137217951 Trabajo Academico Derecho Procesal Civil i
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1. SIGUIENDO ESTE ENLACE :
www.edicioneslegales.com.pe del libro de la biblioteca virtual “Derecho
Procesal Civil. Lima”: Editorial San Marcos E.I.R.L. Editor del autor Asociación
Peruana de Investigación de Ciencias Jurídicas (APIJ), pág. 154 y ss.
Realizar un análisis del cuestionamiento de la competencia en derecho
procesal civil .
Existen casos de impedimento, inhibición y recusación de magistrados en el
conocimiento de determinadas causas, estos se promueven de parte y/o
pueden ser asumidas de oficio por el Juez que conoce el caso; debiendo para
tal fin emitir una resolución motivada en la cual indicará estar inmerso en
causal de inhibición. Sin embargo también existen casos en los cuales
determinados magistrados de manera dolosa se inhiben de algunos casos,
como el caso adjunto al presente para mayor ilustración.
2
UAPUNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO
TUMBES
TRABAJO ACADÉMICO
CURSO : 0703-07311 DERECHO PROCESAL
CIVIL I
DOCENTE : ABOG. ANDRÉS ACERO CÁRDENAS
ALUMNO : LLATANCE MENDOZA LUIS ANTONIO
CÓDIGO : 2009155006
CICLO : VI
AÑO : 2013 – I
2. INVESTIGUE SOBRE LAS CONDICIONES DE LA ACCIÓN.
ACCIÓN 1 : La Academia de la lengua, tomando esta voz en su acepción
jurídica, la define como derecho que se tiene a pedir alguna cosa en juicio, y
modo legal de ejercitar el mismo derecho, pidiendo en justicia lo que es nuestro
o se nos debe. Para Capitant, es el remedio jurídico por el cual una persona o
el ministerio público piden a un tribunal la aplicación de la ley a un caso
determinado. Y para Couture es el poder jurídico que tiene todo sujeto de
derecho, consistente en la facultad de acudir ante los órganos de la
jurisdicción, exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que afirma
como correspondiente a su derecho.
ACCIÓN AQUILIANA 2 : En Derecho Romano, la originada en la ley Aquilia,
para reprimir como delitos ciertos hechos preestablecidos y lesivos de los
derechos ajenos. Si bien en un principio tal acción se refería a los daños
causados a las cosas corporales, se extendió después a todo daño
injustamente causado.
ACTIO3: (pronunc: "accio"). Sust.: Acción jurídica.
ACCIÓN EN EL PROCESO CIVIL
TIT. VI: DE ACTIONIBUS4.
Superest, utde actionibus loquamur. Actio autem nihil aliud est, quam
ius persequendi iudicio, quod sibi debetur.
1 OSORIO Manuel? – Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales – 1ª Edición Electrónica – Realizado por DATASCAND S.A. – Guatemala – p. 21.Significado de actio: ACTIO (pronunc: "accio"). Sust.: Acción jurídica.2 Ibídem.3 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 29.Significado de actio: ACTIO (pronunc: "accio"). Sust.: Acción jurídica. 4 KRIEGEL, HERMAN Y OSENBRÜGGEN / D. OLDEFONSO L.GARCÍA DEL CORRAL1889 – DERECHO CIVIL ROMANO – A Doble Texto Traducido al Castellano del Latino – Jaime Molinas Editor – Consejo de Ciento N° 287 – Barcelona – p. 135
3
TITULO VI: DE LAS ACCIONES5
Resta que hablemos de las acciones. Más la acción no es otra cosa,
que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe.
La ACCIÓN desde su utilización en el Derecho Romano más antiguo, nos
relaciona con la terminología de <<actus>>, actualmente se puede establecer
como <<actos jurídicos>>.
Las acciones en la época romana, tuvieron un proceso evolutivo y/o
diferenciado, si pretendemos dar nuestra opinión al respecto; es así que los
actos de importancia, debían cumplirse para obtener la ejecución en un juicio, o
la decisión ante una controversia, se le definió como legis actiones; siendo
estas acciones o actos los que se constituían a fin de introducir un juicio ante el
magistrado, está acción era sometida a su evaluación y luego se decidía si se
remitía al Juez.
De otra parte la acción en el Derecho Romano, fue empleada por los romanos
en dos sentidos, los cuales se describen en:
a) Sentido formal6: como instrumento que abre puertas al proceso.
Se trataba de un acto de las partes, encaminado a la tutela
jurisdiccional.
b) Sentido material7: la reclamación de un derecho, de un derecho
civil obligatorio: En este sentido, puede tener un equivalente, a lo
que actualmente se llama <<pretensión>>.
En Roma no existía un concepto único de denuncia o reclamación, no había
una actio, al contrario existían diversas actiones con nombres diferentes.
Cada acción de Derecho tenía determinada actio.
5 Ibídem.6 ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICA (APIJ)2010 – DERECHO PROCESAL CIVIL – Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. p. 67.7 Ibídem.
4
El verbo <<agere8>> significa simplemente <<actuar>>, y <<actio>> significa
<<actus>>, que expresa todo lo que consiste en hacer, es decir actos de todo
género9.
Para los juristas romanos clásicos, los términos agere y actio, tienen una
aceptación más concreta y está referido al procedimiento civil. Agere significa
actuar en un proceso10.
La acción del actor es el llamado agere. Actio comprende en un significado a
todos aquellos actos que tienen lugar in iure11 o apud12 iudicem13 y
principalmente los actos que lleva a cabo el actor14.
Justiniano afirma que la actio, "…no es otra cosa que el derecho de perseguir
en juicio lo que a uno se le debe”.
CLASES DE ACCIONES EN EL DERECHO ROMANO: En el proceso romano
se utilizaron varias clases o categorías, las más utilizadas fueron:
Acciones in rem e in personam: Acciones reales y acciones personales.
Acciones reales: para Justiniano las acciones reales están
destinadas a reclamar el dominio, el usufructo, el uso y la
servidumbre.
8 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 7.Significado de Agere: AGERE (pronunc: "agüere"). Verb.: Hacer, obrar, empujar, pasar, accionar en juicio.9 ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICA (APIJ)2010 – DERECHO PROCESAL CIVIL – Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. p. 67.10 Ibídem.11 CAMPAÑA VALDERRAMA Manuel1994 – IURIS VERBA – Voces del Latín en el Derecho – A & B Editores – Lima – p. 85.Significado de In Iure: IN IURE: Delante del magistrado.12 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 35.Significado de apud: APUD Adv.: Junto a, en casa de, en presencia de, en, en el libro de.13 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 151.Significado de íudicium: ÍUDICIUM Sust.: Juicio, proceso. Portugués: processo; inglés: process; francés: procédure.14 ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICA (APIJ)2010 – DERECHO PROCESAL CIVIL – Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L. p. 67.
5
Acciones personales: las emanadas de un contrato o de un delito.
Todas estas acciones tanto reales como personales, son acciones de
Derecho Civil.
Las acciones de buena fe (Bona fides15 y Stricti Iuris16), son aquellas acciones
que provenían de la venta, compra, arrendamiento, mandato, depósito,
sociedad, tutela, comodato, prenda, petición de herencia, división de bienes
comunes, devolución de dote. En estas acciones el magistrado tenía la facultad
de apreciar libremente según su bueno y equitativo entender, cuánto debía
restituirse al actor. Las demás acciones fueron de estricto derecho (<<strict
iuris>>), porque el juez debía atenerse estrictamente a la ley o al contrato.
Se llamaban acciones arbitrarias, a aquellas acciones que dependían
totalmente del juez.
Las acciones de condena, eran aquellas acciones que se manifestaban de
acuerdo al criterio de la equidad.
Las acciones directas y útiles, eran aquellas acciones creadas para la defensa
de un caso o situación determinada, y útiles las que por aplicación analógica,
entiéndase a casos o situaciones parecidas.
Las acciones privadas y acciones populares, para el caso de las acciones
privadas eran las concedidas a los particulares como tales, con la finalidad de
amparar sus derechos subjetivos; y, las acciones populares eran otorgadas a
cualquier ciudadano, que promovían la defensa del interés público.
LAS ACCIONES Y EL PROCEDIMIENTO CIVIL ROMANO: El procedimiento
civil romano atravesó por tres períodos importantes, cada uno de ellos
evidencio diferencias entre sí; estos sistemas fueron: a) El sistema de las
acciones de la ley, b) Las acciones en el sistema formulario, y c) Las acciones
en el sistema cognitio17.
15 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 42.Significado de Bona Fides: BONA FIDES: Buena fe.16 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 169.Significado de Stricti Iuris: STRICTI IURIS: De estricto derecho.17 NICOLIELLO NelsonReimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores S.R.L. – Buenos Aires – Argentina – p. 55.Significado de Cognitio: COGNITIO (pronunc: "cognicio").Sust.: Conocimiento, examen
6
SISTEMA DE ACCIONES DE LA LEY - LEGIS ACCIONES
El procedimiento primitivo del Derecho romano, es la legis actiones, la cual se
constituyó como la forma más pretérita de enjuiciar, estuvo en vigor hasta el
siglo VII en Roma. Se considera este sistema de la legis actiones, como la
primera venganza privada, en ella se cede al arbitraje facultativo, las partes
discrepantes sometían esta confrontación (litigio) a la decisión de un tercero,
sin conceder supremacía para imponer su fallo. Se le denominó sistema de las
acciones de la ley, porque no se podía entablar ninguna acción, sino en virtud
de la ley o del uso consagrado por la ley. Siendo nula la acción legal, sino se
encuentra prevista en la ley.
CARACTERÍSTICAS DE LA LEGIS ACCIONES: Gayo consideró en sus
estudios, las legis actiones tuvieron las siguientes características:
1) Fueron formalistas, solemnes y rituales, sujetas a <<verba certa>>,
las expresiones y ademanes determinados, debían observarse
estrictamente, su inobservancia acarreaba su nulidad.
2) Nacieron de la misma ley.
3) Tuvo el carácter judicial previsto, más no fue utilizada como
venganza privada.
4) El procedimiento se desarrollaba con la presencia de ambas partes,
sin embargo se podía gestionar por otro lado en materia de tutela o
de libertad personal.
5) Fue un procedimiento verbal.
6) No se podía acumular varias acciones en una, ni intentar dos veces
una misma acción.
7) Fueron acciones de <<ius civile>> inaccesible a extranjeros.
CLASES DE ACCIONES DE LA LEY EN EL DERECHO ROMANO: Existieron
cinco clases de acciones de la ley, según enumeraciones de Cayo: <<Legis
acciones per Sacramentum>>, <<iudicis postulationem>>. <<Per
condictionem >>, <<Per manus iniectionem>> y <<Per Pignoris
captionem>>
7
CONTENIDO DE LA ACCIÓN18
La acción se materializa a través de la demanda, que a su vez contiene la
pretensión, que es el “petitum” de la demanda, es decir, el pedido del
demandante del reconocimiento o declaración de un derecho a su favor a
fin de que se haga valer en la sentencia frente al demandado.
Entonces, se deduce que los sujetos de la pretensión son demandante
(sujeto activo) y demandado (sujeto pasivo).
La pretensión es el derecho subjetivo, concreto, individualizado y amparado por
el derecho objetivo que se hace valer mediante la acción.
La pretensión tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón; es decir, lo
que se persigue con ella y lo reclamado, que se basa en la existencia de
determinados hechos.
3. PRECISAR EL FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA IMPUGNACIÓN E
IDENTIFIQUE LOS ELEMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO.
La doctrina mayoritaria entiende que el fundamento de los recursos se estudia
a partir de un doble punto de vista:
A) A partir de un fundamento filosófico19: La razón primera a que se acude
para justificar y fundamentar los recursos es la falibilidad humana, es decir,
se fundamenta en la posibilidad humana que se tiene de cometer errores o
equivocaciones en las decisiones judiciales, evitando así una decisión
injusta.
B) A partir de un fundamento Jurídico: sería un derecho constitucional relativo
al debido proceso y a las garantías de defensa y audiencia.
Partiendo de lo anterior debemos razonar: ¿cuál es la naturaleza jurídica de los
recursos como medios de impugnación?, ¿serán estos una categoría de
derechos fundamentales, tienen configuración y reconocimiento constitucional
18 AGUILA GRADOS Guido2010 – LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL – Fondo Editorial de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL – Lima – Primera Edición – p. 4019 Web site: http://www.micomunidadjuridica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=219:comentarios-al-recurso-de-apelacion-en-el-codigo-procesal-civil-y-mercantil-david-alejandro-garcia-hellebuyck&catid=46:archivos-resibidos&Itemid=62
8
o simplemente son normas jurídicas creados por el Legislador como una
facultad de crear normas secundarias?
Al respecto cabe destacarse que la Honorable Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia de El Salvador en reiteradas sentencias ha dicho lo
siguiente sobre el derecho a recurrir: “El derecho de audiencia se relaciona con
el derecho a recurrir ante cualquier autoridad de una manera seria y
respetuosa, entendiéndose por esto como una categoría jurídica procesal con
protección constitucional, en virtud del cual es posible controvertir una decisión
judicial que cause perjuicio”.
La actividad impugnatoria se puede ejercer a través de la vía recursiva, de los
remedios y de la pretensión autónoma de nulidad.
El recurso se distingue de la pretensión autónoma en la posibilidad de este
última de dar lugar a nuevo proceso, como sucede en el caso de la revisión por
fraude (ver el artículo 178 del CPC). En este caso nos encontramos con una
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que es atacada por un medio
impugnativo diferente al recursivo, que se llama acción revocatoria o revisión
por fraude.
A diferencia de La pretensión autónoma, la impugnación a través de recursos
se desarrolla en el mismo proceso, el cual se compone de diversas etapas. Se
trata de las mismas pretensiones originales, las mismas partes, el mismo objeto
del proceso; situación que no se da en el caso de las acciones impugnativas
autónomas, en el que sí se entabla un nuevo proceso.
En la legislación procesal alemana el concepto de recurso se circunscribe a
aquellos casos en los cuales se persigue someter una resolución judicial a un
nuevo examen por parte del superior jerárquico al que la dictó, denominándose
remedios, a las impugnaciones encaminadas a obtener que el propio órgano
decisor modifique o enmiende la resolución impugnada.
Los remedios son para nuestro código procesal medios de impugnación que se
formulan por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos
en resoluciones, por citar, véase el caso del cuestionamiento a la formalidad
del acto de notificación o el cuestionamiento a la ejecución de un embargo en
forma depósito. Se conoce además como medio impugnativo a la oposición.
Ella aparece como un incidente que puede ser provocado por una providencia
que dispone determinada actividad con citación, siempre que corresponda
9
plantear una actividad impugnativa en el proceso y no se está frente a una
sentencia.
Los recursos son medios de impugnación de los actos procesales. La parte
agraviada por él tiene, dentro de los límites que la ley le confiera, poderes de
impugnación destinados a promover la revisión del acto y su eventual
modificación.
El recurso es el medio de impugnación más importante; podemos decir que la
impugnación es el género y el recurso la especie.
Palacio20 señala que recursos son aquellos actos procesales en cuya virtud
quien se considera agraviado por una resolución judicial pide, en el mismo
proceso y dentro de determinados plazos, computados desde la notificación de
aquella, que un órgano superior en grado tal que la dictó, o en su caso este
mismo, la reforme, modifique, amplíe o anule.
Los recursos pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarias; los primeros
son aquellos que la ley prevé con el objeto de reparar genéricamente la
extensa gama de defectos que puede exhibir las resoluciones judiciales y que
fundamentalmente consisten en errores de juzgamiento derivados de una
desacertada aplicación de la ley o de la valoración de la prueba (errores in
iudicando) o en vicios producidos por la inobservancia de los requisitos
procesales que condicionan la validez de la correspondiente resolución y en
irregularidades concernientes al procedimiento que precedió a su dictado
(errores in procedendo). El recurso ordinario opera al interior del proceso, tanto
por la facilidad con que es admitido como por el mayor poder, que se atribuye
al órgano jurisdiccional encargado de resolverlo.
Son considerados recursos ordinarios los siguientes: aclaratoria, reposición,
apelación, nulidad y queja por denegatoria de apelación. Los recursos
extraordinarios son aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la
concurrencia de motivos o causales específicamente establecidos por ley. Las
facultades del órgano para resolverlos están limitadas al conocimiento de
determinados aspectos de la resolución impugnada. Se descarta toda
20 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – p. 127.PALACIO Lino – Derecho Procesal Civil – T. V Abeledo Perrot – Buenos Aires – s/ref. – p. 29.
10
posibilidad de realizar actos de prueba. La casación es una expresión de este
tipo de recursos.
Estos aparecen de modo más excepcional y limitado, tanto porque exigen para
su interposición motivos determinados y concretos como por cuanto el órgano
jurisdiccional no puede pronunciarse sobre la totalidad de la cuestión litigiosa
sino solo sobre aquellos sectores de ella que por la índole del recurso se
establezca particularmente.
Algunos trabajos consideran como recurso extraordinario al de revisión. Si bien
en nuestro Código tenemos regulado este, en el artículo 178 del CPC (revisión
por fraude), debemos considerar en este caso que la actividad impugnatoria no
se ejerce a través de recursos sino de una pretensión autónoma de revocación.
Jurisprudencia:
Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos
procesales no contenidos en resoluciones.
No procede formular oposición contra una resolución, pues contra ella
únicamente cabe interponer el recurso de apelación (Exp. N° 649-97, Cuarta
Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, Tomo 1,
Gaceta Jurídica, p. 382),
Los recursos impugnatorios pueden formularse por quien se considere
agraviado con una resolución o parte de ella (Exp. N° 189-95, Segunda Sala
Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorias, Tomo 2, Cuzco, 1995, pp.
261-263).
Como bien queda definido los recursos son un remedio eficaz a las
resoluciones cuestionadas, de otra parte los medios de excepción también se
pueden formular como fórmulas de defensa previa en un determinado proceso.
Couture21, define a la excepción como "el poder jurídico de que se haya
investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida
contra él". Para Alsina22, la excepción "es toda defensa que el demandado
21 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – p.448.COUTURE Eduardo- Fundamentos del Derecho Procesal Civil – De Palma – Buenos Aires – 1977 – p. 8922 En IbídemALSINA Hugo – Defensas y Excepciones – EJEA – Buenos Aires – 1958 – p. 17.
11
opone a la pretensión del actor, sea que se nieguen los hechos en que se
funda la demanda, sea que se desconozca el derecho que de ellos pretende
derivarse, sea que se límite a impugnar la regularidad del procedimiento".
Monroy23, considera a la excepción como "un instituto procesal a través del cual
el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una
relación jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto
procesal, o el impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia
por omisión o defecto en una condición de la acción".
De lo expuesto líneas arriba podemos señalar que la excepción es un medio de
defensa ejercida por el demandado, con la finalidad de poner de manifiesto la
deficiencia o inexistencia de una relación jurídica válida, a fin de paralizar el
ejercicio de la acción o a destruir su eficacia.
La validez de la relación procesal es controlada a través de tres momentos: al
calificar la demanda, al resolver las excepciones y al sanear el proceso.
Estos operan como filtros de la relación procesal procurando que el proceso se
constituya y desarrolle válidamente, así como que no haya falta manifiesta de
las dos condiciones de la acción: legitimidad e interés para obrar, para que el
juez al momento de expedir sentencia emita un pronunciamiento que resuelva
el fondo del conflicto. Como bien lo establece el artículo 121 del CPC, último
párrafo, "mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en
definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la
cuestión controvertida declarando el derecho de las partes (...)".
La norma en comentario regula el segundo control que se realiza a través de
las excepciones. El emplazado con la demanda busca liberarse de la relación
procesal, ya sea porque no existen los presupuestos procesales o no existen
las condiciones de la acción. Según Monroy24, 1os presupuestos procesales
son requisitos mínimos que deben concurrir para la validez del proceso,
mientras que las condiciones de la acción son los requisitos mínimos e
imprescindibles para que el juzgador pueda emitir un pronunciamiento válido
sobre el fondo del litigio".
23 En IbídemMONROY GÁLVEZ Juan – Temas de Proceso Civil – Studium – Lima – 1987 – pp. 102-10324 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – p.448.MONROY GÁLVEZ Juan – Op. Cir. – pp. 119-122.
12
A través de las excepciones se denuncia la falta de legitimidad para obrar del
demandante o del demandado; y la falta de interés para obrar, en las
excepciones siguientes: falta de agotamiento de la vía administrativa,
litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del
proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva y
convenio arbitral.
Por otro lado, debemos precisar que la actividad saneadora no solo se agota
con las excepciones sino que puede recurrir a la defensa previa. Esta última no
cuestiona la pretensión, tampoco la relación procesal. Contiene un pedido para
que el proceso se suspenda hasta tanto el demandante no ejecute un acto
previo.
Busca dilatar el proceso y su eficacia, a veces incluso de manera definitiva.
Debe precisarse además que el artículo en comentario constituye un numerus
clausus, pues de la redacción incide en que el demandado solo puede
proponer las siguientes excepciones que cita textualmente el artículo 446 del
CPC. Se trata de un catálogo cerrado de ellas, motivo por el cual no pueden
existir excepciones reguladas en las demás normas del resto de ordenamientos
jurídicos, sea este material o procesal.
En un trabajo realizado por Carbajal25 se plantea la disyuntiva si el derecho de
retención, cuando se ejercita judicialmente, constituye una excepción procesal
o una defensa de fondo. Dicha preocupación nace a partir de un proceso de
desalojo, donde la parte demandada dedujo la excepción de derecho de
retención, debido a que consideraba que la demandante le adeudaba una
determinada cantidad de dinero, por mejoras, las que venían discutiéndose en
otro proceso judicial. Consideraba la demandada que al no estar garantizada el
pago de mejoras, se debía autorizar a retener el bien hasta que dicho crédito
sea garantizado.
El cuestionamiento se orientó a que el derecho de retención, cuando se hace
valer judicialmente como excepción, no constituye en esencia una excepción
procesal sino una defensa de fondo (ver el inciso 2 del artículo 1127 del CC);
25 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – pp.449 – 450.CARBAJAL Marco – "¿El derecho de retención cuando se ejercita judicialmente constituye una excepción procesal o una defensa de fondo?" – en: Diálogo con la Jurisprudencia – N° 108 – Gaceta Jurídica – Lima – Set. 2007 – p. 143.
13
además, para invocar la retención tiene que existir conexidad entre el crédito y
el bien que se retiene.
Las excepciones sustanciales están referidas a la validez sustancial de la
relación ejercitada, mientras que las procesales, son aquellas que tienen por
objeto discutir el modo de ejercicio de la acción, o también cuando tienen por
finalidad dilucidar una cuestión previa. Para lncola Nicola Coviello26, sostiene
que "la excepción sustancial consiste en hacer valer un derecho propio para
hacer ineficaz en todo o en parte !a acción del adversario, que vista en sí
misma sería Así fundada. Como la acción no es más que el derecho que se
hace valer, por vía de ataque, de igual suerte la excepción es el mismo derecho
ejercitado por vía de contrata que, o como defensa contra una acción. Siendo
qué aquella se divide en excepciones perentorias y dilatorias, reales y
personales, e in persona e in rem. En cambio, las excepciones procesales
significan no solo la invocación efectiva en juicio de un derecho que se
contrapone al del actor, sino en generar cualquier medio de defensa empleado
por el demandado. Se comprende por lo tanto, bajo el nombre de excepciones,
aun las razones de orden meramente procesal que el demandado opone para
obtener la desestimación de la demanda (como la incompetencia del
magistrado, los vicios de forma de los actos procesales, etc.) y las de simple
defensa en cuanto al fondo, que consisten en la negación de la existencia del
derecho del actor. Pero como no existe una diferencia práctica entre la defensa
y la excepción, no hay inconveniente alguno en emplear la expresión genérica
de excepción para indicar, así el uno como el otro medio de defensa contra la
acción, como lo hace la más reciente doctrina, que se conforma de este modo
con el lenguaje empleado por nuestras leyes, que bajo la denominación de
excepciones comprende hasta las defensas de fondo"27. La concepción de este
autor es mucho más particular, pues para él la excepción sustancial ataca el
derecho de acción del demandante, mientras que la excepción procesar es
mucho más amplia que la anterior, pues abarca no solo aspectos procesales
como la competencia del juez, sino incluso a todo tipo de defensas que pueda
realizar el demandado, incluido las de fondo.
26 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – pp.449 – 450.COVIELLO Nicola – Doctrina General del Derecho Civil – ARA Editores – Lima – 2007 – pp. 595-598, citado por CARBAJAL, Marco. Op. cit., p. 150.27 CARBAJAL, Marco. Op. cit
14
La competencia es la distribución de la jurisdicción entre los diversos órganos
jurisdiccionales. Para distribuir la competencia según Fairén Guillén28, se
utilizan tres criterios: el de la "función" que desempeña cada tribunal en
relación con los demás de su orden; el del "objeto material" o jurídico del
proceso; y el del "territorio", que dicho tribunal cubre, en relación con los
territorios de los demás del mismo orden. Para Chiovenda29 los límites de la
competencia se determinan por razón de materia, cuantía, grado, turno y
territorio; ello supone que si se interpone una demanda ante un juez que carece
de algunos de estos elementos, nos encontramos frente a un proceso iniciado
ante un Juez incompetente.
El estudio de la competencia comprende el examen de los criterios que sirven
para determinarla, como la materia, cuantía, territorio y grado. En caso de
incompetencia, el juez de oficio sin necesidad de pedido de-parte puede
rechazar la demanda cuando se vulnera la materia y la cuantía; dejando el
cuestionamiento a la parte en lo relacionado con el territorio, al no someterse a
la prórroga de la competencia; la razón radica en que la competencia del juez
es un presupuesto procesal, siendo su presencia y exigibilidad deberes del
juez. En el supuesto que pasara inadvertida esta contingencia, el demandado
se encuentra facultado para denunciar la omisión de este presupuesto a través
de la excepción de incompetencia, que recoge el inciso primero de la norma.
El demandado que no aduce la excepción de incompetencia no implica que
celebre un pacto tácito con su adversario para ser juzgado por un juez
incompetente, sino que se limita a no hacer valer, dentro de tiempo, una
facultad procesal que la ley le confiere. Ella encierra la idea del principio de
preclusión, pero solo debe entenderse este aplicado a la competencia
territorial, pues cuando existen elementos para cuestionar la competencia
objetiva o funcional. El hecho de que no se hubiere observado, vía excepción,
no convalida la intervención de un juez incompetente en el proceso. Conforme
señala el artículo 9 del CPC la competencia solo puede ser establecida por ley,
por tanto, puede ser materia de apreciación la incompetencia de un juez, al
momento del saneamiento procesal o de emitir sentencia, por incidir ella en la
validez de la relación entablada.
28 FAÍREN GUTLLEN Víctor – Doctrina General del Derecho Procesal – Bosch – Barcelona – 1990 – p. 247.29 CHIOVENDA Giuseppe – Instituciones de Derecho Procesal Civil – Vol. II – Cárdenas Editor – México – 1989 – p. 174.
15
Cuando se cuestiona la competencia territorial por haber convenido someterse
a la jurisdicción de un juez diverso se debe tener en cuenta que la Constitución
Política del Estado (ver el artículo 62) consagra la libertad de contratar, lo que
implica que las partes pueden pactar válidamente la competencia territorial; que
esos términos no pueden ser codificados por leyes u otras disposiciones de
cualquier clase, pues el contrato es ley entre las partes, por tanto, si las parles
anteladamente han establecido el órgano jurisdiccional competente para
resolver el conflicto derivado de la ejecución de un contrato, debe respetarse
dicho acuerdo.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la competencia por regla general no
puede modificarse ni renunciarse porque es imperativa, de tal forma que la
vulneración de sus reglas se sanciona con nulidad absoluta o insubsanable; sin
embargo, excepcionalmente como ya hemos señalado líneas arriba se ofrece
una competencia dispositiva, llamada territorial, confiada a la autonomía de la
voluntad privada, que puede ser materia de renuncia o modificación, generando
con ello una nulidad relativa sujeta a convalidación. Bajo este último supuesto,
el artículo 26 del CPC, consagra la prorroga tácita de competencia. Esta ópera
cuando el demandante vulnera la norma de competencia y el opositor o
demandado se Somete a esa vulneración sin impugnar. Hay una actitud pasiva
de quien pudiendo impugnar el defecto de competencia no lo hace y de esta
manera la prórroga.
La excepción que regula el inciso 2 de la norma en comentario se encuentra
referida a la ausencia de capacidad procesal en el demandante o en Su
representante. Esta constituye un presupuesto procesal fundamental y debe
ser entendida como la aptitud para ser titular de situaciones jurídicas
procesales y para desarrollarlas por sí mismo.
TEORÍA GENERAL DE LA IMPUGNACIÓN EN MATERIA PENAL 30 :
Las impugnaciones se dirigen a atacar las resoluciones judiciales con las que
los litigantes no están conformes.
Toda resolución judicial aspira a constituir el punto final de una determinada
situación fáctica o jurídica existente en un proceso. Sin embargo, el órgano
jurisdiccional no puede resolver esta situación arbitrariamente, sino que debe
30 ORÉ GUARDIA Arsenio2010 – MEDIOS IMPUGNATORIOS – Lo nuevo del Código Procesal Penal 2004 – Sobre los Medios Impugnatorios – GACETA JURIDICA – Primera Edición – p. 11.
16
hacerlo con arreglo a determinados requisitos, presupuestos y condiciones que
determinen no solo la forma de la resolución, sino también su contenido. Su
inobservancia permite que la parte afectada impugne el pronunciamiento del
órgano jurisdiccional31.
Sin embargo, la impugnación puede concebirse desde un punto de vista
objetivo y, mucho más, desde el punto de vista subjetivo de la parte afectada
por la resolución, cuando la forma o el contenido de esta no corresponda a sus
esperanzas o deseos. Sea real o hipotética la falta de adecuación –cualquiera
sea la causa– entre los hechos y la norma legal, aplicada o aplicable,
determinantes de la forma o contenido de una resolución judicial, la parte a que
afecte se sentirá perjudicada por ella; y como, por otro lado, no es posible
distinguir prima facie cuándo se trata de un gravamen real o de un gravamen
hipotético, nuestro ordenamiento jurídico concede a las partes que se
consideren agraviadas por una resolución, la facultad de provocar un nuevo
examen de la cuestión, bien por el mismo órgano jurisdiccional que la dictó,
bien por otro superior en el orden jerárquico, a fin de que aquella sea sustituida
por otra32.
La impugnación, por lo tanto, implica una declaración de la parte afectada, que
busca la revisión de un pronunciamiento judicial, por parte del mismo órgano
que lo emitió o de su superior en grado, por considerar que afecta sus intereses
o pretensiones, sobre la base de un incorrecto análisis jurídico, o bien de una
deficiente valoración de la prueba, o simplemente de la inobservancia de
normas procesales, bajo sanción de nulidad.
En ese orden de ideas, todos los medios de impugnación de las resoluciones
judiciales tienen como objeto evitar vicios y errores en ellas, y minimizar la
posibilidad de una resolución injusta33. En el ámbito penal, el principio de
inmutabilidad o invariabilidad de las resoluciones judiciales es objeto de
31 En ORÉ GUARDIA Arsenio2010 – MEDIOS IMPUGNATORIOS – Lo nuevo del Código Procesal Penal 2004 – Sobre los Medios Impugnatorios – GACETA JURIDICA – Primera Edición – p. 11.Cfr. JERÍ CISNEROS, Julián Genaro. Teoría general de la impugnación penal y la problemática de la apelación del auto de no ha lugar a la apertura de instrucción por el agraviado. Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias Penales. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2002, p. 15. 32 En ORÉ GUARDIA Arsenio2010 – MEDIOS IMPUGNATORIOS – Lo nuevo del Código Procesal Penal 2004 – Sobre los Medios Impugnatorios – GACETA JURIDICA – Primera Edición – p. 12.Cfr. FENECH, Miguel. Derecho Procesal Penal. Tomo II, Labor, Madrid, 1952, p. 37.33 IbidemSurgen, pues, de la evidencia para la parte recurrente de un error, de un vicio existente para la parte en la resolución judicial que impugna; surgen también, estructuralmente, de la jerarquía de los tribunales.
17
algunas consideraciones especiales, tanto por su especial naturaleza, como
por la vigencia de distintas convenciones internacionales en materia penal y en
general en materia de derechos humanos.
Aunque desde antiguo se señala el fundamento de los recursos en el
reconocimiento de la falibilidad humana, modernamente la jurisprudencia
enmarca el derecho al recurso judicial dentro del derecho a la tutela judicial
efectiva, que se violenta al cerrarse al ciudadano la posibilidad de interponer un
recurso rodeándolo de obstáculos indebidos o desproporcionados.
También en el ámbito penal, a raíz de la suscripción y aplicación del Pacto de
San José de Costa Rica, el legislador ha dado al derecho a recurrir un
contenido de derecho fundamental, existiendo una fuerte corriente dogmática
que hace derivar el medio impugnatorio de una fuente constitucional.
En cuanto a su naturaleza, la doctrina estima que la acción que emana del
recurso es parte de la acción del proceso, no constituyendo una acción
diferente o nueva.
Se dice, en consecuencia, que el derecho a impugnar las resoluciones
judiciales no puede separarse del contenido del derecho de acción que emana
del proceso en que las partes litigan.
La excepción a esta regla se da cuando las sentencias, pese a ser firmes y
suponer la terminación del proceso, son impugnadas mediante la revisión; en
tal caso, el derecho a impugnar, como se verá más adelante, es una nueva
acción de carácter constitutivo, por lo que las legislaciones modernas prefieren
regular tal caso como un proceso especial.
DERECHO A IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
Como complemento del derecho que el ciudadano tiene para impugnar las
resoluciones que le puedan resultar perjudiciales, y como un derivado del
debido proceso, encontramos el derecho a una resolución judicial oportuna y
fundamentada.
Pero al mismo tiempo se le reconoce el derecho a impugnar una decisión,
aunque esta sea oportuna y fundamentada, pues tales circunstancias estarán
siempre bajo el análisis de los interesados.
18
De ahí que las impugnaciones, basadas en el derecho a disentir que todo
sujeto procesal tiene, respecto de las decisiones judiciales, son un medio de
control de la juridicidad general de las resoluciones y de la fundamentación o
motivación suficiente de aquellas.
Además de la derivación precedente, existen otros fundamentos
constitucionales y legales respecto de los recursos. Así, al principio de
imparcialidad judicial, que es el deber-ser, puede oponerse el principio de
igualdad si se estima que en una resolución se dio a una ley cierto sentido y
alcances, y en otra, donde las circunstancias son iguales, se interpretó en un
sentido diferente, o bien, aunque no exista el precedente, una parte estime que
se emitió violando lo preceptuado por la ley.
LOS ELEMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO SE ENCUENTRAN
DEBIDAMENTE ENMARCADOS EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL, EN EL
TITULO XII.
La impugnación está sujeta a diversas formalidades, tanto respecto del acto
impugnativo en sí, como al plazo en que se deduce y algún otro requisito que
requieren leyes especiales.
El plazo es otro de los requisitos objetivos para la admisibilidad de la apelación.
Existe un plazo para cada medio de impugnación, el mismo que es perentorio,
esto es, si se interpone fuera de él, carecerá de valor.
Otro elemento que recoge el artículo es el referente a la interposición del acto
de impugnación. Estos se interponen ante el órgano jurisdiccional que cometió
el vicio o error, salvo disposición en contrario, como es el caso del recurso de
queja que regula el artículo 403 del CPC, el que se interpone ante el superior
del que denegó la apelación o la concedió en efecto distinto al pedido.
LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS
IMPUGNATORIOS.
El acto procesal de impugnación es formal y consiste en la manifestación de
voluntad de la parte o de terceros legitimados para que se revoque o anule el
acto irregular e injusto. Las impugnaciones están sujetas al principio general de
la iniciativa de parte, no opera de oficio, sino en virtud del pedido de la persona
interesada.
19
Este acto se divide en dos partes: la manifestación de voluntad y sus
fundamentos o motivos. Con el derogado código de 1912 la impugnación se
podía expresar en dos etapas, la primera, con el simple acto de impugnar, que
se limitaba a recurrir sin expresión de causa y luego, la segunda,
complementaba con su fundamentación o sustentación expresando los
motivos. Con la vigencia del Código Procesal del 93 se conjuga en un solo
acto, en el que necesariamente al apelar se debe formular el agravio ante el
que dictó el acto impugnado.
Uno de los presupuestos que se contempla para la procedencia de los recursos
es que el impugnante precise el agravio. El agravio es la injusticia, la ofensa, el
perjuicio material o moral que contiene la resolución impugnada. El recurso
dado para reparar los agravios es la apelación. Entre el agravio y el recurso
media la diferencia que existe entre el mal y el remedio. No se concede el
recurso si no hay perjuicio, por más que exista error. Este debe ser
determinante para el fallo, pues el simple error no justifica la impugnación sino
el agravio que ese error genera.
El impugnante debe fundamentar su pedido en el acto procesal en que lo
interpone. No basta la declaración de impugnación; se requiere agregar los
motivos o fundamentos de aquella. Su ausencia funciona como un requisito de
inadmisibilidad.
En algunos sistemas, los fundamentos o motivos tienen autonomía de la
declaración de impugnación y se expresan en un momento diferente, posterior
y generalmente, ante el juez superior, mientras que el acto impugnativo se ha
presentado ante el juez de primera instancia.
Estos fundamentos deben referirse al acto impugnado, para ser coherente con
el perjuicio que invoca la parte para que su impugnación prospere. Tampoco
pueden aceptarse como fundamentos los que señalen una discrepancia con
una parte de los considerandos que no tengan ninguna incidencia sobre el fallo.
Otro de los presupuestos para la procedencia de los medios impugnatorios se
orienta a precisar el vicio o error que lo motiva. Estos vicios suelen dividirse
doctrinariamente en vicios ln procedendo y vicios in iudicando. Según
20
Liebman34 en la sentencia se distinguen dos actos, la declaración, y su
contenido, la decisión.
El acto es inválido si existe un vicio en la actividad del juez (error in
procedendo); en cambio el acto es injusto cuando existe error en el juicio
(error in iudicando).
Para Couture, esta distinción entre los citados errores conlleva a la
consecuencia natural de considerar al error in iudicando como sentencia
injusta promovida por el agravio de esta; y la sentencia que es fruto de error in
procedendo constituye lo que se conoce con el nombre de nulidad.
Los primeros se conocen como los vicios de forma o de actividad, son las
irregularidades que afectan a los diversos actos procesales que componen el
proceso.
Principio de la impugnación privada.
Se trata, como el anterior principio, de un criterio orientador de considerable
vigencia en el proceso civil. Consiste en la prohibición absoluta al juez de que
pida un nuevo examen de la resolución que ha expedido o, lo que es más,
haga directamente un nuevo examen de la misma, que lo conduzca, por
ejemplo, a variar la decisión que sostuvo en la resolución inicial.
La petición de un nuevo examen de un acto procesal se hace utilizando los
llamados medios impugnatorios, los que están al servicio de las partes o de los
terceros legitimados, únicos titulares del derecho de impugnar un acto procesal.
Resulta evidente que concederle a un juez la facultad de revisar de oficio sus
propios fallos conduciría al proceso a la arbitrariedad y al caos; sobre todo,
sería el caldo de cultivo de la inseguridad jurídica, dado que el ciudadano o
justiciable jamás tendría la certeza de que su caso ha sido resuelto en
definitiva.
Lo expresado no descarta una facultad que sí está presente en el juez del
proceso civil contemporáneo, que consiste en poder revisar sus decisiones,
inclusive invalidarlas, y pronunciarse nuevamente de manera correcta. Pero
solo está investido de este poder cuando el defecto del pronunciamiento
34 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – p. 133.LIEBMAN Enrico Tullio – Manual de Derecho Procesal Civil – Ediciones Jurídicas Europa – América (EJEA) – Buenos Aires – 1980 – p. 445.
21
anterior está referido a un aspecto procesal, no a la pretensión discutida ni a
alguno de sus aspectos accesorios.
Una expresión complementaria de este principio de la impugnación privada
está dada por las limitaciones que tiene el juez encargado de la revisión de la
resolución impugnada. Este no puede decidir más allá de los temas materia de
la impugnación interpuesta. Así, por ejemplo, no podrá decidir agravando la
situación de quien interpuso la impugnación, salvo que este derecho haya sido
ejercido por ambas partes. Se trata del principio de la prohibición de reformar
en contra del impugnante (Reformatio in pejus), acogido también por casi todos
los códigos latinoamericanos.
He podido insertar en el presente trabajo académico algunos extractos
bibliográficos, de comentarios de diferentes autores con relación al Código
Procesal Civil, con la finalidad de establecer su fundamento filosófico; desde mi
punto de vista coincido con lo expuesto por Couture, y consideró que el
fundamento filosófico principal de los recursos siguiendo una corriente
alemana; sosteniendo que como fundamento se encuentra la justificación y
fundamentación de los mismos en virtud de la falibilidad35 humana, debiendo
considerar como fundamento la posibilidad humana de cometer errores o
equivocaciones en sus decisiones judicial; con estos recursos impugnativos se
evita una decisión injusta.
4. ELABORE UNA DEMANDA EN VÍA ABREVIADA; DONDE SE APLIQUE LA
ACUMULACIÓN OBJETIVA ORDINARIA ACCESORIA. (5 puntos ).
Es necesario para desarrollar la presente pregunta realizar una breve sintaxis
con relación al supuesto de la acumulación; al respecto debemos considerar en
la doctrina se esgrime dos tipos de acumulación: objetiva y subjetiva; la primera
se refiere a los supuestos de acumular las pretensiones originarias o sucesivas;
en tanto que la segunda se refiere a los sujetos que pueden integrar la parte
demandante o demandada, al inicio de un proceso o a posteriori.
La acumulación objetiva hace posible la propuesta de dos o más pretensiones
que se deben tramitar en un solo proceso, el objetivo está cifrado en el ahorro
35 Significado de Falibilidad. f. Cualidad de falible|| 2. Riesgo o posibilidad de engañarse o errar una persona y, por ext., una entidad o una cosa abstracta. La falibilidad de la justicia. La falibilidad de los juicios humanos.Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
22
de tiempo y esfuerzo, en algunos casos para evitar sentencias contradictorias,
la acumulación objetiva o material esta siempre referida a las perenciones36
procesales que se acumulaban en una demanda (originaria) o que se integran
al proceso después de la demanda.
La acumulación objetiva supone la existencia de dos o más pretensiones
procesales dentro de un proceso.
De otra parte el contenido del artículo 87 del Código Procesal Civil, nos ilustra
sobre la aplicación de la misma; siendo necesario consignarla:
“La acumulación objetiva originaria puede ser subordinada, alternativa o
accesoria. Es subordinada cuando la pretensión queda sujeta a la eventualidad
de que la propuesta como principal sea desestimada; es alternativa cuando el
demandado elige cuál de las pretensiones va a cumplir; y es accesoria cuando
habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se amparan
también las demás. Si el demandado no elige la pretensión alternativa a
ejecutarse, lo hará el demandante. Si no se demandan pretensiones
accesorias, sólo pueden acumularse éstas hasta antes del saneamiento
procesal. Cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se
consideran tácitamente integradas a la demanda”.
Al respecto Marianella LEDEZMA NARVÁEZ, señala la acumulación objetiva
de pretensiones es la reunión, en una misma demanda, de las distintas
pretensiones que el actor tenga contra el demandado, realizada con el objeto
de que sean sustianciadas y decididas en un proceso único.
La acumulación originaria se agota con la presentación de la demanda, luego
de ella opera la acumulación sucesiva o sobrevenida, en lo que al actor se
refiere.
Acota además que la acumulación objetiva originaria puede a su vez tener
cuatro subclases: “subordinada, alternativa, simple y accesoria. La subordinada
opera cuando se plantea un petitorio como principal y en la hipótesis que se
declare infundada se pronuncie sobre el otro petitorio; la alternativa, declara
fundada ambas y se le concede al ejecutado el derecho a escoger cuál cumple
36 Significado de perención. (Del lat. peremptĭo, -ōnis). f. Der. Prescripción que anulaba el procedimiento, cuando transcurría cierto número de años sin haber hecho gestiones las partes, hoy llamada caducidad de la instancia.Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
23
y si no escoge lo hace el demandante; la accesoria o eventual opera bajo el
supuesto que sí es fundada la principal las otras son secuenciales; por citar, si
se ampara la pretensión de divorcio, procede luego pronunciarse por los
alimentos, régimen de visitas, etc.
En la casuística encontramos el siguiente pronunciamiento sobre una
pretensión subordinada37. Se solicita se declare la nulidad del acto jurídico de
otorgamiento de hipoteca del inmueble de la sociedad de gananciales, inscrito
en la ficha del Registro de Propiedad Inmueble, por falta de manifestación de
voluntad de uno de los cónyuges; y como pretensión subordinada, la ineficacia
del mismo acto jurídico por falta de facultades para la celebración del acto en
representación de terceros. En ambos se solicita como pretensión accesoria la
cancelación del asiento registral. La juez, luego de un análisis sobre el artículo
315 del CC, concluye que al haberse determinado que el codemandado no
tenía poder para representar a la sociedad conyugal, es menester determinar
los efectos de dicho acto, esto es, si se trata de un acto inválido o ineficaz.
Frente a estas alternativas, se aprecia la siguiente argumentación: "En este
punto es de considerar que el artículo 161 del CC, que establece en su último
párrafo que el acto celebrado por quien no tiene la representación que se
atribuye es ineficaz; empero, esta norma es general, estando determinados
tipos de actos regulados en forma especial, como los actos de disposición o
gravamen, para lo que se requiere un señalamiento indubitable y por escritura
pública, bajo sanción de nulidad. Ahora bien, es preciso determinar qué es lo
que sanciona con nulidad, si el acto de otorgamiento de poder o el acto de
disposición patrimonial sin este poder, puesto que si es lo primero se estaría
ante el supuesto de falta de representación establecido en el artículo 161 del ya
indicado, siendo ratificable el acto y por ende solo ineficaz, en tanto que si se
trata del segundo supuesto, no es ratificable -ni confirmable- el acto, por cuanto
sería inválido. Al respecto, la disposición del artículo 156 del CC se centra en la
formalidad del poder, que debe ser otorgado por escritura pública, y la sanción
de nulidad, al establecer la formalidad al poder especial y no al acto de
disposición (por cuanto algunos actos de disposición como la compraventa no
requieren formalidad, mientras que otros como la donación si requieren
37 En LEDESMA NARVÁEZ Marianella2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO I – GACETA JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN – p.Caso tomado del Expediente N° 38204-03 ante el 63° Juzgado Civil de Lima, en los seguidos por Toru Utsumi y Yu Chin Tang Chiang y Banco Nuevo Mundo sobre nulidad de acto jurídico. Sentencia de fecha 30 de diciembre de 2004
24
formalidad solemne), debe circunscribirse al negocio jurídico de otorgamiento
de poder, no pudiendo interpretar la norma más allá de este alcance por
tratarse de una norma restrictiva y sancionatoria.
Por ello, para los efectos del acto de otorgamiento de hipoteca deben ser
analizados, bajo los parámetros del artículo 161, que establece la ineficacia del
acto celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye.
Siendo que en este caso el negocio jurídico no es ineficaz respecto del
representado, de acuerdo con la norma anotada, y tampoco respecto del
representante (falsus procurator) ya que este ha actuado no en nombre propio
sino en nombre de otro, tampoco lo es respecto del tercero (es evidente que
también lo es (ineficaz) respecto del tercero, pues no puede nacer ninguna
obligación ni ningún derecho frente al tercero pues estas situaciones jurídicas
solo encontrarían justificación en la medida que el contrato pueda surtir algún
efecto, sea en el representante o en el representado); así "el negocio, pues es
lisa y llanamente ineficaz o inoponible para el representado mientras no lo
ratifique, lo que equivale a decir que es como si, para él, no se hubiera
celebrado. Para el tercero, aunque el artículo no lo diga, el negocio también es
ineficaz cuando faltaba el poder (...). Parece fuera de duda que el artículo no
permite que si se declara la ineficacia, subsista el negocio entre el
representante y el tercero. El negocio debe decaer por entero". No resulta nulo
el acto de otorgamiento de hipoteca sin poder sino ineficaz, por lo que no debe
estimarse la pretensión principal, sino la subordinada.
En el caso que Rocky demande la reivindicación y la indemnización por daños
y perjuicios contra una sociedad conyugal, ocupante del bien, estamos también
ante una acumulación objetiva-accesoria pero además concurre un
litisconsorcio necesario pasivo en la posición de la sociedad conyugal (para el
CPC, a pesar que la sociedad conyugal genera un patrimonio autónomo, ella
es calificada como litisconsorcio necesario, artículo 65 del CPC).
25
EXPEDIENTE N° :ESP. LEGAL : Abog. PILAR CEDILLOCUADERNO : PRINCIPALESCRITO : 01 SUMILLA : DEMANDA DE DIVORCIO POR
CAUSAL DE ADULTERIO.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIA DE ZARUMILLA
S. J.
FRANKLIN VILLEGAS NIMA, identificado con
Documento Nacional de Identidad Nº 00267541, con
domicilio real en Mza. “C” Lote 01 Tercera Etapa del
Asentamiento Humano “La Curva”, distrito de Aguas
Verdes, Provincia de Zarumilla, departamento de
Tumbes; y. asimismo señalo domicilio procesal en Jr.
Arica N° 131 – Provincia de Zarumilla, (Ref. Estudio
Jurídico LLATANCE ABOGADOS & CIA.); ante usted con
el debido respeto me presento y digo:
Que, recurro ante su judicatura con la finalidad de interponer DEMANDA DE
DIVORCIO POR CAUSAL DE ADULTERIO, dirigiendo la presente demanda contra mi
cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO, a quien se le notificará en la Avenida
Prolongación Tumbes N° 237, del Cercado de la Provincia de Zarumilla; asimismo se
deberá notificar la presente demanda al MINISTERIO PÚBLICO como parte del
presente proceso conforme lo dispone el Art.481 del Código Procesal Civil,
debiéndose diligenciar las notificaciones en su sede institucional ubicado en esta
provincia de Zarumilla Esquina Jr. Tumbes y Calle Bolognesi – 1er. Piso.
I. PETITORIO:
Que, acudo ante vuestra judicatura con la finalidad de interponer la presente
demanda con las siguientes pretensiones:
I.1. PRETENSIÓN PRINCIPAL
Que, interpongo DEMANDA DE DIVORCIO POR CAUSAL DE
ADULTERIO, contra mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO;
y, asimismo se deberá notificar la presente demanda al MINISTERIO
26
PÚBLICO como parte del presente proceso conforme lo dispone el
Art.481 del Código Procesal Civil; a fin de que vuestro despacho emita la
sentencia de disolución del vínculo matrimonial existente.
1.2. PRETENSIÓN ACCESORIA
1.2.1. TENENCIA Y CUSTODIA
Que, solicito a vuestra judicatura, se me conceda la TENENCIA
Y CUSTODIA LEGAL de mis menores hijos GABRIEL RAÚL
VILLEGAS VASQUEZ (06) Y DOMITILA JACINTA VILLEGAS
VASQUEZ (05); debiendo anexar a la presente demanda acta de
constatación judicial emitido por el Juzgado de Paz del Distrito
de Aguas Verdes, en la cual se acredita el abandono de hogar
de mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO, y el
abandono material de mis menores hijos, hechos suscitados el
día catorce de febrero del año dos mil trece; de otro lado debo
acotar que mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO;
al momento de realizar el abandono de hogar, dejo a mis
menores hijos en completo peligro, pues ellos se encontraban
solos en ese momento; y, me entero de esta situación por una
llamada telefónica recibida del Juez de Paz del Distrito de Aguas
Verdes, que al tomar conocimiento de una denuncia, de una
vecina de mi sector, quién observo que mi cónyuge doña
DOMITILA VASQUEZ REINOSO; llegaba a nuestro domicilio
conyugal en compañía de otra persona, quién resultó ser su
amante, conforme ella lo detalla en la carta que me dejó en el
interior de la cómoda, indicándome que me abandonaba y que
me dejaba a mis hijos; pues ella había encontrado un nuevo
amor y que estaba esperando un hijo de él.
1.2.2. ALIMENTOS:
Que, con respecto a la pretensión de alimentos de mis menores
hijos debo señalar que mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ
REINOSO, es profesora nombrada en el sector público conforme
se acredita con la boleta de liquidación de pago de
remuneraciones que se adjunta al referido proceso; percibiendo
27
una remuneración de mil cuatrocientos cincuenta y ocho nuevos
soles (S/. 1458.00) mensuales.
1.2.3. LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES:
Que, debo señalar señor Juez que durante nuestro matrimonio;
esto es durante (08) ocho años; hemos adquirido un bien
inmueble ubicado en Mza. “C” Lote 01 Tercera Etapa del
Asentamiento Humano “La Curva”, distrito de Aguas Verdes,
Provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes, el cual se
encuentra Inscrito en el Registro de la Propiedad Inmueble en la
Partida Electrónica Nº P00025025, por lo que solicito a usted, se
sirva ordenar oportunamente la división y partición de dicho bien
inmueble conforme lo dispone el artículo 322 del Código Civil.
1.2.4. REPARACIÓN DE DAÑO MORAL:
Que, asimismo solicito que la demandante me pague la suma de
S/. 50.000.00 (CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES), por
concepto de Reparación Civil por el daño moral que me ha
ocasionado esto de conformidad con el Art.351 del Código Civil.
II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS DE HECHO:
II.1. RESPECTO A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL:
II.1.1. Que, con la demandada contraje matrimonio civil el día veintidós
de enero de dos mil cinco, en la Municipalidad Distrital de Aguas
Verdes, producto de lo cual hemos procreado a nuestro menores
hijos GABRIEL RAÚL VILLEGAS VASQUEZ (06) Y DOMITILA
JACINTA VILLEGAS VASQUEZ (05).
II.1.2. Que, nuestra relación en el lapso de los ocho años, ha sido una
relación estable, de ello pueden dar fe todos mis vecinos; me he
dedicado por entero a trabajar a fin de prodigar con lo necesario
para la alimentación, vestido, calzado y vivienda de mis menores
hijos.
II.1.3. Que, desde hace aproximadamente (02) dos años viaje a la
ciudad de Ecuador a trabajar en unas minas de oro; en la
búsqueda de fortuna para mi hogar; y, desde allí le enviaba
28
dinero a mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO,
depósitos que quedan acreditados con los Boucher de depósito
bancarios realizados en WESTER UNION, depósitos que en su
totalidad suman la cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS
DOLARES AMERICANOS.
II.1.4. Que, hace aproximadamente (01) un año mi cónyuge doña
DOMITILA VASQUEZ REINOSO, gano un concurso de una
plaza de docencia; en vista de ello, me inundó una gran alegría y
le dije que iba a regresar a nuestro hogar, pues extrañaba a mis
hijos y a ella; sin embargo ella siempre trataba de evitar mi
regreso, y me requería mayor dinero para la construcción de
nuestra casa; decidí retornar para el día 14 de febrero del año
dos mil trece; sin embargo mi cónyuge doña DOMITILA
VASQUEZ REINOSO, hizo abandono de hogar, dejando a mis
hijos de manera descuidada.
II.1.5. Que, grande fue mi sorpresa al momento de mi llegada
enterarme que ella se encontraba embarazada; como era posible
esto; sin embargo como para evitarme el dolor ella misma mi
cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO, decide por
propia confesión referirme que ella mantiene una relación
extramarital a escondidas; y, que había decidido llevar adelante
sin importar las consecuencias de sus actos, abandonando a
nuestros hijos; pues ella consigna que está esperando un hijo
cuyo padre es DIEGO TORRES SIFUENTES según lo
manifiesta; ante estos hechos que ella misma confiesa en una
extensa misiva dejada en la cómoda de nuestro dormitorio, y
para mayor credibilidad dejo una serie de fotos al lado de DIEGO
TORRES SIFUENTES, con poses sugestivas; es por ello
haciendo acopio del aforismo español a confesión de parte
relevo de pruebas; solicito a usted se sirva disponer la disolución
del vínculo matrimonial por causal de adulterio.
II.1.6. Que, señor Juez gracias a la oportuna intervención del Juez de
Paz del Distrito de Aguas Verdes, pude asistir a mis menores
hijos GABRIEL RAÚL VILLEGAS VASQUEZ (06) Y DOMITILA
29
JACINTA VILLEGAS VASQUEZ (05).en el momento de esta
crisis.
II.1.7. Que, a fin de acreditar el adulterio; debo señalar que mi cónyuge
doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO, a alumbrado a un niño el
día veintiseis de febrero de dos mil trece, en el Hospital de
Tumbes, que responde a los nombre de DIEGO SEGUNDO
TORRES VASQUEZ; conforme queda acreditado con el Acta de
Nacimiento del menor y su partida de nacimiento N° 0123
inscrita el día lunes veinticinco de marzo de dos mil trece; en ella
se pude advertir que el nombre de la madre del niño es
DOMITILA VASQUEZ REINOSO y el nombre del padre del niño
es DIEGO TORRES SIFUENTES.
II.2. RESPECTOS A LAS PRETENSIONES ACCESORIAS:
II.2.1. TENENCIA Y CUSTODIA:
II.2.1.1. Que, durante nuestra relación matrimonial con la
demandada, procreamos a nuestros menores hijos
GABRIEL RAÚL VILLEGAS VASQUEZ (06) Y
DOMITILA JACINTA VILLEGAS VASQUEZ (05).
II.2.1.2. Que, al momento de mi llegada a mi hogar esto es el
día catorce de febrero de dos mil trece, grande fue mi
sorpresa encontrar al Juez de Paz del Distrito de
Aguas Verdes, levantando un acta de abandono de
mis menores hijos; por cuanto una vecina que
responde a los nombres de MARGARITA JESUS
DIOS RAMIREZ, se había percatado que mi cónyuge
doña DOMITILA VASQUEZ REINOSO, había
llegado a la casa a recoger sus pertenencias y se
había ido en compañía de DIEGO TORRES
SIFUENTES, y, que mis hijos se encontraban
llorando y de hambre.
II.2.1.3. Que, como podrá advertir señor Juez el abandono de
hogar realizado por mi cónyuge doña DOMITILA
VASQUEZ REINOSO, no sólo era respecto a mi
persona; en este abandono también se involucran a
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mis menores hijos como quedo acreditado con el
acta de constatación elaborado por el Juez de Paz
del Distrito de Aguas Verdes; ante estos hechos
peticionó a usted disponer la TENENCIA Y
CUSTODIA LEGAL DE MIS MENORES HIJOS.
II.2.2. ALIMENTOS
II.2.2.1. Que, mi cónyuge doña DOMITILA VASQUEZ
REINOSO, es profesora nombrada en el sector
público conforme se acredita con la boleta de
liquidación de pago de remuneraciones que se
adjunta al referido proceso; percibiendo una
remuneración de mil cuatrocientos cincuenta y ocho
nuevos soles (S/. 1458.00) mensuales; y, en vista del
peligro y abandono al cual fueron sometidos mis
menores hijos solicito a usted disponga la prestación
alimenticia de hasta el 60% de su remuneración.
II.2.3. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
II.2.3.1. Que, durante nuestra relación matrimonial hemos
adquirido un bien inmueble ubicado en Mza. “C” Lote
01 Tercera Etapa del Asentamiento Humano “La
Curva”, distrito de Aguas Verdes, Provincia de
Zarumilla, departamento de Tumbes, el cual se
encuentra Inscrito en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la Partida Electrónica Nº P00025025,
por lo que solicito a usted, se sirva ordenar
oportunamente la división y partición de dicho bien
inmueble conforme lo dispone el artículo 322 del
Código Civil.
II.2.3.2. Que, habiendo peticionado a vuestra judicatura la
disolución del vínculo matrimonial por causal de
adulterio, y el mismo se encuentra debidamente
acreditado; solicito a vuestro despacho proceda a
llevar adelante la Liquidación de Sociedad de
Gananciales, poniendo fin a este régimen.
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II.2.4. REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL:
II.2.4.1. Que, SOLICITO a vuestra judicatura concederme
como indemnización por daños la suma de
CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, dado que he
sido perjudicado por la demandada; toda vez que
gozo de una intachable conducta ante la comunidad
aguaverdina.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Amparamos la presente demanda, en los siguientes dispositivos legales:
- Lo que dispone los artículos 348, 349 concordado con el artículo 333,
numeral 1, del Código Civil.
- Lo que señala con relación a la Titularidad de la acción, en concordancia
con el artículo 334 del Código Civil.
- Lo que refiere con relación a las consecuencias del divorcio, previsto en
el artículo 350 del Código Civil.
- Lo que enuncia el artículo 342 del Código Civil, con relación a la
determinación judicial de alimentos.
- Lo que preceptúa el artículo 24 inc. 2 del Código Procesal Civil, sobre la
competencia de su despacho.
- Lo que faculta el artículo 481 del Código Procesal Civil, con relación a
que el Ministerio Público es parte.
- Lo que concede el artículo 483 del Código Procesal Civil, con relación a
la acumulación originaria de pretensiones.
- Lo que asigna los artículos 81, 84 y 85 del Código de los Niños y
Adolescentes, con respecto a la tenencia, la facultad del juez y la opinión
del menor.
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IV. MONTO DEL PETITORIO
El monto del petitorio por concepto de Reparación del daño moral, asciende a la
suma de (S/. 50 000.00) CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, suma que deberá
pagar la demandada a favor del recurrente.
V. VÍA PROCIDEMENTAL
La presente acción se tramita en Proceso de Conocimiento, conforme lo dispone
el artículo 480 del Código Procesal Civil, debiendo tenerse presente que la
presente acumulación formulada en el presente proceso no impide que el
presente proceso se realice en la vía de conocimiento, tal como queda
estipulado en el artículo 483 del Código Procesal Civil.
VI. COMPETENCIA
La presente demanda de DIVORCIO, se ajusta a lo que dispone el artículo 24,
inciso 2 del Código Procesal Civil, el cual prescribe “Además del Juez del
domicilio del demandado, también es competente, a elección del demandante…
el Juez del último domicilio conyugal, tratándose de nulidad del matrimonio,
régimen patrimonial del matrimonio, separación de cuerpos, divorcio y patria
potestad”; en ese sentido de percepción, vuestra judicatura se encuentra
debidamente calificado en la competencia territorial así como el último domicilio
de los cónyuges, en cuanto vuestro despacho se sitúa en la competencia
territorial.
VII. MEDIOS PROBATORIOS
- Copia legalizada del Acta de constatación del Juez de Paz del Distrito de
Aguas Verdes, de fecha catorce de febrero de dos mil trece.
- Copia legalizada del Acta de nacimiento de fecha veintiséis de febrero de
dos mil trece.
- Copia legalizada de la Partida de Nacimiento N° 0123 del menor DIEGO
SEGUNDO TORRES VASQUEZ de fecha veinticinco de marzo de dos
mil trece
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- Copia legalizada de las partidas de nacimiento de mis menores hijos
GABRIEL RAÚL VILLEGAS VASQUEZ (06) Y DOMITILA JACINTA
VILLEGAS VASQUEZ (05).
- Copia legalizada de la Partida de Matrimonio.
VIII. ANEXOS DE LA DEMANDA
- Copia DNI
- Copia legalizada del Acta de constatación del Juez de Paz del Distrito de
Aguas Verdes, de fecha catorce de febrero de dos mil trece.
- Copia legalizada del Acta de nacimiento de fecha veintiséis de febrero de
dos mil trece.
- Copia legalizada de la Partida de Nacimiento N° 0123 del menor DIEGO
SEGUNDO TORRES VASQUEZ de fecha veinticinco de marzo de dos
mil trece
- Copia legalizada de las partidas de nacimiento de mis menores hijos
GABRIEL RAÚL VILLEGAS VASQUEZ (06) Y DOMITILA JACINTA
VILLEGAS VASQUEZ (05).
- Copia legalizada de la Partida de Matrimonio.
- Copia de Recibo de Pago del Banco de la Nación por Cédula de
Notificación.
POR LO TANTO:
A usted señor Juez, tengo usted por presentada la presente demanda y
ADMITIRLA y oportunamente declararla FUNDADA.
Zarumilla, 08 de marzo de 2013.
FIRMA DE ABOGADO FIRMA DEL DEMANDANTE
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BIBLIOGRAFIA
ASOCIACIÓN PERUANA DE CIENCIAS JURÍDICA (APIJ)
2010 – DERECHO PROCESAL CIVIL – Editora y Distribuidora Ediciones
Legales E.I.R.L.VARGAS LLOSA Mario
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NICOLIELLO Nelson
Reimpresión 2004 – DICCIONARIO DEL LATÍN JURÍDICO – Euro Editores
S.R.L. – Buenos Aires – Argentina.
KRIEGEL, HERMAN Y OSENBRÜGGEN / D. OLDEFONSO L.GARCÍA DEL
CORRAL
1889 – DERECHO CIVIL ROMANO – A Doble Texto Traducido al Castellano
del Latino – Jaime Molinas Editor – Consejo de Ciento N° 287 – Barcelona
CAMPAÑA VALDERRAMA Manuel
1994 – IURIS VERBA – Voces del Latín en el Derecho – A & B Editores – Lima
Diccionario Encarta
2008 - Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos
LEDESMA NARVÁEZ Marianella
2008 – COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL – TOMO II – GACETA
JURIDICA - PRIMERA EDICIÓN
ORÉ GUARDIA Arsenio
2010 – MEDIOS IMPUGNATORIOS – Lo nuevo del Código Procesal Penal
2004 – Sobre los Medios Impugnatorios – GACETA JURIDICA – Primera
Edición.
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Contenido
1. SIGUIENDO ESTE ENLACE :...................................................................2
2. INVESTIGUE SOBRE LAS CONDICIONES DE LA ACCIÓN..............3
3. PRECISAR EL FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA IMPUGNACIÓN E IDENTIFIQUE LOS ELEMENTOS DEL RECURSO IMPUGNATORIO..................................................................10
4. ELABORE UNA DEMANDA EN VÍA ABREVIADA; DONDE SE APLIQUE LA ACUMULACIÓN OBJETIVA ORDINARIA ACCESORIA. (5 puntos ).........................................................................24
BIBLIOGRAFIA.............................................................................................................37
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