ACCIONES COLECTIVAS DE LA VEEDURÍA AMBIENTAL MULALÓ ...
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0 ACCIONES COLECTIVAS DE LA VEEDURÍA AMBIENTAL MULALÓ – LOBOGUERRERO PARA LA DEFENSA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL CORREGIMIENTO DE PAVAS. Trabajo de grado presentado por: FAIBER ARLEY ESCOBAR DELGADO Cód.: 0745737 Director: FRANCISCO ADOLFO GARCÍA JEREZ. Ph.D UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE CEINCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE SOCOLOGÍA Santiago de Cali 2017
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ACCIONES COLECTIVAS DE LA VEEDURÍA AMBIENTAL MULALÓ –
LOBOGUERRERO PARA LA DEFENSA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL
CORREGIMIENTO DE PAVAS.
Trabajo de grado presentado por:
FAIBER ARLEY ESCOBAR DELGADO
Cód.: 0745737
Director:
FRANCISCO ADOLFO GARCÍA JEREZ. Ph.D
UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CEINCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE SOCOLOGÍA
Santiago de Cali
2017
1
Agradecimientos especiales
A mi director Francisco Adolfo García Jerez, por su dedicación, paciencia y valiosa orientación.
Al doctor Mario Alejandro Pérez Rincón de la facultad de ingeniería por haber generado los
puentes que hicieron posible este trabajo.
Al grupo de veedores ambientales del corregimiento de Pavas por su amable disposición y
colaboración: Giomar Piedad Gabriel, Isabel Arias, Marino Capote, Bernardo Martínez, Rubén
Sierra, Cristóbal Guerrero, Rubén Américo Gómez.
A la familia que amablemente me abrió las puertas de su casa: Édgar Barrios (veedor), Lena Irina
Barrios, Jader Carabalí, Alis Arian Carabalí Barrios.
A los funcionarios de la administración municipal de La Cumbre: Ricaurte Valverde, Secretario de
planeación Municipal y Mauricio Otero, secretario de gobierno municipal.
A mis padres y familiares por mi larga ausencia.
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Contenido Introducción ................................................................................................................................................. 3
1. Estado del arte ..................................................................................................................................... 7
1.1 Problema central ............................................................................................................................. 14
2. Objetivos ............................................................................................................................................ 17
2.1 Objetivo General ............................................................................................................................. 17
2.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................................... 17
3. Referentes Conceptuales ................................................................................................................... 18
4. Metodología ........................................................................................................................................ 32
5. Capítulo I ........................................................................................................................................... 34
5.1 El corregimiento de Pavas, la carretera Mulaló – Loboguerrero y la conservación del
recurso hídrico ........................................................................................................................................... 34
6. Capítulo II .......................................................................................................................................... 42
6.1 La veeduría ambiental .................................................................................................................. 42
6.1.1 Conformación de la veeduría ambiental. ............................................................................ 42
6.1.2 Organización interna ............................................................................................................ 47
7. Capítulo III ........................................................................................................................................ 52
7.1 Las acciones colectivas de la veeduría ambiental ....................................................................... 52
7.1.1 Logros y alcances en la acción de la veeduría ambiental ................................................... 52
8. Capítulo IV ......................................................................................................................................... 58
8.1 Oportunidades y restricciones para la acción ............................................................................ 58
8.1.1 Actores, oportunidades y restricciones. ............................................................................... 58
9. Capítulo V .......................................................................................................................................... 72
9.1 Algunas reflexiones en torno a las dinámicas del conflicto por la construcción de la carretera
Mulaló Loboguerrero en el corregimiento de Pavas. ............................................................................. 72
10. Conclusiones .................................................................................................................................. 77
3
Introducción
El presente trabajo, parte de la experiencia de movilización mediante acciones colectivas de la
veeduría ambiental conformada en el corregimiento de Pavas como mecanismo legal para incidir
y garantizar el menor impacto para el acuífero que surte de agua al corregimiento por efectos de
la construcción de la carretera de cuarta generación Mulaló – Loboguerrrero.
De acuerdo con los alcances de este trabajo se busca describir las acciones colectivas llevadas a
cabo por los agentes de la veeduría ambiental V13 del corregimiento de Pavas, por la construcción
de la carretera Mulaló – Loboguerrero, además teniendo en cuenta los discursos de los actores, se
busca reconocer el proceso mediante el cual se conforma la veeduría ambiental en el corregimiento,
identificando los procesos organizativos internos de la veeduría a partir de los roles y acciones
emprendidas por parte de sus actores, así como reconocer cuáles han sido las adversidades y
oportunidades de los actores para la acción. Como elemento contextual y debido a la manifestación
de esta situación en el territorio también se busca realizar la distinción de las características del
conflicto que se presenta entre algunos actores del corregimiento y entidades de orden nacional
responsables de llevar a cabo el proyecto de construcción de la carretera.
El estudio cuenta con una aproximación cualitativa - interpretativa, partiendo de la perspectiva
teórica de las acciones colectivas en el marco de las organizaciones y sus actores, se realizan
entrevistas semi estructuradas a actores principales, se realiza revisión documental y observaciones
etnográficas en el corregimiento, a partir de las cuales se da cuenta de la posición de los actores de
la veeduría, la administración municipal y otros del corregimiento frente a la construcción de la
vía.
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Para el acceso al campo, se contó con contactos cercanos de la organización y posteriormente de
la comunidad dispuestos siempre a compartir información y experiencias, además de permitir la
revisión de documentos propios de la gestión de la veeduría.
Se identifican aportes teóricos en los cuales se evidencian las diferentes tipos de manifestaciones
o acciones colectivas en defensa de valoraciones ambientales como es el caso de la defensa del
agua en contextos urbanos y rurales, además de diferentes formas de acción colectiva entre las que
se encuentran las movilizaciones masivas por la construcción de carreteras como en el caso del
Tipnis; las acciones legales como el refrendo por el agua y otras formas de organización social en
donde el común denominador se centra en acciones reivindicatorias sobre condiciones de lugares
y medio ambiente.
Asuntos como el que se presenta, que desde la perspectiva de los actores son llamados ambientales,
son eminentemente conflictos sociales con una amalgama de razones motivadoras para la acción,
en donde se pone de manifiesto valoraciones sobre los recursos naturales o el ambiente. Por esta
razón se pretende tener una aproximación a las experiencias de movilización directamente de sus
actores.
La investigación es influenciada por la evidencia del auge de grupos o movimientos que se asocian
para generar protestas o acciones colectivas de diversa índole, con el objetivo de evitar impactos
en los recursos naturales y los modos de vida de las poblaciones. En el capítulo uno se introduce
al lector en el contexto territorial del corregimiento de pavas, se exponen las dinámicas sociales
del territorio; se hace una aproximación a los contextos tanto locales, nacionales y trasnacionales
que hacen posible la generación de la obra de infraestructura a través del territorio, así como el
resultado del surgimiento de la veeduría como mecanismo para generar incidencia sobre el trazado
de la carretera y el posible impacto del recurso hídrico de la zona.
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En el capítulo dos se aborda a partir del discurso de los actores, el proceso mediante el cual se
conforma la veeduría mediante resolución municipal, se detallan elementos de la organización
interna y de los roles y funciones de la veeduría. Se evidencia que al ser un grupo reducido en
cantidad de integrantes, no existen funciones específicas o roles diferenciados, pero sí existe un
liderazgo marcado. Los integrantes de la veeduría actúan de acuerdo con las necesidades
identificadas y se distribuyen acciones específicas de acuerdo con las fortalezas de sus integrantes;
algunos actores de la veeduría que hacen las veces de articuladores con otros actores locales en el
corregimiento.
En el capítulo tres se hace un balance de las acciones colectivas que lleva a cabo la veeduría
ambiental, identificando en esta, el tipo de acciones, las cuales se enmarcan en los mecanismos
legales para la participación social; se evidencia que la relación con las agencias nacionales es
lenta y dispendiosa, ya que se generan muchas dilaciones en el proceso. Respecto a la participación
de los actores de la veeduría, se encuentra que algunas de las funciones varían desde el estudio de
documentos técnicos y legales, redacción de cartas y comunicados, contactar medios de
comunicación, entre otros. El resultado de la gestión de la veeduría a partir de los roles establecidos,
evidencia inconsistencias que permiten generar argumentos que les confieren legitimidad para la
incidencia mediante los recursos legales en el trazado de la carretera. En el marco de las acciones
colectivas se generan derechos de petición, acciones populares, acciones de tutela y acciones de
desacato. La interlocución generada con otros actores del orden nacional no solo genera mayor
conocimiento del proceso y de las inconsistencias evidenciadas, sino que también genera identidad
y cohesión en el grupo de la veeduría para el desarrollo de su función.
En el capítulo cuatro se identifican las posibilidades y dificultades para los actores de la veeduría
en el ejercicio de las acciones que desarrollan. Se evidencian los mecanismos o estrategias
empleados, las alianzas o redes de apoyo, así como las relaciones sociales que permiten agilizar
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procesos, recibir información y capacitación. Las redes de aliados contribuyen a la organización
con la generación de significados que a su vez confieren legitimidad frente a las acciones que se
realizan. Se evidencia la dificultad de alianza con otros actores del corregimiento, el cual cuenta
con pocos espacios de participación social. La “tranquilidad” del municipio y corregimiento se
refleja en la pasividad de sus habitantes. Se evidencia además que la relación de la veeduría y la
administración local se dio de manera armónica, sin embargo esta última cuenta con una posición
limitada, sin posibilidades de acción y marginada de cualquier clase de información sobre el
proyecto por parte de los actores de la concesión vial.
Finalmente en el capítulo cinco, a partir de la evidencia recolectada en el campo, se hace una
aproximación a la caracterización la situación conflictiva que se presenta en el corregimiento,
teniendo en cuenta las acciones colectivas que se han llevado a cabo, los actores vinculados a la
veeduría y las posiciones que estos argumentan frente a la aceptabilidad o no de la construcción
de la carretera en cuestión. Se logra evidenciar algunos aspectos del conflicto como un conflicto
de intereses diversos donde el principal motivador de la acción es la conservación del recurso
hídrico. Existen claramente actores diferenciados en contra posición, sin embargo no es una
posición compartida por un grupo numeroso de actores locales, los habitantes del corregimiento
son fácilmente influenciables, no existen espacios de agremiación, la participación social es baja y
la apatía por los procesos públicos el alta.
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1. Estado del arte
Algunos estudios consultados dan cuenta de diferentes acciones colectivas generadas o motivadas
por la defensa de recursos naturales o impactos contra ecosistemas o territorios. Algunas de estas
corresponden con la defensa del agua como bien público; conflictos surgidos por la construcción
de carreteras; explotación de recursos naturales y construcción de represas. Además se evidencian
formas de acción colectivas de orden legal para promover derechos sobre bienes como el agua
principalmente. Los conflictos socio ambientales se abordan desde una expresión compleja.
Los intereses contrapuestos entre actores comunitarios y agencias estatales o privadas que dan
origen a conflictos socio ambientales, así como las acciones colectivas que se generan en torno a
estos, demandan otras formas de movilización en tanto buscan mayor efectividad en sus demandas.
Los procesos de democratización y en un nuevo contexto institucional marcado por el
fortalecimiento de los poderes judiciales y, especialmente, de las cortes constitucionales en la
región, la incorporación de nuevos instrumentos legales para la defensa de derechos, los actores
sociales en América Latina han desarrollado nuevas formas de acción colectiva, incluyendo en
particular la movilización legal (Ruibal, 2015).
Se han evidenciado luchas por la defensa o preservación de recursos naturales como expresión de
acción colectiva generalizada, con un objetivo común. Uno de los casos documentaos más
representativos de movilización de los cuales se tiene como antecedente en América Latina, tiene
que ver con la lucha por el agua en Cochabamba Bolivia. En el año 2000 se termina un ciclo de
protestas que inicia en diciembre de 1999, producto de la oposición a la corporación
estadounidenses “Betchel”, participante en el creciente mercado del agua alrededor del mundo. Las
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movilizaciones que esto genera son masivas con el único objetivo de generar oposición a la
privatización del agua (Kruse, 2005).
A partir de la movilización social y el uso de mecanismos legales como la participación en
consultas populares se logra evitar la privatización. El ciclo de protestas termina anulando el
contrato con Bechtel y forzando al Congreso a anular la Ley 2029 y aprobar en sesiones
maratónicas las alternativas de los campesinos regantes. Este hecho sin precedentes en las luchas
sociales, fue posible gracias al nivel de organización de los manifestantes, en donde el objetivo
común, la oposición a la privatización del agua, logró reunir diferentes organizaciones y
ciudadanos (Kruse, 2005).
Otras actividades, como la construcción de carreteras, en el caso de Bolivia, generan conflictos
multiculturales con incidencia en la composición social y económica de la población.
Recientemente este país ha sido escenario de un nuevo conflicto social entre las comunidades del
TIPNIS y el gobierno, debido a la construcción de la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio
de Moxos. Esta construcción consistiría en dividir en dos partes al Parque Nacional Isiboro Sécure,
lo cual afectaría la biodiversidad (fauna y flora) y la concepción de la “madre tierra” de los
indígenas bolivianos. En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2011, se llevó a cabo la
marcha indígena del TIPNIS, en la cual de acuerdo con el estudio se evidencian intereses disímiles
entre los pueblos indígenas respecto a cómo entender el desarrollo; profundización del modelo
extractivista y enormes contradicciones con un modelo extractivo primario exportador y la
dimensión política de Estado Plurinacional (Paz, 2012).
El estudio explica la relación entre la movilización indígena del TIPNIS y la dimensión del modelo
extractivista en Bolivia, se describen las características del conflicto, los actores inmersos, la
relación entre estos, y los intereses que se ponen en juego cuando el Estado busca expandir un
modelo extractivista primario exportador. Se evidencia que los pueblos indígenas en Bolivia no
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comparten la misma visión de desarrollo; El estado no es una institución que está por encima de
las clases y los sectores sociales, más bien expresa las luchas internas de las clases y los sectores
sociales. Detrás del conflicto hay procesos orgánicos de recomposición de clases en Bolivia y los
modelos extractivos primario exportadores que se desenvuelven con características seculares en su
matriz económica, están intentando reacomodarse en la sísmica social que se viene produciendo en
Bolivia.
Los modelos extractivos primario exportadores se están desarrollando en países como Bolivia, en
un contexto de procesos de movimiento y democratización de la estructura social, que terminará
cambiando la composición de clases sociales y su relación con el movimiento de capital global; y
la condición de plurinacionalidad puede convertirse en el talón de Aquiles puesto que implica
discutir decisiones que desde el mono nacionalismo son tratadas como: “asuntos de bien común”,
“asuntos de Estado”, “decisiones que no se discuten”.(Paz, 2012). Se evidencia entonces la
complejidad en los procesos de interpretación de las diversas realidades, unas de tipo económico
y otras arraigadas en anclajes a identidades ancestrales que no son tenidas en cuenta en las visiones
de los actores que toman las decisiones.
Por otro lado, una mirada desde los actores aborda los escenarios de conflictos socio ambientales
generados por la presencia del Estado (o agencias de desarrollo) o corporaciones transnacionales
en el uso y explotación de los recursos naturales en el marco de transición a un modelo de
acumulación flexible y de inter dependencia ecológica o crisis del Estado –nación. Este estudio
comparó dos conflictos, uno en la India y el otro en la alta Amazonía del Ecuador, con condiciones
geográficas y administración del territorio similar; se determinó la tipología del conflicto generado
por explotación de recursos naturales en espacios apartados del territorio, en el contexto global del
capitalismo en su etapa de acumulación flexible. Los casos se abordan evidenciando en ellos la
relación entre actores e intereses, estrategias y escenarios. El análisis de estos dos conflictos
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muestra que el estudio de los conflictos socio ambientales en el marco de la globalización
constituye un complejo juego de varios niveles, escenarios y que involucra una gran cantidad de
actores en un marco de conducta impredecible (Ortiz, 1997). Desde la óptica del poder, los actores
estatales suelen subestimar a los otros actores, como el caso de los integrantes de comunidades
rurales y las redes de apoyo, los cuales son considerados intrusos y competidores sin legitimidad
en el conflicto, por la defensa de los recursos de una zona determinada (Ortiz, 1997). En este
sentido se evidencia la centralidad en quienes realizan las demandas o las acciones colectivas y la
valoración que se le otorga a esto por parte de otros actores inmersos en el conflicto. Los recursos
con que cuenten determinan la existencia, permanencia y el logro de los objetivos.
En ocasiones, aunque exista evidencia de los posibles impactos sociales y ambientales sobre las
poblaciones, proyectos de importancia nacional se llevan a cabo sin contar con la decisión de los
directamente afectados. La lógica de reducción de los impactos causados, opera principalmente
desde el raciocinio de compensación económica.
En Colombia, a partir de la construcción de la represa “Hidrosogamoso” inaugurada en el año 2015
en el departamento de Santander, se evidencian los impactos ambientales, sociales y económicos,
las ventajas y efectos nocivos que tiene el proyecto hidroeléctrico. Se emplean postulados básicos
de la teoría de la acción colectiva y los recursos de uso común RUC, con alusión al enfoque de
bioeconomía. Se estudió desde una perspectiva multidisciplinaria (sociología, economía,
psicología y con especial énfasis la ciencia política.
Se concluye que la construcción de la hidroeléctrica genera grandes daños ambientales por su
cercanía a zonas de reserva ecológica, los programas de mitigación solo incluyen a los jefes de
hogar, no siendo los únicos afectados por el proyecto. Los requerimientos de los pobladores no son
tenidos en cuenta y no existe en la red de aliados quienes puedan atender sus demandas. Desde la
perspectiva de la acción colectiva se concluye que es necesario cooperación para preservar recursos
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naturales y evidencia empírica de acción no violenta creativa; coordinación de acciones colectivas
comunitarias locales y regionales, apoyo de un consorcio de ONGs, periodistas, intelectuales y
políticos, para afrontar el megaproyecto y exigir la aplicación de los programas de mitigación y
realización de los derechos de los pobladores; coordinación de redes y acciones colectivas de
intelectuales, comunicadores, abogados y políticos para demostrar, mediante argumentos, los
impactos económicos y ambientales del proyecto Hidrosogamoso (Ardila V, 2014).
Otros casos en los que se vinculan las acciones colectivas desde el marco legal, estudiadas a partir
de la Investigación Acción Participación, en la que se sistematiza la articulación de un movimiento
social local que afrontó luchas globales en contra de los macro proyectos y por la defensa del agua
en el departamento de Santander. En el estudio se emplean dos paradigmas de los movimientos
sociales, el de la movilización de recursos y el de los "nuevos movimientos sociales", en el marco
del Estado social de derecho y los mecanismos definidos para la participación. Se evidencia, entre
otros, que el movimiento genera una red que es aglutinadora de diferentes organizaciones, con
base en el modelo de la latencia y visibilidad. A través de la "política de identidad", genera
reconocimiento y a partir de "la política de influencia e inclusión" se orienta hacia la sociedad civil,
la sociedad política y la sociedad económica lograr incidir en los proyectos.
El movimiento articuló su lucha a través del diario regional. Se valió de oportunidades como redes
comunitarias, los medios alternativos y la dramaturgia que atrajeron a los medios de comunicación
masiva; para penetrar la agenda pública o la acción visible, el Movimiento Defensores del Agua
partió de los cabildos abiertos de carácter popular y utilizó también mecanismos institucionalizados
de participación ciudadana como los Cabildos Abiertos (Ley 134 de 1994) y la Audiencia Pública
Ambiental (Ley 99/93). Estas acciones crearon solidaridad, extendieron su radio de acción y
trajeron más adherentes al Movimiento. el Movimiento Defensores del Agua ganó, al crear
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solidaridad, al fortalecer la democracia dentro de la sociedad civil y del Estado, al darle nuevos
significados a las luchas contra el neoliberalismo a nivel local (Tarazona, 2013).
Existe la posibilidad de participación bajo el marco normativo que se establece para el país, sin
embargo no es suficiente para lograr los objetivos propuestos, se deja en evidencia la necesidad de
recurrir a acciones colectivas innovadoras, con la participación de aliados estratégicos y diversos
y con un exposición mediática bastante alta como recurso para el logro de los fines.
A partir del método de investigación acción participativa, el caso del Trasvase del río Guarinó al
río la Miel, que surge como resultado de la investigación “problemas y conflictos ambientales
asociados con el agua en el departamento de Caldas” , plantea el análisis del contexto geopolítico
de la biodiversidad del oriente de Caldas, los proyectos hidroeléctricos en la vertiente del río
magdalena, la descripción general del conflicto ambiental, descripción de los intereses de los
actores frente al conflicto, las estrategias jurídicas. Se establecen las condiciones de vulnerabilidad
social a la cual están sometidas las comunidades frente a procesos de construcción de obras de gran
envergadura en el marco del desarrollo (Lasso, Sánchez, & Hernández, 2008). Los intereses
nacionales generalmente no son los mismos que los intereses de los locales.
Un aporte a la discusión sobre la gestión colectiva del agua, que busca tejer una relación entre las
acciones colectivas, el manejo comunitario de los bienes públicos y la transformación de conflictos
ambientales. La distancia entre las propuestas de manejo del Estado colombiano y las formas de
gestión de dos comunidades de barrios ubicados en los Cerros Orientales de Bogotá, no solo son
distintas sino distantes en la forma de construir su relación histórica con el agua y las formas de
control sobre el recurso mismo. La construcción social, cultural y política de las comunidades, les
permite construir una identidad colectiva que los cohesiona y distingue. Identidad que se convierte
en parte de la forma en que las comunidades, empleando repertorios de acción colectiva,
evidenciando que existen otras formas de gestionar el agua, distintas a los mecanismos de
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privatización del recurso. La existencia de otras formas posibles de relacionarse con el mundo ha
sido planteada con fuerza por comunidades étnicas, campesinas, grupos de mujeres, de jóvenes, de
ambientalistas y otros tantos que buscan planear su propia existencia y tener la posibilidad de
decidir sobre la forma de construir sus propios deseos. (Millán Guzmán, 2010).
El referendo por el agua en Colombia, como acción colectiva en torno a la defensa de un bien
colectivo como el agua es emblemática, en esta se vinculan diferentes organizaciones y grupos
sociales. La investigación da cuenta del historial de movilización en el país desde 1909 a 2009; la
gestión de acueductos comunitarios; un consolidado del uso de herramientas jurídicas, hasta llegar
al referendo por el agua como momento significativo de movilización, hacia la consagración del
agua como derecho humano, a través de un referendo de iniciativa ciudadana, el cual posicionó el
tema en la agenda pública con el acceso a un mínimo vital de agua como mecanismo de efectividad
del derecho al agua, el fortalecimiento de acueductos comunitarios y la discusión sobre el proceso
legislativo del referendo (Gómez 2014).
Son diversos los impactos y conflictos generados por las actividades del desarrollo, pero a su vez
diversas las respuestas de los grupos sociales frente a estos impactos y la forma de incidir en ellos,
es por eso que se evidencia que los macro proyectos que tienen intereses transnacionales tienen
mayor probabilidad de llevarse a cabo, aún con presencia de acciones de movilización en contra y
otros recursos legales con que cuentan los grupos organizados para oponerse y lograr incidencia;
en este sentido, los resultados de las acciones colectivas por la defensa de bienes colectivos
dependen en gran medida de la magnitud del proyecto, de los intereses en juego y del poder de
influencia que tengan los grupos organizados opositores sobre actores clave en el contexto.
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1.1 Problema central
En la actualidad, la racionalidad de los proyectos nacionales que se adelantan en términos de
competitividad económica no siempre tienen en cuenta las realidades locales de los territorios y
comunidades que son afectadas por estos, incrementando la vulnerabilidad para esas poblaciones,
potenciando impactos socio-ambientales, degradando recursos naturales y afectando modos de
vida. Esta racionalidad económica, por un lado genera mayor presión en la extracción de recursos
naturales y en consecuencia con esto la articulación de las redes de infraestructura vial, para
garantizar la movilización de materias primas y mercancías, con implicaciones sociales y medio
ambientales y con afectación de recursos indispensables para la calidad de vida de las personas en
los territorios. Como resultado de esas presiones en los territorios, se potencia la formación y
organización de grupos defensores, ambientalistas y organizaciones de diferente orden que
generan acciones y protestas contrapuestas a los impactos mencionados.
La construcción de la carretera Mulaló – Loboguerrero atraviesa el corregimiento de Pavas en una
parte de su trazado, algunos actores sociales del corregimiento advierten la posibilidad mediante
esta obra de generar impacto al acuífero1 afectando el recurso hídrico que se encuentra presente en
el subsuelo del corregimiento en un área de 17 km2, que abastece de agua potable la población de
Pavas y de varias veredas cercanas. Este acuífero por sus características físicas podría ser afectado
por el cruce de la carretera en cuestión. Debido a esto, actores sociales del corregimiento buscan
los mecanismos para incidir sobre el trazado de la carretera, conforman la Veeduría ambiental con
13 integrantes residentes en la región. A través de esta figura jurídica realizan acciones colectivas
1 “Estrato de roca permeable que contiene agua. Un acuífero no confinado se recarga directamente por medio del
agua de lluvia, ríos y lagos, y la velocidad de la recarga se ve influenciada por la permeabilidad de las rocas y suelos
en las capas superiores. Un acuífero confinado se caracteriza por un manto superior que es impermeable y por lo
tanto las lluvias locales no afectan el acuífero” (“Glosario de términos IPCC,” n.d.).
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principalmente de tipo legal amparados en los derechos provistos por la constitución nacional en
el marco del Estado social de derecho.
La veeduría promueve la defensa del acuífero, en tal sentido buscan incidir para lograr el desvío
de la carretera en el tramo que podría afectar este recurso natural, sin embargo, es claro que dentro
de las pretensiones de la veeduría ambiental no se encuentra obstaculizar el proceso de construcción
de la vía, al considerar de manera general que es una obra necesaria para el país y la región. La
consigna del grupo profesa “Si a la vía pero no por Pavas”.
Foto 1 Acuífero, Acueducto Acaapavas
La conformación de la veeduría obedece a estudios que evidencian alta vulnerabilidad para el
acuífero por la construcción de la carretera, ya que esta es la única fuente segura para el suministro
de agua potable a cerca de 8.000 personas hoy asentadas en Pavas y las veredas vecinas. Es
importante tener en cuenta que el municipio de La Cumbre es considerado el segundo municipio
más pobre en recursos hídricos del Valle del Cauca, presenta racionamiento permanente en algunas
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veredas y en otras el servicio de agua es tan solo de 4 horas semanales, siendo este problema más
evidente y más agudo en las épocas secas del año.
Entre los posibles impactos ambientales por la construcción de la carretera, la veeduría argumenta
que se generarían modificaciones en los patrones de drenajes en todo el Valle de Pavas, se
presentarían cambios en los niveles freáticos y aumento de la erosión. En la salud humana la
generación de polución y ruido, alteraciones en la tranquilidad de la localidad y la salud mental de
sus habitantes, entre otros de tipo social y económico.
Con base en lo anterior, se busca explorar ¿cómo es el proceso mediante el cual se conforma la
veeduría ambiental? ¿Cuáles son las acciones colectivas emprendidas por la veeduría ambiental?,
¿cómo se pueden catalogar estas acciones colectivas?, ¿cuál ha sido el impacto de estas acciones
colectivas?, ¿Cómo es la organización de la veeduría ambiental?, ¿cómo es la participación de los
diferentes actores internos de la veeduría? ¿Cuáles han sido las dificultades o facilidades para llevar
a cabo las acciones colectivas?
Por lo anterior la pregunta central es:
¿Cuáles son las acciones colectivas llevadas a cabo por los actores de la veeduría ambiental
carretera Mulaló – Loboguerrero, del corregimiento de pavas para la incidencia en el
trazado de la carretera y la posible afectación del recurso hídrico del corregimiento?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Describir las acciones colectivas llevadas a cabo por la veeduría ambiental V13 Mulaló –
Loboguerrero, por la construcción de la carretera Mulaló – Loboguerrero en el corregimiento
de pavas por la defensa del recurso hídrico.
2.2 Objetivos Específicos
Reconocer a partir del discurso de los actores, el proceso mediante el cual se conforma la
veeduría ambiental en el corregimiento, en el marco del proyecto de construcción de la
carretera Mulaló – Loboguerrero.
Distinguir los procesos organizativos internos de la veeduría ambiental a partir de los roles
y acciones emprendidas por parte de sus actores.
Identificar las acciones colectivas llevadas a cabo por la veeduría ambiental en el marco de
las adversidades y oportunidades de sus actores para la acción.
Realizar la distinción de las características del conflicto presentado entre algunos actores
del corregimiento y las entidades de orden nacional por el proyecto de construcción de la
carretera Mulaló – Loboguerrero.
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3. Referentes Conceptuales
Los referentes conceptuales abordan de manera ligera el interés de los estudios de orden ambiental
por las ciencias sociales y en especial por la sociología. Desde los estudios con determinismo
ambiental, más adelante los planteamientos con enfoque de riesgos y de manera recientemente las
luchas de actores sociales en donde se pone de manifiesto discursos ambientalistas o de protección
de recursos o espacios naturales.
Perspectivas teóricas más recientes, desde la sociología ambiental y la antropología confieren una
mirada a la valoración de la naturaleza y los lugares por parte de los actores que se encuentran en
ellos y que generan luchas sociales para preservarlos o reivindicarlos. De esta manera se realiza
una aproximación a los aportes de Arturo Escobar, en donde se busca la articulación con las
acciones colectivas para generar mayor comprensión de las demandas de orden ambiental y no
ambiental que se generan en el territorio, en este caso particular por el desarrollo de obras de
infraestructura que ponen en juego recursos naturales y formas de vida de los habitantes.
También se pretende comprender en el marco de los nuevos movimientos sociales y las acciones
colectivas, las estrategias y acciones colectivas emprendidas en el territorio desde una visión
centrada en la organización y sus actores y no en grandes estructuras sociales. En este contexto las
acciones colectivas no están supeditadas a grandes marcos o estructuras que no reconocen la
formación de esas acciones colectivas. A partir de las acciones colectivas que se desarrollan,
existen tres aspectos centrales, la movilización de recursos al interior del grupo; la organización
interna, y el liderazgo que se establece. Esta visión tiene en cuenta la formación del actor colectivo
y comprende las acciones colectivas como resultados de intenciones.
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Finalmente se expondrán algunos conceptos para comprender la naturaleza del conflicto y el
conflicto ambiental, generando matices para su interpretación en la medida que obedece a una
amalgama de requerimientos o demandas de los actores en la que una de estas corresponde con lo
ambiental. Se adopta el concepto de Tensión ambiental, que en términos generales corresponde a
la etapa previa de un conflicto socio ambiental.
Después de institucionalizarse las ciencias sociales, la geografía fue la primera ciencia en ocuparse
de los estudios sistemáticos de la relación entre la sociedad y medio ambiente. Huntington (1876
– 1947) estudia el clima como causa y efecto en el comportamiento humano, al igual que William
Holmes insiste en que la cultura material viene ampliamente determinada por el entorno (Louis
Lemkow, 2002). Las ciencias sociales se ocupan de la relación de la sociedad y el medio a partir
de los años 60, aunque se pueden evidenciar algunos aportes en ciencias como la geografía y la
antropología principalmente (Louis Lemkow, 2002).
En la década de 1960 se genera una corriente crítica desde los sectores académicos relacionado
con la inseguridad, esto hace que se presente una “ecologización” en las ciencias sociales, en la
política y la construcción social del medio ambiente, de los riesgos ambientales en un sistema
planetario (Lemkow, 2002). En la sociología, Sorokin en su obra Teorías sociológicas
contemporáneas, resume los postulados principales del ambientalismo y presenta una serie de
críticas importantes (Louis Lemkow, 2002). El determinismo ambiental genera historia y logra
mantenerse en medio de importantes cambios económicos y sociales. Las explicaciones
ambientales de la sociedad en el siglo XIX se encontraban principalmente en el mundo anglosajón
y desde disciplinas como la geografía y de manera incipiente la antropología y la sociología (Louis
Lemkow, 2002).
Más adelante, “la sociedad del riesgo” y la percepción social del medio ambiente y de las nuevas
tecnologías se convierte en uno de los ejes centrales de la sociología ambiental contemporánea, la
20
relación entre la sociedad y el medio ambiente es un acontecimiento reciente y ligado a la llamada
crisis ecológica planetaria. La sociología de Ulrich Beck, a partir de la sociedad del riesgo presentó
una inflexión para la sociología ambiental y presentó una serie de réplicas y elaboraciones teóricas
sobre el riesgo, el medio ambiente y la modernidad (Lemkow, 2002). Beck plantea que somos
testigos de una fractura dentro de la modernidad, que se desprende de la sociedad industrial clásica
y en la cual se acuña una nueva figura llamada “sociedad del riesgo” (Beck, 1998). Para este autor,
mientras que en la sociedad industrial la lógica de la producción de riqueza domina a la lógica de
producción de riesgos, en la sociedad del riesgo se invierte esta relación, las fuerzas productivas
han perdido su inocencia en la reflexividad de los procesos de modernización. La ganancia de poder
del progreso técnico económico se ve eclipsada cada vez más por la producción de riesgos. En la
idea de la producción de riesgos el autor la compara con la lógica del reparto de la riqueza, que ha
determinado el pensamiento de la teoría social (Beck, 1998).
Beck, en la sociología del riesgo distingue tres grades temas: describe las características e
implicaciones que tienen los nuevos riesgos y peligros generados por los nuevos procesos de la
modernización e industrialización; analiza los efectos de una sociedad repleta de riesgos que
generan una gran sensación de inseguridad e incertidumbre que se manifiesta en lo que denomina
la modernización reflexiva; y finalmente estudia el rol ambiguo en la ciencia y su incidencia en la
conformación de nuevos espacios y estrategias políticas. En el marco de la sociología de Beck,
los riesgos están presentes en todos los espacios, tienen un carácter subjetivo, en este sentido puede
variar la percepción de estos. Los riesgos dejan de ser locales y se convierten en riesgos mundiales.
Enfoques más recientes confieren gran importancia a los significados y valoraciones que los actores
sociales otorgan a los espacios y territorios en los que habitan, desde esta perspectiva, autores como
Escobar plantean la marginalización del “lugar” en el marco de los estudios sobre la globalización.
21
“El hecho es que el lugar -como la experiencia de una localidad específica con algún grado de
enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca
fija- continúa siendo importante en la vida de la mayoría de las personas, quizás para todas
(Escobar, 2002).
Estas perspectivas, desde el enfoque antropológico es una crítica y un intento de alienar la teoría
social con los puntos de vista del mundo y de las estrategias políticas de aquéllos que existen del
lado del lugar, el no-capitalismo y el conocimiento local (Escobar, 2002).
En este sentido, la idea de lugar permite identificar la entre las sociedades el espacio en donde se
encuentran con todos los aspectos relacionales que se encuentran en este, siendo determinante para
decidir abandonar el lugar, para el caso de migrantes y desplazados o decidir quedarse en este y
defenderlo por parte de sus habitantes y colectivos sociales. “El lugar, en otras palabras, ha
desaparecido en “el frenesí de la globalización” de los últimos años y este desdibujamiento del
lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la
naturaleza, y la economía” (Escobar, 2002). La experiencia de desarrollo ha significado un
rompimiento del lugar más profundo que nunca antes.
En la actualidad este planteamiento que se encuentra enmarcado en la corriente decolonial, en
donde autores latinoamericanos desde hace algunas décadas hacen una ruptura con las tradiciones
académicas europeas y norteamericanas principalmente, poniendo de presente narrativas con
mayor concordancia a las prácticas culturales y al devenir del desarrollo en los territorios del sur.
Esta apertura genera matices para el abordaje del problema central en la medida en que refuerza y
le otorga importancia a la mirada desde los actores en un contexto de globalización y desarrollo en
donde lo económico es el principal factor sobre el lugar que habitan con las valoraciones que se
hacen sobre el entorno.
22
Se desprenden de este panorama aspectos como que los eruditos y activistas de estudios
ambientalistas no sólo están siendo confrontados por los movimientos sociales que mantienen una
fuerte referencia al lugar -verdaderos movimientos de apego ecológico y cultural a lugares y
territorios- sino que también confrontan la creciente comprensión de que cualquier salida alterna
debe tomar en cuenta los modelos de la naturaleza basados en el lugar, así como las prácticas y
racionalidades culturales, ecológicas y económicas que las acompañan (Escobar, 2002). Esta visión
se retoma principalmente de las experiencias reivindicativas de comunidades étnicas en varias
partes de sur américa en donde Colombia, debido a las dinámicas económicas hace un aporte
representativo.
Sin embargo, de acuerdo con Escobar , la defensa del lugar puede ser vinculada a la práctica de un
grupo de actores, desde activistas de movimientos sociales hasta arqueólogos históricos,
antropólogos ecológicos, psicólogos ambientalistas, y ecólogos”(Escobar, 2002), que para el caso
en cuestión denota una importancia mayor debido a que se presentan muchas reivindicaciones
asociadas al lugar como un sitio tranquilo pero además con abundantes recursos naturales para
satisfacer las necesidades de sus habitantes.
La “ecología política”, que es una corriente ideológica del ecologismo liderada por los
movimientos sociales ambientalistas se aproxima a estas miradas. De acuerdo con el autor, conlleva
una defensa de la identidad, el lugar y la región que no da por sentado ni el lugar ni la identidad,
aún si está formulada como la defensa de éstos. Una construcción colectiva de la identidad es, por
supuesto, crucial en este aspecto” (Escobar, 2002). Es necesario reconocer entonces el grado de
cohesión de los actores comunitarios como condición de construcción y arraigo de la identidad en
el corregimiento, específicamente con las condiciones que hacen del territorio estudiado “un buen
vividero”.
23
Del reconocimiento que los actores posean del territorio y la identidad conferida al lugar se
configuran posibilidades para la acción con este marco o enfoque conceptual. Las condiciones que
hacen posible la defensa y reforzamiento del lugar según Escobar se dan a través de redes reales y
virtuales de todo tipo; a través de coaliciones de movimientos sociales; y a través de coaliciones
heterogéneas de diversos actores como académicos, activistas, ONG, etc. está claro que las pugnas
basadas-en-el-lugar comienzan a crear efectos y realidades supralugar
En este punto específico, las acciones colectivas por la defensa de los territorios cobra sentido, por
su parte el aporte de Laclau, en el análisis de los nuevos movimientos sociales tiene que ver con
ciertas premisas teóricas que hacen posible centrar la mirada en la novedad y en lo específico de
las nuevas formas de lucha y resistencia (Laclau, 1987). Desde la perspectiva de Laclau, las nuevas
formas de lucha social crean una crisis en el paradigma tradicional de las ciencias sociales frente a
los agentes sociales que participan y los conflictos que entre estos puedan ocurrir.
En este panorama tres características han tipificado la conceptualización de los conflictos sociales:
a) determinación de la identidad de los actores de acuerdo con las categorías de la estructura social;
b) conflicto determinada según paradigma diacrónico – evolutivo. Y, c) Pluralidad de espacios
sociales del conflicto social reducido hacia un espacio político unificado en la cual la presencia de
los agentes es concebida como una representación de intereses (Laclau, 1987). Sin embargo, La
transformación en los aspectos sociales y económicos en términos de la producción, los bienes
adquiridos, la pertenencia a un espacio social, entre otros, ha generado que las posiciones sean más
autónomas y la articulación existente entre las diferentes posiciones se torna aún más
indeterminada. “categorías como clase obrera, pequeños burgueses, entre otras se vuelven menos
significativas para entender la identidad total de los agentes sociales” (Laclau, 1987). En este
24
sentido grandes categorías dan paso a realidades más diversas, actores y demandas más complejas
y particulares.
Uno de los avances en las ciencias sociales tiene que ver con el rompimiento de la categoría
“sujeto” como unidad racional y transparente que conduciría a un resultado homogéneo en todos
los terrenos de conducta al ser fuente de sus acciones. Esta situación conlleva a una inversión en
la noción de subjetividad, es decir un lugar diferenciado en la estructura social. El agente es una
pluralidad dependiente de las diferentes posiciones del sujeto al interior de formaciones
discursivas. En definitiva las nuevas formas de lucha son el resultado de la autonomía creciente
de las esferas sociales en las sociedades contemporáneas entendiendo teóricamente la noción de
sujeto como agente descentrado y destotalizado. “no hay posición de sujeto cuyos nexos con los
demás estén lo suficientemente asegurados y no hay una identidad social completamente adquirida
que no esté sujeta en mayor o menor grado a la acción de las prácticas articulatorias”(Laclau, 1987)
Muy acorde al planteamiento de Lacau y de manera más reciente, Melucci complementa la visión
en la cual es necesario otras perspectivas teóricas para el análisis de las acciones colectivas
enmarcadas en los nuevos movimientos sociales.
De acuerdo con Melucci, en las sociedades contemporáneas las nuevas forma de acción ha
propuesto carencias de teoría, haciendo la búsqueda de nuevos instrumentos de análisis. En la
teoría de la acción colectiva dos tradiciones teóricas han liderado: el marxismo y la sociología
estadounidense funcionalista (Melucci, 2010). En términos del autor, estas grandes estructuras no
reconocen los procesos mediante los cuales se forman las acciones colectivas. En este sentido,
contradicciones del sistema capitalista buscan definir condiciones para una trasformación
revolucionaria, sin embargo desconoce los procesos de formación de las acciones colectivas, de
clase, la articulación interna de los movimientos y la multiplicidad de las posibles trasformaciones,
que van desde una protesta inmediata a un movimiento. Además, los estudios de comportamiento
25
colectivo, indica que están basados en generalidades empíricas de varias formas de acción donde
las creencias son el centro de la explicación a las conductas colectivas (Melucci, 2010).
Desde esta perspectiva, el autor argumenta que el problema fundamental de una sociología de la
acción colectiva es el de ligar las conductas conflictivas a la estructura de la sociedad sin renunciar
al mismo tiempo a explicar cómo forman y como se manifiestan en concreto nuevas creencias y
nuevas identidades colectivas. Una acción colectiva no puede ser explicada sin tomar en cuenta
cómo son movilizados los recursos internos y externos, cómo las estructuras organizativas son
erigidas y mantenidas, cómo las funciones de liderazgo son garantizadas (Melucci, 2010).
Las diferentes formas en que se expresan las acciones colectivas requieren que se descubran los
elementos que convergen en ella y que pueden tener diferentes consecuencias. “Solo separando los
diferentes niveles analíticos se puede entender cómo se mantienen unidos por una estructura
organizativa; cómo una identidad colectiva es establecida mediante un complejo sistema de
negociaciones, intercambios y decisiones; cómo puede ocurrir la acción como resultado de
determinaciones sistémicas y de orientaciones de individuos y grupo” (Melucci, 2010) Pp. 38, 39.
En este caso el autor plantea que el legado de dos décadas se puede consolidar creativamente
mediante una concentración en el análisis del cómo, sin descuidar por qué.
En el mismo sentido platea que casos como un tumulto de borrachos, una huelga sindical y una
amplia movilización contra la política nuclear pueden ser empíricamente consideradas como
protestas, pero cada uno de ellos tiene un significado y una orientación significativamente
diferente. La definición de protesta como un comportamiento de oposición muestra los problemas
de las generalizaciones empíricas (Melucci, 2010). …una acción colectiva singular o un evento de
protesta, contienen tipos diferentes de comportamiento y los análisis se ven obligados a romper su
aparente unidad y descubrir los diferentes elementos que en ella convergen, teniendo en cuenta las
diferentes consecuencias” (Melucci, 2010) Pp. 42.
26
Melucci cuestiona que la acción colectiva sea evaluada como un dato y una unidad, en este sentido
propone no dar por sentado que los actores no tienen valores, intenciones y fines unificados, así
la ideología de los líderes o los atributos que les pone el observador se convierten en la verdadera
realidad del movimiento. Cualquier investigación sobre la formación del actor colectivo deberá
tener en cuenta su naturaleza diversa y compleja como criterio fundamental (Melucci, 2010). De
esto se desprende que el problema tanto para las políticas como para la teoría es comprender cómo
y por qué se logran conjuntar esos procesos. Esta noción tiene implícita la acción colectiva como
construcción social.
Para Melucci la situación actual de los movimientos es la de ser una red de pequeños grupos
inmersos en la vida cotidiana la cual demanda innovación cultural. Los movimientos surgen para
fines específicos como es el caso de las grandes movilizaciones por la paz, el aborto, la pobreza,
etc. La red aunque compuesta por pequeños grupos separados es un sistema de trueque de personas,
información y recursos que determina cierta unidad (Melucci, 2010).
Además, Bajo este enfoque la acción colectiva es considerada resultado de intenciones, recursos y
límites con una orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de
oportunidades y restricciones, por lo tanto no puede entenderse como el simple efecto de
precondiciones estructurales o de expresiones de valores y creencias (Melucci, 2010).
Por su parte los actores constituyen su acción mediante inversiones organizadas, es decir, definen
en términos cognoscitivos, afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que
perciben, mientras que al mismo tiempo activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y
a los fines que persiguen. la acción colectiva es no es un fenómeno empírico unitario y la unidad,
si existe, debería ser abordada como un resultado y no como punto de partida, no como evidencia,
sino como hecho que debe ser explicado (Melucci, 2010).
27
“Los eventos en los que actúan colectivamente los individuos combinan diferentes orientaciones ,
involucran múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones que moldean
sus relaciones” (Melucci, 2010) Pp. 43 en este sentido los actores crean la acción colectiva porque
son capaces de definirse a sí mismos y al campo de acción (relaciones con otros actores,
disponibilidad de recursos y limitaciones) … los individuos crean un nosotros colectivo (más o
menos estable e integrado de acuerdo con el tipo de acción) compartiendo y laboriosamente
ajustando por lo menos tres clases de orientaciones: aquellas relacionadas con los fines de la acción
(el sentido que tiene la acción para el actor); aquellas vinculadas con los medios (Las posibilidades
y límites de la acción ); y aquellas referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que
tiene lugar la acción) (Melucci, 2010) Pp. 43.
El sistema de acción multipolar (fines, medios y ambiente), continuamente generan posibilidades
de tensión. Los actores colectivos negocian y renegocian a lo largo del tiempo estos aspectos de su
acción. Las funciones de liderazgo y las formas organizativas representan intentos de dar un orden
más duradero y predecible a esas definiciones (Melucci, 2010).
“la forma organizada de la acción es la manera mediante la cual el actor colectivo busca darle una
aceptable y duradera unidad a ese sistema, que está continuamente sujeto a tensiones. La acción
colectiva nunca es la simple expresión de una intensión o propósito que se persigue, sino que se
construye con los recursos disponibles a los actores y de acuerdo con las posibilidades y obstáculos
que provienen de determinado ambiente” (Melucci, 2010) Pp. 43
En términos fenomenológicos, el carácter colectivo de un suceso se podría describir por la simple
presencia de varios individuos, quienes en una continuidad de espacio y tiempo muestran un
comportamiento común. Si se quiere ir más allá de esta indiferenciada connotación empírica, se
deben introducir por lo menos tres dimensiones analíticas: solidaridad, capacidad de los actores de
reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social. El carácter de
28
simple agregación se les puede reducir al nivel del individuo sin que pierdan sus características
morfológicas, están orientados exclusivamente hacia el exterior, más que hacia el interior del
grupo. Algunos fenómenos colectivos implican la presencia de un conflicto, es decir la oposición
de dos o más actores que compiten por los mismos recursos a los que se les atribuyen un valor
(Melucci, 2010). “Este conjunto de orientaciones analíticas permite separar las diferentes
orientaciones de la acción colectiva que se encuentra en una variedad de combinaciones en el
fenómeno empírico” (Melucci, 2010) Pp. 45.
Desde este planteamiento el significado de una acción colectiva depende de un sistema de
referencia y de sus dimensiones analíticas, siendo estas la solidaridad, el conflicto y el
rompimiento de los límites del sistema (Melucci, 2010). Se definen así:
Solidaridad: capacidad de los actores para compartir una idea colectiva (capacidad de reconocer
y reconocerse como parte de la misma unidad social); Conflicto: relación entre actores opuestos,
luchando por los mismos recursos a los cuales ambos dan valor, y Límites de un sistema: indica
el espectro de variación tolerado dentro de su estructura existente. Un rompimiento de estos límites
empuja a un sistema más allá del espectro aceptable de variaciones
Estas son las dimensiones analíticas que definen un movimiento, la presencia de las tres permite
aislar una clase específica de fenómeno colectivo. Por el contrario, si se presenta sólo uno o dos de
estos rasgos nos enfrentamos a un tipo diferente de acción colectiva.
En términos de conflicto y específicamente en el marco de conflictos suscitados por la defensa de
recursos naturales o ecosistemas, de manera más reciente y en el marco de la ecología política se
acuña el término de conflicto ambiental, refiriéndose a esas luchas que se dan por recursos naturales
o por otros elementos del ambiente que generen bienestar.
Desde la perspectiva de Martínez Alier, el impacto diferenciado de los daños ambientales no frente
a otras especies o generaciones futuras de humanos, sino en nuestra propia época, genera el
29
nacimiento del “ecologismo de los pobres” (Alier, 2004). Este deviene de la ecología política a
partir de 1980 como estudio de los conflictos ecológico distributivos a partir del análisis histórico.
El “ecologismo de los pobres” ejerce una lucha para demandar justicia ambiental, diversas
manifestaciones se dan en distintos países con diferentes historias y culturas, y de acuerdo con
Alier tienen un carácter internacional. Desde esta perspectiva, los conflictos generados son
diferenciados y generalmente afectan principalmente a comunidades más pobres o con menores
recursos, estas comunidades responden a esos niveles de estrés por la afectación directa de los
medios de subsistencia. El ecologismo que se pone en práctica es producto de la defensa no solo
del ambiente, sino de los medios de subsistencia de las poblaciones. En este sentido los conflictos
ambientales se potencian en la medida en que se agudizan los intercambios de materias primas por
bienes entre el llamado primer y tercer mundo, la demanda de recursos genera una presión mayor
en los países pobres.
El términos específicos, el conflicto es el antagonismo entre individuos o grupos de la sociedad,
este puede adoptar dos formas, una cuando hay un choque de intereses entre dos o más individuos,
la otra cuando grupos de personas o colectividades se ven envueltos en la lucha activa con otros
(Giddens, 1991). También puede expresarse como la relación ente actores opuestos luchando por
los mimos recursos a los cuales ambos dan valor (Melucci, 2010). Por otro lado, a medida que se
diversifica más la sociedad se internalizan más los conflictos en el sistema y mayor es la forma en
que implican a todo el abanico del sistema social. Los conflictos se vuelven dilemas y ya no es
posible elegir por ejemplo entre la naturaleza y la tecnología o entre identidad y diferencia. Estas
dos polaridades coexistan en tensión permanente, pero su coexistencia no es lineal y se manifiesta
constantemente como los conflictos sociales (Melucci, 2010) .
30
En el contexto estudiado y para los conflictos que tienen relación con asuntos ambientales, como
es el caso de tema estudiado, Folchi Donoso, desarrolla un esquema interpretativo con rasgos
diferentes; argumenta que el enfoque de la ecología de los pobres no es un suficientemente
convincente para comprender el problema en toda su profundidad temporal y complejidad
sociocultural (Folchi Donoso, 2001). Añade que los grupos sociales generan dudas a los procesos
de transformación o cambio por efecto de grandes obras con poco beneficio. Plantea que las
personas no están dispuestas a poner en juego aspectos como el valor del entorno, ni a sacrificar el
ambiente y la calidad de vida por desarrollos dudosos, crecimientos que no les benefician o
progreso que se mide en términos de indicadores macroeconómicos. Este autor considera que se
adopta una visión ambientalista, en donde los conflictos pueden ser de valores, de ideología e
incluso anti sistémicos; argumenta además que estos problemas prefieren verse desde la orientación
ambiental para no enredarse como problemas sociales, económicos, de poder o de cualquier otro
tipo (Folchi Donoso, 2001).
En la perspectiva de Folchi Donoso, el conflicto ambiental es una amalgama de percepciones,
tradiciones y urgencias materiales que les han dado esa impureza ideológica, en la que se reúnen
y confunden los problemas sociales con los intereses económicos y las disputas de poder, teniendo
como trasfondo lo que se suele llamar un conflicto ambiental. En este enfoque, los conflictos de no
son sólo aquellos que nacen de un daño ambiental, sino de cualquier proceso de transformación del
entorno, independientemente de su valoración.
Frente a este planteamiento, el autor propone una salida conceptual refiriéndose a tensión ambiental
en lugar de problema ambiental (asociado a la idea de daño al ecosistema) para aludir a la situación
que anteceda al establecimiento de un conflicto, y de conflictos de contenido ambiental y no de
conflictos ambientales, para abarcar la pluralidad de conflictos vinculados a la dimensión ambiental
31
(Folchi Donoso, 2001). Entonces, desde este punto de vista el conflicto de contenido ambiental se
produce cuando se tensiona la estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat
como consecuencia de la acción de un agente extraño que altere o pretenda alterar las relaciones
preexistentes entre una comunidad y su ambiente o bien a la inversa cuando una comunidad decide
modificar su vinculación con el ambiente afectando los intereses de alguien, es una tensión entre
intereses incompatibles con el medio ambiente de por medio reivindicando el bienestar material
objetivo de cada parte.
El concepto tensión ambiental se refiere a la situación que antecede al conflicto, escapa del juego
de oposiciones binarias en las que se encasillan las ideas: malos/buenos, poderosos/indefensos,
depredadores/ambientalistas pobres/ricos. Este marco a partir de los conflictos sociales de
contenidos ambientales, permite comprender no solo los eventos sobre el ambiente percibidos por
una comunidad afectada, sino todo el antagonismo que se presente entre actores cuyos intereses
sobre el ambiente contraponen (Folchi Donoso, 2001).
En el contexto del presente estudio se toma el caso de la conformación de veeduría ambiental y
las acciones colectivas que se realizan en torno a la construcción de la carretera Mulaló –
Loboguerrero, con el objetivo de incidir sobre el trazado de la carretera en el corregimiento de
Pavas para evitar el impacto negativo sobre el acuífero que provee de agua a este corregimiento.
Las acciones colectivas generadas y los medios para llevarlas a cabo por los agentes de la veeduría
adquieren una alta relevancia para determinar el logro de sus objetivos, las acciones y el vínculo
con actores diversos.
32
4. Metodología
Para la aproximación al objeto y a la población definida, se abordó el estudio con una aproximación
cualitativa – interpretativa, mediante la cual se describe una situación concreta en un contexto
específico. En este caso la organización social por la defensa del agua en el marco de la
construcción de la carretera en el territorio.
Este tipo de investigación permite dar cuenta de la subjetividad y realidad construida por los
sujetos, confiriendo la centralidad en el análisis los argumentos y discursos de los individuos. Para
dar cuenta de esto, es propio realizar una aproximación a las situaciones sociales para describirlas,
explorarlas, y comprenderlas a partir de los conocimientos que tienen los actores que están
involucrados en dichas situaciones, puesto que los sujetos interactúan entre sí compartiendo
significados y conocimientos de sí mismos y de su realidad (Sehk PR, 2005). Partiendo de la
perspectiva teórica de las acciones colectivas en el marco de las organizaciones y sus integrantes,
se centra el interés en la experiencia misma de los actores, es por esto que a partir sus discursos,
se construye la narrativa que orienta la investigación. Las referencias teóricas relacionadas con las
acciones colectivas y el conflicto social y ambiental permitieron orientar los discursos de los
actores para dar cuenta de los propósitos del presente trabajo.
La técnica empleada de entrevistas semi estructuradas permite orientar y reorientar las discusiones
a partir de los intereses puestos en la investigación. Se realizaron estas entrevistas a los actores
clave, pertenecientes a la veeduría ambiental o que tuvieran relación con esta, en total se realizaron
10 entrevistas individuales, una entrevista con participación de varios actores; en estos relatos se
cuenta posiciones asumidas desde la veeduría, la administración municipal y actores del
33
corregimiento. Para determinar la necesidad de realizar las entrevistas se tuvo en cuenta la
saturación de información, en este caso y debido a las características de la organización, la
información recopilada conservaba datos similares.
Para el acceso al campo, se contó con contactos cercanos y de la organización, que permitieron la
revisión de documentos técnicos y legales mediante los cuales gestionaron sus acciones colectivas,
así como la indagación por el trasegar de los diferentes actores en la organización. Adicionalmente
es realizaron observaciones a las dinámicas del corregimiento y sus habitantes, se contó con
participación en reuniones o asambleas en donde se discute o expone la situación de la construcción
de la carretera y el posible impacto del acuífero.
Como complemento se tuvo acceso a otras fuentes documentales como demandas, derechos de
peticiones, acciones legales, ente otros. Para la organización de la información obtenida se empleó
el software Atlas ti, a partir de categorías de análisis que permitieron explorar cada uno de los
objetivos del presente estudio.
El tiempo empleado en el trabajo de campo culminó justo en la etapa en donde actores de la
constructora, a pesar de que ya se encontraban en el territorio se hacen evidentes debido a que se
inician los procesos de socialización con comunidades, después de haber realizado todos los
estudios técnicos requeridos para conocer el estado de la zona y los impactos que se pueden
generar con la construcción de la vía. Esta situación puede influir en que el inminente inicio de las
obras conlleve a confrontaciones más directas entre los diferentes actores involucrados en esta
situación.
34
5. Capítulo I
5.1 El corregimiento de Pavas, la carretera Mulaló – Loboguerrero y la conservación
del recurso hídrico
5.1.1 La Cumbre y Pavas.
El municipio de La Cumbre, está ubicado en latitud: 03º43’21” N longitud: 76º01’14 O; altitud
entre los 800 msnm y 2.200 msnm. La temperatura oscila entre 18 ºC y 25 ºC. La extensión
total es de 16.500 hectáreas. Este municipio se localiza en la vertiente occidental en jurisdicción
del departamento de Valle del Cauca, limita al norte con el municipio de Restrepo, al sur con Cali,
al oriente con los municipios de Yumbo y Vijes y al occidente con el municipio de Dagua. Está
dividido en 7 corregimientos y 36 veredas, tiene una población aproximada de 11.582 habitantes
(DANE 2011) de los cuales 4.892 son de la cabecera municipal y 6.690 habitan la zona rural (“Plan
de desarrollo periodo 2012 – 2015,” 2012).
El plan de desarrollo del municipio expone que el 65% del territorio es de zona rural, el grupo
poblacional está conformado principalmente por campesinos con niveles de vida medios y bajos,
poca receptibilidad a la adopción de técnicas productivas y poca capacidad organizacional.
En términos socio económicos, el municipio cuenta con pocas ofertas de empleo para la población,
las principales fuentes son fincas o haciendas de producción agropecuaria, casas de veraneo,
restaurantes u hospedajes, devengando salarios por jornal trabajado. El sector empresarial se apoya
en dos empresas que generan menos de 100 empleos; el desempleo es alto, para el año 2012 era
del 26% siendo la cabecera municipal la que más contribuye con estas cifras. La red vial terciaria
y los servicios públicos básicos se encuentran deteriorados. No se ofrecen oportunidades de
35
capacitación tecnológica ni universitaria. Existe población en alto riesgo de desastre como en los
corregimiento de Bitaco (amenaza de avalancha fluvial) y Pavas (inundaciones urbanas). Los
agricultores no utilizan prácticas ambientalmente amigables, y la degradación de la calidad de los
Recursos Naturales es creciente (“Plan de desarrollo periodo 2012 – 2015,” 2012)
Respecto al uso del suelo, evidencia que este ha sufrido cambios drásticos, especialmente en las
áreas destinadas a la producción agrícola. El auge de las parcelaciones y el aumento de fincas de
veraneo han generado problemas de índole social y ambiental, debido a la fuerte presión ejercida
sobre los recursos naturales. El 24.3% de los predios de la zona alta no cultivan algún producto y
unos pocos disponen de pequeñas áreas en bosque natural. El 68.6% de la superficie total
constituye un área cultivada, preservando una producción diversificada con cultivos de café, flores,
té, hortalizas, legumbres, plátano, yuca, maíz, mora y tomate de árbol, entre otros; sin embargo,
solo ocupan el 36.3% del área explotada. El 63.7% de los terrenos aprovechados constituyen un
área destinada a pastos para ganadería. El 34.5% se dispone de áreas menores de una hectárea para
el establecimiento de cultivos. El 19% está destinado a cultivos de pan coger (maíz, plátano, yuca
y fríjol), también se ha extendido la siembra de hortalizas en pequeñas huertas caseras (“Plan de
desarrollo periodo 2012 – 2015,” 2012).
Este plan de desarrollo plantea que existen deficiencias del municipio respecto a la disponibilidad
de agua en las diferentes zonas. La zona alta del río Bitaco tiene condiciones críticas a muy críticas,
presentándose déficit de agua en época seca. Otras zonas presentan disponibilidad en todo el año
pero existen impedimentos topográficos y de calidad para ser usadas. En este documento plantea
que pese a no presentarse un total agotamiento del recurso hídrico, se requiere de programación de
racionamiento y la declaración de agotamiento de la disponibilidad de agua para futuras
generaciones. La situación en las partes medias y bajas del municipio presentan disponibilidad
36
moderada; sin embargo, la calidad está deteriorada, producto de las aguas residuales y basuras que
se vierten al río Bitaco y sus afluentes. (“Plan de desarrollo periodo 2012 – 2015,” 2012).
Recientemente, en el segundo semestre de 2015 y primer trimestre de 2016, se presentó una de las
emergencias más graves que ha vivido el municipio con relación al abastecimiento de agua para la
población, pues por efectos de la variabilidad climática y el fenómeno conocido como “el niño”2,
hizo que las reservas de agua se secaron y se tomaron medidas de racionamiento para la población.
En términos generales, el recurso hídrico presenta diferentes problemáticas, principalmente por el
alto índice de contaminación del río Bitaco y sus afluentes. En las zonas de topografía plana, como
es el caso del Valle de Pavas, se presenta contaminación de acuíferos con combustibles por
instalación de motobombas para riego de cultivos. En la cabecera municipal y en algunos centros
poblados se realiza la recolección de los residuos sólidos, en otras zonas son arrojadas a la orilla
de las fuentes superficiales, enterradas y quemadas (“Plan de desarrollo periodo 2012 – 2015,”
2012).
El corregimiento de Pavas es el mayor centro poblado y el principal corregimiento Turístico del
Municipio de la Cumbre. Lo conforman las veredas Cortecajón, El Salto, Frutillos, La Aguada,
La Moncayo, La plata, La Porra, San Isidro, Las Piedras, Morales, Párraga, Párraguita, Quebrada
seca y Tres Esquinas. Fue Cabecera Municipal hasta 1922 cuando la Asamblea Departamental la
trasladó La Cumbre. En el corregimiento de Pavas se encuentra la mayor cantidad de los servicios
2 El Niño, en su sentido original, es una corriente cálida que fluye periódicamente a lo largo de la costa de Ecuador y
Perú, causando alteraciones en las pesquerías locales. Este fenómeno oceánico se asocia con una fluctuación de las
pautas de presión intertropical en la superficie y la circulación en los Océanos Pacífico e Índico, llamada Oscilación
Meridional, o ENOM. Durante el fenómeno de El Niño, los vientos imperantes se debilitan y la contracorriente del
ecuador se refuerza, lo que provoca que las aguas cálidas superficiales de la zona de Indonesia fluyan hacia el Este y
cubran las aguas frías de las corrientes de Perú. Este fenómeno tiene un gran impacto en los vientos, la temperatura de
la superficie marina, y las pautas de precipitación del Pacífico tropical. Tiene efectos climáticos en toda la región del
Pacífico y en muchas otras partes del mundo. El fenómeno opuesto a El Niño se llama La Niña (“Glosario de términos
IPCC,” n.d.).
37
de hospedaje y restaurantes de la región. El corregimiento es reconocido también por su acueducto,
considerado único en Colombia debido a que se surte de un pozo profundo del cual emerge el agua
hacia la superficie, fenómeno que se puede apreciar a simple vista (“Sitio oficial de Municipio en
Departamento, Colombia,” n.d.).
Foto 2. Calle principal corregimiento de Pavas
El municipio de La Cumbre, por la cercanía a Cali y al puerto de Buenaventura, cuenta con una
serie de ventajas para el desarrollo eco turístico, riqueza de paisajes, despensas de alimentos para
la región, también es un territorio estratégico para la conexión vial entre la zona de producción
económica de Yumbo y el mayor puerto de intercambio de mercancías de Colombia (Obando E,
2008).
Más ampliamente, en el contexto Latinoamericano y del Caribe, la especialización económica se
centra en la abundancia de recursos naturales, acentuados en la producción y exportación de bienes
natural-intensivos e importación de bienes capital-intensivos. Esta situación potencializa las
38
ventajas comparativas asociadas a la abundancia de recursos naturales diseñando un marco de
políticas y estrategias que promueven las inversiones hacia el sector extractivo en América Latina
y en Colombia (Rincón, 2014). En consecuencia con este propósito, el gobierno nacional ha
emprendido una política público privada para la renovación de las carreteras del país y cerrar la
brecha en términos de infraestructura vial para estar en sintonía con las transformaciones
económicas se vienen adelantando en el país con miras a la incursión en los mercados mundiales.
Este proceso de renovación vial se encuentra bajo la dirección de la vice presidencia de la república
en conjunto con el ministerio de transporte; recibe el nombre de 4G o carreteras de cuarta
generación por tratarse de carreteras de última tecnología con el que se pretende dinamizar el
transporte de carga en el país. “La cuarta generación de concesiones (4G) es el programa de
infraestructura vial que le permitirá al país desarrollarse aceleradamente y ser más competitivo para
enfrentar los retos del comercio global, generando más empleos y entregando a los colombianos
vías de primera calidad al final de esta década. El programa de 4G incluye cerca de 40 proyectos
que involucran alrededor de 7.000 km de la red vial nacional, 141 km de túneles y 150 km de
viaductos, por un valor de inversión aproximado de $47 billones” (Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018, 2014).
De acuerdo con el plan de desarrollo nacional, la brecha es causada por el porcentaje tan bajo de
carreteras pavimentadas en Colombia, solo el 11,8% de las vías se encuentran pavimentadas,
mientras que si se hace la comparación con Chile sería el 23,3 %. A esto se suma que más del
50% de las vías pavimentadas está en mal estado. El déficit de infraestructura se traduce en altos
costos logísticos, equivalentes al 23 % del PIB, en comparación con Chile en donde dichos costos
representan el 18 % del PIB (Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, 2014).
39
Una de estas vías de cuarta generación es la Vía Mulaló – Loboguerrero, la cual parte del
Corregimiento de Mulaló, muy cerca al municipio de Yumbo, que es el centro industrial de
producción, atravesando gran parte de zona montañosa, pasando por La Cumbre, Pavas y otros
corregimientos, para llegar a Loboguerrero y conectar con el Distrito Especial de Buenaventura
donde se encuentra el principal puerto sobre el pacífico.
El gobierno nacional crea la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en el año 2011, como una
entidad técnica a cargo de la estructuración y administración de las concesiones. Adicionalmente,
se dispuso de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para gestionar recursos y diseñar
instrumentos para facilitar la financiación a largo plazo de nuevos proyectos. En complemento, la
expedición de la Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley 1508 de 2012, definió un nuevo
marco legal para el desarrollo de proyectos con participación privada; la expedición de la Ley de
Infraestructura Ley 1682 de 2013, permitió la optimización de la gestión predial, socio ambiental
y los permisos para traslado de redes de servicios, entre otros. (Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018, 2014).
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)3 se inicia una nueva generación de
concesiones, incrementando sustancialmente la inversión, pasando de 1.4 billones de pesos a cerca
de 12 billones de pesos a partir del año 2014, equivalentes a 2% del Producto Interno Bruto del
país.
Inicialmente, se ha estimado que las inversiones requeridas alcancen los COP 40 billones, para
pasar de casi 6.000 kilómetros de vías concesionadas a más de 11.000 kilómetros y de casi 900
3 “Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, según
decreto 4165 del 03 noviembre de 2011” (“Quiénes Somos | Portal ANI,” n.d.).
40
kilómetros de ferrovías a más de 2.000 kilómetros en todo el país. El marco de la cuarta generación
de concesiones viales es uno de los principales programas de asociación publico privada en
infraestructura en Colombia y América Latina (Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 2012).
Para el Proyecto de la vía Mulaló – Loboguerreo, tiene una longitud total estimada origen-destino
de 31.7 kilómetros desde Mulaló hasta Loboguerrero y 52 km desde Cali hasta Loboguerrero. El
propósito fundamental del corredor es conectar con una vía primaria de altas especificaciones las
zonas industriales del Valle del Cauca con los puertos de Buenaventura en el Pacífico colombiano,
y a su vez canalizar el tráfico pesado del sur del país que se dirige a dichos puertos con una
reducción del recorrido de 52 kilómetros, comparado con la situación actual del recorrido Cali
Mediacanoa-Loboguerrero. La nueva vía se complementa con un corredor de control en el tramo
Cali Dagua - Loboguerrero que ofrece conectividad para el tráfico ligero desde la ciudad de Cali
hacia los puertos (Agencia Nacional de Infraestructura ANI, 2012).
Ilustración 1Tramo de la carretera en el departamento del Valle del Cauca
41
Por lo anterior, el territorio conocido como el valle de Pavas, en el Municipio de La Cumbre,
única zona plana del municipio, sería atravesado por la construcción de dicha carretera; con
posibles implicaciones en el acuífero que provee de agua al corregimiento, esta situación motiva
la creación de la veeduría ambiental para fiscalizar la construcción de dicha carretera en el tramo
que corresponde al valle del Pavas, mediante resolución municipal, lo que permite que se generen
acciones colectivas legales en busca de incidencia sobre el trazado de la carretera, para evitar
impactos sobre el acuífero y el agua para la población.
De acuerdo con las solicitudes y demandas de los veedores, se generarían impactos negativos en
el nivel freático de la zona, afectando directamente el acuífero que provee agua potable a los
habitantes del corregimiento y los de algunas veredas cercanas; se calcula que aproximadamente
ocho mil personas que se abastecen de este acuífero. Esta situación, debido a la gestión de los
veedores del corregimiento se reconoció como un conflicto ambiental en el “Atlas mundial de
Justicia Ambiental (EJOLT)4.
4 “El proyecto Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade (EJOLT) ha publicado su Global Atlas of
Environmental Justice, una plataforma en línea, visualmente atractiva e interactiva, que mapea de forma detallada los
más de 1000 conflictos ambientales. Este mapa permite a los usuarios buscar y filtrar, a través de 100 campos de
búsqueda, por producto, empresa, país y tipo de conflicto. El Atlas es uno de los resultados del proyecto EJOLT
financiado por la UE. Más de 100 personas procedentes de 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental en
18 países, además de docenas de colaboradores independientes de todo el mundo han unido sus fuerzas para crear este
enorme y valioso recurso. El proyecto está coordinado por el profesor Joan Martínez Alier y su equipo de economistas
ecológicos de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). Entre las universidades participantes está la
Universitat Rovira i Virgili, a través del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). El CEDAT
ya ha contribuido activamente a este proyecto con la elaboración de dos informes que han contribuido a la elaboración
de este mapa: International law and ecological debt y Legal avenues for EJOs to claim environmental liability” (tomado
de: http://www.cedat.cat/_pdf/Ejolt.pdf) .
42
6. Capítulo II
6.1 La veeduría ambiental
6.1.1 Conformación de la veeduría ambiental.
Las Veedurías hacen parte de las herramientas con que cuentan los colombianos para incidir
demócratamente en la gestión pública, se reglamenta mediante la ley 850 de noviembre 18 de 2003:
Artículo 1° Definición. “Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de
representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias,
ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas,
judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un
servicio público” (“[LEY_0850_2003],” 2003).
Para el caso de la veeduría conformada en el corregimiento de pavas, según quienes la conforman
tiene orígenes que se remontan a las inquietudes generadas por parte de un grupo de residentes, en
su mayoría pensionados asentados en la zona, referente a los impactos ambientales del turismo
descontrolado que se presentaba en el corregimiento. Ruido excesivo, basuras y residuos sin
manejo, que generan un gran impacto ambiental y a la tranquilidad del corregimiento.
E_01:“En pavas todo el turismo cuando se concentraba en los fines de semana veíamos las
afectaciones ambientales que causaban porque venían era de rumba, de bulla, de
inseguridad porque andaban en motos y cuatrimotos los hijos de los ricachones a mil y la
basura... decíamos si somos unos pensionados radicados aquí tenemos que hacer algo...
nos están afectando el ambiente”.
43
A partir de estas inquietudes, se proponen generar programas de educación ambiental para impactar
positivamente esta problemática. Para este efecto se crea la fundación FUNDEPAVAS. En la cual
el representante legal hace parte de este grupo de amigos y vecinos. Después de conformación de
la fundación, por algunas personas del corregimiento se escucha de la construcción de la carretera
que conectaría Buenaventura y el centro de producción Yumbo. En esta región se ha hablado
siempre de la carretera, su construcción se ha proyectado desde hace muchos años atrás, pero fue
hasta el año 2009 cuando actores del corregimiento evidencian a través de los medios de
comunicación los inicios de la construcción de la vía proyectada desde Mulaló, pasando por el
municipio de La Cumbre para llegar a Loboguerrero.
Después de haber creado la figura de la fundación FUNDEPAVAS, inicialmente el grupo de
jubilados deciden solicitar información a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA5
respecto del proyecto.
E_02:“El municipio… la fundación Fundepavas a cargo de A.V, comienza a investigar,
entonces el comienza a generar reuniones para que nos cuenten, que nos digan de qué se
trata, una de las primeras reuniones fue en el teatrino en donde invitó a Rodrigo Mercado
de la CVC la Dar pacífico Oeste para que nos explicara”
Las autoridades administrativas del municipio no tenían conocimiento ni comunicados oficiales de
ninguna entidad nacional relacionada con la construcción de la vía. Este aspecto evidencia que
no se tiene en cuenta la autonomía territorial en los procesos de concertación con las comunidades
5 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA es la encargada de que los proyectos, obras o actividades
sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que
contribuyan al desarrollo sostenible del País (Decreto 3573). La misión de esta entidad es Garantizar que la evaluación,
seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales
de nuestra competencia se realicen de manera transparente, objetiva y oportuna, con altos estándares de calidad técnica
y jurídica, para contribuir al equilibrio entre la protección del ambiente y el desarrollo del país en beneficio de la
sociedad (http://www.anla.gov.co/)
44
que habitan los territorios. Se logra evidenciar que la ANLA autoriza la construcción de la vía
desconociendo la existencia del acuífero en el corregimiento de Pavas, esta entidad argumenta la
decisión de acuerdo con los informes técnicos que realiza el Instituto Nacional de Vías INVIAS6,
esta información es presentada como el “Diagnóstico ambiental de alternativas” cuyo propósito
es: “Generar un ambiente socio ambiental apropiado para la construcción de la vía Paso de la torre
– Mulaló - Loboguerrero, manteniendo relaciones armónicas con las instituciones y la comunidad
en general, de manera que el proyecto contribuya en lo factible en el desarrollo y mejoramiento de
la calidad de la vida de la población más influenciada por las obras de construcción y estas operen
sin contratiempos de índole social consolidando la gestión con las comunidades como una política
institucional”(Consorcio DIS S.A, Consultores, n.d.). El documento no corresponde con la
realidad debido a que plantea que existe escasa a nula presencia de recursos hídricos en la zona
de construcción de la carretera. Este criterio es determinante porque es el que le da la apertura a la
fase 3 del proyecto a través del consorcio creado para la construcción y administración de la vía,
es decir sería el aval para el inicio de la constricción de la carretera.
E_01:“La fundación se creó y empezamos a pedir información a la ANLA, la ANLA nos
mandó la información que necesitábamos y era que efectivamente INVIAS había mostrado
un interés por esa vía. A raíz de eso prendemos motores porque decimos que si ya tienen
autorización para la fase 3 por medio de la ANLA y no han tenido en cuenta que aquí en
el corregimiento de Pavas hay un acuífero”
6 El instituto nacional de vías INVÍAS se crea mediante decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, como
establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
adscrito al Ministerio de Transporte, su objetivo es ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura
vial a cargo de la Nación. Entre algunas de sus funciones se encuentran ejecutar la política del gobierno nacional
relacionada con la infraestructura, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte;
elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción,
reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la
infraestructura de su competencia, entre otras. (http://www.invias.gov.co/index.php/informacion-
institucional/objetivos-y-funciones)
45
Debido a que las fundaciones ambientales no tienen la pertinencia legal en la demanda de
información, se contempla la creación de la veeduría, este hecho es posible gracias a la relación
con otros actores con intereses similares, la conformación de la veeduría cuenta con legitimidad
jurídica necesaria para demandar información y a la vez controlar y fiscalizar el ejercicio de las
obras.
E_02: “Lucy, fue la que nos dijo, ustedes pueden entrar a pelear eso, ella trabaja con el
abogado que llevó el proceso de bahía Málaga. Ella fue la que empezó a decirnos que
porque no formábamos la veeduría, citamos a la comunidad, la comunidad fue, se les
informó e inmediatamente se constituyó la veeduría con presencia de ellos como testigos
y nos dio ella los pasos a seguir, a qué entes teníamos que ir”
Después de conocer las intenciones para llevar a cabo el trazado de la carretera por el
corregimiento de Pavas, algunos habitantes, entre ellos el grupo de jubilados compuesto por seis
personas, deciden organizarse a través de la figura de la veeduría, de tal manera que lograran
intervenir y advertir del daño potencial hacia las reservas de agua del corregimiento y
principalmente el acueducto que se abastece del acuífero. Se hace la convocatoria a una asamblea
comunitaria por parte de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, la Junta Administradora
del Acueducto de Pavas (ACAAPAVAS), la Fundación pro-desarrollo de Pavas (FUNDEPAVAS)
y el sector educativo del corregimiento, a esta reunión asisten más de 175 personas del territorio.
En el contexto de la democracia, la Constitución nacional propicia la vigilancia de la gestión
pública, en tal sentido se conforma el Comité de Veeduría Ciudadana para el proyecto Mulaló –
Loboguerrero mediante resolución Municipal. En el tramo del corregimiento de Pavas, queda
compuesto por 13 miembros residentes en el municipio de La Cumbre y especialmente en el
corregimiento de Pavas. Entre los veedores se encuentran jubilados llegados al territorio,
campesinos locales, y profesionales en diversas ramas que tienen relación con el territorio.
46
La resolución que da el carácter legal a esta veeduría es la resolución No. 009 del 28 de diciembre
del año 2012, en la cual se establecen los integrantes, las funciones y responsabilidades otorgadas
por las leyes nacionales. La veeduría es un ente con autonomía propia, con el único propósito de
lograr la fiscalización por parte de la comunidad de los intereses ambientales de quienes se
encuentran localizados en el territorio. La posición inicial de la veeduría establece que no se opone
a la construcción de la carretera, sino al tramo por el valle de Pavas que afectaría el acuífero y con
esto el agua para la zona.
La veeduría se conforma con los siguientes integrantes: Guiomar Piedad Gabriel Libreros, Edgar
Barrios Benítez, Liliana María Rojas Díaz, Isabel Arias de Ocampo, Sandra Milena Quintero, Luis
Hernán Castro Rivera, Genaro Antonio García Armero, José Leonardo de los Ríos Gaviria, Jaime
Diego Garcés Perea, Bernardo José Martínez Patino, Marino Capote Guerra, Merzon León Ortega
Acevedo, todos los residentes en el municipio de La Cumbre y el corregimiento de Pavas.
De acuerdo con Escobar, desde la perspectiva de la defensa del Lugar, y este como valor para quien
lo habita, la defensa de ese lugar puede ser vinculada a la práctica de un grupo de actores, desde
activistas de movimientos sociales hasta arqueólogos históricos, antropólogos ecológicos,
psicólogos ambientalistas, y ecólogos”(Escobar, 2002). En consecuencia con las motivaciones
para la organización y puesta en marcha de acciones colectivas, Laclau afirma que las nuevas
formas de lucha son el resultado de la autonomía creciente de las esferas sociales en las sociedades
contemporáneas entendiendo teóricamente la noción de sujeto como agente descentrado y
destotalizado (Laclau, 1987). La organización y la defensa del acuífero no tienen un precedente
de luchas o acciones colectivas de los actores que la componen, ya sea de manera colectiva o
individual.
47
6.1.2 Organización interna
La persona que hace las veces de representante legal, es quien se encarga de las relaciones con los
actores institucionales y promueve las necesidades en términos logísticos para el desarrollo de las
acciones de esta organización, cuenta con una secretaria que se encarga del archivo y tareas de
oficina. Los demás integrantes de la veeduría realizan actividades variadas como estudiar
documentos, redactar las correspondencias con las acotaciones técnicas realizadas por ingenieros
y otros profesionales de la veeduría, enviar correos electrónicos, comunicar avances y hallazgos
por diferentes medios. Todos los actores que conforman la veeduría y algunos aliados buscan
comunicar y extender la información a otros espacios fuera del corregimiento y del municipio. No
existe una especialización de funciones o tareas establecidas con un protocolo riguroso, se asumen
tareas específicas según las potencialidades de los integrantes la veeduría. Frente a las acciones
que se realizan de manera individual cada persona lo realiza con compromiso.
E_05: “se hacen muchas cosas pero como mucho por el entusiasmo de algunas personas
pero sin una hoja de ruta, se va a hacer esto … Tareas puntuales no tenemos, a medida
que va a avanzado el proceso es que vamos viendo qué hay que hacer, a dónde nos tenemos
que dirigir, porque ellos van a delante y nosotros atrasito buscando qué es lo que hay que
hacer, buscando la colaboración de las entidades, abogados, en fin, pero nosotros la tarea
nuestras principal es sacar la vía de aquí, pero que yo diga que hoy voy a hacer esto no,
a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta a que le tenemos qué apuntar”
Melucci plantea que Cualquier investigación sobre la formación del actor colectivo deberá tener
en cuenta su naturaleza diversa y compleja como criterio fundamental. La formación y
organización de la veeduría en un principio fue compuesta por colegas y amigos vinculados a la
problemática por un interés común ubicado en su territorio, con actores diversos, con apreciaciones
del lugar diversas y sin experiencias previas de organización en grupos o movimientos.
El equipo de veedores establece interlocución a partir de mecanismos legales con entidades
nacionales como la ANLA, INVÍAS y el Consorcio vial, entre otras, recurriendo a las destrezas
48
de los integrantes de la veeduría en asuntos técnicos y discursos especializados de obras de
infraestructura y de negocios. Gracias al ejercicio de seguimiento minucioso, se profundiza en las
inconsistencias de la información que se obtiene pero además en la búsqueda de mayores
argumentos para los procesos que se adelantaron.
Desde el enfoque de Melucci, la acción colectiva nunca es la simple expresión de una intensión o
propósito que se persigue, sino que se construye con los recursos disponibles a los actores y de
acuerdo con las posibilidades y obstáculos que provienen de determinado ambiente (Melucci,
2010). Los conocimientos y potencialidades en términos personales y profesionales de cada actor
se capitalizaron en el desarrollo de funciones que apuntan al objetivo único propuesto por la
veeduría.
E_01:“Somos un grupo multidisciplinario, pensionados que vienen y hacen sus casas
acá... ingenieros, arquitectos, administradores, contadores, médicos, todas las ramas que
tú quieras”
Los actores constituyen su acción mediante inversiones organizadas, es decir, definen en términos
cognoscitivos, afectivos y relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras
que al mismo tiempo activan sus relaciones para darle sentido al estar juntos y a los fines que
persiguen (Melucci, 2010). Este carácter multidisciplinario de quienes conforman la veeduría es
positivo en la medida que posibilita la interlocución sobre aspectos técnicos para evidenciar o
constatar informaciones de carácter oficial. Se convierte en una posibilidad que facilita la acción o
por lo menos la interlocución en los términos que corresponde.
Por su parte los veedores plantean que existe dificultad de trabajo con otros integrantes del
corregimiento, principalmente con las personas oriundas del territorio, pues los pensionados que
en su mayoría conforman la veeduría son considerados por actores comunitarios como “recién
49
llegados” esta situación hace que no existan canales de comunicación directa o espacios en el
corregimiento que posibiliten la interlocución entre los “recién llegados” y quienes han vivido toda
su vida en este territorio. Por esta razón algunos de los actores de la veeduría ejercen una función
específica de cohesión con otros actores locales para generar mayor información y apoyo en la
gestión de la veeduría, esto teniendo en cuenta mayor proximidad en la relación con locales o
quienes han vivido allí, en total cuatro de los integrantes de la veeduría ostentan esta condición.
E_06: “mi rol sería cual… hacer la intercepción entre la gente llegada de la ciudad con
los nativos para que sumemos y no nos veamos como que sólo le interesa o afecta a los
que compraron su terreno acá de Cali, afecta a todos los que estamos acá … mi papel
en la veeduría ha sido básicamente ese de servir de puente, estar enterado y pedalear”.
E_05: “Mi rol sería la pedagogía ciudadana y hacer la intersección entre los pobladores
que recientemente se han establecido aquí y las familias ancestrales para que haya una
mayor comunicación para que al final haya un solo acuerdo único porque eso nos afecta
a todos o nos beneficia a todos”.
Cabe anotar que los eventos en los que actúan colectivamente los individuos combinan diferentes
orientaciones, involucran múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones
que moldean sus relaciones (Melucci, 2010). En el caso de la veeduría, se evidencia que cada actor
pone en juego el capital social que posee en pro de la gestión que se realiza generando un marco
de oportunidades, además de contribuir con el fortalecimiento y legitimación de la organización.
Cada actor de la veeduría recurre a las redes más cercanas con el objetivo primordial de generar
adhesión a los intereses de la veeduría y aumentar la socialización de la problemática en diversos
espacios y sectores, se busca apoyo en términos de información técnica, consecución y adhesión
de aliados estratégicos.
Como se mencionó, existe una figura líder que genera cohesión al interior de la organización y
dinamiza las acciones que se realizan, incluyendo aspectos logísticos (Redacciones de cartas,
comunicados y otros); los requerimientos técnicos en asuntos de información para la continuidad
50
de las acciones legales que emprende la veeduría son establecidos por el grupo en pleno de acuerdo
con las potencialidades y conocimientos de cada uno. En términos de Melucci una acción colectiva
no puede ser explicada sin tomar en cuenta cómo son movilizados los recursos internos y externos,
cómo las estructuras organizativas son erigidas y mantenidas, cómo las funciones de liderazgo son
garantizadas (Melucci, 2010). Si bien la organización interna es muy básica, sin roles o funciones
claras para sus actores, el dinamismo que se evidencia en cuanto al liderazgo, los avances en las
gestiones frente a las entidades y las victorias tempranas que fortalece y legitima el grupo y la
causa que persigue.
En consecuencia con Melucci, los actores de la veeduría generan la acción colectiva porque son
capaces de definirse a sí mismos y al campo de acción, se crea un nosotros colectivo con al menos
tres clases de orientaciones: los fines de la acción, en donde se evidencia que el sentido de preservar
el agua es el elemento que se encuentra presente como instancia principal para todos sus actores,
aun cuando se buscan otros intereses ligados a las condiciones del lugar como referente de
tranquilidad y buen vivir , la defensa del agua en este caso es una causa que está fundamentada
por sí misma, la cual no requiere de explicaciones y consensos complejos entre actores y aliados.
Otra orientación corresponde a los medios, es decir las posibilidades y límites de la acción, en
donde diferentes aspectos relativos a los capitales sociales y culturales de los actores se capitalizan
en pro de las acciones que lleva a cabo la veeduría, lo que permite a su vez que existan mayores
posibilidades para la acción y la gestión. Finalmente, otra orientación es referidas a las relaciones
con el ambiente, es decir el campo en el que tiene lugar la acción, para este caso existe una
localización real de los impactos, un “lugar” con un sistema de relaciones establecido, sin embargo
las acciones emprendidas trascienden el orden nacional debido al interés del proyecto y a las
instancias que intervienen en la interlocución que se realiza desde la veeduría ambiental. El
territorio en este caso es un espacio o campo en el cual no se percibe de manera abierta la acción
51
que se realiza, aunque sí existe latencia del asunto y conocimiento o desconocimiento por parte de
otros actores locales.
Entonces, los roles diferenciados claramente al interior de la veeduría son el de liderazgo
emprendido por su representante y los integrantes que actúan como promotores con otros actores
locales del corregimiento sobre la causa propuesta por el grupo de veedores. Pese a que
internamente el grupo no cuenta con una organización fuerte, basada en roles específicos para todos
sus integrantes, a partir de los discursos unificados se identifica la adherencia y el sentido de
pertenencia al colectivo ligado a lo que define la razón de ser de la veeduría, el acuífero y el recurso
hídrico.
52
7. Capítulo III
7.1 Las acciones colectivas de la veeduría ambiental
7.1.1 Logros y alcances en la acción de la veeduría ambiental
Después de la conformación de la veeduría ambiental en el corregimiento, veeduría ciudadana V13,
con personería jurídica de diciembre de 2012, se llevan a cabo una serie de acciones colectivas
desde la óptica de las posibilidades jurídicas. Las acciones de la veeduría, desde un principio se
plantean el trasegar en los aspectos técnicos y netamente jurídicos para lograr la incidencia en el
tramo de la carretera que afectaría el acuífero.
Se interpuso una acción popular por parte de un ex alcalde del municipio ante el tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en la cual se busca la protección de los derechos
e intereses colectivos amenazados, a) el goce de un ambiente sano y su protección; b) el manejo y
aprovechamiento del recurso hídrico para garantizar su conservación; c) la autonomía territorial;
d) la participación ciudadana; e) el impacto ambiental y f) el patrimonio ecológico. En este recurso
se hace relación de las diferentes entidades locales que intentan obtener respuestas precisas sobre
el tramo de la vía sin respuesta positiva. De manera clara se exige en eta acción popular el cambio
del tramo de la vía en el sector de Pavas, proponiendo tramos alternos sin impacto ambiental,
además se hace un llamado a establecer todos los mecanismos de participación a los ciudadanos
con los asuntos relacionados con la construcción la vía.
A esta acción colectiva se suma la veeduría para estar al tanto del proceso y recopilar las pruebas
solicitadas por el magistrado como parte de los elementos contextuales y argumentos para generar
un fallo. La acción popular implica a las entidades públicas: Ministerio del medio ambiente,
53
Ministerio de transporte, Instituto nacional de vías INVIAS, Agencia Nacional de Infraestructura
ANI y la Agencia nacional de licencias ambientales ANLA.
E_01:“Recurrimos a la acción popular que la interpuso un ex alcalde de acá del municipio
de profesión abogado, Santiago Acevedo. Él la interpuso y nos puso a nosotros como grupo
interesado en este proceso, la acción popular ya tuvo un fallo, duró dos años recopilando
información el magistrado, no emitió ninguna sentencia sino que hizo un fallo… como no
pudo llegar a un convencimiento de que esa vía realmente afectara el acuífero porque la
Universidad del Valle no quiso conceptualizar a pesar de que se le pidió, la Universidad
del Cauca, tampoco quiso a pesar de que el magistrado les pidió a ellos el concepto; la
Contraloría General de la República, el área de infraestructura y parte ambiental que
manejan en Bogotá también mandaron a decir que ellos no eran competentes en este punto
porque ellos manejan es la parte fiscal, entonces el magistrado emitió un fallo, llegó a un
punto muerto o se cansó de esto. El fallo es que hasta tanto no haya una licencia ambiental
no hay realmente un peligro para el acuífero, porque lo que pone en peligro el acuífero y
la subsistencia de casi todo el municipio y directamente de unas 10.000 personas es que la
ANLA emita el permiso para la licencia ambiental, ahí estamos, derechos de petición,
tutelas y más tutelas”.
En el marco de la acción popular, se solicita mediante recurso legal de derecho de petición el
estudio de hidrología al Consorcio DIS S.A EDL LTDA, quienes fueron los encargados de realizar
el estudio de hidrología. A partir de los resultados del estudio, los veedores, con apoyo de otros
integrantes de la comunidad recopilan información develando inconsistencias respecto a la
empresa Hidrogeocol. Se evidencia además que en este estudio no se tuvo en cuenta a las
autoridades ambientales regionales y locales ni a la administración municipal. La comunicación
con el magistrado y el apoyo para el recaudo de las evidencias necesarias se continúa como
derrotero de la veeduría ambiental.
Entre otras acciones, la veeduría recurrió a las plataformas de peticiones internacionales a través
de internet. A través de académicos del Instituto CINARA La Universidad del Valle se promueve
la inclusión en el mapa mundial de conflictos ambientales logrando poner en contexto internacional
la problemática en búsqueda de ganar aliados y socializar esta situación fuera del territorio.
54
Los actores de la veeduría centran sus acciones en sacar más allá del territorio las acciones en las
cuales se han comprometido, logrando llegar a espacios académicos y otros que promueven el
conocimiento de la problemáticas por otros actores y aliados. De acuerdo con Escobar, las
condiciones que hacen posible la defensa y reforzamiento del lugar, se dan a través de redes reales
y virtuales de todo tipo; a través de coaliciones de movimientos sociales; y a través de coaliciones
heterogéneas de diversos actores como académicos, activistas, ONG, etc. Las acciones que se
llevan a cabo en el lugar trascienden para generar efectos supralugar. Esta fue definitivamente la
intención de la veeduría al tiempo que se continuaba con las acciones legales.
Los veedores buscaron que se realizaran mesas técnicas de concertación con la comunidad, para lo
cual se emiten comunicados a las diferentes entidades, sin embargo esto no se logró concretar
debido a la no respuesta de las entidades. Se recurrió nuevamente a las acciones legales con la
empresa Hidrogeocol para acceder a los informes técnicos ambientales que esta entidad realizó y
que se entregó de manera parcial en el marco de la acción popular. Se realiza una acción de tutela
solicitando los resultados completos del estudio hidrológico ante la ANLA. Los trámites de este
tipo generan dilación del proceso entre comunicados, solicitud de información, aclaramiento, entre
otros; también se solicitó el acompañamiento de la defensoría del pueblo, en primera instancia su
respuesta fue negativa, argumentando que no podían garantizar el apoyo a las demandas de la
veeduría.
Es así como la relación con las entidades vinculadas con el proyecto de la carretera se dio a través
de los mecanismos que la ley faculta. En aquellos casos en los que no se recibía respuesta a un
derecho de petición, se procedía con la acción de tutela y en caso de que esta no surgiera efecto se
plantea la acción de desacato. Este fue el caso para las acciones presentadas hacia Hidrogeocol
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donde no se recibió la información solicitada. Por otro lado, en la relación con otras entidades se
busca ganar aliados para lo que se usan las redes sociales para compartir información y mantener
un diálogo permanente con personas, grupos y entidades interesadas, se crea una página web:
www.protejamosapavas.com la cual se alimenta con información del proceso, se genera una
plataforma en redes sociales como Facebook dando apertura al perfil “Protejamos a Pavas”. Se
continúa con la socialización de la situación por diferentes medios y recursos, en eventos y
actividades académicas.
E_01: “La emisora Todelar nos dio la oportunidad una vez, solamente hablamos, no hubo
ningún tipo de seguimiento a esta denuncia que hicimos, la emisora de la Universidad del
Valle, allá sí estuve dos veces, hablé del problema, en Tele pacífico Telenoticias, a través
de C. A. S., tuve la oportunidad de ir una vez y hablar de este problema… y también han
venido aquí de otras organizaciones pequeñas y han tomado nota del asunto”.
Es así como se surten varios procesos de solicitud en términos legales a las diferentes entidades,
acompañado de la socialización de la problemáticas en diferentes escenarios y por diferentes
medios, estas acciones, aunque no son contenciosas o ligadas a la movilización social, requieren
de organización y logística que permitan continuar los procesos, aún con la dilación que representa
la interlocución con entidades del orden nacional.
Estas acciones colectivas de tipo legal, sumado a las acciones de lobby frente a las entidades, no
fueron acompañadas por procesos de movilización social como manifestaciones o protestas y se
contó con pocos espacios de información hacia los pobladores del corregimiento, necesarios para
lograr adhesión, participación y legitimidad para la veeduría. La acción entonces se orientó desde
el territorio y en defensa de este, aunque los espacios de confrontación se dan en el marco de las
acciones colectivas legales. Como lo plantea Melucci, los sistemas de acción funcionan en marcos
de oportunidades y constricciones, para este caso un aspecto que se puede considerar como una
falencia es la no vinculación de actores locales y la poca legitimidad que puede tener la veeduría
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frente a los residentes en el territorio.
Respecto a la acción popular se emite un fallo que contempla que hasta tanto no haya una licencia
ambiental no hay realmente un peligro para el acuífero. Hasta la fecha la licencia ambiental no se
ha emitido y se encuentran en estudios para la misma.
En el proceso, tanto los actores de la veeduría, como de la administración municipal solicitan
información al consorcio vial sobre los asuntos técnicos y sobre el trazado definitivo de la vía, sin
embargo no se recibe respuesta alguna, de acuerdo con las conversaciones sostenidas con algunos
actores de la administración del municipio el consorcio plantea que hasta no tener un trazado
definitivo no se concede información a los interesados. Para efectos de contar con información
directa de la entidad concesionaria se envió comunicados solicitando información por medio de los
canales de atención dispuestos para esto, la respuesta a la solicitud fue la misma, hasta no tener los
estudios pertinentes para conocer los impactos no se pronuncian al respecto.
La veeduría, logró reunir suficiente información del proyecto en cuestión, sobre todo lograron
evidenciar las múltiples inconsistencias que contenían los estudios realizados por la empresa
HIDROGEOCOL, los cuales no correspondían con la realidad del territorio; sin embargo esta no
fue dada a conocer a las personas del corregimiento, entre otros porque el nivel participación es
bajo en el corregimiento y no existen espacios de participación.
Por su parte, los actores de la veeduría consideran que hay ejercicios ya ganados donde lograron
demostrar y hacer visible los posibles estragos, haciendo uso del instrumento con que cualquier
comunidad puede establecer una relación directa ante una entidad para demandar información y
hacer el control de acuerdo con los intereses de la ciudadanía.
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E_02: “Cuando nos entregaron los informes le sacamos copia y le entregábamos a
fulanito, para leer, tampoco es que seamos tan brutos. Encontramos la palabra río negro
y nos preguntábamos ¿dónde es eso aquí? … me puse a leer cuando vi gramalote y me
dije ese sitio aquí, no lo he escuchado, fueron cositas que encontramos en la lectura, el
informe que supuestamente entregó al consorcio DIS, estamos esperando el informe
original”.
E_01: “han falsificado cosas, todas esas cosas tenemos que empezar a hablarlas pero por
fuera de nuestro entorno, entonces es donde decimos vamos a recurrir a la radio, la radio
usted sabe que depende de los empresarios y los empresarios son los que quieren la vía,
entonces muy pocos espacios tuvimos nosotros de hablar por la radio de esta situación”
Si bien se actúa en nombre de todos, en la lógica de algunos habitantes de la zona, la carretera
generará opciones alternativas de subsistencia para sus habitantes, a partir de comercio informal y
prestación de bienes y servicios como alimentación u hospedaje para los usuarios de la nueva vía.
De esto se desprende que muchos de los habitantes del corregimiento consideren que los miembros
de la veeduría, en su mayoría pensionados tienen la vida asegurada y solo buscan conservar la
tranquilidad que les proporciona el territorio y las propiedades con que cuentan. Es así como
mientras se lleva a cabo las acciones, parte de la población desconoce o desaprueba la gestión de
la veeduría ambiental.
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8. Capítulo IV
8.1 Oportunidades y restricciones para la acción
8.1.1 Actores, oportunidades y restricciones.
De acuerdo con Melucci, la forma organizada de la acción es la manera mediante la cual el actor
colectivo busca darle una aceptable y duradera unidad a ese sistema, que está continuamente sujeto
a tensiones (Melucci, 2010) . Las acciones en este sentido se configuran como el eje articulador de
la organización, generando directrices y requerimientos para los actores que la componen. Los
actores de la veeduría generan recursos con una orientación construida por medio de relaciones
sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones, en tal sentido, las relaciones que se
establecen en este contexto genera un marco de oportunidades. Los actores construyen al menos
tres clases de orientaciones.
Desde la conformación de la veeduría, los actores de esta organización perciben diferencias con
los actores comunitarios, que en su mayoría cuentan con expectativas de progreso en la
construcción de la vía. La veeduría concentra sus acciones en los aspectos jurídicos al evidenciar
protocolos que no se tuvieron en cuenta, además socializar información por diferentes medios para
evidenciar las inconsistencias en los estudios presentados por la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI. En el territorio no se generaron los canales para que actores comunitarios
locales participaran, la gestión se realiza hacia afuera del territorio, logrando posicionar en algunos
medios de comunicación y diversos espacios académicos la problemática del agua en el
corregimiento de Pavas.
E_01: “Vamos es por simpatía, porque dicen caramba… es un grupo que no se ha dejado
vencer, que sigue trabajando y lo que el Estado quiere es desgastarnos, el Estado dice en
este proceso les ponemos a ellos tanta talanquera y problemas que van a llegar a un punto
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en que no quieren seguir trabajando y nosotros estamos como se dice “envalaos”, esto
no lo para nadie, absolutamente nadie, ya se sabe que los que estamos trabajando somos
pocos pero tenemos mucha calidad , somos profesionales que investigamos, insistimos…”
Gracias al establecimiento de redes de aliados se logra concretar el proceso de organización ya que
actores sociales que tuvieron contacto con el grupo promotor de la organización, estaban vinculada
con abogados con experiencia en importantes luchas por la defensa de los recursos naturales,
específicamente el abogado del proceso Bahía Málaga en el Pacífico Colombiano, en el que se
logró que la bahía con un componente alto de riqueza natural no se destinara para un puerto de
aguas profundas. Puede decirse que gran parte de los logros que en términos jurídicos que se
obtienen a partir de la gestión de la veeduría se deben a las redes y aliados, las relaciones y nexos
sociales con personas influyentes que facilitan o en gran medida procesos burocráticos al interior
de las instituciones con las cuales se realizaban las peticiones; los logros también se evidencian en
términos de los procesos de asesoría técnica o jurídica que permiten continuar con las acciones y
demandas generadas desde la veeduría ambiental. En este sentido, los capitales sociales con que
cuentan los actores de la veeduría determinan el nivel de influencia sobre las entidades y sobre las
peticiones que a estas se realiza.
E_01:“tenemos abogados que gratis nos trabajan, vamos y le digo al abogado mire,
necesito que me asesore pero no tengo como pagarle a usted esto... ¿le gusta el wiski?, si,
entonces yo le llevo una botella de un wiski bien fino , a veces les digo a las personas ,
bueno voy a llevarle al abogado cuatro botellas de vino que le gusta el vino tinto, entonces
hago la colecta y recolecto 120 mil pesos y hagámosle con esto … es la simpatía también,
cuando yo llegué a Bogotá, que hemos ido dos veces, estuvimos en la ANLA , el ministerio
del medio ambiente, HIDROGEOCOL, no nos conocían pero cuando yo dije mi nombre
.. Usted es la veedora de la vía Mulaló – Loboguerrero, a usted ya la conocemos, y porque
lo conocen a uno?, porque llevamos años en el coloquial español jodiendo!”.
Es así como gracias a las relaciones o capital social con que cuentan algunos de los integrantes de
la veeduría se incide de manera positiva en las acciones o trámites que se realizan, principalmente
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valiéndose de las redes personales y moviendo influencias para el logro de fines específicos; otro
aspecto es el conocimiento y experiencia de algunos de los integrantes, algunos ingenieros con
conocimiento de los temas de obras civiles. En tal sentido, los procesos de interlocución se realizan
más equilibradamente, pues los términos que se emplean, así como las dinámicas mediante las
cuales se da a conocer el proyecto están cargadas de aspectos técnicos por sí complejas, se garantiza
la continuidad en la gestión las labores de veeduría conferidas por las leyes colombianas.
E_06: “la veeduría ha tenido por quienes hacen parte de ella muchas puertas abiertas
debido a que la gente que vive aquí tiene en Cali su red de amigos bien posicionados en
lugares estratégicos en el ANLA, la parte gubernamental, fundaciones, abogados, todas
estas personas han abierto puertas… y creo que cada uno en su momento ha traído más
actores que los ha sumado hasta el momento”
Contar con aliados permite la generación de acciones con significado que a su vez confiere sentido
e identidad a la organización, estos generan legitimidad en la medida en que las acciones se
realizan. Entre otros actores aliados están organizaciones como la Fundación Fundepavas, el
acueducto del corregimiento ACAAPAVAS, la Fundación Planeta Taller Escuela Mundo que
opera en el corregimiento, otros actores comunitarios que ejercen liderazgo comunitario en el
corregimiento. El grupo limitado de veedores potencia su acción en las redes y aliados.
E_06:“Acá tenemos varias organizaciones como FUNDEPAVAS, ACAAPAVAS, PTEM,
son fundaciones que nos han colaborado y prestado mucha ayuda. Uno colabora con una
cosita, otro otra. Por ejemplo cuando vino Ascúntar, Ing. Hidrólogo, lo pagó ACAAPAVAS,
a pesar de ser de acá, el cobra por su trabajo porque de eso vive. Está Édgar, Lena, que
nos apoyan mucho. Son muchas, ya la veeduría nos son solo 13 sino que somos muchos”.
Los actores de la veeduría cuentan con acceso a la emisora local del corregimiento por parte de
uno de los veedores que cuenta con experiencia en comunicación, en este espacio se emiten
programas de una hora cada semana y se discuten asuntos de interés comunitario, la razón de ser
de este espacio es generar información y discutir asuntos que por otros medios no son visibles.
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Aprovechando la plataforma, en este espacio se hizo socialización de información, aunque tuvo
poca repercusión entre los habitantes del corregimiento, especialmente en aquellos que son propios
de la zona y que albergan esperanzas en mejoramiento de la calidad de vida por la construcción de
la vía.
De acuerdo con veedores descendientes de familias de la zona, en el corregimiento de Pavas y
veredas cercanas, quienes realmente se interesan por la defensa del agua son las personas adultas
que han crecido en el territorio, según ellos, las nuevas generaciones y otros pobladores del
territorio han disfrutado del agua que existen hoy en día desconociendo las dificultades que en
generaciones anteriores tuvieron para el acceso a este recurso, ya que veredas como Párraga y
otras no contaban con acueductos, estos fueron construidos por iniciativa y con el trabajo
comunitario. Los discursos de los actores, aunque homogéneos en las motivaciones, varían de
acuerdo con la trayectoria personal, quienes han sido residentes en el territorio manifiestan una
relación más profunda y respetuosa con los recursos naturales, otorgando a estos un valor más allá
del bien o servicio que cumple, el agua se relaciona con la vida misma.
E_03: “… No quieren saber nada de este trazado, nuestros abuelos, los que todavía están.
La juventud no le importa nada, solo les importa la diversión y lo fácil, pero nosotros que
nos ha tocado con lágrimas de sangre, con esfuerzo hasta aguantar hambre, pedir con los
abuelos… sabemos que es una lucha grande y un progreso a favor de nuestra comunidad
nuestros abuelos, porque sabemos que todos nos vamos a perjudicar, mucha gente del
corregimiento de pavas, que ya se han dado cuenta de han unido a nosotros porque saben
que tienen un orito prácticamente. Este pueblo vale plata por el agua, si no tuviera agua
no valdría nada porque un desierto no vale nada. Mucha gente nos ha dado la razón”.
En el contexto estudiado, las veedurías son instrumentos ciudadanos que están cobijados
constitucionalmente, le pertenecen legítimamente a las personas y a las comunidades para hacer
uso en los territorios. En el caso de la construcción de la carretera, la veeduría es el instrumento
que permite la injerencia en este proyecto pero sobre todo le confiere la legitimidad a la
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organización para estar al mismo nivel de las entidades implicadas, de manera que pueda demandar
información y tener la legitimidad para demandar acciones legales, además de garantizar la
vigilancia permanente por parte de los actores sociales a los intereses locales.
Aliados clave de la veeduría con experiencia en procesos sociales afirman que para un impacto
mayor se requieren tres aspectos principales, por un lado es necesario el conocimiento técnico que
permita una relación directa con actores institucionales entre los que se encuentran expertos en
diversos temas afines a los intereses de las empresas. Otro aspecto es el conocimiento jurídico, que
tiene que ver con identificar los derechos y recursos conferidos a las comunidades y grupos sociales
constitucionalmente, conocer cuáles son los mecanismos con los que cuentan las comunidades para
hacer uso de estos e incidir de acuerdo con los beneficios que se buscan o mejor aún con los
perjuicios que se pretenden evitar; el otro aspecto y el final corresponde con el apoyo social, es
decir la familiaridad que tengan los actores comunitarios y bases sociales con el proceso que realiza
la veeduría. Los dos aspectos iniciales se cumplieron de la mejor manera debido a que se contó con
conocimiento técnico y asesoría jurídica, sin embargo en el caso último, el del apoyo social fue el
más débil, se realizó de manera incipiente porque desde el principio no fue considerado lo más
importante, el consenso requerido en la población del corregimiento no se logró. De acuerdo con
Escobar, en los casos en los que se reivindica el valor de un lugar una construcción colectiva de la
identidad es, por supuesto, crucial en este aspecto (Escobar, 2002). Las acciones de orden legal si
bien son consideradas como triunfos para la veeduría y para la gestión que realiza, la verdad es que
pese a los avances no se ha logrado incidir sobre el trazado de la carretera y las obras de estudio y
construcción avanzan. A esto se suma que algunas personas asentadas en el corregimiento que
claramente manifiestan inconformidad por la vía han recibido ofertas de trabajo por parte de la
concesionaria Nueva Vía al Mar.
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E_07: “veo el grave problema pero también veo que hay que afrontarlo desde tres líneas,
una muy clara que es tener los conocimientos técnicos de los impactos del trazado que
están haciendo , apoyarse en ingenieros y en todos los estudios de lo que sea, otro muy
importante es lo jurídico, mirar que derechos le Cobijan, cuáles no , cómo puede actuar la
comunidad, cómo la veeduría se pueden hacer visible y otro paso que a mi parecer lo
dejaron cojo y no lo vieron valioso y es cómo convoco comunidad”
Los actores sociales del corregimiento, sin ser vinculados, tomaron partido y con esto decisiones,
aunque no se hayan sumado al proceso, la voz de la mayoría de quienes habitan el territorio dice
estamos de acuerdo con la carretera porque es progreso. Los actores de la veeduría se centraron
solo en las acciones de tipo legal y quienes al interior de la veeduría estaban encargados de realizar
conexión con otros actores comunitarios no lograron impactar de manera masiva a la población,
en parte por la desconfianza y poco nivel de participación social que se presenta en el municipio.
Por otro lado, aunque la veeduría siempre tuvo buena relación con la administración municipal,
desde esta instancia no se cuenta con recursos jurídicos para incidir, puesto que de acuerdo con
integrantes de la alcaldía municipal, la vía es una política de Estado y en tal sentido a los municipios
les compete acatar los requerimientos por el interés que representa para la economía y
competitividad del país. La administración municipal, por medio de la secretaría de planeación
provee a la concesionaria encargada de la vía la información de predios necesaria para efectos de
compra y de delimitación del trazado.
E_08: “esta vía es una política de estado, están dentro del plan de desarrollo nacional
desde el primero gobierno denominado “prosperidad para todos” ahí inició ese programa
de vías para el desarrollo y como este país sigue siendo centralista a uno lo que le
corresponde es seguir las políticas, ser facilitadores”.
Para algunos funcionarios de la administración municipal la situación los deja en una encrucijada,
ya que evidencian que puede haber impacto sobre el recurso hídrico, perjudicando a gran parte de
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la población, sin embargo en esta instancia no cuentan con los recursos jurídicos o legales que les
permita incidir en el trazado de la carretera. Se han realizado algunas mesas de trabajo concertadas
por la administración y líderes de la concesionaria aunque sin logros debido a que no existe una
posición clara del concesionario, pues en diversas ocasiones manifiestan que los trazados aún no
están definidos y que mientas esto no pasara no se podía hacer un pronunciamiento al respecto
como se anotó anteriormente.
E_08: “La administración si ve esto como el mandato toca cumplirlo, de hecho se está
apoyando con la información que ellos solicitan con el estado de los predios por donde va
a pasar el trazado. Pero también hay una posición en cuento al respeto por los intereses
de la comunidad que es precisamente la que dirige al alcalde y a la cual nos debemos
todos, no podemos aceptar así sin análisis las decisiones que ellos emitan y que quieren
volver hechos y leyes”… “hemos visto que las personas de la carretera han llegado sin
darnos cuenta, ha faltado comunicación, de hecho hemos protestado en las mesas y a
través de los documentos de trabajo. Yo creo que esa vía no tiene ningún freno… aquí van
llegando ingenieros solicitando diferente información, de predios sobre todo, ellos vienen
con la orden nacional y nosotros no podemos negarnos”
Desde la administración municipal no es claro cuáles son los beneficios para la población de la
Cumbre y el valle de Pavas, se cree que estos no se evidencian en la actualidad y que sí se pueden
presentar pero a futuro, manifiesta que en términos más inmediatos los beneficios serán netamente
económicos, para los gremios y transportadores, mientras el municipio se adecúa logísticamente
y en infraestructura para asumir los cambios que la vía puede traer. Los beneficios para los actores
comunitarios pueden ser menos evidentes en el momento.
E_09: “en este momento todo es virtual, ellos dentro de su exposición presentan el trazado
pero en este momento es virtual, no sabemos qué tanto se cumpla, se va a movilizar carga
y se va a acortar el tiempo de viaje entre Cali y la cumbre a un mínimo de 30 – 40 minutos,
pero no sé qué tanto está preparado el municipio para transportar por ahí su producción
para que eso sea un recurso. Yo creo que en este momento la comunidad no está preparada,
es sólo para el transporte de mercancías para el puerto de buenaventura, los beneficios
serán a futuro, no es tangible en este momento, simplemente nos conectamos a las vías
nacionales”… “Si bien eso hace que el municipio lo conozcan más pero no hay nada para
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mostrar realmente, entonces cuando no hay que mostrar no hay equilibrio, la balanza se
inclina más hacia las desventajas de las ventajas”
De acuerdo con información recibida de la concesionaria Nueva Vía al Mar, en espacios de
socialización, se adelantan estudios técnicos en hidrología y otros, desde los cuales se van a generar
unas advertencias y planes de manejo ambiental para evitar el mayor impacto, también en términos
económicos y sociales, esta es la única garantía que ofrece la concesionaria a las voces que
manifiestan su inconformidad por la vía, incluso desde la administración municipal. En ningún
momento establecen el trazado definitivo ni los daños potenciales que pueden generar. La autopista
en el valle de Pavas tendría una amplitud de 70 metros, hace situación hace entrever los trabajos
de adecuación de terrenos, transporte de materiales entre otros y con esto los posibles impactos
para el valle y el acuífero.
El acceso a los estudios técnicos y la legitimidad que estos tienen como última palabra deja en
desventaja a los actores comunitarios y a aquellos como los que desde la veeduría pretenden
generar incidencia, pues el acceso a la tecnología y al conocimiento para realizar estos estudios no
es fácil para locales. El lenguaje técnico avasalla a los pobladores pues en los espacios de
socialización, no se establecen claridades frente a lo que está detrás de un estudio o una diapositiva
en medio de una presentación. Se da por hecho que lo que se presenta es lo mejor que se puede
presentar dando poco margen de participación en la toma de decisiones frente al proyecto.
Retomando la idea de lugar de Arturo Escobar, estas acciones por parte de las entidades
constructoras no tienen en cuenta estas valoraciones del lugar y de los recursos que allí existen, las
relaciones y las dinámicas sociales también se ponen en juego, aunque sean asuntos que no se
tienen en cuenta en el consenso y la socialización.
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E_09: “Las alarmas se encendieron porque desde el gobierno central se evidencian que
venía esa invasión por la vía, eso generó que se crearan espacios para que ellos tuvieran
que venir a dar la cara acá, pero que realmente que se hubiera socializado y que una
socialización real en que la intervención de la comunidad tenga voz y voto no se dio”
En esta investigación se trató de contar con el pronunciamiento de la cocesionaria Nueva Vía al
Mar, encargada de realizar la construcción y administración de la carretera, sin embargo, aunque
cuentan con oficina de atención en el territorio y se realizó comunicación expresa solicitando
información, la respuesta que emitieron mediante correo electrónico fue la siguiente:
“Nos permitimos informarle que en la actualidad el proyecto se encuentra en etapa de pre
construcción, etapa en la que nosotros como Concesionaria nos encargamos de realizar
estudios y diseños de detalle que nos permitirán optimizar el trazado adjudicado. De
acuerdo a lo anteriormente expuesto y después de leídas sus preguntas, nos permitimos
informarle que las respuestas requeridas las tendremos después de concluida dicha etapa,
ya que todas dependen de los resultados obtenidos en los estudios que actualmente nos
encontramos realizando.
Cualquier otra inquietud, sugerencias, quejas y reclamos en la que podamos colaborarle
con gusto será atendida a través de este mismo medio, la línea de atención al
usuario 3176462354, web: www.covimar.com.co o si lo prefiere de manera personal en
nuestras oficinas de atención al usuario ubicada en la Calle 4 No 5 - 28 Av. Principal
Corregimiento de Pavas, municipio de La Cumbre -Valle del Cauca”.
La misma respuesta fue dada a algunos integrantes del corregimiento que solicitaron información
y miembros del gobierno municipal de La Cumbre.
La administración cuenta con la figura de los concejos comunitarios de planeación, los cuales son
espacios de participación de los actores locales de diversa procedencia, las personas locales pueden
revisar y apoyar la construcción del documento, que se convierte en el derrotero en materia
ambiental y de desarrollo para el municipio y los corregimientos de esta zona. De acuerdo con
los relatos, una de las causas para que haya poco interés y participación por parte de los actores
comunitarios radica en viejas rencillas entre habitantes del municipio, así como desconfianza en
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quienes son recién llegados al territorio, fundamentados en hechos puntuales de corrupción. Estos
aspectos han estado presentes como rasgos muy representativos en la población del municipio de
La Cumbre, asunto que probablemente ha incidido para que procesos de agrupación social no se
den el territorio.
E_06: “la gente nuestra, crecida aquí que todavía está aquí en la región tiene su propia
idiosincrasia y por experiencias desagradables con algunos caleños que se han establecido
acá, por ejemplo en la dirección del acueducto, se revisó que estas personas hicieron como
mal manejo de ese acueducto y se confió en ellos porque traen saberes, hasta formaciones
muy buenas, algunos banqueros, profesores universitarios, etc. Entonces se confió mucho
en estas personas, desafortunadamente, sin dar nombres se logró verificar que había
procesos muy desfavorables para la comunidad”… “No se unen por los intereses del
territorio sino que empiezan es a despellejarse, pero por estar en esa patria boba ahí no
ven esas necesidades del territorio para ubicar las líneas de acción que queden en ese
documento por 10 años – concejo territorial de planeación-. Entonces ese documento es el
que podría salir al paso a las pretensiones que no les interesa el equilibrio y el bienestar
social acá”.
Desde la administración municipal adolecen que no haya estudios para determinar la magnitud del
impacto sobre el agua, afirman que estos estudios deberían ser realizados por la academia porque
es justamente donde se encuentra el conocimiento técnico y no tener que adaptarse a los estudios
que realiza justamente quienes tienen los intereses económicos en la construcción de la vía.
E_09:“lo primero que el municipio debe hacer es organizase en el Esquema de
Ordenamiento Territorial EOT, es importante porque define la parte industria donde va a
quedar, este no está organizado. La parte industrial sería que se organizara en esta parte
por la cercanía con el aeropuerto, en la parte social no veo los impactos positivos, para mí
es de un 20% porque en la comunidad no tenemos un perfil porque es turístico y ya
pasaríamos a ser industrial por eso es importante que esta empresa nos socialice. En la
parte industrial sería positivo, peor el municipio tampoco en la parte negativa tiene
definido el EOT”.
Para la administración municipal las medidas de restauración o de protección para el municipio no
son claras, la preocupación está en que el corregimiento de Pavas por el acuífero que posee es el
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único corregimiento que tiene abundante agua, no hay claridad aún para la administración cuales
serían los planes en una eventual pérdida del recurso. Existen proyectos en los cuales se requiere
una inversión grande de dinero para llevar agua desde las zonas de reserva del “Chicoral” aunque
implica una distancia considerable y tecnología para realizar bombeo del agua, además de impactos
en el ecosistema de la zona.
E_09: “No tenemos en este momento una solución para decirte, si la carretera impacta
pavas luego como vamos a generar agua ahí, pavas es el único corregimiento que tiene
agua, de resto todos los corregimientos tienen problemas de abastecimiento de agua”.
Los intereses de las personas del corregimiento y de la cabecera municipal La Cumbre tienen que
ver con la posibilidad de generación de fuentes de empleo de tal manera que puedan continuar en
el territorio pero con mayores posibilidades, de acuerdo con los funcionarios de la administración
municipal, en la actualidad muy pocas personas que se gradúan de bachilleres y continúan sus
estudios, quienes lo logran hacer salen de su territorio principalmente a Cali o Yumbo. Los actores
de la vedaría reconocen a los locales como personas sencillas, dedicadas a la agricultura, con poca
formación académica y como vulnerables a la influencia de intereses de algunos políticos de la
región que pudieren tener intereses en la construcción de la carretera.
E_02: “Hay muchas personas que si les preguntas te van a decir lo mismo, como hay otras
personas que las han engañado con el cuento del negocio, que usted puede colocar su
venta de cafecito, empanadas, y a nosotros nos dijeron a manera de anécdota, la vecina
de acá cuando le dijeron que también se le iba la finca, estaba midiendo porque iba a
colocar un monta llantas, con el quiosco con las empanadas al lado”
En un principio desde los primeros momentos de la organización, se dejó claro que el interés no
era la oposición radical a la vía, sino evitar los potenciales daños sobre el acuífero. Los veedores
se reconocen a sí mismos como dolientes del planeta, una especie de “abogados defensores del
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planeta”, esta visión es la que fundamenta la visión jurídica con la que se presentan antes los
actores institucionales y comunitarios.
E_01: “no nos oponemos a la vía, siempre hemos dejado en claro que no nos oponemos a
la vía, sabemos que es una necesidad para el país, sabemos que Colombia tienen un rezago
en infraestructura muy grande, conocemos de la difícil topografía que hay que manejar en
todo esto, la importancia que tiene Colombia porque tienen salida por todo lado al
comercio internacional”… soy como un pequeño abogado que habla por este acuífero y
ojalá mucha gente tomara el ejemplo de que si yo tengo un problema en mi entorno voy
aponer mi cuota y voy a hablar por este pedazo de tierra”.
Los actores de la veeduría comparten una visión de hacer algo por el bien común, evidenciando
homogeneidad en los discursos, apunta a los mismos propósitos y es consecuente con la acción
que realizan. Existe auto reconocimiento como un grupo de personas honestas, con legitimidad
para la acción y con contactos en diferentes entidades en los cuales se apoyan y fundamentan su
experiencia de resistencia por medio de la veeduría ambiental.
Descriptores como “el agua es vida”, el agua vale más que el petróleo o el oro, son usados por los
actores de la veeduría, pero además en el discurso se contemplan los elementos técnicos que fueron
apropiados por cada uno de sus integrantes con los cuales argumentan sus peticiones y exigen la
protección del acuífero. Algunas voces de integrantes de la veeduría plantean que se no se ha
hecho mucho y que se si puede hacer más, puesto que las acciones se han llevado a cabo desde la
legitimidad del orden burocrático.
La posición y decisión individual de los actores de la veeduría es llevar el asunto hasta las últimas
consecuencias, afirman que la lucha por el agua se ha convertido en una razón de peso para generar
la organización al interior de la veeduría y adelantar las acciones colectivas legales en las que se
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han comprometido. Recurriendo a las experiencias previas se evidencia que ninguno de los actores
que conforman la veeduría tiene experiencias la resistencia o en la generación de otras acciones
colectivas por lo que en términos de experiencia se encuentran en un mismo nivel.
Retomando los aspectos centrales de esta exploración se pude evidenciar que los hechos que dan
origen a la organización social están fundadas en apreciaciones valorativas frente al recurso agua,
más allá de un discurso ecológico elaborado, sin embargo también entran en juego otros aspectos
que se consideran importantes la tranquilidad, la seguridad y el bienestar para la población. En tal
sentido la conformación de la veeduría y la organización que esta ostenta no está fundamentada en
procesos racionalizados sino por la comprensión en medio de la marcha de las dinámicas que se
ponen juego.
E_06: “el impacto tan grave que traería eso no solo para nuestro acuífero sino todo lo
que se viene para allá, que es la propiedad, el ruido, aquí si uno viene es a estar tranquilo,
esto vale por la tranquilidad, por el clima, entonces la gente se tendría que ir, los que
puedan, lo que no nos tendremos que quedar aquí tal vez sordos y sin agua”.
Las acciones colectivas enmarcadas en aspectos legales tienen incidencia en todas las instancias
involucradas en la construcción de la carretera, aunque también su curso obedece a procesos
burocráticos que generan dilación y respuestas parciales pero sin llegar a un fin determinado, es
por esto que es prematuro identificar si estas acciones y la gestión que para ellas realiza la veeduría
tenga un desenlace positivo de acuerdo con las demandas realizadas.
Las redes de aliados, así como las posiciones que puedan tener estos, determinan la diligencia de
los procesos y confieren cierto sentido de legitimidad más allá los recursos a los cuales se puede
acceder en términos legales o de derechos.
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El no contar con una base social que apoyara los procesos legales, si bien no fue el interés
primordial de la veeduría, se constituyó en una falencia que probablemente le restó legitimidad
frente a las instituciones que buscan realizar el proyecto. Las diferencias entre grupos sociales de
la comunidad se mantienen, sin embargo no se realizan acciones que afecten positivamente esta
situación por parte de actores de la administración, instituciones o grupos sociales.
Para el caso de estudio se plantea la existencia de riesgos por la construcción de infraestructura
vial ligados al abastecimiento de agua para consumo y para actividades agrícolas, el conocimiento
y la percepción del riesgo ambiental por parte de los actores locales es determinante para que haya
una contraposición a las actividades de construcción de la vía, que se sigan implementado los
mecanismos legales que permitan tener injerencia en la planificación y toma de decisiones de la
obra.
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9. Capítulo V
9.1 Algunas reflexiones en torno a las dinámicas del conflicto por la construcción de la
carretera Mulaló Loboguerrero en el corregimiento de Pavas.
Partiendo de la idea que el conflicto es el antagonismo entre individuos, grupos o sectores de la
sociedad, en la que se encuentran actores diferenciados luchando por los mismos recursos
(Melucci, 2010), para el caso presentado en corregimiento de Pavas por la construcción de la
carretera Mulaló – Loboguerrero, se evidencian aspectos que permiten identificar un conflicto en
el territorio, donde los actores principales son, por un lado las agencias nacionales que son
determinantes en el proceso como la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por medio de la
cual se canalizan los recursos para la construcción, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
ANLA, entidad encargada de otorgar los permisos necesarios verificando el menor impacto
ambiental y la Concesionaria de carácter privado Nueva vía al Mar COVIMAR, responsable por
los estudios técnicos de impacto ambiental y social y la encargada de la construcción, operación y
mantenimiento durante 40 años. En estas entidades, recae la principal responsabilidad para la
construcción de la carretera, siendo estos los actores principales a los que la Veeduría ambiental
se opone y dirige su acción.
El conflicto existente, se puede evidenciar en las posiciones asumidas por los actores y las acciones
colectivas que se desprenden de esta situación, que como se dijo son acciones legales
principalmente. El actor principal en oposición a la vía en el territorio es la veeduría, quienes
conforman esta veeduría no hacen parte de algún movimiento social o se ubica únicamente en una
categoría que se pueda delimitar claramente, de clase social, u otra, aunque de manera
73
representativa sí se puede evidenciar la condición de jubilados en la mayoría de sus actores. Los
aliados también se encuentran en diferentes sectores como la academia, grupos ambientalistas,
abogados ambientalistas, Fundaciones diversas y ciudadanía en general.
Para Laclau un aspecto central en sus aportes tiene que ver con la desaparición de grandes
categorías sociales como clase obrera, pequeños burgueses, entre otras, que se vuelven menos
significativas para entender la identidad total de los agentes sociales (Laclau, 1987), en este sentido
nuevas formas de oposición y nuevas reivindicaciones se ponen en juego, nuevas valoraciones de
los lugares se consolidan a partir de la relación con la naturaleza y esto determina las condiciones
del conflicto. Los actores sociales son “sujetos” que se encuentran destotalizados.
Como se dijo anteriormente, el lugar como la experiencia de una localidad específica con algún
grado de enraizamiento, linderos y conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida
y nunca fija, es importante para las personas (Escobar, 2002), aunque las valoraciones sobre el
territorio son diversas y aún sobre el agua también son diversas, todas estas valoraciones no se
tienen en cuenta debido a las reglas de juego que operan, los estudios técnicos son los que definen
las garantías para el medio ambiente, situación que vulnera las diferentes valoraciones sobre el
entorno. Es claro que en el marco de la construcción de la carretera Mulaló – Loboguerrero los
intereses en juego son macro económicos las acciones en adelante, así como el desenlace del
conflicto es incierto.
Por otro lado, la naturaleza del conflicto pareciese de tipo ambiental en la medida en que la
protección del recurso hídrico es el principal aspecto que se evidencia en los discursos de los
actores que conforman la veeduría, este es el principal argumento que se ha usado en cada una de
las acciones y demandas, sin embargo no se limita únicamente a la preservación del recurso, sino
de valores agregados al entorno como la tranquilidad y el buen clima, aspectos que como se dijo
anteriormente hacen parte del abanico de valoraciones que sobre el lugar se pueden tener y son
74
legítimas para sus actores. Como lo plantea Folchi, el carácter ambiental de las demandas sirve de
sombrilla a otras que se busca conservar como las condiciones de tranquilidad que claramente
posee el corregimiento para sus habitantes, la calidad ambiental que presenta esta zona, la
inexistencia de ruido excesivo, la seguridad y tranquilidad son considerados uno de los capitales
más importantes de este territorio y un patrimonio para quienes habitan este corregimiento.
La construcción de la carretera, por su magnitud transformará las relaciones y prácticas sociales
en el territorio debido a que esta atravesará parte del corregimiento, dividiendo el territorio en dos,
situación que se advierte como negativa en la medida en que en su etapa de construcción se pueden
incrementar problemáticas de tipo social como la violencia, embarazos adolescentes, entre otros.
En el territorio se cuenta con una experiencia previa con la construcción del oleoducto de
ECOPETROL que pasa por la zona. En esta ocasión se presentó un incremento de embarazos en
adolescentes debido a la permanencia constante de obreros y policías custodiando la obra.
Hay otras demandas en juego, las personas no están dispuestas a arriesgar sus formas de vida. El
argumento central de la conformación de la veeduría es la protección del acuífero y con este de
conservación del recurso hídrico para el corregimiento. No obstante esta visión ambientalista
recoge o abarca otras necesidades sentidas por los actores que se oponen y específicamente los
actores de la veeduría ambiental, siendo esta una especie de sombrilla que abarca muchos
requerimientos de la población.
De acuerdo con la socialización que realizó la cocesionaria vial del pacífico, el 25 de junio del año
2016, en el corregimiento de Pavas, siendo esta la única socialización y pronunciamiento público
de esta entidad en el último año, donde el objetivo mostrar los avances en el proyecto y recoger
los aportes de actores comunitarios respecto a los impactos percibidos con la construcción de la
carretera. La información que nuevamente expresan es que en la actualidad se encuentran en una
fase de estudios y diseños que permiten identificar las condiciones sociales y ambientales existentes
75
en la región para tramitar los permisos y licencia ambiental ante las autoridades competentes, en
este caso la ANLA. Por lo que la información que se socializa es parcial y en ninguna medida
aclara las dudas y temores de la población respecto al impacto del recurso hídrico.
El proyecto tiene gran importancia nacional, por lo que goza de diferentes figuras que le confieren
prioridad para su ejecución, está incluido en el plan de desarrollo nacional como corredor
estratégico de transporte; está estipulado como proyecto de interés nacional y estratégico y
adicionalmente tiene una declaratoria de utilidad pública y de interés social.
A la reunión de socialización asistieron más de 100 personas del corregimiento de diversas
procedencias, asisten representantes de la veeduría ambiental y otros actores del corregimiento
interesados, hubo presencia de veeduría de derechos humanos y comunidad en general.
Respecto a la información que se socializó, no existe una claridad sobre los trazados definitivos y
tampoco de los impactos que se pueden generar, manifiestan que se encuentran en fase de estudios
y hasta que estos no concluyan no pueden tener un dato claro de las posibles implicaciones que
tendrá la construcción de la carretera.
Respecto a los asistentes a esta reunión se pone de manifiesto que el temor más sentido para la
población es el posible impacto del recurso hídrico, pues existen zonas que carecen y han carecido
de este recurso durante mucho tiempo; sin embargo no existe una posición clara y homogénea,
existe cierta disposición al discurso de turno, pasando de rechazar a favorecer la construcción de
la carretera de manera repentina. Los habitantes de la población son esperanzados con las
posibilidades de ofertas laborales, arreglo de vías, capacitación y otros que se ofrece como
contraprestación por los impactos generados son maleables frente a su aceptación o rechazo de la
vía, desconociendo en gran medida los impactos potenciales de la construcción y operación de la
vía. Existen posiciones individuales muy claras, como en el caso de los integrantes de la veeduría
76
y otras personas del corregimiento frente al rechazo tajante de la vía, no existe convergencia con
las actividades que realiza el grupo de veedores.
La posición de la veeduría es que seguirán en la labor de fiscalizar y demandar cualquier inexactitud
evidenciada en los procesos técnicos hasta que sea necesario para evitar los daños sobre el acuífero
y sobre la disponibilidad del agua.
Debido al momento que se vive en la actualidad, donde se ha dado inicio a labores de socialización
a las comunidades intervenidas por medio de la empresa concesionaria de la vía COVIMAR, las
posiciones tanto en contra como a favor se hacen más evidentes, se deja el plano de la suposición
que ha estado presente durante muchos años en el territorio para evidenciar de manera real el inicio
de obras. En esta nueva etapa se definirá el logro por parte de la veeduría en términos de sus
acciones colectivas, además se establecerán espacios que permiten generar mayor claridad a las
partes interesadas.
77
10. Conclusiones
La veeduría ambiental Mulaló – Loboguerrero surge como mecanismo legal para la incidencia en
la construcción de la vía de cuarta generación, para evitar el posible impacto del acuífero del
corregimiento de Pavas, poniendo en riesgo la disponibilidad de agua para esta población. La
manifestación de nuevas formas de lucha social que se configuran al interior de sociedades en
donde las grandes categorías que las agrupan se hacen cada vez más tenues dando lugar a
manifestaciones de diferente orden que hacen que las sociedades sean más complejas. La defensa
del lugar, en este caso el corregimiento, puede ser vinculada a la práctica de un grupo de actores,
desde activistas de movimientos sociales hasta arqueólogos históricos, antropólogos ecológicos,
psicólogos ambientalistas, y ecólogos” (Escobar, 2002). En este caso los actores que conforman
el grupo veedor no cuentan con una trayectoria referida por acciones legales o de contención, sin
embargo todos ellos habitan el lugar y tanto colectivamente como de manera individual le confieren
significados que orienta a la organización y defensa de las características del territorio.
El lugar acá referido es el espacio social donde se configura la acción, articulado con las
valoraciones ambientales, de tranquilidad y seguridad que ofrece el territorio y que lo convierte en
“un buen vividero”.
En la conformación de esta organización fue determinante la participación de aliados estratégicos,
que direccionaron las necesidades presentes en el territorio hacia las acciones colectivas de tipo
legal, enmarcadas en los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la constitución
nacional. Esto se dio a partir de redes de colaboración y gestión con un componente de “colegaje”
entre quienes conforman la veeduría, siendo un aspecto determinante de la organización interna.
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Los capitales sociales y culturales jugaron un papel importante tanto en la comprensión de la
problemática como en desarrollo y posteriores acciones. Las acciones colectivas se llevan a cabo
debido a que se cuenta con los elementos para garantizar la movilización de los recursos internos
y externos disponibles (Melucci, 2010).
Las trayectorias y vivencias de los diferentes actores de la veeduría son diversos, existen pocas o
nulas conexiones con procesos de organización social o acciones colectivas anteriores. Lo anterior
es consecuente con las nuevas formas de lucha como el resultado de la autonomía creciente de las
esferas sociales en las sociedades contemporáneas entendiendo teóricamente la noción de sujeto
como agente descentrado y destotalizado (Laclau, 1987), de tal manera que las grandes estructuras
y marcos sociales pierden la capacidad de explicación.
La organización al interior de la veeduría no cuenta con una estructura definida en términos de
roles o acciones; se pueden evidenciar principalmente dos muy claros: el del liderazgo realizado la
representante legal y los acciones de interlocución de actores de la veeduría con otros habitantes
del territorio. La primera función se desarrolla de manera continua teniendo periodos de mayor
actividad que otros con un grado de diligencia y oportunidad altos garantizando el mantenimiento
de las estructuras organizativas, que aunque poco complejas se conservan en funcionamiento
(Melucci, 2010). De manera contraria, las conexiones con las bases sociales del territorio, aunque
se gestionaron de diversas formas no tuvieron un resultado positivo, asunto que debilitó la
legitimidad de la veeduría frente a la población asentada en el territorio, los cuales tomaron partido
-independientemente de la participación en las acciones colectivas- favoreciendo la posible
construcción de la carretera. En términos de Laclau, no hay posición de sujeto cuyos nexos con
los demás estén lo suficientemente asegurados y no hay una identidad social completamente
adquirida que no esté sujeta en mayor o menor grado a la acción de las prácticas articulatorias
79
(Laclau, 1987), en este sentido, las prácticas que se llevan a cabo en el territorio no permiten que
la articulación entre los diferentes actores que conforman la población, lo que se convierte en un
limitante para la acción colectiva pues no existe una posición homogénea, que garantice una
comprensión de la problemática y participación de la población del corregimiento en las acciones
colectivas legales o de contención.
Los resultados de las acciones colectivas a la fecha no son claros, pues aún no existe licencia
ambiental expedida por la autoridad correspondiente. Estos procedimientos hacen parte de un orden
burocrático que obedece al establecimiento de entidades nacionales gubernamentales y no
gubernamentales, con intereses que desbordan la naturaleza de cada una de ellas. Las acciones
colectivas llevadas a cabo hacen parte de un entramado de trámites y procedimientos que no
garantizan aún el desvío de la carretera y la disminución de impactos sobre el acuífero.
Un logro determinante de la veeduría ambiental fue la socialización de la problemática en diversos
escenarios académicos y políticos fuera del territorio, además de la consecución de aliados
estratégicos que alerta tanto a la continuidad de las acciones ya realizadas así como a la
diversificación de estas. La veeduría ambiental tiene el carácter de “interesados” de manera formal
en el proceso de construcción de la carretera, de manera que cualquier decisión técnica se debe
poner en conocimiento de los actores de la veeduría. Las decisiones en torno a la construcción de
la vía están supeditadas a la racionalidad legal y no propiamente a las valoraciones diversas que
sobre el territorio y el agua puedan existir.
Por otro lado, si bien se presenta un conflicto evidenciado en las posiciones contrarias existentes
entre actores del territorio y las entidades de orden nacional, por la posible afectación al recurso
hídrico, este se encuentra latente y pude considerarse como un conflicto de contenido ambiental
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(folchi Donoso, 2001), en donde el principal argumento para la acción se encuentra en la
preservación del recurso hídrico, sin embardo este asunto no es el único impacto evidenciado por
los actores, otros aspectos en juego son la amenaza a la tranquilidad del territorio, la seguridad, la
contaminación, entre otros; siendo una amalgama de razones que se argumentan para que se
rechace el trazado de la vía, por lo menos en el corregimiento de Pavas. La tensión a la estabilidad
histórica conseguida entre la comunidad y su entorno pone de manifiesto reacciones contrarias o
de oposición. Si bien estas características le confieren a la situación una apreciación no tan clara,
la situación que acontece antecede a un conflicto ambiental en la medida en que los actores locales
en respuesta a la presencia de la concesionaria y a las obras en el territorio evidencian esta obra
como una realidad, permitiendo que otros actores que aún no están interesados por
desconocimiento o falta de interés puedan asumir una posición e incidir en los espacios de
participación.
81
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Otros documentos:
Personería Jurídica Veeduría ambiental - Resolución 009 del 28 de diciembre de 2012.
84
Acevedo, s (2013) Acción popular: Min. Ambiente, Min transporte, Agencia nacional de
infraestructura ANI, Instituto Nacional de Vías INVÍAS, Agencia Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, "para buscar derechos e intereses colectivos amenazados".
Carta de la Veeduría de solicitud de informe al consorcio DIS
Carta de la Veeduría para solicitud de conformación de mesas técnicas de concertación
Acción de tutela a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
Carta de la Veeduría al defensor del Pueblo Bogotá
Documento Veeduría ambiental sobre Inconsistencias encontradas en los estudios
