APORTES DEL MOVIMIENTO SINDICAL REGIONAL POR EL TRABAJO ...

Elaborado por:XXXXXXXX

APORTES DEL MOVIMIENTO SINDICALREGIONAL POR EL TRABAJO DECENTE

Oficina Regional para América Latina y el Caribe

APORTES DEL MOVIMIENTO SINDICAL REGIONAL POR EL TRABAJO DECENTE

CUMBRE SINDICAL IBEROAMERICANA

SINDICALISMO Y ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

PERSPECTIVA SINDICAL ANTE LA CRISIS

G20 Y GLOBAL UNIONS

MUJERES, GLOBALIZACION Y CRISIS

TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EMPRESAS MULTINACIONALES Y ACCION SINDICAL

TRABAJO, FAMILIA Y ACCION SINDICAL

EMPLEO, SALARIOS Y PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL

PLATAFORMA SINDICAL CONTINENTAL EN SEGURIDAD SOCIAL

ESTRATEGIA SINDICAL IBEROAMERICANA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

JUVENTUD SINDICALISTA DE LAS AMERICAS


Centro de Formación Internacional - Turín

Oficina de Actividades para los Trabajadores

CUMBRE SINDICAL IBEROAMERICANA

DECLARACIÓN DE LA X CUMBRE SINDICAL IBEROAMERICANA

Lisboa, 23-24 de noviembre de 2009

El sindicalismo iberoamericano solicita políticas destinadas a formalizar relaciones

laborales de trabajadores independientes y microempleados, que asegure la protección

social de los desempleados, y que incorpore de forma permanente el tema de la seguridad

social de los migrantes (que ha sido visualizado con claridad en el Convenio

Iberoamericano).

Los gobiernos Iberoamericanos deben impulsar la educación pública y formación

profesional como mecanismo de inclusión de las nuevas generaciones, con sistemas

educativos que garanticen calidad e igualdad de condiciones. La pobreza en la niñez en

gran parte de nuestros países no tiene otra causa que el desempleo y la precariedad laboral

de los adultos. Estimular salarios mínimos que permitan una vida digna, asegurar la

intervención de los órganos de inspección laboral para eliminar el fraude laboral, la

precariedad, y reducir la informalidad, coloca el problema en su envergadura real: gran

parte de los trabajadores/as son pobres. Construir un mundo sin excluidos requiere orientar

hacia un modelo de desarrollo hacia la consolidación del trabajo decente en nuestras

naciones.

Los gobiernos iberoamericanos deben impulsar la formación profesional e integral a

lo largo de toda la vida, tanto para la necesaria adaptación en un entorno variable de

innovación de procesos y productos, sino también como proceso de construcción de una

vida plena de los hombres y mujeres.

Instamos al fomento de las políticas crediticias en especial para las pequeñas y medianas

empresas que permitan un mejoramiento de sus competencias. Es bien conocido que gran

parte de los y las trabajadores se desempeñan en este tipo de empresas, pero también es

sabido que resultan ser los eslabones más frágiles en cuanto a la aplicación de los derechos

laborales. Estamos de acuerdo con la batería de medidas propuesta por la OIT respecto de

más y mejores políticas, en cuanto a incentivos a la calidad de sus procesos productivos, el

mayor acceso a servicios financieros, el apoyo al mayor desarrollo de la innovación y la

tecnología, el aprovechamiento del poder de compra del Estado, etc. Por ello, las políticas

crediticias, de asociatividad territorial o productiva deben estar condicionadas a programas

de formalización y de establecimiento del Trabajo Decente. Ello no se crea a partir de

regulaciones específicas que diluyan los derechos laborales, sino con políticas de

promoción, de crédito, de asociación, de integración productiva, de innovación, es

definitiva, con un programa integral de desarrollo local y regional.

La creación de empleo, en particular en las pequeñas empresas, el diálogo

social/negociación colectiva, y la protección social/seguridad social son instrumentos

indispensables para reducir el impacto sociolaboral de la crisis. Estos temas han estado

poco o nada presentes en los documentos del G-20 pero, al contrario, tienen una presencia

central en los documentos sindicales postcrisis de la CSI y CSA, en el Pacto Mundial del

Empleo y los Objetivos del Milenio.

En síntesis, las centrales sindicales Iberoamericana consideran que para salir de la

crisis y establecer un nuevo modelo productivo se torna necesario poner fin a la creciente

especulación, promover una más justa distribución de la riqueza, así como sistemas fiscales

justos y progresivos que elimine los paraísos fiscales. En resumen, priorizar un nuevo

modelo económico sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, que

contribuya a combatir la pobreza, la exclusión, la informalidad, la desocupación y que

promueva el trabajo decente, cuya esencia es la promoción y cumplimiento efectivo de

derechos

Los Acuerdos de Asociación y la Cooperación para el desarrollo

Solicitamos a los primeros mandatarios de esta Cumbre Iberoamericana que los

acuerdos que se celebren deben incluir medidas de cohesión y de justicia social. En este

sentido, ratificamos nuestra posición respecto al impacto de los procesos migratorios, tanto

para los países de origen como para los países de destino. Reiteramos nuestro repudio a la

Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea y exigimos una política proactiva e

integral de inmigración, basadas en condiciones de igualdad de derechos laborales y

sociales y con reglas transparentes y precisas de admisión y residencia. Tal política debería

estar basada en un marco de derechos de los inmigrantes recogidos en las Convenciones de

Naciones Unidas (Convención Internacional de la ONU sobre protección de los derechos de

todos los trabajadores y sus familiares) y en convenios de la OIT (C 97, C 143 y C 157).

Un tema no menos relevante refiere a la cooperación iberoamericana para el

desarrollo. El movimiento sindical expresa que la cooperación no debe sustituir la

promoción de políticas fiscales fuertes. Asistimos con consternación como muchos países

receptores de cooperación evaden el mandato expreso de establecer un sistema fiscal que

grave a los que más tienen. La elusión y la evasión fiscal componen parte de las

dificultades más relevantes en los países de América Latina para eliminar la desigualdad.

El desafío de la reducción de la desigualdad conforma un imperativo ético para nuestras

naciones.

Los sindicatos reclamamos en reiteradas oportunidades la necesidad de dotar a los

acuerdos de asociación de un modelo de desarrollo sostenible y de una verdadera

dimensión social, en particular de los aspectos sociolaborales, con participación de los

interlocutores sociales. En dicho sentido, reclamamos que el Forum Cívico que se celebra

en consonancia con las Cumbres Iberoamericanas otorgue participación real a las

organizaciones sindicales, acorde a su representatividad y relevancia, tal como aconteciera

en el I Forum Cívico de Salamanca. Su importancia radica en su papel de construcción de

consensos y en el desarrollo de políticas sociolaborales que proporcionan un mejor nivel de

vida para todos y todas.

Democracia, Diálogo Social Tripartito y Negociación Colectiva

En tiempos de crisis es fundamental reforzar los mecanismos de diálogo social

tripartito y su aplicación práctica, y el desarrollo de la negociación colectiva. Esto no puede

ser considerado solamente un horizonte de aspiración que se reafirma en cada encuentro

gubernamental. No podemos soslayar que en gran parte de los países de América Latina no

existe libertad sindical, y en muchos otros, la negociación colectiva queda absolutamente

condicionada a la impronta gubernamental, ya que adolece de institucionalidad y su

instalación depende exclusivamente de coyunturas políticas. Hace apenas un mes (Ginebra,

octubre 2009) el Simposio de ACTRAV sobre negociación colectiva recordó a los otros dos

sectores de OIT los principios básicos que rigen desde hace sesenta años con el convenio

98, incluyendo un uso específico en periodos de crisis, incluyendo la promoción de

negociaciones desde el Estado, la inclusión de trabajadores precarios, y el fomento de la

negociación sectorial y centralizada.

El derecho de asociación, la libertad sindical, constituye un derecho fundamental,

que no puede ser negado ni restringido. En muchos de nuestros países, no solo se impide el

derecho de asociación a las entidades gremiales, sino que se los obstaculiza, a través de

mecanismos legales como mínimos de plantillas que limitan el ejercicio de sindicación en

las pequeñas y medianas industrias, negándose la negociación por rama y con ello, dejando

a miles de trabajadores/as sin la debida regulación de sus condiciones de trabajo. En este

sentido, la CSA está desarrollando un amplio debate con propuestas concretas para

impulsar transformaciones y reformas en sus organizaciones que permitan una

representación más unida y fuerte, tal como fuera aprobado en el Congreso Fundacional de

Panamá (2008).

Exigimos con firmeza que los gobiernos cumplan con el convenio 87 de OIT, que se

prescinda definitivamente de las políticas de persecución a dirigentes sindicales, que en

muchos países incluye el exterminio de sindicalistas y de dirigentes sociales, lo cual

significa una violación fragante a los derechos humanos fundamentales. Condenamos toda

forma de obstaculización de la libertad sindical, ya sea en forma expresa o implícita, tales

como la práctica antisindical de muchas empresas en la región.

La responsabilidad social empresaria se define no por la filantropía sino por la

capacidad de converger sus intereses de lucro con los intereses del bien común, basado en

un desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad. En dicho sentido, el respeto a los

derechos laborales es una convención mundialmente aceptada que no debe disolverse en

ninguna regla de buena conducta o de responsabilidad social.

Por ello, solicitamos una política activa por parte de los gobiernos

iberoamericanos para el cumplimiento de las Convenciones de OIT, la eliminación del

fraude laboral, los contratos de protección y los peligros para la cohesión social que instala

la definición de la llamada “flexiseguridad”, sobre la falsa opción de proteger al trabajador

y no al trabajo. Las cláusulas de flexiseguridad oculta mayor flexibilización, tercerización,

subcontratación y modalidades precarias que los trabajadores/as no estamos dispuestos a

aceptar.

En dicho sentido, reclamamos que las Multinacionales que operan en los países de

América Latina desarrollen sus actividades en consonancia con la Declaración Tripartita

sobre Multinacionales y Política Social, las Directrices de la OCDE y la normativa laboral

de los países receptores. Asimismo propiciar la adscripción a Acuerdos Marcos Globales

que incluyan una auténtica dimensión social.

El movimiento sindical Iberoamericano demanda el cumplimiento de la

Conferencia Tripartita sobre protección y seguridad social.

El sindicalismo de la región brinda su especial apoyo a la Estrategia Iberoamericana

de Salud y Seguridad en el Trabajo y solicita que forme parte de la Resolución de la

Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobiernos de Iberoamérica. Exige, además, que los

gobiernos nacionales la desarrollen y apliquen con plena participación sindical, y

demandamos la creación de una Comisión Tripartita para su evaluación y seguimiento.

El movimiento sindical exige la ratificación por parte de los países que no lo han

hecho, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social.

La negociación colectiva es un instrumento fundamental de la democracia, y en

períodos de crisis, se torna mucho más relevante para alcanzar acuerdos sociales marcos

para la superación de la misma; sin embargo, no es posible albergar la idea que dichos

convenios estarán orientados a la suspensión de derechos adquiridos ni a flexibilizaciones

ni reducciones salariales. Ratificamos en dicho sentido, que los trabajadores no pagaremos

la crisis que no generamos.

El Sindicalismo Iberoamericano exige la culminación del Bloqueo de Cuba, tal

como lo ha demandado ya 18 veces la ONU, y que resulta una flagrante violación a los

derechos humanos, inadmisible en un orden internacional democrático y pluralista.

Finalmente la Cumbre Sindical Iberoamericana ratifica la condena al golpe de

Estado en Honduras y la permanencia ilegítima en el poder del gobierno de facto. Llama a

sostener la solidaridad con el pueblo y el movimiento sindical hondureño e insta a los

gobiernos de Iberoamérica a desconocer el resultado de las elecciones que se realizarán el

29 de noviembre y que pretenden legitimar las graves violaciones a los derechos humanos y

a la institucionalidad democrática en ese país.

Lisboa, 24 de noviembre de 2009




SINDICALISMO Y ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)

ASAMBLEA GENERAL

TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES OEA/Ser.P 2 al 3 de junio de 2009 AG/INF.442/09 San Pedro Sula, Honduras 31 mayo 2009 Original: español

DECLARACIÓN SINDICAL ANTE LA XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

DECLARACIÓN SINDICAL ANTE LA XXXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Nosotros/as, sindicalistas de las Américas, representantes de más de cincuenta millones de trabajadores y trabajadoras de todo el continente, reunidos en San Pedro Sula, Honduras, en el marco de la XXXIX Asamblea General de la OEA cuyo tema central es la NO VIOLENCIA, declaramos: Que la Paz tiene como base la dignidad de la persona, considerada en 1997 por la UNESCO como un derecho humano fundamental que se construye a partir de la realización e interdependencia de todos los derechos humanos y que tiene una interrelación con el desarrollo y la democracia. Que la paz es un bien y un permanente quehacer, fruto de la justicia social y la solidaridad entre las personas, las naciones y los pueblos. Que el desarrollo de la vida humana, el respeto a la persona, los derechos humanos y la vigencia de la justicia social nos conducen a la paz, pero ella está amenazada permanentemente por las injusticias y desigualdades en cada una de nuestras naciones; así como en el contexto internacional, por la imposición del modelo neoliberal que se contrapone a las necesidades y aspiraciones de las/os trabajadoras/es y no respeta los derechos humanos, practicando la violencia de forma sistemática lo que atenta contra la paz. Que en el marco de la crisis, que el movimiento sindical internacional denominara como una “crisis

de justicia distributiva” (o crisis de desigualdad), es decir la desarticulación entre aumento de salarios y aumento de la productividad que afecta seriamente la vigencia de derechos humanos fundamentales tales como vivir en un medio ambiente sano, con educación, con salud, con protección social y seguridad alimentaria, evidencian que estamos lejos de garantizar una cultura de paz y no violencia. Los efectos de la crisis podrán en peligro la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (y en algunos casos incluso invertirá el proceso), incluido el trabajo decente para todas/os. Esta cuestión suscita una gran preocupación ya que, incluso durante el periodo anterior a la crisis, los modelos de crecimiento en determinadas regiones, principalmente en las Américas, sólo condujeron a reducciones insignificantes de la pobreza. Un gran número de personas está todavía muy lejos de disfrutar de unas condiciones de vida y trabajo decente. La profundización de la pobreza y las desigualdades han sido el caldo de cultivo para el surgimiento de fenómenos violentos en nuestras sociedades. Expresiones tales como “las maras” en América Central o la agudización del crimen organizado vinculado al narcotráfico en toda la región, son un reflejo de exclusión social que lleva a la pérdida de horizontes y proyecto colectivo, en particular a nuestros jóvenes. Combatir este problema con más violencia desde el Estado no resuelve el problema

- 2 -

estructural que subyace como causa y es una opción que se aleja de la cultura de paz que anhelamos. Desde el movimiento sindical repudiamos a la vez que exigimos a los Estados la atención a estas realidades a través de políticas públicas inclusivas y de respeto a los derechos humanos. Hoy cuando los gobiernos de nuestra América se reúnen en torno a la NO VIOLENCIA creemos importante reafirmar que la paz no se genera espontáneamente por la ausencia de la violencia, ni puede ser solamente el fruto de decisiones de los centros de poder mundial. El Movimiento Sindical lucha constantemente contra los panoramas de violencia generalizada, las políticas antisindicales, la violación de los derechos humanos. En todos los países de las Américas evidenciamos una creciente represión y criminalización de la protesta social. Diferentes Estados han aprobado legislaciones que vulneran el derecho a manifestar públicamente y no aceptan que las personas usen su voz para reivindicar sus derechos. En países como Colombia, Guatemala, México, Perú y otros en nuestra región se ven cada día más ensombrecidos de violencia en contra de trabajadores/as y otros movimientos sociales. Por ejemplo, en Colombia, sólo en los primeros meses del 2009, se han asesinado a 17 sindicalistas; en Guatemala otros tantos han sufrido amenazas de muerte por sus actividades sindicales y el clima de violencia e impunidad que impera, se ha visto agravado. El incremento del número de protestas reprimidas por parte de las fuerzas del Estado. Se limitan las libertades y se restringen derechos, pretendiendo con eso controlar el descontento social. Campañas de desprestigio contra la/os defensora/es de los derechos humanos y de quienes participan en la protesta, buscando deslegitimar sus esfuerzos en la defensa de sus derechos. Usando también la práctica de la amenaza directa, contra ellos y sus familiares, detenciones, campañas de desprestigio y amenazas y desapariciones forzadas. Repudiamos la represión en cualquier lugar del mundo, puesto que la misma constituye una amenaza a la libertad y a la construcción de la paz. Sólo en una sociedad con respeto sustantivo de los derechos humanos y laborales se puede construir una democracia real. Igualmente nos alerta la permanente preocupación armamentista en el Continente. Los recursos que se están asignados para este fin podrían ser asignados para programas de desarrollo social. La carrera armamentista representa exactamente lo contrario de una cultura por la paz y la no violencia, ya que el crecimiento de la industria militar significa la apología de la guerra, por tanto la cultura de la muerte. Si las instituciones internacionales están preocupadas en cultivar la paz, hay que condenar de manera vehemente esa intención armamentista. Las Américas deben ser un espacio de paz. En este sentido, desde el movimiento sindical: Reafirmamos que el rol activo del Estado es fundamental como garante de los derechos humanos y laborales lo que implica: combatir las prácticas antisindicales; fortalecer el Estado Democrático con la efectiva participación de los sindicatos en el diálogo social y definir políticas de desarrollo inclusivas de carácter nacionales, subregionales y regionales, entre otras. Creemos que es necesario asumir la construcción de la paz como una tarea permanente, que requiere el respeto a la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación, recusa de todas las formas de violencia, defensa de la libertad de expresión y de la diversidad cultural, con centralidad en el diálogo social, la promoción del consumo responsable, un desarrollo económico y social sustentable, respeto

- 3 -

a los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, tolerancia y solidaridad, comunicación participativa y libre circulación de informaciones y conocimiento. Los gobiernos deben retomar los procesos de Diálogo Social, profundizar la transparencia, la democracia y garantizar la participación social y ciudadana en los espacios de debate de solución a la crisis, fomentando una cultura de paz y de no violencia. Rescatamos lo señalado por la OIT respecto a la importancia de fomentar una mayor cooperación entre los Gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas para apoyar una economía más fuerte, más limpia y más justa. La Confederación Sindical de las Américas (CSA) se dispone a cooperar permanentemente en la construcción de una paz social duradera en el continente.

San Pedro Sula, 1 de junio de 2009

AG04580S01




PERSPECTIVA SINDICAL ANTE LA CRISIS

Encuentro Sindical de América Latina y el CaribeVII Cumbre Sindical del MERCOSUR José Olívio de Miranda

Salvador, capital del Estado de Bahía, Brasil, 15 de diciembre de 2008

Carta de Salvador

Nosotros/as, dirigentes/as sindicales de América Latina y el Caribe, reunidos/as enSalvador, Bahía, Brasil, el 15 de diciembre de 2008 en el Encuentro Sindical daAmérica Latina y el Caribe, y la VII Cumbre Sindical del MERCOSUR, ante larealización de la 1era. Cumbre de Presidentes de América Latina y del Caribe sobreIntegración y Desarrollo, anotamos la declaración final de la Cumbre de los Pueblosdel Sur, y declaramos que:

El movimiento sindical de América Latina y el Caribe, saluda con entusiasmo larealización de las reuniones de Presidentes del MERCOSUR y de la UNASUR y larealización de la I Cumbre Latino Americana y Caribeña, teniendo claro que más quenunca es fundamental la unión e integración de nuestros países, para impedir quenuestra región sea penalizada por una crisis generada y provocada por laadministración Bush y que rápidamente tomó una dimensión global:

La sucesión de crisis mundiales que hemos vivido en un corto período de dos años –energética, alimentaria, climática – y a la que se le agrega la crisis financiera actual,con sus perspectivas de recesión en los países ricos y sus impactos en la mayoría delas naciones en desarrollo, coexiste con la perspectiva de cambios geopolíticos en laregión que ponen de relieve un nuevo momento y peso relativo de América Latina yel Caribe en el concierto mundial, hecho que se expresa políticamente por larealización de ésta Cumbre de Presidentes en Bahía.

Esta última crisis del capitalismo es el resultado de las políticas de liberalizaciónfinanciera y comercial impuestas a todos los gobiernos en las últimas décadas delsiglo XX. Las políticas de desregulación y de la auto-regulación del mercado están enla base de la crisis financiera actual. Una política que resultó en un proceso definancierización sin límites, que ya causó una perdida de miles de millones de dólaresy viene provocando millones de despidos en varias regiones del planeta, y que podrágenerar, según calculos de la OIT, unos 20 millones en todo el mundo. No hay dudade que estamos frente a una crisis estructural, de un sistema que explota a los y lastrabajadoras, que concentra riquezas y que condena a millones al hambre y lamiseria.

Ante el número de instituciones y empresas involucradas, la sumatoria de los valoresen juego y del riesgo de propagación rápida de los efectos de la crisis sobre lasinversiones, la producción y del empleo, los gobiernos de los países desarrollados yen desarrollo han adoptado un conjunto de acciones, como la aplicación demecanismos de socorro a las instituciones afectadas, el aumento de liquidez de laeconomía y las alteraciones en la tasa básica de interés y las tasas de cambio, etc.Pero estas medidas no están siendo acompañadas de contrapartidas claras y, de estaforma, se convierten en simple transferencia de dinero público para la especulación.

En nuestro continente los efectos ya son visibles – despidos en varias empresas,vacaciones colectivas, reducción de la producción. Defendemos que los estados

nacionales de los países de América Latina y Caribe y organismos que administranlos procesos de integración – MERCOSUR, UNASUR - intervengan activamente eneste proceso y hagan valer el papel del Estado en el gerenciamiento del mercado y lapromoción de la producción.

Defendemos que los gobiernos adopten medidas urgentes que garanticen lanormalización de la producción, del comercio y de los niveles de inversión. Perotenemos absoluta claridad de que la intervención de los Estados no puede significarla “socialización de las pérdidas” del sector financiero en la sociedad en general,porque en el período de crecimiento reciente, lo que se percibió fue la “privatizaciónde las ganancias” expresada en los gigantescos lucros anuales de los bancos y de lasempresas transnacionales.

La garantia del Trabajo Decente, que implica el ejercicio pleno de los derechossindicales, el combate al cualquier tipo de discriminación en el trabajo, el dialogosocial, la protección social y la protección del salario, debe ser un referenteobligatorio para los gobiernos de la región al momento de adoptar salidas a la crisis.

Fue con mucha lucha que logramos mejorar en buena parte de nuestros países losniveles salariales, los beneficios sociales y lentamente reducir la precarización de losempleos. No podemos aceptar que esos derechos sean desconocidos en nombre delaumento de la competitividad para que las empresas recuperen sus niveles deexportación.

Frente a este cuadro el movimiento sindical concentrará sus esfuerzos para apoyar laprofundización de la integración de nuestras economías y principalemente de nuestracapacidad productiva a favor de los pueblos. El Encuentro Sindical de América Latinay Caribe, consciente de la ilegalidad y de injusticia de la medida unilateralmenteimpuesta por los Estados Unidos de América, condena firmemente el mantenimientodel bloqueo a Cuba y llama al Presidente electo de los Estados Unidos, BarackObama, a poner fin inmediato a esa ilegalidad.

Consideramos fundamental que la unidad y la integración política entre los países deAmérica Latina y Caribe sea la base de todas las decisiones de las reuniones de losPresidentes y Jefes de Estado los días 16 y 17 de diciembre, en Sauipe, y queprincipalmente tengan claro que las medidas a ser tomadas tienen que estaracompañadas de contrapartidas de las empresas com la región y de los trabajadoresy trabajadoras.

MÁS QUE NUNCA ESTÁ CLARO QUE PARA NUESTROS PAÍSES NOEXISTEN SALIDAS AISILADAS Y POR ESO REAFIRMAMOS NUESTROCOMPROMISO CON EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEINTEGRACIÓN REGIONAL.

Además, tomamos algunas decisiones que presentaremos a todos los Jefes deEstado y al conjunto del movimiento sindical de nuestro continente, las cuales sebasan en el princípio del respeto a la dignidad humana y plena libertad.

* Realizaremos el máximo esfuerzo para que a pesar de la crisis surjanoportunidades para la mejora de la calidad de vida y la plena vigencia de losderechos humanos, para lo cual es imprescindible la paz del mundo y una mejor

distribución de la riqueza.

* Reivindicamos que los Estados asuman su rol conductor, no de salvación delcapital financiero especulativo, pero sí desarrollando inversiones en áreasproductivas, sociales y servicios públicos. Defendemos que los gobiernos asuman lanecesidad de establecer fuertes medidas de protección social como fundamento delas decisiones que tengan que adoptar. Nuevamente colocamos las medidascontenidas en la Plataforma Laboral de las Americas, que expresan laspropuestas consensuadas por el movimiento sindical para la superación delneoliberalismo y la promoción del desarrollo sostenible en nuestros países.

* Defendemos el rol estratégico de las empresas estatales en todos los países, ymantendremos nuestra lucha contra la privatización de los servicios públicos.

* Lucharemos para defender los empleos, los salarios y los derechos de lostrabajadores. Defendemos la ampliación de las políticas de generación de empleo enel sector privado y en el sector público, especialmente para los segmentos masvulnerábles, por ejemplo las mujeres, la juventud y la poblacion negra.

* Reivindicamos la Reforma Agrária en nuestros países y la implementacion deprogramas especiales de generacion de empleo y renta de la agricultura a partir delfortalecimento de la Agricultura familiar y garantia de credito y precios mínimos.

* Demandamos el derecho del movimiento sindical y de otros sectoresorganizados de la sociedad civil que expresan las necesidades de la población denuestros países, de participar y ser consultados sobre la construcción de las salidas aestas crisis, y solicitamos la implementación de mecanismos concretos que viabilicenesta participación a nivel latinoamericano y caribeño.

* Reafirmamos que cada vez más el movimiento sindical tiene que profundizar suunidad y tener un activo papel en todo este proceso.

En este sentido, aprobamos realizar UN DÍA CONTINENTAL DE MOVILIZACIÓN YLUCHA para reivindicar la defensa de nuestros derechos y exigir la adopción depolíticas superadoras del neoliberalismo y en favor del desarrollo productivo comjusticia social, protección del médio ambiente y plena democracia.

Divulgaremos en todos los países latino-americanos nuestras propuestas yconvocaremos a todas las centrales sindicales y sindicatos a participar de los actos,movilizaciones, marchas y concentraciones publicas en defensa de nuestrasreivindicaciones.

LA CLASE TRABAJADORA NO PAGARÁ LA CRISIS Y NO ACEPTAREMOSRETROCESOS.

NO ACEPTAMOS LA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS, NO ACEPTAMOS LAREDUCCIÓN DE LOS DERECHOS Y LA PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO.

EXIGIMOS LA GARANTÍA DE DERECHOS SOCIALES Y DE POLÍTICAS PÚBLI-CAS PARA EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS YDE LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA.

Salvador, 15 de Diciembre de 2008

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL/ RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACIFICO (CSI/RSAP)

SUPERAR LA CRISIS, INVOLUCRAR A LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y HACER REALIDAD EL TRABAJO DECENTE

DECLARACIÓN DE LA RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACIFICO DE LA CSI

A LA REUNIÓN DE LÍDERES ECONÓMICOS DE APEC EN 2010 (Yokohama, Japón, 13-14 de noviembre de 2010)

INTRODUCCIÓN

Prioritario: Hacer frente a la crisis económica y financiera

I. Resulta primordial que las principales economías mundiales mantengan sus medidas para hacer frente a la crisis económica mundial, evitando una nueva recesión global. Los líderes de APEC deben estar a la altura de las circunstancias y trabajar para que se apliquen medidas destinadas a consolidar la demanda y crear empleos de calidad, en línea con el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. Para crear un modelo económico sostenible, los líderes han de apoyar una reducción del sector financiero, devolviéndole su papel social de estar al servicio de la economía real.

El trabajo decente y los derechos de los trabajadores/as como base de una verdadera justicia social

II. Los líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) se reunirán para su 18ª Cumbre APEC en Yokohama, los días 13 y 14 de noviembre de 2010 en torno al tema “Cambio y Acción”. Los líderes de APEC deben reconocer que el APEC necesita acordar la mayor prioridad política al logro de la justicia social a través de la creación de trabajo decente para todos/as, tomando como base el pleno respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores/as.

Empleos verdes, cualificación y tecnologías para un desarrollo sostenible

III. Es imperativo que los líderes de APEC se comprometan activamente a promover un modelo económico ecológicamente sostenible, mediante inversiones en nuevas cualificaciones y prácticas, la creación de empleos verdes, la promoción de la eficiencia energética y la creación de energías renovables, así como el avance de otras tecnologías verdes para combatir las causas del cambio climático.

Los sindicatos necesitan tener estatus consultivo en APEC

IV. Los Estados miembros de APEC han de aportar el impulso político y el espacio institucional para la participación de las organizaciones sindicales democráticas y representativas de los miembros de APEC en los procesos de toma de decisiones de APEC, a través de un nuevo órgano consultivo similar al Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC). Las economías miembros deberían establecer un Foro Sindical de APEC con objeto de mantener un diálogo efectivo con representantes de los trabajadores y trabajadoras en la región.

2

RECOMENDACIONES DE LA RED SINDICAL DE LA CSI PARA ASIA Y EL PACÍFICO

Propuestas de la Red Sindical de la CSI para Asia y el Pacífico (CSI/RSAP)

1. La CSI/RSAP insta a los líderes de APEC a utilizar el foro de APEC para conseguir la recuperación económica, promover el trabajo decente, establecer reglas efectivas para la economía global y reforzar la seguridad del mercado de trabajo, con la plena participación de los sindicatos de las economías de APEC. Como puntos de acción inmediata – y pasos en el buen camino para lograr una comunidad más fuerte y un futuro más sostenible – la CSI/RSAP exhorta a los líderes de APEC a:

1) Tomar medidas efectivas para responder a la crisis económica y financiera mundial y re-regular el sistema financiero para ponerlo al servicio de la economía real;

2) Adoptar medidas concretas para promover la participación de los trabajadores/as en APEC y aprobar la creación de un Foro Sindical APEC;

3) Reforzar el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en el proceso de APEC, reanudar la tradición de Reuniones Ministeriales sobre DRH y mantener consultas plenas con los interlocutores sociales durante estas reuniones;

4) Hacer especial hincapié en la creación de empleo decente y productivo mediante el desarrollo de unas Directrices de APEC para el Trabajo Decente;

5) Promover los derechos fundamentales de los trabajadores/as1 en todos los acuerdos comerciales regionales, bilaterales o multilaterales, así como en los procesos de integración económica;

6) Abordar el cambio climático y el calentamiento global de forma ambiciosa, entre otras cosas mediante la creación de empleos verdes;

7) Desarrollar directrices de APEC para garantizar la aplicación apropiada de políticas no discriminatorias en las economías miembros;

8) Desarrollar un marco de APEC para adoptar un enfoque que respete los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes;

9) Establecer un marco de APEC para fomentar el diálogo social en las empresas multinacionales y revisar los Principios de Inversión no Vinculantes de APEC; y

10) Crear un marco en APEC en relación con el desarrollo de recursos humanos, con objeto de integrar a los desempleados y a los trabajadores/as jóvenes en el empleo y bridar capacitación a la mano de obra en relación con nuevas técnicas y tecnologías.

1 Los derechos fundamentales de los trabajadores, o normas fundamentales del trabajo, son derechos humanos fundamentales reconocidos internacionalmente y para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del nivel de desarrollo de los países, y están definidos por los Convenios de la OIT que abarcan la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98); la eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación (Convenios 100 y 111); la erradicación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105) y la abolición efectiva del trabajo infantil, incluidas sus peores formas (Convenios 138 y 182).

3

Recomendación 1: Tomar medidas efectivas para responder a la crisis económica y financiera mundial y re-regular el sistema financiero para ponerlo al servicio de la economía real.

Reforzar la demanda y el crecimiento antes de consolidar los presupuestos

2. Los Ministros de Finanzas de APEC han subrayado el importante papel que han tenido hasta la fecha las políticas fiscales en la región de APEC para evitar una recesión global aún más profunda. No obstante, los Ministros señalaron asimismo que algunos países debían aplicar políticas de consolidación presupuestaria que tendrían que ir acompañadas por reformas y medidas destinadas a mejorar el crecimiento, con objeto de hacer frente a retos demográficos a largo plazo. Este es un enfoque equivocado: las economías de APEC han de evitar abandonar las medidas de estímulo fiscal de manera prematuro, y deberían continuar aplicando medidas que apoyen el crecimiento e incrementen la demanda, con objeto de aumentar la producción y el empleo, antes de pasar a considerar una consolidación fiscal.

Re-regular y reducir el sector financiero y promover un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF)

3. Los líderes de APEC deberían promover medidas destinadas a reducir el sector financiero, devolviéndolo a su función legítima de estar al servicio de la economía real. En lugar de medidas de austeridad fiscal y mayores recortes en el gasto, las economías de APEC deberían explotar nuevas fuentes de financiación, como la creación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) y recaudar mayores ingresos por medio de la imposición de sistemas fiscales progresivos.

Desalentar los despidos y proteger los salarios

4. Los Líderes de APEC deben adoptar medidas para garantizar los medios de subsistencia y los empleos de los trabajadores/as en estos tiempos de crisis económica. La CSI/RSAP sostiene que la flexibilización del mercado laboral no es la solución, y subraya que, además de la creación de empleos decentes, productivos y verdes, reviste especial importancia la protección de los empleos y niveles salariales existentes a través de programas de subsidio del empleo, basándose en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2009.

Apoyar la creación de empleos de calidad

5. Durante su 17ª reunión los Líderes Económicos de APEC decidieron “situar la creación de empleo en el eje de nuestra estrategia económica”. La CSI/RSAP apoya este enfoque y subraya el papel crucial que tiene el empleo para lograr la recuperación económica. Por consiguiente, los programas de estímulo fiscal deberían estar mejor orientados hacia la creación de puestos de trabajo de calidad y habría que realizar nuevas inversiones directamente en obras públicas, incluyendo inversiones a larga escala y con mano de obra intensiva en el desarrollo de una infraestructura “verde” con vistas a la creación de empleo rápidamente.

Recomendación 2: Adoptar medidas concretas para promover la participación de los trabajadores/as en APEC y aprobar la creación de un Foro Sindical APEC

Promover la participación de los trabajadores/as en

6. Desde su creación en 1995, la CSI/RSAP se ha esforzado en hacer oír los puntos de vista de los trabajadores/as en APEC, a través de comunicados a los gobiernos a escala nacional, consultas con los

4

el proceso de APEC gobiernos que acogen las cumbres de APEC2 y contribuyendo al trabajo de APEC en el ámbito del desarrollo de recursos humanos3. Como anfitrión de la reunión de APEC en 2008, Perú propuso ampliar la participación en la construcción de la comunidad de APEC a otros actores, incluyendo contar con representantes de la sociedad civil y organizaciones sindicales representativas de los países miembros de APEC en sus procesos de toma de decisiones. Perú adoptó una postura positiva respecto a acordar estatus consultivo a la Red Sindical para Asia y el Pacífico, en tanto que voz legítima de los trabajadores de la región. La ausencia de un mecanismo consultivo formal para los sindicatos no sólo contrasta con el acceso privilegiado de que disfrutan las empresas a través del Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC), sino también con lo establecido en otros foros similares, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde los sindicatos cuentan con estatus consultivo4. Los líderes de APEC deben ahora ponerse de acuerdo para tomar medidas concretas a fin de seguir promoviendo la participación de los trabajadores/as a todo lo largo del proceso de APEC.

Establecer en APEC un Foro Sindical consultivo con carácter permanente

7. La CSI/RSAP pide a los líderes que aprueben la creación de un Foro Sindical de APEC, por medio de un mecanismo consultivo formal de APEC con los sindicatos cuyas modalidades de acceso serían semejantes a las de ABAC, y basándose en los criterios acordados por el movimiento sindical de APEC (véase el Anexo a la presente declaración), incluida la participación de las centrales sindicales representativas de las economías de APEC. Los líderes deben ponerse de acuerdo para dar instrucciones a sus Altos Responsables para que trabajen en concertación con la red CSI/RSAP a fin de garantizar un funcionamiento satisfactorio del Foro Sindical de APEC.

Participación sindical en los comités y grupos de trabajo de APEC

8. Los líderes de APEC deberán dar instrucciones a sus Altos Responsables para que promuevan la representación de los sindicatos en determinados comités, grupos de trabajo y reuniones ministeriales, y asignen recursos para financiar dicha representación.

Recomendación 3: Reforzar el programa de Desarrollo de Recursos Humanos en el proceso de APEC, reanudar la tradición de Reuniones Ministeriales sobre DRH y mantener consultas plenas con los interlocutores sociales durante estas reuniones

Celebrar la próxima Reunión Ministerial de APEC sobre DRH

9. APEC ha reconocido la importancia del desarrollo de los recursos humanos (DRH) desde su creación y ha trabajado en el DRH en la región a través de las actividades de su grupo de trabajo

2 La RSAP ha discutido sus recomendaciones, en forma de declaraciones sindicales anuales, con los Jefes de Estado o de Gobierno que acogen cada año las reuniones anuales de los líderes de APEC desde 1995, excepto en 2001, cuando la red RSAP se reunió con el Viceprimer Ministro chino, en 2003, cuando el Primer Ministro tailandés designó a su Ministro de Trabajo para reunirse con la RSAP y en 2007 cuando la RSAP se reunió con Kevin Rudd quien se convertiría en Primer Ministro de Australia poco después. 3 Entre las aportaciones sindicales al GT sobre DRH se incluye una presentación informal del Presidente de AFL-CIO en la 3ª Reunión Ministerial de DRH (Washington, 1999), una consulta informal con representantes de RENGO en el 21º GTDRH (Sapporo, 2000), una consulta informal con el Presidente de RENGO en la 4ª Reunión Ministerial de DRH (Kumamoto, 2001) y una presentación de la Presidencia del Comité Internacional de AFL-CIO en un simposio de APEC que precedió el 23º GTDRH (Washington D.C., 2001). 4 Siete de los 21 países de APEC son miembros de la OCDE.

5

consultando plena y significativamente con los sindicatos

sobre el DRH y los debates en las reuniones ministeriales de APEC sobre el DRH5. Sin embargo, mientras que los ministros de comercio se reúnen anualmente para facilitar el proceso encaminado a alcanzar las metas de Bogor y liberalizar el comercio y las inversiones, la última reunión de ministros de DRH fue en 2001. Las políticas de DRH deben ocupar un lugar primordial en las políticas públicas a fin de garantizar un crecimiento sostenible y equitativo que favorezca a los pobres. La CSI/RSAP acoge por tanto con beneplácito la decisión de celebrar una nueva Reunión de Ministros de APEC encargados del DRH en China, en septiembre de 2010. Los líderes de APEC deben reconocer la importancia de celebrar reuniones ministeriales de APEC sobre DRH cada año y que la próxima Ministerial sobre DRH se organice manteniendo consultas plenas y significativas con los sindicatos, tomando como base los precedentes establecidos en Washington D.C. (1999) y Kumamoto (2001). Esto reviste especial importancia teniendo en cuenta los estrechos vínculos existentes entre la crisis financiera y la crisis de empleo sin precedentes a la que nos enfrentamos actualmente.

Nueva dimensión en la integración económica de los miembros de APEC

10. En APEC persiste aún un interés comercial dirigido a incrementar el comercio y la inversión, centrándose en medidas para abrir los mercados y dando menor prioridad a objetivos tales como un empleo pleno y productivo, o la protección social. En 2009, el país anfitrión, Singapur, llamó particularmente la atención sobre esa cuestión, convirtiéndola en una de las prioridades de esta Cumbre de Líderes. El desequilibrio existente ha de corregirse. APEC ha pasado de ser una organización solamente preocupada por el comercio a una que trata de crear un consenso regional sobre diversas cuestiones, desde los ámbitos políticos y de seguridad hasta la educación, la seguridad social y la salud pública. Los miembros de APEC deben incorporar una dimensión socialmente aceptable en su integración económica. Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para abordar la cuestión del crecimiento, la inversión y la creación de empleo decente, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los interlocutores sociales de la región. Además, a la CSI/RSAP le inquieta la creciente interconexión entre APEC y la publicación “Doing Business” del Banco Mundial, como se consideró en el Comité Económico de APEC. Insistimos en que el “Indicador sobre empleo de trabajadores” del informe Doing Business, y que ahora ha sido desestimado incluso por el propio Banco Mundial, no debe utilizarse en ningún estudio sobre inversiones realizado por APEC.

Se necesitan redes de seguridad social eficaces con cobertura universal

11. Se ha discutido mucho en APEC respecto a las redes de seguridad social, como parte de su programa de trabajo, pero ha sido poco lo que se ha puesto en práctica en cada economía en particular. Todavía hay centenares de millones de personas, de hecho una mayoría en los países en desarrollo miembros de APEC, que no están cubiertas por las redes de seguridad en la región. Los líderes deben encomendar a la Red de Seguridad Social y Laboral (LSSN por sus siglas en inglés), que se reúne bajo los auspicios del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de

5 Los Ministros encargados del Desarrollo de Recursos Humanos de APEC reconocieron en sus reuniones en Manila (1996), Seúl (1997), Washington DC (1999) y Kumamoto (2001) que deberían lograrse políticas sociales y laborales más efectivas a través de la cooperación entre gobiernos, sindicatos y empresas y reiteradamente han dado instrucciones al Grupo de trabajo sobre DRH de APEC para que desarrolle medidas concretas encaminadas a promover dicha cooperación.

6

Recursos Humanos, que trabaje de forma conjunta con otros foros relevantes dentro del proceso de APEC, con la plena participación de los sindicatos, sobre las directrices destinadas a conseguir redes eficaces en materia de seguridad social que respondan a las verdaderas necesidades de los trabajadores/as. Estas directrices incluyen, por ejemplo, programas adecuados de subsidio de desempleo, prestaciones de vejez y de jubilación, servicios de empleo/formación y reconversión profesionales adaptados y accesibles a los trabajadores/as, y la aplicación de medidas de creación de empleo, con un proceso efectivo de revisión para garantizar su aplicación en cada economía en particular.

Recomendación 4: Hacer especial hincapié en la creación de empleo decente y productivo mediante el desarrollo de unas Directrices de APEC para el Trabajo Decente

En la región de APEC, trabajan en las ZFI más de 50 millones de personas que carecen de una protección laboral efectiva.

12. Hay en la actualidad más de 60 millones de trabajadores/as empleados en las zonas francas industriales (ZFI) del mundo entero, y unos 52 millones en la región de APEC6. La organización sindical está prohibida o resulta prácticamente imposible y la gran mayoría de trabajadores/as de las ZFI ve denegada, en la ley o en la práctica, la posibilidad de ejercer sus derechos laborales. Como resultado de ello, muchas ZFI atraen esencialmente una inversión libre y sin compromiso y cuentan con un tipo particular de empresas que cimientan su éxito en la explotación de una mano de obra barata y dócil. Con mayor frecuencia, las víctimas de las prácticas explotadoras, peligrosas y a veces brutales son las mujeres, ya que constituyen cerca del 80% del total de la mano de obra en las ZFI. Se registran esfuerzos reales y excesivos en muchas economías para disminuir normativas, impuestos, la protección del medio ambiente y las normas del trabajo para atraer la inversión. Esta tendencia no hace sino agravar la precariedad del empleo y hace que la preparación y adopción de unas Directrices de APEC para el Trabajo Decente resulten más importantes que nunca.

Políticas eficaces para promover el trabajo decente, la inversión y el comercio en las ZFI a través de un diálogo social reforzado

13. A tal efecto, APEC debe poner en marcha una iniciativa a favor de políticas eficaces que promuevan el trabajo decente, la inversión y el comercio en las ZFI. Esta iniciativa deberá abordar las cuestiones de las normas del trabajo con un enfoque específico en los derechos y las condiciones de trabajo de las trabajadoras, la vinculación con la economía nacional, un marco de desarrollo de la inversión extranjera directa (IED) y la manera en que las empresas pueden contribuir al progreso económico y social a través de la inversión y el avance tecnológico. La participación de los interlocutores sociales es esencial para el éxito de esta iniciativa.

Desarrollo de unas Directrices de APEC para el Trabajo Decente

14. APEC debe desarrollar y aplicar sus propias Directrices Globales de Trabajo Decente, que abarquen medidas activas para la creación de empleo productivo y de calidad para todos, fomentar el diálogo social, hacer hincapié en el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y reforzar las redes de seguridad y otras medidas de protección social en las políticas laborales y sociales.

6 Base de datos de la OIT sobre las zonas francas industriales, OIT, abril 2007 http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/sector/themes/epz/epz-db.pdf

7

Recomendación 5: Promover los derechos fundamentales de los trabajadores/as en todos los acuerdos comerciales regionales, bilaterales o multilaterales, así como en los procesos de integración económica

Los derechos fundamentales de los trabajadores/as – la base de un marco regulador comercial

15. APEC continúa desarrollando un proceso encaminado a cumplir las metas fijadas en Bogor para liberalizar el comercio y las inversiones. Teniendo en cuenta el continuo estancamiento en las negociaciones de la OMC, los líderes de APEC han recomendado a los Altos Responsables que busquen insistentemente alternativas complementarias a la liberalización del comercio multilateral, incluyendo los acuerdos comerciales y de inversión bilaterales y regionales, para alcanzar este objetivo. No obstante, una dimensión social sólida que incluya objetivos de empleo decente y el respeto de las normas fundamentales del trabajo resulta esencial para lograr una integración económica regional estable e inclusiva. Todos los gobiernos de APEC, así como los empleadores y los sindicatos, deben reafirmar la promesa de respetar, aplicar y promover las normas fundamentales del trabajo, que realizaran con la adopción de la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998), reiterada en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008) y en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT (2009).

Incluir los derechos fundamentales de los trabajadores/es en el programa de APEC

16. Por otro lado, muchos de los Convenios fundamentales de la OIT aún no han sido ratificados, y los ya ratificados no han sido plenamente aplicados en las economías de APEC. Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo en incluir la promoción de la ratificación y aplicación de las normas fundamentales del trabajo en el programa de APEC como parte de un programa de mayor alcance sobre las cuestiones laborales y sociales.

Apoyar la inclusión de cuestiones laborales y sociales en la OMC

17. Una contribución considerable que podría realizar la reunión de Líderes para reforzar la sostenibilidad a largo plazo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sería apoyar que se tengan en cuenta las cuestiones del empleo en las negociaciones comerciales futuras, fortaleciendo de este modo el análisis del impacto del comercio sobre el empleo y el desarrollo sostenible en el seno de la OMC. La ruptura de la Ronda Doha de negociaciones de la OMC debe servir para demostrar que los beneficios de la liberalización del comercio cada vez parecen más vagos y las negociaciones comerciales multilaterales corren el riesgo de ser abandonadas porque provocan más destrucción que creación de empleo. Los líderes de APEC deberán reconocer la necesidad de que la OMC inicie un diálogo en esta área y recomendarle que establezca un comité sobre comercio y empleo capaz de analizar y anticipar el impacto de la liberalización del comercio en lo que respecta al nivel y la calidad del empleo, y realizar las recomendaciones pertinentes al Consejo General de la OMC.

Incluir disposiciones protectoras de los derechos del trabajo en todos los ACR/TLC

18. Los Acuerdos Comerciales Regionales y los Tratados de Libre Comercio (ACR/TLC) deben contribuir a impulsar el desarrollo sostenible, a mejorar los niveles de vida y las condiciones de trabajo de los trabajadores/as en todos los países participantes en el proceso APEC. Los ACR y TLC entre las economías de APEC deberán incorporar no sólo obligaciones con respecto a la legislación laboral nacional, sino también en relación con las normas del trabajo

8

reconocidas internacionalmente, además de incluir un mecanismo para institucionalizar la participación de los interlocutores sociales en el proceso de supervisión y promoción de estas normas. Así pues, las Medidas modelo para los capítulos de los ACR/TLC7 deberían incluir compromisos firmes respecto a la protección de los trabajadores/as, en conformidad con los principios y derechos en el trabajo internacionalmente reconocidos, lo que implica que las leyes y regulaciones de todos los miembros de APEC deberían estar en línea con los Convenios de la OIT relevantes. En la región existen ya algunos TLC que contienen cláusulas de este tipo. Los líderes de APEC han de asegurarse de que se incluyan cláusulas laborales y una referencia a las normas fundamentales del trabajo en los futuros acuerdos sobre comercio e inversión, de manera que dichos acuerdos sirvan para avanzar en el desarrollo sostenible y fomenten el trabajo decente.

Evaluar el impacto del ALCAP sobre el desarrollo y el trabajo decente

19. La CSI/RSAP insta a los líderes de APEC a asegurarse de que cualquier medida adoptada para que los TLC existentes resulten más favorables a las empresas no redunde en perjuicio de las condiciones o los salarios de los empleados, y que se incorporen disposiciones para la protección de los derechos en el trabajo. Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) deben incorporar cláusulas requiriendo que los Gobiernos no reduzcan las normas del trabajo a fin de atraer inversores extranjeros. Además, APEC deberá incluir una evaluación del impacto del Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (ALCAP) sobre el empleo, el nivel de desarrollo y la creación de trabajo decente, en lugar de limitarse a la actual evaluación del impacto sobre el comercio.

Recomendación 6: Abordar el cambio climático y el calentamiento global de forma ambiciosa, entre otras cosas mediante la creación de empleos verdes.

Contribuir a la conclusión de un amplio y ambicioso acuerdo en la CMNUCC

20. En vista del decepcionante resultado de la 15ª Conferencia de las partes (COP15) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los progresos para combatir el calentamiento global y el cambio climático han sido alarmantemente inadecuados. La necesidad de acción es ahora más acuciante de lo que podemos imaginar. Una contribución significativa que podrían realizar las economías de APEC a la mitigación del cambio climático sería apoyar la conclusión de un amplio y ambicioso acuerdo lo antes posible, incluyendo progresos considerables durante la COP16 en Cancún.

Desarrollar políticas para la eficiencia energética y las energías renovables

21. APEC deberá desarrollar planes energéticos a largo plazo con un marco de desarrollo sostenible, que garanticen la seguridad energética y la protección del medio ambiente, y que sean compatibles con un empleo pleno y decente. Las políticas han de incluir una energía segura, limpia, respetuosa con el medio ambiente y abordable, basada en el desarrollo de fuentes de energía renovable. Y, por medio de acuerdos efectivos y vinculantes, las políticas deberán garantizar que se invierta en nuevas capacidades y en infraestructura.

7 Solicitadas en Busan en 2005, y discutidas durante la última reunión del Grupo de Trabajo sobre DRH en junio de 2009.

9

Una transición ambiciosa y justa resulta más necesaria que nunca, con la creación de empleos verdes y la inversión en recursos humanos

22. APEC debe redoblar además esfuerzos para la promoción de empleos verdes en su ámbito de actuación. No obstante, la transición a una economía baja en carbono y el desarrollo de las correspondientes tecnologías y oportunidades de empleo podría desembocar en un mercado laboral a dos velocidades. Si no es ya el caso, pronto la capacitación y las cualificaciones de los empleados de la antigua generación quedarán obsoletas y estos trabajadores/as encontrarán cada vez mayores dificultades para conservar su empleo. Para garantizar que se produzca una transición justa hacia una economía verde, y con objeto de facilitar la adaptación de la mano de obra al mercado laboral cambiante pos-crisis, la CSI/RSAP insta a los Líderes a desarrollar políticas que amplíen los programas de formación y capacitación para que los trabajadores/as y desempleados puedan desenvolverse eficazmente en puestos de trabajo verdes. Las políticas tienen además que basarse en enfoques multilaterales, consultas con los interlocutores sociales e inversiones conjuntas entre agentes nacionales y regionales clave.

Promover acciones a nivel del lugar de trabajo para la eficiencia energética, el reciclado y el tratamiento de desechos, en consulta con los sindicatos

23. APEC ha emprendido ya estudios sobre la economía basada en el reciclado, con objeto de identificar oportunidades, retos y necesidades de construcción de capacidades, además de intercambiar las mejores prácticas. Los Líderes deberían basarse en las experiencias que hayan tenido éxito y respaldar proyectos de eficiencia energética, reciclado y tratamiento de desechos a nivel del lugar de trabajo, así como a escala sectorial y local. A nivel del lugar de trabajo, dichas medidas deberán ser desarrolladas conjuntamente entre empleadores y sindicatos, con objeto de garantizar que las medidas y políticas sean aplicadas eficazmente. A nivel de las economías individuales, deberá promoverse la utilización eficiente de los recursos y la innovación tecnológica de manera que se apoye el empleo, tras un diálogo con los interlocutores sociales.

Recomendación 7: Desarrollar las directrices de APEC para garantizar la aplicación apropiada de políticas no discriminatorias en las economías miembros

La desigualdad de género es patente en toda la región de APEC

24. La desigualdad de género es patente a todo lo largo de la región de APEC en lo que se refiere al acceso a los recursos, las oportunidades educativas, el poder político y los cargos de liderazgo. En este momento, la aplicación de programas de austeridad fiscal está teniendo un impacto especialmente negativo sobre la situación de la mujer en el trabajo y en la sociedad, visto que afectan adversamente a los niveles y condiciones de empleo en sectores en los que la mujer tiene una elevada representación, y que reduce la aportación de servicios públicos de los que dependen las mujeres de manera desproporcionada debido, en particular, a que asumen de manera desigual las responsabilidades familiares.

Directrices de APEC para garantizar una aplicación apropiada y efectiva de las políticas de no discriminación

25. Reconocemos las iniciativas de APEC para abordar la igualdad de género a través de los debates de las Reuniones Ministeriales sobre la Mujer de APEC y el establecimiento de una Red de Puntos Focales sobre Género (GFPN). No obstante, estas iniciativas han limitado sus acciones a promover la integración de género en diversos foros de APEC. Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para hacer avanzar las iniciativas a fin de desarrollar directrices de APEC que rijan las medidas adecuadas y los

10

mecanismos de vigilancia destinados a asegurar la debida aplicación de políticas no discriminatorias en las economías miembros. Tales mecanismos deberían extenderse también a los grupos vulnerables objeto de discriminación de índole diferente al género.

Recomendación 8: Desarrollar un marco de APEC con un enfoque basado en los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes

Un marco de APEC para un enfoque basado en los derechos de los trabajadores/as migrantes

26. La migración supone tanto retos como oportunidades en la región de Asia y el Pacífico. Aunque la migración podría beneficiar a los/as trabajadores/as tanto en las economías de origen como de acogida, muchas veces es el último recurso para aquellas personas que no consiguen encontrar trabajo en su país y que resultan por tanto vulnerables a la explotación en el extranjero, en sectores que van de la construcción al trabajo doméstico. Para que sigan existiendo oportunidades, los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para desarrollar un marco que tenga en cuenta las necesidades del mercado laboral nacional, en relación con las Conclusiones del informe En busca de un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la economía globalizada, aprobado en la 92ª Conferencia Internacional del Trabajo, en 2004, y el Marco Multilateral de la OIT para las migraciones laborales adoptado en 2005, aplicándose plenamente la legislación laboral nacional y las condiciones de trabajo sin discriminación. Dicho marco deberá elaborarse a partir de la información disponible sobre las políticas y las mejores prácticas en las economías miembros sobre migración internacional, las propuestas existentes para incrementar los beneficios económicos de la migración y las normas internacionales correspondientes, incluida la Convención Internacional de la ONU para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y los Miembros de sus Familias8 y los Convenios 979 y 14310 de la OIT. La CSI/RSAP considera que los líderes de APEC deben prestar atención a la baja tasa de ratificación de estas normas internacionales en sus economías. Las economías miembros de APEC deberían elaborar un calendario regional para su ratificación. Los gobiernos de APEC deberían promover aún más un desarrollo industrial equilibrado y el trabajo decente, de manera que la decisión de emigrar se tome voluntariamente y no como una obligación para escapar a la miseria o a la opresión.

Recomendación 9: Desarrollar un marco de APEC para fomentar el diálogo social en las empresas multinacionales y revisar los Principios de Inversión no Vinculantes de APEC

El diálogo social es el medio más eficaz para asegurar que las EMN contribuyan al desarrollo económico

27. Las empresas multinacionales (EMN) son protagonistas clave de la economía mundial capaces de proporcionar más y mejores empleos en los países que las acogen, pero algunas actividades de las EMN pueden también conducir a una creciente explotación y a empeorar las condiciones sociales y laborales. Esta situación se produce cuando solamente buscan beneficios a corto plazo y

8 Ratificado por 25 países, incluidos Chile, Indonesia, México, Perú y Filipinas en la región de APEC. 9 Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (No. 97), ratificado por 49 países, incluyendo Nueva Zelanda, Malasia y Filipinas en la región APEC. 10 Convenios sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones Complementarias) 1975 (No. 143), ratificado por 23 países, únicamente Filipinas en la región APEC.

11

y social descuidan sus responsabilidades sociales. Además de los marcos legislativos, el diálogo social que forma parte de las responsabilidades sociales de la empresa es el medio más eficaz de asegurarse que las EMN contribuyan al desarrollo económico y social y se muestran responsables con todas las partes interesadas. No obstante, a menudo estas responsabilidades se dejan de lado en lo que respecta las normas sociales y las condiciones de trabajo en pos de una “nivelación hacia abajo”.

Marco de APEC para promover relaciones laborales y negociaciones colectivas sólidas

28. Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para desarrollar un marco a nivel de APEC destinado a promover relaciones laborales adecuadas y el respeto de los derechos de negociación colectiva en las EMN. Este enfoque complementaría y reforzaría la práctica cada vez más común de negociar Acuerdos Marco Internacionales (AMI)11 entre las Federaciones Sindicales Mundiales y las empresas multinacionales, muchas de ellas pertenecientes a las economías de APEC. En el marco de los diálogos sectoriales de APEC que se han establecido actualmente en las industrias automotriz y química podrían organizarse reuniones conjuntas entre las empresas y los representantes sindicales para facilitar el diálogo social sobre esta cuestión.

Deben revisarse los Principios de Inversión no Vinculantes de APEC

29. Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para revisar los Principios de Inversión no Vinculantes de APEC con el fin de incorporar la importancia de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores/as y las metas de empleo con arreglo a la Declaración tripartita de la OIT de principios sobre empresas multinacionales y política social y las Directrices para las empresas multinacionales de la OCDE. Debe establecerse un mecanismo formal de APEC para promover y supervisar la observancia de las responsabilidades sociales por parte de las empresas multinacionales, a través del uso eficaz de los Puntos de Contacto Nacionales en el marco de las Directrices de la OCDE (presentes actualmente en los siguientes países de APEC: Australia, Canadá, Chile, Corea, Estados Unidos, Japón, México, Nueva Zelanda y Perú).

Recomendación 10: Crear un marco en APEC en relación con el desarrollo de recursos humanos, con objeto de integrar a los desempleados y a los trabajadores/as jóvenes en el empleo y bridar capacitación a la mano de obra en relación con nuevas técnicas y tecnologías

Desarrollar técnicas y competencias para el Siglo XXI en APEC

30. El Grupo de Trabajo de APEC sobre Desarrollo de los Recursos Humanos ha venido desarrollando “Técnicas y Competencias del Siglo XXI para todos”, un esfuerzo que pretende definir las cualidades que requerirán los trabajadores en el futuro e integrarlas en la educación con objeto de empezar a preparar a la mano de obra. La CSI/RSAP acoge con beneplácito la labor de APEC para mejorar el capital humano e insta a que se inviertan mayores recursos en este esfuerzo.

Inversión urgente en formación y servicios de empleo para prevenir el

31. Tras el estallido de la crisis financiera y de empleo, reviste una importancia particular que se tomen medidas activas para integrar a los desempleados en el mercado laboral, prestando especial atención a prevenir que el desempleo termine siendo de larga duración. Se

11 Para mediados de 2009, se habían concluido 84 Acuerdos Marco entre Federaciones Sindicales Internacionales y empresas individuales.

12

desempleo de larga duración

requiere un esfuerzo particularmente importante para permitir a las mujeres y a los jóvenes superar los obstáculos específicos a los que se enfrentan en el mercado de trabajo. Estas medidas deben incluir:

• Identificar cuanto antes las necesidades de los desempleados/as y suministrar servicios tales como orientación, ayuda para la búsqueda de empleo y planes de acción personalizados;

• Programas de formación y de reconversión profesional accesibles a todas las personas, con el fin de mejorar su empleabilidad y sus oportunidades de integración, poniendo énfasis especialmente en la creación de nuevas capacidades para desempeñar adecuadamente empleos verdes;

• Mejores instituciones para el mercado de trabajo, especialmente servicios de empleo;

• Programas de acción específicos para permitir a las mujeres participar en el mercado de trabajo a mayor escala y alcanzar la igualdad de trato y de remuneración;

• Dirigir los programas destinados a la formación y perfeccionamiento de las competencias de la juventud a superar el desempleo así como el empleo mal remunerado entre los/las jóvenes;

• Evaluar y revisar con regularidad la eficacia y eficiencia de los programas del mercado de trabajo.

CONCLUSIONES Fortalecer la dimensión social de APEC y lograr una auténtica cooperación con los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales

32. En la práctica, la promoción comercial predomina en el proceso de APEC. Los líderes de APEC deben corregir la distorsión y reorientar a APEC para cumplir los objetivos prioritarios e interrelacionados de crecimiento equitativo y sostenible y disminuir las diferencias que existen entre las economías miembros. Esta corrección puede realizarse únicamente fortaleciendo la dimensión social de APEC y consiguiendo una auténtica cooperación con los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales en la región. La Red Sindical para Asia y el Pacífico de la CSI (CSI/RSAP) está dispuesta a comprometerse a tal efecto.

Recuperación de la crisis económica

33. APEC debe desempeñar un rol primordial a la hora de concretar medidas para lograr la recuperación, atenuar el impacto social de la triple crisis sin precedentes: financiera, del empleo y climática, y promover la creación de trabajo decente y empleos verdes para superarlas. Por esta razón, los líderes de APEC deben cooperar para crear programas fuertes, efectivos y coordinados de recuperación económica dentro del marco de una agenda de trabajo decente basándose en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.

13

ANEXO 1

Establecimiento de un Foro Sindical APEC

Antecedentes

1. Las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores en la región de APEC pueden aportar una valiosa perspectiva única al examen a gran escala de las políticas necesarias para apoyar a los trabajadores en un período de rápidas transformaciones. Las organizaciones sindicales de APEC deberían por tanto intentar establecer algún tipo de relación formal con APEC. Dicha asociación se iniciaría al nivel de los líderes de APEC, de forma comparable con los dispositivos de acceso al Consejo Empresarial Consultivo Asiático (ABAC)*, así como en todo el proceso de APEC.

Composición

2. El Foro Sindical APEC estará compuesto por las centrales sindicales nacionales representativas de las economías APEC.

3. Todas las centrales nacionales representativas se reunirán en una Asamblea general una vez al año, posiblemente en vísperas de la Reunión de Líderes de APEC, para discutir sobre cuestiones de interés común relacionadas con APEC.

Mandato

4. El mandato del Foro sería el siguiente:

- Trabajar conjuntamente con gobiernos y empleadores para la promoción de resultados de APEC capaces de estimular un mayor crecimiento económico y de alcanzar un mejor nivel de vida para toda la población;

- Contribuir al desarrollo de políticas adecuadas en APEC sobre cuestiones como desarrollo de recursos humanos, desarrollo industrial, educación y bienestar social;

- Transmitir las opiniones y necesidades de los empleados en las economías APEC en el marco de su diálogo con los gobiernos sobre cuestiones relativas a APEC;

- Fomentar el diálogo tripartito a escala nacional y de APEC sobre cuestiones de interés en la región.

5. Las actividades del Foro incluirán:

- Asesorar a los líderes de APEC y otros representantes sobre temas de interés para los trabajadores;

- Representar la posición de los trabajadores en Reuniones de líderes de APEC, reuniones ministeriales, reuniones de altos cargos y comités/grupos de trabajo relevantes para los intereses de los trabajadores;

- Mantener informados a los miembros del Foro sobre los progresos en APEC; y

- Mantener un permanente intercambio de información y puntos de vista sobre los diferentes temas y asuntos tratados por el APEC, con los Secretariados de APEC y ABAC.

* Los miembros de ABAC son nombrados por sus respectivos líderes (Primer Ministro o Presidente). El Foro Sindical APEC no utilizará ese mismo modelo para su composición.




G20 Y GLOBAL UNIONS

DECLARACIÓN DE LA AGRUPACIÓN GLOBAL UNIONS A LA CUMBRE DEL G20 EN SEÚL

11-12 de noviembre de 2010 El G20 debe dar prioridad al empleo

1. Los Líderes del G20 reunidos en Pittsburgh en septiembre de 2009 se comprometieron a situar “el empleo de calidad en el epicentro de la recuperación”.1 Pero no han cumplido la promesa. Resulta profundamente preocupante que el empleo no figure en el programa inicial de esta Cumbre del G20. La crisis económica que ha causado estragos en las vidas y el sustento de los trabajadores y trabajadoras está lejos de haber terminado. Se ha convertido ahora en una crisis social. Hay actualmente más de 220 millones de desempleados en el mundo, el nivel más alto registrado en la historia, y que supone un incremento de más de 31 millones respecto al nivel de 20072. Otros 100 millones de personas – principalmente en los países en desarrollo – han quedado sumidos en la más extrema pobreza. No sólo la recuperación global es frágil e incierta, sino que el aumento del desempleo está además minando la confianza y amenazando la recuperación. El miedo en los mercados financieros empuja a muchos Gobiernos del G20 a abandonar las políticas expansionistas en favor de programas de austeridad, que en caso de implementarse, aumentarían considerablemente el peligro de que nuestras economías vuelvan a caer en la recesión, los servicios públicos resulten devastados y el nivel de vida se vea reducido. Los Gobiernos no pueden aceptar la perspectiva de una década de estancamiento de los mercados de trabajo en los países industrializados, la profundización de la pobreza en los países en desarrollo y una generación perdida de jóvenes excluidos de la actividad productiva. 2. A corto plazo, los Líderes del G20 deberían dar prioridad a reducir el desempleo y, a medio plazo, adoptar un modelo distinto de crecimiento y desarrollo – un modelo que sea equilibrado, sostenible, que promueva la creación de puestos de trabajo decentes y una distribución justa de los ingresos. Deben asegurarse de que el empleo forme parte integral de los debates en cada uno de los puntos del orden del día en la Cumbre de Seúl. A tal efecto, la Agrupación Global Unions insta a los Gobiernos del G20 a:

- Mantener medidas de recuperación centradas en la creación de empleo, a fin de reducir el déficit público mediante un crecimiento económico sostenido y no por medio de recortes en el gasto;

- Dar prioridad al empleo, entre otros medios mediante la creación de un Grupo de Trabajo Permanente sobre Empleo en el G20, que cuente con la participación de los interlocutores sociales; situar el empleo de calidad y la protección social como elementos centrales del Marco del G20 para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado; e invertir en las personas mediante educación y formación;

- Asegurarse de que las políticas sobre cambio climático estén acompañadas de políticas de empleo para la creación de empleos verdes, y garantizar una ‘Transición justa’;

- Situar el “trabajo decente” en el núcleo del programa de desarrollo, cumplir con los compromisos de ayuda y apoyar los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

- Acelerar la reforma financiera, establecer una fiscalidad justa y una tasa sobre las transacciones financieras (TTF), frenar la especulación financiera y eliminar los paraísos fiscales.

1 Declaración de los Líderes del G20 en Pittsburgh 2 OIT 2010

2

Mantener medidas de recuperación centradas en la creación de empleo a fin de reducir el déficit público mediante un crecimiento económico sostenido

3. El enfoque coordinado e inclusivo respecto a las medidas de recuperación económica que prevalecía en 2009 está siendo sustituido por una salida competitiva y prematura, dado que los Gobiernos, bajo la presión de los mercados de valores, se decantan por la una consolidación fiscal. La crisis ha derivado en una transferencia masiva de deuda privada a deuda pública. Recurrir a un recorte del gasto público, de los salarios, las pensiones y los programas sociales para costearla resulta moralmente injusto y económicamente erróneo. Contribuiría a aumentar la desigualdad – un factor clave que precipitó la crisis en primer lugar – y corre el riesgo de provocar la recaída de la economía mundial en la recesión con resultados catastróficos. Las previsiones de crecimiento por parte de organizaciones internacionales están ya siendo revisadas a la baja. Resulta esencial que los Gobiernos enfoquen la consolidación fiscal a través de medidas que apoyen el crecimiento y aumenten la demanda a fin de aumentar la producción y el empleo. A corto plazo (2011-2012) la prioridad ha de ser lograr una rápida recuperación del PIB. Las políticas para incrementar la demanda deberían proseguir en aquellos países donde la recuperación no sea auto-sustentada, hasta llegar a un punto en que el desempleo se sitúe en los niveles previos a la crisis. Dar prioridad al empleo, invertir en las personas y establecer un Grupo de Trabajo sobre Empleo en el G20

4. En un futuro inmediato, los Gobiernos deberían:

- Llevar a cabo proyectos con un alto contenido de empleo, incluyendo inversiones en infraestructura verde y en servicios públicos de calidad en el ámbito social;

- Extender ejemplos exitosos de programas de mercado laboral destinados a garantizar el empleo o la formación de los jóvenes;

- Poner fin al crecimiento de trabajo precario e irregular que está socavando la recuperación y aumentando la inseguridad;

- Incrementar la cooperación entre los Ministros de Trabajo y de Finanzas y establecer un Grupo de Trabajo Permanente sobre Empleo en el G20, que incluya a los interlocutores sociales, a la OIT y a otras organizaciones internacionales relevantes.

5. A medio plazo, el G20 ha anunciado que la Cumbre de Seúl desarrollará un “plan de acción integral” para implementar el “Marco del G20 para un crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado”. El empleo ha de constituir un elemento central del plan de acción y los Líderes deberían:

- Invitar a la OIT para que, en colaboración con la OCDE y el ECOSOC de Naciones Unidas, se encargue de preparar los componentes del Marco del G20 en relación con el empleo y la protección social, que deberían basarse en el Pacto Mundial para el Empleo tripartito adoptado en Ginebra en junio de 2009 y en las Recomendaciones adoptadas por los Jefes de Estado del G20 durante la reunión de Ministros de Trabajo/Empleo del G20 celebrada en Washington en abril de 2010.

- Reforzar el diálogo social, incluyendo la negociación colectiva, para asegurarse de que los salarios aumenten en línea con la productividad, y combatir las desigualdades de ingresos y de género.

3

6. Invertir en las personas, mediante educación y formación, resulta esencial para lograr una recuperación sostenible y un crecimiento equitativo. La calidad de la educación constituye una cuestión central tanto para las economías avanzadas como emergentes y en desarrollo. Los Líderes del G20 deberían:

- Reiterar el compromiso de alcanzar una “Educación de Calidad para Todos” (EPT)3 e invitar a la UNESCO y a la OCDE a colaborar con colectivos interesados clave en el desarrollo de una “Unidad de Trabajo Global sobre Docentes para la EPT” en el marco de una asociación global dinámica con una nueva visión de educación de calidad para el Siglo XXI.

- Encomendar a sus Ministros de Educación que presenten propuestas específicas para la Cumbre del G20 en Francia en 2011.

Asegurarse de que las políticas sobre cambio climático incorporen una ‘Transición justa’

7. Las negociaciones sobre el clima parecen haberse bloqueado – lo que supone una situación desastrosa. Los Líderes deben apoyar medidas concretas encaminadas a la adopción de un marco vinculante para el período posterior a 2012 dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a fin de asegurarse de que no se escatime ningún esfuerzo para cumplir con las metas de reducción de emisiones. El nuevo acuerdo climático debería incluir metas de arriba abajo basadas en los escenarios del IPCC para mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2°C, y un marco ambicioso para la financiación del cambio climático. Los Gobiernos deben:

- Realizar progresos para establecer una economía con bajas emisiones de carbono, resistente al clima y socialmente justa;

- Desarrollar una estrategia de ‘transición justa’, con inversiones verdes a gran escala y con mano de obra intensiva, programas de formación y construcción de capacidades y políticas activas de mercado de trabajo.

Situar el “trabajo decente” en el núcleo de las estrategias de desarrollo y cumplir los compromisos de ayuda para alcanzar los ODM

8. En estos momentos de crisis los Líderes del G20 – y los del G8 en particular – no deben dar la espalda a los compromisos contraídos anteriormente hacia los países en desarrollo. La creación de empleo y de “trabajo decente” debe ser un elemento central de las estrategias de desarrollo. Los Gobiernos de la OCDE todavía tienen que cumplir sus compromisos anteriores de ayuda, particularmente respecto a África, en vista de lo cual:

- Deben ampliarse los recursos con objeto de cumplir los compromisos sobre el acceso universal a la prevención del VIH y el SIDA;

- Los Líderes deben dar mandato a una comisión multisectorial de alto nivel para que elabore recomendaciones encaminadas a salvar la brecha de financiación que necesitan los países para lograr la Educación para Todos (EPT) y aplicar el Piso básico de protección social de la OIT, mediante la creación de un Fondo de Protección Social para los países en desarrollo;

3 UNESCO, Informes de seguimiento de la EPT en el mundo, 2009, 2010.

4

- Deben asegurarse de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reoriente su asistencia financiera de emergencia para promover el crecimiento del empleo y la protección social – en contraste con las condiciones de austeridad impuestas en los préstamos recientes4. En línea con las conclusiones de la Conferencia OIT/FMI sobre “Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social” 5 , el FMI debería colaborar con la OIT promoviendo estrategias de recuperación basadas en unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales y productividad, ampliación de la negociación colectiva y mejor protección de los trabajadores;

- El FMI debería hacer uso de sus recursos financieros ampliados para alentar a los países afectados por la crisis mundial a desplegar políticas fiscales anti-cíclicas durante un período de tiempo más largo, hasta haber salido enteramente de situaciones de recesión. La actual crisis subraya la necesidad de un mecanismo de restructuración de la deuda soberana justo y transparente, que pueda ser utilizado por aquellos países con niveles de deuda insostenibles;

- El G20 debería trabajar con la ONU para desarrollar mecanismos multilaterales de discusión de políticas aplicables a todos los países del mundo.

Establecer una fiscalidad justa, frenar la especulación financiera, eliminar los paraísos fiscales y acelerar la reforma financiera

9. Los Líderes del G20 deben dar prioridad a una fiscalidad progresiva donde paguen más impuestos los grupos con ingresos más elevados y los activos improductivos o especulativos. Se necesita urgentemente que la carga impositiva se distribuya de manera más justa entre el capital y el trabajo, no sólo para hacer frente a las crecientes preocupaciones de injusticia social, sino además para asegurar que se dé prioridad al empleo. Los Gobiernos deben proteger y ampliar su base de ingresos fiscales para brindar apoyo a la demanda de las familias y para la financiación de servicios públicos de calidad y protección social. Esto requiere romper con las políticas del pasado en que se han recortado los impuestos directos mientras que los impuestos indirectos – inherentemente más regresivos – han aumentado. Adicionalmente:

- Los Gobiernos del G20 deberían desarrollar nuevas fuentes de financiación, incluyendo la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras (TTF), que serviría igualmente para reducir la especulación financiera a corto plazo;

- El Foro Global de la OCDE sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal debe mejorarse a través de un acuerdo multilateral respecto a un sistema de intercambio de información automático, además de aportar capacitación para las administraciones de impuestos en los países en desarrollo. El sistema impositivo global debe servir para fortalecer en lugar de debilitar la estabilidad financiera y la rendición de cuentas. Ha de abordarse asimismo el sesgo impositivo que favorece un apalancamiento excesivo, y el arbitraje fiscal entre jurisdicciones.

10. La Cumbre de Toronto no consiguió dar el impulso necesario a la recomendación del G20 respecto a la reforma financiera y al programa de trabajo del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). La actual reforma del marco de Basilea para las normas prudenciales bancarias, que se hizo pública en septiembre de 2009, no ha cumplido las expectativas

4 Ver la Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en 2010. 5 Véase http://www.osloconference2010.org/

5

iniciales. Los Líderes deben comprometerse a adoptar medidas regulatorias globales y coordinadas para reformar el sector financiero. Deberían:

- proteger a la banca minorista y comercial de las operaciones bancarias de inversión volátil y de alto riesgo, y promover la banca cooperativa y de seguros así como los servicios financieros públicos;

- poner freno a que se asuman riesgos excesivos y que se concedan remuneraciones irresponsables, mediante la imposición por ley de topes para la remuneración de los banqueros, agentes de bolsa y otros ejecutivos;

- fortalecer las políticas de gestión del riesgo de los bancos garantizando la representación de los trabajadores y la protección de las familias trabajadoras contra los préstamos predatorios mediante una legislación adecuada que proteja a los consumidores; y

- asegurarse de que el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), que desempeña actualmente un importante papel en la gobernanza de la economía mundial, adopte procesos formales de consulta, incluyendo a los sindicatos, haga públicos sus documentos para poder aportar comentarios y promueva las prácticas estándar de la gobernanza institucional democrática.




MUJERES GLOBALIZACION Y CRISIS

Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 54º Período de Sesiones, 1-12 de marzo del 2010, Ítem 3 (a) (i) de la agenda provisional

E/CN.6/2010/1: Revisión de la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del 23º sesión especial de la Asamblea General y su contribución para delinear una perspectiva de género hacia la

plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Declaración presentada por la Internacional de la Educación (IE), la Confederación Sindical Internacional

(CSI) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), organizaciones con estatus consultivo ante el Concejo Económico y Social

El Secretario General ha recibido la siguiente declaración,

puesta en circulacion de acuerdo con los párrafos 36 y 37 de la resolución del Concejo Económico y Social 1996/31.

Mujeres en la Economía Global en Epoca de Crisis

Introducción – Impactos de las Múltiples Crisis en las Mujeres El 54º Período de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 54) de la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) en el 2010, brinda una invalorable oportunidad para evaluar el progreso alcanzado y los desafíos que quedan pendientes para implementar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing quince años después de su adopción en 1995. Para el movimiento sindical global, representado ante la CSW por la IE, la CSI y la ISP, hay pocos motivos para celebrar. Expresamos nuestra profunda preocupación por la difícil situación de millones de mujeres trabajadoras atrapadas en un conjunto de crisis globales y múltiples que ellas no crearon y que, sin embargo, afectan sus oportunidades de llevar vidas decentes con dignidad, equidad y libres de pobreza. Tras ser golpeadas por las crisis alimentarias y de energía en 2008, han sufrido los impactos de la crisis financiera que llegó a un pico en setiembre del 2008, precipitando una verdadera crisis laboral, mientras la continua crisis climática lentamente cobra sus víctimas. Estas crisis múltiples alimentaria, financiera, laboral y climática han eliminado una gran parte de lo alcanzado en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con impactos desproporcionadamente negativos en el incremento de la pobreza y la inseguridad alimentaria de las mujeres, así como limitando su acceso a trabajos decentes, a una educación de calidad a su alcance, a servicios de salud y reproductivos, el acceso al agua y otros servicios sociales básicos. Estas crisis claramente han debilitado las políticas nacionales dirigidas a reducir las desigualdades y las inequidades de género.

2

Las Dimensiones Laborales, Alimentarias y Climática s de la Crisis A pesar de las afirmaciones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre que lo peor de la crisis pronto habrá pasado, y los pronósticos de que la economía global retomará su crecimiento, la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) estima un incremento de 50 millones de desempleados a nivel mundial para fines del 2009, el nivel más alto de desempleo global total registrado. El número de trabajadores pobres, aquellos que ganan menos de $ 2 al día, se elevará a 200 millones. La crisis laboral las está afectando desproporcionadamente a las mujeres dada las discriminaciones ya estructuradas y múltiples que encaran las trabajadoras, empleos precarios, mal pagados y atípicos, combinandolos con funciones de brindar cuidado. Dada la reducción de los presupuestos del sector público como resultado de la crisis, ellas deben soportar la sobrecarga de las actividades de cuidado en el hogar y de previsión social, sin remuneración ni compensación social. El modelo de crecimiento orientado a las exportaciones, prescrito por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) para los países en desarrollo ha dado como resultado el desmantelamiento del sector interno productor de alimentos en muchos países. A ello se anade, la especulación en alimentos y otros productos que ha generado la escasez y el aumento de precios de productos alimenticios básicos. El cambio climático y las crecientes condiciones de sequía han empeorado aún más la situación de inseguridad alimentaria y escasez de agua, particularmente en el Africa Sub-Sahariana. Estos factores ha impactado severamente en los productores rurales de alimentos, en su mayoría mujeres, y ha afectado sus capacidades para alimentar a sus familias. Los niveles de desnutrición en los países de bajos ingresos se han incrementado dramáticamente, dando lugar a que UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos (FAO) intensifiquen sus programas de ayuda alimentaria en las comunidades pobres y vulnerables. El número estimado de personas que pasan hambre ha aumentado a mil millones, siendo la mayoría mujeres y niños. Mil trescientos millones de personas no cuentan con acceso a servicios básicos de atención a la salud, mientras que 100 millones de personas pasan a ser pobres cada año debido a los costos de la atención a la salud. La Globalización y el Empleo de las Mujeres Sin duda, la globalización ha abierto nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, tanto en los sectores manufactureros como de servicios. Sin embargo, las mujeres aún tienen dificultad para acceder a oportunidades de empleo, compensación y movilidad laboral acordes con sus niveles educativos y capacidades. El género juego un papel crítico al determinar el valor del trabajo y la remuneración de las mujeres trabajadoras en la fuerza laboral global en salud y otros sectores sociales. Las inequidades salariales basadas en el género históricamente se sostienen en la idea de que el rol primario de las mujeres tiene su base en el hogar: cuidando a la familia y atendiendo labores domésticas. Los

3

roles de las mujeres en el lugar de trabajo son, por tanto, percibidos como una extensión de sus roles en el hogar y las estructuras salariales a menudo son determinadas de acuerdo a ello. La inequidad salarial, por tanto, continúa siendo un problema persistente enfrentada por las mujeres trabajadoras. Ningún país en el mundo ha logrado la equidad salarial, definida como igual pago por igual trabajo o por trabajo de igual valor. Actualmente, la brecha salarial en algunos países industrializados como los países nórdicos es de 12%, pero en muchos países está por encima del 50%. A las mujeres trabajadores se les encuentra en el extremo inferior de las cadenas de valor globales, ganando poco valor agregado para el trabajo basado en el hogar para productos como alfombras, prendas de vestir, cigarrillos enrollados a mano. El crecimiento orientado a la exportación y las Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) se han convertido en importantes herramientas para el crecimiento del desarrollo, con resultados mixtos en términos de impactos en las mujeres jóvenes que constituyen la mayoría de la fuerza laboral. A menudo, ellas trabajan en condiciones de explotación y son víctimas de hostigamiento sexual. Sus derechos básicos de unirse a un sindicato y beneficiarse de las protecciones a los trabajadores garantizados por acuerdos colectivos son negados. En muchos países en desarrollo, la mayoría de mujeres trabajadoras (más del 70%) se encuentra en la economía informal, muchas como productoras rurales auto-empleadas o como minoristas en mercados o como vendedoras ambulantes. Sus sueldos y condiciones de trabajo son precarios. El sector informal a menudo no está cubierto por la legislación laboral nacional y a las mujeres trabajadoras en este sector se les niega sus derechos laborales básicos. El trabajo de cuidado no remunerado es uno de los principales factores que contribuyen a la desigualdad de género y a la pobreza de las mujeres. En muchos países africanos, la pandemia del VIH/SIDA se ha incrementado, y se ha intensificado el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres y ha reducido aún más sus oportunidades de conseguir un trabajo productivo remunerado. Invertir en Educación como un derecho humano Invertir en la educación como un derecho humano es clave para restaurar el crecimiento y el desarrollo sostenible. Se debe superar la aguda escasez de docentes calificados y entrenados, especialmente en el mundo en desarrollo. Dados los crecientes niveles de matrícula, entre el 2007 y el 2015 se necesitará alrededor de 2.4 millones de maestros (1.2 millones de nuevos puestos), sólo en el Africa Sub-Sahariana, para lograr la Educación Primaria Universal. El logro de calidad en la educación pública es desafiada por una serie de razones: falta de capacitación y desarrollo profesional, el reclutamiento creciente en la modalidad de contrato, la pandemia del VIH/SIDA, crecientes desastres

4

naturales debidos al cambio climático, conflictos que resultan en la fragilidad y ataques al profesorado, estudiantado e instituciones educativas. El abordar estos desafíos exige un enfoque integrado, con políticas que aumenten el acceso a la educación para las niñas y niños de cualquier estrato social, y amplíe la inclusión y calidad en todos los niveles y en todos los contextos. Las políticas deben construirse basadas en una plataforma de inversión en la equidad en la educación, que combine el reclutamiento a gran escala con la apropiada educación pre-servicio y los actuales servicios de capacitación para maestros y maestras. Debe incluir un fuerte y efectivo liderazgo en las escuelas, condiciones de trabajo apropiadas, recursos curriculares y pedagógicos relevantes que permitan que docentes profesionales comprometidos hagan bien su trabajo, e incluyan a todos los niños y niñas en la educación de calidad. La herramienta de desarrollo más efectiva y eficiente es el educar a las niñas. Las niñas educadas son capaces de negociar el tener un menor número de hijos, que serán más saludables y mejor educados. Las mujeres con educación juegan un rol económico y político cada vez más activo a nivel local y nacional. Reparando la Crónica falta de inversión en los Serv icios Públicos Tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo, la falta de inversión en los servicios públicos sigue siendo una importante barrera para la emancipación y empoderamiento social y económico de las mujeres. Las mujeres, especialmente, dependen de la disponibilidad de servicios de calidad en salud pública, atención social, cuidados infantiles, distribución de agua y electricidad. Cuando los Estados no proporcionan servicios adecuados de salud pública y de atención, la carga recae pesadamente en las mujeres, para compensar por su falta de disponibilidad. El acceso universal a servicios públicos de calidad es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En todo el mundo, el sector público es un empleador importante de mujeres. En muchos casos, es el mayor empleador de mujeres, después de la economía informal. Sin embargo, la segregación ocupacional, la subvaloración del trabajo de las mujeres y la creciente naturaleza precaria de los trabajos del sector público (mediante el uso de la terciarización, contratos de corto plazo, subcontratación informal y el indiscriminado uso de agencias temporales de reclutamiento), son factores que impiden el real empoderamiento económico y el avance de las mujeres. Recomendaciones El modelo económico neoliberal dominante de crecimiento a través de la asimétrica acumulación de capital necesita dar paso a un modelo social de

5

crecimiento con prosperidad compartida, a través del trabajo decente, con igualdad de género en el centro del trabajo decente. Esto debe suceder a través de un proceso de cambio transformador. Las mujeres deben ser agentes activas en este proceso de cambio, tomando sus lugares en los niveles de liderazgo y de toma de decisiones en los organismos globales y nacionales de toma de decisiones y en los sindicatos. El marco normativo y de políticas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres está establecido en una serie de instrumentos; y estos deberían ser la base de las políticas y programas dirigidos a restaurar el crecimiento con igualdad en las economías globales y nacionales. A este respecto, los siguientes son de suma importancia: � La Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación

de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mu jeres. � El Pacto Mundial para el Empleo de la OIT adoptado por la 98a Sesión de la

Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2009), que propone un conjunto completo de medidas políticas que los países deberán adoptar para abordar la crisis, con un fuerte enfoque en la creación de empleo, la protección social, el diálogo social y los derechos fundamentales en el trabajo, de conformidad con los cuatro objetivos estratégicos de la Agenda del Trabajo Decente.

� La Resolución de la OIT con respecto a la igualdad de género como eje

del trabajo decente, adoptada por la 98a Sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2009), sostiene que los Estándares Laborales Internacionales son el medio principal para promover la igualdad de género en el mundo del trabajo, y en ese sentido, enfatiza la importancia de la Convenio sobre Igualdad en Remuneración, 1951 (No 100), el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (No 111), el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares 1981 (No 156), el Convenio sobre Protección de la Maternidad, 2000 (No 183), el Convenio sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, 1994 (No 175), y el Convenio sobre el Trabajo a Domicilio, 1996 (No 177). Adicionalmente, se deben integrar a los Convenios, las políticas económicas y sociales que crean derechos que facilitan la igualdad de género: el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (No 87), y el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (No 98).

� Los Gobiernos deben promover la Recomendación 198 d e la OIT sobre la

Relación de Trabajo y adaptar el alcance de las leyes y regulaciones relevantes para garantizar la efectiva protección para todas las personas trabajadoras que realizan un trabajo en el contexto de una relación de trabajo, incluyendo aquellas formas de trabajo precarias o atípicas.

6

Las brechas legislativas que dejan a las mujeres y a las niñas sin protección legal y goce de sus pleno derechos humanos y laborales deberán ser identificadas y eliminadas.

� Los Gobiernos deben invertir significativamente en la educación pública ahora , y hacer de ésta la piedra angular de los planes de recuperación económica.

� Los Gobiernos deben invertir significativamente en la salud pública y la

atención social , incluyendo el cuidado infantil y de personas ancianas, así como en los sistemas de agua pública y electricidad, como herramientas para el logro de la igualdad de género y la mitigación de los efectos de la crisis económica global.

� Es importante que los procesos de formulación e implementación de políticas

a nivel global, nacional y local sean desarrollados a través del diálogo social, y consultas a múltiples grupos de personas interesa das, involucrando a las representaciones sindicales y de mujeres trabaj adoras, para asegurar que los objetivos de la igualdad de género y el trabajo decente formen parte de todas las políticas y su implementación.




TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

CSA- ACTRAV Con el apoyo de Sustain Labour y ERT-BPS

FORMACION SINDICAL SOBRE EL PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO, TRABAJO DECENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE1

Montevideo, del 1 al 3 marzo de 2010 En el marco del Taller, se presentaron los contenidos básicos de dos instrumentos de OIT: la Declaración sobre la Justicia Social de 2008 y el Pacto Mundial para el Empleo (PME) de 2009, así como del proceso de implementación del PME en los países elegidos por la OIT para América Latina: El Salvador y Argentina. En esta misma dirección, durante el Taller se analizó un informe sobre la participación y aportes del sindicalismo salvadoreño en el primer proceso de consulta sobre el Pacto Nacional de El Salvador. Complementariamente, el Taller aportó dos elementos convergentes con los contenidos de la Declaración sobre la Justicia Social y del PME, en la dimensión del desarrollo sostenible:

• El análisis de Sustainlabour sobre la crisis ambiental, crecimiento, desarrollo y sustentabilidad, así como lineamientos de propuesta para un nuevo modelo de producción y consumo sustentable.

• La evaluación de CSA sobre las Conclusiones sobre Promoción de las Empresas Sostenibles de la OIT, de 2007.

Los participantes del Taller hicieron un trabajo en plenario y grupal que dio lugar a las siguientes conclusiones:

Conclusiones 1. Se identificaron en la Declaración del 2008 tres elementos clave para el trabajo sindical: La interdependencia entre los cuatro objetivos del trabajo decente (principios y derechos de los trabajadores, empleo, protección social y diálogo social), la centralidad de la libertad sindical y la negociación colectiva así como la importancia del método de trabajo tripartito.

1 Desarrollo Sostenible es equivalente a Desarrollo Sustentable, lo que definimos en un sentido amplio, un desarrollo con justicia social, con distribución de la riqueza, con preservación del ambiente, protección de la salud, con igualdad de género, con democracia participativa, con respeto por la diversidad entre poblaciones y generaciones y con respeto por el Trabajo Decente.

2. Además del concepto fundamental de trabajo decente, el de desarrollo sostenible es otro concepto clave para el trabajo de la OIT y sus actores sociales. Así mismo, es necesario integrar las cuatro dimensiones del desarrollo: económico, político, social y medio ambiental. 3. El PME es una guía para que las políticas anticrisis sigan el camino correcto, pero también lo son, los elementos centrales de una estrategia de desarrollo sostenible de largo plazo que atienda a los problemas endémicos y estructurales, por lo que deben ser consideradas siempre en ese doble sentido y desde un enfoque de derechos, como está planteado en la Declaración de la Justicia Social y el PME. 4. La participación sindical en relación a la implementación del PME requiere flexibilidad, en cuanto a los contenidos a profundizar. Ello surge del propio enfoque del Pacto, en cuanto a que presenta un portafolio de políticas, entre las cuales se deberán seleccionar los aspectos de mayor interés, en función de la situación nacional y en el caso sindical, de su perspectiva específica. Asimismo, la coyuntura de cada país influye sobre esta selección. 5. En la estrategia de aplicación del Pacto desde el movimiento sindical, se requiere considerar la importancia de:

• La dimensión del desarrollo sustentable. • Cooperación y autogestión, para que no se haga referencia sólo al

modelo tradicional de gestión de la empresa privada. • Los trabajadores migrantes, haciendo referencia al derecho a no migrar. • Política fiscal de carácter progresivo. • Inversión Productiva. • Las normas internacionales del trabajo y las observaciones de los

órganos de control. Para ello el diálogo social en condiciones de igualdad es insustituible. 6. Toda Formación Profesional debe estar orientada por los siguientes principios:

• Eliminar las restrictivas concepciones del “capital humano”, que reduce al hombre y a la mujer trabajadora a la condición de mercancía

• Considerar el trabajo como parte del proceso de liberación y producción

de la existencia humana y por lo tanto no es una mercancía.

• Construir los programas de formación profesional con la participación efectiva de los trabajadores, debiendo ser pública, gratuita, de calidad y garantizada como políticas de Estado.

7. Las Conclusiones sobre empresas sostenibles no deben ser consideradas en forma aislada de la Declaración y del Pacto. Este tema no es exclusivo a los empleadores. ya que los trabajadores y trabajadoras somos parte fundamental en el proceso productivo;

El Anexo I presenta un resumen de la respuesta de CSA a la encuesta sobre empresas sostenibles de ACTEMP, de la Oficina OIT Lima. 8. Otro instrumento importante de la OIT que se vincula de forma directa con las Conclusiones sobre Empresas Sostenibles y el PME, es la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT, en cuanto establece los principios básicos de un comportamiento socialmente responsable, incluso en períodos de crisis. 9. Reconocemos que la crisis ambiental es la consecuencia de un modo de desarrollo arrasador de la naturaleza e injusto desde un punto de vista social y económico. Esta noción nos compromete como trabajadores a asumir un rol y una responsabilidad fundamental para mejorar las relaciones tanto dentro de las sociedades como en los modos de apropiación de la naturaleza a través de la tecnología y el trabajo. La transición hacia modos de desarrollo viables y justos en el tiempo requiere de enfoques críticos como también revisar los modos de distribución y acceso a los bienes ambientales, de manera que no sean los trabajadores los que asuman los costos sociales y ecológicos de la misma. Este posicionamiento vincula ideológicamente a la crisis ambiental como una lucha de clases, en términos de mejorar la vida de los trabajadores, sus comunidades y los entornos de pertenencia e identidad. La transición requiere de profundos cambios en los modos de producción y consumo, es decir, en la forma de producir alimentos, generación de energía, transporte, producción industrial, y servicios, lo que implica consecuencias para el mundo del trabajo, con desafíos y oportunidades para el trabajo decente. Los principios para la acción requieren entre otras cosas:

• Desarrollar estrategias de articulación con otros sectores de la sociedad, como movimientos campesinos, indígenas, ambientalistas;

• Revisar y actualizar programas de formación profesional y sindical, incluyendo la dimensión ambiental y el debate sobre alternativas de desarrollo;

• Participar de manera activa en los espacios de discusión de políticas ambientales nacionales, regionales y mundiales, como el caso de Cambio Climático;

Los ejes propuestos figuran en el Anexo II.

Compromisos 1. Los representantes de organizaciones sindicales nacionales señalaron su interés por promover en sus respectivos países los procesos de consulta recomendados por OIT en relación al PME. Ello permitirá darle contenido

mediante medidas concretas dirigidas a construir un modelo de desarrollo nacional consensuado. 2. Los representantes también estimularán la respuesta, desde sus respectivas organizaciones, a la encuesta sobre empresas sostenibles que OIT Lima está levantando entre organizaciones de empleadores y trabajadores.. 3. ACTRAV incluirá los contenidos y posiciones resultantes de este Taller en sus próximas actividades formativas en la elaboración de materiales didácticos. 4. La CSA, desde su Secretaría de Política Económica y Desarrollo Sostenible, tomará en consideración las conclusiones de este Taller para su futura programación de medio ambiente. Igualmente desarrollará actividades formativas y de debate estratégico en relación a las Conclusiones sobre Empresas Sostenibles, en coordinación con ACTRAV para América Latina. Ello será vinculado al trabajo en marcha sobre el concepto de RSE, desde el GTTN (Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales). 5. La CSA incorporará a los participantes de este Taller al Grupo electrónico de Trabajo y Medio Ambiente. 6. La CSA también integrará en el proceso de definición e implementación de la autoreforma sindical, el trabajo realizado en este Taller y las conclusiones de los participantes relacionadas con la adecuación de las estructuras y programas. 7. Sustainlabour tomará en cuenta las conclusiones de este Taller para la realización de futuras actividades en la región.

Acciones 1. Instituir programas de formación, investigación, estadísticas y

comunicación.

a) Programas de formación sindicales que distingan los diferentes grupos destinatarios (dirigentes, delegados, afiliados, comunidad en general) Identificar grupos de mayor resistencia y aquellos de mayor influencia o capacidad movilizadora.

b) Realizar compilación sobre todo tipo de legislación vigente, programas nacionales, regionales pertinentes en el país y de los convenios internacionales para su posterior divulgación.

c) Analizar cuáles son las demandas de los sindicatos y a partir de allí sugerir temas de investigación y divulgación.

d) Elaborar una guía política sobre los conceptos relacionados con el tema.

2. Fortalecer y ampliar la red trabajo y medio ambiente creando foros para promover debates y construir equipos de trabajo. 3. Compartir experiencias con otros sindicatos (caso de Uruguay en caso de Seguridad Social). 4. Procurar formas de instalar y dar seguimiento a los temas sobre desarrollo sustentable y trabajo decente en los sindicatos.

a) Crear un espacio para canalizar las preguntas referentes al medio ambiente.

b) Tener en el sindicato una persona que sea referente del tema ambiental.

c) Incluir cláusulas medioambientales en la negociación colectiva.

d) Promover el diálogo con sectores del gobierno referidos a desarrollo.

e) Buscar temas sobre los que los sindicatos puedan influir en los gobiernos.

5. Establecer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes especialmente en cuestiones de seguridad social, incluyendo el Derecho de no migrar 6. Presionar desde los sindicatos para que los gobiernos de sus respectivos países ratifiquen el C102 y aquellos otros prioritarios para el trabajo decente y desarrollo sostenible. 7 – Capacitar al movimiento sindical para participar en la articulación política en la implementación del PME y los Marcos de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD)

ANEXO I CSA: Selección de contenidos de la respuesta al cuestionario de OIT Lima sobre Empresas Sostenibles. 1. El Grupo de Trabajadores aprobó las Conclusiones, en el marco de la Comisión especializada, por lo que la CSA acompaña esta decisión. Eso no quiere decir que el sindicalismo esté de acuerdo con todos los contenidos del documento, que es resultado de un proceso de negociación entre las partes. Al respecto, CSA ha destacado, mediante la elaboración de una Guía de contenidos de las Conclusiones, el enfoque dado por el Grupo de Trabajadores en la Comisión, tal como surge de la lectura de las actas. Lo anterior es clave al momento de interpretar el contenido de las Conclusiones sobre Empresas Sostenibles, el cual, naturalmente, es resultado de una negociación entre las partes sociales, en este caso con la particularidad adicional de que el objeto es directamente una de aquellas partes. 2. El concepto de empresa sostenible es muy poco conocido en el sindicalismo y en el conjunto de las sociedades de la región americana, no habiendo existido, desde la aprobación de las Conclusiones del 2007, un proceso de difusión. Por el contrario, el concepto de desarrollo sostenible es bastante más conocido, tanto en el sindicalismo como en otras instituciones y en la región en su conjunto, a partir de los consensos de Naciones Unidas en la Cumbre de Johannesburgo, del 2002. Al momento de crear su estructura ejecutiva, la CSA ha denominado a una de sus Secretarías de Política Económica y Desarrollo Sostenible. Asimismo, la Plataforma Laboral de las Américas, aprobada por el sindicalismo regional en 2005, ya utilizada como sub lema “Trabajo digno para el desarrollo sostenible”. 3. Sin embargo, frecuentemente, en la región el concepto de desarrollo sostenible es utilizado como sinónimo de condiciones medioambientales adecuadas, es decir, se concentra en uno de sus tres pilares, sin mencionar, o dándole menor jerarquía, a los ejes de la económico y lo social. En particular, la dimensión económica queda en un segundo plano, con lo que se pierde la posibilidad de destacar los componentes de un modelo de desarrollo económico que incluya condiciones adecuadas en materia de producción y consumo y de distribución interna de la riqueza (tipo de bienes producidos, sectores de la población que los consumen, estructura fiscal, papel del Estado, reparto entre la producción para mercado interno y externo, y entre distintos tipos de empresa). 4. El concepto de RSE es mucho mas conocido en la región americana. CSA tiene entre sus funciones (a través de la Secretaria antes mencionada) el esclarecimiento sobre la perspectiva del sindicalismo (con base en un

consenso alcanzado a nivel mundial en la CSI), que diverge considerablemente con enfoques empresariales (e incluso gubernamentales) que el sindicalismo no considera satisfactorios. Esta situación tiene una fuerte relación con el hecho de que en las Americas el concepto de RSE sigue la tradición norteamericana, que no incorpora elementos presentes en el enfoque europeo, consensuado en la Unión Europea, que se aproxima bastante mas a la perspectiva sindical. 5. El enfoque sindical sobre desarrollo sostenible no se concentra solo en las variables sociolaborales, sino que demanda que también las de carácter directamente productivo sean sostenibles, desde la perspectiva económica y medioambiental. Nuestros países tienen regímenes económicos de capitalismo mixto, donde la empresa privada (incluyendo las empresas de la economía social) es un componente central. Por eso, el sindicalismo americano reconoce su papel en este orden. Ahora bien: esto no quiere decir que las empresas privadas siempre tengan comportamientos sostenibles. El enfoque sindical sobre el tema parte del concepto de “empresa como comunidad de trabajo”, y tiene diferencias conceptuales con el enfoque sobre “recursos humanos”.

ANEXO II PROPUESTA DE SUSTAIN LABOUR PARA UN CAMBIO DE MODELOS DE PRODUCCION

Y CON SUMO Modelo agrario � Recuperar la discusión sobre reforma agraria; � Desarrollar políticas que promuevan la soberanía alimentaria; � Diversificar y desconcentrar el sector; � Promover la integración de cadenas alimentarias; � Invertir en investigación y desarrollo de tecnologías apropiadas; � Cooperación sur-sur / sur-norte; � Apoyo y protección a pequeños agricultores y campesinos; � Promover la agroecologia, agricultura familiar y de pequeña escala; � Diseñar estrategias de adaptación al cambio climático. Modelo industrial � Formación y actualización de los trabajadores; � Desarrollo e implementación de tecnologías limpias, más eficientes en el uso de energía y recursos naturales; � Promover procesos integrados de producción; � Promover una matriz industrial que privilegie las necesidades locales por encima del mercado internacional; � Desarrollar una nueva política industrial y de comercio exterior; � Reducir la generación de residuos y contaminación industrial; � Mecanismos de protección de la producción nacional y complementariedad con cadenas productivas a nivel de la región. Modelo energético � Democratizar el acceso y el control;

� Diversificar matriz energética (incorporación de fuentes más limpias); � Desarrollar programas públicos de investigación y desarrollo en ER; � Proveer mecanismos financieros de incentivo para consumo de ER; � Integrar la producción de energías renovables a la oferta energética de la Red. � Promover programas de eficiencia energética. � Promover programas de formación y cualificación profesional para los trabajadores del sector. Modelo de transporte � Inversiones en infraestructura para la recuperación y ampliación de la Red ferroviaria. � Políticas e inversiones que favorezcan el transporte público por encima del individual. � Mecanismos de desincentivo del transporte de cargas por carretera. � Promover la transformación de la industria automotriz hacia la fabricación de otro tipo de vehículos. �Promover políticas de desarrollo local que partan de la posibilidad de atender parte de las necesidades locales con producción local.




EMPRESAS MULTINACIONALES Y ACCION SINDICAL

SEMINARIO REGIONAL

FES-ACTRAV-TUAC-CSA

Empresas Multinacionales y Acción Sindical en las Américas:

La Declaración sobre EMNs de la OIT y las Directrices de la OCDE

Buenos Aires, 7-8 abril de 2010

CONCLUSIONES

I. Descripción general OIT y OCDE 1. Desde los años setenta, el sindicalismo internacional ha contado con dos instrumentos intergubernamentales para la acción ante las empresas multinacionales: las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (1976) (en adelante Directrices de la OCDE) y la Declaración Tripartita de la OIT sobre Empresas Multinacionales y la Política Social (1977) (en adelante Declaración sobre EMNs). 2. La Declaración sobre EMNs fue revisada en el 2000 y en el 2006, para reflejar y establecer un vínculo con la Declaración de 1998 sobre las Principios y Derechos Fundamentales en el Lugar de Trabajo y la Agenda Global del Empleo. Dicha revisiones incluyeron la mención de nuevos convenios y recomendaciones vinculados con su temática, actualmente 69 en total. . Desde los primeros años de la pasada década, OIT comenzó a relacionar la Declaración sobre EMNs con el concepto y la práctica de responsabilidad social corporativa (RSC) o empresaria (RSE), desarrollada especialmente por los empleadores. Por esta vía, OIT establece reglas básicas sobre responsabilidad “interna” de la empresa, en relación a los propios trabajadores. Asimismo, desde 2007 OIT ha suspendido el relevamiento de la encuesta cuatrienal sobre la Declaración de EMN, en favor de estudios sectoriales y por países, y más adelante creó el Helpdesk (Mesa de Ayuda) de OIT sobre EMNs. El Grupo de Trabajadores, a través del Consejo de Administración de la OIT quiere impulsar una importante revisión del instrumento de seguimiento de la Declaración de EMNs, por considerar que la aplicación de este instrumento es clave en una economía globalizada En 2007-2009, la OIT también ha incorporado la Declaración sobre EMNs en otros instrumentos: las “Conclusiones sobre la Promoción de las Empresas Sostenibles” (2007) (en el marco de la Introducción del Director General a la Conferencia de ese año: “El trabajo decente para un desarrollo sostenible”), la “Declaración sobre la

Justicia Social para una Globalización Equitativa”(2008), y la Resolución “Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo” (2009) Posteriormente, el Simposio de OIT “Celebración del 60 aniversario del Convenio 98 El derecho de sindicación y de negociación colectiva en el siglo XXI” (Ginebra, octubre 2009) ha planteado también la potencialidad de la Declaración sobre EMNs como referencia para la negociación colectiva transnacional. Casi inmediatamente, la Reunión Tripartita de Alto Nivel sobre Negociación Colectiva realizada en el marco del 306º Consejo de Administración (Ginebra, noviembre 2009) retomó este enfoque en su nota de introducción (“Negociación colectiva: la negociación por la Justicia Social”). En 2010, ACTRAV ha elaborado la Guía “La Declaración de la OIT sobre EMN: en qué beneficia a los trabajadores?”. El Anexo I presenta un resumen sobre los dos documentos del 2009 recién mencionados, en lo que respecta a este tema, así como de la Guía, en cuanto a sus énfasis respecto de la RSE. 3. Las Directrices de la OCDE reconocen la competencia de OIT en la temática sobre empleo y relaciones laborales y, en ese marco, declaran que su contenido refleja las disposiciones de las dos Declaraciones de la OIT, considerando que la de 1977 puede ser útil para una comprensión satisfactoria de las Directrices, en tanto es más exhaustiva (en el texto complementario “Comentarios”).. Las Directrices de la OCDE han tenido una sustancial revisión en el 2000, la cual incorporó nuevos temas y estimuló el funcionamiento de sus mecanismos operativos (los Puntos Nacionales de Contacto, PNC). Desde 2009 se está preparando una actualización, para aumentar la relevancia de las Directrices y aclarar las responsabilidades del sector privado, a aprobarse en 2011. En el Anexo II se presenta un resumen de las principales propuestas de TUAC. En esta década también se creó OcdeWatch (2003), como lugar de encuentro de ongs que activan en relación a las Directrices, entre las cuales veinte son americanas. En una perspectiva histórica, la revisión del 2000 permitió que, de unos pocos casos presentados en los primeros veinticinco años de vigencia, se alcanzaran los más de 200 casos actuales (de los cuales 113 tienen participación sindical). De acuerdo al TUAC, el 60% de estas denuncias, cuando el trámite ya está completado, ha tenido resultados positivos. El estudio realizado por FES sobre el universo de casos latinoamericanos (“Las Directrices de la OCDE para EMN en América Latina: experiencias, aprendizajes y propuestas desde la perspectiva sindical”, 2009) concluye en que este porcentaje para la región latinoamericana es de casi 70%. 4. La OIT considera también positivos, en tanto “diálogo social a escala internacional”, los Acuerdos Marco Globales/Internacionales (en adelante AMG-AMI; la doble terminología se refiere al grado de cobertura geográfica alcanzada), firmados por las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI), con multinacionales de sus respectivos sectores representados. Estos acuerdos se vinculan al trabajo de OIT al incorporar en

su texto la mención a las normas internacionales, en particular las Normas Fundamentales y otros Convenios y Recomendaciones contenidos en la Declaración sobre EMNs. Frecuentemente han sido resultado de la creación previa de redes o comités sindicales de las propias FSI. Desde el 2000 se han firmado más de 70 AMG-AMI, involucrando a casi 5 millones de trabajadores. 5. En junio 2008, OIT y OCDE organizaron una conferencia de alto nivel sobre RSC “Empleo y relaciones industriales: promoviendo la conducta empresarial responsable en una economía globalizada”, dirigida a explorar las potenciales sinergias entre ambos instrumentos. 6. Dos elementos de actualidad vinculados a esta temática, desde OIT y OCDE son:

- En la OIT: la propuesta, en estudio por el Consejo de Administración, de que en próximas ediciones de la Conferencia se traten los temas de cadenas de suministro mundiales y de información y consulta con los trabajadores. Por su parte, como ya fue señalado más arriba, el Grupo de Trabajadores también ha propuesto la revisión del mecanismo de seguimiento de la Declaración de EMNs.

- En la OCDE: el anuncio, en marzo 2010, de que se iniciará la elaboración de un modelo de cláusulas referidas a la inversión, para estimular su incorporación a tratados comerciales y de inversión.

7. Otras iniciativas que tienen que mencionarse en el marco de Naciones Unidas son: el Pacto Global (2000), que introduce algunas referencias generales sobre el tema laboral, medioambiental y anti-corrupción, de adhesión voluntaria por parte de las empresas multinacionales; y otra que pretende crear una norma de mayor alcance sobre temas de Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales (su nombre es “Proteger, Respetar y Remediar”), impulsada desde el área de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través del Representante Especial del Secretario General. CSI/CSA, TUAC y FSI 8. Desde una perspectiva histórica, la Declaración sobre EMNs, y las Directrices de la OCDE han sido avaladas por el sindicalismo internacional (CIOSL, CMT). Posteriormente, éste ha incorporado a su estrategia los Comités de Empresa Europeos (CEE) y los AMG-AMI, en el segundo caso luego de que el Grupo de Trabajo con las FSI aprobara (1997) un “Código Básico de Prácticas Laborales” (1997). La CSI (desde su creación en 2006), ha dado continuidad a este enfoque, incorporando un mayor énfasis en los aspectos regulatorios de la RSE. En su II Congreso (Vancouver, junio 2010), la CSI aprobará una nueva resolución que continúa y desarrolla este antecedente (“Sindicatos Mundiales. Empresas Mundiales”). 9. En las Américas, la CSA adoptó en su I Congreso (Panamá, marzo 2008) un Plan de Acción que contiene un subeje de trabajo denominado Multinacionales, RSE e Inversión Regulada, y lo colocó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Política

Económica y Desarrollo Sostenible. La perspectiva utilizada es similar que la de la CSI, TUAC y FSI, aunque incluye además un destaque sobre la importancia de trabajar en relación con las “multilatinas”, cuyo comportamiento no es diferente del resto de empresas multinacionales. Al respecto, CSA ha actuado de forma directa en relación a algunos episodios en Brasil. 10. El Plan se desarrolla mediante el Grupo de Trabajo sobre Empresas Transnacionales (GTTN), con la participación de las regionales de las FSI, centrales nacionales y estructuras técnicas de apoyo al sindicalismo, con el apoyo del Programa Sindical Regional de la FES, el cual ha realizado cuatro talleres estratégicos sobre estos temas, con eje en los AMG-AMI, el concepto de RSE, el proyecto de norma ISO 26000, y los CEE. En relación a la RSE, el Grupo ha acompañado el enfoque sobre “responsabilidad legal” de los AMG-AMI, que se está desarrollando desde hace algunos años desde el sindicalismo europeo y latinoamericano (su principal documento es la Declaración de Sevilla, 2005). 11. CSA también acompañó el seminario regional de TUAC-FES sobre las Directrices OCDE (Buenos Aires, noviembre 2008), cuya “Declaración de Buenos Aires” recomienda a los gobiernos una serie de mejoras operativas, siguiendo pautas elaboradas por TUAC. En esa reunión se encontraron representantes sindicales de los cuatro países con PNC (Argentina, Brasil, Chile y México, en los tres primeros casos con referencia a su papel de observadores, y en el último en su carácter de miembro pleno). También se invitó al sindicalismo peruano, que estaba en las vísperas de ser elegido como observador. Posteriormente, Chile ha ingresado como miembro pleno a la OCDE. 12. CSA ha elaborado una Guía para el análisis de las Conclusiones de OIT sobre Empresas Sostenibles, y efectuado un intercambio con OIT-ACTRAV regional, de la que se derivaron conclusiones estratégicas (Seminario ACTRAV-CSA “Formación Sindical sobre el Pacto Mundial para el Empleo, Trabajo Decente y Desarrollo Sostenible”, Montevideo, 1-3 marzo 2010). CSA y varias de sus organizaciones afiliadas han respondido una encuesta de ACTEMP desde la oficina regional. II. PROPUESTAS En general: 1. Adoptar el siguiente enunciado estratégico: los contenidos normativos de las Directrices OCDE y de la Declaración de OIT sobre EMN se integran al elenco de derechos fundamentales en el trabajo internacionalmente reconocidos, y por ello constituyen la base mínima de garantías de los trabajadores en toda futura negociación, siendo aplicables a las relaciones de trabajo. 2. Fortalecer la negociación colectiva internacional utilizando herramientas como los AMG-AMI, la experiencia de los CEE (Taller GTTN “Los CEE y el sindicalismo latinoamericano”, Montevideo, 5-6 noviembre 2009), promoviendo la interacción entre

la negociación en el plano mundial y la negociación nacional/sectorial, así como acciones de solidaridad internacional. 3. Dar seguimiento a los elementos incorporados por la nueva resolución de la CSI, incluyendo el cambio terminológico (en relación a “empresas multinacionales” y “empresas transnacionales”), así como a la posición final que se adopte respecto de la Norma ISO 26000, una vez que esta sea aprobada. 4. Desarrollar los temas e instrumentos analizados por el Seminario en relación al capítulo de la PLA (Plataforma Laboral para las Américas) sobre “Multinacionales y Grandes Empresas”. 5. Vincular la temática del seminario con la línea de trabajo sobre inversión regulada, incluyendo los capítulos sobre inversión de los TLC y ADA, los TPPI (Tratados de Promoción y Protección de Inversiones), y la política sobre inversión de la OCDE. 6. Convertir al mapeo actualmente en elaboración sobre multinacionales y multilatinas en la región latinoamericano-caribeña, en una base de datos común para el trabajo en relación a este tema con FSI y Coordinadoras subregionales. 7. Derivar de los temas tratados en este seminario formulaciones que puedan colaborar con el programa sobre Autoreforma Sindical en aspectos organizativos. Ello se vincula con el sub eje “Relación con las FSI”, en cuanto a su papel a nivel nacional, y con la creación de áreas funcionales especificas (con el antecedente de la CUT Colombia). 8. Incorporar al desarrollo de los temas tratados en este seminario, la variable productividad, siguiendo el concepto de productividad sistémica, teniendo como marco el trabajo decente y, como punto de partida fundamental para la estrategia sindical a favor de mejores salarios y condiciones de trabajo, en general una redistribución progresiva del ingreso. En relación a la Declaración sobre EMNs de la OIT (ver Anexo I): 1. Difundir y utilizar la Guía de OIT-ACTRAV sobre la Declaración en las actividades estratégicas y formativas, promover la utilización del Helpdesk de la OIT sobre EMNs, particularmente las secciones referidas a normas y análisis sectoriales. 2. Acompañar a OIT-ACTRAV en el desarrollo de las conclusiones del Simposio sobre Negociación Colectiva de 2009. 3. Continuar los intercambios sindicales con ACTRAV en relación a las actividades de OIT referidas a RSE y Empresas Sostenibles. 4.. Promover el fortalecimiento de la Declaración de EMNs como parte de un marco internacional de aplicación de los principios normativos de la OIT por parte de las EMNs / Multilatinas y sus cadenas de suministro. Dar seguimiento a las

recomendaciones del Grupo de Trabajadores en relación a eventuales desarrollos que realice OIT sobre los temas de información y consulta a los trabajadores En relación a las Directrices de la OCDE (Ver Anexo II): 1. Proponer al TUAC que las organizaciones sindicales de los países observadores de la OCDE (Argentina, Brasil, Perú) sean incorporados con ese estatus, en relación al seguimiento y aplicación de las Directrices. 2. Realizar una acción conjunta con las organizaciones sindicales chilenas para convalidar su ingreso como miembros plenos del TUAC. 3. Acompañar al TUAC en su trabajo por la incorporación de sus prioridades a la revisión de la Directrices de la OCDE, apoyando las propuestas formuladas en este seminario (ver Anexo III), en el contexto de la “Declaración de Buenos Aires” del 2008. 4. Acompañar política y técnicamente a organizaciones afiliadas y fraternales que decidan presentar nuevos casos ante PNC nacionales. Esta demanda fue expresada en el seminario por representantes de la CUT Perú y CNUS República Dominicana. 5. Promover una mayor articulación de las organizaciones sindicales en aquellos casos que sean presentados en los PNC de Las Amèricas (Canadá, EEUU, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil) que involucren a EMNS establecidas en la región. Dar seguimiento a la presentación de los casos en la OCDE en articulación con el TUAC, 6. Desarrollar la relación de intercambio con OCDE Watch, siguiendo lo mencionado en el Plan de Acción y antecedentes como el comentado durante el seminario (taller OCDE Watch-INCASUR-CTA-CGT sobre el caso argentino, Buenos Aires, 10 abril 2010). En relación a los AMG-AMI y Redes sindicales: 1. Continuar los intercambios en el marco del GTTN, en cuanto a la “responsabilidad legal” de los acuerdos y su utilización en relación a la cadena de suministros (tema del próximo taller, Montevideo, mayo 2010). 2. Acompañar a las FSI en la promoción de redes sindicales, para lo cual resulta de utilidad la “Guía para a construcao de Redes Sindicais em Empresas Multinacionais” (CUT Brasil, 2009), que fue presentada al seminario. Asimismo, estudiar la posibilidad de realizar una reunión del GTTN especializada en evaluar las experiencias de las Redes existentes, especialmente en multilatinas. 3. Acompañar a las FSI en la firma de nuevos AMG-AMI, especialmente con multilatinas, en la perspectiva de una “segunda generación” (propuesta UNI Américas), así como su utilización como instrumento de sindicalización y negociación colectiva,

incluyendo la visualización de los convenios colectivos de filiales de una misma multinacional (propuesta FITIM). 5. Solicitar a la ISP un esquema estratégico que vincule los temas de este seminario con el enfoque de sus afiliadas a favor de los servicios públicos de calidad. IV. Pasos futuros 1. Se abre la instancia de acompañamiento a este documento entre otras organizaciones sindicales afiliadas y fraternales de CSA, así como de las FSI no presentes. 2. Promover entre los participantes del seminario que actúan en el marco de coordinadoras sindicales subregionales (CCSCS, CCSA, CSACC), otros órganos subregionales (CCLA, FCES, SICA-CC, CARIFORUM) y en el COSATE en el plano continental, que informen sobre los resultados de este seminario y procuren introducir la temática en sus respectivos planes de acción. 3. Se incorporará a los participantes de este seminario a la red del GTTN, con el apoyo del sistema de comunicaciones de Solicomm de ACTRAV. CGT y CTA Argentina; CUT, Forca Sindical, y UGT Brasil, CLC Canadá, CUT Colombia, CUT y CAT Chile; AFL-CIO EEUU, CTM y UNT México, CGTP y CUT Perú, CNUS Rep. Dominicana, FITIM, ICEM, ISP, ITF, UNI Américas. …………………………………………………………………….. ANEXOS I. SELECCIÒN DE CONTENIDOS DE DOCUMENTOS RECIENTES DE OIT I. SYMPOSIO “Celebración del 60 aniversario del Convenio núm. 98: El derecho de sindicación y de negociación colectiva en el siglo 21” – Ginebra, 12-15 octubre de 2009 Relaciones de trabajo internacionales a. La globalización requiere la internacionalización de la negociación colectiva y de las relaciones de trabajo. Los Acuerdos Marco Internacionales y los Acuerdos Marco Globales forman parte de la estrategia para ampliar el espacio para organizarse y negociar colectivamente en el nivel nacional; b. Para lograr este objetivo los sindicatos necesitan fortalecer la solidaridad internacional, incluyendo las acciones directas de solidaridad; c. Los códigos de conducta han fallado en la promoción del derecho de sindicación y la negociación colectiva; d. Los modelos de negociación colectiva internacional sólo pueden ser eficaces si se establece una interacción entre la negociación en el plano mundial y la negociación nacional/sectorial.

Acción sindical a. Los sindicatos, en colaboración estrecha con las estructuras nacionales y sectoriales, deben entablar un diálogo en el nivel nacional e internacional con las empresas multinacionales que lideran las cadenas de suministro mundial. Deberían utilizar herramientas como los acuerdos marco internacionales, programas específicos y acciones de solidaridad internacional;

b. Para abordar el desafío de la globalización y promover la libertad sindical y la negociación colectiva, las acciones deberían extenderse a otros ámbitos como el comercio, la inversión internacional y las contrataciones internacionales; Acción de la OIT Para promover la negociación colectiva la OIT debe ser un centro de excelencia en este tema y prestar asistencia a los mandantes para abordar los desafíos que presenta la política señalada más arriba. La Oficina debería emprender un amplio esfuerzo, en especial, para implementar las siguientes acciones: ….Aumentar los esfuerzos destinados al compromiso con las empresas multinacionales, con el objeto de respetar plenamente los derechos laborales y la negociación colectiva en todas las cadenas de suministro mundial. A este respecto, la Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales proporciona una orientación importante. Asimismo, pueden crearse sinergias con las Directrices de la OCDE y los puntos de contacto nacionales. También debería considerarse un nuevo mecanismo de seguimiento para la Declaración sobre las empresas multinacionales; II. Negociación colectiva: la negociación por la justicia social. Nota de introducción a la Reunión Tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva (Ginebra, 19-20 noviembre 2009) Europa y Asia Central. Con la ampliación de la UE, la dimensión transnacional de la negociación colectiva está adquiriendo una importancia creciente. Se han producido dos cambios importantes al respecto. El primero es la creciente comparación transfronteriza de los costos de mano de obra, la flexibilidad y los resultados de las EMN y el intercambio de información y la coordinación de los programas de negociación por los sindicatos. El segundo hace referencia a las negociaciones transnacionales entre las federaciones europeas de industria, algunas veces iniciadas por un comité de empresa europeo (CEE) y una EMN, que se traducen en un acuerdo marco europeo (AME). Estos acuerdos no abordan los salarios y el tiempo de trabajo, considerados cuestiones fundamentales de la negociación colectiva, sino que más bien tratan temas como la RSE, la elaboración de principios clave que sostienen las políticas de empleo de las empresas, la reestructuración de las empresas, y aspectos particulares de la política de empresa como la seguridad y la salud. Cambios mundiales. Cada vez se han concluido más acuerdos marco internacionales (AMI) entre las EMN y las federaciones sindicales mundiales (posiblemente firmados conjuntamente por un CEE. A diferencia de los AME, son de alcance mundial. No son convenios colectivos, sino que establecen marcos de principios, con frecuencia con el compromiso de promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluido el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. En el sector marítimo, la ITF y el IMEC (Comité Marítimo Internacional de Empleadores) alcanzaron un singular acuerdo en un foro de negociación internacional, que tiene muchas de las características de un convenio colectivo, incluidos los incrementos salariales, las horas de trabajo, el derecho de licencia, las prestaciones por maternidad y el tratamiento médico. III. OIT/ACTRAV: La Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales: ¿En qué beneficia a los trabajadores?, 2010 Introducción. Éste es el momento de reafirmar el importante papel que pueden tener las normas internacionales del trabajo en la promoción del desarrollo económico socialmente responsable. Para ello, un factor clave es el reconocimiento de los gobiernos y los empleadores de que las empresas deben actuar de un modo responsable en relación con las prácticas laborales. Muchas empresas, en particular las EMN, están respondiendo a las demandas de los accionistas y los consumidores y adoptando acciones y conductas que demuestran responsabilidad social. Debemos asegurar que este compromiso se extienda a la dimensión del trabajo, y para eso, será preciso exigir que, como mínimo, estas empresas actúen de acuerdo con las normas internacionales del trabajo. La OIT cuenta con un marco ya definido para guiar las acciones de las empresas que desean cumplir los principios consagrados en las normas internacionales del trabajo, con relación a sus obligaciones ante la ley: la Declaración sobre EMN, que es un documento práctico y abarcativo que posee la autoridad con la

que la OIT la aprobó. Es decir, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores han acordado que se trata de una guía de buenas prácticas que orienta las conductas y las acciones de las empresas. La Declaración respalda nuestros argumentos de que las empresas deberían respetar el derecho de los trabajadores a la libertad sindical y el derecho a organizarse y negociar colectivamente sus condiciones de empleo. Si bien en la actualidad existe un mayor conocimiento sobre las normas fundamentales del trabajo, queda mucho por hacer en relación con la responsabilidad de las empresas de establecer buenas relaciones laborales. La necesidad de renovar los esfuerzos para reforzar el trabajo y las acciones vinculados con el derecho de sindicalización y de negociación colectiva se identificó, por ejemplo, en el Simposio de ACTRAV organizado en conmemoración del 60mo Aniversario del Convenio 98 de la OIT en octubre de 2009. La Declaración será un instrumento importante en nuestros esfuerzos en este sentido. La Declaración también contiene cláusulas sobre consultas, procedimientos de reclamaciones y solución de conflictos, siempre reconociendo el derecho de los trabajadores a ser representados. La Declaración constituye un acuerdo internacional sobre la manera en que deberían actuar las empresas. Es una herramienta valiosa que pueden utilizar los sindicatos con el fin de organizar a los trabajadores para mantener y mejorar su situación. Qué es la Declaración sobre EMN? …. Uno de los problemas que surge con los actuales argumentos de la RSE es que la empresa busca utilizar las iniciativas y códigos de RSE para redefinir qué constituye una conducta responsable. Debería desalentarse la tendencia de las empresas a definir, en forma unilateral, sus respectivas responsabilidades. La Declaración tiene un importante papel en este sentido, como texto acordado en un ámbito tripartito. Todo lo anterior la transforma en un poderoso instrumento que pueden utilizar los sindicatos. Tiene autoridad moral y proporciona una lista de verificación abarcativa de las normas que las empresas deberían sostener en todas las etapas de su operación. Por qué se aprobó la Declaración? La Declaración sobre EMN fue negociada por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores en un momento en el que las organizaciones internacionales comenzaban a reconocer que el equilibrio de poder entre las empresas transnacionales y los gobiernos podía inclinarse para el lado de las entidades privadas. Eso fue, en particular, lo que ocurrió con los países en desarrollo que intentaban atraer Inversión Extranjera Directa. La adopción de la Declaración sobre EMN coincidió con la aprobación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que es otro marco internacional que reconoce y hace referencia a las normas de la OIT. Tanto las Directrices de la OCDE como la Declaración de la OIT sobre EMN se crearon como respuesta al trabajo iniciado para la elaboración de un Código de Conducta para EMN de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la Declaración sobre EMN surgió a partir del reconocimiento de que, dado su tamaño cada vez mayor y su influencia, las acciones de las empresas multinacionales podrían tener un impacto negativo en el desarrollo político, económico y social de las comunidades y, de hecho, de países enteros. Incluso en esta etapa temprana se reconoció que si bien la globalización presentaba considerables beneficios potenciales, también contenía una serie de riesgos. Las acciones y conductas de las empresas multinacionales pueden contribuir a dichos beneficios y riesgos. Porqué utilizarla ahora? …. La utilidad de la Declaración reside en que va más allá del respeto por los derechos humanos fundamentales para abarcar una gama más amplia de responsabilidades. La Declaración puede utilizarse para contrarrestar a aquellos que buscan limitar el alcance de la responsabilidad empresarial en relación con las prácticas laborales a los derechos humanos fundamentales. Se trata de un instrumento que promueve el concepto de buenas relaciones laborales como un todo.

La crisis económica y financiera mundial ha exacerbado el impacto negativo de la globalización. Si no hay ningún tipo de control, las instituciones que operan en el mercado mundial ignorarán las consecuencias negativas económicas y sociales de sus acciones. El accionar de las empresas multinacionales nunca estuvo bajo una mirada tan rigurosa como ahora, dado que la comunidad exige una conducta empresarial más responsable desde el punto de vista social. Las prácticas laborales de facto son, por lo general, el impacto social más grande de las actividades de las empresas tanto respecto de sus trabajadores como del desarrollo de la sociedad. En el proceso de reconstrucción posterior a la crisis económica y financiera mundial, es necesario recordarles a todos, pero en particular a los gobiernos, que si la intención es lograr un crecimiento sostenible de cara al futuro, deben mantenerse las normas sociales y laborales. La Declaración establece la relación entre las actividades de las EMN y el desarrollo. Cómo funciona? La Declaración es un instrumento que refleja el consenso internacional sobre aquello que constituye una buena práctica para todas las empresas y la conducta de los gobiernos en relación con la actividad empresarial. Aunque la Declaración es un instrumento “no vinculante” para los estados o las EMN, su aplicación es de carácter universal. Esto significa que no es necesario que una empresa “firme” o bien “adhiera” a la Declaración antes de que se examine su conducta. Cómo se articula la Declaración con otras iniciativas internacionales? La Declaración es el documento de mayor relevancia entre aquellos que tienen por objeto regular la conducta empresarial (tales como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el Informe de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, y el Pacto Mundial de Naciones Unidas), en vista de su aprobación formal por parte del organismo de Naciones Unidas y de su condición de texto más completo en el ámbito de los principios del trabajo. La Declaración es el único instrumento que representa un consenso entre los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en lo tocante a la dimensión del trabajo de la RSE. Proporciona una serie autorizada de expectativas de comportamiento de aplicación universal. La ONU, la OCDE, la Organización Internacional de Normalización (ISO) y otras organizaciones de carácter regional e internacional reconocen a la OIT como el organismo competente para establecer y hacer un seguimiento de las normas del trabajo. Como instrumento de la OIT, la Declaración tiene, por consiguiente, una fuerte autoridad. Si bien la Declaración es el documento de la OIT que aborda el tema de la conducta de las empresas, existen otros textos de aprobación reciente que contienen sugerencias útiles para los sindicatos: la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), el Pacto Mundial para el Empleo (2009) y las Conclusiones de la CIT sobre la promoción de empresas sostenibles (2007).

La Declaración solo se aplica a las acciones de las EMN? Las políticas y los principios establecidos por la Declaración sobre EMN se aplican por igual a las EMN y las empresas nacionales, dado que reflejan las buenas prácticas para todas ellas. Cómo pueden utilizar la Declaración los trabajadores? Las acciones que llevan a cabo los sindicatos para impulsar los principios contenidos en la Declaración pueden desarrollarse a nivel mundial, nacional, local o de empresa. Los sindicatos pueden decir que, si bien los derechos humanos no necesitan ser justificados con argumentos empresariales, existen fuertes sinergias entre el desarrollo económico y social una vez que las empresas alinean sus operaciones con los principios de la Declaración. Las acciones de las empresas nunca han estado tanto en la mira de los gobiernos, los inversores, los compradores y la comunidad. Las compañías responden manifestando su compromiso con la RSE. Estas empresas pueden demostrar su compromiso con la responsabilidad social y la consecución de prácticas de

trabajo decente mediante la implementación de los principios establecidos en la Declaración. Los sindicatos pueden utilizar la Declaración para hacer que las empresas asuman su responsabilidad por los efectos de sus acciones. De la misma manera, las organizaciones sindicales pueden utilizar la Declaración para recordarles a los gobiernos el marco para el desarrollo económico socialmente responsable. Lista de verificación para la acción sindical. La Declaración ofrece una plataforma integral para el análisis de la conducta de las empresas. Las acciones pueden llevarse a cabo a nivel mundial, nacional y local…. Dicha herramienta puede utilizarse para evaluar el estado de situación actual dentro de un país o respecto de una empresa en particular…Los sindicatos pueden promover el uso de esta herramienta por parte de las empresas, para que éstas evalúen si cumplen con la dimensión laboral de la RSE. Acción sindical En el plano mundial: 1. Incorporar la referencia a la Declaración sobre EMN en los Acuerdos Marco Globales (AMG) y los Acuerdos Marco Internacionales (AMI). Si bien la Declaración puede ser, en buena ley, caracterizada como un “código de conducta” universalmente aceptado y los AMI deberían ser considerados más como precursores de las relaciones laborales internacionales, los AMI todavía están lejos de cubrir todas las áreas que incluye la Declaración, de ahí la importancia de utilizar este texto a modo de lista de verificación para la revisión de los AMG y los AMI así como a modo de guía para su aplicación (posible desarrollo de mecanismos para la evaluación conjunta de la conducta de las empresas en función de las disposiciones de la Declaración utilizando la lista de verificación contenida en esta guía). 2. Participar en iniciativas tripartitas junto con la OIT para fomentar la incorporación de los principios contenidos en la Declaración sobre EMN. 3. Promocionar el Helpdesk (Mesa de Ayuda) de la OIT ante las empresas a fin de que puedan recibir asistencia para la aplicación de las normas de trabajo internacionales dentro de sus operaciones. En el plano nacional: 1. Utilizar la Declaración sobre EMN como base para las conversaciones tripartitas de carácter nacional sobre las prioridades de desarrollo económico; 2. Hacer campaña para alentar a los gobiernos a aplicar los instrumentos de la OIT en los que se basa la Declaración; 3. Promover la Declaración como el marco que deberían utilizar los gobiernos para evaluar qué organizaciones deben recibir asistencia, subsidios u otro trato favorable del gobierno; 4. Hacer campaña para que se establezcan lineamientos para las compras públicas que incorporen, como requisito, el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración; 5. Instruir a la comunidad sobre el contenido de la Declaración de manera de que ésta pueda exigir al gobierno y a las empresas que cumplan con sus principios; 6. Promover el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración a modo de demostración de la condición de “Empleador Preferido / Empleador con mejores prácticas”. En el plano empresarial: 1. Utilizar la Declaración como base para llegar a acuerdos con las empresas respecto de sus operaciones; 2. Alentar a las empresas a hacer referencia a la Declaración como requisito en los códigos de conducta de proveedores así como en el análisis del grado de cumplimiento en la cadena de abastecimiento. Si bien esta guía no pretende establecer un apoyo ciego global a los códigos aplicables a la cadena de abastecimiento, resulta evidente que ahora es el momento para que el movimiento sindical utilice cada medio a su alcance para verificar el cumplimiento por parte de las empresas de los compromisos sociales que asumen; 3. Instruir a los trabajadores sobre el contenido de la Declaración a fin de permitirles evaluar las acciones de su empleador (utilizar la herramienta contenida en este documento a modo de guía); 4. Alentar a las empresas a evaluarse a sí mismas en función de los principios contenidos en la Declaración. En aquellos casos en los que no llegan a cumplir el nivel necesario, alentar la adopción de estrategias correctivas; 5. Incorporar el cumplimiento de los principios contenidos en la Declaración como disposición en los convenios colectivos; 6. Informar los resultados a las centrales nacionales a las que están afiliadas a fin de determinar una acción integral para que se respeten los principios contenidos en el texto. Política general. A diferencia de muchas iniciativas de RSE que hacen hincapié en las decisiones unilaterales de la dirección, la Declaración prevé que la empresa tomará decisiones que tengan importantes impactos sociales junto con otros empleadores o solo después de haber consultado a los otros

actores, es decir, los sindicatos y el gobierno. Relaciones de trabajo La Declaración puede contribuir a establecer un sistema de relaciones laborales maduro. La Declaración alienta a las multinacionales a cumplir con normas no menos favorables que aquellas a las que se atienen los empleadores locales así como a desarrollar mecanismos internos de consulta y de solución de conflictos. En un ámbito moderno, estas obligaciones de las empresas multinacionales deberían extenderse a la responsabilidad de asegurar que dichas normas sean cumplidas en todos los eslabones de sus cadenas de abastecimiento globales. Empleo. Es importante hacer énfasis en el hecho de que la creación de puestos de trabajo y la seguridad de los empleos es una responsabilidad clave de la empresa. Esta noción no se menciona en las Directrices OCDE y rara vez aparece en las iniciativas o instrumentos de RSE. Igualdad de oportunidades y de trato. Si bien la Declaración habla (en la redacción de 1977) de dar prioridad a los ciudadanos “nacionales”, resulta evidente que numerosos países de acogida tienen trabajadores migrantes en la actualidad; por consiguiente, las disposiciones claramente deberían aplicarse a todas las personas trabajadoras que dependen del mercado de trabajo local. ANEXO II. Posición del TUAC ante la actualización de las Directrices (tomado de presentación al seminario). 1. Considerar que el fortalecimiento de la Guía de Procedimiento es la prioridad principal, teniendo en cuenta que mejorar la eficacia de las Directrices depende sobre todo de que mejore el desempeño de los PNC. Incluye: a- el fortalecimiento de su autoridad en la implementación de las Directrices en cuanto a incentivos, consecuencias y seguimientos, b- su rol en mediación y adjudicación, a la disponibilidad de recursos para investigaciones; c- la incorporación de un fondo para capacitación y formación (incluyendo mediación); d- el fortalecimiento de la protección de los denunciantes en situaciones de riesgo; e- la incorporación de una guía sobre mejores prácticas en procedimientos legales paralelos; f. la introducción de una revisión de pares obligatoria, transparente y participativa. 2. Expandir los criterios centrales de las Directrices de acuerdo con los principios del Representante Especial del S.G. de Naciones Unidas para el tema Empresas y Derechos Humanos, cambiando los actuales (Visibilidad, Accesibilidad, Transparencia y Rendición de cuentas) por: Legítimo, Accesible, Predecible, Equitativo, Compatible con derechos y Transparente). Temas especialmente importantes son: a- la introducción de referencias a las normas internacionales. b- la introducción del compromiso de respetar los derechos humanos de aquellos afectados por sus actividades, en concordancia con las obligaciones y compromisos internacionales del país anfitrión. b- la aclaración de que las Directrices son obligatorias, en cuanto a la responsabilidad de respetar y no perjudicar, lo que implicar eliminar la actual referencia en el texto de las Directrices sobre su carácter voluntario; c- la explicitación de que las Directrices cubren el tema de las cadenas de suministro. 3. Introducir en el capitulo sobre relaciones laborales e industriales el concepto de trabajo decente y precario (este último con base en contenidos de la Recomendación 198 de OIT, 2006), y el salario mínimo de subsistencia. 4. Fortalecer el capítulo sobre acceso a la información e informes por país, incluyendo lo referido al eje sobre fiscalidad. 5. Profundizar en la dimensión del cambio climático, en el eje sobre medio ambiente.

Anexo III. Algunas propuestas de modificación de las Directrices de OCDE referidas a los temas laborales (tomado del documento de Hugo Barreto presentado por la FES al seminario). II. Principios generales 2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno de acogida. En especial, reconocer y promover la libertad sindical y otros derechos colectivos, así como la legitimidad de la representación de las organizaciones de trabajadores. Estas obligaciones alcanzan a las empresas que actúen como subcontratistas de las empresas multinacionales” El principio de respeto de los derechos humanos debe comprender tanto la dimensión individual como la colectiva. El derecho a la libertad sindical y negociación colectiva es uno de los componentes principales de la Declaración de Principios y derechos Fundamentales de la OIT (1998) y de otros instrumentos internacionales de la mayor jerarquía (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, etc.) y de la propia Declaración Tripartita de Principios sobre las EMN y la política social de la OIT.En esta u otra ocasión que se estime oportuna, debería incluirse una mención a las empresas subcontratistas, ya que son a menudo aquellas que aplican de manera más vergonzante las peores condiciones de empleo. Las EMN no deberían desentenderse de esta especie de “lateralización” de los incumplimientos que realizan mediante la subcontratación

2. IV. Empleo y relaciones laborales En el marco de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y de las prácticas en vigor en materia de empleo y relaciones laborales, las empresas deberán: La redacción actual de las Directrices presenta una notoria debilidad cuando introduce el “marco general” de la normativa aplicable al empleo y las relaciones laborales, puesto que refiere llamativa y únicamente a “las disposiciones legales y reglamentarias”, mientras que el punto nodal de todo encuadramiento debería estar dado por los principios y derechos fundamentales. En el actual enfoque de los derechos humanos como “ética fundamental” impone que toda consideración sobre las relaciones laborales deba mirarse desde la perspectiva de las normas de derechos humanos, y no desde el ángulo bien empobrecedor de las “disposiciones legales y reglamentarias”, muchas de las cuales, como es archisabido en América Latina, son inconstitucionales por contradecir principios o restringir el ejercicio de los derechos.

3

1. a respetar el derecho de sus trabajadores a ser representados por sindicatos y participar en negociaciones, ya sea individualmente o a través de asociaciones de empresas, con dichos representantes con vistas a alcanzar convenios para fijar las condiciones de trabajo y empleo, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Justificación Se suprimen los sintagmas: a- “u otros representantes legítimos de los trabajadores”, que figura luego de “sindicatos”; b- “constructivas” que figura luego de “negociaciones”; y c- “sobre condiciones laborales”, sustituyéndose en este caso por un desarrollo mayor que trascribe parcialmente el art. 2º del Convenio Internacional núm. 154 En el primer caso, la referencia a otros representantes “legítimos” puede dar lugar a prácticas antisindicales (preferencias, etc.) y en la segunda hipótesis, el término “negociaciones constructivas” no es de uso en las relaciones laborales, y su inclusión da lugar a ambigüedades que pueden ser perniciosas. En concreto, ¿quien está situado o habilitado a juzgar cuándo una negociación es “constructiva”? y más llanamente: ¿qué es una “negociación constructiva”? ¿ cual es la consecuencia que una negociación pueda considerarse “no constructiva”? En fin, los problemas interpretativos que suscita la inclusión de este verdadero “cuerpo extraño” en el texto de las Directrices son de tal entidad que se estima sobradamente justificada su supresión. Por último, se sustituye la escueta locución “sobre condiciones laborales”, que cerraba el párrafo, por una transcripción de lo que el CIT núm. 154, entiende por contenido de la negociación colectiva. Se trata de mejorar el texto, ya que la negociación no debe circunscribirse a las “condiciones laborales”, sino que tiene un contenido mucho más rico y decisivo.

4

1.d No discriminar a sus trabajadores en el ámbito laboral o profesional por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social o establecer cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, a menos que las prácticas selectivas respecto a las características del trabajador favorezcan las políticas públicas establecidas que promuevan, de forma expresa, una mayor igualdad de oportunidades laborales, o que dichas prácticas respondan a los requisitos inherentes a un puesto de trabajo La redacción actual de la disposición establece una enumeración de las causas de discriminación, que bien puede entenderse como taxativa, dejando afuera, por ejemplo, nuevas formas de discriminación que la OIT en su Informe Global ha puesto de manifiesto: obesidad, fumadores, diabéticos, etc. Para dejar a resguardo el derecho a no ser discriminado, conviene colocar una locución suficientemente general que resulte comprehensiva de conductas que afecten la igualdad de las personas. Para ello se selecciona la solución que aporta el art. 1.1.b del Convenio Internacional núm. 111 sobre no discriminación en el empleo y la ocupación.

2. b. aportar a los representantes de los trabajadores la información que necesiten para alcanzar negociaciones colectivas sobre condiciones laborales. Dichas informaciones comprenderán, en la medida de lo posible, todas las cuestiones de interés para los trabajadores que se refieran a la marcha y perspectivas futuras de la empresa y a la situación presente y futura de Los trabajadores, en la medida en que la revelación de las informaciones no cause perjuicio a las partes.

Se suprime el término “constructivas”, que presenta los problemas ya reseñados, y se lo sustituye por “colectivas”, adoptando una lógica propia de las relaciones laborales. Se adiciona un texto originado en el num. 15.1 de la Recomendación de la OIT núm. 129 sobre comunicaciones dentro de la empresa, que pone de relieve algunos de los elementos que debería tener en cuenta una política de comunicaciones e información dentro de la empresa.

2. c Promover las consultas y la cooperación entre las empresas y los trabajadores y los representantes respecto de cuestiones de interés mutuo. Estas consultas no deberían considerarse como sustituto de la negociación colectiva La salvedad que se introduce figura en el num. 57 de la Declaración Tripartita de Principios de la OIT.La Recomendación de la OIT núm. 94 sobre consultas en el ámbito de la empresa en su art. 1 coincidentemente señala que “Se deberían tomar medidas apropiadas para promover la consulta y la colaboración entre empleadores y trabajadores en el ámbito de la empresa sobre las cuestiones de interés común que no estén comprendidas dentro del campo de acción de los organismos de negociación colectiva o que normalmente no sean tratadas por otros organismos encargados de determinar las condiciones de empleo” (subrayado nuestro).

4. Respetar unas normas de empleo y relaciones laborales que no sean menos favorables que las respetadas por empresas comparables del país de acogida. En particular, los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que ofrezcan las empresas multinacionales no deberían ser menos favorables para los trabajadores que los ofrecidos por empleadores comparables en el país de que se trate. Si bien en el numeral 27 de los Comentarios a las Directrices se expresa que la remuneración y el tiempo de trabajo están comprendidos en la locución “normas de empleo y relaciones laborales”, se estima que los datos básicos de la relación de trabajo, como el salario, debería tener una mención expresa.Se toma como modelo el num. 33 de la Declaración Tripartita de Principios de la OIT.

(nuevo) La existencia de una relación de trabajo debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza, convenido por las partes. La atipicidad, la crisis del empleo y la desregulación laboral de los últimos treinta años ha provocado que en muchos casos las relaciones de trabajo sean encubiertas bajo formas de trabajo autónomo, consagrando así un verdadero fraude a la legislación laboral. En muchos casos, se facilitó desde las políticas laborales la conversión de contratos de trabajo en arrendamientos de servicios.Es necesario que se respete el sentido protector básico de la legislación laboral. La Recomendación de la OIT núm. 198 sobre determinación de trabajo provee de algunos criterios para dirimir los casos dudosos, y sienta un principio general en su artículo 9º, fijando la existencia de la relación de trabajo de acuerdo a los hechos relativos a la ejecución del trabajo. Se propone transcribir esa disposición a las Directrices, de modo que el empleo del trabajo ajeno por parte de las EMN se ajuste a la realidad de los hechos.

9 6. Las empresas multinacionales, al igual que las empresas nacionales, deberían esforzarse, mediante una planificación activa de la mano de obra, por asegurar un empleo estable a sus trabajadores y por observar las obligaciones libremente negociadas en materia de estabilidad del empleo y seguridad social. Cuando se contemplen cambios en sus actividades… (sigue igual al original) El artículo 6 del presente capitulo de las Directrices establece algunos criterios para el caso que los cambios de actividades de las empresas puedan tener efectos negativos en el empleo. Entre ellos, establece la necesidad de brindar información con una antelación razonable.El principio es compartible, pero antes que establecer procedimientos razonables y civilizados para el caso de los despidos colectivos, hay que fijar el principio cardinal: la seguridad que para el trabajador y su familia representa la estabilidad en el empleo.Reconocido el principio de la estabilidad, recién en ese momento podrá habilitarse la desvinculación del trabajador de la empresa, fundado en razones objetivas o en la conducta del trabajador, según la fórmula recogida en el Convenio Internacional núm. 158 sobre la terminación de la relación de trabajo. II. Procedimientos de puesta en práctica 1. Puntos Nacionales de Contacto 1. Los países que han suscrito las Directrices deben establecer Puntos Nacionales de Contacto para llevar adelante actividades promocionales, contestar las consultas, efectuar el seguimiento del cumplimiento de las Directrices, operar como mediador, emitir en su caso recomendaciones y ocuparse de las discusiones con las partes implicadas respecto de todas las cuestiones abordadas por las Directrices de manera que puedan contribuir a la resolución de los problemas que puedan surgir a este respecto, teniendo debidamente en cuenta la Guía de Procedimiento adjunta. Debe informarse de la existencia de estos Puntos Nacionales de Contacto a la comunidad empresarial, a las organizaciones sindicales y a otras partes interesadas La falta de impulso de los PNC conspira contra la cabal aplicación de las Directrices.Parte importante de la energía empleada en la transformación de las Directrices tiene que dirigirse a dotar a los PNC de mayor competencia y responsabilidades en el seguimiento de las Directrices, lo que implica introducir modificaciones en sus competencias y composición. En esta parte se adicionan competencias que procuran acercar los PNC a la cotidianeidad de las relaciones emergentes de los diversos elementos que integran las Directrices, aunque como es obvio se está pensando en la materia de relaciones laborales y empleo. 2. el Comité invitará periódicamente al Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (BIAC) y al Comité Consultivo Sindical de la OCDE (TUAC) (en adelante, los “órganos consultivos”) y a otras organizaciones no gubernamentales a dar a conocer sus opiniones respecto a cuestiones abordadas por las Directrices. Cuando el Comité reciba un asunto proveniente de un PNC referido a la temática laboral, consultará en forma previa a los órganos consultivos. Además se podrán celebrar, cuando así lo soliciten, intercambios de puntos de vista con los órganos consultivos respecto a estas cuestiones Trata de promover la participación del TUAC en todas aquellas instancias de tratamiento de las cuestiones laborales.

4. El Comité se responsabilizará de la clarificación de las Directrices. Se prestará dicha aclaración cuando se solicite. En caso de solicitarlo, se brindará a la empresa o trabajadores de que se trate… (sigue igual) Quienes soliciten al CIME una aclaración sobre las Directrices podrán ser las empresas…. o los trabajadores, que en la redacción actual quedan inexplicablemente excluidos.

III. Guía de Procedimiento

A. Modalidades institucionales. De conformidad con el objetivo de la equivalencia funcional, los países que hayan suscrito las Directrices cuentan con total flexibilidad para organizar sus PNC, pero deben asegurar alguna instancia de participación de los agentes sociales, incluidos… (sigue igual) Se sustituye “recabando el apoyo activo” por el deber de asegurar “alguna instancia” de participación en el PNC. Como fácilmente puede advertirse, sin alterar en demasía la naturaleza flexible de los PNC, se establece que deben asegurar cierta participación de los agentes sociales en las instancias que nacionalmente se determinen. Sin atribuir

rigidez al PNC, se abre la puerta para que las organizaciones de trabajadores tengan una oportunidad de incidir directamente en los organismos creados por las Directrices.

14 En consecuencia, el Punto Nacional de Contacto: 1. puede ser un alto funcionario o un órgano de la Administración dirigido por un alto funcionario. Tratándose de temática laboral, el organismo se integrará con al menos un representante de los ministerios o secretarías de trabajo y con una representación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores con un nivel consultivo. Alternativamente, el PNC puede estar organizado también como un organismo cooperativo, que reúna a representantes de otros entes públicos. Se sigue con la línea de integrar a las organizaciones en algún nivel relevante de los PNC.Teniendo en cuenta que muchos PNC están integrados por funcionarios de los Ministerios de Hacienda o de Relaciones Exteriores, se procura que para los casos de tratamiento de temas laborales exista una composición “ad hoc” para dar cuenta de las particularidades de la materia del trabajo.Se suprime la parte final en que admite la posibilidad de participación de los representantes de los círculos empresariales, de las organizaciones sindicales y de otras partes interesadas, y ello porque esa participación se establece como preceptiva de acuerdo a la redacción que se propone.

C.2 Cuando las cuestiones planteadas merezcan un examen más profundo, ofrecerá sus buenos oficios de mediador y conciliador para facilitar a las partes implicadas su resolución (sigue igual) Para materializar de mejor manera la inserción de los PNC en las realidades surgidas a consecuencia de la aplicación de las Directrices, se induce a los organismos a mediar y conciliar en los conflictos que se susciten.La posibilidad de mediar y conciliar está, además, admitida cuando se desarrolla este ítem (ver 2.d) aunque como podrá observarse, la intervención en estos casos es más débil, ya que el PNC cumple con “facilitar el acceso” a estos medios consensuales, pero no se reconoce la posibilidad de actuar por sí como mediador y conciliador.En la redacción que se propone el propio PNC tiene facultades de mediador y conciliador, de manera de sumar vías de solución y sin la pretensión de sustituir ninguna otra instancia. C.3. si las partes implicadas no llegasen a un acuerdo sobre las cuestiones planteadas, emitirá un comunicado y formulará, en su caso, recomendaciones acerca de la aplicación de las Directrices. El comunicado y las recomendaciones deberán hacerse públicas. La publicidad del comunicado y las recomendaciones da entrada a la opinión pública, factor clave para las EMN que vienen haciendo esfuerzos notorios por mejorar su imagen y dar un mensaje de ética aplicada a las prácticas empresariales.

Supresión del C.4.b El mantenimiento del secreto del conflicto generado por la aplicación de las Directrices no se justifica y además resulta contrario al principio de la “transparencia” de la actuación de los PNC

No podrá negarse el tratamiento de una denuncia por el Punto Nacional de Contacto bajo pretexto de la existencia de vías alternativas, de carácter judicial o extrajudicial, nacional o internacional, circunstancias que en ningún caso obstará para la aplicación del presente procedimiento. Se trata de evitar que los PNC rechacen las denuncias a priori, sin darles tratamiento, con base en señalar que existen otras vías a emplear por los reclamantes.




TRABAJO FAMILIA Y ACCION SINDICAL

TRABAJO, FAMILIA Y LIBERTAD SINDICAL Santiago de Chile, mayo 2009 LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO EJE DEL TRABAJO DECENTE (y la crisis economica mundial y su impacto en las mujeres trabajadoras) Contexto Diagnostico Sindical Objetivos Sindicales Posibles propuestas: La valoración del trabajo no remunerado

Conciliación de la vida familiar y laboral como Responsabilidad del Estado La discriminación social y laboral y la discriminación en los modelos de protección social. Las Normas Internacionales del Trabajo La crisis económica mundial y su impacto en las mujeres trabajadoras

Contexto Todavía hoy es una realidad que la cultura define y asigna a hombres y mujeres determinados papeles sociales, así como les niega o les “prohíbe” otros, a través de un complejo sistema de símbolos, representaciones, practicas, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales. Así, el reparto de roles masculinos y femeninos se recrean tanto en el ámbito educativo, como en el institucional, familiar, o, incluso en la “forma” de comunicarnos, tomando como referente cultural al hombre como medida de todas las cosas. El resultado es que nos encontramos con una “división sexual del mundo”, tanto de los espacios (publico / privado / intimo), como de las funciones; este proceso de “bipolarización de funciones entre lo “productivo” y lo “reproductivo”, se traduce a su vez en una división sexual del trabajo valorado de forma diferente por la sociedad en su conjunto. Tenemos así un trabajo productivo, definido en el tiempo, valorado y reconocido externamente, retribuido y que debe ser positivo para el desarrollo de la persona que lo realiza, y un trabajo reproductivo, que no lleva asociado un valor monetario ni una limitación temporal, y que esta asociado al servicio de terceros y, por lo tanto, positivo para el desarrollo de aquellos que reciben tal servicio, invisibilizando a la mujer que lo realiza. En América Latina persisten profundas desigualdades de género, tanto en el ámbito familiar, como en el laboral, social y político, aunque también se han dado algunos avances significativos,

especialmente en lo referido al incremento de las tasas de participación femenina, pasando de menos del 38% en 1990%, a más del 50% en los últimos años (CEPAL), o al incremento del número de horas que las mujeres dedican al trabajo remunerado; de igual manera se esta viendo aumentar los años de vida económicamente activa de las mujeres en la Región, y es justamente entre las mujeres en edad reproductiva entre las que la participación laboral y económica esta aumentando mas acentuadamente. Es un hecho también, en América Latina, que el nivel promedio de instrucción de las mujeres (9 años) es superior al de los hombres (8), y que en las zonas urbanas de muchos países, las mujeres constituyen mas del 50% de los/las profesionales y técnicos/as (CEPAL 2008). Y todo esto va acompañado del aumento de la importancia de la contribución económica de las mujeres a la unidad familiar, de tal manera que este aporte se convierte en un factor clave para la superación de la pobreza de un numero muy importante de hogares y no solo por su magnitud sino también por el destino de su ingreso que va al interior de la familia. No obstante muchos problemas persisten, y las desigualdades y discriminación contra las mujeres en el trabajo siguen siendo patentes, y todavía estamos lejos de que el trabajo de igual valor genere igual remuneración, con independencia del género del trabajador, las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los hombres, y estas diferencias se acentúan mas en tramos superiores de escolaridad, además de contar con menores oportunidades de ascenso y promoción que en el caso de los hombres. La segmentación ocupacional en actividades asociadas al servicio a terceros completa el panorama (el 70% de las mujeres trabaja en comercio, servicios sociales y personales). El servicio domestico todavía hoy incluye mas del 15% del total de la ocupación femenina en América Latina y, en la mayoría de los casos, sin derechos laborales y sin normativa nacional de protección laboral y social. El desempleo y la incidencia de la “informalidad” sigue también afectando más a las mujeres que a los hombres. Diagnostico sindical Un grupo de sindicalistas latinoamericanas de 14 países de la Región, reunidos en Santiago de Chile hicieron un diagnostico de situación, con los siguientes puntos específicos:

• Discriminación salarial de las mujeres. • Precarización, rotación, estacionalidad y temporalidad en el empleo de las

mujeres. • Segregación laboral: existencia de sectores laborales feminizados

vinculados a los servicios y al cuidado, que reproducen en lo laboral el rol tradicional de la mujer en el hogar.

• Ausencia de valoración del trabajo no remunerado realizado por las mujeres, e invisibilidad del trabajo familiar.

• Largas jornadas de trabajo de las mujeres (doble y triple rol). • Falta de reconocimiento del trabajo de la mujer en el campo y en la

economía informal. • Invisibilidad de las jefas de hogar en hogares monoparentales y ausencia

de políticas sociales específicas para ellas.

• Discriminación de género en la mayor parte de los sistemas de seguridad social, al no incluir la transversalidad de género en todas y cada una de las contingencias.

• Existencia de importantes déficits en la protección a la maternidad y a la infancia.

• Insuficiente participación sindical de las mujeres, necesidad de acción sindical unitaria y política de alianzas con la sociedad civil.

• Escasa representación de las mujeres en espacios directivos, de negociación y de concertación. Falta de formación específica para fortalecer a las mujeres en dichos espacios.

• Planes de formación profesional y continua, con pobre o escaso enfoque de género.

• Debilidad institucional en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres.

• Sociedad que reproduce estereotipos sexistas, especialmente en la educación y a través de los medios de comunicación; y con deficiencias respecto a la definición de una nueva “masculinidad”.

• Escaso nivel de difusión, ratificación y aplicación de las Normas Internacionales (ref: Convenios 100, 111, 156).

• Debilidades estadísticas sobre cuestiones de trabajo y familia, corresponsabilidad y conciliación.

Y todo ello en un marco socio-laboral más amplio caracterizado por:

• Limitaciones en el ejercicio de la libertad sindical • Insuficiente desarrollo de la Negociación Colectiva • Necesidad de fortalecimiento del tripartismo y el Diálogo Social como

instrumentos de legitimación social. • Muy inequitativa distribución de la Renta (con los peores índices a nivel

mundial). • Altos índices de pobreza e indigencia. • Ausencia de Sistemas Fiscales Progresivos. • Bajos niveles de productividad tecnológica. • Debilidad Institucional y de Políticas Públicas sobre conciliación de la vida

laboral y familiar, corresponsabilidad de las cargas familiares y protección social vinculada.

• Muy altos índices de trabajo precario sin derechos laborales ni de protección social para la mayor parte de la población. (Especialmente en el sector informal, el trabajo en el campo, y en el empleo no registrado en particular).

• Constante crecimiento del Sector Informal de la Economía, de especial incidencia sobre el trabajo de las mujeres

• Especial vulnerabilidad laboral de los jóvenes, la población migrante (especialmente feminizada), y las poblaciones originarias.

• Incremento del desempleo como consecuencia de la crisis global (desempleo especialmente femenino).

• Proceso de terciarización y subcontratación, con marcado efecto sobre el trabajo de las mujeres.

• Procesos de deslocalización con menores niveles de protección social y costes laborales.

• Atraso endémico del sector agrícola y de las condiciones de trabajo en el campo.

Ante este estado de situación se propusieron como declaración de objetivos, bajo un principio rector de mejorar y garantizar las condiciones de vida de las mujeres y hombres de América Latina, los siguientes:

1. Empoderar a las mujeres en el movimiento social y movimiento sindical.

2. Redimensionar el rol del movimiento sindical en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

3. Impulsar y contribuir a la definición de políticas públicas que promocionen el trabajo decente en sus cuatro ejes estratégicos: En libertad sindical, y fomento de la negociación colectiva, por la generación de empleos productivos y con derechos, incluida la Protección Social, con diálogo social y tripartismo como método de trabajo; y que promuevan siempre la conciliación de la vida laboral y familiar.

Posibles propuestas: La valoración del trabajo no remunerado. Para llegar al logro de un trabajo decente, es necesario implementar estrategias que tiendan a visibilizar y valorizar – socialmente y económicamente – todo tipo de trabajo relacionado con el cuidado y la re-producción de las personas que diariamente realizan hombres y sobre todo mujeres de manera no remunerada fundamentalmente en el hogar o en el ámbito doméstico. El no reconocimiento y la consecuente desigual valoración (económica y social) de las actividades vinculadas con “el cuidado y la reproducción”, desempeñadas tradicionalmente por las mujeres, está en la base de la discriminación laboral directa e indirecta, la desigualdad en los ingresos de las mujeres, la persistencia y el aumento de la segregación ocupacional y la creciente precarización de la fuerza de trabajo femenino. Si bien cada día hay más mujeres que participan en trabajos remunerados y que se encargan de aportar recursos al hogar, no ocurre aún una redistribución del trabajo doméstico ni una adecuada provisión de servicios públicos que aligeren esta carga. Más aún, la precarización de las condiciones de trabajo, la inestabilidad, la informalidad y la caída en la cobertura de la seguridad social han configurado un déficit de trabajo decente que puede agravarse ante la actual crisis económica global. Desde una necesidad de un modelo de desarrollo más equitativo, es urgente evolucionar hacia estados donde la reproducción humana y social sea una responsabilidad colectiva y – por lo tanto

- sujeto de políticas de Estado en lugar de una carga individual de las mujeres. Políticas y programas que apuntan hacia la visibilización y la valorización económica - como trabajo (decente)- de las actividades realizadas en esta “economía del cuidado”, serían un valioso aporte no solamente a la creación de una mayor equidad de género, sino también de un modelo de desarrollo que nuevamente coloca al ser humano y a las prioridades de las personas en su seno. La valoración del trabajo no remunerado puede servir también como referencia para la implementación de coberturas sociales especificas. Pensar que el cuidado y el trabajo en el hogar es un asunto que compete sólo a las mujeres ha impedido que mejore su calidad de vida, ya que las familias se han transformado pero las expectativas hacia ellas permanecen inalteradas, a costa de su autonomía, desarrollo y bienestar. La solución a esta situación exige la colaboración del Estado y de todos los actores sociales, en un enfoque integrado de políticas públicas que hagan compatible la vida familiar y laboral para todas las personas, sobre la base de que el cuidado humano es también una responsabilidad de los hombres. No se trata solamente “del trabajo de las mujeres”, sino de revalorizar la importancia de todas las actividades dirigidas al cuidado de la vida humana al nivel de los planes de desarrollo nacional. Un mayor apoyo público que se traduce en una mayor asignación presupuestal a la educación y la salud, por ejemplo, tendrá un efecto inmediato en el peso del trabajo “reproductivo” al nivel de los hogares (principalmente realizados por mujeres). Lo que se necesita entonces es todo lo contrario de lo que pasó en la década “perdida” de los ochenta cuando se disminuyó drásticamente el gasto (o la inversión) social. El análisis del uso del tiempo contribuye a establecer el grado de responsabilidad que asumen los actores sociales involucrados en los trabajos productivos y reproductivos. La noción de “uso del tiempo” debe servir como guía para el diseño de políticas y estrategias. La aplicación de encuestas con cobertura nacional y periódica compone parte de las fuentes de información más enriquecedoras para la evaluación de políticas públicas a través de indicadores. La información debe provenir de la aplicación de módulos o encuestas de uso del tiempo con cobertura nacional y periódica y de la incorporación de preguntas sobre la organización del cuidado en las encuestas de fuerza de trabajo. Es preciso además diseñar y poner en marcha un sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de trabajadores y de las trabajadoras. Conciliación de la vida familiar y laboral como Responsabilidad del Estado La conciliación entre la vida familiar y laboral requiere de leyes y políticas públicas, diseñadas tripartidamente, y controladas en su aplicación y efectividad también tripartidamente, que cumplan funciones de arbitraje entre ambas esferas y que fortalezcan las capacidades del Estado y la institucionalidad, especialmente la laboral. No obstante, estas medidas suelen tener su principal deficiencia en el supuesto de que las mujeres son las principales responsables de las tareas familiares. Además, están diseñadas para trabajadoras formales, lo que no se corresponde con la realidad de la mayoría de la población trabajadora inserta en la economía informal. Si no se

ajustan a los patrones de cambio social y a las reivindicaciones de género, las estructuras políticas y jurídicas pueden reproducir las estructuras de la desigualdad, generando altos costos para todos los actores, como se verá a continuación. El argumento de que las políticas de conciliación comportan elevados costos se debilita al poner en relación los beneficios de mediano plazo con los costos por la ausencia de medidas. La ampliación de las capacidades y oportunidades productivas por medio de políticas conciliatorias permite la creación de trabajo decente. En cambio, mantener el statu quo representa desaprovechar la fuerza de trabajo, disminuir el rendimiento de las personas trabajadoras y mantener una menor calidad de vida para individuos y familias.

• Por un lado, se observa que un buen número de mujeres desempeña trabajos por debajo de su calificación o en áreas donde no están capacitadas. El subempleo, desempleo e inactividad significan la asignación ineficiente de recursos en una economía, tanto en la demanda como en la oferta de bienes y servicios. Con una fuerza de trabajo desaprovechada, se reproducen las condiciones de pobreza y precariedad laboral, que además se transmiten intergeneracionalmente, lo que lleva a los Estados a gastos adicionales para mitigar el problema e impide el crecimiento económico.

• Para las empresas, las tensiones entre la vida familiar y laboral significan menores rendimientos por el limitado desempeño de los individuos imputable al estrés, la insatisfacción y la fatiga, expresados en la falta de compromiso, ausentismo e inestabilidad. La rotación de personal incrementa los costos de especialización, de reclutamiento y de inducción. Varios estudios muestran que la presencia de medidas conciliatorias define la elección de trabajar en una empresa o en otra, en particular entre trabajadores/as de mayor calificación.

Más allá de atender las condiciones de empleo para las mujeres, el mercado de trabajo requiere promover una redistribución de las responsabilidades entre la Sociedad bajo la responsabilidad del Estado: en el mercado laboral las responsabilidades familiares deben dejar de ser un factor de discriminación, mientras que el Estado debe reconocer el cuidado como un derecho garantizado. La negociación colectiva Las organizaciones de trabajadores y de empleadores constituyen actores sociales que pueden aportan y ejecutar medidas adicionales a las legales a través de la negociación colectiva. Reforzar el proceso de la negociación colectiva y equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, por medio de la legislación y la capacitación, permite avanzar en la cobertura y ampliación de los derechos y beneficios e instituir nuevos. La discriminación social y laboral y la discriminación en los modelos de protección social. Es un hecho que la mayoría de los regimenes de seguridad social fueron en su día establecidos sobre la base de que los hombres eran sostén de la familia, y de existía un “natural” reparto de tareas y funciones al interno de las familias, de tal manera que las mujeres eran percibidas como trabajadoras secundarias y se subvaloraban socialmente sus competencias y habilidades.

Resultado también del reparto de roles nos encontramos históricamente también con el ejercicio masculino del poder, tanto desde la política en general como desde los movimientos sociales y las organizaciones sindicales, que en un primer momento organizan a trabajadores de sectores muy masculinizados (con alguna importante excepción de movimiento sindical y social liderado por mujeres, vinculado fundamentalmente a la conquista de sus derechos civiles). Si además añadimos, que la trayectoria laboral de las mujeres es mas discontinua, tienen menos opciones a promociones laborales, sus carreras se ven interrumpidas por la crianza de los hijos/hijas, concentran periodos mas cortos de cotización y lo hacen sobre salarios sensiblemente menores a los de los hombres; con todas esas circunstancias, hasta un modelo de protección que pretendiera ser neutro en el derecho y la magnitud de las prestaciones, reproduciría estas desigualdades trasladándolas a un modelo de protección social insuficiente para las mujeres. Pero los modelos de protección no han sido neutros, sino que históricamente han tomado al varón, y secundariamente su familia, como sujeto central de protección. Debemos partir de la necesidad de identificar las diferencias existentes en la aplicación de los sistemas de protección social en función del género, para que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que existen tales diferencias. Solo después seremos capaces de reflexionar, y debatir sus causas, con el objetivo último de desarrollar propuestas que sean capaces de corregir estas diferencias. Identificación de las diferencias por razón de género, en un modelo de protección:

- Las prestaciones de asistencia sanitaria son muy diferentes, para las mujeres que para los hombres, y en función del intervalo de edad, asociado fundamentalmente al ciclo reproductivo, así como a la atención a las mujeres adultas mayores. Es paradójico encontrar sistemas sanitarios privados en nuestro continente que reconocen como derecho el mismo numero de atenciones para mujeres y para hombres, dentro de un mismo intervalo de edad, cuando esta demostrado que las mujeres requieren de una atención y seguimiento de especiales características durante toda su vida reproductiva, siendo muy inferior la demanda de servicios en los hombres de igual intervalo etario.

Las asignaciones familiares, como derecho de los niños y de las niñas; tienen mejores resultados cuando la administración es de las madres, y facilitan la “protección social de la familia”.

- Protección a la maternidad: la maternidad sigue siendo uno de las causas de discriminación laboral mas sobresalientes con los que nos encontramos, todos conocemos los prejuicios laborales que hacen que muchas mujeres teman perder el trabajo cuando quedan embarazadas, por lo tanto, cuando hablamos de la protección social de la maternidad, estamos tratando de un modelo de protección que abarca también derechos laborales concretos antidiscriminatorios, que quedan perfectamente explicitados en el Convenio 183 de la OIT. Este ámbito de protección debe contar, por tanto, con una multiplicidad de componentes: protección a la salud de la mujer embarazada o lactante en el trabajo, el derecho a licencias de maternidad, prestaciones económicas sustitutorias del salario dejado de percibir durante la licencia, asistencia

sanitaria (antes, durante y después del parto y que no deben ser asimiladas a la asistencia sanitaria común por enfermedad), y protección del empleo y no discriminación. Se hace necesario y urgente elaborar un programa específico de universalización de la protección de la maternidad para toda América Latina.

Relacionado con ello, es la importancia de que las mujeres que trabajan como independientes o en el sector informal sean cubiertas por los sistemas de seguridad social a título individual y no como “derecho-habiente” de su esposo/compañero para poder contar con una licencia por maternidad que va acompañada por ingresos económicos (pagados por el sistema de seguridad social), como también el hecho de que los pagos por licencias de maternidad formen parte de un sistema público solidario de seguridad social (en lugar de que sea carga directa económica para las empresas que contratan a mujeres). El modelo tradicional de políticas relativas a la maternidad exige un cambio conceptual que se dirija hacia la parentalidad, entendida como el cuidado que ambos progenitores deben asumir con respecto a sus hijos e hijas.

- Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional, por el “silencio estadístico” de los daños

derivados del trabajo que sufren las mujeres, especialmente los referidos a la exposición de riesgos psicosociales y a alteraciones musculoesqueléticas derivadas de posturas forzadas y trabajos repetitivos, así como la resistencia a reconocer la perdida de salud de las mujeres trabajadoras como resultado de su actividad laboral. La invisibilidad de los daños a la salud que sufren las trabajadoras, generan a su vez una subestimación de los riesgos para la mujer en el trabajo y consiguientemente impiden una prevención eficaz de dichos riesgos. Son muchas mas las mujeres que los hombres las que en las encuestas declaran estar sometidas a mayores ritmos de trabajo, trabajar en cadena, tener trabajos repetitivos, no poder elegir los momentos de descanso, o incluso no poder hablar. El estrés es mencionado como el primer problema para el 60% de las mujeres, vinculado a trabajos con gran demanda, pobre control sobre el trabajo, roles ambiguos y conflictivos, inseguridad en el trabajo y tareas monótonas y repetitivas.

- Prestaciones de larga duración – Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) –. En este grupo de

prestaciones es muy sobresaliente el resultado desigual, en función de que se sea hombre o mujer, especialmente si nos atenemos al menor nivel salarial (primer nivel d discriminación) a la densidad en las cotizaciones (segundo nivel de discriminación). Muy llamativo es el hecho que en los modelos privados de pensiones vigentes se aplican tablas de mortalidad diferenciadas por genero para el calculo de las prestaciones por vejez, esto quiere decir, que a igual fondo acumulado (en el caso de simular que mujeres y hombres estuvieran en igualdad de condiciones para acumularlo), las mujeres perciben una renta pensional sensiblemente inferior a los hombres, ya que su esperanza de vida es mayor (tercer nivel de discriminación), rompiendo la solidaridad Inter.-géneros que se da cuando se aplican tablas de mortalidad conjunta. Se trata, por tanto, de una triple penalización por el hecho de ser mujer.

- La prestación por desempleo – ya que para una mujer es más difícil reunir los periodos de carencia allí donde existe prestación, por la mayor rotación y temporalidad, estacionalidad, etc. de los empleos de las mujeres.

Las prestaciones por desempleo deben a su vez formar parte de políticas promotoras de empleo para sectores vulnerables de la sociedad como pueden ser las mujeres, los jóvenes, o los desempleados de larga duración y/o mayores de 45 años. Especialmente en contexto de crisis, ya que si no existen prestaciones de desempleo que sustituyan la perdida de salario, la necesidad derivada de la ausencia de trabajo de las mujeres las fuerza a aceptar trabajos con menores salarios o a insertarse en empleos precarios o informales.

- Protección social a la “dependencia”

Los modelos de protección social deben profundizarse y aumentar sus niveles de cobertura en las nueve prestaciones tradicionales de seguridad social, pero además deben explorar y buscar soluciones desde las políticas publicas que promuevan la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia como derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano, al que se reconozca como beneficiario. Debieran establecerse niveles mínimos de protección, definidos y garantizados financieramente por el Estado.

El área de cuidados constituye una oportunidad para la generación de nuevos empleos al transferir a los servicios públicos (y en su caso al mercado) algunas tareas domésticas y de cuidado, asumiendo en ello el Estado un papel fundamental ya que para enfrentar las necesidades de cuidado se requiere de la construcción de sistemas de bienestar social que, además de tender a su cobertura universal, combinen mecanismos contributivos y no contributivos en el marco de una solidaridad integral entre grupos socioeconómicos e intergeneracionales.

Un aspecto central a tratar, es que la informalidad, la tercialización y la pobreza afecta de forma diferente a mujeres y hombres, así como el nivel real de responsabilidad familiar. Son necesarias, a este respecto, políticas de escolaridad y guarderías suficientes y compatibles con la integración de la mujer en el mercado de trabajo. Por su parte las mujeres que todavía hoy permanecen toda su vida al cuidado de su casa y su familia, sin participar en el mercado laboral son un grupo susceptible de caer en situación de pobreza durante el periodo de vejez porque generalmente son consideradas como dependientes de sus cónyuges, lo que solo les permite aspirar a una pensión de viudedad. El régimen administrativo de formalización de las uniones es otro elemento a tener en cuenta en la mayor parte de nuestros países, donde se constituyen familias y jefaturas de hogar dentro o fuera de la calificación legal de “matrimonio”, y que en ocasiones puede identificarse como otro elemento de discriminación. Por todo lo expuesto, se hace necesaria una especial atención a la vulnerabilidad de las mujeres: en cuanto a su modo de inclusión en el mercado de trabajo (actividades informales), escasa constancia en su capacidad de mantener las contribuciones, aspectos demográficos y mórbidos

específicos, y la necesaria protección de la maternidad. Aspectos todos que pueden ser fuente de discriminación tanto laboral como de acceso a una protección social eficaz. Las Normas Internacionales del Trabajo Las normas internacionales del trabajo definen estándares mínimos a nivel mundial. Los Estados que no han ratificado los Convenios 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad (2000) y 156 sobre Trabajadores con responsabilidades familiares (1981) deberían tomar las medidas para hacerlo. En el caso de los países que ya los han ratificado, es preciso realizar los esfuerzos necesarios para la efectiva implementación de estos convenios, así como de aquellos que los respaldan: el Convenio 100 sobre igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor (1954) y el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación (1958). La crisis económica mundial y su impacto en las mujeres trabajadoras

1. La actual crisis económica global amenaza con profundizar las desigualdades que hoy constituyen el problema fundamental de América Latina y el Caribe.

2. En América Latina, así como en el resto del mundo, el acceso de la mujer al mercado laboral ha crecido significativamente, pasando de 32% en 1990 a 53% en 2008. Aun cuando hay desafíos pendientes, ya no se cuestiona el derecho de la mujer a una vida económica independiente y la importancia de su aporte a la manutención de la familia y la superación de la pobreza. La crisis sin embargo, puede amenazar los logros alcanzados y profundizar las desigualdades de género, a no ser que las políticas para enfrentarla contemplen explícitamente esta dimensión. Sobre este punto se identifican tres peligros:

a. Que la crisis afecte las posibilidades de inserción laboral y permanencia en el empleo de las mujeres: prejuicios y mitos sobre la mujer como fuerza de trabajo secundaria pueden conducir a que sean las primeras en ser despedidas dentro de una empresa; o que la autoridad, a la hora de diseñar programas de generación de empleo, los oriente hacia sectores tradicionalmente masculinos. Ello, bajo el prejuicio de que quienes más necesitan generar ingresos son los hombres.

b. Aumento de las tareas no remuneradas al interior del hogar y, como consecuencia de ello, un incremento para las mujeres, de las tensiones entre trabajo y familia: según la experiencia de crisis pasadas, la disminución del ingreso familiar provoca un aumento en las labores domésticas que realizan las mujeres. En situaciones de caída del ingreso, las familias tienden a reemplazar la compra de bienes y servicios por su producción casera. En este mismo sentido, una eventual disminución de prestaciones sociales en ámbitos como la salud, la educación u las transferencias directas a las familias, y un incremento de los gastos de bolsillo para el acceso a la salud, provocará una recarga en las tareas de las mujeres, y generara barreras para el acceso a servicios sanitarios y para el desarrollo de capacidades.

c. Aumento de la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, por tres vías: Aquellas que se desempeñan en la economía informal (más de la mitad

de las ocupadas), corren más riesgos que sus remuneraciones fluctúen y disminuyan, y sus derechos se vean vulnerados.

Debido a los factores culturales que suponen que la mujer cumple un papel menos importante en la manutención de la familia, además de su menor presencia en organizaciones sindicales y en sectores que negocian colectivamente, puede ocurrir que ellas sufran una caída de sus salarios reales y asuman en forma desproporcionada los costos de la crisis.

Por último, frente a la necesidad de enfrentar el aumento del desempleo, es posible que los mecanismos de control de la discriminación salarial pierdan prioridad.

3. De ahí la importancia de fortalecer la institucionalidad laboral, así como la institucionalidad y funciones de los espacios de participación institucional de organizaciones de trabajadores y de empleadores, de modo que las políticas laborales contribuyan a generar trabajo decente con igualdad de género, tanto en tiempos de crisis como de crecimiento económico. Para esto, se puede recomendar:

a) Analizar las políticas anti-crisis y su capacidad de respuesta frente a los efectos de la crisis en el empleo femenino. Analizar desde una dimensión de género los paquetes de estímulo con medidas de corto plazo de carácter contracíclico y los efectos esperados (implícitos y explícitos) en hombres y mujeres. Identificar buenas prácticas y aspectos que se podrían incorporar a los programas en marcha a fin de lograr un mayor impacto en el empleo femenino y en la contención del desempleo de las mujeres.

b) Realizar un estrecho seguimiento del impacto de la crisis en las oportunidades de las mujeres de insertarse en el mercado laboral así como en la calidad del empleo al que están accediendo, a fin de dimensionar el impacto diferenciado en hombres y mujeres y particularmente en las brechas de género.

c) Analizar y fortalecer el marco institucional en que se formulan y se da seguimiento a las políticas anti-crisis. a fin de transversalizar la dimensión de género en las políticas laborales. Establecer mecanismos de diálogo social tripartito y de negociación colectiva, y fortalecer el rol de las organizaciones de trabajadores para incorporar una dimensión de género en el debate sobre las medidas anti-crisis.

Existe una amplia gama de instrumentos a disposición de los gobiernos para enfrentar los efectos de la actual crisis financiera mundial, tanto desde las políticas de empleo en un sentido amplio, como desde las políticas de mercado laboral. En ambos casos es necesario que se incorpore un análisis de sus efectos esperados en mujeres y hombres; así como en grupos con mayor incidencia de pobreza, como los hogares con jefatura femenina.. A continuación se formulan algunas recomendaciones:

• Implementar políticas fiscales y monetarias anticíclicas que prioricen áreas de gastos e inversión con elevado impacto en el empleo, abriendo oportunidades tanto para mujeres como para hombres: priorizar aquellas que combinen el objetivo de empleo con el de la igualdad de oportunidades y contemplen medidas de conciliación, de especial mención seria el desarrollo de un sector de protección social a la “dependencia”. Esta línea de trabajo puede aprovechar las nuevas oportunidades de nichos de empleo en el ámbito de los cuidados y fomentar estos mercados para las micro y pequeñas empresas.

• Fortalecer la protección social frente a la crisis. Revisar las condiciones de acceso a los beneficios en cada una de las diferentes contingencias, así como el sistema de protección que debe ser diferente para hombres y para mujeres, y muy especialmente revisando y profundizando los mecanismos de protección por desempleo, a fin de lograr máxima cobertura y cerrar la brecha de género vinculada a las menores oportunidades laborales de las mujeres, relacionada con sus responsabilidades familiares. A este respecto tres ideas fuerza deben ser mencionadas:

- La protección/seguridad social debe ser entendida como un derecho y no como asistencia. - Sistemas de protección “planos” con iguales condiciones de acceso y de sistema de prestaciones para hombres y mujeres, son discriminatorios para el caso de las mujeres, al reproducir las discriminaciones de la sociedad en general y del mercado laboral en particular. - Solo con sistemas eficientes de protección por desempleo se evitara el riesgo de la reducción de los salarios y el incremento de la informalidad como resultado de la presión de la crisis.

• Del mismo modo, se recomienda identificar mecanismos -tales como .esquemas no contributivos- para proteger a la población desempleada de la economía informal, donde hay una mayor concentración de mujeres con hijos a cargo, a través del fortalecimiento de programas integrales de transferencias directas.

• Mantener el poder adquisitivo de los salarios y continuar la tendencia a cerrar la brecha de género. Las políticas deben garantizar el mantenimiento del valor real del salario mínimo y monitorear su cumplimiento. Este último factor es especialmente importante para las mujeres, pues en una proporción mayor perciben el salario mínimo. También se recomienda monitorear la evolución de las brechas salariales por sexo.




EMPLEO SALARIOS Y PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL

A2-52988 Formación Sindical sobre Empleo, Salarios

y Piso básico de Protección Social 4 a 9 de Noviembre de 2010

México - Cancún

CONCLUSIONES Curso A2-52988 – EMPLEO, SALARIO Y PISO BASICO DE

PROTECCIÓN SOCIAL

El grupo de sindicalistas de América Latina, reunido en Cancún, del 4 al 9 de noviembre del 2010 en el marco del seminario sobre Formación Sindical sobre Empleo, Salarios y Piso Básico de Protección Social tras haber discutido acerca de:

La relevancia y vigencia de los principios fundadores de la OIT contenidos en su Constitución y en los instrumentos normativos adoptados por sus mandantes para dar respuesta al fenómeno de la globalización y a la última crisis que evidenció el fracaso de un modelo de desarrollo basado sobre la disminución del Estado.

La fragilidad democrática por las brechas de ciudadanía activa, la debilidad de sus instituciones republicanas, la violencia provocada por la pobreza y desigualdad que excluye a una gran mayoría de nuestra población de un empleo decente.

La mercantilización del trabajo, la dependencia de nuestras políticas económicas y sociales que no incluyen en su diseño el desarrollo del gran potencial humano y local de nuestra base productiva.

El desequilibrio mundial generado por políticas comerciales y financieras injustas en la distribución de los beneficios y la gran brecha provocada por el estancamiento del valor real de los salarios con respecto al aumento de la productividad.

Por ello, convenimos en la importancia de la acción socio política del movimiento sindical en el marco de la Resolución de 1952 de la OIT, para la generación de un modelo de desarrollo alternativo que haga

efectiva la implementación de los cuatro ejes estratégico de la OIT; tal como lo señala la Declaración de la OIT de 2008 sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa y el Pacto Mundial para el Empleo que a pesar de que tuvo una adhesión mundial fuerte en las principales conferencias multilaterales como en el G20, de manera contradictoria se aprueban a continuación en un gran número de países, al compromiso asumido, una serie de políticas de ajustes que no corresponden si no que corren el riesgo de seguir fomentando la precarización en el empleo, la temporalidad y la tercerización, debilitando el tripartismo y la negociación colectiva así como los principios de las relaciones laborales equitativas que la OIT promueve. El crecimiento económico no es equivalente a desarrollo. Por eso la agenda debe contemplar no sólo políticas para prevenir futuras crisis y potenciar la reactivación económica, sino que debe colocar en su centro estrategias de desarrollo a largo plazo y sostenibles. El movimiento sindical ha identificado 4 ámbitos importantes para el desarrollo sostenible: el político, económico, social, y medio ambiental. El Seminario aportó elementos fundamentales para la construcción de un modelo alternativo incluyente y priorizó en sus discusiones las siguientes temáticas: ROL DEL ESTADO La recuperación del papel regulador del Estado, junto a una participación activa de las organizaciones sindicales, constituyen una necesidad para desarrollar estrategias de promoción del trabajo decente. Los resultados de la actuación del mercado como mecanismo de asignación de recursos se han descargado sobre el conjunto de los trabajadores, provocando más precarización, más desempleo, menos salarios, en fin, un claro retroceso en la búsqueda de trabajo decente. Se hace imprescindible, por ende, fortalecer las instituciones laborales, y el Estado posee un papel estratégico para garantizar pisos mínimos de garantía de derechos para el conjunto de los trabajadores. La ineficiencia del mercado se ha verificado también en contextos de crecimiento económico, ya que sin intervención estatal en pos de garantizar trabajo decente y sin una participación activa de las organizaciones sindicales, dicho crecimiento no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para los trabajadores. Es necesario, además, que el crecimiento económico acompañe una profundización de los mecanismos democráticos en el sistema político, y que sea sustentable en términos ambientales.

En los últimos años, las políticas de muchos países latinoamericanos han presentado una fuerte ruptura con relación a las políticas implementadas una década atrás, y que han permitido lograr avances parciales, aún a pesar de presentar fuertes heterogeneidades nacionales. En tal sentido, resulta necesario profundizar la implementación de políticas de empleo que posean una visión integral, evitando que las intervenciones focalizadas se traduzcan en pérdidas de derechos para los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, estas políticas deberán ser complementadas con políticas redistributivas basadas en modelos fiscales progresivos. LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO Y DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE PROMOCION DEL TRABAJO DECENTE Para el modelo de desarrollo alternativo es necesario que las políticas Estatales superen las políticas neoliberales que disolvieron las políticas laborales en las políticas económicas o mejor dicho fueron diseñadas para estar a su servicio, olvidando su papel principal en la disminución de las desigualdades a través de la protección de los trabajadores y trabajadoras, para garantizar el derecho al trabajo y los derechos sindicales como derechos humanos fundamentales en la construcción democrática en nuestros países. Las reformas flexibilizadoras que se aplicaron dejaron de considerar la centralidad del trabajo desestructurando y fragmentando la base de los ejes estructurantes del desarrollo para un empleo decente. Se hace necesaria recuperar la voluntad política para reforzar la institucionalidad laboral y acabar con la desmitificación de los supuestos efectos nocivos de la protección laboral. Para ello son necesarias nuevas políticas macroeconómicas que asignen recursos para una administración laboral que funcione con calidad y eficiencia, recuperando la gobernanza de relaciones laborales deterioradas e inequitativas que pagan millones de trabajadores privados de sus derechos, sin autoridad a la cual recurrir, desalentados de la política lo que pone en riesgo los valores fundantes de la democracia. Se recuerda que la crisis ha tenido lugar tras años de reducción de la política tributaria y tras un desajuste. En los noventa, el neoliberalismo no sólo reestructuró, desestructurando, la economía sino que afectó la política y la sociedad. Quebró el referente del mundo del trabajo y de la cultura asalariada que existía antes de dicho proceso. Urge el papel del estado como garante de políticas públicas distributivas de riqueza. La crisis reciente reafirma la importancia del rol activo y regulador del Estado y la actuación ineficiente de los mercados. Los diversos planes de

estímulo económico han fortalecido una mayor regulación estatal junto a una vuelta de mirada hacia el mercado interno. Ello facilita la configuración de políticas sectoriales junto con una revaloración del salario como elemento sustantivo de la demanda interna. ENFOQUE DE DERECHOS

Proponer un enfoque basado en derechos, a partir de los derechos fundamentales, de Libertad Sindical y reconocimiento efectivo del derecho a la Negociación Colectiva, de eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, a la abolición del trabajo infantil junto a la eliminación de la discriminación en materia de empleo y/o ocupación, como sustento del trabajo decente y junto a ellos como garantía de efectividad y eficacia. Los marcos normativos de los servicios de inspección del trabajo incluidos en los convenios prioritarios 81 y 129 junto al 144 de consulta tripartita.

Con esta solida base de respaldos normativos de la máxima jerarquía en el código internacional del trabajo impulsamos el cumplimiento de los principios y objetivos del convenio 122 de políticas de empleo al ubicar como centro el empleo productivo y libremente elegido como eje relevante de las políticas públicas.

Políticas de empleo que garanticen en su concepción y aplicación la participación de las organizaciones de trabajadores y que en sus contenidos velen por la igualdad de oportunidades y contribuyan en la eliminación de todas las discriminaciones en el empleo y la ocupación de conformidad con el convenio 111 y en materia de remuneraciones entre mujeres y varones el convenio 100 proyectando de manera mas intensa el derecho a un salario justo.

Políticas de empleo que garanticen la igualdad con medidas activas sobre grupos vulnerables como las asociadas a los jóvenes con los marcos de los convenios 142 y 140 de desarrollo de recursos humanos y de licencias por estudios, así como el convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo.

Políticas de empleo que promuevan equidad y de modo relevante como

garantía de adecuada protección las disposiciones adoptadas sobre salarios mínimos, primordialmente el convenio 131, las de tutela de las remuneraciones de los trabajadores para todas las circunstancias de las relaciones laborales incluidas en los convenios 95 sobre protección de salario y 173 sobre la protección de los créditos laborales en los casos de insolvencia patronal y sus recomendaciones. Finalmente el trabajo decente contempla formas de seguridad en el empleo y los parámetros

del convenio 158 constituyen una referencia ineludible en las aspiraciones de los trabajadores.

Con este marco de derechos, principios y valores el papel de los

servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación son fundamentales para asegurar su pleno cumplimiento de acuerdo a los parámetros de los convenios 88 y 181, a fin de contribuir al mejor funcionamiento del mercado de trabajo.

Participar activamente en la formación y ejecución de las políticas de

dichos servicios es indispensable y hay que exigir el respeto del marco normativo, y las consultas a los interlocutores sociales en ellas previstos.

El pleno empleo es responsabilidad de las autoridades públicas y para

alcanzarlo puede ser relevante la colaboración de las agencias privadas siempre y cuando estas se ajusten a la legalidad y se sumen a los esfuerzos para combatir y erradicar la trata de personas y el trabajo infantil.

La acción sindical y su expresión más relevante, la negociación colectiva

contribuyen a la consolidación de la democracia. Las relaciones laborales con derechos suponen organizaciones sindicales eficaces en la promoción de los intereses de los trabajadores.

El éxito de las demandas de justicia social por parte de las

organizaciones de los trabajadores debe de suponer la reducción de sectores excluidos. Para ello las normas internacionales de trabajo de la OIT son una plataforma de gran utilidad y deben ser los convenios y recomendaciones utilizados en forma permanente y en todas las instancias.

TRIPARTISMO Y DIALOGO SOCIAL Las organizaciones sindicales reconocemos que el conflicto entre el capital y el trabajo es constitutivo de las relaciones sociales capitalistas. En tal sentido, reivindicamos el diálogo social como una herramienta para gestionar dicho conflicto, consagrando nuevos y mejores derechos para los trabajadores que deben constituir un piso para las futuras reivindicaciones del movimiento obrero. En este marco, la libertad sindical y la negociación colectiva constituyen principios básicos de la nueva sociedad democrática en construcción, y por ello mismo elementos clave del desarrollo sustentable. Estos dos derechos fundamentales deben ser entendidos como un piso básico

sindical, sin los cuales es imposible consolidar estrategias de promoción del trabajo decente. MULTINACIONALES Y EMPRESAS SOSTENIBLES Como protagonistas de la globalización, las empresas multinacionales deben comprometerse con el cumplimiento de los derechos mínimos ya establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los principios del Global Compact de la Naciones Unidas y las Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE. Como condiciones mínimas e indispensables también deben aplicar los contenidos de la Declaración sobre las EMN y la Política Social y demás convenios de la OIT, en especial el núcleo de derechos que compone la Declaración de los Derechos Fundamentales del Trabajo. El derecho a la información, consulta, a la libertad sindical y negociación colectiva son fundamentales para fortalecer el proceso democrático y estimular el progreso económico y social. El diálogo social tripartito y bipartito posibilita buenas negociaciones salariales y acciones de políticas sociales. En situaciones adversas, pueden disminuir los impactos de los procesos de fusiones y reestructuraciones originados por el actual proceso de concentración y centralización de capital. Las empresas multinacionales y empresas sostenibles deben promover la práctica cotidiana de diálogo social con todas las partes interesadas, incluso con las Redes de Trabajadores y con las Federaciones Internacionales para negociar Acuerdos Marcos Globales, posibilitar la participación de los trabajadores en los espacios de decisiones, como por ejemplo, en los consejos de administración. Cambiar el concepto filantrópico del tema Responsabilidad Social Empresarial, generalmente utilizado como estrategia de marketing, por un nuevo concepto coherente con el cumplimiento de la legislación laboral, social y ambiental, donde contribuya con el desarrollo sostenible y promoción de la equidad entre las personas, en especial para la cuestión de género, raza y personas con deficiencia física. La práctica de la Responsabilidad Social Empresarial de estas empresas debe:

Promover la competitividad sobre la mejor practica socialmente responsable, delante de las diferentes leyes laborales y ambientales existentes entre los países y las regiones.

Realizar acciones concretas para asumir la responsabilidad por los impactos que producen en el ambiente de trabajo, en los entornos

de las empresas, en el medio ambiente y en la sociedad en general.

Evitar las prácticas antisindicales en las relaciones de trabajo. Así como exigir la aplicación y monitorear las normas internacionales de sus proveedores en la cadena productiva.

Excluir de sus practicas la subcontratación o trabajo por agencias como forma de precarización de las condiciones de trabajo e ingresos. Deben asumir la corresponsabilidad por cualquier eventualidad practicada por las empresas contratadas.

La necesidad de transparentar la información que generan sus actividades y operaciones para garantizar el ejercicio de la negociación colectiva.

Fortalecer las acciones de formación para los trabajadores sobre los factores psicológicos y sociales que afectan al trabajo ya que estos generan accidentes, ausentismo y adicciones entre los trabajadores.

Procurar la creación de nuevos espacios para la formación

profesional y el establecimiento de fondos que lo hagan viable. SALARIO DE EQUILIBRIO DISTRIBUTIVO PARA EL TRABAJO DECENTE Los cambios producidos en la estructura socio laboral operados en el modelo neoliberal, provocaron procesos de desalarización y en general de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Toda iniciativa que promueva una justicia distributiva debe contemplar al salario como dinamizador por excelencia.

El cambio de mirada respecto a la dinámica de los ingresos, la recuperación de las herramientas de política económica por parte de los gobiernos, la implementación de políticas fiscales y monetarias de corte expansivo como revitalizadora de la actividad económica; encuentran en la dinámica salarial un eje de la política de ingresos. En consecuencia resulta oportuno incorporar la idea que los niveles salariales se deben corresponder con estándares de empleo decente, encontrando el nivel en el salario de equilibrio distributivo. El análisis de la evolución en la teoría económica permite reconocer que existen otras alternativas que la visualización de los mínimos salariales como elementos distorsivos de los equilibrios entre oferta y demanda de

trabajo. También permite desmitificar la relación presentada como irrefutable entre salario mínimo/informalidad o salario mínimo/desempleo; distinguiendo los efectos que implica entorno a los niveles de pobreza, ingresos y empleos en las economías. Claro que la importancia y virtud de este instrumento se encuentra íntimamente ligada a la participación de los actores sociales en el proceso de seguimiento, actualización y fijación y, fundamentalmente, del Estado en la recuperación de su rol regulador y de presencia en el cumplimiento y fiscalización de los niveles de acuerdo. Resulta, entonces, insoslayable la contribución que el salario y sus pisos hacen a la seguridad económica y a la Seguridad Social. En este orden, deriva indispensable la visualización e identificación del Salario diferido como elemento integrador de la Seguridad Social en el marco de las relaciones laborales. En efecto del mismo modo que el salario encuentra centralidad en el empleo decente, es el salario diferido el eje sobre el cual construir y ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social, con énfasis en colectivos de trabajadores de alta vulnerabilidad como lo representan los trabajadores migrantes. El proceso histórico, la evolución social, los cambios operados por la globalización, como elementos estructurales; y la crisis financiera mundial originada en el año 2008, configuran un desafío para la extensión horizontal de la cobertura en protección social, compatible con mínimos sociales que impidan a los trabajadores caer un situación de pobreza. En este contexto se enmarca la iniciativa del piso social básico de protección social promovido por el sistema de Naciones Unidas y afinada por la OIT, en cuanto al necesario enfoque de la iniciativa basada en derechos. En tal sentido, se distingue la relevancia de la propuesta de consenso desarrollada por la CSA, plasmada en la Plataforma Continental de la Seguridad Social (PLACOSS) en donde se reconoce el convenio 102 como norma mínima de seguridad social. Asimismo, se identifica la construcción de un Piso de protección social, como respuesta a la crisis de coyuntura. Este piso social básico debe ser pensado no como meras medidas asistenciales, tiene que ser la base de un sistema integral de seguridad social como modelo de protección de largo plazo, ambos con el Trabajo Decente como referencia y objetivo. En esta línea resulta útil complementar la idea de piso social con la de edificio social,

donde la cobertura se encuentre complementada con pilares contributivos fuertes y suficientes para los trabajadores. Respecto al financiamiento, la centralidad debe estar puesta en el empleo y el salario, dado el efecto que estos producen en torno a la contributividad y la formalización del empleo. Sin perjuicio de ello, toda iniciativa de extensión horizontal de la cobertura-piso básico debe suponer financiamiento de afectación tributaria, con reformas estatales que permitan dotar de progresividad a la política impositiva. PROTAGONISMO DEL MOVIMIENTO SINDICAL El movimiento sindical reafirma la legitimidad de su participación e incidencia en el escenario político en la búsqueda de la promoción y cumplimiento de los pilares del Trabajo Decente en alianza con otras organizaciones sociales. De allí la importancia del fortalecimiento de la representación sindical en sus diferentes espacios de interlocución y principalmente la cobertura sectorial en coordinación con las Federaciones Sindicales Internacionales en las bases sectoriales nacionales. Para ello es necesario seguir fortaleciendo la perspectiva internacionalista en las estrategias y la acción que articule la dimensión local, nacional, regional y mundial. El movimiento sindical nacional e internacional reafirma la importancia de la OIT como Organismo promotor del tripartismo y garante del cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo y en este escenario se hace necesario el fortalecimiento de ACTRAV para que pueda responder a las reales necesidades del movimiento sindical. Con relación a las estrategias internas de los sindicatos debemos fortalecer los procesos de formación de equipos técnicos sindicales en programas claves como: genero, juventud, comunicación, empleo y salario, Plataforma Laboral de las Américas y la Plataforma sindical Continental de Seguridad Social y avanzar en el debate de la auto reforma sindical. Y con relación a las estrategias externas debemos ser capaces de responder a los desafíos de los temas y políticas que nos imponen los Organismos e Instituciones Multilaterales con una visión estratégica para la construcción de una nueva agenda que incluya nuestras necesidades. CONSENSOS Y PROPUESTAS Ante realidades diferentes, objetivos estratégicos convergentes y respuestas adaptadas a las realidades nacionales se refuerza la importancia de seguir trabajando sobre la unidad de acción del movimiento sindical a nivel nacional e internacional.

El movimiento sindical debe utilizar las herramientas e instrumentos normativos como bandera de lucha para sus reivindicaciones difundiéndolos de manera permanente. En este sentido el trabajo en Red para compartir experiencias, información relevantes y crear un banco de datos estadísticos propio que incorporen indicadores . En el marco del debate de los niveles de la negociación colectiva, salarios y el rol de las multinacionales, el movimiento sindical nacional e internacional mantienen el compromiso del sindicalismo socio – político y la urgente necesidad y prioridad de enfrentar, conjuntamente con las Federaciones Sindicales Internacionales, el desafío de responder a las políticas de las Instituciones multilaterales en aspectos de la macro política y economía que además vienen en un creciente proceso de descalificar las estrategias sindicales, a su membrecía y la dirigencia. En este sentido debemos asegurar la presencia sindical en las Agencias de cooperación e instituciones multilaterales para establecer puentes entre las organizaciones sindicales y la cooperación generadas a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Pacto Global de la ONU, la Agenda de Trabajo Decente de la OIT, el Pacto Mundial por el Empleo, la Declaración Tripartita de la OIT, sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, así como, las Directrices de las Empresas Multinacionales de la OCDE, y las “Normas sobre Responsabilidad de Empresas Transnacionales” en discusión, entre otras. El movimiento sindical debe crear condiciones, a través de la formación de capacidades y habilidades de las organizaciones y sus dirigentes, para participar con éxito en el debate e incidir en las políticas de las Instituciones multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE). PARTICIPANTES ARGENTINA LUIS ERNESTO CAMPOS Coordinador del Observatorio de Derecho Social de la Central de Trabajadores de Argentina.

GULLERMO ZUCCOTTI Interventor del EMTD de la CGT de Argentina

COLOMBIA GABRIEL PEREZ PUENTE Organizador Nacional de la Confederación General de Trabajo de la CGT de Colombia.

NOHORA STELLA TOVAR MANRIQUE

Secretaria Ejecutiva de Metalurgia de la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC.

PERU PABLO JAVIER CHECA LEDESMA

Director del Instituto de Estudios Sindicales de la CGTP de Perú

BRASIL FABIO AUGUSTO LINS Secretario de Relaciones Internacionales de la

Confederación Nacional de los Químicos de la CUT Brasil

MEXICO MARIA TERESA DE JESUS MACIAS GARCIA

Secretaria de Equidad de Género del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana e Integrante de la UNT.

RAFAEL MARINO ROCHE Técnico de Larga Distancia del Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana e Integrante de la UNT.

GUADALUPE ESPINO RODRIGUEZ Asesor Sindical de Vanguardia Obrera de la CROC. ALBERTO SUAREZ HERNANDEZ

Delegado Subseccion 09 de la Federación Nacional Refresquera de la CROC.

HUGO RENDON JIMENEZ Coordinador de Programas de Comité de Políticas Internacionales de la Secretaria de Asuntos Internacionales de la CROC.

LUIS ALBERTO ECHEVERRIA NAVARRO Director General del Centro de Estudios Superiores CTM “Justo Sierra O.”.

ITZELL ZUYELI PEDROZA IBARRA Coordinadora de Programas Estatales de la CTM en el Estado de Quintana Roo, México.

JOSE LUIS REYES RETURETA

Secretario de Bienestar Social y Ecología de la CTM en el Estado de Quintana Roo, México.

MAURA PATRICIA HERNANDEZ TAPIA Coordinadora de Programas de la Secretaria de Acción Política del Comité Nacional de la CTM. Edificio Sede.

NEFTALI ORTIZ VELAZQUEZ Coordinador General de la Secretaria de Acción Política del Comité Nacional de la CTM. Edificio Sede.

PONENTES PABLO ARNALDO TOPET Profesor Adjunto del Departamento Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. JULIO HERNAN GAMERO REQUENA Consultor de la OIT CARMEN BENITEZ GAMBIRAZIO Especialista en Educación Obrera de la Oficina Regional de la OIT con sede en Lima, Perú. REGINA GALHARTI Especialista Principal en Desarrollo del Empleo de la Oficina para Cuba y México de la OIT en México. MARIA MARTHA AYALA MONREALE Coordinadora Cooperación al Desarrollo Responsable de Programas de Seguridad Social de la Confederación Sindical de Trabajadores/As de las Américas ACTRAV – CIF TURIN, ITALIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE FORMACION SINDICAL PARA LAS AMERICAS JESUS GARCIA JIMENEZ




PLATAFORMA SINDICAL CONTINENTAL EN SEGURIDAD SOCIAL

1

Plataforma Sindical Continental sobre

Seguridad Social

Presentación

El movimiento sindical de las Américas, representado en la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y las Centrales/Confederaciones afiliadas y fraternas ha culminado el proceso de construcción, debate y consenso colectivo de la Plataforma Sindical Continental sobre Seguridad Social, la cual fue aprobada en el Consejo Ejecutivo de la CSA en el mes de abril de 2010.

La CSA pone a consideración de los y las trabajadores y trabajadoras organizados o no, de las Américas y la sociedad civil organizada esta Plataforma Sindical, fruto de un proceso democrático de reflexión, debate y consulta entre diferentes perspectivas del movimiento sindical y expertos/as, en la búsqueda de contribuir a la elaboración de una propuesta al acceso universal, solidario y público de la Seguridad Social como Derecho Humano fundamental.

Pretendemos que la Plataforma Sindical Continental sobre Seguridad Social sea utilizada como instrumento de trabajo político - estratégico y que guie el accionar de los sindicatos en la materia.

El documento consta de la siguiente estructura y contenido:

1- PUNTO DE PARTIDA - El Programa de Acción de la CSA y la Seguridad Social

- Estado de situación de las Américas en Seguridad Social - En particular: ante la crisis y el fracaso de las privatizaciones de la Seguridad Social

2- PASOS SINDICALES‖ HACIA LA PLATAFORMA

- Protagonismo sindical en la 89ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2001)

- Debate sindical sobre propuestas en Seguridad Social (2007-2009) - Seguridad Social como Derecho Humano fundamental - El reto de la extensión de la Protección Social en las Américas.

3- LA PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

4- PROPUESTA DE ACCIÓN

Agradecemos desde la CSA y su Secretariado al Equipo de Representación de los Trabajadores del Banco de Previsión Social de Uruguay y a la OIT – ACTRAV – Centro de Formación de Turín, por su decidida colaboración en la concreción de este esfuerzo.

También agradecemos la cooperación solidaria de ISCOD – UGT - AECID - a través del Convenio ―Fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores promoviendo la formación sindical y facilitando su intervención en el mercado de trabajo y en los procesos de codesarrollo‖, que ha financiado las actividades de debate para la construcción de la PLACOSS y compartiendo la experiencia española sobre el tema.

Sao Paulo, mayo de 2010

Víctor Báez Mosqueira Secretario General

PUNTO DE PARTIDA

El Programa de Acción de la CSA y la Seguridad Social

El Programa de Acción de la Confederación Sindical de los trabajadores y trabajadoras de las Américas - CSA, adoptado en su Congreso Fundador de marzo de 2008 en Panamá, en su epígrafe titulado ―El sindicalismo en la promoción del desarrollo sostenible para las Américas‖, afirma que la CSA se compromete a desarrollar políticas que tengan caminos y objetivos muy claros a ser alcanzados para construir un modelo de desarrollo sostenible (…) con el máximo respeto por la libertad de sindicalización y organización de modo que el sindicalismo pueda ser un actor con poder real en el proceso. En su punto 13, continúa diciendo – ―La ejecución exitosa de los modelos (de desarrollo sostenible) debería redundar entre otros resultados en: …/…

La creación de trabajo decente para todos y todas sin exclusión

Una distribución del ingreso y la riqueza y con ello una disminución de las crecientes desigualdades sociales actuales en cada país y entre países.

La eliminación del desempleo, el subempleo, la informalidad y la precariedad

La reducción sustantiva de la pobreza y la eliminación de la indigencia.

Acceso gratuito y universal a los servicios públicos que en realidad son derechos humanos como por ejemplo, la educación, la salud y el agua/saneamiento.

Seguridad Social para todos y todas a través de un pilar público básico financiado con impuestos que genere una pensión universal (sin perjuicio del necesario pilar público contributivo de financiación tripartita mas adelante explicitado).

…/…‖ Dentro del apartado de Políticas Socio laborales, en la parte dedicada a la Seguridad Social, dice: “La CSA asume el compromiso de luchar para que todas y todos los/las trabajadores/as, asalariados o no asalariados, tengan seguridad social. Hoy en día en las Américas enfrentamos una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores/as del sistema de salud y seguridad social. Buena parte de esa situación se derivó de las políticas neoliberales implementadas en el continente que disminuyeron el rol del Estado en diversas políticas públicas, abriendo las puertas para las privatizaciones‖. (punto 46) ―Es urgente fortalecer los sistemas de seguridad social, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado. Se presenta entonces la necesidad de una estrategia múltiple, basada en establecer una pensión universal para todos y todas las trabajadoras/es proporcionada por el Estado y financiada con impuestos, así como preservar y reformar los sistemas de reparto para fortalecerlo‖. (punto 47)

Esta Plataforma de Seguridad Social de las Américas sirve de desarrollo de lo anterior ante el urgente reto de la extensión de la seguridad social en el Continente. Estado de situación de las Américas en Seguridad Social La Seguridad Social es un Derecho Humano fundamental, y solo asumiendo nuestros derechos como tales, nos sentiremos con toda la fuerza y determinación necesarias para reivindicarlos y exigirlos. Más de 60 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, las Américas presentan muy serias deficiencias respecto a distribución de renta, generación de empleo decente, libertad sindical, equidad de género, etc. Hoy el panorama estructural económico y sociolaboral en las Américas en materia sociolaboral se caracteriza, en la mayoría de los países por:

un crecimiento económico con bajos niveles de productividad y tecnología, con un atraso endémico del sector agrícola, y una muy inequitativa distribución de la renta (con los peores indicadores a nivel mundial).

muy altos índices de informalización laboral, tanto entre los trabajadores/as dependientes como entre los trabajadores/as autónomos, junto a extendidos procesos de desempleo, subempleo, tercerización y pobreza. La vulnerabilidad laboral es especialmente alta entre las mujeres, los jóvenes, la población migrante, y los trabajadores/as del campo.

una debilidad Institucional y de políticas públicas en Protección Social y en Salud y Seguridad en el Trabajo.

limitaciones, e incluso eliminación, del ejercicio de la libertad sindical, incluyendo la persecución de dirigentes sindicales y hasta su asesinato (en Guatemala y Colombia); insuficiente desarrollo de la negociación colectiva y escasa utilización del tripartismo y el diálogo social como instrumentos de legitimación social.

En particular: ante la crisis y el fracaso de las privatizaciones de la Seguridad Social La reciente crisis afecta a la Seguridad Social cualquiera que sea su modalidad, introduciendo un conjunto de fenómenos negativos adicionales: menor recaudación por menor afiliación, mayor morosidad, mayores abusos de los empleadores y menores pensiones. La crisis también ha puesto en evidencia, de manera definitiva, las grandes carencias de los regímenes de capitalización individual operados por fondos privados de pensión, que se han expandido en los últimos veinte años en América Latina y Caribe como parte de las reformas neoliberales, afectando a las pensiones, salud y riesgos profesionales. Tales regímenes tienen en su interior un conflicto entre el principio de rentabilidad que persiguen, con eje en altas comisiones y colocaciones riesgosas en el negocio bursátil, y la promesa de cobertura ante la contingencia social, no habiendo establecido mecanismos suficientes que garanticen la seguridad de los fondos previsionales. Como consecuencia, las reformas estructurales privatizadoras implantadas en varios de nuestros países no han logrado aumentar la cobertura ni la calidad de las prestaciones, por el contrario han aumentado la exclusión social y peor aún, en el actual estado de crisis financiera, los trabajadores

perdemos nuestros aportes que se encontraban depositados en los ―fondos de ahorro de pensiones‖ y que se suponía, eran la solución a la hora de jubilarnos. La incertidumbre de estos sistemas estimula la vulneración de derechos en el trabajo (en ambos sectores formal e informal), los deterioros de los indicadores socio-laborales, lo que nos debe hacer pensar en nuevas soluciones alternativas que verdaderamente puedan efectivizar el imprescindible aumento de los niveles de cobertura. La crisis en los países industrializados ocasiona problemas adicionales para la Protección Social en América Latina y el Caribe, al generar un flujo de migración de retorno, que presionará sobre las necesidades de tales políticas en los países de origen. En igual sentido juega la reducción de remesas de inmigrantes, en cuanto a la menor capacidad de recursos los emigrantes que permanecen en el país de destino, frecuentemente afectados por la crisis en mayor medida dada su precaria inserción laboral. En América Latina y el Caribe, la crisis ha traído como consecuencia un proceso de reacciones nacionales en la Protección y Seguridad Social, centrado en la recuperación y ampliación del papel del Estado en las políticas públicas. Este es el caso de Argentina y Chile: El 21 de octubre de 2008, la Presidenta de Argentina anuncio la finalización del sistema privado de jubilaciones y pensiones. También en 2008 Chile ha realizado una Reforma de la Reforma Privatizadora, que si bien no va a las causas del problema, pretende buscar soluciones para los grandes sectores de la población sobre cuya protección el modelo privatizador no da respuestas. Estos acontecimientos nos demuestran que la Seguridad Social siempre debe ser considerada una política de Estado. En la mayor parte de los países que cuentan con fondos privados se desarrolla actualmente un debate público y se elaboran nuevas propuestas, como es el caso de Uruguay, Bolivia y Perú. El rol del Estado es fundamental en todo este escenario, siendo el Estado el único que puede formular un plan nacional general de desarrollo de la Seguridad Social, que priorice sobre colectivos y sobre prestaciones, haciendo progresiva la extensión de la cobertura. Todos asumimos que las carencias de las que partimos no las vamos a poder resolver de la noche a la mañana, y que va a hacer falta mucho trabajo, determinación y voluntad política para conseguirlo, para lo que es fundamental identificar cuales son los primeros pasos que debemos dar en la dirección correcta, siempre con reglas claras, y tomando los Convenios de la OIT como referentes, especialmente el Convenio 102, de norma mínima de Seguridad Social. La ratificación del Convenio 102 en las Américas debe pasar de la reivindicación sindical a la agenda política, como ha ocurrido en Brasil y en Uruguay en 2009.

“PASOS SINDICALES” HACIA LA PLATAFORMA

Protagonismo sindical en la 89ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 2001) Gracias al protagonismo y liderazgo sindical en el proceso, la 89ª Conferencia Internacional del Trabajo del año 2001, aprobó una Resolución y conclusiones relativas a la Seguridad Social que estableció un consenso mundial en torno a cuestiones y prioridades fundamentales importantes, a tener en cuenta:

1.- debe concederse prioridad a las políticas e iniciativas destinadas a ampliar la cobertura de la seguridad social para abarcar a quienes carecen de ella. 2.- la seguridad social no sólo reviste gran importancia para el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de la comunidad en su conjunto, sino que, de gestionarse adecuadamente, también aumenta la productividad y apoya el desarrollo económico. 3.- el envejecimiento de la población afecta tanto a los sistemas de pensiones basados en la capitalización como a los basados en el reparto: es necesario buscar soluciones basadas preferentemente en las medidas destinadas a aumentar las tasas de empleo. 3.- los interlocutores sociales tienen un importante papel que desempeñar en la gestión de la seguridad social. Las propuestas de acción a que se llega en esta resolución siguen manteniendo absoluta vigencia y con mayor énfasis, si cabe, en el contexto actual de crisis financiera, económica, social y de empleo.

Debate sindical sobre propuestas en Seguridad Social (2007-2009) Durante el bienio 2007-2009, y en el marco de proyectos de cooperación internacionales, han habido importantes encuentros sindicales internacionales en América Latina (subregionales y regionales) para el debate y la definición de prioridades y posibles estrategias de intervención sindical en seguridad social. Dichos eventos han contribuido al fortalecimiento de las capacidades sindicales en materia de Seguridad Social, el intercambio de experiencias y la identificación de prioridades comunes de actuación, canalizadas en declaraciones y documentos de referencia, cuales las declaraciones de Lima de marzo de 2009, de Madrid de marzo de 2009 y de Montevideo de diciembre de 2009 (y que se incluyen como anexos a este documento, sirviendo su contenido para la elaboración de esta Plataforma); en particular la Declaración de la X Cumbre Sindical Iberoamericana (Lisboa, noviembre de 2009) reconoce necesario priorizar un nuevo modelo económico sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social, que contribuya a combatir la pobreza, la exclusión, la informalidad, la desocupación y que promueva el trabajo decente, cuya esencia es la promoción y cumplimiento efectivo de derechos . Seguridad Social como Derecho Humano fundamental La Seguridad Social es un Derecho Humano, y solo asumiendo nuestros derechos como tales, nos sentiremos con toda la fuerza y determinación necesarias para reivindicarlos y exigirlos, y sobre esta idea fuerza se ha venido trabajando en la Región en los últimos años. Base normativa imprescindible es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (10/12/1948), la cual reconoce -entre otros derechos laborales y sociales1- el derecho fundamental a la seguridad social:

1 La Declaración recoge también como derechos humanos los siguientes derechos laborales y sociales: Derecho a igual salario

por trabajo igual (art.23.2), Derecho a una remuneración equitativa (art.23.3), Derecho al descanso (art.24), Derecho a cuidados y

asistencia especial por maternidad e infancia (art.25.2), Derecho a la educación (art.26). Asimismo, toda persona tiene derecho - artículo

25 de esta Declaración - a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdidas de sus

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad; la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y

Artículo 22: Declaración Universal de Derechos Humanos´. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1.948. 1) "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener... la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad". 2) "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".

La implementación del derecho a la seguridad social se hace tanto mas prioritario si consideramos que cinco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) definidos en la Declaración del Milenio por 189 países en el año 2000, en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, están directamente relacionados con la seguridad social, tales como: erradicar la pobreza extrema y el hambre (objetivo 1), promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer (objetivo 3), reducir la mortalidad infantil (objetivo 4), mejorar la salud materna (objetivo 5) y combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades (Objetivo 6). De esta manera queda clara la importancia de la seguridad social como respuesta a la crisis y como herramienta para la construcción social, involucrando en el proceso a todo al Sistema de Naciones Unidas y a sus Estados miembros.

El reto de la extensión de la Protección Social en las Américas. Ya el Programa de Acción de la CSA, identifica como resultados de un modelo de desarrollo sostenible, la seguridad social para todos y todas a través de un pilar público básico financiado con impuestos, el acceso gratuito a la salud, la educación y el agua/saneamiento, una mejor distribución del ingreso y la riqueza y con ello una disminución de las crecientes desigualdades sociales actuales. Y que debe ir acompañado de un pilar público contributivo de financiación tripartita como parte central del sistema. La Seguridad Social en América Latina, ofrece escasos niveles efectivos de cobertura, representando apenas una cuarta parte de la población en muchos países, fundamentalmente como resultado de la alta informalidad, pero también por el empleo no registrado, y la evasión empresarial. A ello se agregan los efectos del desempleo sobre la densidad de cotización y los problemas complementarios ocasionados por la rotación laboral, la tercialización y la subcontratación, como producto de las políticas de flexibilización que diluyen la responsabilidad empresarial. En los Estados se observa severas limitaciones en su capacidad efectiva de recaudación, control y sanción, generándose altos porcentajes de evasión y percepción de impunidad; ausencia de sistemas

asistencia especiales; y, todos los niños nacidos de matrimonios o fuera de él, tienen derecho a igual protección social.

fiscales progresivos y un escaso nivel de ratificación y aplicación de las normas internacionales en esta materia, como el Convenio 102 de OIT2.

El resultado es que más de la mitad de la población latinoamericana carece de ningún mecanismo de protección social, y en algunos países de la Región ese porcentaje llega al 80%, agudizándose esta situación para el caso de las mujeres, los niños y las niñas y el adulto/a mayor. Este es el reto al que nos enfrentamos y, por lo tanto, debe ocupar el centro del debate político y social sobre el futuro de nuestras sociedades, y sus consecuencias para la democracia.

El Estado es la única institución que puede formular una estrategia nacional general de desarrollo de la Seguridad Social, con participación de trabajadores y empleadores, en el que la cobertura de prestaciones básicas debe entenderse como un primer paso en el proceso de extensión de la cobertura a todas las personas, sobre todos los riesgos, con prestaciones suficientes, permanentes y sostenibles financieramente. Frente al reto de la extensión de la Protección Social, la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (OIT junio 2008) específicamente exhorta a los Estados Miembros a ―adoptar y ampliar medidas de protección social — seguridad social y protección de los trabajadores — que sean sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales‖, con inclusión entre otros, de: ―la ampliación de la seguridad social a todas las personas, incluidas medidas para proporcionar ingresos básicos a quienes necesiten esa protección, y la adaptación de su alcance y cobertura para responder a las nuevas necesidades e incertidumbres generadas por la rapidez de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y económicos;‖ así como ―condiciones de trabajo saludables y seguras‖; de la misma forma, reconoce en el dialogo social y el tripartismo los métodos más apropiados para el logro de la aplicación de las mismas.

LA PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS

Puestos en esta realidad, los trabajadores y las trabajadoras sostenemos que:

1. El Estado debe ser garante, gestor y administrador de los Sistemas de Seguridad Social, desarrollando las políticas de Protección Social, que los complementen, garantizando una real participación de los trabajadores en actividad y jubilados. En tal sentido, reafirmamos el contenido de la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), acordada por el sindicalismo de la región, y que fuera presentada ante la IV Cumbre de las Américas (Mar del Plata, noviembre 2005). En esta PLA se llama a participar en la construcción de un modelo de Seguridad Social integral, solidario, redistributivo, universal y con la responsabilidad del Estado que equilibre la sociedad con las garantías de protección a todas las trabajadoras y los trabajadores con independencia de la forma de inserción laboral o de su localización geográfica, así como del origen nacional y que siente las bases del modelo de sociedad que todos nos merecemos.

2. La Seguridad Social como elemento estratégico y constitutivo del Trabajo Decente, y este a

su vez como objetivo central de todas las políticas. Los gobiernos deben impulsar políticas de

2 Los países de las Américas que han ratificado este convenio son: Bolivia (31/01/1977), Brasil (15/06/2009), Costa Rica (16/03/1972), Ecuador

(25/10/1974), México (12/10/1961), Perú (16/08/1961) Suriname (15/06/1976), Uruguay (17/09/2009) y Venezuela (05/11/1982)

Trabajo Decente que incrementen las oportunidades de acceso a empleos en mejores condiciones de ingreso, seguridad y productividad, favoreciendo la ―formalización‖ del empleo con derechos, en coherencia con los Planes Nacionales de Trabajo Decente, y con equidad de género. Referente fundamental es la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (OIT junio 2008), cuando afirma que ―los cuatro objetivos estratégico (derechos, empleo, protección social y diálogo social) son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente‖, y que ―la falta de promoción de cualquiera de ellos menoscabaría el logro de los demás‖.

3. La defensa de los derechos colectivos de libertad sindical, huelga y negociación colectiva, en tanto que es inherente a la razón de ser del movimiento sindical, se mantiene y refuerza.

4. Es necesario que nuestros países definan Estrategias nacionales en Seguridad Social y sus

políticas públicas correspondientes, y en todos sus ámbitos: salud (preventiva y curativa), pensiones, prestaciones familiares, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y desempleo; buscando un justo equilibrio entre prestaciones contributivas y no contributivas, que no pierdan poder adquisitivo a lo largo del tiempo, y que den respuesta a este Derecho Humano Fundamental que es la Seguridad Social.

5. Para mejorar los niveles de Protección Social es necesaria la participación de los

trabajadores y de las trabajadoras en el diseño, seguimiento, control y, en su caso, gestión. Previamente a la toma de cualquier resolución estatal en esta materia, deben ser consultadas las organizaciones sindicales. Para lograrlo necesitamos organizaciones sindicales fuertes, representativas, y desarrollar una política de alianzas amplia, porque no alcanza con los trabajadores/as y los jubilados/as. Para avanzar hay que involucrar a la sociedad en su conjunto (incluidos los trabajadores/as rurales, o los integrados en el sector informal), y a los empresarios, por eso la importancia del dialogo social y la participación tripartita. Con participación y transparencia, con propuestas, con organizaciones fuertes y promoviendo el dialogo social, es posible ampliar la cobertura y corregir las carencias institucionales.

6. Es necesaria la extensión vertical y horizontal de la cobertura de la Seguridad Social

a. La extensión horizontal significa el aumento cuantitativo del número de personas cubiertas por los regímenes de protección social, incluidos los de la economía informal, y los/las trabajadores/as del campo, mediante la aplicación y expansión de pilar público básico, financiado por impuestos que graven fundamentalmente las ganancias y el patrimonio, destinadas a brindar una seguridad básica del ingreso a la población en edad de trabajar (tomando el salario mínimo como referencia), servicios de salud integrales y progresivos para todas las personas, prestaciones destinadas a los hijos, coordinados con un conjunto de políticas en materia de educación/salud/mercado laboral y políticas familiares, y pensiones básicas para los ancianos y los discapacitados. El Estado es la única institución que puede, y debe, formular un plan nacional general de desarrollo de la Seguridad Social, con ineludible participación de trabajadores y empleadores, para garantizar la efectividad del sistema,

en el que la cobertura de prestaciones básicas debe entenderse como un primer paso en el proceso de extensión de la cobertura a todas las personas, sobre todos los riesgos, con prestaciones suficientes, permanentes y sostenibles financieramente. Cada Estado deberá comprometer un porcentaje del PBI a financiar la seguridad social, como piso mínimo garantizado y de manera de ligar el crecimiento económico con el bienestar social de la población.

b. La extensión vertical está referida a las situaciones de necesidad cubiertas (enfermedad, vejez, viudez, desempleo, maternidad, etc)y la calidad de las prestaciones que deberán extenderse y mejorarse progresivamente con financiación contributiva tripartita de Estado, empleadores y trabajadores/as (pilar público

contributivo de financiación tripartita como parte central del sistema).

7. En la Región, sin obviar diversos problemas a resolver en términos de calidad de prestaciones y la propia gestión del Sistema, urge enfrentar la ampliación de la cobertura de pensiones y de salud (preventiva y curativa) para el gran número de trabajadores/as no registrados. Se necesita modificar la situación referida al no registro de relaciones de dependencia, en empresas formales o “informales”, incluyendo aquellas simuladas como autónomas en relaciones tercerizadas. Las instituciones públicas deben dotarse de recursos para ejecutar procesos de fiscalización para detectar la evasión y elusión en las aportaciones, aplicar sanciones y recuperar los recursos provisionales, fortaleciendo las leyes nacionales y los sistemas de inspección, y planteando acciones penales en contra de los empleadores por el delito de fraude de recursos públicos. Especial mención merece la necesidad de pago de la deuda histórica acumulada al seguro social por algunos gobiernos

8. El no registro de los/as trabajadores/as autónomos (también denominados independientes,

autoempleados, autogenerados, cuentapropistas, no dependientes, no asalariados o trabajadores de la economía informal, tanto en zonas rurales como urbanas) debe encararse mediante regímenes contributivos y no contributivos adecuados a sus particularidades e ingresos, integrado en un sistema solidario que garantice una cobertura mínima. Ello requiere reformas fiscales profundas de carácter progresivo que graven fundamentalmente las ganancias y el patrimonio, con énfasis en los capitales financieros de carácter rentista y especulativo que no otorgue privilegios al capital extranjero frente a la inversión nacional, y que posibilite reducir el peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, en especial el de bienes y servicios básicos.

9. Defendemos el Convenio 102, en tanto norma mínima de Seguridad Social, y referente

normativo internacional, al establecer criterios y reglas claras para la cobertura de las nueve contingencias básicas de Seguridad Social: Asistencia Médica, Enfermedad, Desempleo, Vejez, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Asignaciones Familiares, Maternidad, Invalidez y Viudez. A su vez se deben contemplar los demás Convenios, resoluciones y recomendaciones sobre

Protección Social, Derechos Fundamentales y Trabajo Decente. Al mismo tiempo considerar el las

decisiones, convenios y cartas sociales sobre la materia en los procesos de integración subregional

(CAN, Mercosur, SICA y CARICOM), así como el Convenio Multilateral Iberoamericano de

Seguridad Social.

10. Se ha de trabajar para suprimir cualquier tipo de discriminación en la seguridad social.

Teniendo además en cuenta que la discriminación social y laboral se traduzca en la discriminación

en los modelos de protección social. Es necesario superar la discriminación en todos sus aspectos,

especialmente el racial, siendo necesario además destacar aquello que excluye a las comunidades

originarias y a los trabajadores/as rurales de los sistemas de protección social.

11. Atención específica y transversal hay que poner a la equidad de género: es un hecho que la mayoría de los regimenes de seguridad social fueron en su día establecidos sobre la base de que los hombres eran sostén de la familia, y de que existía un ―natural‖ reparto de tareas y funciones al interno de las familias, de tal manera que las mujeres eran percibidas como trabajadoras secundarias y se subvaloraban socialmente sus competencias y habilidades. Si además añadimos, que la trayectoria laboral de las mujeres es mas discontinua, tienen menos opciones a promociones laborales, sus carreras se ven interrumpidas por la crianza de los hijos/hijas, concentran periodos mas cortos de cotización y lo hacen sobre salarios sensiblemente menores a los de los hombres; con todas esas circunstancias, hasta un modelo de protección que pretendiera ser neutro en el derecho y la magnitud de las prestaciones, reproduciría estas desigualdades trasladándolas a un modelo de protección social insuficiente para las mujeres. Pero los modelos de protección no han sido neutros, sino que históricamente han tomado al varón, y secundariamente su familia, como sujeto central de protección.

Debemos partir de la necesidad de identificar las diferencias existentes en la aplicación de los sistemas de protección social en función del género, para que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que existen tales diferencias. Solo después seremos capaces de reflexionar, y debatir sus causas, con el objetivo último de desarrollar propuestas que sean capaces de corregir estas diferencias. Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y de reparto de responsabilidades familiares, entre hombres y mujeres, deben ser vistas como un elemento más de la seguridad social. En este sentido se ha de exigir la creación de políticas públicas claras y bien específicas para las mujeres Amas de Casa que hayan sufrido el desequilibrio en el reparto de responsabilidades familiares, ya que están desprotegidas en remuneraciones y protección Social.

12. Ante la nueva realidad de las relaciones laborales y con los altos niveles de desigualdad y pobreza es necesario analizar un nuevo modelo de Seguridad Social, su forma de financiamiento y captación de recursos. Se deben establecer fuentes de financiación tripartita adecuadas con recursos del Estado, de impuestos progresivos al capital y las grandes rentas y contribuciones de empleadores y trabajadores. En particular en la inversión de los recursos de la seguridad social debe haber participación en el control por parte de las organizaciones de los trabajadores/as.

13. Ni la salud, ni las pensiones, ni la cobertura de riesgos profesionales, son una mercancía, por

lo que rechazamos el modelo mercantilista de los fondos privados de Seguridad Social y nos ratificamos en la defensa del sistema de reparto. Es imprescindible modificar los sistemas de

Seguridad Social privatizados que han fracasado rotundamente, para lo cual son esenciales el compromiso y la participación de todo el movimiento sindical a efectos lograr reforzar los sistemas públicos y solidarios, sin perjuicio de las coberturas sociales complementarias previstas en las convenciones colectivas.

14. La reafirmación del derecho a no migrar, como punto de partida para que los trabajadores/as

reivindiquen el derecho a contar con un trabajo decente en su propio país de origen.

15. El fenómeno de la migración, dentro del Continente Americano y también con España y Portugal, y la repatriación de migrantes en contexto de crisis, ubica en toda su magnitud la importancia del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para invalidez, vejez y supervivencia, que debe ser aprobado y aplicado con rango de ley. Un convenio similar ya vigente (desde 2005) en el Mercosur, puede facilitar avances en su aplicación, sin perjuicio de otros convenios supranacionales posibles. Estos son instrumentos imprescindibles, para poder totalizar los años de trabajo de cada trabajador/trabajadora, con independencia de su residencia, evitando la pérdida de derechos.

16. Consideramos una prioridad implementar políticas públicas que promuevan la protección social

y el desarrollo personal y laboral de los y las jóvenes como colectivo de trabajador@s vulnerables. Dicha prioridad es subrayada por el Pacto Mundial por el Empleo (OIT,2009), en donde se reconoce a los jóvenes entre las ―personas vulnerables que han sido duramente golpeadas por la crisis‖3. Afirmamos la necesidad de que la recuperación económica produzca nuevas oportunidades de empleo para los y las jóvenes, y que se trate de oportunidades de trabajo decente, siempre con garantías de protección social como trabajadores y trabajadoras.

17. Ahora, ante la crisis:

a. Más Democracia y más Participación: Reclamar y participar en instancias de dialogo

tripartito para enfrentar la crisis, y la defensa de la negociación colectiva. La reciente crisis económica puso en evidencia la estrecha relación entre el sistema político de cada país, su política económica y el impacto sobre las relaciones laborales y el sistema de seguridad social. En consecuencia debemos procurar sistemas democráticos, con mayor participación y diálogo social tripartito consensuado. En particular sobre las políticas de libre comercio, éstas se han convertido en factores que deterioran el entorno laboral y social, por lo que nos oponemos a su implementación, en la medida en que las negociaciones incluyan normas lesivas al interés nacional y a derechos humanos fundamentales, como la seguridad social.

3 Esta afirmación ha sido respaldada por los datos actuales presentados por la OIT según los cuales en América Latina y

el Caribe hay 7 millones de jóvenes desempleados, y la actual crisis por si sola dejó desocupadas a unas 600.000 personas entre 15 y 24 años,. Además, según las cifras mas recientes publicadas por OIT, entre los jóvenes trabajadores apenas 10% tienen un contrato estable, 35,1% tienen seguro de salud, y 32,5% está afiliado a algún sistema de pensiones.

b. Coherentemente con todo lo anterior, el Pacto Mundial para el Empleo y la Protección Social de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009, surgido como consecuencia de la crisis financiera, económica, social y de empleo, afirma que los sistemas de protección social sostenibles concebidos para prestar asistencia a las personas vulnerables pueden evitar el aumento de la pobreza, solventar dificultades sociales y, al mismo tiempo, contribuir a estabilizar la economía y a mantener y fomentar la empleabilidad; en particular en los países en desarrollo, los sistemas de protección social pueden aliviar la pobreza y contribuir al desarrollo económico y social nacional. En este marco, nosotros revindicamos la implementación urgente de un pilar público básico como primer paso para la construcción del ―edificio social‖. Dicho pilar es un paquete de beneficios mínimos que cubra a todos y todas los que lo necesiten independientemente de su situación de empleo y trabajo, y que garantice acceso a cuidados médicos incluyendo la protección de la maternidad; apoyo familiar a los padres/madres que envíen a sus hijos a la escuela y revisiones médicas regulares; pensiones de jubilación; seguridad de ingresos para los discapacitados; y subsidios para grupos particularmente vulnerables.

c. Prestaciones de Desempleo: Impulsar leyes nacionales que protejan, a través de la

Seguridad Social a los trabajadores y trabajadoras, que pierdan sus puestos de trabajo, en aquellos países donde no existe esta prestación. (Convenio 102, parte IV, Convenio 168 y Resolución 176).

d. Políticas activas de empleo: impulsando programas de Capacitación Profesional para

personas desocupadas, con el fin de reinsertarlos en el mercado de trabajo en la misma rama o en otras actividades en las que se necesiten trabajadores y trabajadoras, con su participación y la de empresarios y gobiernos en la gestión de dichos programas; con participación activa de todos los actores para definir un conjunto de medidas que proteja a los sectores que serán más castigados por la crisis. Participando e impulsando propuestas, desde OIT, CSA, Coordinadoras Subregionales de Centrales, centrales sindicales de cada país, gobiernos y empresarios. En cualquier caso se reconoce la implementación de políticas de pleno empleo productivo y estable (Trabajo Decente) como ―la mejor manera de ampliar la cobertura para los trabajadores sin capacidad contributiva tales como los del sector informal, trabajadoras domésticas, rurales, y de poblaciones originarias.

18. La salud laboral constituye uno de los determinantes sociales más importantes en materia de desigualdad en salud, por lo tanto la Salud y Seguridad en el Trabajo debe asumirse como un área de atención especial dentro del marco de la Protección Social. Con el respaldo de cuanto afirmado en la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el trabajo por los Jefes de Estado y de Gobierno (para 2010-2013), reconocemos como objetivo de primer orden la protección y promoción del ―derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud como derechos consustánciales a la prevención de riesgos laborales‖. Considerando que cada año pierden la vida decenas de miles seres humanos en los más de 30 millones de accidentes de trabajo que ocurren en la Región, revindicamos la mejora sustancial de las condiciones de trabajo como objetivo esencial en el marco de la reforma de

los sistemas de Seguridad Social, y reconocemos el rol prioritario de las políticas públicas de Seguridad y Salud en articular respuestas que coadyuven al aumento del bienestar en el trabajo, así como la importancia de la negociación colectiva en la materia.

19. Los efectos de la crisis económica sobre la Salud y la Seguridad en el trabajo (SST) han sido la reducción de las inversiones empresariales en prevención de riesgos laborales, un menor nivel de vigilancia del Estado sobre los incumplimientos normativos, la reducción de los recursos destinados a las políticas públicas en materia de salud laboral, la expansión de la economía informal y con esta del numero de trabajador@s desprotegidos. Ante dicha situación, y en coherencia con el contenido de la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo de 2010-2013, los trabajadores/as y nuestras organizaciones reconocemos como prioritarias:

- La promoción de políticas de Estado en SST, a partir del reforzamiento del marco normativo con los Convenios OIT como referentes (155, 161, 187, 102 y otros), y con especial atención a los colectivos mas vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de la economía informal y migrantes)

- La participación sindical en dichas políticas de SST, a través de espacios de dialogo social y negociación tripartitos y, en los centros de trabajo, a través de mecanismos de participación de los trabajadores y de sus representantes, con garantías legales, en el proceso preventivo, de la creación/fortalecimiento de espacios de negociación colectiva, y coordinación de acciones entre sindicatos y la Inspección del trabajo para asegurar una vigilancia y control efectivos.

- La financiación por parte de los empleadores, con regulación legal estatal, de sistemas efectivos de protección de la salud de los y las trabajadoras en los centros de trabajo, tanto desde un punto de vista preventivo como curativo, a través de la mejora continua de las condiciones de trabajo, servicios integrales de salud y prestaciones económicas justas y suficientes.

-

PROPUESTAS DE ACCION La Seguridad Social debe pasar a ser uno de los objetivos principales de la lucha del movimiento sindical, nuestra propuesta de trabajo se enmarca en tres aspectos centrales:

1. El desarrollo de nuestras propuestas sindicales de extensión de cobertura de la seguridad social, con la mayor participación posible dentro de las organizaciones. 2. El desarrollo de nuestras propuestas sindicales de alternativa a los sistemas privatizados de Seguridad Social (todo ello con la rigurosidad técnica necesaria), que puedan ser presentadas a las autoridades de cada país como proyectos de Reforma legal que prevean sistemas públicos universales y solidarios de seguridad social integral, con extensión de cobertura a las personas sin capacidad contributiva y de la economía informal, y con finaciamiento tripartito. 3. La necesaria capacidad de movilización de los trabajadores y las trabajadoras para la defensa de las propuestas sindicales definidas, haciendo hincapié en la necesidad de que las organizaciones sindicales desarrollen su propia capacidad de comunicación, como

herramienta de movilización social hacia la construcción de un sistema alternativo de Seguridad Social.

Para ello debería ser nuestra tarea:

Como entendemos que la Seguridad Social es un instrumento de vital importancia en el combate a la pobreza y conjuntamente con la Libertad Sindical y el Derecho a la Negociación Colectiva, son las herramientas más efectiva para la distribución y redistribución de la renta y la riqueza, la ratificación del Convenio 102 de OIT4, como instrumento útil para la extensión de la cobertura, debe ser tema permanente de la agenda sindical de la región, para ello:

o Cada una de las Direcciones Nacionales de nuestras Centrales Sindicales deben

realizar pronunciamientos públicos en ese sentido apropiándose del tema. o Diseño e implementación de una campaña regional orientada a la difusión,

concientización, y sensibilización sobre la importancia de la Seguridad Social como un derecho humano, dirigida a trabajadores y trabajadoras y a la sociedad civil en su conjunto, de implementación según la situación de cada país a través de medios de comunicación, boletines, redes, cursos y contactos con otros sectores sociales.

o Lanzar una Campaña Regional de promoción del Convenio 102. o Utilizar la comisión de carácter tripartito, que se constituya en aquellos países que

ratificaron el Convenio 144 y discutir en ese ámbito la posición de cada país. o Impulsar y fortalecer la creación de espacios de diálogo social para la discusión y

mejoramiento de los sistemas de seguridad social en nuestros países con el acompañamiento de la OIT.

o Proponer la inclusión del Convenio 102 entre los Convenios Fundamentales de OIT.

Se hace necesario programar acciones sindicales concretas, en los países en los que, habiendo sido ratificado el Convenio 102, la Comisión de Expertos en la aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha informado de incumplimientos.

Se vuelve imprescindible conformar Equipos Técnicos Sindicales (ETS) en cada Central, para apoyar la acción en cada país y en la Región. ETS que den seguimiento a los procesos, que apoyen a sus propias organizaciones y representantes, que elaboren diagnósticos, análisis comparativos de sistemas, intercambio de experiencias y propuestas serias y posibles; que

4 El Convenio 102, sobre normas mínimas de seguridad social está concebido para garantizar un nivel mínimo de protección para las

siguientes nueve ramas de seguridad social: a) asistencia médica; b) prestación monetaria de enfermedad; c) prestaciones de desempleo; d) prestaciones de vejez; e) prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales; f) prestaciones familiares; g) prestaciones de maternidad; h) prestaciones de invalidez; i) prestaciones de sobrevivientes. Este convenio constituye por sus características y como lo expresa su denominación, un instrumento que consagra el mínimo de protección del derecho humano fundamental a la seguridad social Convenio que plantea un régimen flexible para su ratificación con la finalidad de tener en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales. A partir de sus disposiciones surge con claridad que el Estado debe asumir responsabilidad en la buena administración de las instituciones de seguridad social, así como la participación de las personas protegidas en la administración, o estar asociados a ella, con carácter consultivo, en caso de que las instituciones no pertenezcan al Estado El coste de las prestaciones y los gastos de administración deben financiarse de forma colectiva a través de las cotizaciones o de los impuestos, o utilizando las dos vías conjuntamente.

contribuyan a la información, difusión, educación en este derecho humano fundamental; que reclamen y desarrollen una mayor participación coordinada y coordinación con otras centrales en los contextos nacionales, subregionales y regionales5.

Fortalecer una posición consensuada para la Conferencia de OIT del 2011, que nos permita lograr un fortalecimiento normativo del derecho humano fundamental que es la seguridad social, para ello es necesario continuar con la profundización del tema. Aspectos tales como la ampliación de la cobertura, la equidad de género, la sostenibilidad financiera, etc, exigen continuidad en el esfuerzo para la búsqueda de soluciones.

Nuestras Centrales deberían colaborar en la organización de los trabajadores y trabajadoras de ayer, profundizando el relacionamiento a nivel nacional con las organizaciones de Jubilados/as, apoyando estas organizaciones, respetando a su vez las distintas realidades nacionales.

Igualmente nuestras centrales deben colaborar en la organización de trabajadores y trabajadoras no organizados con el propósito de que obtenga los beneficios de la seguridad social reivindicando sus derechos e intereses de forma colectiva.

Se hace necesario aprovechar el apoyo de la CSA-CSI, las Coordinadoras Sindicales Subregionales y la OIT para el fortalecimiento de la red local, subregional y regional, así como de posibles alianzas con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y escuelas especializadas en seguridad social que operan con carácter nacional, subregional o regional.

La CSA podrá crear una comisión sindical de seguimiento regional compuesta por sindicalistas puntos focales de la red regional de seguridad social a fin de realizar el seguimiento del Plan de Acción de esta PLACOSS, que den apoyo a la acción sindical en seguridad social desarrollada por las Centrales Sindicales de la CSA de forma coherente con el compromiso regional que supone la aprobación de esta Plataforma.

Las organizaciones afiliadas a la CSA se comprometen a difundir esta Plataforma Regional Sindical de Seguridad Social como normativa programática y sustantiva para la defensa de la seguridad social en la Región. Esta Plataforma debe servir como guía de referencia para construcción de propuestas nacionales priorizando aquellos aspectos que se consideren en función de cada realidad nacional y sindical.

5 La experiencia del Equipo de Representación de los Trabajadores del PIT-CNT en el Instituto de Seguridad Social Uruguayo (BPS) es un

referente consolidado a tener en cuenta en estos procesos, al igual que el Proyecto Regional de OIT-ACTRAV de formación sindical en seguridad social.

Anexos:

Declaración de Montevideo (diciembre de 2009)

Declaración de Madrid: Estrategias sindicales Iberoamericanas en Seguridad Social (marzo

2009)

Declaración de Lima: Hacia una posición sindical regional ante los efectos de la crisis sobre la

Seguridad Social y posibles respuestas desde la Seguridad Social (marzo 2009)

Declaración de Lima: Empleo y protección social en el nuevo contexto demográfico (marzo

2009).

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EN DEFENSA DE LOS SISTEMAS UNIVERSALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

BRASILIA, DICIEMBRE DE 2010

CONSIDERANDO QUE: ─ La falta de acceso a la seguridad social fuerza a gran parte de los adultos y adultas mayores latinoamericanos a seguir trabajando hasta edades muy avanzadas y condena a la marginación y a la pobreza a aquellos/as que por incapacidad física, mental o falta de oportunidades no pueden hacerlo; ─ En América Latina las malas condiciones de trabajo y de vida de importantes segmentos de la población provocan el deterioro y el desgaste de los trabajadores y trabajadoras de forma prematura, adelantando las necesidades de cobertura. Por lo tanto, la edad legal de jubilación no debería ir más allá de los 65 años, según establece el Convenio 102 de la OIT; ─ La carencia de políticas públicas de salud y seguridad en el trabajo, o las dificultades de acceso a servicios preventivos de salud durante la vida laboral; así como la existencia de subempleo y exceso de jornadas va en detrimento de la integridad física de nuestros conciudadanos, especialmente en el caso de la mujer y el trabajador agrícola. Esto exige el diseño de políticas públicas específicas. ─ Las reformas estructurales privatizadoras de los Sistemas de Seguridad Social, implantadas en varios de nuestros países, no lograron aumentar la cobertura ni la calidad de las prestaciones; al contrario, vienen aumentando la exclusión social. ─ Esos sistemas estimulan la informalidad en el trabajo y deterioran los indicadores sociolaborales (aumento del trabajo precario o en negro). ─ En América Latina y el Caribe, África y Asia, el 75% de la población se encuentra sin cobertura de Seguridad Social, razón por la cual el problema prioritario para esas regiones es extender la protección social para su población. La injusta distribución de la riqueza genera profundas desigualdades: el 10% de la población concentra los mayores ingresos. La discriminación de género condena a las mujeres a la pobreza y a los puestos de trabajo más precarios. ─ El envejecimiento de la población mundial es un hecho que preocupa a América Latina y hoy afecta principalmente a la Unión Europea, los EEUU y Japón. ─ En esos países con alto grado de cobertura ello representa un reto en el futuro próximo para la sustentabilidad de sus sistemas de protección social.

─ El gran desafío para América Latina es la ampliación de la cobertura y el diseño de políticas que apunten a la mitigación de la informalidad y prever coberturas para todos los adultos de edad avanzada tanto en salud como asistencia social y pensiones. IDENTIFICAMOS como obstáculos para aumentar la cobertura en América Latina:

1. La continuidad de los sistemas de capitalización individual; 2. El aumento creciente de la economía informal sin protección social; 3. Alta rotatividad en el mercado laboral como producto de la flexibilización de las normas de

trabajo y 4. Períodos de desempleo que afectan la densidad en la cotización.

Resaltamos la naturaleza de Derecho Humano Fundamental a la Seguridad Social para el cual es esencial el papel del Estado en la concretización de una debida protección social y de plena vigencia del derecho universal a la Seguridad Social. La Seguridad Social debe ser considerada una política de Estado y como tal debe servir como herramienta de redistribución solidaria y equitativa de la riqueza. COMO CONSECUENCIA:

Rechazamos el modelo mercantilista utilizado hasta ahora en los países de la región. Ni la salud y ni las pensiones son una mercancía.

Los Estados deben impulsar y proteger el TRABAJO DECENTE y los SALARIOS DECENTES en todos los términos, ampliando la extensión de la cobertura y la calidad y suficiencia de las prestaciones.

El Estado debe asumir la responsabilidad de asegurar y hacer efectiva la protección social a toda la población, como garante, gestor y administrador de los sistemas de seguridad social. El rol del Estado, a través del diálogo social, debe garantizar una mejor distribución de la riqueza que propicie el pleno empleo y la inclusión social, con reformas a favor de los Regímenes Públicos a nivel regional.

El fortalecimiento de los regímenes públicos representa una reforma estructural en favor de las sociedades donde el ser humano vuelva a ser el centro de las políticas públicas de Estado de la seguridad social.

Exigimos políticas económicas que tiendan al crecimiento del ingreso nacional favoreciendo el incremento de los recursos destinados a la Seguridad Social. El financiamiento de la Seguridad Social debe ser asumido por la sociedad en su conjunto (trabajadores, empleadores y Gobierno), así como de otras fuentes tributarias.

Los Sistemas Tributarios aplicados por los Gobiernos deben gravar fundamentalmente las ganancias y el patrimonio – con énfasis para los capitales financieros especulativos – de tal manera que dejen de basarse casi exclusivamente en los impuestos indirectos que gravan el

consumo y, por lo tanto, penalizan los ingresos más bajos que no tienen capacidad de ahorro. Además, deberían tender a la disminución de aquellos impuestos que recaen sobre el consumo de los bienes y servicios básicos.

El DIÁLOGO SOCIAL y la PARTICIPACIÓN TRIPARTITA, en igualdad de condiciones, son instrumentos necesarios para la construcción de un modelo de Seguridad Social consensual, efectivo y justo.

Ratificamos la plena vigencia de la Resolución de la 89ª Conferencia de la OIT, de Junio de 2001, relativa a la Seguridad Social.

Reafirmamos la vigencia, necesaria ratificación y elevación al carácter de fundamental, del Convenio 102 de la OIT de norma mínima.

Para garantizar la sustentabilidad de los modelos es imprescindible realizar evaluaciones actuariales periódicas, que identifiquen el peso de la evasión sobre la sustentabilidad financiera. La edad no debe ser causa de discriminación, ni variable de ajuste en función de dicha sustentabilidad o financiamiento de la Seguridad Social en los contextos de descobertura, de informalidad y de empleo no registrado.

Deben identificarse las diferencias existentes en la aplicación de los sistemas de protección social en función del género, para que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que existen tales diferencias, y así debatir sobre sus causas, con el objetivo último de desarrollar propuestas que sean capaces de corregir estas diferencias.

Las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar y de reparto de responsabilidades familiares, entre hombres y mujeres, deben ser vistas como un elemento más de la seguridad social. En este sentido se ha de exigir la creación de políticas públicas claras y bien específicas para las mujeres Amas de Casa que hayan sufrido el desequilibrio en el reparto de responsabilidades familiares, ya que están desprotegidas en remuneraciones y protección Social.

Deben aplicarse políticas específicas destinadas a los niños/as, jóvenes, mujeres, personas mayores, afrodescendientes, pueblos originarios y personas con necesidades especiales, como sectores vulnerables de la población.

Reafirmamos el contenido de la Plataforma Laboral de las Américas, acordada por las Centrales Sindicales participantes de la Tercera Cumbre de los Pueblos, en lo concerniente a la generación de trabajo digno y políticas de combate al trabajo informal, infantil y análogo al esclavo.

Reafirmamos el contenido de la Plataforma Continental de Seguridad de los sindicatos de las Américas, exige Seguridad social para todos, incluyendo medidas para garantizar un ingreso mínimo a todos los que necesiten tal protección; sistemas de salud universales, públicos y gratuitos; la generación y ampliación del Trabajo Decente, dignamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, equidad y seguridad; la ratificación e implementación del Convenio 102 de la OIT de forma tal que se aseguren niveles mínimos como punto de partida para la estructuración de sistemas de protección social; la transversalidad de género en el conjunto de las políticas públicas; y como condición necesaria el respeto a las normas

internacionales del trabajo, muy especialmente los principios y derechos fundamentales del trabajo, y dentro de ellos la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

El crecimiento de la esperanza de vida implica que la Seguridad Social debe prever la cobertura de los mayores para asegurarles salud, protección social y un nivel digno de ingresos.

La iniciativa del piso básico de protección social, debe ser pensado no como meras medidas asistenciales, sino que debe ser la base de un sistema integral de seguridad social como modelo de protección de largo plazo, ambos con el Trabajo Decente como referencia y objetivo. En esta línea resulta útil complementar la idea de piso social con la de edificio social (cobertura horizontal y vertical), donde la cobertura se encuentre complementada con pilares contributivos fuertes y suficientes para los trabajadores. Respecto al financiamiento, la centralidad debe estar puesta en el empleo decente y el salario decente, dado el efecto que estos producen en torno a la contributividad y la formalización del empleo. Sin perjuicio de ello, toda iniciativa de extensión horizontal de la cobertura (piso básico) debe suponer financiamiento de afectación tributaria, con reformas estatales que permitan dotar de progresividad a la política impositiva.

Exigimos el cumplimiento del acuerdo al que llegaron los Jefes de Estado en su declaración final en la Cuarta Cumbre de las Américas, en Noviembre de 2005, en Mar Del Plata, Argentina.

Por todo lo expuesto, expresamos nuestro compromiso de participar con responsabilidad en la construcción de un modelo de Seguridad Social Integral, Solidario, Redistributivo, Universal y con responsabilidad por parte del Estado, que equilibre la sociedad con las garantías de protección a todas las trabajadoras y trabajadores, independientemente de la forma de inserción laboral o de su localización geográfica, así como del origen nacional, que siente las bases del modelo de sociedad que todos nosotros merecemos.

Brasilia, de Diciembre de 2010.




ESTRATEGIA SINDICAL IBEROAMERICANA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1

(Texto completo)

Por una Estrategia

Iberoamericana en

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Perspectiva Sindical

2

ÍNDICE

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

1.1 Materia Sociolaboral 1.2 Protección Social 1.3 Salud y Seguridad en el TRABAJO

2. MARCO DE REFERENCIA OBLIGADO Y ANTECEDENTES

INTERNACIONALES Y REGIONALES

2.1 Marco de Referencia Obligado 2.2 Antecedentes internacionales y regionales

3. OBJETIVOS DE UNA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA EN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

3.1 Generación de empleo con derechos laborales y protección social 3.1.1 Ejes estratégicos en protección social 3.1.2 Reconfirmación de la Responsabilidad del Estado Nación en

Protección Social 3.2 Promover políticas de Estado en Salud y Seguridad en el Trabajo con

consenso tripartito. 3.3 Fortalecimiento del tripartismo y el Diálogo Social en Salud y Seguridad

en el Trabajo (avanzar en el protagonismo de los agentes sociales en la Seguridad y Salud en el Trabajo)

3.3.1 Participación Sindical 3.4 Fortalecimiento mejora y avance de la cultura preventiva 3.5 Incrementar la cooperación y la colaboración regional en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 Conocer la situación de la Seguridad y Salud de los trabajadores en cada país. Perfil nacional. Mejora de los Sistemas de Información y Registro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

4.2 Reforzar el marco normativo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.3 Reforzar los Órganos Técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.4 Reforzar las Instituciones nacionales de Inspección y Control de las

Obligaciones Preventivas. 4.5 Avanzar en el estudio de la multicausalidad de los accidentes de

trabajo. 4.5.1 Mejorar los sistemas de detección de Enfermedades profesionales

4.6 Promover programas de apoyo a las empresas de menos de 15 trabajadores y a los trabajadores dependientes.

4.6.1 Promover programas específicos para trabajadores y empresarios de empresas contratistas y subcontratistas

4.7 Mejorar la capacitación de los agentes implicados en la salud y seguridad.

5. PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO CSA Y LA ESTRATEGIA REGIONAL

EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1 La CSA y la Seguridad y Salud en el trabajo a nivel regional

3

1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Para desarrollar una adecuada estrategia iberoamericana en seguridad y salud en el trabajo es necesario conocer en detalle las características tanto cuantitativas como cualitativas de la situación sociolaboral en la Región.

Aunque todos los organismos internacionales señalan que no existen datos fiables en lo referido a empleo, protección social y Seguridad y Salud en el Trabajo, hay ciertos rasgos destacables que podemos apuntar como significativos.

1.1 MATERIA SOCIO-LABORAL

En la mayoría del los países de la región preexiste un alto índice de pobreza y de indigencia relacionado con una muy inequitativa distribución de la renta (la peor a nivel mundial), que según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la OIT, se agudizará con la crisis que estamos sufriendo actualmente y repercutirá en los ya elevados índices de desempleo, entre otros indicadores.

El tejido laboral está dominado por el fenómeno de la “informalidad” (casi la mitad del que existe), con unos índices muy altos de trabajo precario, sin derechos laborales ni de protección social para la mayoría de la población. El sector agrícola arrastra un importante atraso, que hace que sus condiciones de trabajo sean especialmente desfavorables y que este considerado junto con la minería y a la construcción dentro de los de mayor siniestralidad. En todos los sectores existe un bajo nivel de productividad tecnológica que convive con cláusulas de productividad en la fijación de salarios, lo cual incide negativamente en las economías de la clase trabajadora

Para conseguir abaratar aún más los costes laborales se están dando importantes procesos de deslocalización, que conllevan a su vez menores niveles de protección social y son muy importantes los procesos de terciarización y subcontratación que hacen que se acaben diluyendo responsabilidades empresariales, especialmente en los temas de seguridad y salud en el trabajo.

Son las mujeres las que sufren condiciones de trabajo más desfavorables, ya que lejos de tenerse en cuenta los aspectos de género, se ahonda aún mas en la desigualdad y en la discriminación. Junto a ellas los jóvenes y la población migrante, son los colectivos más vulnerables y más afectados por esta situación sociolaboral de falta de derechos laborales básicos.

La crisis internacional nos afecta por varios canales aunque no a todos los países por igual; aunque América Latina y el Caribe están mejor preparadas que en crisis anteriores para afrontarla, ya se observan deterioros en algunos indicadores económicos, así por ejemplo, la importancia de las remesas es muy significativa para algunos países del Caribe y de Centroamérica, como México, Colombia Guatemala y estas se están viendo afectadas seriamente.

Por otro lado se esta produciendo una desaceleración de las exportaciones y una caída del precio de los productos básicos, que también afecta negativamente a la economía iberoamericana y se espera según CEPAL un deterioro de los términos de intercambio en 2009.

4

Para intentar abordar todos estos problemas se hace necesaria una implicación del Estado, que deberá asumir un nuevo rol protegiendo a los sectores más vulnerables y asegurando un desarrollo inclusivo tal, y como se recoge en el programa de acción de la Confederación Sindical de las Américas. Deberá así mismo promocionar el tejido productivo que incorpore mas conocimiento y de prioridad a la innovación y por último deberá regular la actividad económica para que la búsqueda de rentabilidad privada no conspire contra en bienestar general de la sociedad.

El importante acervo jurídico con el que actualmente se cuenta debe ser fortalecido en su puesta en practica, vigilancia y control por parte de los Estados creando y dotando de medios a los organismos responsables, especialmente a la Inspección de Trabajo. Apoyando a las Instituciones y a las políticas públicas de protección social y Salud y Seguridad en el trabajo el Estado se iniciará un camino acertado hacia la mejora de la calidad de vida de todos los trabajadores latinoamericanos. Es imprescindible conseguir que la crisis no aumente la inequidad a través del sesgo de las medidas y preservar la capacidad de mantener el gasto social, especialmente aquel orientado a aumentar el desarrollo humano (educación, sanidad, etc.)

En todo este proceso de cambio es vital que la voz de los trabajadores se oiga, fortaleciendo los mecanismos de tripartismo y el Diálogo Social, acabando con las limitaciones que hoy existen al ejercicio de la acción sindical y desarrollando la negociación colectiva como instrumento para que los agentes sociales sean protagonistas en todos los procesos de cambio.

La declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento constituye una contribución decisiva para el logro de este objetivo, con especial relación al Convenio de la OIT 87 de Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y Negociación Colectiva de 1949.

1.2 PROTECCIÓN SOCIAL

El artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos del 1948 señala que el derecho a la seguridad social es un Derecho Humano fundamental, pero la situación en América Latina es que la mayoría de la población trabajadora disfruta de unos escasos o nulos niveles efectivos de protección.

El programa de acción de la CSA (Confederación Sindical de las Américas) recoge el acceso gratuito y universal a los servicios públicos como educación, sanidad y agua, pero la realidad es que la mayoría de los países latinoamericanos no garantizan estos derechos a sus poblaciones

La progresiva aplicación del modelo neoliberal ha causado un deterioro Importante en los indicadores socioeconómicos; se ha reducido considerablemente el papel del Estado y la participación de las organizaciones sociales y se han destruido los sistemas de seguridad social, iniciándose un proceso de privatización en salud, pensiones y riesgos profesionales.

5

Por otro lado, existen políticas de privatización y de contención del gasto social, que han afectado a los sistemas de asistencia médica, excluyendo servicios y aumentando los gastos de bolsillo. Actualmente existen importantes déficits en la protección a la maternidad y a la infancia, siendo especialmente lamentables los datos que indican que más de 17 millones de niños trabajan y de ellos 22.000 fallecen al año por falta de medidas preventivas en el trabajo.

Incluso la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) considera en la última edición de Perspectivas Económicas de América Latina (2009), que en una sociedad tan afectada por las disparidades socioeconómicas como Latinoamérica, es preciso reorientar la fiscalidad y el gasto público para combatir la pobreza y reducir la desigualdad y como en el informe del año pasado insiste en que el sistema fiscal debe aumentar y diversificar sus ingresos, y mejorar la eficiencia y la justicia del gasto público.

Es necesario mejorar la calidad del gasto público, atendiendo a las necesidades de coberturas mínimas de la población, mejorando el deficiente sistema de pensiones existente, el gasto en educación por alumno (que es cinco veces inferior que en los países de la OCDE) y tratando de que el Estado recupere el control sobre el sistema sanitario haciéndolo gratuito y universal con la coordinación necesaria. Según CEPAL en el año 2007 el gasto social por PIB en América latina y el Caribe fue del 18,3%. Superando para ese mismo año el 40% en la Unión Europea y el 35% en los países de la OCDE.

Se hace necesario diseñar políticas fiscales y tributarias progresivas, así como el reforzamiento de la capacidad de recaudación, control y sanción de las administraciones para evitar la evasión de impuestos y la generalizada percepción de impunidad existente en la actualidad. Las políticas de responsabilidad fiscal y financiera deben estar subordinadas a las metas sociales, tal y como se señala en el documento de la plataforma laboral de las Américas.

Además se debe tener en cuenta la política demográfica en las políticas públicas. Según CEPAL se prevé que en Latinoamérica en 2050 la población mayor de 60 años supere el 23%, mientras que la joven decrezca en un 17% con lo cual se de un envejecimiento que generará unas necesidades que habrá que cubrir.

No obstante, en Latinoamérica y el Caribe, África, y Asia el 75% de la población se encuentra sin cobertura de la Seguridad Social, razón por la cual el problema prioritario para estas regiones es extender la protección social a su población. La injusta distribución de la riqueza genera profundas desigualdades, sólo el 10% de la población mundial concentra los mayores ingresos. La discriminación de género condena a las mujeres a la pobreza y a los puestos de trabajo más precarios. El envejecimiento de la población mundial es un hecho que preocupa a Latinoamérica y hoy afecta principalmente a la Unión Europea, los EEUU y Japón. En estos países con alto grado de cobertura esto representa un desafío en el futuro cercano sobre la sustentabilidad de sus sistemas de protección social. El gran desafío para América Latina es la ampliación de la cobertura y el diseño de políticas que

6

apunten a la eliminación de la informalidad y prever coberturas para el adulto y la adulta mayor tanto en salud como en pensiones.

1.3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

El diagnóstico en materia de seguridad y seguridad y salud, al formar parte esta política de las maltrechas políticas sociales no es muy distinto de lo comentado hasta ahora. Existen estimaciones gravísimas sobre la siniestralidad (40.000 accidentes mortales) y morbilidad (200.000 muertes por enfermedades profesionales al año) con especial atención al cáncer de origen laboral. Hay que tener en cuenta que dada la preponderancia de la economía informal en la región, es difícil hacer valoraciones certeras en cuanto a estos datos, además de la inexistencia en la Región de registros fiables de daños derivados del trabajo. En la mayoría de los países existe una total ausencia de sistemas de información que nos proporcionen datos sobre los daños derivados de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Los sectores agropecuario, minería y construcción son los que mas altos índices de siniestralidad registran (140.000 muertes derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional anuales estimadas), por lo que deben ser objeto de acciones prioritarias, tendentes a la progresiva reducción de esos datos negativos. Es necesario priorizar acciones sobre la economía informal y las pequeñas y muy pequeñas empresas. Ya que “los déficit de trabajo decente son mas acusados en la economía informal y a menudo su trabajo se caracteriza por lugares de trabajo pequeños o no definidos, condiciones de trabajo inseguras e insalubres, bajos niveles de competencias y productividad, ingresos bajos o irregulares, largas jornadas laborales y por falta de acceso a la información a la tecnología y a la formación” “Aunque están expuestos a mayores riesgos y, por lo tanto están mas necesitados la mayoría no recibe protección social ni prestaciones de la seguridad social o recibe muy pocas” (Conferencia General de la OIT, congregada en su 90ª reunión, 2002) Dentro de este diagnóstico de situación, destaca, por su especial gravedad e invisibilidad estadística, la situación de las mujeres trabajadoras. Aunque en las encuestas la mayoría de ellas declaran estar sometidas a ritmos de trabajo altísimos, trabajo en cadena, trabajos repetitivos y situaciones en las que no pueden tomarse ni un momento de descanso, la ausencia de datos fiables que avalen la existencia de estos problemas hace que no se tomen las medidas preventivas necesarias para subsanar esta situación. Las enfermedades psicosociales y las alteraciones músculo esqueléticas son problemas comunes que refiere una gran mayoría de trabajadoras y que sería necesario abordar con urgencia para mejorar sus condiciones laborales y conseguir que su trabajo se aproxime mas a lo que se considera decente.

Las políticas de seguridad y salud en el trabajo no suelen aparecer en los planes de trabajo de los gobiernos. La mayoría de los países no han ratificado o aplicado las normas internacionales, y más aún, en muchos casos se desconoce la existencia del Convenio 155 de la OIT como norma de referencia.

7

Para intentar atajar este grave problema es imprescindible el conocimiento y la difusión de las soluciones técnicas y organizativas que harán que el medio laboral sea más seguro, pero actualmente nos encontramos con que no existen instituciones investigadoras y divulgadoras del conocimiento científico adaptado a la mejora de las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo la totalidad de los agentes implicados (trabajadores, mandos intermedios, empleadores) carecen de formación adecuada en materia preventiva.

Además no existen sistemas eficaces de inspección, vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales, lo que genera una extendida impunidad ante la infracción de las normas. Esta impunidad se ve agravada por la generalizada terciarización y subcontratación laboral y de riesgos, que hace que se diluya la responsabilidad empresarial.

La sociedad en general carece de información sobre los riesgos y los daños derivados del trabajo, y existe por tanto una escasa sensibilización y una muy pobre cultura de la prevención. El nivel de protección en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional es muy escaso y, dada la falta de cultura preventiva, se suele desconocer que los riesgos derivados del trabajo y los daños que producen son evitables.

Para tratar de abordar el problema de la siniestralidad laboral deben estar implicados todos los agentes (trabajadores, empresarios y gobiernos), creando marcos de participación homogéneos que permitan avanzar en el establecimiento de políticas de seguridad y salud en el trabajo. En este sentido la creación de órganos de coordinación entre administración y agentes sociales, al estilo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo de España, constituiría un instrumento importante en el diseño de políticas preventivas y en la coordinación de actuaciones de todos los implicados.1 La negociación colectiva se perfila como herramienta indispensable en este campo, debiendo incorporar la Seguridad y la Salud en el trabajo como materia prioritaria. En este contexto las centrales sindicales tendrán que desarrollar un papel importantísimo, por lo que se hace necesario el fortalecimiento de sus capacidades a nivel organizativo y funcional.

1 Una referencia válida puede ser la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Española, órgano de participación institucional en la materia, integrada por representantes de la Administración General del Estado (de diferentes Ministerios y

Direcciones facilitando así la coordinación interna), de las Administraciones locales autónomas, y por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, constituyendo así, los cuatro grupos de representación de la misma.

8

2. MARCO DE REFERENCIA OBLIGADO Y ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y REGIONALES

2.1 MARCO DE REFERENCIA OBLIGADO 2.1.1. Posiciones movimiento sindical de las Américas:

� Plataforma Laboral de las Américas. � Programa de Acción Confederación Sindical de trabajadores y

trabajadoras de las Américas - CSA, en su apartado de Salud laboral y ambiente de trabajo, establece que “La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. La CSA, por ser América Latina y Caribe una de las regiones más afectadas por casos de trabajadores con enfermedades laborales o muertes ocasionadas por su labor, se compromete a avanzar en el logro de metas que permitan un abordaje prioritario de esta situación. Entre ellas señalamos: vincular la salud laboral a las políticas y prácticas de salud medioambiental y de salud pública; fortalecer los convenios, convenciones y programas de la OIT; darles seguimiento y promoverlos; tener en cuenta la necesidad de adoptar enfoques diferenciados en los países desarrollados y en desarrollo; servirse de ello como elemento central de las campañas de lucha contra el VIH/SIDA; prevenir las muertes, las lesiones y enfermedades laborales a causa de los efectos de las sustancias químicas o peligrosas, como el amianto; y asegurar el derecho a la salud reproductiva de los hombres y las mujeres.

2.1.2 Normas Internacionales de Trabajo:

� Convenios fundamentales de la OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, (núm. 87) 1948. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98)1949. Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29) 1930. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105) 1957. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111) 1958. Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) 1951. Convenio sobre la edad mínima de trabajar (núm. 138) 1973. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) 1999

� El Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y

medio ambiente de trabajo, en el que se establece la obligación de los Estados miembros de formular, poner en práctica y reexaminar una política nacional y coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores, adoptándose las correspondientes mediadas y se establecen unas garantías y derechos para conseguirlo.

9

� El convenio 161 sobre los Servicios de Salud en el trabajo, en el que los estados miembros se comprometen a establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas.

� El convenio 187 para el marco promocional para la seguridad y

salud en el trabajo, en el que los Estados que lo ratifiquen se comprometen a: 1. Promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el trabajo mediante el desarrollo de una política, un sistema y un programa nacionales, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. 2. Adoptar medidas activas con miras a conseguir de forma progresiva un medio ambiente de trabajo seguro y saludable mediante un sistema nacional y de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los principios recogidos en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pertinentes para el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. 3. En consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, deberá examinar periódicamente las medidas que podrían adoptarse para ratificar los convenios pertinentes de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo.

� La Recomendación 194 relativa a la lista de Enfermedades

Profesionales y el registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

� Convenio 102 sobre la Seguridad Social. Norma mínima,

principal instrumento jurídico a nivel internacional que establece el carácter mínimo de la protección que deben establecer los países que lo suscriben. Estructura nueve ramas de prestaciones: asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones por desempleo, prestaciones de vejez, accidentes de trabajo y enfermedad profesional (parte VI), prestaciones familiares, maternidad, invalidez y sobrevivientes.

� Convenio 121, de segundo nivel de protección, relativo a las

prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

� Convenio 81 sobre la inspección del trabajo y otros vinculados.

� Estrategia Global en Salud y Seguridad en el Trabajo –

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). En la 91.ª reunión (2003) de la CIT, se llevó a cabo una discusión general sobre un enfoque integrado de las actividades normativas de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de aumentar su grado de coherencia, pertinencia e influencia. Con este enfoque se busca desarrollar un consenso entre los

10

mandantes de la OIT para disponer de un plan estratégico de acción. La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una Resolución para el establecimiento de un plan de acción de la OIT para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo entre sus Estados miembros que incluye los siguientes rubros: 1 Promoción, sensibilización y actividades de movilización; 2. Programas nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); 3. Asistencia y cooperación técnica en áreas prioritarias; 4. Producción, orientación y difusión de conocimientos; 5. Colaboración internacional e inter-agencial.

2.2 ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y REGIONALES

Consensos Tripartitos de Referencia:

� Agenda Hemisférica 2006-2010.Se plantea el objetivo de que la Salud y Seguridad en el Trabajo se conviertan en una prioridad para los actores sociales de la región y la meta de, en un plazo de 10 años reducir en un 20 por ciento la incidencia de accidentes y enfermedades laborales, y duplicar la cobertura de la protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo a sectores y colectivos escasamente cubiertos.

� Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR de 1998, en su

apartado de SST; Resoluciones del Subgrupo 10 del MERCOSUR sobre Asuntos laborales, empleo y seguridad social; Decisión 584 de “Instrumento ANDINO de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

� Declaración de la OIT sobre la justicia social para una

globalización equitativa, 2008. La Conferencia reconoce y declara entre sus objetivos el de adoptar y ampliar las medidas de protección social y protección de los trabajadores, incluida la salud y seguridad en el Trabajo, que sean sostenibles y estén adaptadas a las circunstancias nacionales con inclusión de unas condiciones de trabajo saludables y seguras.

� Declaración OIT sobre Empresas Multinacionales que señala

entre otros los siguientes puntos: Los gobiernos deberían asegurarse de que tanto las empresas multinacionales como las nacionales apliquen normas adecuadas en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores. Las empresas multinacionales deberían mantener un nivel máximo de seguridad e higiene, de conformidad con las exigencias nacionales, teniendo en cuenta la experiencia adquirida a este respecto en el conjunto de la empresa, incluido cualquier conocimiento sobre riesgos especiales. Deberían comunicar a los representantes de los trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a las autoridades competentes y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en todos los países en que operen, informaciones acerca de las normas sobre seguridad e higiene aplicables a sus operaciones locales, que observen en otros países.

11

3. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA IBEROAMERICANA EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 GENERACIÓN DE EMPLEO CON DERECHOS LABORALES Y PROTECCIÓN SOCIAL

El trabajo decente va unido indisolublemente a los derechos laborales y la protección social. Los gobiernos son actores imprescindibles en la generación de este tipo de empleo, constituyéndose en garantes de tales derechos y teniendo un rol activo en el proceso de cambio necesario para llevar a cabo políticas de generación de empleo, de innovación tecnológica de seguridad y salud y de previsión social, con el fin de conseguir el objetivo de un trabajo digno. La economía informal, muy habitual en la región, se caracteriza porque los trabajadores tienen un alto nivel de desprotección frente a los daños a la salud, con menor asistencia médica o sin ella y sin protección económica ante la pérdida del ingreso. Una de las tareas más necesarias es tratar de acabar con esta ausencia de derechos, antítesis de lo que se considera trabajo decente, tratando de establecer los mecanismos adecuados para facilitar la labor de todos los sujetos implicados en el proceso. Como punto inicial para la extensión de los derechos laborales y protección social (Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo) a mayores porcentajes de la población trabajadora, puede establecerse como objetivo de la región la reducción en un 50% de los índices actuales de empleo no registrado, antes de finales de 2012, a través del diseño del paquete de acciones que se consideren mas eficientes.

La OIT, en la Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa de 2008, sienta una nueva base a partir de la cual puede apoyar los esfuerzos de sus mandantes para promover y alcanzar el progreso y la justicia social a través de los cuatro objetivos de la Agenda de Trabajo Decente: los principios y derechos fundamentales en el trabajo empleo, protección social, diálogo social y tripartismo. Es más, al resaltar la naturaleza interdependiente de estos cuatro objetivos, la Declaración subraya que la falta de apoyo a cualquiera de ellos afectaría la promoción de los demás. Los gobiernos deben acabar con las prácticas antisindicales existentes todavía en países de la región, y las barreras al ejercicio del derecho fundamental a la libertad sindical y profundizar en la Negociación Colectiva que servirá como medio de mejora de las condiciones de trabajo en las empresas y los centros de trabajo. En otro nivel, la institucionalización del diálogo social, bipartito, tripartito o multipartito, a través de la creación de mecanismos y procedimientos de decisión es indispensable para avanzar hacia un modelo social basado en el desarrollo económico y social con justicia social, que ha de definir acciones concretas para la extensión de la cobertura de seguridad social-

La prioridad de acciones en seguridad social y en seguridad y salud en el trabajo debe ir sobre los colectivos mas desfavorecidos y vulnerables, como mujeres, jóvenes y migrantes, con especial atención a las maquiladoras y al servicio doméstico y sobre la economía informal en el que hay un mayor nivel de desprotección frente a daños a la salud, con menor asistencia médica y sin protección económica ante la pérdida del ingreso.

12

Para conseguir la generación de empleo con derechos laborales y de protección social los Estados deben mantener un estricto respeto a los Convenios de la fundamentales de la OIT y de igual forma, cumplir los compromisos del Trabajo decente de la OIT, tales como:

� Articular la política laboral nacional con las políticas que impactan sobre la cantidad y calidad del empleo � Mejorar las condiciones de trabajo y empleabilidad, con énfasis en la promoción del trabajo decente para la juventud y el desarrollo económico local y la prevención y erradicación del trabajo infantil � Ampliar la cobertura de la protección social � Fortalecer un diálogo social efectivo para que los mandantes promuevan las dimensiones del trabajo decente en las políticas sociolaborales � Contribuir a la reducción de la economía informal y del empleo no registrado.

La adopción de la declaración de 1998 constituye una contribución decisiva al logro del objetivo de “proteger y fomentar los derechos básicos de los trabajadores”, priorizando la vigencia de los Convenios fundamentales de la OIT: Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, (núm. 87) 1948. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (núm. 98)1949. Convenio sobre el trabajo forzoso (núm. 29) 1930. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (núm. 105) 1957. Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111) 1958. Convenio sobre igualdad de remuneración (núm. 100) 1951. Convenio sobre la edad mínima de trabajar (núm. 138) 1973. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182) 1999

3.1.1 Ejes Estratégicos en Seguridad Social

La Seguridad Social es un Derecho Humano fundamental, y el rol protagónico del Estado es esencial para garantizarlo (como tutor y garante)

Las normas internacionales de la OIT en materia de Seguridad Social son un referente práctico y vigente de consenso tripartito, que ofrecen flexibilidad, progresividad y reglas claras en los procesos de extensión de la cobertura.

Los gobiernos deben impulsar políticas de Trabajo Decente que incrementen las oportunidades de acceso a empleos en mejores condiciones de ingreso, seguridad, y productividad, favoreciendo la “formalización” del empleo con derechos, en coherencia con los Planes Nacionales de Trabajo Decente, y con el adecuado tratamiento de género.

Es condición necesaria la participación, en igualdad de condiciones, de las organizaciones sindicales y de empleadores en el diseño y control de los modelos de Seguridad Social en cada país.

13

3.1.2 Reconfirmación de la Responsabilidad del Estado Nación en Seguridad Social La función prioritaria del Estado es extender la cobertura de la seguridad social a todos los ciudadanos, a través de un modelo de Seguridad Social integral, de responsabilidad pública y universal. La columna vertebral de la Seguridad Social tiene que continuar siendo la solidaridad social tutelada por el Estado en sus ámbitos local y nacional. La seguridad del ingreso requiere una protección social bajo la forma de intervenciones públicas estatales en seguridad social. El Estado es la única institución que puede formular un plan nacional general de desarrollo de la Seguridad Social, con participación de trabajadores y empleadores, en el que la cobertura de prestaciones básicas sólo puede entenderse como un primer paso en el proceso de extensión de la cobertura a todas las personas, sobre todos los riesgos, con prestaciones suficientes, permanentes y sostenibles financieramente. El seguro privado no está en condiciones de cubrir adecuadamente los riesgos sociales. Las franjas con menos recursos de la población están excluidas por la limitación o carencia de su capacidad contributiva

3.2 PROMOVER POLÍTICAS DE ESTADO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON CONSENSO TRIPARTITO

El objetivo de la estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el trabajo es el cuidado de la salud y la vida de los trabajadores en el ámbito preventivo y reparador, en coherencia con la promoción del trabajo decente. Para conseguir este objetivo es necesario que se establezcan políticas de Estado en Seguridad y Salud en el trabajo cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de trabajo en coherencia con las premisas definidas para el trabajo decente. En la elaboración de estas políticas deberán participar, el Estado, los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores.

Los pilares de esta política de Estado han de ser, como hemos definido en el marco de referencia: I. Los Convenios de la OIT relativos a la materia:

El Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. El convenio 161 sobre los Servicios de Salud en el trabajo2 El convenio 187 para el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. La Recomendación 194 relativa a la lista de Enfermedades Profesionales y el registro y notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

14

Convenio 102 sobre la Seguridad Social. Norma mínima. El Convenio 121 relativo a las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedad profesional El Convenio 81 sobre la inspección del trabajo

Asimismo las necesarias estrategias nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, (derivadas del compromiso de los Gobiernos con la Estrategia Iberoamericana) y las experiencias nacionales deberán formar parte las bases para elaborar las políticas de Seguridad y Salud. Las políticas de Estado en Seguridad y Salud en el Trabajo deben incluir el reforzamiento del marco normativo en todos los países de la región, marcando las pautas para su elaboración donde no exista o completándolo con desarrollo reglamentario sobre determinados riesgos donde sea necesario,. Es imprescindible que en la elaboración de este marco normativo participen tanto los representantes de los trabajadores, como los de los empresarios y el Estado.

II. El reforzamiento de los sistemas de vigilancia y control es indispensable para el cumplimiento del mismo, dotándolos de medios materiales y humanos y planificando programas específicos de trabajo orientados a los sectores con más siniestralidad en cada país

Deberá llevarse a cabo el desarrollo y reforzamiento de los Sistemas Preventivos en cada país miembro. Según el convenio 187 el Sistema Nacional al menos debe incluir la legislación, los convenios colectivos en su caso, una autoridad u organismo, o autoridades u organismos responsables de la seguridad y salud en el trabajo; mecanismos para garantizar la observancia de la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección, y disposiciones para promover en el ámbito de la empresa la cooperación entre la dirección, los trabajadores y sus representantes, como elemento esencial de las medidas de prevención relacionadas con el lugar de trabajo.

III Garantizar prestaciones sociales suficientes en los casos de Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesionales El grave déficit de trabajo decente esta haciendo que los niveles de cobertura, reparación rehabilitación y readaptación profesional sean escasos o inexistentes, por lo cual las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo deben establecer los mecanismos necesarios para que el trabajador que sufra un daño derivado del trabajo vea cubiertas todas sus necesidades.

IV El propio Estado, en su papel de empleador, deberá ser ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones en materia preventiva, incluso en los casos en los que subcontrate actividades con empresas privadas

V Se articularán mecanismos de cooperación técnica internacional a través de la OIT u organismos similares, para el diseño y la aplicación de las Políticas de Estado en Seguridad y Salud en el trabajo en los países que tengan más dificultades y se prestará apoyo técnico a las Organizaciones Sindicales a través de instituciones técnico- sindicales especializadas en SST como por ejemplo el Instituto Laboral Andino o el Instituto Sindical para América Central y el Caribe.

15

Del mismo modo se promoverá la creación o el fortalecimiento de Organismos técnicos nacionales, aprovechando las estructuras técnicas existentes en cada país, cuyas funciones serán: El asesoramiento técnico en la elaboración de normativa legal nacional, la realización de actividades de formación, investigación, estudio y divulgación en temas de prevención de riesgos laborales, el apoyo técnico y colaboración con los organismos de inspección vigilancia y control, entre otras.

VI. Se fomentará el desarrollo y cumplimiento de la Responsabilidad Social de las empresas multinacionales para la homogeneización de las condiciones sociolaborales que estas aplican en los diferentes países, tomando como referencia la de su país de origen.

La Plataforma Laboral de las Américas señala que las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a la Declaración Tripartita de la OIT las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE (2004), El “Global Compact” de las Naciones Unidas ("Pacto Mundial" entre las Naciones Unidas y el mundo de los negocios cuyo fin es que todos los pueblos del mundo compartan los beneficios de la mundialización e inyectar en el mercado mundial los valores y prácticas fundamentales para resolver las necesidades socioeconómicas)., y los Acuerdos Marco internacionales en vigencia3

El Programa de Acción de la Confederación Sindical Americana en su punto 70 señala que se continuará con el trabajo iniciado de investigación y seguimiento a multinacionales, y en su punto 72 apunta que el importante desarrollo alcanzado en esta década por la FSI en materia de acuerdos bilaterales con determinadas multinacionales recomienda un proceso de difusión de su contenido y promoción de su uso.

3.3 FORTALECIMIENTO DEL TRIPARTISMO Y EL DIÁLOGO SOCIAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (avanzar en el protagonismo de los agentes sociales en la Seguridad y Salud en el Trabajo):

Participación Sindical

Como herramienta imprescindible para la profundización del Tripartismo en Salud y Seguridad en el Trabajo se deberán constituir o fortalecer espacios de Diálogo Social Tripartitos antes del año 2010 en los que se elaboren políticas en materia de seguridad y salud teniendo en cuenta los principios de coherencia (recursos suficientes para conseguir los objetivos marcados), con el adecuado consenso (al que llegar garantizando una participación informada y propositiva en igualdad de condiciones) y coordinación (entre las diferentes áreas de la administración pública involucradas en la ejecución de los acuerdos y los programas derivados de los mismos) El objetivo de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo es concretar programas básicos de actuación, articulando líneas de trabajo

16

concretas y desarrollando una Estrategia propia en cada país en coherencia con los rasgos diferenciales de la siniestralidad en Ibero América. Esta estrategia deberá ser objeto de análisis y posterior adaptación a la realidad nacional a partir del diagnóstico obtenido Deben tenerse en cuenta las diferencias históricas, culturales, los antecedentes jurídicos de los países y la diferencia de intereses y posiciones en la delegación tripartita de cada país.

La planificación de la Estrategia Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo en cada país debe contar con el compromiso de los gobiernos de cumplir y desarrollar la Estrategia Regional en la medida de sus competencias federales. Deberá llevarse a cabo una continua evaluación de la aplicación de la Estrategia Nacional contando para ello con la participación de la representación de los trabajadores se identificaran unos indicadores eficaces de seguimiento focalizando inicialmente los accidentes mortales e incapacitantes de los sectores con más siniestralidad como son el agropecuario, la minería y la construcción. La plataforma Laboral de las Américas propone crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos de carácter sociolaboral articulados por la OIT. Es necesario fomentar la participación activa en la empresa estableciendo mecanismos para que los trabajadores y sus representantes, con el apoyo de sus centrales intervengan en la gestión preventiva. Para ello se creará la figura del delegado sindical en prevención en las empresas de más de 10 trabajadores y de Comités paritarios en las empresas de más de 50 trabajadores. Es primordial favorecer y fomentar la inclusión de los aspectos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Negociación Colectiva Tanto delegados como comités contarán con una reglamentación básica que recoja sus funciones, derechos y protección y serán capacitados de forma continua para el ejercicio de sus actividades. Para esta capacitación se tendrá el apoyo institucional y de cooperación técnica de entidades especializadas iberoamericanas y europeas.

En todo caso todo trabajador tendrá derecho a interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un peligro inminente y grave para su salud, estando protegido en tal caso de consecuencias injustificadas.

Las centrales sindicales trabajaran en coordinación con las instituciones de inspección vigilancia y control del cumplimiento de la normativa en Salud y Seguridad en el trabajo en sus funciones.

3.4 FORTALECIMIENTO, MEJORA Y AVANCE DE LA CULTURA

PREVENTIVA

La difusión e impulso de la cultura preventiva a todos los niveles es indispensable para conseguir integrar la Seguridad y la Salud en todo en engranaje laboral. Entendemos que hay cultura preventiva cuando:

17

Se es capaz de entender los riesgos que se enfrentan; priorizarlos; identificar caminos prácticos para ponerlos bajo control; se cuenta con mecanismos de discusión para lograr el mejor tratamiento; cuando los individuos están alertas y son “dueños” de la salud y seguridad; tienen una actitud consciente y minuciosa hacia los temas de salud y seguridad; tienen buenos canales de información; la Dirección muestra su compromiso con el tema en cada actitud y tienen información técnica actualizada.

Para lograr que la cultura de la prevención se integre, es necesario que en todas las políticas públicas: empleo, economía, salud y seguridad social, educación, industria, medio ambiente, etc. Para conseguir su fomento y expansión se deberán instaurar las siguientes medidas: • Antes de 2012 se debe incorporar la Seguridad y la Salud a los diferentes

programas educativos. • Se desarrollarán campañas informativas dirigidas a empresas, trabajadores

y sociedad en general siguiendo unos criterios de priorización y eficiencia determinados:

o Se realizarán al menos 2 campañas anuales hasta 2012, que coincidirán con el día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para concienciar a la sociedad de que el accidente de trabajo y la enfermedad profesional tienen causas previsibles y evitables y no son una fatalidad asociada al trabajo.

o Se realizarán campañas sectoriales sobre los sectores con más siniestralidad laboral, como son el sector agrario, la minería y la construcción.

o Se promoverán campañas priorizadas sobre, mujeres, jóvenes y poblaciones originarias.

3.5 INCREMENTAR LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, es necesario contar con el apoyo de organismos e instituciones regionales e internacionales con conocimiento y experiencia en la materia. El diseño de la estrategia Iberoamericana en Seguridad y Salud en el Trabajo hace necesaria la cooperación y colaboración de organismos internacionales, Cooperación internacional, la Confederación Sindical Internacional y la Unión Europea.

La Confederación Sindical Americana, destaca la necesidad de fortalecer los procesos de integración subregional y regional, con una participación plena de los trabajadores y trabajadoras, como respuesta a los tratados de libre comercio, que solo profundizan en la brecha entre, y dentro, de los países empobrecidos y países ricos

Los países de la Región deben asumir el compromiso de aportar a los organismos intencionales, que tripartitamente se decida los datos necesarios para el seguimiento del grado de cumplimiento de la Estrategia Iberoamericana. Anualmente se elaborará un informe con los resultados y se pondrá a disposición de la Confederación Sindical de las Américas. A través de

18

esta misma organización, el movimiento sindical latinoamericano, como mandantes de la OIT, pedirá la colaboración técnica que estime conveniente en este proceso a la Oficina Internacional del Trabajo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1 CONOCER LA SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN CADA PAÍS.

Un elemento imprescindible a la hora de abordar el problema de la siniestralidad laboral, es tener el máximo de información sobre sus características cualitativas y cuantitativas. El conocimiento de las causas de los accidentes y de las condiciones de trabajo de los diferentes sectores, especialmente los más golpeados por la siniestralidad laboral y el conocimiento también de los datos existentes sobre accidentes nos facilitará la elaboración de planes de trabajo eficaces. A la hora de tratar la información debemos tener en cuenta las características propias de cada país, sus diferencias culturales, sociolaborales, históricas, etc.

Los sistemas de información y registro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales pueden ser mejorados:

� Es necesario disponer de información precisa y actualizada sobre los

daños de origen laboral en la Región para orientar adecuadamente la acción preventiva y como indicadores de la misma a medio y largo plazo (actualmente sólo se registran entre el 5 y el 10%).

� Las Encuestas sobre salud y condiciones de trabajo son un instrumento

útil de análisis, y un complemento indispensable ante sistemas de registro de daños deficientes

1. Antes de 2012 se diseñarán e implementarán Encuestas de

Condiciones de Trabajo de ámbito nacional y subregional para conocer las condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo y mejorar así el Sistema de información en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se llevará a cabo con la conveniente cooperación técnica internacional que será muy necesaria para conseguir una correcta homogeneización regional de conceptos.

2. Antes de 2012 se promoverá incluir en las encuestas de hogares,

vida o censos un módulo con preguntas sobre condiciones de trabajo y de salud laboral para mejorar el sistema de información y conocimientos en esta materia.

Es precisa la coordinación entre los Ministerios de Trabajo, de Salud, las autoridades competentes en materia preventiva y la Seguridad Social para el diseño, con la participación de los agentes sociales, de procedimientos de detección, declaración y registro adecuados. Para esta tarea se contará con la conveniente colaboración técnica internacional.

El trabajo de coordinación entre el Ministerio de Salud Pública y el de Trabajo puede marcarse los siguientes objetivos:

19

• Antes de 2012 se diseñarán programas formativos dirigidos al personal sanitario de atención primaria y especializada de toda la red de asistencia, a fin de capacitarlos en la detección de enfermedades y daños relacionados con el trabajo.

• Antes de 2012 los Ministerios de Salud y de Trabajo elaborarán un

protocolo de intercambio de información a fin de mejorar los sistemas de registro y de protección social y sanitaria.

• Llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores de la

economía informal al objeto de detectar y tratar precozmente los daños y alteraciones de su salud relacionados con el trabajo. Los Ministerios de Salud y de Trabajo de cada país desarrollarán los mecanismos de colaboración necesarios para intercambiar datos y mejorar de esta forma el sistema de información y la protección social de este colectivo tan vulnerable.

• Antes de 2012 se diseñarán y realizarán en cada país programas de vigilancia de epidemiológica sobre determinadas enfermedades relacionadas con el trabajo que se consideren de mayor incidencia en cada país

¿Por que es necesaria esta coordinación?

Necesitamos un sistema de información sanitaria que permita el control y el registro de morbilidad y mortalidad por enfermedad profesional La primera condición para poder solucionar un problema es reconocer que existe: es necesario evidenciar la relación que existe entre los daños a la salud que sufrimos (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y las deficientes condiciones de trabajo en las que desarrollamos nuestra tarea en los centros de trabajo para poder exigir que se implanten medidas de prevención de riesgos laborales. De esta manera se podrá implementar el conjunto de medidas necesarias, tanto para evitar los riesgos, como para proporcionar la cobertura necesaria a la persona trabajadora que ha sufrido un accidente o enfermedad profesional. Un Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral (SISSL) debe permitir, a través de la información que genera, mejorar el conocimiento del estado de salud de la población trabajadora para, tras el correspondiente análisis, poder implementar las medidas necesarias dirigidas a aumentar el mencionado nivel de salud de los trabajadores y trabajadoras a través de la mejora de sus condiciones de trabajo.

Serán actividades derivadas de la implantación de un Conjunto Mínimo de Datos imprescindibles (regulados normativamente), la recogida anual de la información, su análisis e interpretación, la difusión de sus resultados y la definición de planes y programas de salud laboral.

4.2 REFORZAR EL MARCO NORMATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO.

Todos los países deben disponer de un marco normativo específico relativo a la prevención de riesgos laborales, la salud y seguridad en el trabajo y la

20

cobertura de los riesgos profesionales, tomando como referencia los Convenios Internacionales respectivos de la OIT (155, 161, 187, 102, 121 y los Cconvenios fundamentales).

El diseño, actualización o reforma de los marcos normativos nacionales deben realizarse con la participación de las organizaciones sindicales. La responsabilidad de los empresarios (incluido el Estado como empleador) en Seguridad y Salud en el Trabajo debe quedar claramente definida en el cuerpo normativo de cada país, así como la regulación de los derechos de participación y representación de los trabajadores.

El sistema normativo debe contener regulaciones sobre riesgos específicos, agentes físicos, químicos y biológicos, y sobre los sectores de alta siniestralidad (construcción, minería y agropecuario). Asimismo debe regular la figura, funciones, derechos y garantias de los representantes de los trabajadores en Seguridad y Salud en el Trabajo y de los Comités de salud y seguridad, para las empresas de más de 10 trabajadores los primeros, y de más de 50 trabajadores los segundos La regulación de la subcontratación y de las responsabilidades derivadas de la misma deben constituir una prioridad a alcanzar antes de final de 2012. Para el diseño o reforma de los sistemas normativos podrá contarse con la Cooperación técnica internacional correspondiente.

4.3 REFORZAR LOS ÓRGANOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO.

La creación y fomento de órganos técnicos nacionales públicos de salud y seguridad en el trabajo, como órganos técnicos de referencia, es necesaria para conseguir los objetivos de la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Construidos a partir de las experiencias nacionales o internacionales existentes, estos órganos técnicos se constituyen como entidades de estudio, análisis e investigación, con producción técnica rigurosa e independiente y entre sus funciones estarán: • El diseño y ejecución de encuestas en Seguridad y Salud en el Trabajo • La elaboración de guías de buenas prácticas para los diferentes sectores • La elaboración de informes de daños a la salud y sus causas. • La elaboración de documentos técnicos como las notas técnicas • El diseño de programas formativos

La definición de sus prioridades de actuación y de seguimiento de las acciones que acometan se realizará tripartidamente.

4.4 REFORZAR LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES PREVENTIVAS.

Las funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa son sumamente importantes en la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para que puedan cumplir adecuadamente con sus tareas deberán fortalecerse los medios humanos y materiales, disponiendo de un ratio adecuado de inspectores por número de trabajadores. Los inspectores y demás personal técnico que forme parte de estas instituciones requerirá una adecuada formación y una capacitación continua.

21

Así mismo deberán establecerse garantías de independencia de la actuación inspectora o controladora instaurándose sistemas retributivos adecuados. Entre las funciones de estas instituciones estará la de asesoría técnica, que deberá asistir especialmente a las pequeñas empresas. Actuarán de forma coordinada con las Organizaciones Sindicales, especialmente en las labores de vigilancia y control.

4.5 AVANZAR EN EL ESTUDIO DE LA MULTICAUSALIDAD DE LOS

ACCIDENTES DE TRABAJO.

Todos los países de la Región deberán unificar sus métodos de investigación de accidentes de trabajo y se establecerá una prioridad de actuación sobre los accidentes de trabajo mortales e incapacitantes. Para ello se deberá disponer de herramientas metodológicas comunes para la evaluación de riesgos específicos. Será preciso contar con el apoyo del ILA (Instituto Laboral Andino) y el ISACC (Instituto Sindical para América Central y el Caribe )promover programas de investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo, dando prioridad a los sectores y colectivos mas vulnerables, y dotar a estos programas de la financiación necesaria para que puedan ser desarrollados.

4.5.1 MEJORAR LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.

La invisibilidad de las enfermedades profesionales respecto a los accidentes de trabajo, hace que sea necesario implementar esfuerzos adicionales para poder reducir su incidencia. Será necesario recopilar experiencias internacionales sobre métodos y programas de detección de Enfermedades Profesionales y Enfermedades Relacionadas con el trabajo Vigilancia sanitaria con el objetivo de suministrar información útil para el diseño de medidas de prevención en diferentes sectores y actividades. Es imprescindible disponer de herramientas metodológicas comunes para la evaluación de riesgos específicos, con especial atención a los riesgos psicosociales, las alteraciones músculo esqueléticas y el riesgo tóxico. Deberán homogeneizarse los listados de enfermedades profesionales tomando como referencia la Recomendación 194 de la OIT como listado abierto y se deberán mejorar los sistemas de declaración y calificación objetiva de forma consensuada con los agentes sociales para tratar de evitar la demora administrativa y la judicialización de los procesos.

Para facilitar la detección de enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo, y el intercambio de información sobre el tema, se establecerán mecanismos de coordinación con las áreas de salud pública.

4.6 PROMOVER PROGRAMAS DE APOYO A EMPRESAS DE MENOS DE 15 TRABAJADORES Y A LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES.

Las pequeñas empresas y los trabajadores / as independientes deben ser ayudados a cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Para ello:

22

� Se diseñaran sistemas de gestión específicos para este tipo de empresas

� Se diseñaran programas de formación tanto para los empresarios como para los trabajadores, que se perfilarán de manera tripartita por los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y el Estado.

� Las instituciones dedicadas a la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa desarrollaran funciones de asesoramiento para las pequeñas empresas. Se deberá ampliar la cobertura por contingencias profesionales a los trabajadores independientes, asistiéndoles según su capacidad de aporte.

4.6.1PROMOVER PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA TRABAJADORES Y EMPRESARIOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

Cuando existe subcontratación de actividades o cualquier otra modalidad de descentralización productiva se hace mas complicada la gestión de la prevención de riesgos laborales y en ocasiones las responsabilidades de los empleadores suelen acabar diluyéndose. Es especialmente importante establecer mecanismos de representación de los trabajadores en Seguridad y Salud para que los trabajadores participen activamente en la gestión de la prevención a lo largo de la cadena de subcontratación.

Será muy útil asimismo crear Registros de Subcontratación en la construcción, por ser este sector uno de los de más siniestralidad y uno los que más recurre a esta modalidad, tanto en la obra pública como en la privada. Deberán desarrollarse normativamente las condiciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en la obra pública Las empresas con altos índices de siniestralidad serán objeto de programas específicos de actuación por parte de las Administraciones competentes y de la Inspección de trabajo, con objeto de intentar reducir estos índices y mejorar las condiciones de trabajo. Se limitará la facultad de contratar con la administración a las empresas que no cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo Se establecerá un régimen de ordenación y limitación de la subcontratación en la construcción que proporcione transparencia en la gestión y garantice el derecho a la Seguridad y Salud en el trabajo a los trabajadores de las empresas incluidas en las cadenas de subcontratación

Otra de las medidas necesarias será establecer mecanismos jurídicos de responsabilidad solidaria del empresario principal ante la cadena de subcontratación.

4.7 MEJORAR LA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN

LA SALUD Y SEGURIDAD

Los agentes implicados en la gestión de la prevención de riesgos laborales en la Región presentan necesidades formativas que deben ser subsanadas para

23

conseguir los objetivos de la estrategia. Para solucionar este problema se diseñaran programas formativos de forma tripartita para empresarios, mandos intermedios, trabajadores, órganos de inspección y control, especialistas en Prevención de Riesgos Laborales y personal sanitario. El diseño de los programas incluirá el aprovechamiento de experiencias nacionales, para el conocimiento de todos.

Estos programas se presentarán con asignación de los recursos necesarios, sus fuentes de financiación y llevando a cabo una priorización por sectores. El objetivo es que antes del 2012 estén capacitados el 25% de los trabajadores y el 25% de los empresarios de cada país.

5 PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO CSA Y LA ESTRATEGIA REGIONAL EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

Se establecerá un plan de acción tanto a nivel Regional, como Nacional y Subnacional para lograr los objetivos propuestos en la estrategia. El plan de acción Regional deberá realizarse con la participación de la CSA.

Todos ellos, tanto el Regional, como el Nacional y el Subregional , tendrán en cuenta el grado de desarrollo preventivo de las diferentes realidades nacionales, graduando su progresividad en la culminación de los objetivos marcados y sus indicadores de seguimiento y evaluación mas adecuados se establecerán de forma tripartita.

Los planes de acción Nacionales y Subregionales respectivos, se diseñaran en las mesas de diálogo social tripartito correspondientes.

El movimiento sindical latinoamericano, como mandante del la OIT, y a través de la CSA, solicitará la cooperación técnica que estime conveniente en este proceso a la Oficina Internacional del Trabajo.

5.1 LA CSA Y LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

La Confederación Sindical Americana fomentará y apoyará la creación de Secretarías de Salud Laboral en sus centrales sindicales y, con la cooperación Técnica internacional la creación de equipos técnicos-sindicales en seguridad y salud en el trabajo.

Además promoverá con los apoyos necesarios la divulgación de los aspectos técnico-sindicales de mayor relevancia entre sus dirigentes sindicales e impulsará la celebración de reuniones regionales anuales sobre la estrategia Sindical Regional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La CSA promoverá, con los apoyos necesarios campañas de difusión de la Estrategia Regional y de las estrategias nacionales y subregionales que se adoptaren, fomentando el intercambio de experiencias y buenas prácticas utilizando los canales propios de la Confederación. Eliminar barreras a la sindicalización La Confederación Sindical de las Américas señala que la CSA asume el compromiso de acompañar y articular regionalmente las luchas y los esfuerzos

24

de sus afiliadas para organizar sindicatos, negociar sus condiciones de trabajo y defender los derechos de los/as trabajadores/as. Esto implicará el reforzamiento del accionar de la Región junto con la Confederación Sindical Internacional en todos los órganos de la OIT. En su punto 35 indica que la Confederación Sindical Internacional se compromete a luchar sin vacilaciones por el derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva incluso en el sector público, como soportes indispensables de una democracia real y la vigencia de los derechos básicos de los trabajadores. El movimiento sindical, consciente de la importancia que la negociación colectiva tiene para mejorar las condiciones de trabajo, deberá poner todo su empeño en superar los obstáculos que para el desarrollo de la misma se pueda encontrar, como por ejemplo la dificultad para encontrar interlocutores para la negociación en la parte empleadora, etc4. Corolario:

El movimiento sindical debe reivindicar y ejercer con firmeza el protagonismo que le corresponde en Salud y Seguridad en el trabajo, fortaleciendo su acción sindical con capacidad de propuesta (con los apoyos y alianzas necesarios), eligiendo sus propias prioridades sobre las que centrar el debate y construyendo posiciones prácticas que contribuyan a definir estrategias Nacionales en Seguridad y Salud en el Trabajo, identificar prioridades de actuación sobre colectivos, sectores y riesgos, y redefinir y fortalecer mecanismos eficaces de participación y Diálogo Social en Seguridad y Salud en el Trabajo en igualdad de condiciones.

4 La negociación colectiva sectorial se perfila como un instrumento necesario para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores/as que estando en un mismo sector desempeñan su trabajo bajo muy diversas formas de contratación o de prestación de servicios y en centros de trabajo de características muy distintas (pequeñas y muy pequeñas empresas).




JUVENTUD SINDICALISTA DE LAS AMERICAS

Declaración de León-Guanajuato

De la Juventud Sindicalista de Las Américas-CSA Nosotros y nosotras, jóvenes sindicalistas representantes de las centrales sindicales afiliadas a la Confederación Sindical Internacional -CSI- y a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas –CSA-, presentes en el Encuentro Sindical de Juventud de las Américas CSA, llevado a cabo en la Ciudad de León, Guanajuato, México, en el marco de la Conferencia Mundial de Juventud, emitimos la presente declaración ante las representaciones de los gobiernos presentes. Considerando:

1. Que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió por unanimidad que el período de agosto 2010 – agosto 2011, fuera declarado como Año Internacional de la Juventud.

2. Que la CSA es la más grande Confederación Sindical de las Américas y representa en la región a más de 50 millones de trabajadores y trabajadoras, con un importante posicionamiento y compromiso en la participación y defensa de derechos laborales de la juventud trabajadora.

3. Que las personas jóvenes siguen siendo el grupo poblacional más afectado en el mundo del trabajo, con tasas de desempleo mayor a las de las personas adultas, altos índices de trabajo informal y precariedad, como consecuencia de la crisis económica que ha impactado de manera negativa los empleos, siendo excluidos permanentemente de los regímenes de protección social.

4. Que existe una creciente cantidad de jóvenes que no logran colocarse de manera exitosa en el mercado de trabajo, generando un déficit significativo entre la relación de oferta de empleo y demanda del mismo, que impide el desarrollo de la juventud en condiciones plenas para su propio desarrollo y de la sociedad por medio de su inserción social, económica y política.

5. Que las personas jóvenes en busca de sus primeros empleos, encuentran múltiples obstáculos para acceder a ellos, tales la reducida oferta de empleo en condiciones dignas y de acuerdo a su formación, y la exigencia de experiencia suficiente.

6. Que la violación a la libertad sindical y negociación colectiva por parte de gobiernos y empleadores es un factor que ha obstaculizado la afiliación y participación plena de la juventud en los sindicatos.

7. Que según los Convenios 102 y 155 de la OIT, la seguridad social es un instrumento jurídico y económico que establecen los Estados para garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y su derecho a la salud.

8. Que nuestros gobiernos se han comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dentro de lo que se incluye “Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos,

incluidas las mujeres y los jóvenes” (meta 1B). el cual es requisito fundamental para el logro de los demás Objetivos.

9. Que existe una tendencia en los gobiernos de nuestros países a no integrar en las políticas públicas relativas a la juventud, aspectos como la educación y la formación para el empleo, creando estructuras que no responden de manera integral a la problemática existente.

10. Que las mujeres jóvenes trabajadoras enfrentan la mayor tasa de discriminación laboral, no sólo por los bajos salarios y empleos deshumanos a los que son expuestas, sino también porque sobre ellas recae la mayor tasa de desempleo y vulnerabilidad, visible claramente en la situación que enfrentan las trabajadoras domésticas.

11. Las políticas de promoción del empleo juvenil en nuestros países han fracasado por la poca voluntad de nuestros gobernantes y empresarios por asumir de manera responsable el tema, dado a que se oculta la realidad estructural del desempleo juvenil y plantean la flexibilidad laboral, emprendimiento y la informalidad en la contratación, como la solución a la problemática de la desocupación juvenil.

La CSA, comprometida con empoderar a la Juventud Trabajadora como sujeto social y sindical, reconoce que la juventud trabajadora en el movimiento sindical necesitan potenciar sus capacidades reivindicativas para fortalecerse y responder desde una cultura organizativa que refleje las necesidades de toda la clase trabajadora actual. Por todo lo anterior, solicitamos muy respetuosamente que en la Declaración a ser adoptada por los gobiernos presentes en la Conferencia Internacional de Juventud, sean considerados los siguientes planteamientos:

1. Urgimos al compromiso claro y contundente de los gobiernos del mundo

con la promoción del Trabajo Decente para la Juventud, como una de las grandes tareas de esta Conferencia.

2. Demandamos el compromiso en la generación de mecanismos para la construcción, diseño e implementación de políticas integrales de juventud que comprendan las dimensiones de trabajo decente, educación integral y permanente, así como la formación profesional, asignando suficientes recursos de los Estados para ello, así como asegurar que las instancias gubernamentales de juventud y trabajo articulen sus acciones de una manera más efectiva.

3. Exigimos el diseño y la implementación de políticas nacionales de generación y protección de empleo juvenil, construidas en escenarios de concertación, junto a los sindicatos a través del diálogo social tripartito, donde la precariedad, la tercerización y demás formas de flexibilización laboral queden excluidas, garantizando el respeto y protección de los Estados a la libertad sindical y demás derechos contemplados en los Convenios fundamentales de la OIT.

4. Demandamos reafirmar el compromiso por el Trabajo Decente para la juventud en el marco del Pacto Mundial para el Empleo, el cual constituye la respuesta más urgente adoptada por los mandantes de la OIT para enfrentar la crisis mundial, en este sentido consideramos necesario el reconocimiento de dicho Pacto con el objetivo fundamental de desarrollar políticas públicas, así como los Planes de Trabajo Decente por país (PTDP) en los marcos de asistencia de Naciones Unidas para el desarrollo (MANUD).

5. Exigimos que los Estados garanticen la protección social integral, el acceso gratuito, servicios de calidad e igualitaria para la juventud trabajadora.

6. Urgimos a que se promueva el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las declaraciones y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESyC) de las Naciones Unidas (art. 6 derecho al trabajo, art 7 derechos al trabajo en condiciones justas y favorables, art 8 libertad sindical y derecho de huelga art.9, derecho a la seguridad social, art. 10, protección de la familia y los menores; art. 12 derecho a la salud) y los convenios de la OIT.

7. Demandamos garantizar de forma integral el respeto de los derechos humanos de la juventud trabajadora específicamente en lo referido a la libertad sindical, lo que incluye la no criminalización, muerte o persecución de la juventud por motivo de su afiliación, que tiene como objetivo la eliminación del movimiento sindical, particularmente en países como Colombia, Guatemala, Honduras y recientemente, Panamá.

8. Exigimos garantizar la participación de la juventud trabajadora sindicalizada, propiciando su incidencia en todos los espacios de toma de decisiones y la construcción de Políticas Públicas en consenso con este sector.

Finalmente, los participantes de este encuentro, hombres y mujeres jóvenes sindicalistas, manifestamos que este documento es el reflejo del pensamiento de la juventud trabajadora, pero encontramos que la falta de representatividad del movimiento sindical juvenil en este escenario mundial debido al proceso de selección, implicará una ausencia real y estratégica en el debate y aprobación de las resoluciones, así como del posicionamiento respecto a temas de importancia como el modelo de desarrollo de nuestros países.

León, Guanajuato, México, 22 de agosto 2010

APORTES DEL MOVIMIENTO SINDICAL REGIONAL POR EL TRABAJO ...

Documents

Transcript of APORTES DEL MOVIMIENTO SINDICAL REGIONAL POR EL TRABAJO ...