Avisos Judiciales 190713

Cusco, viernes 19 de julio de 2013

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EDICTO JUDICIALEn el proceso Civil Nro. 001078-2013-0-1001-JP-CI-04, ante el Primer Juzgado Civil del Cusca, que Despacha la Doctora Sandra Contreras Campana; bajo la actuación del Especialista Legal Elmer canal Yépez, se ha dispuesto la publicación edictal siguiente: Resolución N° 02 Cus-co, 03 de junio del 2013.- “( ... ) 1.- Mediante escrito de fajas ocho Julia Gallegos Cruz, formula demanda de ineficacia de titulo valor, en contra de BBVA BANCO CONTINENTAL DEL CUSCO ( ... ) A. ADMÍ-TASE a trámite la demanda interpuesta por JULIA GALLEGOS CRUZ, contra BBVA BANCO CONTINENTAL DEL CUSCO, sobre INEFICACIA DE TÍTULO VALOR por extravió de cheque. ( ... ) D. ORDENO que la demandada apenas notificada con la presente resolución retenga el pago de las obligaciones representadas en el cheque bancario número 064117, por la suma de mil trescientos cuatro nuevos soles, emitida por EsSALUD - Cusco, a favor de Julia Gallegos Cruz. E. PUBLIQUESE la solicitud durante cinco días consecutivos en el diario oficial El Perua-no.”. Lo que se publica para los fines de ley.Cusco 3 de julio de 2013.5v-16-17-18-19—22-viib/v 28976

PRIMER REMATE EN SUBASTA PÚBLICAEn los seguidos por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO QUI-LLABAMBA, QUILLACOOP, contra ALDO FLORES LLERENA Y otra sobre Ejecución de Garantías, Expediente Nº 00233-2011, el Juzgado Mixto de La Convención - Quillabamba -Cusco, a cargo del Señor Juez Dr- Erasmo Waldir Urruchí Zuñiga, con intervención de la Especialista Legal Dra. Oiga Villanueva Valle, han dispuesto que el suscrito Martille-ro Público con Matricula Nro. 209, saque a remate público en PRIMERA CONVOCATORIA del bien inmueble ubicado en:Fracción B-21º Parte Reintegrante del Lote 21 Mz. S, desmembrado de la Granja de Misiones (Av. Bolognesi Puerta de Tienda, con el N° 913 Y Puerta de ingreso principal con el N° 916), Urb. La Granja distrito de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento de Cusco; cuya área es de 129.50 M2; linderos y medidas perimétricas corren inscritos en la Partida Electrónica N° 11012742 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Quillabamba, Zona Registral NºX-Sede Cusco.VALOR DE LA TASACIÓN (Convencíonal): SI 129,409.20 (Ciento vein-tinueve mil cuatrocientos nueve con 20/100 nuevos soles).BASE DE REMATE: S/86,272.80 (Ochenta y seis mil doscientos seten-ta y dos con 80/100 nuevos soles), equivalente a las 2/3 partes de la tasación.AFECTACIONE§: HIPOTECA: Inscrita en el Asiento D00004 a favor de QUILLACOOP hasta por la suma de SI 116,468.28 Nuevos Soles. EMBARGO: Inscrito en el Asiento D00005 hasta por la suma de SI. 20,000.00 Nuevos Soles. . Todas registradas en la Partida Electrónica N° 11012742 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Quílla-bamba.DIA. HORA Y LUGAR DEL REMATE: El día lunes 19 de agosto de 2013, a horas 08.15 am.; que se verificará en el Hall del Juzgado, sito en el Jirón Espinar N° 140- 148; Sede La Convención -Quillabamba. Remate a viva voz, que será efectuado por el Martillero Público Dr. Asdel Vega Tirado, Cell: 999098701 I correo electrónico: [email protected] POSTORES: Oblarán no menos del diez por ciento del valor de la tasación, es decir no menos de la suma de SI 12,940.92 (doce mil novecientos cuarenta con 92/100 nuevos soles), en efectivo o cheque de gerencia a su nombre; deben presentar Original y copia del Arancel Judicial (tasa judicial) por derecho de participación a remate, indicando número de expediente y generales de ley (original y copia del arancel y DNI debidamente firmados). Los Honorarios del Martillero Público son por cuenta del adjudícatario y están afectados al IGV, de Conformidad con el Articulo 18º del D.S. Nº 008-2005-JUS y la Ley Nro. 27728 del Martillero Publico.

Quillabamba, 14 e junio del 213.06VZ.16.17.18.19.22.23.VII.13B/. 24343

EDICTOSSeñor:FREDERIK MATTHIAS SPIEGELHALDER.En el Proceso Nº 00104-2012-0-1001-SP-CI-01, seguido por Eileen Ramírez Navarrete representada por María Evangelina Navarrete de Ramírez con citación de Frederik Matthias Spiegelhalder, sobre reco-nocimiento de sentencia extranjera de divorcio, tramitado ante la Sala Civil de Cusco, se ha emitido la siguiente resolución: Resolución N° 7.- Cusco, veinticinco de junio de dos mil trece.- ( ... ).- RESOL VIERON: Declarar FUNDADA la solicitud presentada por doña Eileen RamÍrez Navarrete de Spiegelhalder representada por doña María Evangelina Navarrete de Ramírez, sobre reconocimiento de sentencia de divorcio expedida en el extranjero, en consecuencia DECLARARON que tiene fuerza legal en el Perú, la sentencia de divorcio de fecha 06 de febre-ro de 2009 emitida por el Juzgado Distrital de Innsbruck Sección 3, 09/02/2009 - Austria, la que declara disuelto el matrimonio existente entre doña Eileen Ramírez Navarrete de Spiegelhalder con don Frede-rik Matthias Spiegelhalder ( ... ).- H.S.- Suscriben los señores Jueces Superiores: Concha Mora, Barra Pineda y Fernández Echea.- Ana Ro-cío Soto Figueroa, Secretaria de la Sala Civil de Cusco. Cusco, 16 de julio de 2013.3v-17-18-19-viib/v 28995

DISOLUCIÓN DE “ECO AMERICA TOURS S.R.L.”POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 04 DE JULIO DEL 2013 SE APROBÓ LA DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA “ECO AMERICA TOURS S.R.L.” INSCRITA EN LA P.E. Nº 11133259 DEL REGISTRO DE SOCIEDADES DE LA OFICINA REGISTRAL DEL CUSCO.EN ESTA MISMA JUNTA SE ACORDÓ NOMBRAR COMO LIQUIDA-DORA A LA SEÑORA MIRIAM VERÓNICA LUCANA CCORI, QUIEN ASUMIRÁ SUS OBLIGACIONES CONFORME DISPONE EL ARTÍCU-LO 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.CUSCO, 05 DE JULIO DEL 2013.ELIANA RICALDE RIOSGERENTE DE LA EMPRESA03VZ.17.18.19.VII.13B/. 24319

EDICTOSSRES: SUCESORES de Quien en vida fue CARLOS INCAROCA QUISPISUCSOEN EL EXPEDIENTE 01214-2009-0-1001-JR-CI-O2 TRAMITADO ANTE EL SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL QUE DESPACHA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR ELITO ZAMALLOA COR-NEJO, BAJO LA ACTUACION DE LA ESPECIALISTA LEGAL SAIDA CHIUN MANCO, SE HA DISPUESTO NOTIFICAR A LA SUCESION DE QUIEN EN VIDA FUE CARLOS INCAROCA QUISPISUCSO A EFEC-TO DE QUE SE APERSONEN EN EL PROCESO y ASUMAN LA DE-FENSA DE LOS INTERESES QUE SE LES ASISTE AL REFERIDO. LO QUE SE CUMPLE CON NOTIFICAR Y BAJO APERCIBIMIENTO DE NOMBRARSE CURADOR PROCESAL.-SAIDA CHIUN MANCO- ESPECIALISTA LEGALCUSCO, 15 DE JULIO DEL 201303 VZ.18-19-22.VII.13B/. 24342

EDICTO PENALSEÑOR: LAZARO QUISPE CANAL.El señor Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, Dr. Edwin Paz Carpio, ha dispuesto se notifique al imputado

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 20132 3LAZARO QUISPE CANAL, en el proceso Nro 773-2013-0-1001-JR-PE-02, seguido contra el antes indicado, por el delito de Falsedad Ideo-lógica y Otros, en agravio del Estado Peruano representado por el Mi-nisterio de Justicia y otros, bajo la actuación de la especialista Judicial Abog. Miriam Apaza Kádagand, a resuelto notificar a los imputados con la siguiente resolución:Resolución N° 1Cusco, veintiocho de mayoDel año dos mil trece.I. PARTE EXPOSITIVAEl Primer despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, en fecha veintisiete de mayo del año en curso puso en conocimiento del juzgado la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra JOSEFINA QUIS-PE DE ATAYUPANQUI, RINA FANY OBREGON ORUE, PRESENTA-CION MOJONERO MURILLO, JESUS TUPACYUPANQUI LIMA, LA-ZARO QUISPE CANAL, LEONARDA YANQUIRIMACHI DE QUISPE, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica, sancionado en el primer párrafo del artículo 428 del Código Penal en agravio de Luz Eliana Luyo Chaparro y Regi-na Elizabeth Luyo Chaparro y el Estado Peruano representado por el Procuraduría del Ministerio de Justicia, y contra JOSEFINA QUISPE DE ATAYUPANQUI, RINA FANY OBREGON ORUE, PRESENTACION MOJONERO MURILLO, JESUS TUPACYUPANQUI LIMA, LAZARO QUISPE CANAL, LEONARDA YANQUIRIMACHI DE QUISPE, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en su modalidad de Estafa, sub tipo Defraudación, sancionado en el Inc. 4 del artículo 197 del Código Penal, en agravio de LUZ ELIANA LUYO CHAPARRO Y REGINA ELIZABETH LUYO CHAPARROII. PARTE CONSIDERATIVA1. El artículo 139.4º de la Constitución Política del Estado, concor-dante con los artículos I.2º y 8.3º del CPP, reconoce el principio de pu-blicidad del proceso y el método de la oralidad para el debate y decisión de los requerimientos y solicitudes presentados por las partes, debien-do ser declarados inadmisibles ante la inconcurrencia del peticionante a la audiencia fijada para tal fin, en interpretación similar al artículo 423.3º del CPP.2. Los artículos 3º y 336.3º del CPP prescriben que el Ministerio Público comunicará al Juez de la Investigación Preparatoria su decisión formal de continuar con las investigaciones preparatorias, a efectos de que asuma competencia material.3. El articulo 339° del acotado cuerpo normativo establece que “1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. 2. Asimismo, el Fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial”.4. El Acuerdo Plenario N° 3-2012/CJ-116, en su fundamento 11 establece que “…la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339° inciso 1, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo”.5. El artículos 286º del CPP prescribe que “1. El Juez de Inves-tigación Preparatoria dictará mandato de comparencia simple si el Fiscal no requiere la prisión preventiva al término del plazo previs-to en el artículo 266. 2. También lo hará cuando, de mediar requeri-miento fiscal, no concurran los presupuestos materiales previstos en el artículo 268”6. El artículo 80º del CPP al hacer referencia al derecho a la defensa técnica prescribe que “El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de oficio para garantizar la legalidad de una dili-gencia y el debido proceso.”7. Los derechos del agraviado se encuentran restringidos a los regulados en el artículo 95.1º del CPP, en tanto que, el agraviado cons-tituido judicialmente en actor civil se le reconoce extensivamente las facultades generales y adicionales de los artículos 104º y 105º del CPP en la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la in-tervención de su autor o participe, así como acreditar la reparación ci-vil que se pretende, condición que debe ser declarado por el Juez de Investigación Preparatoria previo pedido y audiencia correspondiente formulado antes de la conclusión de la investigación preparatoria8. El artículo 127º, numerales 3º y 4º del CPP prescriben que la primera notificación se hará personalmente en el domicilio real o centro de trabajo, empero, si las partes tienen defensor o apoderado, las noti-ficaciones deberán ser dirigidas solamente a estos, excepto si la Ley o la naturaleza del acto exigen que aquellas también sean notificadas.9. El artículo 6.3º y el artículo 16º, incisos 1º y 2º del Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones bajo las Normas del Código Procesal Penal aprobado por Resolución Administrativa Nº 096-2006-CE-PJ de fecha 28/06/2006 autoriza la notificación por direc-ción electrónica equiparable como domicilio procesal. Así mismo, se in-corpora la notificación por lectura cuando las resoluciones se dicten en

el curso de una audiencia, las cuales serán notificados en forma oral a los asistentes y también se considerarán notificados a aquellos sujetos procesales que hayan sido debidamente citados y cuya concurrencia haya sido ordenada como obligatoria, aunque no concurran a dicha di-ligencia. En este sentido el artículo 109.5º del CPC –aplicable suple-toriamente por remisión del artículo 127.6º del CPP-, establece como deberes de las partes concurrir ante el juez cuando éste los cite, de tal manera que, por regla general la concurrencia a las citaciones judiciales son obligatorias, distinto será que la audiencia para determinados su-puestos legales pueda instalarse válidamente sólo con la presencia de determinados sujetos procesales, a pesar de la ausencia de los demás.10. El articulo 321 del CPP en su inciso 1° prescribe que “La inves-tigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo que permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o participe y de la victima, así como la existencia del daño causado.” Por éstas consideraciones SE RESUELVE,III. PARTE RESOLUTIVA:RECEPCIONAR la comunicación de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria expedida por la Terce-ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, contra JOSEFINA QUISPE DE ATAYUPANQUI, RINA FANY OBREGON ORUE, PRE-SENTACION MOJONERO MURILLO, JESUS TUPACYUPANQUI LIMA, LAZARO QUISPE CANAL, LEONARDA YANQUIRIMACHI DE QUISPE, por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica, sancionado en el primer párrafo del artículo 428 del Código Penal en agravio de Luz Eliana Luyo Chaparro y Regina Elizabeth Luyo Chaparro y el Estado Peruano representado por la Procuraduría del Ministerio de Justicia, y contra JOSEFINA QUISPE DE ATAYUPANQUI, RINA FANY OBREGON ORUE, PRESENTACION MOJONERO MURILLO, JESUS TUPACYUPANQUI LIMA, LAZARO QUISPE CANAL, LEONARDA YANQUIRIMACHI DE QUISPE, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en su modalidad de Estafa, sub tipo Defraudación, sancionado en el Inc. 4 del artículo 197 del Código Penal, en agravio de LUZ ELIANA LUYO CHAPARRO Y REGINA ELIZABETH LUYO CHAPARRO, a efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria asuma competencia material en el proceso.2. IMPONER la medida de COMPARECENCIA SIMPLE a los im-putados, quienes se encuentran obligados a concurrir a las diligencias del proceso en que sea necesaria su presencia, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente por la Policía.3. PRECISAR que el curso de la prescripción de la acción penal no podrá prolongarse mas allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo reco-nocido por la norma penal para el delito materia de investigación en el Despacho Fiscal; dejándose constancia que habiendo formalizado la Investigación Preparatoria, el representante del Ministerio Publico ha perdido la facultad de archivar la investigación sin la intervención del Órgano Jurisdiccional.4. DESIGNAR abogado de oficio, para que asuma la defensa de los imputados JESUS TUPAC YUPANQUI LIMA, LAZARO QUISPE CANAL, LEONARDA YANQUIRIMACHI QUISPE, al haberse advertido que no cuenta con defensa técnica, dejando a salvo el derecho del (los) investigados para sustituirlo por abogado de su libre elección comu-nicándolo en forma inmediata al juzgado, para ello, se notificará a la Coordinadora de la Defensoría Pública en su sede institucional, para que cumpla con lo ordenado, con la designación y el apersonamiento inmediato del defensor público en el plazo de tres días, bajo apercibi-miento de tenerse por designada a la misma.5. COMUNICAR a la parte agraviada que tiene derecho a ser in-formado y escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal siempre que lo solicite al juzgado y solamente tendrá derecho a impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria; así mismo, tiene la facultad de solicitar su constitución en actor civil, con la finalidad de obtener mayores facultades de actuación en el proceso6. PRECISAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal con todo lo que se actúe en la investigación preparatoria, se encuentra dis-ponible en las oficinas de la Fiscalía encargada del caso, para su revi-sión, expedición de copias u otros fines que correspondan.7. ADVERTIR a las partes que los requerimientos y solicitudes se presentan por escrito y deben ser sustentados oralmente en audiencia pública, bajo apercibimiento de declararse inadmisible en caso de in-concurrencia del peticionante en los casos expresamente establecidos por ley.8. EXPLICAR que el desarrollo íntegro de las audiencias judicia-les serán grabados en audio, pudiendo acceder las partes a una copia. La resolución dictada oralmente en audiencia, se entenderá notificada a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan asistido, debiendo redactarse las actas solo como constancias de su desarrollo.

9. ORDENAR a las partes que fijen en autos un domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado, precisándose que las resoluciones escritas en adelante serán notificadas sólo en el domicilio procesal, siendo de su entera responsabilidad la variación del mismo no comu-nicada al juzgado o el fijado fuera del radio urbano, para lo primero se entenderá válida la notificación en el último domicilio fijado en autos y para lo segundo se entenderá efectuada la notificación en el mismo día de expedida la resolución.10. AUTORIZAR a las partes la utilización del correo electrónico para la notificación de las resoluciones, equiparable al domicilio proce-sal, la misma que deberá ser comunicada al juzgado y será excluyente a la notificación por cédula en lo que sea pertinente.11. EXHORTAR al representante del Ministerio Público a efecto de que cumpla con informar a este Despacho Judicial las variaciones de domicilio que realicen las partes procesales, bajo responsabilidad del mismo, de los actos que deriven de la no observancia al presente ítem.12. NOTIFICAR la presente resolución al imputado en su domicilio real y al agraviado en su domicilio real y procesal obrante en autos, y al Ministerio Público en su correo electrónico.13. COMUNICAR al representante del Ministerio Publico que la presente investigación vencerá el VEINTIUNO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, en caso se opte por el plazo ordinario estable-cido en el artículo 342° del Código Procesal Penal, siendo de exclusiva responsabilidad del Ministerio Publico, la observancia del cumplimiento de los plazos. HAGASE SABER.

EDICTO RECTIFICACION ADMINISTRATIVA

En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 09 de julio del 2013, la recurrente NATIVIDAD RIOS CHAUCA, titular de la Partida de nacimiento Nª 1009399326 y, conforme lo establece la Directiva Nª DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa de la omisión de los apellidos maternos de los padres de la titular del acta, consignados como SIMON RIOS y GERTRUDIS CHAUCA, debiendo ser lo correcto y completo como SIMON RIOS LICONA y GERTRUDIS CHAUCA CONTRERAS. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente pu-blicación conforme a Ley.Cusco, 17 de julio del 2013.Silvia Karina Salas LeivaJefe de la Oficina Registral Cusco - RENIECb/v. 290211vez. 19 de julio


En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 02 de julio del 2013, la recurrente MELISSA ROSARIO ACUÑA VELAS-QUEZ, titular de la Partida de nacimiento Nª 1003067337 y, conforme lo establece la Directiva W DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa de la omisión del segundo prenombre de la madre de la titular del acta, consignado como SILVIA VELASQUEZ CONDORI, debiendo ser lo correcto y completo como SILVIA ADELAIDA VELAS-QUEZ CONDORI. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publica-ción conforme a Ley.Cusco, 17 de julio del 2013.Silvia Karina Salas LeivaJefe de la Oficina Registral Cusco - RENIECB/B. 290251VEZ- 19

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado Mixto Espinar, que despacha el Juez Elmer Manuel Ca-lloso Ochoa, en el proceso N° 133-2011-C, se ha resuelto ADMITIR, a trámite en la vía ABREVIADA la demanda interpuesta por Ignacio Cca-pa Choquepuma, SOBRE: Prescripción adquisitiva de dominio del pre-dio Urbano ubicado en el Jirón Bolívar N° 131 del barrio Huarcacanto de la ciudad de Espinar, con un área de 493.37 m2 contra las sociedades conyugales de Eusebio Farfán Pérez y esposa y VíctorTorres Chuctaya y esposa, TRASLADO, a las partes y a todos los que tengan derecho sobre dicho bien inmueble, para que absuelvan la de-manda dentro del plazo de quince días bajo apercibimiento de nombrár-seles curador procesal, PUBLÍQUESE, un extracto de la demanda por tres veces consecutivas en el diario oficial el Peruano y el diario judicial de esta corte superior conforme lo señala el Art. 506 del C.P.C. Hugo Guevara Flores, Esp. Legal. H.S.Espinar, 12 de julio de 2013.B/V. 290243V. 19-22-23 julio

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

DIRECCION DE REGISTRO DE ESTADO CIVILEDICTO MATRIMONIALPRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL:Don: JORGE CCORIMANYA HUAMANIdentificado con DNI. 23847308Estado Civil: SOLTERONatural de: HUAROCONDO - ANTA - CUSCONacionalidad: PERUANAEdad: 51 años:Ocupación: EMPRESARIODomicilio: MESA REDONDA C-1Doña: NELLY ALIRE VALENCIAIdentificada con DNI. 23865977Estado Civil: SOLTERANatural de: CUSCONacionalidad: PERUANAEdad: 41 años:Ocupación: EMPRESARIADomicilio: CALLE MARQUEZ 262Fecha de Matrimonio: 27 DE JULIO DEL 2013.Las personas que conozcan causales de impedimento pueden denun-ciarlos como lo establece el Artículo 253 del código civil, ante la jefatura de los registros de estado civil de esta municipalidadCusco, 12 de julio del 2013Walter Carpio ChávezDirectorb/v 290281vez- 19 jul.

EDICTO JUDICIAL

En el expediente N° 01121-2013-0-1001-JP-CI-04 seguido por RUTH MUÑIZ ARPI sobre RECTIFICACION DE PARTIDA, el señor Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Cusco, Dr. Mario Castilla Huarco, bajo la actuación de la secretaría judicial Juana Paula Huanca Ccapcha; de conformidad al artículo 828 del Código Procesal Civil ha dispuesto se publique los edictos. Auto Admisorio Resolución N° 01Cusco, dieciséis de mayo del dos mil trece, VISTA: LA SOLICITUD ... SE RESUELVE: ADMITIR A TRÁMITE la solicitud presentada por RUTH MUÑIZ ARPI sobre RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO inscrito en el Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago Pro-vincial del Cusco, con número 97, por haberse inscrito el prenombre del padre como YGNACIO cuando lo correcto es IGNACIO MUÑIZ TTITO, en la vía del proceso NO CONTENCIOSO, lo que se publica para los fines de ley.Cusca, 15 de julio del 2013.B/V. 290231VEZ. 19

SUCESION INTESTADA

Conforme al artículo 41 de la Ley N° 26662 Ley de Competencia Nota-rial en Asuntos No Contenciosos, comunico que ante mí: JOHN OLIVE-RA UMERES, Abogado Notario Público de Santo Tomás, de la provincia de Chumbivilcas, del departamento del Cusco, con Oficina Notarial en la calle Cusco N° 203 de Santo Tomás, se ha presentado la Sra. JUANA HUISA GUTIERREZ, presentando la solicitud de Sucesión Intestada del que en vida fuera su señor padre: Don CIPRIANO HUISA ACHINQUI-PA, fallecido el 06 de Agosto de 1,985 en la localidad de Tambo Huan-carama, distrito de LLusco, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco; habiendo tenido su último domicilio en la misma localidad indicada.Lo que se cumple con publicar para que se apersonen quienes se crean tener derecho conforme a ley.San Tomas, 20 de junio del 2013b/v 290271vez- 19 juli

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMBAPATA

EDICTO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DE PARTIDA DE NA-CIMIENTOAnte el Registrador Civil de la Municipalidad Distrital de Combapata, Provincia de Canchis Departamento del Cusco, la señora Catalina Ze-rrillo Cusihuaman, con DNI NQ 24679007, ha solicitado con fecha 09 de Julio del 2013, la rectificación administrativa de su partida de Naci-miento Nª 1603 del libro del año 1941 , debido a que se ha consignado erróneamente y con enmendadora el prenombre y apellido paterno del padre y declarante como Máximo Zerrillo, siendo lo correcto MAXIMO

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 20134 5CERRILLO, de igual manera el apellido paterno en la parte marginal de la titular aparece con-signado en forma errónea como Zerrillo en lugar de Cerrillo, debiendo de figurar de manera correcta y completo como CATALINA CERRILLO CUSIHUAMAN, tanto en el cuerpo como en la parte marginal, se hace esta publicación conforme a lo establecido en el Artículo 73 y 74 del D.S. W 015- 98-PCM.Combapata, 17 de Julio del 2013.Jorge Lozada LauraJefe del Registro Civil.b/v. 290291vez. 19

SUCESION INTESTADA

OLGA ARANA RIVAS con DNI: 23839846 Y JULIA ALEJANDRINA ARANA RIVAS, con DNI: 24966257, vamos a interponer Demanda sobre Sucesión Intestada del que en vida fuera VIC-TOR PERCY ARANA RIVAS, fallecido el 29 de junio de 2013, en el Hospital Regional del Cusco, siendo su ultimo domicilio la calle san Vicente 306 del Cercado del Cusco, departamento del Cusco. Los que crean tener vocación hereditaria podrán apersonarse en el plazo de ley.Cusco, 18 d julio de 2013b/v. 290301vez. 19 de julio

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Juzgado de Paz Letrado del Urcos, que despacha la señora Juez Doctora Marina Hilares Villegas y bajo la actuación de la secretaria judicial Delia Aragón Farfán se tramita el Expediente Nro. 176-2012 seguida por Nicanor Vila Quispe sobre Rectificación de Partida de Nacimiento, afecto de que se adicione en el rubro datos del Padre el apellido materno de su, progenitor “ALVAREZ” así como se adicione en el rubro datos de la Madre el apellido materno de su progenitora “VARGAS”.- Se efectúa la presente publicación a fin de que las partes que tengan interés en el presente, hagan valer su derecho conforme a ley.Urcos, 16 de enero del 2013.b/v. 290311vez. 19 de julio

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Juzgado de Paz Letrado de Urcos, que despacha la señora Juez Doctora Marina Hilares Villegas y bajo la actuación de la secretaria judicial Delia Aragón Farfán se tramita el Expediente Nro. 178-2012 seguida por Saturnino Vila Quispe sobre Rectificación de Partida de Nacimiento, a efecto de que se adicione en el rubro datos del padre el apellido materno de su progenitor “ALVAREZ”, así como se adicione en el rubro datos de la madre el apellido materno de su progenitora “ VARGAS “.- Se efectúa la presente publicación a fin de que las partes que tengan interés en el presente, hagan valer su derecho conforme a ley.Urcos, 16 de enero del 2013.b/v. 290311vez- 19

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Juzgado de Paz Letrado de Urcos, que despacha la señora Juez Doctora Marina Hi-lares Villegas y bajo la actuación de la secretaria judicial Delia Aragón, se tramita el Expediente Nro. 69-2013 seguida por Gregoria Vila Quispe sobre Rectificación de Partida de Nacimiento, a efecto de que se adicione en el rubro datos del padre el apellido materno de su progenitor ALVA-REZ, así como se adicione en el rubro datos de la madre el apellido materno de su progenitora VARGAS.- Se efectúa la presente publicación a fin de que las personas que tengan interés en el presente hagan valer su derecho conforme a ley.Urcos, 26 de junio del 2013b/v. 290311vez. 10 julio

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Juzgado de Paz Letrado de Urcos, que despacha la señora Juez Doctora Marina Hi-lares Villegas y bajo la actuación de la secretaria judicial Delia Aragón, se tramita el Expediente Nª 70-2013 seguida por Santos Luis Vila Quispe sobre Rectificación de Partida de Nacimiento, a efecto de que se adicione en el rubro datos del padre el apellido materno de su progenitora ALVAREZ, así como se adicione en el rubro datos de la madre el apellido materno de su pro-genitora VARGAS.- Se efectúa la presente publicación a fin de que las personas que tengan interés en el presente hagan valer su derecho conforme a ley.Urcos, 26 de Junio del 2013b/v. 290311vez- 19

EDICTO JUDICIAL

Ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, Exp. Civil Nª 00696-2013-0-1001-JP-CI-01, Materia Rectificación de Partida de Nacimiento, bajo la Dirección de la Juez Luz Jannet Cárdenas Esteves, y la actuación del Secretario Judicial Ciro Chuquimago Mamani, don Rene Federico Huacac Huallparaime, viene solicitando la rectificación de su partida de nacimiento, publicación que se realiza de acuerdo a ley.-Wanchaq, 28 de mayo del 2013.b/v. 290311vez. 19


En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 10 de julio del 2013, la re-currente TOMASA HUARHUA CALLAÑAUPA, titular de la Partida de nacimiento Nº1009377106 y, conforme lo establece la Directiva Nº DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa del apellido paterno y la omisión del apellido materno de la madre de la titular del acta, consig-nado como LUISA CAÑALLAUPA, debiendo ser lo correcto y completo como LUISA CALLA-ÑAUPA PILCO. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley. Cusco, 18 de julio del 2013.Silvia Karina Salas LeivaJefe de la Oficina Registral Cusco - RENIEC1v-19-vii-13b/v 29038

EDICTO JUDICIAL

En el proceso Civil Nro. 01570-2013-0-1001-JR-CI-01, ante el Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cusco, que Despacha la Doctora Judit Tacuri Chávez; bajo la actuación de la secretaria ju-dicial Gloria Justina Mora Lovatón, se ha dispuesto la publicación edictal siguiente: Resolución Nro. 01 de fecha diez de julio del año dos mil trece.- Auto admisorio de la Demanda; VISTO (...) Y, CONSIDERANDO ( ... ) SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por EVARISTA CHAVEZ TINTA, sobre RECTIFICACIÓN DE PARTIDA DE NACIMIENTO, debiendo

sustanciarse el trámite de la presente demanda en la vía del PROCESO NO CONTENCIOSO. En atención a lo dispuesto por el artículo 828 del Código Procesal Civil, publíquese el extracto de la presente resolución en el Diario Oficial “El peruano en “El Diario Judicial del Cusco” ... H.S. Cusco, 18 de julio del año 2013.1v-19-vii-13b/v 29036

EDICTO JUDICIAL

Ante el Juzgado Mixto de Anta, despachado por el señor juez Edwin CruzDomínguez, se tramita el Proceso 129 - 2013, SE RESUELVE: ADMITIR la demanda interpues-ta por CIRILO CONTRERAS HUAMAN sobre CAMBIO DE NOMBRE debiendo sustanciarse en la vía del PROCESO ABREVIADO, con CITACION de la Representante del Ministerio Público, efectúese las publicaciones correspondientes, firmando la secretaria judicial por el Señor Juez. H.S. Anta, 16 de julio del 20131v-19-vii-13b/v 29039


En la Oficina Registral de Cusco - RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 01 de julio del 2013, el recurrente BENITO EDGARD PARAVICINO VIZARRETA, padre del titular de la Partida de nacimiento Nº 1009497379 correspondiente a PERCY FRANK PARAVICINO MEDINA y, con-forme lo establece la Directiva Nº DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa de la omisión del primer prenombre y rectificación del segundo prenombre del padre del titular del acta, consignado como EDGAR PARAVICINO VIZARRETA, debiendo ser lo correcto y completo como BENITO EDGARD PARAVICINO VIZARRETA. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley.Cusco, 18 de julio del 2013.Silvia Karina Salas LeivaJefe de la Oficina Registral Cusco - RENIEC1v-19-vii-13b/v 29034

AVISO JUDICIAL

En el Proceso Civil Nro. 01453-2013-0-1001-JP-CI-01, la Señora Juez doctoraGilda A. Zea Nuñez, dispuso la publicación de la solicitud admitida e interpuesta por MARIA-NELLA ANGELA BERNASCONI CILLONIZ, sobre Sucesión Intestada de quien en vida fuera ALBERTO SANTIAGO GUILLERMO MIORI SANZ, fallecido el 21 de marzo del 2013, en la ciudad del Cusco. Se publica a efecto de que tomen conocimiento las personas que tengan interés sucesorio. Cusco, 11 de Junio del 2013.1v-19-vii-13b/v 29033

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO.

AVISO JUDICIALSr: GENARO QUISPE SAPANA.En el Proceso Civil Nro. 2012- 0200, tramitado ante el Juzgado de Paz Letrado de San Sebas-tián, la Señora Juez Marianella Cárdenas Villanueva por Resolución No. 07 del 10 de mayo del 2013, se ha dispuesto se proceda a la publicación de edictos del extracto siguiente, SE RESUELVE ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA, interpuesta por TULA JIHUAÑA GUILLEN en representación de su menor hija Rudy Sharmeli Quispe Jihuaña sobre PRESTACION DE ALI-MENTOS en contra de GENARO QUISPE SAPANA , en la vía del proceso único, se corre tras-lado por el plazo legal. se dispone la publicación de edictos para el emplazamiento de GENARO QUISPE SAPANA ; MEDIOS PROBATORIOS: por ofrecidas las pruebas que se indican, Firmacompleta de la juez. Ronald Bornas Guerra, Secretario. San Sebastián, 03 de junio del 20133v-22-23-24-vii-13b/v 29032

RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO.

Por ante el tercer juzgado de paz letrado del Cusco, que despacha el Dra. Yudit Tacuri Chávez, bajo la actuación de la especialista legal Abog. Atilde Halanoca Puma se viene tramitando el proceso Nº 01376-2013-0-1001-JP-CI-03 seguido por PERCI ROGER LEVITA ROMERO sobre RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, que por error ha sido consignado el nombre de su progenitor como: JAIMES MAMERTO LEVITA QUISPE, siendo lo correcto : MAMERTO LEVITA QUISPE, lo que se tramita en el proceso : No Contencioso, lo que se publica para los fines de ley.Cusco, 08 de julio del 2013.1v-19-vii-13b/v 29026

MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

AUTORIZACION PARA PUBLICACIONN° 009-SGAUR-GDUR-MC-2013.Cusco, 12 de Julio del 2013LA MUNICIPALIDAD DEL CUSCO, A TRAVES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBA-NO Y RURAL Y DE ACUERDO AL DECRETO DE ALCALDIA N° 005-MC-00 SOBRE TITU-LACION INDIVIDUAL EN ASENTAMIENTOS HUMANOS Y/O PUEBLOS JOVENES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO y EN ATENCION A LOS ARTICULOS 12° y 13° DEL MISMO, HACE DE CONOCIMIENTO PUBLICO QUE SE PROCEDERA A EXPEDIR EL TITULO DE PROPIE-DAD (RECTIFICADO) A LOS Srs. PAUL MICHAEL MERCADO SALAZAR, ROSA MERCADO SALAZAR, ANA MERCADO SALAZAR, MARLENY MERCADO SALAZAR, DEL LOTE DE TE-RRENO 14 DE LA MANZANA «H» DEL PUEBLO JOVEN «VIVA EL PERU », DEL DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO. CUALQUIER PERSONA QUE CONSIDERE AMENAZADO O VULNERADO SU DERECHO POR LA PRETENSION DE TITU-LACION MENCIONADA PUEDE PRESENTAR OPOSICION DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A ESTA PUBLICACION, LA OPOSICION SE PRESENTARA POR ESCRITO DEBIENDO SER ACOMPAÑADA NECESARIAMENTE PARA SU ADMISIBILIDAD CON PRUEBA INSTRUMENTAL QUE SUSTENTE LO QUE AFIRMA.Ing. Rossana Velasco GibajaSub Gerente de Administración Urbana Y Rural1v-19-vii-13b/v 29040

SUCESIÓN INTESTADA

ANTE LA NOTARÍA DEL DR. NÉSTOR AVENDAÑO GARCIA, SITA EN LA CALLEAYACUCHO N° 200 DE ESTA CIUDAD, LA SEÑORA: ROSALIA QUISPE DAZA,SOLICITA LA SUCESIÓN INTESTADA, DE QUIEN EN VIDA FUE: VALENTINQUISPE DAZA, FALLECIDO EN ESTA CIUDAD EL DÍA 15 DE MAYO DEL 1984.SE COMUNICA A FIN DE QUE LOS QUE TENGAN VOCACIÓN HEREDITARIA, HAGA USO DE SU DERECHO DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY.CUSCO 16 DE JULIO DEL 2013NESTOR AVENDAÑO GARCIANOTARIO ABOGADO1v-19-vii-13b/v 29041

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO

DIRECCION DE REGISTRO DE ESTADO CIVILEDICTO MATRIMONIALPRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO CIVIL:Don: JAIME MAMANI OLLACHICAIdentificado con DNI. 42309764Estado Civil: SOLTERONatural de: SICUANI - CANCHISNacionalidad: PERUANAEdad: 32 años:Ocupación: EMPLEADODomicilio: JR. CAHUIDE. APV. LOS INCAS X-3.Doña: AYDE HUARAYA CUSIHUAMANIdentificada con DNI. 41361108Estado Civil: SOLTERANatural de: cuscoNacionalidad: PERUANAEdad: 31 años:Ocupación: DOCENTEDomicilio: JR. CAHUIDE. APV. LOS INCAS X-3.Fecha de Matrimonio: 02 DE AGOSTO DEL 2013.Las personas que conozcan causales de impedimento pueden denunciarlos como lo establece el Artículo 253 del Código Civil, ante la Jefatura de los Registros del Estado Civil de esta Muni-cipalidad Cusco, 18 de JULIOdel 2013.Walter Carpio ChávezDirector1v-19-viib/v 29038

EDICTO JUDICIAL

Por ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Wanchaq, bajo el despacho de la señora Juez Dra. Tania Garcia Quispe, y la actuación del Especialista Legal Abog. María Eddie Zulema Villa-rrroel Ccaso, se tramita el proceso Nro. 1518-2013-0-1001-JP-CI-02, solicitada por Valerio Es-calante Puma sobre RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO de su señor padre José Alejandro Escalante donde ha sido consignada erróneamente como “José Alejandro Escalante” siendo lo correcto “José Alejandro Escalante Puma”; la misma que se pone en conocimiento de los interesados, para los fines consiguientes de ley.Cusco, 16 de Julio del 2013.E. Zulema Villarroel CcasoSecretaria.01VZ.19.VII.13B/. 24370

FE DE ERRATAS:

LA PRESENTE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DEBIÓ PUBLICARSE EL 07 DE JULIO. SUBSANAMOS LA OMISIÓN CON LA PRESENTE PUBLICACIÓN QUE CORREPONDÍA AL 07-JUL-2013.CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA “EMPRESA DE TRANSPORTESDORADINO “ S.R.LLA GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DORADINO S.R.L., CON LA FACULTAD CONFERIDA POR EL ART. 12 DE SU ESTATUTO y EN APLICACIÓN DE LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 11.1 y 14 DEL MISMO CUERPO NORMATIVO y CON LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LO DISPUESTO POR EL ART. 294.3 DE LA LEY NRO. 26887 GENERAL. DE SOCIEDADES; CONVOCA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DORADINO, CON LA SIGUIENTE AGENDA, LUGAR Y FECHA:AGENDA:1. DEBATE SOBRE LA RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE Y SUB GERENTE PRESENTADO POR LA GERENTE Y SUB GERENTE EN FUNCIONES2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUB GERENTE DE LA EMPRESA.PRIMERA CONVOCATORIADIA: 13 de julio del 2013HORA: 8.00 a.mLUGAR: Urb. Versalles, calle Juan Pablo II A-18, Distrito de San Jerónimo del Cusco.SEGUNDA CONVOCATORIADIA: 20 -07-2013HORA: 8.00 A.M.LUGAR: Urb. Versalles, calle Juan Pablo 11 A-18, Distrito de San Jerónimo del Cusco.Cusco, 03 de julio del 2013.ALEJANDRINA ALVAREZ DE LOZANOGERENTE03VZ.05.06.07.VII.13B/. 24280

AVISO DE TRANSFORMACIÓN

MEDIANTE ACTA DE FECHA 15-07-2012, LA EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OS.MA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HA ACORDADO LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OS.MA EMPRESA INDIVI-DUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA A CONSTRUCTORA INMOBILIARIA OS.MA SO-CIEDAD ANÓNIMA CERRADA.LA GERENCIA.03VZ.19.25.31.VII.13B/. 24372


En la Oficina Registral de Cusco -RENIEC, con Solicitud S/N de fecha 02 de julio del 2013, la re-currente MARIA ANTONIETA ROMAN VENERO DE PACHECO, hija de la titular de la partida de Defunción N° 5000162397 correspondiente a JULIA ASENCIA VENERO CAPARO DE ROMAN y, conforme lo establece la Directiva N° DI 263-GRC/017, solicita la Rectificación Administrativa de la supresión del segundo prenombre de la titular del acta, consignado como JULIA ASENCIA VENERO CAPARO DE ROMAN, debiendo ser lo correcto como JULIA VENERO CAPARO DE ROMAN. Por lo que de conformidad a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-98-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley.Cusco, 09 de julio del 2013.Silvia Karina Salas LeivaJefe de la Oficina Registral Cusco – RENIEC01VZ.19.VII.13B/. 24349

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE PARTIDA DE NACIMIENTOAnte la Oficina del registro Civil de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se presento

Yolanda Mamani Anccalle, solicitando la rectificación administrativa del acta de nacimiento de su menor hijo Joel Joseph Chino Mamani, y conforme establece la directiva 263-GRC/017, debido a que se ha registrado incorrectamente el apellido materno de la madre como “Anccalla”, debiendo ser correctamente, “ANCCALLE”, así como se ha omitido la salvedad de dato por enmendadura en el apellido materno del progenitor debiendo ser correctamente “LUQUE”; Se hace esta publicación, conforme a lo establecido en el Articulo 73 y 74 del D.S. Nº 015-98-PCM.San Sebastián, 18 DE JULIO DEL 2013.Econ. María Antonieta Gallegos ÑaupacJefa del registro civil.01VZ.19.VII.13B/. 24371

MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN

OFICINA DE REGISTRO CIVILAVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DEPARTIDA DE NACIMIENTOEn la Oficina Registro Civil de la Municipalidad Provincial de La Convención, Distrito de Santa Ana, de la provincia de La Convención, departamento y región del Cusco, con solicitud s/n de fecha 21 de Junio del 2013, el recurrente don PEDRO MIGUEL CASTRO CAVIEDES, identi-ficada con DNI. Nº 45354567, y, conforme lo establece la Directiva N°263-GR/017, solicita la Rectificación Administrativa de su partida de nacimiento, en cuanto a la omisión del segundo prenombre del progenitor “BRAULIO CASTRO CHACON” debiendo consignarse correcta-mente y completo BRAULIO LUDGERIO CASTRO CHACON.Por lo que de conforme a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-96-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley.Quillabamba, 03 DE JULIO DEL 2013Sra. Juana Atauchi CusihuallpaJefe de Registro Civil.01VZ.19.VII.13B/. 24374


OFICINA DE REGISTRO CIVILAVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DEPARTIDA DE NACIMIENTOEn la Oficina Registro Civil de la Municipalidad Provincial de La Convención, Distrito de Santa Ana, de la provincia de La Convención, departamento y región del Cusco, con solicitud s/n de fecha 08 de Julio del 2013, el recurrente don MANUEL CUSIHUALLPA SALAZAR, identifi-cada con DNI. Nº 24994487, y, conforme lo establece la Directiva N°263-GR/017, solicita la Rectificación Administrativa de su partida de nacimiento, en cuanto a la omisión del apellido paterno y materno del titular, en el cuerpo principal del acta, en el rubro llamado…debiendo figu-rar correctamente como MANUEL CUSIHUALLPA SALAZAR, asimismo se rectifica la omisión de los apellidos materno de sus progenitores en loe rubros Don.. y Declarante… AMPUERO – CENTENO, debiendo figurar correctamente como: MANUEL SILVESTRE CUSIHUALLPA AMPUERO y doña VICTORIA SALAZAR CENTENO.Por lo que de conforme a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-96-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley.Quillabamba, 10 DE JULIO DEL 2013Sra. Juana Atauchi CusihuallpaJefe de Registro Civil.01VZ.19.VII.13B/. 24374


OFICINA DE REGISTRO CIVILAVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DEPARTIDA DE NACIMIENTOEn la Oficina Registro Civil de la Municipalidad Provincial de La Convención, Distrito de Santa Ana, de la provincia de La Convención, departamento y región del Cusco, con solicitud s/n de fecha 08 de Julio del 2013, el recurrente don EUSMAN CUSIHUALLPA SALAZAR, identifi-cada con DNI. Nº 23992357, y, conforme lo establece la Directiva N°263-GR/017, solicita la Rectificación Administrativa de su partida de nacimiento, en cuanto a la omisión del apellido pa-terno y materno del titular, en el cuerpo principal del acta, en el rubro llamado…debiendo figurar correctamente como EUSMAN CUSIHUALLPA SALAZAR, asimismo se rectifica la omisión de los apellidos materno de sus progenitores en loe rubros Don.. y Declarante… AMPUERO – CENTENO, debiendo figurar correctamente como: MANUEL SILVESTRE CUSIHUALLPA AMPUERO y doña VICTORIA SALAZAR CENTENO.Por lo que de conforme a lo estipulado en el Art. 73 del Decreto Supremo 015-96-PCM, se realiza la presente publicación conforme a Ley.Quillabamba, 10 DE JULIO DEL 2013Sra. Juana Atauchi CusihuallpaJefe de Registro Civil.01VZ.19.VII.13B/. 24374

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

AVISO DE RECTIFICACION ADMINISTRATIVA DEPARTIDA DE NACIMIENTOEn la oficina de Registro de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago - Cusco Con Expediente N° 7990 de fecha 18-07-2013 Ha solicitado el(la) ciudadano(a) ALCIDES CUSI-HUAMAN AUCACUSI la RECTIFICACION ADMINISTRATIVA, de la partida N° 2864, del libro de Nacimiento del año 1982, Registrado en la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Santiago, en el que existe error en el rubro nombre del titular y progenitora (SE-GUNDO APELLIDO Y PRIMER APELLIDO), en la parte marginal y principal del acta, debiendo consignarse correctamente como AUCCACUSI, respectivamente.Lo que se hace de conocimiento Público a fin de que las personas que resulten perjudicadas por la rectificación, puedan formular oposición dentro de los 15 días siguientes a la publicación, conforme al Art, 74 del D.S.015-98-PCM ante esta Municipalidad.Lo que se da cumplimiento al Art. 73 del D.S.015-98-PCM, para sus fines. Santiago, 18 de Julio del 2013.Roberto Villa MendozaRegistrador.01VZ.19.VII.13B/. 24373

EDICTO DE PROCESO NO CONTENCIOSO.

Expediente N° 2013- 311, tramitado ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de La Convención, que despacha la Dra. Ana Cecilia Sotomayor tejada, en los seguidos por Yanet Laura Salas en representación de sus hijos Mariangel Begonia y Aaron Ismael Miranda Laura sobre Sucesión Intestada, de quien en vida fue Sansui Miranda Calle. ha resuelto lo siguiente: Yanet Laura Salas, en representación de sus hijos Mariangel Begonia y Aaron Ismael Miranda Lauro, solicita el inicio del Proceso Sucesorio de Sansui Miranda Calle, fallecido el uno de enero del año dos mil trece, a fin de Que se declare romo herederos a Mariangel Begonia y Aaron Ismael Miranda Laura. Por tanto se resuelve ADMITIR. a trámite en el vía del proceso NO CONTENCIOSO. la demanda de SUCESION INTESTADA. incoada por Mariangel Begonia y Aaron Ismael Miranda Laura. PUBLIQUESE un extracto de la solicitud en el Diario judicial el Cusco, Municipalidad Pro-

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 20136 7vincial de la Convención y Gobématura del distrito de Santa Ana, por el plazo de ley, así mismo CURCESE, los partes pertinentes a LA Oficina de Registral de esta ciudad. para la anotación de la presente solicitud en el Registro de Sucesión Intestada y en el de Mandatos y PoderesQuíllabamba, 10 de julio de 2013.01VZ.19.VII.13B/. 24374

AVISO DE REDUCCION y AUMENTO DE CAPITAL

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 217 de la Ley General de Sociedades, se in-forma que por Junta General extraordinaria de fecha 26 de junio del 2013, la junta General extraordinaria de la Empresa de Transportes EXPRESO SAN JERONIMO S.R.L., acordó REDUCIR su capital social de la suma de S/.5,145.00 nuevos soles a la suma de S/.3,999.00 nuevos soles por EXCLUSION de los socios Nestor Zuñiga Ccorimanya, Calixto Coanqui Quis-pe, Jorge Atayupanqui Florez, Ruben Arriaga Esquivel, Donato castillo Estrada, Pedro Adolfo Ciprian Usca, Apolinar Mozo Bellota, Jesús Abarca Licuona, Zenon Inca Monzon, Sergio Capa-ro Flores, Paulino Hector Ciprian Usca y Donato Palomino Soto; por la misma Junta General se acordó realizar el AUMENTO de capital de S/.3,999.00 nuevos soles a S/.187,500.00 nuevos soles por inclusión de nuevos socios: Eugenio Arotaype Peralta, Jorge Rolando Huilcahuaman Huillcahuaman, Nemesio Flores sicos, Gerardo Rolando Ito Quispe, Francisco Choque Fer-nández, Florencio Barreto Flores y Georgina Yuca Caballero; y nuevos aportes de los socios: Nicanor Romoacca Atayupanqui, Enrique Vallenas Ccorimanya, Basilio Choque Fernández, Percy Felipe Gongora Luna, Libia Cusirimay Mamani, Daniel Julio Quispe Nina, Julio Ninancuro Quispesucso, Washington Hilaquita Cruz. Se realiza la presente publicación para fines de ley.Cusco Julio del 2013LA GERENCIAPERCY FELIPE GONGORA LUNA03VZ.13.19.25.VII.13B/. 24324

EDICTO

Causa N° 01756-2010, seguido por ROSA ROMERO DE LEVITA contra NILDA TERESA GA-RATE FLORES sobre REIVINDICACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, se ha expedido “Resolución 02.- Cusco, Trece Diciembre Dos Mil Diez.--- AUTOS Y VISTOS ( ... ), SE RESUELVE: ADMITIR en la vía del PROCESO DE CONOCIMIENTO la demanda interpuesta por ROSA ROMERO DE LEVITA contra NILDA TERESA GARATE FLORES sobre REIVINDICACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS; en consecuencia córrase traslado a la demandada por el plazo de TREINTA DIAS ( ... ) H. S”.- Fdo. Leoncio Martiarena Gutiérrez Juez.- Jorge Montesinos Pezo Especialista.”.------ “Resolución 30.- Cusco, veintiuno Junio dos mil trece.-( ... ) Estando a la declaración juratoria de no conocer el domicilio real de la Litis consorte FANI LUCRECIA FLORES CALDERON: NOTIFIQUESELE mediante edictos con el auto admisorio( ... ) a fin de que se apersone en autos y señale domicilio procesal dentro del plazo de VEINTICINCO DIAS, bajo apercibimiento designarse CURADOR PROCESAL.- H.S.-” Firma sello Sandra Contreras Campana -Juez.- Boris Santos de la Gala -Especialista Legal.-Cusco, 09 Julio 2013.3v-15-19-25- vii-13b/v 28953

EDICTO JUDICIAL

Expediente N° 01623-2013-0-1001-JR-CI-01, ante el Primer Juzgado Civil delCusco, que Despacha la Doctora Sandra Contreras Campana; bajo la actuación del Especia-lista Legal Elmer Canal Yépez, se ha dispuesto la publicación del extracto de la demanda DE-MANDA: Salustio Armandado Pinto Cabrera (debiendo entenderse como Salustio Armando), y Livia Rozas Gayoso de Pinto, formulan demanda de prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble lote de terreno ubicado en el sector denominado Miscapampa, comprensión del dis-trito de San Jerónimo, departamento del Cusco; Resolución Nro. 03.- Cusco, 04 de julio del dos mil trece.- ( ... ) ADMÍTASE a trámite la demanda interpuesta por SALUSTIO ARMANDO PINTO CABRERA Y LIVIA ROZAS GAYOSO DE PINTO, contra MELCHORA SOTA CCAYAHUALLPA, LA SUCESIÓN DE JUAN CLIMACO PRADA TORRES representada por sus hijos declarados herederos JUAN CARLOS PRADASOTA Y MARTHA BEATRIZ PRADA GARRIDO, Y CARMEN ROSA PRADAGARRIDO, sobre Prescripción Adquisitiva de dominio de bien inmueble lote de terreno ubicado en el sector denominado Miscapampa, comprensión del distrito de San Jerónimo; con citación de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, Yeny William Mendoza Quiñónez, y Mariano Sin-chi. ( ...) PUBLIQUESE el extracto de la demanda por tres veces, con intervalo de tres días, en la forma prevista en los Artículos 167 y 168, en el diario judicial del Cusco, y el diario El Peruano. ( ... ) H.S. Lo que se publica para los fines de ley.3v-15-19-25-vii-13b/v 28950

EDICTO JUDICIAL

En el proceso Civil Nro. 01238-2013-0-1001-JR-CI-01, ante el Primer Juzgado Civil del Cusco, que Despacha la Doctora Sandra Contreras Campana; bajo la actuación del Especialista Legal Elmer Canal Yépez, se ha dispuesto la publicación edictal siguiente DEMANDA: Amelia Del Mar Torres interpone demanda de prescripción adquisitiva de dominio de la unidad vehicular mar-ca Volkswagen, con placa de rodaje JI-9157, modelo 1300, color Celeste, año de fabricación 1977, número de serie de motor PS-458380; y la Resolución N° 01 ... ADMÍTASE a trámite la demanda interpuesta por AMELIA DEL MAR TORRES, (contra MARIANELA ARDILES FER-NÁNDEZ, sobre PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO DE UNIDAD VEHICULAR (... ) D. PUBLIQUESE el extracto de la demanda por tres veces, con intervalo de tres días, en la forma prevista en los Artículos 167 y 168, en el diario judicial del Cusco, y el diario El Peruano. Lo que se publica para los fines de ley.Cusco, 11 de Julio de 2013.3V-15-19-24-28944

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

De conformidad con la Ley N° 27333, concordante con el Art. 504º Y siguientes del C.P.C ante mí, G. Abad Olaguibel Olivera, Abogado, Notario de la Provincia de Urubamba, con oficina en el Jr. Palacio N° 515, del distrito y provincia de Urubamba, departamento del Cusco, se presentó la sociedad conyugal conformada por don SILVERIO UCHUPE CUSIHUAMAN y doña JULIA FLOREZ DURAN, solicitando, Prescripción Adquisitiva de Dominio del predio urbano signado como Lote S/N del Sector Pisonayniyoc, del distrito y provincia de Urubamba, departamento de Cusco, el mismo que cuenta con un área de 433.18 m2. (CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO DIECIOCHO METROS CUADRADOS), siendo sus linderos y medidas perimétricas las siguientes: FRENTE, colinda con la Calle Pisonayniyoc, en línea recta con 8.95 m.; por el FON-DO, colinda con la propiedad de la sociedad conyugal conformada por William James Cottle y Elizabeth Ann Gray Edgar de Cottle, en línea recta con 9.30 m.; por la DERECHA ENTRANDO, colinda con la propiedad del señor Mario Flores Huscamayta, en línea quebrada de dos tramos de 22.97 m. y 23.79 m., que hacen un total de 46.76 m.; y por la IZQUIERDA ENTRANDO, colinda con la propiedad de la sociedad conyugal conformada por William James Cottle y Eli-zabeth Ann Gray Edgar de Cottle, en línea quebrada de seis tramos de 3.31 m., 14.40 m., 8.48 m., 5.90 m., 7.40 m., y 7.55 m., que hacen un total de 47.04 m. Haciendo un perímetro total de 112.05 m. Lo que se comunica para los fines de leyUrubamba, 17 de Junio de 2013.G. Abad Olaguibel OliveraNotario

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CUSCOPODER JUDICIAL

NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENALRELACIÓN DE AUDIENCIAS 19 DE JULIO DEL 2013

HORA N° DE EXPEDIENTE AUDIENCIA DELITO IMPUTADO AGRAVIADO LUGAR MAGISTRADO

INICIO TERMINO

1 09:01 09:59 00046-2012-22 AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Falsificación de documentos.

ACHAHUI CAMPOS CRISTOBAL QUISPE CCAHUA MARIA 10MA SALA DE

AUDIENCIAS PENALIGNACIO ORTEGA

MATEO,

2 10:01 11:14 01498-2012-0- AUDIENCIA DE QUERELLA Difamación

QUERELLADO (MACUTELA HUAMAN

GLORIA)

QUERELLANTE (CHAVEZ MONGE MARIA

VICTORIA)

1RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

EDWIN DEL POZO CONDORI


Lesiones graves por violencia familiar

MESTAS NEYRA GLICERIO ELOY

HONORIO

SIERRA GUTIERREZ AGUSTINA MARINA


CARLOS FRISANCHO ENRIQUEZ


Omisión de asistencia familiar

CONDO TACURI NICOMEDES

LUIS ANGEL CONDO CASTILLA Y LOS

MENORES DE INCIALES YCC Y NACC


MIGUEL ANGEL CASTELO ANDIA,



PALACIOS MALMACENA JORGE ASUNCION

EL MINISTERIO DE CULTURA

REPRESENTADA POR EL PROCURADOR AD

HOC





PEREZ INCA JORGE RAUL

HUAMAN VARGAS ZORAIDA Y OTRO



7 08:10 08:59 01265-2011-65 APELACION DE AUTOS Hurto agravado. ACUÑA PUMACAYO

PRISCA MELINA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

DE QUILLABAMBA QUILLACOOP

1RA SALA PENAL DE APELACIONES

LUIS ALFONSO SARMIENTO

NUNEZ,MARIO HUGO SILVA ASTETE -ROCIO SOLEDAD CACERES

PEREZ,

8 09:00 09:15 00387-2012-33 APELACION DE SENTENCIAS Lesiones culposas CHOQUE ALANOCA

FRANCISCOZEA ALVAREZ LUIS

ALBERTO1RA SALA PENAL DE

APELACIONES



PEREZ,

9 09:16 10:00 01509-2012-15 APELACION DE AUTOS Robo Agravado HUAMAN AYERME

ANDRESCUSIHUALLPA MOLINA

ESTELA1RA SALA PENAL DE

APELACIONES



PEREZ,

10 15:30 16:25 00120-2012-49 AUDIENCIA Prevaricato FARFAN MERCADO VICTOR ANDRES

EL ESTADO PROCURADOR

PUBLICO DE ASUNTOS JUDICIALES DEL

MINISTERIO PUBLICO

1RA SALA PENAL DE APELACIONES

ROCIO SOLEDAD CACERES PEREZ

11 08:30 10:00 00673-2013-0- AUD. CONTROL DE LA ACUSACION


JIMENEZ CALDERON ELOY ALBERTO

JIMENEZ CUNTO RUBY ALEXANDRA

2DA SALA DE AUDIENCIAS PENAL EDWIN PAZ CARPIO

12 10:30 12:00 01668-2011-0- AUDIENCIA Lavado de Activos ALVITES MENDOZA MAURO JESUS

EL ESTADO REPRESENTADO POR

LA PROCURADURIA ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESOS

2DA SALA DE AUDIENCIAS PENAL EDWIN PAZ CARPIO

13 10:30 11:00 01092-2011-80 APELACION DE AUTOS Lesiones culposas SANTA CRUZ JORGE

RICARDODEL SOLAR VALENCIA

GUSTAVO2DA SALA PENAL DE

APELACIONES

URIEL BALLADARES APARICIO,ELIZABETH

GROSSMANN CASAS,FANY ANDRADE

GALLEGOS -,

14 11:01 11:55 01604-2011-87 APELACION DE SENTENCIAS Daño agravado LLOCLLE HOLGADO

CRISOLOGOMANRRIQUE ESTRADA

JORGE LUIS2DA SALA PENAL DE

APELACIONES



GALLEGOS -,

15 15:30 16:30 00120-2012-49 AUDIENCIA Prevaricato FARFAN MERCADO VICTOR ANDRES

EL ESTADO PROCURADOR

PUBLICO DE ASUNTOS JUDICIALES DEL

MINISTERIO PUBLICO

2DA SALA PENAL DE APELACIONES

URIEL BALLADARES APARICIO,ROCIO FANY ANDRADE

GALLEGOS,ROCIO SOLEDAD CACERES

PEREZ



JERI JERI MANUEL IRVING

EMPRESA SOLUCIONES Y CELEBRACIONES

EIRL REPRESENTADO POR CARLOS ENRIQUE

ARAUJO JIMENEZ

3RA SALA DE AUDIENCIAS PENAL ROGER JIMENEZ LUNA

17 10:01 11:30 01033-2012-35 AUD. CONTROL DE LA ACUSACION Robo Agravado TORRES HUISA EMIL APARICIO CABRERA

URIEL CADIER3RA SALA DE

AUDIENCIAS PENAL ROGER JIMENEZ LUNA


Omisión de asistencia familiar LUZA QUISPE OMAR MENOR DE INICIALES

SMLC 3RA SALA DE


19 14:00 14:55 00225-2012-73

RESOLVER INCIDENTES

DERIVADOS DE LA EJECUCION

PENAL

Peculado doloso RODRIGUEZ ARTEAGA RITA ELVIRA ESTADO 3RA SALA DE


20 08:00 09:00 01436-2012-0- AUDIENCIA DE QUERELLA Calumnia

QUERELLADO (RODRIGUEZ PANTANI

PATTY)

QUERELLANTE (CALLAÑAUPA

ESCOBAR JUAN MANUEL)

4TA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

MIGUEL ANGEL CASTELO ANDIA,

21 08:00 08:59 01362-2012-3- AUDIENCIA DE JUICIO ORAL

Rehusamiento del funcionario o servidor

público a entregar bienes en custodia.

CAMPOS MENDOZA DE ROZAS ISIDORA EVA

EL ESTADO PERUANO REPRESENTADO POR

LA PROCURADURIA PUBLICA

ANTICORRUPCION


MARINA INES SUPANTA CONDOR,IGNACIO

ORTEGA MATEO,CARLOS

FRISANCHO ENRIQUEZ,

03VZ.15.19.25.VII.13B/. 24202

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

De conformidad con la Ley N° 27333, concordante con el Art. 504º Y siguientes del C.P.C ante mí, G. Abad Olaguibel Olivera, Abogado, Notario de la Provincia de Urubamba, con oficina en el Jr. Palacio N° 515, del distrito y provincia de Urubamba, departamento del Cusco, se presentó la sociedad conyugal conformada por RUBEN BALLON MASIAS y EMPERATRIZ GUZMAN FIGUEROA, solicitando Prescripción Adquisitiva de Dominio del predio ubicado en la Av. 09 de Noviembre S/N (Pasaje), del distrito y provincia de Urubamba, departamento de Cusco, el mismo que cuenta con un área de 296.59 m2. (DOSCIENTOS NOVENTA y SEIS PUNTO CIN-CUENTA y NUEVE METROS CUADRADOS); Y sus linderos y medidas perimétricas son las siguientes: por Frente, colinda con el Pasaje de uso común, que da a la Av. 09 de Noviembre, en línea recta, con 15.30 m.; por la Derecha entrando, colinda con el Lote 8 de propiedad de la señora Teofila Zanabria Abarca, con 19.30 m.; por la Izquierda entrando; colinda con el Lote 4 de propiedad del señor Gregorio Solorio Cardenas, con 19.30 m. y por el Fondo, colinda con el Lote 5 de propiedad del señor Fausto Allende Vargas, con 15.36 m. Haciendo un perímetro de 69.32 m. El predio a prescribir se encuentra sobre parte de otro predio de mayor extensión inscrito en la Partida 02034101 del Registro de Predios de la Zona Registral N° X, Sede Cusco, apareciendo como titular registral Efrain Escobar Alegria, de quien se desconoce su domicilio. A quienes se emplaza y a todo aquel que tenga derecho sobre esta propiedad, para hacer valer su derecho conforme a Ley.Urubamba. 19 de Junio de 2013.G. Abad Olaguibel OliveraNotario03VZ.15.19.25.VII.13B/. 24202

EDICTO JUDICIAL

Ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil del Cusco, despachado por el Juez John Aleck Alfaro Tupayachi, se tramita el Proceso Civil Nro. 01516-2013-0-1001-JR-CI-3 seguido por Mar-tha Ccorimanya de Quispe, contra Hernán Cordova Carreño y otros, sobre Rectificación de Áreas y linderos, en el que se ha dictado la Resolución Nro. 02 de fecha 15 de mayo de 2013 en el que se dispone “ ... ADMITIR A TRÁMITE la demanda interpuesta por MARTHA CCORIMAN-YA DE QUISPE, sobre RECTIFICACIÓN DE AREAS y LINDEROS, contra EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO, Policarpo Ccorimanya Zuñiga, debiendo de tramitarse bajo los mecanismos del proceso ABREVIADO, en consecuencia, córrase traslado a la parte demandada por el término de diez días, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Téngase por ofrecidos los medios probatorios queindica, los cuales serán admitidos y actuados en la oportunidad procesal correspondiente. Con-forme a lo establecido por el artículo 506 del Código Procesal Civil, efectúese las publicaciones de un estracto de la presente por el término de tres días con intervalo de tres días, en el diario oficial El Peruano y el diario judicial de este distrito judicial,”- Fdo Juez AlfaroTupayachi. Cusco, 04 de julio de 20133v-9-15-19-vii-13b/v 28849

EDICTOS

EXPEDIENTE: 00111-2013-Q-1001-JR-CI-04.- En lo seguidos por Francisco Ttito Jancco, so-bre Prescripción Adquisitiva, con Juana Kcanchi Puma, tramitado por el Cuarto Juzgado Civil del Cusco, Despachado por la Juez Dra. Fanny Lupe Pérez Carlos, se ha dispuesto la publi-cación de lo siguiente:EXTRACTO DE DEMANDA:Francisco Ttito Jancco y Macaria Rojo de Ttito, interponen la demanda de Prescripción Adqui-sitiva de Propiedad contra Tomas Rojo Quispe y Juana Kcanchi Puma, para que se les declare propietario del lote A-1 de la Urbanización los Sauces de la Pradera ubicado en el Distrito de San Sebastián , Provincia y Departamento del Cusco, de un área de 289.67 M2, perímetro 70.87ml , cuyos linderos son los siguientes: POR EL FONDO( NORTE): Limita con la propiedad de Francisco Ramos Ccasa en línea quebrada de dos tramos haciendo un total de 15.80ML.; POR EL FRENTE( SUR): Limita con la Prolongación Avenida de la Cultura en línea recta con una longitud de 10.10ml., de propiedad de Juana Damacenas Quispe, en línea recta con 18.28; POR la DERECHA ( ESTE) , Limita con el pasaje San Luis, en línea recta con una longitud de 21.62ml, POR la IZQUIERDA( OESTE), colinda con un área de recreación con 17.20ml y la propiedad del señor Demetrio Santos Condorhuacho en línea recta con 61.5ml, haciendo un total de 11.90ml-Resolución Nro. 02 Cusco, cuatro de Marzo del 2013.- (…),VISTO:; y, CONSIDERANDO: (…)- SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda interpuesta por FRANCISCO TTITO JANCCO, con TOMAS ROJO QUISPE y JUANA KCANCHI PUMA, CON CITACIÓN DE LOS COLINDANTES DEMETRIO SANTOS CONDORHUACHO, FRANCISCO RAMOS CCASA y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, sobre PRESCRIPCION ADQUISITI-VA DE PROPIEDAD; en la vía del PROCESO ABREVIADO, confiérase traslado al demanda-do por el término de DIEZ DIAS (...) y conforme a lo dispuesto por el artículo 506 del Código Procesal Civil, publíquese un extracto de la demanda y auto admisorio por tres veces con inter-valos de tres días, en la forma prevista por el Art. 167 y 168 del C.P.C(...).- H.S.. Media firma de la Jueza Fanny Lupe Pérez Carlos, Especialista Legal E. Lía Ccarhuarupay Bejar.Cusco, 19 de Junio03VZ.17.19.22.VII.13B/. 24356

EDICTO JUDICIAL

Ante el Primer Juzgado Mixto de Sicuani, a cargo de la señorita Juez titular doctora Liliam Sele-ne Monasterio Alarcón y, bajo la actuación de la Secretaria Judicial Sofía Ríos Quiroz, se viene tramitando el proceso contencioso N° 00023-2013-0-1007 -JM-CI-01, la solicitud presentada por Norberto Ramos Gonzáles, sobre Ineficacia de Acto Jurídico, se ha dispuesto la publicación de Edictos, siendo el contenido de la resolución NÚMERO DOS de fecha seis de marzo del año dos mil trece, en forma sumillada el siguiente SE RESUELVE: ADMITIR a trámite en la vía del PROCESO DE CONOCIMIENTO la demanda interpuesta por NORBERTO RAMOS GONZÁ-LES Apoderado de Angélica Gonzáles de Ramos Sobre INEFICACIA DE ACTO JURIDICO de compra venta y de la Escritura Pública que lo contiene en fecha 15 de febrero de 1999 contra la sucesión hereditaria de quien en vida fue don ANASTACIO RAMOS PINTO, cónyuge AN-GÉLICA GONZÁLES DE RAMOS, hijos PETRONILA RAMOS GONZÁLES, EMILIA IRENE RAMOS GONZALES Y DANIEL RAMOS GONZÁLES y compradores VICTOR PATRICIO CARY HUARCA y esposa EMILIA IRENE RAMOS GONZALES; en consecuencia CÓRRASE TRASLADO a los demandados por el plazo de TREINTA DÍAS improrrogables, bajo aperci-bimiento de declarárseles rebeldes. A LOS MEDIOS PROBATORIOS: Téngase por ofrecido los medios probatorios de la recurrente, los que serán merituados en su oportunidad procesal. MAS DICE: Agréguese a sus antecedentes los anexos que acompaña. OTROSI DIGO: Con-forme establece el artículo 161 y 165 del Código Procesal Civil, Notifíquese mediante edictos a DANIEL RAMOS GONZALES y a la sucesión del que en vida fue don ANASTACIO RAMOS PINTO, para lo cual publíquese el extracto del Auto Admisorio de la demanda en el diario oficial el Peruano y el de mayor circulación de la ciudad.Sicuani, 15 de Julio del 2013.Sofía Ríos QuirozSecretaria.03VZ.17.19.23.VII.13B/. 24348

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 20138 922 09:00 10:00 00232-2013-75 AUDIENCIA DE

JUICIO ORAL

Violación sexual de Menor ( entre 14 años y menos de 18 años)

CHALCO ARIZABAL ROLANDO ALEJANDRO

MENOR DE INICIALES SYVM


MIGUEL ANGEL CASTELO

ANDIA,MARINA INES SUPANTA

CONDOR,EDWIN DEL POZO CONDORI

23 08:30 11:00 00609-2012-22 AUD. CONTROL DE LA ACUSACION

Lesiones leves por Violencia Familiar

HUALLPA GARCIA PABLO WILBER

TARAPAQUI ÑAHUI LUISA


DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA


Lesiones leves por Violencia Familiar

CONDORI JOYAS CELSO

CONDORI JOYAS NATALIA JUANA



25 16:31 17:30 00895-2013-63

DETERMINAR PROCEDENCIA

DE PRISION PREVENTIVA

Violación de la libertad sexual (Agravante:

a mano armada, con el concurso de más de dos personas,

prevalencia de posición, etc).

OJEDA SUCA EMILIANO MENOR DE INICIALES RMMC



26 08:30 10:00 00781-2013-22

CONFIRMACION DE MEDIDAS

RESTRICTIVA YA EJECUTADAS

Tráfico ilegal de productos forestales

maderables

HUARACC QUISPE CLARA


EL PROCURADOR PUBLICO DEL

MINISTERIO DEL AMBIENTE

7MA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

REYNALDO OCHOA MUÑOZ

27 10:01 11:30 01224-2012-46 AUD. CONTROL DE LA ACUSACION Robo Agravado VILLANTOY CALDERON

JOSE MANUELCONDE QUISPE

OCTAVIO7MA SALA DE

AUDIENCIAS PENAL REYNALDO OCHOA

MUÑOZ

28 11:35 13:00 00758-2013-0- AUD. CONTROL DE LA ACUSACION Lesiones graves VARGAS VICTORIO

JULIOVARGAS ENRIQUEZ

FREDY7MA SALA DE

AUDIENCIAS PENAL REYNALDO OCHOA

MUÑOZ

29 08:30 10:00 00892-2013-31 AUDIENCIA Contrabando OVIEDO DELGADO EMETERIO

EL ESTADO REPRESENTADO POR LA SUNAT ADUANAS

8VA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

LUZ MARINA MERMA DELGADO,

30 10:01 11:30 00480-2012-27

PRELIMINAR PARA DEBATIR LOS

FUNDAMENTOS DEL PEDIDO DE

SOBRESEIMIENTO

Lesiones culposas ARREGUI CORNEJO ERNESTO MANTILLA QUISPE RAUL 8VA SALA DE

AUDIENCIAS PENAL LUZ MARINA MERMA

DELGADO,


Violencia contra la autoridad para impedir

el ejercicio de sus funciones.

FIGUEROA OVIEDO JOEL

EL ESTADO REPRESENTADO POR LA POLICIA NACIONAL

DEL PERU

8VA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

LUZ MARINA MERMA DELGADO,



PAREDES QUISPE VALENTIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

WANCHAQ REPRESENTADO POR

SU PROCURADOR PUBLICO CRISTIAN F

NEGRON PERALTA

9NA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS,

33 09:00 10:30 00689-2013-22 AUDIENCIA Microcomercialización o microproducción.

MAMANI CUBA SERGIO WALDIR


EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE

9NA SALA DE AUDIENCIAS PENAL

ANIBAL ABEL PAREDES MATHEUS,

34 ## ## 199-2011 AUDIENCIA Incumplimiento de deberes funcionales

ALFARO AUCCA CRAYLA Y OTROS EL ESTADO 9NA SALA DE

AUDIENCIAS PENALANIBAL ABEL PAREDES

MATHEUS,

35 14:00 14:59 00545-2013-74

RESOLVER PEDIDO DE

CONSTITUCION EN ACTOR CIVIL

Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de

drogas.

VILA SAMANIEGO CARLOS FELIPE EL ESTADO 9NA SALA DE

AUDIENCIAS PENALANIBAL ABEL PAREDES

MATHEUS,

36 08:30 10:00 00153-2012-65 AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Hurto agravado. ZUNIGA HUAYPAR

EFRAINREATEGUI MORI YRIS

DEL PILARQUENCCORO - 1°

SALA DE AUDIENCIASCARLOS FRISANCHO

ENRIQUEZ

37 10:01 12:29 01649-2011-82 AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Homicidio Simple MORA ALMIRON JOSE

CARLOS

LOS HEREDEROS LEGALES DE QVF ROY

RUPA BARRIENTOS ... ...

QUENCCORO - 1° SALA DE AUDIENCIAS


38 16:01 17:30 00420-2012-80 AUDIENCIA Hurto agravado. SALAS QUISPE FRANCISCO HERNAN

URIBE CHAVEZ MARIELLA ELIZABETH


IGNACIO ORTEGA MATEO,

39 08:30 09:00 00644-2012-47 APELACION DE SENTENCIAS Hurto de ganado. CARLOTTO LARREA

FERNANDOCORNEJO VALENCIA LIONEL FRANCOIS




GALLEGOS -,


Actos contra el pudor en menores (edad víctima: < 7 años).

CHECCA NOA HUGO CH Z AN QUENCCORO - 3° SALA DE AUDIENCIAS

IGNACIO ORTEGA MATEO,MIGUEL

ANGEL CASTELO ANDIA,MARINA INES SUPANTA CONDOR


Formas agravadas de tráfico ilícito de

drogas.

ANCCASI SALAS GUILLERMO

EL ESTADO PERUANO REPRESENTADO POR

LA PROCURADURIA PUBLICA EN ASUNTOS

JUDICIALES RELATIVOS A TRAFICO


EDWIN DEL POZO CONDORI,MARINA

INES SUPANTA CONDOR,IGNACIO ORTEGA MATEO


Violación de la libertad sexual (Tipo base).

QUISPE HANCCO HENRY

PERSONA DE INICIALES SHH


EDWIN DEL POZO CONDORI,IGNACIO

ORTEGA MATEO,MARINA INES SUPANTA CONDOR


Violación a persona en incapacidad de

resistir.

QUISPE MAMANI EDILBERTO

PERSONA DE INICIALES MRH


IGNACIO ORTEGA MATEO,EDWIN

DEL POZO CONDORI,MIGUEL

ANGEL CASTELO ANDIA


Violación sexual de menor de edad

(mayor de 10 y menor de 14 años de edad)

ALARCON QUISPETERA EDGAR

MENOR DE INICIALES MIRAMO


EDWIN DEL POZO CONDORI,MIGUEL ANGEL CASTELO

ANDIA,MARINA INES SUPANTA CONDOR

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.95-2005.Secretario Judicial MateriaManuel J. Cordero Sánchez. Trafico de Moneda Falsa.Se pone en conocimiento que la Reo Ausente BETO LLOQUE SIVINCHA, es proce-sada por el delito monetario, en su modalidad de Tráfico de Billete Falso, en agravio del Estado.Urcos, 103VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIALAnte el Primer Juzgado Mixto de Sicuani, a cargo de la señorita Juez titular doctora Li-liam Selene Monasterio Alarcón y bajo la actuación del Secretario Judicial Alberto Duran Aldea, se viene tramitando el proceso Tutelar N° 000127 -2013-0-1007-JM-FT-01, la soiicitud presentada por la Representante del Ministerio Publico, sobre Violencia Fa-miliar, se ha dispuesto la publicación de Edictos, siendo el contenido de la resolución NÚMERO UNO, de fecha trece de mayo del año dos mil trece, en forma sumillada el siguiente SE RESUELVE: ADMITIR a trámite la demanda impuesta por LA SEÑO-RA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, en su modalidad de MALTRATO FISICO y PSICOLOGICO, en contra de FREDY CA-HUASCANO CAHUASCANO, en agravio de JACOBETH CAHUASCANO YUCRA, en la VÍA DEL PROCESO ÚNICO, córrase traslado al demandado por el término de CINCO DÍAS, a fin de que absuelva dicho traslado, bajo apercibimiento de seguírsele el proceso en su rebeldía.Sicuani, 25 de junio del 2013.Firmado. Secretario J. ALBERTO DURAN ALDEA03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTOEl Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, en el proceso N° 526-2011-98, se-guido contra Carlos Levita Cusihuaman, por el delito de lesiones leves, en agravio de Giancarlo Jesús Vera Vega, llama y emplaza al CARLOS LEVITA CUSIHUAMAN para que concurra a la audiencia de juicio oral, para que se apersone a este Despacho Judi-cial a responder por los cargos que se le imputan, bajo apercibimiento de ser conducido compulsivamente a través del órgano de auxilio publico respectivo, (3.v LOCAL) Cusco, 10 de Julio del 2013.Firmada. Especialista J. JUDITH ANDREA BELLOTA GUZMÁN03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.78-2005.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Homicidio Culposo.Se pone en conocimiento que el ReoContumaz YHONY CHOQUE TINTA Y A, es procesada por el delitoCONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD en su modalidad de HOMICIDIO CUL-POSO, en agravio de GERMAN SUCAPUCA TURPO.Urcos, 17 de Junio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENALEn el Expediente No. 00183-2008 se CITA Y EMPLAZA a la REO CONTUMAZ Walter GUTIERREZ CRUZ para que se apersone al Juzgado Mixto - Liquidador - Unipersonal de Quispicanchi a responder de los cargos en el Expediente Penal que se le sigue en su contra, por el delito de LESIONES GRAVES en agravio de Remigio Huisa Vicente. Firmada señorita Juez Paredes Salas, y secretario judicial Manuércordero Sánchez. 03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.130-2009.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Contra la Fe Pública.Se pone en conocimiento que el Reo Ausente BENIGNO CCOYORI LOAYZA, es pro-cesado por el delito CONTRA LA FE PÚBLICA en su modalidad de FALSEDAD IDEO-LOGICA, en agravio de la RENIEC - ESTADO.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.58-2003.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Receptación.Se pone en conocimiento que la Reo ContumazRUTH SALOME FUENTES PUMA, e s procesado por el delito deFalsificación de Moneda, en agravio del Estado.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.35 - 2002.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Violación Sexual.Se pone en conocimiento que el Reo Contumaz WILBER HUAMANI TUMILE, es pro-cesado por el delito CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, en su modalidad de VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, en agravio de HONORATA HUALLPA HUAMAN. Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.93-2000.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Homicidio Simple.Se pone en conocimiento que la Reo Ausente JESUS NICOLAS FERNANDEZ GA

YOSO, es procesada por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD en su modalidad de Homicidio Simple, en agravio de Ceferina Choquepata Guzmán.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No. 139-2009.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Resistencia a la Autoridad.Se pone en conocimiento que el Reo Contumaz FRANCISCO JUAN LOPE RAMOS, es procesado por el delito CONTRA VIOLENCIA A LA AUTORIDAD SUB TIPO VIOLEN-CIA CONTRA LA AUTORIDAD PARA IMPEDIR4 EL EJERCICIO DE SUS FUNCIO-NES EN SU FORMA AGRAVADA en agravio del Estado Peruano.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.216-2008.Secretario Judicial MateriaManuel J. Cordero Sánchez. Hurto Agravado.Se pone en conocimiento que la REO AUSENTE, MARIO QUISPE GOMEZ, es proce-sado por el delito CONTRA EL PATRIMONIO en su modalidad de HURTO AGRAVADO, en agravio de MANUCIPALlDAD DISTRITAL DE CCARHUAYO.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.169-2006.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Tenencia Ilegal de Arma de Fuego.Se pone en conocimiento que el Reo Contumaz CARMEN MAMANI AGUILAR, es procesada por el delito CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA en su modalidad de TE-NENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO PERUANO.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.66 - 2007.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. : Estafa.Se pone en conocimiento que el Reo Ausente JUAN BAUTISTA GOMEL MAMANI, es procesada por el delito CONTRA LA FE PÚBLICA en su modalidad de ESTAFA, en agravio de UGEL URCOS. y ESTADO PERUANO.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.146-2009.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Lesiones Leves.Se pone en conocimiento que la Reo Contumaz ALEJANDRO HUILLCA TRUJILLA-NO, es procesada por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD en su modalidad de LESIONES LEVES, en agravio de EMILlANA ESPIRILLA QUISPE.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.17 -2003.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Tentativa de Homicidio.Se pone en conocimiento que la Reo Contumaz VIVIANA SAIRE QUISPE, es proce-sada por el delito CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD en su modalidad de HOMICIDIO SIMPLE, en agravio de AQUILINO HILARIO CAHUANA y OTROS.Urcos, 01 Julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.EXPEDIENTE No.40-2005.Secretario Judicial MateriaAbog. Manuel J. Cordero Sánchez. Violación Sexual.Se pone en conocimiento que el ReoContumaz SANTIAGO Y AURI OQUENDO, es procesado por el delitoCONTRA LA LIBERTAD, en su modalidad de VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL, en agravio de LA MENOR G.M.G.Urcos, 01 Julio del 2013.Firmada. OFELIA PAREDES SALAS03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

Juzgado de Investigación Preparatoria de CalcaNOTIFICACIÓN POR EDICTO PENALEXP. : N° 0030-20 13-0-100 l-JR-PE-O1Juzgado : Juzgado de Investigación Preparatoria de CalcaJueza : Rina Lucia Cabana HerediaEsp. Legal: Grace Pérez TerrazasNOTIFÍQUESE: Al acusado MARIO SURCO RAMIREZDelito : Omisión de Asistencia Familiar.Agraviado: Yord Steeve Surco Huaman y otrosSe cita y emplaza al imputado Mario Surco Ramírez, para que se ponga a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra, en el proceso penal N° 30-2013 -0-1005-JR-PE-01, por la comisión del Contra la Familia, en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, sub. Tipo Omisión de Asistencia Familiar en agravio de los me-nores Yordy Steeve Surco Huaman y otros, representados por su progenitora Juana Huaman Cruz. Proceso en el que se ha llevado a cabo la AUDIENCIA PUBLICA DE CONTROL DE ACUSACION, la misma que se ha resuelto suspender para continuarse el días TRENTA y UNO DE JULIO del año en curso, a horas CATORCE CON TREINTA

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201310 11minutos, en esta misma Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de Calca.Calca, 10 de julio del 201303VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENALExp. N° 00064-20131° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Sede de Echarate.Secretario: CLEOFE HUAMAN ANCCO.Se cita, y emplaza a: RAUL CONDORI BEDOYA, con la resolución número uno de fecha dieciocho de abril del dos mil trece. El juzgado de Investigación Preparatoria de Echarate, RESUELVE: RECEPCIONAR la comunicación de disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria expedida por el Fiscal Provincial Mixta de Echarate, en contra de RAUL CONDORI BEDOYA por la presunta comisión del delito Contra la Libertad, en la mo-dalidad de Violación de la Libertad Sexual, sub. tipo violación sexual de menor de edad de iniciales L.M.N.S, representado por su progenitora CATALINA SURCO TRUJILLO, ilícito tipificado en el Artículo 173° primer párrafo inciso 2° del Código Penal en la vía del proceso común, a efectos de que el Juez de Investigación Preparatoria asuma compe-tencia material del proceso.Echarate, 04 de julio del 2013. Angela Joanna Corneio V.Juez(s)03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENALNOTIFICACION A: EDUARDO HUARACA ACHATA.EXPEDIENTE No.56-2012-0.ESP. JUDICIAL: Monika Valencia Lucero.MATERIA : Uso de documento público falso .JUZGADO : Unipersonal de Urcos.Se pone en conocimiento de EDUARDO HUARACA ACHATA, procesado por el delito de uso de documento publico falso, en agravio de la Municipalidad Provincial de Uru-bamba y otro, que en audiencia de fecha 03 de julio del 2013 se ha dispuesto declararlo REO AUSENTE, archivar provisiona1mente el proceso, se giren los oficios para su conducción compulsiva, se publiquen los edictos, por lo cual se le convoca a que se apersone al juzgado para los fines legales consiguientes. Urcos, 04 de julio del 2013.Firmada. Especialista J. Monika Valencia Lucero03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIAL DE ABANDONO DE MENORPor ante el juzgado Mixto, Liquidador y Unipersonal de Acomayo, que despacha la señorita juez Melody Contreras Barineza, bajo la tramitación del Especialistajudicial Luis Enrique Álvarez Cáceres, se tramita el Expediente N° 00103-2012-0 1003-JM-FT-01., SE RESUELVE: APERTURAR INVESTIGACION TUTELAR POR ABANDONO MORAL Y MATERIAL a favor del menor FRANKLlN HUAMANI TUNQUI de cuatro años de edad, para efectos legales pertinentes se ha dis-puesto la notificación a los padres del menor tutelado de don Isidro Huamani Chipana y doña Paulina Tunqui Surco, a efecto de que se apersonen a esta instancia judicial, a prestar su declaración con forme a ley, en horas de despacho, bajo apercibimiento de presidirse de dicha diligencia y disponerse conforme a ley. Firmado Especialista Legal LUIS ENRIQUE ÁLVARES CÁCERES 03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENALNOTIFICACION A: FRANCISCO GUTIERREZ HOLGADO.EXPEDIENTE No.111-2012-44.ESP. JUDICIAL: Monika Valencia Lucero.MATERIA : Lesiones graves.JUZGADO : Unipersonal de Urcos.Se pone en conocimiento de FRANCISCO GUTIERREZ HOLGADO, procesado por el delito de lesiones graves, en agravio de Wile Quispe Yana, que en audiencia de fecha 03 de julio del 2013 se ha dispuesto declararlo REO CONTUMAZ, archivar provisio-nalmente el proceso, se giren los oficios para su conducción compulsiva, se publiquen los edictos, por lo cual se le convoca a que se apersone al juzgado para los fines legales consiguientes. Urcos, 03 de julio del 2013.Firmada: ESP. JUDICIAL: Monika Valencia Lucero.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

JUZGADO MIXTO DE QUISPICANCHIEDICTO JUDICIALExp. N' 127 - 2013- FT: Juzgado Mixto de Quispicanchi, Juez Dra. Ofelia Paredes: En este proceso se ha dispuesto la notificación mediante edictos de la Resolución N. 01 de fecha 24 de abril del 2013 con el extracto: u...Por estos fundamentos, SE RESUELVE: APERTURAR INVESTIGACIÓN TUTELAR a favor de WILBER TTITO CANAHUIRE de doce años de edad, interpuesto por el representante del Ministerio Público. MEDIOS PROBATORIOS: Téngase por ofrecidos los medios probatorios para su admisión y actuación en la estación procesal correspondiente, AL MAS DICE: Este Juzgado DIS-PONE que se realicen las siguientes diligencias...: f) publíquese mediante edictos la presente a efectos de alguna persona interesada concurra al Despacho Judicial. g) REALÍCESE las demás diligencias con la finalidad de esclarecer la presente investiga-ción. Al Segundo Mas dice: Como Medida de Protección, este Juzgado DISPONE que el menor continué albergado el Hogar "Jesús Mi Luz" del Distrito de Santiago Provincia de Cusco, hasta un pronunciamiento sobre el fondo en el presente proceso.Urcos, 28 de mayo del 2013.Firmado Secretario J. LUIS JOEL PEÑA MENDOZA03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

JUZGADO MIXTO DE QUISPICANCHIABANDONO MORAL Y MATERIALSeñores: Isabel Keana Huillea y Jose Laura Bejar.- Exp. N. 193-2012 (acumulado con el Exp. N° 288-2012): Juzgado Mixto de Quispicanchi, Juez Dra. Ofelia Paredes Salas. En este proceso sobre Abandono Moral y Material se ha dispuesto la publicación del extracto de la sentencia contenida en la Resolución N° 07 de fecha 03 de junio del 2013

cuyo contenido es: "...Por estos fundamentos, impartiendo justicia a nombre del pueblo e invocando el principio del Interés Superior del Niño, FALLO: Declarando el ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL de los menores Rocío Milagros Laura Kcana, Kevin Abel Laura Kcana, Mariluz Olivia Laura Kcana. Como medida de protección se dispone Continúe en colocación provisional en los Hogares "San Judas Chico" y "María Salomé Ferro" de Cusco hasta que sean promovidos en adopción o sean acogidos por una persona, familia o institución en vía de colocación familiar. En consecuencia declá-rese EXTINGUIDA LA PATRIA POTESTAD de sus progenitores, debiéndose girar las comunicaciones oficiales respectivas ala Oficina de Adopciones, remitiéndose copias certificadas de la actual resolución. Notifíquese con la presente resolución a Isabel Kca-na Huillca y José laura Bejar mediante edictos con un extracto de la presente sentencia para su conocimiento y fines. GÍRENSE las comunicaciones oficiales respectivas a la Secretaria General de Adopciones de la Región Cusco. T. R. Y H. S.Urcos, 12 de junio del 2012Firmado Secretario J. LUIS JOEL PEÑA MENDOZA03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIALEn el Exp. No. 2013-012, ante el Juzgado Mixto y Unipersonal de Echarate, Despacha-do por el Sr. Juez Dr. Carlos Huañac, bajo la actuación del Secretario Judicial Francisco Puma, se verifico Audiencia día 26-06-2013, saneado proceso, admitido medios pro-batorios y autos en mesa para sentencia, en proceso contra RUBEN VALDERRAMA OLAVE, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de MARIBEL CASTRO GUILLEN. Firma, Sr. Juez C Huañac.- secretario F. Puma. LO QUE NOTIFlCO: A UD., PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES DE LEYEcharate ,04 de Julio del 2012.Firma Secretario J. FRANCISCO S. PUMA MOLINA' 03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIAL En el Exp. No. 2013-022, ante el Juzgado Mixto y Unipersonal de Echarate, Despachado por el Sr. Juez Dr. Carlos Huañac, bajo, la actuación del Secretario Judi-cial Francisco Puma Molina, se ha admitido a trámite proceso contra GUIDO LAYME TINOCO, sobre VIOLENCIA FAMILIAR, en agravio de MAGALI MIRANDA PUMA, se ha dispuesto NOTIFICAR a ambas partes, que asistan al Juzgado dentro del plazo de 5 días ha recabar las copias de la demanda, auto admisorio para ejercer su derecho a la defensa, bajo apercibimiento de declararse rebeldes. Firma Sr. Juez C Huañac.- Secretario F. Puma. LO QUE NOTIFICO A UD., PARA SU CONOCIMIENTO y FINES DE LEY.Echarate, 02 de Julio del 2012Firmado: DR. CARLOS REINALDO HUAÑAC CONTRERAS03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN SOBRE ABANDONO DE MENOREXPEDIENTE N°. 2013-456Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la investigación tutelar sobre ADANDONO MORAL Y MATERIAL seguida a favor del menor JHON ALBERT AGUILAH ENCISO de 15 años de edad, se ha dispuesto se notifique a los familiares ISABEL ENCISO ALVAREZ y/o familiares cercanos lo siguiente: Resolución Nro. 01 de fecha cinco del presente mes y año en curso. Donde SE RESUELVE: abrir investiga-ción tutelar por ABANDONO MORAL Y MATERIAL a favor del menor JHON ALBERT AGUILAR ENCISO (15) disponiéndose como medida de protección el internamiento transitorio en la Aldea Infantil Señor de Quillabamba, para efectos de que se apersonen al proceso y presten sus declaraciones, presenten los recursos que la ley les franquea, bajo apercibimiento de emitirse la resolución de declaración en estado de abandono, con fines de adopción.- H S. Lo que se publica para los fines de ley. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez, Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial.Quillabamba, 05 de Julio del 2013.Firmado Secretario J. ARNALDO BUSTAMANTE GAMARRA03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN SOBRE ABANDONO DE MENOREXPEDIENTE N°. 2013-456Ante el Juzgado de Familia de la Provincia de la Convención en la investigación tutelar sobre ADANDONO MORAL Y MATERIAL seguida a favor del menor JHON ALBERT AGUILAH ENCISO de 15 años de edad, se ha dispuesto se notifique a los familiares ISABEL ENCISO ALVAREZ y/o familiares cercanos lo siguiente: Resolución Nro. 01 de fecha cinco del presente mes y año en curso. Donde SE RESUELVE: abrir investiga-ción tutelar por ABANDONO MORAL Y MATERIAL a favor del menor JHON ALBERT AGUILAR ENCISO (15) disponiéndose como medida de protección el internamiento transitorio en la Aldea Infantil Señor de Quillabamba, para efectos de que se apersonen al proceso y presten sus declaraciones, presenten los recursos que la ley les franquea, bajo apercibimiento de emitirse la resolución de declaración en estado de abandono, con fines de adopción.- H S. Lo que se publica para los fines de ley. Firma de la Juez Dra. Mariliana Cornejo Sánchez, Arnaldo Bustamante Gamarra. Secretario Judicial.Quillabamba, 05 de Julio del 2013.Firmado Secretario J. ARNALDO BUSTAMANTE GAMARRA03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIALExp. Penal Nro. 341-2013-76, seguido en contra de Javier Jesús Quispe Villavicencio, por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Pública, en su modalidad de delito de Peligro Común, sub. tipo conducción de vehículo motorizado en estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad, tramitado ante el Cuarto Juzgado Unipersonal de Cusco, que despacha la Srta. Juez Maria Ines Supanta C., se ha dispuesto NOTIFI-CAR al imputado de Javier Jesús Quispe Villavicencio con la Nro.1 y 4 de fecha 12 de abril y 05 de julio del 2013, que dispone CITAR A JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEIN-TIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en la quinta sala de audiencias ubicada en el tercer piso de la sede Central de la Corte superior de Justicia de Cusco, (...) bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ordenarse su conducción compulsiva para que concurra obligatoriamente en el día y hora señalado al juicio programado, asistido del abogado defensor que quiera designar voluntariamente a la abogada de oficio que se le designara. (...) Designar como aboga-do del acusado al defensor Público Julio César Céspedes Murillo (...).Cusco, 05 de agosto del 2011.Firmada. Especialista J. YOLANDA VALLENAS03VZ.17.18.19.VII.13

CPJ."NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIAL

Exp. Penal Nro. 341-2013-76, seguido en contra de Javier Jesús Quispe Villavicencio, por la presunta comisión del delito contra la Seguridad Pública, en su modalidad de delito de Peligro Común, sub. tipo conducción de vehículo motorizado en estado de Ebriedad, en agravio de la Sociedad, tramitado ante el Cuarto Juzgado Unipersonal de Cusco, que despacha la Srta. Juez Maria Ines Supanta C., se ha dispuesto NOTIFI-CAR al imputado de Javier Jesús Quispe Villavicencio con la Nro.1 y 4 de fecha 12 de abril y 05 de julio del 2013, que dispone CITAR A JUICIO ORAL PARA EL DÍA VEIN-TIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, en la quinta sala de audiencias ubicada en el tercer piso de la sede Central de la Corte superior de Justicia de Cusco, (...) bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y ordenarse su conducción compulsiva para que concurra obligatoriamente en el día y hora señalado al juicio programado, asistido del abogado defensor que quiera designar voluntariamente a la abogada de oficio que se le designara. (...) Designar como aboga-do del acusado al defensor Público Julio César Céspedes Murillo (...).Cusco, 05 de agosto del 2011.Firmada. Especialista J. YOLANDA VALLENAS03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIALExp. Penal Nro. 1564-2012, seguido en contra de MIJAEL DIAZ TORRES por la pre-sunta comisión del delito de Omisión de Asistencia Familiar en agravio del menor de iniciales CEDP representada por Enriqueta Pumayali Vargas, tramitado ante el Primer Juzgado Unipersonal de Cusco, que despacha el señor Juez Ignacio Ortega Martero, bajo la actuación de la secretaria judicial Yolanda Vallenas, se ha dispuesto NOTIFICAR al imputado MIJAEL DIAZ TORRES con la Nro. 3 de fecha 05-07 2013. que dispone: De oficio: Conforme se desprende autos la audiencia de juicio oral programado para el día dos de julio del dos mil trece, no se verifico por la Huelga de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que se reprograma el juicio oral ordenado para el día CINCO DE AGOS-TO DEL DOS MIL TRECE A HORAS DOCE DEL MERIDIANO en la primera sala de audiencias de los Juzgados Penales, ubicado en el tercer piso del Palacio de Justicia, acto al que deben de concurrir las partes del proceso en forma obligatoria, subsistiendo los apercibimiento decretados en caso de inconcurrencia, asimismo notifíquese me-diante edictos la presente resolución al acusado para los fines de ley.Cusco, 05 de julio del 2013.Firmada: Especialista J. YOLANDA VALLENAS03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIALExp. Penal Nro. 1564-2012, seguido en contra de MIJAEL DIAZ TORRES por la pre-sunta comisión del delito de Omisión de Asistencia Familiar en agravio del menor de iniciales CEDP representada por Enriqueta Pumayali Vargas, tramitado ante el Primer Juzgado Unipersonal de Cusco, que despacha el señor Juez Ignacio Ortega Martero, bajo la actuación de la secretaria judicial Yolanda Vallenas, se ha dispuesto NOTIFICAR al imputado MIJAEL DIAZ TORRES con la Nro. 3 de fecha 05-07 2013. que dispone: De oficio: Conforme se desprende autos la audiencia de juicio oral programado para el día dos de julio del dos mil trece, no se verifico por la Huelga de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que se reprograma el juicio oral ordenado para el día CINCO DE AGOS-TO DEL DOS MIL TRECE A HORAS DOCE DEL MERIDIANO en la primera sala de audiencias de los Juzgados Penales, ubicado en el tercer piso del Palacio de Justicia, acto al que deben de concurrir las partes del proceso en forma obligatoria, subsistiendo los apercibimiento decretados en caso de inconcurrencia, asimismo notifíquese me-diante edictos la presente resolución al acusado para los fines de ley.Cusco, 05 de julio del 2013.Firmada: Especialista J. YOLANDA VALLENAS03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACION VIA EDICTO A LA PERSONA DE LUCIANO ALBERTO HAÑARI MAMANEl señor juez del Segundo juzgado de Investigación Preparatoria del Cusco, en el pro-ceso Nro. 989-2013-0 seguido contra LUCIANO ALBERTO HAÑARI MAMANI, por presunto delito contra la Seguridad Publica, en la modalidad de Peligro Común, sub. Tipo CONDUCCION DE VEHICULO MOTORIZADO EN ESTADO DE EBRIEDAD en agravio de LA SOCIEDAD, bajo la actuación de la Especialista judicial de Causa Abog. Johana Cecilia Carbajal Casaverde emplaza a la persona de LUCIANO ALBERTO HA-ÑARI MAMANI; con el tenor de la siguiente resolución:RESOLUCIÓN NRO. 01Cusco, ocho de julio Del año dos mil trece. DADO CUENT A.- Con el requerimiento Fiscal de Acusación Directa que antecede presentado en fecha cinco de julio del año dos mil trece por el Fiscal Provincial Pe-nal del Segundo Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalia Provincial Penal Corporativa del Cusco; Y' estando al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3490 del Código Procesal Penal, y conforme a lo previsto en el artículo 3500 de la norma procesal invocada; este Despacho Resuelve: CORRER TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS UTILES, a efectos de que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio de oportunidad o terminación an-ticipada), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8) proponer los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación a señalarse en su oportunidad. De otro lado, PRECISESE que la carpeta fiscal con todos los elementos de convicción se encuentran en este Despacho judicial, para los fines pertinentes, cúmplase con NOTIFICAR la presente resolución a todos los sujetos procesales en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos. Considerando que el imputado no cuenta con abogado defensor particular, y a efecto de no vulnerar su derecho a la defensa técnica, consiguientemente NOTIFIQUESE a la Coordinación de Defensoría Publica del Ministerio de justicia - Sede Cusco a efecto que designe un abogado defensor para tal fin.- AL OTROSI DIGO.- Téngase en cuenta AL SEGUNDO OTROSI DIGO.- Téngase en cuenta y estése la tramite previsto conforme a ley. AL TERCER OTROSI DIGO.- TéngasePor recepcionado copias del requerimiento de acusación para fines de notificacion. AL

CUARTO OTROSI DIGO.- Téngase por recibida la Carpeta Fiscal Nro. 716-2011 que corre a fojas 75. AL QUINTO OTROSI DIGO. Estando a lo solicitado NOTlFIQUESE al imputado vía edicto judicial con la presente resolución para lo cual CURSESE el oficio correspondiente. AL SEXTO OTROSI DIGO.- Téngase en cuenta.Firmada: Especialista J. Johana Cecilia Carbajal Casaverde.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: DARIO CACERES QUECCAÑO, para que concurra a la diligencia de lectura de la sentencia pendiente en autos en el proceso Penal N°. 621 2009, seguido por el delito de Homicidio Culposo en agravio de Q.V.F. Sabina Apaza Ticona y otros.Quillabamba, 20 de Junio de 2013.'03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIAL AL ACUSADO PEDRO SÁNCHEZ ESTRADAAnte el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco que despacha el Dr. David Luis Soto mayor Saavedra, bajo la actuación del Especialista Darwin Trujillo Tejada, se ha presentado el proceso penal que ha sido signado con el N° 1008-2013-0-1 001-JR-PE-06, seguido contra Pedro Sánchez Estrada, por la presunta de la comisión del delito contra la familia, en la modalidad de omisión de asistencia familiar, sub. Tipo incumpli-miento de obligación alimentaría, en agravio de la menor S.E.S.Q. representada por su progenitora Sonia Quiñones Linares, en consecuencia. NOTIFÍQUESE: Al acusado PEDRO SÁNCH EZ ESTRADA, con la Resolución N° 01, de fecha 10/07/13, donde este Despacho ha dispuesto:DADO CUENTA: Con el requerimiento de Acusación Directa presentada por el Fiscal encargado del caso, en contra de PEDRO SÁNCHEZ ESTRADA, por la comisión del delito contra la Familia, en la modalidad de Omisión de AsistenciaFamiliar, sub. tipo Incumplimiento de Obligación Alimentaría, en agravio de lamenor de iniciales S.E.S.Q. representada por su progenitora Sonia Quiñones Linares y de conformidad a lo establecido por los incisos 1, 2, 3 Y 4 del artículo 3490 del Có-digo Procesal Penal, se tiene que el representante del Ministerio Público ha motivado debidamente su requerimiento, así mismo conforme a lo previsto en el artículo 3500 del Código Procesal Penal; CÓRRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de DIEZ DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan por escrito 1) obser-var formalmente la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportuni-dad (principio de oportunidad), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8), proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. DESIGNAR abogado de oficio, para que asuma la defensa del acusado PEDRO SÁNCHEZ ESTRADA, al haberse advertido que no cuenta con defensa técnica, dejando a salvo el derecho del investigado para sustituirlo por abogado de su libre elección comunicándolo en forma inmediata al juzgado, para ello, se notificará a la Coordinadora de la Defensoría Pública Abogada Miluska Baca Beltrán en su sede institucional, para que cumpla con lo ordenado, con la designa-ción y el apersonamiento inmediato del defensor público en el plazo de tres días, bajo apercibimiento de tenerse por designada a la misma. Asimismo. Conforme establece el fundamento trece, segundo párrafo del Acuerdo Plenario N° 06 2010 CJ-116. La victima podrá solicitar su constitución en actor civil antes de que concluya el plazo otorgado por el artículo 350° del C.P.P. PRECÍCESE que la carpeta fiscal se encuentra en custodia de este juzgado, para los fines que correspondan. NOTIFÍQUESE al acusado PEDRO SÁNCHEZ ESTRADA mediante EDICTOS a NIVEL LOCAL a efecto de que, tome co-nocimiento del presente proceso conforme solicita el Fiscal del caso.Cusco, 10 de julio del 2013.Firmado: Especialista J. DAEWIN TRUJILLO TEJADAEspecialista Judicial03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENALProceso Penal Nro.: 03925-2008-0-1007-SP-PE-O1SALA MIXTA DESCENTRALIZADA E ITINERANTE DE SICUANI. Secretaria: WENDY ARACEL y FLOREZ DELGADO.Se cita y emplaza a los TESTIGOS: JOSE MARIA JAVIER QUESADA TORRES, ALE-JANDRO WILBERT FERNANDEZ DA VILA CARNERO, JUANA MARGARITA ALVA-REZ AGÜERO, MARTIN MOLINA VALENCIA, NAZARIO MENDOZA ALMIRON, EN-RRIQUE LA YME NARV ÁEZ, JUAN BAUTISTA CUBA VERA, ALBERTO SARDON HUA YHUA, LUCIANO ALBERTO RET AMOZO CARRERA y JESÚS JUVENAL LA YME ESQUIBEL, para que se pongan a derecho en calidad de testigos en la continua-ción de la Audiencia Pública a llevarse acabo en la Sala Mixta de Canchis - Sicuani, el DIA DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL TRECE A LAS CATORCE y TREINTA HORAS, por haberse dispuesto a si en el expediente penal N° 03925-2008-0-1007-SP-PE-O1, seguido contra Miguel Angel Alva Quiroz y otros, por la Comisión del Delito de Homicidio Calificado, en agravio de Q.E.V.F. Marcelino Valencia Alvaro y otro.Sicuani, 03 de julio de 2013.Firmado. Secretario DANIEL HUAMANTICA 03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIAL ABANDONO DE MENORAnte el Segundo Juzgado Mixto de Santiago-Cusco, que está a cargo del señor Juez Luis Alberto López Trelles y bajo la actuación del Especialista Legal Alberto Leiva Villavicencio, se viene tramitando el proceso tutelar N° 01140-2011-0-1018-JM-FT-02, seguido por el Ministerio Público, a favor de la menor en presunto abandono moral y material de CINTHIA SAIRE QUENTE, la que se halla albergada en la aldea "SOS" Cusco, siendo sus padre Tomas Saire Merma. Lo que se publica para los fines de que los padres se apersonen al juzgado, para los fines consiguientes, de lo contrario en su oportunidad se dictará la resolución de abandono, Santiago, 03 de julio del 2013.Firmado. Secretario J. ALBERTO LEIVA VILLAVICENCIO.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIAL ABANDONO DE MENORAnte el Segundo Juzgado Mixto de Santiago-Cusco,

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201312 13que está a cargo del señor Juez Luis Alberto López Trelles y bajo la actuación del Es-pecialista Legal Alberto Leiva Villavicencio, se viene tramitando el proceso tutelar N° 00779-2013-0-1018-JM-FT-02, seguido por el Ministerio Público, a favor de la menor en presunto abandono moral y material de la menor MARGARET STEFANY MENDI-ZABEL LOVON, el mismo que se halla albergada en la casa ((REMAR" siendo sus padres DAVID RENE LOVON HUMAN y LILIANA LOVON HUAMAN. Lo que se publica para los Fines de que los padres se apersonen al juzgado, para los fines consiguientes, de lo contrario en su oportunidad se dictará la resolución de abandono,Santiago, 03 de julio del 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIAL ABANDONO DE MENORAnte el Segundo Juzgado Mixto de Santiago-Cusco, que está a cargo del señor Juez Luis Alberto López Trelles y bajo la actuación del Especialista Legal Alberto Leiva Villavicencio, se viene tramitando el proceso tutelar N° O1120-2011-0-1018-JM-FT-02, seguido por el Ministerio Público, a favor de la menor en presunto abandono moral y material de la menor SARA PAOLA QQUERAR QUISPE, la misma que se halla bajo la responsabilidad de Magdalena Ruiz Ruiz, siendo sus padres SIMON QQUERAR MAYTA y FORTUNATA QUISPE CUTIRI. Lo que se publica para los fines de que los padres se apersonen al Juzgado, para los fines consiguientes, de lo contrario en su oportunidad se dictará la resolución de abandono,Santiago, 03 de Julio del 2013. 02 v. interdiario.Firmado: Secretario J. ALBERTO LEIVA VILLAVICENCIO03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: APARICIO LUNA PILLCO, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°. 383-2009, seguido por el delito de Contra la Libertad en su modalidad de Violación de la Libertad Sexual, sub. tipo Violación de Persona en Incapacidad de Resistencia, en agravio de Bellye Cenaida Abarca Alvaro.Quillabamba, 20 de junio de 2013.03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: ELISBAN VILLEGAS LUQUE, para que se ponga a derecho, y ejerza su de-fensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°. 363-2009, por el delito de Contra el Patrimonio en su modalidad de Hurto Agravado, en agravio de Agustín Silvano Arapa Ramos.Quillabamba, 20 de Junio de 2013.Firmada. Secretaria j. GEORGINA CCOPA FARFÁN03VZ.17.18.19.VII.13CPJ.

Expediente N° 02676-2011-0-1001-JR-LA-03VOTO EN DISCORDIACusco, 26 de junio del 2013.En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discor-dia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Alvarez.I. MATERIA DE APELACIÓN:Es la sentencia contenida en la resolución número 9 del 16 de agosto de 2012 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Margarita Cabrera Carrasco, contra el Gobierno Regional de Cusco, la Dirección Regional de Cusco con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 107 a 117).II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:1.1. La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito del 27 de agosto de 2012 (folio 124 a 125), impugna la sentencia materia de apelación, preten-diendo su revocatoria.1.2. El Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito pre-sentado el 28 de agosto de 2012 (folio 130 a 132), apela la sentencia pretendiendo su revocatoria, en el extremo que ordena el pago de la bonificación especial.Con el Dictamen Fiscal Superior (a folio 142 a 146).III. ANTECEDENTES:3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más con-solidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares.3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones adminis-trativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública, en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación adminis-trativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales”Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitu-ción implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteni-

dos en la formalidad que la Constitución indica.Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso adminis-trativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo prime-ro del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados.3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante.Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano ju-risdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido.IV. FUNDAMENTOS4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruen-cia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado:Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus re-soluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente.• Análisis.4.2. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 23 a 25), le fueron admitidas como pre-tensiones principales: i) Nulidad de la Resolucion Directoral N°2096, del 7 de octubre del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, ii) Nuilidad de la Resolucion Ejecutiva Regional N°1493, del 5 de diciembre del 2011, emitida por el Go-bierno Regional de Cusco.; y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial y diferencial en base al 30% de la remuneración total en cada caso respectivamente. iv) Pago y reconocimiento de los creditos devengados de las bonificaciones antes mencio-nadas desde febrero de 1991.4.3. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente esce-nario:a) Que la administración publica ha reconocido que a la demandante le corresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la boni-ficación diferencial.b) Que la administración publica viene abonando al demandante las bonifica-ciones antes mencionadas.c) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total.4.4. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir las dos bonificaciones.4.5. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la adminis-tración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma.4.6. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo.4.7. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales boni-ficaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante.1.8. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por pre-paración de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago.1.9. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o respon-sabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado.1.10. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remu-neraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8).1.11. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes:Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación espe-cial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remu-

neración total.(…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura ex-cepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados D.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem 4.12. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente.A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.4.13. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo:“El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación.El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece:“Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.4.14. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demanda-dos apelantes – en su artículo 10 establece:“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modi-ficado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente estab-lecida en el presente decreto.”.4.15. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al esta-blecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que:“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”4.16. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo esta-blecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10.4.17. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente:“14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de docu-mentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro).4.18. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judi-ciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuner-ación permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte reso-lutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)”4.19. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA4.20. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración perman-ente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”.4.21. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente.4.22. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser su-perada con la labor de su interpretación. En tal sentido:4.22.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada.4.22.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones, éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente?4.22.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal.4.22.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter

económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.4.22.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la boni-ficación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración perma-nente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adiciona-lmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud, de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad.4.22.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su deter-minación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado.4.22.7. Por lo que no creo que exista una justificación objetiva y razonable para deter-minar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración perma-nente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales.4.22.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitu-cionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo rela-tivo y zona de emergencia.4.23. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado.C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.4.24. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegra-mente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.D. DEL CASO CONCRETO:4.25. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 765, del 5 de marzo de 2002 (a folio 76) cesó con pensión de cesantía nivelable en el cargo de profesora de la del C.E. 51023 “San Luís Gonzaga” del distrito de San Jerónimo del cercado de Cusco, a partir del 31 de marzo de 2002, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, petición que fue denegada mediante Resolucion Directoral N°2096, del 7 de octubre del 2011, emitida por la Direccion Regional de Edu-cacion de Cusco, y Resolucion Ejecutiva Regional N°1493, del 5 de diciembre del 2011, emitida por el Gobierno Regional de Cusco (folio 2 a 5).1.26. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha pre-sentado su demanda (folio 23 a 25). La contestación a la demanda se basa principal-mente en que el pago de la bonificaciones por preparación de clases y evaluación se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que el demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada.4.27. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 8 a 10).4.28. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de con-gruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada.4.30. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación dife-rencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al de-mandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.4.31. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201314 15efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito.4.32. Si bien es cierto, la parte apelante cuestiona la validez del acto administrativo con la que la Administración Publica otorgó la bonificación diferencial, refiriendo que el juez de la causa no ha analizado la incidencia de la Resolución Ministerial 761-ED, resolución que establece las zonas que son consideradas como diferenciadas, empero, también es cierto que la materia de debate en el presente caso versa sobre el recalculo de un derecho adquirido –más no- si le corresponde o no tal derecho, es decir, trata de que, si este derecho debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra., mas no, si el acto administrativo que otorga este derecho es valido o no, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación dife-rencial significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los adminis-trados, en todo caso, de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios.4.33. Siendo esto así, lo pretendido con la apelación significaría ir mas allá de lo preten-dido en la demanda, debiendo señalar que el modelo del control jurisdiccional de las ac-tuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, no es uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del em-pleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del deman-dante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración.En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una ac-tuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA consid-erada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado.4.34. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del cinco días de quedar firme la sentencia cumpla con el pago de las bonificaciones materia de proceso, bajo aperc-ibimiento de procederse conforme lo establecido al articulo 41 D. S. 013-2008-JUS, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 de la norma antes citada, el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse tan solo en función a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe ser aclarado este punto. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es:5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución número 9 del 16 de agosto de 2012 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Margarita Cabrera Carrasco, contra el Gobierno Regional de Cusco, la Dirección Regional de Cusco con citación del Procurador del Gobierno Regional de Cusco (a folio 107 a 117), con lo demás que contiene.1.2. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de con-formidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS.1.3. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actual-mente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S.S.S.03VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

XIOMAR ALFARO HERRERA.Juez Superior Titular de la Segunda Sala LaboralCorte Superior de Justicia de CuscoXAH/arcr.ponenciaExpediente : 02676-2011-0-1001-JR-LA-03.Demandante : Margarita Cabrera Carrera.Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco.Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –docen-te cesante–.Procede : Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Cusco.Juez Superior : Quispe Álvarez.Cusco, dieciocho de junio de dos mil trece.-I. ANTECEDENTES:Con la opinión fiscal (págs. 142 - 146), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Margarita Cabrera Carrera, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, y el Gobierno Regional de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cus-co, sobre demanda Contenciosa Administrativa.II. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:Sentencia contenida en la resolución Nº 9, de 16 de agosto de 2012 (págs. 107 - 117) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente.III. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:Por escrito presentado el 27 de agosto de 2012 (págs. 124 - 125), dentro del plazo legal, el representante legal de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.Por escrito presentado el 28 de agosto de 2012 (págs. 130 - 132), dentro del plazo legal, el Procurador Público del Gobierno Regional, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.IV. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:Consideraciones previas.1. Mediante escrito presentado el 19 de diciembre de 2011 (págs. 23 - 26), la parte demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial equivalente al 30% de la remuneración total. La Juez al emitir sentencia advierte que

la demandante ya está percibiendo dicha bonificación en base la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen la misma en base a la remuneración total.2. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total perman-ente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–; ii) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado; y, iii) la demandante no cumple con los requisitos establecido en el artículo 48 de la Ley del Profesorado.Análisis.Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones.3. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar deter-minados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).4. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no es-tar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado.5. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes–Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración.6. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones.7. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifies-tamente en sentido contrario.8. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que:8.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demanda-da, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado).8.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, al-tura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bo-nificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación.8.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración.8.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–.8.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal ad-ministrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución.8.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto.8.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casa-ción 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo.8.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estable-

ciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás.9. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que:1.1 Mientras en los albores de la justicia contenciosa admini-trativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judi-cial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA.1.2 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión”, razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–.1.3 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por la actora, sino el sistema pre-supuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudu-lentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama.1.4 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congru-encia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado).1.5 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo.10. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para re-alizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición.11. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la le-galidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los ca-sos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título”.12. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discre-cionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otor-gamiento.Respecto al análisis efectuado en el presente caso.13. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurispruden-cial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso la Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular.14. Así, en el presente caso resulta necesario observar las reglas esta-blecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legali-dad–; lo cual evidencia que estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada.15. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando además que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces inter-pretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.16. Para considerar que dicho análisis es válido la Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución–: i) si la parte deman-dante cumple los requisitos para percibir la bonificación diferencial en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, ii) al analizar el pago de los devengados debe verificar si durante el periodo que se solicitan éstos, el deman-dante efectivamente cumplió los mencionados requisitos –ordenando una prueba de oficio a fin de identificar los cargos y lugares donde laboró antes de cesar– y, iii) tener presente que al haberse pedido los devengados desde el 21 de mayo de 1990 y haber cesado el año 2002, debe realizar un análisis específico por el periodo que solicita los devengados como trabajador y luego como cesante.

V. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve,DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 9, de 16 de agosto de 2012 (págs. 107 - 117) que declara “FUNDADA la demanda interpuesta por MARGARITA CABRERA CARRASCO contra el Gobierno Regional de Cusco represen-tada por su Presidente, la Dirección Regional de Educación de Cusco representada por su Director, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco, sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- H.S. y T.R.-s.s. Voto en DiscordiaQUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA.01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

ponenciaExpediente : 01662-2012-0-1001-JR-LA-03.Demandante : María Gamboa Fernández Baca de Mariscal.Demandado : Dirección Regional de Educación Cusco.Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –do-cente cesante–.Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco.Ponente : Quispe Álvarez.Cusco, tres de junio de dos mil trece.-VI. ANTECEDENTES:Con la opinión fiscal (págs. 70 - 75), sin informe oral de las partes, se procede a la revi-sión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por María Gamboa Fernández Baca de Mariscal, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa.VII. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:Sentencia contenida en la resolución Nº 3 de 26 de julio de 2012 (págs. 39 - 45) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente.VIII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:Por escrito presentado el 31 de julio de 2012 (págs. 51 - 52), dentro del plazo legal, el representante de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.Por escrito presentado el 1 de agosto de 2012 (págs. 56 - 58), dentro del plazo legal, el Procurador Público del Gobierno Regional Cusco, apela la sentencia, pide sea revoca-da. Con lo demás que contiene expresamente.IX. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:Antecedentes.1. Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2012 (Págs. 10 - 17), la deman-dante, entre otras, insta la pretensión, de cumplimiento de actuación dispuesta en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, con el objeto que se le otorgue la boni-ficación diferencial, correspondiente al 30% de la remuneración íntegra.2. Emitida la sentencia estimativa, los argumentos centrales que sustentan su im-pugnación, son: i) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el D.S. 051-91-PCM, que dispone el pago en función a la remuneración total permanente; ii) la demandante no cumple con determinar los conceptos por los que debería corresponderle la bonificación diferencial; iii) no se han observado debidamente los medios de prueba; y, iv) no se ha determinado si la demandante durante su actividad percibió la bonificación pretendida por encontrarse en el marco del artículo 48.3. En tal contexto y del estudio de autos el Colegiado considera pertinente deter-minar en principio si la sentencia adolece de algún vicio que genere su nulidad y de no ser el caso absolver el grado.AnálisisRespecto a la observancia de las garantías del debido proceso.4. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar determinados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la conti-nuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).5. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no estar con-formes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó de-terminado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado.6. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la reso-lución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los es-tándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes–Respecto al pronunciamiento emitido en la sentencia.7. De la sentencia revisada se tiene que el Juez de la causa ha emitido sentencia, sin advertir:7.1. Que la demandante ha señalado en el punto 3.11 de su escrito de deman-da: “En efecto y por la obligatoriedad de cumplimiento de la norma jurídica por parte de la administración estatal, se debe otorgar la bonificación diferencial en base al 30% de la remuneración íntegra (…)”, por lo que de acuerdo a la naturaleza de la bonificación diferencial, regulada en el tercer párrafo del artículo 48 de la Ley del Profesorado, para percibir el máximo del 30% se tienen que cumplir con tres conceptos determinados (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relati-vo y emergencia), ello de acuerdo a lo regulado por la R.M, 761-91-ED.7.2. De otro lado, la parte demandada Dirección Regional de Educación Cusco, al contestar la demanda ha señalado: “De acuerdo a la documentación que ha sido ad-herida a la demanda se desprende que la profesora laboró en el C.E. Nº 51003 - Cusco, lo cual no esta considerado dentro de norma para ser beneficiado con la Bonificación diferencial planteada por la parte demandante” (el énfasis es agregado), poniendo en

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201316 17debate la correspondencia o no de dicha bonificación, argumento que el Juez de la causa no ha cumplido contestar, incurriendo de este modo en una motivación aparen-te, vulnerando el derecho de la parte demandada al dejar incontestada su alegación.8. La observancia de la omisión advertida, resulta determinante para emitir un pro-nunciamiento válido respecto a la bonificación diferencial pretendida, análisis que el Juez de la causa no ha realizado, en consecuencia se tiene que se han configurado vicios, que además de vulnerar el derecho a la debida motivación de resoluciones judi-ciales como parte del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, justifican declarar la nulidad de la sentencia apelada, debiendo el Juez de la causa renovar dicho acto procesal.9. Finalmente, corresponde referir que lo afirmado no importa pronunciamiento res-pecto a las pretensiones instadas por la actora, cuyo análisis corresponde efectuar al A quo al momento de renovar el acto procesal viciado, sin perder de vista el ámbito de control en los procesos Contenciosos Administrativos, respecto a la actuación de la ad-ministración –control de legalidad–, máxime si desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurisprudencial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferen-cial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado.10. Así, en el presente caso resulta necesario observar las reglas establecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, ello a fin de contestar la alegación de la parte demandante –fundamento 7.2. supra-; máxime si la parte demandante ha solicitado el pago de la Bonificación Dife-rencial equivalente al 30% de su remuneracion total, que para tal efecto el lugar donde desempeñó sus funciones la actora antes de su cese debe calificar con tres conceptos (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo rela-tivo y emergencia), cuestión que el Juez de la causa puede dilucidar con la actuación de una prueba de oficio.III. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve,DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 3 de 26 de julio de 2012 (págs. 39 - 45) que declara “FUNDADA la demanda de folio 10, interpuesta por MARIA GAMBOA FERNANDEZ DE MARISCAL, contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO, sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S.s.s. Voto en DiscordiaQUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA.01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

Expediente N° 01662-2012-1001-JR-LA-03.VOTO EN DISCORDIACusco, 10 de junio del 2013.En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discor-dia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez.I. MATERIA DE APELACIÓN:La sentencia contenida en la Resolución Nº 03, del 26 de julio de 2012 (folio 39), que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por María Gam-boa Fernández Baca de Mariscal, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco.II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:1. Mediante escrito presentado el 31 de julio del 2012, la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada (folio 51).2. Mediante escrito presentado el 01 de agosto de 2012, el Procurador Pú-blico Regional del Cusco, apela la sentencia con la pretensión de que sea revocada (folio 56).Con lo opinado por el Fiscal Superior a (folio 70).III. ANTECEDENTES:3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más con-solidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares.3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones adminis-trativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública, en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación adminis-trativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales”Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitu-ción implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteni-dos en la formalidad que la Constitución indica.Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso adminis-trativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo prime-

ro del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante.Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano ju-risdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido.IV. FUNDAMENTOS:4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruen-cia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado:Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en fun-ción a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente.1.2. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnación, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el princi-pio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para enfocar-nos en nuestro tema solo veremos el primero.El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revi-sor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso.El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pro-nunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso.En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecto de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugnación.Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agravios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omi-tir ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa).4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717-2005-PC/TC, que señala:“Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acatamiento por parte de la autoridad pertinente”ANÁLISIS.4.4. Con escrito presentado el 21 de mayo de 2012 (folio 10) la demandante pretende: i) cumplimiento del artículo 48 de la Ley 24029, modificado por la Ley N° 25212, artículo 210, 211 del D.S N° 019-90-ED, a fin de que se otorgue: la bonificación especial por preparación de clases correspondiente al 30% de la remuneración total, la bonificación diferencial correspondiente al 30% de la remuneración total, ii) pago de devengados e intereses legales.4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escena-rio:d) Que la administración publica ha reconocido que la demandante le corres-ponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, las mismas que se le vienen abonando.e) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total.4.6. En ese orden de ideas analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte

de la administración pública previsto en el articulo 5 inciso 4 del TUO de la ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS.4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo.4.9. La entidad demandada, en la contestación a la demanda, reconoce el derecho a la percepción de tales bonificaciones, pero ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente.1.12. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por pre-paración de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la remuneración total íntegra o en función a la remuneración total permanente, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones conforme se aprecia de sus boletas de pago.1.13. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o respon-sabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado.1.14. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su mon-to, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8).1.15. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las si-guientes:Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación espe-cial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remu-neración total.(…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura ex-cepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señaladosD.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remu-neración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente.A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo:“El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación.El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece:“Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demanda-dos apelantes – en su artículo 10 establece:“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modifi-cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”.4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al esta-blecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que:“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una nor-ma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo esta-blecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10.4.19. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 de pagarse en función de la remuneración total del empleado.4.20. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente:“14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de do-cumentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro).4.21. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judi-ciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remunera-ción permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte reso-

lutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)”B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a per-cibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”.4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente.4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser supe-rada con la labor de su interpretación. En tal sentido:4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada.4.24.2. Como ya hemos expresado, tratándose de bonificaciones éstas pueden otorgar-se por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creemos que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente?4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido eco-nómico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal.4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter eco-nómico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe de-terminarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.4.24.5. De cara al derecho a la igualdad se tiene que en el caso de trabajadores del sec-tor salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. En-tonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonificación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo ex-puesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud, de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad.4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su deter-minación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado.4.24.7. De otro lado, no creo que exista una justificación objetiva y razonable para de-terminar el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor de-sarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración permanente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales.4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitu-cionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo re-lativo y zona de emergencia.1.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de tra-bajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.C. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201318 19estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegra-mente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.D. DEL CASO CONCRETO:4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 0405, del 3 de junio de 1981 cesó como profesora de aula, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial (folio 7). 4.28. Ante el no cumplimiento espontáneo de la obligación requerida, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 10). La contestación a la demanda respecto a la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferen-cial, se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones se viene haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada, respecto de la que este Tribunal ya ha expuesto su decisión.4.29. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bo-nificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial.4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de con-gruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada.4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronun-ciamiento: i) Excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simplemente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, ,los mismos, que dependiendo de la naturale-za de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada.4.32. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgo la bo-nificación diferencial se estaría cuestionando el procedimiento administrativo por el cual se le reconoce la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto administrativo que dio origen a este derecho a criterio de la suscrita se debería dilucidar en otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los beneficiarios.4.33. En el presente caso, la actuación impugnable respecto de la bonificación dife-rencial, está contemplada en el inciso 6 del artículo 4 del D.S.013-2008-JUS, y la con-templada en el inciso 2 del mismo artículo, es decir, consiste en la omisión de pagar la indicada bonificación en función a la pensión total integra del servidor. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.4.34. No es objeto de este proceso contencioso administrativo el derecho adquirido que tiene la demandante a percibir tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la deman-dada con tal propósito.1.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base remunerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la remuneración total permanente o la remuneración total integra.Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las ac-tuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral, reconocido por la Administración Pública empleadora, a favor del em-pleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o, de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del deman-dante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración.En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso adminis-trativo, en función de la pretensión del demandante, respecto a una actuación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimis-mo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser decla-rada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA con-siderada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado.4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del quinto día de notificada la sen-tencia cumpla con el pago de las bonificaciones materia de proceso, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 del D. S. 013-2008-JUS el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley deben hacerse en función a los procedimientos allí dispuestos, por lo que debe ser aclarado este punto. V. DECISIÓN: por tales fundamentos, mi VOTO EN DISCORDIA es poi:1.1. CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución Nº 03, del 26 de julio de 2012 (folio 39), que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa, interpuesta por María Gamboa Fernández Baca de Mariscal, contra la Dirección Regio-nal de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco…”, con lo demás que contiene.1.4. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de con-formidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS.1.5. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actual-mente se venia aplicando. Integra el Colegiado la Juez Superior Titular Xiomar Alfaro Herrera, por disposición Superior. Y lo devolvieron. T.R. y H.S.S.S.ALFARO HERRERAJuez Superior.

Segunda Sala Laboral.Corte Superior de Justicia de Cusco.01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

ponenciaExpediente : 00236-2012-0-1001-JR-LA-03.Demandante : Juan Crisostomo Arredondo Arenas.Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco. Gobierno Regional Cusco.Materia : Pago de especial y diferencial –docente cesan-te–.Procede : Tercer Juzgado de Trabajo de Cusco.Juez Superior : Quispe Álvarez.Cusco, tres de junio de dos mil trece.-X. ANTECEDENTES:Con la opinión fiscal (págs. 120 - 126), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Juan Crisostomo Arredondo Arenas, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, Gobierno Regional Cusco con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa.XI. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:Sentencia contenida en la resolución Nº 7, de 17 de agosto de 2012 (págs. 90 - 96) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente.XII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:Por escrito presentado el 6 de setiembre de 2012 (págs. 100 - 102), dentro del plazo legal, el representante legal de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.Por escrito presentado el 7 de setiembre de 2012 (págs. 106 - 108), dentro del plazo legal, el Procurador Público del Gobierno Regional, apela la sentencia, pide sea revo-cada. Con lo demás que contiene expresamente.XIII. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:Antecedentes.17. Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2012 (págs. 22 - 25), el demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial equiva-lente al 30% de la remuneración total. El Juez al emitir sentencia advierte que el deman-dante ya está percibiendo dicha bonificación en base la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen la misma en base a la remuneración total.18. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total perman-ente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–, ii) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado.Análisis.Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones.19. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar deter-minados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).20. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no es-tar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado.21. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes–Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración.22. El tema en debate es determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones.23. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifies-tamente en sentido contrario.24. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que:24.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demanda-da, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado).24.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, al-tura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bo-nificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación.

24.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración.24.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–.24.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal ad-ministrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución.24.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto.24.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casa-ción 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo.24.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estable-ciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás.25. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que:1.6 Mientras en los albores de la justicia contenciosa admini-trativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judi-cial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA.1.7 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión”, razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–.1.8 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por el actor, sino el sistema presu-puestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudu-lentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama.1.9 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congru-encia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado).1.10 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo.26. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para re-alizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición.27. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la le-galidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los ca-sos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título”.28. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discre-cionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del

autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otor-gamiento.Respecto al análisis efectuado en el presente caso.29. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurispruden-cial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso el Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular.30. Así, en el presente caso resulta necesario observar las reglas esta-blecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legali-dad–, máxime si en el presente caso la parte demandante solicita el 30% de su remu-neración total; lo cual evidencia que en el presente caso estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como compo-nente del debido proceso justifica anular la resolución apelada. Máxime si la doctrina recomienda en estos casos que las partes se pronuncien previamente sobre el tema de análisis –véase fundamento 10.4 de la presente sentencia de vista–.31. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuetra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.32. Para considerar que dicho análisis es válido el Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución– si el demandante al momento de su cese -30 de junio de 1990-, cumplió con los requisitos para percibir la bonificación diferencial en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Min-isterial Nº 761-91-ED, máxime si el demandante solicita los devengados desde febrero de 1991 y dado que en su resolución de cese no se ha considerado como concepto pensionario.XIV. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve,DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 7, de 17 de agosto de 2012 (págs. 90 - 96) que declara “FUNDADA la demanda de folio 22, in-terpuesta por JUAN CRISOSTOMO ARREDONDO ARENAS, contra la DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO Y GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO sobre acción contenciosa administrativa (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DIS-PUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvi-eron.- H.S.s.s. Voto en DiscordiaQUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA.01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

-lvm-.Expediente N° 000236-2012-0-1001-JR-LA-03VOTO EN DISCORDIACusco, 10 de junio del 2013.En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discor-dia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos quispe Álvarez.I. MATERIA DE APELACIÓN:Es la sentencia contenida en la resolución número 7 del 17 de agosto de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juan Cri-sóstomo Arredondo Arenas, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 90 a 96).II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS:1.1. La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito del 6 de se-tiembre de 2012 impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revoca-toria (a folio 100 a 102).1.2. La Procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito del 7 de setiembre de 2012, impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revo-catoria (a folio 106 a 108).Con el Dictamen Fiscal Superior (a folio 120 a 126).III. ANTECEDENTES:3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más con-solidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares.3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones adminis-trativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública, en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación adminis-trativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201320 21procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales”Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitu-ción implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteni-dos en la formalidad que la Constitución indica.Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso adminis-trativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo prime-ro del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados.3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante.Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano ju-risdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido.IV. FUNDAMENTOS4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruen-cia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado:Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus re-soluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente.1.3. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnación, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el princi-pio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para enfocar-nos en nuestro tema solo veremos el primero.El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revi-sor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso.El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pro-nunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso.En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecto de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugnación.Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agravios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa).4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717-2005-PC/TC, que señala:“Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acatamiento por parte de la autoridad pertinente”• Análisis.4.4. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 22 a 25), le fueron admitidas como pre-tensiones principales: i) Nulidad de la Resolucion Directoral N°2086, del 7 de octubre del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, ii) Nuilidad de la Resolucion Ejecutiva Regional N°1514, del 5 de diciembre del 2011, emitida por el Go-bierno Regional de Cusco.; y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial y diferencial calculadas en base al 30% de la remuneración total integra. iv) Pago dem los creditos devengados con retroactividad a febrero de 1991.

4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente esce-nario:f) Que la administración publica ha reconocido que al demandante le corre-sponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial.g) Que la administración publica viene abonando al demandante las bonifica-ciones antes mencionadas.h) El demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total.4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que al demandante le corresponde percibir las dos bonificaciones.4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la adminis-tración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma.4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo.4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales boni-ficaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante.1.10. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por pre-paración de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago.1.11. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o respon-sabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado.1.12. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8).1.13. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes:Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación espe-cial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remu-neración total.(…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura ex-cepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señaladosD.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remu-neración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente.A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo:“El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación.El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece:“Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demanda-dos apelantes – en su artículo 10 establece:“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modi-ficado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente estab-lecida en el presente decreto.”.4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al esta-blecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que:“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo esta-blecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10.

4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente:“14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de docu-mentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro).4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judi-ciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuner-ación permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte reso-lutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)”4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración perman-ente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”.4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente.4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser su-perada con la labor de su interpretación. En tal sentido:4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada.4.24.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones, éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente?4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal.4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.4.24.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la boni-ficación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración perma-nente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adiciona-lmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud, de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad.4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su deter-minación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado.4.24.7. Por lo que no creo que exista una justificación objetiva y razonable para deter-minar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración perma-nente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales.4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitu-cionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en

una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo rela-tivo y zona de emergencia.4.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado.D. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegra-mente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.D. DEL CASO CONCRETO:4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 1130, del 10 de julio de 1990 cesó con pensión de cesantía nivelable en el cargo de Docente Es-table III del “Instituto Superior Pedagógico Tupac Amaru” de la ciudad de Cusco, a partir del 1 de febrero de 1987, habiendo requerido a la administración demandada el recal-culo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferen-cial, petición que fue declarada infundada mediante Resolucion Directoral N°2086, del 7 de octubre del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, y la Resolucion Ejecutiva Regional N°1514-2011, del 5 de diciembre del 2011, emitida por el Gobierno Regional de Cusco (folio 6 a 8).4.28. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 22 a 25). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones materia de proceso se vienen haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que el demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada.4.29. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 9 a 11).4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de con-gruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada.4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronuncia-miento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simple-mente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada.1.32. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación diferencial significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto ad-ministrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados.1.33. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.4.34. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito.4.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base re-munerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra.Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las ac-tuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del em-pleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del deman-dante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actu-ación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA consid-erada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado.4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del quinto día de notificada la sen-tencia cumpla con lo dispuesto en la sentencia, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 del D. S. 013-2008-JUS el pago del derecho, así como de los adeudos

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201322 23respectivos y de los intereses de ley debe hacerse solo en función a los procedimientos allí dispuestos. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es:5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución número 7 del 17 de agosto de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juan Crisóstomo Arredondo Arenas, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 90 a 96), con lo demás que contiene.1.6. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de con-formidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS.1.7. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actual-mente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S.S.S.XIOMAR ALFARO HERRERA.Juez Superior Titular de la Segunda Sala LaboralCorte Superior de Justicia de Cusco01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

ponenciaExpediente : 00076-2012-0-1001-JR-LA-02.Demandante : Sonia Ortiz de Luna.Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco.Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –do-cente cesante–.Procede : Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Cusco.Juez Superior : Quispe Álvarez.Cusco, cuatro de junio de dos mil trece.-XV. ANTECEDENTES:Con la opinión fiscal (págs. 134 - 159), sin informe oral de las partes, se procede a la re-visión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Sonia Ortiz de Luna, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa.XVI. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:Sentencia contenida en la resolución Nº 11, de 15 de agosto de 2012 (págs. 120 - 128) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente.XVII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:Por escrito presentado el 27 de agosto de 2012 (págs. 135 - 137), dentro del plazo legal, el Procurador Público del Gobierno Regional, apela la sentencia, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.Por escrito presentado el 27 de agosto de 2012 (págs. 142 - 143), dentro del plazo legal, el representante legal de la Dirección Regional de Educación de Cusco, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.XVIII. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:Consideraciones previas.33. Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2012 (págs. 13 - 19), la parte demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial equivalente al 30% de la remuneración total. La Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo dicha bonificación en base la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen la misma en base a la remuneración total.34. Los argumentos que sustentan la impugnación de sentencia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determinado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total perman-ente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–; y, ii) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado.Análisis.Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones.35. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar deter-minados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).36. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no es-tar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado.37. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido observe los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cuando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sentido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pretensiones planteadas por las partes–Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respecto a los actos de la administración.38. Resulta pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones.39. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vinculados a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia

–Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronunciado manifies-tamente en sentido contrario.40. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que:40.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonificación solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demanda-da, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agregado).40.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora demandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, al-tura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bo-nificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación.40.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administrativo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración.40.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–.40.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal ad-ministrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución.40.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto.40.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casa-ción 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha desestimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sistema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo.40.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones referidas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estable-ciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás.41. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que:1.11 Mientras en los albores de la justicia contenciosa admini-trativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órgano Judi-cial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA.1.12 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de protección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión”, razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdicción–.1.13 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habilitar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favorable al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por la actora, sino el sistema pre-supuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbitrarios cuanto fraudu-lentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalidadora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama.1.14 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congru-encia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado).1.15 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo.42. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para re-alizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición.43. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que

se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situaciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particulares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la le-galidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los ca-sos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a emerger para contrastar la validez de dicho título”.44. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración discre-cionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobertura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Administración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otor-gamiento.Respecto al análisis efectuado en el presente caso.45. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurispruden-cial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso la Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular.46. Así, en el presente caso resulta necesario observar las reglas esta-blecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legali-dad–; lo cual evidencia que estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso justifica anular la resolución apelada.47. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando además que en atención al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces inter-pretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.48. Para considerar que dicho análisis es válido la Juez, debe determinar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución– si la parte deman-dante cumplió antes de su cese los requisitos para percibir la bonificación diferencial en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED y teniendo en cuenta su condición de cesante (1991), máxime si pretende el pago de di-cho beneficio de conformidad a lo establecido en la ley, por lo que la Juez para ordenar válidamente el pago del 30% de la remuneración de la parte demandante por concepto de bonificación por zona diferencialda, debe calificar que el lugar donde cesó la parte demandante cumple con tres conceptos (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), análisis que la Juez debe realizar al renovar el acto procesal viciado, conforme a lo expuesto precedentemente.XIX. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve,DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 11, de 15 de agosto de 2012 (págs. 120 - 128) que declara “FUNDADA la demanda, interpuesta por SONIA ORTIZ DE LUNA contra la Dirección Regional de Educación Cusco, el Gobierno Regional del Cusco con citación Procurador Publico del Gobierno Regional del Cusco, sobre Acción Contencioso Administrativa, (…)”, con lo demás que contiene, en su vir-tud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- H.S.s.s. Voto en DiscordiaQUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA.-lvm-.Expediente N° 000076-2012-0-1001-JR-LA-02VOTO EN DISCORDIACusco, 13 de junio del 2013.En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discor-dia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos quispe Álvarez.I. MATERIA DE APELACIÓN:Es la sentencia contenida en la resolución número 11 del 15 de agosto de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Juan Sonia Ortiz de Luna, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 120 a 128).II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS:1.3. La Procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito del 27 de agosto de 2012 impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revocato-ria (a folio 135 a 137).1.4. La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito del 27 de agosto de 2012, impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revoca-toria (a folio 142 a 143).Con el Dictamen Fiscal Superior (a folio 153 a 159).III. ANTECEDENTES:3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más con-solidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares.3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones adminis-trativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco

total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública, en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación adminis-trativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales”Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitu-ción implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteni-dos en la formalidad que la Constitución indica.Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso adminis-trativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo prime-ro del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses de los administrados.3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante.Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano ju-risdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido.IV. FUNDAMENTOS4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruen-cia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado:Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus re-soluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente.1.4. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnación, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el princi-pio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para enfocar-nos en nuestro tema solo veremos el primero.El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revi-sor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso.El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pro-nunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso.En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecto de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugnación.Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agravios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa).

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201324 254.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717-2005-PC/TC, que señala:“Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acatamiento por parte de la autoridad pertinente”• Análisis.4.4. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 13 a 19), le fueron admitidas como pretensiones principales: i) Nulidad de la Resolucion Directoral N°1402, del 20 de julio del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, ii) Nuilidad de la Resolucion Ejecutiva Regional N°1070, del 4 de octubre del 2011, emitida por el Gobi-erno Regional de Cusco.; y de forma accesoria: iii) Pago de la bonificación especial por preparacion de clases y evaluacion y diferencial calculadas en base al 30% de la remu-neración total integra. iv) Pago de los creditos devengados más los intereses legales.4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente esce-nario:i) Que la administración publica ha reconocido que al demandante le corre-sponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonificación diferencial.j) Que la administración publica viene abonando al demandante las bonifica-ciones antes mencionadas.k) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total.4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que al demandante le corresponde percibir las dos bonificaciones.4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la adminis-tración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma.4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo.4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales boni-ficaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante.1.14. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por pre-paración de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago.1.15. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o respon-sabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado.1.16. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8).1.17. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las siguientes:Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación espe-cial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remu-neración total.(…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura ex-cepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señaladosD.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remu-neración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente.A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo:“El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación.El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece:“Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demanda-dos apelantes – en su artículo 10 establece:“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modi-ficado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente estab-lecida en el presente decreto.”.

4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al esta-blecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que:“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo esta-blecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10.4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente:“14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de docu-mentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro).4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judi-ciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remuner-ación permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte reso-lutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)”4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración perman-ente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”.4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente.4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser su-perada con la labor de su interpretación. En tal sentido:4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada.4.24.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones, éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente?4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido económico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal.4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter económico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe determinarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.4.24.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración total. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la boni-ficación por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración perma-nente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adiciona-lmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud, de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad.4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su deter-minación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado.4.24.7. Por lo que no creo que exista una justificación objetiva y razonable para deter-minar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en

una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración perma-nente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales.4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitu-cionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo rela-tivo y zona de emergencia.4.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado.E. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegra-mente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.D. DEL CASO CONCRETO:4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 1363, del 19 de noviembre de 1990 cesó con pensión de cesantía nivelable en el cargo de profe-sora de aula de la E.E. Nº 51004 San Vicente de la ciudad de Cusco, a partir del 1 de diciembre de 1991, nivelándose su pensión al equivalente de Directora mediante Reso-lución Ejecutiva Regional N° 1572-93-PT/RI, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, petición que fue denegada mediante Resolucion Directoral N°1402 del 20 de julio del 2011, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, y la Resolucion Ejecutiva Regional N°1070-2011, del 4 de octubre del 2011, emitida por el Gobierno Regional de Cusco (folio 10 a 12).4.28. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 13 a 19). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones materia de proceso se vienen haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que la demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada.4.29. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 6 a 9).4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de con-gruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad y congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada.4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronuncia-miento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simple-mente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada.1.34. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación diferencial significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto ad-ministrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados.1.35. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.4.34. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito.4.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base re-munerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra.Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las ac-tuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del em-pleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del deman-dante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actu-

ación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA consid-erada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado.4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del quinto día de consentida o ejecutoriada la sentencia venida en grado de apelación cumpla con lo dispuesto, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo establecido en el articulo 41 del D. S. 013-2008-JUS, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 de la norma antes citada, el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley debe hacerse solo en función a los procedimientos allí dispuestos. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es:1.8. CONFIRMAR sentencia contenida en resolución número 11 del 15 de agosto de 2012, que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa inter-puesta por Juan Sonia Ortiz de Luna, contra la Dirección Regional de Cusco, Gobierno Regional de Cusco, con citación al Procurador Publico del Gobierno Regional de Cusco (a folio 120 a 128), con lo demás que contiene.1.9. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de confor-midad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS.1.10. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando el cal-culo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actualmente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S.S.S.XIOMAR ALFARO HERRERA.Juez Superior Titular de la Segunda Sala LaboralCorte Superior de Justicia de Cusco01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

Expediente N° 000416-2011-0-1001-JR-LA-03VOTO EN DISCORDIACusco, 17 de junio del 2013.En el presente proceso, la Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discor-dia al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido por el Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez.I. MATERIA DE APELACIÓN:Es la sentencia contenida en la resolución número 11 del 5 de setiembre de 2012 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Lucy Gra-ciela Marranillo Casapino, contra la Dirección Regional de Cusco representado por su director, con citación del Procurador Publico Regional de Cusco ( a folio 113 a 115).II. PRETENSIONES IMPUGNATORIAS:2.1. La Dirección Regional de Educación de Cusco, mediante escrito del 14 de setiem-bre de 2012 (folio 131 a 133), impugna la sentencia materia de apelación, pretendiendo su revocatoria.2.2. La procuraduría del Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito del 17 de se-tiembre de 2012 (folio 138 a 140), impugna la sentencia materia de apelación, preten-diendo su revocatoria.Con el Dictamen Fiscal Superior (a folio 151 a 157).III. ANTECEDENTES:3.1. Previo el análisis de las pretensiones de la demanda es necesario avocarnos a la existencia de las dos formas de control de la actuación de la administración mediante el proceso contencioso administrativo: i) El objetivo o de nulidad y ii) El subjetivo o de plena jurisdicción, su objeto y efecto de su actuación, siendo este último el más con-solidado y moderno, pudiendo afirmar que, entre el primero y el segundo ha existido una evolución cualitativa, marcada en gran medida por la complejidad de las relaciones estatales ante sus ciudadanos y los derechos de los que éstos son titulares.3.2. Ahora bien, se debe indicar que, nuestra Constitución de 1993 adopta la forma de control objetivo o de nulidad que lo limita incluso al control de las resoluciones adminis-trativas, sin embargo, debe indicarse que mediante la Ley Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, vigente desde el 7 de diciembre de 2001 se dio un vuelco total llevándonos al control subjetivo o de plena jurisdicción, cuando en su artículo 1 expresa que el objeto del proceso contencioso administrativo a cargo del Poder Judicial son “las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados”, estableciendo en su artículo 4 una gama de actuaciones impugnables no limitando su enumeración al acto administrativo o la resolución administrativa, sino que considera a éstos como una más de aquellas posibles de ser realizadas por la administración que van desde su silencio; su inercia; inactividad; su actuación material -sin acto administrativo que la respalde o aquella actuación arbitraria en su ejecución-; su actuación u omisión en el terreno de la contratación estatal y las actuaciones respecto al personal de la administración pública, en ese sentido, el juez no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad de los actos administrativos sino que asume que su rol es la protección y la satisfacción de los derechos e intereses de los demandantes afectados por una actuación adminis-trativa. Por tanto, es indispensable desterrar la equivocada creencia que el juez en el procesos contencioso administrativo sólo se limita a constatar la invalidez o nulidad del acto administrativo, o su ineficacia es decir la carencia de efectos legales”Desde esa misma perspectiva, una interpretación literal del artículo 148 de la Constitu-ción implicaría limitar el control jurisdiccional de los actos de la administración, sólo a las resoluciones administrativas sin posibilidad de control de legalidad y constitucionalidad de otras actuaciones de la administración, distintas a los actos administrativos conteni-dos en la formalidad que la Constitución indica.Es por esta razón que se justifica el cambio del objeto del proceso contencioso adminis-trativo, contemplado en el artículo 148 de la Constitución, de uno objetivo o de nulidad, al establecido en la Ley Nº 27584 de plena jurisdicción o subjetivo, la justificación la encontramos en su exposición de motivos del siguiente modo: En el artículo prime-ro del proyecto, no sólo se hace mención al precepto constitucional que consagra el mencionado proceso, sino que además se define la finalidad del mismo mencionando de manera simultánea los aspectos “objetivos” de control jurídico de la administración pública y los aspectos “subjetivos” consistentes en la tutela de los derechos e intereses

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201326 27de los administrados.3.3. De lo mencionado en el fundamento anterior, comprender el proceso contencioso administrativo en su real dimensión, es un imperativo para la judicatura, más si se tiene presente que ahora está en sus manos el control de la actuación de la administración no restringida a los actos o resoluciones administrativas, si no también a las pretensiones establecidas en el articulo 4 del TUO de la ley del proceso contenciosos administrativo, siempre que sean pretendidas por el demandante.Entonces, cualquiera sea la forma de control de las actuaciones de la administración (el objetivo o de nulidad y el subjetivo o de plena jurisdicción) a cargo del órgano ju-risdiccional, siempre se requerirá que el demandante pretenda en la demanda se afirme la existencia de un derecho subjetivo vulnerado o que requiera ser declarado; en tanto ello no suceda el órgano jurisdiccional se verá imposibilitado de realizar, en el marco de un proceso contencioso administrativo, el control jurisdiccional de la actuación de la administración, puesto que ese control no puede ejercerse en abstracto, sino únicamente en un caso concreto, lo que equivale a decir que siempre su pretensión debe exponerse, sostenerse y probarse que existe un derecho subjetivo comprometido.IV. FUNDAMENTOS4.1. Del análisis de las pretensiones de la demanda, lo resuelto en la sentencia y las pretensiones impugnatorias, se debe analizar lo relacionado al principio de congruen-cia, que al respecto la jurisprudencia casatoria ha señalado:Cuarto: Que, en virtud al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus re-soluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de la apelación, corresponde al superior resolver, en función a los agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente.1.5. En este entender, debemos observar la incongruencia relacionada con la teoría de la impugnación, para ello es necesario referirnos al principio de limitación, en el cual podemos encontrar además dos importantes instituciones como son el princi-pio tantum devolutum quantum apellatum y la reformatio in pius, aunque para enfocar-nos en nuestro tema solo veremos el primero.El principio de limitación tiene que ver con la actividad jurisdiccional del órgano revi-sor de la resolución impugnada y responde a la necesidad de que éste no pueda ir más allá (limite) de los temas propuestos por el impugnante, es decir, el órgano revisor tiene una limitación formal que implica avocarse sólo a resolver las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trata de temas vinculados a la indefensión o atentado contra el derecho al debido proceso, en los que pueda involucrar temas no vinculados por quien impugna, lo contrario seria no respetar el principio de limitación, lo cual resulta arbitrario y desnaturaliza no solo el objetivo principal de la impugnación, sino que afecta el debido proceso.El principio tantum devolutum quantum apellatum: Este principio al decir de Alsina, significa que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso, por ello, “sufre una limitación en los casos en que el recurso se interpone contra una parte determinada de la sentencia, pues, entonces, el tribunal no puede pro-nunciarse sino sobre lo que es materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo tantum devolutum quantum apellatum o sea que los poderes del tribunal de apelación se hallan limitados por la extensión del recurso.En ese entender, el órgano revisor a quien se transfirió la actividad jurisdiccional tiene una limitación al momento de resolver la apelación, su actividad estará determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación, su adhesión o el escrito de absolución de agravios. No puede ir más allá de lo que el impugnante cuestiona, asimismo, se debe aclarar que el cuestionamiento que propone el apelante debe estar en concordancia con lo que se propuso en la demanda y lo que se argumentó en la contestación de demanda. Este principio pone la limitación al órgano revisor para que se pronuncie sobre el contenido de la apelación, no se puede pronunciar sobre lo no pedido por el recurrente. El juez de grado al resolver la impugnación tiene dos deberes, primero, el juez está obligado a realizar un conducta que se ajuste a lo peticionado por el impugnante; segundo, tiene que ver con la abstención del juez respecto de la impugnación, por el cual no le está permitido al juez emitir pronunciamiento sobre agravios no propuestos por el apelante, ni crear agravios, sobre todo no tocar los extremos de la sentencia que quedaron consentidos. La competencia del juez que resolverá la impugnación sólo alcanza a la revisión de aquello que fue materia de impugnación.Es por ello que este principio tiene un amarre directo con el principio dispositivo (sólo las partes proponen los agravios) y con el principio de congruencia (lo resuelto debe guardar relación con lo impugnado, debe haber identidad, correspondencia entre los agravios y el pronunciamiento, pues el juez debe resolver cada uno de ello, no omitir ningún agravio). Los agravios limitan la actividad del juez de grado, “sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum” (De la Rúa).4.3. Todo lo expuesto podemos corroborarlo con lo establecido por la sentencia emitida en el expediente N°03717-2005-PC/TC, que señala:“Tal como se ha referido la naturaleza de este tipo de proceso de cumplimiento no comporta al análisis del contenido del acto emitido, si no que se centra en verificar su inobservancia, y en caso fuese así, procurar su ulterior acatamiento por parte de la autoridad pertinente”• Análisis.4.4. Ante la demanda de la parte actora, (a folios 20 a 23), le fueron admitidas como pretensiones principales: i) Nulidad e ineficacia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 2548-2010-GR CUSCO/PR. ii) Nulidad e ineficacia de la Resolución Directoral N° 1800-2010-DRE-C. iii) Pago de la bonificación especial y diferencial tomando como base la remuneración total integra. iv) Ordene se pague los intereses legales y los devengados con retroactividad de la fecha en que entra en vigencia la presente ley. Conforme los porcentajes establecidos del 30% en cada caso respectivamente en base a la remuneración total integra.4.5. Los argumentos de hecho expuestos en la demanda nos dan el siguiente escena-rio:l) Que la administración publica ha reconocido que al demandante le co-rresponde percibir la bonificación por preparación de clases y evaluación, y la bonifica-ción diferencial.m) Que la administración publica viene abonando al demandante las bonifica-ciones antes mencionadas.n) La demandante sostiene que las dos bonificaciones antes mencionadas que actualmente viene percibiendo, erróneamente se le vienen pagando en base a la remuneración permanente, pretendiendo que la demandada cumpla con lo previsto en la Ley del profesorado y le abone dichas bonificaciones en base a la remuneración integra total.4.6. En la contestación a la demanda, básicamente, la demandada reconoce que a la demandante le corresponde percibir las dos bonificaciones.4.7. En ese orden de ideas, analizando en conjunto el panorama descrito, tenemos

que estamos ante la impugnación de actos administrativos de la administración publica previsto en el inciso 1 del articulo 4 del TUO de la Ley N° 27584, D.S-013-2008-JUS y la pretensión del cumplimiento de un mandato dispuesto por ley por parte de la adminis-tración pública previsto en el inciso 4 del articulo 5 de la misma norma.4.8. Ahora bien, el artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones: a) bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación; b) bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y, c) bonificación por zona diferenciada de trabajo.4.9. La entidad demandada, si bien reconoce el derecho a la percepción de tales boni-ficaciones, ha determinado su monto en función de la remuneración total permanente. Esta es la actuación que impugna en sede judicial la demandante.1.18. De los argumentos que sustentan la demanda, de los fundamentos de la sentencia y argumentos de la apelación respecto a la bonificación especial por pre-paración de clases y evaluación y la bonificación diferencial, se identifica que el tema en cuestión en el presente proceso, es determinar respecto a que si las bonificaciones materia de pretensión deben determinarse y otorgarse en base a la pensión total íntegra o en función a la pensión total permanente, en el entendido que el juez resolvió en la sentencia conforme a lo pretendido en la demanda, concluyendo que el derecho a percibir las bonificaciones están totalmente reconocidas y lo único que se debe ventilar en vía judicial, es su recalculo. Por tanto, el Juez no debe cuestionar si la demandante cumple con los requisitos para obtener las referidas bonificaciones, puesto que la administración demandada reconoció el derecho de la demandante a percibir estas bonificaciones como se vé de sus boletas de pago.1.19. Los derechos laborales de contenido económico objeto de la pretensión son, sin duda, bonificaciones. En efecto, tanto la bonificación especial por preparación de clases y evaluación; por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y por zona diferenciada (ya sea por ejercer un determinado cargo o respon-sabilidad, como por trabajar en un determinado lugar o condiciones) son, en principio, “bonificaciones” pues están relacionadas de manera estrecha e íntima con el trabajo que se desarrolla de parte del empleado.1.20. Teniendo presente que estamos, frente a la pretensión de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación y la diferencial, ante la pretensión de pago de “bonificaciones” debemos estar concientes que la determinación de su monto, en cada caso, debe responder a un solo concepto remunerativo en pro de lo que el Tribunal Constitucional ha venido en llamar “la finalidad de preservar el sistema único de remuneraciones” (Cf. Exp. N° 03717-2005-PC/TC. F. 8).1.21. Las normas que están comprometidas en el presente caso, son las si-guientes:Ley N° 24029. Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación espe-cial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remu-neración total.(…) El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura ex-cepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señaladosD.S. N° 051-91-PCM.- Artículo 10.- Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del Profesorado Nº 24029 modificada por Ley Nº 25212, se aplica sobre la Remu-neración Total Permanente establecida en el presente Decreto Suprem4.14. La que suscribe, en principio, considera que lo establecido en el artículo 10 del D.S. N° 051-91-PCM desnaturaliza lo establecido en el artículo 48 de la Ley N° 24029 y la contraviene, razón por la que no debe aplicarse para el caso de las bonificaciones, porque éstas se determinan, en su monto, con la remuneración total y no como dice dicha norma infra legal, con la remuneración permanente.A. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN.4.15. El Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, establece en su primer párrafo:“El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.(…).” Es a partir de la fecha de vigencia de la Ley N° 25212 que fue el 21 de mayo de 1990, y no antes, que debe aplicarse la mencionada bonificación.El Reglamento de la Ley del Profesorado, Decreto Supremo N° 19-90-ED, en armonía con aquella, establece:“Artículo 210 .El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.4.16. Sin embargo, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM – invocado por los demanda-dos apelantes – en su artículo 10 establece:“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 modifi-cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el presente decreto.”4.17. En consecuencia nos encontramos frente a un conflicto de normas, pues por un lado el artículo 48 de la Ley N° 24029 y el artículo 210 del D.S. Nº 19-90-ED., al esta-blecer el derecho al pago de una bonificación por preparación de clases y evaluación, establece que su monto es un 30% de la “remuneración total”, mientras que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM precisa que la referida bonificación, otorgada por la Ley N° 25212 será otorgada en base a la “remuneración total permanente”.Este conflicto debe resolverse aplicando el principio de jerarquía normativa, prescrito por la segunda parte del artículo 138 de la Constitución, esto es que:“En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una nor-ma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.”4.18. Estando al mandato constitucional citado, en el presente caso se aplicará lo esta-blecido en la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 mas no por lo normado por el D.S. N° 051-91-PCM en su artículo 10.4.19. El Tribunal del Servicio Civil precisó, además, lo siguiente:“14. Estando a ello, esta Sala considera que en atención del principio de especialidad, entendido como “la preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad”5, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la ley N° 24029. Lo que determina que, para el cálculo de la bonificación adicional por desempeño de cargo y por preparación de do-cumentos de gestión, se aplique la remuneración mensual total que el director perciba y no la remuneración total permanente a la que hace referencia el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.” (el subrayado es nuestro).4.20. De otro lado, el Gobierno Regional de Cusco, ante los numerosos procesos judi-ciales respecto a demandas incoadas por profesores reclamando el reconocimiento de la bonificación especial por el 30 % por preparación de clases y evaluación, ha emitido el Decreto Regional Nº002-2012-GR-CUSCO/PR, el 3 de mayo del 2012, señalando que el calculo deberá efectuarse sobre la remuneración total y no sobre la remunera-ción permanente como actualmente se viene aplicando, decretando en su parte reso-

lutiva: “Articulo Primero.-Disponer que a partir de la fecha el calculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, se efectuara sobre el monto total o integra. Articulo Segundo.- Disponer la dirección regional de Cusco y las Unidades de Gestión Educativa Local que la integran, que en las pretensiones de pago sobre la Bonificación Especial por preparación de clases y evaluación, se resuelva conforme a lo dispuesto en el articulo precedente.(…)”4.21. En consecuencia, el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 debe pagarse en función de la remuneración total del empleado.B. RESPECTO A LA BONIFICACIÓN POR ZONA DIFERENCIADA4.22. Se ha determinado que en el presente caso no es de aplicación, por jerarquía, el Artículo N° 10 del D.S. N° 051-91-PCM, frente al Artículo 48 de la Ley del Profesorado N° 24029 , modificado por la Ley N° 25212, ésta norma legal, que establece en su último párrafo: “El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a per-cibir una bonificación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”.4.23. Nótese que la ley, cuando establece con la modificación citada, el derecho a la percepción de una bonificación por preparación de clases y evaluación, así como para el caso de la bonificación por zona diferenciada lo hace indicando que es en función de la remuneración permanente.4.24. Lo indicado, sin duda, es una contradicción en una misma ley que debe ser supe-rada con la labor de su interpretación. En tal sentido:4.24.1. El artículo 48 de la Ley N° 24029 establece tres bonificaciones en razón a tres razones diferentes: a) por preparación de clases y evaluación; b) por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión y c) por zona diferenciada.4.24.2. Como ya expresé, tratándose de bonificaciones, éstas pueden otorgarse por razones diferentes y en montos diferentes (porcentajes), más no creo que la base de su determinación deba ser diferente, es decir, ¿por qué las dos primeras deben ser pagadas en función de la remuneración total y la última o tercera en función de la remuneración permanente?4.24.3. Al respecto, en principio, estamos ante un derecho laboral de contenido eco-nómico “bonificación” que, como lo hemos explicado, es un concepto remunerativo vinculado al trabajo del empleado, es decir, que es una bonificación más de las que otorga el empleador por una razón objetiva, en este caso, por desarrollar el trabajo en una determinada zona geográfica “diferenciada” de otras que no tengan las que la norma enuncia (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), es ésta la razón de ser de la palabra o concepto “diferenciada”, mas no es éste el nombre que le corresponde a la bonificación como tal.4.24.4. Entonces, la bonificación es en sí misma un derecho laboral de carácter eco-nómico y de naturaleza remunerativa que se otorga justificadamente sobre la base de una razón objetiva, en el presente caso: lugar de trabajo (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) y debe de-terminarse, en su monto, en función de una base económica semejante o similar a las otras dos bonificaciones reguladas por el Artículo 48 de la Ley N° 24029, para que de esta forma la diferenciación este en el concepto y razón de su concesión, mas no en el monto a pagar.4.24.5. De cara al derecho a la igualdad, se tiene que en el caso de trabajadores del sector salud, a quienes se otorgó una bonificación por trabajar en zona rural (Ley N° 25303, Artículo 184) se les determinó tal bonificación en función de la remuneración to-tal. Entonces ¿cuál sería la razón para pagarle a un servidor del sector salud la bonifica-ción por lugar de trabajo (zona rural) en función de su remuneración total y a un profesor pagarle la misma bonificación, pero en función de su remuneración permanente? Esto demuestra que debe atenderse a la unidad e igualdad en el pago de las bonificaciones respecto a la remuneración sobre la que deben determinarse. Adicionalmente a lo ex-puesto, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional reconoció el derecho de los servidores del sector salud, de percibir la bonificación diferencial, para aquellos servidores que laboren en zonas rurales y urbano-marginales, en base al 30% de la remuneración total; y si eso es así, la bonificación por zona de trabajo reconocida a los profesores que presten servicios en zona de frontera, rural etc., debe otorgarse en base a la remuneración total integra, en aplicación del principio de igualdad.4.24.6. En esa perspectiva, las bonificaciones que se den en el marco de la legislación que rige a los profesores, así como son iguales en concepto y razón de su concesión, deben ser iguales en cuanto a la remuneración que les sirve de base para su deter-minación en la suma que se de para retribuirlas, en aras de la unidad del sistema de remuneraciones de los trabajadores del Estado.4.24.7. Por lo que no creo que exista una justificación objetiva y razonable para deter-minar que el monto a pagar por las bonificaciones establecidas en el Artículo 48 de la Ley N° 24029 se realice en forma diferenciada. Es más, si un profesor debe trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia) no es acaso justo además que tal bonificación se pague con la remuneración total o íntegra, antes que con la remuneración perma-nente que sin duda es menor, cuando la razón de la concesión de tal bonificación es, precisamente, atender su desplazamiento a zonas alejadas y en condiciones adversas y diferentes a las normales.4.24.8. Además debemos estar concientes de lo dicho por el Tribunal Constitucional en el sentido de que “En principio debe precisarse que la diferenciación está constitu-cionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables” (Cf. Exp. N° 02974-2010-PA/TC), pero no encontramos, en este caso, la razón objetiva y razonable – como lo tenemos dicho – para que una misma norma (Artículo 48 de la Ley N° 24029) establezca que la bonificación por trabajar en una zona diferenciada (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), siendo una “bonificación” sea pagada en función de una remuneración menor que otras que ella misma establece (bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación y, bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión), cuyo efecto – además – es pagar una bonificación con un monto menor frente a su finalidad: trabajar en zonas diferentes a las que pueden considerarse normales, como es el caso de una frontera, la Selva, una zona rural, de altura excepcional, zona de menor desarrollo re-lativo y zona de emergencia.4.25. En consecuencia, el pago de la bonificación por zona diferenciada de trabajo, establecida en el artículo 48 de la Ley N° 24029 en aplicación al principio de igualdad y de favorabilidad laboral debe pagarse en función de la pensión total del administrado.F. RESPECTO AL PAGO DE INTERESES.4.26. Debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 1324 del Código Civil el cual señala: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el

Banco central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno”; en el caso de autos estando acreditado que la demandada (administración pública) no ha cumplido íntegra-mente con el pago al que estaba obligada; y no siendo necesario que se demuestre la renuencia al mismo o se incumpla parte de éste para la generación de intereses; por lo que la pretensión debe ser también amparada.D. DEL CASO CONCRETO:4.27. Esta acreditado que la demandante mediante Resolución Directoral Nº 523, del 24 de abril de 1991 cesó con pensión de cesantía nivelable en el cargo de profesora en el C.N.P. “Santa Rosa de Lima” de la ciudad de Cusco, a partir del 31 de abril de 1991, habiendo requerido a la administración demandada el recalculo de la bonificación por preparación de clases y evaluación y la bonificación diferencial, petición que fue decla-rada infundada mediante Resolucion Directoral N°1800, del 3 de setiembre del 2010, emitida por la Direccion Regional de Educacion de Cusco, y la Resolucion Ejecutiva Regional N°2548-2011, del 6 de diciembre del 2010, emitida por el Gobierno Regional de Cusco (folio 3 a 6).4.28. Ante la negativa de la administración Publica, la indicada persona ha presentado su demanda (folio 20 a 23). La contestación a la demanda se basa principalmente en que el pago de las bonificaciones materia de proceso se vienen haciendo en cumplimiento del D.S. N° 051-91-PCM. Es muy importante tener presente que la parte demandada no ha negado ni contradicho el hecho de que el demandante esté percibiendo el derecho laboral de contenido económico cuyo pago pretende se haga en función de la remuneración total o íntegra, sino que se han limitado – como lo tenemos dicho – a afirmar de que su pago se viene haciendo conforme a la norma citada.4.29. También se encuentra acreditado que la demandante actualmente percibe la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, y bonificación diferencial como se aprecia de sus boletas de pago (a folios 7 a 8).4.30. En este contexto, todo pronunciamiento judicial para ser legitimo y ejecutable, debe observar determinados parámetros, entre los cuales se halla el principio de con-gruencia, tal como se desarrollo en el considerando 4.1 y siguiente, en cuya virtud las resoluciones judiciales deben de guardar un criterio de logisidad u congruencia con las pretensiones de las partes, en los fundamentos que contienes, y, entre estos y la decisión adoptada.4.31. Esta obligación resulta infringida cuando el órgano jurisdiccional emite pronuncia-miento: i) excediendo lo pedido por las partes ;ii) respecto a un tema no planteado por las partes- fuera de lo pedido-; iii) por debajo de lo solicitado por las partes; o, iv) simple-mente no se pronuncia sobre una pretensión instada, incurriendo en vicios ultra, extra , infra, citra petita, respectivamente, los mismos, que dependiendo de la naturaleza de la pretensión podrán o no generar la nulidad de la resolución analizada.1.36. Ahora bien, pretender analizar o revisar los requisitos por lo cuales se otorgó la bonificación diferencial significaría cuestionar el procedimiento administrativo por el cual se le reconoció la bonificación diferencial en base a la remuneración total permanente a los administrados, en todo caso de existir cuestionamiento del acto ad-ministrativo que dio origen a este derecho - a criterio de la suscrita- tal hecho debería dilucidarse con otro proceso, lo contrario implicaría vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los administrados.1.37. En el presente caso, la actuación impugnable -respecto de la bonificación diferencial- está contemplada en el inciso 1 del articulo 4 del D.S.013-2008-JUS, es decir, consiste en la impugnación de los actos administrativos que resuelven pagarle al demandante la bonificación diferencial en base a la pensión total permanente, en vez de, pagarle en función a la pensión total integra conforme la “Ley del Profesorado”. Esta actuación y no otra, es la que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.4.34. En ese entender, no es objeto de este proceso contenciosos administrativo el derecho adquirido que tiene el demandante “a percibir o no” tal bonificación como en efecto actualmente la percibe, es decir, no ha sido objeto de pretensión alguna, ni de acción ejercitada por la demandada con tal propósito.4.35. La única actuación impugnada, respecto a la indicada bonificación es la base re-munerativa sobre la que debe calcularse el porcentaje correspondiente, es decir, si este debe aplicarse sobre la pensión total permanente o la pensión total integra.Siendo esto así, no es correcto afirmar que el modelo del control jurisdiccional de las ac-tuaciones de la administración que actualmente impera en nuestro país, el mismo que se adscribe al de la plena jurisdicción, sea uno que autorice a revisar la titularidad del derecho laboral reconocido por la Administración Pública empleadora a favor del em-pleado, sobre todo, si éste es quien ha iniciado en proceso contencioso administrativo, pues la plena jurisdicción autoriza que el juez del proceso contencioso administrativo no se limite ha revisar la validez, invalidez, eficacia o ineficacia del acto administrativo, o , de ser el caso de la actuación administrativa, sino que ante la pretensión del deman-dante, su pronunciamiento no se limite a dichos extremos, sino mas bien a declarar el derecho al administrado que haya sido negado por la administración. En consecuencia la plena jurisdicción la ejerce el juez del proceso contencioso administrativo en función de la pretensión del demandante, respecto a una actu-ación de la administración que lo agravia en su derecho, pero de ningún modo para cuestionar el derecho que la administración le ha reconocido y mucho menos si este no ha cuestionado su validez mediante un proceso que tenga dicho objeto y fin. Asimismo, no habiendo incurrido en causales de nulidad la sentencia recurrida como se refiere en el voto ponente, puesto que cuenta con la motivación adecuada, no debe ser declarada nula, máxime si se toma en cuenta que la Casación N°1074-2010-AREQUIPA consid-erada en el citado voto, deviene de un proceso en cual se discute el reconocimiento de la bonificación diferencial, más no, el recalculo del mismo como sí se dilucida en el presente caso. Estas son las razones por las cuales no comparto la decisión asumida en el voto ponente que resuelve declarar la nulidad de la sentencia venida en grado.4.36. Asimismo, se advierte de la sentencia, que al declarar fundada la demanda, el Juez de la causa ordena que la demandada, dentro del quinto día de consentida o eje-cutoriada la sentencia cumpla con lo dispuesto en la sentencia, bajo apercibimiento de procederse conforme a lo establecido por el articulo 41 del T.U.O. DE LA Ley que regula el proceso contencioso administrativo dado por D. S. 013-2008-JUS, sin embargo de conformidad con los artículos 41 y 47 de la norma antes citada el pago del derecho, así como de los adeudos respectivos y de los intereses de ley debe hacerse solo en función a los procedimientos allí dispuestos. V. DECISIÓN: Por estos fundamentos, mi voto es:5.1. CONFIRMAR sentencia contenida en la Resolución número 11 del 5 de setiembre de 2012 que declara “FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Lucy Graciela Marranillo Casapino, contra la Dirección Regional de Cusco representado por su director, con citación del Procurador Publico Regional de Cusco ( a folio 113 a 115), con lo demás que contiene.1.11. ACLARAR que el cumplimiento de la sentencia debe hacerse de con-formidad a lo preceptuado por el artículo 41 concordado con el artículo 47 del D. S. 013-2008-JUS.1.12. RECOMIÉNDESE a la Dirección Regional de Educación de Cusco, cumplir lo dispuesto por el Decreto Regional Nº 002-2012-GR-CUSCO/PR, efectuando

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201328 29el calculo de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación dispuesto por el articulo 48º de la Ley Nº 24029 modificada por la ley Nº 25212, sobre el monto de la remuneración total o integra y no sobre la remuneración permanente como actual-mente se venia aplicando. Y lo devolvieron. T.R. y H.S.S.S.XIOMAR ALFARO HERRERA.Juez Superior Titular de la Segunda Sala LaboralCorte Superior de Justicia de CuscoXAH/arcr.ponenciaExpediente : 00416-2011-0-1001-JR-LA-03.Demandante : Lucy Graciela Marmanillo Casapino.Demandado : Dirección Regional de Educación de Cusco.Materia : Pago de bonificación especial y diferencial –do-cente cesante–.Procede : Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Cusco.Juez Superior : Quispe Álvarez.Cusco, tres de junio de dos mil trece.-XX. ANTECEDENTES:Con la opinión fiscal (págs. 151 - 157), sin informe oral de las partes, se procede a la revisión de los actos procesales impugnados, derivado de los seguidos por Lucy Graciela Marmanillo Casapino, contra la Dirección Regional de Educación de Cusco, con citación del Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, sobre demanda Contenciosa Administrativa.XXI. RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:Sentencia contenida en la resolución Nº 11, de 5 de setiembre de 2012 (págs. 115 - 113) que declara fundada la demanda. Con lo demás que contiene expresamente.XXII. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:Por escrito presentado el 14 de setiembre de 2012 (págs. 131 - 133), dentro del plazo legal, el representante legal de la Dirección Regional de Educación de Cusco, apela la sentencia, pide sea revocada. Con lo demás que contiene expresamente.Por escrito presentado el 17 de setiembre de 2012 (págs. 138 - 140), dentro del plazo legal, el Procurador Público del Gobierno Regional, apela la sentencia, pide sea revo-cada. Con lo demás que contiene expresamente.XXIII. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:Consideraciones previas.49. Mediante escrito presentado el 08 de febrero de 2011 (págs. 20 - 23), la parte demandante pretende, entre otros, se le otorgue la bonificación diferencial equivalente al 30% de la remuneración total. La Juez al emitir sentencia advierte que la demandante ya está percibiendo dicha bonificación en base la remuneración total permanente, por lo que limitándose a analizar su recálculo, ordena que se le paguen la misma en base a la remuneración total.50. Los argumentos relevantes que sustentan la impugnación de senten-cia, son: i) no se ha tomado en cuenta que en mérito al DS 051-91-PCM se ha determi-nado que el monto de esta bonificación se debe pagar en base a la remuneración total permanente –norma que tiene rango de Ley al haber sido dictada en base al artículo 211 de la Constitución de 1979–; y, ii) el monto de las bonificaciones se han pagado conforme a los principios y directivas presupuestarias del Estado.Análisis.Respecto al contenido del derecho de motivación de resoluciones.51. Todo pronunciamiento judicial para ser legítimo, debe observar deter-minados parámetros, entre ellos, el deber de motivación, sobre todo, los que rechazan la continuación del proceso; así lo ha señalado el Tribunal Constitucional al establecer como precedente vinculante que la certeza judicial es el derecho de todo procesado a que las sentencias y resoluciones estén motivadas, la exposición de un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican (…).52. Se exige una adecuada motivación, a efecto que las partes, de no es-tar conformes con su sentido, informados de los fundamentos con los cuales se adoptó determinado pronunciamiento impugnen el mismo precisando –como lo exige la razón y el sistema normativo vigente– cuál fue el análisis, valoración o interpretación errónea o aplicación indebida de una norma, que condujo a la emisión de un pronunciamiento inadecuado.53. Sin embargo, este deber de motivación no implica necesariamente que la resolución esté profusa y ampliamente motivada, sino, que su contenido ob-serve los estándares mínimos que garanticen el respeto de nuestro ordenamiento jurídico; así, el Tribunal Constitucional ha precisado que se vulnera este derecho cu-ando se presenta: i) inexistencia de motivación o motivación aparente –no se explica por qué se adopta un decisión, no se responde las alegaciones de las partes o, solo se da un cumplimiento formal del deber de motivar amparándose en frases sin sen-tido–; ii) falta de justificación interna –la conclusión no se infiere válidamente de las premisas que la sustentan–; iii) falta de justificación externa –no se validan fáctica o jurídicamente las premisas que sustentan la conclusión–; iv) motivación insuficiente; y, v) motivación sustancialmente incongruente –no se pronuncia respecto a las pre-tensiones planteadas por las partes–Respecto al ámbito de control en el proceso contencioso administrativo respec-to a los actos de la administración.54. Resulta pertinente determinar previamente cuál es el alcance del control judicial respecto a los actos de la administración, específicamente discriminar si el hecho que la demandante ya viene percibiendo las bonificaciones cuyo recálculo pretende, implica: i) que el órgano jurisdiccional únicamente se debe avocar a realizar su recalculo sin analizar el cumplimiento de los requisitos para percibir la bonificación que se recalcula, o, ii) si previo al recálculo se debe revisar los requisitos para percibir dichas bonificaciones.55. Aún cuando se pretendiese esbozar algunos argumentos vincula-dos a la teoría de derechos adquiridos o sostener que revisar los requisitos para conceder la bonificación no es un tema contenido en la pretensión; lo cierto es que la jurisprudencia –Tribunal Constitucional y Corte Suprema– y la doctrina se han pronun-ciado manifiestamente en sentido contrario.56. Analizando la jurisprudencia relevante al caso tenemos que:56.1. El Tribunal Constitucional ha precisado que: “de autos no es posible determinar certeramente si a las demandantes les corresponde la bonifica-ción solicitada por haber laborado en condiciones excepcionales de trabajo. Por otro lado, si bien se precisan que en realidad solicitan el recálculo de la bonificación demandada, corresponde igualmente a otras vías determinar el derecho y el monto que les correspondería en caso se estime su pedido” (el énfasis es agre-gado).56.2. Si bien en la jurisprudencia citada se analizó el recálculo de la bonificación diferencial del D. Leg. 276 y no de la Ley del Profesorado, no se debe pasar por alto que: i) aquella bonificación, como la que invoca la ahora de-

mandante, se paga en atención a las condiciones del lugar donde uno trabaja –zona rural, de selva, altura excepcional, etc–, y, ii) que en ambos casos sólo se pretende el recálculo de las bonificaciones; y, pese a ello el Tribunal Constitucional determinó que no se debía realizar dicho recálculo en forma mecánica, sino precisamente debía determinarse previamente el derecho, es decir revisar si se cumple los requisitos para otorgar la bonificación.56.3. Lo anterior debido a que en caso el órgano jurisdiccional no decida asumir tal responsabilidad, al actuar en un proceso contencioso administra-tivo se convertiría en una mesa de partes que legitima inclusive los actos irregulares de la administración.56.4. Es oportuno indicar que este razonamiento del Tribunal Constitucional constituye un criterio jurisprudencial consolidado, así tenemos la RTC 0314-2008-PC/TC, la RTC 5008-2011-PC/TC, la RTC 5010-2011-PC/TC, la RTC 05024-2011-PC/TC y la 00558-2012-PC/TC –entre otros pronunciamientos–.56.5. Si bien las resoluciones citadas se refieren a personal ad-ministrativo y no a profesores, esta Sala no encuentra una razón o fundamento para que en un caso se deban revisar los requisitos de la bonificación por zona diferenciada y en otro no, pues asumir una razonamiento diferente implicaría vulnerar el principio de prohibición de discriminación contenido en el artículo 2.2 de nuestra Constitución.56.6. Por su lado la Corte Suprema en la Casación 1074-2010-AREQUIPA, ha precisado que para percibir la bonificación diferencial es exigible acreditar los requisitos para tal efecto.56.7. Bajo similar razonamiento en un caso de un profesor en el que sólo se reclamaba el recálculo de una bonificación, la Corte Suprema en la Casación 2875-2010-PIURA bajo la premisa que el error no genera derecho, ha des-estimado la pretensión de recálculo en tanto advirtió a su juicio que la demandante no cumplía los requisitos para percibir la bonificación cuyo recálculo solicitaba, lo cual, confirma que la orientación jurisprudencial de las máximas instancias de nuestro sis-tema de justicia conviene en que es posible y se debe revisar el cumplimiento de los requisitos de la bonificación, aún cuando solo se pretendiese su recálculo.56.8. Es esta la razón por la cual incluso cuando se solicita el cumplimiento de un acto administrativo que ya reconoce el derecho de un trabajador en un monto específico, el Tribunal Constitucional ha determinado que incluso en aquel supuesto además se debe revisar la legalidad y constitucionalidad de dicho acto, de lo contrario, aún cuando se trate de un acto que tiene la calidad de cosa decidida no se podría ordenar su cumplimiento, ello ha quedado evidenciado en la STC 2288-2007-PC/TC donde se precisó que para ordenar el cumplimiento de un acto administrativo es requisito adicional o específico, “…verificarse si las resoluciones re-feridas han sido dictadas de conformidad con los precedentes establecidos en la STC 2616-2004-PC/TC mediante la cual el Tribunal Constitucional procedió a unificar su criterio, estableciendo a quienes corresponde, y a quienes no, la bonificación especial otorgada por el Decreto de Urgencia No. 37-94.” Criterio que viene adoptando esta Corte desde varios años atrás.57. La doctrina, por su lado también ofrece un respaldo a esta posición, para tal efecto se debe tener presente que:1.16 Mientras en los albores de la justicia contenciosa ad-minitrativa, el sitema francés –que diseñó el modelo objetivo– postulaba que el Órga-no Judicial únicamente podía controlar la legalidad de los actos de la administración, es decir, limitarse a declarar la nulidad de los actos administrativos, el sitema aleman, advirtió la necesidad de ir mas allá, como relata HUERGO LORA.1.17 Así, el sistema alemán propicia el modelo subjetivo de justicia contenciosa adminsitrativa “definido por la técnica de la necesidad de pro-tección jurídica, técnica subjetiva que busca en primer lugar, buscar la satisfacción procesal del administrado a través del otorgamiento de formas de tutela procesal más efectivas y que en ningún momento le produzcan indefensión”, razón por la que este Tribunal considera que al emitir sentencia el Juez está en la obligación, no solo de limitarse a declarar la nulidad del acto administrativo –como en el antigüo modelo francés–, sino entrar a analizar el propio derecho del administrado –plena jurisdic-ción–.1.18 Ahora, esta concepción de plena jurisdicción, al habili-tar la calificación de derecho, entendemos que se aplica no sólo cuando le sea favor-able al administrado, sino cuando también le sea favorable a la administración, en tanto, lo que se tutela en el proceso contencioso administrativo, sobre todo cuando se debaten obligaciones de dar, no sólo es el interés reclamado por la actora, sino el sistema presupuestal y el patrimonio del Estado, que no puede ser destinado a fines distintos a los legalmente establecidos; recordemos que en estos procesos tutelamos indirectamente los derechos de la población en su conjunto, al erradicar actos arbi-trarios cuanto fraudulentos, ilegales e inconstitucionales; de allí que al advertir una acto ilegal, el órgano jurisdiccional no puede asumir una función cómplice convalida-dora –al menos esta es nuestra posición–. Lo expuesto justifica la posibilidad de la revisión de los requisitos de la bonificación cuyo recálculo se reclama.1.19 Finalmente, ante la preocupación respecto a la congru-encia procesal en la sentencia, García de Enterría –analizando desde una perspectiva comparada este proceso– ofrece una solución al postular que: “si al dictar sentencia el Juez o Tribunal estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquellas, sin que ello implique prejuzgar el sentido del fallo, concediendo a los interesados un plazo común de diez días para que formulen alegaciones” (el subrayado es agregado).1.20 Es decir, esta posibilidad de realizar un control íntegro del acto no solo tienen reconocimiento doctrinario, sino incluso un procedimiento en la experiencia comparada que valida su utilización y legitima su actuar, porque al hablar de plena jurisdicción nos referimos a que el órgano jurisdiccional puede subsumirse en las funciones de la administración, con las facultades de revisión de oficio, que abarca las instituciones de nulidad y revocación del acto administrativo.58. Desde una perspectiva legal, no existe mayor contradicción para realizar este control, y, si bien podría alegarse que el plazo de nulidad de oficio de un acto administrativo tiene un plazo perentorio, sin embargo, la posibilidad de revocarlo y dejar sin efecto no tiene tal condición.59. En todo caso en el presente proceso, no es objetivo ordenar que se deje de pagar la bonificación reclamada, en tanto podemos estar ante un caso de acto administrativo como título en cuya virtud, si bien “(la) atribución de derechos o de situ-aciones jurídicas activas efectuada por los actos administrativos a favor de los particu-lares se ampara siempre en la Ley, según el principio de precedencia de la legalidad… pero puede incluir también, junto a la previsión legal abstracta, un ingrediente más concreto de decisión discrecional, por ejemplo en la concesión o en la subvención. En cualquier caso, sea la declaración de derechos reglada… o discrecional, en los casos ya indicados, es importante notar que una vez el acto administrativo dictado, es éste el que juega como título del derecho por el mismo reconocido, independizándose de la cobertura legal superior, la cual sólo en los casos de revisión del acto vuelva a

emerger para contrastar la validez de dicho título”.60. Es decir, puede ser que al margen de la Ley la administración dis-crecionalmente haya decidido darle una bonificación a la demandante, y si bien tal decisión puede subsistir hasta que sea dejada sin efecto, no obstante no tenga cobe-rtura legal superior, en este sentido, no es posible invocar la Ley para recalcular una bonificación que no se halla legitimada en la ley sino en un acto discrecional que en palabras del autor citado no tiene cobertura legal superior, más aun si la Adminis-tración Pública se rige por el Principio de Legalidad Presupuestal que determina que todo gasto o costo debe hallarse coberturado en las normas presupuestarias que autoricen su otorgamiento.Respecto al análisis efectuado en el presente caso.61. Pese a que desde una perspectiva legal, doctrinaria y jurispruden-cial le es exigible al órgano jurisdiccional, por tanto al Juez Especializado, realizar una revisión de si se cumplen los requisitos para percibir la bonificación diferencial antes de verificar si corresponde ordenar el recálculo solicitado, sin embargo, en el presente caso la Juez, no ha realizado ningún análisis sobre el particular.62. Así, en el presente caso resulta necesario observar las reglas esta-blecidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED, antes de determinar el concepto remunerativo aplicable, de acuerdo a lo expuesto precedentemente –control de legali-dad–; lo cual evidencia que estamos ante una motivación insuficiente, que al vulnerar el derecho de motivación de resoluciones, como componente del debido proceso jus-tifica anular la resolución apelada.63. De otro lado, a efecto de evitar nulidades ulteriores, si bien no es materia del presente proceso ordenar que se deje de pagar bonificación alguna –al no haber sido pretendida tal pretensión–, sin embargo, no procederá estimar el recálculo legal, de aquel acto que no encuentra respaldo en la propia Ley; análisis que debe hacer el Juez al renovar el acto procesal viciado. Recordando además que en aten-ción al artículo VI del Título Preliminar del Código procesal Constitucional “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.64. Para considerar que dicho análisis es válido la Juez, debe deter-minar –además de los aspectos ya anotados en la presente resolución– si la parte demandante cumplió antes de su cese los requisitos para percibir la bonificación dife-rencial en atención a las precisiones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 761-91-ED y teniendo en cuenta su condición de cesante (1991), máxime si pretende el pago de dicho beneficio en función al máximo establecido por la norma, esto es el 30%, por lo que el lugar donde cesó debe calificar con tres conceptos (zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia), análisis que la Juez debe realizar al renovar el acto procesal viciado.XXIV. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, se resuelve,DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia contenida en la resolución Nº 11, de 5 de setiembre de 2012 (págs. 115 - 113) que declara “FUNDADA la demanda interpues-ta por LUCY GRACIELA MARMANILLO CASAPINO contra el Gobierno Regional de Cusco representada por su Presidente, la Dirección Regional de Educación de Cusco representada por su Director, con citación del Procurador Público del Gobierno Re-gional del Cusco, sobre ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, (…)”, con lo demás que contiene, en su virtud, DISPUSIERON que el Juez del proceso antes de emitir nuevo pronunciamiento, proceda de conformidad a las precisiones anotadas en la presente resolución. Y los devolvieron.- T.R. y H.S.-s.s. Voto en DiscordiaQUISPE ÁLVAREZ. PEREIRA ALAGÓN. ALFARO HERRERA.01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

VOTO EN DISCORDIA PARCIALProceso : 00005-2013-0-1001-SP-LA-01Demandante : Margarita Ecos Tecsi.Demandada : Municipalidad Provincial de Paruro.Materia : Contencioso Administrativo-LaboralProviene : Juzgado Mixto de Paruro.Ponente : Sr. Callapiña Hurtado.Cusco, 25 de junio de 2013.I. VISTO: El presente proceso venido en grado de apelación, el voto emitido por el Juez Superior Wilber Bustamante Del Castillo y en atención a los siguientes,II. FUNDAMENTOS:Respecto a los alcances del presente voto.1. Resulta pertinente aclarar que el magistrado suscribiente, convengo con la ponencia que propone CONFIRMAR la Resolución No. 15 (auto de saneamiento) de fecha 20 de julio de 2012, en el extremo que deniega la exhibición que debe realizar la demandante del informe de labores efectuadas el 01 de enero del 2011 hasta el 15 de marzo de 2011.2. Así mismo, convengo con la ponencia en el extremo que propone CONFIR-MAR la Sentencia contenida en la Resolución No. 25, del 26 de diciembre de 2012 (folios 225), que falla declarando FUNDADA la demanda de folios 24 a 30, aclarada y adecuada mediante escrito de folio 113 a folio 115, respecto de la pretensión de CESE DE UNA ACTUACIÓN MATERIAL QUE NO SE SUSTENTE EN ACTO ADMINISTRA-TIVO, Y LA REPOSICIÓN AL CENTRO DE TRABAJO.3. Y respecto a la pretensión de PAGO DE REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR, no comparto la propuesta de confirmar la sentencia que declara fundada la demanda, siendo mi voto en discordia parcial en dicho extremo.Respecto al voto en discordia.-4. Conforme es de verse de la demanda (folio 24), y el auto admisorio de de-manda (folio 36), una de las pretensiones admitidas a trámite, es que “se disponga el pago de las remuneraciones dejadas de percibir”, aclarando que por escrito de folio 86 y 113 la demandante ha aclarado su petitorio, al haberse amparado la excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de modo que la pretensión de “Pago de Remuneraciones Dejadas de Percibir”, ha sido considerada como pretensión “Subordinada”, por propia manifestación de la actora.5. El artículo 87 del Código Procesal Civil establece las clases de acumulación objetiva originaria, y entre ellas la “Subordinada”, que expresamente indica: “…Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad de que la propuesta como principal sea desestimada…”; en ese entender, se tiene claramente establecido que este tipo de acumulación es de naturaleza disyuntiva, es decir que ante la even-tualidad de que sea desestimada la pretensión principal, esta pretensión subordinada sea amparada, y contrario sensu, en caso de que la pretensión principal sea ampara-da, devendría en innecesario emitir pronunciamiento sobre la pretensión subordinada.

Por tanto, en el presente caso inclusive si se viene amparando la pretensión principal de reposición al centro de trabajo, no resultaría amparable la pretensión subordinada de pago de remuneraciones dejadas de percibir.6. Por otro lado, conforme es de verse de la demanda y su escrito aclaratorio re-specto de la pretensión materia de análisis, de manera suscinta indica la demandante, que al haber sido despedida no sólo se le habría privado de su derecho al trabajo sino la consiguiente percepción de sus remuneraciones, con lo que sostenía a su familia, y que desde aquella fecha se habría quedado sin laborar. Por su parte la entidad de-mandada ha indicado que dicha pretensión devendría en improcedente, a mérito de que la actora desde enero de 2011 labora en la Municipalidad de Lares, y conforme a ley estaría prohibido percibir doble remuneración del Estado.7. El fundamento de la ponencia que es materia de discordia, se centra en que al trabajador que fuere despedido sin causa alguna tendría derecho a una indem-nización, haciendo precisión en el sentido de que el Tribunal Constitucional habría indicado que ante la petición de pago de los ingresos dejados de percibir se dejaría a salvo el derecho del demandante tales remuneraciones devengadas en el proceso ordinario correspondiente, por tener naturaleza indemnizatoria, así mismo indica que sobre el daño patrimonial, el empleador estaría obligado a pagar el lucro cesante traducido en el hecho de que, de haber proseguido en sus labores, habría podido dar uso a las remuneraciones que hubiese percibido, incrementando su patrimonio y asumir obligaciones de distinta índole, por lo que al haber sido impedido en su ejer-cicio, existiría contravención a la Constitución y a la Ley, por lo que le correspondería resarcir dicha inejecución. Consecuentemente esta pretensión es de contenido in-demnizatorio que deviene del despido arbitrario, lo cual ha sido acreditado, por lo que debe disponerse su pago en función a las remuneraciones dejadas de percibir hasta la ejecución de la sentencia.8. El fundamento de la posición del presente voto en discordia radica en el hecho de que las remuneraciones dejadas de percibir por un despido arbitrario en caso de trabajadores del sector público, o bajo contratos laborales del régimen laboral pú-blico, no existe norma alguna que disponga su pago de todas las remuneraciones dejadas de percibir, que si bien es cierto tienen naturaleza indemnizatoria, no significa de ninguna manera que se le pague al servidor remuneraciones del tiempo que no laboró, puesto que para fines de establecer un monto indemnizatorio respecto de una inejecución de obligación, o que provenga de una responsabilidad extra-contractual, la norma sustantiva civil establece criterios que determinan la procedencia o no de dicho pago indemnizatorio.9. En esa línea de razonamiento, para fines de determinar el monto resarcitorio que se solicite, conforme al Código Civil, debe valorarse si constituye daño emer-gente, lucro cesante, daño moral, patrimonial, o de otra naturaleza, del mismo modo debe establecerse si el daño causado fue doloso o culposo, teniendo en cuenta las diferentes formas de culpa, todo ello, a fin de determinar si corresponde amparar o no una pretensión de daños y perjuicios, por lo que no se puede fijar de plano el pago de remuneraciones de un trabajo que no se ha realizado, tanto más que en una remu-neración existen diferentes conceptos por los que percibe una cierta cantidad remu-nerativa un servidor por el trabajo que realiza, entre ellos beneficios, bonificaciones, y otros, que sólo se otorgan por una labor efectiva realizada.10. Queda establecido entonces, que de corresponderle una indemnización por daños y perjuicios al trabajador que ha sido despedido arbitrariamente, no es que se le pague por el tiempo que ha dejado de laborar, sino que de acuerdo a los medios de prueba que aporte conforme a lo dispuesto por el artículo 1331 del Código Civil, debe acreditarse debidamente los daños y perjuicios que le ha causado tal hecho, sólo así se puede determinar cualquier monto resarcitorio que le corresponda, y en todo caso ser de aplicación lo dispuesto por el artículo 1332 del Código Civil, que expresamente establece: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración equitativa”, de modo que queda claro que, aún en este tipo de casos de despido arbitrario, no puede fijarse un monto resarcitorio del pago de remuneraciones dejadas percibir.11. Por otro lado el voto en discordia también radica en el sentido de que, si bien es cierto conforme a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es procedente acumular la pretensión de indemnización por daño causado, junto a una pretensión principal establecida en dicha norma (art. 5.5 del D.S. 13-2008-JUS); lo que no sig-nifica que la parte actora deje de acreditar el daño y perjuicio que le haya causado el hecho que genera su pretensión, menos aún significa que sea planteado de manera genérica, puesto que la norma procesal establece que debe el demandante determi-nar que tipo de acumulación es la que plantea, y en el caso de autos, como se dijo precedentemente se trata de una acumulación subordinada, cuyos efectos, de por si determinan que amparada la pretensión principal, no resulta ya procedente emitir pronunciamiento sobre la pretensión acumulada.12. En ese orden de ideas, también es preciso indicar, que procesalmente para fines de instar una demanda a través de un proceso contencioso administrativo, se requiere que la parte actora haya cumplido con agotar la vía administrativa, ello debe entenderse respecto a la acción principal y a las acumuladas en cualquiera de sus formas de acumulación, claro esta con las excepciones que prevé la misma Ley del Proceso Contencioso Administrativo (arts. 20 y 21 del TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo), consecuentemente, en caso de solicitar una indemni-zación por daños y perjuicios, resulta a criterio nuestro que debería agotarse la vía administrativa a efecto de poder interponer o acumular una demanda con este tipo de pretensión, lo cual en el presente caso no ha cumplido la parte actora, por lo que de igual forma deviene en improcedente la pretensión acumulada de indemnización acumulada subordinadamente, tanto más si se tiene en cuenta que la demandante no ha agotado la vía administrativa previa, ni como pago de remuneraciones dejadas de percibir, ni como indemnización.13. Es preciso señalar que el hecho de declarar improcedente una pretensión de indemnización por despido arbitrario, no significa que se haya desestimado ni emitido pronunciamiento sobre el fondo del petitorio, sino que puede hacerlo valer el perjudi-cado en la vía correspondiente, y cumpliendo las formalidades y requisitos estableci-dos por ley, de acuerdo al tipo de proceso que ha de instar; puesto que no hay que perder de vista el hecho de que tratándose de trabajadores despedidos en el régimen de la actividad privada, según el caso, inclusive resulta excluyente la pretensión de restitución y la indemnizatoria, por ser dos formas de protección alternativa frente a un despido, lo que no es el caso, pero se toma en cuenta, a efecto de quedar claro, que de ninguna manera puede disponerse el pago de remuneraciones por un periodo de tiempo no laborado bajo la modalidad de monto indemnizatorio, puesto que hasta para determinar el monto de lucro cesante debe determinarse el monto resarcitorio en forma razonable y equitativa, de acuerdo a la valoración de los hechos y medios de prueba aportados por el solicitante.14. Para fines de corroborar la posición del presente voto en discordia, se hace alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 00143-2011-PA/TC – Piura, de fecha 16 de mayo de 2011, que en su fundamento “9” esta-

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201330 31blece: “En cuanto al extremo referente al pago de las remuneraciones dejadas de percibir debe señalarse que al tener tal pretensión naturaleza indemnizatoria y no restitutiva, esta no es la vía idónea para solicitarla, por lo que queda a salvo el derecho del demandante de acudir a la vía correspondiente”, y en virtud a dicho fundamento declara improcedente la demanda respecto de dicha pretensión; por lo que se debe resaltar que este tipo de pretensiones no tiene naturaleza restitutiva.15. Es preciso así mismo tener en cuenta de manera referencial lo establecido en la Casación No. 1004-2004-Tacna, de fecha 04 de julio de 2006, respecto a un petitorio de Indemnización por Despido Arbitrario, claro esta en el régimen laboral de la actividad privada, que en su fundamento “Undécimo” establece: “Que, así la ruptura del vínculo laboral, sustentada en una utilización fraudulenta de una modali-dad de contratación como la descrita, tiene, por consiguiente, el carácter de un de-spido absolutamente arbitrario al considerar la desnaturalización de la forma modal , bajo la cual prestaba sus servicios; por consiguiente, conforme dispone el artículo treinta y ocho del Decreto Supremo número cero cero tres noventa y siete –TR, cor-responde amparar la pretensión de indemnización por despido arbitrario, debiendo ordenar que el Juez en ejecución de sentencia liquide este concepto en base a una remuneración y media ordinaria, con un tope de doce remuneraciones, más intereses laborales prescritos en la Ley número veinticinco mil novecientos veinte.”; de modo que si se analiza análogamente tal criterio, de ninguna manera se puede ordenar un pago de indemnización por despido arbitrario, por todas las remuneraciones dejadas de percibir por el servidor en el tiempo que fue despedido hasta su reposición, no resulta lógico ni razonable.16. De otro lado es preciso citar el criterio jurisprudencial adoptado en el Pleno jurisdiccional en materia laboral del año 2000, respecto al monto máximo de indem-nización por despido arbitrario, que en estos casos el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización como única reparación por el daño sufrido, y establece expresamente: “La indemnización máxima por despido arbitrario es de doce remu-neraciones ordinarias mensuales”, precisando además en sus fundamentos que este criterio es el adoptado por la mayor parte de los antecedentes legislativos.17. En atención a los fundamentos expuestos, la demanda que contiene la preten-sión del Pago de las Remuneraciones No Percibidas como consecuencia del despido arbitrario, deviene en improcedente, por no haberse agotado la vía administrativa previa, y por no resultar procedente acumular tal pretensión en la vía contenciosa administrativa por cuanto justamente no se ha agotado la vía administrativa respecto de esta pretensión acumulada, y tanto más que la parte actora en el presente caso ha determinado que dicha acumulación con la reposición solicitada era subordinada, y conforme a norma, este tipo de acumulación ha de servir para cuando la pretensión principal no se amparada, pero en el caso de autos la pretensión principal ha sido amparada, dejándose a salvo el derecho de la parte actora a recurrir conforme a ley respecto del daño que habría sufrido con el despido arbitrario del que fue objeto, y acreditando su pretensión con los medios de prueba pertinentes.18. Cabe precisar en el presente caso, que la pretensión acumulada de la parte demandante no ha sido el de Indemnización por el despido arbitrario sufrido, sino el pago de Remuneraciones dejadas de percibir, por lo que no puede sustituirse una pretensión por otra, ya que una pretensión es de naturaleza restitutiva, y la otra es de naturaleza indemnizatoria, y como quiera que por reiterada jurisprudencia se ha determinado que la remuneración viene a ser la contraprestación por el trabajo real-izado, lo cual no ha sucedido en el presente caso durante el tiempo dejado de laborar de la parte demandante, en razón al cese obligado, no corresponde disponer el pago de remuneraciones dejadas de percibir (como se tiene de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente No. 1031-98-AA/TC-Cutervo, de fecha 28 de abril de 1999), por lo que de igual forma no resulta amparable la pretensión de pago de remuneraciones dejadas de percibir.III. DECISIÓN:Por estas consideraciones, con las facultades conferidas a esta Sala por el artículo 138 de la Constitución Política del Estado, concordado con los artículos 143 y 144 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mi voto en discordia parcial es por:CONFIRMAR la Resolución No. 15 (auto de saneamiento) de fecha 20 de julio de 2012, en el extremo que deniega la exhibición que debe realizar la demandante del informe de labores efectuadas el 01 de enero de 2011 hasta el 15 de marzo de 2011.CONFIRMAR EN PARTE la sentencia contenida en la Resolución No. 25, del 26 de diciembre de 2012 (folios 225) que falla declarando: FUNDADA la demanda de folio 24 a 30, aclarada y adecuada mediante escrito de folio 113 a folio 115, respecto a la pretensión de: Cese de una actuación material que no se sustente en acto admi-nistrativo, y la Reposición a su centro de trabajo.REVOCAR EN PARTE la sentencia contenida en la Resolución No. 25, del 26 de diciembre de 2012 (folios 225) que falla declarando: FUNDADA la demanda de folio 24 a 30, aclarada y adecuada mediante escrito de folio 113 a folio 115, respecto a la pretensión de: Pago de remuneraciones dejadas de percibir por la demandante desde el 01 de enero de 2011, hasta la fecha en que sea repuesta en el cargo; y REFORMANDOLA en dicho extremo, declarar IMPROCEDENTE la demanda de folio 24 a 30, aclarada y adecuada mediante escrito de folio 113 a folio 115, respecto a la pretensión de: PAGO DE REMUNERACIONES DEJADAS DE PERCIBIR por la demandante desde el 01 de enero de 2011, hasta la fecha en que sea repuesta en el cargo. Dejando a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley. Con lo demás que contiene. Y los devolvieron.- T.R. y H.S.s.Luís Rafael CALLAPIÑA HURTADOJuez Superior Titular01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

Sentencia de VistaProceso No. : 2009-00488-0-1001-JR-LA-01Demandante : Raúl Rojas CalderónDemandado : Municipalidad Provincial del CuscoMateria : Contencioso AdministrativoProcede : Juzgado de Trabajo Transitorio de CuscoJuez Superior Ponente : Quispe ÁlvarezResolución No. 21Cusco, dos de juliodel dos mil diez.-VISTOS: El presente proceso, con la conformidad de votos RESPECTO DEL AUTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 12, en el extremo que declara INFUNDADAS las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad, se emite la siguiente resolución:

I.- RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO:1. El auto contenido en la resolución número doce, de fecha veintinueve de enero del año en curso, de fojas doscientos ocho, en el extremo que declara: INFUN-DADAS las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de cadu-cidad interpuestas por la Municipalidad Provincial del Cusco mediante su Procurador Municipal.II.- PRETENSIÓN IMPUGNATORIA:1.- Por escrito de fojas doscientos diecinueve, el Procurador Público Municipal, apela del auto solicitando su revocatoria porque: En cuanto a la excepción de falta de agota-miento de la vía administrativa, el despacho adelantando criterio afirma que se ha pro-ducido un despido arbitrario, por lo que no es necesario agotar la vía administrativa. El presente caso el demandante ha suscrito un contrato administrativo de servicios cuyo plazo se le comunicó por memorándum circular que vencía el treinta y uno de julio, lo que se encuentra corroborado con el contrato ofrecido como prueba, por lo que la demanda debió de ser declarada improcedente. Así mismo no se ha tomado en cuenta que conforme a lo regulado por el artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1057 al derivar el conflicto de un contrato administrativo de servicios debió de agotar la vía administrativa.En lo que se refiere a la excepción de caducidad, señala que el Aquo no ha tomado en consideración que el plazo para la interposición de la demanda ha transcurrido en ex-ceso, que además el demandante afirma que se han desnaturalizado sus contratos, lo que no podría ser pues los contratos administrativos de servicios son legales; siendo así el plazo de caducidad ha transcurrido en exceso.III.- DE LOS FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:PRIMERO: Por cuestiones procesales se procede a la revisión del auto número doce, en el extremo que ha declarado infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad propuestas por la Municipalidad Provincial del Cusco.- Mediante una excepción se denuncia o cuestiona que en el proceso o en la pretensión demandada se ha omitido o se ha invocado defectuosamente un presu-puesto procesal o un presupuesto material (condiciones de la acción).SEGUNDO: Por la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, se de-nuncia el hecho de no haberse agotado de modo previo las instancias administrativas y con dicha omisión se recurre a la vía judicial.- La demandada sostiene que el actor no ha cumplido con agotar la vía administrativa por lo que su demanda debió de ser declarada improcedente, ya que no ha sido despedido sino que el plazo del contrato suscrito ha vencido.TERCERO: De conformidad a lo prescrito por el inciso 28 del artículo 20 de Ley Orgánica de Municipalidades, entre las tantas atribuciones conferidas al Alcalde se halla el de “nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servidores públicos de car-rera”.- Sin embargo, contrario sensu a lo regulado en la norma y frente a la carencia de otra que especifique la situación de los empleados municipales contratados y que no son de carrera, es de concluirse que el único facultado para los mismos fines del inciso en comento lo tiene que ser el Alcalde. Dentro de lo expuesto, la última parte del artículo 6 de la Ley 27972, regula que “El Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”.- El texto legal es claro, si acaso el Alcalde es la máxima autoridad administrativa, no existe otro quien pueda resolver las impugnaciones que contra los hechos administrativos no contenidos en resoluciones se propongan, por lo que en dicho supuesto la instancia ha quedado agotada conforme se halla regulado en el artículo 50 de la Ley 27972, por lo que debe confirmarse dicha resolución.CUARTO: En lo referente a la excepción de caducidad, se tiene que por esta se denuncia que por la inacción del titular de un derecho, este y su ejercicio a través de una pretensión han perecido, porque los mismos no se han hecho valer dentro de los plazos previstos en la norma legal correspondiente.QUINTO: Del contenido de la demanda (folio 119) se desprende que el demandante impugna el despido de hecho del que ha sido objeto, el mismo que se materializó el treinta y uno de julio del dos mil nueve, el que está acreditado con la constancia poli-cial que obra a fojas noventa, habiéndose presentado la demanda en fecha veinte de agosto del año dos mil nueve; en consecuencia se tiene que esta ha sido presentada dentro del plazo establecido en el inciso 1 del artículo 19 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley 27584, en consecuencia el derecho del actor no ha caducado, por lo que lo resuelto por el Juez esta conforme a ley.IV.- PARTE RESOLUTIVA:Por los fundamentos expuestos: CONFIRMARON el auto contenido contenido en la resolución número doce, de fecha veintinueve de enero del año en curso, de fo-jas doscientos ocho, en els extremo que declara: INFUNDADAS las excepciones de agotamiento de la vía administrativa y de caducidad interpuestas por la Municipalidad Provincial del Cusco mediante su Procurador Municipal.S.S.QUISPE ÁLVAREZ CONCHA MORA MURILLO FLORES01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.Expediente : 2009-00488-0-1001-JR-LA-01VOTO EN DISCORDIACusco, 19 de junio del 2013.La señora Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Xiomar Alfaro Herrera, emite el presente voto en discordia respecto a la sentencia contenida en la Resolución Nro.15 (folios 235) al no compartir el criterio adoptado en el voto ponente emitido, por el señor Juez Superior Titular Carlos Quispe Álvarez.I.- VISTO: El presente proceso, venido en grado de apelación.II.- MATERIA DEL RECURSO:La sentencia contenida en la resolución número 15 de fecha 30 de marzo del año 2010 de folios 235 que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Raúl Rojas Calderón, contra la Municipalidad Provincial del Cusco con citación de su Procurador Público Municipal, y ordena el restablecimiento del derecho al trabajo y al debido proceso administrativo correspondiente al demandante Raúl Rojas Calderón; y dispone la inmediata reincorporación del demandante como Agente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Cusco; con lo demás que contiene.III.- PRETENSION IMPUGNATORIA: Por recurso de folios 247, la Municipalidad de-mandada a través de su Procurador Público, apela la sentencia solicitando su revo-catoria, señalando:a. No es de aplicación el artículo 1 de la Ley 24041 pues el demandante al 31 de julio del 2009 no estaba sujeto a un contrato de locación de servicios, sino a un contrato administrativo de servicios, razón por la cual contra este tipo de contratos no podría alegarse desnaturalización ya que su suscripción es to-talmente legal.b. Que el demandante no ha ofrecido medio probatorio que demuestre haber sido despedido sino al contrario con el contrato administrativo de

trabajo y su respectiva addenda se demuestra que su contrato venció no configurán-dose despido alguno, por lo que la demanda debió declararse infundada pues con la sentencia materia de apelación se ha afectado al debido proceso y el derecho de defensa de la demandada.Con lo opinado por el Ministerio Público a (folios 257)IV.- FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:1.1 El demandante pretende: i) El restablecimiento o interés jurídicamente tu-telado y la adopción de medidas o actos necesarios para tales fines a efecto de que se restablezca su derecho al trabajo y al debido procedimiento administrativo y en consecuencia se disponga su inmediata reincorporación a su centro de trabajo en el cargo y función que desempeñaba a la fecha de su despido el 31 de julio del 2009 .Ahora bien del escrito de demanda de (folios 119), fluye lo siguiente i) El demandante ingreso a prestar servicios a la demandada en el mes de febrero del 2007 hasta el 31 de julio del 2009 ii) Sostiene que fue despedido arbitrariamente el 31 de julio de 2009 iii) Afirma que al momento del despido estaba bajo la protección contra el despido arbitrario establecido en la ley 24041 iv) Que estuvo vinculado a la demandada me-diante un Contrato Administrativo de Servicios del 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 afirmando a su vez que fue coaccionando para aceptar tal contratación.1.2 La posición de la demandada, consiste en manifestar que ha existido una sustitución de contratación que vinculaba a las partes del régimen de contratación por servicios no personales, al de contratación administrativa de servicios, habiendo concluido esta el 31 de julio del 2009 (folios 159).Presentación del caso1.3 En el caso, el actor pretende el restablecimiento o interés jurídicamente tutelado y la adopción de medidas o actos necesarios para tales fines a efecto de que se restablezca su derecho al trabajo y al debido procedimiento administrativo y en consecuencia se disponga su inmediata reincorporación a su centro de trabajo, señalando que se encuentra bajo el régimen del D. Leg. N° 276.1.4 Por su parte, la Municipalidad niega lo expuesto por el actor y señala que, por el contrario, se encuentra bajo los alcances del D. Leg. N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.Planteamiento del Problema Jurídico1.5 El Colegiado considera que el punto en cuestión está vinculado a esta-blecer:a) Si el actor se encuentra bajo los alcances del D. Leg. N° 276, o del D. Leg. N° 1057.b) Si procede reponer al actor a su puesto de trabajo.1.6 Siendo esto así, de la revisión de los actuados, se advierte que el deman-dante ingreso a laborar a la Municipalidad demandada en el mes de febrero del 2007 a diciembre del 2008, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios no personales y posteriormente a partir del 01 de enero del 2009, al 31 de julio del 2009 mediante contrato administrativo de servicio, conforme fluye de las documentales de (folios 159 a 162 ).1.7 De la premisa anterior se esgrime que el primer vínculo laboral entre las partes se encontraba regulado por contratos de servicios no personales bajo los al-cances del Decreto Legislativo Nro.276 y el Decreto Supremo numero 005-90-PCM y lo segundo por el Decreto Legislativo Nro.1057 y el Decreto Supremo Nro.075-2008-PCM. En este sentido en el caso concreto se determina que el demandante pertenece al Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, por tanto no resultándole aplicable la Ley N° 24041.1.8 Respecto a los contratos administrativos de servicios, el Tribunal Constitu-cional en el Expediente 00002-2010-PI/TC de fecha 31 de agosto del 2010, confirma la constitucionalidad del Decreto legislativo N° 1057, fundamento 47”. “(…) que a par-tir de la presente sentencia, el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1057 debe ser in-terpretado de modo que toda actividad interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”, deba entenderse que dicho contrato es propia-mente un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta compatible con el marco constitucional”. (La negrita nos corresponde1.9 En el caso especifico de las pruebas documentales obrantes en autos, se acreditan que el actor si bien al ingresar a laborar a la entidad demandada lo hizo me-diante contratos de servicios, no personales sin embargo posteriormente suscribió el contrato administrativos de servicios de fecha 31 de diciembre del 2008 (folios 159) en este sentido, el periodo laboral antes de la suscripción del CAS constituye un periodo independiente del inicio del contrato administrativo de servicio quedando novada la situación laboral del actor a merito de la suscripción del contrato CAS. En ese en-tender la sola suscripción del contrato administrativo de servicios genera la existencia de una relación laboral sujeta bajo los alcances del Decreto Legislativo Nro.1057.1.10 En este escenario, el máximo interprete de la constitución sentando doctrina jurisprudencial vinculante en la sentencia emitida en el expediente Nro.03818-2009-PA/TC, con respecto a la protección adecuada del despido arbitrario en el régimen laboral especial del Contrato Administrativo de servicios, ha establecido: el funda-mento 6 de la sentencia aludida señala : “ Dichas conclusiones llevan a que este Tribunal establezca que en el proceso de am-paro resulta innecesario e irrelevante que se dilucide si con anterioridad a la suscrip-ción del contrato administrativo de servicios el demandante había prestado servicios de contenido laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituye un período independiente del inicio del contrato administrativo de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato administrativo de servicios.” (subrayado nuestro).1.11 En este contexto, el argumento sostenido por el actor de que hubiera sido coaccionado para sustituir el régimen de contratación de servicios no personales en uno de contratación CAS deviene en irrelevante, máxime si se tiene en cuenta que después de que el actor firmo el contrato administrativo de servicios en fecha 31 de diciembre del 2008 – donde a decir del actor medio coacción - volvió a suscribir la Addenda a este contrato CAS en fecha 17 de junio del 2009 (folios 162), Addenda que en todo caso ratifica el primer contrato – donde supuestamente la voluntad del demandante estaba viciada –.1.12 Bajo estas premisas, analizando el caso, se debe advertir que el actor te-nía pleno conocimiento que su contrato administrativo de servicios tenía un plazo que vencía el 31 de julio del 2009 por tanto no resultando difícil establecer que en el caso, el contrato ha culminado al haberse cumplido el plazo de duración del contrato CAS y, por ende, la extinción de la relación laboral del actor se produjo en forma automática, no advirtiéndose requerimiento expreso del Jefe de Servicio y/o quien haga sus veces, para la recontratación del demandante.1.13 En este orden de ideas nos conduce a establecer que no se ha acredita-do la vulneración al derecho al trabajo ni al debido proceso administrativo, conforme alega el actor, menos se ha producido un despido arbitrario ni la trasgresión de

los derechos constitucionales y que la actuación de la entidad demandada al dar por finalizado el contrato suscrito entre las partes, constituye una actuación acorde a lo establecido en el Decreto Legislativo Nro.1057. y su reglamento el Decreto Supremo Nro. 075-2008-PCM, por tanto no procede la restitución del actor en el puesto de trabajo que venia desempeñando.1.14 Finalmente de la sentencia materia de apelación se advierte que el A- quo ha declarado fundada la demanda y sin mayor sustento concluye en el fundamento Cuarto e) (…) de modo que en virtud del principio de temporalidad de la ley no podría serle aplicable el Decreto Legislativo Nro. 1057 ni su reglamento, por estar amparado el demandante por el principio de carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, contenido en el articulo 26 de la Carta Magna y sobre todo por que se tiene demostrado en autos el vinculo existente entre las partes es de carácter laboral, sin tener en cuenta que este normatividad regula un régimen laboral especial, debido a que reconoce todos los derechos laborales individuales que pro-clama la Constitución a favor de los trabajadores, a pesar de la calificación asignada por el legislador delegado conforme así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp.03818-2009-PA/TC fundamento 4. a.1.15 En consecuencia por los fundamentos expuestos precedentemente a cri-terio de la suscrita es que revoque la sentencia, venida en grado de apelación consi-guientemente se declare Infundada la demanda.V.- PARTE RESOLUTIVAPor estos fundamentos el presente VOTO es porque se:SE REVOQUE La sentencia contenida en la resolución número 15 de fecha 30 de marzo del año 2010 de folios 235 que declara FUNDADA la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Raúl Rojas Calderón, contra la Municipalidad Provincial del Cusco con citación de su Procurador Público Municipal, y ordena el restableci-miento del derecho al trabajo y al debido proceso administrativo correspondiente al demandante Raúl Rojas Calderón; y dispone la inmediata reincorporación del deman-dante como Agente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Cusco; con lo demás que contiene. REFORMANDOLA se declare INFUNDADA la demanda con-tencioso administrativa interpuesta por Raúl Rojas Calderón, contra la Municipalidad Provincial del Cusco con citación de su Procurador Público Municipal. Y los devolvi-eron. TR Y H.S.S.S.PEREIRA ALAGON ALFARO HERRERA (Adhesión al voto en discordia) 01VZ.18.19.22.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIALABANDONO DE MENORAnte el Segundo Juzgado Mixto de Santiago-Cusco, que está a cargo del señor Juez Luis Alber-to López Trelles y bajo la actuación del Especialista Legal Alberto Leiva Villavicencio, se viene tramitando el proceso tutelar N° 0446-2010-0-1018-JM-FT-02, seguido por el Mi-nisterio Público, a favor de la menor en presunto abandono moral y material de JUAN CAR-LOS HUAMAN AVILES, de 7 años de edad, el mismo que se halla albergada en el hogar de menores “JESUS MI LUZ” siendo su padre CELIO HUAMAN CARPIO. Lo que se publica para los fines de que los padres se apersonen al juzgado, para los fines consiguientes, de lo contrario en su oportunidad se dictará la resolución de abandono, Santiago, 05 de julio del 2013.Firmado. Secretario J. ALBERTO LEIVA VILLAVICENCIO03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza a la procesada reo ausente: FELICIA MIRANDA DE CUBA, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°. 430-2008, por el delito de Contra el Patrimonio en su modalidad de Estafa, en agravio de Ninoskha Castro Arteaga y otro.Quillabamba, 01 de Julio de 2013.03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: VICTORIA PALOMINO CASTRO, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°.357-2009, por el delito de Contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General sub. tipo Falsedad Ideológica, en agravio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.Quillabamba, 01 de Julio de 2013.03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: NELL Y MELIZA HUANCA MAMANI, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°.252-2009, por el delito de Contra la Fe Publica, en su modalidad de Falsificación de Documentos en General, sub. tipo Falsedad Ideológica, en agravio del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-Reniec, representado por su Procurador Público y el Estado Peruano.Quillabamba, O] de Julio de 20]3.03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: ROLANDO F ARF AN ACOSTUP A, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°. 133-2009 seguido por el delito de Contra la Familia, en su modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, sub. Tipo Incumplimiento de Obli-gación Alimentaría, en agravio de la menor Karen L. Farfán Choque.Quillabamba, 01 de Julio de 2013.03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO PENAL.El Juzgado Mixto de la provincia de La Convención, Cita y emplaza al procesado reo ausente: LUCIANO SAIRE V ARGAS, para que se ponga a derecho, y ejerza su defensa de los cargos que se le imputa en el proceso Penal N°. 278-2009, seguido contra el mencionado procesado, por el delito de Contra la Administración Pública-delito cometido por Funcionarios Públicos, en su modalidad de Corrupción de Funcionarios, sub. tipo Cohecho Activo Genérico, en agravio del Estado PeruanoQuillabamba, 15 de marzo de 2013.Firmada. Secretaria J. GEORGINA CCOPA FARFÁN03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIALSeñor: YOVANI LO PEZ CARAZASExpediente Nro. 2600-20tt-O-1OOJ-JR-FT-03, investigación tutelar a favor del menor Kevin Li-machi López sobre Abandono moral y material, tramitado ante el Tercer Juzgado de Familia del Cusco, Resolución Nro. 01, Cusco, dos de Diciembre del año dos mil once, se ha dispuesto, SE

Cusco, viernes 19 de julio de 2013Cusco, viernes 19 de julio de 201332 33RESUELVE: Merturar investigación tutelar por abandono moral y material a favor del menor Ke-vin Limachi López, Resolución Nro. 20, de fecha nueve de Julio del año dos mil trece.- Estando a la devolución de la cedula sin diligenciar. Cúmplase con emplazar al progenitor YOV ANI LOPEZ CARAZAS, mediante Edictos, para que cumpla con apersonarse a este Despacho Judicial a efectos de que rinda su declaración. (...). I-I. S. Firma del Juez Edwin Romel Bejar Rojas y de la Secretaria Eliana Betsabe Vera I-Iuaranca. Cusco, 09 de Julio del año 2013.Firmado. DR. EDWIN ROMEL BEJAR ROJAS03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE CANCHISEDICTO PENALEXPEDIENTE PENAL N° 0197-2012-48-1007 -JR-PE-01. JUZGADO UNIPERSONAL DE CAN-CHIS. ESPECIALISTA: Fidel Álvaro Ramírez ChoquehuancaSe cita y emplaza a DANIEL TAPIA QUISPE, para que se ponga a derecho y se defienda de los cargos formulados en su contra, en el proceso que se le sigue, por el delito de Omisión de Asistencia Familiar en agravio de Rosa Mamani Vilcher, conforme lo dispuesto en la Resolución de fecha cuatro de junio de dos mil trece. Audiencia que se llevara a cabo el día 24 de julio del año 2013 a horas 12:00 del mediodía en la Cuarta Sala de Audiencias del Juzgado Penal Unipersonal de Sicuani Canchis. : Es objeto de la audiencia de Juzgamiento por este Juzgado Unipersonal la causa contra Daniel Tapia Quispe, por el delito contra la Familia en su moda-lidad de Omisión de Asistencia Familiar tipo específico INCUMPLIMIENTO DE OBLlGACIÓN ALlMENTARIA tipificado en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal que sanciona la conducta: el que omite prestar alimentos que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicio comunitario de veinte a cincuenta jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial, en agravio de la menor Patricia Alexandra Tapia Mamani representada por su progenitora Rosa Mamani Vilcher.5ICUANI, 25 de Junio 2013.Firmado. Especialista J. FIDEL ÁLVARO RAMIREZ CHOQUEHUANCA03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIALEXPEDIENTE: 01765-2012-0-1001-IR-PE-05SEÑOR: IOSE ANTONIO VASOUEZ CARRASCO.Ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, que despacha la señora Juez Dra. Luz Marina Merma Delgado, bajo la actuación del Especialista de causa Severino Huamán Huamanttica, En el proceso penal que ha sido signado con el : 01 765 2012-0-1001-IR-PE-05, seguido contra José Antonio V Asquez Carrasca por la presunta comisión del delito Contra la Vida el cuerpo y la Salud en la modalidad de lesiones sub. Tipo lesiones leves en agravio de Án-gela Paucar Yanque se ha dispuesto. NOTlFíQUESE: al imputado JOSE ANTONIO VASQUEZ CARRASCO, con la ResoluciónN° 003, de fecha 12/07/13, que dispone: --------------Resolución N° 03 Cusco, doce de Julio del Dos mil trece.- DADO CUENTA: Con el vencimiento del plazo del traslado corrido del requerimiento de acusa-ción directa y CONSIDERANDO:PRIMERO.- Que, el inciso 4° del articulo 336° del Código Procesal Penal, establece que, (IEI fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación”.SEGUNDO.- Que, el inciso 1° del articulo 351° del mismo cuerpo normativo, establece, (Pre-sentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales vencido el plazo fijado en el articulo anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria señalara día y hora para la realización de una audiencia preliminar...”TERCERO.- Que, el inciso 1 ° del articulo 85° del cuerpo adjetivo penal, establece “Si el aboga-do defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado o por uno de oficio, lleván-dose adelante la diligencia.”CUARTO.- Que, la acusación directa como facultad del fiscal (titular de la acción penal pública) significa obviar una etapa del proceso hasta la etapa intermedia, prescindiendo de la etapa de la investigación preparatoria, con la finalidad de dar mayor eficiencia y celeridad en la administra-ción de justicia. Precisando además que l/el fundamento Jurídico de dicha facultad se halla en el principio de celeridad, así como en el de legalidad por el cual el Fiscal tendrá la obligación de perseguir los delitos...’” (La negrita y el subrayado es nuestro).QUINTO.- Que, estando a la naturaleza de la acusación directa que viene a ser un tramite simplificado del proceso penal, que tiene por finalidad dar mayor eficiencia y celeridad en la administración de justicia, no puede estar sujeta íntegramente al tramite establecido para la acusación ordinaria, esto es respecto a la concurrencia obligatoria de la defensa técnica del procesado a la audiencia preliminar de control de acusación; logrando de esta forma se cumplan los principios de economía y celeridad procesales establecidos en el articulo 6° del Texto Único de la ley Orgánica del Poder Judicial, y1 NEYRA FLORES, José Antonio. Manual del Nuevo Código Procesal Penal y Litigación Oral, p.432.Dada la naturaleza del requerimiento, a tono con ello, debe cobrar vigencia el articulo 85.1 del Código Procesal Penal, trascrito precedentemente, apartándose de cualquier criterio anterior sobre el particular. EN TAL VIRTUD:1. CITAR para el día CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL TRECCE A LAS CATORCE y TREINTA (hora exacta) para la realización de la AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONTROL DE ACUSA-CION en la OCTAVA Sala de Audiencias de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Cusco, ubicado en el inmueble N° 239 de la Avenida El Sol de esta ciudad, Palacio de Justicia sede de la Corte Superior de Justicia de Cusco, la misma que tendrá carácter de INAPLAZABLE con la presencia obligatoria del Fiscal y los abogados de los procesados, bajo apercibimien-to de que en caso de inconcurrencia injustificada del representante del Ministerio Publico, se pondrá en conocimiento del Órgano de Control Interno; en caso de inconcurrencia injustificada del abogado particular del procesado, de excluidos de la defensa y designar a un abogado de oficio; y en caso de inconcurrencia del abogado defensor publico, de poner en conocimiento de la Coordinación de la Defensoría Publica.2. COMUNICAR a los sujetos procesales que la carpeta fiscal se encuentra en la oficina de custodia de este Despacho Judicial, a fin de que procedan dar revisión de mismo si lo consi-deran necesario.3. PRECISAR:a) Que, el desarrollo integro de la audiencia será grabado en audio.b) Que las resoluciones dictadas oralmente en la audiencia preliminar, se entenderán notifica-das a las partes asistentes y también a quienes hayan sido citados aunque no hayan concurrido.4. NOTIFICAR a las partes en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos, inclui-da a la parte agraviada. El acusado José Antonio Vásquez Carrasco no se ha apersonado al proceso por lo que se dispone notificar mediante edictos la presente citación.--- Firmado. Severino Huamán Huamantica03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VÍA EDICTO JUDICIALEXPEDIENTE: 01007-2013-0-1001-JR-PE-05 SEÑOR: JESUS VARGAS CORNEJO.Ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, que despacha la señora Juez Dra. Luz Marina Merma Delgado, bajo la actuación del Especialista de causa Severino Huamán Huamanttica, En el proceso penal que ha sido signado con el: 01007 2013-0-1001-JR-PE-05, seguido contra JESUS VARGAS CORNEJO por la presunta comisión del delito Contra la Familia en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar sub. Tipo Incumplimiento de obligación ali-mentaría en agravio del menor de iniciales L.J.V.c., Representado por su progenitora Georgina Chacmani Quispe, se ha dispuesto. NOTlFÍQUESE: al imputado JESUS VARGAS CORNEJO, con la Resolución N° 01, de fecha 11/07/13, que dispone: --------------------

Resolución Nro. 01Cusco, once de Julio del Dos mil trece.--- DADO CUENTA con el requerimien-to de Acusación Directa del Primer Despacho de Investigación de la Primera fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco. En contra de JESUS VARGAS CORNEJO por la comisión del delito de contra la Familia, en su modalidad Omisión de Asistencia Familiar sub. Tipo Incumpli-miento de Obligación Alimentaría, en agravio del menor de Iniciales L.J.V.e. representado por su progenitora Georgina Chacmani Quispe;y de conformidad a lo establecido por los incisos 1, 2, 3 Y 4 del artículo 3490 del Código Procesal Penal se tiene que el representante del Ministerio Público ha motivado debidamente su requerimiento, así mismo conforme a lo previsto en el ar-tículo 3500 del Código Procesal Penal; CORRASE TRASLADO a los demás sujetos procesales por el plazo perentorio de 10 DÍAS ÚTILES, a efectos de que puedan por escrito 1) observar formalmente la acusación, 2) deducir excepciones y otros medios de defensa, 3) solicitar la im-posición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, 4) pedir el sobreseimiento, 5) instar la aplicación de un criterio de oportunidad (principio de oportunidad o terminación anticipada), 6) ofrecer prueba para el juicio, 7) objetar la reparación civil ofreciendo los medios de medio prueba pertinentes, 8), proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en juicio, 9) proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen pro-bados, y 10) plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio; todo ello con el objeto de ser debatido en la audiencia preliminar de control de acusación. PRECISESE que la carpeta fiscal con todos los elementos de convicción se encuentran en custodia de este juzgado, para los fines que correspondan. AL OTRO 51.- Téngase como anexo; AL MAS DIGO.- Notifí-quese al acusado con la presente resolución en su domicilio real y mediante Edicto. AL PRIMER MAS.- A conocimiento de la parte agraviada lo manifestado por el Señor Fiscal en este extremo. NOTlFIQUESE a las partes en sus respectivos domicilios procesales señalados en autos.- --- Firmado. Especialista J. SEVERINO HUAMÁN HUAMANTICA 03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

NOTIFICACION VIA EDICTOEl Señor Juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Cusco, en el proceso N° 91-2013-36 seguido contra Wilber Susana Ccasani, por el delito de Conducción en estado de ebriedad, en agravio de la Sociedad, bajo la actuación de la especialista judicial Abog. Patricio Alarcón Tisoc, emplaza al procesado WILBER SUSA y A CCASANI; para ser emplazado mediante edictos judiciales en el diario judicial de esta localidad, para que asista a la audiencia de juicio oral pendiente de realización en el proceso. Firmada. Especialista J. PATRICIA ALARCÓN TISOC03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

NOTIFICACIÓN VIA EDICTO JUDICIAL SEÑOR: JUAN JOSE MARTIN GODOY BECERRAAnte el 6to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco que despacha el Dr. David Luis So-tomayor Saavedra, bajo la actuación de la Especialista Elen A. Gonzáles Casas, se ha presen-tado el requerimiento de Revocatoria, en el proceso signado con el N° 1518-2012-58-1001-JR-PE-06, seguido contra Juan José Martín Godoy Becerra, por la presunta de la comisión del delito contra la Familia en la modalidad de Omisión a la Asistencia Familiar, en agravio de la menor de iniciales S.G.P., en consecuencia. NOTIFIQUESE: Al sentenciado JUAN JOSE MARTIN GODOY BECERRA, con la Resolución N° 02, de fecha 12/07/13, donde este Des-pacho ha dispuesto:PARTE EXPOSITIVA y CONSIDERATIVA: Conforme se registra en el sistema de audio.PARTE RESOLUTIVA: Se transcribe.SE RESUELVE:1. SUSPENDER LA AUDIENCIA por defectos de notificación al sentenciado y se REPROGRA-MA la audiencia para el DIA OCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS CATOR-CE HORAS CON TREINTA MINUTOS EN LA SEXTA SALA DE AUDIENCIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO.2. DISPONER que el sentenciado sea notificado, en su domicilio real sito en la Av. la Salle cuadra 3 S/N en la provincia de Urubamba, así como en su domicilio procesal en la calle Manco Inca N° 300 distrito de Wanchaq y se le notifique también vía edictos judiciales la resolución N° 01 Y la resolución que convoca la audiencia ha reprogramar.3. Notifíquese a todos los sujetos procesales.Cusco, 15 de Julio del 2013.Firmado: DR. DAVID LUIS SOTOMAYOR SAAVEDRA03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

EDICTO JUDICIALAnte el Juzgado Unipersonal del Modulo Básico de Justicia de Acomayo, que despacha la se-ñorita Juez Dra. Melody Contreras Barineza, bajo la actuación del Especialista Judicial Luis Enrique Álvarez Cáceres, en el Proceso Penal Nro. 54-2012-48-1003-JR-PE-O1, en los segui-dos contra BERNARDINO MAYHUA SONCCO, por el delito contra la familia en su modalidad de Omisión de Asistencia Familiar, sub.-tipo incumplimiento de Obligaciones Alimentarías, se ha dispuesto NOTIFICAR mediante edicto al imputado con la resolución de fecha uno de julio del año dos mil trece:SE RESUELVE: 1.- Dar por no instalada la audiencia de Juicio Oral programada para el día de hoy lunes uno de Julio del año dos mil trece, a horas diez de la mañana. 2.- Señalar como nueva fecha para la audiencia de Juicio Oral para el día VEINTICUATRO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, con la asistencia obligatoria del señor representante del Ministerio Público, del acusado Bernardino Mayhua Soncco, acompañado de su abogado defensor, así como de la parte agraviada Bitaliana Huaraya Yauri, acompañada de su abogado defensor. 3.- Se DISPONE la notificación de la nueva fecha de audiencia de Juicio Oral, al acusado Bernardino Mayhua Soncco, en su domicilio real ubicado en la calle Miguel Ángel Hurtado s/n del distrito de Acopia, provincia de Acomayo, así como en su domicilio procesal ubicado en calle Espinar N° 140 del distrito y provincia de Acomayo. 4.- Se DISPONE la publicación del extracto de la presente resolución mediante Edictos Judiciales a publicarse en el diario Judicial del Cusco diario Oficial El Peruano por tres veces consecutivas en la forma V modo Que establece la levo 5.- Se PRECISA que en caso de inconcurrencia injustificada del acusado Bernardino Mayhua Soncco, éste será declarado Reo Ausente disponiéndose la Reserva del presente proceso, la designación de su abogado defensor y en todo caso también se ordenará su ubicación y conducción compulsiva para ser puesto a disposición de éste Des-pacho Judicial a efecto de verificarse la audiencia de Juicio Oral. 6. Se DISPONE la notificación de la notificación a la parte agraviada Bitaliana Huaraya Yauri, para los fines de ley, asimismo se PRECISA a las partes intervinientes en el presente proceso que en caso de inconcurrencia injustificada del señor representante del Ministerio Público se comunicará a su Jefe inmediato Superior, en caso de inconcurrencia injustificada del abogado defensor del acusado éste será reemplazado por otro abogado defensor de libre elección del acusado o por un abogado defen-sor designado por el Juzgado y en caso de inconcurrencia injustificada de la parte agraviada o de su abogado defensor se precisa que la audiencia de Juicio Oral se llevará a cabo sin la concurrencia ó intervención de dichas personas. 7.- Se DISPONE que la publicación del Edicto Judicial debe ser difundido a través de las radios emisoras de la provincia de Acomayo, además que el Edicto sea colocado en partes visibles de este Juzgado, como de las entidades públicas o privadas de mayor concurrencia de la provincia de Acomayo. 8.- Se DISPONE que la pega del Edicto Judicial respectivo se efectúe en los lugares públicos o privadas de mayor concurrencia del distrito de Acopia, que es el lugar donde tiene ubicado su domicilio el acusado, de igual manera por intermedio del Municipio del distrito de Acopia se deberá realizar la publicación o di-fusión del Edicto correspondiente para los fines de ley, esto es, para poder comunicar o notificar al acusado de la existencia del proceso penal que se sigue en su contra, para cuyo fin se debe girar el oficio correspondiente. H.S.Firmado: Especialista L. LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ CÁCERES03VZ.19.22.23.VII.13CPJ.

Avisos Judiciales 190713

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