Balance 2009-2010
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1 t Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía Publicación electrónica ISBN: Octubre, 2011 BALANCE SOCIAL 2009 – 2010
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El “Balance Social 2009-2010” constituye un estudio agregado sobre la situación actual de las Empresas de Inserción en Andalucía y analiza la evolución que han experimentado en los últimos años. Ofrece una retrospectiva, basada en datos anteriores obtenidos a partir de estudios previos realizados por EIdA y proyecta una serie de objetivos y resultados para favorecer la actividad de las Empresas de Inserción.
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Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía Publicación electrónica
ISBN:
Octubre, 2011
BALANCE SOCIAL
2009 – 2010
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN ............................................................................................. 3
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 5
2. EMPRESAS DE INSERCIÓN ....................................................................... 7
3. ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN .........................................23
4. BALANCE SOCIAL ...................................................................................27
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS .................................................................29
5.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ...............................................................30
6. RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y ENTIDADES PROMOTORAS EN ANDALUCÍA, 2010. ............................................................34
7. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA E IMPACTO SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. ...........................................................................71
8.CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ..........................................74
9. REFERENCIAS ........................................................................................83
3
PRESENTACIÓN La Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EIdA) se constituye
como actor que aglutina a empresas y entidades que trabajan por la inserción
sociolaboral y por el empleo como herramienta contra la exclusión. Es una
organización que ostenta la representatividad del sector en la Comunidad
Autónoma de Andalucía desde su constitución (año 1998), agrupando y
representando al sector de las Empresas de Inserción de Andalucía, a entidades
promotoras públicas y privadas. Estas empresas desarrollan su labor en el campo
de la inserción socio-profesional de colectivos en exclusión o riesgo de exclusión
social, creadas para dar respuestas a las necesidades de formación e inserción
laboral de estas personas.
EIdA ofrece a través de su dispositivo integral de asesoramiento apoyo
técnico e institucional a las Empresas de Inserción, centrándose en la promoción
de las nuevas empresas y en la consolidación de las existentes. EIdA apuesta por
la visualización social del papel impulsor de las Empresas de Inserción y
promueve y participa en la realización de estudios que contribuyan al mejor
desarrollo de las Empresas de Inserción.
El “Balance Social 2009-2010” que se presenta, constituye un estudio
agregado sobre la situación actual de las Empresas de Inserción en Andalucía y
analiza la evolución que han experimentado en los últimos años. Ofrece una
retrospectiva, basada en datos anteriores obtenidos a partir de estudios previos
realizados por EIdA y proyecta una serie de objetivos y resultados para favorecer
la actividad de las Empresas de Inserción.
Este estudio se presenta en un momento en el que se han producido
novedades relacionadas con la regulación legal de las empresas de inserción
debido a la creación del Registro Administrativo de Empresas de Inserción del
Ministerio de Trabajo e Inmigración, a partir del Real Decreto 49/2010, de 22 de
enero, que tiene como finalidad la coordinación y el intercambio de información
con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades autónomas. En
Andalucía esta regulación se establece a partir de la aprobación del Decreto
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193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el
Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.
En este contexto, la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía (EIdA)
cree conveniente aportar sus conocimientos sobre la situación actual de las EI
andaluzas, ofreciendo el balance agregado completo del año 2010, así como el
estado de la cuestión del sector en estos momentos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los objetivos del presente estudio surgen, por un lado, de la necesidad de
disponer de un diagnóstico actualizado de las Empresas de Inserción (en
adelante, EI) en Andalucía de manera agregada, continuar con el análisis anual
de estas empresas y en para seguir trabajando la dinámica del conocimiento útil
y compartido de estas empresas en su revalorización social y defensa del papel
activo que desempeñan en el contexto socioeconómico actual.
Tras la aprobación del Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se
regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción de
Andalucía, cobra especial relevancia el cumplimiento de determinados requisitos
por parte de las EI para ser consideradas como tal, así como obligaciones
derivadas de ser clasificadas como EI. Una de estas obligaciones legales es la
presentación anual del Balance Social de la empresa, documento que EIdA
elabora de forma anual y desde hace varios años para toda la comunidad
andaluza.
El Balance Social debe contener una memoria económica y social, recoger
el grado de inserción de los/as trabajadores/as en el mercado laboral ordinario y
la composición de la plantilla de inserción y de estructura, aportar información
sobre las tareas de inserción realizadas y las previsiones para el próximo
ejercicio.
La actualización y sistematización de los datos sobre las EI ha sido una de
las tareas constantes en la trayectoria profesional de EIdA, trabajo que hubiera
resultado imposible sin la aceptación y colaboración por parte de las EI. En
síntesis, los objetivos del “Balance Social 2009-2010” son:
� Realizar un estudio descriptivo de la situación actual de la EI en Andalucía,
teniendo en cuenta las características de su dinámica empresarial, los
colectivos de inserción, el resto de profesionales de estas empresas y los
itinerarios de inserción que en ella se desarrollan.
� Conocer la evolución que las EI han experimentado hasta la actualidad a
partir de los datos obtenidos en estudios anteriores.
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� Ofrecer datos cualitativos y cuantitativos sobre la inserción de los/as
trabajadores/as de inserción en el mercado laboral ordinario y su grado de
empleabilidad.
� Facilitar la realización del balance social a cada EI en su obligación de
presentarlo anualmente.
� Conseguir que los resultados que se muestran en este documento sirvan
para la toma de decisiones y la implementación de actuaciones a los
financiadores, promotores y a las propias empresas, con vistas a la mejora
de las acciones y decisiones metodológicas sobre los itinerarios de
inserción-sociolaboral e implantación de sistemas de autoevaluación.
Las EI surgen motivadas por la necesidad de favorecer la inserción laboral
en el mercado ordinario de personas en riesgo de exclusión a través de acciones
sociales, y vienen desarrollando su actividad durante muchos años, cobrando
especial relevancia en el contexto económico y social en el que nos encontramos.
La dinámica que proponemos de evaluación periódica y sistemática
permite introducir a las EI en la lógica de la información y facilita la elaboración
de los Balances Sociales, permitiendo así, visibilizar su contribución actual y
potencial al desarrollo integral de personas y territorios.
EIdA ha elaborado el “Balance Social 2009-2010” en el que se contemplan
tanto aspectos cuantitativos como cualitativos siguiendo la siguiente estructura
general:
� Un primer apartado recoge todos los aspectos teóricos y sobre el estado
de la cuestión. Este apartado aglutina información sobre:
• El concepto de Empresa de Inserción desde una perspectiva
histórica, su caracterización y la defensa de su papel como
actores que ofrecen oportunidades de empleo e inclusión social.
• La contextualización legal desde el marco europeo hasta el
regional.
• El Itinerario Personalizado de Inserción
• Conceptualización del Balance Social.
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• Los mercados protegidos y las “clausulas sociales”.
� El segundo gran apartado presenta los Rasgos Básicos 2009-2010, a partir
de los resultados obtenidos de las EI y las entidades promotoras en
Andalucía, incluyendo aspectos económicos, sociales, de calidad y de las
relaciones con el medio.
� El apartado siguiente analiza la contribución económica y el impacto social
de las EI.
� Por último, se exponen las conclusiones finales del estudio.
El análisis que se presenta a continuación muestra cómo las
potencialidades de las EI no han tocado techo y cómo la utilización de
estrategias de colaboración y la cooperación con los agentes sociales puede
favorecer el crecimiento tanto cuantitativamente en el mercado en el que
desarrollan su actividad como en lo relativo al impacto social que provocan en el
territorio.
2. EMPRESAS DE INSERCIÓN
2.1. Origen y definición de las Empresas de Inserción.
Los cambios demográficos como el envejecimiento de la población, las
migraciones y las nuevas formas de convivencia familiar, entre otros, han
conformado una sociedad cada vez más compleja y diversificada que es capaz de
integrar a unas personas y excluir a otras. La actual economía globalizada
basada en la información y el conocimiento ha dado lugar al nuevo modelo
económico, basado en la flexibilidad y la desregulación, que tiene un impacto
directo en el mercado de trabajo y en la vida de las personas. Las nuevas
dinámicas laborales, afectadas por las deslocalizaciones y los procesos de
flexibilización del trabajo, operan en muchas ocasiones en perjuicio de la persona
trabajadora y sus derechos laborales.
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En este contexto surgieron las primeras EI promovidas por organizaciones de
base religiosas, de asociaciones de vecinos/as y de entidades de inserción laboral
con un gran componente voluntario.
Así pues, las EI nacen como un instrumento para luchar contra la pobreza y la
exclusión social. Son iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial
con metodologías de inserción laboral. No están al margen de los procesos
convencionales de la economía, ya que producen bienes y servicios, mejoran el
entorno, potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida,
siendo rentables y competitivas. Además de su rentabilidad económica es muy
importante destacar la rentabilidad en los aspectos sociales, ya que los
beneficiarios dejan de ser personas pasivas y dependientes y aportan a la
sociedad sus potencialidades y producción.
Hasta la entrada en vigor de la Ley 44/2007 de 13 de diciembre para la
regulación del régimen de Empresas de Inserción, existían diferentes
conceptualizaciones, pero esta ley las define en su artículo 4 como “aquella
sociedad mercantil o cooperativa legalmente constituida, que debidamente
calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice
cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto
social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario”.
Los rasgos principales de las EI son:
- Su objeto social es la integración social y laboral de las personas con
especiales dificultades de ingreso en el mercado laboral.
- Son empresas transitorias, que tienen la voluntad de preparar a las
personas que tienen dificultades para acceder al mercado laboral ordinario
y por lo tanto, se definen como una herramienta para la inclusión social.
Por este motivo, las EI en cómputo anual, deben mantener un porcentaje
de trabajadores en proceso de inserción, de al menos el 30% durante los
tres primeros años de actividad y de al menos el 50% del total de la
plantilla a partir del cuarto año.
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- Trabajan con colectivos en riesgo o en exclusión social. Estas personas
llevan a cabo un itinerario personalizado de de inserción laboral y son
acompañadas por su tutor/a o técnico/a de acompañamiento, a través de
una intervención psicosocial individualizada en el contexto de la empresa y
en su contexto social.
- Son instrumentales, ya que no son un fin en sí mismas, sino que su
propósito es servir de instrumento de intervención sociolaboral con el
objetivo de preparar a sus trabajadores para incorporarlos en el mercado
de trabajo ordinario a través del aprendizaje de habilidades técnicas y
competencias relacionales básicas para la adquisición de unos hábitos
laborales adecuados.
- Desarrollan itinerarios de inserción personalizados para cada persona en
proceso de inserción, que son acompañadas por un técnico/a de inserción
durante su estancia en la empresa. Estos técnicos/as con formación en el
ámbito social, podrán formar parte de las Entidades Promotoras, o bien de
las EI. Si esta circunstancia no pudiera darse, el seguimiento
correspondería a los Servicios Sociales Públicos competentes.
- Los contratos para los trabajadores de inserción pueden celebrarse por la
Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo teniendo en
cuenta las circunstancias específicas de la Ley Nacional de Empresas de
Inserción, es decir, que el período del contrato se extienda mínimo de 1
año hasta máximo de 3 y no podrá ser contratada aquella persona que los
dos años anteriores hubieran prestado servicios en la misma o distinta EI.
- Son estructuras productivas, ya que se trata de organizaciones que
trabajan en el mercado produciendo bienes y servicios con el objetivo de
integrar a personas en riesgo de exclusión, centrando su actividad
económica en sectores intensivos de mano de obra y poco intensivos en
capital.
- Sin fin de lucro, pues reinvierten los beneficios empresariales en la mejora
de la propia empresa, en su estructura productiva o en la generación de
nuevos puestos de trabajo. La legislación vigente establece que el 80% de
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los resultados o excedentes obtenidos deberá aplicarse a la mejora de la
inserción.
- Generan un beneficio social aportando al mercado laboral personas con
una cualificación concreta, perfectamente preparadas para el desempeño
de un trabajo en empresas ordinarias, favoreciendo la mejora de la
calidad de vida de las personas excluidas social y laboralmente y por ende
de su entorno familiar.
- Juegan un papel vertebrador en el territorio en el que desarrollan su
actividad. El ámbito de actividad es el local, por la propia dimensión de la
empresa y por ser un ámbito más protegido de la competencia global. La
conjugación económica y social, es la que hace que jueguen un papel
fundamental en el desarrollo económico local por la fuerte vinculación e
interacción con el territorio.
Figura 1. Características idiosincrásicas de las Empresas de Inserción.
Fuente: Retolaza, Ruíz, Araujo de la Mata y Mugarra (2008).
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Son experiencias que ofrecen un aprendizaje integral, una transición laboral
que tiene como objeto generar en sus trabajadores y trabajadoras autonomía y
competitividad para el acceso al mercado de trabajo ordinario a medio plazo. El
modelo de aprendizaje que suele ofrecerse responde a un aprendizaje inductivo
que permite experimentar y aprender mediante la acción.
Estas empresas proporcionan marcos de organización más flexibles que las
de carácter convencional, otorgan gran importancia a la persona como eje del
proceso de trabajo y ofrecen un recurso de transición y de adquisición de
habilidades sociales, personales y laborales a partir de la realización de una
experiencia laboral concreta.
Se trata, por tanto, de iniciativas que combinan la lógica empresarial con
metodologías de inserción sociolaboral, presentando una doble vertiente
estructural: son estructuras empresariales pero también son estructuras de
intermediación y medio de inclusión social a través del empleo.
Considerando estas características y el concepto de exclusión, la lucha por
la inclusión a través del empleo debe contemplar conjuntamente acciones de
inserción socio laboral, estrategias de recuperación económica y de empleo en
los individuos, integrando las acciones con el territorio en el que se encuentran
insertas, buscando y estableciendo sinergias con los actores públicos y privados
de los diferentes sectores del desarrollo.
Esta vinculación territorial orienta el trabajo hacia la identificación de
necesidades del territorio en el que se inserta la empresa, a las que dar
soluciones desde los recursos disponibles y la participación de los agentes
sociales presentes con medios como la planificación estratégica, la promoción de
empleo, incremento de la calidad de vida, fortalecimiento del tejido empresarial
existente y creación de nuevas actividades económicas…
Desde esta perspectiva, el objetivo de las empresas de inserción laboral no
es tanto el logro de un empleo más o menos protegido, como la consecución por
parte de la persona de un grado de empleabilidad que posibilite la contratación
en una empresa ordinaria.
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2.2. Contextualización legal
Nivel Europeo
En el marco comunitario cabe resaltar que uno de los tres objetivos
globales de la Estrategia Europea para el Empleo (EEE) es consolidar la
inclusión social, prevenir la exclusión del mercado laboral y apoyar la integración
en el empleo de las personas desfavorecidas. Las directrices integradas
establecidas bajo las tres prioridades de la EEE prestan una considerable
atención a la promoción de un mercado laboral inclusivo.
Desde hace más de una década, las instituciones comunitarias se
muestran especialmente conscientes del enorme coste que supone la exclusión
social y la pobreza. En todos los niveles del derecho comunitario, tanto desde el
marco estrictamente normativo como en el marco pragmático, la lucha contra la
exclusión social se presenta como un fin sociolaboral legitimado y la inclusión
activa aparece como un objetivo, tanto en el ámbito de la política de ocupación
como de la política social.
En primer lugar, y en relación a la lucha contra las exclusiones, el Consejo
y el Parlamento pueden adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación
entre los Estaos miembros a través de iniciativas para mejorar los conocimientos,
desarrollar el intercambio de formación y de buenas prácticas, promover
fórmulas innovadoras y evaluar la experiencia, con exclusión de toda
armonización legal y reglamentaria de los Estados miembros.
En segundo lugar, en materia de integración de las personas excluidas del
mercado laboral, también se admite la adopción por parte del Consejo de
directivas que adopten disposiciones mínimas que habrán de aplicarse
progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y reglamentaciones
técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros. Estas directivas deben
evitar el establecimiento de trabas de carácter administrativo, financiero, y
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas.
En tercer lugar, a la Comisión le corresponde fomentar la colaboración
entre los Estados miembros y facilitar la coordinación entre estos. Con esta
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finalidad, la Comisión actuará en contacto estrecho con los Estados miembros, a
través de estudios, dictámenes y organizaciones de consultas, tanto para los
problemas que se planteen de ámbito nacional como de organizaciones
internacionales, en particular, a través de iniciativas que tiendan a establecer
orientaciones e indicadores, organizar el intercambio de buenas prácticas y
preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación periódicas.
En cuarto lugar, al Comité de Protección Social, órgano de carácter
consultivo creado por el Consejo para fomentar la cooperación en materia de
protección social entre los Estados miembros y la Comisión, le corresponde
supervisar la situación social y la evolución de las políticas de protección social;
facilitar el intercambio de experiencias y buenas práctica, elaborar informes,
emitir dictámenes o emprender otras actividades en los ámbitos que sean de su
competencia, ya sea a petición del Consejo o de la Comisión, o por iniciativa
propia.
En cuanto al marco pragmático al que también hacíamos referencia
anteriormente hay que decir que el método abierto de coordinación proporciona
un marco de cooperación entre los Estados miembros con el objetivo de
conseguir la convergencia entre las políticas nacionales para llevar a cabo
objetivos comunes. El método abierto de coordinación implica la adopción de
medidas de derecho indicativo, en forma de recomendaciones a los Estados
miembros.
Con el objetivo de promover la integración de las personas más
desfavorecidas, la Unión Europea (UE) ha instado a los Estados miembros a
adoptar medidas que faciliten la inclusión de las personas excluidas del mercado
laboral y, con esta finalidad, recomienda la elaboración de una estrategia global
integrada que combine un apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo
inclusivos y acceso a unos servicios de calidad1.
En relación con los mercados de trabajo inclusivos, la UE insta a los
Estados miembros a adoptar medidas para garantizar que las personas excluidas
1 Recomendación 2008/867 de la Comisión de 3 de octubre de 2008 sobre la inclusión activa de las persones excluidas del mercado laboral.
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que estén en condiciones de trabajar reciban alguna ayuda efectiva para
conseguir una ocupación adecuada a su capacidad de trabajo. Los objetivos para
los Estados miembros son, por un lado, abordar las necesidades de las personas
excluidas del mercado laboral y aumentar sus posibilidades de encontrar un
empleo y, por otro, promover unos mercados laborales inclusivos para asegurar
que el acceso a la ocupación sea una oportunidad abierta a todo el mundo.
Para conseguir estos objetivos, se proponen diversas orientaciones
prácticas entre las cuales destacan, la adopción de políticas inclusivas de
educación y formación; la previsión de medidas activas y preventivas del
mercado laboral, incluidos servicios y soportes adaptados, personalizados y
sensibles a las necesidades que incluyan una identificación a tiempo de las
necesidades, ayuda en la búsqueda de empleo, orientación y formación y
motivación para facilitar la búsqueda activa; potenciar el papel de la economía
social y de las empresas sociales como una vía de primera importancia para
acceder a la ocupación de las personas que pertenecen a colectivos
desfavorecidos, con la concesión de incentivos económicos a las empresas que
contraten a estas personas.
Estos objetivos se mantienen en el contexto actual, razón por la cual se
considera que han de continuar aplicándose las políticas de soporte a la
economía, que nada más se pueden retirar cuando la recuperación esté
plenamente garantizada.
La UE ha considerado que era necesario redefinir los elementos de una
nueva estrategia, como es la Estrategia Europa 2020, para que suceda a la
Estrategia de Lisboa, y estudia, entre otros aspectos, la manera de establecer
unos mercados laborales eficientes e inclusivos. Constituye un nuevo
planteamiento para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador
con el que espera conseguir, entre otros objetivos, el “fomento de una economía
con un alto nivel de empleo que redunde en la cohesión económica, social y
territorial”.
Por último, conviene tener en cuenta también que el Programa
comunitario para el empleo y la solidaridad social - Progress (2007-
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2013) está dividido en cinco secciones que corresponden a cinco ámbitos de
acción principales: empleo, protección e integración social, condiciones de
trabajo, diversidad y lucha contra la discriminación así como igualdad de género.
Además la Comisión Europea ha designado al 2010 como el año de lucha contra
la pobreza y la exclusión social con el objetivo de reafirmar el compromiso de la
UE de incidir de forma decisiva en la erradicación de la pobreza.
Nivel estatal
El marco regulador nacional viene delimitado por la Ley 5/2011, de 29
de marzo, de Economía Social y, más concretamente, La Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las Empresas de Inserción.
La Ley Nacional de Economía Social define esta economía (art.2) como el
conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito
privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios
recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes,
bien el interés general económico o social, o ambos. Estos principios (art. 4) son
la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la aplicación de los
resultados obtenidos de la actividad económica al fin social objeto de la entidad;
la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión
social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la sostenibilidad; y la independencia respecto a los
poderes públicos.
16
La Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción (en adelante LEI), ha comportado un paso significativo
en la consolidación de esta modalidad de empresa. El Estado ha llevado a cabo
una destacada aportación al desarrollo de las mismas, ya que consolida su
estatus de empresa especial, lo que podría redundar en un aumento del apoyo
y del fomento públicos a su funcionamiento.
La LEI tiene como pretensión la regulación de las EI, así como la fijación
de un marco jurídico que permita promover la inserción de las personas en
situación de exclusión social empleadas en su seno. En este sentido, tanto el
preámbulo de la Ley como su artículo 2 señalan que el objetivo del trabajo de
las personas en situación de exclusión, no es el de permanecer en las
empresas, sino el de la integración en el mercado ordinario de trabajo, razón
por la cual se facilitará a los trabajadores el acceso a formación y a la
orientación laboral.
Los trabajadores en situación de inserción han de ser, según el artículo
2.1. de la LEI, personas en situación de exclusión social desempleadas, inscritas
en los Servicios Públicos de Empleo y que acrediten especiales dificultades para
su integración en el mercado de trabajo, siempre que puedan encajar en
alguno de los colectivos descritos en la Ley:
a) Perceptores de prestaciones de rentas mínimas de inserción y asimilados2.
b) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de
Instituciones de Protección de Menores.
c) Personas con problemas de drogodependencia en proceso de rehabilitación
o inserción social.
d) Internos de centros penitenciarios y menores internos en centros ad hoc,
cuya situación les permita acceder a un empleo.
e) Menores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000.
2 Se trataría de personas que no pueden acceder a la prestación de RMI por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento o para la constitución de la Unidad Perceptora, o bien por haber agotado el periodo máximo de percepción legalmente establecido (art. 2.1 b de la LEI).
17
f) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo o de servicios
de prevención e inserción social, autorizados por las Comunidades
Autónomas de Ceuta y Melilla.
Este conjunto recogido legalmente puede suscitar dudas sobre la situación
de las personas con discapacidad que, aunque en cualquier caso, podrían estar
incluidas en el colectivo de personas procedentes de servicios de inserción social,
no quedan registradas como colectivo específico, cuando parece ser que la
realidad de las empresas de inserción que ya están en funcionamiento recogen
a estas personas como trabajadores de inserción. Otro de los aspectos
relevantes recogidos en la ley, y mencionados con anterioridad, es la obligación
de realizar y presentar anualmente un balance social, incluyendo no sólo la
memoria económica sino también los aspectos de carácter social como el grado
de inserción de las personas trabajadoras, composición de la plantilla, tareas y
servicios desarrollados, líneas y previsiones para el año siguiente, etc.
Con la publicación del Real Decreto 49/2010, de 22 de enero, se crea
el Registro Administrativo de Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, que tiene como finalidad la coordinación y el intercambio de
información con los Registros de Empresas de Inserción de las comunidades
autónomas y estará adscrito al Servicio Público de Empleo Estatal.
Nivel autonómico
La Ley de Empresas de Inserción nace con una rotunda voluntad
armonizadora, lo que implica afectar a las normas autonómicas que, de un modo
desigual han abordado, con mayor o menor exhaustividad, la regulación de las
EI. En este sentido, la disposición transitoria primera de la LEI señala que las
empresas de inserción ya existentes en el momento de entrada en vigor de la
LEI deberían adaptarse a la misma en el plazo no superior a un año desde su
entrada en vigor, si quieren acogerse a lo regulado en la misma. Asimismo,
contempla que las funciones de calificación y registro de las empresas serán
objeto de adaptación por parte de las Comunidades Autónomas, en un plazo que
no supere los seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Además, en la
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disposición final segunda, la ley recoge que las Comunidades Autónomas podrán
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente
ley en el marco de sus competencias.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía (2007), en el
artículo 10.14, regula como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la
cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público con especial
atención a los colectivos y zonas más desfavorecidas social y económicamente,
para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la
superación de la exclusión social.
También a nivel autonómico, se tramitó en 2007 el anteproyecto de Ley
de Inclusión Social de Andalucía, que regula en su Capítulo III, las políticas
de empleo, estableciéndose incentivos para el fomento del empleo de las
personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Para ello, se
enumeran una serie de medidas y actuaciones a desarrollar dentro de estas
políticas, siendo estas medidas un pilar básico en la lucha contra la exclusión
social y favoreciendo la inclusión de una manera clara y efectiva. Además, se
procura la capacitación profesional de estos colectivos y se promueven proyectos
especiales de apoyo al desarrollo emprendedor de personas en situación de
riesgo o exclusión social. El capítulo V de la citada ley, se dedica a la regulación
de las Políticas Públicas en Zonas con Necesidades de Transformación Social.
Estas zonas se definen como aquéllos ámbitos urbanos, territorialmente
delimitados, donde concurren circunstancias específicas que impiden la adecuada
inclusión en el territorio. Andalucía se mantiene a la espera de que pase al
Parlamento para su tramitación el anteproyecto de ley de Inclusión Social, que
fue sometido a finales de 2007 a información pública para que se formulasen
alegaciones.
El VII Acuerdo de Concertación Social recoge de forma destacada la
integración en el mercado de trabajo de los colectivos con especiales dificultades
de inserción sociolaboral y en riesgo de exclusión, una de cuyas medidas
constituye el desarrollo de la normativa reguladora de las Empresas de Inserción
en Andalucía.
19
Por otra parte, la disposición transitoria única del Real Decreto
49/2010, de 22 de enero, por el que se crea el Registro Administrativo de
Empresas de Inserción del Ministerio de Trabajo e Inmigración, establece un
plazo de tres meses desde la entrada en vigor, para que los Registros de
Empresas de Empresas de Inserción de las Comunidades Autónomas remitan al
mencionado Registro de Empresas de Inserción Estatal los datos requeridos por
el artículo 3 del citado Real Decreto, lo que obliga a establecer un contenido
mínimo del Registro de Empresas de Inserción de Andalucía a efecto de su
coordinación con el Registro Estatal.
En Andalucía, no se ha dispuesto de un decreto autonómico hasta la
llegada del Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la
calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía. Este
decreto, además de responder a la ley, se ampara en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía que en su artículo 63.1.1º atribuye a la Comunidad Autónoma de
Andalucía las competencias en materia de empleo y relaciones laborales,
incluidas las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y el fomento
del empleo.
El presente Decreto define el concepto y establece los requisitos que han
de cumplir las EI y sus entidades promotoras; establece el procedimiento de
creación y aborda la creación, organización y funcionamiento del Registro de
Empresas de Inserción en Andalucía. Dicho registro quedará adscrito al Servicio
Andaluz de Empleo.
Respecto a los colectivos en situación de riesgo de exclusión, el Decreto
193/2010 recoge, además de los establecidos en la ley 44/2007, los siguientes:
- Mujeres víctimas de violencia de género.
- Personas emigrantes retornados a Andalucía.
- Personas que tengan a su cargo una familia monoparental.
- Personas desempleadas mayores de 50 años.
- Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual
o superior al 33%.
20
- Otras personas que presenten una situación de exclusión a propuesta del
Servicio andaluz de Empleo.
En el anexo II es posible comprobar a través de un conjunto de cuadros
comparativos diferentes aspectos relevantes de las diferentes normativas
autonómicas.
Medidas de Fomento
Dentro de las medidas de promoción de las empresas de inserción la LEI
contempla (capítulo V) diferentes ayudas para la contratación de personas en
situación de exclusión social, subvenciones que pudieran compensar los
sobrecostes laborales que se producen en la actividad empresarial, y las ayudas
correspondientes al seguimiento del itinerario de inserción social. Asimismo, se
reconocen otras ayudas para la creación y desarrollo de empresas de inserción
(tabla 1).
Resulta importante indicar que el reconocimiento de las EI y las ayudas
vinculadas a ellas se regulan desde las Administraciones Autonómicas (decretos
autonómicos), lo que conlleva que exista una gran diversidad de realidades en
función del territorio (tabla 2).
21
Tabla 1. Ayudas de fomento a nivel estatal.
AYUDAS/MEDIDAS FOMENTO A NIVEL
ESTATAL ARTÍCULOS DE LA LEY 44/2007
Creación y mantenimiento de la ocupación
Bonificación de cuotas a la Seguridad Social (Art. 16.3a) en los contratos trabajadores/as en inserción de 70,83 euros/mes (850 euros/año) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida.
Subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo de inserción, en concepto de compensación económica a los sobrecostes laborales derivados de los procesos de inserción. Pendiente de desarrollar (Art. 16.3b).
Ayudas para la integración en el mercado laboral ordinario. Pendiente de desarrollar (Disposición adicional 4ª).
Se establecerán medidas específicas de apoyo a los trabajadores de EI, para su establecimiento como trabajadores autónomos o en fórmulas de economía social.
Fomento de la actividad de las EI
Ayudas financieras para la adaptación de la ley y fomento del desarrollo de la actividad, así como en concepto de asistencia técnica, formación y contratación de técnicos para su gestión, y en concepto de actuaciones de I+D+I. (Art. 16.2).
Ayudas para la inversión fija: afecta a la realización de su objeto social. Pendiente de desarrollar (Art 16.3c)
Ayudas al movimiento asociativo
Art 16.6 Podrán organizarse en asociaciones o agrupaciones específicas, tanto a nivel autonómico como estatal. Estas estructuras asociativas representativas de las empresas de inserción podrán recibir ayudas económicas por parte de las Administraciones Públicas, para sufragar gastos de promoción y funcionamiento.
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Tabla 2. Ayudas acompañamiento social por comunidades autónomas.
COMUNIDAD Acompañamiento Social
COMUNIDAD Acompañamiento Social
ANDALUCIA EUSKADI
Orden de 4/5/2009 publicada 19 de mayo
Hasta 1.100€ por puesto de inserción.
ARAGÓN ORDEN de 31/7/2009 publicada el 24 de
agosto
80% costes laborales totales, con máximo 18.000 €/año
EXTREMADURA
ASTURIAS Convocatoria Ayto.
Gijón 2007
GALICIA Orden de 16/7/2008 publicada el 28 de
julio.
50% de los costes laborales totales calculada sobre 24 mensualidades. Límite máximo 18.000 .
CANARIAS Resolución de
5/3/2009 publicada 19 de marzo.
Menos de 5 puestos = 3000€ anuales por puesto. Para 5 o más puestos, subvención de 2.500/puesto.
LA RIOJA ORDEN de 25 de
septiembre de 2007
Máximo 23.000 €/año por un período máximo de 3 años. Hasta un 80% de los costes.
CANTABRIA
MADRID ORDEN 2791- anexo
convocatoria publicada a 3 de noviembre 2009
Hasta 1.800 euros por un período de doce meses por puesto de inserción al que acompañe, 3.600 € por un período máximo de 24 meses por puesto que acompañe.
CASTILLA LA MANCHA
MURCIA RESOLUCIÓN
7/4/2009 publicada a 15 de abril
Máximo18.000 euros por 1 año - hasta 100%. Mantenimiento del puesto por otro año, por la misma cuantía de subvención.
CASTILLA LEON EYE 618 de 13/3/2009
publicada 20 de marzo 2009
NAVARRA DECRETO FORAL
130/99 - 26/2002 y 60/2009, de
2/7/2009, publicado el 31 de julio
Máximo 24.000 euros por 1 año técnico/a de acompañamiento a la producción, en orientación o en medidas de acompañamiento - hasta 100%. Esta cuantía se actualizará cada año según el índice de precios de consumo de Navarra del ejercicio anterior.
CATALUÑA RESOLUCIÓN TRE 509/2009, 2 de noviembre, DOGC 5350 publicado el 26/11/2009 y RESOLUCIÓN
TRE/2083/2008, de 27 de junio publicada el
4/7/2008
Gastos de salarios, dietas y locomoción. Ratio: 1 técnico para 2/15 trabajadores/as. Máximo de contratos por empresa/entidad: Nº Ratio.Máximo/año 8/15: 25.000€ 5/7: 17.000€ 2/4: 11.800
COMUNIDAD VALENCIANA
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3. ITINERARIO PERSONALIZADO DE INSERCIÓN
Las EI son elementos claves del desarrollo de las políticas activas de
empleo, constituyendo una respuesta innovadora y eficaz a la política de
inserción laboral de personas en o con riesgo de exclusión y contribuyendo a la
mejora del funcionamiento del mercado laboral y de los territorios.
Como se ha mencionado, la Ley 44/2007 recoge en uno de sus artículos
(Art. 3) la existencia del itinerario de inserción socio laboral y de
acompañamiento. Según el art. 3.2 de la LEI, consiste en el conjunto de
servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y procesos
personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de
trabajo, habituación laboral y social encaminados a satisfacer o resolver
problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a
la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción.
Este itinerario se desarrollará mediante medidas de intervención y
acompañamiento, servicios de orientación, tutoría, formación, habituación laboral
y social a través del ejercicio del trabajo remunerado, para satisfacer o resolver
problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificulta el
desarrollo personal y laboral de los individuos. Para realizar este itinerario y
prestar todos estos servicios, las empresas podrán disponer de los servicios
sociales públicos y de los servicios públicos de empleo, que son los responsables
de establecer los criterios de estos itinerarios.
De la puesta en práctica de este itinerario es posible inferir el trabajo
sobre la empleabilidad, entendida globalmente como la capacidad de la persona
de insertarse o encontrar un empleo y que depende de múltiples factores, tanto
individuales como del mercado de trabajo y del territorio. Mejorar la
empleabilidad es importante e incluso necesario pero no por ello suficiente, ya
que los factores que inciden en la inserción van más allá de la empleabilidad del
sujeto, incorporando aspectos del contexto, de la realidad del mercado de
trabajo, etc.
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El itinerario incide en aquellas dimensiones de carácter más interno,
centradas en la persona, como pueden ser las cualificaciones profesionales,
capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes, autoconocimiento, desarrollo
profesional, etc.; y en aspectos más externos al individuo, que ponen en relación
a la persona con el mercado de trabajo y el territorio (Ceniceros y Oteo, 2003).
El proceso formativo y de seguimiento no se debe limitar al perfil
profesional concreto requerido en el puesto de trabajo desempeñado, sino que
debe incluir necesariamente la adquisición de habilidades personales y sociales
que permitan el buen desarrollo profesional y desenvolvimiento en el contexto
social que rodea a la persona.
Este itinerario puede ser concebido de dos formas que conllevan acciones y
consecuencias diferentes:
- Perspectiva lineal: acciones sucesivas orientadas a la inserción sociolaboral,
siendo la última fase la incorporación al mercado laboral ordinario. El aspecto
negativo de esta concepción es la heterogeneidad de situaciones personales
posibles que conducen la necesidad de adaptaciones personales.
- Perspectiva circular y dinámica: en esta concepción el empleo ordinario no es
concebido como fin único sino que es considerado un medio para la consecución
de la integración social. Esta perspectiva tiene como una de sus ventajas, según
Carmona y Requerey (2004), que la relación que se establece entre los
profesionales y las personas en dificultad social es totalmente distinta y más
positiva que la relación tradicional que se establece en servicios basados en la
atención personal.
Para Carmona y Martínez (2005) el plan personalizado o itinerario de
inserción tiene al menos dos dimensiones en cuanto estrategia de inserción: una
de registro documental de las distintas acciones y resultados obtenidos y otra de
proyecto personal en un nivel más concreto como programa de actuaciones a
realizar por el sujeto para el logro de la inserción sociolaboral. Estos autores
muestran a modo de resumen las fases que podrían establecerse en los
itinerarios de inserción y que sirven de orientación para el diseño e
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implementación de estos itinerarios en las empresas, adaptándolo a aquellas
características o condiciones particulares de la propia empresa y del
trabajador/a.
El itinerario es asumido como un proceso, como algo dinámico y continuo
en el tiempo. A pesar de ello, la LEI no recoge ningún tipo de revisión, lo que sin
ninguna duda resultaría aconsejable para garantizar su adecuación a las
características y evolución de la persona. Al estar recogido de manera explícita,
el seguimiento y evaluación se deja al acuerdo entre las partes implicadas, así
como cuestiones de modificación o readaptación de las medidas previstas.
Las fases propuestas del itinerario se recogen en la tabla 3, y el proceso
completo de formación-producción que suele establecer en las EI queda
reflejado en la figura 2.
Tabla 3. Propuesta fases de itinerario de inserción.
FASE OBJETIVOS INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 1.Contacto Conocimiento formal mutuo,
clarificación de objetivos, confianza y compromiso de continuidad.
- Expediente -Entrevista inicial de orientación y diagnóstico Comunicación
abierta y directa, sin tiempos ni espacios rígidos.
2.Diagnóstico Determinar el grado de afectación de las variables que determinan la inclusión
-Informe diagnóstico
3.Acogida Información de objetivos de la empresa, del organigrama, funciones y tareas.
- Guía de acogida
4.Contratación Compromiso formalizado - Protocolo
5.Formación-producción
Construir significados en torno a los conceptos de rendimiento laboral, carrera profesional, participación social y otros asociados.
- Plan formativo - Programa de habilidades sociales y autoestima - Programa de formación - Cuaderno de seguimiento y evaluación
Cada programa requiere un planteamiento propio, pero comparten la comunicación personalizada y la enseñanza para la autonomía.
6.Gestión de la inserción en empresas normalizadas
‘Acompañar’ en el conocimiento de empresas y anticipación de posibles situaciones. Reconocer las fortalezas y debilidades para afrontar con garantías la salida
- Guía de recursos para la búsqueda activa de empleo
Acompañamiento social y búsqueda activa de empleo
Fuente: Carmona y Martínez (2005).
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Figura 2.Itinerario personalizado de inserción.
Fuente: Marcuello et.al 2007.
El éxito se logra cuando tras el proceso personalizado de aprendizaje,
formación, adquisición y desarrollo de experiencias, las personas alcanzan la
autonomía suficiente para acceder a las mismas oportunidades de trabajo en
empresas de carácter ordinario como el resto de la sociedad (González y
Marhuenda, 2008). Se trata de un “aprender haciendo”, lo que contribuye a una
formación que resulta ser más útil y aproximada a la realidad.
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4. BALANCE SOCIAL
El proceso de evaluación y seguimiento, tal y como ha quedado
establecido en la Ley 44/2007, debe contemplar balances económicos y sociales,
más allá de los análisis económicos normalizados de cualquier empresa, idea
apoyada por muchos autores que afirman que la contabilidad tradicional es
insuficiente e inadecuada para reflejar la imagen de la empresa y recoger los
aspectos de naturaleza social que le atañen (Ribas, 2001).
El Balance Social puede entenderse como un sistema de diagnóstico que
integra información sobre la situación social y económica de la empresa,
incluyendo las condiciones de trabajo. Puede ser un instrumento útil para
planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar un periodo determinado en
función de unos objetivos o metas establecidas previamente para el ejercicio
correspondiente.
Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define
como un instrumento para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de la empresa… un instrumento
en forma clara y objetiva que ayude a comprender que los recursos y el dinero
empleado en el cumplimiento de su responsabilidad social no es un gasto, sino
una inversión, que revierte de manera exitosa la rentabilidad económica y social.
Este balance social debe estar basado en un instrumento compuesto de
indicadores, que se encuentren interrelacionados y que puedan contemplar
aspectos sociales en cuanto a la empresa como entidad global y en cuanto a los
trabajadores, las condiciones laborales y los comportamientos, así como las
características propias de los trabajadores como colectivo y a nivel individual.
Entre los aspectos sociales se pueden mencionar: el estado y las medidas
tomadas en torno a la seguridad e higiene en el trabajo, el seguimiento de
políticas de no discriminación en función del género, etnia, edad; la políticas de
inserción de colectivos desfavorecidos, la formación del personal de la empresa,
el grado de satisfacción en el trabajo de las personas empleadas, la permanencia
de estas en la empresa, la información y participación de los trabajadores; la
capacidad de vincularse con la comunidad, especialmente en el ámbito local y
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contribuir a su desarrollo y cohesión social; participación del voluntariado (grado
de satisfacción, participación real en la vida y marcha de la organización),etc.
Entre los aspectos económicos a considerar en el balance social pueden
incluirse, entre otros: la productividad del trabajo, los salarios y beneficios, las
inversiones en investigación desarrollo e innovación, los impuestos o cantidad
total revertidas a las arcas públicas, la relación con los proveedores, poniendo el
acento en el número de puestos o el número de procesos formativos.
También es positivo contar con la dimensión ambiental, ir incorporándola
progresivamente en la dinámica de información y evaluación de las empresas a
través del propio balance social.
El establecimiento legal de la realización de estos balances sociales puede
posibilitar la introducción de las empresas en la dinámica regularizada y
sistemática de la información evaluativa. Conseguir esto, a su vez, contribuirá a
obtener un mayor conocimiento real de las aportaciones no sólo productivas y
económicas de estas empresas, sino su función y contribución social a la
realidad.
Desde el sector de las empresas de inserción, según Retolaza, Ruíz,
Araujo de la Mata y Mugarra (2008), se plantean aspectos positivos de estas
cláusulas. Para las empresas tendrían un instrumento que les permitiría cierta
estabilidad en sus puestos de trabajo y mantenimiento y tenderían a sustituir las
subvenciones por contratos, lo que influye a su vez en las propias personas
trabajadoras. Para la Administración sería positivo porque por un lado sería una
herramienta a su servicio para potenciar la inserción, reduciría gasto público de
prestaciones de carácter asistencial incrementando el ingreso.
Hay quien no comparte la idea de necesidad de estas medidas y que
argumentan que podría aumentarse la dependencia con la Administración, la
ubicación en nichos de mercado con pocas perspectivas e incluso mencionan que
se establecería una dinámica de trabajo diferente a los del mercado que podría
distorsionar el aprendizaje del trabajador ó trabajadora.
Pero surge entonces el cuestionamiento sobre el grado de barrera que
dichas cláusulas deben suponer. En este sentido, los expertos sugieren, como
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que la restricción se vincule al grado de innovación ofertado por las empresas de
inserción. Las cláusulas no deben servir para realizar traslados de contratos sino
que se protejan las innovaciones introducidas, que muchas veces no llevan a
mayor desarrollo porque no suelen ser patentables y sí son copiadas por
empresas de la competencia que disponen de mayores medios de capital y
posibilidades.
Retomando el I Plan para la Inclusión Social 2003-2006 de la Comunidad
de Andalucía, exponíamos anteriormente que éste recoge la promoción de
inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de las licitaciones de
obras y servicios que efectúe la Administración de la Junta de Andalucía, por lo
que a la luz de esta actuación, exponemos una aproximación del estudio de
aplicación de las cláusulas sociales enmarcado en el estudio que presentamos.
La introducción de estas cláusulas requiere un esfuerzo conjunto con una
concienciación colectiva y no únicamente un cambio normativo e institucional.
Tomar en consideración todas las ventajas disponibles y fortalezas de las
Empresas de Inserción, teniendo presente las reticencias que pueden surgir ante
diversos actores públicos y privados de la incorporación de estas cláusulas.
5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 5.1. Objeto de estudio
En este trabajo se analiza la actividad empresarial que desarrollan EI que son, tal
como desarrolla el artículo 4 de la Ley 44/2007, para la regulación del régimen
de las empresas de inserción, aquellas sociedades mercantiles o sociedades
cooperativas legalmente constituidas, debidamente calificadas y cuyo objeto
social tenga como fin la integración y la formación de las personas en situación
de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
El estudio se realiza en base a una muestra de EI del territorio andaluz,
que forman parte de la Asociación de Empresas de Inserción de Andalucía
(EIdA).
30
5.2. Técnicas de investigación
A la hora de abordar el estudio, se ha optado por un enfoque de
investigación como es la investigación-acción-participativa (IAP en adelante).
Este método busca, como expone Alberich (2008), obtener resultados
fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la investigación en la
participación de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser “objeto”
de estudio a sujeto protagonista de la investigación, controlando e interactuando
a lo largo del proceso investigador y necesitando una implicación y convivencia
del investigador externo en la comunidad a estudiar.
Otras características fundamentales de la metodología empleada en este
estudio son:
� Multidimensionalidad: derivada de la perspectiva integral de los
procesos de exclusión sobre los cuales se produce la intervención,
asumiendo un enfoque que contempla la dimensión social (el empleo
como factor de integración social), económica (el empleo como principal
fuente de ingresos que permite la autonomía) ambiental e incluso política
(el empleo como principal puerta de acceso al disfrute efectivo de
derechos sociales).
� Partenariado: establecimiento de alianzas de los actores que
intervienen, asumiendo la colaboración entre ellos, combinando
experiencias y aportaciones para obtener mejores resultados.
� Participación: implicación de la población beneficiaria del proyecto. El
proyecto es diseñado a partir de las necesidades detectadas por EIdA del
conjunto de las EI que la componen.
A la hora de analizar las EI y como complemento al método anterior, se ha
utilizado la metodología cuantitativa, para permitir estructurar la investigación de
forma minuciosa y posibilitar así la obtención de resultados numéricos y
comparables, ya que el estudio parte de la necesidad de obtener datos
actualizados que reflejen la realidad de estas empresas.
31
Este trabajo toma como punto de partida, para algunos de los indicadores
que se muestran, el balance realizado en el año 2009 (balance de las EI con
datos referentes al año 2008), facilitando una visión comparativa y prospectiva.
El proceso de la investigación-acción-participativa aplicado al ámbito
social, no sólo pretende solucionar problemas particulares aislados sino instaurar
la capacitación y autoorganización en el colectivo que lo lleva a cabo. En este
sentido, en el desarrollo del proyecto se han seguido las siguientes fases de
trabajo:
- Planificación del trabajo: organización, coordinación y planificación de las
acciones a desarrollar en el proyecto, situando varios puntos de gestión, con un
técnico responsable del proceso global.
- Diseño del cuestionario empleado en la realización del estudio. El
cuestionario ha sido diseñado a partir del informe utilizado en estudios anteriores
para mantener con esto la continuidad de los datos en el tiempo y favorecer así
el análisis comparativo y longitudinal.
- Trabajo de campo. Esta fase se desarrolló entre los meses de marzo a julio
de 2010. Se procedió al envío de los cuestionarios a las EI pertenecientes a
EIdA.
La flexibilidad temporal permitió adaptar esta recogida de datos al ritmo
de las empresas, aunque algunas de ellas finalmente no han colaborado en el
estudio por diferentes motivos como puede ser la dificultad de acceder a ciertos
datos (algunas trabajan con gestoría algunos aspectos de su empresa), de
gestionar el tiempo para poder cumplimentar el cuestionario, etc.
A pesar de lo anterior y pese a los esfuerzos realizados por lograr una
amplia respuesta, algunas empresas no han participado como se podría esperar
y otras han expresado diferentes motivos de justificación de su colaboración.
Esto responde al hecho de que el registro de información sistemática, aunque
pueda ser considerado importante, no supone una prioridad en el desarrollo
diario de estas empresas, que deben dar respuesta a cuestiones de urgencia que
requiere soluciones inmediatas. Esto, unido a cierta saturación a la hora de
32
aportar información a distintas instituciones, así como a los investigadores
interesados en el análisis de estas iniciativas son otras razones que pueden
explicar la falta de respuesta. Por ello, es muy relevante trabajar no sólo en la
extracción de resultados sino en el proceso y en la utilidad del trabajo más allá
del balance agregado. Esta utilidad viene marcada en líneas prácticas por la
disponibilidad de datos para el balance social de cada EI y en líneas más
abstractas por la inclusión de la dinámica evaluativa y de conocimiento en las
empresas, la sensibilización sobre la participación conjunta en la consecución de
mayor presencia del sector.
Las empresas que vienen colaborando tienen a su favor, por lo tanto, los
conocimientos adquiridos por la experiencia previa que esta cooperación les ha
proporcionado, y por otro, el documento que les sirve de muestra o guión para
presentar su Balance Social individualizado.
- Digitalización y análisis de los datos. Una vez que estos son recabados,
empleando como soporte las bases de datos y paquetes estadísticos como el
SPSS 18.0, se realiza el tratamiento y análisis de la información recabada.
- Elaboración del informe. Los resultados se plasman en un informe y son
presentados en una sesión-seminario a las EI participantes que lo deseen y a
miembros de EIdA, para la aportación de modificaciones o sugerencias que
pueden ser incorporadas posteriormente al informe para la publicación del
documento final del estudio.
El propósito es devolver al sector los resultados procesados de la
información extraída de los cuestionarios, poniendo de manifiesto las posibles
carencias de información existentes (apartados o preguntas del cuestionario que
han sido menos respondidos, dificultades de análisis, interpretación de
resultados, etc.).
33
5.3. Instrumento
El conjunto de indicadores confeccionados y consensuados con los socios
de EIdA ha configurado un cuestionario que cuenta con los siguientes apartados:
� Datos de las organizaciones sociales promotoras.
� Datos generales de las EI: características generales y grupos con los que
trabajan.
� Datos sobre el funcionamiento de las EI: personal de no inserción,
personal en inserción, contratos, jornada de trabajo, plan personalizado
de inserción.
� Resultados de inserción
� Facturación
� Clientes
� Proveedores
� Acreedores
� Financiación de las empresas
� Aspectos de fiscalidad
� Resultados finales
� Participación en procesos de calidad
� Relaciones de las empresas con el medio
� Expectativas de futuro de las empresas
� Aspectos positivos exportables
� Sugerencias
34
6. RESULTADOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN Y
ENTIDADES PROMOTORAS EN ANDALUCÍA, 2010.
La no existencia de un decreto que concretice la regulación autonómica en
Andalucía de las Empresas de Inserción, con ausencia de registro oficial, dificulta
conocer con exactitud el número de empresas de inserción presentes en la
Comunidad Autónoma (a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades). En
cualquier caso, todas las estimaciones coinciden señalando aproximadamente a
veinte de empresas que cumplan las características expresadas en la normativa
nacional existente y algunas otras que deberán modificar algunos aspectos de
sus estatutos para ser consideradas EI.
6.1. Entidades promotoras
Estas figuras son entidades sin ánimo de lucro que desarrollan su
actividad en el campo de inserción social y que tomaron la decisión de crear
empresas de inserción.
Según la Ley nacional que regula estas empresas, las entidades
promotoras son entidades sin ánimo de lucro (incluidas las asociaciones sin fines
lucrativos y las Fundaciones). La Empresa de inserción deberá estar participada
por una o varias de entidades promotoras al menos en el 51% del capital social
para las sociedades mercantiles y en el caso de cooperativas o sociedades
laborales se le aplicará lo recogido en la legislación de aplicación
correspondiente.
Estas entidades de nuestro estudio vienen desarrollando su actividad
sobre todo a partir de 1991, lo que supone más de una quincena de años de
actividad en la mayoría de ellas (figura 3).
35
Figura 3. Antigüedad entidades promotoras, 2010.
16,7
58,3
25,0
1981- 1990 1991-2000 A partir de 2001
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
La distribución territorial (figura 4) refleja el peso de las entidades
promotoras de Cádiz y Jaén por encima del resto de provincias.
Figura 4. Distribución territorial de las entidades promotoras.
Otras
7%
Cádiz
36%
Córdoba
22%
Granada
14%
Jaén
21%
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
En relación a la forma jurídica de estas entidades, predomina el hecho de
estar constituidas asociaciones (con y sin ánimo de lucro) (figura 5).
Figura 5.Forma jurídica de las entidades promotoras.
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0
ASOC. SIN ANIMO DE LUCRO
ASOCIACION
ENTIDAD RELIGIOSA
FUNDACION
SOCIEDAD COOPERATIVA
SOCIEDAD LIMITADA
28,6
42,9
7,1
7,1
7,1
7,1
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
36
Los datos muestran que el 70,4% de estas entidades pertenecen a alguna
red del ámbito socioeconómico en 2008, el 77% en 2010. Las redes suponen un
buen canal de comunicación, de realizar contactos estratégicos, de conocimiento
de otras experiencias, así como de visibilización de la propia actividad y entidad.
De todas las respuestas aportadas, destacan, independientemente de su
pertenencia a EIdA (en la mayoría de ellas) redes como: Asociación Patronal
Andaluza De Entidades de Iniciativa Social y Acción, Consejos Municipales de
Servicios Sociales, Plataforma Andaluza del Voluntariado, Red Sur, Federación
Surge y otras redes y plataformas puntuales de carácter más local.
Estas entidades de la iniciativa social trabajan con diferentes colectivos en
exclusión o en riesgo de exclusión social en sus entidades, teniendo en cuenta
que la opción de respuesta es múltiple, ya que pueden hacerlo con varios
colectivos distintos a la vez, destacan las personas paradas de larga duración, las
mujeres en situación de riesgo (ya sea por ser víctima de violencia de género u
otros problemas…), jóvenes en riesgo y personas con adicción o en procesos de
desintoxicación/deshabituación, así como minorías étnicas y personas
procedentes de servicios de prevención. El perfil de colectivos con mayor
presencia es muy similar al que se daba en los balances de los años anteriores
más recientes, 2008 y 2009.
37
Figura 6. Colectivos con los que trabajan las entidades promotoras.
0 10 20 30 40 50 60
Perceptor/a de rentas mínimas
Agotado renta mínima
Joven en riesgo
Con problemas de adicción
Pob. reclusa o ex-reclusa
Menor en riesgo
Procedente de servicios de prevención e inserción
Procedente de centro de alojamiento alternativo
Mujer en riesgo
Emigrante retornado
Persona a cargo de fam. monoparental
Desempleado/a mayor de 50 años
Persona con discapacidad
Minoría étnica
Inmigrante y refugiado
Persona s in hogar
Parado/a de larga duración
Otros
28,6
37,5
57,1
42,9
28,6
28,6
37,5
14,3
57,1
0
28,6
14,3
14,3
37,5
14,3
14,3
50
14,3
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Las actividades que realizan son fundamentalmente de formación, de
acogida, orientación y de talleres pre-laborales. La realidad de las actividades en
comparación con el balance del año 2008 muestra mayor porcentaje de
actividades de formación en el 2010, menor número de estrategias de inserción
de colectivos en riesgo de exclusión y menor número de campañas de
sensibilización. Esta nueva imagen puede venir explicada por tener a mayor
número de personas en procesos de formación-producción que en la última fase
del itinerario de inserción a empresas del mercado laboral ordinario, así como a
menor capacidad de hacer frente con los recursos humanos existentes a
estrategias de inserción, a campañas de sensibilización, etc. y se esté invirtiendo
los recursos en la fase de formación y de producción como objetivo prioritario de
estas empresas.
38
Figura 7. Actividades realizadas por las entidades promotoras.
0 20 40 60 80 100
Servicios de acogida, información y orientación
Formación
Talleres pre-laborales
Campañas de sensibilización
Estrategias de inserción de colectivos desfavorecidos
Otras actividades
84,6
73,1
53,8
76,9
88,5
36
64,3
85,7
64,3
57,1
57,1
35,7
2010 2008
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Las fuentes de financiación pueden ser muy diversas, pero la mayoría de
ellas se financian a través del ámbito regional, y en este último año analizado, en
igualdad de presencia que los recursos propios de la entidad (figura 8). Hay que
tener en cuenta que en esta cuestión la posibilidad de respuesta, como en el
caso anterior, es múltiple. La financiación privada en el 2010 es mayor que en el
año 2009, así como la financiación del estado. Cabe resaltar la importancia de la
financiación propia y privada frente a otros años.
Figura 8. Fuentes de financiación.
0
10
20
30
40
50
60
70
7,7
15,4
69,2
46,2 46,2
61,5
7,77,7 7,7
61,5
38,5
30,8
53,8
15,414,3
21,4
64,3
42,9 42,9
64,3
14,3
2008 2009 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
39
6.2. Empresas de Inserción
Características generales
Los resultados que se ofrecen a continuación pretenden realizar una
descripción de la realidad de las empresas de inserción en Andalucía. Han
colaborado en el estudio un total de 14 empresas.
La distribución territorial no es homogénea, ya que las empresas que han
colaborado en el estudio se reparten por las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén y
Granada, tal y como refleja el mapa de la figura 9.
Figura 9. Distribución territorial de las Empresas
-SOLEMCOR
- SUPLA
-ZOVECO
- INSERPENIEL
-
-GESERSO
-FASIDIS
-SERVISUR
-EQUA
-NUFAN
-INSERTA
-SCA PRINIVAL
- PRENDAS BAHÍA
-IRIS
-REMIENDO GENIL
2
4 3
5
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
En cuanto a la forma jurídica de las empresas de inserción predomina la
sociedad limitada, con gran diferencia con el resto de formas jurídicas que
pueden adoptar las empresas (figura 10). Prácticamente la totalidad de las
empresas, a excepción de una, se crean sin ánimo de lucro, estando esta
característica fundamental recogida en los estatutos en el 80% de los casos (12
empresas de las 13 que respondieron afirmativamente a la cuestión anterior).
40
Figura 10. Forma jurídica de las Empresas de Inserción.
7%
64%
29%
Sociedad Cooperativa Andaluza Sociedad Limitada Sociedad Limitada Unipersonal
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011. .
Las fechas de inicio en las que comenzaron su actividad sitúa al 26,7%
con actividad anterior al año 2000, el 40% entre el año 2000 y el 2005, y el resto
entre los años 2007 y 2008.
La empresa con mayor antigüedad (creada en 1987) es Zonas Verdes
Cordobesas SL (en adelante ZOVECO), localizada en Córdoba. Las motivaciones
iniciales para crear este tipo de empresas coinciden en la mayoría de ellas, ya
que la sensibilización hacia la problemática de exclusión es algo que comparten,
así como la concepción de una inserción activa a través del empleo por vías
concretas y realistas.
Las dificultades que más se mencionan son las que tienen que ver con la
burocracia de la constitución empresarial (tal y como ocurre con cualquier
empresa convencional), los trámites administrativos, la ausencia de ayudas y
orientaciones consensuadas claras y la financiación, la poca experiencia
empresarial del equipo de soporte de la entidad, añadiendo a esto la desventaja
en la competitividad que supone el trabajo de ciertos colectivos y la inexistencia
de un registro oficial articulado ni regulación legal3.
La mayoría de estas empresas eligen la forma jurídica de sociedad
limitada por el vacío legislativo existente en torno a las Empresas de Inserción en
el momento de su creación, siendo la forma jurídica que favorecería el control
por parte de la asociación promotora sin dificultar la contratación. Otras 3 La creación de muchas de las empresas de inserción es previa a la Ley 44/2007 para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
41
empresas añaden haber elegido esta forma jurídica por ser la que menos exigía
en cuanto a capital inicial.
En cuanto a las actividades que desarrollan estas empresas, cada vez el
abanico de actividades es más amplio, siendo habitual la dedicación simultánea a
más de una actividad e incluso a más de un sector, lo que nos proporciona un
número superior a las empresas colaboradoras del estudio, dado el carácter de
respuesta múltiple de esta cuestión. De todos modos, la mayoría de las
actividades productivas se enmarcan en el sector servicios (figura 11).
Del total de empresas, sólo el 6,7% realiza parte de su actividad en el
sector primario, sobre todo en temas relacionados con la jardinería. El 20%
realiza actividades empresariales en el sector de la construcción y el 13,3% lo
hace en industria, en actividades relacionadas con la carpintería, artes gráficas o
fabricación de materiales de construcción. Destaca, por encima de todos estos
porcentajes, la dedicación productiva en el sector servicios, donde un 80% de
estas empresas mantienen actividad. Todos los porcentajes son inferiores al
balance del año 2008 con el que estamos estableciendo ciertas comparaciones.
En este sector la variedad es muy elevada, desde servicios de carácter social
(servicio ayuda a domicilio, limpieza, etc.) hasta otros servicios como reciclaje,
restauración….
Figura 11. Sectores productivos de las empresas.
2008
2010
0
20
40
60
80
100
Agricultura Construcción Industria Servicios
7,4
22,2 18,5
88,9
6,720
13,3
80
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
42
Grupos con los que trabajan
Es destacable la acción que realizan las empresas con colectivos
vulnerables o en riesgo de exclusión social, propiciándoles un proceso
personalizado a la vez que comunitario para del desarrollo socioprofesional y
personal y su inserción a través de un trabajo remunerado, acompañándoles en
el proceso de participación de la productiva y civil en la sociedad en la que viven
y ayudándoles en el camino de la inserción plena (social, laboral, económica,
cultural…).
Los principales colectivos de las personas destinatarias con los que
trabajan las EI incorporándolas como personas trabajadoras en inserción son las
que se pueden observar en la figura 12.
Dado que la respuesta es de opción múltiple, los que aglutinan más
respuestas afirmativas en cuanto a ser trabajadores y/ó trabajadoras en
inserción de las EI son personas sin hogar, mujeres en situación de riesgo,
personas jóvenes igualmente en situación de riesgo y personas pertenecientes a
minorías étnicas.
Figura 12. Grupos con los que trabajan las Empresas de Inserción (2010).
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Perceptor/a de rentas mínimas
Agotado renta mínima
Joven en riesgo
Con problemas de adicción
Pob. reclusa o ex-reclusa
Menor en riesgo
Procedente de servicios de prevención e inserción
Procedente de centro de alojamiento alternativo
Mujer en riesgo
Emigrante retornado
Persona a cargo de fam. monoparental
Desempleado/a mayor de 50 años
Persona con discapacidad
Minoría étnica
Inmigrante y refugiado
Persona sin hogar
Parado/a de larga duración
Otros
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
43
La figura del gerente ó la gerente de las empresas también ha sido
estudiada en su nivel más básico, obteniendo que esta figura suele ser una
persona que en más del 50% de los casos pertenece a la entidad promotora de
la EI. Los gerentes y las gerentes cuentan en el 53,3% de los casos con
formación empresarial, un porcentaje inferior al 63% que se recogía en el año
2008
Figura 13. Figura del gerente en las Empresas de Inserción.
13,3
23,153,3
Contratado EI Voluntario Pertenece a la entidad promotora
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Personas Trabajadoras de las Empresas de Inserción
El número total de personas trabajadoras de las EI en el año 2010 es de
582, de los que 263 son personas trabajadoras en proceso de inserción socio
laboral y 319 son personal contratado de estructura o voluntario.
La evolución, según los datos comparativos con estudios previos es el que
se observa en la figura 14.
44
Figura 14. Evolución número total de personas trabajadoras.
133204
695
611
539582
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2001 2002 2003 2008 2009 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Personas Trabajadoras en no inserción
El número de personas trabajadoras de no inserción existentes en las
empresas colaboradoras del estudio asciende en el año 2008 a 331 personas,
desciende a 319 en el año 2010. Dentro de estos hay que diferenciar entre
personas trabajadoras contratadas de no inserción, que suman un total de 242
en 2008 y 273 en el año 2010 y la existencia de 89 personas que no estando
contratadas por la EI trabajan para la empresa en 2008 que desciende a 46 en el
último año registrado. Esta diferenciación dentro del personal de no inserción de
las EI se encuentra recogida más detalladamente en la tabla 4, teniendo en
cuenta que solo se consideran aquellas empresas que han respondido
afirmativamente a tener este tipo de personal en cada uno de los años.
Tabla 4. Empresas que cuentan con personal de no inserción.
N.º Personal no inserción
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No contratado 26 27 16 45 49 89 63 46 Contratado 119 61 15 50 121 242 280 273 Total 145 88 31 95 170 331 343 319
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
45
Figura 15. Personal de no inserción de las EI.
26 2716
45 49
8963
46
119
61 15
50
121
242
280 273
0255075
100125150175200225250275300
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
No contratado Contratado
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
En cuanto a la situación profesional del personal de no inserción, la
siguiente figura (figura 16) muestra el número de personas trabajadoras en no
inserción por cada situación profesional, pudiendo observar que predominan las
personas trabajadoras no cualificadas con bastante diferencia con el resto de
categorías, seguido de los trabajadores de servicios de restauración, comercio,
etc. Es destacable especialmente la diferencia en no cualificados registrada en el
año 2008 y la que se ha registrado para los años 2009 y 2010.
Las empresas señalan como principales problemas relacionados con estas
personas trabajadoras de no inserción: la escasa formación en trabajar con
personas en exclusión o riesgo de exclusión social, las dificultades que en
ocasiones presentan para adaptarse al ritmo y forma de trabajo de algunos
grupos con los que se trabaja en inserción, la falta de flexibilidad y polivalencia
de estas personas trabajadoras y la falta de implicación en el proyecto
empresarial. Igualmente señalan las actuales y crecientes dificultades
económicas y de solvencia para gestionar las empresas, la ausencia de ayudas
reales y esperadas y las diferencias que pueden darse en función del territorio.
46
Figura 16. Situación profesional personas trabajadoras de no inserción (2008-2010).
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Dirección Empresas
Técnicos y prof. intelectuales
Técnicos y prof. apoyo
Administrativos
Servicios restauración, comercio
Cualificados agricultura/pesca
Artesanos y trab. industrias , construcción
Operadores instalaciones/maquinara
No cualificados
2010 2009 2008
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Personas Trabajadoras en inserción
Es importante indicar, antes de comenzar a analizar los principales
resultados en relación a este apartado de las personas trabajadoras en inserción,
que son muchas las empresas que han dejado cuestiones referidas a este asunto
sin contestar, lo que puede dificultar el análisis y la visión de la realidad global de
estas empresas. Aún así, las empresas que han respondido al número de
personas trabajadoras por edad y género permiten hacernos una idea
representativa de la situación existente.
El total de personas trabajadoras en inserción para el año 2008 es de 280,
lo que supone un descenso con respecto a los 459 registrados en el año 2003
(según el Informe de empresas de Inserción de Andalucía 2004, del Observatorio
Andaluz de Empresas de Inserción). En el año 2009 la cifra de personal en
inserción es de 247 trabajadores/as y en el 2010 asciende a 263. Si se suman las
personas trabajadoras en inserción y de no inserción para este último año hacen
un total de 582, siendo por tanto el 49,8% personas trabajadoras en proceso de
inserción.
47
La realidad en 2010 sobre la presencia de mujeres en las personas difiere
levemente de la distribución presente en los dos años previos que venimos
comparando. De este modo en el año 2008 se daba una presencia del 58% de
mujeres, descendiendo al 32% en 2009 y volviendo a ascender ligeramente
hasta el 46% en el año 2010 (figura 17). La distribución según las distintas
edades se pueden observar en la figura 18, concentrando las edades intermedias
el máximo número de personas trabajadoras (42% ene l año 2010 para personas
con edades comprendidas entre los 31 y los 45 años). A pesar de esto, más del
50% tienen edades de 30 o menos años, por lo que el personal de inserción de
las EI es un personal joven.
Figura 17. Personas Trabajadoras en inserción por edad y sexo.
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2008 2009 2010
14,6
35,623,8
36,8
18,626,9
42,5 36,4 42,0
6,1 9,3 7,4
Menos 20 21- 30 31-45 Más 45
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Figura 18. Personas Trabajadoras en inserción por edad y sexo.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010
41,8
67,653,4
58,2
32,446,6
Varones Mujeres
48
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Aunque no se trate de un volumen muy elevado de empleo en el ámbito
autonómico, sí tiene una gran importancia desde la perspectiva de la inserción
sociolaboral. El empleo que se genera para estas personas en riesgo de exclusión
social es crucial, ya que se trata de personas que, de no ser así, se verían
expuestas a grandes dificultades por normalizar su situación e incorporarse al
mercado de trabajo e integrarse socialmente. Además de esta aportación
individual y colectiva, se favorece la dinámica de los territorios en los que se
localizan la mayoría de estas empresas, que suelen ser territorios con
necesidades de transformación social.
Procedencia
Las personas trabajadoras en inserción pueden tener diferentes
procedencias que le hagan llegar a la empresa como recurso más idóneo a su
situación. Los trabajadores y trabajadoras en inserción pueden haber sido
beneficiarias de la entidad promotora de la EI, siendo en este caso la mayoría
derivados con informe sobre la situación personal, social y laboral (en siete de
cada diez casos). También es posible que procedan de los Servicios Sociales, casi
prácticamente el mismo porcentaje lo hace con informe que sin éste (algo
superior el porcentaje que vienen con informe). Esta situación se va a ver
modificada por la regulación de EI que requiere el informe de certificación de la
situación de exclusión por parte del Servicio Público competente,
fundamentalmente de los Servicios Sociales.
Son menos los que proceden de Servicios de empleo, aunque más aún los
que lo hacen de este modo sin informe. Por otra parte más de la mitad de las
empresas afirman que las personas trabajadoras en inserción son o han sido
beneficiarias de organizaciones sociales, y un 40% (algo más que el porcentaje
que se daba en el año 2008) responden afirmativamente a que han sido las
mismas personas trabajadoras los que se han puesto en contacto con la empresa
de inserción. En la tabla 5 se pueden observar más detenidamente todos los
porcentajes de cada una de las posibles procedencias.
49
Tabla 5. Procedencia de las personas trabajadoras en inserción.
PROCEDENCIA 2008 2010 2010
Son o han sido beneficiarias de la entidad promotora
Aporta informe 63,60% 11 73,30% No aporta informe 36,40% 4 26.7%
Son o han sido beneficiarias de los Servicios Sociales
Aporta informe 45,50% 8 53,30% No aporta informe 50% 6 40%
Son o han sido beneficiarias de los Servicios de Empleo
Aporta informe 22,70% 2 13,30% No aporta informe 36,40% 4 26,70%
Son o han sido beneficiarias de otras organizaciones sociales y han sido derivados 54,50% 6 40,00% Han entrado en contacto con la empresa directamente 36,40% 6 40,00%
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Tipo de contrato y duración
La mayoría de los contratos en las empresas de inserción es de carácter
temporal, lo que resulta lógico a la luz del objetivo último de inserción
sociolaboral de los grupos de riesgo, con un carácter marcadamente transitorio.
En cuanto al tipo de jornada, hasta el año 2008 ha predominado el
contrato a tiempo completo, a partir de 2009 se observa una tendencia de
presencia más igualitaria e incluso algo superior para aquellos contratos
parciales. Para el año 2010, los contratos parciales suponen el 52,1% del total.
Por tipologías concretas de contrato, el realizado por obra y servicio
determinado es el que predomina entre los trabajadores en inserción,
aumentando su presencia en los años 2009 y 2010 con respecto a 2008, tanto a
tiempo completo como a tiempo parcial, suponiendo el 57% del total de las
personas trabajadoras. En el caso opuesto, excluyendo la opción de otros
contratos, se sitúa el de fomento del empleo (que no alcanza el 6%).
En relación con esta temática, la duración media de la jornada laboral
semanal indicada por las EI es de 28 horas (28,07 horas), oscilando entre la
50
jornada de 40 horas en algunos casos y de 5 horas como mínimo en otras
empresas en algunos/as de los/as trabajadores/as.
Figura 19. Personas Trabajadoras en inserción por tipos de contrato.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Temporal fomentoObra o servicio
det Obra o servicio
indet. Otros
5,3
31,6
24,4
38,7
3,3
57,0
13,026,7
5,7
57,4
20,2
16,7
2008 2009 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Tiempo completo
Tiempo parcial0
20
40
60
80
100
120
Temporal
fomentoObra o
servicio
det
Obra o
servicio
indet.
Otros
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Permanencia
La permanencia en la empresa de las personas trabajadoras en inserción
es principalmente de un año (el 31% de las empresas que han respondido
señalan este tiempo de permanencia, frente al 40% que se daba en el 2008). El
resto de tiempos de permanencia se reparten tal y como muestra la figura 20,
teniendo en cuenta que el 8% que corresponde a personas que llevan más de
tres años en la empresa es una realidad que va a ir desapareciendo por el
51
imperativo legal de no poder permanecer en una empresa de esta tipo por más
de 3 años.
Figura 20. Distribución de la duración media de permanencia en la EI.
Inferior a un
año
15%
Un año
31%
Dos años
23%
Tres años
23%
Más de tres
años
8%
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Remuneraciones
En cuanto a las remuneraciones anules de los/as trabajadores/as en
inserción, el sueldo menor se sitúa en 633 €y el más elevado en 1.285 euros.
Hay que tener en cuenta que no se han hecho distinciones por tipo de jornada ni
de contrato y que se han proporcionado por parte de las empresas los datos
globales para la anualidad.
En muchas de estas empresas los salarios vienen establecidos por los
convenios de cada sector de actividad y por las profesiones y oficios
desarrollados. De esta manera, la situación de la persona trabajadora en
inserción de cualquier empresa es equiparable al trabajo normalizado en
cualquier empresa del mismo sector de actividad, por lo que se facilita aún más
el paso al mercado ordinario, constituyéndose la empresa de inserción con
carácter transitorio.
Formación
En cuanto a los aspectos formativos, la mayoría de las empresas ofrecen
formación a sus trabajadores y trabajadoras en inserción través de ellas mismas
(66,7%), de la entidad promotora en igual porcentaje que el anterior) o
permitiendo la participación en cursos externos a la empresa positivos para sus
52
trabajadores y trabajadoras (tabla 6). El porcentaje medio destinado a formación
es del 3% aproximadamente del gasto total de las empresas, oscilando desde
ningún gasto en formación hasta un 10% del gasto total empresarial.
Tabla 6. Formación en las Empresas de Inserción.
Formación en la Empresa % A cargo de la EI 66,7 A cargo de la entidad promotora 66,7 Las EI facilita participar en cursos externos
66,7
No reciben formación adicional 6,7 Otro tipo formación 13,3
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Proceso de inserción
En cuanto a los resultados de inserción se muestran los porcentajes en la
siguiente figura (figura 21). Es importante señalar que la respuesta es múltiple, y
que se ha preguntado que sobre el total de las personas trabajadoras en
inserción que han pasado por la empresa.
El porcentaje mayoritario es para la incorporación en la búsqueda activa
de empleo donde todos responden a esta cuestión con prácticamente un 100%.
De las opciones que conforman el siguiente bloque, la figura muestra el desglose
de presencia porcentual de cada una de las opciones desde 2008 hasta 2010.
Los abandonos son mínimos y menos aún en los últimos años, a pesar de
ello, es algo a tener en cuenta en la planificación y en los indicadores de
evaluación y seguimiento, profundizando en las motivaciones que conducen a
este abandono y las posibles acciones de evitación de muchos de ellos.
53
Figura 21. Resultados de inserción.
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Incorporado a
plantilla ordinaria
Mercado
ordinario
Ha creado su
empresa
Autónomos o
empresarios
Abandonos
58,6
21,018,2
0,13,7
55,7
29,8
10,6
0 1
55,7
29,8
10,6
0 1
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Las causas de los abandonos más frecuentes que mencionan las empresas
son: la falta de implicación por parte de la persona en su plan personal de
inserción o la renuncia a continuar con éste, falta de motivación, falta de
adecuación del puesto de trabajo, encontrar un trabajo en la economía
sumergida, recaídas en problemas de adicción, problemáticas familiares, por
faltas injustificadas en los puestos de trabajo e interrupciones laborales por
contratos laborales.
Plan personalizado de inserción
La mayoría de las empresas (el 85,7%) ofrecen un plan personalizado de
inserción (figura 22), fundamental en el proceso de inserción laboral de las
personas en inserción, ya que permite no sólo la integración laboral sino un
planteamiento personal de adquisición de destrezas y habilidades, de
capacidades y de formación que permitirán desenvolverse en la sociedad y en el
mercado laboral con mayores garantías de éxito en la inserción laboral y
personal. Este plan personalizado viene recogido en la Ley 44/2007 de 13 de
diciembre para la regulación del régimen de Empresas de Inserción con la
denominación de itinerario de inserción socio laboral y de acompañamiento,
54
contemplando, además de las medidas de acompañamiento, medidas de
intervención, orientación, formación laboral y social a través del ejercicio del
trabajo remunerado, entre otras acciones. Del total del 85,7%, el 51,7% lo
realizan para todas las personas trabajadoras en inserción mientras que el resto
solo para algunas.
Desarrollar este itinerario personal no garantiza la inserción por sí mismo,
sino que es muy positivo que desde la empresa se evalúe el proceso y se realice
un adecuado seguimiento de sus avances y desarrollos, así como de posibles
nuevas carencias o dificultades que deban ser trabajadas. Sobre cuestión sobre
la evaluación el 86,7% afirman realizar esta evaluación en sus trabajadores y
trabajadoras en inserción. Otro elemento que cabría preguntarse en otros
estudios con mayor profundidad sería el modo, método e indicadores de
evaluación empleados.
Figura 22. Plan Personalizado de Inserción.
0
10
20
30
40
50
60
70
Para todos Para algunos Para ninguno
61,9
23,8
14,3
53,3
26,7
13,3
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Además de este plan personal o itinerario de inserción socio laboral
individualizado, también en el 87,5% de los casos las empresas ofrecen otros
servicios a los trabajadores y trabajadoras en inserción, entre los que destacan:
mediación familiar y acompañamiento social a la familia, derivación a otros
recursos existentes en la localidad, ayuda en aspectos de documentación para
ciertos trámites, cursos para obtención de carnet de conducir (B y C),
localización de ofertas de empleo e información de ofertas públicas,
55
asesoramiento sobre cuestiones fiscales, legales de índole personal, acciones de
conciliación de la vida familiar y laboral, etc.
Entre los servicios que les gustaría ofrecer a las empresas mencionan:
Centros de ludoteca y atención educativa para los hijos e hijas de las personas
trabajadoras, programas de sensibilización comunitaria y empresarial,
acercamiento a las nuevas tecnologías y redes sociales, servicios integrales de
mediación sociolaboral, ampliar de algún modo el seguimiento una vez finalizada
la relación laboral con la empresa y ofrecer algún tipo de formación básica.
De manera complementaria, la entidad promotora, los servicios sociales o
cualquier entidad que quiera apoyar en el proceso puede ofrecer otros
programas a los trabajadores y trabajadoras (atención psicológica, ayuda legal,
etc.). En este sentido, en el 53,3% de las empresas ofrecen otros servicios o
programas. Los servicios ofrecidos suelen ser: atención psicológica, médica,
acompañamiento social, ayuda en temas relacionados con la vivienda, programas
de orientación, rehabilitación, conciliación laboral y diferentes programas socio-
educativos.
Figura 23. Oferta de otros servicios por la entidad promotora.
Para todos54%
Para algunos38%
Para ninguno8%
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
De manera cualitativa se plantean los principales problemas relacionados
con las personas trabajadoras en inserción que manifiestan las empresas.
Entre estos problemas indican el absentismo laboral, dificultades de
adaptación a los hábitos de desarrollar un trabajo, escasa productividad,
problemas de conciliación familiar, falta de experiencia y falta de constancia,
56
carencias formativas y de habilidades sociales. También mencionan carencias
que tienen que ver más con los procesos personales de tratamientos, escasa
motivación, bajo autocontrol y disciplina, etc.
Como aspectos positivos destacan el sentimiento de utilidad en el proceso,
la elevada predisposición, implicación y motivación derivados del deseo de
mejorar su situación de la mayoría de personas trabajadoras. Interés por
aumentar sus competencias laborales, mejorar en su vida en general.
Igualmente señalan aspectos positivos globales de las propias EI, como el hecho
de aumentar la visibilización de sus acciones, luchar por obtener mejores
condiciones laborales como figuras empresariales, etc.
Aspectos económicos
Clientes
Estas empresas se comportan a nivel económico como empresas
ordinarias dentro del marco competitivo del mercado laboral.
La relación con los clientes, la búsqueda de esta clientela y los medios de
pago son aspectos que se han analizado, entre otros, relacionados con la
actividad de carácter más empresarial de estas empresas. La media de clientes
para el año 2010 es de 25, frente a los 28 del año 2008. La oscilación en el
número de clientes es oscilando entre el menor número posible (un cliente) y un
máximo de 101. Los productos y/o servicios que ofrecen son muy variados,
desde limpieza a servicios de ayuda a domicilio, construcción, jardinería,
reciclaje, etc.
Los procedimientos más habituales para la búsqueda de clientela (han
respondido 12 de las 14 empresas) son la publicidad tradicional en prensa, las
visitas comerciales seguida de las licitaciones y concursos. En sentido opuesto
(excluyendo la opción otros) cabe destacar la escasa utilización de las páginas
webs y de las campañas, que han sufrido un importante descenso con respecto
al año 2008.
57
Figura 24. Procedimientos para la búsqueda de clientela.
0
10
20
30
40
50
60
70
Publicidad Web Visistas
comerciales
Campañas
promoción
Relaciones
públicas
Licitaciones
y concursos
Ferias Otros
63,6
18,2
63,6
18,2
36,4
50
38,1
14,3
46,7
20
60
6,7
46,7
53,3
33
20
2008 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
El ámbito de la oferta se concentra en lo local y en lo regional, ya que en
el primer caso el 73,3% de las empresas han respondido afirmativamente a este
nivel territorial, y un 20% lo ha hecho para el nivel regional. No existen
empresas que cuenten en el año 2010 con ámbitos de oferta de niveles
territoriales superiores.
Figura 25. Canales de distribución.
0 10 20 30 40 50 60
Mayoristas
Minoristas
Detallistas
23,5
50
25
33,3
53,3
20
2010
2008
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
58
En cuanto a los canales de distribución las respuestas se muestran en la
figura 26, siendo muy similares las distribuciones del balance del año 2008 y del
último año registrado (2010).
En cuanto a la cartera de clientes, los porcentajes de facturación se
muestra en esta figura, siendo el mayoritario para el año 2010 el que
corresponde con la Administración local, seguido de las empresas y los
particulares. La Administración central no tiene apenas presencia como cliente y
el porcentaje de las Organizaciones Sociales es el minoritario.
Entre las formas de pago de estos clientes de las EI, predomina para el
año 2010 los plazos más dilatados (más de 90 días) frente el pago al contad que
predominaba en el año 2008. Esta demora de pago dificulta la solvencia de las
empresas que suelen presentar falta de liquidez debido, precisamente, a las
dificultades en el cobro de los trabajos realizados. En la figura 27 se puede ver
cómo existe una opción ‘otros’ con un 16,7%, que se concreta en el cobro por
obra o servicio realizado.
Figura 26. Cartera de clientes (2008-2010).Porcentaje facturación.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Particulares Empresas Org. sociales Adm. Local Adm.
Autonómica
Adm.Central Otros
16,3
31,1
4,9
36,7
7,8
0
9,6
16,6
22,9
5,7
27,9
13,0
0
13,3
20,8
24,3
5,1
26,2
13,5
0,08
8,75
2008 2009 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
59
Figura 27. Forma de pago de los clientes (múltiple).
0
10
20
30
40
50
Al contado 90 días Plazos más
dilatados
Otros
45,5
27,3
18,222,7
33,3
16,7
33,3
16,7
2008 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Por último en cuanto a actividad productiva y comercialización, se ha
preguntado sobre la participación de las empresas en los denominados
‘mercados sociales’, beneficiándose de cláusulas sociales en algún tipo de
concurso o licitación pública, siendo la respuesta afirmativa en el 13,3% de las
empresas para el ámbito de la Administración Local e igual porcentaje para el
ámbito autonómico. Se trata de un número reducido, reflejando la necesidad de
seguir trabajando en la sensibilización y conocimiento por parte de las empresas
de estas opciones para incrementar esta presencia e interés por estas medidas.
Aún así, el 73,3% manifiestan estar interesadas en poder participar en
este tipo de procesos en un ámbito más amplio que el local (reduciendo el
porcentaje que alcanzaba el 95% en el año 2008), lo que supone una afirmación
de este interés creciente que mencionamos anteriormente.
Otro dato interesante en este sentido es el relacionado con la Unión
Temporal de Empresas, donde de nuevo solo el 13,3% de las empresas ha
participado alguna vez de este tipo de unión.
Proveedores y acreedores
En cuanto a los proveedores, el número medio se sitúa en 23 por
empresa, con un mínimo de dos proveedores y un máximo que supera los 120.
En cuanto a la forma de pago a los proveedores, las empresas responden
afirmativamente con el mayor porcentaje a la opción 90 días (33,3%) seguido de
60
la opción ‘al contado’ (25%) de igual presencia que la posibilidad de pagos más
dilatados en el tiempo (con otro 25%).
Figura 28. Forma de pago a proveedores (múltiple).
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Al contado 90 días Plazos más dilatados Otros
36,8
47,4
26,3
15,8
25,0
33,3
25,0
16,7
2008 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
En lo que respecta a los acreedores, el siguiente gráfico muestra los
porcentajes medios de los indicados por las empresas correspondientes a cada
una de las figuras. Como es posible observar, el porcentaje mayor se encuentra,
en todos los años, en la figura de los proveedores, seguida de la entidad
promotora y de la seguridad social.
Figura 29. Principales acreedores.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Proveedores
Seguridad social
Hacienda pública
Entidades financieras
Entidad promotora
Otros
40,0
19,8
11,4
8,0
20,4
0,3
2010 2009 2008
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
61
Facturación
En cuestiones relacionadas con la facturación, aspectos de fiscalidad y de
control de gastos la participación ha sido escasa, bien por la dificultad y
complejidad de los datos requeridos bien a la reticencia de mucha empresas en
proporcionar datos de este tipo. Aún así, los datos que se muestran a
continuación son representativos de la realidad de las EI en Andalucía.
Para el año 2010 las EI han facturado un total de 6.164.318,89 €. Existe
una gran variabilidad en los datos de facturación, siendo la mínima de 127.000€
aproximadamente y la de mayor facturación supera el millón y medio de euros.
La evolución de la media de facturación de estas empresas por años es la
que se observa en la figura 30, donde es posible apreciar el descenso de
facturación que se produce en el año 2008, coincidiendo con un momento de la
crisis económico-financiera crucial. Desde el año 2008 se produce un leve
incremento de la media de la facturación de la empresas que sigue hasta 2010
que alacana niveles muy similares a los de los años 2005 y 2006. Es el año 2007
el que cuenta con mayor nivel medio de facturación.
Figura 30. Promedio de facturación de las empresas.
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Facturación 635.626,77 665.161,86 734.777,10 520.177,36 587.443,46 651.816,21
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Si se analizan las variaciones entre el año 2010 y el año 2008, la variación
del promedio de facturación de ambos años es de un 27,8%. Si se consideran el
total sumatorio de la facturación del conjunto de empresas que ha facilitado esta
62
información, la variación se sitúa en el 40,6%. Existen empresas con importantes
variaciones positivas de más del 300%, mientras que otras experimentan
retrocesos en sus niveles de facturación con respecto a la cifra del año 2008. La
variación interanual del último año es la segunda más baja desde el año 2004.
Tabla 7.Porcentaje de variación interanual de la facturación de las empresas.
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedio 17,5 25,1 5,9 26,1 12,1 18,1 8,3
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Financiación de la empresa
La adquisición de activos como punto inicial de financiación de las
empresas, se hace de manera mayoritaria a través de subvenciones, a lo que
han respondido afirmativamente (teniendo en cuenta que la respuesta a la
pregunta planteada es de opción múltiple) el 46,7% de las empresas. Otro de los
métodos de adquisición de activo que cobra importancia es el crédito, a lo que
le sigue el renting en el año 2010, mientras que la tercera opción de financiación
en el año 2008 era el préstamo.
Figura 31.Métodos de adquisición de activos.
0
10
20
30
40
50
60
17,6
5,9
23,529,4
52,9
23,5
13,3
20
13,3
20
46,7
13,3
2008 2010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Del total de las empresas colaboradoras, 11 de las 14 participantes
respondieron a la cuestión de las fuentes de financiación. Las empresas se
financian principalmente a partir de sus ingresos por ventas con lo que esto
puede conllevar de cara a la autonomía futura, sobre todo de cara a los riesgos,
63
más aún en circunstancias económicas como las actuales y se si tiene en cuenta
la competencia que como empresa normalizada sufre en el mercado de la
producción de bienes y servicios. Las subvenciones a fondo perdido ocupan el
segundo lugar en las fuentes de financiación sobre todo aquellas financiaciones
provenientes de las entidades promotoras, que han tenido que hacer frente en
estos últimos años a importantes inversiones y gestiones para mantener activas
muchas EI.
La presencia local es prácticamente inexistente, estando algo presente en
las subvenciones con carácter reintegrable, a pesar de la importancia que estas
empresas puedan tener en el desarrollo local, sobre todo de zonas con
especiales necesidades de desarrollo social y económico.
Por último, los créditos cobran mayor peso en estos años que en años
previos si se consultan estudios anteriores. Muchas de estas empresas se
financian para poder seguir siendo competitivas en tiempo s complicados como
los actuales con créditos de diferente naturaleza que les permiten hacer frente al
pago de proveedores, nóminas, etc.
Tabla 8. Distribución de las fuentes de financiación.
FUENTES 2008 2009 2010 Ventas 13,3 18,7 13,8 Sub Fondo Perdido Promotora 15,0 17,5 15,5 Ad. Local ,0 0,0 0,0 Ad.
Autonómica ,0 0,0 0,0
Ad. Central ,0 0,0 0,0 UE ,0 0,0 0,0 Total SFP 8,6 7,7 5,5 Sub Reintegrable Promotora ,0 0,0 0,0 Ad. Local 4,8 4,5 3,7 Ad.
Autonómica 10,0 8,8 8,8
Ad. Central ,0 0,0 UE 87,5 100,0 100,0 Total SR 50,3 57,3 53,0 Créditos Blandos 10,2 17,5 14,2 Otros cred 10,1 2,5 10,3 Otros 5,1 10,1 2,1
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
64
Fiscalidad El 86,7% han respondido afirmativamente a la obligación de presentar
libros contables sobre el ejercicio económico de su empresa, el porcentaje
restante ha omitido la respuesta a esta cuestión.
Los datos sobre impuestos se han recogido en función de las aportaciones
a la seguridad social de los trabajadores de las empresas y de las aportaciones
de las propias empresas, así como del impuesto de sociedades cuando es
aplicable y de otros gastos fiscales.
La aportación de las cuotas de la seguridad social de las personas
trabajadoras en el año 2010 suma 367.350€ (han respondido 10 empresas).
En cuanto a las cuotas de seguridad social de las empresas asciende a
940.502 euros, con cinco de ellas superando los 100.000 euros hasta los 262.000
y con cifras menores desde los 11.000 hasta los 68.000 euros. La media de
aportación para las personas trabajadoras de 36.735 euros, pero sabemos que
esto no refleja el comportamiento real, dada la variabilidad y la desviación
bastante elevada que existe.
Resultados después de impuestos
Los resultados de las empresas después de impuestos para el año 2010
son los que se muestran en la figura 32, donde es posible apreciar un conjunto
de empresas con pérdidas de hasta un máximo de 18.000, un conjunto de
empresas con ganancias entre los 7.000 y los 10.000 y dos empresas que
superan los 150.000 (una de ellas está muy próxima a los 200.000 euros). El
promedio de los beneficios o pérdidas para el año 2010 de las empresas es de
41.594,25 euros, siendo el sumatorio de todas las que han respondido a esta
cuestión (15 empresas) de 499.131 euros.
65
Figura 32. Resultados después de impuestos (2008).
-18000-10325
-6898 -4699 -1489
7032 7711 10000
57983
99364
161370
197082
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Los beneficios, en caso de que existan, pueden ser reinvertidos en
diferentes acciones. Han respondido 10 de las 14 empresas, que en general,
dedican estos recursos a incrementar los puestos en inserción (80% de los
casos). A más distancia se encuentran las opciones de incremento de activos
(60%) y la minoración de pasivos (50%).
Frente al 0% dedicado a investigación e innovación, en el año 2010 el
porcentaje es de un 10% de empresas que han respondido afirmativamente a
reinvertir parte de los beneficios en estos aspectos.
66
Figura 33. Conceptos de reinversión de beneficios.
20…
20…0
50
10071,4
42,9
21,4
0 7,7
80
6050
1010
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
6.3. Calidad, relaciones con el medio y expectativas de futuro
Calidad
De las empresas participantes en este estudio, el 46,7% tiene
implementado algún sistema de calidad en su empresa (superando el 33%
presente en el año 2008), normalmente se trata de sistemas según la normativa
ISO 9001:2000, así como otras como ISO 1800, ISO 14001 e ISO 8000.
Estos sistemas de calidad están implementados bien sea en relación a los
procesos de controles internos y de producción, o bien enfocados desde una
perspectiva integral. Algunas de las empresas comparten estos procesos con los
seguidos por sus entidades promotoras.
Relaciones con el medio
Prácticamente la totalidad de las empresas (el 80%) conoce otras empresas de
inserción. En cuanto a la creación de nuevas empresas de inserción, sólo el
13,3% conoce alguna entidad que esté interesada en crear una EI (reduciendo el
26% existente en el año 2008) y el 40% de las empresas colaboradores (en este
caso de los gerentes o responsables que han rellenado el cuestionario) estarían
dispuestos a crear otra EI. Los motivos principales de los que responden
67
negativamente a esta cuestión suelen ser las condiciones negativas en el plano
económico existentes en la actualidad, por necesitar afianzar los proyectos
existentes antes de lanzarse a crear nueva empresas, por no obtener las ayudas
prometidas ni la regulación necesaria por parte de la administración pública
autonómica (las dificultades actuales del mercado de trabajo y el nulo apoyo prestado
a las empresas de inserción incluso tres años después de la aprobación de la normativa
estatal), etc.
Las empresas de inserción mantienen relaciones con las distintas
Administraciones (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y distintas
Delegaciones y Consejerías de la Junta de Andalucía), bien porque les ofrecen
algún tipo de apoyo o porque son clientes, en relación a Programas de
Formación Profesional Ocupacional, FPE, en el desarrollo de proyectos,
contratando servicios de obras, etc.
En cuanto a las relaciones que se establecen en el ámbito local, hay
diversidad de situaciones, desde un trabajo de vinculación y cooperación con
entidades públicas locales y con empresas privadas, convenios formalizados de
colaboración con empresas públicas, asistencia a foros locales de intercambio de
ideas, como la inexistencia de relación alguna. Hay empresas que manifiestan
mantener relación con empresas locales para dar salida a los trabajadores de
inserción y personas formadas a través de la formación profesional ocupacional o
a los participantes de otros programas.
Con las entidades financieras, tampoco existe apenas relación y en gran
parte cuando se producen vienen dadas por las relaciones previamente
establecidas entre la entidad promotora y la entidad financiera para financiar
aspectos de creación de empresas, de adelantos para pagos necesarios que
permitan la actividad y continuidad de las EI. Las relaciones no van más allá de
la necesidad de negociar este tipo de adelantos de facturación, realización de
operaciones de crédito, apertura de líneas de descuento, etc.
Las empresas han señalado aquellas cuestiones que pueden ser valoradas
de manera positiva como aportaciones que realizan a la sociedad, destacando:
68
-El trabajo contra la exclusión a través de la incorporación de personas
trabajadoras en riesgo de exclusión.
- Inclusión activa y visualización de los procesos de inserción sociolaboral
reales.
- Ahorro del gasto y contribución social. Reducción de patrones
asistenciales en colectivos en riesgo de exclusión que forman parte de la
plantilla de estas empresas.
- Labor de sensibilización y concienciación social, así como de
reivindicación de oportunidades para estas personas y de ayudas y apoyo
a las figuras de empresas de inserción desde las administraciones
públicas.
- Promoción de zonas y territorios desfavorecidos.
Expectativas de futuro
A las empresas se les ha preguntado sobre sus expectativas de futuro,
recogiendo información sobre posibles actividades a desarrollar, continuidad del
proceso, etc. Muchas de ellas indican el deseo de mejorar la calidad de los
servicios que ofrecen o tratar de incorporar actividades nuevas que permitan dar
soluciones y alguna salida a empresas con actividades que han sufrido de
manera directa los efectos de la crisis. Algunas de las actividades que se
mencionan son corte y confección, líneas de trabajo en jardinería y en aspectos
de agricultura ecológica, gestión de documentación y destrucción de archivos,
servicios a la infancia y servicios a las personas mayores y personas en situación
de dependencia inexistentes en muchas zonas de Andalucía (comida a domicilio,
lavandería, etc.).
Como deseos muchas exponen la necesidad de que se legislaran las
cláusulas sociales para poder acceder a los concursos públicos de las
Administraciones en el afianzamiento de las empresas en los mercados de
trabajo locales.
69
En cuanto a los aspectos problemáticos y/o susceptibles de mejora, la
siguiente tabla recoge los más relevantes aportados por las empresas.
Tabla 9. Aspectos mejorables.
APORTACIONES ASPECTOS MEJORABLES/NEGATIVOS
� Abandono absoluto del sector por parte de la administración publica
� Actualmente estas empresas de inserción son bastante desconocidas,
situación económica del país debido a la crisis por la cual estamos
pasando
� Descenso del volumen de negocio debido a la situación económica actual,
impagos
� Escasez de liquidez, motivada por continuos retrasos en los cobros a los
clientes, normalmente, entidades públicas. Inexistencia de registro de EI
que permitan un reconocimiento oficial y posibilidad de recibir alguna
compensación por este tipo de trabaja
� La dependencia de la administración local
� La escasa ayuda en cuanto a subvenciones se refiere para poder dar un
servicio técnico apropiado a los trabajadores, ya que la trabajadora social
pertenece a la promotora y tiene otras tareas.
� La falta de demanda de trabajo y la dificulta para que nos den
financiación las entidades bancarias
� Liquidez y volumen de negocio
� Necesidad de consolidación y esperar que la situación económica y social
de las personas víctimas de esta crisis requieran menos ayudas de la
atención primaria
� Pago de administraciones publicas
� Resolución de cuestiones administrativas como el registro de EI o el
programa de ayudas para las mismas Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
70
Igualmente, las empresas han realizado aportaciones sobre los aspectos
más positivos, aquellos aspectos que pueden ser extrapolables a otras
experiencias y que pueden añadir valores a las acciones.
Tabla 10. Aspectos positivos.
APORTACIONES ASPECTOS POSITIVOS Y EXTRAPOLABLES
� Beneficios sociales- oportunidades reales de empleo a personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social. FPO para personas que se
encuentran en riesgo de exclusión social, con resultados reales de
inserción posterior en el mercado laboral ordinario.
� Crear puestos de inserción con nuestro colectivo es muy gratificante pero
hay que trabajar desde la entidad promotora con sus familias y con la
persona en riesgo de exclusión desde su jornada de trabajo.
� Habida cuenta que aun no hemos cumplido un año, no valoramos tal
posible exportación.
� Integrar a personas con discapacidad intelectual con otros colectivos en
riesgo de exclusión.
� La satisfacción de ver como una persona pasa de estar excluido
socialmente ante la sociedad de ser incluida en esta misma sociedad, a
través de un trabajo remunerado, ya que a estas personas les cambia
totalmente la vida a ellos y su entorno.
� Principalmente, la satisfacción personal de todo el equipo de no inserción
y de la entidad promotora de dar trabajo a personas que sin nuestra
ayuda no podrían obtenerlo o tendrían muchas dificultades para hacerlo.
� Sostenibilidad en el ámbito social, ambiental y económico. Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
71
7. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA E IMPACTO SOCIAL DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN.
El principio básico que subyace en el análisis costo-beneficio, se conoce
como “principio de compensación potencial” que establece que un programa
produce beneficios sociales netos si las personas beneficiadas pueden compensar
a las perjudicadas, y aún así, aumentar el nivel de bienestar (Retolazos y Ramos,
2005).
Ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones y en diferentes estudios
sobre Empresas de Inserción que los puestos de trabajo de inserción suponen un
importante ingreso para la Administración, tanto por ahorro de costes que
supone la salida de los sistemas asistenciales del trabajador como por el ingreso
de cantidades en concepto de Seguridad Social e IRPF.
A continuación se muestra la actualización de los cálculos que se
desarrollado a partir del número de personas trabajadoras que emplearon las
empresas de inserción en Andalucía en el año 2008, con los datos disponibles
para el 2010.
- 263 trabajadores y trabajadoras en inserción
- 319 trabajadores y trabajadoras de no inserción
Ahorro e ingreso potencial de la Empresas de Inserción
Ahorro sobre el gasto público
Si atendemos a la información proporcionada por el Programa de
Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la
desigualdad y consideramos que las personas trabajadoras de la empresas de
inserción pertenecientes a diferentes colectivos en riesgo de exclusión social son
potenciales beneficiarios del “salario social” (Ingreso Mínimo de Solidaridad,
IMS), se puede hacer un cálculo aproximado del ahorro basado en este
concepto.
72
El Ingreso Mínimo de Solidaridad de una unidad familiar oscila entre el
62% y el 100% del Salario Mínimo interprofesional4.
En el año 2010, el salario era de 633,30 euros mensuales, situándose la
variación del ‘salario social’ entre los 392,64 y 633,30 euros al mes5. Para estimar
el gasto por persona en este concepto empleamos el valor medio que en este
caso es de 512,97 euros/mes (6.155,64 euros al año).
A partir de estos datos y según el número de trabajadores y trabajadoras
en inserción en las EI de Andalucía participantes en el estudio (según datos
recabados) que asciende a 263 personas, el ahorro del gasto público que se
obtendría ascendería a 1.618.933,32 euros (sobre el valor medio y dos
semestres de percepción).
Empresas de Inserción e ingreso social
La entrada en el mercado laboral de las personas trabajadoras en
inserción supone que estas dejan de depender de prestaciones sociales,
liberando recursos públicos. Además, el hecho de estar trabajando supone
formar parte de la contribución al Sistema Público de la Seguridad Social como
miembros laboralmente activos.
Tomando la remuneración bruta media en las empresas colaboradoras, el
salario es de 1.096,4 euros mensuales por empleado ó empleada en inserción.
Podemos desglosar la aportación de los nuevos trabajadores y/ó trabajadoras,
según este salario, a la Seguridad Social (SS) por los distintos conceptos:
Seguridad Social de Empresas (SSE), Seguridad Social de Trabajadores (SST) e
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Para la estimación se ha calculado un tipo impositivo para la Seguridad
Social de Empresas del 32,1%, para la Seguridad Social de las personas
Trabajadoras del 6,5% y para el IRPF del 5% (se obtiene de aplicar un 2% inicial
y un 8% después de los seis primeros meses de contrato).
4 DECRETO 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad. 5 Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2010.
73
Tabla 11. Aportación de una persona trabajadora en inserción.
Liquidación base= 1.096,4 €/mes
S. Social Empresa
S. Social trabajadores/as
IRPF Total
Tipo 32,1% 6,5% 5% 43,6% Aportación (€) 351,94 71,26 54,82 478,02 Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Con estas cifras, la contribución estimada para 2010 de los trabajadores y
trabajadoras en inserción (263 en total) sería de 1.508.631,12 euros al año
(5.736,24 € al año por cada persona trabajadora en inserción). Hay que
reconocer que esta es una estimación al alza, dado que existen muy diversas
deducciones (en concepto y cuantía) aplicables a la contratación de personas
trabajadoras con características especiales que no se pueden sintetizar en una
determinada cantidad aplicable a todas ellas.
Los empleos de no inserción también suponen un ingreso adicional, pero
sus salarios no se pueden suponer iguales a los de los trabajadores y
trabajadoras en proceso de inserción, ya que normalmente sus puestos
requerirán mayor cualificación técnica y profesional. Suponiendo que en término
medio la diferencia sea de un 10%, la remuneración bruta de los 319
trabajadores y trabajadoras de no inserción ascendería a 1.206,04 €/mes. Con
los mismos tipos impositivos se obtiene un trabajador aportaría al año 6.309,96
euros, y la totalidad de personas trabajadoras supondrían una aportación de
2.012.877,24 euros.
Tabla 12. Aportación de una persona trabajadora de no inserción.
Liquidación base= 1.206,04 €/mes
S. Social Empresa
S. Social trabajadores/as
IRPF Total
Tipo 32,1% 6,5% 5% 43,6% Aportación (€) 387,14 78,39 60,30 525,83 Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
Si tenemos en cuenta tanto el ahorro como el ingreso potencial de las
empresas de inserción en Andalucía a las arcas del Estado con los datos
disponibles para el año analizado (2010) puede estimarse en más de 5 millones
de euros anuales.
74
Tabla 13. Resumen del ahorro e ingreso potencial de las EI.
Empleo (2010) Fuente Cantidad
trabajador/a y año (€)
Inserción No inserción
Total anual (€)
Ahorro potencial
IMS 6.155,64 263 319 1.618.933,32
Ingreso potencial
SS 6.050,70 263 319 3.521.508,36
Total IMS y SS
12.206,34 263 319 5.140.441,68
Fuente: Balance Social EI-EIdA, 2011.
8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
De los resultados del estudio del balance social agregado de las EI cabe
destacar las siguientes conclusiones principales.
El modelo de EI en Andalucía, como se viene defendiendo desde hace más
de una década es competitivo desde el punto de vista de la producción y
rentabilidad económica, pero añade un valor fundamental, el de la inserción y
rentabilidad social y laboral. Como empresas normalizadas facilitan una
familiarización con el mercado de trabajo ordinario a las personas en exclusión o
riesgo de exclusión que forman parte de sus plantillas de inserción.
En la actual coyuntura socioeconómica y política, las acciones de las EI
son aún más necesarias, pero a la vez su mantenimiento es más complejo. Se
han mostrado las debilidades existentes fundamentalmente en cuestiones de
financiación y rendimientos económicos, así como en la regularización de orden
de ayudas de la administración pública y apoyo del sector público en relación a
clausulas sociales, etc. También se han mostrado las fortalezas de las que
disponen estas empresas para seguir apostando por este sector de la economía
social y el modelo que desarrollan.
La realidad de las 14 empresas colaboradoras de este estudio muestran
un total de 582 personas trabajadoras, entre los que se incluyen las personas
trabajadoras de no inserción o personal de estructura, las personas trabajadoras
no contratadas (como personal voluntario) y las personas trabajadoras en
inserción, suponiendo estas últimos un 45,2% del total mencionado. Existe, por
75
otra parte, cierto equilibrio entre mujeres y varones en el personal en inserción,
más que el que se produce en el año 2009 aunque los varones tienen un mayor
peso que en el año 2008 (11,6 puntos porcentuales más).
Se ha mejorado la conciencia sobre la aplicación necesaria de evaluación
de los procesos de inserción de las personas trabajadoras de las empresas, ya
que prácticamente la totalidad de ellas dicen contemplar esta cuestión en su
práctica social y empresarial. EIdA además ha apoyado esta inquietud y
necesidad de conocimiento del proceso de los trabajadores mediante los
Itinerarios Personalizados de Inserción con la realización de un estudio
denominado Diagnóstico multidimensional de las principales barreras de las
personas trabajadoras en inserción de las Empresas de Inserción (EI) en
relación a la formación e inserción sociolaboral” financiado por la Dirección
General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
(Exp.8155-AC/10) y desarrollado en este mismo año. Este estudio ha permitido
realizar un primer acercamiento a los perfiles de las personas trabajadoras en
inserción que más predominan en las empresas de Andalucía y establecer un
método de trabajo participativo que permita una aproximación a la realidad de
los trabajadores y a los procesos individualizados que se siguen con ellos de cara
a su inserción sociolaboral.
La gran mayoría ofrece a sus trabajadores un plan personalizado de
inserción (más del 85% de las empresas), aspecto exigible tanto por ellas
mismas como por actores externos, dado el objetivo principal de constitución de
estas empresas y que queda recogido legalmente en la LEI (Ley Nacional de EI).
Un aspecto que hay que valorar positivamente es el acceso a otros servicios bien
de la propia empresa, bien de la entidad promotora u otras entidades (en más
del 90% de los casos), que dan respuesta a aspectos familiares, formativos,
personales, etc.
La búsqueda de clientela sigue siendo bastante convencional y con
métodos tradicionales, mientras que aspectos novedosos e innovadores cuestan
más trabajo que sean utilizados. A pesar de esto, existe un 10% de empresas
76
que mencionan la reinversión de beneficios en aspectos I+D+I, algo que no
sucedía en estudios anteriores (en el año 2008 ninguna empresa dedicaba parte
de los beneficios a esta cuestión). Las empresas privadas, los particulares y la
Administración local son los clientes con mayor peso. En cuanto a la forma de
pago, si hace años predominaba el pago al contado, en el año 2010 la posibilidad
de pagos a plazos más dilatados en el tiempo (superando los 90 días) iguala al
pago al contado.
En lo que hace referencia a los aspectos económicos de estas empresas,
teniendo en cuenta que participan como empresas normales en el mercado
competitivo, la facturación muestra un crecimiento hasta 2007. En el ejercicio de
2008 se registra un descenso bastante acuciado. En 2009 y en 2010 se retoma la
tendencia creciente, no sin dificultades de solvencia y de gestión económica de
las empresas.
La principal forma de adquirir activos es a través de sus propias ventas o
de subvenciones de la entidad promotora, que son subvenciones a fondo
perdido.
Por otra parte, en lo que se refiere a la aproximación al balance social
conjunto, se ha mostrado la relevancia en cuanto al retorno económico que la
actividad de las EI (y de sus trabajadores/as) y suponen para el Estado. Se han
mostrado los datos relativos al ahorro social directo de más de 1,6 millones de
euros y un flujo anual de cotizaciones sociales de aproximadamente 3,1 millones
de euros. La unión del ahorro que suponen las empresas de inserción, más el
ingreso de la seguridad social correspondientes a sus trabajadores y trabajadoras
suponen más de 5 millones de euros.
Hay que volver a incidir, una vez más, en el hecho de que estos
resultados ofrecen la visión agregada de la realidad de las EI de Andalucía. Se
trata de un ejercicio anual que realiza EIdA no sin mucho esfuerzo dado el
carácter del estudio y la obligación de solicitar datos a las EI para poder
realizarlo, con el desgaste que supone para éstas, más aún si observan pocos
avances reales por parte de la Administración y el tejido socioeconómico de la
comunidad.
77
Es un estudio (como el previo realizado en el año 2009 con datos del
ejercicio del 2008) que se produce en un momento en el que se dispone de la ley
nacional de regulación de estas empresas, se ha aprobado hace algo más de un
año el decreto autonómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía que regula
el registro y calificación de las EI, pero nos encontramos a la espera de la
aprobación de la orden oficial de ayudas, paralizada desde hace meses. Esta
situación hace que a pesar de disponer de regulaciones y marcos normativos
comunes, existan importantes desajustes y desigualdades territoriales
nacionales, donde Andalucía se posiciona en una situación de desventaja a pesar
de mostrar una actividad consolidada, social y económicamente muy rentable
(tanto en diferentes estudios autonómicos como nacionales de la Federación de
Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción).
Volver a incidir en la contribución social y económica de estas empresas
sería repetir algo que venimos mencionando desde hace muchos años y que
hemos vuelto a reflejar en este estudio. Hoy en día, gracias al trabajo de
sensibilización, concienciación e información de EIdA y de las propias EI, se
conoce que son un instrumento muy válido de aplicación real de las políticas
activas de empleo. Hay que seguir trabajando en estos aspectos de visibilización
y concienciación, pero estamos trabajando en ir más allá tanto desde el punto de
vista interno como externo.
Desde el aspecto externo se trata de seguir reclamando la igualdad
territorial con otras realidades nacionales y hacer que se cumpla la aprobación
de la orden de ayudas. Se trabaja para poder afianzar el modelo de EI como
realidad socioeconómica, estableciendo anclajes sociales con empresas
ordinarias, con Servicios Públicos vinculados a nuestra realidad y con la
ciudadanía en general.
En cuanto al carácter más interno, se está trabajando en establecer
métodos participativos de conocimiento y acción que permitan una mejor y
mayor aproximación al conocimiento de los perfiles de trabajadores, de la
evaluación de los procesos de inserción sociolaboral, así como planteamientos de
mejora en cuestiones relacionadas con la gestión, protocolos de actuación
78
conjunta, etc. Se trabaja para instaurar la lógica de la gobernanza, la
investigación-acción y participación en los procesos relacionados con las EI.
En definitiva, lo que defienden las empresas de inserción es que merece la
pena impulsar su modelo, apostar por la transformación y el avance de las
políticas activas y seguir reclamando la inversión pública para desarrollar nuevas
formas de solidaridad, de igualdad de oportunidades y el desarrollo de iniciativas
de economía social que finalmente inciden (como ya se ha demostrado) en las
personas, los grupos y los territorios con mayores vulnerabilidades y riesgos de
exclusión.
79
9. REFERENCIAS Asensio, M.J. y Miedes, B. (2001) Empresas de Inserción. Una caracterización
con referencia a la experiencia andaluza. Portularia, n. º 1, 99-110.
Capron, M. (2001) Intereses, límites y perspectivas de un nuevo instrumento de
autoevaluación de las organizaciones: el balance social cooperativo.
CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, n. º
39, 79-92.
Carmona Orantes, G. (2002) Plan personal para la inserción sociolaboral: Teoría
y práctica en la empresa para la inserción laboral. Universidad de Huelva.
Huelva.
Carmona, G. (2005) Formación para la exclusión social: nueva tendencia en la
lucha contra la exclusión. Universitas Tarraconensis, 87-104.
Carmona, G. y Martínez, F.M. (2005) Modelo de formación para la integración
sociolaboral a través de las empresas de inserción de Andalucía.
Comunicación en IV Congreso de formación para el trabajo, Zaragoza, 9-
11 de Noviembre.
Carmona, G. y Requerey, M.P. (2004). Manual de orientación para tutores en
empresas de inserción socilaboral. Proyecto Equalitas.
CASTEL, R. (1995): De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como
proceso, Archipiélago 21.
Fundación Un Sol Mon (2007). Las Empresas de Inserción en España, Colección
Herramientas para la Inclusión. Centro de Información de la Obra Social
de Caixa Catalunya, Fundación Un Sol Mon: Barcelona.
González, E. (2009). La inclusión social en el ámbito local: las políticas. Cuaderno
Europeo-Políticas de inclusión activa en el plano local. n. º 6, 17-46.
Laparra, M. y Pérez, P. (2009) Abordar la realidad de la exclusión social en
España a nivel local. Cuaderno Europeo- Políticas de inclusión activa en el
plano local. n. º 6, 77-113.
Marcuello, Ch., Bellostas, A., Camón, J., Marcuello, C. Moneva, J.M., Laliena, A.
C. y Ortas, E. (2007) Transparencia y sostenibilidad en las empresas de
inserción aragonesas. Fundación Economía Aragonesa. Documento de
80
trabajo. Descargado el 20 de julio de 2009 desde
http://www.fundear.es/fotosbd/911054534radB50AC.pdf
Miedes, B. (2001). Empresas de Inserción. El caso andaluz. Observatorio Local
de Empleo, Universidad de Huelva y Asociación de Empresas de Inserción
de Andalucía: Huelva.
Miedes, B., Barbero, M., Moreno, A. y Pérez, G. (2005). Empresas de Inserción
en Andalucía. Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía.
Pereda, C. De Prada, M.A. y Actis, W. Colectivo IOÉ. (2003) Investigación-acción-
participativa: propuesta para un ejercicio activo de la ciudadanía. Colectivo
IOÉ: Madrid. http://www.investigaccio.org/ponencies/IAP.pdf
Porter, M. (1982). Estrategia competitiva, C.E.C.S.A., México.
Retolaza, J.L. y Ramos, M. (2005). Modelización del costo de las Empresas de
inserción para la administración pública. CIRIEC España, Revista de
economía pública, social y cooperativa, n. º 52, 361-386.
Retolaza, J.L.; Ruíz, M.; Araujo de la Mata, A. y Mugarra, A. (2008) Eficiencia en
las empresas de inserción y apoyo público. Zerbitzuan: Gizarte
zerbitzuetarako aldizkaria- Revista de servicios sociales, n. º 44, 39-54.
Ribas, M.A. (2001). El balance social como instrumento para la evaluación de la
acción social en las entidades no lucrativas. CIRIEC-España, Revista de
Economía Pública, Social y Cooperativa, n. º 39, 115-147.
Sánchez-Urán, Y. (2006). Excluidos sociales: empleo y protección social. Revista
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, n. º 59, 171-190.
Santos, M. y Sanz, E. (2001) La medición de la exclusión social. Dos aplicaciones:
Las rentas mínimas de inserción y las empresas de inserción.
Investigaciones aplicadas. Vol. 10, n. º 1, 85-103.
Spear, R. (2001) El balance social en la economía social. Enfoques y
problemática. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, n. º 39, 9-24.
Spear, R. y Bidet, E. (2003). The role of social enterprise in European labour
markets. Working paper, n.º3/10, 2-46.
81
ANEXO I. CUADROS COMPARATIVOS DE NORMATIVAS AUTONÓMICAS.
Definición Empresa de Inserción Comunidad Normativa Concepto Empresa Inserción
Ley nacional Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
Aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que, debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia, realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.
Andalucía DECRETO 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía.
Aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica que, debidamente calificadas como tales en los términos establecidos en este Decreto, realicen cualquier actividad económica de producción de bienes o prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como finalidad la incorporación al mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social mediante el desarrollo de un proyecto personal de inserción, que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Aragón Decreto 37/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las Empresas de Inserción Laboral y se aprueba el Programa ARINSER de ayudas económicas para la integración sociolaboral de colectivos en situación o riesgo de exclusión.
Aquella que, realizando un trabajo productivo y participando regularmente en las operaciones del mercado a través de la producción de bienes o la prestación de servicios, tienen como fin primordial de su objeto social la integración socioprofesional de personas en situación o amenaza de exclusión social, proporcionándoles un trabajo remunerado y la formación y el acompañamiento necesarios para mejorar sus condiciones de ocupabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral ordinario.
Islas Baleares DECRETO 60/2003, de 13 de junio, por el que se regula la calificación de las iniciativas empresariales de inserción y se crea el Registro de Iniciativas Empresariales de Inserción de las Illes Balears.
Se entienden por iniciativas empresariales de inserción, las estructuras productivas de bienes o servicios que, adoptando alguna de las formas jurídicas relacionadas en el punto a) de este artículo, tengan como finalidad incorporar al mercado laboral las personas en situación de exclusión social o con riesgo de padecerla y que lleven a cabo un itinerario individualizado de inserción que les permita mejorar sus condiciones de ocupabilidad, y cumplan los requisitos recogidos en su art. 2.
82
Comunidad Normativa Concepto Empresa Inserción Canarias DECRETO 32/2003,
de 10 de marzo, por el que se regula la inserción sociolaboral en EI. La resolución de 12 de junio de 2006 regula la concesión de subvenciones a estas empresas.
Estructura productivas de bienes o servicios que tengan entre sus fines la incorporación al mercado laboral de personas en exclusión social y desarrollen un proyecto personal de inserción que les permita mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Castilla y León Decreto 34/2007, de 12 de abril, por el que se regula el procedimiento de calificación de las empresas de inserción laboral y se crea su registro administrativo.
Aquellas que tienen recogido dentro de su objeto social, como fin primordial, la realización de actividades tendentes a conseguir la integración laboral y el acceso al mercado ordinario de trabajo de personas en situación o riesgo de exclusión social,
Cataluña Ley 27/2002 de 20 de diciembre
Las que lleven a cabo cualquier actividad económica de producción de bienes o de prestación de servicios y cuyo objeto social tenga como finalidad primordial la integración socio laboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión social.
Murcia orden de 20 de junio de 2007
Aquella que realizando un trabajo productivo y participando en el mercado tiene como fin primordial la integración de personas en situación o riesgo de exclusión social, proporcionándoles un trabajo remunerado, formación y acompañamiento para facilitar su acceso al mercado laboral.
País Vasco DECRETO 305/2000, de 26 de diciembre, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y se crea el registro de empresas de inserción.
Estructuras productivas de bienes o servicios que tengan como fin la incorporación al mercado laboral de colectivos en situación de desventaja social o exclusión y lleven a cabo un proyecto personal de inserción mediante un proceso de aprendizaje adecuado que contemple la consecución de habilidades sociales, laborales, formación básica, cualificación laboral y conocimientos del mercado que les permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad
La Rioja Decreto 2/2006, de 13 de enero, por el que se crea el Registro de Empresas de Inserción Sociolaboral de La Rioja y se regulan los requisitos para la calificación e inscripción en dicho Registro
Aquellas que debidamente calificadas, realicen cualquier actividad económica lícita de producción de bienes o prestación de servicios, y cuyo objeto social tenga como fin primordial la integración sociolaboral de personas en situación o grave riesgo de exclusión social, y excluidas por tanto de los circuitos tradicionales del empleo, proporcionándoles tanto un trabajo remunerado, como la formación y el acompañamiento necesarios para mejorar sus condiciones de ocupabilidad y facilitar, así, su acceso al mercado laboral ordinario.
83
Comunidad Normativa Concepto Empresa Inserción Madrid DECRETO 32/2003,
de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración de las empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas de fomento de su actividad.
Aquellas que tengan tal consideración en la normativa estatal aplicable. Aquellas específicamente dedicadas a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social y en las que habitualmente no menos del 30 por 100 de sus trabajadores pertenezcan a ese colectivo
Navarra Decreto foral 130/1999, de 26 de abril, por el que se regulan las ayudas económicas para el desarrollo de los programas de incorporación sociolaboral destinados a personas en situación de exclusión social.
Habla de centros de inserción-sociolaboral, como centros colaboradores del Servicio Navarro de Empleo en materia de inserción socio laboral y entidades de derecho público o privado, cuyo interés general o función social sea, entre otras la inserción socio laboral de colectivos en exclusión social.
Comunidad Valenciana
Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana.
Estructuras productivas de bienes o servicios sin ánimo de lucro que, adoptando alguna de las fórmulas jurídicas que se señalan en el apartado siguiente de este artículo, tengan entre sus fines primordiales la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, mediante el desarrollo de un proyecto personal de integración que les permita acceder al mercado ordinario de trabajo.
Galicia Decreto 156/2007, de 19 de julio, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas de inserción laboral, se crea su registro administrativo y se establecen las medidas para el fomento de la inserción sociolaboral.
Estructuras productivas de bienes o servicios, que tengan por finalidad básica de su objeto social la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social, proporcionándoles un trabajo remunerado y la formación y acompañamiento precisos para mejorar sus condiciones de empleabilidad y facilitarles el acceso al mercado laboral común.
84
Entidades promotoras Comunidad Entidades promotoras Ley
nacional
Participación mínima del 51% para las sociedades mercantiles. Para sociedades Cooperativas y Laborales la participación deberá situarse en los límites máximos recogidos en las diferentes legislaciones que les sea de aplicación a colaboradores o asociados.
Andalucía Tendrán la consideración de entidades promotoras aquellas entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las Asociaciones sin fines lucrativos y las Fundaciones cuyo objeto social contemple la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social. Esta participación debe ser al menos del 51% del capital social en caso de sociedades mercantiles, de un 33% en sociedades laborales y sociedades cooperativas, con las salvedades contempladas en las diferentes legislaciones que sean de aplicación.
Aragón Promovidas y participadas por una o varias entidades sin ánimo de lucro, mínimo en el 51%. En cooperativas de trabajo asociado de iniciativa social o de sociedades laborales la participación será, al menos, de un 49% del capital social.
Islas
Baleares
Canarias Participadas mínimo en un 33% de su capital social por entidades (públicas o privadas) sin ánimo de lucro.
Castilla y
León
Estar promovidas y participadas por una o varias entidades sin ánimo de lucro, en más del 50% del capital social total de la empresa.
Cataluña Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras, mínimo en un 51% del capital social. En sociedades laborales, el 49% y en cooperativas que tenga legalmente reconocida la condición de iniciativa social, no es preciso que exista una entidad promotora.
Murcia Participadas por una o varias entidades sin ánimo de lucro de derecho público o asociaciones sin fines lucrativos y fundaciones.
País Vasco Promovidas y participadas por una o varias entidades como mínimo en un 33%.
La Rioja Participen en ellas mínimo un 51% o inferior cuando existan varias Entidades Promotoras y la suma alcance dicho porcentaje.
Madrid Participen en ellas mínimo un 51% o inferior cuando existan varias Entidades Promotoras y la suma alcance dicho porcentaje.
Navarra Los centros pueden ser promovidos por cualquier entidad de derecho público o privado que reúna los requisitos establecidos en el decreto.
Comunidad
Valenciana
El porcentaje mínimo de participación de las entidades promotoras en el capital social de las empresas de inserción se determinará reglamentariamente.
Galicia La participación debe ser por lo menos del 51% del capital social en caso de sociedades mercantiles, de un 49% en caso de sociedades laborales y de un tercio del capital social en caso de sociedades cooperativas.
85
Tipo de sociedad y ratio de plantilla en inserción
Comunidad Tipo sociedad Ratios de plantilla Ley nacional
Sociedad mercantil Sociedad cooperativa
Mínimo 30% los tres primeros años. Mínimo 50% a partir del tercer año.6
Andalucía Mínimo 30% los tres primeros años. Mínimo 50% a partir del cuarto año. No menos de dos trabajadores.
Aragón Sociedades mercantiles Cooperativa de trabajo asociado Cooperativa de iniciativa social
Mínimo 30% Mínimo de 3 trabajadores en proceso de inserción.
Islas Baleares
Sociedad cooperativa Entidades sin ánimo de lucro. Sociedad mercantil o laboral.
30% de trabajadores cuando la empresa tenga más de 4 trabajadores; con 4 o menos han de tener un mínimo de un trabajador.
Canarias Sociedad mercantil, Cooperativa Sociedad laboral Fundación o Asociación
Mínimo 2 trabajadores de inserción.
Castilla y León
Sociedad cooperativa Sociedad mercantil
Mínimo 30%
Cataluña Sociedades mercantiles Sociedades laborales Cooperativas
Mínimo del 30 % y máximo del 70 %. Mínimo 2 trabajadores.
Murcia Sociedad mercantil Cooperativa
Mínimo 30% los tres primeros años. Mínimo 50% a partir del tercer año. Mínimo 2 trabajadores.
País Vasco Sociedad mercantil Sociedad de economía social
Mínimo 40% y máximo 75%. Mínimo 2 trabajadores.
La Rioja Sociedad mercantil Sociedad laboral Cooperativas
Mínimo del 30%, nunca inferior a 2 trabajadores.
Madrid Sociedad mercantil Sociedad laboral Cooperativa, o cualquier otro tipo de organización societaria civil o mercantil
Mínimo del 30%, nunca inferior a 3 trabajadores
Navarra Centros colaboradores del servicio Navarro de Empleo Entidades de derecho público o privado
Mínimo del 30%, mínimo 4 trabajadores y máximo 25
Comunidad Valenciana
Sociedad mercantil Sociedad cooperativa Sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral
Mínimo del 30%
Galicia Sociedades mercantiles Sociedades laborales Sociedades cooperativas Cualquier tipo de organización societaria civil o mercantil legalmente constituida y que cumplan lo que establece el decreto.
Mínimo del 30% Mínimo 2 trabajadores
86
Acreditación de la situación de exclusión y adscripción en el Registro
Comunidad Acreditación situación
exclusión Adscripción al Registro
Ley nacional Servicios Sociales Públicos competentes.
Órgano Administrativo competente de la Comunidad Autónoma
Andalucía Servicio Andaluz de Empleo Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo.
Aragón Servicios Sociales públicos Instituto Aragonés de Empleo Islas Baleares Servicio de Ocupación de las Illes
Balears Servicio de Ocupación de las Illes Balears
Canarias Servicios Sociales municipales Instituto Canario de Formación y Empleo adscrito a la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales
Castilla y León Dirección General competente en materia de economía social
Cataluña servicios sociales de atención primaria o especializada
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad
Murcia Servicios Sociales públicos No se crea registro País Vasco servicios sociales de base de los
Ayuntamientos en colaboración con los Servicios Públicos de Empleo
Dirección de Bienestar Social del Departamento del Gobierno Vasco
La Rioja Consejería competente en materia de empleo y relaciones laborales
Madrid Centros Municipales de Servicios Sociales
Consejería de Trabajo
Navarra Servicios sociales de atención primaria en colaboración con los equipos de incorporación sociolaboral.
Servicio Navarro de Empleo
Comunidad Valenciana
Servicios Sociales, generales o especializados
Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF
Galicia Departamento de la Administración autonómica con competencias en materia de servicios sociales, con informe de los servicios sociales municipales
Centro directivo competente en materia de promoción del empleo del departamento competente en materia de trabajo
87
Ayudas al acompañamiento social
COMUNIDAD Acompañamiento COMUNIDAD Acompañamiento
ANDALUCIA
EUSKADI Orden de 4/5/2009 publicada 19 de mayo
Hasta 1.100€ por puesto de inserción.
ARAGON ORDEN de 31/7/2009 publicada el 24 de agosto
80% costes laborales totales, tope máximo de 18.000€ anuales.
EXTREMADURA
ASTURIAS Convocatoria Ayto. Gijón 2007
GALICIA Orden de 16/7/2008 publicada el 28 de julio.
50% de los costes laborales totales calculada sobre 24 mensualidades. Límite máximo 18.000 euros.
CANARIAS Resolución de 5/3/2009 publicada 19 de marzo.
Menos de 5 puestos 3000€ anuales puesto. Para 5 o más, subvención de 2.500/puesto.
LA RIOJA ORDEN de 25 de septiembre de 2007
Máximo 23.000 €/año por un período máximo de 3 años. Hasta un 80% de los costes.
CANTABRIA
MADRID ORDEN 2791- anexo convocatoria publicada a 3 de noviembre 2009
Hasta 1.800 euros por un período de doce meses por puesto de inserción al que acompañe, 3.600 € por un período máximo de 24 meses por puesto que acompañe.
CASTILLA LA MANCHA
MURCIA RESOLUCIÓN 7/4/2009 publicada a 15 de abril
Máximo18.000 euros por 1 año - hasta 100%. Mantenimiento del puesto por otro año, por la misma cuantía de subvención.
CASTILLA LEON EYE 618 de 13/3/2009 publicada 20 de marzo 2009
NAVARRA DECRETO FORAL 130/99 - 26/2002 y 60/2009, de 2/7/2009, publicado el 31 de julio
Máximo 24.000 euros por 1 año técnico/a de acompañamiento a la producción, en orientación o en medidas de acompañamiento a la inserción - hasta 100%. Esta cuantía se actualizará cada año según el índice de precios de consumo de Navarra del ejercicio anterior.
CATALUÑA RESOLUCIÓN TRE 509/2009, 2 de noviembre, DOGC 5350 publicado el 26/11/2009 y RESOLUCIÓN TRE/2083/2008, de 27 de junio public. 4/7/2008
Gastos de salarios, dietas y locomoción. Ratio: 1 técnico para 2/15 trabajadores/as. Máximo de contratos por empresa/entidad: Ratio Máximo/año 8/15: 25.000€ 5/7: 17.000€ 2/4: 11.800
COMUNIDAD VALENCIANA
88
Colectivos considerados posibles de ser personas trabajadoras en inserción Colectivos (lo sombreado en esta columna está en la ley nacional)
Andalucía Aragón Islas Baleares Canarias Castilla
y León Cataluña Murcia País Vasco La Rioja Madrid Navarra Comunidad
Valenciana Galicia
Personas con discapacidad física
Disc. psíquica Disc. sensorial Población penitenciaria y ex-reclusos
Personas con adicción en proceso de reinserción o ex-adictos
Iniciado proceso de inserción en los 12 meses tras desintoxicación
Superada la desintoxi- cación y más de un año desde fin del tratamiento
Iniciado proceso de inserción en los 12 meses tras desintoxicación
Etnia gitana y minorías
Inmigrantes y refugiados/as
Per mi so trabajo
Emigrantes retornados/as
Personas sin hogar
Desempleados/as de larga duración
Mayor de 50 , 12 meses
2 años Sin derecho subsidio
Más de 40 años y 2 o más inscrito
89
Mujeres víctimas de Violencia de género
Jóvenes en riesgo
Entre 18 y 25 sin finalizar escolaridad
Entre 16 y 30 años
Entre 18 y 25 sin finalizar escolaridad
Personas a cargo de Familia monoparental
Jóvenes procedentes de centros residencias de menores (ley: 18-30años)
Entre 18 y 30 años
Perceptores/as Renta Mínima o Ingreso Mínimo
Cualquiera a criterio de S. Sociales u otros órganos
Otros
Menores Ley Org. 5/2000. Personas de aloja mientos alternati vos
Programas públicos de integración
Menores internos. Personas que no
En inserción a través del Instituto Realojamiento e
Parados con acuerdo de incorporación sociolaboral.
90
La ley incluye también:
b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones de Renta Mínima, por: falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o
para la constitución de la Unidad Perceptora; por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
f) Menores internos e internas incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito
de aplicación de la relación laboral especial a que se refiere el artículo 53.4 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Real Decreto
1774/2004, de 30 dejulio, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.
g) Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla.
h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y
Melilla.
91
ANEXO II. REPERTORIO DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
EQUA INSERCIÓN S.L. DIRECCIÓN Avd. San Severiano S/N, POBLACIÓN Cádiz PROVINCIA Cádiz AÑO CONSTITUCIÓN 2007 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada
DESTINATARIOS Personas con discapacidad intelectual
SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Reciclaje y reprografía. ENTIDAD PROMOTORA Asociación para la mediación social EQUA.
FASIDIS S.L. EMPRESA DE INSERCIÓN DIRECCIÓN Corredera de San Marcos 41-3º
POBLACIÓN Linares PROVINCIA Jaén AÑO CONSTITUCIÓN 2008 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada
DESTINATARIOS Etnia gitana y minorías étnicas, mujeres y jóvenes en situación de riesgo.
SECTORES ACTIVIDAD Construcción y servicios ENTIDAD PROMOTORA Federación de Asociaciones Culturales cristianas de
Andalucía
IRIS SERVICIOS A LA COMUNIDAD S.L. DIRECCIÓN Avda. Doctor Oloriz, 4 bajo POBLACIÓN Granada PROVINCIA Granada AÑO CONSTITUCIÓN 2000 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada
DESTINATARIOS Etnia gitana y minorías étnicas, mujeres y jóvenes en riesgo SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Limpieza, ayuda a domicilio, restauración y
formación ENTIDAD PROMOTORA Fundación
Sierra Nevada Asociación Muligran mujeres por el empleo
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INSERPENIEL DIRECCIÓN Plaza De Lahore Nº 1
POBLACIÓN Córdoba PROVINCIA Córdoba AÑO CONSTITUCIÓN 2005 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada DESTINATARIOS Personas con adicción o ex adictos y jóvenes en situación
de riesgo SECTORES ACTIVIDAD Industria. Compra y venta y
fabricación de pallet Reformas en general
ENTIDAD PROMOTORA Asociación Aperfosa
INSERTA DIRECCIÓN Sevilla 43 entreplanta c
POBLACIÓN Algeciras PROVINCIA Cádiz AÑO CONSTITUCIÓN 2008 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada Nueva Empresa
DESTINATARIOS Jóvenes sujetos a medidas judiciales SECTORES ACTIVIDAD Trabajos de jardinería y mantenimiento ENTIDAD PROMOTORA Asociación Para La Gestión De La Integración Social
(GINSO)
PRENDAS BAHÍA S.L. DIRECCIÓN C/ La Palma,63 POBLACIÓN Puerto Real PROVINCIA Cádiz AÑO CONSTITUCIÓN 2008 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada Unipersonal DESTINATARIOS Personas con adicción o ex adictos y mujeres en situación de
riesgo SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Lavandería, reciclaje de ropa, comercio justo,
servicio atención a personas dependientes, etc. ENTIDAD PROMOTORA Asociación Prendas Puerto Real.
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REMIENDO GENIL S.L. DIRECCIÓN C/Albahaca Local 14 POBLACIÓN Granada PROVINCIA Granada AÑO CONSTITUCIÓN 2001 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada DESTINATARIOS Etnia gitana y minorías étnicas, inmigrantes y extranjeras y
mujeres en situación de riesgo. SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Corte y Confección. ENTIDAD PROMOTORA Adultos de cartuja
SCA PRINIVAL DIRECCIÓN C/ Iglesia 1
POBLACIÓN Estación de San Roque PROVINCIA Cádiz AÑO CONSTITUCIÓN 2001 FORMA JURÍDICA Sociedad Cooperativa Andaluza
DESTINATARIOS Población penitenciaria y ex reclusos y parados de larga duración
SECTORES ACTIVIDAD Electricidad, carpintería, aire acondicionado y calefacción ENTIDAD PROMOTORA Coordinadora Comarcal De Asociaciones Antidroga
“Alternativas”
SERVISUR PARA LA INSERCIÓN S.L. DIRECCIÓN C/ Martínez Molina, 16.
POBLACIÓN Jaén PROVINCIA Jaén AÑO CONSTITUCIÓN 2000 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada DESTINATARIOS Etnia gitana y minorías étnicas, mujeres y jóvenes en
situación de riesgo y personas desfavorecidas en general. SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Limpieza y servicios sociales ENTIDAD PROMOTORA Jaén Objetivo Vida
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SOLEMCCOR SLU DIRECCIÓN C/ Pérez de Castro, nº3
POBLACIÓN Córdoba PROVINCIA Córdoba AÑO CONSTITUCIÓN 2007 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada unipersonal
DESTINATARIOS Personas con adicción o ex adictos, minorías étnicas, mujeres y jóvenes en situación de riesgo y familias monoparentales.
SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Recogida de papel y cartón y control de depósito de residuos urbanos en Ecoparques
ENTIDAD PROMOTORA Cáritas diocesana de córdoba
SUPLÁ MULTISERVICIOS S.L. DIRECCIÓN C/ Don Lope de Sosa nº20, local
POBLACIÓN Córdoba PROVINCIA Córdoba AÑO CONSTITUCIÓN 2000 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada DESTINATARIOS Población penitenciaria o ex reclusos, personas con adicción o
ex-adictos, etnia gitana y minorías étnicas, inmigrantes y refugiados, parados de larga duración, mujeres y jóvenes en situación de riesgo.
SECTORES ACTIVIDAD Servicios. Limpieza, escuelas infantiles ENTIDAD PROMOTORA Asociación Educadores "Encuentro en la Calle"
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ZOVECO S.L. ZONAS VERDES CORDOBESAS DIRECCIÓN C/ Priego de Córdoba s/n POBLACIÓN Córdoba PROVINCIA Córdoba AÑO CONSTITUCIÓN 1987 FORMA JURÍDICA Sociedad Limitada DESTINATARIOS Personas con necesidades especiales físicas y/o psíquicas,
población penitenciaria o personas ex reclusas, personas con adicción o ex-adictos, etnia gitana y minorías étnicas, inmigrantes y refugiados/as, mujeres y jóvenes en situación de riesgo, familias monoparentales y personas con necesidades sociales.
SECTORES ACTIVIDAD Construcción. Albañilería, pequeñas reformas Jardinería
ENTIDAD PROMOTORA Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y Menores
NUFAN DIRECCIÓN C/ TRILLE, Nº 40 POBLACIÓN CADIZ PROVINCIA CADIZ AÑO CONSTITUCIÓN 1991 FORMA JURÍDICA SOCIEDAD LIMITADA DESTINATARIOS SECTORES ACTIVIDAD EXPLOTACION DE APARCAMIENTOS, CONTROL DE ACCESOS Y
FABRICACION DE ARTICULOS DE CARNAVAL ENTIDAD PROMOTORA INTEGRACIN SOCIAL DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSION
GESERSO DIRECCIÓN AVDA. DE ANDALUCIA, Nº 83 OF. Nº 4 POBLACIÓN JAEN PROVINCIA JAEN AÑO CONSTITUCIÓN 1994 FORMA JURÍDICA SOCIEDAD LIMITADA DESTINATARIOS SECTORES ACTIVIDAD SOCIOEDUCATIVOS, SOCIOSANITARIOS Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD ENTIDAD PROMOTORA MACROSAD
