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Víctimas en el cálculo político

Por Fernando Sarmiento*

Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano y sus defensores fue la característica constante del gobierno de Uribe en sus ocho años de perma-nencia en el poder. Así, los derechos de las víctimas se fueron internando en un limbo, mientras el Ejecutivo

presentaba las normas diseñadas como un éxito y modelo digno de imitar a nivel mundial.

l controvertido Eduardo Pizarro fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Fondo de Víctimas de laE

Legislar de espaldas a las víctimas y no dar el debate político ante los principales afectados del conflicto armado colombiano fue la característica constante del gobierno de Álvaro Uribe.

prefería la imposición de restricciones bajo el argumento fiscal y de suficiencia legislativa.

La segunda tensión está referida a los mecanismos de visibilización y reconoci-miento de las víctimas: una amplia moviliza-ción ciudadana contra las FARC y en abierto rechazo a la práctica del secuestro, frente a una movilización reivindicativa de los dere-chos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición.

Finalmente, la tensión que representa el asunto de la paz y la reconciliación frente a los procesos de justicia, en un contexto que no da cuenta clara del desmonte de estructu-ras paramilitares, del triunfo definitivo sobre las guerrillas de las FARC y el ELN y del con-trol de prácticas ilegales de organismos de seguridad y de la fuerza pública estatal.

Corte Penal Internacional en noviembre de 2009. En sus declaraciones a la prensa dijo: “Es un reconocimiento hecho a Colombia y a la política de reparación a las víctimas, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconci-liación como una experiencia valiosa a nivel internacional y me parece de enorme im-portancia que Colombia tenga presencia en estos espacios para aprender con humildad de otras experiencias internacionales y para aportar su propia experiencia donde hay un proceso de victimización y poca capacidad institucional como ocurre en muchas nacio-nes de África” (Semana.com, 2009).

Las víctimas y el conjunto de las organi-zaciones sociales se sorprendieron con este nombramiento, pues para ellas era inconce-bible semejante reconocimiento, mientras que la normatividad establecida presentaba serias restricciones económicas, administra-tivas y políticas para acercarse a los están-dares de reparación integral establecidos en las instancias internacionales de derechos humanos y, menos aún, que este modelo de reparación fuera replicado en otros países como exitoso y digno de imitar.

Este hecho, entre muchos otros seme-jantes, da cuenta de la configuración de un campo de tensión en la opinión pública en torno al tratamiento normativo de la situa-ción de las víctimas del conflicto armado en el que participaron parlamentarios, funcio-narios de gobierno, organizaciones defen-soras de los derechos humanos, medios de comunicación, organizaciones de víctimas y miembros de organismos internacionales a lo largo de los períodos de Uribe Vélez (2002-2006, 2006-2010).

Se pueden identificar, al menos, tres lí-neas de tensión: la primera —y quizá la más amplia y compleja— es la pugna política que se dio entre una tendencia al reconocimiento amplio de los derechos de las víctimas y la que

El costeo político de la normatividad

En junio del año 2009 el Congreso de la República decidió hundir el proyecto de Ley de Víctimas que durante dos años hizo trámite legislativo. La orden procedía di-rectamente del Ejecutivo nacional. El co-municado del 18 de junio de la Secretaría de Información y Prensa Presidencial (SP) registra: “El Gobierno Nacional, en reunióncon algunos proponentes del Proyecto de Ley de Víctimas, ha pedido que no se apruebe el Acta de Conciliación porque un costo superior

a los $80 billones crearía un trauma irrepa-rable a las finanas del Estado, haría imposi-ble la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del mo-mento (Caracol radio, 2009).

Las declaraciones públicas del mismo Presidente en esos días calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de segu-ridad democrática por igualar a policías y sol-dados con los terroristas (Presidencia, 2009).

Las reacciones de los proponentes del proyecto no se hicieron esperar. El sena-dor liberal Juan Fernando Cristo afirmó a la prensa que “El Gobierno está demos-trando que le interesan más los victima-rios que las víctimas; y esto se ve en que se aprueba el principio de oportunidad1 para beneficiar a los paramilitares des-movilizados pero no se hizo lo mismo con la ley que resarcía a las víctimas”.

Cuatro años atrás, en junio de 2005, el legislativo había promulgado la Ley 975 con el objeto de “facilitar los procesos de

Paz

Las declaraciones públicasdel Presidente calificaban a la ley de víctimas como un golpe a la política de seguridad demo-crática por igualar a policías y

soldados con los terroristas

“”.

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paz y la reincorporación individual o colecti-va a la vida civil de miembros de grupos ar-mados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la jus-ticia y la reparación” (Diario oficial 45.980, 2005).

Izquierda: Senador Juan Fernando Cristo. Derecha: Uribe Vélez en un con-sejo en Mompós, en el que afirmó que la ley de víctimas era impagable.

En julio de 2005, el legislativopromulgó la Ley 975 para faciltar los procesos de paz y la reincorpo-ración a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la jus-

ticia y la reparación

“

”.Esta ley, más conocida como Ley de Jus-

ticia y Paz, contiene en su objeto la garantía de los derechos de las víctimas. Los artículos 4 a 8 presentan tanto la definición de víctima como la de cada uno de sus derechos. En el marco de esta ley, a tres años de su vigencia, se emitió en abril de 2008 el decreto 1290 con el que se establecieron las medidas para la reparación in-dividual por vía administrativa de las víctimas de grupos armados al margen de la ley.

Estos dos documentos han sido los referentes centrales en materia de atención a víctimas en el país, no obstante la existencia de otros textos emitidos por este gobierno y re-lacionados con los temas del desplazamiento (Sentencia T-25 de 2004), desaparición for-zada (Conpes 3590 de junio de 2009), tierras y restitución de bienes (Decreto 176 de 2008 y Estatuto de Desarrollo Rural –EDR o Ley 1150 de 2007), por mencionar algunos.

La cuestión, para el presente análisis, no se centra tanto en el escenario de la nor-matividad, sino en el escenario político des-atado a raíz de la normatividad misma. La puja entre los sectores sociales y políticos fue —y sigue siendo— por el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Por un lado, las organizaciones de víctimas y ONG manifesta-ron de forma constante la necesidad y obliga-toriedad del Estado al reconocimiento pleno de los derechos. Esta postura fue reforzada por la comunidad internacional mediante la apelación a la normatividad internacional en la materia. Por otro lado, el gobierno nacional buscó una normatividad restringida de los

derechos, bajo el argumento de su viabilidad fiscal y administrativa.El partido liberal, principal abanderado del tema en el Congreso de la República, tendió por su parte hacia una postura intermedia entre las dos extremas. Los parlamentarios liberales sumaron a la motivación de reco-nocer los derechos el compromiso político con sectores sociales regionales, sectoriales y partidistas de respaldar la causa de las víc-timas del conflicto armado, más aún cuando se trataba del partido en oposición más im-portante del momento, lo que incrementaba el interés político de debatir un tema sensible para el gobierno.

Por el lado del gobierno, los cálculos para la reparación a las víctimas resultaban onerosos. Más cuando la inversión de sus re-cursos se orientó a sostener los costos de la

desmovilización paramilitar y la política de persuasión a la deserción de la insurgencia y la continuidad y fortalecimiento del es-quema de contención militar de la guerrilla, lo que ha acarreado, por supuesto, un altísi-mo gravamen por el pie de fuerza oficial. La pregunta que todo el mundo se ha hecho es cómo se coteja este argumento oficial con lo dispuesto en el Fondo para la Reparación de las Víctimas manejado por Acción Social. Cuál es el balance de las cuentas y cuál es a ciencia cierta el saldo financiero de responsabilidad estatal, contemplado en el decreto 1290.

Según las fuentes oficiales, un total de 281.661 víctimas se han registrado como tal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta mis-ma fuente informa que a finales de 2010 se ha-brá girado a las víctimas un total de $500.000 millones de pesos por reparación administra-tiva. Es decir, a razón de $1´775.183,64 por víctima, si fuera de repartirse por igual a cada persona como en una fila, para caricaturizar

absurda realidad que las víctimas enfrentan.El Fondo de Reparación ha logrado re-

caudar 35.326´556.773,00 (Alto Comisio-nado para la Paz, 2010), representados en bienes muebles e inmuebles, semovientes, automotores, aeronaves, embarcaciones, so-ciedades, algo de efectivo, etc. Es decir, poco o nada. Así las cuentas, el Estado requeriría entre 40 o 50 años para reparar a las víctimas del país. Las 281.661 víctimas son las regis-tradas en la Fiscalía, pero las organizaciones sociales y las entidades oficiales coinciden en una cifra de 4 millones de víctimas del con-flicto armado en Colombia, dato que aún se queda corto si sólo los desplazados por la violencia superan este número.

Las organizaciones socialesy las entidades oficiales coinciden

en una cifra de 4 millones de víctimas del conflicto armado

en Colombia

“”.

Así las cosas, el asunto no es meramente fiscal sino también de orden administrativo, político y so-cial. El Gobierno en Colombia se pre-paró durante los últimos diez años para hacer la guerra, pero no para asumir los costos sociales y econó-micos de sus efectos. Se nomina en el discurso normativo, impreso con claridad en el papel, los derechos de

las víctimas y la garantía de su cumplimiento, pero no existen las condiciones instituciona-les, en los distintos ámbitos territoriales, para llevarlo a cabo. El costo político de la norma-tividad hasta ahora emitida consiste en sacri-ficar a los millones de víctimas existentes, a pesar de los requerimientos internacionales, a cambio de darle sostenibilidad a la política de seguridad que probablemente demandará

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la concentración de los esfuerzos del Estado por muchos años más.

De este modo, la tensión de las opinio-nes parece trenzarse en un asunto que no se resolverá administrativamente en el corto o mediano plazo. El reconocimiento de los derechos de las víctimas de forma amplia e integral tendrá que esperar muchos años más. Mientras tanto, se impone por la vía de la administración una fórmula restrictiva fundamentada en la apuesta de la política del uribismo, que se extiende en el tiempo. Entre tanto, como está dicho, la campaña gu-bernamental que pretende presentar ante el mundo la política de atención a víctimas en Colombia como única y exitosa refuerza la justificación del gobierno de aplazar una ver-dadera resolución del problema en el corto plazo.

El valor simbólico de la movilización

Dada esa situación, adquiere especial importancia este segundo aspecto en el ba-lance. El recurso del que tanto víctimas como familiares disponen para hacer visible su realidad es el de la movilización. En tanto el Ejecutivo y sus delegados en el Congreso legislaban sin dar el debate con las víctimas respecto a sus requerimientos, las calles y los recintos se saturaban de carteles y aren-gas exigiendo verdad, justicia, reparación y protección de la vida frente a las constantes amenazas y homicidios que se cometían (que aún se cometen)2.

Las bases de datos del CINEP/Programa por la Paz registraron durante los últimos diez años un incremento importante en el país de la movilización de las víctimas y sus organizaciones de apoyo (CINEP/Progra-ma por la Paz, 2009)3. Sus demandas se han orientado a la defensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exigencias directas al Estado para que garantice el cum-plimiento integral de sus derechos, entre los que se contabilizan exigencias por despojo de tierras, violación al DIH y a los derechos fun-damentales, etc.

El recurso que tantovíctimas como familiares dispo-nen para hacer visible su realidad es el de la movilización. Sus de-mandas se han orietado a la de-fensa de la vida, el rechazo a las distintas formas de violencia y exi-

gencias directas al Estado

“

A su vez, tal movilización se ha dado también en torno a la búsqueda de alternati-vas a la violencia, construcción de planes de vida, procesos de dignificación de las vícti-mas, recuperación de la identidad, procesos organizativos y de articulación y reconstruc-ción del tejido social. Diversos sectores so-ciales han sido victimizados: mujeres, indí-genas, negritudes, campesinos, sindicalistas, empresarios, comerciantes, LGBT, funciona-rios públicos, defensores de DDHH. Gente de todas las edades y estratos sociales que han sido víctimas de homicidios, desapariciones, masacres, secuestros, extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado, minas antiperso-nales, “falsos positivos” (ejecuciones extra-judiciales), despojo de tierras y de bienes, violaciones, agresiones, etc. en una lista que desborda el límite de las atrocidades humanas.

Pero, a su vez, esta movilización de las víctimas y de los sectores que las apoyan presenta en su interior, además de gran va-riedad de sectores y formas de victimización, diversidad de opiniones que se expresan en la plaza pública. Durante el gobierno de Uri-be se han presentado dos principales formas de la movilización: manifestaciones en contra del secuestro —que han sido a su vez una for-ma de rechazo a las FARC— y acciones que exigen los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, además de las demandas de protección de la vida. La gráfica (abajo) muestra la propor-cionalidad de motivos de las movilizaciones (Un análisis más detallado de estos proce-sos se hace en el artículo Movilización por

la paz: el papel de las víctimas en esta misma edición).

Las marchas del 4 de febrero y la del 6 de marzo del año 2008 son representativas de esas dos formas de movilización. La pri-mera expresa el sentir de la ciudadanía fren-te al secuestro y su principal perpetrador, las FARC. La segunda recoge las expresiones de los sectores sociales afectados por otros motivos de la violencia. Las manifestaciones en torno al secuestro se han concentrado en las principales ciudades y capitales del país, mientras que las movilizaciones por los de-rechos en general proceden de las regiones y los municipios, en la mayoría de los casos de zonas afectadas por la violencia.

En el conjunto de la opinión pública se ha venido dando un proceso de polarización social, al que se han integrado las dos formas de movilización comentadas. Las manifes-taciones contra las FARC se relacionaron al discurso oficial de desprestigio de la guerri-lla, mientras que las reivindicaciones por los derechos fueron asimiladas al discurso de la oposición, incluso al de los “terroristas”. Por su parte, la prensa favoreció el discurso ofi-cial, dándole mayor despliegue al tema del secuestro y reforzando el desprestigio de la guerrilla, provocando con ello la marginali-dad ante la opinión pública del conjunto de las demandas sociales sobre los efectos de la violencia que, como lo muestra la gráfica, es de importantes proporciones.

Con ello se ha provocado que las movi-lizaciones sociales también hagan parte del campo de disputa política para la opinión

”.

Motivos de paz negativa en la movilización social en ColombiaACP 2002 - 2008

Fuente: DATAPAZ, CINEP/ Programa por la Paz

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Asesinatos, masacres y desapariciones Ataques a población y/o bienes civiles

Inseguridad y violencia generalizada Secuestros y retenciones

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pública, escenario en el que se han reforzado las posi-ciones de legitimación de las políticas oficiales y el descrédito de las opiniones adversas, lo que redunda negativamente en el recono-cimiento y visibilización de la realidad de las víctimas del conflicto armado y sus derechos. No obstante, la movilización sigue siendo el recurso disponible de las víctimas y sus organizacio-nes para poner en la opinión su situación. En este sentido aún hay trecho por recorrer en Colombia, donde la situa-ción de violencia persiste y el conflicto arma-do sigue siendo noticia de cada día.

La marcha del 4 de febrero de 2008 expresó el sentir de la ciudadanía frente al secuestro y su principal perpetrador, las FARC y se concentró en las principales ciudades del país.

El saldo social de la reconciliación yla paz

El balance hasta el momento va arro-jando dos conclusiones importantes: en pri-mer lugar la ausencia de una normatividad favorable al reconocimiento pleno e integral de los derechos de las víctimas y una insti-tucionalidad que la promueva y la sostenga. En este sentido, está en vilo lo que pueda suceder con el nuevo Congreso instalado el pasado 20 de julio y con el comportamiento del nuevo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en esta materia. En segundo lugar, se cuenta con un proceso de fortaleci-miento organizativo y de articulación de las víctimas, que se expresa en la capacidad de movilización pública y la demanda de sus de-rechos. El asunto es avanzar en la configura-ción de una opinión pública favorable a la paz y al reconocimiento positivo de la situación de las víctimas.

El asunto es avanzar en laconfiguración de una opinión favorable a la paz y al reconoci-miento positivo de la situación

de las víctimas

“”.

En el marco de la Ley de Justicia y Paz se desmovilizaron a julio de este año 31.671 hombres y mujeres de las AUC.

2009). El proceso de re-conciliación en Colombia parece poner como con-dición avanzar en el escla-recimiento de la verdad y la aplicación de la justicia. Los sectores más radicales tienden a este postulado, mientras las esferas ofi-ciales insisten en las vías pragmáticas para resolver el asunto de la reconcilia-ción, aunque en ello se en-frente a grandes dilemas éticos, como lo expresa el mismo Comisionado de Paz: “Hacemos esto por un bien superior que es la

paz. Estos temas de política pública no son fáciles porque presentan dilemas éticos en su concepción y en su ejecución y por eso hay que tener muy claro que trabajamos para los ciudadanos y por los bienes superiores, como en este caso, la paz” (Alto Comisionado para la Paz, 2010).

Para sectores como la Iglesia católi-ca, la paz no es posible sin la reconciliación, por ello se hace necesario avanzar en ambos sentidos de forma unificada en la sociedad: “El Acuerdo Nacional por la Paz y la Recon-ciliación busca que se suscriba un consenso por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, en el que se convengan unos Mínimos de Paz y Reconciliación que permitan superar los conflictos sociales y la confrontación armada que vive Colombia”.

De conjunto, para finalizar, en materia de víctimas, todavía es necesario recorrer el camino de la reconciliación y la paz, antes de cantar victoria con una normatividad y una política de atención al problema que ha mos-trado sus profundas carencias. Menos, pre-tender que un esquema semejante sea apli-cable a otros países que podrían encontrar mejores formas de resolver sus conflictos.

resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz en términos de conocimiento de verdad dejan grandes dudas.

En el marco de la Ley se desmovilizaron a julio de este año 31.671 hombres y mujeres de las AUC, de un total de 53.037 militantes de grupos ilegales, entre los que se cuentan las guerrillas (CINEP/Programa por la Paz, 2009). De ese total, tan sólo 4.346 fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, de los cuales 352 pertenecen a grupos distintos a las AUC. Tan sólo 1.514 de los 4.346 han ter-minado de dar versiones libres y 429 se en-cuentran en distintas etapas procesales ante-riores a la sentencia condenatoria.

De todo ello, finalizando el mes de junio de 2010, tras cumplirse cinco años de la Ley de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Bo-gotá condenó los dos primeros paramilitares por la masacre cometida en Mampuján, co-rregimiento de María La Baja en Bolívar. Val-ga enunciarlos, los jefes paramilitares, ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ (Verdadabierta.com, 2010). Dos de treinta y un mil. Es claro que se han presentado avances en el esclare-cimiento de la verdad, por ejemplo, cuando paramilitares en sus versiones han confesado hechos. A ello es necesario sumarle el trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacio-nal de Reparación y Reconciliación.

Las críticas de las organizaciones socia-les sobre el diseño y aplicación de esta ley muestran el descontento. Su balance afirma que tras el quinquenio de la ley el país se en-cuentra aún sin justicia y sin paz (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado,

El balance muestra que queda aún un saldo pendiente: el de la reconciliación y la paz, que se encuentra ligado a la deuda de jus-ticia y a los requerimientos de verdad y repa-ración de las víctimas. La verdad y la justicia están en vilo. Dadas por contadas las limita-ciones al acceso a la verdad con la extradición de 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, los

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Paz

*Fernado SarmientoCoordinador del proyecto

Iniciativas de PazCINEP/ Programa por la Paz

Referencias• Alto Comisionado para la paz, 2010, “Avances en la ley de justicia y paz”, julio. Disponi-ble en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/index.asp• Alto Comisionado para la paz, 2010, “La invitación es que nos unamos para transitar hacia la reconciliación: Frank Pearl”, 22 de julio. Disponible en:http://www.altocomisio-nadoparalapaz.gov.co/web/noticias/2010/julio/julio_22_10a.html• Caracol radio, 2009, “El gobierno le pidió al Congreso hundir la ley de víctimas”, 19 de junio. Disponible en: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=831227• CINEP/Programa por la Paz, 2009, Informe especial, “El reto de las víctimas: el reco-nocimiento de sus derechos”, diciembre. Disponible en: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/Informe%20Especial%20Cinep%20-%20PPP_%20Victimas.pdf• Diario oficial 45.980, 2005, “Ley 975 de 2005”. Disponible en: http://www.altocomisio-nadoparalapaz.gov.co/web/justicia_paz/documentos/Ley1_975.pdf• El Espectador, 2009, “Ley de víctimas se hunde ante presión del gobierno”, 18 de junio. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo146500-ley-de-victimas-se-hunde-presion-del-gobierno• Ministerio del Interior y de Justicia, 2008, Decreto No 1290 de 22 de abril 2008, 22 de abril. Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6261.pdf• Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, 2009, Sin justicia y sin paz, octubre. Disponible en: http://www.movimientodevictimas.org/images/stories/protec-cion/juridica_baja.pdf• Oficina del Alto Comisionado para la paz, 2010, “Buscando un equilibrio entre la justicia y la paz: avances y perspectivas de la Ley 975 de 2005”, junio. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/web/publicaciones/buscando%20equilibrio/Buscan-do%20un%20equilibrio%20entre%20la%20Justicia%20y%20la%20Paz.pdf• Presidencia, 2009, “Ley de Víctimas era impagable y le daba un golpe a la Seguridad Democrática”, 20 de junio. Disponible en: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/ju-nio/20/01202009.html• Semana.com, 2009, “Eduardo Pizarro elegido en fondo de víctimas de la CPI”, 19 de noviembre. Disponible en: http://www.semana.com/noticias-nacion/eduardo-pizarro-elegido-fondo-victimas-cpi/131513.aspx• Verdadabierta.com, 2010, “Las víctimas de Mampuján apelan la primera sentencia de Justicia y Paz”, 30 de junio. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/2530-ipor-que-las-victimas-apelaron-la-primera-sentencia-de-justicia-y-paz

Notas1 La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la reforma al Principio de Oportunidad, con la cual se busca darle una salida jurídica a los 20 mil desmovilizados de las autodefensas que se encontraban en el limbo jurídico. El Prin-cipio de Oportunidad busca cesar investigacio-nes penales a personas que pertenecen a gru-pos criminales de medios y bajos mandos, pero no cobija a los cabecillas de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, como tampoco los delitos de lesa humanidad y terrorismo.

2 Desde el asesinato en el 2005 de Yolanda Iz-quierdo, la campesina que lideraba a los cam-pesinos de Córdoba despojados por Carlos Castaño y su familia, el Ministerio del Interior contabiliza 1.471 solicitudes de protección a víctimas y testigos de la Ley de Justicia y Paz. De ellas, 214 personas han sido cobijadas con medidas de protección especial luego de un es-tudio de la Policía encontrara que estaban en ’riesgo extraordinario’. Extracto de “Ya son 45 los líderes de víctimas asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres”, Junio 3 de 2010.

3 Este informe va al centro del conflicto a tra-vés del creciente proceso de visibilización de las víctimas. Desconocer su existencia y no atender la complejidad de sus demandas es insistir en la negación del conflicto colombiano. La guerra, que aún se libra, sus efectos y cifras aún alar-mantes, es apenas el asomo de un conflicto más profundo, del que cada vez parecemos es-tar más lejos de afrontar y resolver.

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