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La oc rrupción Méxicoen
Después de haber ganado oficialmente las elecciones presidenciales, Enrique
Peña Nieto anunció que formaría una Comisión Nacional Anticorrupción,
propósito en el que de inmediato algunos analistas vieron el intento de emprender una
cacería de brujas.
No es la primera vez que un nuevo responsable del Ejecutivo Federal promete
enfrentarse a este problema fuertemente arraigado en el aparato gubernamental.
Desde que se asentara la polvareda de la Revolución y los bienes del Estado se
volvieran a someter, como en el siglo XIX, al patrimonio de los grupos en el poder,
todos los gobiernos han ofrecido combatirlo y los resultados saltan a la vista.
La impresión general que hoy permea en la sociedad es que no ha existido una
auténtica voluntad por suprimir el beneficio personal mediante el empleo ilícito de
bienes y cargos públicos; los continuos escándalos en que se involucran los diversos
partidos políticos, los tres poderes, los organismos autónomos, y los tres niveles de
gobierno, así lo confirman.
Para combatir verdaderamente la corrupción, y también para visualizar los límites de
un tal combate, es necesario entender sus causas. Pero ellas han sido plagadas de
lugares comunes, por lo que una de las primeras tareas consiste en despejar esa
maraña de seudoexplicaciones; contribuir a ese ejercicio es el objetivo del presente
trabajo.
José Luis HuertaJosé Luis Huerta
Análisis de susde algunas
explicaciones
Introducción
ENCUENTROSunamENCUENTROSunam
Licenciad
Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario,
FES Aragón, UNAM.
o en Economía por la Facultad de Economía
or la
Licenciad
Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario,
FES Aragón, UNAM.
o en Economía por la Facultad de Economía
or la
ó
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Entre los mexicanos todavía se recuerda, sin necesidad de acudir a fuentes
documentales, el lema que José López Portillo utilizara en su campaña como
candidato a la presidencia de la República: "La solución somos todos". No era esa
una frase hecha al azar; por el contrario, traducía vivamente el difícil momento por el
que atravesaba el país, ya que durante los últimos años del sexenio echeverrista la
economía nacional se había deteriorado y la futura administración sabía que no le
quedaba sino adoptar ajustes macroeconómicos perniciosos para las mayorías.
Con su lema, el nuevo presidente llamaba a la participación de las clases populares en
el esfuerzo por superar la crisis, o mejor dicho, anunciaba que sobre ellas caería el
fardo de la austeridad. Algún mexicano de los muchos ingeniosos reinventó el
eslogan como "La corrupción somos todos", y durante algún tiempo el resto lo repitió
festivamente. La impotencia del malestar generalizado se refugiaba en la parodia.
Ya en el poder, López Portillo puso en marcha la política económica previamente
anunciada, a la que puso por nombre Alianza para la producción. Sin embargo, el
descubrimiento de vastos mantos petroleros en el subsuelo mexicano transformó de
modo radical el oscuro panorama que atenazaba al nuevo gobierno. De esa forma, la
enorme renta petrolera sentó las bases para el replanteamiento de la política
económica, desplazándose del ajuste a la reactivación mediante un ambicioso
proyecto industrializante. De acuerdo con la visión de López Portillo y sus
economistas, en un contexto mundial recesivo el petróleo se convertiría en la
catapulta que proyectaría a México al selecto club de los países desarrollados. En este
nuevo contexto, la alianza para la producción quedó en el olvido y se llamó a la
sociedad a participar en la bonanza.
Pero siguiendo las viejas prácticas, López Portillo y su equipo no desaprovecharon la
oportunidad de enriquecerse con el erario, enriquecimiento ilícito del que no dejaron
de participar los grupos privados del bloque de poder. Impulsada desde arriba, la
corrupción cobró mayor fuerza en la baja burocracia y se propagó como nunca antes
por calles y ventanillas. Pero a contracorriente de las evidencias, López Portillo
sostenía que la inmoralidad no concernía a los funcionarios de alto nivel sino a los
ENCUENTROSunamENCUENTROSunam
I. De las verdades oficiales
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la corrupción. No es raro que de la Madrid haya sostenido: "La corrupción no es del
dominio exclusivo del sector público" . Por lo tanto, no era únicamente el gobierno el
que debía moralizarse, sino toda la sociedad. Por ello se enfatizaba en la corrupción
"propiciada" por ésta, es decir, se resaltaba su papel activo en contraste con el rol
formalmente pasivo de los servidores públicos. Se enfocaba la atención sobre el
hecho de que era el ciudadano el que ofrecía la “mordida” y el policía el que la
admitía
.
En este sexenio se encarceló a Jorge Díaz Serrano, director de la empresa petrolera
estatal en la administración anterior, así como al mencionado Arturo Durazo. Pero la
sociedad civil no dejaba de mostrarse incrédula: el 80% de entrevistados en una
encuesta manifestó que "el gobierno no estaba investigando y enjuiciando
adecuadamente a los saqueadores del sexenio anterior” ; ante sus ojos había
responsables de más alto rango, como el mismo expresidente y el que fuera regente
del Distrito Federal, Carlos Hank González. El olfato popular no andaba desacertado,
pero el mazo punitivo de la “renovación moral” no se había templado para golpear a
ese tipo de personajes
.
Como puede verse, en el curso de tres sexenios, de Luis Echeverría a Miguel de
Lamadrid, desfilaron tres versiones presidenciales de la corrupción en el aparato
público. La primera reconocía su existencia en los altos niveles del gobierno; la
segunda, la de López Portillo, la imputaba exclusivamente a los empleados de bajos
niveles administrativos, y la tercera responsabilizaba al conjunto de la sociedad, es
decir, a gobernados y gobernantes, pero más a gobernados que a gobernantes. Tales
eran las estrategias publicitarias con que cada uno trataba de justificar la corrupción
de su propia gestión gubernamental. Los presidentes restantes prefirieron omitir
explicaciones, si bien por imagen no dejaron de empeñar su palabra en que lucharían
contra esa lacra.
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II. De otras verdades desmitificadoras
Junto con la corrupción, y paralelamente a las versiones presidenciales, se han
desarrollado algunas explicaciones que más bien han pretendido justificarla, o en el
mejor de los casos han contribuido, sin quererlo, a engrosar la costra de los lugares
comunes. Veamos algunos ejemplos.
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2 Ibid. p.114.
Ibid. p.1163
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empleados administrativos, negando así la afirmación de su antecesor, Luis
Echeverría, para quien "la corrupción no podía existir en la base de la cadena
burocrática si no existía en la cúspide”, presidente de la República excluido, por
supuesto.
En algunos casos, auténticas mafias se apoderaron de lucrativos segmentos del
servicio público. El de la policía de la Ciudad de México, dirigida porArturo Durazo,
valido del Presidente, fue sin duda emblemático, pero sólo uno entre tantos. Por eso,
cuando en 1982 sobrevino el colapso de las finanzas públicas, las clases populares,
que sólo marginalmente se habían beneficiado, pero que en cambio resintieron
profundamente los efectos del derrumbe, no vacilaron en atribuirlo a la corrupción
con nombres y apellidos.
Aquella debacle coincidió con un nuevo período de sucesión presidencial. El
sucesor-candidato, Miguel de la Madrid, se enfrentaba a una situación análoga a la de
López Portillo seis años antes, sólo que ahora todo indicaba, como efectivamente
sucedió, que nada lo salvaría de implantar el ajuste postergado por el petroauge.
Un lema de campaña carente de contenido fue adoptado esta vez: "México Primero."
Nuevamente se llamó a las clases populares a unirse para sacar adelante al país. Pero
ante la pérdida acelerada de consenso a consecuencia de los latrocinios
lopezportillistas, el discurso de campaña tuvo que hacerse eco del malestar
generalizado en el sentido de que la corrupción había hundido al país en el marasmo.
Fue así como se empezó a introducir el lema "Por la renovación moral de la
sociedad", al principio con timidez, sin duda para no chocar prematuramente con el
presidente megalómano todavía en funciones, pero al paso del tiempo se le imprimió
fuerza hasta convertirlo en el eje ideológico de la gestión sexenal.
Y no obstante que el objetivo formal de la renovación moral era el gobierno
antecesor, la campaña anticorrupción fue concebida en su esencia como una ofensiva
ideológica en contra de las clases subalternas, cada vez más refractarias al discurso
oficial. En efecto, retomando tácitamente la parodia según la cual la corrupción
somos todos, el lema "Por la renovación moral de la sociedad" deslizaba un matiz
casi imperceptible pero decisivo en la nueva concepción acerca del problema, que a
partir de entonces empezó a tener aceptación: todos los mexicanos son causantes de
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1Stephen D. Morris. Corrupción y política en el México contemporáneo, Siglo Veintiuno, México,
1992, p. 14
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No mucho tiempo después de que se publicara el estudio de Silva Herzog, la
educación universitaria de los licenciados que llegaron al poder con Miguel Alemán
estuvo lejos de constituir un dique en contra del manejo patrimonialista de la cosa
pública. Por el contrario, éstos, que al igual que Porfirio Díaz se ufanaban de hacer
poca política y mucha administración, resultaron tan corruptos como los generales
iletrados.
El 25 de noviembre de 1942, El Universal abordaba la cuestión de manera más
realista. En referencia a unas declaraciones de Javier Rojo Gómez, jefe del
Departamento del Distrito Federal, en el sentido de que el público debía denunciar las
inmoralidades de inspectores, policías, recaudadores y agentes de todos los servicios
de la dependencia a su cargo, el diario advertía sobre lo contraproducente que
resultaba para los denunciantes que ingenuamente se opusieran a dejarse extorsionar,
confiando en que sus denuncias serían atendidas por las autoridades:
Una persona que se niega a dar una propina a un empleado que la amenaza con
inventarle una infracción o que le retarda el despacho de un asunto
administrativo, no sólo se expone a perjuicios inmediatos de mayor cuantía, sino
también a ser víctima futura de una interminable serie de represalias por su
renuencia. Como la mordida es además de una institución, una cofradía, hay un
máximo de probabilidades de que su denuncia caiga en un medio hostil,
dondequiera que la presente; que los investigadores procurarán aburrir al quejoso
a fuerza de trámites, citas y pérdidas de tiempo; y de que, por último, declararán
que los hechos no están suficientemente comprobados. Con esta declaración, y
mucho peor si es judicial y adquiere naturaleza de verdad legal, el acusado está en
condiciones de volver por pasiva al quejoso, y de elevar, cuando menos, al cubo la
mordida.
Concluyendo que:
Tenemos, pues, que insistir en que no se trata de un problema seccional o local.
Existe multitud de especies y de tipos, de todo tamaño y de las más diversas
técnicas. Para acabar con los chicos hay que acabar con los grandes. Y de ahí la
dificultad casi insuperable de la tarea.
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Ibid., p. 356
Ibid., p. 356
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Amediados de los años cuarenta, Jesús Silva Herzog escribía lo siguiente:
Durante el gobierno del general Díaz hubo -según se decía entonces- poca
política y mucha administración. En el período que sigue al triunfo de la
revolución ocurre precisamente lo contrario, particularmente en los estados. Por
regla general no se han puesto trabas a la libre expresión del pensamiento
político ni a la organización de partidos opositores a los regímenes
revolucionarios; pero invariablemente los candidatos triunfantes a la
presidencia de la república... a los gobiernos de los estados y a las cámaras
legisladoras, han sido aquellas que han contado con la simpatía y el apoyo
oficiales. Este sistema se perfeccionó desde que fue creado el Partido Nacional
Revolucionario, el cual estriba en que a menudo la selección es negativa. Buena
parte de los gobernadores de los estados y hasta algunos ministros han sido
políticos profesionales sin profesión o generales iletrados; y como sus amigos y
favoritos, nunca personas de elevada talla, son con frecuencia los designados
para desempeñar las altas funciones legislativas, aquí se encuentra la
explicación del modesto nivel intelectual y del no muy elevado nivel moral de
varias de las diputaciones en las provincias y de buen número de miembros de las
cámaras federales.
Por observaciones de este tipo se consideró a Silva Herzog como uno de los más
agudos críticos del régimen. No obstante, al ejercer la crítica desde el interior del
mismo régimen, estaba obligado a ceñirse a las reglas no escritas que han marcado
límites estrictos a las voces discordantes. Se explica así que soslaye lo que para
entonces era del dominio público: que la corrupción se difundía desde la misma
cúspide del poder. En efecto, de entrada Silva Herzog deslinda cuidadosamente al
presidente, a sus colaboradores inmediatos y a los gobernadores de los estados,
centrando la cuestión en las cámaras legislativas, como si ellas y no el Ejecutivo
administraran el presupuesto.
Otra idea, apenas sugerida, y que sin embargo constituye el núcleo de su concepción,
es la separación orgánica entre la corrupción y el sistema político. De ese modo
puntualiza que por lo general no se ponían trabas a la libre expresión del pensamiento
político ni a la organización de partidos opositores, imprimiéndose el sentido de que
siendo democrático el sistema político mexicano, los gobiernos no pueden controlar
las líneas de corrupción.
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4Citado por Nathan L. Whetten. “México rural”, Problemas Agrícolas e industriales de México, vol.
V, núm. 2, México, 1953, p. 354.
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Estas observaciones demuestran que la cuestión no tenía por qué prestarse a
confusiones: la corrupción de abajo, la administrativa no podía existir sin la de arriba,
es decir, sin la corrupción política, además de que no se trataba de casos aislados sino
de toda una cofradía institucional.
Ramón Beteta, secretario de Hacienda durante la gestión de MiguelAlemán, nos dejó
una visión no menos ingeniosa:
Hay muchas formas como un funcionario puede hacerse rico sin que
necesariamente sean ilegítimas, aunque tampoco sean éticas. Por ejemplo, un
funcionario que sabe que se va a abrir una nueva carretera, o el constructor que la
va a hacer, o el que la va a ordenar; estos pueden, ya sea directamente o por
trasmano, comprar terrenos que van a quedar afectados por esa carretera y así
obtener un provecho. Esto éticamente no es correcto; pero legalmente tampoco es
un delito.Yestas cosas existen en un número mucho mayor de lo que la gente cree.
El funcionario público tiene innumerables maneras de obtener ventajas de su
posición, sin que sea necesariamente una corrupción en el sentido de que se coluda
para recibir dinero, como pasa en los niveles muy inferiores, digamos en las
aduanas o de parte de los inspectores fiscales, o de los inspectores que sí reciben lo
que en México se llama "mordida", o sea una gratificación por hacer o no hacer
determinada cosa. Esto tiene varios grados: hay la mordida para que se haga con
prontitud aquello que la persona tiene derecho a pedir, y eso más bien constituye
una propina; luego hay la mordida para que alguna cosa se haga lentamente, que
no se haga de prisa, y eso sí ya es una cosa seria; luego tenemos la tercera clase de
mordida que se hace para conseguir algo a lo que una persona no tiene derecho,
como por ejemplo pasar mercancía por una frontera sin pagar derechos.
Esto desgraciadamente sí existe, pero no es México el único país que lo tiene, y no
se hace a altura secretarial; es decir, no hay ningún presidente, ningún secretario,
digamos de los últimos cinco o seis gobiernos, que haya jamás obtenido una
ventaja importante para él en formas verdaderamente ilegales.7
ABeteta no le queda más que admitir la corrupción, pero trasladándola al campo de lo
ético. Si el Presidente y los secretarios se involucran en actos de corrupción, ello se
hace en el marco de la ley, se trata pues de una ¡corrupción legal!.
7James Wilkie. La revolución mexicana, gasto federal y cambio social, Fondo de Cultura Económica,
México, 1978, pp. 40-41.
ENCUENTROSunamENCUENTROSunam
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La corrupción propiamente dicha, es decir, la que en este caso llamaríamos ilegal se
imputa a la burocracia administrativa, inmensa planta baja de la administración
pública, desde la que la sociedad la vive en carne propia, conjeturando apenas los
peculados que se fraguan en los pisos superiores.
III. De de la causalidad política a la disolución en laconsciencia.
Aunque Silva Herzog y Ramón Beteta intentaban justificar la corrupción exculpando
a sus verdaderos beneficiarios, no dejaban de circunscribirla al aparato
gubernamental. En cambio, las versiones relativamente más recientes,
aproximadamente desde Miguel de la Madrid, efectúan un vuelco al trasladarla al
conjunto de la sociedad. A partir de entonces la lucha contra el problema deja de ser
política y se convierte en una cruzada moralizadora.
Desde luego, un filón de este último tipo de explicaciones y sus consecuentes
propuestas de solución lo encontramos en el número 262 de Usem, noviembre-
diciembre de 2004, revista de la Unión Social del Empresariado Mexicano; ahí el
asesor moral de dicho organismo afirmaba que:
Hablar de la corrupción es hablar de una ruptura práctica de la justicia, de la
verdad, de la fiabilidad, del honor, de la amistad y, en una palabra de la
solidaridad humana... Hablar de lucha contra la corrupción supone ir a su origen,
a la raíz de ella para allí poner los remedios fundamentales. No bastan los
paliativos: leyes, vigilancia, castigos y amenazas. Hay que ir al corazón del
hombre, donde se incuban las malas ideas, los malos deseos y de donde brotan las
ideas corruptas.8
8Usem, núm. 262, p. 2
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Por su parte, el presidente de ese organismo, Juan Manuel López Valdivia, decía:
“Tradicionalmente, al hablar de corrupción se hace referencia básicamente al ámbito
público, sobre todo para designar aquel fenómeno por el cual un funcionario de
gobierno es sorprendido en el mal manejo de su cargo, actuando de manera ilegítima
e ilegal, de tal suerte que dicho funcionario obtiene una ganancia”.9
Ymás importante:
La corrupción no solamente se da en los gobiernos, también se da en el trabajo, en
los negocios, en las empresas, en el comercio, en las organizaciones de la
sociedad civil, en los medios de comunicación, en el deporte, en la escuela, en la
familia y, por supuesto, en uno mismo. Más aún, la mancuerna `iniciativa
privada-sector público´ puede tener actos de corrupción mucho más peligrosos y
que ponen en riesgo la vida misma de una nación, destruyen el tejido social y son
causa del empobrecimiento del país”.
Más que intentar una explicación, a López Valdivia le interesa dirigir una andanada
contra los trabajadores por su rebeldía en el mundo del trabajo, y así se pierde en
disquisiciones ajenas al asunto. Y ya completamente desenfocado concluye: “El
origen de fondo de la corrupción no es otra cosa más que el egoísmo, la soberbia, el
individualismo y la insolidaridad que brota de la clara y conciente (sic) intención de
quien engendra, favorece y explota la maldad. Para decirlo con todas sus palabras, se
origina por el mal personal y social de todos y de cada uno en particular”.
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Ibid., p. 3.
Ibid., p. 3
Ibid., p. 3.
Ibid., p.3
Si bien la tónica general es la misma que la del editorial, introduce un elemento
nuevo: la mancuerna iniciativa privada-sector público, relación que
tradicionalmente los empresarios se niegan a admitir. Pero lo ganado en una parte se
pierde en otra:
Es corrupto –continúa Juan Manuel López Valdivia– quien sabiendo su horario
de trabajo busca cualquier pretexto para no cumplirlo o hacerlo con negligencia.
Y más adelante: “corrupto es aquel que devenga un salario sin la consecuente
responsabilidad de trabajar, o quien saca información propia de la empresa,
sobre todo, con fines de espionaje o por deslealtad. Es corrupción también la
infidelidad, la deshonestidad y el abuso de confianza.11
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La Formación Cívica y ética en la Educación Básica: retos yEn el mismo número de
la revista, Jaime Duarte Martínez, analista político nacional e internacional, nos dice
que: “Todos los imperios, dinastías y naciones en la historia de la humanidad, se han
dejado devorar por ella en pequeña o en gran escala”. P. 4 Y propone como remedio:
“La enseñanza moral en el hogar y la implementación de un sistema educativo
axiológico, ético, que ponga especial énfasis en la formación de la voluntad, del
carácter y en la transmisión de los valores en nuestros niños y jóvenes”.
El por entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, entrevistado en el
mismo número de la revista, contribuyó con su granito de arena a la visión moralista
al decir “El tema del combate a la corrupción es un tema de cambio cultural” . Que el
máximo responsable de la entidad encargada de coordinar, evaluar y vigilar el
funcionamiento administrativo del gobierno federal, vertiera esta opinión, dice
mucho de las limitaciones que siempre tuvo tal dependencia, la cual por austeridad
pero también por inutilidad fue suprimida por Felipe Calderón.
Pedro Javier González G. director del Instituto Mexicano para la Competitividad,
A.C., después de hacer su respectivo diagnóstico, concluye que su combate
“involucra, además de mejores leyes y de mejores mecanismos administrativos y de
rendición de cuentas, cambios profundos en los valores y las actitudes de la sociedad.
Desde una perspectiva de largo plazo, es imposible pensar en un México sin
corrupción sin alentar simultáneamente una cultura cívica democrática respetuosa de
la legalidad”
Además de las visiones moralistas como las anteriormente expuestas, tenemos otras
que pretenden apuntar a estructuras malentendidas. Así, por ejemplo, Néstor de
Buen, un abogado laboralista, publicó hace algunos años un artículo periodístico en
que nos dice que después de pensar muchas veces sobre la cuestión de México como
un país corrupto, llegó a “generalizaciones arriesgadas”. De Buen parte para su
explicación del choque de las culturas indígena y española; los primeros, afirma, no
conocían la ambición, en tanto que los segundos eran audaces y ambiciosos. Del
indio sin ambición y del español ambicioso nació el mestizo, “Síntesis de muchas
cosas buenas y de otras no tantas. De los indios heredó muchas cosas positivas y de
los españoles la ambición… Y si a eso se agrega que no se heredó del todo el
entusiasmo enfermizo de los españoles por el trabajo, el resultado puede ser la
palabra comprometedora (¡voila!): corrupción!”
Ibid., p.7
Ibid., p.13
Ibid., p.23
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16Ibid., p. 16
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Resumen y conclusiones
Es bien sabido que en un ritual político de conveniencia, no sin que frecuentemente
medien conflictos genuinos, un nuevo presidente empieza por lustrar su gestión con
los trapos sucios del anterior. Así, apostando al desgaste de la memoria histórica,
todos los gobiernos posrevolucionarios se han referido implícitamente a la
corrupción del antecesor, prometiendo combatirla, pero nunca se ha ido más allá de
algunos actos efectistas.
Después de la etapa revolucionaria y hasta los años setenta, se intentó imputarla ya a
los políticos segundones, ya a la burocracia administrativa, o bien, asignándole a sus
grandes beneficiarios un estatus inmoral pero no ilícito. En todo caso se aceptaba que
la cuestión se restringía al aparato gubernamental.
Con Miguel de la Madrid presenciamos un salto cualitativo: en la argumentación
oficial deja de ser un problema del aparato de gobierno y pasa a depender del
conjunto social. A partir de entonces se le concibe como la resultante de la suma de
inmoralidades individuales y se difunden interpretaciones como las expuestas en la
tercera sección. Los mismos afectados e incluso no pocos estudiosos se han hecho
eco de esa visión. De igual modo, se aduce frecuentemente que se trata de un
fenómeno universal y no exclusivamente mexicano, soslayándose que en México se
despliega en un marco de impunidad inexistente al menos en los países de mayor
desarrollo.
En los últimos años, con la corrupción campeando sobre el deterioro de los niveles de
vida de las mayorías, se ha generado un malestar social por el que se admite de menor
grado que sea responsabilidad de todos. En cambio, es cada vez más claro que el
aparato burocrático se halla estructurado de tal manera que la corrupción
administrativa se relaciona estrechamente con la corrupción política, y que en ella
también participan destacadamente los grupos privados del bloque de poder.
Si por su calidad polisémica la palabra se aplica a muchos aspectos de la vida social,
debe dejarse de confundir o mezclarse más con lo que es propio de la administración
pública. Hay que trascender la idea de que se trata de la suma de inmoralidades
individuales por el hecho de que las clases subalternas, impotentes ante el despliegue
de la corrupción en un marco del ejercicio del poder sin contrapesos, se hayan
posesionado del papel activo del soborno. No es la inmoralidad el primer resorte de la
corrupción sino la certeza de practicarla bajo el manto de la impunidad.
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ENCUENTROSunamENCUENTROSunam