Por elecciones libres, justas y competitivas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó a los candidatos presidenciales a firmar un acuerdo en el que se comprome-

tan a actuar en estricto cumplimiento de las leyes que rigen el proceso electoral, a reconocer los resultados electorales emiti-dos por el Poder Electoral y a competir bajo un clima de respeto durante la campaña.

Aunque es de aplaudir la iniciativa del organismo comicial, des-afortunadamente el texto propuesto no recoge la realidad del país porque excluye de responsabilidad al Gobierno Nacional. Suponer que el Poder Ejecutivo de cualquier país deba firmar un acuerdo de respeto a las leyes electorales no parece necesario, sin embargo en Venezuela la situación es distinta.

El Reglamento Electoral en Venezuela autoriza a cada candi-dato a disponer de tres minutos diarios por canal de televisión para exponer sus propuestas, no obstante es inadmisible para la transparencia de un proceso comicial que mientras un candida-to sólo dispone de esos tres minutos, el aspirante a la reelección puede usar, además de este tiempo, varios minutos adicionales por hora para exponer su obra de gobierno según lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Unido a esto, se encuentran las transmisiones oficiales obligatorias que deben realizar los canales de televi-sión y emisoras de radio, no para transmitir hechos de especial trascendencia para los venezolanos, sino para difundir actos o actividades desarrolladas por el Partido Socialista Unido de Ve-nezuela (PSUV).

Desafortunadamente ha faltado voluntad política entre las ma-yoría de los rectores del CNE para aprobar disposiciones que prohíban el uso de las cadenas presidenciales de radio y televi-sión para proselitismo político.

El acuerdo propuesto por el CNE resume a la perfección la des-igual campaña electoral presidencial en la cual existe un candi-dato que está compitiendo contra otro, pero que también está compitiendo contra el gobierno nacional.

Un candidato compite contra el Estado

El presente boletín, de circulación quincenal, está producido por un conjunto de organizaciones sociales de Venezuela, junto a periodistas y académicos. El objetivo principal de esta publicación es alertar a la comunidad internacional sobre el desarrollo de la campaña electoral de cara a los cruciales comicios del 7 de octubre de 2012.

EDITORIAL

Imagen de promoción del gobierno de HCF

Imagen de campaña de HCF

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ANÁLISIS

1. El Órgano Electoral se niega a regular Apariciones, Cadenas y ley resorte de los candidatos en radio y televisión

El Consejo Nacional Electoral reguló el tiempo de cuñas o spot publicitarios pagados (a lo que llaman propagan-da) de los candidatos presidenciales y sus partidos durante el periodo oficial de campaña. Sobre las apariciones de los candidatos y sus representantes en programas de opinión y cobertura de noticias, exigió equilibrio a los me-dios de comunicación. Pero además de la “propaganda” hay otras formas de estar en los medios que deben ser regulados para garantizar equidad. Tres formas que implican uso de re-cursos públicos, uso de privilegios y uso de atribuciones públicas en cam-paña electoral, no están reguladas:

1. Las cadenas presidenciales, que per-miten al candidato Hugo Chávez, es-tar durante horas en todos los canales de Televisión y en todas las emisoras de Radio en simultaneo,

2. Aló Presidente. Este programa do-minguero se ha suspendido en proce-sos electorales anteriores.

3. Los 10 minutos que el artículo 10 la Ley RESORTE cede a usuarios y usua-rias para la transmisión de “Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio público (…) No está permitida la utilización de estos

espacios para la difusión de publici-dad o propagandas de los órganos y entes del Estado”.

Sin embargo esos minutos de pro-paganda que los canales y emisoras deben transmitir con carácter obliga-torio, si están siendo utilizados para difundir y promover obra de gobierno, aunque esté prohibido.

El CNE es el responsable de definir con claridad meridiana la débil línea que separa los “mensajes o alocucio-nes oficiales” de la propaganda elec-toral, basada en la premisa de que se expone obra de gobierno. Las buenas prácticas internacionales que garan-ticen la equidad y la protección de re-cursos públicos, han llevado a que en otros países se prohíba la propagan-da de gobierno en época electoral; o se obliga al funcionario candidato a retirarse del cargo; se desarrollar sis-temas de seguimiento y control para que los candidatos no realicen ni si-quiera una llamada relacionada con temas de campaña desde un teléfono asignado por sus labores de gobierno.

El CNE debe presentar al país un in-forme detallada de los minutos, tal como se calcula el tiempo de cuñas, de cada candidato en radio y televi-sión, sea cual sea la razón de la pre-sencia en los medios, y estimar el cálculo en bolívares que significó esa presencia.

El CNE debe asumir su responsabilidad de control sobre el uso de fondos públicos en la campañaAnalizando las primeras semanas de campaña Transparencia Venezuela, resalta las debili-dades encontradas hasta ahora, y presenta las denuncias recibidas en la oficina de Asisten-cia Legal Anticorrupción. A continuación, los puntos destacados:

2. ¿El CNE sugiere u ordena que se cumpla la ley?

Escuchamos con asombro como voce-ros del CNE y del comando Carabobo explicaban que el CNE había sugerido el retiro de la propaganda del mensa-je del, la campaña. Se estaba usando tanto como mensaje de la obra de gobierno (Corazón Venezolano), como de campaña electoral (Chávez cora-zón de mi patria). El CNE es órgano rector y en temas electorales sus deci-siones obligan al resto de los poderes.

3. Debilidad o discrecionalidad en sanción.

La vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales eliminó lo relativo a los delitos electorales, tarea que deja a una Ley Especial en la materia, que aun no se ha aprobado.

A pesar que la norma electoral pro-híbe: hacer publicidad y propaganda electoral en cualquier dependencia pública; usar la función pública a favor o en detrimento de una candi-datura; usar bienes del patrimonio público o los locales de gobierno con fines de proselitismo político; utilizar un cargo o influencias para favorecer o perjudicar electoralmente una can-didatura, no esta clara la aplicación de las sanciones previstas, multas entre Bs. 45.000 y Bs. 63.000 (a diferencia de la multa a los medios de comuni-cación cuyas multas por su incumpli-

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miento de la ley es entre Bs. 450.000 y Bs. 630.000).

No está claro sobre que qué elemento se hará el cálculo para fijar la sanción: ¿el edificio de un ministerio lleno de 100 afiches de un candidato cuenta como una violación o como 100 vio-laciones?; Si a 50 funcionarios de una alcaldía se les “pidió apoyo” para la campaña, ¿a quien se le pone la multa a los 50 funcionarios y/o al que pidió el apoyo?.

4. Denuncias

La oficina de Asistencia Legal Antico-rrupción, de Transparencia Venezuela, recibió en la primera semana de cam-paña oficial, entre otras, denuncias donde supuestamente:

a. propaganda del candidato a la reelección en la Guardia Nacional Bo-livariana que se encuentra en la esta-

ción de Metro de Los Símbolos.

b. propaganda electoral en univer-sidades públicas e instituciones del Estado.

c. Alcaldía de Guacara, estado Ca-rabobo utiliza sus vallas para colocar la propaganda del candidato Chávez y sin RIF.

d. Colocan valla de Chávez en Palacio de Justicia http://pic.twitter.com/jA7THxgP

e. Trabajadores de Cantv retiran-do propaganda http://lockerz.com/s/224531498.

f. Propaganda electoral en el Ambu-latorio El Arenal, Medida, Edo. Mérida

g. En web Ministerio de Educación continúa logo http://bit.ly/bQbFj5

h. También en Ministerio de Energía y Petróleo http://bit.ly/fHug0u; del Ministerio de la Vivienda http://bit.ly/gr69Rh

5. La pre campaña no estuvo regulada.

Anarquía vivimos durante los meses previos al inicio formal de la campa-ña, con el beneplácito del CNE que se negó a controlar la propaganda, promoción y difusión de mensajes y actividades de los candidatos. A dife-rencia del mundo democrático, que entiende que antes de comenzar el periodo de campaña, está prohibida, y el órgano encargado de las eleccio-nes debe garantizar que se cumplan las normas.

Transparencia Venezuela recuerda que el uso de fondos o recursos pú-blicos que no esté previamente apro-bado por ley es corrupción y estos delitos no prescriben.

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El 28 de junio de 2012, en el marco de una reunión con los directivos de los medios de comunicación privados, la directiva del CNE, afirmó que no te-nía potestad para regular las cadenas obligatorias de radio y televisión que sistemáticamente realiza el presiden-te candidato Hugo Chávez Frías. En esa misma reunión pedía equilibrio a los medios en la cobertura informati-va para las campañas electorales de los distintos candidatos .

Las cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo restrictivo de la libertad de expresión que se utiliza además para la desca-lificación del principal candidato de la oposición. Del mismo modo se uti-liza la obligación que tienen la radio y televisión de transmitir mensajes gratuitos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electróni-cos que claramente constituyen una violación a los principios de equidad que debe aplicarse en toda actividad electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones presidenciales del año 2006 con-sideró: “El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo ministerios, empresas públi-cas o autoridades regionales o loca-les) jugó a favor de la campaña del

presidente y candidato Hugo Chávez . “ El problema no es nuevo y no pue-de considerarse que la publicidad gu-bernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, sean ajenas al evento electoral.

Por otra parte, el debate en una so-ciedad democrática está intrínseca-mente asociado al pluralismo que se expresa en los medios de comunica-ción y ello cobra una dimensión de mayor importancia en los contextos electorales. Los perfiles editoriales deben responder a las visiones que libremente las personas puedan adoptar, lo que resulta inadmisible es la coerción y cooptación para tor-cer esas perspectivas recurriendo a la violencia estatal institucionalizada o mecanismos de censura indirecta.

En una investigación adelantada por el gobierno nacional y realizada con el concurso de distintas instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las Oficinas de Información Regional (OIR) del Ministerio de Co-municación e Información (MINCI); la Comisión Nacional de Telecomu-nicaciones (CONATEL); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros entes públicos, se puede construir un mapa de las ten-dencias editoriales de acuerdo a la perspectiva del partido de gobierno .

La elaboración de un mapa de los me-dios de comunicación con los recur-

Desequilibrios restrictivos de la libertad de expresiónAnalizando las primeras semanas de campaña Transparencia Venezuela, resalta las debilidades encontradas hasta ahora, y presenta las denuncias recibidas en la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción

sos públicos, en coordinación y con aportes del partido de gobierno con-figura claramente un uso indebido de los recursos públicos. Por otra parte obliga a un seguimiento de posibles consecuencias que puede acarrear a medios calificados como opositores en la mencionada base de datos

De acuerdo a esta base de dato que registra la perspectiva oficial y que cuenta con un acceso libre a la infor-mación oficial se establece que en Venezuela existen 1446 estaciones de radio, incluyendo las clandestinas , 193 canales de TV y 334 medios impre-sos. En el cuadro siguiente se detalla la suma de los medios de acuerdo a la categoría de tendencia que el partido y el gobierno catalogan como líneas editoriales. Las radios que se incluyen en el cuadro corresponden a las debi-damente autorizadas. Las estaciones clandestinas mayoritariamente son ubicadas como aliadas. Ello guarda una relación directa con su vulnerabi-lidad jurídica y la estrategia de coop-tación que se impulsa desde el Estado venezolano.

El 38,8% de los medios son conside-rados Aliados y un 13,2% Con Acerca-miento. Ello implica que el 52 % de los medios del país tienen una relación próxima al candidato presidente y un 24,9% se identifica con el sector de la Oposición. De confirmarse es-tos datos, mediante una evaluación de contenido e impacto, el sector gu-

ANÁLISIS

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bernamental cuenta con una ventaja relevante en el mapa de los medios, público y privados, en el país.

Estos datos reivindican la importan-cia de una regulación estricta de la publicidad gubernamental, incluyen-do las cadenas obligatorias de radio y tv, los mensajes obligatorios de la ley Resorte y otras modalidades de la propaganda gubernamental. En un contexto de inequidad obviar la res-ponsabilidad sobre la regulación de la propaganda gubernamental aumen-ta las condiciones ventajistas para el candidato que procura su reelección.

Por otra parte los medios públicos tie-nen una obligación de mayor grado que los medios privados en la tarea de construir un discurso equilibrado. En ese sentido, conviene recordar las recomendaciones que para este tipo de medio elaboraron conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Espe-cial de la OEA para la Libertad de Ex-presión y la Relatora Especial sobre

Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) en su Declaración Con-junta Sobre Medios de Comunicación y Elecciones:

• Asegurarse que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con suficiente informa-ción para que el electorado compren-da adecuadamente su relevancia.

• Normalmente, esto requiere formu-lar preguntas a los distintos líderes y candidatos, así como organizar deba-tes entre tales candidatos.

• Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equi-librio, en especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones y los actos del gobier-no durante un período de elecciones. Esto implica también brindar una co-bertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes durante un referéndum.

• Otorgar a todos los partidos y candi-datos un acceso igualitario a los me-

dios de comunicación para que trans-mitan sus mensajes directamente al público, ya sea en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acce-so igualitario equivale a un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la opor-tunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.

• Asegurarse de que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se difundan con suficiente informa-ción para que el electorado compren-da adecuadamente su relevancia.

La estructura institucional electo-ral debe fortalecer la equidad en las oportunidades para todos los candi-datos. Ello implica obligar a los me-dios públicos al equilibrio, exhortar a los medios privados a que la practi-quen y prohibir el uso de la propagan-da gubernamental. Aplicar las medi-das a medias o solo alguna de ellas contribuye a fortalecer las tendencias inequitativas y constituyen en sí mis-mas una injusticia.

AliadoCon acercamientoOpositorEquilibradoNo identicadoTotalTotales generalesAliadoCon acercamientoOpositorEquilibradoNo identicado

Total de medios

38,8% (405)

RADIO175

87177

5227

518

TV652924

273

193

IMPRESO165

2259

385

334

13,2% (138)24,9% (260)

5,5% (57)17,7% (185)

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NOTICIAS

Los créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional y la expan-sión del Gasto Público demuestra la ejecución de dos prácticas presupues-tarias erradas en Venezuela. La prime-ra, señala el poco valor que le asigna el ejecutivo al presupuesto nacional, como instrumento de planificación, ejecución y control del gasto público. La segunda, el presupuesto nacional se utiliza como un archivo que se

De estos ocho nuevos créditos adi-cionales incorporados al presu-puesto 2012, se destaca un “mega-crédito” de Bs. 2.000.000.000 (USD 465.116.279,07) otorgados a varios ordenadores de pago (distintos mi-nisterios y entes de la administración

Otra característica de este “mega-crédito”, es que por segundo mes consecutivo se le otorgó recursos (Bs. 5.207.465) a proyectos de difusión y cobertura comunicacional del Presi-dente de la República como: desarro-llo y difusión de campañas comunica-cionales e informativas en apoyo a la

Fondos públicos destinados a la campaña presidencial

modifica diariamente respondiendo a situaciones de coyuntura política, buscando a través de la expansión del gasto público, el otorgamiento de re-cursos a funcionarios y entes públicos claves, a fin de intentar incidir en las próximas decisiones del electorado.

En Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.961 del 10 de Julio de 2012, se mues-

pública), para financiar en su mayoría gasto de personal (sueldos y salarios, beneficios inherentes al trabajador, aguinaldos, entre otros) y las pensio-nes y jubilaciones de estos entes. Del monto total de este crédito 63% co-rrespondió al gasto de personal, pen-

gestión de gobierno, producción del programa Aló Presidente, cobertura y difusión comunicacional de la agenda del presidencial, fortalecimiento de medios alternativos, el fortalecimien-to de la política informativa a través de oficinas regionales y el fomento a la aplicación de la Ley Resorte.

tra la aprobación de ocho nuevos créditos adicionales de un monto total de Bs. 4.670.657.322,52 (USD. 1.086.199.377,33). En lo que va de año se han aprobado 114 créditos adicionales por un monto de Bs. 47.757.461.762,87 (USD. 11.106.386.456,48). Este monto representa casi el doble del monto aprobado vía créditos adicionales en comparación al mismo periodo en el año 2011.

siones y jubilaciones y el restante 37% a transferencias corrientes realizadas a distintos entes adscritos a varios ministerios sobre todo para financiar su gestión administrativa.

Monto hasta Julio2011 (En Bs.)26.678.080.674Fuente: Gaceta O cial de la República Bolivariana, Julio 2012.

Monto hasta Julio2011 (En USD)6.204.204.808

Monto hasta Julio2012 (En Bs.)47.757.461.763

Monto hasta Julio2012 (En USD)11.106.386.457

% de Aumento de CréditosAdicionales79%

Partidas PresupuestariasGastos de Personal, Pensiones y JubilacionesTransferencias Corrientes para proyectosde Entes DescentralizadosTotal

Monto (En Bs.)1.260.992.454,54

739.007.545,46

2.000.000.000,00

Monto (En USD)293.254.059,20171.862.219,87

465.116.279,07

% del Crédito Adicional63%37%

100%Fuente: Gaceta O�cial de la República Bolivariana, Julio 2012.

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El 9 de julio, en su primera conferen-cia de prensa como candidato a la reelección, el presidente de Venezue-la, Hugo Chávez, defendió el uso de las cadenas nacionales de radio y te-levisión durante la presente campaña electoral. Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha negado a regu-lar este mecanismo, diversos estudios demuestran que su uso se incremen-ta notablemente durante los perío-dos preelectorales. En la conferencia de prensa, Chávez sesgó la informa-ción porque aseveró que el uso de las cadenas por parte del jefe de Estado constituía un “derecho constitucio-nal”, cuando no lo es. La ausencia de control por parte del poder electoral, en materia de cadenas nacionales de radio y televisión, representa un des-equilibrio ya que le permite al presi-dente-candidato difundir su mensaje de forma exclusiva por todo el siste-ma de radio y televisión del país, tan-to público como privado.

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120710/hugo-chavez-me-van-a-pedir-a-mi-que-no-haga-cadenas

Chávez defiende el uso de las cadenas durante la campaña electoral

Una misión de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas en inglés), constató la preocupación de los me-dios venezolanos respecto a una in-tensificación de la presión oficial ante las venideras elecciones presidencia-les, circunstancias en las que “los ata-ques a los periodistas se agudizan”; según recordó a la misión Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezue-la. “Estas votaciones son las más im-portantes desde la llegada de Chávez al poder y tememos por ello que se produzca el mayor índice de agresio-nes a los medios jamás registrado”, agregó.

Durante los últimos cinco meses, WAN-IFRA se ha opuesto radicalmen-te a las iniciativas de los gobiernos de Venezuela y Ecuador para debilitar la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Lea la nota completa del encuentro entre la misión de la WAN y los medios venezolanos en su página web: (http://www.wan-ifra.org/node/59649).

WAN-IFRA preocupado por censura a medios venezolanos durante campaña electoral

LIBERTAD DE EXPRESIÓN