Carlos H. Filgueira (compilador) Gustavo Cosse - Javier Marsiglia

Enrique Piedra Cueva - Diego E. Pieiro Suzana Prates - Patricio Rod

Silvia Rodrguez Villamil - Ernesto Rodrguez

MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL URUGUAY DE HOY

CLACSO/CIESU/EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL

CARLOS H. FILGUEIRA Movimientos Sociales en la restauracin del orden democrtico: Uruguay, 1985.

1. INTRODUCCIN

Durante el perodo autoritario, entre fines del ao 1973 e inicios de 1985, son reconocibles tres etapas del sistema poltico uruguayo que afectaron en forma diferente la existencia, expresin y funcionamiento de los movimientos sociales. (1)

La primera etapa, cuyos antecedentes se reconocen an antes del ao 1973, corresponde al cierre de los canales de expresin de la sociedad civil y pol-tica, congelamiento de las organizaciones tradicionales de agregacin y articula-cin de demandas, desestructuracin de las formas colectivas de identificacin de los actores sociales, y prdida consecuente de los marcos de referencia de las orientaciones individuales. En esencia se trat de un perodo de fuerte desmovili-zacin social y poltica sustentada en la represin y coercin abierta (supresin de los gremios y libertades sindicales, control e ilegalidad de los movimientos socia-les, persecucin a los lderes, disolucin de los partidos polticos, control de agre-miaciones, supresin de libertad de reunin, de comunicacin, etctera).

Podemos ubicar tentativamente el final de esta etapa sobre los umbrales de la dcada del ochenta. Hasta ese momento las organizaciones sociales y polti-cas preexistentes y otras nuevas que se crean en el perodo, dan lugar a formas clandestinas o semiclandestinas, de escasa presencia pblica en virtud de las res-tricciones impuestas para su desenvolvimiento. En algunos casos, se trat apenas de organizaciones congeladas tendientes a mantener el "acervo" ideolgico-cultural del movimiento original, en otros, de organizaciones larvarias que, bajo objetivos explcitos y pblicos aceptados por el rgimen, ocultaron subyacentes intereses y propuestas de los movimientos originarios o de los nuevos surgidos en el perodo.

Como consecuencia de la derrota experimentada por el rgimen en el Plebiscito de 1980 y de los pasos siguientes (elecciones internas de algunos parti-dos polticos tendientes a reconstituir las autoridades partidarias, en 1982), se abri un espacio antes inexistente para las expresiones y organizaciones polticas. Ello incluy, en la prctica, no solamente a los actores "legi-

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Ello fue posible porque, de hecho, la realizacin de las dos instancias de consulta popular plebiscito y elecciones interna ya hablan socavado el monopolio de la iniciativa poltica que hasta ese momento habla retenido para si el rgimen militar.

En esta etapa se manifiestan pblicamentey se organizan internamen-te muchos de los nuevos y viejos movimientos sociales y partidarios que no hablan podido expresarse pblicamente en el momento anterior. Entre ellos el movimiento estudiantil universitario y secundario (ASCEEP), los movi-mientos cooperativistas de vivienda (FUCVAM), organizaciones gremiales y sindicales (PIT), otros movimientos juveniles, movimientos de amas de casa, "ollas populares", movimientos comunales, organizaciones rurales de peque-os y medianos productores, movimientos de mujeres, etctera. Paralela-mente, en la esfera poltico partidaria, tambin se asiste a la reconstitucin de los dos partidos tradicionales en sus mltiples fracciones, de la coalicin de izquierda a travs de la recomposicin de los partidos y fracciones que la integran. A pesar del permanente conflicto que signa esta fase establecido alrededor de las violaciones de las leyes del juego, que el rgimen aduce en contra de los actores que no se sujetan a ellas, parece claro de cualquier forma que es esta una etapa esencialmente reconstitutiva de la trama social y poltica precedente al golpe de Estado. Con ello se afirma como antes la importancia que en el sistema poltico hablan tenido los diferentes movimien-tos sociales.

Por ltimo, es posible identificar el inicio de la tercera etapa con la cul-minacin del proceso de negociacin entre el rgimen militar y las fuerzas de la oposicin democrtica que da lugar a las nuevas reglas del juego acordadas en el Club Naval y el llamado a elecciones nacionales para el ao 1984. Con esta instancia, el proceso de apertura democrtica proscripciones de lderes y partidos mediante alcanza el punto ms avanzado que se conoce desde 1973 y consolida el espacio de facto para casi todas las fuerzas y movimientos sociales existentes.

Esta etapa se caracteriza por la accin de los movimientos sociales y par-tidos polticos tendiente a enfrentar la instancia electoral del 84, y por la rearticulacin de aqullos dentro del sistema de partidos reemergente. Dos hechos merecen sealarse como indicativos de esta etapa: en primer lugar, la accin de algunos movimientos sociales hacindose presentes en el nuevo es-

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cenario poltico en forma de oposicin abierta al rgimen por ejemplo, la negativa del Movimiento Cooperativo de Vivienda a pagar las cuotas del rgi-men de prestaciones estatal, las oposiciones obreras y la movilizacin estu-diantil y en segundo lugar, la plena participacin de los movimientos socia-les en la Concertacin Nacional Programtica que se lleva a cabo en el perodo previo a las elecciones.

El mecanismo de la Concertacin establecido incluy en su momento diversas instancias que culminan Analmente con la constitucin de la CONAPRO (Concertacin Nacional Programtica), en la cual los partidos polticos, movimientos sociales, sindicatos, movimientos corporativos, gre-miales empresariales, se constituyeron en mltiples Comisiones (Poltica Econmica, Poltica Habitacional, Salud, Seguridad Social y otras) encar-gadas de establecer los acuerdos mnimos y lincamientos de la poltica futura del gobierno democrtico.

En esta etapa, por lo tanto, la accin de los movimientos sociales tiene ya un carcter positivo no reactivo o defensivo y su referente est dado por la legitimacin del nuevo orden democrtico.

Como consecuencia de este proceso brevemente descrito, no cabe duda de que los movimientos sociales se incorporaron al proceso democrtico que se abre a partir de marzo de 1985, en forma plena y revitalizados por su accin en el periodo autoritario. Por una parte, la supresin de los mecanis-mos tradicionales de mediacin poltica y de la expresin de intereses y demandas de la sociedad parece haber Actuado reforzando manifestaciones espontneas de la sociedad civil. Por otra parte, la misma inexistencia de instancias articuladoras y mediadoras constituidas por los partidos polticos, gremios y sindicatos, parece haber incidido en la mxima autonoma relativa de esos movimientos con respecto a sus matrices histricas de insercin. En cualquier caso, es claro que si algo caracteriz a los movimientos sociales en el periodo autoritario, fue su diversicacin, autonoma y espontanesmo.

En segundo lugar, es destacable igualmente la heterogeneidad de este tipo de manifestaciones. A diferencia del periodo democrtico preautoritario, donde la dominante de los movimientos sociales se nucleaba alrededor del sindicalismo, resulta notoria ahora la presencia de movimientos "nuevos", asentados en mltiples demandas organizadas alrededor del consumo, o las polticas pblicas, de cierto tipo de demandas "single issues" y de los movi-mientos generacionales y de gnero. Algunas de estas organizaciones son compatibles y estn articuladas con los movimientos sindicales, otras les son totalmente ajenas, o constituyen segmentos de reivindicaciones circuns-criptas dentro del sindicato, constituyndose a veces en formas superpuestas y redundantes o, alternativamente, en formas competitivas con otros movi-mientos.

En tercer lugar, otro rasgo distintivo de los movimientos sociales emer-

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gentes en el sistema democrtico es su heterogeneidad con respecto a sus formas asociativas y organizativas. Son identificables, al respecto, desde lar" organizaciones de protesta ms inarticuladas hasta los movimientos sociales ms institucionalizados, desde los ms homogneos o definidos por reas de igualdad amplia, hasta los ms estructurados en sus liderazgos y mecanismos decisorios.

Por ltimo, en cuarto lugar, es evidente que todos los movimientos socia-les constituidos en este momento, estn sujetos a transformaciones internas y externas en virtud de las nuevas condiciones democrticas. Por ello tambin, para estas organizaciones se trata de un periodo de transicin y reacomodacin en sus referentes de accin, a la presencia del Estado, de los partidos polticos y de otras formas institucionalizadas de mediacin poltica* Es posible, en consecuencia, formular la hiptesis de que gran parte de la autonoma, espontanelsmo e "igualdad de base" que caracterizaron a los mo-vimientos sociales en el periodo autoritario tendern a experimentar tensiones en el sentido opuesto: dependencia o articulaciones con otras instancias mediadoras, institucionalizacin y diferenciacin interna prdida de reas de igualdad, eventual cooptacin desde el Estado, etctera.

Cabe entonces preguntarse si muchos de estos movimientos sobrevivirn manteniendo las caractersticas organizativas, metas y formas de funciona-miento propias del periodo autoritario. Tericamente, ello implica indagar acerca de la naturaleza ms o menos permanente o bien coyuntura) de este avance de los movimientos sociales, y del papel que los mismos pueden desempear en un nuevo sistema de mediacin poltica ms alejado de las instituciones clsicas del liberalismo poltico (partidos, elecciones, parla-mento).

II. ACERCA DE LA DEMARCACION DE LOS "MOVIMIENTOS SOCIALES"

Hasta el momento hemos empleado el trmino "movimientos sociales" para denominar un conjunto heterogneo de organizaciones colectivas desa-rrolladas alrededor de algn tipo de solidaridad especifica. La literatura espe-cializada no contribuye a aclarar el tema, desde el momento en que existe una considerable ambigedad en la definicin del concepto de "movimientos sociales".

La primera pregunta, entonces, es relativa a la pertinencia de englobar bajo el trmino de "movimientos sociales" a toda la gama de expresiones co-lectivas a las que se ha hecho referencia. En otras palabras, examinar en qu medida es til para el anlisis poltico y pertinente tericamente una

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demarcacin inclusiva de todas estas expresiones para dar cuenta de un solo actor relevante en el juego poltico. El riesgo es obvio; si se ponen en el mismo saco actores muy diferentes, la conceptualizacin pierde sentido y confunde ms que aclara.

Si se adopta una definicin amplia, como es frecuente en muchos traba-jos, se incluirn en la categora de "movimientos sociales" a todas aquellas expresiones colectivas, no partidarias, que: a) se organizan alrededor de cier-tos intereses (o valores) socialmente determinados; b) establecen ciertas reas de igualdad entre sus miembros alrededor de las cules priman solidaridades especificas, y c) inciden (o buscan incidir) en algn nivel del proceso de toma de decisiones polticas.

De acuerdo a los cinco estudios desarrollados para el Uruguay, dentro del marco del Proyecto sobre Movimientos Sociales, una conceptualizacin de esta naturaleza llevarla a incluir indiscriminadamente en esta amplia catego-ra de la participacin poltica extrapartidaria, a las organizaciones comuna-les o barriales orientadas a la satisfaccin de sus necesidades bsicas (por ejemplo, movimientos populares organizados para la atencin de la salud, el mejoramiento de las condiciones ambientales y habitacionales, ollas popula-res); otro tipo de movimientos afines a formas corporativas o gremiales (pe-queos y medianos productores rurales), sindicatos obreros de orientaciones clasistas, movimientos feministas identificados con diferentes propuestas de cambio social, organizaciones desarrolladas alrededor de la defensa de los derechos humanos, etctera.

Alternativamente, una definicin "estrecha" de los "movimientos socia-les" entenderla como tales a slo las expresiones colectivas de carcter extra-estatal. En esta hiptesis, los "movimientos sociales" conceptualment co-rresponderan nada ms que a los que se proponen fines amplios o limitados de reforma de la sociedad como una empresa colectiva para establecer un orden social alternativo. Quedaran excluidos en consecuencia todos los res-tantes "movimientos" que tienen un referente estatal positivo para su accin solidaridades polticas que se forman en la lucha de los intereses priva-dos, como los grupos de inters, los grupos corporativos, asociaciones vo-luntarias o "subculturas".

Las dos opciones presentan virtudes e inconvenientes. Sin pretender una definicin formal del tpico, es importante sin embargo, discutir sus im-plicaciones.

La primera opcin demarcacin amplia corresponde, como ha sido reiteradamente sealado, a una conceptualizacin excesivamente inclusiva y en consecuencia poco til para demarcar un tipo especifico de comportamien-to poltico. En la prctica, la demarcacin amplia incluye dentro de los movi-mientos sociales a cualquier forma de expresin colectiva que adems de ser extrapartidaria tenga un referente de naturaleza poltica en su accin (directo

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o indirecto). La segunda opcin, en cambio, ha sido defendida en la medida en que

recupera una "diferencia especfica" de mayor utilidad para demarcar dife-rentes formas de expresiones colectivas. Al mismo tiempo, porque centra el punto de atencin en aquel tipo de expresiones que contienen en si un germen de cambio y transformacin de la sociedad. Si por movimientos sociales se entiende solamente las expresiones colectivas de la sociedad (privada o polti-ca) con fines amplios o limitados de transformacin de las desigualdades es-tructurales (clasistas, autogestionarias, cooperativas, etctera), todas las for-mas que no contemplan esta condicin reafirmacin o no cuestionamiento de la estructura de desigualdades corresponderan a otra categora conceptual de las expresiones colectivas. No nos interesa calificar estas "otras" expresiones colectivas, pero si interesa preguntarnos qu es lo que estamos dejando de lado a] demarcar en trminos estrechos la nocin de "mo-vimientos sociales".

Parece claro, en primer lugar, que en esta opcin dejaramos de lado muchos de los movimientos que han sido caractersticos del periodo autori-tario y a los que se hizo referencia en la Introduccin. Ms an, no parece aventurado afirmar que tambin se estara dejando de lado un tipo de movi-miento que en Amrica latina desde la dcada del sesenta ha estaido presente como un fenmeno nuevo en el escenario politico.(2) Puede aducirse que todos estos tipos de manifestaciones colectivas no tienen la misma importancia para el cambio social que aquellos que expresan una conciencia y propuesta de transformaciones ms o menos radicales (en particular aquellos que asumen expresiones de conflictos de clase). Sin embargo, las dificultades no son pocas desde esta perspectiva cuando se coloca la discusin en un contexto ms amplio de la participacin poltica. Ni se puede ignorar por una parte, el pro-fundo impacto que se deriva de la emergencia de movimientos "no contesta-tarios" sobre los mecanismos de articulacin y mediacin poltica y por ende de la legitimidad. Ni tampoco se puede ignorar que incluso cuando se focaliza el inters en los movimientos sociales radicales y sus potencialidades de cam-bio, los "otros movimientos" insertos en el sistema estatal no pueden dejar de considerarse. Precisamente si alguna enseanza han dejado los estudios his-tricos acerca de la (incompatibilidad entre capitalismo y democracia, es la importancia que adquieren estas otras formas de movimientos insertos positi-vamente en la esfera del Estado como mecanismos de atenuacin del conflicto y resentimiento de las opciones radicales. (Offe).(3) Las modalidades de accin insertas positivamente en el Estado ya sea dentro de formas de coopta-cin o clientela estatal, corporativas o como grupos de presin e inters son en consecuencia igualmente importantes para entender el cambio de la sociedad, como lo son los "movimientos sociales" estrechamente definidos como agen-tes explcitos y autoconscientes de esos fines.

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En segundo lugar, la oposicin entre movimientos insertos en el Estado y los extraestatales no slo es una dicotoma que separa conceptualmente dife-rentes tipos de movimientos sino que, con frecuencia, separa orientaciones ambivalentes, de un mismo movimiento.

De alli que las dificultades para establecer una demarcacin precisa al respecto no slo provienen dla definicin de cules son los fines (amplios o limitados) de reforma de la sociedad de un movimiento, sino tambin de que virtualmente las formas puras de acciones orientadas en la esfera estatal o extraestatal no son las nicas. Por ello, las dificultades de conceptualizar los movimientos sociales son las mismas que se enfrentan cuando se procura identificar las reas de solidaridad politica que se generan en el sistema de desigualdades sociales y en la lucha por los intereses privados. La ambivalen-cia de la privatizacin del poder poltico dada por la superposicin de reas de igualdad frente al Estado (ciudadana) y desigualdad de la estructura social coloca dos fuertes referentes en la accin politica que en el Estado moderno tienden a producir las formas mixtas no puras de participacin poltica (superposicin de solidaridades insertas en el sistema estatal y solidaridades extraestatales).

Por ltimo, un tercer elemento que debe ser introducido en esta discu-sin se refiere al carcter cambiante de los movimientos sociales y su transfor-macin en otro tipo de expresiones colectivas. Como lo ha sealado Mayntz (4) y ms especficamente Pizzorno (5) con referencia a los movimientos socia-les, este tipo de expresiones colectivas no son formas estables de participacin poltica; o bien alcanzan sus fines o se transforman. "Las condiciones que los hacen surgir pueden resumirse en las situaciones de movilizacin social, que generalmente conllevan mutaciones en la estructura de la sociedad civil". A su vez, podramos agregar, la transformacin de los movimientos sociales en otras modalidades de participacin politica, tiene lugar cuando el movimiento se transforma en partido poltico (o es cooptado total o parcialmente por un partido poltico), cuando alcanza sus fines y se disuelve, o bien cuando se produce una mutacin en los referentes de su accin con respecto al Estado (accin inserta positivamente en el sistema estatal o aceptacin del Estado como normador del orden civil existente versus accin extraestatal).

El grado de inestabilidad de los movimientos sociales alude, por supues-to, a un concepto relativo, pero en cualquier caso la consideracin de la din-mica de transformacin de las diferentes formas de participacin poltica abre un campode interrogantes de mucho mayor inters que la consideracin esttica de las tipologas o demarcaciones definitorias estrechas. Por qu surgen diferentes formas de participacin poltica, cules son sus trayectorias, qu factores contribuyen a la mayor permanencia de algunos y a la transfor-macin de otros y qu papel juegan en los mecanismos de articulacin social, son algunas de las preguntas que parece ms relevante formular. En este

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sentido, entonces, tampoco parece pertinente una definicin estrecha de los "movimientos sociales" circunscripta a las formas de solidaridades extra-estatales.

III. SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Cuando se caracteriz el primer momento de la dictadura militar como una etapa fuertemente "desmovilizadora", se hacia referencia a un rasgo del autoritarismo que no tiene, hablando con propiedad, nada de excepcional si se lo compara con procesos similares. Lo que si en cambio constituye una diferencia importante respecto de otras experiencias es la intensidad y la pro-fundidad con que se llev a cabo este proceso desmovilizador, la amplitud de instituciones, individuos y organizaciones que alcanz a afectar, y la persis-tente poltica de control y cercenamiento de las libertades de asociacin, expresin y reunin, que se prolongaron incluso en las instancias de disten-sin de las negociaciones polticas entre militares y la oposicin democrtica.

Ninguno de estos rasgos de la represin seran comprensibles si no se tomara en cuenta el carcter plenamente participativo y altamente movilizado de la sociedad que precede al golpe de Estado.

Como no es ste el lugar para tratar los procesos de formacin histrica que dieron como resultado una peculiar matriz estructural de la sociedad uruguaya, recordemos por lo menos algunos de los rasgos que la caracte-rizaron. *

Como es bien sabido, el Uruguay es un caso relativamente atpico en la regin. Todas las tipologas elaboradas sobre los pases de Amrica Latina asi lo indicaron. Ello se expres en algunos indicadores muy conocidos: por un elevado nivel de vida (asegurado por uno de los ms elevados PBI per cpita de la regin, "mesocrticamente" distribuido), por el predominio de formas de vida urbana desde la formacin del Estado moderno, por las ms altas tasas de educacin y los ms bajos ndices de analfabetismo, una homogenei-dad tnica, cultural y regional que no conoce equivalentes en la regin, a la vez que el desarrollo temprano de un "welfare state" que sigui adelante hasta su reversin bajo la poltica neoliberal del rgimen autoritario (Estado prescindente),(6)

En la esfera poltica los indicadores equivalente*, y que slo anotamos, son la larga permanencia de los partidos tradicionales (Colorado y Nacional) existentes prcticamente desde la independencia nacional, la alta estabilidad poltica a lo largo de todo este siglo, el carcter no excluyente de la participa-cin ciudadana, la temprana participacin de toda la poblacin en las instan-cias electorales, la vigencia de un sistema pluralista democrtico, la intensidad de la participacin e inclusin poltica de la poblacin, y una

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elevada tasa de participacin poltica no partidaria a travs de los movimien-tos y otras expresiones de formacin (y reformacin) de intereses y demandas. (Rial). (7)

Durante todo lo que va del siglo y particularmente en los dos impulsos modernizantes, uno de principio de siglo (perodo batllista) caracterizado por la consolidacin y expansin del Estado moderno y otro hacia mediados de siglo ("neobatllismo"), a partir de la movilizacin industrial, se avanzaron los procesos de modernizacin social y "desarrollo hacia adentro". Con ello se cristaliz una estructura social caracterizada por la presencia dominante de las clases medias urbanas y sectores obreros plenamente incorporados a la economa formal, cuyo perfil se asemej ms al de las sociedades europeas de desarrollo intermedio que al de las sociedades excluyentes y duales latino-americanas. La alta movilidad social que predomin durante la primera mitad del siglo, sostenida por las profundas transformaciones estructurales y las pautas reproductivas, a la vez que la gestin lder que encar el Estado en materia de redistribucin progresiva, permitieron una incorporacin crecien-te de casi ta totalidad de los sectores sociales a los "beneficios del desarrollo". Como resultado de ello, sobre la dcada del sesenta, el Uruguay comparta con la Argentina indiscutiblemente una posicin privilegiada en el marco de las naciones latinoamericanas, pues estaban a la cabeza del sistema regional en todos los indicadores de desarrollo y modernizacin social que pudieran considerarse. "

Sin embargo, por detrs de la eficiencia distributiva y de la exitosa capa-cidad de atenuacin de conflictos que el sistema poltico logr desarrollar garantizando por ms de medio siglo la compatibilidad del orden democrti-co con su forma capitalista, fueron notorias las dificultades de crecimiento econmico y sostenimiento de las bases productivas en que el sistema se asen-taba. En rigor, lo que se hizo notorio ya sobre la dcada del cincuenta, fue el carcter "modernizante-conservador" del modelo que no pudo remover su dependencia de las fuentes tradicionales de poder econmico. La rigidez cre-ciente de la esfera productiva, y en consecuencia las limitaciones de los recur-sos econmicos que pudieran sostener el modelo redistributivista, contrastaron con las altas aspiraciones y expectativas de vida que la sociedad toda haba acumulado a lo largo de varias dcadas y que siguieron adelante an en los momentos de crisis econmica.

La expansin del sistema educacional en el perodo 1950-60, con tasas excepcionales de crecimiento de los niveles medios y altos, contribuy podero-samente a incrementar y legitimar las aspiraciones de los sectores medios y de las clases bajas incorporados al sistema. Al mismo tiempo, el segundo empuje industrializador del periodo "neobatllista" en la posguerra, hizo lo mismo con los estratos bajos urbanos (movilizacin por migraciones del campo a la ciudad, conformacin de un proletariado urbano dependiente moderno). A

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ello se agreg la capacidad de organizacin y demandas de los diferentes grupos y sectores involucrados en la esfera laboral, cuyo ingrediente novedoso fue su alta capacidad de movilizacin.

Las consecuencias de este proceso de expansin diferencial del orden social sobre pautas modernas y de la rigidez de la estructura de poder econ-mico incapaz de dar continuidad a un crecimiento capitalista sostenido, se manifestaron en la tensin estructural creciente caracterstica de la crisis reite-radas de los modelos de modernizacin conservadora.(8) En tanto los sectores populares movilizados a travs de diferentes movimientos sociales desarrolla-dos alrededor del trabajo, el consumo, la prestacin de servicios del Estado, la seguridad social, el sistema educativo, la poltica de viviendas, etctera, pre-sionan sobre el aparato estatal y los gobiernos de turno con nuevas demandas, desde el Estado se apela a polticas de corto plazo de escaso grado de raciona-lidad econmica tendientes a resolver emergencias y sostener la legitimidad.

La primera expresin electoral del deterioro de este exitoso modelo de convivencia logrado por el pas a lo largo de medio siglo, fue la derrota del batllismo en 1958, despus de ms de noventa aos de continuidad en el poder, y su desplazamiento por el Partido Nacional. Paradojalmente, sin em-bargo el grado de tensin y la movilizacin social consecuente que erosion las bases de legitimidad secular del Partido Colorado, no signific un afianza-miento de los sectores populares de izquierda en la esfera electoral sino que dio lugar, en rigor, a una forma de "restauracin conservadora". De all en adelante, los gobiernos blancos y colorados que se sucedieron hasta el golpe de Estado de 1973 debieron manipular el sistema de dominacin bajo una si-tuacin potencialmente explosiva por el "desborde" de los movimientos so-ciales en un clima de polarizacin y radicalizacin ideolgica donde crecieron en los dos extremos del espectro ideolgico las opciones autoritarias.

El punto ms importante a destacar es, sin embargo, que la forma que adquiere el conflicto y el poder relativo de los actores involucrados, no se esta-blecen en la arena electoral parlamentaria como una oposicin de empate o equilibrio de fuerzas, sino que opera en diferentes planos; en el sistema parti-dario-electoral-parlamentario por una parte, y en el sistema de los movimien-tos sociales por otro. La hegemona electoral continu perteneciendo a los dos grandes partidos tradicionales cuya naturaleza "catch all" les permite una amplia base de apoyo, pero las expresiones contestatarias se expresaron como forma efectiva de ejercicio de poder de la izquierda, minoritaria electoralmen-te, en los movimientos sociales. Esta incapacidad de trasladar al plano electo-ral y parlamentario el equivalente del poder de movilizacin, demandas, "veto" y capacidad de presin de los movimientos sociales, al igual que la escasa representatividad de los grandes partidos multiclasistas, evidenciaron, sin duda, uno de los ms crticos problemas de mediacin del sistema polti-co.^)

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Es precisamente en este contexto el de mediacin y representatividad del sistema poltico donde corresponde ubicar el papel que juegan los movimientos sociales en la crisis, y el que pueden venir a jugar, en el proceso de profundizacin de la democracia.

I. Sociedad y movimientos sociales

Estamos por lo tanto ahora en condiciones de discutir con ms propiedad las caractersticas de los movimientos sociales, sus orgenes, sus trayectorias y sus posibilidades de transformacin en la reconstitucin del orden demo-crtico.

En la extensa literatura especializada que se ha generado en las ltimas dcadas acerca de los movimientos sociales, tanto en referencia a Latinoamrica como al mundo desarrollado, surgieron dos grandes aproxi-maciones. Por una parte la literatura sobre Amrica Latina se ha desarrollado alrededor de dos supuestos bsicos: a) el carcter excluyente del sistema pol-tico y la cuestin nacional como un problema no resuelto y b) la ausencia del papel articulador de los partidos polticos como instancias de mediacin efectiva.

Los movimientos sociales como formas colectivas de solidaridad han sido tradicionalmente explicados como resultantes de procesos incompletos o truncados de conformacin de las sociedades nacionales. En consecuencia los movimientos sociales se vieron como la expresin de tensiones estructurales inducidas por grandes mutaciones en la estructura de la sociedad civil deriva-das ya sea de: a) la definicin de la territorialidad nacional (conflictos de cen-tralizacin, conflictos entre poderes locales, etctera); b) por los movimientos surgidos alrededor de solidaridades religiosas, tnicas o culturales en com-petencia entre s y con la solidaridad nacional; c) por la conflictiva integracin de la "periferia" al "centro" (exclusin de la participacin poltica, cuestin de la ciudadana), o bien, d) por la lucha alrededor de la estructura de desi-gualdades econmicas y privilegios sociales de la estructura socioeconmica (cuestiones de redistribucin, acceso, movilidad social y conflictos de cla-ses).(10)

La inexistencia de una plena incorporacin de la poblacin a un sistema poltico con mecanismos eficientes de intermediacin, ha sealado a su vez a los partidos polticos como los "grandes ausentes" del rol que los mismos jugaron tradicionalmente en los sistemas pluralistas democrticos de los pases ms desarrollados. En este sentido, la literatura ha insistido en el papel alternativo de la participacin poltica en los movimientos sociales, como res-puesta a la omisin de mecanismos representacionales plenamente institu-cionalizados (inestabilidad poltica, fragilidad de las instituciones propias del liberalismo poltico, carcter excluyente o elitista de la polltica).(l 1)

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Por otra parte, cuando se consideran las interpretaciones acerca de los "nuevos" movimientos en los pases ms desarrollados, los supuestos son otros y se concentran casi con exclusividad en las mutaciones estructurales derivadas de: a) las ms recientes formas de gestin del Estado (welfare state) y la proliferacin consecuente de una gran diversidad de solidaridades (recreadas alrededor de las clientelas estatales;(12); b) los desplazamientos de los procesos de acumulacin (importancia creciente del conocimiento en des-medro de los recursos materiales) (13) y de la prdida relativa de centralidad del conflicto capital-trabajo en desmedro de los conflictos desarrollados alrededor del consumo, condiciones de bienestar, y calidad de vida.(14) La crisis de los partidos polticos como instancia de mediacin y representacin eficientes (y no la ausencia de ese papel) es, por otra parte, otro de los temas recurrentes en los estudios, y se le atribuye la emergencia de nuevos actores colectivos. En sus versiones ms elaboradas lo es tambin la forma de media-cin concertada (neo-corporativa) por su carcter excluyente de otros intere-ses que no se organizan alrededor del capital y del trabajo. Al respecto, en palabras de Schmitter (15) "lo que ha cambiado extensiva e irreversiblemente en las sociedades capitalistas avanzadas son los procesos de intermedia-cin poltica por los cuales el volumen potencial de demandas societales es capturado y concentrado y a travs de los cuales los patrones eventuales de las polticas pblicas son analizados y evaluados".

En suma, si se trata de caracterizar la naturaleza de los movimientos sociales en el mundo desarrollado y en los pases latinoamericanos, parecen existir suficientes evidencias que sugieren la conveniencia de evitar extrapola-ciones simplistas entre uno y otro contexto. Como lo plantea Grossi en su estudio, (16), "contrariamente a lo que pasa con los movimientos sociales en los pases de capitalismo avanzado, que no presentan como prioritarias reivindicaciones de aumento de participacin y de representacin en el siste-ma poltico, estas reivindicaciones son fundamentales en Amrica Latina ya que el problema de la incorporacin plena de los sectores populares al sistema poltico an no ha encontrado solucin".

Nosotros no discutiremos esta aseveracin que sin duda es correcta en tanto constituye una caracterizacin de los rasgos dominantes de la regin, pero s tenemos objeciones si se trata de generalizar la afirmacin de Grossi como un patrn vlido para cualquier pas de la regin.

De la discusin previa acerca de la conformacin de la estructura social y poltica del Uruguay, se desprenden con claridad algunos rasgos que lo apro-ximan ms a la "tipologa" de las sociedades ms desarrolladas que a las lati-noamericanas.

En primer lugar, con respecto al problema de la incorporacin o mar-ginalidad al sistema poltico, las crisis reiteradas de incorporacin poltica (ampliacin del mercado poltico), que generaron recurrentemente en la re-

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gin inestabilidad endmica (o coercin ms o menos abierta), no estuvieron presentes en la formacin del Uruguay moderno. La incorporacin, al contra-rio, oper como un trnsito relativamente fcil tanto en la faz de absorcin de los nuevos sectores proletarios en los dos empujes industrializadores, como en la emergencia de las modernas clases medias urbanas. Incluso las clases bajas rurales, sectores stos donde se localiza la marginalidad politica dominante en los pases de la regin, estuvieron tradicionalmente incorporadas a los par-tidos histricos.

En segundo lugar, los partidos polticos jugaron un papel capital como agencias mediadoras del sistema poltico. Sus estabilidad y continuidad secu-lares tienen, en este sentido, mucho ms afinidad con el papel histrico de los partidos en las democracias liberales de los pases desarrollados que con las dbiles estructuras partidarias latinoamericanas. En este sentido, tambin es pertinente hablar de una crisis de un sistema que fue eficiente y luego fracas como instancia de intermediacin entre la sociedad civil y la politica. Si se quiere expresarlo con ms propiedad, puede afirmarse que las instituciones clsicas del liberalismo poltico tuvieron plena vigencia y en ellas descans el excepcional modelo de desarrollo econmico y estabilidad democrtica del pas. Por ello, tambin las condiciones que generaron la ruptura del orden democrtico en 1973 deben ser vistas, en sentido estricto, como el agotamien-to de un modelo de dominacin mediante un eficiente sistema de representa-cin y mediacin politica y no como una ausencia o una institucionalidad nunca lograda.

En tercer lugar, la proximidad del modelo uruguayo al "polo desarro-llado" tambin se manifiesta en la intensidad y el tipo de tensiones a que dan lugar las diversas formas de expresiones colectivas partidarias y extrapartida-rias. Dos aspectos son sealables al respecto: por una parte la centralizad.que ocupan las tensiones propias de la estructura de desigualdades socioeconmi-cas en oposicin a la escasa relevancia de las tensiones de las etapas anteriores de la formacin del Estado nacional (territorialidad, identidad cultural y ampliacin del mercado poltico). Por otra parte, el elevado grado de libre asociabilidad expresado en la intensidad del fraccionamiento y diversificacin de las solidaridades de grupos y sectores alrededor de intereses especficos.

44 una dimensin especifica de la problemtica de la mujer.

En su conjunto, los tres movimientos no constituyen organizaciones de masas aunque desarrollan una tarea efectiva a partir de las unidades de base diseminadas en diferentes reas geogrficas y laborales. A su vez, en diferen-tes instancias de resistencia al rgimen autoritario desarrollaron mltiples actividades cuya presencia pblica fue, por su magnitud, una de las expresio-nes ms importantes de los movimientos de mujeres en muchas dcadas. Cabe por otra parte sealar que en la esfera de las organizaciones partidarias tam-bin se constituyeron grupos de mujeres que tuvieron un activo papel en la coordinacin de puntos de accin en comn: la Comisin de Mujeres del Frente Amplio, que retoma las actividades de la Coordinadora Femenina de 1971, el Secretariado de la Mujer Demcrata Cristiana, el grupo de Mujeres de las Coordinadoras del Movimiento Por la Patria, Corriente Popular Nacio-nalista, y la Comisin de Mujeres Batllistas, Libertad y Cambio y la Corriente Batllista Independiente.

Las lderes de estos movimientos no se ubican, sin embargo, en las posi-ciones altas o "centrales" de sus estructuras partidarias. Si bien tienen activa participacin en las instancias de acciones "de base", su marginalidad con respecto a las estructuras partidarias parece ser elevada.(49) Tampoco las posturas adoptadas por las mujeres integrantes de los Partidos Polticos con respecto a sus reivindicaciones especificas sobre la condicin de la mujer parecen haber ocupado un lugar importante en las plataformas y propuestas electorales de los partidos polticos. Se seala al respecto que slo el Frente Amplio les otorg algn espacio, pero aun asi de escasa visibilidad. Otros partidos, en tanto, no les incorporaron. Ello puede explicar la marginacin de los movimientos de mujeres en la etapa de la preconcertacin, en la cual esos movimientos acordaron efectuar una preconcert acin paralela.

Como balance de estas experiencias parece claro en primer lugar que el conjunto de movimientos que aqu discutimos corresponden ms a los "movi-mientos de mujeres" que a los "feministas". Al menos ello parece ser cierto si se consideran los objetivos y las "reas de igualdad" que definen las solidari-dades que nuclean a sus miembros. Con todo, no puede perderse de vista, que en el interior del conjunto de grupos que componen esos movimientos son dis-tinguibles variaciones en ambas orientaciones, tanto entre grupos como dentro de los grupos. En este sentido es importante el papel que juegan las mujeres de clase media en la formulacin de propuestas feministas, y sobre todo aquellas que ideolgicamente tienen condiciones para establecer identi-dades alrededor de la problemtica femenina.

En segundo lugar, como lo sealan Prates y Rodrguez Villamil (50) existe la posibilidad de que. pasado el periodo de resistencia al autoritarismo y superada la etapa de movilizacin electoral, muchos de estos movimientos se disuelvan o pierdan vigor en virtud del predominio de otras lealtades.

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V. CONSIDERACIONES FINALES

Durante el periodo autoritario, las formas de participacin poltica de la sociedad civil fteron todas de carcter extraestatal. El Gobierno autoritario fracas tanto en sus intentos de cooptacin de las formas polticas preexisten-tes como en su capacidad de movilizacin "desde arriba". Ciertamente, tampoco puso mucho empeo en ello.

Es asi, que no se registraron como en otros regmenes autoritarios, ni movimientos sociales inducidos, subsidiados o sancionados por el Estado, como tampoco partidos polticos creados (o recreados) por el rgimen.

Desde las primeras manifestaciones de la apertura democrtica a partir de los aos 80/fue notorio en cambio el crecimiento excepcional de diferentes formas de participacin poltica cuyo denominador comn fue el rechazo al rgimen y la bsqueda de una salida democrtica.

La uniformidad de estos objetivos no pudo ocultar, sin embargo, sus diferencias. Como resultado de la supresin de los mecanismos tradicionales de mediacin y articulacin poltica, las modalidades de participacin cono-cieron una amplia gama de formas organizativas desarrolladas en torno a reas especificas de igualdad y solidaridad. En sus inicios, un elevado grado de atomizacin, autonoma y espontaneismo, fue la caracterstica de esta multiplicidad de formas de participacin.

Como se pudo apreciar del anlisis efectuado, en algunos casos se trat de los "nuevos" movimientos sociales generados en torno a las necesidades bsicas, y que se nuclearon ya sea en la pequea comunidad urbana, vecinal o barrial, en los subsectores del trabajo organizado, o en las formas cooperati-vas de consumo. En otros casos se trat de la reactivacin de viejos y tradicio-nales movimientos, bajo nuevas demandas; liderazgos y "rtulos". Y por ltimo, tampoco fueron ajenos a estas transformaciones, los fraccionamientos o reagrupaciones de diversos movimientos corporativos previamente exis-tentes.

En principio, lo ocurrido parecera confirmar la proposicin terica que identifica la emergencia de los movimientos sociales en relacin a las grandes mutaciones que han operado en la estructura social. Sin embargo, creemos que no es este el caso y debe recordarse que: a) la "gran" mutacin fue poltica, y b) que la misma no destruy el sistema politico preexistente sino

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que lo congel.(51) Es por ello que como se vio en el punto precedente, esa alta diferencia-

cin; atomizacin y extraestatalidad iniciales tendieron a modificarse en la medida en que las fuerzas democrticas tomaron la iniciativa, desplazaron el monopolio de la iniciativa politica de los militares, y finalmente restauraron el orden poltico antecedente al golpe de estado.

Del anlisis antecedente se deriva en primer lugar, que una de estas transformaciones estuvo constituida por la creciente prdida de "especifici-dad" de los nuevos movimientos. Las reas de igualdad establecidas inicial-mente alrededor de demandas especificas (solidaridades puntuales) tendieron a perder importancia en relacin a reivindicaciones y demandas de carcter ms general (por ejemplo, salarios, empleo, calidad de vida, etc.).

En segundo trmino, la atomizacin de mltiples focos de solidaridad confinados a limites territoriales o sectoriales estrechos, tambin tendieron a perder importancia al integrarse en unidades mayores (instancias de agrega-cin de solidaridades de segundo grado).

En tercer lugar, el carcter extraestatal de los movimientos, ante la inmi-nencia primero y la realidad despus de un escenario democrtico, tendi a desaparecer. Con la reconstitucin del pluralismo poltico y las instituciones propias del rgimen democrtico, aparecieron a su vez en los movimientos, gremios y corporaciones, fuertes demandas orientadas positivamente hacia el Estado por participacin e involucramiento en la toma de decisiones o instan-cias similares. En consecuencia se debilit el perfil "extraestatal puro" de los movimientos.

En cuarto lugar, los nuevos movimientos y las fracciones nuevas de las estructuras corporativas antiguas que se crearon en ese periodo, fueron rpi-damente reabsorbidos o neutralizados por las estructuras tradicionales de agregacin de intereses.

En particular* el movimiento sindical pas a ocupar el tugar central que ocupara antes como la expresin ms importante de las reivindicaciones po-pulares, y algo similar ocurri con los gremios rurales histricos.

Del examen de los cinco "estudios de caso" que se han desarrollado en este trabajo, surgen tambin algunos otros puntos de inters terico.

El primero se refiere a la falsa oposicin entre las interpretaciones de la participacin politica como resultado de transformaciones estructurales (mu-taciones en la estructura socio-econmica), versus la dimensin propiamente politica. Lo que han mostrado concluyentcmente los estudios que discutimos en este trabajo es el rol fundamental que juegan en la formacin de reas de igualdad y solidaridades, las agencias especializadas, funcionalmente encar-gadas de captar, procesar y dirigir las demandas societales. No podramos explicar la emergencia de las nuevas formas de participacin ni su reformu-lacin posterior meramente en referencia a las mutaciones en la estructura

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social. La existencia de agentes explcitos, internos o externos a-los movimien-tos, ha sido un lugar comn en todo el proceso de formacin y reformulacin de los movimientos sociales. Y los mismos muestran la relativa autonoma del orden poltico en la conformacin de los mismos. Hemos tratado de mos-trar que tanto las orientaciones como los liderazgos, no se forman slo a partir de las reas de igualdad definidas por la estructura social, sino tambin desde las matrices polticas ms generales.

En segundo lugar, el anlisis tambin sugiere la importancia de la conceptualizacin de los movimientos sociales en trminos amplios y no cir-cunscriptos a las orientaciones extraestatales. Cuestiones semnticas aparte y si s quiere evitar la polmica en torno a definiciones, digamos que la alterna-tiva de circunscribir el anlisis solamente a aquellas formas de participacin poltica que buscan la transformacin amplia o limitada del orden social, hubiera sido una manera de empobrecer el anlisis.

Por ltimo, el estudio sugiere que existe una clara correlacin entre los diferentes contextos polticos y el tipo de movimientos sociales que pueden generarse en su seno. Las matrices histricas que cristalizan una sociedad "atpica" en la regin como lo es el Uruguay, han dado lugar a ciertas formas transicionales de movimientos sociales n el proceso de apertura poltica, al igual que un retorno a los viejos clivajes en el nuevo orden democrtico.

Ello no implica que las nuevas reas de igualdad y solidaridad no puedan desenvolverse en el futuro y dar lugar a una matriz renovada de agencias de articulacin de intereses, pero conviene no confundir lo coyuntural, propio de la transicin a la democracia, con las tendencias de largo plazo de mutacin de la sociedad.

NOTAS

(1) Para la transicin del estado de excepcin a la democracia vase: Gonzlez L. E., Uruguay 1980-81: Una apertura inesperada, Latn American Research Review, 1983; Amarillo Ma del H., Participacin Poltica de las Fuerzas Armadas, en Gillespie Ch., Goodman L., Rial J. y Winn P.; Uruguay y la Democracia, EBO, Uruguay, 1984; Rial J., La reorganizacin de los Partidos Tradicionales, Serie Documentos de Trabajo, CIESU, N 41, Montevideo, 1984; Rial J., ThePolitical Cojunture in Uruguay, Serie D. de T., CIESU, Montevideo, 1984; Filgueira C Puesta al dia: el caso Uruguay, en DEBATES, N 1, B. Aires, 1984; Gillespie Ch., From Suspended Animation to Anima-ted Suspensin: Poitical Parties and de Difficult Birth of Uruguay 's Transition 1973-83; D. de T., CIESU, N 94, Montevideo, 1985; SIJAU, Uruguay y Paraguay: la Transicin del Estado de Excepcin a la Democracia, EBO, Temas del Siglo XX, Uruguay, 1985.

(2) Boschi y Valladares en el estudio de las caractersticas de los movimientos populares en Brasil sealan la ausencia de una orientacin de cambio radical o trans-formacin social en estos movimientos; su identidad desarrollada alrededor de lo

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cotidiano, carencia de identidades inmediatas de clase y ausencia de una conciencia critica acerca de la ilegitimidad de la estructura de desigualdades. Al. contrario, una defensa de los derechos mnimos de ciudadana (nfasis en la incorporacin). Al respecto, vase Grossi, M., "Movimientos populares en Brasil 1970-1983", en Movi-mientos sociales en Amrica Latina, FLACSO, Costa Rica, Universidad de N. Unidas, 1983.

(3) Offe, C., Competitive party democracy and tke Keynesian Welfare State, .1981 (trab. mimeografiado).

(4) Mayntz(1967) Sociologa de la Organizacin, Alianza Editorial, Madrid, 1967. (5) Pizzorno, A., "Introduccin al estudio de la participacin poltica", en Pizzor-

no, A., Kaplan, M. y Castels, M., Participacin y cambio social en la problemtica con-tempornea, SIAP, 1976.

(6) Con todo, no fue como en el caso de Chile, una reversin plenamente "ortodo-xa" que alcanzara a desmantelar instituciones y servidos pblicos propios del Estado de Bienestar.

(7) Rial i., ob. cit. (8) Moore, B., Social origins of Dictatorship and Democracy, Boston, Beacon

Press, 1967. (9) Vanse, Solari A., Estudio sobre la sociedad uruguaya, Tomo II, Arca, Monte-

video, 1967; y Aguiar C., La dobk escena: Clivqjesy Subsistema electoral, en Gillespie y otros ob. cit. Tambin los resultados del Informe de Equipos Consultores, Los Sindica-tos, Estudios Vol. 1 N 1, Montevideo, Mayo, 198S.

(10) Las cuatro categoras corresponden a la distincin que efecta Rokkan acerca de la formacin de los Estados Nacionales. Vase al respecto Caldern F., y Laserna R., Nacin, Estado y movimientos sociales en Amrica Latina, FLACSO - Universidad de Naciones Unidas. (Programa PAL), Costa Rica, 1983.

(11) Grossi, M., ob. cit. (12) Schmitter, Ph., "Interest Intermediation and Regime Governability in Con-

temporary Western Europe and North America", en Berger (ed.), Organizing Interest in Western Europe; Cambridge University Press, 1980. Tooraine A. Actores Sociales y Pautas de Accin Colectiva en Amrica Latina, PREALC, Santiago de Chile, 1984.

(13) Sunkel O. y otros, Trasnacionalizacin y Dependencia, Cultura Hispnica, Madrid, 1980.

(14) Schmitter, Ph., ob. cit. (15) Schmitter, Ph., ob. cit. (16) Grossi, M., ob. cit.

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casos, en D. de T. N 57 CIESU, 1983. (40) Rodrguez, E., ob. cit. (41) Cosse, G., Clase obrera, democracia y autoritarismo, CIESU, Montevideo,

1985. Presentado en el Seminario "Los movimientos sociales frente a la crisis: Uruguay, tendencias y perspectivas", auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas (Pro-grama Amrica Latina).

(42) PREALC, Sector informal: funcionamiento y polticas, Santiago de Chile, 1981. Tambin PREALC. La subutilizacin de la mano de obra en los pases subdesa-rrollados, D. de T. Santiago de Chile, Agosto 1974.

(43) Prates, S., "Cambios estructurales y movimientos populares: reflexin sobre la concertacin social en el Uruguay post-autoritario", en 7enfoques sobre ta Concerta-cin, CIESU, Banda Oriental, Montevideo, 1984.

(44) Debe notarse un aspecto que no es suficientemente conocido o evaluado: la alta proporcin del empleo generado por el Estado, que alcanza casi a un 25 por ciento del total de la PEA.

(45) Filgueira, C. y Argenti, C., Implicaciones del Conflicto entre Tecnologa y So-ciedad: notas preliminares sobre el caso uruguayo; Cuadernos de CIESU, 1984.

(46) Prates, S. y Rodrguez Villamil, S., ob. cit. (47) Hobsbawm, E. I., Rebeldes primitivos, Ariel, Barcelona, 1983. (48) Prates, S. y Rodrguez Villamil, S., ob. cit. (49) La escasa presencia de las mujeres en cargos directivos de los partidos pol-

ticos, hecho que ha sido tradicional en el sistema poltico uruguayo, fue an mayor en la recomposicin democrtica. Esta discriminacin se aprecia tambin en los candidatos a las elecciones nacionales y en la integracin parlamentara.

(50) Prates, S. y Rodrguez Villamil, S.,ob.-cit. (51) Gonz&lez L. E., ob. cit.

I. INTRODUCCION

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