La corrupcion en México. Análisis de algunas de sus explicaciones

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1 La o c rrupción México en D espués de haber ganado oficialmente las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto anunció que formaría una Comisión Nacional Anticorrupción, propósito en el que de inmediato algunos analistas vieron el intento de emprender una cacería de brujas. No es la primera vez que un nuevo responsable del Ejecutivo Federal promete enfrentarse a este problema fuertemente arraigado en el aparato gubernamental. Desde que se asentara la polvareda de la Revolución y los bienes del Estado se volvieran a someter, como en el siglo XIX, al patrimonio de los grupos en el poder, todos los gobiernos han ofrecido combatirlo y los resultados saltan a la vista. La impresión general que hoy permea en la sociedad es que no ha existido una auténtica voluntad por suprimir el beneficio personal mediante el empleo ilícito de bienes y cargos públicos; los continuos escándalos en que se involucran los diversos partidos políticos, los tres poderes, los organismos autónomos, y los tres niveles de gobierno, así lo confirman. Para combatir verdaderamente la corrupción, y también para visualizar los límites de un tal combate, es necesario entender sus causas. Pero ellas han sido plagadas de lugares comunes, por lo que una de las primeras tareas consiste en despejar esa maraña de seudoexplicaciones; contribuir a ese ejercicio es el objetivo del presente trabajo. José Luis Huerta José Luis Huerta Análisis de sus de algunas explicaciones Introducción ENCUENTROS unam ENCUENTROS unam Licenciad Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, FES Aragón, UNAM. o en Economía por la Facultad de Economía or la Licenciad Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario, FES Aragón, UNAM. o en Economía por la Facultad de Economía or la ó

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Después de haber ganado oficialmente las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto anunció que formaría una Comisión Nacional Anticorrupción, propósito en el que de inmediato algunos analistas vieron el intento de emprender una cacería de brujas.

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La oc rrupción Méxicoen

Después de haber ganado oficialmente las elecciones presidenciales, Enrique

Peña Nieto anunció que formaría una Comisión Nacional Anticorrupción,

propósito en el que de inmediato algunos analistas vieron el intento de emprender una

cacería de brujas.

No es la primera vez que un nuevo responsable del Ejecutivo Federal promete

enfrentarse a este problema fuertemente arraigado en el aparato gubernamental.

Desde que se asentara la polvareda de la Revolución y los bienes del Estado se

volvieran a someter, como en el siglo XIX, al patrimonio de los grupos en el poder,

todos los gobiernos han ofrecido combatirlo y los resultados saltan a la vista.

La impresión general que hoy permea en la sociedad es que no ha existido una

auténtica voluntad por suprimir el beneficio personal mediante el empleo ilícito de

bienes y cargos públicos; los continuos escándalos en que se involucran los diversos

partidos políticos, los tres poderes, los organismos autónomos, y los tres niveles de

gobierno, así lo confirman.

Para combatir verdaderamente la corrupción, y también para visualizar los límites de

un tal combate, es necesario entender sus causas. Pero ellas han sido plagadas de

lugares comunes, por lo que una de las primeras tareas consiste en despejar esa

maraña de seudoexplicaciones; contribuir a ese ejercicio es el objetivo del presente

trabajo.

José Luis HuertaJosé Luis Huerta

Análisis de susde algunas

explicaciones

Introducción

ENCUENTROSunamENCUENTROSunam

Licenciad

Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario,

FES Aragón, UNAM.

o en Economía por la Facultad de Economía

or la

Licenciad

Maestro de Historia p Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Profesor de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario,

FES Aragón, UNAM.

o en Economía por la Facultad de Economía

or la

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Entre los mexicanos todavía se recuerda, sin necesidad de acudir a fuentes

documentales, el lema que José López Portillo utilizara en su campaña como

candidato a la presidencia de la República: "La solución somos todos". No era esa

una frase hecha al azar; por el contrario, traducía vivamente el difícil momento por el

que atravesaba el país, ya que durante los últimos años del sexenio echeverrista la

economía nacional se había deteriorado y la futura administración sabía que no le

quedaba sino adoptar ajustes macroeconómicos perniciosos para las mayorías.

Con su lema, el nuevo presidente llamaba a la participación de las clases populares en

el esfuerzo por superar la crisis, o mejor dicho, anunciaba que sobre ellas caería el

fardo de la austeridad. Algún mexicano de los muchos ingeniosos reinventó el

eslogan como "La corrupción somos todos", y durante algún tiempo el resto lo repitió

festivamente. La impotencia del malestar generalizado se refugiaba en la parodia.

Ya en el poder, López Portillo puso en marcha la política económica previamente

anunciada, a la que puso por nombre Alianza para la producción. Sin embargo, el

descubrimiento de vastos mantos petroleros en el subsuelo mexicano transformó de

modo radical el oscuro panorama que atenazaba al nuevo gobierno. De esa forma, la

enorme renta petrolera sentó las bases para el replanteamiento de la política

económica, desplazándose del ajuste a la reactivación mediante un ambicioso

proyecto industrializante. De acuerdo con la visión de López Portillo y sus

economistas, en un contexto mundial recesivo el petróleo se convertiría en la

catapulta que proyectaría a México al selecto club de los países desarrollados. En este

nuevo contexto, la alianza para la producción quedó en el olvido y se llamó a la

sociedad a participar en la bonanza.

Pero siguiendo las viejas prácticas, López Portillo y su equipo no desaprovecharon la

oportunidad de enriquecerse con el erario, enriquecimiento ilícito del que no dejaron

de participar los grupos privados del bloque de poder. Impulsada desde arriba, la

corrupción cobró mayor fuerza en la baja burocracia y se propagó como nunca antes

por calles y ventanillas. Pero a contracorriente de las evidencias, López Portillo

sostenía que la inmoralidad no concernía a los funcionarios de alto nivel sino a los

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I. De las verdades oficiales

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la corrupción. No es raro que de la Madrid haya sostenido: "La corrupción no es del

dominio exclusivo del sector público" . Por lo tanto, no era únicamente el gobierno el

que debía moralizarse, sino toda la sociedad. Por ello se enfatizaba en la corrupción

"propiciada" por ésta, es decir, se resaltaba su papel activo en contraste con el rol

formalmente pasivo de los servidores públicos. Se enfocaba la atención sobre el

hecho de que era el ciudadano el que ofrecía la “mordida” y el policía el que la

admitía

.

En este sexenio se encarceló a Jorge Díaz Serrano, director de la empresa petrolera

estatal en la administración anterior, así como al mencionado Arturo Durazo. Pero la

sociedad civil no dejaba de mostrarse incrédula: el 80% de entrevistados en una

encuesta manifestó que "el gobierno no estaba investigando y enjuiciando

adecuadamente a los saqueadores del sexenio anterior” ; ante sus ojos había

responsables de más alto rango, como el mismo expresidente y el que fuera regente

del Distrito Federal, Carlos Hank González. El olfato popular no andaba desacertado,

pero el mazo punitivo de la “renovación moral” no se había templado para golpear a

ese tipo de personajes

.

Como puede verse, en el curso de tres sexenios, de Luis Echeverría a Miguel de

Lamadrid, desfilaron tres versiones presidenciales de la corrupción en el aparato

público. La primera reconocía su existencia en los altos niveles del gobierno; la

segunda, la de López Portillo, la imputaba exclusivamente a los empleados de bajos

niveles administrativos, y la tercera responsabilizaba al conjunto de la sociedad, es

decir, a gobernados y gobernantes, pero más a gobernados que a gobernantes. Tales

eran las estrategias publicitarias con que cada uno trataba de justificar la corrupción

de su propia gestión gubernamental. Los presidentes restantes prefirieron omitir

explicaciones, si bien por imagen no dejaron de empeñar su palabra en que lucharían

contra esa lacra.

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II. De otras verdades desmitificadoras

Junto con la corrupción, y paralelamente a las versiones presidenciales, se han

desarrollado algunas explicaciones que más bien han pretendido justificarla, o en el

mejor de los casos han contribuido, sin quererlo, a engrosar la costra de los lugares

comunes. Veamos algunos ejemplos.

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2 Ibid. p.114.

Ibid. p.1163

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empleados administrativos, negando así la afirmación de su antecesor, Luis

Echeverría, para quien "la corrupción no podía existir en la base de la cadena

burocrática si no existía en la cúspide”, presidente de la República excluido, por

supuesto.

En algunos casos, auténticas mafias se apoderaron de lucrativos segmentos del

servicio público. El de la policía de la Ciudad de México, dirigida porArturo Durazo,

valido del Presidente, fue sin duda emblemático, pero sólo uno entre tantos. Por eso,

cuando en 1982 sobrevino el colapso de las finanzas públicas, las clases populares,

que sólo marginalmente se habían beneficiado, pero que en cambio resintieron

profundamente los efectos del derrumbe, no vacilaron en atribuirlo a la corrupción

con nombres y apellidos.

Aquella debacle coincidió con un nuevo período de sucesión presidencial. El

sucesor-candidato, Miguel de la Madrid, se enfrentaba a una situación análoga a la de

López Portillo seis años antes, sólo que ahora todo indicaba, como efectivamente

sucedió, que nada lo salvaría de implantar el ajuste postergado por el petroauge.

Un lema de campaña carente de contenido fue adoptado esta vez: "México Primero."

Nuevamente se llamó a las clases populares a unirse para sacar adelante al país. Pero

ante la pérdida acelerada de consenso a consecuencia de los latrocinios

lopezportillistas, el discurso de campaña tuvo que hacerse eco del malestar

generalizado en el sentido de que la corrupción había hundido al país en el marasmo.

Fue así como se empezó a introducir el lema "Por la renovación moral de la

sociedad", al principio con timidez, sin duda para no chocar prematuramente con el

presidente megalómano todavía en funciones, pero al paso del tiempo se le imprimió

fuerza hasta convertirlo en el eje ideológico de la gestión sexenal.

Y no obstante que el objetivo formal de la renovación moral era el gobierno

antecesor, la campaña anticorrupción fue concebida en su esencia como una ofensiva

ideológica en contra de las clases subalternas, cada vez más refractarias al discurso

oficial. En efecto, retomando tácitamente la parodia según la cual la corrupción

somos todos, el lema "Por la renovación moral de la sociedad" deslizaba un matiz

casi imperceptible pero decisivo en la nueva concepción acerca del problema, que a

partir de entonces empezó a tener aceptación: todos los mexicanos son causantes de

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1Stephen D. Morris. Corrupción y política en el México contemporáneo, Siglo Veintiuno, México,

1992, p. 14

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No mucho tiempo después de que se publicara el estudio de Silva Herzog, la

educación universitaria de los licenciados que llegaron al poder con Miguel Alemán

estuvo lejos de constituir un dique en contra del manejo patrimonialista de la cosa

pública. Por el contrario, éstos, que al igual que Porfirio Díaz se ufanaban de hacer

poca política y mucha administración, resultaron tan corruptos como los generales

iletrados.

El 25 de noviembre de 1942, El Universal abordaba la cuestión de manera más

realista. En referencia a unas declaraciones de Javier Rojo Gómez, jefe del

Departamento del Distrito Federal, en el sentido de que el público debía denunciar las

inmoralidades de inspectores, policías, recaudadores y agentes de todos los servicios

de la dependencia a su cargo, el diario advertía sobre lo contraproducente que

resultaba para los denunciantes que ingenuamente se opusieran a dejarse extorsionar,

confiando en que sus denuncias serían atendidas por las autoridades:

Una persona que se niega a dar una propina a un empleado que la amenaza con

inventarle una infracción o que le retarda el despacho de un asunto

administrativo, no sólo se expone a perjuicios inmediatos de mayor cuantía, sino

también a ser víctima futura de una interminable serie de represalias por su

renuencia. Como la mordida es además de una institución, una cofradía, hay un

máximo de probabilidades de que su denuncia caiga en un medio hostil,

dondequiera que la presente; que los investigadores procurarán aburrir al quejoso

a fuerza de trámites, citas y pérdidas de tiempo; y de que, por último, declararán

que los hechos no están suficientemente comprobados. Con esta declaración, y

mucho peor si es judicial y adquiere naturaleza de verdad legal, el acusado está en

condiciones de volver por pasiva al quejoso, y de elevar, cuando menos, al cubo la

mordida.

Concluyendo que:

Tenemos, pues, que insistir en que no se trata de un problema seccional o local.

Existe multitud de especies y de tipos, de todo tamaño y de las más diversas

técnicas. Para acabar con los chicos hay que acabar con los grandes. Y de ahí la

dificultad casi insuperable de la tarea.

.

.

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6

Ibid., p. 356

Ibid., p. 356

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Amediados de los años cuarenta, Jesús Silva Herzog escribía lo siguiente:

Durante el gobierno del general Díaz hubo -según se decía entonces- poca

política y mucha administración. En el período que sigue al triunfo de la

revolución ocurre precisamente lo contrario, particularmente en los estados. Por

regla general no se han puesto trabas a la libre expresión del pensamiento

político ni a la organización de partidos opositores a los regímenes

revolucionarios; pero invariablemente los candidatos triunfantes a la

presidencia de la república... a los gobiernos de los estados y a las cámaras

legisladoras, han sido aquellas que han contado con la simpatía y el apoyo

oficiales. Este sistema se perfeccionó desde que fue creado el Partido Nacional

Revolucionario, el cual estriba en que a menudo la selección es negativa. Buena

parte de los gobernadores de los estados y hasta algunos ministros han sido

políticos profesionales sin profesión o generales iletrados; y como sus amigos y

favoritos, nunca personas de elevada talla, son con frecuencia los designados

para desempeñar las altas funciones legislativas, aquí se encuentra la

explicación del modesto nivel intelectual y del no muy elevado nivel moral de

varias de las diputaciones en las provincias y de buen número de miembros de las

cámaras federales.

Por observaciones de este tipo se consideró a Silva Herzog como uno de los más

agudos críticos del régimen. No obstante, al ejercer la crítica desde el interior del

mismo régimen, estaba obligado a ceñirse a las reglas no escritas que han marcado

límites estrictos a las voces discordantes. Se explica así que soslaye lo que para

entonces era del dominio público: que la corrupción se difundía desde la misma

cúspide del poder. En efecto, de entrada Silva Herzog deslinda cuidadosamente al

presidente, a sus colaboradores inmediatos y a los gobernadores de los estados,

centrando la cuestión en las cámaras legislativas, como si ellas y no el Ejecutivo

administraran el presupuesto.

Otra idea, apenas sugerida, y que sin embargo constituye el núcleo de su concepción,

es la separación orgánica entre la corrupción y el sistema político. De ese modo

puntualiza que por lo general no se ponían trabas a la libre expresión del pensamiento

político ni a la organización de partidos opositores, imprimiéndose el sentido de que

siendo democrático el sistema político mexicano, los gobiernos no pueden controlar

las líneas de corrupción.

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4Citado por Nathan L. Whetten. “México rural”, Problemas Agrícolas e industriales de México, vol.

V, núm. 2, México, 1953, p. 354.

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Estas observaciones demuestran que la cuestión no tenía por qué prestarse a

confusiones: la corrupción de abajo, la administrativa no podía existir sin la de arriba,

es decir, sin la corrupción política, además de que no se trataba de casos aislados sino

de toda una cofradía institucional.

Ramón Beteta, secretario de Hacienda durante la gestión de MiguelAlemán, nos dejó

una visión no menos ingeniosa:

Hay muchas formas como un funcionario puede hacerse rico sin que

necesariamente sean ilegítimas, aunque tampoco sean éticas. Por ejemplo, un

funcionario que sabe que se va a abrir una nueva carretera, o el constructor que la

va a hacer, o el que la va a ordenar; estos pueden, ya sea directamente o por

trasmano, comprar terrenos que van a quedar afectados por esa carretera y así

obtener un provecho. Esto éticamente no es correcto; pero legalmente tampoco es

un delito.Yestas cosas existen en un número mucho mayor de lo que la gente cree.

El funcionario público tiene innumerables maneras de obtener ventajas de su

posición, sin que sea necesariamente una corrupción en el sentido de que se coluda

para recibir dinero, como pasa en los niveles muy inferiores, digamos en las

aduanas o de parte de los inspectores fiscales, o de los inspectores que sí reciben lo

que en México se llama "mordida", o sea una gratificación por hacer o no hacer

determinada cosa. Esto tiene varios grados: hay la mordida para que se haga con

prontitud aquello que la persona tiene derecho a pedir, y eso más bien constituye

una propina; luego hay la mordida para que alguna cosa se haga lentamente, que

no se haga de prisa, y eso sí ya es una cosa seria; luego tenemos la tercera clase de

mordida que se hace para conseguir algo a lo que una persona no tiene derecho,

como por ejemplo pasar mercancía por una frontera sin pagar derechos.

Esto desgraciadamente sí existe, pero no es México el único país que lo tiene, y no

se hace a altura secretarial; es decir, no hay ningún presidente, ningún secretario,

digamos de los últimos cinco o seis gobiernos, que haya jamás obtenido una

ventaja importante para él en formas verdaderamente ilegales.7

ABeteta no le queda más que admitir la corrupción, pero trasladándola al campo de lo

ético. Si el Presidente y los secretarios se involucran en actos de corrupción, ello se

hace en el marco de la ley, se trata pues de una ¡corrupción legal!.

7James Wilkie. La revolución mexicana, gasto federal y cambio social, Fondo de Cultura Económica,

México, 1978, pp. 40-41.

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La corrupción propiamente dicha, es decir, la que en este caso llamaríamos ilegal se

imputa a la burocracia administrativa, inmensa planta baja de la administración

pública, desde la que la sociedad la vive en carne propia, conjeturando apenas los

peculados que se fraguan en los pisos superiores.

III. De de la causalidad política a la disolución en laconsciencia.

Aunque Silva Herzog y Ramón Beteta intentaban justificar la corrupción exculpando

a sus verdaderos beneficiarios, no dejaban de circunscribirla al aparato

gubernamental. En cambio, las versiones relativamente más recientes,

aproximadamente desde Miguel de la Madrid, efectúan un vuelco al trasladarla al

conjunto de la sociedad. A partir de entonces la lucha contra el problema deja de ser

política y se convierte en una cruzada moralizadora.

Desde luego, un filón de este último tipo de explicaciones y sus consecuentes

propuestas de solución lo encontramos en el número 262 de Usem, noviembre-

diciembre de 2004, revista de la Unión Social del Empresariado Mexicano; ahí el

asesor moral de dicho organismo afirmaba que:

Hablar de la corrupción es hablar de una ruptura práctica de la justicia, de la

verdad, de la fiabilidad, del honor, de la amistad y, en una palabra de la

solidaridad humana... Hablar de lucha contra la corrupción supone ir a su origen,

a la raíz de ella para allí poner los remedios fundamentales. No bastan los

paliativos: leyes, vigilancia, castigos y amenazas. Hay que ir al corazón del

hombre, donde se incuban las malas ideas, los malos deseos y de donde brotan las

ideas corruptas.8

8Usem, núm. 262, p. 2

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Por su parte, el presidente de ese organismo, Juan Manuel López Valdivia, decía:

“Tradicionalmente, al hablar de corrupción se hace referencia básicamente al ámbito

público, sobre todo para designar aquel fenómeno por el cual un funcionario de

gobierno es sorprendido en el mal manejo de su cargo, actuando de manera ilegítima

e ilegal, de tal suerte que dicho funcionario obtiene una ganancia”.9

Ymás importante:

La corrupción no solamente se da en los gobiernos, también se da en el trabajo, en

los negocios, en las empresas, en el comercio, en las organizaciones de la

sociedad civil, en los medios de comunicación, en el deporte, en la escuela, en la

familia y, por supuesto, en uno mismo. Más aún, la mancuerna `iniciativa

privada-sector público´ puede tener actos de corrupción mucho más peligrosos y

que ponen en riesgo la vida misma de una nación, destruyen el tejido social y son

causa del empobrecimiento del país”.

Más que intentar una explicación, a López Valdivia le interesa dirigir una andanada

contra los trabajadores por su rebeldía en el mundo del trabajo, y así se pierde en

disquisiciones ajenas al asunto. Y ya completamente desenfocado concluye: “El

origen de fondo de la corrupción no es otra cosa más que el egoísmo, la soberbia, el

individualismo y la insolidaridad que brota de la clara y conciente (sic) intención de

quien engendra, favorece y explota la maldad. Para decirlo con todas sus palabras, se

origina por el mal personal y social de todos y de cada uno en particular”.

.

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1 2

Ibid., p. 3.

Ibid., p. 3

Ibid., p. 3.

Ibid., p.3

Si bien la tónica general es la misma que la del editorial, introduce un elemento

nuevo: la mancuerna iniciativa privada-sector público, relación que

tradicionalmente los empresarios se niegan a admitir. Pero lo ganado en una parte se

pierde en otra:

Es corrupto –continúa Juan Manuel López Valdivia– quien sabiendo su horario

de trabajo busca cualquier pretexto para no cumplirlo o hacerlo con negligencia.

Y más adelante: “corrupto es aquel que devenga un salario sin la consecuente

responsabilidad de trabajar, o quien saca información propia de la empresa,

sobre todo, con fines de espionaje o por deslealtad. Es corrupción también la

infidelidad, la deshonestidad y el abuso de confianza.11

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La Formación Cívica y ética en la Educación Básica: retos yEn el mismo número de

la revista, Jaime Duarte Martínez, analista político nacional e internacional, nos dice

que: “Todos los imperios, dinastías y naciones en la historia de la humanidad, se han

dejado devorar por ella en pequeña o en gran escala”. P. 4 Y propone como remedio:

“La enseñanza moral en el hogar y la implementación de un sistema educativo

axiológico, ético, que ponga especial énfasis en la formación de la voluntad, del

carácter y en la transmisión de los valores en nuestros niños y jóvenes”.

El por entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, entrevistado en el

mismo número de la revista, contribuyó con su granito de arena a la visión moralista

al decir “El tema del combate a la corrupción es un tema de cambio cultural” . Que el

máximo responsable de la entidad encargada de coordinar, evaluar y vigilar el

funcionamiento administrativo del gobierno federal, vertiera esta opinión, dice

mucho de las limitaciones que siempre tuvo tal dependencia, la cual por austeridad

pero también por inutilidad fue suprimida por Felipe Calderón.

Pedro Javier González G. director del Instituto Mexicano para la Competitividad,

A.C., después de hacer su respectivo diagnóstico, concluye que su combate

“involucra, además de mejores leyes y de mejores mecanismos administrativos y de

rendición de cuentas, cambios profundos en los valores y las actitudes de la sociedad.

Desde una perspectiva de largo plazo, es imposible pensar en un México sin

corrupción sin alentar simultáneamente una cultura cívica democrática respetuosa de

la legalidad”

Además de las visiones moralistas como las anteriormente expuestas, tenemos otras

que pretenden apuntar a estructuras malentendidas. Así, por ejemplo, Néstor de

Buen, un abogado laboralista, publicó hace algunos años un artículo periodístico en

que nos dice que después de pensar muchas veces sobre la cuestión de México como

un país corrupto, llegó a “generalizaciones arriesgadas”. De Buen parte para su

explicación del choque de las culturas indígena y española; los primeros, afirma, no

conocían la ambición, en tanto que los segundos eran audaces y ambiciosos. Del

indio sin ambición y del español ambicioso nació el mestizo, “Síntesis de muchas

cosas buenas y de otras no tantas. De los indios heredó muchas cosas positivas y de

los españoles la ambición… Y si a eso se agrega que no se heredó del todo el

entusiasmo enfermizo de los españoles por el trabajo, el resultado puede ser la

palabra comprometedora (¡voila!): corrupción!”

Ibid., p.7

Ibid., p.13

Ibid., p.23

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16Ibid., p. 16

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Resumen y conclusiones

Es bien sabido que en un ritual político de conveniencia, no sin que frecuentemente

medien conflictos genuinos, un nuevo presidente empieza por lustrar su gestión con

los trapos sucios del anterior. Así, apostando al desgaste de la memoria histórica,

todos los gobiernos posrevolucionarios se han referido implícitamente a la

corrupción del antecesor, prometiendo combatirla, pero nunca se ha ido más allá de

algunos actos efectistas.

Después de la etapa revolucionaria y hasta los años setenta, se intentó imputarla ya a

los políticos segundones, ya a la burocracia administrativa, o bien, asignándole a sus

grandes beneficiarios un estatus inmoral pero no ilícito. En todo caso se aceptaba que

la cuestión se restringía al aparato gubernamental.

Con Miguel de la Madrid presenciamos un salto cualitativo: en la argumentación

oficial deja de ser un problema del aparato de gobierno y pasa a depender del

conjunto social. A partir de entonces se le concibe como la resultante de la suma de

inmoralidades individuales y se difunden interpretaciones como las expuestas en la

tercera sección. Los mismos afectados e incluso no pocos estudiosos se han hecho

eco de esa visión. De igual modo, se aduce frecuentemente que se trata de un

fenómeno universal y no exclusivamente mexicano, soslayándose que en México se

despliega en un marco de impunidad inexistente al menos en los países de mayor

desarrollo.

En los últimos años, con la corrupción campeando sobre el deterioro de los niveles de

vida de las mayorías, se ha generado un malestar social por el que se admite de menor

grado que sea responsabilidad de todos. En cambio, es cada vez más claro que el

aparato burocrático se halla estructurado de tal manera que la corrupción

administrativa se relaciona estrechamente con la corrupción política, y que en ella

también participan destacadamente los grupos privados del bloque de poder.

Si por su calidad polisémica la palabra se aplica a muchos aspectos de la vida social,

debe dejarse de confundir o mezclarse más con lo que es propio de la administración

pública. Hay que trascender la idea de que se trata de la suma de inmoralidades

individuales por el hecho de que las clases subalternas, impotentes ante el despliegue

de la corrupción en un marco del ejercicio del poder sin contrapesos, se hayan

posesionado del papel activo del soborno. No es la inmoralidad el primer resorte de la

corrupción sino la certeza de practicarla bajo el manto de la impunidad.

.

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