Poltico y presidente de Colombia (Honda, Tolima 1886 - Londres, 1959). Hijo del empresario y banquero Pedro A. Lpez, estudi economa y finanzas en Londres y Nueva York. A su regreso asumi, en 1904, la administracin de la Casa Lpez, emprendiendo iniciativas y empresas de gran importancia. Inici con otros jvenes el movimiento republicano alrededor del peridico El Liberal, desde donde comenz su carrera poltica. Colabor con El Republicano y el Diario Nacional. Miembro destacado del partido, fue diputado a la Asamblea del Tolima en 1915; fund en 1918 el Banco Mercantil Americano; fue representante de la Cmara en 1925 y senador en 1930. En 1929 presidi la convencin nacional de su partido. Triunf en las elecciones de 1934. Su gobierno -considerado por analistas e historiadores como el ms progresista de Colombia durante el siglo XX- se basaba en las transformaciones de la poltica agrcola e industrial del pas; en el rgimen laboral, tributario y judicial; y en la educacin universitaria. Su gobierno tom como lema lo que l denominaba la revolucin en marcha, orientada hacia la modernizacin del pas y a su ingreso en el mbito de la economa capitalista. Impuls la reforma fiscal incrementando las arcas del Estado. De esta forma, entre 1935 y 1938, el presupuesto nacional pas de 61 a 92 millones de pesos. Activ la consecucin de nuevos mercados internacionales para el caf. Concibi y cre la Ciudad Universitaria, integrando facultades e instituciones, con dotacin de recursos financieros, establecimiento de libertades acadmicas y participacin de profesores y estudiantes en el cogobierno, presencia de la mujer, apertura de nuevas carreras y estmulos a la investigacin.

Alfonso Lpez Pumarejo - 1934-1938 Naci en Honda, Tolima, el 31 de enero de 1886, muri en Londres, el 20 de noviembre de 1959. Poltico y estadista liberal, presidente de la Repblica durante los perodos 1934-1938 y 1942-1945. Alfonso Lpez Pumarejo pas sus primeros aos en Honda, donde haba venido a establecerse su padre, de origen bogotano, al servicio de la Casa Miguel Samper e Hijos; su madre era de origen costeo. Despus se traslad a Bogot, e ingres al Colegio San Luis Gonzaga y al Liceo Mercantil. Complement su educacin con clases particulares recibidas de personajes como Miguel Antonio Caro, Lorenzo Lleras, Juan Manuel Rudas y Jos Miguel Rosales. Aos ms tarde su padre, Pedro A. Lpez, lo envi a Inglaterra, donde estudi finanzas en Brighton College; luego perfeccion sus estudios en las disciplinas econmicas en la Packard School de Nueva York. Regres al pas en 1904, cuando contaba con 18 aos, y empez a colaborar con su padre en la administracin de la Casa Lpez. Una vez terminado el perodo de educacin y estudio, comenz una ardua actividad que lo llev por el campo de los negocios bancarios, la diplomacia, la poltica y el periodismo, en los cuales fue desarrollando un carcter "polmico, ardiente y decidido", aspectos que lo marcaran en todo el transcurso de su vida pblica y de estadista, como dice Ignacio Arizmendi Posada. En la Casa Lpez, que segn Juan Lozano y Lozano, "no tuvo antecedentes ni ha tenido sucesores en nuestra vida econmica, [pues] suscit la creacin de industrias que no se conocan, consolid varias de aquellas que, como el caf, estaban dispersas y desconcertadas, promovi la intensificacin de los transportes, el progreso de la agricultura, el florecimiento de la banca"; Lpez Pumarejo adquiri gran experiencia en el manejo de cuestiones financieras. Sin embargo, con su gran voluntad, capacidad e intuicin, y una estructura intelectual ms que adecuada para desempearse en cargos pblicos, Lpez siempre trabaj con una visin clara hacia la labor poltica, la que le apasion durante toda su vida. Primer gobierno el 6 de noviembre de 1933, Lpez Pumarejo acept la candidatura presidencial para suceder a Olaya Herrera, y con la ausencia de contendor por parte del conservatismo fue elegido por casi un milln de votos. Inici su gobierno el 7 de agosto de 1934, poniendo en prctica los mecanismos en que bas su programa, y que trataran de hacer realidad la Repblica Liberal y ejecutar la "Revolucin en Marcha",

su lema, que l defini como "el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacficos y constitucionales todo lo que hara una revolucin por medios violentos".Este lema, acuado durante la campaa, era para Gerardo Molina lo que habra de ser "el comienzo de la revolucin agroindustrial, la que tena en su favor muchos elementos para realizarse si el liberalismo se hubiera decidido". La Revolucin en Marcha apuntaba hacia la modernizacin del pas y su inmersin en el mbito de la economa capitalista. El primer gobierno de Lpez Pumarejo, ms fecundo y de mayor proyeccin histrica que el segundo, segn sus analistas, fue eminentemente reformista. As, bajo los postulados del partido, que buscaba darle al pas un desarrollo agrcola e industrial que le permitiera convertirse en un Estado moderno, Lpez present, al final, ejecutorias como las reformas constitucional, tributaria, universitaria, judicial, laboral y de relacioes exteriores. En cuanto a la reforma constitucional, Acto legislativo N 1 de 1936, el gobierno de Lpez, al decir de Jorge Mario Eastman, estableci "nuevas pautas jurdicas para la accin del Estado y otras normas de conducta poltica para los ciudadanos". Segn Eastman, las reformas constitucional, legal y normativa de la Repblica Liberal obedecieron a un planteamiento orgnico que buscaba el ajuste del rgimen democrtico a las realidades sociales y econmicas de la poca; las bases sobre las que Lpez fund sus reformas institucionales fueron: "La Revolucin en Marcha, movimiento de sustentacin popular de la nueva poltica; el partido de gobierno, promotor del cambio; y el sindicalismo, presencia organizada de los trabajadores>,. Se cambi la concepcin del Estado gendarme, propia de la Constitucin de 1886, por la del Estado como entidad capaz de obligar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes sociales. Segn Timolen Moncada, senador de la poca, esto significaba que el individualismo sera sustituido por la funcin social, que el individuo tendra la obligacin de hacer lo que fuera necesario para fortalecer la sociedad y debera abstenerse de lo que pudiera debilitarla. El constituyente de 1936 defini la propiedad por su funcin social. Ahora el Estado intervendra en la economa del pas, con la intencin no slo de racionalizarla, sino de dar al trabajador una proteccin, introduciendo un equilibrio entre las relaciones obrero-patronales, pero este artculo fue suprimido en la reforma constitucional de 1968. La reforma tributaria estableci el impuesto directo, y que las industrias y grandes empresas tributaran ms que antes. Se elev el impuesto a la renta; se dispuso que las rentas consolidadas por posesin de capital fueran gravadas ms fuertemente que las derivadas del trabajo; se crearon los impuestos de patrimonio y exceso de utilidades; y se introdujeron cambios en los impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones. La reforma agraria aspiraba a redistribuir la tierra y ponerla en manos de quienes la trabajaban; se dictaron normas en cuanto se refera a las tierras bien explotadas, en la medida en que se deban establecer condiciones ptimas para jornaleros arrendatarios y colonos; y se suspendi la ayuda que el Estado daba al patrono en su supuesto derecho d despedir a arrendatarios y colonos con la ayuda de la fuerza pblica.

La reforma laboral, que Lpez plante y fundament tericamente desde la primera administracin, pero slo logr concretar en su segundo gobierno, comprenda que en una economa en vas de actualizacin capitalista, habra que codificar la relacin patrn-obrero, pues la fuerza de trabajo deba organizarse con sistemas de contratacin y jurdicos ms estables. Se propici, entonces, el sindicalismo, con el fin de armonizar la condicin obrera con las necesidades estructurales de la industrializacin, y se garantiz el derecho a la huelga. El sindicalismo fue la base de su poltica de construir una lnea de apoyo al gobierno con el respaldo popular. Segn Alvaro Tirado Meja, "polticamente el gobierno de Lpez logr captar y convertir en base de apoyo al movimiento obrero a travs de una poltica de reconocimiento legal, de apoyo econmico a las centrales obreras, y de arbitramento". Lpez se preocup por la tecnificacin a todos los niveles para elevar el pas a un grado decoroso de industrializacin, pero tambin fue preocupacin de su gobierno el impulso a la educacin a todo nivel. En el campo educativo, Lpez emprendi una tarea de reestructuracin docente, dio definitiva conformacin a la Universidad Nacional y adquiri los terrenos para construir la Ciudad Universitaria, concentrando todas las facultades e institutos, hasta entonces dispersos, en un solo espacio. Segn Gerardo Molina, con este plan, expuesto en 1935, Lpez fue "el afortunado realizador de uno de los mayores compromisos contrados por el liberalismo con la nacin en este siglo, cual fue la transformacin de la Universidad. La integracin de facultades e institutos, la Ciudad Universitaria, la dotacin de recursos financieros suficientes, el establecimiento de las libertades acadmicas, la autonoma relativa, la participacin de profesores y estudiantes en el manejo del claustro, la presencia de la mujer, la apertura de nuevas, carreras, el estmulo a la investigacin, los servicios sociales, la extensin universitaria, fueron algunos de los aspectos en que se materializ ese vigoroso impulso". Segundo gobierno tan notable fue la obra de Lpez Pumarejo en su primera administracin, que no pocos de sus copartidarios pensaron nuevamente en su nombre para la elecciones presidenciales de 1942. Lpez gan la reeleccin, derrotando una coalicin liberal-conservadora personificada por Carlos Arango Vlez. Subi al poder en medio de una violenta oposicin de la derecha, encabezada por Laureano Gmez, a la que se uni la insegura solidaridad del liberalismo con su gobierno. El partido liberal estaba dividido, y esta divisin resultaba ms peligrosa para la permanencia del liberalismo en el poder, que la misma oposicin; adems, era un obstculo para gobernar. Lpez convoc la unin, y sta se hizo; sin embargo, segn Gerardo Molina, "el arreglo era ms aparente que efectivo, porque cada aspirante a obtener presillas para futuras situaciones estaba ms interesado en la refriega que en la paz". Simultneamente, y como otro hecho negativo contra su nimo, Lpez tuvo que enfrentar una difcil situacin familiar causada por la enfermedad de su esposa, Mara Michelsen. Estos tres elementos: la oposicin conservadora, la desunin del liberalismo y la

precaria salud de su esposa, fueron minando su voluntad y lo condujeron finalmente a la renuncia del mando, que intent en marzo de 1944, aduciendo motivos familiares. No obstante, un paro cvico organizado por la clase obrera para expresar su respaldo al presidente, lo oblig a reasumir el mando. Entonces, se dispuso a sacar adelante otra reforma constitucional, plasmada en 1945. Esta nueva reforma le concedi la ciudadana a la mujer, pero sin derecho a votar; consagr la prohibicin para los militares de sufragar; y disminuy el nmero de debates para la aprobacin de leyes, entre otras medidas. En esta segunda administracin, Lpez tuvo que afrontar una difcil situacin econmica, ocasionada en buena parte por la segunda Guerra Mundial, que afect las ventas de productos colombianos en el exterior. Se impulsaron las bolsas de valores, se dictaron nuevas normas tributarias y el gobierno cont con la autorizacin para endeudarse con el fin de financiar diversos proyectos. Por otra parte, la industria, que tanto progreso tuvo en la primera administracin, se estrell contra la ausencia de una industria metalrgica e intermedia. De todas maneras, Lpez y su equipo de gobierno, entre los que se contaban hombres como Alberto Lleras Camargo, Carlos Lleras, Daro Echanda, Adn Arriaga Andrade y otros, lograron impulsar nuevos cambios, aunque no tan profundos como los de la primera administracin. En cuanto a las relaciones internacionales, Lpez estableci con la Unin Sovitica relaciones diplomticas, adhiri al Acta de Chapultepec sobre la solidaridad interamericana y Colombia ingres a las Naciones Unidas. Uno de los hechos ms importantes de este gobierno tuvo lugar despus del llamado "Golpe de Pasto", cuando Lpez y su ministro de Trabajo, Adn Arriaga Andrade, aprovechando el estado de sirio, expidieron el decreto legislativo 2350 de 1944, que estableci el reconocimiento del contrato de trabajo como entidad jurdica autnoma, dio al gobierno facultades para establecer modelos que sirvieran como contrato presuntivo y para fijar el salario mnimo, decret la jornada laboral de nueve horas y el pago de horas extras, fij la duracin del contrato de trabajo en seis meses, estableci el preaviso correspondiente, limit a seis meses el contrato de aprendizaje, y fij en 14 aos la edad lmite para empezar a trabajar.

Trabajo DecenteMircoles, 11 de Octubre de 2006

La mejor expresin de la meta del trabajo decente es la visin que tiene de l la gente. Se trata de su puesto de trabajo y sus perspectivas futuras, de sus condiciones de trabajo, del equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, de la posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela o de retirarlos del trabajo infantil.Se trata de la igualdad de gnero, de la igualdad de reconocimiento y de la capacitacin de las mujeres para que puedan tomar decisiones y asumir el control de su vida. Se trata de las capacidades personales para competir en el mercado, de mantenerse al da con las nuevas calificaciones tecnolgicas y de preservar la salud. Se trata de desarrollar las calificaciones empresariales y de recibir una parte equitativa de la riqueza que se ha ayudado a crear y de no ser objeto de discriminacin; se trata de tener una voz en el lugar de trabajo y en la comunidad. En las situaciones ms extremas, se trata de pasar de la subsistencia a la existencia. Para muchos, es la va fundamental para salir de la pobreza. Para muchos otros, se trata de realizar las aspiraciones personales en la existencia diaria y de manifestar solidaridad para con los dems. Y en todas partes, y para todos, el trabajo decente es un medio para garantizar la dignidad humana."

Compromiso del gobierno colombiano con el trabajo decente y los derechos humanosJueves, 16 de Diciembre de 2010

SANTIAGO El Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzn, destac el compromiso de su gobierno con el respeto integral del trabajo decente y de los derechos humanos en un discurso pronunciado en el marco de la 17 Reunin Regional Americana de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT). La experiencia nos est demostrando que los pases que ms han avanzado con economas altamente competitivas, son al mismo tiempo pases con mejores empleos decentes, mejores indicadores en calidad de vida de poblacin y de respeto a los derechos humanos, seal el Vicepresidente Garzn.

En un discurso pronunciado durante el tercer da de sesiones de la 17 Reunin Regional Americana de la OIT, que tiene lugar entre el

Intervencin del Vicepresidente Angelino Garzn en la plenaria de la XVII Reunin Americana de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT)Santiago de Chile, 16 de diciembre 2010

Seor Presidente, Seor Director General de la OIT, Seoras y Seores Delegados: En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia reciban nuestro fraternal saludo, el cual hacemos extensivo al Gobierno y al pueblo de Chile. Al agradecer al Seor Director General de la OIT, la invitacin a esta sesin plenaria, les expreso tambin, el saludo y la voluntad poltica de Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, de continuar trabajando de la mano con la OIT en el desarrollo de polticas pblicas a favor del empleo decente, del dilogo social, de la seguridad social integral, de la erradicacin del trabajo infantil y de la promocin y respeto de las libertades sindicales y de los derechos laborales como parte integrante de los Derechos Humanos. Tal como se lo hemos expresado a los empleadores y a los trabajadores colombianos, como tambin a los Representantes de la OIT, de otros Organismos Internacionales, a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana en su conjunto, es poltica y compromiso del

Gobierno colombiano, el de trabajar incansable y decididamente junto con la sociedad civil y la comunidad internacional, por el respeto integral de los Derechos Humanos, incluyendo los laborales y ambientales como parte de los mismos. En la bsqueda de materializar dicho propsito, el Gobierno nacional tambin se ha comprometido entre otras, con las siguientes metas:1. 2. 3. 4. 5. Crecimiento econmico en promedio anual de un cinco por ciento con relacin al producto interno bruto Creacin de tres millones de empleos nuevos con salarios dignos y seguridad social integral Disminucin de la pobreza y de la miseria, reducindola de un 44% a un 36% Avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo del Milenio Lucha decidida contra la impunidad, contra la corrupcin y contra la criminalidad organizada que vienen adelantando los grupos armados ilegales, tales como las bandas criminales, el narcotrfico, los paramilitares y la guerrilla Fomento a la prctica del dilogo social, del entendimiento y la concertacin con los diversos sectores de la sociedad civil, con las otras Instituciones del Estado y con los Gobiernos Regionales y Locales Relaciones de amistad, cooperacin y de entendimiento con todos los pases del mundo, empezando por los de la Regin y con los diversos Organismos Internacionales.

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Colombia es un pas en progreso en lo econmico, en lo social, en el fortalecimiento de sus Instituciones Democrticas, en su normatividad jurdica a favor de los Derechos Humanos, incluyendo los derechos econmicos, sociales, culturales y ambientales, lo mismo que los relacionados con los derechos de la mujer, de los nios y nias, de la juventud, de las comunidades afro descendientes, indgenas y de la poblacin LGTBI. Tambin somos un pas en progreso en la lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, el narcotrfico y en fin, contra toda la actividad violenta de los grupos armados ilegales. Pero a pesar de estos avances, reconocidos muchos de ellos por la propia comunidad internacional, empezando por la Comisin de Normas y otros procedimientos de la OIT, el Gobierno Nacional est plenamente consciente de las dificultades, de los desafos y de los problemas que an tenemos, entre ellos, las graves consecuencias que nos ha dejado la irracional violencia que hemos padecido durante los ltimos 62 aos. A ella se agrega los niveles de inequidad social, de desempleo, de corrupcin y de prcticas excluyentes que an tenemos, lo mismo que la absurda y criminal violencia de que somos vctimas tanto el Estado como la poblacin civil, entre ella, los trabajadores y trabajadoras afiliados a los sindicatos, las mujeres, los maestros y maestras, las minoras tnicas y otras poblaciones vulnerables, los defensores de Derechos Humanos, diversos sectores empresariales, polticos y personas vinculadas al sector pblico. La ruta que hemos escogido para contribuir el fortalecimiento de Colombia como un pas moderno y con prosperidad democrtica no es tarea fcil, mucho ms, cuando Colombia no ha logrado un clima de total paz y cuando todava los grupos armados ilegales tienen capacidad de hacernos dao tanto al Estado como a la poblacin. En el marco del desarrollo de esa ruta, tambin hemos tomado la decisin de avanzar en la reparacin a las vctimas de la violencia y en la restitucin de tierras a la poblacin campesina que fue despojada de las mismas de manera violenta y fraudulenta.

El Estado colombiano ha reconocido que ms de tres millones de vctimas, incluyendo poblacin desplazada, tienen derecho a ser reparadas, superndose as, el absurdo que por muchos aos el Estado y diversos sectores de la sociedad civil, fuimos ms generosos con los victimarios y poco sensibles al dolor de las vctimas. El proceso de reparacin a las vctimas de tan irracional violencia, est proyectado a quince aos, con una inversin aproximada a los 25 mil millones de dlares y con un enfoque diferencial y de prioridad, empezando por los nios y las nias, las mujeres tanto viudas como cabeza de hogar y las personas en condiciones de discapacidad, entre ellas, las que han quedado mutiladas por la cruel y criminal prctica de la guerrilla de las minas antipersonal. Nuestra decisin es cumplirle a las vctimas y por eso le solicitamos a la OIT como al conjunto de la comunidad internacional a que nos ayuden con sus conocimientos y experiencias a fin de no fracasar. Lo mismo queremos para la poltica de generacin de empleo decente. Colombia, hace ms de quince aos no logra llevar el desempleo a un dgito, lo que nos ha colocado como uno de los pases de Amrica Latina y el Caribe con las mayores tasas de desempleo y el cual afecta de manera especial a las mujeres, a los y las jvenes, lo mismo que a la poblacin afro descendiente. En la decisin que tenemos de trabajar por llevar el desempleo a un dgito antes de que termine nuestro mandato de Gobierno en agosto del 2014, hemos logrado que el Congreso de la Repblica nos apruebe en el da de ayer, la Ley sobre el primer empleo y en la cual, qued claramente estipulado, que se prohbe a partir del ao 2013, tanto en el sector pblico como privado, la contratacin de trabajadores y trabajadoras a travs de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediacin laboral o bajo cualquier otra modalidad de vinculacin que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. Igualmente qued establecido, que el servidor pblico que contrate con cooperativas de trabajo asociado para el desarrollo de actividades misionales incurrir en falta grave. Coincidimos con el informe presentado a esta Reunin Regional por el Seor Juan Somava, Director General de la OIT, en que es necesario no slo avanzar en ms empleos sino que estos deben ser de calidad, es decir con salarios justos y seguridad social integral. La experiencia nos est demostrando, que los pases que ms han avanzado con economas altamente competitivas, son al mismo tiempo, pases con mejores empleos decentes, mejores indicadores en calidad de vida de la poblacin y de respeto a los Derechos Humanos. En la consolidacin de polticas pblicas y de buenas prcticas empresariales a favor del empleo decente, es muy importante seguir exigindonos ms por logros de mayor impacto con relacin al compromiso que tenemos como gobernantes y como padres de familia por la erradicacin del trabajo infantil. Es un verdadero absurdo y una vergenza para cualquier Estado o sociedad, que mientras millones de adultos estn desempleados al mismo tiempo, haya millones de nios y nias que estn trabajando. Es verdad que en muchos pases hemos avanzado en la erradicacin del trabajo infantil, pero mientras haya un solo nio o nia que est trabajando, que sea vctima de maltratos, de prcticas de reclutamiento forzoso a grupos armados legales o ilegales, de violaciones a su dignidad o que se encuentre en la calle mendigando un pedazo de pan para mitigar el hambre, ningn gobernante, empresario, sindicalista o ser humano, podremos estar o dormir tranquilos, porque sencillamente los nios y las nias son el principal patrimonio de la humanidad y lo que no hagamos en el presente por ellos, sencillamente maana ser tarde.

Desarrollo econmico, negocios, economas ms productivas y competitivas, lo mismo que tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, no pueden desligarse por parte de los Gobiernos y de los Empleadores, de compromisos muy precisos en materia de generacin de empleos decentes, de polticas de responsabilidad social empresarial incluyendo las relacionadas con la proteccin del medio ambiente sano y sostenible, de respeto a las libertades sindicales como parte integrante de los Derechos Humanos y de no discriminacin a la mujer. Es bueno recordar que en el mundo de hoy, no slo se globalizaron los negocios y las telecomunicaciones entre otros, sino que tambin se globalizaron los Derechos Humanos, que son los derechos de las personas a vivir mejor. En esa perspectiva, queremos invitarlos a que nos acompaen en el proceso que hemos acordado el Gobierno nacional, otras Instituciones del Estado, Representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, encaminado a la realizacin en diciembre del 2011 de la Conferencia Nacional de Derechos Humanos y cuyo objetivo fundamental es la consolidacin de una agenda comn y la creacin de la Oficina o Centro nacional permanente de Derechos Humanos con participacin del Estado, de la sociedad civil y acompaamiento de la comunidad internacional. En el caso de Colombia, es poltica del Gobierno, la defensa tanto de los sindicatos como de los gremios empresariales como Instituciones de la Democracia. En tal sentido, condenamos enfticamente los asesinatos de trabajadores afiliados a los sindicatos y de sus dirigentes, las amenazas de muerte contra muchos de ellos, lo mismo que cualquier accin criminal contra los empresarios. En esa perspectiva, continuaremos reforzando los esquemas de seguridad y proteccin para ms de 1600 dirigentes sindicales y conjuntamente con los voceros sindicales y empresariales, con el acompaamiento de la OIT, queremos seguir reforzando todo el trabajo que nos permita luchar contra la impunidad, para que haya pronta justicia que permita sancionar a los responsables de los crmenes de sindicalistas y para que juntos todos, entendamos que la violacin de las libertades sindicales, es una clara violacin de los Derechos Humanos. Reitero desde esta tribuna, la voluntad del Gobierno colombiano, de trabajar de manera permanente con la OIT, con su Comisin de Normas y con el Comit de Libertad Sindical, para que Colombia, contine avanzando por el camino de respeto a las garantas y libertades sindicales, y de impulso al dilogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno. Por eso le damos tanta importancia a la Comisin Tripartita de la OIT que al ms alto nivel nos visitar en el prximo mes de febrero y desde ya, les manifestamos que de parte del Gobierno colombiano, tendrn no solo todo nuestro apoyo para el xito de su gestin, sino tambin toda nuestra receptividad para que sus recomendaciones nos ayuden a consolidar a Colombia como un pas en progreso. En este propsito, destaco como hecho positivo, la decisin que han tomado los empresarios colombianos de colocar en su agenda de trabajo todo lo relacionado con el fortalecimiento de la poltica de Estado en materia de Derechos Humanos, incluyendo lo referente no solo a los temas laborales sino tambin a sus derechos relacionados con el respeto a las libertades econmicas. Igualmente, quiero informar a todos los delegados y delegadas presentes en esta conferencia, que el Gobierno de Colombia, hoy tiene la decisin de crear de nuevo el Ministerio de Trabajo, separando del actual Ministerio de la Proteccin Social, los temas de salud pblica con los temas de trabajo. Creo que la OIT, tal como recientemente se lo expres a su Director General, tiene una excelente oportunidad de asesorar a Colombia, en todo lo relacionado sobre la misin y visin que debe tener un Ministerio de Trabajo para el siglo XXI y su rol tan

importante en temas como la inspeccin laboral, la seguridad social integral, el futuro de las pensiones, la igualdad de gnero, el primer empleo, el empleo decente, productividad y salarios, dilogo social, relaciones laborales ms fraternas y polticas laborales incluyentes haca personas en condiciones de discapacidad. Tambin quiero invitar a todos los delegados y delegadas a esta reunin, a que reflexionemos y analicemos cmo podemos seguir avanzando a favor de los trabajadores migrantes y por el respeto a su dignidad y para que no sean perseguidos, maltratados o vctimas de prcticas racistas y xenofbicas. En el caso de Amrica Latina y el Caribe, una herramienta que hoy contamos, es el compromiso que se aprob por consenso en la cumbre Iberoamericana de mayo de 2007 aqu en Santiago de Chile en materia de Seguridad Social Integral para la poblacin migrante. La tarea siguiente debe ser que cada pas lo ratifique y lo implemente para bien de los Derechos Humanos de la poblacin migrante. En materia de seguridad social integral, tambin deberamos preocuparnos por el presente y futuro de millones de personas que habitan en nuestra regin y que hoy estn en condiciones de discapacidad y que tienen el derecho a no ser ignoradas, excluidas y a vivir dignamente tal como lo han planteado varias Resoluciones de Naciones Unidas o la primera cumbre de Vicepresidentes de la Regin llevada a cabo en Quito Ecuador el pasado 10 de diciembre. En ese mismo sentido, debemos actuar frente a las personas afectadas por el VIH-SIDA tal como lo viene planteando tanto la OIT como la Organizacin Mundial de la Salud. En esa perspectiva, invito, a los Representantes de los Gobiernos, de los Empleadores y de los Trabajadores para que en cada pas y a travs del dilogo social, trabajemos de manera conjunta en la implementacin de las recomendaciones que se acuerden en esta conferencia y para que las diferencias y conflictos que muchas veces se presentan en las relaciones laborales o entre los diversos actores del mundo del trabajo, no nos lleven a renunciar o a dejar a un lado la cultura del dilogo social, porque la misma no solo es un principio fundamental del tripartidismo, sino tambin un pilar muy importante para mejorar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, la productividad y competitividad de las empresas, y para la construccin y consolidacin de unas relaciones laborales ms fraternas. Agradezco igualmente, en nombre del pueblo de Colombia, toda la solidaridad y ayuda humanitaria que nos ha venido prestando la comunidad internacional a raz de la cruda ola invernal que hemos venido sufriendo en Colombia en los ltimos meses y que hasta el momento nos ha dejado ms de dos millones de personas damnificadas y cerca de 600 personas entre muertas, desaparecidas y heridas, lo mismo que la afectacin de miles de viviendas, de centros escolares, de salud, de empresas, de buena parte de la infraestructura vial del pas y cuyas consecuencias sociales ya las estamos viviendo, incluyendo la prdida de miles de empleos tanto en la parte urbana como rural. Es la ms dura tragedia natural que ha vivido Colombia en toda su historia y calculamos que tanto la ayuda humanitaria que estamos brindando a la poblacin como las obras de reconstruccin del pas, requerirn de una inversin aproximada a los cinco mil millones de dlares. Por eso una vez ms gracias por toda la solidaridad de la comunidad internacional pero al mismo tiempo, en medio de sta tragedia, mantendremos nuestro espritu de solidaridad con todos los pueblos del mundo que vivan tragedias similares, tal como lo hemos hecho recientemente con el pueblo de Venezuela que est viviendo una situacin similar a la de nosotros. Al reiterarles el saludo fraternal del Gobierno y del pueblo de Colombia, invito a todas las personas presentes en esta importante Reunin Regional de la OIT, a los millones de seres humanos que Ustedes representan, a que nos unamos en propsitos comunes como es la causa de los Derechos Humanos, entre ellos los

derechos de los nios y nias a tener un presente mejor, de las mujeres a no ser excluidas o maltratadas, de la juventud a volver realidad su derecho a la educacin y al empleo, de los trabajadores a tener empleos decentes y salarios justos. En fin, para que juntos todos y todas, empleadores, trabajadores y gobiernos, hagamos un frente comn, por un mundo mejor, sin violacin de los Derechos Humanos, con mejores gobiernos y mayor democracia, porque al final de cuentas la democracia tiene sentido, como gobernar tiene sentido, si primero son los seres humanos empezando por los nios y las nias. Muchas gracias.

14 y 17 de diciembre en Santiago, Garzn se refiri a la necesidad de vincular polticas econmicas y comerciales con polticas laborales y sociales. Desarrollo econmico, negocios, economas ms productivas y competitivas, lo mismo que tratados de libre comercio o acuerdos comerciales, no pueden desligarse de la generacin de empleos decentes, de polticas de responsabilidad social empresarial, incluyendo las relacionadas con la proteccin del medio ambiente , de respeto de las libertades sindicales y de no discriminacin de la mujer. Garzn seal que el gobierno del Presidente Juan Manueal Santos Caldern persigue una serie de metas laborales y sociales de cara al 2014, incluyendo la creacin de tres millones de puestos de trabajo con salarios dignos y seguridad social integral y la disminucin de la pobreza y de la miseria, reducindola de un 44 por ciento a un 36 por ciento. El Vicepresidente Garzn tambin destac el compromiso del gobierno colombiano con el proceso de reparacin de las vctimas de la violencia, mediante la inversin aproximada de 25.000 millones de dlares durante los prximos 15 aos, que tendr como prioridad a las nias y nios, las mujeres viudas y las personas con discapacidad. Garzn tambin seal que es poltica del gobierno colombiano la defensa de los sindicatos y de los gremios empresariales como instituciones clave de la democracia. En tal sentido, condenamos enfticamente los asesinatos de trabajadores afiliados a los sindicatos y de sus dirigentes, las amenazas de muerte contra muchos de ellos, lo mismo que cualquier accin criminal contra los empresarios, dijo. Garzn tambin aprovech la oportunidad para reiterar la voluntad del gobierno colombiano de trabajar de manera permanente con la

OIT, con su Comisin de Normas y con el Comit de Libertad Sindical para que Colombia contine avanzando por el camino del respeto a las garantas y libertades sindicales, y de impulso al dilogo social entre empresarios trabajadores y gobierno.