UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS...
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO PROYECTO DE INVESTIGACÍON PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA. TEMA: PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DECISIONES LEGÍTIMAS IMPUESTAS POR LOS JUECES COMO AUTORIDADES COMPETENTES. AUTORA: SATÁN LAMIÑA LUZ AMÉRICA TUTOR: AB. CASTILLO VILLACRÉS HERNÁN PATRICIO, MGS. RIOBAMBA – ECUADOR 2019
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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PROYECTO DE INVESTIGACÍON PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA.
TEMA:
PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
DECISIONES LEGÍTIMAS IMPUESTAS POR LOS JUECES COMO
AUTORIDADES COMPETENTES.
AUTORA: SATÁN LAMIÑA LUZ AMÉRICA
TUTOR: AB. CASTILLO VILLACRÉS HERNÁN PATRICIO, MGS.
RIOBAMBA – ECUADOR
2019
APROBACIÓN DEL ASESOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
CERTIFICACIÓN:
Quién suscribe, legalmente CERTIFICA QUE: El presente trabajo de titulación
realizado por la señorita SATÁN LAMIÑA LUZ AMÉRICA, estudiante de la
Carrera de Derecho Facultad de Jurisprudencia, con el tema: “PROYECTO DE
REFORMA AL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL,
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DECISIONES LEGÍTIMAS
IMPUESTAS POR LOS JUECES COMO AUTORIDADES COMPETENTES”, el
mismo que ha sido revisado, y cumple con todos los requisitos establecidos en
la normativa pertinente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
UNIANDES – RIOBAMBA, por lo que apruebo su presentación.
Riobamba, agosto 2019
Ab. Castillo Villacrés Hernán Patricio, Mgs.
ASESOR
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
Yo, LUZ AMÉRICA SATÁN LAMIÑA, estudiante de la Carrera de Derecho,
Facultad de Jurisprudencia, declaro que todos los resultados obtenidos en el
presente trabajo investigativo, previo a la obtención del título de ABOGADA DE
LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA, son absolutamente originales,
auténticos y personales; a excepción de las citas, por lo que es de mi exclusiva
responsabilidad.
Riobamba, agosto 2019
SATÁN LAMIÑA LUZ AMÉRICA
CI: 0603217944
AUTORA
DERECHOS DE AUTOR
Yo, LUZ AMÉRICA SATÁN LAMIÑA, declaro que conozco y acepto la
disposición constante en el literal d) del Art. 85 del Estatuto de la Universidad
Regional Autónoma de los Andes, que en su parte pertinente textualmente
manifiesta: El patrimonio de UNIANDES, está constituido por: La propiedad
intelectual sobre las investigaciones, trabajos científicos o técnicos, proyectos
profesionales y consultoría que se realicen en la universidad o por cuenta de
ella.
Riobamba, agosto 2019
SATÁN LAMIÑA LUZ AMÉRICA
CI: 0603217944
AUTORA
DEDICATORIA
El presente trabajo de investigación le dedico con mucho amor en primer lugar
a Dios por brindarme salud y una nueve esperanza de vida, a mi familia por ser
personas maravillosas a los que he admirado por su humildad, unidad y la
forma de ver la vida, por motivarme todos los días con sus palabras de aliento,
su apoyo incondicional y decirme “tu puedes”, por estar conmigo en los
momentos felices pero sobre todo en los momentos difíciles de mi vida.
A mi hija por ser la parte fundamental durante mi carrera que con su
compresión, amor, ternura, ayuda, fue suficiente para encontrar la fortaleza que
necesitaba siendo la fuente de mi inspiración, motivación para poder superarme
y tener un futura mejor de vida.
A mis amigos por ser personas excepcionales por su apoyo, cariño quienes
estuvieron en las buenas y en las malas, por permitir que juntos llegáramos a
cumplir nuestros sueños, metas propuestas desde el inicio.
¡Con mucho cariño y amor!
Lucy
AGRADECIEMIENTO
No ha sido fácil el camino hasta ahora, pero gracias a Dios y a mi familia por su
apoyo, paciencia, bondad, comprensión, cariño y amor he logrado cumplir un
sueño propuesto.
A todos mis docentes de la Universidad Regional Autónoma de los Andes
“UNIANDES” que a más de ser guías, se convirtieron en grandes amigos,
quienes con su vocación, ética profesional compartieron sus conocimientos en
cada etapa de mi formación.
Gracias a la vida por este nuevo triunfo, a todas las personas quienes
colaboraron con un granito de arena para que de esa manera pueda culminar
con mis estudios.
Luz América Satán Lamiña
RESUMEN
El tema a desarrollarse aborda uno de los problemas latentes en la actualidad,
el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente se encuentra
entre los entre los delitos contra la responsabilidad ciudadana motivo por el cual
es necesario un análisis del Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal, para
establecer quien tiene la facultad para emitir dichas decisiones,
independientemente del origen o emisor de la orden o decisión de quien lo
dispuso, la persona que incumplió será penalmente procesado por atribuir el
cometimiento del delito tipificado en el delito arriba invocado, lo que genera
flagrante vulneración al derecho de la seguridad jurídica donde claramente
expresa que las normas jurídicas serán solamente aplicadas por las autoridades
competentes. En el quehacer de la administración de justicia han considerado
que todos los órganos e entidades del estado están investidos de autoridad
para adoptar decisiones, lo que conlleva a una arrogación de atribuciones que
tan solo se lo confiere al juez en función de su jurisdicción y competencia y que
las mismas deben ser cumplidas so pena de incurrir en el cometimiento del tipo
penal tipificado y sancionado en el Art. 282 del Código Orgánico Integral Penal.
La metodología de la investigación se convirtió en un instrumento útil que
coadyuvo a observar el fenómeno social y en la condición de vulnerabilidad de
las garantías jurisdiccionales y derechos establecidos en la constitución, la línea
de investigación que subyace de ordenamiento jurídico ecuatoriano,
presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y constitucionales. Por lo tanto, es
necesario realizar la reforma al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
Palabras Claves: Autoridad Competente, Código Orgánico Integral Penal,
Incumplimiento de Decisiones.
ABSTRACT
The topic developed in this research paper addresses one of the latent problems
at present, the crime of noncompliance with decisions of the competent authority
which is among the crimes against citizen responsibility. That is why an analysis
of Art. 282 of the Integral Penal Organic Code is necessary in order to establish
the person having the power to issue such decisions, regardless of the origin or
issuer of the order or decision of the person who disposed it. The person who
violated this, is criminally prosecuted for attributing the offense typified in the
above-mentioned crime, which generates flagrant violation of the law of legal
security where it is clearly expressed that legal norms will only be applied by the
competent authorities. In the work of the justice administration, it has been
considered that all the organs and entities of the State have all the authority to
make decisions, which leads to use powers that only correspond to the judge
according to jurisdiction and competence and these decisions must be complied
to avoid committing the crime type typified and sanctioned in Art. 282 of the
Integral Penal Organic Code.
The research methodology became a useful tool that helped to observe the
social phenomenon and in the condition of vulnerability of the jurisdictional
guarantees and rights established in the Constitution, the research line that
underlies Ecuadorian legal system, historical, theoretical, philosophical and
constitutional budgets. Therefore, it is necessary to carry out the reform to article
282 of the Integral Penal Organic Code.
Keywords: Competent Authority, Integral Penal Organic Code, Non-compliance,
Decisions.
ÍNDICE GENERAL
Pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................1
Actualidad e Importancia.....................................................................................1
Situación Problemática. ......................................................................................4
Problema Científico. ............................................................................................7
Objeto de la Investigación y Campo de Acción. ..................................................8
Identificación de la Línea de Investigación. .........................................................8
Objetivo General .................................................................................................8
Objetivos Específicos ..........................................................................................8
Idea a Defender ..................................................................................................8
Variables de la Investigación ..............................................................................8
CAPÍTULO I FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ..................................................11
1.1 Código Orgánico Integral Penal .................................................................11
1.1.1 La evolución del Derecho Penal en Ecuador. ...........................................11
1.1.2 El Derecho Penal Ecuatoriano .................................................................12
1.1.3 Las doctrinas en materia penal ................................................................16
1.1.4 Desarrollo del Código Penal .....................................................................20
1.1.5 Código Penal de 1837 ..............................................................................20
1.1.6 Código Penal de 1872. .............................................................................21
1.1.7 Código Penal de 1906 .............................................................................22
1.1.8 Código Penal de 1938 .............................................................................22
1.1.9 Código Orgánico Integral Penal de 2014.................................................23
1.2 El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal ....................................26
1.2.1 Estricto cumplimiento de un deber ...........................................................27
1.2.2 El cumplimiento de orden legítima de autoridad competente ...................29
1.2.3 La autoridad en el cumplimiento de decisiones ........................................31
1.2.4 El Incumplimiento .....................................................................................34
1.2.4.1 Elementos del Incumplimiento ..............................................................35
1.2.4.2 Con el incumplimiento se vulneran varios derechos ..............................35
1.2.4.3 El cumplimiento .....................................................................................35
1.2.4.4 Clasificación del Incumplimiento ...........................................................36
1.2.5 Autoridad competente .............................................................................37
1.2.6 Principios que rigen el Código Orgánico Integral Penal............................37
1.2.7 La Ley Penal ...........................................................................................40
1.2.8 Estructura y caracteres de la ley penal.....................................................41
1.2.9 Interpretación de la ley penal ...................................................................41
1.2.10 Formas de interpretación de la ley penal ...............................................43
1.3 El incumplimiento de las decisiones legítimas de autoridad competente .....47
1.3.1 La legitimidad de la Orden .......................................................................51
1.3.2 Desobediencia a órdenes de autoridad ....................................................52
1.3.3 Análisis Doctrinal de la desobediencia ....................................................53
CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO ..........................59
2.1 Paradigmas y tipos de investigación ...........................................................59
Paradigma pos-positivista. ................................................................................59
Paradigma crítico. .............................................................................................59
Modalidad de la investigación. ..........................................................................59
2.2 Procedimiento para la búsqueda de la población y muestra. ......................60
Muestra. ............................................................................................................60
2.3 Métodos, técnicas e instrumentos. ..............................................................61
2.4 Técnicas .....................................................................................................62
Análisis e Interpretación de Datos. ....................................................................70
CAPÍTULO III PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ........................72
3.1 Título de la propuesta .................................................................................72
3.2 Objetivos de la propuesta ...........................................................................72
3.3 Desarrollo de la propuesta ..........................................................................72
CONCLUSIONES: ............................................................................................77
RECOMENDACIONES:....................................................................................78
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla Nro. 1 ......................................................................................................63
Tabla Nro. 2 ......................................................................................................64
Tabla Nro. 3 ......................................................................................................65
Tabla Nro. 4 ......................................................................................................66
Tabla Nro. 5 ......................................................................................................67
Tabla Nro. 6 ......................................................................................................68
Tabla Nro. 7 ......................................................................................................69
Tabla Nro. 8 ......................................................................................................70
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico Nro. 1 ...................................................................................................63
Gráfico Nro. 2 ...................................................................................................64
Gráfico Nro. 3 ...................................................................................................66
Gráfico Nro. 4 ...................................................................................................66
Gráfico Nro. 5 ...................................................................................................67
Gráfico Nro. 6 ...................................................................................................68
Gráfico Nro. 7 ...................................................................................................69
Gráfico Nro. 7 ...................................................................................................69
1
INTRODUCCIÓN
Actualidad e Importancia.
El incumplimiento de decisiones legítimas desde el Derecho Romano se
consideró como de lesa a la majestad al tratarse de una omisión que se
concreta simplemente con la falta de acatamiento a una orden emitida por el
Rey desde el año 753 A.C. la monarquía fue la primera forma de gobernar en
Roma, en donde el Rey era la máxima autoridad, era el Jefe Militar, y adoptaba
decisiones que era ley de obligatorio cumplimiento so pena de las sanciones
por incumplimiento de las órdenes del Rey, cuya finalidad básica era el
reconocimiento absoluto de su autoridad suprema, y desde entonces buscaba
imponer orden en el Estado para lograr una vida ordenada de las personas.
El Tratadista Ripolles, señala que el 8 de abril del año 1945, al crear un órgano
jurisdiccional como era el Tribunal Militar Internacional, ante el que se
desarrollaron los juicios para juzgar los crímenes de la Segunda Guerra
Mundial, en la cual se asistía un cambio fundamental en la institución de la
obediencia debida, por cuanto al afrontar el juzgamiento de los crímenes de
lesa humanidad el tribunal se encontraría con distintas posibilidades de que las
responsabilidades se diluyan entre ordenes de la organización absoluta de
obedecer íntegramente a los postulados y mandatos que para tal efecto fue
constituido el tribunal y encargados miembros del tribunal so pena de sanción
por incumplimiento de su función, atribución es esa calidad.1
En el Ecuador el incumplimiento de decisiones y en el afán de actualizar sus
sistema jurídico y principalmente la legislación penal, la Función Legislativa
promulgó el Código Orgánico Integral Penal, su tipificación sanciona la
desobediencia frente a una orden de autoridad competente, lo hace como el
delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, que
es sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, con los
mismos insumos históricos de las distintas legislaciones considerado como
desobediencia o desacato de las órdenes o decisiones de la Magistratura, se
trata de una omisión que se concreta simplemente con la falta de acatamiento a
una orden adoptada por el Juez; la Función Legislativa es el órgano con 1 RIPOLLES, Quintano Antonio, Tratado de Derecho Penal Internacional, 1955, pág. 68.
2
facultad para crear, modificar o suprimir normas, con el objeto de reconocer y
desarrollar el ejercicio de los derechos de toda persona dentro del territorio
nacional, dado en que uno de los deberes de los Estado, imponiendo el deber
de resolver las controversias apegados a los mandatos legales y
constitucionales vigentes y aplicables por el Juez.2
Para ejercer dicha facultad está investida de una incuestionable autoridad que
les otorga la representación de la voluntad pública a los Asambleístas. Al
respecto Mostesquieu propuso, en su célebre libro El Espíritu de las Leyes, que
era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes
legislativo, ejecutivo y judicial3. Actualmente en nuestro sistema existen las
siguientes funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral; y, de
Transparencia y Participación Ciudadana para que mediante los causes
respectivos el Estado norme las conductas, competentes y atribuciones que
tengan como resultado un ambiente de convivencia de sus habitantes y respeto
a los derechos y cumplimiento de los deberes de los integrantes de la sociedad
a fin de evitar la tiranía.
En la ciudad de Riobamba el cumplimiento de decisiones legítimas se concentra
en la libertad que el juez tiene a la hora de tomar decisiones dentro de un
ordenamiento jurídico y asegurando los principios constitucionales. Por
consiguiente los jueces son libres de crear la norma jurídica que resulte más
justa y equitativa en el caso en concreto es decir aquella que garantice en
mayor medida los derechos fundamentales. Los miembros de la Función
Legislativa gozan de fuero parlamentario, que tienen su origen en la separación
de poderes y la búsqueda de la independencia del poder hoy función legislativa
con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías
parlamentarias. En un comienzo no dejaba de ser habitual cuando un
parlamentario se oponía a los deseos del rey, éste buscase excusas para
utilizando el poder acusa del cometimiento de algún delito y así apartarle de la
vida pública o simplemente menoscabar o anular los derechos de un ciudadano,
como forma de evitar estas injerencias se establecieron medidas que impedían
2 VILLAGÓMEZ, Cabeza Richard Ratio Decidendi Penal, 2014, pág. 85.
3 MONTESQUIE, B.D. El Espíritu de la Leyes. 1748, pág. 76.
3
que pudiese ser encausado ningún asambleísta si previamente el propio
parlamento no daba su visto bueno y, en caso de ser encausado estuviese
sometido a algún orden jurisdiccional específico (Montesquieu, 1748).
Nuestra norma principal que nos gobierna, atinadamente ha estructurado
nuestro estado y ha otorgado determinadas facultades, competencias y
atribuciones a cada función y órgano del Estado, y ha establecido como
fundamentos de la autoridad la voluntad del pueblo, a partir de este
presupuesto en la vida diaria y práctica, los habitantes se encuentran con la
sorpresa que todos los que actúan en virtud de una potestad pública tienen la
competencia y autoridad para decidir en el ámbito de sus facultades legales y
cuyo incumplimiento estaría adecuada al supuesto legal prescrito en el tipo
penal tipificado y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral
Penal, (Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente).- La
persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas,
dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales,
será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años4.
En nuestro sistema jurídico existen normas en distintas áreas y materias, tanto
sustantivos y sustanciales, (civil, penal, administrativo, constitucional) y
encontramos que distintas funciones, organismos, dependencias,
superintendentes e instituciones públicas efectivamente tiene competencia
dentro del marco de sus facultades adoptar y emitir decisiones de dar, hacer, no
hacer dirigidos en contra de los administrados (ciudadanos), podemos
ejemplarizar, el director municipal del departamento de planificación y
ordenamiento territorial, quien tiene la competencia y autoridad dentro del
marco de sus funciones para disponer que sea clausurado la construcción de
un edificio por no cumplir con las ordenanzas municipales establecidos, y cree
que pueden sancionar con el delito de incumplimiento de decisiones legítimas
de decisiones legítimas de autoridad competente que se encuentra establecido
en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, y posterior procesamiento
e enjuiciamiento penal, en la Fiscalía encontramos investigaciones previas,
instrucciones fiscales y principalmente en la Unidad Judicial Penal con sede en 4 Código Orgánico Integral Penal, art. 282.
4
el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, tenemos procesados por el
señalado delito, y cuyas órdenes o decisiones incumplidas son adoptadas por el
Juez . (Morin, 1992 )
Entonces en el desarrollo de la presente investigación, se va a dilucidar y se
pretende resolver el conflicto científico con claridad y a la luz de los postulados
constitucionales, convencionales legales vigentes y aplicables, quién mismo es
la autoridad competente real, legal y constitucional para adoptar decisión, y que
el cumplimiento de esa decisión sea sancionado por el delito de (Incumplimiento
de decisiones legítimas de autoridad competente), dado que en la práctica
parecería que todos tienen atribuciones de adoptar decisiones
independientemente del grado y ámbito de sus competencias, y cuando sean
incumplidas por el sujeto activo, este debe responder y ser procesado
penalmente por el delito de Incumplimiento de Decisiones Legítimas de
Autoridad Competente.
Situación Problemática.
El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente se
encuentra entre los delitos contra la responsabilidad ciudadana, a causa de
desconocimiento o falta de asesoramiento de un experto en la materia de
derecho, o por falta de cultura jurídica de los institutos legales que operan y no
se difunden en una sociedad, entendiéndose que el derecho puede
considerarse como un lenguaje completo, en un solo tiempo objeto y producto
de la cultura jurídica, quienes de diversas formas y a diferentes niveles
participan en su elaboración e interpretación, por consiguiente el incumplimiento
de decisiones legítimas de autoridad competente es un delito, que debe ser
socializado.
En el área administrativa de la instituciones Públicas, con el objeto hacer
cumplir las políticas públicas y normas de orden administrativos y legal como
ordenanzas y resoluciones, emiten disposiciones y ordenes tendientes a
persuadir y lograr la ejecución o implementación de determinada política, y en
esta actividad cotidiana genera incumplimientos de dichas órdenes, lo cual
suponen erradamente que por haber incumplido tales decisiones ha cometido el
5
delito tipificado y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral
Penal, y bajo estas circunstancias son investigados y procesados penalmente,
cuando de acuerdo al sistema de normas de nuestro Estado, la autoridad
competente es un Juez o un Tribunal que esta investido de autoridad
competente y no un funcionario público, donde cuyo titular del ejercicio le
corresponde al fiscal quien investiga por el cometimiento de dicho delito, y en el
ejercicio de sus atribuciones emite dictamen acusatorio una vez verificado el
cometimiento del delito y establecido la identidad del responsable, lleva
adelante un proceso penal sin considerar el origen o de qué tipo de autoridad
proviene la orden o decisión incumplida.
A partir de allí en la Unidad Judicial Penal, con sede en el cantón Riobamba
provincia de Chimborazo encontramos procesos penales por el cometimiento
del delito de incumplimiento de una decisión de autoridad competente tipificado
y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, cuyas
decisiones provengan de autoridades judiciales o administrativas, es decir,
independientemente del origen o del emisor de la orden o decisiones de quién
lo dispuso, la persona que incumplió hoy es el procesado penalmente por
atribuir el cometimiento del delito tipificado y sancionado en el Art. 282 del Coip,
generando flagrantes toda decisión orden de autoridad competente en el ámbito
de sus competencias y jurisdicciones se están considerando decisiones
legítimas, incurriendo en una arrogación de atribuciones que tanto solo tiene un
Juez Competente y pretendiendo ostentar dicho carácter las autoridades en el
que hacer público como el campo del derecho administrativo en sus distintas
esferas.
El artículo 226 de la Constitución, textualmente prescribe.- Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y
las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
6
Constitución.5 De lo antes citado, no evidencia la competencia ni facultades
jurisdiccionales sino únicamente estatal y peor aún para adoptar una decisión y
que la misma se considere decisión legítima de autoridad competente, a partir
de este presupuesto mi investigación tiene como establecer la fuente de la
autoridad competente, el origen y fundamento de las decisiones legítimas de las
autoridades competentes y cuyo incumplimiento constituye o no infracción
sancionado penalmente.
El efecto que causa el incumplimiento de una decisión o una sentencia emitida
por una autoridad competente, es violación al derecho de la seguridad jurídica,
donde claramente expresa la constitución en su artículo 82.- El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes. Con lo expresado y siendo la sentencia una resolución de
carácter jurídico que decide definitivamente un proceso, una causa, o un
recurso, los mismos, que son expresados en párrafos los hechos y
fundamentos de derecho que han sido probados, y el fallo dictado por un
tribunal o un juez competente, que en caso de incumplimiento conlleva sanción.
De forma clara los ilustra la fuente de la autoridad y potestad de administrar
justicia, y consecuentemente quien tiene las atribuciones y competencia
constitucional para adoptar una decisión y que la misma se considere decisión
legítima de autoridad competente y naturalmente cuyo incumplimiento se
desemboca en el cometimiento del tipo penal tipificado y sancionado en el
artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
En el quehacer de la administración de justicia, tanto abogados, fiscales, jueces
y demás órganos de la misma, han considerado que todos los órganos y
entidades del Estado están investidos de autoridad para adoptar decisiones y
que las mismas deben ser cumplidas so pena de incurrir en cometimiento del
tipo penal tipificado y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico
Integral Penal, lo cual ha lastimado gravemente la seguridad jurídica reconocido
5 Constitución de la República del Ecuador. 2008, art. 226
7
y garantizado como derecho constitucional de todo ciudadano que el estado ha
otorgado para brindar certeza del cumplimiento, gozo y respeto a los derechos
constitucionales.
Las funciones del estado y todos los organismos, en cumplimiento del Mandato
Constitucional arriba citado, han creado, modificado y derogado normas, más
sin embargo se han atribuido facultades y competencias como para emitir
decisiones u órdenes que parecería constituir orden legítima de autoridad
competente dentro de su accionar, pretendiendo inculpar del cometimiento del
tipo penal tipificado y sancionado en el artículo 282 del Código Orgánico
Integral Penal frente al incumplimiento de sus decisiones, de ahí que a través
de la presente investigación se va establecer quien tiene la competencia y la
autoridad para emitir estas decisiones que efectivamente cuyo incumplimiento
se adecue al señalado tipo penal, finalmente formular una propuesta que
solucione el problema.
El artículo 39 del Código Orgánico Administrativo expresa respeto al
ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima.- Las personas cumplirán, sin
necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la constitución, las
leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por la
autoridad competente6. Con lo expuesto en el ámbito administrativo en sus
distintas esferas existe autoridad legítima, pero no otorga competencia ni
autoridad para emitir decisiones u órdenes cuyo incumplimiento sea
considerado delito, cuanto más que el artículo 83 de la Constitución consigna
claramente los deberes y responsabilidades de los ciudadanos.
Problema Científico.
¿Cómo garantizar la seguridad jurídica impuesta por la autoridad competente
para el cumplimiento de decisiones legítimas con la aplicación del artículo 282
del Código Orgánico Integral Penal?
6 Código Orgánico Administrativo. 2017, art. 39
8
Objeto de la Investigación y Campo de Acción.
Objeto de la investigación: Código Orgánico Integral Penal.
Campo de Acción: Proyecto de Reforma al artículo 282 del Código Orgánico
Integral Penal.
Identificación de la Línea de Investigación.
Retos, Perspectivas y Perfeccionamiento de las Ciencias Jurídicas en
Ecuador.
Fundamentos técnicos y doctrinales de las ciencias penales en Ecuador
Tendencias y perspectivas.
Objetivo General
Elaborar un proyecto de reforma al artículo 282 del Código Orgánico Integral
Penal, para garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas impuestas por
los Jueces como autoridades competentes.
Objetivos Específicos
Fundamentar jurídica y doctrinariamente al Código Orgánico Integral
Penal. El artículo 282 para garantizar el cumplimiento de decisiones
legítimas.
Analizar el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
Identificar los elementos técnicos de la propuesta.
Idea a Defender
Elaborar un proyecto de reforma al Artículo 282 del Código Orgánico Integral
Penal, que garantizará el cumplimiento de las decisiones legítimas impuestas
por las autoridades competentes.
Variables de la Investigación
Variable Independiente: Proyecto de reforma al Artículo 282 del Código
Orgánico Integral Penal.
Variable Dependiente: Garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas
impuestas por los jueces como autoridades competentes.
9
Aporte Teórico y Significación Práctica.
Nuestro sistema jurídico vigente, otorga, reconoce y asigna múltiples funciones,
atribuciones y competencias a distintos niveles de todo el aparato estatal, pero
determinadas Funciones del estado tiene potestad y competencia para decidir o
adoptar decisiones cuyo incumplimiento es sancionado penalmente. Resulta
necesario a través de la presente investigación establecer de forma clara y
objetivamente quienes tienen competencia para adoptar decisiones y que las
mismas sean legal y constitucionalmente legítimas que al incumplir cometen el
delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, es
preciso sentar el origen y los fundamentos de autoridad competente, dado que
en la práctica toda persona que tiene determinadas atribuciones efectivamente
adoptar resoluciones y decisiones de obligatorio cumplimiento y que incumplir
consideren que ha incurrido el señalado delito.
La teoría del delito y los elementos que le constituyen, el objeto del proceso y la
condena resulta importante resaltar para efectos de verificar si el
incumplimiento de una orden de toda autoridad sean estas administrativas,
policiales o judiciales ciertamente constituye infracción y examinar si el
supuesto hecho es exigido por el artículo 282 del Código Orgánico Integral
penal, dado que en la Fiscalía y Unidad Judicial Penal de Riobamba,
encontramos con investigaciones y procesos por haber incurrido en el
cometimiento del delito de incumplimiento de decisiones de autoridad
competente, lo cual causa preocupación en virtud de que toda persona en
ejercicio de sus atribuciones podría tener competencia y la autoridad para emitir
orden y decisiones, y que al incumplir se consideraría que ha cometido dicho
delito, lo cual es una falacia por cuanto a mi criterio y de acuerdo al sistema de
normas únicamente tendría tal competencia y facultad un Juez Penal.
Nuestro sistema jurídico además de las normas se encuentra estructurados
unánimemente y entrelazados con principios de derecho universal, como el de
legalidad, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva imparcial y expedita, a partir
de ahí pretende que cualquier persona en ejercicio de sus atribuciones tiene la
competencia y facultad de emitir decisiones y que ellas tengan las
características de una decisión legítima de autoridad competente, y pone en
10
tela de duda la autoridad que tendría para adoptar ordenes todo tipo de
funcionario, cuando lo correcto y a la luz de los postulados de la Constitución,
entonces no podríamos bajo ninguna idea sostener que por una disposición
legal cualquier servidor o persona en el marco de sus atribuciones tengan las
condiciones legales y constitucionales de emitir orden y al incumplir se cometa
el referido delito.
En el desarrollo de la presente investigación se podrá conocer, concretar y
evidenciar quien tiene la facultad legal, constitucional y legítima para adoptar
una decisión y que su incumplimiento sea sancionado por el delito prescrito en
el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, y a partir de ese escenario
sobre la base de toda investigación poder proponer una solución al problema
que permite diferenciar básicamente quien tiene la autoridad y competencia
para emitir cuyo incumplimiento efectivamente no sean acatadas.
11
CAPÍTULO I Fundamentación Teórica
1.1 Código Orgánico Integral Penal
Para referirnos al Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, necesariamente
tenemos que remontarnos al origen del mismo, por lo que iniciaremos
describiendo el origen del Derecho en América como tal, para lo cual podríamos
mencionar que a raíz de la conquista española se da una serie de cambios en
diversos aspectos uno de ellos el Derecho. Cuando llegaron los españoles a
nuestras tierras fueron invadidos por una ambición extrema de poseer riquezas
de nuestra América, para lo cual sometieron a nuestros indígenas a diversos
sistemas en los cuales se les vulneraban sus derechos y no tenían más que
obligaciones y obligaciones los sistemas a los cuales eran sometidos eran las
mitas, obrajes, encomiendas. La conquista española trajo consigo a más de una
costumbre, idioma, religión y un marco jurídico que debía adaptarse más a los
conquistados que a los conquistadores.
Cabe recalcar que aquí se da la unión entre dos culturas de diferente matiz una
vieja con sus propias costumbres y leyes y la otra nueva para nuestros
indígenas venida de Europa. Aquí también se menciona “Recopilación de las
leyes de Indias, en el libro VII hace referencia a las diferentes leyes penales que
regían en América en la época de la colonia española, las mismas estaban
compuestas de normas y reglas dedicadas injustamente a juzgar a los
indígenas, negros, esclavos, mestizos, los españoles quedan fuera del alcance
de la ley por ser considerados impunes7.
1.1.1 La Evolución del Derecho Penal en Ecuador.
El Derecho Penal llego al Ecuador al inicio como Derecho Penal Pre - Incásico,
el Derecho Penal Incásico y el Derecho Penal Español, rigiéndose a lo
mencionado por los conquistadores, pero luego de la liberación de los mismo y
tras conseguir la independencia del Ecuador de la Gran Colombia, pero aún se
mantenía las mismas leyes, hasta 1837 (Presidencia de Vicente Rocafuerte).
Enfrento con gran responsabilidad la nueva organización de las instituciones
republicanas, con lo que surgió la necesidad de crear leyes básicas
constitucionales, reglamentos, leyes económicas, políticas sociales, 7 ARMAS, María, El Derecho Penal, Ecuador, 2015.
12
administrativas, laborales, civiles, penales y de procedimiento que servirán para
controlar la actividad ciudadana y organizar la administración pública y los
Tribunales de Justicia. Con lo que en la primera década se dicta entra las otras
leyes el Primer Código Penal y de Procedimiento Penal.
Desde el momento de su creación que fue en el año 1837, se dieron varias
reformas del mismo en los años 1872, 1906, 1938, cada uno de estos tienen un
punto de partida muy importante dar a cada quien lo que le corresponde de
acuerdo a los actos realizado, nuestro país ha pasado por cinco códigos
penales. El último y el hecho más relevante se dio el 10 de febrero del 2014
donde se forjo el código per no es hasta el 10 de agosto del 2014 donde
empezó a ser aplicado el nuevo Código Orgánico Integral Penal.
1.1.2 El Derecho Penal Ecuatoriano
El Derecho Penal Ecuatoriano ha tenido que transitar por diversos escenarios
tomando en cuenta que la mayoría de las normas de la cual no está excepta la
Ley Penal son copias textuales de leyes de otros países, como el Código
Italiano de 1930 conocido como Código Rocco y del Código Napoleónico
teniendo así un código de hace dos siglos que no responden a nuestra realidad.
El Código Orgánico Integral Penal8 antes de ponerse en vigencia sufrió varias
metamorfosis, por lo que se hace menester hacer una analogía entre el derecho
penal anterior y el que rige en la actualidad; así como las Ciencias Penales son
estudiados como parte del Derecho Público y que su preocupación primordial
es la búsqueda de las causas del delito, del delincuente y de la reacción social;
ya hacer un análisis del Derecho Penal Ecuatoriano equivale al estudio de la
legislación penal de nuestro país.
Que importante resulta abordar la historia en materia penal. Cuando
mencionamos el origen del Derecho Penal Ecuatoriano debemos de mencionar
que este presenta sus orígenes a partir de la Conquista Española, debido a la
fuerte y codiciosa forma de que los españoles querían acuñarse de nuestras
riquezas. La conquista española acarreo consigo a más de sus costumbres,
idioma y religión un marco jurídico que tenía que adaptarse más para los 8 Código Orgánico Integral Penal, Ecuador, 2018.
13
conquistadores debía estar de acorde al momento histórico que se estaban
viviendo en aquella época y que estaba conformada por cédulas, providencias,
autos de gobierno, etc.
El marco jurídico impuesto sobre nuestro territorio nos da la idea de que estos
son los antecedentes del derecho que estuvo vigente en la época indígena y
colonial cuando se formó el Reino de Quito que es un antecedente del Estado
ecuatoriano. Después de que se logra la fundación de la ciudad de Quito este
hecho se da el 6 de diciembre de 1534, se impuso la organización legal que no
era otra que las leyes del Derecho Indiano que junto al Derecho Castellano y al
Aborigen en forma supletoria y complementaria rigió en la Audiencia del Reino
de Quito.9
Todos estos acontecimientos dan como resultado la unión de dos culturas de
diferente matiz una vieja con sus propias costumbres y leyes, y la otra nueva
para los indígenas venida de Europa, que en mucho aventajaba a la cultura y
conocimiento de América indígena, en esos momentos se sabe que España
estaba realizando su unidad política y era considerada como una de las
naciones más poderosas del mundo, trajo su propio derecho, en el cual
nuestros aborígenes indígenas no eran propiamente un sujeto de derecho sino
más bien un esclavo que tenía más obligaciones que derechos, todo esto
aprendido por los españoles que también lo acogieron por la fuerza de sus
conquistadores Romanos y especialmente en cuanto al derecho de gentes y
muy poco en cuanto se refieres al Derecho Penal.
Resulta necesario hacer un acercamiento al derecho penal en la historia, para
poder presentar de cuerpo entero. Cuando los Bárbaros llegaron a España
permitieron el uso del Derecho Romano pero luego crearon su propio derecho
pero el Derecho Germano quedo subordinado al Derecho Romano, pero seguía
aplicando ambos según el caso y al aplicarlos se seguía creando más
problemas por lo que se vio necesario abolir ambos derechos y crear uno solo
que se llamó el Fuero Juzgo de Jueces.
9 GORDÓN, Carlos, El Derecho Penal en Ecuador, 2015.
14
Estas normas jurídicas que datan de años atrás nos ayudan a entender la
verdadera razón de las leyes penales, y que las mismas sirvieron para poder
normar la conducta de la sociedad. En el cual tenía un capítulo dedicado a las
leyes romanas junto a diversas materias: Derecho Político, Constitucional, Civil,
Penal y de Procedimiento; con el pasar del tiempo los árabes llegaron a España
e impusieron sus leyes sobre las romanas y las germanas para que luego se
incremente aún más las recopilaciones del Fuero Viejo de Castilla, los de Avilés
y Oviedo; las recopilaciones de Fernando III; las siete partidas de Alfonso X
llamado el Sabio que comprenden y tratan asuntos civiles, penales y
procesales; así como también las Leyes del Toro, las recopilaciones de Felipe II
y la Novísima Recopilación de Carlos IV10.
También debemos recalcar que el derecho penal, al igual que la mayoría de las
ramas del derecho, no existieron los conceptos como delito, derecho, pena,
etc., no eran conocidos ni tampoco eran mencionados por que no eran
comunes en la sociedad de esa época ya que aún eran primitivas en
conocimiento. En tiempos anteriores se conocía como “DAÑO” a lo que hoy
conocemos como “DELITO”, es decir todo aquello que afectaba a las personas,
aquello que era molestoso o causaba fastidio hasta el punto de irritar al hombre,
provocando como respuesta el acto reflejo de sus instintos, sin control11.
No existía intervención de autoridad alguna. Igualmente, no existía una
individualización del sujeto víctima de la venganza, sino que la misma se
aplicaba contra el individuo, su familia e inclusive sus descendientes. Esta
forma de comportamiento en la escala de la evolución del derecho penal, se le
conoce como “venganza privada absoluta”; y como ejemplo de lo dicho que
retratan de manera viva esa forma de actuar, son los enfrentamientos fratricidas
que existen entre los pueblos primitivos de la Amazonía ecuatoriana, que
pueden ser analizados en la revista Ciencias Sociales Nro.- 17 del año 2003, en
el artículo escrito por Gina Chávez vallejo titulado Muerte en la zona Tagaeri-
Taromenane: justicia occidental o tradicional12.
10
GORDÓN, Carlos, El Derecho Penal en Ecuador, 2015. 11
TORRES, Pablo, El Derecho Penal, Colombia, 2015. 12
CHÁVEZ, Gina, Muerte en la Zona Tagareri-Taromenane, Ecuador, 2016.
15
Como una reacción natural, ante el aniquilamiento generalizado de esta
aplicación de venganza, las sociedades primitivas se vieron forzadas a
reglamentar la venganza, imponiendo límites a la reacción instintiva del hombre
que había sido dañado por su congénere y así tenemos que aparecer lo que se
denominó la Ley del Talión con su frase muy conocida como el “ojo por ojo, y
diente por diente”, cuyo significado esencial se traduce en una limitación a la
venganza, ya no se puede matar a alguien que solo dañó un brazo; como se ve,
aparece un rasgo de proporcionalidad entre el daño y no a su grupo o familia, a
este periodo evolutivo del derecho penal se lo conoce como de la venganza
privada reglada o limitada.
Muy pocas veces lo que va relacionado a la religión ha constituido un progreso
para la humanidad, pero según lo señala Labatut la influencia del derecho
canónico ha sido innegable para humanizar la justicia penal, y desterrar
procedimientos anárquicos y crueles que predominaron en la tenebrosa época
de la inquisición y que solo menguarían con el triunfo de aquello que la historia
de la humanidad conoce como iluminismo13.
Conquistas de este periodo se pueden resumir en publicidad del proceso,
presunción de inocencia del procesado, aparecimientos del nullun poena nullun
crimen sine lege praevia, es decir no se concibe delitos ni penas sin la
existencia de una ley previa que los contenga, proporcionalidad entre la pena y
el daño causado, la pena deja de ser concebida como una venganza y se la
define como una medida de prevención y correctiva de defensa social, se
propugna la igualdad ante la ley.
Posteriormente vendría lo que se conoce como periodo Contemporáneo o
científico, que se afirma su inicio corresponde con la publicación de la obra “El
hombre delincuente” de Lombroso, que si bien no fueron realmente científicas
sus afirmaciones tienen el mérito de dar inicio al estudio serio del delito y el
delincuente, y se conformarían verdadera escuelas o doctrinas filosóficas para
el análisis de estos temas que abordan, pues el derecho penal al igual que la
13
TORRES, Fernando, El Derecho Penal, Ecuador, 2015.
16
humanidad no se detiene o encasquillan en una época de la historia, esta sigue
y se transforma como nos enseña la dialéctica, e inclusive podemos afirmar que
en la actualidad estamos frente al periodo moderno del derecho penal,
caracterizado por corrientes como las del derecho penal del enemigo, el
abolicionismo penal y minimalismo penal.
1.1.3 Las Doctrinas en Materia Penal
Las doctrinas en materia penal son la que ayuda a sustentar las diferentes
corrientes filosóficas, para poder dar respuestas cierta a la sociedad. También
debemos de mencionar las diferentes doctrinas que mencionan al desarrollo del
código penal entre ellas tenemos;
Doctrina de la Escuela Clásica.- El pensamiento de tratadista de reconocido
prestigio, fueron aceptados durante un gran periodo de tiempo, se ubica
fundamentalmente en los siglos XVIII y XIX.
Su designación de “clásica” les fue puesta por pensadores antagónicos, para
darle una equivalencia de típico, anquilosado, antiguo, caduco. Sus principales
exponentes son César Beccaria, Jhon Howard, Servan, Moliner, Feuerbach,
Bentham, Carmignani y Filangiere, desde luego, sus pensamientos han tenido
acogida en varias legislaciones del mundo, a tal punto que podemos decir que
inclusive el Código Penal ecuatoriano conserva disposiciones legales en donde
se nota la influencia de la Escuela clásica14.
Los principales postulados de esta doctrina, se pueden resumir en:
a) Proclama que el hombre que delinque es un hombre normal, igual al que no
comete delito alguno, no existe diferencia alguna. Establece que el hombre
tiene libre albedrío para decidir entre obrar con bien o hacer el mal
b) La imputabilidad de la persona que delinque está dada por la inteligencia
para razonar y la libertad para elegir.
c) Concibe el delito como una contradicción entre obrar u acción y la ley. Es
uno de los más importantes principios para el bien de la humanidad, el
principio de legalidad, nullun crime sine lege praevia, es decir no se concibe
delitos ni penas sin la existencia de una ley previa. 14
TORRES, Fernando, El Derecho Penal, Ecuador, 2015.
17
d) Argumenta que el manejo del sistema penal debe ser de control y
responsabilidad exclusiva del Estado.
e) Propugna por una proporcionalidad matemática entre la pena y la gravedad
del delito.
f) Considera a la pena como un medio de castigar al infractor, pero también de
prevenir intimidando a que no lo cometa, no bajo la amenaza de la pena
prevista en la ley, sino cuando esta es ejecutada.
g) Las penas de privación de la libertad es una característica simbólica de la
Escuela Clásica.
Doctrina de la Escuela Positiva.- Pensadores fundamentales son César
Lombroso, y de quien se dice es el indicador de esta Escuela con la publicación
de su obra “El Hombre Delincuente” en 1876. Enrique Ferri y Rafael Garófalo
como sus fundadores, sus obras “Sociología Criminal”, “Principios de Derecho
Criminal” del primero de los nombrados y la obra “Criminología” del último.
La doctrina de esta Escuela tiene las siguientes características principales:
a) Se conceptúa al delito como un fenómeno antropológico, sociológico y
jurídico, ya no meramente desde el punto de vista jurídico como lo hacía la
Escuela Clásica.
b) Se sostiene la necesidad de implementar medidas preventivas para reducir
el crimen, y no solo las medidas de tipo represivo, es decir por primera vez
ya se habla de lo que doctrina hoy se conoce como los “sustitutivos
penales”.
c) Contrario a lo que la Escuela Clásica sostenía en relación con el libre
albedrío y los requisitos para la imputabilidad, esta escuela sostiene que el
delito se comete por la influencia de factores sociales y hereditarios, que
superan o se imponen a la libertad o libre albedrío del hombre para decidir
entre una conducta del bien y del mal. Y toda persona que cometa un delito
tiene que responder por el mismo, sin importar su condición física o mental.
d) En cuanto la proporcionalidad matemática entre la pena y el daño causado
que propugnaban los clásicos, los positivistas en cambio pretenden regular
esa proporcionalidad teniendo como fundamental de graduación la
“temibilidad del delincuente”
18
e) Se sustituye el término “pena “por el de “sanción”
Doctrina de la Escuela del Positivismo Crítico o Terza Scuola.- Sus
Principales postulados sintetizan en:
a) Se propugna una separación entre el Derecho Penal y la Sociología
Criminal.
b) Concuerdan con la Escuela Clásica en el hecho de que existirían personas
imputables e inimputables de responsabilidad penal de tal manera que para
los primeros considera necesario la aplicación de penas y para los segundos
el empleo de medidas de seguridad.
c) Se opone a la existencia del criminal nato. Considera que el delito obedece
a causas sociales – económicas.
Sus principales exponentes son: Manuel Carnevalle y Bernardino Alimena.
Doctrina de la Escuela Correccionalista.- Se fundamenta en que la persona
que comete un delito es un enfermo, y esa es su expresión patológica, de tal
manera que la pena no debe ser concebida como un castigo, sino como un
beneficio que tiene el objetivo de curarlo. Su formulador en el campo penal fue
Karl Roeder15. El Derecho no se basa en el poder, sino la necesidad del Estado,
por el supremo interés del Derecho, debe proporcionar a todos sus miembros lo
necesario para ayudarles en el cumplimiento de su fin racional humano.
Debe ayudar a quien es incapaz de gobernarse así mismo. Una de las
incapacidades más evidentes es la del criminal, que es incapaz de una vida
jurídica libre a causa de un defecto de voluntad. Esta anomalía se muestra con
el delito. El delincuente es por esto un miembro de la sociedad que está
necesitada de ayuda. El Estado debe proporcionársela, pudiendo hacerlo de
dos formas: de modo negativo, restringiendo su libertad exterior con el fin de
apartar de él cuantos elementos puedan influir en hacerle preservar en su
degradación; y de modo positivo, protegiendo el desarrollo de su libertad hasta
corregir su voluntad viciosa.
15
KARL, Roeder, Escuela Penales, España, 2014.
19
Doctrina de las Escuelas Ecléticas o Intermedias.- Son varios sus
expositores entre ellos: Hamel, Prins y Liszt, quienes fundaron lo que llamaron:
La Unión Internacional del Derecho Penal, propugna de manera general tesis
que recogen aspectos de las escuelas tanto clásica como positiva, estudian al
delito tanto desde el punto de vista del hecho como del derecho; distinguen al
delincuente normal del anormal; al igual que defienden la necesidad de las
medidas de seguridad consideran a la pena en perspectiva del delito pasado
como una utilidad futura.
Doctrina de la Escuela Política Criminal.- El principal exponente es el alemán
Franz Von Lizt, cuyos principales postulados se resumen en admitir de manera
conjunta las penas y las medidas de seguridad; analiza el delito como un ente
jurídico abstracto y como un fenómeno natural; en cuanto al delincuente tiene
un miramiento de doble aspecto tanto desde su culpabilidad y peligrosidad;
propugna la independencia de la sociología criminal penal. (Torres, 2010)
Doctrina de la Escuela Humanista: Se propugna que solo deben ser
considerados imputables aquellas personas que pueden ser reincorporados a la
sociedad por medio de la aplicación de la pena; tiene una apreciación del delito
como acto consistente en una transgresión de los sentimientos morales;
concibe a la pena como un bien, con finalidades educativas y de enmienda para
quienes han delinquido. Sus principales expositores son Vicente Lanza, Falchi,
Montalbano, Pappalardo.
Doctrina de la Escuela Dualista: Sus principales teóricos son Birmeyer, Beling
y Longhi, principalmente esta escuela propugna la creación de dos códigos; el
penal de índole retributiva, en donde se establezcan los delitos y se
establézcanlas penas y el código preventivo, en el que se enuncie el estado
peligroso y se apliquen las medidas asegurarías.
Doctrina de la Escuela Unitaria: los doctrinarios de esta Escuela propugnan
unir las propuestas o características fundamentales de la Escuela técnica
jurídica y las de los positivistas; más que la voluntad del delincuente es de
interés de estudio de esta escuela la acción práctica de la mente que se
20
manifiesta de manera contraria a la sociedad. La pena es concebida bajo tres
objetivos o finalidades, la reincorporación social, la concepción jurídica del
precepto penal, y la imposibilidad de la reincidencia delictiva, su principal
expositor es Sabatini. Las doctrinas son las que nos brindan la posibilidad de
acércanos a las diferentes realidades, más aún en lo referente a la materia
penal que data de tantos años atrás.
1.1.4 Desarrollo del Código Penal
Todo sistema penal tiene la necesidad de combatir la delincuencia y garantizar
los derechos a las personas sospechosas por haber cometido dicho delito es
así que nace la necesidad de un cuerpo legal, para una mejor comprensión del
desarrollo de la materia penal, desde la época prehispánica ya existía una
aplicación “penal” de las acciones en contra de la comunidad, y que hoy la
podemos ver reflejada en la “justicia indígena”, y que en la época colonial el
derecho penal está supeditado a la normativa española. Sin embargo, la
normativa positiva penal en nuestro país empieza en la época republicana con
la promulgación del primer Código Penal, en 1837. Con la promulgación del
actual Código Orgánico Integrado Penal (COIP), nuestro país ha pasado por 5
Códigos Penales: 1837, 1872,1906, 1938, 2014.
1.1.5 Código Penal de 1837. Promulgando en la presidencia de Vicente
Rocafuerte, con gran influjo del Código Penal español de 1822 y de la escuela
clásica, institucionalizado los principios de: legalidad de delitos y penas,
culpabilidad psicológica16.
Divide a las penas que se impondrá en la República de la siguiente forma:
Represivas: la muerte.
La de extrañamiento del territorio de la República.
La de obras públicas.
La de presidio.
Correctivas: La de reclusión en una casa de trabajo, cuando las haya.
16
CEDILLO, El Desarrollo del Código Penal Ecuatoriano, 2014.
21
La prisión en una cárcel o fortaleza.
La de confinamiento en un pueblo o distrito determinado.
La de destierro temporal en un pueblo o distrito determinado.
La de inhabilitación para ejercer empleo, profesión o cargo público en
general o en clase determinada.
La privación de empleo, profesión o cargo público.
Suspensión de los mismos.
El arresto.
La de ejecución a la vigilancia de las autoridades.
La satisfacción.
El apercibimiento.
La represión judicial.
La corrección en alguna casa de esta clase.
La fianza de buena conducta.
La interdicción de los derechos de ciudadano.
Pecuniarias: la multa.
La pérdida de algunos efectos, cuyo importe se aplica como multa.
La indemnización de daños y perjuicios y pagos de costas judiciales17.
1.1.6 Código Penal de 1872.
Promulgado en la segunda presidencial de Gabriel García Moreno. Inspirado en
el Código Penal de Bélgica de 1867 (y este del Código francés de 1810),
perfecciona el Código de 1837, en relación a los principios de la Escuela
Clásica. CEDILLO, 2014)
Se conoce que en el año de 1884 fue la última ejecución dispuesta legalmente
en el Ecuador e históricamente se tiene el dato que consta la abolición de la
pena de muerte de manera definitiva en la Constitución de 1906; destaca un
avance significativo cuando se hace referencia a la inviolabilidad de la vida,
lógicamente exceptuada la pena capital y por consiguiente se le atribuye un
nuevo sentido de ver las cosas desde el punto de vista sancionatorio y penal;
esto es, que luego de pasar por legislaciones penales como la de 1837, 1871 y 17
MORALES, Santiago, El derecho Penal en el Ecuador, 2015.
22
Amnistía Internacional.- informe 2006, más de la mitad de los países en el
mundo han abolido la pena de muerte. (CEDILLO, 2014)
1.1.7 Código Penal de 1906
Promulgado en la segunda presidencia de Eloy Alfaro. Se basa en el código
anterior, suprimiendo la pena de muerte y los delitos contra la religión católica.
La situación del país en 1906 se encontraba dividida en dos bandos
irreconciliables: El alfarismo y el placismo. Esta escisión política causo muchos
males, durante medio siglo. Como era necesario legalizar la nueva situación
política, fue convocada la Asamblea Constituyente, Alfaro resulto nombrado
Presidente Constitucional de la República la misma que fue conocida como la
Carta Liberal.
1.1.8 Código Penal de 1938
Promulgado durante la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo. Se inspira
en el Código Argentino de 1922. Conserva la estructura básica del código
anterior tales como la relación de causalidad y la imputabilidad. Este Código
experimento tres codificaciones: 1953, 1960 y 1971. La enumeración de esta
última es la que se citaba antes del Código Orgánico Integral Penal en las
diligencias y sentencias. Incluso esta última codificación experimento cerca de
46 reformas.
El Código de Procedimiento Penal ha sufrido cinco modificaciones. La última
fue el 13 de octubre de 2000, del procedimiento inquisitorio del Código de
Procedimiento Penal de 1983 se pasa al sistema acusatorio. Pero su aplicación
fue difícil, tanto es así que fue reformado catorce veces. El Código de Ejecución
de Penas y Rehabilitación Social se publicó en el registro Oficial Nª 282, de 9
de julio de 1982. El mismo que regulaba la ejecución de las penas privativas de
libertad, el accionar en los Centros de Rehabilitación Social para la
rehabilitación de los internos con sentencias firmes y ejecutoriadas, y la
conformación de los organismos directivos de la rehabilitación social.
(CEDILLO, 2014)
23
El año de 1989, es donde no solamente se hablaba de pena de muerte, sino
decrecientes tendencias justiciables y esporádicas por la adopción de
procedimientos crueles y extraños como así lo define el profesor Ramírez
Morell, al referirse a los procedimientos utilizados en Estados Unidos como lo
fue en Salem-Massachusets, que se justificaban nada más y nada menos los
acervos sociales de aquella época para crear un tipo de justicia por cada
interacción social que fuese sometida al criterio popular.
1.1.9 Código Orgánico Integral Penal de 2014.
El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad normar el poder punitivo
del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el
juzgamiento de las personas con estricta observación del debido proceso,
promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación
integral de las víctimas.18
Promulgado en la presidencia del economista Rafael Correa Delgado. Se basa
en la corriente neo constitucionalista contemporánea. Presenta una normativa
conjunta de la norma sustantiva y adjetiva penal ecuatoriana, y leyes conexas
penales, así por ejemplo, incluye artículos para las infracciones de tránsito,
ambientales informáticas y tiene como referencia a los principios establecidos
en la Constitución del de 2008. La Asamblea Nacional lo discutió en dos
debates, 04 de julio al 17 de julio de 2012, y del 9 de octubre al 17 de
noviembre del 2013.
El ejecutivo presento 73 objeciones (objeciones parciales) el 28 de enero de
2014. La Asamblea Nacional no acepto cinco de las objeciones, relacionadas
con la pena a la no afiliación, arresto domiciliario de la mujer embarazada,
autorización judicial para grabaciones, homicidio culposo por mala práctica
médica y terrorismo, esta norma jurídica fue publicada en el registro Oficial Nº
180, el 10 de febrero de 2014, pero empezó a aplicar después de 180 días de
su población (10 de agosto del 2014).
18 Código Orgánico Integral penal, Art. 1.
24
Aporte teórico
De lo indicado en líneas anteriores acerca del Código Orgánico Integral Penal
(COIP), desde su nacimiento ya tenía sus detractores y quienes apoyaban esta
norma jurídica, es así que en aquella época el Presidente de la República del
Ecuador, Rafael Correa, destacó al cuerpo legal como código moderno, que
considera técnicas penales de vanguardia, acorde con la Constitución y los
Códigos Internacionales, ratificando por Ecuador, lo que permite tipificar delitos
que eran clamor ciudadano, como mala práctica profesional, femicidio, sicariato,
delitos contra la responsabilidad ciudadana, eficiencia pública, delitos contra la
defraudación tributaria, tráfico de emigrantes y trata de personas, entre otras.
Este Código Integral Penal, fue publicado oficialmente el 10 de febrero de 2014,
pero entro en vigencia 6 meses después. Es así como desde el 10 de agosto de
2014 se incorporaron nuevos tipos penales y distintas sanciones como el
enriquecimiento privado no justificado; la no afiliación a la seguridad social; los
atentados contra la naturaleza y el medio ambiente, los delitos contra la
humanidad y de lesa humanidad, el terrorismo, los atentados contra la
seguridad de activos de los sistemas de información y comunicación.
Respecto de los cambios en materia procesal, el COIP establece procedimiento
directos para los delitos flagrantes que sean sancionados con pena máxima
privativa de la libertas de hasta cinco años y que el monto no supere los 30
salarios básicos unificados (SBU). Asimismo, fija el plazo para realizar la
audiencia de juicio, una vez que el juez califica la flagrancia, para lo cual
debería señalar día y hora. Las partes tienen hasta tres días antes de la
audiencia para anunciar las pruebas por escrito.
En cuanto a la oralidad, se establece que al final de una audiencia de
juzgamiento, los jueces deberán expresar de manera oral la sentencia y la
pena. Se establece la figura del trabajo comunitario para delitos sancionados
con menos de seis meses de cárcel o contravenciones. El COIP sanciona a los
operadores de justicia (secretarios, fiscales, peritos, jueces), cuando no asistan
a alguna diligencia judicial, sancionando con la destitución. También establece
sanciones para los abogados particulares dos salarios básicos unificados (SBU)
25
y suspensión de dos meses del ejercicio profesional y en caso de que obstruyan
las diligencias judiciales. En aquella época fue algo importante en el desarrollo y
evolución de la materia penal en nuestro país, particularmente porque la
mayoría de leyes han sido tomadas de manera grosera de otras realidades
jurídicas e impuestas en nuestro país.
En este trabajo podemos ver el origen y evolución del Código Penal, sus inicios
resaltan que inicia desde el principio que llegaron los españoles a nuestras
tierras llegaron a imponernos cultura, costumbres, religión, y trajeron con ellos
su propio nivel de hacer justicia en donde nuestra gente no tenía derechos solo
obligaciones por lo que lo trataban como esclavos por medio de las
encomiendas, mitas y obrajes.
Aquí hay un punto importante ya que al derecho de los españoles le agregaron
el de nuestros indígenas, lo cual consta en la Constitución de 1860 menciona
las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen
gobierno sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son
cristianos, y que no se encuentren en contra posición de la religión, ni con las
reglas de este libro, y las que han hecho y ordenado de nuevo se guarden y
ejecuten, esto también hace mención a la justicia indígena que en la actualidad
existe en nuestra constitución como lo dice el artículo 171 el cual hace
referencia a que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de
participación y decisión de las mujeres.
Las autoridades aplicaran normas y procedimientos propios para la solución de
sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los
Derechos Humanos reconocidos en los Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos, con la finalidad de garantizar los derechos de los
ciudadanos en nuestro país.
El Estado garantizara que las decisiones de la jurisdicción indígena sean
respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones
26
estarán sujetas al control de constitucionalidad entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria. En el Ecuador se empieza a mencionar los derechos ya
que se tiene que hacer referencia que no se conocía este término a partir de la
fundación de la ciudad de Quito, empieza el auge del término de derecho.
Nuestro país ha pasado por cinco Códigos penales; el primero fue en el año de
1837 en la presidencia de Vicente Rocafuerte, para la elaboración del mismo se
tomó parte del Código Orgánico español de 1822.
Los procesos de cambio y evolución en materia Penal diremos que se
fundamentó en normas externas:
El Código de 1872 en el cual fue inspirado en el Código Penal de Bélgica.
El Código de 1906 presidencia de Eloy Alfaro suprimió la pena de muerte.
El Código de 1938 sufrió tres modificaciones, tuvo cerca de 46 reformas.
Este proceso se dio hasta llegar a la actualidad con la elaboración del Código
Orgánico Integral Penal, el cual incluye artículos para diferentes infracciones
entre ellas de tránsito, ambiente e informáticos, se aplica en el Registro Oficial
#180, el 10 de febrero del 2014 pero no entre en vigencia si no después de 180
días de su publicación el 10 de agosto del 2014, en l actualidad nos regimos a
este y ha sido un cambio notable nuestra legislación, facilitando el proceso de
llegar a dar solución a los diferentes problemas que hoy por hoy se presentan
en nuestra sociedad.
1.2 El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal
El tipo penal de incumplimiento de decisiones se encuentra dentro de los delitos
de eficiencia pública, normativa por el cual es necesario realizar un análisis de
la tipicidad objetiva y subjetiva de este injusto penal. El bien jurídico protegido
es respetar eficiente administración pública donde el sistema jurídico es un
componente fundamental para la vida de las personas y para el desempeño
económico.
Partamos de lo que dispone la norma indicada, en lo perteneciente dice;
Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad jurisdiccional
competente. La persona que incumpla ordenes, prohibiciones especificas o
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad jurisdiccional competente en
27
el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
Sujeto Activo.- Es la persona que incumple una orden o decisión adoptada por
una autoridad competente.
Sujeto pasivo.- Es quien cuenta con el derecho legal de exigir el cumplimiento
de una cierta obligación, en este caso sería un juez competente.
Como el antecedente arriba indicada del Código anterior, la desobediencia se
limita las personas que no obedecían a las autoridades cuando estas
ordenaban alguna cosa para el mejor servicio público, en asuntos de su
dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales. Para que la conducta
fuere punible era requisito fundamental que la orden debía ser necesaria para el
mejor servicio público. El delito se lo castigaba con prisión de ocho días a un
mes existe un artículo publicado por el diario el universo por el doctor Santiago
Guarderas en el cual en forma resumida y muy sintética jurídicamente asevera
lo siguiente, que dentro de los delitos contra la eficiencia de la administración
pública que le nuevo COIP tipifica consta el incumplimiento de decisiones
legítimas de autoridad competente19.
El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal desarrolla el tipo penal
materia de estudio. El delito recibe una regulación distinta si es cometido por un
ciudadano o si le es por un servidor público o por un militar o policía por lo que
se analizara únicamente el primer caso por su extrema gravedad. La conducta
dolosa esta descrita así: la persona que incumpla ordenes prohibiciones
específicas o legalmente debidas, dirigidas a ellas por autoridad competente en
el marco de sus facultades legales, será sancionadas con pena privativa de
liberta de uno a tres años, artículo que nos permite centrarnos en la
investigación para poder resolver el problema20.
1.2.1 Estricto Cumplimiento de un Deber
19
GUARDERAS, Santiago, El Incumplimiento de las Decisiones, Ecuador, 2017. 20
RAMIREZ, Lisseth, El Incumplimiento, Ecuador, 2017
28
El tratadista Guillermo Cabanellas expresa sobre el cumplimiento de un deber
en general, acatamiento espontaneo del obligado a hacer o no hacer. En
materia penal sirve para indicar la impunidad de quien obra respondiendo a tal
cumplimiento, que se equipara al legítimo ejercicio de un derecho autoridad o
cargo21. Se trata de la realización de conductas que son formalmente típicas,
pero justificadas porque el agente obra en cumplimiento de un deber
establecido en la ley, como toda justificante debe reunir los requisitos objetivos
y subjetivos. El cumplimiento del deber de las autoridades competentes y en el
caso de que no se la cumpla se la convierte en una conducta atípica y por ende
se está incumpliendo lo dispuesto por el Art 282 del COIP22.
Aunque sin embargo este artículo que tipo de decisiones atípicas se debe
incumplir y vulnera el principio de seguridad jurídica ya que no específica con
claridad qué tipo de decisiones legítimas no se debe incumplir y que tipo de
autoridad se debe desobedecer ya que el artículo se encuentra tipificado como
una norma penal en blanco que da a libre interpretación de los juzgadores y es
razón jurídicas para realizar una reforma a ese artículo en el momento en el que
el juzgador va a dictar una resolución frente a este tipo de procesos penales
enseguida para mejor comprensión detallaremos un ejemplo. Cuando un
funcionario judicial, cumpliendo todos los requisitos legales, ordena la detención
de una persona, no incurre en la restricción ilícita de la libertad, sino que lo hace
cumpliendo un deber de manera estricta, razón por la cual su conducta está
justificada, o es atípica, según el enfoque.
Lo propio sucede con el agente de policía que lleva a cabo esa orden con todos
los requisitos de la ley, o ingresa en domicilio ajena con orden judicial legítima
previa. Así mismo el allanamiento judicial debe realizarse con el lleno de las
formalidades legales. Tampoco es punible el oficial público que, con el fin de
cumplir un deber propio a su cargo, hace uso u ordena hacer uso de armas de
otro medio de coacción física, cuando se ve constreñido por la necesidad de
repeler la violencia o de vencer una resistencia a la autoridad. El cumplimiento
del deber, que para la mayoría excluye el injusto y para otros el tipo, es deber
21
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2014. 22
Código Orgánico Integral Penal, Ecuador, 2014.
29
jurídico, o sea el impuesto por ley, no el deber moral, social o religioso sin
mandato legal de por medio.
1.2.2 El Cumplimiento de Orden Legitima de Autoridad Competente
El tratadista Guillermo Cabanellas expresa sobre el incumplimiento.-
Desobediencia de órdenes, reglamentos o leyes por lo general de modo
negativo, por abstención u omisión al contrario de los casos de infracción o
violación. Esta denominación no obedece a la unanimidad. Algunos estatutos se
refieren a la obediencia debida, otros a obediencia jerárquica, o algunos
cumplimientos de órdenes superiores, etc., pero son órdenes despachadas por
los juzgadores quienes son los encargados de administrar justicia y emitir penas
privativas de libertad. Esta causal es rigurosa, la autoridad debe ser
legítimamente construida y especifica; obrar dentro del ámbito de su
competencia y emitir la orden con las formalidades legales.
El punto de vista solo admite la orden legítima del servidor público que en este
caso viene hacer los juzgadores, emitida con las formalidades legales, dentro
del ámbito de su competencia, pues su actuación solo puede ser en el marco de
las funciones legales y en la forma prevista en la ley. Si se trata de orden
legítima de autoridad competente debe ser únicamente para la orden material y
formalmente legítima y no para una orden legítima o criminal. Por eso nos
parece que no se trata propiamente de una causal de justificación sino de
atipicidad, pues al igual que en el estricto cumplimiento de un deber legal, no es
lógico que el derecho penal por un lado orden cumplir algo y por otro disponga
que esa conducta es típica pero justificada.
Así entonces, en el cumplimiento de un deber hay una sola relación entre el
sujeto activo y el sujeto pasivo, mientras que en la obediencia debida existe una
triple relación: una interna, entre el que manda y el que obedece, y otras dos
que enlaza con el tercero que sufre las consecuencias de la orden dada, y entre
el inferior que obedece y ese mismo tercero como ejemplo la orden de violar
sexualmente a una detenida, torturar a un testigo, asesinar a un delincuente o a
un indigente lo que quiere decir que está hablando sobre las ordenes emitidas
por las autoridades judiciales.
30
El derecho penal, objetivamente considerado, solo ha de referirse, como en
efecto lo hace nuestra ley penal, a la orden legítima de autoridad competente, lo
cual por obvias razones aleja cualquier discusión al aspecto en este caso la
propuesta en argumentación jurídica del artículo 282 del COIP que figura como
una ley penal en blanco el mismo que vulnera los principios constitucionales en
este caso el de seguridad jurídica de la Constitución de la Republica al no tener
claro jurídicamente la desobediencia a la autoridad competente es decir si un
agente de policía que recibe una orden de captura en apariencia legítima, pero
que es arbitraria esto se refiere a un orden legítima que si viene cierto no están
establecidas en el COIP22.
La orden del superior no exime de responsabilidad a quien recibe la orden,
cuando se trata de una infracción manifiesta de un precepto constitucional en
detrimento de alguna persona, lo cual es consecuente con un Estado Social y
Democrático de Derechos. Y aunque esta norma advierte que cuando la orden
recibe un militar en servicio, en tal evento responde al superior que da la orden,
tal disposición no tiene la virtud de excluir la responsabilidad penal de quien
conociendo la ilicitud de la orden la lleva a cabo. Las autoridades están
instituidas, según la misma, para defender los derechos de todas las personas.
Es verdad que, atendidas las necesidades de la función pública, los
subordinados deban cumplir las órdenes de superiores, a fin de no interrumpir
constantemente el ejercicio de la función pública y trasladar la decisión acerca
de las órdenes de subordinado, y convertir la complejidad del funcionamiento de
la administración del Estado en un caos. Pero tampoco es ocultarse que las
órdenes de las autoridades deben y suelen cumplirse justamente porque son y
se presumen legítimas, de donde se sigue, que en una orden de detención
formalmente correcta difícilmente podrá saber con claridad si dicha orden
persogue privar de libertad a un inocente. Lo que se quiere significar es que
cuando el inferior se niega a cumplirla pro su ilicitud, es porque sabe de esta, o
por el carácter manifiesto de su orden delictivo, en cuyo caso no pueden
invertirse los papeles y tratársele a él y no al otro como delincuente. Y esto en
31
ambos casos: o porque la orden siendo aparentemente lícita es ilícita, o porque
es manifiestamente ilícita.23
1.2.3 La Autoridad en el Cumplimiento de Decisiones
La ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional expresa
sobre el cumplimiento.- La jueza o juez deberá emplear todos los medios que
sean adecuados y pertinentes para que se ejecute la sentencia o el acuerdo
preparatorio, incluso podrá disponer la intervención de la Policía Nacional.
Durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para
ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el impacto de las
medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario,
podrán modificar las medidas. La jueza o juez podrá delegar el seguimiento del
cumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio a la Defensoría del Pueblo,
nacional o local, de protección de derechos. Estos podrán deducir las acciones
que sean necesarias para cumplir la delegación.23
Con lo expresado la autoridad esta envestida para poder hacer cumplir las
decisiones de cualquier índole, es una forma de dominación sobre terceras
personas, ya que exige la obediencia de los demás cuando emite una decisión;
no cabe obediencia cuando no existe autoridad, en otras palabras las
decisiones de personas simples, no siempre son obedecidas ni tienen el
propósito de ser acatadas. El punto principal es establecer con claridad la
norma jurídica como lo restablece y los dispone el artículo 82 de la Constitución
de la República del Ecuador.
La existencia de varias clases de autoridad ya sea esta personal, funcional,
formal y operativa a este tipo de autoridades no se refiere el tipo de pena sino a
la decisión que emite la autoridad pública en el caso que esta sea
desobedecida y es ahí donde el artículo 282 del Código Orgánico Integral
Penal, lo que no aclara a que autoridad se refiere, la misma que no puede ser
observada con la finalidad de violentar el principio de seguridad jurídica y esta
ser sancionada penalmente.
22
Còdigo Organico Integral Penal, Ecuador, 2018
32
En el primer inciso, que quien incumple órdenes o prohibiciones especificas o
legalmente debidas, serían los condicionantes para concurrir o encuadrar su
conducta en el tipo penal de la referencia ya que este primer inciso, el desacato
es la desobediencia a la decisión de autoridad judicial; recordando que el
desacato es una falta de respeto a una orden de autoridad competente que se
debe cumplir y no se la hace, de allí de muchas clases de desacato, pero el que
nos interesa como he manifestado son referente a la jurisdicción penal, por la
razón que recibe el infracto.
Cuán importante resulta que los estados particularmente en el Ecuador asuma
con responsabilidad la protección de los de sus connacionales. El bien jurídico
afectado es el orden público., toda vez que el no cumplir o fallamiento al
cumplimiento de la decisión entraña una inseguridad jurídica para quien emite la
decisión legítima, pues no podemos olvidar que los subordinados en calidad de
miembros de una colectividad deben cumplir las órdenes impartidas por las
autoridades nombradas por el Estado.
Por ejemplo, si una autoridad emite una orden constitucional de privación de la
libertad y se la entrega a un policía para que pueda detener a una persona,
pero este no lo hace y se llega a constatar que el ejecutor no lo hizo
simplemente pudiendo hacerlo públicamente, es bueno establecer que no
interesa a la fiscalía los motivos del porque no lo hizo, sino que pudiendo
hacerlo, decidió no hacerlo: es decir esa conducta negativa es la que sanciona
el asambleísta.
Pues sale a relucir una intencionalidad manifiesta que su no cumplimiento,
refleja una conducta consciente de conocer que el no hacerlo trastoca la norma
jurídica. Esta desobediencia a una orden judicial impartida adecua su conducta
hasta tres años de privación de libertad a aquel sujeto activo que no cumplió.
De igual forma, si aún juez, el fiscal admite que le ha desvirtuado con elementos
de convicción su participación en tal delito, y que tal procesado probado de su
libertad ya no amerita y él solicita al juez que revoque y el juez decide revocar
33
una privación de libertad contra determinado procesado, porque a criterio de él,
se habrían desvanecido los indicios que motivaron inicialmente dictarle la
prisión preventiva, y la policía recibe la orden constitucional de revocatoria de
privación de libertad, el director de la penitenciaria o lugar donde se encuentre
privado de libertad, hace caso de omisión a tal decisión y lo mantiene privado
de su libertad, también adecuaría su conducta a este tipo penal con la sanción
antes impuesta.24
Lo arriba descrito nos presenta una información relevante en función del tema
propuesto. El segundo inciso, destaca órdenes militares o policiales, pero aquí
entra el verbo rector negarse, el cual creemos que habría una predisposición
relacionado con el medio militar o policial en que se desvuelven dichas órdenes.
Como también no se establece claramente quien debe juzgar penalmente
quienes la autoridad competente que dictara la sentencia ya que no existe en
forma clara si la ley o el delito cometido por un militar, policía o servidor público
tiene la misma interpretación jurídica al momento de sentenciar.
Las decisiones solamente serán emitidas por las autoridades competentes
como establece la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 167,
que se refiere a la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce
por órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones
establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que resulta
necesario que se cumplan con las disposiciones de tipo jurídico, caso contrario
estarían contrariando a las normas establecidas.
El Código Orgánico de la Función Judicial tipifica en su artículo 7.- La
jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la Ley. Solo podrán
ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad
con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos
en el ámbito de las funciones25.
24
PEREZ, Daniel, Los procesos penales, 2015 25
Código Orgánico de la Función judicial, Ecuador, 2017.
34
En el artículo 10 del mismo cuerpo legal establece.- principio de unidad
jurisdiccional y gradualidad, ninguna autoridad de las demás funciones del
estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin
perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocida por la Constitución.
Las autoridades legítimas para emitir una decisión deberán tener jurisdicción y
competencia el Código Orgánico de la Función Judicial define:
La Jurisdicción: consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la
Constitución y las Leyes, y que se ejercen según las reglas de la competencia.26
El nacimiento de la jurisdicción nace por el nombramiento efectuado conforme a
la constitución y la ley. El ejercicio de la jurisdicción empieza en el momento en
que la jueza o juez toma posesión de su función y entra a su servicio efectivo.
Competencia: es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está
distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las
personas, territorio, materia, y grado. Con lo expuesto para emitir un decisión es
necesario que la autoridad este facultado para ejercer dicha labor y resolver
conflictos dentro de su competencia.
1.2.4. El Incumplimiento
Definición.- El término incumplimiento es un sustantivo masculino que significa:
falta de cumplimiento; es lo opuesto al incumplimiento por lo que se evidencia la
falta al acatar las disposiciones de tipo jurídica. Para el tratadista Wayar el
incumplimiento es la situación anormal de la relación de obligación, originada en
la conducta antijurídica de cualquiera de los sujetos vinculados.27
Con lo expuesto se destaca que el incumpliendo es una conducta antijurídica de
los sujetos que integran la relación jurídica, con el incumplimiento se vulnera
una norma, una resolución u una orden. El sujeto contraviene al deber de
comportarse de una manera adecuada a la obligación que ha contraído. Con el
incumplimiento se quebranta la orden de cualquier tipo moral, social, religioso o
26
Código Orgánico de la Función Judicial 27
WAYER, Ernesto: Derecho Civil-Obligaciones I, ediciones Desalma, Pág. 496.
35
jurídico. Se puede incumplir por un descuido, negligencia, irresponsabilidad o
en forma dolosa con la intención de perjudicar a un sujeto y favorecer a otro.
1.2.4.1 Elementos del Incumplimiento
El incumplimiento es un objeto jurídico abstracto y como tal posee una
estructura. El incumplimiento se estructura con los elementos siguientes:28
a) Existencia de una obligación jurídica.
b) Un acto.
c) La antijuridicidad.
Para que exista el incumplimiento es requisito sine qua non que previamente
haya una obligación jurídica exigible; que no se lo cumpla o se cumpla medias,
en este caso habrá incumplido total o parcial, respectivamente además, el obrar
del sujeto debe ser antijurídico, es decir contrario a la normativa jurídica vigente.
1.2.4.2 Con el Incumplimiento se Vulneran Varios Derechos
El incumplimiento de las sentencias, decisiones viola los derechos de los
ciudadanos. Con solo un retardo ya es violatorio porque causa lesión al
justiciable puesto que no se cumple sus aspiraciones con celeridad y eficiencia
Entre ello podemos mencionar:
El acceso gratuito a la justicia a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los
derechos e intereses (art.75 constitución).
La garantía del cumplimiento de las normas y de los derechos de las partes
(inciso 1 del art. 76 de la constitución).
El derecho a la reparación integral (numeral 3 del art. 86 de la constitución);
El derecho a la seguridad Jurídica (art. 82 de la constitución).
1.2.4.3 El Cumplimiento
El cumplimiento es la acción y el efecto de cumplir, también significa.-
Perfección en el modo de obrar o de hacer alguna cosa.28
El cumplimiento es ejecutar, es llevar a efecto una tarea una obra o una acción,
es realizar íntegramente aquello que debemos hacer o todo cuanto estamos
obligados a cumplir.
28
Wayer, Ernesto:Derecho Civil-Obligaciones I, Ediciones Desalma, Pag 496.
36
1.2.4.4 Clasificación del Incumplimiento
De conformidad con lo prescrito por nuestro sistema jurídico, al incumplimiento
lo clasificamos de la siguiente manera
Incumplimiento parcial.
Incumplimiento total. 29
Incumplimiento general; y
Acción constitucional por incumplimiento
Incumplimiento Parcial
A la obligación jurídica se lo debe cumplir en la forma, modo y tiempo
establecido en la ley o en el contrato, de lo contrario se lo incumple. El
incumplimiento es parcial cuando no se cumple en la totalidad de la obligación
sino una parte o cuando se cumple menos de lo que debió cumplirse, cuando
no se cumple de forma cabal y completa de lo ordenado.
Incumplimiento Total
El cumplimiento es total cuando no se cumple nada de lo dispuesto en la
sentencia, en la resolución o en el informe, es decir la totalidad de lo ordenado
permanece incólume, sin cumplirse. Si no se cumple en forma universal lo
ordenado, es decir que lo comprenda todo, se cae en el campo del
incumplimiento total, equivale a negación de acceso a la justicia de los
ciudadanos que necesariamente tiene la finalidad de aplicar la tutela judicial
efectiva en el cumplimiento de las decisiones en todas sus partes caso
contrario existirá una sanción.
Incumplimiento General
Como su nombre lo indica, es universal a todo el sistema jurídico y consta en
las normas que lo integran; en la Constitución, en el Código Civil, Código
Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, en el Código
de Trabajo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional etc. Además, existen normas específicas que sancionan este tipo
29
Diccionario de la Lengua Española,edición electrónica
37
de incumplimiento e indican el trámite que deben imponer la sanción en cada
caso30.
La Acción Constitucional por Incumplimiento
La acción constitucional por incumplimiento, es una acción de nuestro sistema
jurídico; es de carácter particular y tiene un procedimiento claro y definido que
consta en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional y en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de
Competencia de la Corte Constitucional.
1.2.5 Autoridad Competente
Autoridad competente es el titular de un oficio de gobierno que goza de la
competencia necesaria para una determinada actuación jurídica pública, que
implica generalmente ejercicio de potestad. Se emplea esta expresión genérica
por razones de concisión y economía normativa, permite incluir en el enunciado
de una norma a los diversos sujetos que podrían estar en principio facultados
para tratar un asunto en virtud de su oficio o en general de la posición Jurídica
pública que ostentan conforme a derecho.
El adjetivo competente posee en el sintagma una función determinativa, e
indirectamente limitadora indica que el derecho no habilita a toda autoridad
pública para actuar en cualquier caso. Además de la necesaria potestad para
actuar legítimamente e incluso válidamente, cuando así lo establece el derecho
se requiere que la autoridad de que se trate tenga competencia, es decir, la
facultad de ejercer esa potestad en una determinada materia, en un
determinado territorio y en relación con determinadas personas31.
1.2.6 Principios que rigen el Código Orgánico Integral Penal
Los principios en los que se fundamenta el Código Orgánico Integral penal son
los siguientes:
Oralidad. El proceso se desarrollara mediante el sistema oral y las decisiones
se tomaran en audiencia; se utilizaran los medios técnicos disponibles para
30
CARRIÓN, Luis, Acción Constitucional por Incumplimiento, 2015. 31
LABANDIRA, Jorge, Tratado de derecho Administrativo Canónico, 2005.
38
dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, tos sujetos
procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos en este código.
(Código Orgánico Integral Penal, 2016)
Las actuaciones procesales deben ser principalmente orales, aunque no se
excluyen la documentación escrita que pueda darse durante el proceso. Según
este principio, todo lo que se expone oralmente en el juicio, debe ser
fundamentado para la sentencia. La oralidad del proceso, permite que el
procesado tenga más oportunidades para luchar por su absolución o una
decisión sancionatoria más leve, ya que no solo se pone en juego los elementos
probatorios, sino también las argumentaciones de las partes.
Concentración. La o el juzgador concentrara y realizara la mayor cantidad de
actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá
de manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada
para el efecto. (Código Orgánico Integral Penal, 2016).
Conforme a este principio toda la prueba se realiza concentradamente en
unidad de acto, es un principio que no rige durante la investigación, pero que es
indiscutible su vigencia en el juicio oral, el objetivo es evitar que se actúe de
forma desordenada respecto de una persona que se encuentre en un proceso
penal.
Bajo este principio las pruebas deben practicarse y debitarse en la audiencia
pública del juicio oral de manera continua y en el mejor de los casos en un
mismo día o días consecutivos. Este principio facilita el trabajo del juez o
tribunal, pues al efectuarse una verificación de pruebas y argumentos de
manera concentrada, permiten la verificación de la verdad material con la
coherencia jurídica.
Contradicción. Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las
razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de
las otras partes procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se
presenten en su contra". (Código Orgánico Integral Penal, 2016)
39
El principio de contradicción se funda en la idea que ninguna persona
procesada penalmente, puede ser condenada sin ser escuchada o al menos sin
tener la oportunidad de serlo.
Este principio exige que se conceda la posibilidad de ser oído no solo en una
ocasión, sino que exige que en relación con cualquier resolución judicial o
petición de la parte contraria, el procesado tenga la posibilidad de ser
escuchado, mediante alegaciones orales o imponiendo los recursos
correspondientes según la etapa procesal respectiva. Con el cumplimiento del
principio de contradicción se cumple al permitir la intervención del procesado en
cualquier diligencia de la que pueda resultar prueba en contra de este.
Inmediación. La o el juzgador celebrara las audiencias en conjunto con los
sujetos procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación
de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera
fundamental el proceso penal. (Código Orgánico Integral Penal, 2016)
Tómese en cuenta la relevancia de lo tratado. Necesariamente tiene que ser
cumplido el principio arriba invocado, por lo que se tiene que garantizar la
Seguridad Jurídica en nuestro territorio nacional. Entendiendo a la inmediación
como la relación del tribunal con la prueba, de forma que es el juez quien debe
ver y oír por sí mismo las pruebas, relacionándolas con los hechos, de forma,
que mientras más inmediata sea la relación existe menos posibilidad de error
por parte del juzgador.
El principio de inmediación tiene dos sentidos, un materia y un formal, el
primero se refiere a los medios de prueba a utilizar por el juez, el tribunal
deberá ver y oír la prueba por sí mismo, cuya sentencia deberá basarse en la
percepción obtenida por el tribunal en el juicio oral y el segundo con respecto al
modo en que el juez debe utilizar los medios probatorios, concretándose en que
los medios de prueba deben ser directos, siendo lo mediato relegado por lo
inmediato, es decir, si el hecho se prueba por testigos directos no hace falta
recurrir a la prueba de indicios, por lo que se limita los medios de prueba a los
más cercanos al hecho.
40
Motivación. La o el juzgador fundamentara sus decisiones, en particular, se
pronunciara sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los
sujetos procesales durante el proceso. (Código Orgánico Integral Penal, 2016)
Tienen su origen en fundamentos constitucionales, los mismos que establecen
que los administradores de justicia al resolver sus causas deben pronunciarse
de manera razonada, atendiendo a las circunstancias particulares del caso
apegado a los principios constitucionales legales.
El deber de motivar las decisiones de las autoridades públicas, constituye una
garantía esencial dentro del derecho al debido proceso y a la correcta
administración de justicia. El deber de motivar las sentencias también puede ser
entendido como la posibilidad de la control de la actividad jurisdiccional, tanto
por los distintos tribunales, como por las partes y el resto de la sociedad, de
manera de que si el tribunal explica adecuadamente las razones de la decisión
permite llevar un control efectivo de la actividad judicial que ha realizado bajo
los parámetros de la lógica racional y la legalidad, caso contrario sería el
resultado del actuar arbitrario.
Imparcialidad. La o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientara
para el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de
la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este
Código, respetando la igualdad ante la ley (Cruz, 2014, pág. 60)
La imparcialidad del juzgador es un elemento fundamental para firmar que el
procesado ha tenido un juicio justo, esto constituye uno de los pilares para
mantener un estado de derecho la justica ocurre cuando de ella puede
predicarse sus atributos esenciales, entre ellos sin duda se encuentra la
imparcialidad de los jueces. Para que exista imparcialidad del juzgador se
requiere en primer lugar de una acción formal que demuestre no ser parte del
proceso y la segunda la de la actitud, es decir dejar al margen las condiciones
subjetivas que puedan incidir al momento de actuar.
1.2.7 La Ley Penal
41
Ley Penal es una norma jurídica que se refiere a las conductas que atacan la
convivencia humana en la forma más grave y que por ello son sancionadas con
el medio jurídico más fuerte y eficaz de que dispone el aparato represivo del
Estado: la pena. Adicionalmente, la norma penal presenta como contenido un
conjunto de expectativas: la no realización de la conducta prohibida o la
imposición efectiva de la pena en caso de trasgresión. (Parra, 2010, pág. 80)
Es una norma de conducta social general, emanada de la autoridad legítima,
que tiene como finalidad el bien común y cuyo cumplimiento está garantizado
por la fuerza pública; prohíbe un hecho, asociándolo a una sanción para el
infractor; y tiene dos elementos: precepto y sanción.
1.2.8 Estructura y Caracteres de la Ley Penal.
La ley se caracteriza por establecer un precepto (preceptum legis), que es la
descripción de un modo sintético de conducta, que denominamos, también,
supuesto de hecho o materia de la prohibición, que de incumplirse determina la
aplicación de la sancion (sanctio legis). Es la estructura que conviene el verbo
nuclear conducta prohibida o mandada, que puede ser positivo determinado un
hacer-asistir o negativo determinado un no hacer no hurtar32.
Como son normas de terminación, además de ser normas valorativas, las
normas penales prohíben o mandan conductas humanas, lo que determinan, en
el primer, caso los delitos de acción y, en el segundo, los de omisión. La
mayoría de los tipos penales son prohibitivos (no mataras) y se vulneran
positivamente, haciendo (matando). Los tipos emisivos, que impone un deber
de acción (asistirás al herido) se villa no haciendo lo ordenado (omitiendo
asistir).
1.2.9 Interpretación de la Ley Penal
La interpretación jurídica mediante la doctrina de la jurisprudencia permite
conocer y analizar una norma y aplicar objetivamente la ley. Interpretar una ley,
una regla de comportamiento humano, menta, en principio, la operación
intelectual del hombre que pretende conocer el sentido prescriptivo de la regla,
para aplicarla prácticamente, esto es, calcular el sentido normativo de la 32
ZAMBRANO, Pasquel, Tratado de Derecho Penal, Ecuador, 2017,
42
conducta concreta, propia o ajena, a desarrollar en el futuro, o para utilizar la
regla como metro de valoración, del comportamiento real, ya acontecido
(Código Orgánico Integral Penal, 2016)
Desde ese punto de vista, interpretar una regla no significa únicamente el
desarrollo de una operación semántica de definición, sino que antes bien,
comprende esa operación en estrecha relación con el comportamiento a
valorar. Se trata de un ir y venir del acto humano a la regla y viceversa, con el
objeto de establecer sus consecuencias prácticas. La interpretación es una
operación imprescindible del proceso de aplicación de la ley, pues la misma
descripción del hecho de juzgar depende de ella.
Se puede decir que ella constituye el momento gnoseológico de la aplicación de
la ley, la necesaria relación de conocimiento entre quien pretende aplicar la ley
a un comportamiento concreto y el esquema normativo que presidirá la
valoración. El Código Orgánico Integral Penal en su Art.13 manifiesta lo
siguiente: Interpretación.- las normas de este código deberán interpretarse de
conformidad con las siguientes reglas:
La interpretación en materia penal se realiza en el sentido que más se ajuste
a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Los tipos penales y las penas se interpretan de forma estricta, esto es,
respetando el sentido literal de la norma.
Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones
penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la
aplicación de una sanción o medida cautelar para establecer excepciones o
restricciones de derechos. (Código Orgánico Integral Penal, 2016).
Conforme el primer numeral de este artículo, la interpretación en materia penal
se realizara en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la Republica,
lo cual nos plantea la necesidad de analizar la interpretación conforme a la
misma. La interpretación conforme a la ley suprema se produce cuando existe
varias posibilidades interpretativas, de las cuales por los menos una conduce a
la conformidad de la norma constitucional, y por lo menos la otra a la
43
inconstitucionalidad de la norma, caso en el cual el mandato de la interpretación
conforme a la Constitución indica que no hay que escoger ninguna de las
variantes interpretativas inconstitucionales, sino una de las que son conforme a
la Constitución33.
La norma a ser utilizada se somete a una interpretación conforme la
Constitución, sobre todo para mantener vigente la norma interpretada y no
declararla inconstitucional. La base de esta construcción sin duda encuentra su
sustento en la mal llamada presunción de inocencia (Art.76 numeral 2 de la
Constitución de la República y artículo 8 numeral 2 de la Convención Americana
de los Derechos Humanos)34.
Lo que resulta importante referirnos a una norma que protege los derechos. Por
esta misma razón el Art. 76 numeral 5 de la Constitución, señala que en caso
de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemple sanciones
diferentes para un mismo hecho, se aplicara la menos rigurosa, aun cuando su
promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma
que contenga sanciones, se aplicara en el sentido más favorable a la persona
infractora.
1.2.10 Formas de Interpretación de la Ley Penal
Existen tres maneras características de interpretar la ley: la interpretación
auténtica, la interpretación judicial y la interpretación doctrinaria.
Interpretación Auténtica: que lleva a cabo el propio legislador, esto es el
órgano que también fue competente para dictar la ley y el objeto de la
interpretación. El legislador cumple esta actividad cuando define el contenido de
una palabra o giro verbal por ejemplo lo que significa empleado o funcionario
público, para otorgarle precisión en una o varias oraciones legales, o cuando
cuantifica una calidad por ejemplo: establece que a los catorce años se es
capaz para delinquir, imputable; o que antes de los doce no se es capaz para
decidir sus relaciones sexuales, por lo tanto, quien accede carnalmente a un
33
Constitución de la República del Ecuador, 2008 34
Convención Americana de los Derechos Humanos, 2015.
44
menor de esa edad comete violación, cualquier que sea la experiencia de las
víctimas, con el mismo objeto, o cuando, en fin, vuelve a definir todo un texto
legal, también para aclarar su contenido. A pesar de que la tarea parece
semejante a lo que llamamos interpretar la ley, por motivo y la intención de
quien la práctica, y la forma en que lo hace, solo un exceso puede llevar a
confundirla con el mismo significado propuesto para el concepto de
interpretación jurídica. (Maier, 2010, pág. 50)
Este tipo de interpretación de la ley solo la puede hacer el juzgador o a quien le
llamamos juez dentro de nuestra legislación ecuatoriana, es quien está
facultado para otorgar la justicia a quien corresponda e imponer una sanción
establecida dentro de la norma, así mismo es quien tiene el derecho de
interpretar la ley respetando las reglas de la misma.
Interpretación Doctrinaria: no representa, precisamente a esa tarea; se trata
otra vez de sancionar reglas generales, para casos generales; de otra manera
el legislador excedería su propia competencia; el hecho de que él se proponga
aclarar el significado de una ley anterior, con otras palabras o símbolos no
cambia las cosas, no varía la naturaleza de la actividad que cumple: legislar. En
todo caso, piénsese que rige el principio lex posterior, de manera tal que la ley
aclaratoria o bien se integra con la anterior o bien, si discrepa, rige la más
moderna. (Maier, 2010, pág. 51)
Esta interpretación de ley está dirigida sobre las controversias que existen entre
leyes de cualquier naturaleza que se publicaron actualmente conforme a la
necesidad de la sociedad y con aquellas que ya estaban en vigencia, en estos
casos los juzgadores deben aplicar la ley de más propicia para el procesado
que está siendo juzgado por algún tipo de delito todo esto bajo el principio de
favorabilidad al reo consagrado en la Constitución de la República.
Interpretación Judicial: aquella que realizan los jueves en el ejercicio de su
función: solucionar aplicando reglas de derecho, los casos concretos que
alguien les presenta, esta es una realidad, la auténtica interpretación que nos
proponemos definir como actividad, para completar nuestro propósito habría
45
que sumarle la actividad que llevan a cabo los litigantes y los abogados que
defienden sus intereses, en el ejercicio de su papel procesal y de su profesión,
aunque su resultado no sea una decisión, sino más bien un requerimiento o un
consejo, pues carecen de autoridad para ello.
La interpretación judicial, en sentido estricto, tiene un valor excepcional cuando
proviene de tribunales superiores, encargados de controlar la aplicación de la
ley, o cuando el criterio de decisión, que gobierna la interpretación, se reitera
con asiduidad. Este resultado es el que se denomina jurisprudencia y el que ha
sido elevado a fuente del derecho, aun en países como el nuestro, que siguen
el sistema del derecho legislado, pues permite predecir más cercanamente el
sentido de la aplicación de la ley de caso concreto. (Maier, 2010, pág. 51)
Esta interpretación es el alcance a las normas jurídicas y a los principios que se
deben aplicar para la resolución de cualquier caso en cualquier tipo de materia
que este apegada al derecho, de la misma forma es la interpretación que llevan
los jueces para resolver un caso concreto a esto le llamamos jurisprudencia que
son los fallos de triple reiteración que emite los jueces en una sentencia o
resolución de algún caso en concreto, los principios cuan importantes resultan
ser en las aplicaciones de las disposiciones jurídicas.
Aporte Teórico
El diseño de esta propuesta radica en argumentar jurídicamente el art. 282 del
COIP el mismo que tipifica el incumplimiento de decisiones legítimas de
autoridades competentes en la misma norma penal se está buscando que no
siga figurando como una norma penal abierta en blanco y se pretende la
argumentación jurídica del mismo estableciendo el tipo de autoridad
competente a quien no debemos desobedecer y la especificación de decisiones
legítimas que no debemos incumplir como ciudadanos. De esta manera se
pretende cumplir con el art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador
como es el principio seguridad jurídica.
El incumplimiento de una norma, regla y principio jurídico a quien están sujetos
los ciudadanos en este caso apegados estrictamente a la norma penal la misma
46
que establece la sanción para la desobediencia de las mismas tiene una
sanción que da como resultado la pena privativa de libertad en este caso afecta
que este artículo se encuentra como norma penal en blanco donde
jurídicamente muestra que en su aplicación el juzgador tiene a interpretar
conforme a su criterio jurídico la norma penal no especifica ni el tipo de
autoridad competente ni el tipo de decisiones legítimas que no se debe
incumplir frente a ello se está vulnerando el principio de seguridad jurídica por
no ser la norma clara.
El bien jurídico protegido es el principio de taxatividad que emana del principio
de legalidad. Me parece pertinente indicar, que el principio de taxatividad,
también conocido como principio de legalidad penal, es uno de los límites más
tajantes al poder punitivo del Estado, ya que exige que las leyes penales
contengan en la descripción de los comportamientos prohibidos penalmente y
sujetos a una sanción, solamente términos descriptivos y que dichos términos
sean los más precisos posibles. Sin duda, éste es el principio más relevante,
fundamental y garantista de todos. Sus bases se encuentran claramente en los
fundamentos de la ilustración y la separación de poderes. Sus funciones
pueden resumirse en dos:
1. Actúa como exigencia al poder legislativo en tanto en cuanto requiere que los
derechos y, sobre todo, las obligaciones de los ciudadanos deben estar
recogidos en normas jurídicas.
2. Las normas jurídicas tienen como finalidad adecuar las conductas de los
ciudadanos. Para ello, se exige que la norma de be estar aprobada y publicada
con anterioridad a la ejecución del acto regulado. Es un lugar común que las
leyes penales deben ser precisas. Esta exigencia, que se conoce como
principio de taxatividad, está vinculada a la seguridad jurídica y a la igualdad en
la aplicación de la ley.
Pero este principio jurídico establece que las leyes penales sean precisas,
claras y específicas para la independiente interpretación de los juzgadores; es
posible que la legislación sea precisa, cuando por encima de ella hay una
Constitución que consagra, en términos abstractos, un conjunto de derechos y
libertades fundamentales que hay que ponderar en cada caso concreto para
47
garantizar el principio de taxatividad o legalidad. La exigencia de taxatividad
compone uno de los ejes fundamentales del principio de legalidad, de acuerdo a
ella, los preceptos penales deben indicar con exactitud que conductas se
encuentran prohibidas.
1.3 El Incumplimiento de las Decisiones Legítimas de Autoridad
Competente.
Al principio surgió en el Código Penal conocido como desacato en el año de
1973 determinando que: Cometen desacato los que hallándose un ministro o
una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, los
calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra en
presencia o en escrito que lo dijeran, el artículo. 255 expresa lo siguiente: El
juez que se arrogare atribuciones propias de las autoridades políticas o
administrativas, o impidiere a éstas el ejercicio legítimo de las suyas, será
reprimido con multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de
Norte América.
En la misma pena incurrirá todo empleado del orden político o administrativo
que ejerciere atribuciones judiciales, e impidiere la ejecución de una providencia
o decisión dictada por el juez competente.
Para el tratadista Torres el delito de desacato. - se trata de cuidar el decoro y la
posición respetable de los funcionarios públicos enumerados y preservarles de
toda ofensa en razón de su cargo. Por lo expuesto el delito de desacato es
privilegio para los servidores públicos, porque muchos de ellos son ofendidos
por los usuarios, tratándoles con más respeto a las personas que poseen un
cargo más alto35.
En este código la desobediencia se limitaba a las personas que no obedecían a
las autoridades cuando estas ordenaban "alguna cosa para el mejor servicio
público", en adjuntos de su dependencia y de acuerdo con sus atribuciones
legales. Para que la conducta fuere punible era requisito fundamental que la
orden debía ser necesaria para el mejor servicio público. El delito se lo
castigaba con prisión de ocho días a un mes. (Código Penal, 22 de enero de 35
TORRES, Efraín, Breves comentarios al Código Penal en Ecuador, 2015.
48
1971) Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal se lo conoce como
Incumplimiento de las decisiones legítimas impuestas por la autoridad
competente.
En el art. 282 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador del año 2018, el
cual estipula lo siguiente: Incumplimiento de las decisiones legítimas de
Autoridad Competente.- La persona que incumpla ordenes, prohibiciones
específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por la autoridad competente
en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
La o el servidor militar o policial que se niegue a desobedecer o no cumpla las
órdenes o resoluciones legítimas de autoridad competente, siempre que al
hecho no le corresponda una pena privativa de libertad superior con arreglo a
las disposiciones de este código, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.
Se aplicará el máximo de la pena prevista en el inciso segundo de este artículo,
cuando la o el servidor militar o policial desobedezca o se resista a cumplir
requerimientos legítimos de la policía, en su función de agente de autoridad y
auxiliares de la fiscalía general del Estado. (Código Orgánico Integral Penal, 27
de febrero del 2018). El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
tipifica que el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
El delito recibe una regulación distinta si es cometido por un ciudadano o si lo
es por un servidor militar o policial.
En este artículo la persona que incumpla ordenes, prohibiciones especificas o
legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de
sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años. En el Código anterior, la desobediencia se limitaba a las personas
que no obedecían a las autoridades cuando estas ordenaban "alguna cosa para
el mejor servicio público”, en adjuntos de su dependencia y de acuerdo con sus
atribuciones legales. Para que la conducta fuere punible era requisito
49
fundamental que la orden debía ser necesaria para el mejor servicio público. El
delito se lo castigaba con prisión de ocho días a un mes.
Contra toda técnica jurídica, el COIP instituye esta infracción sin establecer los
límites precisos de la conducta, esto es, sin individualizar las órdenes o
prohibiciones específicas que son punibles, ni considerar la legitimidad de ellas
en el contexto que fueron impuestas. Se trata, por tanto, de un tipo abierto que
permitirá a la Fiscalía acusar a ciudadanos con un amplio criterio subjetivo.
El tipo penal también podría, en muchos casos, vulnerar derechos
constitucionalmente consagrados. En efecto, la Constitución reconoce a todo
ciudadano el derecho a la residencia frente a acciones del poder público que
vulneren o pueden vulnerar sus derechos. Por lo que el ciudadano que intente
resistir una orden o prohibición específica, por esta razón, podría ser procesado
y aun condenado por este delito.
La desobediencia se limitada a las personas que no obedecían a las
autoridades cuando estas ordenaban "alguna cosa para el mejor servicio
público", en asuntos de su dependencia y de acuerdo con sus atribuciones
legales. Para que la conducta fuere punible era requisito fundamental que la
orden debía ser necesaria para el mejor servicio público. El delito se lo
castigaba con prisión de ocho días a un mes.
Las medidas de protección que se hallan tipificadas en el Código Orgánico
Integral Penal COIP, tienen por objetivo proteger a los ciudadanos y
ciudadanas; y sancionar a los que incumplen las leyes y normativas nacionales
e internacionales. El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente en casos de violencia contra la mujer y la familia, uno de los casos
más recurrentes en la sociedad actual, está de igual manera penada en el COIP
y así brindar las garantías, derechos, ofrecer protección, seguridad y afecto a
las mujeres víctimas de este problema social muy común.
A pesar de las medidas de protección dictadas por la autoridad competente,
muchos agresores reinciden y vuelven a cometer infracciones en contra de las
50
víctimas, y en la mayoría de los casos con consecuencias más graves. El
Código Orgánico Integral Penal se refiere a la pena y el incumplimiento de las
medidas de protección tomadas por la autoridad competente, con el objetivo de
que el agresor cese de seguir cometiendo estos hechos a través de una pena
privativa de libertad, para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
La Corte Constitucional ha señalado en su jurisprudencia constitucional que: la
motivación de las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los
órganos jurisdiccionales, constituye una garantía esencial para evitar la
arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas.
La exposición por parte de la autoridad judicial con respecto a la decisión
adoptada debe hacérsela de forma:
1) Razonable; es decir que sea fundada en los principios constitucionales.
2) Lógica; lo cual implica una coherencia entre las premisas y la conclusión.
3) Comprensible, es decir que el fallo goce de claridad en el lenguaje.
En esta línea la Corte Constitucional ha rescatado que las juezas y jueces
tienen la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de
las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la
obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes
expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes, no
olvidando la estrecha vinculación del derecho a la motivación con el derecho a
la seguridad jurídica, en tanto la exteriorización de los fundamentos de derecho
y su aplicación a los antecedentes fácticos del caso. (Navarra, 2008)
Por ejemplo el periodista que no cumpliere con una decisión, orden o
prohibición del superintendente de Comunicación, será considerado delito o,
que pasa si la orden proviene del presidente de la República, que es jefe de
Estado, de Gobierno y responsable de la administración pública. Quedará, así
mismo, a criterio de los jueces determinar los parámetros que hacen el
incumplimiento grave o leve para aplicar el máximo o mínimo de la pena
respectivamente. Distinto es el caso, por ejemplo, de la ruptura de sellos en el
que la conducta está particularmente determinada: la persona que, para
incumplir la medida impuesta por la autoridad competente, rompe o retire los
51
sellos aplicados. La pena para su autor es de uno a tres años de privación de la
libertad.
El tema no queda allí. Tampoco se concreta si la orden o prohibición específica
y, aún legalmente debida, deba estar firme para que se configure el
incumplimiento, habida cuenta que los actos de la administración pública se
presumen legítimos y ejecutoriados. Incluso hay leyes como la de
Comunicación que disponen que las resoluciones del superintendente son
vinculantes y su contenido debe ser cumplido en los plazos señalados en ellas y
que, no obstante su impugnación, continuarán aplicándose hasta que un juez
suspenda o la revoque definitivamente según el art. 58 estipulado en la
Constitución del Ecuador dice lo siguiente; Derechos colectivos del pueblo afro
ecuatoriano: para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos
colectivos establecidos en la constitución, la ley y los pactos, convenios,
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
Estipulado en el art. 98, el cual tipifica lo siguiente; Derecho a la resistencia: los
individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a
acciones u omisiones del poder público de las personas naturales o jurídicas no
estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y
demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Por lo que el ciudadano que
intente resistir una orden o prohibición específica, por esta razón, podría ser
procesado y aun condenado por este delito.
1.3.1 La Legitimidad de la Orden
Legítima. - Se refiere a la titularidad, cuando su titularidad tiene un sustento
jurídico. Que le permita proceder de tal forma. Esto significa que el mandato ha
de tener un contenido lícito y no implicarla realización de un hecho punible;
debe, pues, en otras palabras, ser conforme a derecho. Mucho se ha discutido
en el derecho comparado la posibilidad de que la orden ilegitima o antijurídica,
como suele denominársele, obligue al subordinado, y ha llegado a afirmarse
que la figura en estudio solo explica si el mandato tiene también contenido
delictivo; no obstante, en el derecho nacional ese debate no puede plantearse
en esta sede, pues, de manera perentoria, el Código Penal habla de orden
52
"Legítima" y estipulado en el art. 91. Objeto de la acción de acceso a la
información pública: la acción de acceso a la información pública tendrá por
objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o
tácitamente, o cuando la que se ha promocionado no sea completa o fidedigna.
Podrá ser impuesta incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto,
reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El
carácter reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la
petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley36.
Establece tácitamente, que solo la orden legítima justifica el actuar del agente.
En efecto, según la citada disposición, no pude invocar eximente de
responsabilidad quien actúa en cumplimiento de una orden que suponga
infracción manifiesta" de un precepto constitucional en detrimento de alguna
persona.
1.3.2 Desobediencia a Órdenes de Autoridad
El artículo 234 de la norma jurídica invocada, indica que los que, fuera de los
casos expresados en este Código, desobedecieren a las autoridades cuando
ordenaren alguna cosa para el mejor servidor público, en asuntos de su
respectiva dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales, serán
reprimidos con prisión de ocho días a un mes. Rehuir servicio profesional
necesario para administrar justicia o dar servicio público. (Ecuador, 2 de enero
del 2018)
Estipula lo siguiente Art 235.- Los que, sin causa legítima, rehusare prestar el
servicio que se les exija en la profesión, arte u oficio que ejerzan o de cualquier
otra manera que sea necesaria para la administración de justicia, o servicio
público, serán reprimidos con prisión de ocho días a dos meses y multas de
seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica sin perjuicio de que se les
compela a prestar el servicio que se les hubiese exigido. (Ecuador, 2 de enero
del 2019)
36
VALDIVIESO, Simón, Litigación Penal, Ecuador, 2014.
53
En el COIP se acentúa un adicionante la EFICIENCIA; de este modo no solo
hablando de los delitos contra la administración pública, se refiere además; a la
utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para conseguir un
objetivo o cuando se alcanza más objetivos con los mismos o menos recursos.
Entendiendo así que la desobediencia y resistencia a cumplir estas órdenes o
disposiciones entorpecerán este desarrollo eficiente de la administración
pública. Por otra parte, en el Código Penal, se demarca claramente el verbo
rector: los funcionarios públicos, entendiendo así que la desobediencia tanto
como la resistencia se deben dirigir en contra de estos, para que se configure el
delito; ya que estos son los directos responsables de ejecutar las disposiciones
necesarias para el cumplimiento de la administración pública. (Santiago, 2016)
1.3.3 Análisis Doctrinal de la Desobediencia
La jurisprudencia nos ayuda a establecer los parámetros en los cuales se
asienta la justicia. Para aclarar el tema tratado es necesario presentar un caso,
que en lo pertinente indica lo que sigue: Análisis dentro de un caso atribuibles al
delito de desobediencia. Causa penal N°13176-13283-2014-2405 Delito de
Desobediencia. (Art. 282). Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente. Datos Generales: Funcionaria de la Fiscalía JOHANA ELIZABETH
CÁRDENAS PONCE, quien es cesada de sus funciones mediante
memorándum N°2336-FGE-FP-M2014, suscripto por Dr. Vicente Parrága
Bernal, fiscal provincial de Manabí, por incumplimiento de orden legítima de
autoridad competente. La orden consistía en la entrega de claves y bienes que
la funcionaria tenía a su cargo ya que era la COORDINADORA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA; decisión emanada de la máxima autoridad de la institución
Galo Chiriboga Zambrano. La misma que fue incumplida por la funcionaria.
Dentro del proceso se le dio prisión preventiva a la imputada. Tipo de “Delitos
transeúntes”. Según la doctrina de Zabala Baquerizo, trascribimos que:
“Cuando el hombre ejecuta un acto que violenta la norma jurídica que se
encuentra penalmente protegida, decimos que ha cometido una infracción. Esta
infracción en términos generales, puede dejar vestigios objetivos, materiales,
que permiten al juez la observación directa y entonces decimos que se trata de
delitos materiales, o de facti permanentes. Pero en otras ocasiones ese acto
antijurídico es de la naturaleza que no deja vestigios materiales y por ello
54
decimos que se trata de delitos factitranseuntis o formales. (…) En
consecuencia el objetivo del delito está dado por la persona o cosa sobre la que
actuó el hombre en la comisión de la infracción. El instrumento del delito es el
medio que el hombre uso para la comisión de la infracción o después de su
comisión. Lugar de la infracción es el espacio concreto dentro del cual se
devuelve el acto injusto. Finalmente el tiempo de la infracción es el momento en
que se consuma el injusto (…) Todo ello constituyen la prueba material, pero
como esta no puede llegar al proceso, adjuntarla al proceso, se necesita de un
medio adecuado, escogido por la ley, es el llamado “reconocimiento pericial”, de
donde resulta que la pericia o la peritación es un medio de prueba que tiene por
finalidad allegar al proceso la prueba material, que vive en el mundo fenológico,
siendo, por lo tanto el perito el órgano, de dicho medio de prueba”. En tal virtud
habría que verificar si se cumple la existencia material, mediante la
identificación del bien jurídico protegido que en este tipo de delito es la
EFICIENCIA DE LA ADMINISTARCIÓN PÚBLICA, garantía constitucional
ejercida por las autoridades representantes de las instituciones públicas; lo cual
automatiza que las ordenes emanadas de estas deban ser cumplidas; por todos
los ciudadanos, en pro del desarrollo de la Administración Pública; pero cuando
el incumplimiento de estas órdenes o decisiones, no tienen la relevancia dentro
del ámbito penal tendríamos justificación legal para adecuar este acto a este
tipo penal. Recordemos lo enunciado por Zaffaroni, respecto al bien jurídico
protegido por el derecho penal, el mismo que sostiene que: “La legislación
penal no crea bienes jurídicos, sino que estos son creados por la Constitución,
el derecho internacional y el resto de la legislación. En esos ámbitos se trata de
bienes jurídicos tutelados (por la respectiva norma que manifiesta). La ley penal
solo eventualmente individualiza alguna acción que lo afecta de modo particular
pero que nunca puede bridarle una tutela amplia o plena, dada su naturaleza
fragmentaria y excepcional. El derecho penal recibe el bien jurídico ya tutelado
y la norma que se deduce de ese tipo no hace más que enunciar un castigo
para ciertas formas particulares y asiladas de lesión al mismo, incluso cuando lo
hace por expreso mandato constitucional o internacional. Estos mandatos
ordenan la criminalización 38 primaria de algunas acciones que los afecta, pero
aunque no lo (sic), no por ello dejarían de ser bienes jurídicos". Para este caso
en concreto se alegó que por el incumplimiento de la imputada, no se pudieron
55
pagar los servicios básicos y por tanto se paralizo el desarrollo administrativo,
por ende; por lo cual cabe determinar si dicha afectación surgió como
consecuencia directa de la desobediencia del sujeto activo. En el proceso
planteado no existe la adecuación de tipo, ya que el incumplimiento o
desobediencia por parte del sujeto activo, no acarreó ninguna una situación
relevante que afecte la administración pública, y ni si quiera se te puede atribuir
dicha conducta de omisión a la imputada, ya que esa tubo un reemplazo quien
bien pudo cumplir esas funciones, de pago de servicios básicos. Este hecho no
sobrepasa al interés social toda vez que no existe una afectación de tal
envergadura que todos los ciudadanos pudiéramos sentir que se menoscabado
la institucionalidad, la misión y el objeto del órgano publico individualmente
afectado. La fiscalía por la conducta de indisciplina o desobediencia de dicha
funcionaria para con la orden emitida por la autoridad. Por otra parte cabe
recordar que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, fragmentario y de
última ratio, por lo que se debe tener siempre en cuenta el principio de mínima
intervención penal y el principio de oportunidad; los mismos que permiten la
aplicación de otros métodos menos punitivos para alcanzar los mismos fines.
Analizando la doctrina emitida por la sala militar del tribunal supremo español
que indica: A tal efecto, en nuestra sentencia de 22 de junio de 2004-
parcialmente seguida por la de 7 de febrero de 2005-, se declara que "en orden
a la diferencia entre el delito de desobediencia y la falta, es doctrina de esta
sala, expresamente contenida entre otras en la sentencia de 24 de marzo de
1993, que la existencia legal de supuestos de desobediencia que no son
constitutivos de delito, tales como la falta leve del art. 33 y la falta grave del art.
8, nos conduce a entender que la interpretación lógica sistemática de tales
preceptos, en relación con el art. 102 del CPM, obliga a sostener que este
último conlleva la exigencia implícita de la gravedad de la desobediencia, pues
en caso contrario, quedaría vacías de contenido las mencionadas faltas
disciplinarias y se daría una desmesurada extensión de tipo penal en el que
habría de considerarse incluidos comportamientos DE MÍNIMA
TRASCENDENCIA para la disciplina, que es, en definitiva, el bien jurídico
protegido. En desarrollo de la Doctrina anterior, la Sentencia citada añade algo
más, como es «que no puede existir criterios objetivos genéricamente
predeterminados que permitan trazar con precisión una línea diferenciadora.
56
Habrá de acudirse en cada supuesto a las circunstancias concretas del caso,
tales como la trascendencia del acto, el lugar, modo y tiempo en que se
produjo, el origen del mandato Y SOBRE TODO LA RELEVANCIA Y
TRASCENDENCIA DE LA ORDEN, SIENDO DETERMINANTE EL JUICIO
SOBRE EL GRADO DE PELIGRO QUE PARA LA DISCIPLINA Y PARA EL
SERVICIO HAYA SUPUESTO LA CONDUCTA DESOBEDIENTE». LA
EXIGENCIA DE GRAVEDAD EN EL DELITO DE DESOBEDIENCIA ES
CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA INTERPRETACIÓN ACORDE CON LA
NATURALEZA DEL TIPO PENAL Y EL BIEN JURÍDICO QUE PROTEGEN,
QUE NO ES OTRO QUE EL DE LA DISCIPLINA. AHORA BIEN, EL
PRECEPTO EN CUESTIÓN NO PROTEGE CUALQUIER ATAQUE A LA
DISCIPLINA, SINO LOS MAS GRAVES POR EXIGENCIA DEL PRINCIPIO DE
INTERVENCIÓN MÍNIMA".
Una vez investigado con detenimiento el incumplimiento de las decisiones
legítimas impuestas por la autoridad competente, apoyándome en el art. 282 del
Código Orgánico Integral Penal, para nuestro entendimiento este artículo nos
habla acerca de las medidas de protección que están tipificadas en el mismo.
Las medidas de protección que se hallan tipificadas en el Código Orgánico
Integral Penal, tienen por objetivo proteger a los ciudadanos y ciudadanas; y
sancionar a los que incumplen las leyes y normativas nacionales e
internacionales.
El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en casos de
violencia contra la mujer y la familia, uno de los casos más recurrentes en la
sociedad actual, está de igual manera penada en el COIP y así brindar las
garantías, derechos, ofrecer protección, seguridad y afecto a las mujeres
víctimas de este problema social muy común. A pesar de las medidas de
protección dictadas por la autoridad competente, muchos agresores reinciden y
vuelven a cometer infracciones en contra de las víctimas, y en la mayoría de los
casos con consecuencias más graves. El COIP, pena el incumplimiento de las
medidas de protección tomadas por la autoridad competente, con el objetivo de
que el agresor cese de seguir cometiendo estos hechos a través de una pena
privativa de libertad, para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
57
Aporte teórico
El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal ha sido comentado por
algunos jurisconsultos como lo es el Dr. Santiago Guarderas quien en su obra
titulada Desobediencia, figura Penal Ambigua, manifiesta que dentro de los
delitos contra la eficiencia de la administración pública que el nuevo COIP
tipifica consta el "incumplimiento de decisiones legitimas de autoridad
competente (Art. 282)37.
El delito recibe una regulación distinta si es cometido por un ciudadano o si lo
es por un servidor militar o policial. En este artículo analizo únicamente el
primer caso por su extrema gravedad. La conducta dolosa esta descrita así: La
persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas,
dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Por lo que resulta importante revisar el Código anterior, la desobediencia se
limitaba a las personas que no obedecían a las autoridades cuando estas
ordenaban "alguna cosa para el mejor servicio público", en adjuntos de su
dependencia y de acuerdo con sus atribuciones legales. Para que la conducta
fuere punible era requisito fundamental que la orden debía ser necesaria para el
mejor servicio público.
El delito se lo castigaba con prisión de ocho días a un mes. Contra toda técnica
jurídica, el COIP instituye esta infracción sin establecer los límites precisos de la
conducta, esto es, sin individualizar las órdenes o prohibiciones específicas que
son punibles, ni considerar la legitimidad de ellas en el contexto que fueron
impuestas. Se trata, por tanto, de un tipo abierto que permitirá a la Fiscalía
acusar a ciudadanos con un amplio criterio subjetivo.
El periodista que no cumpliere con una decisión, orden o prohibición del
superintendente de Comunicación, por ejemplo por pedir disculpas, seria sujeto
de este delito o que pasa si la orden proviene del presidente de la República,
que es jefe de Estado, de Gobierno y responsable de la administración pública.
37
Código Orgánico Integral Penal, Ecuador, 2015.
58
Quedará, así mismo, a criterio de los jueces determinar los parámetros que
hacen el incumplimiento grave o leve para aplicar el máximo o mínimo de la
pena respectivamente.
El tipo penal también podría, en muchos casos, vulnerar derechos
constitucionalmente consagrados. En efecto, la Constitución reconoce a todo
ciudadano el derecho a la residencia frente a acciones del poder público que
vulneren o pueden vulnerar sus derechos. Por lo que el ciudadano que intente
resistir una orden o prohibición específica, por esta razón, podría ser procesado
y aun condenado por este delito.
59
CAPÍTULO II Marco Metodológico y Diagnostico
2.1 Paradigmas y tipos de investigación
El presente proyecto de investigación se encuentra realizado bajo los
lineamientos de los paradigmas críticos y pos positivista, ya que se trata de una
investigación jurídica social, en donde el investigador ejecuta una crítica del
porque se debe reformar el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal,
para garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas impuestas por los
jueces como autoridades competentes, tomando en cuenta que las decisiones
judiciales son de cumplimiento obligatorio.
Paradigma pos-positivista.
Este paradigma fue utilizado dentro de esta investigación puesto que ayudo a
observar los datos que pueden ser objeto de conocimiento a través del método
centrado en el análisis estadístico.
Paradigma crítico.
Este método resulto de mucha importancia dentro del desarrollo del presente
trabajo, ya que aporto en el desarrollo y diagnóstico del problema en su
contexto especifico, dando así al investigador herramientas necesarias para el
desarrollo de una propuesta viable con la finalidad de cubrir el objetivo general
planteado.
Modalidad de la investigación.
Con el análisis concluimos realizado concluimos que nuestra investigación se
desarrolló las siguientes modalidades de investigación mismas que aportaron
fundamentalmente en la formulación de la posible solución.
Cualitativa: Porque se pretende reformar el artículo 282 del Código Orgánico
Integral Penal, para garantizar el cumplimiento de las decisiones legítimas
impuestas por los jueces como autoridades competentes, y el principio de
supremacía constitucional.
Cuantitativa: Ya que se puede demostrar la magnitud del problema utilizando
fórmulas matemáticas adecuadas para seleccionar la muestra de los resultados
60
de las encuestas a los abogados en libre ejercicio inscritos en el Foro del
Consejo de la Judicatura.
Tipo de investigación.
El trabajo de investigación fue de carácter descriptivo y bibliográfico porque
estuvo destinado a determinar las realidades de un hecho y poder presentar
una interpretación correcta y el análisis de las causas por las que provoca el
incumplimiento de las decisiones de autoridad competente en el presente caso
los jueces y como debe ser la situación de las variables, a la vez que fue de
aplicación al ofrecer propuesta factibles para la solución del problema.
2.2 Procedimiento para la búsqueda de la población y muestra.
La población con la que se contó para calcular la muestra en la presente
investigación está conformada por 2221 abogados inscritos en el Foro del
consejo de la Judicatura de Chimborazo.
Muestra.
Es un subconjunto de elementos de la población estadística.
La muestra la obtenemos de acuerdo a la población de abogados registrados
en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo, para lo consiguiente, la
población certificada se aplica en la siguiente formula:
N: Coeficiente que tiene en cuenta el nivel de confianza con que se trabaja.
Z: Nivel de confianza.
P: Limite de aceptación de error criterio del encuestado.
Q: Porcentaje de la población.
COMPOSICIÒN POBLACIÒN
Abogados inscritos en el Foro de del
Consejo de la Judicatura de
Chimborazo.
2221 (Dos mil doscientos veinte y
uno)
61
𝑛 = n =𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
𝑒2(𝑁 − 1)𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
N= Población o Universo
𝑛 =1,96 ∗ 0,5 ∗ 0; 5𝑥2221
0,072 ∗ (2221 − 1) + 1,96 2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
𝑛 =3,84 ∗ 555
0.0049 ∗ (2220) + 3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 =2,131,2
2,7220, 0049 + 96
𝑛 =2.131,2
98,220049
𝑛 = 216,98
Población
N= 217
2.3. Métodos, técnicas e instrumentos.
Basada en la investigación del informe final de grado la metodología utilizada
son los siguientes:
Analítico: Este método se utilizó para el paradigma de los derechos vulnerados
en el incumplimiento de las decisiones judiciales legítimas impuestas por los
jueces como autoridades competentes, para que de esta manera se hagan
efectivo los derechos que aporta al trabajo investigativo.
Deductivo: Se utilizó para detallar las garantías importantes acerca del artículo
282 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar el cumplimiento de
decisiones legítimas impuestas por los jueces de como autoridades
competentes, para lo cual sea se analizará conceptos del tema propuesto.
62
Deductivo: Se utilizó para detallar las garantías importantes acerca del artículo
282 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar el cumplimiento de
decisiones legítimas impuestas por los jueces como autoridades competentes,
para lo cual se analizara conceptos del tema propuesto.
Inductivo: Nos permitió establecer el análisis del cual se partió el estudio de las
evidencias, testimonios y los hechos para llegar al descubrimiento que la ley
manda, llegando a lo conocido y desconocido.
Deductivo: permite detallar toda la estructura establecida en la Constitución de
la República del Ecuador, con los derechos de protección.
Analítico-sintético: Se utiliza para los métodos posibles de comprensión a los
hechos y fenómenos, etc.
Histórico-lógico: Porque analice científicamente los hechos, ideas del pasado
comparándolo con hechos actuales de la normativa en diferentes países que se
utiliza el derecho comparado.
Descriptivo-sistémico: Es para establecer una observación actual a cada
fenómeno y caso, en donde se procura la interpretación racional para
establecer la importancia del problema planteado.
2.4 Técnicas
La encuesta: esta técnica de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas
respuestas se obtuvieron en forma escrita. Permitieron conocer lo que
expresaron los abogados en libre ejercicio del Cantón Riobamba, y así obtener
la información a escala masiva y en forma anónima.
Cuestionario: El cuestionario se utilizó como medio útil y eficaz para recoger la
información en un tiempo prudencial en el desarrollo de la investigación en el
campo judicial, de carácter cualitativo a los abogados en libre ejercicio que
están inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo.
63
Encuestas realizadas a los abogados inscritos en el Foro del Consejo de
la Judicatura de Chimborazo.
Pregunta Nro. 1
1. ¿Considera Usted que el incumplimiento de decisiones legítimas de
autoridad competente se configura en delito?
Tabla Nro. 1
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 140 65%
NO 77 35%
TOTAL 217 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Grafico Nro. 1
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de datos.
El 65% de los encuestados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de
Chimborazo indican que el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente se configura en delito, en tanto que el 35% indican que esto no es
un delito; el incumplimiento de sentencia o decisiones de autoridad competente
en violencia intrafamiliar conlleva al delito que debe ser investigados por fiscalía
por lo que será sancionado y se hará acreedor a una pena.
65%
35%
SI
NO
64
Pregunta Nro. 2
2.- ¿Considera Usted que la falta de conocimiento y asesoramiento técnico en
materia de derecho o por falta de cultura jurídica se incumple las decisiones
legítimas de autoridad competente?
Tabla Nro. 2
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 151 70%
NO 66 30%
TOTAL 217 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Grafico Nro. 2
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos
El 70% indican que la falta de conocimiento y asesoramiento técnico en materia
de derechos o por falta de cultura jurídica se incumple las decisiones legítimas
de autoridad, en tanto que el 30% indica que no; se destaca el hecho de que no
se acata las disposiciones legítimas de autoridad competente debido a la que el
incumplimiento de las mismas se configura en el delito por lo que debe ser
socializado para evitar la sanción.
SI 70%
NO 30%
SI
NO
65
Pregunta Nro. 3
2. ¿Considera Usted que el incumplimiento de una decisión o una sentencia
emitida por autoridad competente, es violación a la seguridad jurídica?
Tabla Nro. 3
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 131 60%
NO 33 40%
TOTAL 219 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Grafico Nro. 3
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos
El 60% de los encuestados indican que el incumplimiento de una decisión o una
sentencia emitida por autoridad competente viola la seguridad jurídica, el 40%
indica que no; por lo que se puede concluir que existe una evidente vulneración
a la seguridad jurídica, donde claramente expresa el no respeto a la
Constitución a las normas jurídicas aplicadas por autoridad competente, no se
respetan por parte de las autoridades llamadas a cumplirlos.
SI 60%
NO 40%
SI
NO
66
Pregunta Nro.4
3. ¿Considera Usted que siendo la sentencia una resolución de carácter
jurídico que decide definitivamente un procesos el no acatar conlleva una
sanción?
Tabla Nro. 4
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 173 80%
NO 44 20%
TOTAL 217 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Grafico Nro. 4
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos.
El 80% de los encuestados indican que la sentencia es una resolución de
carácter jurídico que decide definitivamente un proceso y que el no acatar si
conlleva una sanción y el 20% indica que no; por lo que mayoritariamente se
evidencia que en efecto la sentencia es una resolución de carácter jurídico que
decide definitivamente un proceso el no acatar si conlleva una sanción, toda vez
que se vulnera derechos.
SI 80%
NO 20%
SI
NO
67
Pregunta Nro. 5
6. ¿Considera Usted que para que se le considere decisión legítima de
autoridad competente, cuyo incumplimiento acarrea una sanción de tipo penal?
Tabla Nro. 5
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 162 75%
NO 55 25%
TOTAL 217 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Gráfico Nro. 5
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de datos.
El 75% de los encuestados indican que se le considere una decisión legítima de
autoridad competente cuando la potestad sea entregada por la Constitución y la
Ley, cuyo incumplimiento acarrea una sanción de tipo penal, el 25% indica que
no; se destaca el hecho de la mayoría que afirma que se le considera una
decisión legítima de autoridad competente cuando la potestad sea entregada
por la Constitución y la Ley, cuyo incumplimiento acarrea una sanción de tipo
penal a los funcionarios.
SI 75%
NO 25%
SI
NO
68
Pregunta Nro. 6
6. ¿Considera Usted que existe vulneración de derechos en el ámbito
administrativo en sus distintas esferas cuando una autoridad juzgue delitos
sometidos exclusivamente a la acción judicial?
Tabla Nro. 6
VARIABLES OPCIONES
PORCENTAJE
SI 184 85%
NO 33 15%
TOTAL 217 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Gráfico Nro. 1
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos.
El 85% de los encuestados indican que existe vulneración de derechos en el
ámbito administrativo en sus distintas esferas cuando una autoridad juzgue
delitos sometidos exclusivamente a la acción judicial y el 15% indica que no; la
gran mayoría concuerda que no existe vulneración de derechos en el ámbito
administrativo en sus distintas esferas cuando una autoridad juzgue delitos
sometidos exclusivamente a la acción judicial.
SI 85%
NO 15%
SI
NO
69
Pregunta Nro. 7
7. ¿Considera Usted que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica impuesta
por la autoridad competente para el cumplimiento de decisiones legítimas?
Tabla Nro. 7
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 208 95%
NO 11 5%
TOTAL 219 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Gráfico Nro. 7
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos.
El 95% de los encuestados consideran que se vulnera el derecho a la seguridad
jurídica impuesta por la autoridad competente para el cumplimiento de
decisiones legítimas, en tanto que el 5% de los profesionales del derecho
indican que no; por lo que someterse a una autoridad no competente vulnera el
derecho a la seguridad jurídica previsto en la Constitución de la República del
Ecuador.
SI 95%
NO 5%
SI
NO
70
Pregunta Nro. 8
8. ¿Considera Usted, que es necesario reformar el artículo 282 del Código
Orgánico Integral Penal para garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas
de autoridad competente?
Tabla Nro. 8
VARIABLES OPCIONES PORCENTAJE
SI 197 90%
NO 22 10%
TOTAL 219 100%
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Grafico Nro. 8
Fuente: Abogados inscritos en el Foro del Consejo de la Judicatura de Chimborazo. Elaborado por: Satán Lamiña Luz América.
Análisis e Interpretación de Datos.
El 90% de los profesionales del derecho encuestados, manifiestan que es
necesario reformar el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal para
garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; en
tanto que el 10% restante indica que no es necesario reformar; de lo que se
puede fácilmente deducir que es una necesidad imperiosa reformar el artículo
282 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el cumplimiento de
decisiones legítimas de autoridad competente.
SI 90%
NO 10%
SI
NO
71
Entrevista dirigida al: Dr. Franklin Ocaña Vallejo, Msc.
JUEZ DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CANTON RIOBAMBA.
1.- ¿Considera Usted que la falta de conocimiento y asesoramiento
técnico en materia de violencia intrafamiliar se incumple las decisiones
legítimas de autoridad competente?
El desconocimiento de la Ley no exime de responsabilidad a las personas eso
es muy claro, que se haga capacitaciones para fortalecer la cultura jurídica de
ciudadanía e incluso de funcionarios públicos para que se respete las
decisiones judiciales.
2.- ¿Considera Usted, que el incumplimiento de una decisión o una
sentencia emitida por autoridad competente es violación de la seguridad
jurídica?
Las normas están en el ordenamiento jurídico para ser cumplidas, más aun si
se trata de decisiones o sentencias emitidas por autoridad competente el no
cumplimiento le configura en un delito lo que conlleva a que el Estado pierda
ingentes recursos.
3.- ¿Considera Usted, que se vulnera el derecho a la seguridad jurídica
impuesta por la autoridad competente para el cumplimiento de decisiones
legitimas?
La Seguridad Jurídica es uno de los elementos esenciales para que se realice o
se alcance la justicia tan deseada por todos los ciudadanos de un Estado, por lo
que al no respetarlo se violenta claramente la Seguridad Jurídica impuesta por
la autoridad competente.
4.- ¿Considera Usted que es necesario reformar el artículo 282 del código
Orgánico Integral Penal para garantizar el cumplimiento de decisiones
legítimas de autoridad competente?
La garantía normativa prevista en la Constitución de la republica del ecuador le
da la potestad al poder legislativo para que norme, regule o armonice las
normas infra constitucionales a la Constitución, por lo que es de vital
importancia que se reforme lo que dispone el artículo 282 del Código Orgánico
Integral Penal.
72
CAPÍTULO III Propuesta de Solución al Problema
3.1 Título de la propuesta
Proyecto de Reforma al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
3.2 Objetivos de la propuesta
Garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas impuestas por los jueces
como autoridades competentes.
3.3 Desarrollo de la propuesta
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Ecuador desde el año del 2008 vive un cambio profundo en el modelo
constitucional, el mismo que dice que se hacen efectivos los derechos de los
ciudadanos. Hay procesos políticos que hacen historia, Constituciones que
pasan a la historia, y momentos cruciales en la vida de un pueblo donde se
unen ambas oportunidades. Sin duda, el proceso constituyente ecuatoriano fue
uno de ellos, tanto como los elementos revolucionarios democráticos que
incorporó el proceso político como la aprobación de la ley, el uso de la
Constitución ecuatoriana del 2008.
La Constitución de la República del Ecuador es actualmente un documento de
regeneración democrática de importancia similar a la que surgió en el
constitucionalismo fundacional latinoamericano, y que justamente se refiere a
las posibilidades reales de aplicación. Se trata, en su voluntad, de una
transformación de carácter refundacional. Tanto en el pensamiento como en la
práctica, el constitucionalismo y la soberanía democrática se presentan
históricamente desde el punto de vista cronológico diferente y con finalidades
distintas. El fundamento del constitucionalismo es una cualidad que pone límite
del poder del Estado, los derechos de los ciudadanos necesariamente tienen
que ser respetados y los tutelados por el Estado, por lo que se refiere a una
materia fundamental que reviste una importancia singular.
En el tema de los derechos de libertad la Constitución y los derechos para los
que están protegidos. Por su parte, el objetivo de la soberanía es la legitimidad
del poder en la decisión soberana del pueblo, de lo que se deduce que el
73
Constitucionalismo como cualidad y democracia como legitimidad se mostrarían
se en su origen intrínsecamente contradictorio, pero convergió durante las
revoluciones liberales democráticas en el constitucionalismo democrático.
Como afirma el tratadista Salazar (2006), el hecho de que el liberalismo sea,
teórica e incluso históricamente, compatible con las formas de gobierno
autocráticas y que la democracia ha adoptado formas absolutas, demuestran
que esta no necesariamente aparece como democrática. Ahora bien; La
evolución del constitucionalismo no ha ido de la mano históricamente de los
mismos avances en la democracia. Durante el siglo XIX, europeo y
latinoamericano, en particular, una vez perdida la fuerza de la revolución, las
Constituciones se limitan en su origen democrático y forzaron su función
constitucional de límite de poder. Esta involución democrática sufrió algunos
cuestionamientos, acerca de cuáles son más eficaces en el caso europeo o en
el americano lo que lleva a las legislaciones a intentar adaptar sus normativas a
estos dos sistemas jurídicos.
En materia de derechos de libertad, el Ecuador ha retrocedido en el tema de la
protección de derechos por lo que aparecen algunos cuestionamientos, desde
la perspectiva de que no se ha podido adecuar a las normas infra
constitucionales a la Constitución. En el Ecuador, el incumplimiento de las
decisiones y el mantenimiento de su sistema jurídico y, principalmente el
derecho penal, la Función legislativa promulgó el Código Orgánico Integral
Penal, su tipificación de sanción y la desobediencia qué es lo correcto que se
concreta simplemente con la falta de acatamiento a una orden adoptada por el
Juez; La función legislativa es el órgano con la facultad de crear, modificar o
suprimir las normas, el objeto de reconocer y desarrollar el ejercicio de los
derechos de toda la persona en el territorio nacional, dado que en uno de los
deberes de los estados y en particular el nuestro, tienen la obligación y el deber
de respetar los derechos de los ciudadanos, para ello, los estados han
desarrollado un andamiaje institucional que los jueces, la facultad de
administrar la justicia, el deber de resolver las reglas del estado, controversias
en los mandatos legales y constitucionales vigentes y aplicables por el Juez, el
mismo que esta para garantizar los derechos.
74
CONSIDERANDO
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: El
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La
sobria radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y el
comercio a través de los poderes públicos y las formas de participación directa
en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del
Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.
Que, el artículo 11.4 de la Constitución de la República del Ecuador dispone:
Que los derechos y garantías establecidas en la Constitución y en los
Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos serán de directa e
inmediata aplicación por parte y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los
derechos y las garantías constitucionales no se exigirá condiciones o requisitos
que no estén establecidos en la Constitución o la Ley.
Que, el artículo 11.4 de la Constitución de la República del Ecuador dispone
que: Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y las
garantías constitucionales.
Que, el artículo 11.5. En materia de derechos y garantías constitucionales,
servidores y servidores públicos, administrativos o judiciales, aplicaremos la
norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.
Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone de:
Toda la persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con la atención a los
principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone de:
El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución
75
y la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes.
Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que:
La Asamblea Nacional y todo el órgano con potestad normativa tendrá la
obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas
jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser
humano o las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la
reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas y los actos del
poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.
Que, el artículo 120.6 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone
que: Le corresponde a la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y
derogar las leyes, e interpretar con carácter generalmente obligatoria.
Que, el artículo 134.1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone
que: La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde a las
asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o de
al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional.
Por lo expuesto, la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales expide el siguiente:
Proyecto de reforma al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, para
garantizar el cumplimiento de decisiones legítimas impuestas por los jueces
como autoridades competentes:
Ley actual:
Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.-
La persona que incumpla órdenes, prohibiciones especificas o legalmente
debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus
facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
76
Refórmese por el siguiente texto.
Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.-
La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente
debidas, dirigidas a ella por el JUEZ como autoridad competente en el marco de
sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años.
DISPOSICION FINAL
La presente reforma del Código Orgánico Integral Penal entrara en vigencia a
partir del día de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 25 de julio de 2019.
77
CONCLUSIONES:
El incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente es una
vulneración a los derechos fundamentales, el mismo que debe ser asumido
por el Estado a través de los órganos jurisdiccionales.
Las decisiones legítimas en la actualidad de acuerdo a la disposición del
artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal son emitidas por cualquier
autoridad llamada competente.
Las garantías constitucionales debe ser de cumplimiento obligatorio en los
procesos jurisdiccionales, cuyo objetivo principal es proteger los derechos
constitucionales y velar por el respeto del principio de supremacía de la
Constitución.
El ser sancionado por una autoridad competente no es lo mismo que ser
juzgado por un juez competente, lo que demuestra con claridad la
vulneración de los derechos de los habitantes del Estado ecuatoriano.
El presente trabajo de investigación nos presenta un problema evidente el
mismo que tiene que traer una posible solución a la disposición del artículo
282 del Código Orgánico Integral Penal en las sanciones que son emitidas
por cualquier autoridad llamada competente.
La aplicación de las encuestas realizadas, revelan también que con la
reforma del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar
ser sancionado por un juez competente.
78
RECOMENDACIONES:
Que el Estado ecuatoriano cumpla con su deber de aplicar y tutelar los de
derechos de sus ciudadanos en función del cumplimiento de las decisiones
emitidas por autoridad competente.
Las decisiones legítimas deben ser emitidas de autoridad competente,
seguir sancionado de acuerdo a como esta normado, resulta una clara
vulneración de derechos y particularmente lo que dispone la Seguridad
Jurídica.
La obligación que tiene el Estado de proteger las garantías constitucionales
que deben ser de cumplimiento obligatorio en los procesos jurisdiccionales,
cuyo objetivo principal es proteger los derechos constitucionales y velar por
el respeto del principio de supremacía Constitucional.
Que la presente investigación tenga como fin dar solución a un problema
evidente que surge de lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal, en lo
referente a ser juzgado por un juez competente.
Que de acuerdo a las encuestas realizadas, revela la necesidad de reformar
el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal
Que, de acuerdo a las encuestas realizadas, revela la necesidad de reformar
el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar ser
sancionado por un juez competente.
BIBLIOGRAFÍA
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Legales S.A.
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2015, Editorial Paz.
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Quito: Ediciones Legales S.A.
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TORRES, Fernando, El Derecho Penal, Ecuador, 2015.
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Ecuador, 2014, Ediciones Carpol.
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2014, Ediciones ZGNA.
ZAFFARONI, Eugenio, Raúl Tratado de derecho Penal, Argentina, 2017,
Editar Sociedad Anónima.
ZAMBRANO, Pasquel, Alfonso, Estudio Introductorio al Código Orgánico
Integral Penal, Ecuador, 2015.
ANEXOS
Anexo Nro. 1
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS INSCRITOS EN EL FORO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DE CHIMBORAZO
OBJETIVO: Recabar información que permita establecer que el problema
planteado existe.
INDICACIONES: Considera contestar el presente cuestionario con la veracidad
que caracteriza a su persona. Marcando con un visto o una letra x lo que usted
considere pertinente.
1. ¿Considera Usted que el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad
competente se configura en delito?
SI ( ) NO ( )
2. ¿Considera Usted que la falta de conocimiento y asesoramiento técnico en
materia de derecho o por falta de cultura jurídica se incumple las decisiones
legítimas de autoridad competente?
SI ( ) NO ( )
3. ¿Considera Usted que el incumplimiento de una decisión o una sentencia
emitida por autoridad competente, es violación a la seguridad jurídica?
SI ( ) NO ( )
4. ¿Considera Usted que siendo la sentencia una resolución de carácter jurídico
que decide definitivamente un proceso el no acatar conlleva una sanción?
SI ( ) NO ( )
5. ¿Considera Usted que para que se le considere decisión legítima de
autoridad competente esta potestad debe ser entregada por la Constitución y la
Ley, cuyo incumplimiento acarrea una sanción de tipo penal?
SI ( ) NO ( )
6. ¿Considera Usted que existe vulneración de derechos en el ámbito
administrativo en sus distintas esferas cuando una autoridad juzgue delitos
sometidos exclusivamente a la acción judicial?
SI ( ) NO ( )
7. ¿Considera Usted que el ser juzgado no por un juez sino por una autoridad
administrativa vulnera los derechos de los ciudadanos que se someten a una
acción de tipo penal?
SI ( ) NO ( )
8. ¿ Considera Usted que es necesario reformar el artículo 282 del Código
Orgánico Integral Penal, para garantizar el cumplimiento de decisiones
legítimas impuestas por los jueces como autoridades competentes?
SI ( ) NO ( )
Gracias por su colaboración
