Plan de acción para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

“JUNTOS HACEMOS EL CAMBIO”

Gustavo López Orrego Alcalde

CONCEPCION “PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE COLOMBIA”

Parque Principal, Cr. 21 N° 19-23 Conmutador . 856 7083, 7084, 7106 , 7274 fax 856 70 85.

alcaldia@concepción-antioquia.gov.co

www.concepcion-antioquia.gov.co

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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

CONCEPCIÓN

2013







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COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL

CONCEPCIÓN 2012

GUSTAVO ALONSO LÓPEZ ORREGO

Alcalde Municipal

MILADIS RENDON LÓPEZ

Secretaria de planeación y obras públicas.

WILDER ALONSO GIL ZAPATA

Secretario de gobierno y educación.

DIANA PATRICIA RÍOS VANEGAS

Directora local de salud.

HAROLD ALEXANDER GARCÍA ALZATE

Personero Municipal.

LIGIA DE JESUS GONZALEZ

OLGA RUTH AGUDELO ZAPATA

NOELIA DEL SOCORRO RESTREPO SANCHEZ

Representantes de las víctimas.

GRUPO DE APOYO

PERSONERÍA

POLICIA NACIONAL

EJERCITO NACIONAL







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EQUIPO FACILITADOR DE LA ELABORACION

PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL

ANA INES VALENCIA LÓPEZ

ENLACE MUNICIPAL “ATENCION A LAS VICTIMAS”

ERMILDA CASTAÑO

PSICOLOGA

HOSPITAL JOSE MARÍA CÓRDOBA

PERSONERÍA MUNICIPAL

UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

MINISTERIO DEL INTERIOR.







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PROLOGO

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, incorpora avances en términos del reconocimiento y dignificación para la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado, dando aplicación a los estándares internacionales en materia de atención y reparación. Es una apuesta dentro del marco del modelo de Justicia Transicional colombiano que, por 10 años, implica un esfuerzo de todo el Estado colombiano para que las víctimas superen la vulnerabilidad causada por graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos, transiten hacia el Goce Efectivo de sus Derechos y de esta manera sean reparados de forma integral. La compleja situación que atraviesa el país, hace que la aplicación de mecanismos de Justicia Transicional no sólo conduzca a enfrentar las consecuencias nefastas del conflicto armado, sino también a cimentar las bases de ese puente que se requiere para hacer tránsito hacia una situación de paz. En este sentido, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras propone una serie de mecanismos que buscan reducir las brechas de desigualdad social generadas por el conflicto para que en un futuro, cuando se empiece a allanar el camino hacia la paz, éste no se construya sobre bases de inequidad que puedan devenir en la reactivación de los espirales de violencia. Por eso se han utilizado mecanismos de la Justicia de Transición aún sin que el conflicto, haya terminado y se busca que mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y la adopción de herramientas de reconciliación que propenden a la materialización de las garantías de no repetición, se establezca una salida a la confrontación armada. Así, uno de los mayores desafíos que enfrenta el Gobierno Nacional es lograr una plena y exitosa implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto supone, sin duda, un esfuerzo conjunto entre la institucionalidad pública nacional, regional y local, y la participación eficaz de las víctimas, organizaciones







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sociales, empresa privada, organismos de cooperación internacional y la sociedad en general. Teniendo en cuenta los roles y responsabilidades establecidas en la normatividad, las entidades territoriales juegan un papel decisivo para superar este desafío, para lo cual requieren de un adecuado acompañamiento desde el Gobierno Nacional, en particular de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas como coordinador Nación-Territorio y de los Ministerios del Interior, Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, quienes conforman el Equipo Interinstitucional.







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CONTENIDO Presentación. 1. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL Vigencia. 2. INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT 2.1 Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 2.2 Sugerencia de la Población Victima. 3. CARACTERIZACION 3.1. Caracterización del contexto local 3.2 Antecedentes del conflicto armado en el municipio y la subregión. 3.3. Caracterización de la población víctima. 3.3.1 Caracterización Población Desplazada 3.4. Caracterización de la oferta institucional disponible 4. Formulación Estratégica del PAT 4.1. Objetivos del PAT 4.2. Formulación de los componentes del PAT, incluyendo asignaciones presupuestales 5. Determinar cada cuanto se va a revisar el cumplimiento y monitoreo del PAT y prever la modificación del mismo 6. ANEXOS 6.1 Matrices







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PRESENTACION

De acuerdo con el Artículo 174 de la Ley 1448 y el Artículo 254 del Decreto 4800 de 2011, los Planes de Acción Territorial (PAT) contemplan las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, los cuales deben ser elaborados por los departamentos, municipios y distritos para una vigencia de cuatro años en concordancia con los periodos de lo mandatarios locales, y deben guardar coherencia con el Plan Nacional de Atención a Víctimas y los Planes de Desarrollo Territorial.

Los PAT deben tener en cuenta para su formulación las herramientas de planeación, gestión y presupuestos territoriales dentro de las cuales se encuentran: el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los Planes de Ordenamiento Territorial, los planes de agua, vivienda y los dirigidos a población en pobreza extrema, es decir, deben hacer parte de la apuesta de desarrollo social y local de las administraciones territoriales.

Así mismo el Decreto 4800 de 2011 contempla que los PAT, deben contener como mínimo la caracterización de las víctimas de la respectiva jurisdicción que incluya los diferentes hechos victimizantes, la asignación presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y evaluación (metas e indicadores). Es importante en los procesos de formulación, implementación, asignación de presupuesto y seguimiento al Plan, diferenciar a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, con el fin de cumplir lo ordenado por la Corte Constitucional en el marco de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de seguimiento.

En este sentido, los PAT son el principal instrumento para la implementación de programas, acciones y estrategias definidas en todos los niveles de gobierno. La adopción de los PAT para la prevención, atención, asistencia y reparación integral de todas las víctimas del conflicto armado por parte de las gobernaciones y alcaldías permite: i) coordinar acciones de diferentes instituciones de manera armónica; ii) comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales y, iii) definir los mecanismos de seguimiento que facilitarán la evaluación y la rendición de







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cuentas a la ciudadanía sobre los avances y las dificultades de las acciones implementadas.

1. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La Nación, ha generado una significativa cantidad de leyes y decretos reglamentarios, que regula y ordena, de alguna manera, la legislación de carácter nacional, el cumplimiento y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia en atención y reparación a las víctimas con programas de vivienda, asistencia médica integral, y demás derechos fundamentales: Constitución Política de 1991: Artículo 288. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establece la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Las competencias tribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. En los términos que establezca la Ley. Ley 387 de 1997: A través de esta ley se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia. Ley 418 de 1997: Prorrogada por la Ley 548 de 1999, prorrogada y modificada por las Leyes 782 de 2002 y 1106 de 2006, en lo relativo a la entrega de ayudas humanitarias a las víctimas del conflicto armado por parte del gobierno nacional. Sentencia T 025 de 2.004: Proferida por la Corte Constitucional el 22 de enero de 2004, abarca un amplio catálogo de derechos que el juez constitucional afirma están siendo vulnerados al interior del país, por un evidente “estado de cosas inconstitucional”. Decreto 250 de 2005, Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones.







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LEY 975 de 2005: Denominada de Justicia y Paz, contiene el derecho a la reparación, define el tipo de medidas que integran este concepto incluyendo la restitución, la indemnización, la satisfacción y las garantías de no repetición. Sentencia C-823 de 2005: Señala sobre los derechos de las victimas en la constitución y el fundamento de la obligación de reparar el daño causado con el delito. Ley 1190 de 2008, Artículo 2°. : A partir de la vigencia de la presente ley el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia “Cnaipd”, coordinará con los comités departamentales, municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Auto 092 de 2008: Adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.

Auto 251 de 2008: Protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas

y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el marco de la superación

del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

Auto 116 de 2008: Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 Pronunciamiento sobre la propuesta de indicadores de resultado de goce efectivo de derechos de la población desplazada presentados por el gobierno y por la Comisión de seguimiento para superar los vacíos y falencias en la batería de indicadores adoptada mediante Autos 109 y 233 de 2007. Decreto 1997 de 2009: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1190 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Artículo 1°. Funciones de coordinación. Para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1190 de 2008, Acción Social, Ministerio del Interior y de Justicia y Departamento Nacional de Planeación –DNP–, establecerán los siguientes mecanismos para asegurar que los comités departamentales, municipales y distritales formulen e implementen los Planes Integrales Únicos, PIU.







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Auto 004 de 2009: Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado. Auto 005 de 2009: Protección de los derechos fundamentales de la población afro

descendientes víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de

cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004.

Auto 006 de 2009: Sobre la protección de personas desplazadas, con discapacidad, pone de presente la alta vulnerabilidad de esa población e identifica los riesgos a que se ven enfrentados. Auto 007 de 2009: Coordinación de la política pública de atención a la población desplazada con las entidades territoriales. Auto 008 de 2009 Persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004. Auto 314 de octubre de 2009: A través del cual se hace un recuento de las diferentes órdenes emanadas de la H. Corte Constitucional frente a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional al igual que se convoca a sesiones técnicas a los Departamentos y Municipios con el fin de analizar las diferentes acciones encaminadas a este fin que han sido tomadas por las entidades territoriales, dentro del marco de los principios de coordinación y corresponsabilidad entre la nación y dichas entidades. Auto 383 de 2010. Este auto tiene por objeto evaluar los distintos informes que se

recibieron tanto por parte de las entidades territoriales que participaron en las

sesiones técnicas, como de los informes presentados por el gobierno nacional,

con ocasión del auto 314 de 2009 para identificar la problemática concreta que

enfrentan las entidades territoriales en términos de capacidad institucional,

disponibilidad de recursos, coordinación, y existencia de una política pública de







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atención a la población desplazada que responda a las necesidades y

posibilidades locales.

Ley 1448 de 2011: La Política Nacional para la atención, asistencia y reparación

integral a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia tiene como

objetivo “establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,

individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, dentro de un marco de

justicia transicional.

Decreto 4800 de 2011: Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones. El Decreto 4800 de 2011 que regula la ley 1448 de 2011 establece el enfoque humanitario que debe darse en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados, con el fin de brindar soporte humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e integridad física, psicológica y moral a la familia, el enfoque de desarrollo humano y seguridad humana por medio del cual el Estado propenderá por generar contextos culturales, socio-económicos seguros en los cuales las personas puedan potencializar sus capacidades, es otro elemento presente en el decreto. El enfoque de derechos incorporado también en este decreto tiene como finalidad el restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de las víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y finalmente el enfoque transformador de las medidas de reparación contenidas en el presente decreto busca contribuir a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando dichas condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país. En aras de precisar quién es víctima y por ende quienes los beneficiarios la ley 1448 de 2011, en su artículo 3º establece, que “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Pues bien este plan de acción está dirigido a aquellas personas que cumplan esta condición.







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Decreto 4829 de 2011: Por el cual se reglamenta el capítulo 111 del Título IV la Ley 1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras. CONPES 3712 de 2011: Plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011. Decreto 790 de 2012: Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional

de Atención Integral a la Población Desplazada por la violencia SNAIPD al

Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de

Atención Integral de Atención a la Población Desplazada -CNAIPD al Comité

Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

CONPES 3726 de 2012: Lineamientos, plan de ejecución de metas, presupuesto y

mecanismos de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación

Integral a las víctimas.

VIGENCIA. La vigencia del plan de acción se define tomando como base la vigencia de la Ley 1448 de 2011, pues es la norma rectora de tal plan. La vigencia de la Ley 1448 a partir de su promulgación es de 10 años (junio de

2011 a junio de 2021), por lo que la vigencia del plan de acción va desde su

aprobación hasta junio de 2021. Pero cada cuatro años debe ser adecuado al plan

de desarrollo respectivo.

INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAT

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, Prosperidad para Todos.

Plan de desarrollo municipal ¨Juntos hacemos el cambio¨ 2012-2015.

Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia, y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno”.

Decreto 045 de 2012: “Por medio del cual se crea el Comité de Justicia Transicional en Concepción”







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3. CARACTERIZACION

La caracterización busca identificar la situación de la población víctima del

municipio de Concepción, desde el punto de vista de las necesidades específicas

y elementos particulares para la implementación de programas, proyectos y

acciones que conlleven a garantizar el goce efectivo de los derechos a través de la

prevención, atención, asistencia y reparación integral.

3.2 CARACTERIZACION DEL CONTEXTO LOCAL.







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Fuente: Cornare SIAR. 2008

El municipio de Concepción está ubicado en la subregión del oriente antioqueño,

a 6º 23'53'' de latitud norte y a 75º 16' 01'' de longitud al oeste de Greenwich, en la

vertiente oriental de la Cordillera Central, sobre la margen izquierda del río

Concepción. Limita al norte con Barbosa y Santo Domingo, al oriente con

Alejandría, al sur con el Peñol, San Vicente y Barbosa. Perteneciente a la Zona

Embalses establecida por Planeación Departamental, junto con los municipios de

El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Granada y Alejandría, y a la subregión

Porce-Nus establecida por Cornare.

Tiene una extensión de 167 km2 y una temperatura de 19 °C. Su cabecera a una

altitud de 1.875 msnm, dista 75 km de la ciudad de Medellín por la vía de San

Vicente, la cual atraviesa la zona de mayor producción agropecuaria del municipio.

Así mismo, otra de las vías carreteable une el poblado con el municipio de

Barbosa a una distancia de 23 Km.

Dentro de la división política el municipio está dividido en 24 veredas así: Arango,

Barro Blanco, El Remango, La Candelaria, La Cejita, La Clara, La Fátima, La

Palma, La Piedad, La Sonadora, La Trinidad, Las Frías, Las Mercedes, Morro

Reyes, Palmichal, Peláez, San Bartolomé, San Juan Alto, San Juan Llano, San

Pedro Peñol Parte Alta, San Pedro Peñol Parte Baja, Santa Ana, Santa Gertrudis y

Tafetanes.







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Fuente: Atlas Veredal de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación DAP. Gobernación de Antioquia

Población: De acuerdo al DANE y las proyecciones municipales de población 2012- 2013, por sexo y grupo de edad, Concepción al culminar el año 2011 contaba con 4318 habitantes, de los cuales 1458 o sea el 33.8% corresponde a la zona urbana y 2860 o sea el 66.2% a la zona rural. Distribuidos de la siguiente manera:

EDADES HOMBRES MUJERES ZONA ZONA TOTAL







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URBANA RURAL

0-4 153 111 71 193 264

5-8 133 126 75 184 259

9-12 145 129 74 200 274

13-16 173 153 90 236 326

17-20 163 158 96 225 321

21-24 154 117 81 190 271

25-28 114 103 66 151 217

29-32 114 124 100 138 238

33-36 126 102 75 153 228

37-40 93 111 71 133 204

41-44 108 100 61 147 208

45-48 128 119 109 138 247

49-52 112 115 91 136 227

53-56 98 97 62 133 195

57-60 87 92 62 117 179

61-64 68 71 49 90 139

65-68 57 47 39 90 139

69-72 55 53 40 68 108

73-76 42 55 43 54 97

77-80 31 52 37 46 83

81- + 67 62 66 63 129

Totales 2221 2097 1458 2860 4318 Fuente Dirección local de salud, SISBEN.

VARIACION DE LA POBLACION

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012

POBLACIÓN 4.470 4.444 4.467 4.242 4.272 4.318

3.2 Antecedentes del conflicto armado en el municipio y la subregión. En este contexto, la subregión se configura como escenario de disputa armada por el control territorial de cuatro frentes guerrilleros (FARC-EP) Frentes 9 y 47 y (ELN)-Frente Carlos Alirio Buitrago y Bernardo López Arroyave y llegaron a







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confluir cuatro estructuras paramilitares de las autodefensas (Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM) con el Frente José Luís Zuluaga a mando de Ramón Isaza y alias “Mac Guiver”, el Frente Oriente del Bloque Metro al mando de “Rodrigo o Doble Cero” disidencia de las AUC, y los Bloques Héroes de Granada y Cacique Nutibara liderados por Diego Bernardo Murillo Bejarano alias “Don Berna” estos dos últimos cooptaron a los miembros del metro en la confrontación que sostuvieron “Rodrigo” y “Berna” porque el primero argumentaba que los objetivos contrainsurgentes se habían perdido con la presencia de paramilitares que tenían vínculo con el Narcotráfico, No obstante, bajo el control hegemónico del Bloque Metro en el oriente antioqueño se dio la expresión más cruda del conflicto y concentró en acciones contra la población civil como forma de garantizar su permanencia y el control de las zonas, generando una de las más graves crisis humanitarias por infracciones al DIH y obstaculización al ejercicio de derechos que se hayan presentado en el departamento y a nivel nacional.

La evolución del conflicto armado interno está determinada en la subregión por los picos que se presentan en la dinámica de la confrontación 1988-1997, 1998-2003, 2003-2006 y el periodo actual, periodos en los que en algún momento la subregión se puso a la cabeza como principal expulsor del departamento de Antioquia y una de las más afectadas por este flagelo a escala nacional.

El primer periodo 1988-1998 dado por el posicionamiento estratégico y el proyecto expansionista de las guerrillas y su protagonismo armado, Las FARC-EP en la zona de Bosques y Embalses con el Frente 9 influenciando los municipios de Alejandría, Concepción, Cocorná, Guatapé, Granada, San Carlos, San Rafael y San Luís, y en la zona de Páramo con el Frente 47 influenciando los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonson; y el ELN en la zona de Embalses y Bosques con el Frente Carlos Alirio Buitrago con presencia en los municipios de Cocorná, Granada, San Carlos y San Luís, y el Frente Bernardo López Arroyave en la zona de Altiplano con presencia en los municipios de Guarne, El Santuario, El Carmen del Viboral, Marinilla, Peñol y San Vicente.

Periodo caracterizado por el establecimiento de zonas de refugio y la iniciativa armadas de los grupos insurgentes mediante emboscadas, hostigamientos, asaltos, bloqueos y paros armados en la autopista Medellín-Bogotá, sabotajes a la infraestructura vial, eléctrica e hidroenergética y automotor, tomas, secuestros







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masivos y extorsión. Igualmente, el periodo coincide con la expansión de las AUC con el Frente José Luís Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en la zona de Bosques y Páramo hacia el oriente lejano influenciando al municipio de San Carlos, Sonsón con propósito contrainsurgente y de ampliación del dominio territorial del narcotráfico que tuvieron un gran impacto con acciones como señalamientos sobre la población civil de ser colaboradores de la guerrilla, masacres, asesinatos selectivos, amenazas y desplazamiento forzado.

Segundo periodo 1998-2003 escalamiento del conflicto por la confrontación armada de grupos ilegales, dado por posicionamiento de grupos paramilitares de autodefensas como el Bloque Metro en la zona del Altiplano influenciando los municipios del Carmen del Viboral, Marinilla y la Ceja; El Bloque Cacique Nutibara en la zona del Embalses con influencia en Granada, San Carlos e incursiones en la zona de Páramo en los municipios de Argelia y Sonsón, principalmente, y el Frente José Luís Zuluaga de las ACMM con influencia sobre los municipios del oriente lejano en zona de Bosques y Páramo.

Este periodo se caracterizó por el propósito de los paramilitares de recuperación del control hegemónico y el dominio territorial de zonas influenciadas por la guerrilla, lo que propició alianzas estratégicas temporales de los grupos de las AUC al mando de Carlos Castaño lideradas por alias “Don Berna “de las ACCU y Ramón Isaza y Alias “Maguiver” de las ACMM, para garantizar su proyecto contrainsurgente con la perpetración de masacres, asesinatos selectivos, homicidios indiscriminados, amenazas y desplazamientos forzados masivos, implantando la lógica del terror sobre la población civil como estrategia para avanzar en el control territorial y contrarrestar el accionar de los insurgentes, incursión que recrudeció los episodios de confrontación armada y enfrentamientos directos en la subregión.

La respuesta de los grupos guerrilleros se cristalizó en que intensificaron los sabotajes a comicios electorales, amenazas selectivas, secuestros y asesinatos a candidatos de alcaldías y concejos municipales, ataques y sabotajes de bienes civiles contra la infraestructura vial, energética y de automotores, intensificación de los paros armados y bloqueos de la autopista Medellín-Bogotá, secuestros masivos, amenazas, asesinatos selectivo y de configuración múltiple, involucramiento e interposición de acciones a la población civil. Entre los







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municipios con mayor afectación encontramos a Abejorral, Alejandría, Cocorná, Concepción, Granada, Nariño, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luís, San Rafael y Sonsón.

El tercer periodo 2003-2006, Intensificación del conflicto por contactos armados y operativos militares emprendidos por la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales de la guerrilla de las FARC-EP Frente 9 y 47 y el ELN Frente Carlos Alirio Buitrago, situación que se dio con mayor intensidad en los municipios de Cocorná, San Carlos, San Francisco y San Luís. En este periodo fue determinante el desarrollo de la operación “Meteoro” para recuperar el control territorial del eje vial de la autopista Medellín- Bogotá desde agosto del 2002 y de la operación “Marcial” de la IV Brigada para reducir a los grupos guerrilleros desde marzo del 2003. Como respuesta ante el aumento de la presión armada, las bajas, capturas y las entregas voluntarias, ambas guerrillas optaron por el repliegue táctico a las zonas boscosas y montañosas y el aumento de los actos terroristas con ataques a infraestructura, uso de explosivos y siembra de minas antipersonales, mostrando una tendencia a la degradación del conflicto y su paulatino debilitamiento con la reducción y decaimiento de las acciones. Paralelamente a este proceso, se mantiene la presión de la confrontación armada de las estructuras paramilitares las cuales aportan al debilitamiento de la guerrillas, lo que posteriormente favorece la consolidación del Bloque Cacique Nutibara en las zonas de Altiplano Bosques y Embalses de la subregión, tras la derrota militar del Bloque Metro y su posterior proceso de reconfiguración el cual fue absorbido en el 2004 por el Bloque Héroes de Granada, una vez surtido el proceso de desmovilización en el 2003, igualmente se conservó la permanencia del Frente José Luís Zuluaga en el oriente lejano de las AMM.

En la coyuntura actual para la subregión se mantiene la tendencia decreciente del conflicto armado y el debilitamiento progresivo de la guerrilla de las FARC-EP Frentes 9 y 47 los cuales han asumido una estrategia de repliegue táctico hacia las zonas boscosas y montañosas en zonas fronterizas con el Nordeste Antioqueño y el Departamento de Caldas, respectivamente y la casi extinción del ELN. Sin embargo, se observa de manera preocupante la existencia de campos minados en gran parte de la subregión, cuestión esta que es visiblemente una vulneración al DIH y la creciente cantidad de homicidios selectivos y silenciosos, el







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reclutamiento forzado y la imposición de acciones por medio de los cuales buscan involucrar al campesinado y neutralizar al enemigo militar que está conformado por la Fuerza Pública Nacional, para ejercer presión a los organismos estatales y manipulación a los organismos internacionales que prestan colaboración para el manejo del conflicto y el cese a las hostilidades, como respuesta al proceso de consolidación de la Política de Seguridad Democrática que ha mantenido la operación de cinco batallones del Ejército Nacional como medida de protección al conflicto.

Igualmente, tras el proceso de desmovilización se ha mantenido un proceso de reconfiguración de las estructuras paramilitares en la subregión bajo el propósito del narcotráfico esta desestimada persistencia del fenómeno paramilitar, ha sido particular en las cabeceras municipales, donde de manera soterrada reductos de grupos armados pos desmovilizados de las AUC se han dedicado a mantener los mismos patrones del comportamiento que les han generado réditos importantes a través del tiempo, tales como, el control territorial conexo con los renglones económicos, sociales y políticos en estas zonas del Oriente Antioqueño, con una connotación fundamental en tanto que la rentabilidad de las acciones ilícitas han sido fuentes persistente de ingresos, aumento de la demanda interna y generadoras de movilidad poblacional y social. Igualmente, mantienen las mismas prácticas sobre la población civil como intimidaciones, extorsiones, expropiación de tierras, amenazas, asesinatos selectivos, cooptación de liderazgos y debilitamiento de proceso organizativo comunitarios, violencia anexionadora con sectores vulnerables tales como consumidores, trabajadoras sexuales, control sobre expendios de droga, entre otras lógicas de actuación, lo que mantiene vigente los escenarios de riesgo frente a la vulneración de derechos de vida, libertad e integridad y sus efectos en términos del desplazamiento forzado gota a gota.

ACTORES ARMADOS

FARC- EP: Posterior a la séptima conferencia de 1982, las FARC comienza a consolidar su presencia en los municipios de San Rafael y San Carlos y con la aparición en 1983 del Frente 9 se amplía hacia San Luís, Cocorná, Concepción y Alejandría. Así mismo el frente 47 de las FARC comienza a operar al sur de la subregión al ubicarse en la zona de Páramo con influencia en los municipios de







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Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco como zona estratégica de refugio y avanzada hacia el oriente cercano y con incursiones a la autopista, asaltos, combates con el Ejército. Sin embargo, este proceso presenta un decaimiento significativo tanto por la presión ejercida por las estructuras paramilitares de las autodefensas como por los operativos militares de la Fuerza Pública, ocasionando el repliegue táctico del Frente 9 hacia la zona fronteriza con el Nordeste Antioqueño y del Frente 47 hacia la zona fronteriza con el Departamento de Caldas.

Es de anotar que en la dinámica actual, con la muerte Rubén Antonio García Gómez, el perseguido cabecilla del noveno frente de las FARC conocido con el alias de “Danilo” y otros diez miembros a mediados de diciembre de 2009 en zona colindante de San Rafael y el Municipio de San Roque (Nordeste Antioqueño) se le propinó un golpe certero a este Frente agudizando la crisis interna de la organización, afectando su capacidad de sostenibilidad y permanencia en términos operativos, situación similar ha sucedido con el Frente 47 tras la entrega de alías “Karina” y la alta deserción de sus miembros motivada por los resultados militares contra este Frente y el asesinato de “Iván Ríos” miembro del secretariado nos muestra el agudo debilitamiento de este frente y en general de esta organización guerrillera en una zona del departamento donde tuvieron gran fortaleza militar, en este orden de ideas, es predecible una migración hacia el departamento de Caldas, según lo han pronosticado fuentes de inteligencia militar e información ratificada por el Gobierno Departamental.

ELN: A mediados de los años ochenta se creó en la subregión a partir del Frente de Guerra Noroccidental la denominada “Área Industrial” con influencia de los Frentes Bernardo López Arroyave en la zona de Altiplano en los municipios de Guarne, El Santuario, Peñol y San Vicente, y el Frente Carlos Alirio Buitrago en la zona de Embalses con influencia en los municipios de San Carlos y Granada desde donde se expande hacia San Luís y Cocorná en zona de convergencia con las FARC.

Este último Frente dio origen a las compañías José María Córdoba, José María Carbonel y Luís Fernando Moncada que apoyarían militarmente el proceso de expansión y consolidación sobre el Oriente Antioqueño en donde se concentra la infraestructura eléctrica, de gran interés, la central de San Carlos así como







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subcentrales y redes de transmisión de energía. Concentra su accionar en sabotajes y afectación de la infraestructura hidroeléctrica y energética.

Pero no se debe desconocer, que el gobierno pasado que estuvo durante dos periodos con una fuerte focalización en términos militares recibió a esta guerrilla en condiciones de derrota estratégica, este grupo insurgente había perdido al menos en Antioquia y en lo que fue su retaguardia primordial (oriente antioqueño y Nordeste) la ofensiva estratégica, que es punto nodal para todo ejército irregular, lo que lo hizo el actor armado más débil, vulnerable y por ende objetivo de los demás contrincantes en esta subregión del departamento: La Fuerza Pública, los paramilitares y las FARC-EP, el accionar de sus opositores cerraron las posibilidades de su desarrollo militar en la subregión y obligaron el repliegue táctico y su paulatino debilitamiento que en lo militar tuvo finalmente repercusiones más cercanas con la muerte de Manuel Pérez y la detención de algunos de los integrantes de su debilitado Comando Central, quien además en los últimos años no estaba en Colombia, esto tenía una implicación directa hacía que sus bases y su pie de fuerza lo sintiera ilegitimo por no estar combatiendo al lado de los combatientes rasos.

Como antecedente, es necesario retomar el año 2004 cuando un miembro de su dirección nacional fue detenido en un operativo en Medellín junto con otros 10 miembros del grupo y este certero mazazo disminuyó sustancialmente la capacidad operativa de los demás frentes de la región Noroccidental del país (Antioquia, viejo Caldas y Chocó), puntualmente sobre los frentes Bernardo López Arroyave y Carlos Alirio Buitrago que eran los que tenían presencia en el oriente prácticamente extintos e inoperantes a raíz de la muerte de Darío de Jesús Calle Correa alías “Timoleón” en enero de 2008 en Santo Domingo Antioquia Municipio del Nordeste colindante con el Oriente, dado por culminada la fortaleza de esta zona en términos de retaguardia.

PARAMILITARISMO: Se reconoce la incursión de los grupos paramilitares desde la segunda mitad de la década de los 80 con la influencia de Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM al mando de Ramón Isaza, cuando incursionan en la zona rural del municipio de San Carlos presionando a los campesinos a abandonar la zona por su presunta colaboración con la guerrilla. Posteriormente los hechos que muestran su acción delictiva se conoce a partir de







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1995 con la irrupción de las Autodefensas Unidas de Colombia por orden expresa de Vicente Castaño a Ricardo López Lora alías la marrana o Robert que inicialmente montaron su centro de operaciones desde los municipios de La Ceja y La Unión y de ahí se fueron expandiendo con la connivencia de militares del batallón de Contraguerrilla Granaderos.

En esta dinámica, se ubicaron de manera independiente dos estructuras visibles en la subregión, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ACMM que estuvieron bajo el mando militar y político de Ramón Isaza y alias “Maguiver” con presencia e influencia en la zona de Bosque y Páramo del Frente José Luís Zuluaga. Y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU bajo el mando militar y político de Carlos Castaño al que pertenece el Bloque Cacique Nutibara de las AUC lideradas por Diego Fernando Murillo Bejarano “Don Berna” o “Adolfo Paz”, y paralelo el Bloque Metro al modo militar y político de “Rodrigo o Doblecero” en la zona de Embalses territorio límite entre el Oriente y Nordeste Antioqueño, , y aunque mantuvo su presencia y accionar en el oriente y nordeste hasta el 2002, sale derrotado militarmente por los bloques liderados por Don Berna y los miembros del Metro cooptados por los bloques Cacique Nutibara (desmovilizado en el 2003) y Héroes de Granada (desmovilización en el 2005) “Rodrigo” se repliega con unos pocos hombres leales.

En la actualidad existe un nuevo reacomodamiento y la aparición de expresiones de grupos armados pos desmovilización de las autodefensas, que han sido producto de varios procesos, unos los paramilitares que nunca se desarmaron, dos, fruto de un proceso de rearme y tres de la emergencia y adhesión de nuevos miembros que han estado más vinculados con el narcotráfico en esta zona, las autoridades plantean que alias “Arboleda” excombatiente del Bloque Central Bolívar, Luego “Autodefensa Gaitanista” y ahora presuntamente líder de las “Águilas Negras” es el que ha estado tras el montaje de estas estructuras productos del reciclaje de los paramilitares en la zona.

LOGICAS DE ACTUACION DE LOS ACTORES ARMADOS

EL comportamiento de los grupos insurgentes de las FARC-EP y el ELN estuvo marcado principalmente por los hostigamientos y ataques a instalaciones de la Fuerza Pública, emboscadas, combates, sabotajes a comicios electorales,







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amenaza, secuestro y asesinato de alcaldes y concejales, atentados a la infraestructura vial, hidroenergética, eléctrica y automotor, paros armados y bloqueos a la autopista Medellín –Bogotá, retenes ilegales, asaltos, secuestros masivos, asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados y siembra de minas antipersonal MAP, generando la mayor afectación en los municipios de las zonas de Embalses y Bosques principalmente en Cocorná, Guatapé, Granada, San Carlos, San Francisco y San Luís y el escalamiento de la confrontación en el suroriente zona de Páramo principalmente en el municipio de Sonsón, sin desestimar su presencia en la zona de Altiplano en los municipios de Marinilla, Rionegro, La Ceja, Retiro, La Unión y el Carmen del Viboral.

Actualmente se mantiene las tendencias que iniciaron desde el 2001 y que se han venido sosteniendo a través de esta década, del comportamiento descendente de las acciones armadas y de sabotajes contra la infraestructura eléctrica, esto debido a que se ha presentado un paulatino debilitamiento de las guerrillas lo que ha generado el repliegue táctico hacia las zonas boscosas y montañosas en zonas limítrofes con el Nordeste Antioqueño y el Departamento de Caldas de éstas estructuras armadas insurgentes, en este sentido, ha sido preocupante la degradación del conflicto con la siembra de minas antipersonal MAP como practica para contrarrestar la avanzada del Ejército lo cual ha generado el destierro de los campesinos y crisis humanitaria en la subregión.

Con la incursión de las estructuras paramilitares se incrementó el recurso del terror dirigido principalmente a golpear a los civiles donde el apoyo de la población se consigue a través de la intimidación y el involucramiento de civiles en el conflicto, en este sentido se destaca la perpetración de masacres sistemáticas en todas las zonas del Altiplano, Embalses, Bosques y Páramo, las cuales cobraron el mayor número de víctimas en el escalamiento del conflicto en la subregión periodo comprendido entre 1998 y 2003, lo que aunado a la intensificación de los enfrentamientos contra la insurgencia generaron la mayor magnitud de los desplazamientos forzados masivos de poblaciones que percibían como colaboradores, como otra estrategia utilizada para desterrar a la guerrilla, estas dos modalidades tuvieron mayor impacto en el área rural de los municipios de la zona de Bosques y Embalses en San Carlos, Granada, San Rafael, San Francisco, San Luís, Cocorná, Concepción y Alejandría del oriente lejano,







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seguidos por los municipios de la zona de Altiplano en La Ceja, El Carmen del Viboral, Marinilla, La Unión y el Retiro del oriente cercano y en menor intensidad en los municipios de la zona de Páramo en Argelia, Abejorral y Sonsón.

Los asesinatos selectivos y homicidios indiscriminados se presentaron con mayor intensidad en los municipios de El Santuario, Guarne y San Vicente, situación que se sostuvo con alta intensidad hasta el 2006, así mismo, los enfrentamientos con los grupos insurgentes en la zona de Bosque y Embalses presenta una tendencia a la disminución a partir del 2003 dado el repliegue de algunos frentes de las FARC-EP en estas dos subregiones y el paulatino posicionamiento de los militares en esta zona.

En el momento actual se mantiene practicas sobre la población civil como el reclutamiento forzado, la imposición de acciones, intimidaciones, expropiación de tierras, extorsiones, asesinatos selectivos y silenciosos, amenazas, captación de liderazgos y debilitamiento de proceso organizativos comunitarios, violencia anexionadora con sectores vulnerables tales como consumidores, trabajadoras sexuales, control sobre expendios de droga, entre otras lógicas de actuación.

PROSPECTIVA Y VALORACION DEL RIESGO

En la actualidad la dinámica del oriente antioqueño nos plantea, un escenario absolutamente diferente en términos de expresiones del conflicto, lógica de la actuación de los actores y valoración del riesgo al que se nos presentaba a mediados de esta década, el debilitamiento de las FARC-EP con la entrega de Karina, la Muerte de Danilo del frente 9°, el asesinato por su misma guardia personal de Iván Ríos, la cantidad de capturas, bajas y deserciones hacen que la guerrilla sea un actor en la zona aun con capacidad de daño, pero está al límite, un indicador más claro lo observamos en las tres jornadas electorales que se presentaron en el primer semestre de 2010, donde han sido sólo hostigamientos los que se presentaron en una región donde este grupo era bastante fuerte, tenía alta capacidad de daño, y confrontación sostenida en el tiempo y en el espacio.

En torno a la guerrilla del ELN, posterior , a la dada de baja de “Timoleón” hace algo más de dos años, el cual era considerado bastión de este grupo insurgente en esta zona, y que progresivamente ha venido desapareciendo del mapa







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antioqueño, pero en esta región que llegaron a tener dos frentes pertenecientes al área industrial, fueron varios los factores para que se fueran desvaneciendo, uno la labor desarrollada por las autodefensas al ver que era el opositor más débil, otra la fuerza pública con sus operativos desarrollados, y finalmente, la misma acción de las FARC-EP contra su hermano de sangre terminó por someterla.

La otra fuente de la amenaza, tiene que ver con los grupos paramilitares que se desmovilizaron y que hacían presencia y mantenían cierto control en las cabeceras municipales, ahora aparece un fenómeno más urbano con los grupos armados pos desmovilización de las AUC (Águilas Negras) y que progresivamente han venido ganando terreno particularmente en la zona del Altiplano, donde se han venido propagando los mismos patrones de comportamiento, han venido hostigando los mismos sectores sociales, control sobre los mismos territorios y han penetrado los ámbitos económicos, políticos y militares.

El último signo importante de la presencia de estos grupos en esta subregión del departamento se dio el pasado 8 de Agosto, un día después de realizado en esta localidad el foro Verdad sobre la tierra y el agua, un evento académico organizado por diversas agrupaciones sociales con presencia en la región, Allí se debatió a profundidad los impactos que traería la posible construcción de una central hidroeléctrica en este municipio, llamada Porvenir I, en varias residencias del casco urbano del municipio de San Francisco fueron distribuidos panfletos firmados por un grupo autodenominado “Águilas Negras” y en el que hace una apología al paramilitar Carlos Castaño Gil, quien fuera el vocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y creador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y asesinado por miembros de la misma organización por diferencias de enfoque respecto del tema de que narcotraficantes puros se convirtieran en militantes de las autodefensas.

En el pasquín amenaza a sectores socialmente estigmatizados, vulnerables y señalados de tener vínculos con actividades delincuenciales como “viciosos, expendedores y chismosos”, para que “corrijan sus comportamientos o de lo contrario serán declarados objetivo militar, instancia a la que la política del frente no pretende llegar. Nos escucharán, verán nuestro accionar con el mayor respeto hacia el campesinado (sic) y la población civil”, En el panfleto intimidatorio, mencionan que “el accionar del frente se va a focalizar en los municipios del







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Oriente Antioqueño, lugar donde se encuentran reductos delincuenciales e insurgentes”. Por este tipo de panfletos, varias organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en el Oriente Antioqueño se cuestiona sobre los impactos reales que tendrán las amenazas de las llamadas „Águilas Negras‟, si podrían generar desplazamientos masivos como en otros periodos de una violencia más directa, o si es por el contrario para generar zozobra sobre la población civil que evalúa como serán los efectos tanto positivos como negativos de la construcción de ese tipo de proyectos de generación de energía en los que históricamente han sido pocos los beneficiarios directos.

La Asociación Campesina de Antioquia (ACA), opinó en su momento: “Creemos que este nueva amenaza es producto de toda la ardua lucha que vienen realizando los campesinos en pro de sus derechos a la tierra y el territorio y la inconformidad que ha suscitado la privatización del agua y la construcción de varias centrales y micro-centrales eléctricas en éste y otros municipios del oriente Antioqueño”.

Existe una claridad inconmensurable en esta zona y es que en la últimas década, la zona se ha tornado escenario del persistente conflicto social y armado en la lucha de diversos sectores por la apropiación de sus riquezas y la orientación de su desarrollo, y al parecer este evidente signo no es la excepción de que podríamos estar ante una nueva oleada de acciones contra la población civil.

Por este tipo de signos y a pesar del radical cambio de panorama en los últimos cuatro años, no es desestimable que esas nuevas expresiones armadas a futuro se puedan convertir en verdaderas piedras en el zapato en materia de infracciones al DIH y ejercicio de derechos, y que se puedan cristalizar en asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos forzados y vinculación de niños y niñas al conflicto político armado.

En esta sección del documento se ofrece un panorama general del comportamiento del desplazamiento forzado -y algunas variables de conflicto armado asociadas a éste- durante el periodo 1997-2009. Este análisis se ha realizado a partir de fuentes oficiales que el Observatorio de DD.HH de la Vicepresidencia de la República congrega en estadísticas sobre eventos del conflicto, desplazamiento forzado, homicidios; accidentes e incidentes con minas







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antipersonal y munición sin explotar. El Observatorio de Desplazamiento Interno Forzado ha procesado y agregado estos datos en las gráficas subsiguientes con el propósito de ofrecer elementos de juicio a la hora de dimensionar los riesgos territoriales, en términos del desplazamiento forzado, que supone el conflicto armado.

Los últimos datos que dan cuenta de la expulsión del departamento estiman el total de personas desterradas en 600.523 (SIPOD). (Fecha de corte: Agosto del 2010) La siguiente gráfica comprende 11 años de expulsión de personas en Antioquia y permite observar los mayores picos del desplazamiento en los años 1997, 2000, 2001 y 2002.

73396

27749

17792

72216

80050

55362

30571 2952934723

28158 2857625080

15869

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Fuente: Observatorio DD.HH Vicepresidencia de la República. Procesado: ODDIF

Departamento de Antioquia Número Total de Personas Desplazadas por Año

1997-2009







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Gráfica 1

Estos picos de desplazamiento corresponden a distintos momentos en la dinámica del conflicto armado que, por ejemplo, trasladaron los impactos y efectos de una región a otra en el departamento. Es así que el desplazamiento vivido en el año 1997 afectó principalmente al norte y centro del Urabá, mientras que el del año 2000 a la zona sur de esta subregión; el pico del 2001 corresponde en buena medida a la agudización, no solo del enfrentamiento entre Fuerzas Militares y Guerrilla, sino del ataque indiscriminado de fuerzas paramilitares que desde cascos urbanos de la subregión arremetieron de forma indiscriminada a poblaciones enteras de varias regiones.

Esa distinta combinación, espacial y temporal, en la intensidad del desplazamiento forzado puede observarse en la siguiente gráfica, donde es posible comparar el comportamiento subregional -año por año- comparado con el promedio departamental de expulsión anual. Aquellas líneas que se encuentran por encima del promedio departamental permiten identificar la gravedad del fenómeno en las subregiones que allí se destacan, como son los casos del Oriente antioqueño y Bajo Cauca.







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Gráfica 2

Ese comportamiento del desplazamiento forzado si bien es consecuencia de dinámicas del conflicto armado (dinámicas, valga decirlo, prohibidas por el DIH como la amenaza indiscriminada, ataques indiscriminados, ataques a civiles y violación al criterio de distinción entre civiles y militares, entre otras) no necesariamente corresponde a mayores intensidades en la confrontación directa entre grupos armados

La siguiente gráfica muestra, cómo las mayores intensidades tanto del desplazamiento como de las acciones armadas no coinciden: si durante los años 2000, 2001 y 2002 se vivieron los picos más altos del desplazamiento forzado, no existió una correspondencia con el número de acciones armadas; de forma recíproca, lo mismo sucedió en los años 2003-2007, donde la mayor cantidad de acciones armadas no redundó en un número mayor de expulsiones de población. Cabe aclarar que según las cifras trabajadas, se agregaron datos de acciones armadas de grupos al margen de la ley 1998-2009, y acciones por iniciativa de las Fuerzas Militares 2003-2009. Por lo tanto las cifras del periodo 1998-2002 tienen un subregistro de acciones.







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Esta expresión obedece a la naturaleza de muchas acciones armadas en donde, tal y cómo se ha visto en Colombia, los grupos armados no necesariamente combaten entre ellos sino que algunas de sus acciones se orientan principalmente a la población civil: asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros; tortura, masacres, bloqueos; desplazamientos, emplazamientos y masacres.

180 174213 213 198

415447

361396

335

81

66

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

050

100150200250300350400450500

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Fuente: Observatorio DD.HH Vicepresidencia de la República. Procesado: ODDIF

Departamento de AntioquiaAcciones Armadas y Desplazamiento Forzado

1998-2009

Acciones Armadas Desplazamiento

3.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACION VICTIMA

La población víctima de la violencia del municipio de Concepción representa el 13%

sobre la población total que en la gráfica está representada en por el 87%.







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CARACTERIZACION DE LA POBLACION VICTIMIZADA DEL MUNICIPIO DE

CONCEPIÓN SEGÚN LA EDAD Y EL SEXO.







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IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN (CUADRO 1)

0 a 5

años

6 a

12

años

13 a

17

años

18 a

26

años

27 a

60

años

61

años

o

más

Total

por

enfoque

Mujeres 27 42 32 40 138 39 318

Hombres 32 45 39 51 111 37 315

Afrocolombianos,

negros, raizales

y palenqueros

Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hombres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

total N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Indígenas

Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hombres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Pueblo ROM o Mujeres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A







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Gitano Hombres N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Total N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

LGBTI Total N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Mujeres cabeza de hogar N/A N/A N/A 1 37 10 48

Población en

situación de

discapacidad

Mujeres

Hombres

Total

Niñas y niños sin

acompañamiento

de un adulto

Mujeres N/A N/A N/A

N / A

N / A

N / A

Hombres N/A N/A N/A

Total N/A N/A N/A

Total 59 87 71 92 286 86 757







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CARACTERIZACION DE LA POBLACION VICTIMIZADA EN EL MUNICIPIO DE

CONCEPCION SEGÚN HECHO SEXO/ OTROS HECHOS VICTIMIZANTE.

(CUADRO 2)

HECHO VICTIMIZANTE 0 a 5

años

6 a 12

años

13 a

17

años

18 a 26

años

27 a 60

años

61 años

o mas

M H M H M H M H M H M H

Acto terrorista/ Atentados

/ Combates/

Enfrentamientos/

Hostigamientos

2 5 7

Amenazas 2 6 24 20 6 6

Delitos contra la libertad y

la integridad sexual en

desarrollo del conflicto

armado.

1

Desaparición forzada. 1 2 3 2 1

Homicidio. 39 26 15 12

Masacre. 1 2 1 1







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Mina antipersonal,

Munición sin explotar y

artefacto explosivo

improvisado.

Secuestro. 1 2 2 2

Tortura

Vinculación de niños,

niñas y adolescentes a

actividades relacionadas

con grupos armados.

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Abandono o despojo

forzado de tierras

1 1 1

Otro







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3.4 CARACTERIZACION DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EXISTENTE (CUADRO 3)

Secretaria responsable

Nivel responsable

Total de presupuesto

apropiado por programa o

proyecto

Cobertura del programa o proyecto Programas o

proyectos próximos a

ejecutarse o en espera de

aprobación.

Objetivos (Indique el número de personas)

Programas y proyectos para la atención de la población

Mujeres Cabeza de

Hogar

Población en Situación de Discapacidad

Niñas y

niños. jóvenes Total

Programas y proyectos para la

atención de la población

SECRETARIA

DE

GOBIERNO

Programa más familias en acción Nacional 390

familias

UN

IDA

D D

E

DE

SA

RR

OL

LO

RU

RA

L

Protección y conservación de los recursos naturales, mediante la

ejecución de obras ambientales con participación de la comunidad

Municipal y

empresa

privada

$30.124.000 1 1 5 15 22



Municipal y

empresa

privada

$27.045.053 3 2 26 25 56


Municipal y

empresa

$29.478.215 5 2 21 12 40







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privada

Manejo integrado de los recursos naturales en la microcuenca de la

quebrada Candelaria, de la vereda la Candelaria del municipio de Concepción a través de actividades de reforestación,

cercamiento, saneamiento, control de erosión y educación ambiental, con

metodología PRISER.

Municipal y

empresa

privada.

$29.000.000 3 1 17 21

Implementar propuestas productivas de mayor potencial en la economía local, contribuyendo al desarrollo integral de

las organizaciones comunitarias, mediante la acertada planificación y

ejecución de alternativas sustentables y rentables, de manera que se garantice una continuidad de los sistemas en el

tiempo

Municipal y

privada $432.355.800 120 20 40 280 X

DIR

EC

CIO

N D

E

CU

LT

UR

A,

RE

CR

EA

CIÓ

N Y

DE

PO

RT

E

Convenio educativo epm – Municipio “Centros estructurados de educación

Física, recreación, deporte y cultura en el municipio de Concepción”

Municipal y

empresa

privada

$188.000.000

Se atiende a

los padres de

familia en 48

encuentros

10 450 90 550

Fortalecimiento del

grupo vigías del

patrimonio.

Por su salud Muévase pues Municipal $20.000.000 Adultos

mayores 120 11 100 40 271

Lectura y biblioteca Municipal $9.000.000 Se atienden

todos los

80 140 200 420







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rangos de

edad

DIR

EC

CIÓ

N L

OC

AL D

E

SA

LU

D

Restaurantes escolares Departamental

y municipal 21 442 463

Maná infantil Departamental

y Municipal 53 53

Desayunos infantiles días con amor Departamental

y Municipal 36 36

Restaurantes escolares COREDI Municipal 250 250

SE

CR

ET

AR

ÍA D

E P

LA

NE

AC

IÓN

Y O

BR

AS

PÚ

BL

ICA

S.

“60 más” Plan de solidaridad para el adulto mayor.

Nacional 465 adultos

mayores 465

PNAAM – RPP, paquetes nutricionales Municipal y

departamental.

324 adultos

mayores 324

Mejoramientos de vivienda para personas desplazadas o retornadas, a

la zona rural y estudio para la condonación de deudas por impuesto

predial.

Municipal $20.000.000 13 8 11 12 44

Priorización a la atención a víctimas y desplazados en los diferentes

programas institucionales Agua potable de saneamiento básico.

Municipal $26.000.000 3 2 5 4 14







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Gestión del proyecto ALDEAS (viviendas en madera) para el municipio

de Concepción

Departamental

y municipal. $60.000.000 2 1 1 1 5

Construcción de

vivienda y gestión de

proyectos de

vivienda da interés

social. VIS

Creación y

promoción del salón

de la memoria.







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4. FORMULACION ESTRATEGICA DEL PAT

4.1 OBJETIVOS DEL PAT.

Indicar todas las acciones encaminadas a proteger, prevenir y atender las

víctimas del conflicto armado; formular programas y proyectos que busquen

garantizar los derechos esta población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Contemplar medidas de prevención, asistencia, atención y reparación

integral de las víctimas del conflicto armado presentado en el municipio de

Concepción.

Determinar los componentes de la política que apuntan al restablecimiento

de los derechos de las víctimas.

Trabajar en la política pública de atención integral a las víctimas del

conflicto armado.

4.2 FORMULACION ESTRATEGICA DEL PAT.

A partir de la problemática presentada y trazada en el PAT, en el Municipio de

Concepción se hace necesario trabajar en 4 líneas estratégicas; las cuales nos

deben ayudar a terminar con la problemática que se ha venido presentando a

causa del conflicto armado.

Estas líneas las veremos a continuación:







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Gráfica: líneas estratégicas del plan de acción.

VERDAD Y

JUSTICIA.

REPARACION

INTEGRAL

PREVENCION Y

PROTECCION

ASISTENCIA Y

ATENCION

PLAN DE

ATENCIÓN







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1. ASISTENCIA Y ATENCION

En el artículo 49, la ley 1448 de 2011 contempla: Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, social, entre otros, a cargo del Estado orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social. Por su parte entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

RUTA DE ASISTENCIA Y ATENCION

2. PREVENCION Y PROTECCION

La protección de la población civil en medio de un conflicto armado interno es el principal reto para el Sistema Nacional de Atención Integral a las Victimas en el

ASISTENCIA Y ATENCION

*Atención humanitaria.

*Asistencia funeraria.

*Caracterización poblacional.

*Salud.

*Educación.

*Identidad







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nivel territorial. La protección de la vida y la dignidad de esta población no puede ni debe pasar a un segundo plano como consecuencia de priorizar intereses propios del conflicto. Por ello es obligación del Estado garantizar la vida, los derechos y las libertades de las personas. Para su cumplimiento, las autoridades deben actuar tal y como lo contempla la jurisprudencia constitucional, bajo el principio establecido en el Art. 13 del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de1949, que señala que el mantenimiento del orden público es un deber subordinado al respeto a la dignidad humana. «Las acciones de prevención y protección (entonces están dirigidas a impedir el impacto del conflicto armado interno en las poblaciones donde existe alto riesgo de que ocurran eventos de desplazamiento o a mitigarlo en las que ya han atravesado por esta situación». «La fase de prevención y protección comprende diferentes propuestas estructuradas de forma conjunta entre el Estado Nacional, Regional, Local y la sociedad para el ejercicio pleno de los derechos y deberes de la población en riesgo de desplazamiento.

3. REPARACION INTEGRAL

La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización. Rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de las víctimas dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

4. VERDAD Y JUSTICIA

VERDAD: Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. El estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial.

JUSTICIA: Es deber del estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción.







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CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

a. Se debe hacer seguimiento a la adopción de las responsabilidades según competente definido.

b. El seguimiento puede hacerse a través del RUSICST. c. Se debe hacer una evaluación anual mediante los indicadores del plan y los IGED de

la Corte Constitucional. d. El ejercicio de seguimiento y evaluación sólo es posible si hay montada una estructura

correspondiente a un sistema de información claro y concreto.

La fase seguimiento y evaluación son fases independiente pero se requiere de su retroalimentación si se quiere cumplir con las metas y objetivos de manera exitosa.

La secretaria técnica y la mesa de participación se reunirán cada cuatro meses para el seguimiento y evaluación de las actividades descritas en PAT y presentará un informe de avance al Comité de Justicia Transicional cada seis meses quien hará los ajustes en la medida que se requiera.

El informe de avance debe responder a los siguientes interrogantes orientadores

Seguimiento

1. ¿El PAT está alcanzando la meta programada? 2. ¿Qué correcciones se deben para alcanzar las metas programadas? 3. ¿Los indicadores de avance están acorde con respecto a la meta programada en

el PAT? 4. ¿Cómo va el cumplimiento de actividades programadas en los componentes de

atención a la población víctima? 5. ¿Los recursos destinados a la implementación del PAT se utilizan de manera

adecuada?

Evaluación

1. ¿El objetivo del programa o proyecto se logró? 2. ¿De no lograrse, de qué manera se puede alcanzar este objetivo? 3. ¿Los recursos destinados se utilizaron para los objetivos propuestos? 4. ¿Está bien diseñada la intervención del programa? 5. ¿Se implementó bien la intervención? 6. ¿Cuáles fueron los efectos de la intervención sobre la población víctima?







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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

LINEA ESTRATEGIC

A

PROGRAMA O PROYECTO

META PROPUESTA

INDICADOR AÑO 2013 POBLACION BENEFICIAD

A

AÑO 2014 POBLACION BENEFICIAD

A

AÑO 2015 POBLACION BENEFICIAD

A

TOTAL POBLACION BENEFICIAD

A

PR

OT

EC

CIO

N Y

PR

EV

EN

CIO

N

Creación de un organismo, (mesa) municipal para el trabajo en DDHH y DIH y establecimiento de su plan de trabajo.

Crear la mesa y tenerla funcionando, para atender a la población.

Acta de creación de la mesa y actas de las reuniones hechas y acciones realizadas.

#familias y casos atendidos

#Familias y casos atendidos

#Familias y casos atendidos.

Diseño e implementación de acciones de sensibilización, formación y capacitación en DDHH y DIH, para la Ciudadanía en general, fuerza pública, funcionarios de la administración municipal y las

Todos los actores involucrados capacitados y con conocimiento para atender las violaciones de DDHH y DIH

# De capacitaciones y charlas dictadas.

633 personas y el 100% de los funcionarios capacitados



633 personas.







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organizaciones sociales.

Definición de acciones de apoyo y respaldo a la labor de los líderes sociales, comunales y defensores de los DDHH y otras como conciliadores con equidad.

Conciliadores activos, capacitados.

# De conciliadores, capacitaciones y acciones realizadas por ellos.

# De personas atendidas




RE

PA

RA

CIO

N

INT

EG

RA

L

Garantía de la seguridad alimentaria, restaurantes escolares, huertas familiares.

El 60% de las personas víctimas tienen acceso a la seguridad alimentaria y poseen huertas con cultivos.

379 personas 379 personas 379 personas 379 personas 379 personas

Diseño y ejecución de programas y actividades productivas para familias rurales y urbanas.

El 70% de las personas víctimas de la violencia tienen programas para realizar proyectos productivos y

443 personas atendidas.

443 personas. 443 personas. 443 personas. 443 personas.







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con generación de ingresos.

RE

PA

RA

CIO

N I

NT

EG

RA

L

Capacitación a la población víctima tanto de la zona urbana como rural en temas básicos de salud.

El 50% de la población víctima está capacitada y tiene dotación para atender una emergencia.

316 personas. 316 personas. 316 personas. 316 personas. 316 personas.

Programas de atención a la primera infancia, implementación de la estrategia de atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia.

Todos los niños víctimas de la violencia son atendidos y participan en los programas que se diseñen.

155 niños. 155 niños. 155 niños. 155 niños. 155 niños.

Caracterización de adultos mayores en situación de desplazamiento para priorizar ayudas.

Realización del proceso de caracterización e identificación de las personas.

#de personas caracterizadas.





Subsidio para personas con

Caracterización de las

# de personas caracterizada











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discapacidad que hayan sido víctimas de la violencia.

personas, identificación de la discapacidad.

s e identificadas.

s e identificadas

s e identificadas

s e identificadas

s e identificadas

Programas de atención psicosocial a nivel familiar e individual para que los niños y jóvenes establezcan un proyecto de vida, prestación de servicios para realizar acciones tendientes a tender la problemática de violencia intrafamiliar, salud sexual, reproductiva, alcoholismo y farmacodependencia.

La totalidad de los jóvenes que han sido afectados por la violencia han recibido acompañamiento psicosocial, y acciones tendientes a establecer un proyecto de vida.

162 jóvenes capacitados y atendidos.





Implementación de programas de educación para adultos, (Alfabetización

Programa implementado, funcionando.

#De personas alfabetizadas.











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bachillerato, primaria)

RE

PA

RA

CIO

N IN

TE

GR

AL

Gestión con el Sena de oferta de educación en artes y oficios.

Programa gestionado, funcionando.

# De personas estudiando.





Subsidio útiles escolares.

Entrega y gestión de los útiles.

250 jóvenes y niños beneficiados.





Mejoramiento de vivienda urbana y rural.

Priorizar las personas víctimas de la violencia para este programan.

35% de la población atendida.

% de la población atendida.




Construcción de vivienda nueva

Cerca del 50% de la población víctima de la violencia tiene vivienda propia.

50% de la población beneficiada.

316 personas beneficiadas.




Gestión de proyectos de vivienda de interés social.

Proyecto funcionando.

50% de la población beneficiada.


316 personas beneficiadas









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AS

IST

EN

CIA

Y A

TE

NC

ION

Atención de emergencia

Atender oportunamente los casos.

# De eventos atendidos.

# De personas atendidas.




Asistencia funeraria Atender los casos en el menor tiempo posible.

# De casos presentados / # De casos atendidos y resueltos.





Caracterización y censo poblacional.

Identificar todas las personas víctimas del hecho y darle el trámite oportuno que requieran.






Atención de emergencia en salud.

Atender oportunamente los hechos y remitirlos en caso de ser necesario.












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VE

RD

AD

Y

JU

ST

ICIA

Apoyo jurídico a las víctimas del conflicto armado.

Asesorar de manera oportuna y eficaz a las personas que lo necesiten.

# De personas con casos atendidos





Plan de acción para la atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado

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