USOS DE LOS ARGUMETOS POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL …

USOS DE LOS ARGUMETOS POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ENTRE 1992 Y 1994.

JULIÁN GÓMEZ LONDOÑO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

CARRERA DE DERECHO Bogotá D.C.

2008

2

USOS DE LOS ARGUMETOS POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN ENTRE 1992 Y 1994.

JULIÁN GÓMEZ LONDOÑO

Presentado para optar al título de ABOGADO

DIRECTORA: LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS CARRERA DE DERECHO

Bogotá D.C. 2008

3

Nota de Advertencia:

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos

en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y

a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

4

NOTA DE ACEPTACIÓN _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

________________________

Presidente Jurado

________________________

Jurado

Bogota, Abril de 2008

7

Tabla de Contenido

Pagina

Introducción 10

Contextos y tipos de Argumentos Jurídicos 12

Criterio Gramatical 14

Argumento Semantico 14

Argumento a Contrario 15

Criterio Sistemático 17

Argumento a coherencia 17

Argumento sedes materiae 18

Argumento a rubrica 18

Argumento sistemático en sentido estricto. 19

Argumento de la no redundancia. 20

Criterio funcional 20

Argumento teleológico 20

Argumento histórico. 21

Argumento psicológico. 22

Argumento pragmático. 23

Argumento por el absurdo. 24

Argumento de autoridad. 24

Argumentos en la jurisprudencia colombiana 1992 A 1994 25

Relación de Sentencias de 1992 y descripción de Argumentación. 26



Conclusiones 38

Bibliografía 40

Fichas de sentencias

Cuadros de Sentencias Año 1992

C-447 41

C-448 42

C-472 43

8

C-479 44

C-477 45

C-517 46

C-543 47

C-546 48

C-574 49

Cuadros de Sentencias Año 1993

C-003 50

C-016 51

C-027 52

C-053 53

C-054 54

C-060 55

C-072 56

C-074 57

C-127 58

C-171 59

C-197 60

C-265 61

C-270 62

C-301 73

C-485 65

C-488 66

C-530 67

C-568 68

SU-277 69

Cuadros de Sentencias 1994

C-021 70

C-069 71

C-086 73

C-105 74

9

C-147 75

C-198 76

C-212 77

C-221 78

C-226 79

C-350 80

C-358 81

C-374 82

C-424 83

C-455 84

C-496 85

C-544 86

C-546 87

10

INTRODUCCION

Este trabajo de grado se realizó en el marco del grupo de investigación “Estudios de

derecho público”, categoría A, Colciencias, dentro del proyecto de investigación que

analiza los modelos argumentativos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de

Justicia Colombianas. Este trabajo se enmarca en la investigación realizada por el

grupo de interés mundial en argumentación jurídica, conformado por investigadores de

26 países.

Este escrito tiene como objetivo especifico analizar las sentencias de constitucionalidad

de la Corte Constitucional seleccionadas según los parámetros de la investigación

marco, dentro del periodo de 1992 a 1994, con miras a la búsqueda de los diferentes

tipos de argumentos utilizados por los magistrados dentro del contexto de justificación

de la decisión.

La metodología arrojara los argumentos utilizados por la Corte Constitucional. Este

estudio no se centrara en el argumento propiamente dicho. Dicho análisis de los

argumentos determinaría resultados diferentes dependiendo de la escuela jurídica que se

establezca.

El referente teórico del cual se parte y con el cual se realiza el análisis de las sentencias

es el de la Escuela de Alicante, conformada por teóricos de la filosofía española, tales

como: Manuel Atienza, Joseph Aguiló Regla, Francisco Javier Ezquiaga, Juan Igartua

Salaverria y Juan Ruiz Manero.

Este trabajo se divide en dos capítulos que son el resultado del análisis de las

sentencias, en el primero de ellos, se expondrán los contextos y los tipos de argumentos

definidos por la Escuela de Alicante, y en el segundo, se dará cuenta de los hallazgos de

la investigación en el periodo ya mencionado.

11

Cabe sostener que la clasificación de criterios y de argumentos varía de un autor a otro.

El grupo de investigación optó por esta clasificación de la escuela de Alicante, y como

trabajo de referencia el del profesor Ezquiaga Ganuzas.

En el año de 1992 se analizaron las 52 sentencias de Constitucionalidad que se

realizaron en ese año. De 1993 el estudio abarca 204 sentencias tipo C y 5 sentencias de

tipo SU, las sentencias de constitucionalidad de 1994 fueron 222 y dos correspondieron

a las sentencias tipo SU. Así entonces, el total de sentencias analizadas fueron 478

sentencias tipo C y 7 tipo SU. De cada una de ellas se realizó una ficha analítica, luego

tras la lectura de estas sentencias se seleccionaron las que resultaban pertinentes para los

objetivos de la investigación y se elaboró una ficha por cada sentencia según los

parámetros determinados por el grupo.

12

CONTEXTOS Y TIPOS DE ARGUMENTOS JURIDICOS

En este capitulo expondré los argumentos y criterios existentes, y su clasificación según

la escuela de Alicante. Esta clasificación podrá ser diferente a otras expuestas por otros

autores. En nuestro caso el grupo de investigación ha optado por el siguiente esquema

de modelos, tras considerarlo completo, actual y pertinente.

Si bien es cierto que algunos autores podrán discutir la existencia de algunos modelos

argumentativos diferentes o posibles matizaciones de los escogidos; la búsqueda en las

sentencias se baso exclusivamente en los siguientes modelos. Los cuales son aportados

por dicha escuela y en partículas por el profesor Ezquiaga Ganuzas.

CRITERIOS GRAMATICAL SISTEMATICO FUNCIONAL

ARGUMENTOS

A COHERENCIA TELEOLOGICO

SEMANTICO

SEDES

MATERIAE HISTORICO

A RUBRICA PSICOLOGICO

A CONTRARIO SISTEMATICO PRAGMATICO

NO

REDUNDANCIA PRINCIPIOS

POR EL

ABSURDO

DE AUTORIDAD

Estos criterios se derivan de la identificación de los diversos contextos en los cuales

pueden plantearse dudas o controversias, en relación con la asignación de significado a

un enunciado:1

a) El contexto lingüístico: en ocasiones puede ser el mismo lenguaje utilizado

por las autoridades normativas el que origine dudas sobre cuál es la norma que una

disposición expresa. Al utilizarse para redactar éstas el lenguaje vulgar, las

indeterminaciones del mismo se trasladan a las formulaciones normativas. Es 1 WRÓBLESWKI, WróblewskI, J. Sentido y hecho en el Derecho. San Sebastián: Fontamara 2002.

13

importante, de cualquier modo, resaltar que no existen términos o expresiones que estén

a salvo de estos problemas lingüísticos, teniendo en cuenta la «textura abierta» del

lenguaje.

b) El contexto sistémico: también, y aunque la identificación de la norma

jurídica no se vea dificultada por problemas lingüísticos, o aunque éstos hayan sido ya

resueltos por medio de la interpretación, si la norma jurídica obtenida otorga al caso

individual una solución normativa incompatible con la formulada por otra disposición,

pueden surgir dudas acerca de cuál es la solución normativa que debe darse al caso.

c) El contexto funcional: por último, puede suceder que no surjan dudas

lingüísticas ni sistémicas, pero la norma jurídica prima facie formulada por una

disposición no sea considerada satisfactoria por diversos motivos, como, por ejemplo,

por conducir a consecuencias injustas a juicio del operador jurídico de que se trate. En

estos casos, tal vez surja en éste la duda de si ésa es la norma expresada por la

disposición.

Según el profesor Ezquiaga las razones que apoyan ese triple control lingüístico,

sistémico y funcional son múltiples y variadas2:

a) Porque, en caso de duda interpretativa, ese es el único modo de confirmar (o

no) la idoneidad del significado sugerido por uno de los tipos de reglas de

interpretación.

b) Porque, en caso de controversia interpretativa, sólo así puede determinarse si

los argumentos a favor de otro de los posibles significados son o no más convincentes o

persuasivos que los empleados para justificar el significado seleccionado.

c) Porque, finalmente, con carácter general debe siempre justificarse por qué a

un enunciado no se le asigna su significado lingüístico o el que se corresponda con la

voluntad del legislador histórico que lo promulgó, justificaciones que exigen

2 EZQUIAGA Ganuzas, Francisco Javier. La Argumentación Interpretativa en la Justicia Electoral Ciudad de México: Mexicana Editorial Tribunal Electoral , 2006 Pág. 78

14

necesariamente el manejo de reglas de interpretación lingüísticas, sistémicas y

funcionales.

Adicionalmente, estos criterios sirven para la elección de uno de los significados

posibles de la disposición normativa en los casos de duda, para la justificación del

significado de la disposición normativa elegido en los casos de discrepancia o

controversia interpretativa, para la justificación del rechazo de uno de los significados

posibles o propuestos de una disposición normativa. O para resolver lagunas jurídicas,

es decir, para obtener una norma jurídica que contemple los hechos del caso prima facie

no previstos en ninguna norma del sistema. También para evitar lagunas jurídicas, es

decir, para justificar la inclusión en el ámbito de aplicación de una norma de un

supuesto que prima facie no lo estaba. Inclusive para provocar lagunas jurídicas, es

decir, para justificar la exclusión en el ámbito de aplicación de una norma de un

supuesto que prima facie parecía estarlo y conseguir con ello asignarle una

consecuencia jurídica distinta, para justificar la resolución de antinomias cuando las

reglas de la jerarquía, la cronología y la especialidad son inaplicables, para evitar

antinomias otorgando a dos enunciados prima facie contradictorios significados

compatibles, y para provocar derogaciones o anulaciones normativas asignando a una

disposición un significado incompatible con una norma superior o posterior.

. A) Criterio gramatical:

1. El argumento semántico.

El término semántica3 sirve para resolver dudas o controversias lingüísticas por medio

de las reglas del lenguaje. La interpretación semántica es aquella que se va directamente

al sentido “propio” de la dispocision normativa. En palabras de Guastini intuiría una

idea ingenua y Falaz de considerar un significado por cada palabra, es decir, seria

desconocer las múltiples acepciones que podrían tener una palabra y una norma jurídica. 3 “El término semántica (del griego semantikos, 'lo que tiene significado') se refiere a los aspectos del significado o interpretación del significado de un determinado símbolo, palabra, lenguaje o representación formal. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión” http://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica

15

Este argumento semántica hace referencia al otorgamiento al significado más inmediato

– Prima Facie- a la palabra o norma jurídica que se le atribuya según el uso común de

las palabras y de las reglas sintácticas.

Los operadores jurídicos podrán optar por recurrir al significado de una palabra si y solo

si, ésta no posee una acepción jurídica o técnica preestablecida. Para lograr desentrañar

la definición vulgar o coloquial de la palabra, podrá recurrir a la sana critica y/o a un

diccionario reconocido (Podrá ser el diccionario RAE)4

Si el operario jurídico se encontrase con una palabra que tenga un significado técnico o

jurídico especial podrá este recurrir a un diccionario especializado, y siempre contara

con la posibilidad de encontrar discrepancias con teóricos y escuelas del conocimiento.

Otro problema que nos encontramos es que el término aislado e individualmente

considerado, puede llevar a una descontextualización de la palabra y en general de la

norma. Así pues, el proceso lógico debe leerse en el sentido intrínseco de la palabra al

igual que acompañado de los elementos extrínsecos.

2. El argumento a contrario.

Como lo advertimos en su momento, existen discrepancias doctrinales entre la

concepción y utilidad de los argumentos. En este caso la divergencia conceptual la

situamos entre los profesores Naranjo Mesa y Ezquiaga Ganuzas, este ultimo

respaldado por Ricardo Guastini.

Para el profesor Vladimiro Naranjo Mesa; este argumento consiste en invocar una

solución opuesta al caso contrario que la regla jurídica prevé en forma restrictiva.

“cuando una norma da una solución restrictiva a un determinado caso, puede concluirse

que los casos contados no incluidos en ella deben resolverse en forma también

opuesta”5. Si bien advierte el doctor Naranjo que el uso debe ser prudente es

4 RAE. Real Academia de la lengua Española. http://www.rae.es/rae.html 5 NARANJO Mesa, Vladimiro. Teoría Constitucional e Instituciones Políticas. Edición 8. Bogota: Editorial Temis 2000. Pág. 412

16

ampliamente diferente a la del profesor Esquiaga Ganuzas. Cuando el profesor habla de

este argumento, hace referencia a que cuando el legislador ha regulado una hipótesis

entonces esa regulación se refiere a esa hipótesis y solo a ella, rechazándose su

aplicación a cualquier otro caso distinto expresamente contemplado en él (Pero no

siendo de aplicación opuesta, simplemente de no aplicación).

Lo expresa el profesor EZQUIAGA6 de la siguiente manera:

a) una norma N que regula un supuesto S1 al que aplica la consecuencia jurídica

C;

b) otro supuesto S2 no regulado por ninguna norma;

c) el supuesto S2 no merece la misma consecuencia jurídica que S1.

d) el argumento a contrario justifica excluir la aplicación de la consecuencia C

también al supuesto S2.

Este argumento podrá desempeñar tres funciones en su aplicación. Como argumento

interpretativo, como productor de normas, y como creador de lagunas jurídicas.

1- Como argumento interpretativo; justifica que la norma jurídica se aplique única y

exclusivamente a los casos expresamente mencionados en ella. Este tipo de

argumentación se da por ejemplo cuando se da una interpretación restrictiva como

cuando hay una enumeración y se entiende “numerus clausus” y no simplemente

enunciativa.

- Como argumento productor de normas jurídicas; en este caso se reproduce la teoría

del profesor Naranjo Mesa. El dar la consecuencia contraria a las situaciones no

previstas en la norma jurídica.

- En cuanto la creación de lagunas; podríamos decir que es generar una laguna en el

ordenamiento que no existía. Argumentando que a una situación no establecida por el

legislador no se le pueda dar la consecuencia prevista para una situación análoga, hará

necesaria la utilización de otro criterio argumentativo para ser resuelto.


17

No obstante lo anterior, otros tratadistas como Ricardo Guastini en relación a este

argumento afirma:

“El legislador ha dicho exactamente lo que quería decir y es evidente que lo que

no ha dicho no querría decirlo; si hubiere querido decirlo, lo hubiera dicho.

Como se pone de manifiesto, el argumento se rige en una perfecta

correspondencia entra la intención del legislador y el texto normativo7”

B) Argumentos del criterio sistemático:

3. El argumento a coherencia

Este argumento busca la armonía o como su nombre lo indica coherencia del sistema

jurídico como tal. La idea central de este argumento consiste en que dos disposiciones

no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas. Es por esta razón que las

normas tienen una doble dimanación, primero busca elevar su planteamiento como

obligatorio, por otra parte, busca prevalecer y evitar planteamientos que le sean

contrarios.

Tiene su uso más frecuente en temas de la constitución. Su utilización la vemos

permanentemente en la acción de inconstitucionalidad por vía de excepción. Este tipo

de control constitucional busca la coherencia del sistema jurídico y para ello será

necesaria la prevalecía de la Constitución Art. 4 CN tanto en sus normas como en sus

principios.

Ejemplo de ello será el valor vinculante que la Corte Constitucional dio a los principios

y valores “La Constitución esta concebida de tal manera que la parte orgánica de la

misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los

principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma.”8.

7 GUASTINI Ricardo. Estudios sobre la Interpretación Jurídica. Ciudad de México: de Investigaciones Jurídicas, 1999 Pág. 125. 8 Corte Constitucional Sentencia T-406 de 1992 M.P Ciro Angarita Barón.

18

4. El argumento sedes materiae.

Este argumento seria realmente débil si fuere utilizado en firma autónoma y principal.

Adquiere utilidad práctica como co-argumento. Su planeamiento se centra en la

atribución o justificación del significado debe realizarse partiendo de lugar que ocupa en

el contexto normativo. Este argumento está intrincado en la Constitución Política; en

ella existe una norma que defiende este planteamiento:

Artículo 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia

y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se

relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las

iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán

apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma

parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones

aprobadas.

Parte de la base que la ubicación normativa da una idea clara sobre su contenido o

alcance. Además, puede ser posible la existencia de una intención del legislador para

ubicarla en el lugar donde se encuentre.

Es necesario reiterar que por ser un argumento débil, es común encontrarlo acompañado

de algún otro argumento o criterio.

5. El argumento a rubrica.

Este Argumento también es de tipo débil, es de carácter auxiliar. Establece la

importancia de la norma con relación a la ubicación que esta tenga dentro del cuerpo

normativo. Prescribe este argumento que la atribución de significado a un enunciado en

función del título o rúbrica que encabeza el grupo de artículos en el que aquél se

encuentra. Esto sustentado bajo dos formulaciones básicas:

1. El titulo en que se encuentre una norma jurídica proporciona información

importante sobre el sentido de la norma.

2. Es necesario respetar la voluntad del legislador de ubicar determinada norma en una

parte de un contexto normativo.

19

Una manifestación de este tipo de argumento lo encontramos en el mandato

constitucional de nuestra Carta de 1991, en donde se dice que:

Artículo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a

su contenido…

6... El argumento sistemático en sentido estricto.

El argumento sistemático pretende exponer la interpretación de una norma deberá estar

basada por el contexto normativo. Pues una norma jurídica no se entenderá nunca de

forma aislada. Siempre conformaran un sistema y a su vez obtiene su coherencia del

diseño racional realizado por el legislador y de los principios

Es sin duda el más utilizado dentro del criterio Sistemático. Dentro de la clasificación

escogida es uno de los argumento más utilizados entre los operadores jurídicos, pero a

su vez plantea una dificultad es entender en donde empieza y donde termina en contexto

que formara el sistema; y este a su vez puede ser Restringido o Extensivo.

Este tipo de argumento puede convertirse en una interpretación de interpretaciones, es

decir, el otorgar significaciones a un contexto restringido y posteriormente realizar una

interpretación más amplia y dinámica. El resultado de estos análisis (Restringidos y

Extensivos) podrá variar significativamente.

Este argumento tiene múltiples usos, entre ellos encontramos, el determinar varios

significados independientes o en conjunto; también ayuda a encontrar la voluntad del

legislador en regulación de sistemas (reducidos y amplios); Es el criterio por excelencia

que ayuda a dar solidez a otros argumentos que por si solos serian débiles, así puede

corregir una interpretación aislada.

20

7. El argumento de la no redundancia.

Este argumento plantea que entre dos o más significados posibles de un enunciado, sea

rechazado aquel que termine siendo la repetición de otro enunciado ya estipulado en una

norma jurídica o dispocision. Entonces, si después de ver las posibles acepciones de una

interpretación, será indicado optar por la que complemente el sistema jurídico en forma

sistémica y se rechazaran las que simplemente repitan lo ya expuesto.

Este argumento es por si solo bastante débil, es utilizado en los litigios, no para sostener

una tesis, sino para sostener la indebida forma en que la contraparte esgrime su defensa;

es decir, no otorga solidez a su argumento, pero puede ser utilizada para demeritar otro.

C) Argumentos del criterio funcional:

El criterio Funcional no esta determinado en su esencia por la norma tampoco por el

órgano competente; sino más bien por la función que tiene o por los fines que persigue,

los valores que representa y protege, está determinado por la funcionalidad, desentraña

la finalidad perseguida. Es por esto, acompañado de una Constitución programática que

sea un criterio bastante utilizado.

8. El argumento teleológico.

Es también llamado argumento finalista. Su planteamiento se centra en comprender la

norma desde el fin perseguido, sobre la intención última del legislador.

En nuestro código civil encontramos el artículo 27 que consagra dentro de varios

argumentos el teleológico:

ARTICULO 27. <INTERPRETACION GRAMATICAL>. Cuando el

sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de

consultar su espíritu.

21

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley,

recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella

misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Es un argumento bastante utilizado. Aunque su aplicación presenta problemas en

encontrar la intención del legislador, en este caso se presta para discusiones en el

sentido de analizar la intención del legislador.

Esta intención se puede localizar en la norma misma, o en la exposición de motivos,

posiblemente este en las motivaciones legales, en las actas deliberativas de las cámaras;

en fin, se pueden ubicar en diferentes lugares y momentos.

Francisco Javier Ezquiaga plantea el criterio teleológico en el sentido de “la norma es

un medio, por lo que la interpretación debe tenerlos en cuenta. Dentro del argumento

suelen considerarse “finalidades” diversas, como el fin del precepto concreto objeto de

interpretación, el fin general de la materia regulada, los fines genérico del Derecho o,

incluso, los fines de la sociedad.9”.

9. El argumento histórico.

Este tipo argumental busca desentrañar los antecedentes históricos o raíces de la norma

constitucional para desentrañar su espíritu. Consta de un planteamiento fundamental el

principio de la continuidad.

Este argumento requiere para el agente considerar las motivaciones y circunstancias que

rodearon el proceso de elaboración de la norma. Estas circunstancias pueden ser tan

variadas como económicas, culturales y sociales; Así busca el agente el que se respete la

voluntad del legislador o constituyente.

Para Savigny, creador del método histórico-evolutivo de interpretación. La

interpretación no está vinculada solamente a los casos de oscuridad de la ley, sino a toda

aplicación de ésta a la vida real. Para esta escuela cada período de la historia de un


22

pueblo es continuación y desarrollo de las edades pasadas; así el Derecho seria fruto de

una ininterrumpida tradición10.

10. El argumento psicológico.

El planteamiento central de este argumento establece que una norma debe tener el

significado que la voluntad del legislador determine. Será necesario pues desentrañar la

voluntad del legislador cuando crea la norma.

La mejor manera de entender este tipo de argumento será aquella en que digamos que

busca atribuirle un significado a una norma jurídica, partiendo de la base de la voluntad

de su creador.

La aplicación, Un problema mayúsculo surge en el momento de entender la voluntad del

legislador, mas aun cuando el origen bicameral y la conformación pluridealista con

ideologías contrapuestas conforman el órgano creador de normas jurídicas.

Que decir ¿si analizamos la voluntad del legislador como cuerpo colegiado en las

transacciones políticas que incentivan y mueven la voluntad de los Congresistas?

Con estas dos ideas anteriores podríamos decir que no existe realmente una “Voluntad

Psicológica de quien el elabora las normas jurídicas. Pero, en cambio también hay

posturas a favor de este argumento.

En Palabras de Ezquiaga Ganuzas cuando cita a Haba11,

“Para él –Haba- la voluntad del legislador es de carácter empírico y,

por eso, «la determinación de la misma puede efectuarse mediante

procedimientos de orientación histórica», de tal forma que el

determinarla sería una cuestión no de imposibilidad sino de voluntad. En

10 (no hay un Derecho único intemporal, sino que es fruto de la historia), la irracionalidad de las fuerzas históricas (el Derecho no es fruto de un cálculo racional sino que brota del sentimiento de justicia que todo hombre tiene esculpido en el corazón), y el pesimismo antropológico (se desconfía de las reformas de las nuevas instituciones). Ibíd.,Pág. 393 11 Ibíd.148,

23

apoyo de su tesis acude a las ciencias psicológicas, que trabajan con

probabilidades a partir de datos empíricos y que hablan de la

«psicología» de los grupos por abstracción de ciertos caracteres que se

repiten en los mismos. En segundo lugar, recoge la «teoría del pacto»,

según la cual no sería necesario indagar el pensamiento de la mayoría

de los parlamentarios, sino sólo la de los redactores del texto, ya que

habría un pacto tácito por el que aquellos admiten el contenido

concebido por los redactores como si éste hubiera emanado de la propia

voluntad de los parlamentarios.12

Es así como se demuestran las corrientes ideológicas sobre la existencia o no de la

voluntad del legislador.

A mi modo de ver, si existen mecanismos para desentrañar la voluntad del legislador;

como son las exposiciones de motivos, los informes de deliberación, las actas del día,

los preámbulos, en fin múltiples mecanismos. Aunque comparto también la dificultad

que esto entraña y el carácter complejo del mismo.

11. El argumento pragmático.

Este tipo de argumento se basa principalmente en las consecuencias, utilidad y

practicidad como componentes esenciales y resultantes de la aplicación de una norma

jurídica interpretada en un sentido o en otro. La palabra pragmatismo (pragmatism)

proviene del vocablo griego pragma que significa acción.

La aplicación por parte del juez de este principio puede tener dos esferas. La Positiva y

Negativa La positiva implica atribuir un significado a un enunciado porque, de lo

contrario, quedaría vacío de contenido. Y la Negativa que justificaría rechazar un

significado porque convertiría una disposición en inútil.

12 Ibíd., Pág. 154.

24

12. El argumento por el absurdo.

El profesor Naranjo Mesa; determina que este argumento esta destinado a demostrar que

una determinada interpretación de una norma jurídica es errónea por ser –a la luz del

derecho- absurdas, ya sea porque resultaren contradictorias o incongruentes con otra

norma legal o porque con ella se someta al ciudadano a una situación injusta o

aberrante, o porque carezcan de sentido o resulten inoperantes.

La aplicación de este argumento lleva una serie de inconvenientes en el campo práctico,

por ejemplo, ¿que sucede si para algún sector social es absurdo y para otro no? O ¿que

sucede con la mutación del absurdo en el tiempo? En la practica de este argumento se

podrá llegar muy fácilmente a que aplica para lo inútil, lo imposible de cumplir, lo

ilógico o contrario a la experiencia, lo que provoca una incoherencia del sistema

jurídico; todo esto sin resolver los posibles inconvenientes tras su aplicación.

13. El argumento de autoridad.

Este argumento plantea que es acertada la interpretación que se haga de una norma

jurídica puesto que ello esta avalada por la doctrina de los más reconocidos conocedores

del caso concreto y/o por la jurisprudencia de las altas cortes. Para algunos este

argumento solo podrá ser utilizado como criterio auxiliar, es decir, acompañado por otro

argumento ya que solo tiene la virtud de afianzar o dar más fuerza a un argumento

principal.

La efectividad de este argumento depende enteramente del operario judicial, puesto que

sugerir un significado a una determinada norma jurídica por el solo hecho de que

alguien –diferente al juez- lo diga es realmente débil. Este argumento puede revestir

formas como jurisprudencia no vinculante, como por ejemplo las tesis relevantes, el

Derecho comparado o la doctrina.

25

LOS ARGUMENTOS EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 1992 A 1994

La estructura de la Constitución de 1991 goza de fuerza para obligar y someter a todos

los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y a los particulares, en pro del

cumplimiento de los principios y normas constitucionales por ser un Estado de derecho.

Si bien es cierto que todas estas ramas estarán sometidas a la Constitución, no menos

cierto es que entre ellas debe existir una autonomía o independencia que garanticen la

transparencia de sus actos y la consecución de sus fines.

En la misma Constitución se establece el limite a la rama judicial en su articulo 230

“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Es común

que los sistemas jurídicos que les otorgan independencia a los jueces, elabora normas

que tienen por finalidad regular la interpretación judicial, es decir, indicarle al juez

cómo debe interpretar; pues así, se les otorga libertad, y se previene autoritarismos.

Esta limitación de la independencia -por interpretación- en la actualidad –En Colombia-

es muy débil (por no decir nula). En este estudio veremos como a pesar de estas

situaciones la actividad argumentativa de la Corte es mucho más rica que lo que las

normas sobre la interpretación prescriben.

La importancia de estos estudios es notable, puesto que mediante la expresión de los

modelos argumentativos en las sentencias y sus motivaciones, se puede revisar el

sometimiento a las normas en su sentido formal y además vigilar que el juez no les

otorgue a esas disposiciones por vía interpretativa significados que alteren la voluntad

normativa del legislador -sometimiento material a la ley-.

Sin embargo, es necesario aclarar que he evidenciado que dentro del periodo analizado,

la Corte ha realizado una serie de interpretaciones que estarían rayando el limite entre el

respeto del principio de conservación de las normas y el activismo judicial, so pretexto

de la aplicación del. Principio de interpretación conforme con la Constitución. Esto en

virtud de que al analizar la disposición jurídica frente a la Constitución, la Corte ha

26

establecido que es mejor preservar dentro del ordenamiento jurídico una disposición

condicionando su interpretación a sacarla del mismo.

En estos casos, el principio de conservación de las normas ha sido utilizado para realizar

mediante interpretaciones extensivas y funcionales, argumentaciones en donde el juez

de constitucionalidad condiciona la constitucionalidad de la disposición enjuiciada a

unos parámetros interpretativos específicos.

Relación de Sentencias de 1992 y descripción de Argumentación.

Como lo mencionamos en capítulos anteriores, el grupo de investigación optó por la

siguiente clasificación de los modelos argumentativos sugerido por la escuela de

Alicante. Advierto que no existe uniformidad de criterios en cuanto la clasificación, y la

búsqueda de los argumentos no contemplo la posibilidad de otros argumentos o

criterios. Según varíe el autor, podrá cambiar también el esquema, los matices, al igual

como según las escuelas determinaran su utilidad.

CRITERIOS GRAMATICAL SISTEMATICO FUNCIONAL

ARGUMENTOS

A COHERENCIA TELEOLOGICO

SEMANTICO

SEDES

MATERIAE HISTORICO

A RUBRICA PSICOLOGICO

A CONTRARIO SISTEMATICO PRAGMATICO

NO

REDUNDANCIA PRINCIPIOS

POR EL

ABSURDO

DE AUTORIDAD

27

En el año 1992 la Corte Constitucional contaba con 7 Magistrados; Los doctores Simón

Rodríguez Rodríguez (Nov de 1991 a Feb de 1993), Eduardo Cifuentes Muñoz (Nov de

1991 a Ago de 2000, José Gregorio Hernández Galindo (Dic de 1991 a Feb de 2001),

Alejandro Martínez Caballero (Nov de 1991 a Feb de 2001), Fabio Morón Díaz (Nov de

1991 a Feb de 2001), Jaime Sanin Greiffenstein (Nov de 1991 a Feb de 1993).

Para el año 1992 fueron 52 las sentencias analizadas. Las sentencias seleccionadas para

este año fueron 9. Estas 9 sentencias fueron C-447, C-448, C-472, C-479, C-477, C-

517, C-543, C-546, C-574. A continuación se hace una relación de criterios por

sentencia, y posteriormente se hará una relación por magistrado y se harán unas

conclusiones para el año de 1992.

Criterio Gramatical

Argumento semántico Argumento a contrario

C-517

Criterio Sistemático

A Coherencia Sede Materiae A Rubrica Sistemático No Redundancia

C-448

C-479

C-477

C-543

C-574

Criterio Funcional

Teleológico Histórico Psicolog Pragmático Principios Absurdo Autoridad

C-472 C-574 C-448 C-479 C-447

C-574 C-477 C-546 C-472

C-543

28

En los cuadros anteriores vemos la existencia de múltiples Argumentos sin ser

utilizados, es más, es palpable como del criterio gramatical y Sistemático, sólo se utiliza

un argumento por criterio (Semantico y Sistemático). Fue el criterio funcional el

preferido y (5 sentencias lo utilizaron).

El Magistrado Ciro Angarita fue el único que utilizo el criterio Gramatical. También

vemos como el magistrado utilizo en una ocasión el argumento sistemático. Por ultimo

el honorable magistrado Angarita utilizo el argumento Por Principios en compañía del

magistrado Martínez Caballero. Así pues, vemos que el señor Angarita, Utilizo una

multiplicidad de los argumentos.

Con relación a los criterios utilizados el 40% de las sentencias seleccionadas, contó con

una combinación de criterio Sistemático y Funcional. Ésta combinación crea una

argumentación más sólida y concreta, pues aborda múltiples ámbitos de interpretación

de la norma. .

Por otra parte el Magistrado José Gregorio Hernández, fue el magistrado que más

argumentos utilizo. Si bien es cierto que no utilizo el criterio gramatical, si lo hizo

ampliamente con el sistemático y el funcional. En el criterio funcional, participo en 4 de

las sentencias; una de ellas lo hizo en compañía del magistrado Martínez Caballero y en

otra con el doctor Angarita. El Argumento Teleológico lo utilizo en una ocasión. Fue

también el único que utilizo el criterio Pragmático y el de Autoridad este lo uso en una

ocasión.

Participo también en una de las sentencias que utilizo el Argumento por Principios. Así

pues, vemos como el doctor Hernández Galindo fue el magistrado que más criterios y

argumentos utilizo –Según el esquema seleccionado- en las sentencias de la Corte

Constitucional en el año 1992.

El magistrado Martínez Caballero utilizo poco los Criterios y los Argumentos en sus

sentencias. Él utilizo en dos ocasiones Principios (Una de ellas en colaboración con

José Gregorio Hernández y en otra con el magistrado Angarita). Y en una oportunidad

29

el Argumento Sistemático en colaboración con Hernández Galindo, pero es de anotar

que estas tres sentencias en las que participo, fueron fruto de Ponencia Múltiple.

El magistrado Eduardo Cifuentes Muños utilizo el criterio de autoridad en una ocasión,

siendo así su única participación con modelos arguméntales.

En el caso de 1992, tras la selección de las sentencias que utilizaron modelos

argumentativos vemos claramente que estas elaboraciones fueron el fruto de tres

magistrados. José Gregorio Hernández, Eduardo Cifuentes Muñoz, Ciro Angarita y

Alejandro Martínez Caballero. Siendo menor la utilización de los argumentos

propuestos por los magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Fabio Morón Díaz, Jaime

Sanin Greiffenstein.

30


Para el año 1992 la corte constitucional contó con 7 magistrados en la totalidad del año,

para el año 1993 la composición vario hasta llegar a los 9 magistrados, razón por la cual

es de advertir que existen sentencias con 7 magistrados al igual que con los 9

magistrados. En este año las tendencias podrían cambiar puesto que con la

incorporación de nuevos magistrados se permite la llegada de nuevas ideologías y

nuevas formas arguméntales.

La Corte Constitucional estuvo compuesta finalmente por 9 magistrados Hernando

Herrera Vergara, Jorge Arango Mejia, Antonio Barrera Carbonell, Eduardo Cifuentes

Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martínez

Caballero, Fabio Moron Diaz, Vladimiro Naranjo Mesa.

Para este año fueron analizadas 204 sentencias tipo C y 5 sentencias de tipo SU. De las

cuales fueron seleccionadas 18 tipo C y 1 tipo SU puesto que fueron ellas las que

contenían modelos argumentativos. C-003, C-016, C-027, C-053, C-054, C-060, C-

072, C-074, C-127, C-171, C-197, C-265, C-270, C-301, C-485, C-488, C-530, C-568,

SU-277

Siguiendo el modelo del escrito, se realizara una relación de criterios por sentencia, y

posteriormente se hará una relación por magistrado y se harán unas conclusiones para este

año.

Criterio Gramatical

SEMANTICO A CONTRARIO

C-016

C-568

31



C-072 C-003

C-027

C-053

C-127

C-270

C-301

C-485

Criterio Funcional


C-053 C-003 C-054 C-016 C-265

C-060 C-027 C-060 C-074 C-301

C-127 C-072 C-127 SU-277

C-197 C-127 C-171

C-488 C-171 C-197

C-530 C-265

C-568 C-530

C-568

SU-277

De las sentencias seleccionadas vemos como para este año a diferencia de 1992, la

participación aumenta notablemente en la utilización de los argumentos. En total vemos

como 9 magistrados utilizaron modelos argumentativos y solo 2 no utilizaron ningún de los

modelos planteados (Carlos Gaviria Diaz y Hernando Herrera Vergara).

32

Para este año, se denota una tendencia que venia desde el año anterior, es la de acompañar

los argumentos del criterio Sistemático con argumentos del criterio funcional. Pues, la gran

mayoría de los argumentos de criterio sistemático tienen su acompañamiento en el

Funcional. Esto demuestra –a mi manera de ver- el compromiso de la Corte con crear

sentencias mejor argumentadas; debido a que se abarcan los posibles escenarios de la

interpretación de la norma.

Tras la lectura, selección y análisis podemos ver una notoria preferencia por los criterios

sistemático y funcional, fueron los más utilizados los criterios sistemático y funcional.

Quedando bastante rezagado el criterio gramatical con sus dos posibles argumentos como

lo demuestra el análisis, solo fueron utilizados en 4 sentencias de las 44 seleccionadas (en

los 3 años). En el año concreto solo fueron utilizados en dos oportunidades (Semantico)

una por el magistrado Fabio Moron D, y otra por el doctor Ciro Angarita.

También podemos ver como permanece una notoria pro actividad en el uso de modelos

argumentativos Alicantinos por parte de los magistrados José Gregorio Hernández G y

Alejandro Martínez Caballero Para éste año cada uno de ellos utilizo en 4 oportunidades

modelos argumentativos, correspondiendo esto al doble de los utilizados por los otros

magistrados.

Tras el análisis de este criterio Sistemático en este año vemos claramente como; el

argumento sistemático es claramente el único utilizado dentro de este criterio; pues no se

utilizaron en ninguna “Sede Materiae” “A Rubrica” No redundancia”. También vemos

como es utilizado este argumento por múltiples magistrados (Alejandro Martínez en dos

oportunidades, Ciro Angarita 1 oportunidad, Simón Rodríguez 1 oportunidad, José

Gregorio Hernández en dos oportunidades, Eduardo Cifuentes 1 oportunidad).

En el criterio funcional encontramos varias cosas bastante interesantes. Primero, vemos

una alta participación en cuanto a argumentos utilizados y también en relación a los

magistrados participantes. Por otra se denota una tendencia de acompañar la sentencia de

varios argumentos (por lo general 2); con una clara tendencia de Acompañar los

argumentos “Teleológico” y “Principios” y/o “Pragmático”, en la medida en que hacen

parte de un criterio funcional del derecho, que le permite al juez relacionar una serie de

aspectos normativos para llegar a la solución del caso concreto.

33

En cuanto al argumento “Pragmático”, encontramos magistrados abanderados en el tema

como son Alejandro Martínez Caballero con 2 usos del mismo. El magistrado Fabio Moron

Diaz con 2 usos y con un uso los magistrados José Gregorio Hernández y Vladimiro

Naranjo.

En cuanto al argumento por “Principios” encontramos un grupo compuesto por los

Magistrados Ciro Angarita, Alejandro Martínez, Fabio Moron y Antonio Caballero con dos

utilizaciones en las sentencias en las que se encontraron modelos arguméntales.

Por ultimo, dentro del criterio “Funcional” argumento “Teleológico” encontramos a José

Gregorio Hernández, Fabio Moron, Alejandro Martínez, Antonio Barrera y Vladimiro

Naranjo todos haciendo uso en una oportunidad de este argumento.

Esta combinación de argumentos como “Teleológico” y “Principios” y/o “Pragmático”,

a mi manera de ver demuestra dos cosas fundamentalmente; la necesidad de acomodar el

alto valor programático y axiológico de la Constitución con las realidades particulares

existentes en ese momento. Y la segunda es el muy alto nivel de concepción dogmática de

la Corte Constitucional.

En el año 1993 vemos un auge importante en los argumentos utilizados, y en la cantidad de

magistrados que se involucran con los modelos arguméntales. Hasta este momento del

análisis podemos sostener que si bien es cierto que hay un aumento en la participación en

la argumentación, vemos como hay argumentos que no se han utilizado hasta el momento

como “a Contrario, Redundancia, Rubrica, Sede Materiae, Psicológico, Absurdo”, lo cual

no implica que no sean usados por los Magistrados en sus sentencias, sino que en el

periodo analizado no se encontraron hallazgos de este tipo.

Los magistrados José Gregorio Hernández y Alejandro Martinez utilizaron en el año 5

tipos de Argumentos (Teleológico, funcional, Pragmático, Coherencia, Principios,

Histórico) por otra parte los magistrados Vladimiro Naranjo, Fabio Moron, Antonio

Barrera utilizaron 4 (Pragmático, teleológico, Autoridad y Principios) todo esto denota una

creciente actividad en el tema argumental, pues se pasa de los criterios sistémicos y

gramaticales a un contexto funcional, en donde el ordenamiento jurídico es analizado

desde una perspectiva dinámica.

34


Para este año se leyeron 222 sentencias y fueron seleccionadas 17 de tipo C por

contener modelos argumentativos. Cabe anotar que de las 2 sentencias tipo SU no hubo

modelos argumentativos en ninguna de ellas.

La composición de magistrados no vario en la totalidad del año, su composición se

mantuvo con Herrera Vergara, Jorge Arango Mejia, Antonio Barrera Carbonell,

Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo, Carlos Gaviria Diaz,

Alejandro Martínez Caballero, Fabio Moron Diaz, Vladimiro Naranjo Mesa.

Las sentencias seleccionadas fueron C-021, C-069, C-086, C-105, C-147, C-198, C-

212, C-221, C-226, C-350, C-358, C-424, C-455, C-496, C-544, C-546.

Criterio Gramatical

SEMANTICO A CONTRARIO

C-455



C-147 C-021

C-198

C-212

C-358

C-455

C-496

35

C-086

C-350

C-374

C-424

C-544

Criterio Funcional


C-069 C-069 C-069 C-374

C-105 C-105 C-086 C-424

C-221 C-221 C-221 C-544

C-226 C-546 C-226

C-455 C-455

C-496

C-546

Debemos anotar que en lo referente a al criterio sistemático para las sentencias C-086,

C-350, C-374, C-424, C-544 se vinculan al argumento sistemático en el proceso de

encuadrarlos bajo uno de los criterios y argumentos que tenemos como marco; pero el

resultado del análisis fue determinado bajo el argumento “a Fortiori”.

Sobre el argumento a fortiori. El profesor Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas dice:

“es un procedimiento discursivo por el que “dada una norma jurídica

que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o

de una clase de sujetos, se debe concluir que valga (que sea válida, que

exista) otra norma que predique la misma calificación normativa de otro

sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen,

con mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación

que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos”.

Dicho de otro modo, justifica trasladar la solución legalmente prevista

36

para un caso, a otro caso distinto, no regulado por el ordenamiento

jurídico, porque merece esa solución legal con mayor razón”.13

En este año encontramos que la totalidad de los magistrados utilizaron algún modelo

argumentativo. Al igual que persiste la tendencia en cuanto introducir múltiples

argumentos en cada sentencia; generando así sentencias argumentativamente más

sólidas, en la medida en que hay mas argumentos en juego, que exigen un nivel de

coherencia mayor entre la hilación de unas premisas y otras.

Los magistrados Jorge Arango Mejia con 5 sentencias y el doctor Alejandro Martínez

Caballero con 4; fueron quienes más sentencias elaboraron que tuviesen modelos

arguméntales. En menor cantidad están las sentencias del doctor Antonio Barrera

Carbonell, Vladimiro Naranjo Mesa (2), José Gregorio Hernández, Carlos Gaviria Diaz

y Fabio Moron Diaz.

Como se venia explicando la tendencia en el año de 1993, esta se mantuvo con relación

a ignorar la existencia de otros modelos como “Sede Materiae” “A Rubrica” No

redundancia” “a Contrario” “Absurdo” “psicológico”.

A mi manera de interpretar esta combinación de argumentos y criterios “Sistemático,

Teleológico, Pragmático, Principios” por parte de la Corte Constitucional en el año

1994 y en general en el periodo estudiado; nacen por la necesidad de acomodar el nuevo

ordenamiento político y jurídico a las necesidades sociales de la Nación en ese

momento; sin que se desconozca ni vulnere el contenido programático de la

Constitución. Recordemos el origen convulso de la Constitución, la justicia sin rostro,

el decaimiento de los carteles de la droga, magnicidios, y apertura económica.

En el transcurso del periodo estudiado vimos como algunos argumentos no fueron

utilizados, también vimos algunos que fueron poco utilizados y por otra parte, vimos la

tendencia de utilizar algunos de manera reiterativa como es el caso del argumento

sistemático que vimos como ya en el año 1992 –Primer año de existencia- se utilizo en


37

un poco menos de la mitad de las sentencias seleccionadas, aumentando a 7 sentencias

en 1993 y 11 en 1994.

Vimos también un claro ascenso en el uso del argumento Teleológico de 2 sentencias en

el primer año hasta llegar a 7 en 1994. Dentro del criterio funcional. Algunos

argumentos aumentaron su utilización en el año 93 reduciendo su utilización en 94

como el argumento “Pragmático” y “Principios”. Y vimos como se mantuvo sostenido

el argumento de autoridad con igual número de sentencias 3 sentencias en cada uno.

38

CONCLUSIONES

En este trabajo, en el que nos aproximamos a las tendencias argumentativas de la corte

constitucional en los años 1992 a 1994 pudimos concluir que son usados múltiples

argumentos por los magistrados al momento de justificar sus decisiones.

Ya desde 1992 las sentencias que contuviesen modelos argumentativos, poseían una

combinación entre el Funcional y Sistemático, dándole una mayor solidez al carácter

argumentativo de cada sentencia.

Comprobamos un descenso en el nuemero de sentencias que poseían modelos

argumentativos con relación al total de sentencias elaborados en cada año- Si bien es

cierto que se denota un aumento en las sentencias analizadas del año 1992 a 1994,

proporcionalmente al número de sentencias elaboradas por la Corte se ve una

disminución a la mitad. Es decir, en 1992 hubo 52 sentencias y de ellas se seleccionaron

9 lo que corresponde a un 15.38 % -Bastante bajo- contenían modelos argumentativos.

Para el año 1993 fue de 209 sentencias fueron seleccionadas 19 sentencias para un

porcentaje de 9.09 % y en 1994 el porcentaje se redujo a 7.65 % con 222 sentencias

leídas y 17 seleccionadas.

Con relación a los criterios argumentativos encontramos como existe una clara

predilección sobre el criterio Sistemático y el criterio Funcional y quedando muy

rezagado en su uso el criterio Gramatical,

Pudimos observar la inutilización absoluta de argumentos como Contrario,

Redundancia, Sede Material, a Rubrica, Psicológico, y Absurdo. Mientras que

encontramos como el Argumento Sistemático fue el más utilizado con 5 ocasiones en

1992; 7 en 1993, y 11 en 1994 correspondiendo casi con un 50 por ciento de las

sentencias por cada año.

En los años estudiados vimos como se comprueba el uso de varios múltiples

argumentos en una misma sentencia, generando así una mejor base argumental por cada

39

sentencia, puesto que se comprende espacios interpretativos. Todo esto a pesar de la

disminución de sentencias con modelos arguméntales en relación a las elaboradas por

año.

40

BIBLIOGRAFIA

- AGUILO REGLA, Josep, Fragmentos para una Teoría de la Constitución, Madrid: Iustel, 2007

- ATIENZA, Manuel, El Derecho como Argumentación, Barcelona: Ariel, 2006 - EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier, La Argumentación Interpretativa en

la Justicia Electoral Ciudad de México: Mexicana Editorial Tribunal Electoral, 2006

- DEL CARRIL H, Enrique El Lenguaje de los Jueces. Buenos Aires: Editorial

Ad Hoc, 2007 - EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier, La Argumentación en la justicia

Constitucional Española. Oñate: Instituto Vasco de Administración Publica,1987 - FERNANDES, Ramón Tomas, Del Arbitrio y de la Arbitrariedad judicial,

Madrid, Iustel, 2005

41

CUADROS DE SENTENCIAS DE 1992

CUADRO – GUÍA DE ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

DE PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA

NÚMERO- TIPO DE SENTENCIA

C-447

FECHA DE SENTENCIA Julio 9 de 1992 MAGISTRADO PONENTE Eduardo Cifuentes Muñoz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

MAGISTRADOS QUE ACLARARON EL VOTO

NORMAS CONSTITUCIONALES OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

el decreto 680 de 1992

PROBLEMA JURÍDICO DE LA SENTENCIA

Se plantea la viabilidad jurídica del decreto declarativo del estado de emergencia económica causado por el verano y que pone en emergencia financiera las empresas del sector energético

DECISIÓN EXEQUIBLE

DOCTRINA DEL CASO CONCRETO EN LA DECISIÓN MAYORITARIA (TESIS)

Se hace el análisis de fondo y de forma, en fondo hacen referencia a agudo y grave desabastecimiento. Tomando argumentos de expertos en el tema y realidades pragmáticas

DOCTRINA DEL CASO CONCRETO PARA EL SALVAMENTO DE VOTO

DOCTRINA DEL CASO CONCRETO PARA LA ACLARACIÓN DE VOTO

Los argumentos radican en la acertada realización del control material y no simplemente formal

42




C-448

FECHA DE SENTENCIA JULIO 9 DE 1992 MAGISTRADO PONENTE JOSE GREGORIO HERNANDEZ G MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Revisión oficiosa del Decreto No.700 del 24 de abril de 1992, "Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación, endeudamiento, presupuesto y reestructuración de las entidades del sector eléctrico y se adoptan otras disposiciones con el fin de conjurar la crisis en el servicio público de energía eléctrica e impedir la extensión de sus efectos".


El problema radica en la interpretación que se de a conjurar una crisis financiera

DECISIÓN Exequibles Decreto Legislativo No. 700 del 24 de abril de 1992,Exequible condicional inciso 2o. del artículo 10


Argumentan la necesidad de hacer un análisis gramatical y restrictivo; como justificación al control de la discrecionalidad y el abuso en los estados de excepción. Tema de tributos directamente relacionados a sobrepasar la crisis.



43




C-472

FECHA DE SENTENCIA Julio 23 de 1992 MAGISTRADO PONENTE JOSE GREGORIO HERANDEZ G MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Acción de inconstitucionalidad contra la reforma 143, numeral 3º, integrante del artículo 1o. del Decreto 2282 de 1989, "por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil".


En que forma se debe entender el derecho a la igualdad, haciendo análisis teleológicos y doctrinales.

DECISIÓN Exequible


Entender el derecho a la igualdad desde el punto de vista sistemático y teleológico. No desde el simple gramatical; porque de usarlo así se llega a una injusticia.



44




C-479

FECHA DE SENTENCIA Agosto 13 de 1992 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernandez y Alejandro Martínez

Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

FABIO MORON DÍAS; SIMÓN RODRIGUEZ RODRIGUEZ. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN



Demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra el artículo 2º de la ley 60 de 1990 y el Decreto Ley 1660 de 1991


Es o no vinculante el Preámbulo de la constitución“Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución”

DECISIÓN EXEQUIBLE, por el aspecto material, el artículo 2º de la Ley 60 de 1990.

INEXEQUIBLE en todas sus partes, por ser contrario a la Constitución, el Decreto 1660 de 1991.


Permite darle alcance vinculante a los principios constitucionales. Carácter sistemático que involucra el preámbulo como fuerza vinculante. Argumentación Histórica y teleologica en la declaración de Virginia de 1786


Como interpretan el derecho a la igualdad en los empleos públicos.


45




C-477

FECHA DE SENTENCIA Agosto 6 de 1992 MAGISTRADO PONENTE JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Opera tanto para los asuntos de constitucionalidad como de tutela, pues toda sentencia versa siempre sobre alguna norma constitucional específica. Se indicarán las normas constitucionales que se refieran al caso en decisión.


Por el transito constitucional se analiza los tratados en proceso de ratificación y los poderes de los celebrantes.

DECISIÓN EXEQUIBLE el ACUERDO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY,


Competencia de la corte a analizar tratados internacionales. Sistemático, literal, “contextual”, teleológico… se repite en la C-504 C-563 (en la C-589 hace el análisis de la cesación de las funciones del congreso en los tratados celebrados pero no ratificados.



46




C-517

FECHA DE SENTENCIA SEPTIEMBRE 15 DE 1992 MAGISTRADO PONENTE Ciro Angarita Barón MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3o.(parcial),4o.(parcial), 5o. (parcial), 7o., 8o. (parcial), 9o., y 12 (parcial) de la Ley 86 de 1989 "por la cual se dictan normas sobre sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros y se proveen recursos para su financiamiento


Usa el criterio gramatical semántica para definir bien descentralización y desconcentración. Se plantea la necesidad de entender bien la diferencia existente entre estos dos conceptos

DECISIÓN Exequible todo menos la expresión "departamental de Antioquia" contenida en el parágrafo 1o. del artículo 8o.


Si hay diferenciación en los conceptos y En un Estado unitario, como Colombia, coexisten formas de descentralización cualitativas y cuantitativas con la unidad de organización de la comunidad estatal. Tales formas se manifiestan a través de entes territoriales (departamentos, municipios) o de una racionalización de funciones administrativas (vgr. corporaciones autónomas regionales)



47




C-543

FECHA DE SENTENCIA Octubre 1 de 1992 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández Galindo MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO



los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991


La necesidad de la potestad de decretar la caducidad por parte del Estado.

DECISIÓN INEXEQUIBLES, los artículos 11 y 12 del Decreto2591 de 1991. INEXEQUIBLE, el artículo 40 del mismo Decreto. EXEQUIBLE el artículo 25


Hacen interpretación gramatical sistemática para definir caducidad y justificación por doctrina. Usan derecho comparado y se remiten a la intención del constituyente


Hacen referencia a una cosa juzgada en una sentencia anterior.


48




C-546

FECHA DE SENTENCIA octubre 1 de 1992 MAGISTRADO PONENTE CIRO ANGARITA BARÓN, ALEJANDRO

MARTINEZ CABALLERO. MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículos 8o., parte final y 16o. de la Ley 38 de 1989, "Normativa del Presupuesto General de la Nación."


La necesidad de determinar la tercera edad por criterios de justicia, igualdad, equidad. definen históricamente la 3 edad, su importancia de la protección

DECISIÓN INHIBIDA para conocer de la inconstitucionalidad del artículo 8º SON EXEQUIBLES los artículos 8°, en la parte que dice: "y la inembargabilidad", y 16 de la Ley 38 de 1989;




49




C-574

FECHA DE SENTENCIA Octubre 28 de 1992 MAGISTRADO PONENTE Ciro Angarita Barón MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Revisión oficiosa del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I)


DECISIÓN EXEQUIBLE el Protocolo I adicional a los convenios de Ginebra


Interpreta con histórico sistemático, teleológico y se determina la necesidad de incorporar el protocolo al ordenamiento



50

Cuadros de Sentencias de 1993




C-003

FECHA DE SENTENCIA Enero 14 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Norma acusada: inciso final del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991


Se plantean si una persona jurídica puede interponer acción de inconstitucionalidad En caso de que la demanda sea presentada a petición de una persona natural o jurídica, el demandante deberá indicarlo en la demanda".

DECISIÓN INEXEQUIBLE el inciso final del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991


Hacen una interpretación sistemática, histórica, a rubrica para determinar que si la demanda es las personas jurídicas no interpondrán acciones de inconstitucionalidad



51




C-016

FECHA DE SENTENCIA Enero 21 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Ciro Angarita Barón MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión "No Formal" de los incisos 1o. y 3o. del art. 3o. del Decreto Ley No. 088 de Enero 22 de 1976, "por el cual se reestructura el sistema educativo y se reorganiza el Ministerio de Educación Nacional".


El concepto de Educación -no formal- dicen que es discriminatoria. Además infiere quebranto al derecho al trabajo consagrado como fundamental en el artículo 25 de la Carta.

DECISIÓN EXEQUIBLE la expresión "educación No Formal"


Dicen que la educación no formal, primero no discrimina, segundo no atenta contra el derecho al trabajo, y si se hace una discriminación es positiva.



52




C-027

FECHA DE SENTENCIA Febrero 5 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Simón Rodríguez MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Ley 20 de 1974 "Por la cual se aprueba El Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede Bogotá el 12 de julio de 1973".


Se estudian las múltiples concesiones que se le otorga a la santa sede como iglesia, y se estudia como un Estado Laico y con desigualdad ante las otras religiones

DECISIÓN Exequible “No acceder a la solicitud de nulidad”




53




C-053

FECHA DE SENTENCIA Febrero 18 de 1993 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Ciro Angarita Barón



Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 158 y 293 del Decreto 2700 de 1991


El problema es la posibilidad de juzgar con testigos y jueces sin rostro o ocultos. todos somos iguales ante la ley, no es posible que a determinadas personas no se les respete el debido proceso al ser juzgadas por jueces, funcionarios públicos y testigos ocultos,

DECISIÓN EXEQUIBLES


La prevalecía del interés de la sociedad y los fines superiores de la justicia exigen. Además, el acusado no tiene que conocer el testigo siempre que el estado garantice por el la controversia de las pruebas.


Considera que las realidades no justifica la creación de un procedimiento paralelo a las disposiciones consagradas en el Código de Procedimiento Penal


54




C-054

FECHA DE SENTENCIA Febrero 18 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Norma acusada: Decreto 2591 de 1991, artículos 25, 29, 33, 37, 38 y 40


Se acusan artículos del decreto que regula la tutela por violar planteamientos procesales y de garantíasjudiciales.

DECISIÓN EXEQUIBLES


La tutela tiene que ser un punto medio entra la flexibilidad que permita al ciudadano común ejercerla sin problema alguno y que garantice los postulados procesales.



55




C-060

FECHA DE SENTENCIA Febrero 22 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Fabio Moron Diaz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO




Revisión constitucional del Decreto No. 1942 del 30 de noviembre de 1992 "Por el cual se dictan normas sobre reservas y adjudicación de terrenos baldíos".


se considera necesario excluir del régimen ordinario de libre ocupación y adjudicación de terrenos baldíos, las zonas que se hallen las zonas de oleoductos y zonas mineras por acciones terroristas

DECISIÓN Exequibles


Las realidades hacer considerar las posibilidades de omitir estos terrenos en los procesos de adjudicación.



Aclara que existe una diferencia entre bienes baldíos y bienes fiscales, pues en los baldíos no hay pleno derecho de propiedad, y su naturaleza es para adjudicarse.


56



C-072

FECHA DE SENTENCIA Febrero 25 de 1993 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO




Decreto Legislativo 2006 del 14 de diciembre de 1992, "Por el cual se dictan normas de conmoción interior sobre asunción por parte de la Nación, de pérdidas ocasionadas por actos terroristas al sector transportador


Se plantea si es posible la creación de nuevos gastos en el presupuesto nacional para sufragar los gastos que ocasiones las acciones terroristas en el sector transportados

DECISIÓN Declárese Constitucional EXEQUIBLE


Son necesarios los recursos adecuados para financiar las nuevas erogaciones que se requieren para dar respuesta a la escalada terrorista. De los recursos dicen deben ser las estrictamente indispensables pero también las suficientes



no puede haber laxitud alguna en la consideración de las causas de perturbación del Orden Público, porque ella puede estimular el uso de atribuciones especiales para resolver problemas transitorios de manejo presupuestal

57




C-074

FECHA DE SENTENCIA Febrero 25 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Ciro Angarita Barón MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



el decreto ley 1755 de 1991 "Por el se dictan disposiciones sobre la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero"


DECISIÓN Exequible


Se establece la necesidad de una modernización del Estado, las instituciones jurídicas tienen que responder a realidades sociales. Y deben respetarse los derechos laborales, estado social de derecho y derechos adquiridos.



58




C-127

FECHA DE SENTENCIA Marzo 30 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martínez Caballero


Jorge Arango Mejia, Jose Gregorio Hernandez.


Decreto 2266 de 1.991.


Se plantea como el terrorismo es un flajelo que va más allá del estado de sitio, por ser este un estado de excepción, las normas comunes deben ser más fuertes. No se limitara a los estados de conmoción.

DECISIÓN EXEQUIBLE el Decreto 2266 de 1991, con excepción de las expresiones "intendente", "comisario", "suplente", "Concejos Intendenciales" "Concejos Comisariales", "Subdirector Nacional de Orden Público" y "Director Seccional de Orden Público"


El derecho debe estar de frente a las realidades como es el terrorismo, el enriquecimiento ilegal y la corrupción que este genera. Las normas acusadas tienen la fiel intención de darle frente a los citados flagelos.


Hay varios temas, las líneas geniales es que las constituciones tienen transito de normalidad y de anormalidad, el terrorismo como un delito de difícil determinación. Y si bien es cierto las normas gozan de gran aceptación en la opinión pública que, de ordinario, confunde dos cosas bien distintas: la urgencia de superar la situación crítica, y la justicia y eficacia de los instrumentos que se emplean para superarla


Los magistrados ven un transito hacia la "normalización" de la legislación excepcional, propia de los tiempos de crisis, convirtiendo toda medida extraordinaria en permanente, pese a los deliberados propósitos del Constituyente de 1991

59




C-171

FECHA DE SENTENCIA Febrero 5 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Vladimiro Naranjo Mesa MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Fabio Morón Diaz Eduardo Cifuentes Muñoz



Decreto No. 264 del 5 de febrero de 1993 "Por el cual se expiden normas sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia."


Los planteamientos van desde la viabilidad jurídica de beneficios, se plantea la utilidad de otorgar beneficios para sobrellevar un estado de conmoción interior. Sobre la supresión de funciones y organismos en los estados de excepción,

DECISIÓN INEXEQUIBLE el Decreto legislativo No. 264 del cinco (5) de febrero de 1993, "Por el cual se expiden normas sobre la concesión de beneficios por colaboración con la justicia", por las razones expuestas en esta providencia.


La tesis mayoritaria opta por entender que el decreto es violatorio de la constitución al mutar las funciones de los organismos en estados de excepción, al considerar un desvío del poder en estados en que la limitación se hace mas exigente


El decreto es violatorio del principio de igualdad, se favorece al crimen organizado por su mayor poder intimidatorio; también viola el derecho a no auto incriminarse por los beneficios.


60




C-197

FECHA DE SENTENCIA Mayo 20 e 1993 MAGISTRADO PONENTE Antonio Barrera Carbonel MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Decreto 444 de 1993 "Por el cual se dictan medidas de apoyo a las victimas de atentados terroristas"


El Legal y legitimo que el Estado asuma una cuantía pecuniaria para indemnizar a las victimas del crimen organizado sin que se considere responsabilidad del Estado según el art. 90 de la CN. Y además plantean que es ilegal, pues viola los principios de igualdad y deslegitima al Estado

DECISIÓN Exequible


Se hace por justicia social y la responsabilidad estatal sin culpa, cuando el daño proviene de un riesgo de naturaleza excepcional y anormal, creado por la administración. "la asistencia que la nación o las entidades territoriales presten a las víctimas de atentados terroristas..., no implica el reconocimiento de responsabilidad



61




C-265

FECHA DE SENTENCIA Julio 8 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Fabio Moron Diaz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 4o. del Decreto-ley 2652 de 1991.


Las salas del Consejo Superior de la Judicatura tiene dos funciones que vienen dadas desde la constitución misma, desde la administrativa y la otra es la disciplinaria. Y el decreto esta violando esa asignación de funciones. porque el legislador no podía crear una Sala Plena en dicha Corporación, porque, como se ha visto, dicha Corporación es tratada en el orden constitucional como una unidad en el ejercicio de sus funciones

DECISIÓN EXEQUIBLE el artículo 4o. del Decreto Ley 2652 de 1991, salvo los numerales 3o., 4o., 5o., 6o., 7o., 9o., 10, 12, 14, 17 y 8o. en la parte que dice: “los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador y sin perjuicio de las facultades propias de éste. En ejercicio de esta atribución, y cuando fuere conveniente, el Consejo podrá establecer servicios administrativos comunes a los diferentes despachos judiciales.", que se declaran INEXEQUIBLES


Según la corte, el decreto regula procedimientos surtidos ante el CS de la J y no estaría creando organismos, sino más bien, regulando los procedimientos ante los organismos constitucionales.



62




C-270

FECHA DE SENTENCIA Julio 13 de 1993 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández Galindo MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Proyecto de Ley No. 151/92 Cámara, 76/92 Senado, "Por el cual se interpreta con autoridad el artículo 7º del Decreto-Ley 929 de 1976, el artículo 3º del Decreto 1076 de 1992 y el artículo 14 de la Ley 17 de 1992 y se dictan otras disposiciones".


El caso es que con una interpretación del art. 150 en el que dice que el congreso le corresponde la interpretación de las leyes, se elabora una ley diciendo como debe interpretarse un decreto ley una ley no es interpretativa por el solo hecho de que así lo proclame su texto, sino por el contenido de sus disposiciones

DECISIÓN Inexequibles Declárense FUNDADAS las objeciones presidenciales por inconstitucionalidad


no es admisible que el Legislativo, so pretexto de interpretar disposiciones anteriores, someta al trámite de leyes ordinarias la regulación de puntos concretos, relativos a los servidores de entidades determinadas, lo que debería ser objeto del mecanismo institucional indicado, en cuya estructura sistemática el papel del Congreso debe ceñirse a la función de dictar normas generales



63




C-301

FECHA DE SENTENCIA Agosto 2 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Eduardo Cifuentes Muñoz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Total: Jorge Arango Mejia, Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martinez Caballero. Parcial Valdimiro Naranjo Mesa, Fabio Moron Diaz, Hernando Herrera Vergara.



la Ley 15 de 1992 "por medio de la cual se adoptan como legislación permanente los artículos 1º, 3º y 4º del Decreto 1156 de 1992"


En el articulo 3 de la norma demandada, se discrimina sin justificación alguna los términos, llevando consigo una consideración de los términos procesales dependiendo del delito. En el articulo primero discrimina el trato según el delito sea de conocimiento del juez regionales y del tribunal nacional “a competencia de los jueces regionales y del Tribunal Nacional no conforma una jurisdicción especial distinta de la ordinaria”

DECISIÓN Declarar exequibles los artículos primero y segundo de la Ley 15 de 1992. Declarar inexequible el artículo tercero de la Ley 15 de 1992. Declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada señalada en el numeral anterior sólo tendrá efecto a partir de la notificación de la presente sentencia y, en consecuencia, únicamente llegado ese momento se entenderá excluida del ordenamiento jurídico.


La Corte debe distinguir la hipótesis ordinaria en la que el legislador dicta una ley penal sustantiva o de procedimiento, de aquella que ahora se analiza y en la que el órgano legislativo se limita, por vía de autoridad, a interpretar una o varias leyes preexistentes.

64


Parcial: determina que al hacer un análisis lógico y sistemática desconoce planteamientos del propio constituyente, es decir, la interpretación vacía algún contenido normativo, se desvía de la descripción lógico argumental En el caso del debido proceso.

Total: dicen que el habeas corques tiene que ser una ley estatutaria, vicio de forma. Además que se crea una jurisdicción especial con un trato discriminatorio.


65




C-485

FECHA DE SENTENCIA Octubre 28 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Eduardo Cifuentes Muños MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



artículo 15 (parcial) de la Ley 31 de 1992


El decreto establece que el Banco de la Republica deberá representar al estado ante los organismos financieros internacionales en el exterior, y el presidente como director de las relaciones exteriores deber velar por el cumplimiento, eso le quitaría la autonomía al banco en algún modo.

DECISIÓN Declarar INEXEQUIBLE el inciso primero del artícu15 de la Ley 31 de 1992, así como su parágrafo.


En un proceso de globalización, de flexibilización de los mercados es coherente que el presidente a través de sus designados dirija las relaciones. Pero el presidente como director de la política exterior ha contado con banco republica para la elaboración de los tratados; así se concreta la armonía entre las ramas, pero el alcance de autonomía del banco de la republica se debe mantener.



66




C-488

FECHA DE SENTENCIA Octubre 28 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Vladimiro Naranjo Mesa MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Fabio Moron Diaz, Vladimiro Naranjo Mesa



inciso 2o. del artículo 23 de la Ley 58 de 1985


Se plantea que limitar el derecho de expresión (encuestas de favorabilidad) durante 30 días previos a la elección es violar el derecho a informar. Y el decreto considera ese lapso de reflexión.

DECISIÓN INEXEQUIBLE el inciso 2o. del artículo 23 de la Ley 58 de 1985 "Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos políticos y se provee a la financiación parcial de las campañas electorales".


Esa limitación en el tiempo, debe ser prudencial y 30 días es mucho. Dice que el tiempo es matizadle pero que el núcleo del derecho a recibir información, de informar, y libre expresión son inalterables; y eso es una prohibición inocua


Vladimiro Naranjo, considera que la Corte hizo una interpretación donde no le es posible hacerla, puesto que considero el término de 30 días bastante amplio. E igual el término puedo ser cualquiera.

Fabio Moron, considera el término de 30 dias prudencial, puesto la capacidad de manipular y alterar la conciencia colectiva.


67




C-530

FECHA DE SENTENCIA Noviembre 11 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Decreto No. 2762 de 1991


El caso es que el archipiélago de San Andrés y Santa Catalina requieren de un régimen administrativo especia pues se verá comprometida de manera letal e irreversible la supervivencia de la especie humana, de no tomarse correctivos; desde el Art. Transitorio 42.

DECISIÓN Declarar EXEQUIBLE el Decreto Nº 2762 de 1991, por las razones expuestas en esta sentencia, en el entendido que a los servidores públicos nacionales que ejercen jurisdicción o autoridad política, judicial, civil, administrativa o militar, al igual que todos los integrantes de las fuerzas militares o de policía y los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que ingresen en ejercicio de sus funciones al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dicho Decreto se les aplica con las limitaciones establecidas en el cuerpo de esta sentencia.


La tesis esgrimida considera este un régimen especial, unas medidas adoptadas haciendo frente a las realidades sociales, demográficas y culturales de la isla. Y las posibles discriminaciones existentes están fundadas en discriminación positiva.



68




C-568

FECHA DE SENTENCIA Diciembre 9 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Fabio Moron Diaz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Días festivos en fiestas religiosas del Catolicismo. Libertad Religiosa y de cultos "LEY 37 de 1905

"(26 de abril)"En desarrollo del artículo 38 de la Constitución, del Concordato celebrado con la Santa Sede y que da una autorización al Poder Ejecutivo:


El planteamiento es que la actora considera que el domingo como dia de descanso es un rezago de la religión católica el cual es in compaginadle con un estado laico

DECISIÓN Declarar EXEQUIBLES el artículo 1o. de la Ley 37 de 1905; artículo 1o. de la Ley 57 de 1929; artículo 7o. de la Ley 6a. de 1945; los artículos 172 a 176 del C.S.T. y los artículos 1o. y 2o. de la Ley 51 de 1983.

INHIBIRSE DE FALLAR sobre el artículo 2o. de laLey 37 de 1905, por encontrarse derogado.


Hace una análisis histórico en el cual se muestra el desenvolvimiento del dia de la semana propio para el intercambio comercial, de diversión y esparcimiento, hasta llegar a ser un dia que por el poder normativo de la costumbre y de tradición cristiana; pero argumenta en como no se demuestra una injerencia o dependencia a la Religión. Es el resultado una larga tradición cultural, que tiene a esa religión como la mayoritaria del país. Y no resulta contraria a la libertad religiosa.



69




SU-277

FECHA DE SENTENCIA Julio 22 de 1993 MAGISTRADO PONENTE Antonio Barrera Carbonel MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Carlos Gaviria Díaz; Eduardo Cifuentes M; Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz



Revisión de tutela. De Ibagué EXPEDIENTE No. T-8793


Se plantea la coexistibilidad entre el derecho a la educación y el prestar el servicio militar obligatorio. En el caso concreto de un menor de 15 años. Conflicto entre el interés del menor y la exigencia de la defensa de la patria.

DECISIÓN PRIMERO. Confirmar la sentencia de fecha once

(11) de Diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de la referencia SEGUNDO. Líbrese por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo treinta y seis (36) del Decreto-ley 2591 de 1991, para los efectos allí consagrados.


Para la corporación son compatibles la existencia del servicio militar y la educación. El prestar el servicio militar no vulnera el derecho constitucional a la educación.


Los magistrados que salvan el voto, hacen referencia al derecho a la educación, la situación del adolescente, y la necesidad de prestar el servicio militar. El menor debe recibir el trato de Niño, además la profesionalización del ejército era requerida. Y el servicio militar interrumpiría la interacción con sus padres. Si bien, se debe hacer cumplido el bachillerato para que luego no interrumpan sus estudios superiores, no deben ser menores de edad, También se preocupan por el precedente y cambio de jurisprudencia


70

Cuadros de Sentencias de 1994




C-021

FECHA DE SENTENCIA Enero 25 de 1994 MAGISTRADO PONENTE ANTONIO BARRERA CARBONELL.

MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



EL ARTICULO 3o. DE LA LEY 34 DE 1993.


Es la facultad que se le otorgó al gobierno para refinanciar los créditos cafeteros. Función que supuestamente le corresponde a la junta del banco de la republica.

DECISIÓN PRIMERO: Declarar inexequible el artículo 3o. de la ley 34 de 1993, por las razones expuestas en esta sentencia


Es diferente regular el aspecto crediticio, cambiario y monetario, como lo dice la corte, pero no quiere decir esto que las otras esferas del poder no puedan participar en el desarrollo de esas políticas. Establece la necesidad de darle una lectura sistemática.



71




C-069

FECHA DE SENTENCIA Febrero 23 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Vladimiro Naranjo Mesa MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Jorge Arango Mejia, Carlos Gaviria Diaz.


Antonio Barrera Carbonel, Eduardo Cifuentes M, Carlos Gaviria Diaz, Alejandro Martínez Caballero


Ley 40 de 1993, artículos 6, 10, 17, 32, 34, 35 y 37.


El tema tratado es amplio y con variedad de enfoques y argumentos, esta el delito como tal en el tema de la pena (perpetua) no resocializadora, y además penaliza al padre de familia que haría hasta lo imposible por sus hijos, se evidencia el estado de necesidad de quien se encuentre en esa situación.

DECISIÓN PRIMERO. Estése a lo resuelto en el expediente D-31, Sentencia No. 565 de 1993, con respecto a los artículos 1, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 40 de 1993, y a lo resuelto en el expediente D-275, Sentencia No. 542 de 1993, sobre los artículos 12, 18, 19 y 25 de la misma Ley. SEGUNDO.- DECLARAR EXEQUIBLES los artículos 6, 10, 14, 32, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993.TERCERO.- DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, excepto las expresiones "prescindirse de la imposición de las penas o de la ejecución de aquella que se hubiere impuesto", y "podrá ordenarse o solicitarse la preclusión o la cesación de procedimiento por parte del Fiscal General de la Nación", correspondientes al inciso segundo de dicho artículo; la parte final del inciso tercero que dice: "o exonere al sentenciado de su ejecución", y en la totalidad del inciso final del Parágrafo, que se declaran INEXEQUIBLES. Asimismo, se aclara que el acuerdo a que se refiere el artículo 17 de la Ley 40 de 1993, no vincula al juez, ni por ende al Estado. CUARTO.- DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 34 de la Ley 40 de 1993, excepto la expresión: "gubernamentales y judiciales" y la parte que dice: "así como el comportamiento de autoridades y jueces en relación con sus obligaciones frente a este delito"; que se declaran INEXEQUIBLES.

72


La corte en este caso establece la necesidad de luchar en contra de ese flagelo. Como son compatibles los deberes de informar y no declarar en su contra y repercusiones contractuales administrativas.


Los aclarantes del voto, hacen en lo referente al indulto administrativo. Establecen que para ellos esta prohibido en la constitución. También establecen la dificultad de vincular el secuestro como un delito político


Lo hacen bajo la concepción que la inspiración humanista debe inspirar todo el ordenamiento, reconocen el estado de necesidad en que se encuentran. Establecen que no es posible que se me permita negociar el rescate y se me condene a informar como hecho delictivo.

73




C-086

FECHA DE SENTENCIA Marzo 3 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Jorge Arango Mejia MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Eduardo Cifuentes Muñoz



artículos 14, 23 (parcial), 24, 25, 33, 34, 36, 37, 42, 45, 57 de la ley 47 de 1993 "por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".


Se basa la controversia en determinar como requisito el haber nacido en el departamento de san Andrés y santa catalina para poder ejercer ciertos cargos

DECISIÓN Declárense EXEQUIBLES los artículos 14, 23, 24, 2533, 34, 35, 36, 37, 42, 45 y 57 de la Ley 47 de 1993"Por la cual se dictan normas especiales para laorganización y el funcionamiento del DepartamentoArchipiélago de San Andrés, Providencia y SantaCatalina".


La tesis consiste en establecer una discriminación positiva; debida a las características de los raizales, por las condiciones particulares de la isla.


El magistrado considera violatorio al Estado unitario, al derecho al domicilio, a los derechos políticos. No considera suyo los argumentos de necesidad de una discriminación positiva.


74




C-105

FECHA DE SENTENCIA Marzo 10 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Jorge Arango Mejia MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



los artículos 61 (parcial); 222; 244; 249; 260; 411 (parcial); 457 (parcial); 465 (parcial); 537 (parcial); 550 (parcial); 596; 1016 (parcial); 1025 (parcial), 1047, 1226 (parcial); 1242; 1236; 1253; 1259; 1261 y 1266 (parcial) del Código Civil.


El problema es compaginar los términos ilegítimos con la dignidad, la igualdad entre hijos matrimoniales, los derechos del niño, y los derechos de la familia.

DECISIÓN Inexequibles términos ilegítimos del código civil y exequible los mismos términos en otros artículos.


La decisión se toma con la necesidad de ir acomodando los preceptos normativos a las realidades sociales con una velocidad que no vulnere derechos.



75




C-147

FECHA DE SENTENCIA 23 de Marzo de 1994 MAGISTRADO PONENTE Jorge Arango Mejia MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



ley 55 de julio 2 de 1993 "por medio de la cual se aprueba el CONVENIO No. 170 Y LA RECOMENDACION No. 177 sobre la SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN EL TRABAJO, adoptados por la 77a. reunión general de la OIT., Ginebra, 1990."


Adecuación o no del tratado internacional al orden legal colombiano.

DECISIÓN Declarar EXEQUIBLES el Convenio No. 170 y la Recomendación No. 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptado en Ginebra el 6 de junio de 1990, y la ley 55 del 2 de julio de 1993, que los aprobó


La corporación encuentra que el convenio no viola normativa nacional y por el contrario ayuda a crear un marco normativo sólido.



76




C-198

FECHA DE SENTENCIA Abril 21 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Vladimiro Naranjo Mesa MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 6o. (parcial) de la Ley 5a. de 1992 "Por la cual se expide el reglamento del Congreso".


El control político que tiene el poder legislativo. El alcance. Y sus mecanismos de control. También se mira el carácter Sui generis de la figura de moción de censura.

DECISIÓN Declarar EXEQUIBLE la expresión "y demás autoridades, y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado", contenida en el numeral 3o. del artículo 6o. de la ley 5a. de 1992.


Se establece que la moción de censura es un mecanismo del control político que realiza el congreso al ejecutivo, pero es un sistema de mecanismos no es el único.



77




C-212

FECHA DE SENTENCIA Abril 28 de 1994 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 14 de la Ley 23 de 1991; 5 -numerales 8 y 27-, 11 -numeral 6º-, 20 -numerales 7 y 8-, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 48, 67, 70 y 72 del Decreto 2324 de 1984


El problema demandado es que el actor plantea que funcionarios administrativos estarían teniendo conocimiento de hechos punibles; lo que consagraría una intromisión de lo administrativo en lo judicial. Estos planteamientos deben ser leídos sistemáticamente y con los principios de derecho.

DECISIÓN Exequible en todo; DECLARASE EXEQUIBLE el artículo 5º, numeral 27, del Decreto 2324 de 1984, con excepción de las palabras "por violación a otras normas que regulen las actividades marítimas", que se declaran INEXEQUIBLES


La corporación entiende que es de vital importancia que las ramas del poder conserven su autonomía e independencia, pero a diferencia del actos, es consecuente entender las normas con un grado de integraron, y un claro diferenciamiento entre el concepto delito y el termino contravención.



78




C-221

FECHA DE SENTENCIA Mayo 5 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Carlos Gaviria Díaz MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Vladimiro Naranjo, Fabio Morón, Hernando Herrera, José Gregorio Hernández



Literal j) del artículo 2o. y artículo 51 de la ley 30 de 1986.


El centro de la discusión, con todas las posibles aristas que se generen es la rivalidad existente entre el deber del estado de procurar la salud pública y el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el libre albedrío, y su concepto de libertad. Y las múltiples opciones de entender el concepto libertad.

DECISIÓN Declarar EXEQUIBLE el literal j) del artículo 2o. de la ley 30 de 1986. Declarar INEXEQUIBLES los artículos 51 Y 87 de la ley 30 de 1986.


La decisión considera que el derecho a la salud, y así la salud de la colectividad estará mejor protegida si es cada quien el encargado de velar por la satisfacción de sus necesidades, y no es el estado el mejor promotor de esta libertad. Y la función del estado es la de reconocer la libertad de los individuos, depositando en ellos la mejor opción para ellos.


Para los salvantes, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene unos límites, entre ellos los problemas de salud publica. Para ellos el drogadicto es una víctima que no necesita mecanismos que garanticen su libertad, sino mecanismos que palien la enfermedad. Vinculan esta acción como promoción de todos los aspectos negativos del comercio de la droga


79




C-226

FECHA DE SENTENCIA Mayo 5 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículos 1º (parcial), 4º, 5º, 6º, 7º, 8º (parcial), 10 (parcial) de la Ley 36 de 1993.


EL problema se suscita en lo referente a la profesión de bacteriología y la posibilidad por parte del estado a vigilar los colegios de bacteriólogos.

DECISIÓN Declarar INEXEQUIBLES a) La frase "labores propias de su exclusiva competencia" contenida en el artículo 1º de la Ley 36 de 1993.b) Los artículos 4º, 5º, 6º, 7 de la Ley 36 de 1993 y la frase "y oído el concepto del Colegio Nacional de Bacteriología" contenida en el parágrafo del artículo 8º de la Ley 36 de 1993.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 8º de la Ley 36 de 1993, siempre y cuando se entienda que la reglamentación gubernamental se refiere únicamente a la actualización, conforme a principios científicos reconocidos, de las condiciones técnicas de funcionamiento de los laboratorios. Tercero. Declarar EXEQUIBLE la frase "y especialmente las contenidas en la Ley 44 de 1971" del artículo 10 de la Ley 36 de 1993, precisando que,


Entiende la posibilidad de regular y reglamentar elejercicio de una profesión, siempre en pro de la vigilancia, o con motivos que permitan establecer un mejor servicio o cuando la profesión lo amerite, todo en pro de la sociedad siempre que no se menoscabe el derecho a la escogencia de profesión u oficio. además el colegio de abogados es la manifestación clara de la asociación de los profesionales pero no con el fin de reglamentar el ejercicio de esta profesión



80




C-350

FECHA DE SENTENCIA Agosto 4 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO

Jose Gregório Hernandez, Hernando Herrera V, Vladimiro Naranjo.



Acción de inconstitucionalidad contra las leyes 33 de 1927 y 1a de 1952.


La Constitución de 1986 daba un trato preferente a la Religión Católica, la de 1991 dio igualdad de trato a las confesiones religiosas. así el catolicismo sea la mas difundida tiene igual trato

DECISIÓN Primero.- Por carencia actual de objeto, declararse inhibida para resolver de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 1º y 2º de la Ley 33 de 1927, 1º, 3º y 4º de la Ley 1a de 1952.

Segundo.- Declarar EXEQUIBLES, por no ser contrarios a la Constitución, los artículos 3º y 4º de la Ley 33 de 1927, y 5º de la Ley 1a de 1952.

Tercero: Declarar INEXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 1a de 1952.


En Colombia se predica la libertad de cultos y un estado laico, pero, no obsta para que el estado Colombiano pueda celebrar con la religión católica ciertos actos siempre que se respete el derecho de las otras religiones. Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos



81




C-358

FECHA DE SENTENCIA Agosto 11 de 1994 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández Galindo MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 2 -parcial- del Decreto 2123 de 1992.


El problema es desentrañar la competencia y el espíritu del constituyente en el transito constitucional. Pues la corte se enfrenta a garantizar los principios de imparcialidad

DECISIÓN Declarase INHIBIDA para resolver sobre la demanda instaurada contra el artículo 2 (parcial) del Decreto 2123 de 1992.


Por la naturaleza anterior al decreto, es decir, la legitimidad viene dado en un articulo transitorio constitucional, considera que el competente será el tribunal de lo contencioso administrativo.



82




C-374

FECHA DE SENTENCIA Agosto 25 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Jorge Arango Mejia MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 2o. (parcial), 11 (parcial), 12 y 81 (parcial) de la ley 80 de 1993 " Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública."


Hay una concepción de establecimiento estatal y para estos el único habilitado seria el presidente de la republica para la celebración de contratos.

DECISIÓN Exequible


La corporación invita a darle una lectura acertada a este precepto es que el presidente de la republica puede contratar pero no es exclusiva.



83




C-424

FECHA DE SENTENCIA Septiembre 29 de 1994 MAGISTRADO PONENTE FABIO MORON DIAZ MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Ley 97 de 1993. "Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones


En una ley de interpretación, el carácter retrospectivo es valido. El carácter retroactivo en principio no es valido. Se demanda por ser retroactivo

DECISIÓN Exequible


La corporación entiende que no hay una retroactividad sino una retrospectividad. Además de la interpretación por autoridad esgrime la posibilidad de entender la argumentación por razonabilidad.



84




C-455

FECHA DE SENTENCIA Octubre 20 de 1994 MAGISTRADO PONENTE José Gregorio Hernández MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Apartes de los artículos 34 de la Ley 62 de 1993, 4, 6, 22 y 28 del Decreto 2453 de 1993.


En la posibilidad de crear tributos. De la mano de la interpretación restrictiva que debe haber en el momento de permitir el fijar la tasa de un tributo. La interpretación de una norma –sea cual sea el método-será integra e inesindible.

DECISIÓN Declárense INEXEQUIBLES, por ser contrarios a la Constitución, los incisos 2 y 3 del artículo 34 de la Ley 62 de 1993 y las siguientes normas del Decreto 2453 de 1993: el numeral 24 del artículo 4; el numeral 9 del artículo 6º; los numerales 8 y 11 del artículo 22 y el artículo 28 en su totalidad


Un tributo solo puede ser creado (en tiempos de paz) por el congreso de la republica. Si bien es cierto que esta dirigido a una población determinada, dar este argumento es utilizar la mitad de la norma y eso lleva ese argumento no es valido.



85




C-496

FECHA DE SENTENCIA Noviembre 3 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 437 (parcial) del Decreto No. 2700 de 1991.


Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, el juez inmediatamente ordenará la libertad de la persona capturada, por auto interlocutorio contra el cual no procede recurso alguno piensa el actor que esto viola el derecho de defensa, la doble instancia.

DECISIÓN Exequible


El habeas corpus, tiene que ser interpretado con los múltiples tratados internacionales sobre la materia. Por ser uno de los pilares fundamentales del estado de derecho.



86




C-544

FECHA DE SENTENCIA Diciembre 1 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Jorge Arango Mejia MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 768 (parcial); 964 (parcial); 1025 (parcial) del Código Civil


Se demanda las presunciones y los efectos de la mala fe, pues no se reconoce derecho de defensa y se considera que la buena fe no es un premio, sino que la mala fe, o situaciones análogas generan unas consecuencias negativas, porque no es justo ubicar al poseedor de buena fe en igualdad de armas con el de mala fe. Es decir. Se prohíbe el argumentar el error de derecho como justificante de buena fe

DECISIÓN Exequibles


La buena fe ha sido uno de los mejores eslabones de la vida en sociedad y hoy alegar el error de derecho, equivale a invocar como excusa la ignorancia de la ley. Y se entiende que se tiene por parte de la persona el deber y la carga inexcusables de conocer la ley. Para la corte no es posible otorgar esta posibilidad de argumentar buena fe con el desconocimiento de la ley, por las cargar y principios constitucionales.



87




C-546

FECHA DE SENTENCIA Diciembre 1 de 1994 MAGISTRADO PONENTE Alejandro Martínez Caballero MAGISTRADOS QUE SALVARON EL VOTO



Artículo 5º (parcial) de la Ley 88 de 1993.


Se plantea la posibilidad de incorporar una partida parafiscal en el presupuesto de la nación. La corte plantea que es una opción política pero no hay condicionamientos jurídicos que obliguen o prohíban

DECISIÓN Inexequibles


En principio, el solo hecho de la existencia de un elemento de parafiscalidad en el presupuesto no cambia su naturaleza. Debe mantener su esencia y no engrosar las rentas nacionales. El mecanismo idóneo para determinar la figura jurídica es la ley orgánica del presupuesto. “…la diferencia de naturaleza jurídica entre una ley anual de presupuesto y una ley creadora de una contribución parafiscal es lo que determina que las decisiones de la Corte hayan sido diversas…”.



USOS DE LOS ARGUMETOS POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL …

Documents

Transcript of USOS DE LOS ARGUMETOS POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL …