral que se habría producido con motivo de los servicios prestados por la empresa Nimbus -a la que también se habrían adjudicado sin concurso público diversos contratos- en favor del PP durante la campaña electoral de 2007. Las pesquisas apuntan a que la agencia emitió facturas falsas con sobrecostes sin justificar, cobrando a cambio a 'precio coste' la organización de la campaña de los 'populares'. Sobre ello, en los registros que se practicaron en la sede de Nimbus fueron intervenidos numerosos documentos que, en relación a la campaña del PP, hacían mención a que no se facturasen determinados conceptos, que en el caso de otros se hiciera a coste cero y otros en negro. El propio administrador de Nimbus, Miquel Romero, reconoció que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas partidas por cuñas publicitarias de la campaña al objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales, de tal manera que tales gastos habían sido ocultados a la Sindicatura de Comptes, llegándose a cifrar en 71.958 euros.

 

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Trabajos en beneficio del PP apgados con dinero público Unos extremos que también fueron advertidos por los empleados de la empresa publicitaria encargados del correspondiente negociado. En el marco de este fleco -pieza 4- figura además el pago de tres facturas por servicios prestados en el mitin que el PP celebró precisamente en el velódromo Palma Arena el 18 de mayo de 2007 y que, según los investigadores, fueron pagadas por la Fundació Illesport y, por tanto, abonadas con fondos públicos. Una de ellas fue librada por Balimsa S.A. por importe de 2.726 euros en concepto de limpieza del velódromo y otros servicios, otra por Trablisa por servicios de seguridad prestados ese mismo día por 1.769 euros, y una tercera también de esta última empresa por 307 euros y en concepto de 'servicios de Atesa'. "Nota común a todas estas facturas es que fueron pagadas por la Fundació Illesport con cargo a los fondos públicos", incide Castro en uno de sus autos. El instructor aludía asimismo a diversas facturas emitidas por las empresas del grupo Nimbus contra organismos públicos, entre las que figura una factura de la entidad Romero y Compañía S.L., de 8.782 euros y cargada a la Conselleria de Vicepresidente por la 'fabricación e instalación de la señalítica del parking de la Avenida Uruguay', y otra de la misma mercantil por valor de 10.344 euros en concepto de 'impresión de ocho lonas de tribuna con el logotipo del Govern'. http://www.publico.es/politica/fiscal-pide-al-juez-castro.html

14. C.A BALEARES. CONFIRMADA LA PENA A MATAS POR UN SOBORNO PARA DAR UN SUELDO A SU MUJER El Supremo ratifica la multa al expresidente balear por presionar a un hotelero El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al expresidente balear Jaume Matas, del PP, por conseguir que un hotelero mallorquín pagase 3.000 euros al mes a su esposa durante un año por no hacer nada, mediante un contrato simulado. La Sala Segunda ratifica así la sentencia del TSJ balear, que a su vez confirmó la condena impuesta a Jaume Matas por un tribunal del jurado en la Audiencia de Palma, que estableció una pena de 9.000 euros de multa y la devolución de los 42.111 euros que el hotelero pagó a la esposa del entonces dirigente del PP. El expresidente balear fue considerado culpable de un delito de cohecho pasivo impropio en lo que es su segunda condena por un caso de corrupción. "Existió una pura y simple donación del empresario hotelero al señor Matas disfrazada de salario por el trabajo de su esposa", concluyó en su momento la Audiencia de Palma. El Supremo destaca que para cometer el delito de cohecho pasivo impropio basta con que se constate la recepción de la dádiva, y en este caso está demostrado no sólo eso, sino que hubo también una petición por parte de Matas, quien "valiéndose de su posición como presidente del Govern balear" solicitó al administrador de la empresa propietaria del hotel Valparaíso de Palma "que le entregase a su esposa, Maite Areal, 3.000 euros cada uno de los meses del año 2007" como supuesta relaciones públicas, según los hechos probados. El alto tribunal señala que, de acuerdo con los usos sociales, la aceptación de determinados obsequios puede obligar a hacer un esfuerzo de discernimiento sobre si entra dentro de lo que es delito o no, pero "la cantidad mensual de 3.000 euros para su esposa, sin contrapartida alguna, es sobradamente constitutiva de tipicidad. Aquí no existe fórmula alguna de adecuación social". Los magistrados también rechazan la prescripción del delito, ya que la providencia en la que fue citado a declarar como imputado interrumpió dicho plazo. La sentencia

 

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confirmada recoge que la empresa Valparaíso, SA abonó mensualmente a la mujer de Matas 2.938,31 euros durante todo el año 2007, con dos pagas extras en junio y diciembre, cobrando un total neto de 42.111,13 euros. "Como había sido convenido por D. Jaume Matas y D. Miguel Ramis (administrador de la empresa dueña del hotel)", la mujer del primero "no desarrolló trabajo alguno para la empresa hotel Valparaíso, SA" durante el año que duró la simulada contratación laboral. La cantidad que mensualmente se le abonaba no era más que una prebenda o donación, añaden. Matas cumple una pena de nueve meses en la cárcel de Segovia. El expresidente balear fue condenado por tráfico de influencias en el primer juicio del caso Palma Arena. Además, deberá afrontar de nuevo el banquillo por los contratos que adjudicó al duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos. La fiscalía también le tiene en su punto de mira por el supuesto amaño en las obras del hospital Son Espases y ha pedido al juez José Castro que investigue la compra y las obras de la sede del PP de Palma. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/13/actualidad/1423821854_479932.html 15. C.A.GALICIA.LA CAUSA POR LA CAJA B EN OURENSE SALPICA YA A 28 DIRIGENTES DEL PP Halladas facturas sospechosas de diputados, senadores y cargos de la Xunta La juez De Lara cree que el objetivo era “encubrir donaciones” al partido La supuesta financiación ilegal del PP de Ourense salpica a cargos de la ejecutiva gallega de ese partido y de la Xunta. De los 28 altos representantes del PP ourensano que la instructora de la Operación Pokémon, Pilar de Lara, cita como receptores de facturas supuestamente ilícitas, cuatro son miembros del órgano de dirección del PP de Galicia: el presidente del PP de Ourense, José Manuel Baltar; el secretario general de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; la gerente del hospital público ourensano, Eloína Núñez; y el secretario del PP provincial, Rosendo Luis Fernández. Junto a ellos figuran la directora general de Familia de la Xunta, Amparo González; el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Roberto Castro; el diputados en Cortes Guillermo Collarte; diputados autonómicos, concejales y exconcejales. La juez sospecha que pueden existir además facturas, que reclama al diario La Región, emitidas a nombre de la senadora Carmen Leyte, a la presidenta de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández, y a la diputada nacional Ana Belén Vázquez. Todos ellos han supuestamente percibido cantidades de dinero en años electorales de empresas ourensanas que facturaban “falsamente para encubrir donaciones” al PP. Así consta en el último auto dictado por la juez, que investiga la comisión de los presuntos delitos de falseamiento de cuentas, apropiación indebida, cohecho y tráfico de influencias. La instructora sostiene que los gastos electorales del PP de Ourense, especialmente los relativos a la publicidad, fueron facturados a nombre de estos cargos con el objetivo de presuntamente “burlar la legislación electoral y de financiación de los partidos políticos”. Publicidad para la campaña electoral

En lo que respecta a la supuesta financiación ilegal durante la presidencia del hijo de José Luis Baltar, la juez destaca la incorporación de Nacher Publicidad, que en 2011 emitió facturas “por gastos de publicidad en la campaña electoral” a nombre del diputado nacional Guillermo Collarte por importe de 12.443,10 —en concepto de publicidad electoral de diversos candidatos entre los que figura Mariano Rajoy— y del secretario provincial del partido, Rosendo Luis Fernández, por 9.584,55 euros. Nacher facturó ese mismo año también al PP y, según el auto judicial, en las declaraciones

 

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tributarias realizadas por la empresa y el partido no coinciden los importes relativos a su relación comercial. De Lara ha detectado también facturación de Telemiño, SA, en el mismo año 2011, a nombre de otros cargos del PP: el senador Miguel Pérez de Juan y la concejala de Educación en O Carballiño Montserrat Pilar Caride. La instructora considera relevante que “según Telemiño, las facturas en concepto de Estudio sociológico de la provincia de Ourense” estén impagadas, “no constando que se haya reclamado su importe judicialmente”. De Lara destaca que los conceptos facturados se corresponden con un encargo previo realizado por La Región a las empresas Infortécnica, Media Share Europe, SL. La juez sospecha que el grupo La Región emitió además facturas ilícitas a nombre de la presidenta provincial de Nuevas Generaciones, Jackeline Elisabeth Fernández; de la vicesecretaria provincial, senadora y alcaldesa de Cartelle, Carmen Leyte; del diputado provincial Francisco José Fernández y de la diputada nacional Ana Belén Vázquez. A la vista de la documentación en su poder, la instructora concluye que además de a los cargos políticos, Telemiño facturó distintas cantidades a las empresas de la trama de la Pokémon PAU, Doal y Aquagest. En el caso de Doal, consta una factura por el concepto de “Especial elecciones” que, sostiene la juez, “nada tiene que ver con el objeto social de la empresa”. Telemiño habría emitido en 2012 “un total de 12 facturas, una por mes, abonadas por Aquagest a lo largo de ese año y los dos primeros meses de 2013” varias de las cuales “no tienen correspondencia” en sus respectivas contabilidades. De las diligencias practicadas hasta el momento, De Lara deduce que el PP ourensano “se habría podido financiar ilícitamente” utilizando, durante los años de presidencia del exbarón, a partir de 2003, “al menos” dos empresas: Telemiño, del grupo La Región, y la agencia Planos (Gallega de Publicidad y Diseño, SA,) a las que durante la presidencia del hijo-sucesor, a partir de 2010, se habría añadido Nacher Publicidad. La lista de los receptores la encabeza el expresidente de la Diputación José Luis Baltar —condenado por prevaricación—, a quien el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor, visitó en Ourense, en el curso de la denominada “ruta del bacalao” que realizó el 20 de mayo de 2011, para supuestamente entregarle una suma de dinero, según afirma el informe del Servicio de Vigilancia Audanera. La juez sostiene que en 2005, con el primero de los Baltar al frente del partido en la provincia, Planos facturó 4.060 euros a nombre de su hijo y actual presidente de la Diputación de Ourense, entonces diputado autonómico. En la documentación aportada a la juez por la agencia publicitaria aparece “una facturación correlativa” en la que, además de Baltar Blanco, figura el secretario general de Emigración, Rodríguez Miranda, con 4.408 euros; la directora general de Familia e Inclusión, Amparo González, con 4.176 euros; el vicepresidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, con 4.292 euros; el subdelegado del Gobierno en Ourense, Roberto Castro, con 3.944, y la concejala de Verín María Luisa Valladares Rodríguez, con 4.120,32 . Todas las cantidades se facturaron el 28 de mayo de 2005 y se pagaron también el mismo día, el 2 de enero de 2006, “sin que conste la forma”, sostiene la instructora, lo que en su opinión “parece indicar un pago en efectivo”. También es correlativa, sostiene el auto, la facturación realizada en el año 2007 —el mismo día, de nuevo por idénticos importes de 2.975,40 euros cada uno de ellos y también en efectivo— en la que aparecen como receptores la actual gerente del complejo hospitalario del Sergas, Eloína Núñez; el exalcalde ourensano Enrique Nóvoa; el propio exbarón; la diputada autonómica Marta Rodríguez Vispo; y otros diez exconcejales. Todos ellos formaban entonces el grupo del PP en el Ayuntamiento de Ourense. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/13/galicia/1423852390_763515.html

 

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16. C.A.MADRID. EL PODER JUDICIAL INVESTIGA LOS PAGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID A JUECES El Consejo indaga si los magistrados incurrieron en incompatibilidad al asesorar a la empresa Indra El Consejo General del Poder Judicial investigará si los jueces que cobraron diversas cantidades de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa Indra, por asesorar en la creación de un programa informático para agilizar la tramitación judicial, adjudicado por el Gobierno regional, incurrieron en algún tipo de incompatibilidad. El magistrado del Tribunal Supremo que instruye de forma interna las posibles irregularidades cometidas por los jueces ha citado este martes a declarar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira. Este magistrado preside la sala de gobierno que nombró a los jueces que cooperan en este programa, y que cobran por ello entre 3.000 y 9.000 euros anuales de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de Indra —la empresa adjudicataria del contrato autonómico para la implantación del programa IusMadrid—. El propio Vieira, que ha reconocido que exigió al Gobierno de la Comunidad que los jueces cobraran por asesorar a Indra en la creación de la aplicación informática, también figura entre los participantes. El gobierno de los jueces reaccionó inmediatamente a la noticia, publicada este lunes por EL PAÍS, de que la empresa tecnológica ha abonado, por orden de la Consejería, desde 2011 unos 230.000 euros, en retribuciones periódicas, a 32 profesionales de la justicia —entre ellos al menos nueve jueces y cinco fiscales— por su colaboración en la puesta en marcha de la aplicación informática. En una nota oficial, el Poder Judicial anunció la apertura de la investigación y la citación de Vieira para este martes ante el llamado “promotor de la acción disciplinaria”. Esta figura, creada en 2013 en la ley que reforma el Poder Judicial, es una especie de departamento de asuntos internos de los jueces españoles, e investiga las quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. El investigador del caso deberá dilucidar si el asesoramiento prestado por los jueces madrileños a Indra supone una incompatibilidad con su función. El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la función de juez o magistrado es incompatible, entre otras muchas actividades, con “todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella”. Fuentes judiciales consideran que el asesoramiento para la puesta en marcha de un programa informático para agilizar la labor de los juzgados encaja, sin forzar el argumento, en el tipo de trabajo que puede realizar un magistrado dentro de su estricto régimen de incompatibilidades. Sin embargo, detectan dos defectos, más formales que de fondo, en la actuación de estos magistrados: el primero es que no solicitaron autorización al Consejo del Poder Judicial para realizar esta actividad. Fuentes de este órgano de los jueces afirman que si los magistrados participantes en el programa IusMadrid hubieran pedido permiso, se les hubiera concedido sin mayor problema. La segunda deficiencia la achacan directamente a Vieira y tiene que ver con la transparencia del proceso. Fuentes judiciales reprochan que el propio presidente del Tribunal Superior de Madrid participe en las tareas de asesoramiento y que no se conozcan los criterios para el nombramiento de los jueces que colaboran en él y que reciben una compensación económica por ello. La Inspección de la Fiscalía también abre diligencias internas Los juristas consultados consideran que se debería haber convocado un concurso interno entre los jueces para seleccionar a los participantes en el programa. También sostienen que el pago a los jueces por este servicio no lo debería abonar la empresa Indra, sino el organismo público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), a través

 

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del cual se adjudicó el contrato para el programa IusMadrid, valorado en poco más de seis millones de euros. Además de la investigación interna en el Poder Judicial, la Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto unas “diligencias informativas” sobre los miembros del ministerio público —al menos cinco— que han participado en el asesoramiento y cobrado a través de Indra. La Inspección pedirá datos a la Fiscalía de Madrid sobre los pormenores de los cobros para aclararlo. No obstante, fuentes de la Fiscalía General del Estado “no ven nada especialmente grave” en el asunto. Antes de que el Poder Judicial anunciara la apertura de su investigación, Vieira emitió un comunicado en el que defiende la legalidad de las primas cobradas por varios jueces. Tras detallar que todo el dinero ha sido declarado a Hacienda, el magistrado justifica así la retribución: “Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con ICM una compensación económica que realizó la empresa Indra, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este sistema”. Vieira cree que el desarrollo de la nueva herramienta “difícilmente se habría logrado” sin la colaboración de estos equipos. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/23/actualidad/1424684356_547492.html

17. C.A.MADRID. MADRID PAGA PRIMAS A JUECES POR MEDIO DE UNA EMPRESA PRIVADA El Gobierno regional abona a través de Indra compensaciones a jueces, fiscales y secretarios por asesorar en mejoras informáticas El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña. En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros. Paga Indra porque así lo establecen las bases del concurso público que ganó esa empresa, según fuentes de la compañía, pero la orden de esos pagos proviene de la Consejería de Justicia de Madrid, a través de su filial 100 % pública ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid). Las relaciones contractuales entre ICM e Indra están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica, ante los numerosos indicios que apuntan a la existencia en el pasado de facturaciones falsas del Gobierno de Ignacio González a través de Indra. El actual consejero de Justicia de Madrid, Salvador Victoria, es uno de los tres aforados que han salido salpicados en la red púnica. Este sistema estructurado y periódico de pagos a juristas (a razón de entre 400 y 600 euros al mes, en función de la duración de cada una de las tres fases de que se compone el proyecto tecnológico) fue ideado durante la etapa final del mandato de Esperanza Aguirre (en diciembre de 2011). No obstante, la segunda y la tercera fase (las más importantes y mejor nutridas económicamente por el Gobierno regional) se están consumando y ejecutando durante el Ejecutivo de González. En la práctica, la inmensa mayoría de las empresas privadas contratan a técnicos informáticos para que introduzcan y enseñen a sus trabajadores, con obligación de asistencia, las nuevas tecnologías, pero normalmente no se retribuye a los trabajadores por esa formación. En este caso, los jueces exigieron cobrar por su participación y Justicia trasladó a Indra los pagos.

 

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Indra sostiene que pagó a los jueces que le indicó la Consejería de Justicia Todo surge cuando la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, impone la obligación de introducir en los juzgados y tribunales mejoras informáticas para reducir las esperas de la justicia y hacerla más ágil interconectando los juzgados y las fiscalías en el marco de sus respectivas jurisdicciones (Civil, Penal, Menores, Incapacidades...). Para construir las nuevas herramientas informáticas, Indra necesitaba la colaboración de los usuarios (los juristas) con el fin de conocer sus necesidades e implementarlas mediante la adecuada aplicación informática. Pero los jueces se negaron ante Justicia a colaborar si no se les daba una compensación económica por asistir a las reuniones con los técnicos de Indra. Y así lo expuso en distintas reuniones, en nombre de ellos, el presidente del TSJ de Madrid. Fue entonces cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid pactó que fuese Indra —como adjudicatario del proyecto informático, que empezó a finales de 2011 y cuya tercera fase está previsto concluya en 2017— la que pagase a los juristas. Las tres fases para acometer este proyecto tecnológico se las ha adjudicado Indra, en concurso abierto. Al último concurso, el ahora en marcha, solo concurrió Indra. Versión del Gobierno de González El consejero de Justicia y actual número dos del presidente Ignacio González ha declinado hablar con este periódico sobre los pagos a jueces y fiscales. No obstante, la Comunidad ha enviado una nota en la que explica que, a raíz de las transferencias de Justicia, el Gobierno regional comenzó a desarrollar un sistema informático para interconectar los juzgados. Y que se hizo porque así lo impone la Ley 18/2011, de 5 de julio. El proyecto es conocido como Iusmadrid. La citada ley obliga a que esa modernización informática esté en marcha en julio de 2015.

En los sucesivos pliegos de contratos para la ejecución y desarrollo de las aplicaciones se recoge que los usuarios del cliente, la Consejería de Justicia, a través de ICM, deben colaborar con el desarrollo de la aplicación y “revisar y validar” finalmente el proyecto, pero no se especifican remuneraciones concretas a nadie. Indra ha pagado a estos colaboradores del dinero de las contratas (las tres fases han sido adjudicadas en 6.011.441,42 euros). Distintas fuentes judiciales han mostrado su sorpresa a EL PAÍS por que se estén dando retribuciones a jueces y fiscales por colaborar en la construcción de sus propias herramientas informáticas. “No sé si será legal, pero desde luego parece poco estético”, afirma un magistrado. Les llama la atención que estos pagos “no los haga directamente, en su caso, la Consejería de Justicia a través de ICM y se los trasladen a Indra por la puerta de atrás”. Indra es una empresa con capital muy mayoritariamente privado, y factura anualmente a la Comunidad unos 12 millones de euros. Fuentes de la multinacional admiten los pagos, que se efectúan directamente en las cuentas de los jueces, fiscales y secretarios tras practicarse las oportunas deducciones fiscales. Estas fuentes añaden: “Indra ha pagado a los jueces que [Justicia] nos han dicho que pagásemos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”. Indra reconoce que necesita a los juristas para acometer el proyecto informático. Y que, logrando que colaboren, la firma no solo “ahorra tiempo” en la ejecución y le sale más “rentable”. Además, añade que el asesoramiento resultaba imprescindible porque la herramienta es para ellos y, a la postre, son los que deben “validar” o no el resultado. Los trabajos de la tercera fase del proyecto informático para agilizar la justicia están centrados ahora en la jurisdicción penal: ya se ha hecho en la civil y en parte de la fiscalía. Y los pagos continúan. Justicia dice que hay que compensar el "esfuerzo" de los juristas Fuentes judiciales también se muestran sorprendidas por que la Comunidad pague a

 

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jueces a través de una empresa privada como Indra y, en su caso, no lo haga a través de su organismo público ICM, “ya que un juez nunca debe percibir retribución alguna de una empresa privada”. Indra también ha desarrollado aplicaciones informáticas para la Consejería de Educación, pero en este caso no se ha pagado a ningún profesor o maestro ni personal docente por su colaboración, reconocen fuentes del Gobierno regional. Fue la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Vieira (uno de los al menos nueve magistrados que están percibiendo dinero por el asesoramiento a Indra), la que nombró oficialmente, el 20 de diciembre de 2011, a los grupos de jueces que intervienen en el proyecto, denominado Iusmadrid. Vieira admitió el pasado miércoles a EL PAÍS su convicción de que los participantes en el proyecto debían cobrar. Y lo explicó así: “Hacer eso no forma parte de nuestras funciones y se debe retribuir de alguna forma”. Las cantidades abonadas (este periódico ha tenido acceso a los datos del periodo 2012/2014, que se muestran en el gráfico) oscilan entre 3.000 y 9.000 euros. Y los pagos continúan todavía para gran parte de ellos. Juristas de esa lista consultados por este periódico señalan que han declarado tales ingresos a Hacienda y que Indra, por su parte, efectúa las correspondientes deducciones. Añaden que se trata de una retribución legal y compatible con la actividad de jueces y fiscales. Las empresas privadas no pagan a sus trabajadores por formarse Según la ley, la función de juez es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”. “Indra necesita de nosotros para hacer la aplicación, nosotros tenemos que explicarles nuestras necesidades para agilizar los trámites y ellos ejecutarlas”, señala un jurista de la lista, quien explica que, como los demás, ha asistido a numerosas reuniones para asesorar en la implementación del sistema. “Es un trabajo que realizamos por las tardes, varias por semana, al margen de nuestros asuntos y sin estar liberados para ello”, apostillan. Fuentes del Consejo del Poder Judicial evitaron ayer pronunciarse hasta tener más detalles de las retribuciones. La Comunidad defiende los pagos por parte de Indra, como adjudicataria de los concursos, porque fue Justicia la que exigió que los proyectos fuesen “revisados y validados” por los jueces, con el “consiguiente esfuerzo y tiempo” que les suponía. Las relaciones comerciales entre Indra y el ICM están siendo investigadas en la Operación Púnica a raíz, entre otras irregularidades, de un pago de 10.000 euros que supuestamente hizo Indra a un informático, Alejandro de Pedro, implicado en la trama, por mejorar en Internet la imagen del consejero Salvador Victoria y del presidente Ignacio González. Así lo ha declarado al juez el exgerente de ICM José Martínez Nicolás, quien señaló que su jefe, Victoria, le ordenó que pidiese a Indra ese dinero para pagar al imputado De Pedro. Según la Comunidad, el despliegue de Iusmadrid implica que “en cada orden e instancia” jurisdiccional “se desplieguen las siguientes actividades: como tareas previas al inicio del proyecto, se establece la necesidad de participación por parte de los Órganos Judiciales como garantía de conocimiento de los procedimientos de gestión procesal. Para ello”, añade la nota, “se crea un equipo de trabajo compuesto, entre otros, por un magistrado y un secretario judicial. La participación de estas dos figuras es clave en la primera fase [hay tres], en la que se procede a la revisión de la infraestructura jurídica, en todo lo que tiene que ver con los esquemas de tramitación de los procedimientos judiciales y los modelos de documentos”. “Dado el esfuerzo que lleva aparejado este trabajo”, agrega, “la Justicia traslada en 2011 la necesidad de compensar el esfuerzo de los potenciales participantes como forma de garantizar su colaboración en un proyecto de tanto impacto para ambas Administraciones”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/22/actualidad/1424624961_122483.html

 

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18. C.A.MADRID. VIEIRA, EL MAGISTRADO QUE ANULÓ PARTE DE LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL Los votos particulares generaron tensión en su sala El Poder Judicial investiga el cobro de primas y cita al presidente del TSJM Francisco Javier Vieira Morante cumple en la actualidad su segundo mandato de cinco años como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en concreto, de la Sala de lo Penal y Civil, que es la que investiga a los aforados de la Comunidad de Madrid (salpicada de escándalos de corrupción en el último lustro). Gran parte de la investigación del caso Gürtel la supervisó su sala cuando el instructor era el juez Antonio Pedreira. Durante las pesquisas de Gürtel se vivieron momentos de gran tensión entre los magistrados de la sala, sobre todo cuando entraron a analizar si anulaban, o no, las escuchas en la cárcel que meses antes había ordenado el juez Baltasar Garzón (primer instructor del caso) entre los abogados de los principales implicados y sus clientes (Francisco Correa, Pablo Crespo, Antoine Sánchez). Fueron las escuchas que, a la postre, determinaron que Garzón fuera condenado por el Tribunal Supremo y su posterior expulsión de la carrera. Pedreira prorrogó las escuchas y a sus colegas les tocó decidir qué hacían con ellas. El debate fue muy intenso entre los tres magistrados que había entonces en la Sala de lo Penal: Vieira (presidente), Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, en la actualidad consejero del Tribunal de Cuentas y el magistrado que, con sus reiterados votos particulares en contra, evitó in extremis la anulación total de las grabaciones. Tras cuatro sesiones de deliberaciones muy tensas entre el tándem Vieira-Fernández Castro, que imponían su dos votos contra uno, finalmente, se acordó anularlas casi todas y solo validar una de ellas. Tampoco fue buena la relación de Vieira con Pedreira, al que abrió un expediente por olvidar resolver una cuestión de competencia en un sumario que entonces sumaba 600.000 folios. http://politica.elpais.com/politica/2015/02/23/actualidad/1424725077_294697.html 19. C.A.MADRID.EL ESPIONAJE POLÍTICO DE LA 'GESTAPILLO' EN MADRID LLEVA SEIS AÑOS DORMIDO EN UN JUZGADO Las grabaciones de Granados difundidas por El Mundo abren un nuevo escenario que puede afectar a las aspiraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González El futuro del caso depende de que la Fiscalía, la jueza o el PSOE, personado en la causa, pidan nuevas diligencias tras las revelaciones que apuntan a Granados El espionaje a los rivales políticos de Aguirre coincidió con su intento por arrebatar a Rajoy el poder en el PP tras la derrota electoral de 2008 Irene Castro El espionaje de la 'gestapillo' a políticos en Madrid puede estallar al Partido Popular en plena campaña tras las grabaciones que ha publicado El Mundo, que no solo involucran a Francisco Granados sino que señalan directamente a Salvador Victoria, número dos de Ignacio González en el Gobierno regional. Estas revelaciones pueden dar un vuelco a la causa judicial, que dormita en un juzgado desde hace seis años, después de que la jueza que instruye el caso lo haya archivado dos veces contra el criterio de la Audiencia Provincial, que le obligó a abrirlo en las dos ocasiones. Ahora está en manos de la jueza Carmen Valcarce, el fiscal o el PSOE -que ejerce como acusación popular en la causa- solicitar que se incorporen las nuevas pruebas que apuntan a Granados, en prisión por la Operación Púnica. Los principales afectados por el espionaje, el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente

 

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autonómico, Alfredo Prada, se apartaron como acusación del caso después de que se lo pidiera María Dolores de Cospedal. La número dos del PP les exigió que retiraran el recurso que habían presentado contra la decisión de la jueza de archivar el caso en 2010. Lo hicieron por lealtad con el partido, pese a que la dirección había llegado a suspender de militancia a Cobo por criticar a Aguirre en una entrevista. El vicealcalde llegó a decir que tenía "miedo" ante lo que pudieran hacer quienes habían ordenado el espionaje. La diputada Carmen Rodríguez Flores desistió años después al ver que la causa no avanzaba. Cobo y Prada esperan que el fiscal actúe de oficio tras las revelaciones que confirman que Granados era el encargado de ordenar los seguimientos. Fuentes de la acusación socialista han informado a eldiario.es de que pretenden hacer movimientos pero que deben esperar a que el fiscal se pronuncie definitivamente sobre el sobreseimiento que solicitó. El PSOE se opuso a esa medida y la Fiscalía tiene que resolver el recurso. En el PP de Madrid hay sumergido un nuevo enfrentamiento después de que El Mundo publicara las grabaciones en las que revela que un miembro del Gobierno regional intentó sobornar a uno de los imputados por el espionaje a cambio de su silencio. La conversación apunta a Salvador Victoria, el hombre de confianza del presidente de la Comunidad: "¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?", le dijo el actual director general de Justicia al abogado de uno de los implicados en la trama. Ignacio González señala a Esperanza Aguirre como responsable última del espionaje al recordar que se produjo en su etapa como presidenta regional. Las grabaciones dejan claro que fue Granados, entonces consejero de Interior y Justicia del Gobierno de Aguirre, el que encargó los seguimientos a sus adversarios políticos. "El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: a mí me lo ordenó Francisco Granados", expresó el exdirigente del PP en una conversación con los exguardias civiles que se encargaron de espiar a Cobo y Prada. Gamón, que entonces era director de Seguridad, era un hombre de la máxima confianza de la presidenta. Fuentes del partido señalan que es imposible que Aguirre desconociera el espionaje si él lo llevaba a cabo por mucho que Granados fuera el que lo encargara directamente. La sombra de la sospecha sobrevuela a los dos líderes madrileños en plena puja por encabezar las listas del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Los pasos que den la jueza y la Fiscalía pueden ser determinantes para el futuro de Aguirre y González y, en el caso de que se amplíe la investigación, puede estallar al PP en plena campaña electoral. Espionaje en plena batalla por el poder El País reveló en enero de 2009 que el Gobierno madrileño tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre ellos se encargó de hacer seguimientos a Prada y Cobo, que fueron los principales adversarios de Aguirre en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008. La derecha mediática comenzó en ese momento a impulsar a Aguirre como sucesora de Rajoy en Génova. La presidenta madrileña también se movió para intentar arrebatar el cargo al presidente del partido en el congreso de julio de ese año. Cobo, que era el número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital, aseguró que Aguirre no se presentaría finalmente porque no tenía apoyos. Esas declaraciones las hizo en abril de 2008. En esa misma fecha hay partes de seguimientos efectuados por los agentes de contravigilancia próximos a Granados en los que apuntaron los movimientos de Cobo y los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez. Al conocerse el contenido de los partes, los hombres próximos a Gallardón presentaron sendas denuncias al considerar que se habían malversado fondos públicos para espiar

 

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a los rivales de Aguirre. Los escritos recayeron en el juzgado número 5 de instrucción. La titular de ese juzgado, a quien fuentes próximas a la investigación describen como partidaria de Aguirre, ha intentado archivar la causa dos veces. El primer intento fue en el verano de 2010, cuando aseguró que había falta de pruebas y de indicios de delito en los hechos denunciados. La jueza consideraba que los partes no acreditaban que se hubieran producido los seguimientos y, además, defendía que si se hubieran acreditado, no serían constitutivos de delito. La Audiencia Provincial de Madrid rebatió a la magistrada y le obligó a seguir la investigación al entender que había "indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos". Tras algunas diligencias, entre ellas el análisis de las llamadas de los agentes, la jueza volvió a archivar la causa. A pesar de que los informes policiales y periciales apuntaban a que los teléfonos coincidían con los seguimientos, la jueza argumentó que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos. Fuentes próximas a la investigación explican que la ubicación de los teléfonos de los espías no coincidían con la de los políticos porque no se ofrece la localización exacta sino la de la torre de telefonía más cercana. La Audiencia volvió a rechazar la postura de la jueza y le obligó a abrir la causa por segunda vez. "Existen indicios suficientes de delito (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a José Manuel Pinto (empleado autonómico) autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos", decía el escrito del tribunal. Desde entonces -mayo de 2012- el caso ha reposado en ese juzgado. Una de las últimas actuaciones fue la declaración como testigo de Granados, que negó cualquier conocimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid. Las grabaciones en las que el exdirigente del PP se destapa a sí mismo como ordenante de las vigilancias han dado un vuelco a la causa en una nueva guerra interna por liderar las candidaturas en Madrid. Génova no quiere que Aguirre y González sean un tándem por lo que es posible que uno de los dos caiga. La investigación, por su parte, depende de los movimientos de la Fiscalía -que recientemente había pedido el sobreseimiento-, la jueza y el PSOE madrileño, personado en el caso. http://www.eldiario.es/politica/Caso-espionaje_0_358714786.html

20. C.A.MADRID. UN NUEVO ERROR VUELVE A ATASCAR LA COMISIÓN ROGATORIA AL REINO UNIDO SOBRE EL ÁTICO DE GONZÁLEZ "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos no podrá llevar a cabo la asistencia requerida", advierten las autoridades británicas La solicitud del Juzgado de Estepona no especifica el número de cuenta bancaria y tampoco concreta el período sobre el que el banco británico tiene que suministrar la información "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida". Así han contestado las autoridades británicas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

 

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número 5 de Estepona (Málaga), que investiga la compra en 2009 del ático de lujo propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. ¿Y qué datos faltan? Pues algo tan básico como el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank tiene que suministrar la información vinculada a la compra del inmueble de Estepona, ahora propiedad del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y su esposa, Lourdes Cavero. La jueza sustituta Mariana Peregrina reclamó al Reino Unido una comisión rogatoria al banco de Londres en la que reclamaba la identidad del último beneficiario de la cuenta a nombre de Coast Investors LLC, la firma que pagó 750.000 euros al empresario vasco Francisco Javier Villate en 2009, poco antes de que el ático de lujo fuera "alquilado" por González y su mujer, tal y como aseguró a los medios de comunicación el dirigente conservador. Un comisario El caso fue investigado en Estepona (Málaga) por el comisario Agapito Hermes de Dios. Poco después de destaparse en los medios de comunicación, tanto Hermes de Dios como el entonces jefe de la Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, fueron destituidos de sus puestos. Tras estallar el escándalo, González anunció la compra del inmueble por unos 20.000 euros más del precio original: 770.000 euros. Según el sumario, el presidente de la Comunidad de Madrid adquirió el ático el 18 de diciembre de 2012, un día después de que la empresa dueña del inmueble (Coast Investors LCC), cuyo representante es el ciudadano mexicano Rudy Valner, abonase 74.290 euros por impuestos que no había pagado a Hacienda. Las declaraciones desarrolladas en el juzgado de Estepona han puesto de manifiesto que Valner, residente en Estados Unidos, compró el ático de lujo en la localidad malagueña. Y lo hizo tras una negociación telefónica desde EEUU y después de que la mujer de González visitase al menos en dos ocasiones la vivienda. Isabel Conejo En la actualidad, y tras la reincorporación de la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Isabel Conejo Barranco, la investigación se centra en conocer quién está detrás de la sociedad que compró el apartamento que tiene el matrimonio González-Cavero, alquilado inicialmente por 2.000 euros al mes. Pero la decisión de las autoridades británicas de pedir más información no es el primer problema constatado a lo largo de la instrucción del caso. La jueza Peregrina sufrió el bloqueo de dos comisiones rogatorias, solicitadas inicialmente en diciembre de 2013, y que todavía no se han recibido. Sin traducir La primera de las rogatorias tenía como destino al Reino Unido, mientras que la segunda a Estados Unidos. Ambas fueron devueltas a la jueza "sin cumplimentar ni traducir". Además, en el caso de la solicitud a las autoridades británicas, la Brigada de la Policía Judicial de Málaga la remitió al destinatario equivocado: tenía que cursarla vía Ministerio de Justicia y la envió a través de Interpol. La petición fue devuelta por el Reino Unido, que recordó que sólo acepta las rogatorias entre ministerios. También Panamá rechazó la comisión rogatoria sobre el caso con el argumento de que el delito fiscal no existe en su legislación.

 

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http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/20/un_nuevo_error_vuelve_atascar_comision_rogatoria_reino_unido_sobre_atico_gonzalez_28661_1012.html 21. C.A.MADRID. LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL INCIDENTE DE TRÁFICO DE AGUIRRE La Audiencia decidirá si la causa vuelve al juzgado para ser instruida como una falta La DGT anunciará la ubicación de todos los radares fijos y móviles La Fiscalía de Madrid ha recurrido ante la Audiencia Provincial el archivo judicial sobre el incidente de tráfico de la presidenta del PP de la capital, Esperanza Aguirre, al entender que la expresidenta madrileña cometió una falta y no un delito, según han informado fuentes fiscales. Este recurso se une al de los agentes de movilidad denunciantes, que hace unas semanas también apelaron el sobreseimiento decretado por el juez Carlos Valle. De este modo, los magistrados de la Audiencia Provincial tendrán que decidir si finalmente se da carpetazo a la investigación o si el caso vuelve al juzgado para ser instruido como una falta, tal y como quería el juez al principio. Fuentes jurídicas han señalado que es probable que la resolución del recurso tenga lugar antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 24 de mayo. La propia Aguirre se postuló en diciembre ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como candidata a la Alcaldía de Madrid. Aunque la Fiscalía barajó en un principio la posibilidad de no recurrir, finalmente lo ha hecho, entre otras cosas, al entender que existen contradicciones entre los agentes de movilidad y los de la Policía municipal, motivo que, por otro lado, sustenta el archivo del juez. En la resolución, el juez entendía que la solución no puede ser otra que el sobreseimiento de la causa pues la denuncia inicial "ha sido rebatida" por Esperanza Aguirre, "existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes" además de "dudas serias acerca de la credibilidad" de estos. La defensa de los agentes interpuso hace unos días el recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid. En el recurso se manifestaba su oposición a los argumentos del juez de que no haya indicios de la existencia de un posible delito de desobediencia. La última diligencia que se realizó en la instrucción fue un careo entre dos policías nacionales y varios agentes de Movilidad ante las contradicciones existentes en sus declaraciones relativas al incidente de tráfico del pasado 3 de abril. Contradicciones de los agentes En su declaración, los agentes de la Policía Nacional manifestaron que los de Movilidad nunca les entregaron parte de lesiones, a pesar de que en su día su sindicato denunció que sí lo intentaron. A su vez, la propia Aguirre comentó que uno de los agentes de Movilidad manifestó en su declaración que un policía nacional le había impedido presentar el parte de lesiones, algo que la dirigente popular tachó de "mentira". Ya en mayo, los médicos forenses determinaron que uno de los agentes que denunció a Aguirre al ser supuestamente golpeado cuando esta arrancó su vehículo no sufrió lesiones de relevancia penal. Según los denunciantes, se presentó un parte de lesiones con un certificado médico de la mutua Asepeyo que confirmaba una lesión muscular. De hecho, el policía municipal estuvo varios días de baja, documento que obra también en manos del instructor.

 

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http://politica.elpais.com/politica/2015/02/17/actualidad/1424173740_009716.html 22. C.A.MURCIA. LAS ‘NOCHES VENECIANAS’ A TODO LUJO Y CON LA FAMILIA DE VALCÁRCEL, OTRO ‘POPULAR’ DE LOS DE LA AUSTERIDAD La Fiscalía investiga si hay indicios de malversación en un viaje auspiciado por el exconsejero Cruz, aquel con el que el expresidente montó una campaña de presunta violencia política Hace cinco años los dispendios personales con dinero público de cargos del PP en el Gobierno de Murcia empezaron a ocupar y preocupar a la oposición. El PSOE pidió al entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, hoy reconvertido en eurodiputado, que controlara “el despilfarro en los viajes y el abuso en la utilización del dinero de todos los murcianos” de su consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz. Además, por aquel entonces Valcárcel se encargaba de dar lecciones públicas de supuesta austeridad. La agresión que se usó para tapar lo que ocurría Uno de los viajes ‘culturales’ del Gobierno regional que llamaron la atención fue la de la inauguración de la Bienal del Venecia de 2009, en el que se gastaron 15.000 euros sin detallar más allá de que habían acudido Valcárcel como presidente y Cruz y como consejero. Pero entonces estalló el supuesto ‘caso Cruz’, una agresión al consejero que el PP utilizó en plena campaña autonómica como si hubiera sido violencia política. La prueba: los agresores habrían golpeado a Cruz al grito de “sobrinísimo” aludiendo a su parentesco con el expresidente regional, porque el padre del exconsejero es primo de la esposa de Valcárcel y comparten intereses en la industria cultural. Al final de agresión política nada de nada, pero en campaña no se habló del despilfarro del PP sino de esa supuesta violencia política. Despilfarro del que ahora se conocen los detalles Ahora sale a la luz que las que tenían base eran las alertas sobre el despilfarro. La Verdad de Murcia desveló recientemente detalles del viaje a Venecia y más que oficial fue familiar: Valcárcel estuvo acompañado de su esposa, Charo Cruz, y ambos se alojaron en el hotel más lujoso de la ciudad de los canales. Aunque el acto oficial solo ocupaba unas horas -la inauguración de un pabellón de Murcia en la Bienal- el matrimonio se alojó tres días -entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre- con un coste superior a los 1.700 euros según las facturas en posesión del diario. Mientras, el exconsejero de Cultura y su director de Bellas Artes optaron por un hotel de cuatro estrellas, el Splendid, situado en el centro de la ciudad, entre la plaza de San Marcos y el puente de Rialto, con un coste de sus habitaciones de 1.839,80 euros. Además, la empresa encargada de organizar y contratar todos estos servicios facturó además a Murcia Cultural 5.920,50 euros en concepto de “gastos de viaje” en general realizados durante los tres días que duró la estancia en Venecia. En total, 14.027,90 euros que abonó la Comunidad Autónoma a los que habría que sumar otro cargo del que no se tienen los datos. Todo para que el Valcárcel se enterara bien Cruz, que ya no es consejero pero sigue ostentando un cargo público en el Gobierno murciano, justificó que “se aprovecharon los tres días para ver el resto de pabellones. Era un viaje institucional y cultural y queríamos explicarle al presidente la importancia de la Bienal y por qué la Región de Murcia debía estar allí. Éramos cinco personas -Ramón Luis Valcárcel, Charo Cruz, Pedro Alberto Cruz, Enrique Ujaldón y Yolanda Martínez-Pacheco-contratamos un guía y para los desplazamientos, entre pabellón y pabellón, tuvimos que utilizar taxis acuáticos. Hay que tener en cuenta que Venecia es una ciudad cara y durante la Bienal más”. Denuncia por posible malversación La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto una investigación para conocer si hay indicios de una presunta malversación de caudales públicos en el viaje de tres

 

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días de Valcárcel a Venecia. La investigación parte de una denuncia por presunta malversación de fondos públicos que el letrado murciano Diego de Ramón, para el cual el expresidente hizo “un uso desmedido y fuera del gasto normal de protocolo de estos viajes” que es el que debe regir los “desplazamientos realizados y programados con asistencia necesaria o imprescindible”. http://www.elplural.com/2015/02/16/las-noches-venecianas-a-todo-lujo-y-con-la-familia-de-valcarcel-otro-popular-de-los-de-la-austeridad/

23. C. VALENCIANA. EL GOBIERNO VALENCIANO DEBE INFORMAR SOBRE EL PISO DE DE LA RÚA EN EL TSJ El tribunal da la razón a Compromís y condena al Gobierno de Fabra por negar los datos El Consell deberá informar sobre las obras que financió en la vivienda que ocupaba el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano Juan Luis de la Rúa en la sede del órgano judicial. La Sección Quinta del mismo tribunal ha condenado al Gobierno de Alberto Fabra a facilitar los datos a la candidata a la Generalitat y diputada de Compromís, Mònica Oltra. Su solicitud a través de las Cortes Valencianas no fue atendida el año pasado por el Ejecutivo valenciano. Se trata de la sentencia número 14 que la coalición gana ante la negativa de la Generalitat a dar información. El fallo obliga al Consell a entregar las facturas de las obras de reforma realizadas en el último piso del TSJ en los últimos 15 años. En esa etapa, el único presidente del tribunal que ha vivido en el piso ha sido De la Rúa, que ocupó el cargo entre 1999 y 2010. Su sucesora, Pilar de la Oliva, renunció a utilizar la vivienda, que tiene cerca de 300 metros cuadrados y una capilla integrada. La Consejería de Gobernación respondió a la petición de Oltra afirmando que existía “un contrato de mantenimiento de todas las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana”, sin ofrecer detalles sobre las obras en el TSJ. El tribunal considera vulnerado el artículo 23 de la Constitución por denegar la información “Se trata de una cuestión ya reiteradamente resulta por esta Sala”, indica la sentencia, que basa su decisión en la vulneración “del artículo 23 de la Constitución”, el cual establece el derecho a participar en los asuntos públicos “directamente o por medio de representantes”. Compromís destacó que solicitó la información sobre las reformas ante las denuncias de los representantes sindicales de los trabajadores del TSJ sobre “las pésimas condiciones en las que desempeñan su jornada laboral por el estado ruinoso del edificio”, “el mal estado del mobiliario”, las “condiciones de insalubridad” y algunos “desprendimientos del techo”. La petición de Oltra pretendía “contrastar cuánto y en qué conceptos se ha gastado el Consell el dinero público en esa residencia mientras” persistían los problemas en la parte laboral del inmueble. La coalición recuerda la relación que tuvo el exjefe del Gobierno valenciano Francisco Camps con el expresidente del tribunal y último habitante del piso, De la Rúa, a quien describió como “más que un amigo”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/21/valencia/1424544119_750106.html 24. EL JUEZ QUE AFILIÓ A CAMPS AL PP QUIERE PRESIDIR LA AUDIENCIA DE VALENCIA De Rosa aspira a dirigir el órgano que debe juzgar los casos de corrupción El entorno del magistrado afirma que ha cortado con el expresidente

 

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Fernando de Rosa, el juez que inscribió al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en Alianza Popular, la antigua marca del PP, quiere presidir la Audiencia de Valencia. Un órgano que debe juzgar los supuestos delitos de corrupción cometidos durante la Administración Camps. Su entorno asegura que De Rosa cortó hace tiempo su relación con el expresidente del Consell, con quien acabó “muy decepcionado”. Y que la jefatura de la Audiencia es un cargo de gestión que no puede “influir” en los procedimientos. Sus detractores recuerdan que De Rosa no solo apuntó a Camps al partido, sino que formó parte de su Ejecutivo hasta poco antes de que se destapara el caso Gürtel. Y la presidencia de la Audiencia tiene poder sobre los casos, añaden, al establecer las normas de reparto: las reglas que determinan qué magistrados componen un tribunal. Fuentes próximas al candidato a presidir la tercera audiencia por tamaño de España subrayan que De Rosa ha sido siempre “en primer lugar, juez”. Y aseguran que está “arrepentido” de manifestaciones públicas que efectuó en su etapa de secretario autonómico y consejero de Justicia, entre 2003 y septiembre de 2008. Puestos desde los que puso en duda, por ejemplo, la imparcialidad del entonces fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, por las investigaciones a cargos populares. El entorno de De Rosa considera contrastada su capacidad de gestión: desde el decanato de los jueces de Valencia a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, que ocupó de forma interina. Sus detractores dentro y fuera del ámbito jurídico creen, por su parte, que el perfil de De Rosa “quiebra” en el apartado de la imparcialidad. “Por mucho que se quiera, no se puede borrar el pasado de un plumazo. Ese puede ser un problema muy grande”, afirma una fuente judicial. “Aunque fuera verdad que está completamente alejado de etapas anteriores”, agrega otra, “esto es como lo de la mujer del César: no solo hay que ser independiente, si no parecerlo”. La opinión de que no es el candidato adecuado para presidir un órgano donde en principio se juzgarán las grandes causas de corrupción política, desde los casos Gürtel a Emarsa pasando por los de Cooperación y el Palau de les Arts, no es exclusiva de las filas progresistas. Varias fuentes aseguran que esa impresión está extendida en la Ciudad de la Justicia, el complejo que alberga la Audiencia. Un mundo que desconfía de entrada de quienes dejan la carrera para ejercer la política y vuelven después a vestir la toga. Nadie descarta que De Rosa pueda conseguir la presidencia, a la que optan otros cinco candidatos. Pero la mayoría está de acuerdo en que “no lo tiene fácil”. Nacido en 1959, De Rosa es hijo de un médico que falleció joven y nieto por parte de madre del fundador de la ferretería La Cadena. Un negocio fundado en 1912 que se convirtió en antecedente de los grandes almacenes en Valencia con la inauguración de su segunda sede en la avenida del Barón de Cárcer, cerca del Mercat Central. El mismo lugar donde el hoy juez abrió la puerta de la oficina de Alianza Popular a un estudiante de Derecho llamado Francisco Camps, en el verano de 1982. Durante los siguientes 20 años, De Rosa hizo carrera judicial. Y en 2003, cuando Camps se convirtió en jefe del Consell, fichó al magistrado para su Ejecutivo. Quienes conocen a De Rosa lo describen como una persona inteligente que se ha visto obligado a resituarse varias veces a lo largo de su vida y ha sabido hacerlo. Un jugador hábil en la creación de lealtades que con el tiempo se ha ganado también, sin embargo, muchos desafectos. Se conoce su buena relación con el consejero de Justicia, Luis Santamaría. Un apoyo dentro del Consell que, según una fuente de su entorno, llega más arriba. También es pública su sintonía con Carmen Llombart, presidenta saliente de la Audiencia y miembro del Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Pero De Rosa tiene una larga lista de detractores. A pesar de su significada ideología, según varias fuentes no cuenta ni con el apoyo de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, de cuyo histórico líder en Valencia, Pedro

 

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Castellano, está muy alejado. Desde el entorno de De Rosa se asegura que en 2010 decidió no apoyar a Castellano en el CGPJ para dirigir el Tribunal Superior valenciano, pese a ser el favorito del PP regional, inclinándose por la actual presidenta Pilar de la Oliva. Otras fuentes opinan que con aquel movimiento De Rosa buscó asegurarse influencia sobre el tribunal que investiga y juzga a los aforados valencianos, y que no lo consiguió. El nuevo presidente de la Audiencia se conocerá probablemente entre abril y mayo, después de que un filtro reduzca los seis aspirantes a una terna. Parece imposible, según todos los consultados, que De Rosa alcance la plaza sin el apoyo del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y varias fuentes dudan de que Lesmes “se la juegue” con un perfil como el de De Rosa teniendo candidatos donde elegir. Magistrado y político Alianza Popular. En 1982, Fernando de Rosa afilió al partido en Valencia a un joven de 20 años llamado Francisco Camps. Decano de los jueces. En 1998, De Rosa fue elegido decano de Valencia por sus compañeros. Llamada de Camps. En 1999, De Rosa pidió la creación de una Consejería de Justicia, como así ocurrió. Pero su incorporación al Consell no llegó hasta 2003, cuando Camps lo nombró secretario autonómico de Justicia. Descalificación del fiscal superior. En 2005, censuró al entonces fiscal superior Ricard Cabedo, afirmando que el ministerio público actuaba “de oficio de forma muy distinta según los casos”. Fue uno de los muchos ataques que el Consell dirigió al fiscal. Críticas al Ejecutivo socialista. De Rosa consideró en 2007 la recién aprobada Ley de Igualdad “un ejemplo de la extrema locura del Gobierno”. Del Consell al Poder Judicial. Camps lo nombró consejero de Justicia en 2007. En septiembre de 2008 dejó el cargo en la Generalitat para convertirse en vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Gürtel: apoyo y distancia. La primera reacción de De Rosa tras estallar el caso de corrupción fue apoyar a Camps. Progresivamente, sin embargo, marcó distancias y defendió la actuación de los jueces. Presidente en funciones del CGPJ. Tras la dimisión de Carlos Dívar, ejerció la presidencia del CGPJ en el verano de 2012. Vuelta a la magistratura. A final de 2013, se incorporó a la Sección Primera de la Audiencia de Valencia, donde lleva asuntos de violencia de género.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/22/valencia/1424628299_331341.html 25. C.VALENCIANA. CASO BLASCO: UN RELATO DE MUCHOS PILLAJES Una demanda de la ONG para el Desarrollo Atelier describe la intrincada estructura administrativa que posibilitó el saqueo La trama desvió 5,5 millones de euros que debían ir destinados a proyectos humanitarios, como la construcción de pozos en Nicaragua o un hospital en Haití tras el terremoto Sin tregua. Entre el 2008 y el 2011, la Consejería de Solidaridad de la Comunidad Valenciana fue una calibrada máquina de pillaje. No hubo rincón, cajón o partida donde no se metiera la mano. Todo bajo la supervisión de Rafael Blasco, entonces consejero,

 

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y el empresario Augusto Tauroni, en prisión desde 2012. De hecho, Tauroni y Blasco son las dos caras de una misma moneda con un único lado ganador. Las pesquisas del fiscal Vicente Torres sitúan el foco sobre esta sociedad entre vecinos (los dos son de Alzira), incrustada en los tuétanos del poder y que ha dejado un rastro de presuntas corrupciones (entre 2003 y 2011) por las dependencias de Bienestar Social, Sanidad, Territorio y Solidaridad, carteras bajo el desempeño de Blasco. En esta última es donde los datos y las evidencias abundan. Se calcula un saqueo estimado de unos 5,5 millones. La investigación, por su complejidad, se ha dividido en tres piezas. La primera fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) en 2014 y condenó a Rafael Blasco a 8 años de prisión como responsable último de que 1,6 millones para construir pozos en Nicaragua se gastaran en pisos en Valencia y en engordar las cuentas de Tauroni. Tanto defensas como acusaciones recurrieron y sus escritos se expondrán públicamente este 25 de febrero en el Tribunal Supremo como preludio a la sentencia firme. El segundo gran fragmento procesal (la tercera pieza en instrucción) se refiere a la fallida edificación de un hospital en Haití tras el terremoto de enero de 2010. El proyecto se presupuestó en 4 millones y se adjudicó a dedo a la Fundación Hemisferio, de Tauroni, quien cobró 175.000 euros por asesorar sobre unas obras que jamás se realizaron. En marzo estaban citados varios testigos, pero se han suspendido los interrogatorios tras la pérdida del juez de refuerzo que se había asignado al Juzgado de Instrucción 21 de Valencia. Caldo de saqueo Pero es en la segunda pieza judicial donde se mece el caldo gordo y espeso del saqueo. Entre 2009 y 2011 una serie de fundaciones y entidades, todas bajo el paraguas de Hemisferio, procuraron alrededor de 3,5 millones a los bolsillos de la trama. Para beneficiar a unos, se castigó a otros. Es lo que denunció Atelier (Asociación de Técnicos Especialistas en Investigación y Estudios sobre la Realidad Latinoamericana), que solicitó en diciembre de 2010 (para la convocatoria de 2011) una ayuda de 199.413 euros, que le fue denegada, para el proyecto “Apoyo al liderazgo de la Organización Femenina Popular (OFP) para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la búsqueda de la paz en Colombia”. La propuesta preveía un impacto sobre mil beneficiarias directas vinculadas a la OFP, entidad que trabaja desde los setenta en el Magdalena Medio, una de las zonas más castigadas por la guerra en Colombia (solo entre 1985 y 2014, 9.000 mujeres fueron asesinadas y cerca de 94.000 desplazadas forzosamente), y organizaciones del Movimiento Social de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz. Además, 400 mujeres iban a ser formadas en temas de derechos humanos y 400 más participarían en la realización de audiencias públicas de denuncia y reparación. El radio de acción del proyecto abarcaba una población de 55.000 personas de raíz popular. “Agotamiento de fondos”, fue la razón de la Generalitat para rechazar la subvención. “Todo fue arbitrario en aquella resolución y se dio una clara desviación de poder”, manifiesta Consuelo Vidal, cofundadora de Atelier, entidad que demandó a Solidaridad en julio de 2011 por supuestas irregularidades administrativas. Un litigio aún sin resolver (la sala de lo Contencioso del TSJCV se reunirá el próximo martes para tratarlo), pero que alumbra la intrincada estructura institucional que posibilitó la gran depredación. Informe de la AECID Atelier solicitó la práctica de una prueba pericial y el TSJCV aceptó y determinó que fuera la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, quien elaborara una valoración técnica de varios de los proyectos, propuestos por Atelier, de la convocatoria de 2011. El informe analiza y compara ocho propuestas de subvención, entre ellas la de la ONGD demandante, que

 

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percibió de la Generalitat una puntuación de 85,9, la más baja de las ocho. Sin embargo, el examen de la AECID determina que la valoración técnica de la propuesta de Atelier es superior (con 88,11 puntos) a seis de los proyectos que, sin embargo, sí fueron aprobados por la Generalitat. Unas propuestas que incluso llega a tachar de “asistencialistas”, “ineficientes” o “sin valor añadido”. En cambio, la AECID destaca que el de Atelier es “un proyecto de apoyo y acompañamiento a movimientos y organizaciones de la sociedad civil, en circunstancias en las que este apoyo, manifestado desde el ámbito internacional, significa una salvaguarda esencial, incluso de las propias vidas de sus integrantes”. Y añade: “La mayor parte de las actuaciones giran en torno a capacitación, formación, comunicación y puesta en marcha de Audiencias Públicas o Cortes de Mujeres, esenciales para el logro de la Reparación Integral, largamente demandada por las víctimas del conflicto y reconocida por el propio gobierno colombiano cuando aprobó la Ley 1448 de 10 de junio de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras”. Filtros de control Por otro lado, el escrito de conclusiones de Atelier denuncia una férrea estructura en el control y otorgamiento de la subvenciones. La evaluadora externa de los proyectos, encargada de puntuarlos, era Expande, que fue creada el 9 de junio de 2010, seis meses antes de que fuera seleccionada por la consejería pese a que el pliego de condiciones exigía una experiencia de tres años. Expande es la antigua Caaz, propiedad de Luis Fernando Castel Aznar, imputado en la segunda pieza por un supuesto cobro de comisiones a cambio de manipular el sentido de las evaluaciones. Además, dentro de la propia administración existían filtros de control. El Jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, condenado a 4 años de prisión en la pieza primera, redactó un dosier con el ilustrativo epígrafe de “instrucciones para el arreglo de convocatorias”, en el que aludía, entre otras ONGD, a Atelier. Esa orden aparece en el informe 38.085 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que Atelier incluyó en su escrito de conclusiones como prueba de las irregularidades y manipulaciones perpetradas desde Solidaridad. Pero hay más. El propio Rafael Blasco se reservaba 20 puntos adicionales “en atención a la adecuación de las actuaciones de la entidad a los objetivos y prioridades de la política de la Generalitat en materia de cooperación internacional para el desarrollo”. Un otorgamiento que, según Vidal, el exconsejero “utilizaba a su antojo”. Y que la AECID critica: “No se conoce cuáles son los parámetros y ponderaciones que utiliza la Generalitat Valenciana para atribuir la puntuación”. De las ocho entidades analizadas, a todas se le atribuyeron 20 puntos (aunque la mayoría no tiene ni sede en la Comunidad Valenciana, un requisito primordial) a excepción de Atelier, que se quedó con 12. Y ello a pesar de sus 25 años de trayectoria con cerca de 40 proyectos subvencionados por la Generalitat y con un perfil de género y con más de 20 años de experiencia en Colombia, condiciones prioritarias según el Plan Director de la Cooperación Valenciana. Los 20 puntos también fueron censurados en un informe de 4 de julio 2012 de la Comisión de Estudio y Revisión del otorgamiento de subvenciones en materia de cooperación al desarrollo efectuado por la Secretaría Autonómica de Familia y Solidaridad de la Consejería de Bienestar Social. El texto reconoce la parcialidad a la hora de valorar proyectos de distintas ONG: “No obran informes firmados y/o sellados de la empresa evaluadora Expande S.L. sobre los proyectos que concurren a la convocatoria, ni en los mismos se justifica suficientemente la puntuación otorgada”. Y culmina con que las puntuaciones “deberían estar más fundamentadas, especialmente en relación a los 20 puntos”. Abuso de poder

 

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Para Consuelo Vidal “el abuso de poder para favorecer a determinadas entidades es evidente”. Y añade que el resultado de esta demanda podría ayudar en la instrucción de la segunda pieza. De hecho, en la convocatoria del 2011 también se subvencionó a las principales ONG que protagonizaron la estafa. Con sus adicionales y controvertidos 20 puntos aparecen, por ejemplo, Fudersa que, pese a la falta de experiencia en el sector, acumuló en 2009 1,3 millones para cuatro proyectos sobre desarrollo agrícola y empleo en la República Dominicana. O Esperanzas Sin Fronteras, testaferro de Tauroni en la subvención del hospital en Haití y que, también en 2010, esquilmó 570.000 euros al desarrollo rural en Perú. Y Hemisferio, matriz que, según apuntan las investigaciones, canalizó estas y otras sumas a las cuentas de la trama en Miami. http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/21/caso_blasco_relato_muchos_pillajes_28719_1012.html 26. C.VALENCIANA. RITA BARBERÁ SE HACE UN LÍO CON EL VALENCIANO La alcaldesa se disculpa por su polémico discurso en el acto de inicio de las Fallas 2015 "Me siento profundamente disgustada por mi intervención de ayer en la Crida. Pido disculpas", se ha disculpado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tras el polémico episodio que protagonizó este domingo en la Crida, acto que da inicio a las fiestas falleras, donde mezcló sin orden ni concierto valenciano y castellano ante miles de personas. "Me quedé en blanco. Yo tenía el discurso trabajado pero quise rebajar el tono encorsetado y me quedé en blanco. Los nervios...", ha comentado a los medios de comunicación después de pedir perdón. La regidora ha bromeado, sin embargo, con una de las palabras que inventó, el caloret: "No me negaréis la paternidad", ha reído. La alcaldesa ha tratado con sus palabras de apagar el fuego que provocó este domingo en uno de los tradicionales actos de las Fallas, que siguen miles de personas, donde, en palabras de la oposición, "destrozó" el valenciano. El uso de expresiones como "el caloret" (en lugar de la escalforeta) y, en general, el lío que se hizo con las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana, le han valido a Barberá las críticas de los partidos de la oposición y de otras instituciones, como la Universitat de València, por la imagen que ha ofrecido en un acto multitudinario con el que se invita a todo el mundo a disfrutar de la fiesta del fuego. La regidora no se ha prodigado nunca en cuanto al uso del valenciano a pesar de que lleva al frente del cargo desde hace casi 23 años. Después de más de dos décadas en esta responsabilidad, podrían contarse con los dedos de una mano las veces que la alcaldesa ha hecho sus discursos en valenciano. "Ante el inclasificable discurso de Barberá en el acto de bienvenida fallero, desde EUPV exigimos a la alcaldesa una disculpa pública por lo que fue un ataque a nuestra lengua, el valenciano", ha dicho este lunes el portavoz municipal de EU en Valencia, Amadeu Sanchis. El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Ximo Puig, no se ha quedado atrás y ha acusado a la alcaldesa de "destrozar" y "mofarse de una parte fundamental de nuestra cultura, como es la lengua". Puig se ha pronunciado de esta manera durante el encuentro organizado por Forum Europa, tras ser preguntado por la polémica del uso del valenciano que hizo Barberá este domingo y ante miles de personas. "Este incidente, yo no lo trataría de anecdótico porque no es anecdótico", ha apuntado Puig, quien considera que "cualquier representante público debe respetar a sus

 

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ciudadanos, a las fallas y a los falleros". El respeto, ha continuado, "se gana haciendo lo contrario a lo que ayer hizo Barberá". "Destrozar una parte de nuestra cultura, mofarse de una parte fundamental de nuestra cultura, como es la lengua, me parece que es una gran irresponsabilidad", ha comentado el dirigente socialista. En esta línea, ha precisado que "tener un idioma propio es una gran suerte, no puede ser un problema y lo debemos saber gestionar". A su juicio, ha añadido, "es fundamental saber los dos idiomas, es lo lógico, lo habitual y deseable", aunque ha lamentado que "en los últimos años el valenciano ha perdido mucho pulso en el uso". Las reacciones no han llegado solo del mundo de la política. El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, también se ha pronunciado sobre el pregón de Barberá y ha apelado a usar este idioma "de forma correcta. Sobre todo en actos públicos". Morcillo ha destacado que la institución académica que dirige "tiene un prestigio ampliamente reconocido en defensa de nuestra cultura y nuestra lengua". Inquirido por si se entendería que un representante público utilizara el castellano de la misma manera que la alcaldesa utilizó el valenciano, Morcillo ha respondido que "sería una situación que no hemos visto. Sería chocante". http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/23/valencia/1424685399_886956.html 27. C.VALENCIANA. AEROPUERTO DE CASTELLÓN: SÓLO SIETE EMPLEOS... DE LOS 18.000 QUE PROMETIÓ EL PP El aeropuerto de Castellón iba a permitir crear miles de puestos de trabajo en la provincia, pero las expectativas no se están cumpliendo, como en casi todo lo que ha rodeado a este polémico proyecto El aeropuerto de Castellón iba a permitir crear miles de puestos de trabajo en la provincia, pero las expectativas no se están cumpliendo, como en casi todo lo que ha rodeado a este polémico proyecto desde el principio. Un mes después de que un vuelo de Air Nostrum inaugurara oficialmente el aeródromo, la empresa encargada de gestionarlo, la canadiense SNC-Lavalin, sólo tiene a siete personas en nómina, y algunas de ellas ni siquiera han sido contratadas en España. La compañía ha preferido traerlas desde otros centros de trabajo que tiene en el extranjero. Sin duda, los inicios del aeropuerto están siendo mucho más modestos de lo que esperaban sus promotores. La empresa pública creada por la Diputación de Castellón para gestionar la infraestructura, Aerocas, anunció en 2010, ya en plena crisis económica, que la entrada en funcionamiento del aeropuerto generaría automáticamente hasta 18.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El expresidente de la Diputación y principal responsable del proyecto, el popular Carlos Fabra, defendió el dato y lo utilizó para exigir al Ministerio de Fomento que autorizara de forma urgente la apertura del aeródromo para aliviar la delicada situación laboral que atravesaba la provincia. Los permisos no llegaron, pero Fabra y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps decidieron inaugurar el aeropuerto en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2011. Para entonces, las previsiones de empleo de la instalación ya se habían reducido drásticamente. Aerocas rebajó la necesidad de mano de obra a 7.000 puestos de trabajo, menos de la mitad de lo que se había anunciado en un primer momento. Sin embargo, ese número sufrió nuevos recortes. La última cifra la proporcionó el propio Carlos Fabra poco antes de abandonar la gestión de Aerocas y sólo semanas después de que se frustrara la venta de la obra a un supuesto fondo libio por 200 millones de euros. Según prometió entonces el

 

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discutido expresidente de la Diputación, el aeropuerto permitiría contratar a 2.000 personas sumando los puestos necesarios para las instalaciones como para los servicios que supuestamente se iban a crear a su alrededor. Procedentes de otros lugares Casi dos años después de aquellas declaraciones, la realidad del aeródromo es bien distinta. La infraestructura ya tiene todos los permisos para operar pero la empresa adjudicataria, SNC-Lavalin, tan sólo tiene a siete personas en plantilla trabajando en la gestión de las instalaciones, según aseguran fuentes cercanas a la compañía. Y las previsiones más optimistas de SNC-Lavalin pasan por elevar su nómina a un máximo de 27 personas si la pista acaba siendo utilizada por vuelos regulares, algo que de momento no ha conseguido. Algunos de los siete empleados de Lavalin en el aeropuerto de Castellón ni siquiera han sido contratados en España. Las mismas fuentes revelan que entre ellos hay trabajadores de la firma que estaban destinados en otras sedes de la compañía. Es el caso, por ejemplo, del director del aeropuerto, Alain Russel, que hasta el año pasado gestionaba el aeródromo que la firma canadiense tiene en la isla caribeña de San Martín, en las Antillas francesas. El único proceso de selección para el aeródromo que está abierto en la actualidad, según la página oficial de SNC-Lavalin, busca un profesional que se haga cargo de la dirección, es decir, precisamente uno de los pocos puestos que ya están cubiertos. Los responsables de prensa del aeropuerto también llevan la comunicación desde las oficinas que la compañía tiene en Francia. Este diario se ha puesto en contacto con ellos para conocer las expectativas de empleo de la compañía en el corto plazo, pero no ha obtenido ninguna respuesta. Problemas con el viento Desde la Generalitat remiten a SNC-Lavalin para cualquier asunto que tenga que ver con el aeropuerto. Con todo, un portavoz oficial del Ejecutivo autonómico del Partido Popular admite que esperan que “el número de empleos crezca conforme vaya aumentando el número de vuelos”. “Las cifras de ahora no pueden compararse con las previsiones que se hicieron en 2002”, defiende. La buena noticia es que la pista ya ha comenzado a ser utilizada, aunque la alegría no ha sido del todo completa. El pasado 14 de enero, un vuelo chárter de Air Nostrum despegó con rumbo a San Sebastián con el Villarreal Club de Fútbol a bordo. La expedición no sufrió ningún contratiempo. Pero sólo dos semanas después, el avión con el equipo tuvo que desviarse al aeropuerto de Valencia por el viento que azotaba al de Castellón. Una asociación ecologista aseguró que esos problemas van a ser habituales por las fuertes rachas que suele haber en la zona. De hecho, recordó que un informe concluyó en 2005 que la orientación actual de la pista puede generar graves problemas de seguridad. Por ahora, sólo hay siete empleados para hacerles frente. http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-24/el-aeropuerto-de-castellon-solo-crea-7-de-los-18-000-puestos-de-trabajo-que-prometio-el-pp_717006/

28. EL GOBIERNO DEL PP EN MELILLA, CERCADO POR LA CORRUPCIÓN La mitad de las consejerías involucradas en el amaño de contratos públicos, ha habido diez detenidos, Imbroda acaba de ser imputado y el PP ignora el escándalo Mientras dos ministros del PP, el de Sanidad y el de Justicia, exigen al PSOE que Chaves y Griñán dejen sus escaños a falta de que el Supremo les impute un delito, ni una palabra sobre el escándalo que rodea al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, del PP. Su presidente, Juan José Imbroda fue imputado la pasada semana por un presunto delito de prevaricación al contratar a dedo a un abogado al que pagó con

 

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dinero público más de 300.000 euros. La dirección del partido ya ha dicho que no le van a pedir que dimita, y no solo eso, lo van a volver a presentar de candidato. La ‘Operación Tosca’ realizada por la Guardia Civil se ha cerrado con diez detenciones en Melilla y cinco consejerías de las diez del gobierno local investigadas y registradas. El Ministro de Justicia no parece darse por enterado. La trama descubierta por la UCO consiste básicamente en una trama organizada entre políticos del PP, funcionarios y empresarios que adjudicaban obras a determinadas empresas presuntamente a cambio de ‘prebendas’ o puestos de trabajo para sus familiares. En total han sido detenidas 15 personas, diez en Melilla, tres en Madrid, una en Málaga y una en Lanzarote. Entre las empresas implicadas están Eulen, Himosa, la filial del Canal de Isabel II Hispanagua SAU, y la empresa pública del gobierno de Melilla Proyectos Melilla SA. Del tráfico de drogas a la corrupción Todo este escándalo, que afecta ya a la mitad del gobierno de Melilla, se descubrió de manera casual en el año 2012 cuando se investigaba a un empresario de Melilla, Abdelkader Kassen, por un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La investigación de ese caso descubrió conexiones con adjudicaciones de contratos públicos en Melilla, la Guardia Civil pidió apoyo a la UCO (Unidad Central Operativa) que puso en marcha la llamada ‘Operación Opera’ que en 2013 provocó la detención, entre otras personas, del Consejero de Medioambiente de Melilla, José Ángel Pérez Calabuig. En aquella investigación se descubrió que para evitar sacar las obras o proyectos a concurso público se fraccionaban en contratos pequeños que se adjudicaban a dedo. La operación policial puesta en marcha ahora se denomina ‘Tosca’ y además de los 15 detenidos hay 20 personas imputadas, entre ellas dos consejeros del Gobierno de Melilla. Delitos graves En las últimas horas han sido registradas las consejerías de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la vice consejería de Festejos. En los próximos días tendrán que comparecer como imputados ante el juzgado número 4 de Melilla una veintena de personas, entre ellos dos consejeros, a los que se les imputan los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Por tanto, además del Presidente de Melilla están imputados otros dos consejeros, sin embargo en lo que a corrupción se refiere, Melilla no existe para el PP. http://www.elplural.com/2015/02/18/el-gobierno-del-pp-en-melilla-cercado-por-la-corrupcion/