Boletín Informativo - Abril 2016

Al serviciode las personasy las naciones

Naciones Unidas

Derechos HumanosOFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Proyecto Derechos HumanosContacto: Dana Cruz - Oficial de ComunicacionesCasa de las Naciones Unidas, Col. Palmira, Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, Honduras.

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ABRIL 2016

4,372 PERSONAS ATENDIDAS DURANTE CAMPAÑA DE CARNETIZACIÓN Y REGISTROPARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MOSKITIA HONDUREÑA

Demetrio Blucha (45 años) comenzó a ejercer la pesca mediante buceo, una de las pocas alternativas laborales existentes en la región de La Moskitia Hondureña. Hace 20 años, mientras trabajaba en la pesca de langosta, sufrió un accidente (síndrome de descompresión). La falta de tratamiento médico inmediato -en una cámara hiperbárica- y de terapia de rehabilitación adecuada le produjo una paraplejia. Demetrio nunca recibió indemnización alguna. El caso de Demetrio no es único; de acuerdo a un estudio realizado en 2012, 1,180 personas habían sufrido accidentes de descompresión mientras trabajaban en la pesca resultando en discapacidad, lo que representa el 18% de la población masculina entre 15 y 70 años de La Moskitia Hondureña. En numerosos casos, las personas accidentadas han perdido la vida, y los que aún viven, son víctimas de una triple discriminación por su pobreza, por su etnicidad y por su discapacidad.

Junto a este colectivo de personas con discapacidad causada por accidentes de trabajo, en el Departamento de Gracias a Dios -conocido como La Moskitia Hondureña- existe una población de personas con discapacidad innata o adquirida por enfermedad o condición de salud que está fuera del sistema de protección social, en muchas ocasiones porque ni siquiera están registrados. No existir en los registros deja atrás a todas estas personas especialmente vulnerables en cualquier iniciativa de desarrollo que se realice.

De acuerdo a los pobladores de la zona, la problemática del subregistro civil en los municipios del Departamento de Gracias a Dios, responde principalmente a barreras geográficas propias del territorio, ausencia de una tradición registral en la población de escasos recursos, discriminación, pobreza y migración, entre otros, lo que les impide el ejercicio de sus derechos y obligaciones que

como ciudadanos les otorga la Constitución, tales como el ejercicio de la representación civil, acceso a la justicia, el beneficio a los programas sociales, el acceso a servicios de salud y educación y el acceso al empleo formal y a ejercer sus derechos laborales.

La Vicealcaldesa de Juan Francisco Bulnes, Eda Mármol, subrayó que la comunidad de Ibans es la que cuenta con mayor población en subregistro y casos de personas con discapacidad. “Situación que se ve agravada por el alto costo de transporte y movilización entre las localidades”.

Hilario Nixon Mestre, residente de la comunidad de Bliblilaya, Puerto Lempira, tiene ocho hermanos en edades comprendidas entre los 28 a 40 años, con diferentes tipos de discapacidad, entre ellas física y sensorial. Para esta numerosa familia, el abandono y la pobreza repercutieron en su desarrollo, misma situación que ocasionó que se convirtieran en parte de las cifras importantes de analfabetismo. “Como indígenas con discapacidad mis hermanos y hermanas no contaron con las mismas oportunidades como el resto de la población. Ellos fueron aislados. La barrera social también impidió su integración a la comunidad”, agregó Hilario.

Hilario Mestre junto a su familia y miembros de la Dirección de Discapacidad de la SEDIS.


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Hoy por hoy, en el seno de las comunidades indígenas se trabaja diariamente por el reconocimiento de los derechos colectivos, culturales y de la identidad de los pueblos buscando satisfacer sus demandas históricas. El derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Entendido como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está explícito en distintos instrumentos del derecho nacional e internacional.

El proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el PNUD, trabaja desde hace tres años para reducir la discriminación y promover las aspiraciones, realidades y necesidades de las personas con discapacidad. El objetivo es contribuir en superar la situación de invisibilidad en que se encuentran miles de hondureños y hondureñas en igual condición bajo la premisa de no dejar a nadie atrás. Con esta idea en mente se ha cooperado con la Dirección de Discapacidad suscrita a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, el Registro Nacional de las Personas (RNP), autoridades municipales y locales, y organizaciones de sociedad civil del sector discapacidad de los municipios de Puerto Lempira, Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna del Departamento de Gracias a Dios, para llevar a cabo una Campaña de Carnetización y Registro de Personas con Discapacidad.

El objetivo de esta campaña ha sido contribuir a la identificación de las personas con discapacidad de la zona, reducir la tasa de mora de inscripciones, certificaciones y trámites de identidad en cada uno de los municipios y mejorar la participación de la vida ciudadana y social de las personas, así como de los beneficios contenidos en el Decreto 160-2005 de la “Ley de Equidad y Desarrollo Integral”.

La Ley de Equidad y Desarrollo Integral, establece que a los ciudadanos que porten el carnet de persona con discapacidad se les deben conferir beneficios tales como descuentos por el uso de servicios médicos, hospitalarios y odontológicos; intervenciones quirúrgicas; exámenes clínicos; transporte y compra de medicamentos, entre otros, mencionados en el artículo 53 de dicha ley.

El propósito del Estado de Honduras al incluir este tipo de beneficios para esta población es el de contribuir a mejorar la situación económicamente que este grupo social enfrenta por la presencia de la discapacidad, ya que se produce un círculo vicioso

en el que la discapacidad genera pobreza y la pobreza, genera discapacidad.

El carnet es otorgado por la Dirección de Discapacidad, en cumplimiento de una de sus funciones establecida en el numeral 12 del artículo 60 de la Ley antes mencionada. Para que las personas accedan al carnet de manera inmediata, deben presentar copia de la tarjeta de identidad o partida de nacimiento; para los casos en que la discapacidad no sea tan visible, se debe presentar una constancia médica. Luego se llena la “Ficha diagnóstica para proceso de identificación de personas con discapacidad por la vía corta”, y se finaliza con la toma de fotografía y emisión del carnet, el cual tiene una duración de cinco años.

El trabajo conjunto realizado por PNUD de manera coordinada con la Dirección de Discapacidad y el RNP, permitieron que las personas que aún no contaban con su partida de nacimiento tuvieran la oportunidad de tramitarla al instante y posteriormente proceder a gestionar el carnet que los identifica como personas con discapacidad. Tal fue el caso de la familia de Hilario Nixon Mestre y 16 personas más que viajaron durante ocho horas desde la comunidad de Bliblilaya, zona fronteriza con Nicaragua, “estoy aquí apoyando a mi familia y vecinos, ellos son muy especiales y me alegra que por medio de esta brigada cuenten hoy con su carnet que los identifica como persona con discapacidad y también hayan sido inscritos por primera vez como Hondureños que son”.


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La Alcaldesa del municipio de Brus Laguna, Teonela Paisano, subrayó la importancia de trabajar por tener un esquema de convivencia más igualitario e incluyente, por lo que las personas con discapacidad pueden tener realmente la certeza de que se está gobernando con un gran sentido humano. “Me siento alegre porque mi gente ha sido tomada en cuenta. Sin embargo debemos sumar esfuerzos para generar fuentes de empleo, especialmente para que las personas con discapacidad puedan integrarse como fuerza laboral con el fin de lograr un sostén para sus hogares”.

Durante la Jornada de Carnetización en las comunidades de Kaukira, Ují, Yahurabila, Barra Patuca, Batalla, Ibans, Belén y Puerto Lempira, 4,372 personas fueron atendidas de la siguiente manera:

Se prevé que los pobladores de los municipios de Puerto Lempira, Juan Francisco Bulnes y Brus Laguna, que aprovecharon la brigada móvil del Registro Nacional de las Personas para solicitar las tarjetas de identidad, comenzarán a recibir el documento en el mes de Junio.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Número de Carnets entregados a Personas con Discapacidad.

796

Identidades emitidas por primera vez. 1,016

Reposición de Tarjetas de identidad. 7

Certificaciones de Nacimiento. 2,132

Reposiciones por Omisión de Nacimientos. 303

Inscripciones en Términos de Ley. 118

Total: 4,372

Ana Castillo (73), residente de la comunidad de Kokobila, municipio de Juan Francisco Bulnes, se refirió a la agilidad con la que se entregan los documentos, “este logro es un beneficio que tiene un valor incalculable ya que con este documento ahora podré contar con descuentos para la compra de medicamentos en cualquier parte del país”.

El Asesor Técnico para el RNP, Marco Cano, indicó que con la realización de brigadas móviles, el RNP contribuye a disminuir el subregistro mediante un acercamiento efectivo a las poblaciones más postergadas, en especial a personas con discapacidad, niños, niñas y ancianos. “Para algunas personas representa por primera vez la obtención de su tarjeta de identidad y consecuentemente su reconocimiento y acceso a derechos, deberes y obligaciones como nuevos ciudadanos, principalmente el derecho a un nombre y nacionalidad. Estas brigadas se realizan de forma planificada y en coordinación con las autoridades del territorio, lo que nos permite satisfacer la demanda ciudadana en lo que respecta a garantizar la identidad de los Miskitos hondureños”.


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SOCIEDAD CIVIL REIVINDICA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADFENAPAPEDISH socializa su informe sobre la situación actual de educación inclusiva en Honduras

NoticiasNoticias ABRIL 2016

La Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH), presentó el pasado 05 de abril de 2016 el Informe sobre la situación actual de la Educación Inclusiva en Honduras, cuyo objetivo es dar a conocer y valorar el estado actual de la inclusión en los centros educativos de nivel básico en Honduras y, a la vez, sintetizar las propuestas y recomendaciones de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) del sector discapacidad y la Secretaría de Educación (SEDUC) con vistas a generar orientaciones de utilidad que mejoren la aplicación de este enfoque.

Este informe, comenzado a elaborar en diciembre de 2015, es uno de los componentes principales del Proyecto “Fortaleciendo Capacidades en Busca de Mayores Oportunidades”, implementado por FENAPAPEDISH, y que cuenta con el apoyo técnico y financiero del proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el PNUD.

Como señala el informe, Honduras cuenta con una nutrida legislación que obliga el cumplimiento del derecho a la Educación, respondiendo a criterios de tratados internacionales como a exigencias del sector de sociedad civil. Sin embargo, la terminología de la legislación hace más referencia a la integración educativa que a la inclusión misma, error conceptual que no permite llegar a la plena Inclusión Educativa.

Pese a los esfuerzos contemplados en la legislación hondureña, la falta de aplicación de la Ley, la carencia de recursos estatales y la conceptualización equívoca de la Educación Inclusiva no han permitido desarrollar una educación de calidad para las personas con discapacidad.

112 centros educativos básicos fueron analizados por el estudio, de los que el 51,3% manifestó tener matrícula de personas con discapacidad y el 67,2% no cuenta con las condiciones pedagógicas para atender correctamente las necesidades educativas de este

colectivo en situación de vulnerabilidad. La investigación revela que las condiciones de accesibilidad física y pedagógica no promueven la inclusión, pues factores como la adecuación del Currículo Nacional Básico o mejorar la infraestructura escolar en base al Plan Maestro de Infraestructura Educativa – plan basado en tres pilares: infraestructura, formación docente y logística educativa-, no son vinculantes y sólo promueven una aproximación menor a la Educación Inclusiva.

De acuerdo a Karely Barahona, Técnica de FENAPAPEDISH, desde el año 2008, la Federación asumió el liderazgo en la defensa del derecho a la educación para las Personas con Discapacidad. “Este informe nos servirá como punto de partida para identificar los avances y retos en materia de educación inclusiva. Por tal razón, el trabajo conjunto entre las OSC y el Estado debe contribuir a fortalecer los procesos y acciones en pro del derecho a la educación en igualdad de condiciones”.

Entre sus recomendaciones, el informe resalta que el derecho a la educación inclusiva no se agota en la mera acogida de los niños/as con discapacidad en las escuelas comunes, sino que éste requiere de la adopción de una serie de medidas.

Dentro los ajustes necesarios a nivel institucional, el informe remarca que resulta imprescindible que el Estado adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para garantizar que todos los niños y niñas con discapacidad sean matriculados en escuelas del sistema de enseñanza formal; incluir dentro del currículo y programas educativos nacionales, acciones vinculadas a la enseñanza y promoción de la Lengua de Señas Hondureña (LESHO); y adecuar los instrumentos y herramientas de desarrollo educativo de la SEDUC, para fijar como obligatorio el cumplimiento de la accesibilidad universal y la inclusión educativa.

El informe concluye que para avanzar en la satisfacción del derecho a la educación para los niños/as con discapacidad es necesario que el país establezca metas y recursos presupuestales específicos, y que contemple de manera integral todos los aspectos que hacen a la inclusión educativa en sus distintas etapas.


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ACI-PARTICIPA PRESENTA INFORME SOBRE MEDIDAS CAUTELARES EN HONDURAS

La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) presentó el pasado 8 de abril de 2016 el informe sobre la implementación de las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humados (CIDH) denominado “Medidas Cautelares en Honduras: Sueño y Realidad”. El propósito de este estudio es ofrecer información confiable que permita al Estado Hondureño evaluar adecuadamente el impacto de sus esfuerzos por garantizar los derechos de las víctimas de violación a los derechos humanos, especialmente la vida, la integridad personal y los bienes en riesgo inminente que han motivado a la CIDH para el otorgamiento de las Medidas Cautelares en favor de ellas.

De acuerdo a registros estadísticos de la CIDH, Honduras es el país Centroamericano con más medidas cautelares otorgadas entre 2006 y 2015 con un total de 49, por encima de Guatemala que tiene 43. A nivel continental ocupa el tercer lugar solo por debajo de Colombia con 71 y México con 61 y por encima de USA que tiene 41.

Algunas de las principales conclusiones del estudio, llevado a cabo entre el año 2009 - 2016, indican lo siguiente:

· El 99% de beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH creen que éstas no les garantizan su seguridad, pues los mecanismos de protección ofrecidos por el gobierno no son pertinentes o no se implementan adecuadamente.

· No ha existido voluntad política por parte de las autoridades principales del Estado para garantizar los derechos humanos de las personas en Honduras y la implementación real de mecanismos de protección para beneficiarias/os de medidas cautelares.

· El Estado de Honduras ha carecido de un instrumento jurídico que establezca claramente los lineamientos y procedimientos para la implementación de las medidas cautelares y provisionales de la CIDH y la Corte IDH, y que señale las instituciones estatales competentes para ello.

· No existen procesos de investigación real sobre los hechos denunciados por las personas en riesgo y que son los que sirven de base para la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La falta de este elemental recurso limita la efectividad el mecanismo de protección y la posibilidad de tomar medidas preventivas.

La investigación se formuló y desarrolló bajo enfoques cualitativos y cuantitativos, mediante técnicas de recolección de información con el propósito de conocer la situación de las personas beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la CIDH y de medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como determinar su número y su distribución geográfica en el territorio nacional.

La elaboración de este informe es parte del proyecto “Defensor@s de DD.HH: Promoviendo el valor de la aplicación de la justicia en Honduras: su sueño y su realidad”, implementado por ACI-Participa desde Junio de 2015, gracias al apoyo del Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con fondos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el PNUD.


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CPTRT PRESENTA A DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE POLICÍA Y CONVIVENCIA SOCIAL ELABORADA CON LA PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

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El Centro para la Prevención y Rehabilitación de la Tortura y sus familiares (CPTRT) socializó el pasado 13 de abril de 2016 entre Diputados de las cinco bancadas del Congreso Nacional, la propuesta de reforma a la “Ley de Policía y Convivencia Social” (LPCS).

Esta propuesta surge en el marco del proyecto “Acciones de Protección para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (TCID)”, con el fin de establecer mecanismos legales para la erradicación de la tortura y contribuir a la protección y respeto de los Derechos Humanos en Honduras.

La finalidad de la LPCS es fomentar y estimular la participación cívica y la convivencia entre los y habitantes de los distintos municipios del país; generar una cultura ciudadana que busque incrementar el respeto entre las personas; impulsar la coordinación, cooperación y concertación entre los municipios, las instituciones gubernamentales, empresa privada, sociedad civil y público en general, donde la sostenibilidad de la propuesta de reforma a la ley está basada en un proceso participativo por las organizaciones antes mencionadas y que están ligadas a la promoción y defensa de los derechos Humanos en Honduras.

El CPTRT, como parte de una estrategia global, considera necesario persistir en los procesos de incidencia ante las instancias tomadoras de decisión para la aprobación y adopción de una política pública que permita establecer mecanismos de vinculación y articulación entre actores claves para la conformación de una red de organizaciones ligadas al tema y que posibiliten la elaboración de una propuesta de política pública.

Al respecto la abogaba Jenny Almendarez, – encargada de construir la propuesta de Reforma a la LPCS de manera participativa con Sociedad Civil-, enfatizó en que no sean las autoridades las que definan la ley, sino que sea la sociedad la que desarrolle la ley. “Es decir, es una ley que busca conceptos generales para tomar en consideración el Principio de Reserva Legal, -que establece que lo que no está prohibido está permitido-, bajo ese esquema es que la Ley no tiene conceptos tan entroncados a la creatividad, las relaciones de armonía y convivencia”.

Por su parte, la Diputada por el Partido Liberal, Gabriela Núñez, indicó que es muy importante la participación de las alcaldías municipalidades ya que son quienes mejor conocen a los habitantes, su comportamiento y los intereses internos existentes.

Durante el evento también se contó con la presencia de los diputados Renán Inestroza, Doris Gutiérrez, Audelia Rodríguez, Walter Banegas y Cristian Santamaría, entre otros. Por parte de las Organizaciones de Sociedad Civil con especial interés en la aprobación de esta reforma, participó la Coordinadora Nacional de la RedTraSex Honduras, Regina Barahona, en tanto que la regulación del trabajo sexual es una de las responsabilidades incluidas en la Ley.

Esta actividad se desarrolla dentro del marco de colaboración interinstitucional entre CPTRT y el Proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y el PNUD.


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PRESENTADO ESTUDIO CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓNDE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN HONDURAS

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Con el objetivo de dar a conocer y valorar el estado actual de la situación de Derechos Humanos de las personas de la Diversidad Sexual en Honduras, la Asociación Kukulcán presentó el pasado 22 de abril de 2016 durante un evento público, los resultados de la “Consulta Nacional sobre Derechos Humanos de la Población LGTB Hondureña”.

De acuerdo al informe realizado entre julio y noviembre de 2015, y en el que participaron 1,067 personas de la diversidad sexual de 67 municipios urbanos y rurales en 17 de los 18 departamentos de Honduras, los principales hallazgos son:

· En Honduras no se fomenta la cultura de la denuncia, por tal razón

el 89.9% de la población LGTB no denuncia la discriminación que

sufre sumado a que estos actos de discriminación son realizados

por familiares, amistades y personas desconocidas.

· Un 61% de la población encuestada maneja información errónea

sobre información básica y conceptos sobre Derechos Humanos.

· El 43.6% de la población LGTB no conoce organizaciones

defensoras de Derechos Humanos de la diversidad sexual.

· El 55.3% de la población LGTB ha tenido una relación directa con

alguna persona LGTB que ha sido asesinada por su orientación

sexual o identidad de género.

· Los encuestados consideran que las organizaciones de la

diversidad sexual deben trabajar, de manera prioritaria, en una Ley

Anti Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.

La población LGTB hondureña sigue siendo uno de los principales

grupos en el país en términos de vulnerabilidad y discriminación, por lo

que requiere de atención en la temática de los Derechos Humanos,

específicamente en su formación, prevención y atención. De acuerdo a

la Asociación Kukulcán, la Consulta Nacional sobre Derechos Humanos

de la Población LGTB Hondureña es una herramienta diseñada para ser

analizada y trabajar a nivel de personas, grupos u organizaciones que

tengan interés en mejorar las condiciones de vida de la población LGTB,

así como del gobierno hondureño como prestador de servicios y garante

de la condiciones de los hondureños/as, por lo que es primordial que la

misma sea difundida y llegue a ser utilizada por todas las partes

involucradas.

El proceso de investigación surge en julio de 2015, en el marco del

Proyecto “Alzando la Voz –Valentía, Igualdad y Participación”,

implementado por la Asociación Kukulcán, gracias al apoyo técnico y

financiero del proyecto “Fortalecimiento del Estado de Derecho para la

Protección y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras”,

implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), financiado por la Agencia Suiza de Desarrollo y

Cooperación (COSUDE), la Oficina del Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el PNUD. El

proceso de investigación también contó con la contribución de los

estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional

Autónoma de Honduras (UNAH).

El Coordinador del Proyecto Derechos Humanos del PNUD, Fernando Burguillos felicitó el trabajo realizado por el equipo de investigadores refiriéndose a que “las cifras y porcentajes en el informe presentado por Kukulcán, son una poderosa herramienta para combatir el prejuicio y las mentiras que alimentan la discriminación y la violencia. La razón, la evidencia objetiva y la voluntad de entendernos y aceptarnos es lo que nos hace mejores frente al odio y la violencia”.

Por su parte el Oficial de Derechos Humanos de COSUDE, Mario Chinchilla, indicó que los defensores de derechos humanos son aquellos que por sí solos o conjuntamente con otras personas actúan para promover y proteger los derechos humanos y la Asociación Kukulcán entra en esa categoría. “Este informe le permitirá a los defensores de derechos humanos y tomadores de decisiones, definir cursos de acción para mejorar las condiciones de vida de la población consultada. En ese sentido, COSUDE reitera su compromiso con la comunidad LGBT en la defensa de los derechos humanos”.

El estudio propone algunas recomendaciones basadas en el fortalecimiento de la población LGTB hondureña, en materia de conocimientos, promoción y defensoría de los Derechos Humanos, así como la creación de espacios de información y formación para reducir los altos niveles de discriminación hacia esta población.


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NACIONES UNIDAS FACILITA LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL HONDUREÑA EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL SOBRE VIH/SIDA DE LA ASAMBLEA GENERAL

Del 8 al 10 de junio del 2016 se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, EEUU, la Reunión de Alto Nivel sobre VIH y Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que contará con la presencia de altos mandatarios de los Estados miembros, para llevar a cabo una revisión de progresos alcanzados en las Declaraciones Políticas sobre VIH y Sida de 2006 - 2011, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y establecer compromisos renovados y estratégicos en el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2016-2030, para poner fin a la epidemia del VIH. A fin de involucrar plenamente a los diversos sectores y actores clave de la respuesta al VIH de Honduras en el proceso preparatorio y apoyar el posicionamiento de la delegación del país en el citado evento, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) en coordinación con el Proyecto Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dieron inicio el pasado 29 de abril en la ciudad de Tegucigalpa a un proceso de consulta entre organizaciones de sociedad civil. Este proceso incluye no sólo reuniones en Tegucigalpa sino también las ciudades de San Pedro Sula (3 de mayo) y La Ceiba (5 mayo).

El evento fue inaugurado por la Subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Embajadora María del Carmen Nasser, quien reiteró el apoyo del Gobierno de Honduras en la respuesta al VIH en Honduras. “Para mi país ha sido importante el combate a la epidemia. En ese sentido me interesa reconocer la efectiva labor de ONUSIDA en la realización de su mandato y por su valioso apoyo a Honduras. Agradezco su continuidad para que mediante el proceso de consultas se pueda coadyuvar en la confección a la respuesta por parte de nuestro país”.

La Reunión de alto nivel sobre VIH y Sida, congregará también a personas que viven con el VIH, la sociedad civil, el sector privado y otros socios, para centrar la atención del mundo en la importancia de un enfoque de Acción Acelerada para la respuesta al SIDA durante los próximos cinco años.

El Sistema de la ONU comparte el compromiso de frenar la propagación de la epidemia del VIH. La Representante Adjunta del PNUD en Honduras, la Sra. Alissar Chaker, indicó que “la respuesta del PNUD al VIH/SIDA se basa en sus objetivos de desarrollo humano, reducción de la pobreza y gobernabilidad. En esta perspectiva apoya el PNUD a las series de consultación para preparar la posición de Honduras para la Reunión de Alto Nivel para poner fin al VIH”, finalizó.

Como resultado del proceso de consulta, se definirán las prioridades y el posicionamiento político multisectorial de Honduras para apoyar la participación de la delegación oficial que representará al país en la Reunión de Alto Nivel sobre VIH y Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016.

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