Durante la próxima semana nos vamos a cansar de

ver artículos, debates y notas de opinión sobre el

proyecto de "democratización de la justicia" que

Cristina Fernández de Kirchner presentó la semana

pasada en el Congreso de la Nación. Una vez más, y

como es costumbre en los últimos tiempos, un con-

junto de defensores y detractores del modelo van a

salir a hacer sus mejores esfuerzos intelectuales y

argumentativos para intentar convencernos de la

conveniencia (o no) de que el proyecto se convierta

en ley. En este contexto, resulta sumamente impor-

tante que el ciudadano común entienda que esta vez

el debate es fundamental, y no una disputa mas

entre oficialistas y opositores. Lo que está en jue-

go es la defensa de nuestros derechos consti-

tucionales, la independencia del poder judi-

cial, y los valores republicanos sobre los que

fundamos este país. Pero para que el ciudadano

común pueda formarse una opinión válida y enten-

der el fondo del asunto, es sumamente importante

entender a qué se hace referencia cuando se habla

de “democratizar la justicia”. El pueblo debe saber

de qué se trata.

El proyecto del ejecutivo consiste en 6 reformas que

apuntarían a cambiar la estructura de nuestro poder

judicial. La más controversial de ellas es sin dudas la

que tiene que ver con la modificación del Conse-

jo de la Magistratura, órgano encargado de pos-

tular candidatos a jueces y proponerlos al se-

nado, como así también de someterlos a un

proceso que pueda terminar en una eventual

remoción (según el Art. 114 de la Constitución Na-

cional).

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA

¿QUÉ PASO EN EL PAIS?

Los Temas de la Semana

Por el Dr. Nicolás Sarlenga

Abogado

Reforma del Consejo de la Magistratura

Con la llegada de la "democratización" planteada por

el oficialismo, los miembros de este Consejo pasar-

ían a ser 19 (4 legisladores oficialistas, 2 legisladores

de la oposición, 1 enviado del poder ejecutivo, 6

académicos, 3 abogados y 3 jueces) en lugar de los

13 que hay hasta ahora. La reforma incorpora 5

académicos y 1 abogado, pero además, esta-

blece que junto con los jueces, todos ellos pa-

sarían a ser elegidos por el voto popular en las

Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias

(PASO). Hasta hoy, los jueces, el académico y los

abogados eran designados por sus pares. Esto es lo

que muchos opositores y constitucionalistas llaman

"partidización" o "politización" del poder judicial, y es

el principal punto de discusión del proyecto.

Con estos cambios, los miembros del Consejo

tendrían que integrar la lista de algún partido

político y pasarían a ser elegidos en forma di-

recta en las mismas elecciones generales en

las que se elige al resto de nuestros represen-

tantes.

El problema radica en que es altísima la probabi-

lidad de que el mismo partido que gane las

PASO sea el que termine por imponerse en

las elecciones generales de unas semanas

después, logrando así controlar a todos dis-

tintos poderes del estado en una misma elec-

ción, desdoblada en dos partes. Es decir, con esta

reforma será la fuerza política mayoritaria que

triunfe en las PASO la que tenga el control del Con-

sejo de la Magistratura, y por lo tanto, la designa-

ción y remoción de los jueces. Esa misma fuerza

que probablemente se imponga, semanas más ade-

lante, en las elecciones presidenciales generales.

Como aditamento, y ante las urgencias del Ejecuti-

vo, el proyecto desprolijamente prevé que en el

2013 (y por única vez en una elección de medio

término) se elijan Consejeros, y que recién a partir

del 2015 la renovación sea cada 4 años.

Adicionalmente, el proyecto tam-

bién prevé modificar las mayorías

necesarias para la toma de deci-

siones dentro del organismo. De

aprobarse la ley, el Consejo

tomaría decisiones por simple

mayoría (mitad más 1 de sus

miembros) en lugar de los 2/3

que se necesitan hoy en día y que

obligan a buscar consenso entre

profesionales, jueces y políticos de

distinta procedencia e ideología.

Esta segunda modificación, facili-

taría aún más que quien se imponga en las PASO

controle el funcionamiento del nuevo Consejo de la

Magistratura.

En definitiva, el problema con la reforma es que si

un partido mayoritario controla la justicia,

único poder que se dedica a ejercer el control

constitucional de los actos de gobierno, deja

de existir ipso factum (de hecho) el control

sobre el Poder Ejecutivo (con el Presidente a la

cabeza), y por lo tanto, la República. La reforma

planteada así planteada constituye un evidente ava-

sallamiento al principio de división de poderes. So-

meter al Poder Judicial al vaivén de los movimientos

políticos y mayorías circunstanciales es contrario a

cualquier sistema que se precie de ser republicano,

tal como debería ser el nuestro (Art. 1 CN - La Na-

ción Argentina adopta para su gobierno la forma

representativa republicana federal).

Las consecuencias prácticas de no contar con una

justicia independiente y con criterios objetivos de

justicia son imposibles de medir. Básicamente los

ciudadanos quedarían sometidos a la buena (o ma-

la) fe de los dirigentes del partido mayoritario, tan-

to en lo que a protección de derechos individuales

como en lo que a derechos colectivos se refiere. El

mismo Consejo de la Magistratura, con una

simple mayoría, estaría en condiciones de

limitar la designación de jueces a aquellos

que compartan ideología y se encuentren ali-

neados con el gobierno de turno, como asi-

mismo, también podrían remover a aquellos

cuyas decisiones no resulten del agrado del

poder de turno. Controlando el poder judicial, el

oficialismo se garantizaría absoluta impunidad y la

posibilidad de efectuar cualquier acto que crea ne-

cesario, independientemente de su legitimidad o

concordancia con las leyes.

En este contexto, el debate sobre quién

controla el presupuesto del Poder Judicial, si la Cor-

te Suprema (tal como es ahora) o el Consejo de la

Magistratura (como se pretende) deviene abstracto

ante la importancia de lo mencionado anteriormen-

te.

“(…) Si un

partido

mayoritario

controla la

justicia (…)

deja de existir

ipso factum

(de hecho) el

control sobre

el Poder

Ejecutivo (…)”

Página 2

La reforma también prevé la limitación de las me-

didas cautelares contra el estado. Antes que nada,

es importante que el lector entienda que estos

recursos provisorios son dictados interinamente

para conservar derechos que puedan ser dañados

irreparablemente durante el transcurso de un jui-

cio. Su duración es limitada hasta el momento en

que el juez dicte una resolución definitiva en un

proceso que muchas veces, tarda demasiado. En

definitiva, sirven para conservar un status quo

mientras un derecho está en litigio, para evitar que

al momento de dictar sentencia, el contenido re-

sulte sea abstracto (de sirve que después de 5

años se declare ilegítima una expropiación sobre

una casa particular, si sobre ella ya se construyó

un edificio, por ejemplo). Es por esto que hoy en

día cualquier juez tiene la facultad de detener ac-

tos del gobierno que considere que puedan afectar

irremediablemente los derechos individuales. Esto

ha sucedido muchas veces (sobretodo en la Ciudad

de Buenos Aires), y es necesario para conservar

derechos.

Es cierto que en muchos casos estas medi-

das se extienden demasiado en el tiempo (como

en el caso del Grupo Clarín), y también es cierto

que en muchos casos la justicia es demasiado len-

ta (como para los cientos de jubilados que nunca

llegan a cobrar los juicios contra el estado). En

este sentido, el cambio es necesario. Pero el pro-

yecto del Ejecutivo sólo intenta solucionar este

problema a través de una limitación temporal de 6

meses de todas las medidas cautelares, lo que re-

sulta insuficiente. Ciertamente esta podría ser una

medida a tener en cuenta si se tratara a los proce-

sos como un todo. Pero si en el juicio principal el

juez no toma una decisión dentro de los seis me-

ses, y la cautelar cae automáticamente, se corre el

riesgo de que se pierdan derechos que luego se

quieren garantizar. Es evidente que de apro-

barse la reforma, las medidas cautelares

perderían su naturaleza.

Pero además, la "democratización de la

justicia" también trae incluida una limitación

a las medidas cautelares contra el Estado. En

adelante, no se podrían dictar cautelares sobre los

recursos del Estado, ni imponer a los funcionarios

cargas personales. Esto significa, por ejemplo, que

ante un intento expropiatorio de dudosa regulari-

dad como el que se intentó sobre el predio de La

Rural hace unos meses, no se podría hacer más

que entregar los bienes hasta que un juez (de du-

dosa imparcialidad) decida sobre el fondo del

asunto, años después.

Es así que resulta evidente que, en rigor de ver-

dad, el proyecto de regulación de las medi-

das cautelares está pensa-

do para limitar el poder de

los jueces para detener de-

cisiones del gobierno que

pueden (o no) resultar

ilegítimas. Todo esto, en

detrimento de nuestros dere-

chos constitucionales. El ciu-

dadano común se queda

sin recursos inmediatos

para detener un posible

avance del Estado sobre sus

derechos. Quizás haya sido esta la razón por la

cual el mismo CELS presidido por Verbitsky, haya

sido la primer organización “oficialista” en criticar

la idea.

Limitación de medidas cautelares

“(…) Es

evidente que

de aprobarse la

reforma, las

medidas

cautelares

perderían su

naturaleza(…)”

Página 3

El proyecto de Cristina prevé crear nuevas Cámaras

de Casación para todos los fueros. Las mismas fun-

cionarían como tribunal intermedio entre las cáma-

ras de apelaciones y la Suprema

Corte, y estarían obligadas a emitir

una decisión dentro de los 80 días.

La discusión sobre su conveniencia

es interesante. Sus detractores opi-

nan que estas cámaras servirían

para alargar más los procesos y ge-

nerar mayores gastos, además de

actuar como filtro de muchas

causas que nunca llegarían a

ser tratadas por la Corte

(limitando su poder real). Y por

otro lado están quienes hablan de su

conveniencia para agilizar trámites que en la Corte

podrían llegar a demorar demasiado tiempo, sir-

viendo estos nuevos tribunales como verdaderos

“agilizadores” del sistema en su conjunto.

El problema en este caso es que, en el con-

texto de la “democratización de la justicia”, habría

que nombrar a todos estos jueces nuevos mediante

el sistema explicado al principio del ensayo. El ries-

go sería que un nuevo Consejo de la Magistratura,

dominado por el oficialismo de turno, tendría un rol

preponderante al nombrar para estos nuevos car-

gos jerárquicos, a jueces que podrían actuar

limitando la influencia de la Corte Suprema.

“(…) sus

detractores

opinan qye

estas cámaras

servirián para

(…) actual de

filtro de

muchas causas

que nunca

llegarían a ser

tratadas por la

Corte(…)”

Página 4

Creación de nuevas Cámaras de Casación

Ingreso a la Justicia y publicación de declaraciones juradas y sentencias

Estas tres propuestas son las que terminan de ce-

rrar el proyecto que envió el ejecutivo la semana

pasada. Ciertamente ninguno de estos últimos tres

apunta una reforma real en el funcionamiento de la

justicia, sino a cuestiones secundarias que cuentan

con bastante consenso.

En el primer caso, se establecerían

exámenes y sorteos por la Lotería

Nacional para los ingresos al Poder

Judicial. Una medida perfecta te-

niendo en cuenta que en la actuali-

dad las contrataciones las realiza

cada tribunal sin ningún criterio ob-

jetivo. El segundo caso tiene que ver

con que las declaraciones juradas de

los jueces deberían estar disponibles

online para su consulta pública, al

igual que sucede con los funcionarios

de los demás poderes. De esta forma, se terminar-

ía con un privilegio con el cual contaban los jueces

hasta ahora: las declaraciones las tenía el Consejo

de la Magistratura y se le facilitaban a cualquiera,

previa notificación al magistrado. El último punto

tiene que ver con la obligatoriedad de que la Corte

y las cámaras publiquen sus sentencias en un sitio

de internet. En muchos casos esto ya existe, y real-

mente no es una reforma de importancia, ni una

novedad en el Poder Judicial.

Queda claro entonces que estos tres puntos

no son mas que un intento por dar mayor legitimi-

dad al proyecto en su conjunto, y los cambios

pueden ser percibidos como positivos por el

público en general, pero no son una novedad

judicial.

“(…) los

cambios

pueden ser

percibidos

como positivos

por el público

en general,

pero no son

novedad

judicial(…)”

En cuanto al proyecto del ejecutivo, es claro desde

un punto de vista constitucional que la mentada

"democratización de la justicia" se encuen-

tra en franco conflicto con los principios re-

publicanos de gobierno, sobretodo en lo que

hace referencia a la reforma del Consejo de la Ma-

gistratura y el modo de elección de sus integran-

tes. Asimismo, la creación de las nuevas Cortes de

Casación, y la limitación de las medidas cautelares,

no hacen más que despejar las dudas en cuanto al

intento del ejecutivo por avanzar sobre las potes-

tades de los jueces y los derechos individuales pro-

tegidos por la Constitución Nacional. Las otras me-

didas, si bien necesarias, son secundarias si tene-

mos en cuenta las necesidades reales que tiene

nuestro Poder Judicial.

C i e r t a me n t e ha y un a va n ce

"democratizador" sobre la justicia, si tomamos el

concepto como sinónimo de mayor poder del pue-

blo traducido en elecciones generales. Nadie pue-

de dudar de que al elegir a los integrantes del

Consejo de la Magistratura también se está dando

la posibilidad de elegir la ideología de quienes que-

remos que impartan justicia. Sin embargo, no po-

demos caer en la trampa de considerar que ese

avance es per se un progreso. Hace más de dos

mil años Aristóteles ya hablaba la degeneración de

la "democracia" en "demagogia". El filósofo griego

diferenciaba ambos tipos de gobierno establecien-

do que, en el gobierno demagógico, el gober-

nante permite atraer hacia los intereses pro-

pios las decisiones de los demás, utilizando

falacias o argumentos aparentemente váli-

dos que, sin embargo, tras un análisis de las

circunstancias, pueden resultar inválidos o

simplistas. Es vital que estemos informados y

sepamos diferenciar la verdadera democracia de la

demagogia, esa es nuestra mejor herramiento. En

el caso particular, tenemos que saber que la justi-

cia debe manejarse con criterios objetivos, y que

no debería estar sometida a la ideología del poder

de turno.

Por otra parte, no podemos olvidar que

la división de poderes y el control recíproco

entre las autoridades del estado es uno de

los pilares fundamentales de la conforma-

ción de una República, tal

cual y como expresó Montes-

quieu en El espíritu de las le-

yes. Es sobre esos valores, y

una democracia bien entendida

que se ha fundado este país.

Estas son las reglas que nos

hemos impuesto como socie-

dad a partir de la sanción de

nuestra Constitución, a la que

habrá que defender en la calle

este próximo 18 de Abril. No

en vano ese mismo texto, en

su Artículo 29, hace una espe-

cial mención a los que intenten

hacerse de la suma del poder público.

“(…) No

podemos olvidar

que la división

de poderes y el

control recíproco

entre las

autoridades del

Estado es uno de

los pilares

fundamentales

de la

conformación de

una República

(…)”

Página 5

Conclusión

¿QUÉ PASO EN LA ECONOMÍA?

SITUACION DEL MERCADO LABORAL

DISTRIBUCION SALARIAL Y TRABAJO DOMESTICO

Por DARIO MARTINEZ Estudiante de Economía de la Universidad de Buenos Aires

La mitad de casi 24 millones de personas que tienen

ingresos gana menos de $ 3.000 por mes. O, lo que

es lo mismo, menos de $ 100 por día, según datos

del INDEC del IV Trimestre de 2012 proyectados a

todo el país. Son casi 12 millones de personas que

trabajan, en blanco o en negro, en relación de de-

pendencia, por su cuenta, como profesionales, perci-

ben jubilaciones o pensiones, planes sociales o viven

de una renta. Agrega el organismo, el 58,1% de la

población percibe algún ingreso y el 41,9% son per-

sonas sin ingresos -en su mayoría chicos o adoles-

centes- que dependen de sus familias.

En el norte del país los ingresos son menores, dado

que en Posadas (Misiones), Resistencia (Chaco), Co-

rrientes, Santiago del Estero o San Juan, la mitad

percibe menos de $ 2.000. Por el contrario, en Tierra

del Fuego la mitad percibe menos de $ 8.000, pero

el costo de vida es superior. En la Ciudad de Buenos

Aires, la mitad percibe menos de $ 4.200.

Una parte de este segmento de ingresos tan bajos

son asalariados informales, cuentapropistas, subocu-

pados, jubilados o pensionados con el haber mínimo

o cobran algún plan de empleo. El INDEC reconoce

que más de una tercera parte de los asalariados está

en negro; en tanto que 3 de cada 4 jubilados o pen-

sionados a fines del año pasado cobraba la mínima

de $ 1.879 y las pensiones no contributivas ronda-

ban los $ 1.300.

Este jueves, la presidente Cristina Kirchner anunció

en un acto en Casa Rosada la promulgación de las

leyes de contrato de trabajo para el personal de ca-

sas particulares y la que castiga a quienes promue-

ven el trabajo infantil. Entre otros puntos, la ley que

regula el trabajo de personal doméstico prohíbe la

contratación de menores de 16 años, y para quienes

tengan menos de 18 años se exigirá un certificado

médico con una limitación de jornada laboral de seis

horas diarias. Para los mayores de 18, la jornada de

trabajo no podrá superar las 8 horas diarias y las 48

semanales.

En la comparación entre el régimen anterior y el ac-

tual hay notorias diferencias. Antes, no se contem-

plaba la situación laboral de aquellas empleadas

domésticas que tuvieran una antigüedad inferior

al mes, las cuatro horas diarias y que cumplieran

labores cuatro días a la semana, mientras que desde

esta semana no hay tiempo mínimo para tener

amparo legal. También se deberá fijar la modalidad

de la contratación: por tiempo indeterminado,

plazo fijo, eventual, a tiempo parcial. Asimismo, el

tiempo de prueba se reduce de 90 días a un máximo

de 30. La edad mínima para tomar empleadas

domésticas se eleva de 14 a 16 (con retiro) y a

18 (sin retiro).

En cuanto a la jornada laboral, se estipuló 8 horas

diarias o 48 semanales, aunque permite una dis-

tribución desigual con un máximo 9 horas diarias. El

descanso semanal pasa de 24 horas a 35 horas, a

partir del sábado a las 13, y el domingo. Sobre el

descanso, debe ser de al menos 12 horas para

personal con retiro y de 9 horas –con recargo en

caso de interrupción– más descanso compensatorio

para el personal sin retiro.

A su vez se estipularon tres ítems que no estaban

contemplados: lugar y plazo del pago de las re-

muneraciones (para el personal mensual, el cuarto

día hábil del mes; para el personal por hora o día,

al finalizar cada jornada; semanalmente según lo

convenido, siempre en efectivo y en el lugar de tra-

bajo), recibo de sueldo (establece formalidades y

contenido y doble ejemplar) y horas extras (50%

de recargo si se tratare de días comunes, y 100%

los sábados después de las 13, domingos y feria-

dos).

Por último, se establece un régimen de licencias,

vacaciones pagas e indemnización por antigüedad.

Página 7

OPINIÓN — Por DARIO MARTINEZ

Los datos publicados por el INDEC obligan a prestar

atención sobre el nivel de salarios nominales en las

grandes ciudades de nuestro país, considerando las

diferentes actividades económicas que definen sus

propios salarios y relaciones laborales.

Al utilizar los últimos microdatos disponibles de la

EPH (Encuesta Permanente de Hoga-

res) del segundo trimestre de 2012,

puede extraerse que 6.109.486 perso-

nas ocupadas percibían un ingreso

hasta $3.000. En cuanto a la distribu-

ción de casos según su remuneración,

los salarios más representativos eran

de $2.000 y $3.000, 12,8% y 15,6%

del total de individuos ocupados, res-

pectivamente. Dichos valores ponen

de manifiesto la magnitud de perso-

nas, cualquiera sea su relación labo-

ral, que se encontraban en salarios

insuficientes para sostener el costo de vida.

Observando este breve panorama de hace un año

atrás aproximadamente, la situación actual no es

muy alentadora dado que prácticamente se ha du-

plicado la cantidad de personas ocupadas con un

salario menor a $3.000, sin desconocer hoy día

esas personas forman parte del mercado de trabajo

a pesar de los vaivenes de nuestra economía nacio-

nal.

Respecto a la nueva ley que regula el trabajo

doméstico, es un hecho fundamental que tiende a

equiparar derechos y situar a este tipo de activida-

des laborales en un umbral acorde a la importancia

otorgada por las familias que contratan personal

doméstico para las distintas tareas en el hogar, in-

cluyendo el cuidado de niños y de adultos mayores.

Desde hace 20 años el sector servicios continúa

ganando espacio en el mercado laboral. Sin dudas,

la mayor inserción de la mujer hizo que aumentara

el requerimiento del personal doméstico con el ob-

jeto de cuidar a sus hijos y de realizar tareas

domésticas en la vivienda. Dada esta situación,

también hay posturas acerca del rol del empleador

que a su vez es un trabajador en relación de de-

pendencia, por ejemplo. En consecuencia, la nueva

ley genera certezas e incertidumbre a unos y a

otros, por ello será fundamental llevar a cabo el

monitoreo necesario que impida comportamientos

arbitrarios en la implementación de dicha normati-

va.

“(…) Desde

hace 20 años

el sector

servicios

continúa

ganando

espacio en el

mercado

laboral(…)”

¿QUÉ PASO EN EL MUNDO?

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN VENEZUELA

REPERCUSIONES DEL TRIUNFO DE NICOLAS MADURO

Por FEDERICO HORAK Licenciado en Relaciones Internacionales

“Otra victoria como esta, y volveré solo a casa”. Esas

fueron las palabras que se le atribuyen a Pirro, rey

de Epiro, luego de que consiguiera una victoria sobre

los romanos a costa de la vida de miles de sus hom-

bres. De allí surgió la expresión “victoria pírrica”,

refiriéndose a una victoria que, debido a su enorme

costo, acaba ocasionando un daño tal al vencedor

que prácticamente equivale a una derrota. Esa es la

forma en que mejor puedo describir la posición de

Nicolás Maduro el pasado 14 de Abril. Puede que la

descripción no sea acertado, pues si bien no dudo

del carácter pírrico del acontecimiento, sí tengo se-

rias dudas de llamarlo “victoria”.

La muerte de Hugo Chávez el pasado 5 de Marzo

sembró en Venezuela una gran duda principal:

¿Quién podrá dirigir el país? Se esperaba que el 14

de Abril, la fecha elegida por el entonces presidente

de facto de Venezuela, y candidato presidencial Ni-

colás Maduro, para la celebración de los comicios

generales, encontraríamos una respuesta desde las

urnas a esta cuestión. Sin embargo lo sucedido el

pasado domingo no ha hecho más que plantear más

interrogantes, interrogantes que ya no solo hacen a

la cuestión política, sino que ponen al país caribeño

al borde a una crisis social de impredecible magni-

tud.

Hemos de empezar por los resultados de los comi-

cios. Tras una larga espera (más larga de lo habi-

tual), y en medio de denuncias de robo de urnas,

amenazas, y restricción del acceso a Internet, el

Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela

anunció en la madrugada argentina la tendencia irre-

versible a favor del chavista Nicolás Maduro, quien

con el 99% de las mesas escrutadas se ubicaba por

delante del candidato opositor, Henrique Capriles

Radonski, con 50,66% de los votos contra 49,07%.

La diferencia mínima, sumada a las denuncias de

irregularidades en distintas sedes electorales, y a

datos con los que contaba el búnker de campaña de

Capriles, impulsó al candidato opositor a desconocer

el resultado, pidiendo al CNE que abra las urnas y

haga un recuento para poder legitimar o desestimar

el resultado anunciado previamente. El pedido ha

sido, al menos hasta el momento, desoído por parte

de las autoridades chavistas del CNE, las cuales ase-

guran que el resultado era el que habían anunciado,

y que no habría un recuento de votos. Lo que es

más, varias personas denunciaron a través de las

redes sociales que muchas urnas fueron encontradas

arrojadas en la calle y hasta quemadas. Fue por ello

que Capriles decidió convocar a la población que

descreyera del resultado a manifestarse en el CNE,

exigiendo hacer valer sus derechos, y pidiendo el

esclarecimiento del resultado electoral.

Ahora bien, es probable que el recuento jamás tenga

lugar, y es casi seguro que Maduro será reconocido

legalmente como el nuevo presidente venezolano.

Sin embargo, más allá de los números crudos, desde

el chavismo tienen poco que festejar, y mucho de lo

que preocuparse. En términos políticos la principal

preocupación del nuevo gobierno venezolano será la

misma figura del presidente electo. Nicolás Maduro,

quien en la semana posterior a la muerte de Chávez

superaba en casi 20 puntos porcentuales a Henrique

Capriles, logró diluir en poco más de un mes el capi-

tal político que la muerte del caudillo caribeño le

había ofrecido.

Quizás haya sido su falta de carisma; quizás sus

pobres intentos por imitar al presidente difunto;

quizás haya sido el exceso de misticismo y parafer-

nalia sobrenatural que motorizó su campaña. Lo

cierto es que en 40 días Maduro permitió que Capri-

les le recortara la ventaja hasta acabar a poco más

de un punto de distancia, y cuestionando severa-

mente el triunfo bolivariano. Maduro deberá enten-

der que Chávez hubo uno solo, y que su forma de

liderazgo murió con él. Cuanto antes lo entienda,

menor va a ser el apoyo que perderá.

En segundo lugar, las elecciones de-

jaron en evidencia a una sociedad

fracturada al medio. No es novedad

que la sociedad venezolana se en-

cuentra dividida, pero nunca desde

que Chávez llegó al poder fue esta

división tan marcada y equilibrada en

ambos bandos. Lo que empeora la

situación es que esta división respec-

to a los apoyos al gobierno o la opo-

sición parece haber llegado a la co-

lumna vertebral del chavismo: las

Fuerzas Armadas. Ha habido en los

últimos días numerosos rumores res-

pecto a militares que cuestionan el

liderazgo de Maduro y que incluso

apoyan las denuncias de fraude presentadas por

Capriles. Hay incluso quienes afirman que Capriles

estuvo reunido la noche del 14 de Abril, poco antes

del cierre de los comicios, con la cúpula militar ve-

nezolana. El difunto Chávez tuvo siempre la lealtad

de las Fuerzas Armadas. Él formaba parte de ellas.

Pero en el caso de Maduro, tendrá que hacer méri-

tos para obtener su lealtad.

Finalmente, Maduro deberá lidiar con la principal

amenaza que tuvo Hugo Chávez en los últimos años

de su mandato: la crisis económica. Venezuela en-

frenta una situación económica que mantuvo du-

rante años niveles de inflación insostenibles, lleván-

dola a una devaluación de más del 40% en los últi-

mos meses. El desabastecimiento de productos ele-

mentales es moneda corriente en la capital, y su

economía continúa dependiendo exclusivamente de

los ingresos provenientes del petróleo. Cualquier

desmejoramiento, en un contexto de marcada divi-

sión social y de duros cuestionamientos a la legiti-

midad de su presidencia pueden poner a Maduro en

jaque.

Nicolás Maduro consiguió una victoria el pasado

domingo. Sin embargo no creo equivocarme en afir-

mar que pagó por ello un costo más que excesivo.

Las denuncias de fraude amenazan con minar la

frágil legitimidad que obtuvo, y tiene frente a sí un

oscuro panorama económico. La sociedad venezola-

na, la mitad de ella al menos, aprovechará por su

parte cualquier oportunidad de protesta para col-

mar las calles. De todas formas no veo ni en su es-

caso margen de dudosa victoria, ni en la economía,

ni mucho menos en la sociedad opositora, la princi-

pal amenaza al gobierno de Maduro. Ella se en-

cuentra en el seno del chavismo, representada por

las Fuerzas Armadas disidentes. Tendremos que

mantener los ojos puestos en ellas, pues sus alinea-

mientos en los próximos días, y la forma en que

reaccionen frente a lo que prometen ser masivas

protestas lideradas por Capriles, definirán el destino

del gobierno de Maduro en el corto plazo. Un go-

bierno que, de no encontrar solución a estos pro-

blemas, creo personalmente, no será demasiado

largo.

Página 9

“(…)

Cualquier

desmejoramie

nto, en un

contexto de

marcada

división social

y de duros

cuestionamien

tos a la

legimitidad de

su

presidencia,

pueden poner

a Maduro en

jaque(…)”

La presente fue una publicación de RED IMPACTO, organizada y coordinada por su

Área de Investigación.

Autores: Lic. Federico Horak, Darío Martínez, Dr. Nicolás Sarlenga.

RED IMPACTO

MISION

Somos un grupo de jóvenes unidos por la vocación de servicio y el deseo de

transformar nuestro país. Formamos un Red apartidaría y plural que cree firmemente

en el diálogo, el consenso y el valor del esfuerzo conjunto.

VISION

Trabajamos para formar futuros líderes, convencidos de que la Argentina necesita una

nueva dirigencia en todas sus esferas, que aporten a consolidar justa, moderna y

desarrollada

STAFF 2013

Secretario General

Alejandro Pegoraro

Coordinador Área de Investigación

Federico Horak

Coordinadora Área de Comunicación

Lucía Moyano

Coordinador Área de Logística

Nicolás Imperatrice

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