Atención a la dependencia en españa.

José María Olayo olayo.blogspot.com

Atenci n ó a la dependenciaen Espa añ

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Según el INFORME DEL OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DEPENDENCIA, de julio de 2016, una de cada tres personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio.

La lista de espera se mantiene en 381.508 y al ritmo actual se tardarían más de cuatro años en cumplir con los derechos de las personas dependientes.

Sin embargo, aunque en el último año se ha incrementado el número de personas atendidas en casi 89.000, sigue siendo muy preocupante el incremento de las diferencias territoriales.



La atención a la dependencia en España sufrió un claro y doloroso estancamiento desde mediados2012 hasta mediados de 2015, momento en el que se incorporaron las personas con dependenciamoderada (Grado I) al Sistema.

Desde entonces -es decir, durante el último año- se ha incrementado en un 12% el número de personas atendidas, superando el estancamiento.

No obstante, sigue existiendo un fragante incumplimiento respecto a cientos de miles de personas, ya que actualmente (con datos oficiales de 30 de junio) hay 1.207.870 personas dependientes, de las que están siendo atendidas el 68,4% (826.362), mientras que el 31,6% (381.508) está en “lista de espera”.



http://directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/doc-dependencia/Informe%20%20Dependencia%207-16%201%201.pdf




En el Informe se valora de forma muy positiva el incremento de personas atendidas en el último año, que sin duda se debe a diferentes factores, siendo la fundamental el revulsivo de la incorporación de los dependientes moderados.

Muchos de esos dependientes moderados ya venían siendo atendidos por los servicios sociales locales y autonómicos con lo que se intuye que en muchos casos su incorporación de facto al sistema se debe a más a mecanismos de gestión que a un cambio real de su situación o de los servicios que reciben.

Por otra parte, la atención a dependientes moderados permite teóricamente atenciones de menor coste.



Pese a la mejora en las cifras de gestión del último año, hay tres elementos que resultanextremadamente preocupantes y ante los que se deben tomar medidas:

1) Las extremas diferencias interterritoriales: no todas las Comunidades Autónomas han mejorado la gestión en la misma medida. De hecho se perciben algunas situaciones críticas que no se pueden obviar.

Aún hay más de 126.00 personas en lista de espera con grados de dependencia II (severa) y III (gran dependencia). La incorporación del Grado I (300.000 personas) se produjo sin que muchas Comunidades Autónomas hubieran atendido la demanda anterior acumulada.



Frente a territorios que han avanzado de forma significativa en el último año, como son Castilla y León (que ya ha culminado el proceso de incorporación de dependientes moderados);Madrid; Asturias; La Rioja o las ciudades de Ceuta y de Melilla, encontramos dos Comunidades en situación crítica como son Canarias (con una avance anual de menos del 5% y una lista de espera superior al 50%) y Cataluña, que es la única Comunidad que ha reducido el número de personas atendidas en el último año teniendo una lista de espera superior al 40%.

Con muchas dificultades se encuentran Aragón; Castilla-La Mancha; Andalucía; Extremadura yGalicia, cuyos avances en el último año no han sido suficientes, considerando el camino que aúntienen por recorrer. El resto de Comunidades no les va a la zaga en dificultades para avanzar.



2) El actual incremento de personas atendidas -con ser positivo- es claramente insuficiente, de forma que, con un hipotético número constante de dependientes en España (1.200.000), con el actual ritmo de nuevas incorporaciones de atendidos deberían transcurrir más de cuatro años para acabar con la desesperante lista de espera.

En realidad, no se llegará a la plena atención en cuatro años, ya que hay dos territorios que con elactual ritmo anual no absorberían nunca la demanda [Cataluña y Canarias (esta última tardaría más de 25 años)], junto a otras cinco comunidades por encima de los cinco años. De nuevo las diferencias para las personas dependientes en función de la Comunidad en la que residan son insoportables.



3) Es imposible atender con las mínimas garantías a las personas en situación de dependencia sin un modelo de financiación adecuado.

Todos los analistas coinciden en que el modelo de financiación insuficiente, cuando no tramposo, y está provocando la paulatina retirada de la financiación finalista a las Comunidades Autónomas por parte de la Administración General del Estado a medida que el gasto se incrementa en la factura autonómica en dependencia.





El XVI DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (2016), de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, es un dictamen un tanto especial por tres razones:

1ª) Contiene la información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo de la X Legislatura, es decir, del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Las recientes citas electorales hacen que este Dictamen también refleje, en parte, la situación global que se han encontrado muchos nuevos gobiernos autonómicos.



2ª) Recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley 39/2006 que, tras las sucesivas moratorias aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, se cerró el 1 de julio de 2015 con el reconocimiento de derecho a atención a todas las personas dependientes sea cual sea su Grado.

3ª) El sistema de atención a la dependencia se encuentra en punto crucial de su desarrollo. Creemos llegado el momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera decidida y –según creemos- inteligente o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley; asunto este que no carece de gravedad aunque a veces parezca que nos hemos resignado a que así fuera.



El dictamen se ha realizado considerando los datos oficiales de la gestión del Sistema de atención a la dependencia hasta 31 de diciembre de 2015.

Aún no están disponibles de manera pública y oficial todos los datos posibles en el apartado económico (en realidad nunca lo han estado), pero ya se posee suficiente información como para realizar algunas estimaciones que –dada la trayectoria de análisis de dieciséis dictámenes-poseen una consistencia contrastada.



En tan solo nueve años, seis han sido las personas que han soportado el peso de una cartera ministerial que debía atender a cerca de un millón trescientas mil personas dependientes en España: Caldera, Cabrera, Jiménez, Pajín, Mato y Alonso.

En esos nueve años, cerca de tres millones de personas que se acercaron al sistema

(muchas ya no están) han soportado –para bien y para mal- el peso de sus decisiones.



EVIDENCIAS

1. En España hay más de 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida. Un 2,5% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.

2. El número de personas dependientes reconocidas ha descendido en 100.000 personas desde finales de 2011.



EVIDENCIAS

3. En este momento (tras nueve años de implantación de la LAPAD), un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia aun cuando tiene pleno derecho a las mismas.

4. De las 384.326 personas desatendidas, un 27% son dependientes con grado III (37.764) o con Grado II (68.509).



EVIDENCIAS

5. Las medidas adoptadas por el último Gobierno frenaron en seco el desarrollo del sistema entre 2011 y principios de 2015. A ello contribuyó decisivamente el Real Decretoley 20/2013 de 13 de julio, cuyo impacto está aún vigente.



EVIDENCIAS

6. No obstante, en 2015, especialmente a partir de la segunda mitad del año, por fin se vuelven a producir incrementos significativos de personas atendidas, coincidiendo con la entrada al sistema de todos los dependientes con Grado I.

Habrá que valorar más adelante si se trata de un espejismo provocado por la entrada masiva de expedientes de Grado I que ya estaban siendo atendidos por los servicios sociales normalizados, o si realmente – ojalá - hay un cambio de tendencia.



EVIDENCIAS

7. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica.



EVIDENCIAS

8. El Gobierno ha incumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo Social.

Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciosos-administrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas.



EVIDENCIAS

9. En los últimos cuatro años, con una estimación conservadora, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o servicios, superó las 125.000.

Estas personas, es evidente, no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de recibir atenciones.



EVIDENCIAS

10. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica.

11. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto directo del sistema.



EVIDENCIAS

12. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 22,6% del gasto público y las comunidades autónomas el 77,4% restante.



EVIDENCIAS

13. El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 2.865 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. El quebranto para las comunidades autónomas por los recortes en su financiación, a pesar de la rebaja de sus costes, supera los 900 millones de euros desde 2012 a finales de 2015.



EVIDENCIAS

14. El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos.

En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa de retorno es del 38,3%.



EVIDENCIAS

15. Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley-, se generarían más de 90.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.631 millones de euros/año (2.643 M€/año de los que se recuperarían 1.012 M€/año).

Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en costeeficiencia y sin calcular los retornos inducidos.



INVERTIR EN UN MEJOR SISTEMA, QUE PERMITA APOYAR EN SU VIDA COTIDIANA A LAS PERSONAS DEPENDIENTES, QUE POSIBILITE CONCILIAR A LAS FAMILIAS, QUE GENERE

EMPLEO E IMPORTANTES RETORNOS A LAS ARCAS PÚBLICAS, Y QUE ESTÉ BASADO EN INEQUÍVOCOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA

Y DE SOLIDARIDAD RECÍPROCA, ES UNA DE LAS MEDIDAS MÁS INTELIGENTES Y DEMANDADAS QUE PUEDE TOMAR

UN GOBIERNO ACTUALMENTE EN ESPAÑA.



LA GESTIÓN DEL SAAD NUEVE AÑOS DESPUÉS

En estos momentos, tras nueve años de desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en España hay 1.180.435 personas valoradas como dependientes. Esto quiere decir que el 2,5% de la población española necesita apoyos para realizar actividades básicas de la vida diaria.

Del total de personas reconocidas como dependientes, dos tercios (796.109 personas) ya están recibiendo atención mediante los servicios o prestaciones indicados en la Ley, mientras que el tercio restante (384.326 personas) está aún a la espera de recibir las atencionesa las que tienen derecho.



A estas personas podríamos añadir, como mínimo, otros 85.000 potenciales dependientes, considerando las 106.164 personas que han solicitado una valoración de dependencia y que estaban pendientes de la misma a fecha 31/12/15.

http://www.directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/XVIdictamen/XVI%20DICTAMEN%20del%20OBSERVATORIO.pdf




La distribución actual de las personas valoradas dependientes por grados es la siguiente:1.180.435 personas dependientes que precisan de la atención de otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD), o de otros apoyos para su autonomía personal …





CUÁNTO CUESTA Y QUIÉN LO PAGA:

Sería ingenuo pensar que un sistema que debe incrementar el número de personas atendidas en 384.000 personas no se verá necesariamente obligado a incrementar el gasto de forma notable.

El SAAD para el ejercicio 2015 ha supuesto un gasto de 6.590 millones de euros, considerando únicamente los costes directos de atención. Si agregásemos los costes de los sistemas, la valoración, la gestión, etc., con una hipótesis del 6% sobre el total, es plausible pensar que el gasto global real se podría acercar a los 7.000 millones.



Al iniciarse el tercer trimestre de 2015 se habría recuperado el nivel de gasto de finales de 2011 (antes de los recortes). El incremento de usuarios atendidos y la mayor prevalencia de los servicios en detrimento de las prestaciones económicas por cuidados familiares (más baratas) tienen su lógico correlato en el gasto producido:

De hecho, el último trimestre de 2015 presenta ya el mayor gasto realizado nunca en atención a la Dependencia, aunque otra cosa bien diferente es analizar sobre quién recae ese gasto de manera directa





La LAPAD considera tres financiadores:

- La Administración General del Estado a través de:

- Un Nivel Mínimo que debería servir para garantizar la atención a todas las personas en situación de dependencia.

- Un Nivel Acordado con cada Comunidad Autónoma y que se suprimió en 2012 y que se ha seguido suprimiendo en los siguientes ejercicios (incluido 2016) a través de las sucesivas Leyes de los Presupuestos generales del Estado.

- Las aportaciones de la Administración Autonómica que deben igualar cada año, al menos, a la aportación estatal por el Nivel Mínimo. A su vez, cada Comunidad Autónoma puede establecer otra financiación que incremente las atenciones contenidas en la LAPAD, lo que se consideraría un Nivel Adicional de financiación.



- Las aportaciones de los usuarios (copago)

La aportación del usuario estimada está en torno al 20% del total del sistema y, como se viene diciendo desde hace años, creemos que no es viable un incremento de la misma.

Los modelos econométricos de perfiles de renta de los mayores en España (las personas mayores son evidentemente mayoritarias en el SAAD) demuestran que las aportaciones de los usuarios, cuya conveniencia es además objeto de debate político, están al límite.

La aportación estatal se ha quedado en el 18% del sistema y la autonómica llega al 62%.

La Ley 39/2006 plantea que la aportación autonómica debe igualar –al menos- a la aportación estatal por los niveles mínimo y acordado (hoy suprimido). Tomando únicamente el gasto público, el reparto de la carga debería ser similar para ambos niveles de la administración (y además los costes de valoración, seguimiento, etc., que nuestro modelo no computa, son soportados por las CCAA).



Lejos de suceder así, el esfuerzo relativo por gestores, una vez finalizado 2015, es de un 77,4% para las CCAA y de un 22,6% para la Administración General del Estado:





EL RECORTE ACUMULADO 2012-2015:

El impacto de las medidas de recorte adoptadas en el RDL de julio de 2012 es cuantificable en forma de recorte acumulado para las arcas autonómicas unido al ahorro por la supresión de las cotizaciones a la seguridad social de las cuidadoras familiares.

La supresión del Nivel Acordado y la minoración del Nivel Mínimo (13% inicial; ahora mayor para los Grado I) han supuesto un quebranto para las arcas autonómicas cercano a los 1.684 millones de euros. A esta cifra, habría que agregar el ahorro para el Estadode la supresión de las cotizaciones a la seguridad social de cuidadoras no profesionales de tres ejercicios completos (2013 a 2015)

En el ejercicio 2011, el importe devengado por la Seguridad Social en materia de cotizaciones de cuidadoras ascendió a 357 millones de Euros. La supresión paulatina de estas cotizaciones desde agosto de 2012 y definitiva en 2013 arrojaría un recorte acumulado mínimo de otros 1.181 millones de euros.



El impacto acumulado de las medidas de recorte del Real Decreto-Ley 20/2012, para la legislatura completa, ha sido de 2.865 millones de euros.

Los recortes que han afectado directamente a las arcas autonómicas pretendía ser “compensados” con la aprobación en la misma norma de la reducción en las prestaciones económicas por cuidados familiares en unos promedios del 15%. Es decir, las Comunidades recibirían menos financiación pero se ahorrarían importantes cantidades por la reducción –como mínimo- del 15% en las cuantías a abonar a las personas con PECEF.

El saldo resultante, no ha compensado en absoluto y ha sido muy doloroso para los cuidadores y cuidadoras familiares. El ahorro estimado por reducción de las prestaciones por cuidados familiares para el periodo 2012-2015 ha sido de 772,1 millones de euros con lo que el resultado arroja un saldo negativo de más de 900 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas (912,2 M€).


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