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MarTín esparza

L a decisión adoptada por losministros de la Suprema Cortede Justicia de la Nación, que

avala las leyes antiaborto de los esta-dos de Baja California y San LuisPotosí es una grave, clara y notoriaincongruencia del más alto tribunalde justicia del país, el cual en marzodel 2009 oficializó, mediante senten-cia definitiva, la despenalización delaborto en el Distrito Federal, durantelas primeras doce semanas de ges-tación.

Hace dos años, los ministros par-tieron del reconocimiento expreso deque los derechos fundamentales delas mujeres constituyen bienes rele-vantes en el ámbito constitucional.La Corte determinó en sustancia quela protección del concebido y nonacido no tiene el mismo grado eintensidad que la protección de lavida de la personas, ya que es nece-sario distinguir entre la vida como unbien constitucionalmente prioritarioy la titularidad del derecho a la vida,sin que una Constitución estatalpueda modificar tales aspectos porcorresponder en exclusiva a laConstitución federal determinarquiénes son los titulares de los dere-chos fundamentales.

A pesar de que el fallo sentó juris-prudencia, ahora los ministros dieronmarcha atrás y dejaron nuevamenteen la indefensión a miles de mujeres

en todo el país, violando sus más ele-mentales derechos humanos y cons-titucionales, pasando por alto, ade-más, la larga serie de injusticiascometidas en su contra no sólo enBaja California sino en otros estados,como Guanajuato.

En medio de la rocambolescadecisión jurídica no sólo ha quedadoentrampada la práctica del abortocomo un problema de salud pública,también se ha puesto en tela de jui-cio la imparcialidad y autonomía quedebe privar en el ejercicio de la Corte.

La determinación de los minis-tros ha caído de igual forma en elfangoso pantano de la desmemoriasocial al olvidar casos contunden-tes de injusticias cometidas por losgobiernos estatales, sobre todo decorte panista. En Baja California,todavía no cierran las heridas infligi-das a sus mujeres luego del abomi-nable caso de Paulina Ramírez, esaniña de 13 años que fuera brutal-mente violada en Mexicali en juliode 1999, y a la que el entoncesgobernador Alejandro GonzálezAlcocer y el obispo Isidro Guerrero—el mismo que ahora balconeó alos ministros— impidieron abortar,pese a que el Código Penal de esaentidad permitía la interrupción delembarazo por violación.

Cuando en abril del 2000, Paulinadio a luz mediante cesárea, el enton-ces presidente Vicente Fox fue cues-

tionado sobre el abrumador caso y,buscando restarle importancia y pro-teger al gobernador de su partido,cínicamente dijo: “En una hora esachica estará enamorada de su hijo”.

Un caso más de los abusoscometidos por las leyes locales encontra de mujeres que por determi-nados motivos han interrumpido susembarazos fue el registrado el pasa-do año en Guanajuato, gobernadopor el panista y distinguido miembrodel Yunque, Juan Manuel Oliva,luego de que organismos de dere-chos humanos dieran a conocer a laluz pública el caso de siete mujerespobres, cuatro de ellas indígenas,que se encontraban purgando con-denas de hasta 35 años por el delitode “homicidio en razón de parentes-co”, figura jurídica inventada por lospanistas para aumentar las penas alas mujeres que aborten.

En abril pasado, en BajaCalifornia, una joven de nombreLesly fue liberada tras tres años deprisión al comprobarse su inocencialuego de haber sido sentenciada a 23años de cárcel por sufrir un partoinmaduro o aborto espontáneo. Ella,como otras 24 mujeres que aún pur-gan injustas condenas por delitossimilares en esa entidad, formanparte de la inmensa cadena de vícti-mas no sólo de la marginación y laviolencia de género en nuestro país,sino de la insensibilidad social de losministros de la Corte que insisten endarle la espalda a los apremiantesproblemas sociales avalando regla-mentaciones que violentan los máselementales derechos humanos,como lo demostraron al proteger consu fallo a las leyes antiaborto de losgobiernos estatales.

9 de octubre de 2011 • 47Siempre!

Toque críTicoAborto

La rocambolesca incongruencia

de la Corte

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