UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR FACULTAD DE CIENCIAS...
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1 "DEBERES DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL. PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA" CAMPUS CENTRAL GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2013 LUIS FERNANDO MUÑOZ CORZANTES CARNET10500-02 TESIS DE GRADO LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
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"DEBERES DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL. PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA"
CAMPUS CENTRAL
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2013
LUIS FERNANDO MUÑOZ CORZANTES
CARNET10500-02
TESIS DE GRADO
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
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CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
"DEBERES DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL. PERSPECTIVA DEONTOLÓGICA"
LOS TÍTULOS DE ABOGADO Y NOTARIO Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PREVIO A CONFERÍRSELE
GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2013
CAMPUS CENTRAL
LUIS FERNANDO MUÑOZ CORZANTES
POR
TESIS DE GRADO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
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DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.
DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.
LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA SECRETARIA GENERAL:
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN:
P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA:
RECTOR:
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANO: MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE CARRERA: LIC. ERICK MAURICIO MALDONADO RÍOS
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. ENRIQUE FERNANDO SÁNCHEZ USERA
DIRECTORA DE CARRERA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO
TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
MGTR. JUAN RAFAEL SANCHEZ CORTES
MGTR. MARIA ANDREA BATRES LEON
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TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL
AREA PÚBLICA: (7 Junio 2011)
Presidente: M.A. Jorge Mario Andrino Grotewold Secretaria: M.A. Lisbeth Xiomara Carranza Izquierdo Vocal: Licda. Ingrid Johana Romero Escriba
AREA PRIVADA: (21 junio 2011) Presidente: Lic. Christian Roberto Villatoro Martínez Secretaria: Licda. Ana Elly Lopez Oliva de Bonilla Vocal: Lic. Juan José Vásquez Escobar
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AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS A DIOS y a la VIRGEN MARIA por brindarme más de lo necesario. Por las cosas que no poseo y por las que tengo. Por sus tristezas y alegrías. Por su protección y ejemplo para ser un hombre de bien. Por permitirme cosechar un logro más. Por ser un hombre de Fe. A mis padres Carlos Antonio y Rosalba por querer siempre lo mejor para mí, por darme la vida. Por su amor, enseñanzas, confianza, amistad, ejemplos e incondicional apoyo. Sin ustedes esto no sería posible. Los amo. A mi esposa, Andrea Eunice, por su amistad, amor y ser cómplice de mi vida. Por estar pendiente y atenta de mi por más de diez años en cada etapa que hemos estado juntos. Por ser la mujer que posee en su vientre a mi hija, la cual me ha cambiado la vida desde ya. Gracias a las dos por permitirme ser papa. Las amo. A mi hermana Astrid, Gracias por tu apoyo y tu cariño que siempre me has hecho sentir, aunque hermana menor he aprendido mucho de ti. Te quiero mucho. A la Familia Muñoz Álvarez (Chana, flor y juani) por su amor y apoyo. Por permitirme ser parte de sus vidas. Gracias por sus consejos y por transmitir la felicidad de cómo ser buenos padres. A juani por transmitir alegría. Los quiero mucho. A la Familia Chacón Von Metzger por brindarme desde el primer momento su cariño y estar siempre pendiente de mí y mi familia. Por eso y más siempre agradecido. A mi familia, Abuelos, tíos y primos. Gracias por su cariño y sobretodo un abrazo al cielo a los que ya no están físicamente conmigo. Siempre estarán presentes. A mis amigos, por su apoyo y muestras de cariño. A la Universidad Rafael Landívar, Al Organismo Judicial y a BALANYA por brindarme la oportunidad de aprender de una u otra manera de cada una de ellas, las cuales serán para el resto de mi vida de mucho beneficio.
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Responsabilidad: El autor es el único responsable del contenido y conclusiones del
presente trabajo de tesis.
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RESUMEN EJECUTIVO
La figura del Notario como Auxiliar Judicial en el área privada, se encuentra
contemplada en la ley adjetiva civil y mercantil, en el artículo 33, en la que se establece
que el Juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un Notario la realización de
determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos.
Esta figura procesal, se crea por la necesidad de agilizar y descongestionar ciertas
incidencias judiciales, toda vez que el Juez o Magistrado no puede ausentarse de su
judicatura por actos meramente de trámite. Por tal razón, se designa al Notario para
realizar dicha función ya que este por no estar sujeto a ninguna autoridad en el ejercicio
de su profesión, goza de autonomía, imparcialidad e independencia para realizar las
funciones delegadas por el Juzgador. Sin embargo, en la actualidad -en ciertos casos-,
puede advertirse que en las actuaciones judiciales, los auxiliares no se desempeñan
con estricto apego a las funciones encomendadas, lo que se traduce en una afectación
al estado de derecho, así como al correcto ejercicio de la profesión, generando en
muchos casos retardos e incidencias negativas en los procesos para los cuales fueron
designados en el primer caso, y el descrédito, deshonor y desprestigio profesional en el
segundo caso. Es decir si alguna actuación judicial realizada por el auxiliar judicial fuere
impugnada por algún sujeto procesal, entonces se paraliza el asunto principal por un
accesorio, llegando muchas veces a incidencias constitucionales que ninguna relación
guardan con la litis que dio origen al proceso.
Para poder determinar si los Notarios como auxiliares judiciales cumplen con la función
delegada de una manera correcta, se realizó una serie de entrevistas a Jueces de
Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, ya que dichos
funcionarios públicos supervisan y aprueban la función realizada por el Notario como
auxiliar judicial, dejando ver en sus respuestas que existen deficiencias en las
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actuaciones de los Notarios, no demostrando la imparcialidad e independencia que en
ellos se debe de caracterizar. Tal situación, refleja una deficiencia de valores morales,
éticos y profesionales que debilitan el sistema de justicia, afectando en su conjunto a
jueces, Notarios y cualquier ciudadano relacionado con el sector justicia.
Por lo arriba indicado se propone una reforma en el procedimiento de designación del
Notario como Auxiliar Judicial, de forma tal que ello se traduzca en una actividad
revestida de mayor seguridad jurídica, dando confianza a las partes que actúan dentro
de un proceso civil y permitir así que se cumpla la finalidad del auxiliar judicial.
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INDICE
Pagina
Introducción 1
CAPITULO I:
EL NOTARIO AUXILIAR JUDICIAL
1.1 El Notario en su Función de Auxiliar Judicial 5
1.2 Responsabilidades del Notario Como Auxiliar Judicial 9
1.2.1 Solicitud, Nombramiento y Comparecencia del Auxiliar Judicial 13
1.2.2 Discernimiento de Cargo 15
1.2.3 Estudio del Proceso 16
1.2.4Diligenciamiento del Cargo Encomendado 18
1.2.5 Cumplimiento del Cargo Encomendado 19
1.3 Marco Legal que Rige al Notario como Auxiliar Judicial 21
1.4 Relación del Auxiliar Judicial con el Juez y Sujetos Procesales 24
CAPITULO II:
CONSIDERACIONES DEONTOLOGICAS
2.1 Antecedentes de la Deontología 29
2.2 Definición 30
2.3 Deontología Jurídica en la Antigüedad 32
2.4 El Quehacer del Notario como Auxiliar Judicial 34
2.5 Principios Deontológicos 37
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2.5.1 Principio de Obra según Ciencia y Conciencia 38
2.5.2 Principio de Probidad. 40
2.5.3 Principio de Decoro y Dignidad 42
2.5.4 Principio de Independencia 44
2.5.5 Principio de Libertad Profesional 46
2.5.6 Principio de Diligencia 48
2.5.7 Principio de Imparcialidad o Desinterés 49
2.5.8 Principio de Secreto Profesional 52
CAPITULO III:
VALORES y HONORABILIDAD
3.1 Valores 56
3.2 Valores del Notario como auxiliar judicial 60
3.3 La Honorabilidad del auxiliar judicial 64
CAPITULO IV:
Presentación, Discusión y Análisis de Resultados 67
Conclusiones 81
Recomendaciones 83
Referencias 85
Anexos 88
1
INTRODUCCION
En términos generales se dice que la deontología es la parte de la filosofía que trata el
origen, la naturaleza y el fin del deber. En términos más particulares y desde el punto
de vista profesional se dice que la deontología es el conjunto de reglas y principios que
establecen los deberes que rigen la conducta de cualquier profesional.
En el trabajo de tesis que nos ocupa, interesa la función del Notario como Auxiliar
Judicial, pero desde la perspectiva de la deontología. Es decir, el comportamiento del
Notario como auxiliar del juez (que a lo largo del presente trabajo de tesis se indicará
como auxiliar judicial o simplemente auxiliar), tanto dentro como fuera del seno de un
juzgado, coadyuvando con ello al fortalecimiento de la certeza del proceso y por lo
tanto del Estado de Derecho, realizando su servicio con criterios de igualdad, equidad e
imparcialidad, suponiendo siempre en todas sus actuaciones la ética y el sentido de
justicia. Es importante indicar que en el presente trabajo de tesis no interesan los
requisitos formales de redacción de los documentos judiciales ni el estudio de la
institución del Notario; el trabajo se circunscribe al análisis del Notario como auxiliar
judicial.
Los jueces de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala, para
un mejor funcionamiento y agilidad en los procesos a su cargo, necesitan de auxiliares
judiciales, para que estos realicen ciertas incidencias judiciales y actividades en las que
el Juez no puede estar presente, por lo que encomienda en ellos ciertas atribuciones.
Es la imposibilidad del Juez o Magistrado de abandonar temporal o parcialmente la
judicatura, la que motiva la necesidad y nombramiento de los auxiliares.
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Dentro de los auxiliares judiciales se encuentra la figura del Notario quien puede ser
nombrado, ya sea por imperativo legal o requerido por determinado sujeto procesal,
debiendo demostrar desde que es nombrado, la imparcialidad de su encargo así como
el efectivo cumplimiento del acto encomendado.
Como se indicó en el párrafo anterior el Notario como auxiliar judicial es nombrado por
requerimiento del juez o alguna de las partes procesales, en el supuesto que algún
sujeto procesal solicite y proponga al Notario como auxiliar judicial, ello supondría por
parte del Notario cierta parcialidad ya que los actos realizados por el Notario, podrían
en determinado momento favorecer a la parte que lo propuso y dada la fe pública que
ostenta, el acto judicial realizado puede ser poco cuestionado por el juez, evitando así
el auxiliar judicial su responsabilidad en caso de algún acto ilícito contemplado en el
Código Penal y, sobretodo, violentando el derecho de igualdad y debido proceso
contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que, en ese
caso, uno de los sujetos procesales tendría ventaja sobre el otro al contar con la
parcialidad del Notario como auxiliar judicial.
Por la incertidumbre de la imparcialidad del Notario como auxiliar judicial en el ejercicio
de su cargo, surge la pregunta de investigación ¿Cuál es el procedimiento idóneo
mediante el cual debe ser requerido y nombrado el Notario como auxiliar judicial? Con
base a la pregunta anterior surgen otras preguntas de investigación relacionadas:
¿Cómo se desempeña el Notario como auxiliar judicial en el medio de la deontología
jurídica?; ¿Cuál es el papel del Notario como auxiliar judicial desde el enfoque del
postulado de la imparcialidad?; ¿Cuál es la influencia que el Notario ejerce en los actos
que se le han encomendado, dentro de los procesos judiciales?
El objetivo general del presente trabajo de tesis, es analizar la actuación del Notario
como auxiliar Judicial desde el punto de vista deontológico, tanto dentro del juzgado
3
como fuera del mismo, es decir, al momento de practicar la diligencia encomendada por
el juez, sea cual sea la naturaleza de esta.
Los objetivos específicos son determinar la función del Notario en la figura procesal de
auxiliar judicial, y establecer los principios y reglas deontológicas que han de regir la
actuación del Notario como auxiliar judicial, para así determinar certeza de los actos en
los que intervienen en esa calidad.
El Notario como auxiliar judicial debe regirse por la ley y por el discernimiento de su
cargo y tener como premisa, en la realización de sus actos, el Código de Ética
Profesional del Colegio de Abogados, por lo que si el Notario no tiene presente los
postulados básicos y principios deontológicos, se corre el riesgo que el documento que
autorice sea impugnado y sea redargüido de nulidad o falsedad, existiendo como
consecuencia retardo en la administración de justicia, no cumpliendo con el fin para el
que fue creada la figura del auxiliar judicial, que es la de agilizar y descongestionar los
trámites judiciales, sin perjuicio de la afectación que se causa en el ámbito ético y
deontológico.
Uno de los obstáculos que se puede encontrar en el presente trabajo de tesis es que el
Juez, quien es el contralor del procedimiento judicial, no posee los medios necesarios
para comprobar o detectar determinada deficiencia del auxiliar judicial del cargo
encomendado. Así también, la formación y experiencia intelectual acerca del alcance de
los valores y su importancia en el plano individual y en todos los aspectos éticos
relacionados en el individuo, son una actividad personal que solo puede conocerse a
través de la experiencia cognoscitiva y por lo tanto no es dable asumir la importancia de
los valores por medio de la imposición informativa, por lo que no es posible exigir a
alguien algo que no conoce.
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Los sujetos de investigación de quienes se recopiló la información y que participaron en
esta investigación, fueron los Jueces de primera instancia del ramo civil del
departamento de Guatemala, quienes por su experiencia y contacto con dicha figura
procesal dieron su comentario en las entrevistas realizadas acerca de los actos
realizados por el Notario; en las respuestas a dichas preguntas se pudo constatar que
el Juez desde su judicatura, en muchos casos, no puede dejar sin efecto actuaciones
dudosas del Notario como auxiliar judicial, por la fe pública que reviste cada una de sus
actuaciones, generando incertidumbre en las incidencias del proceso, entre otros
efectos.
El alcance del presente trabajo de investigación consistirá en el análisis de la actuación
del Notario en el ámbito de su desempeño como auxiliar judicial en aquellos asuntos
para los que es requerido como tal en los juzgados de Primera Instancia del ramo Civil
del departamento de Guatemala y el consecuente impacto y afectación que las
eventuales deficiencias en dicha actuación proyectan en el plano moral y ético.
El aporte que se estima en el presente tema es dejar una guía al Notario para que
realice los actos encomendados por determinado órgano jurisdiccional, con apego a los
valores y los principios éticos. Con miras a fortalecer el sistema de derecho en
Guatemala y coadyuvar a la credibilidad de las actuaciones realizadas por los jueces.
Se pretende, como aporte adicional, que exista un acuerdo entre la Corte Suprema de
Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios a efecto que cuando algún tribunal de la
República de Guatemala, requiera los oficios de un Notario como auxiliar judicial sea el
Colegio de Abogados y Notarios quien entregue una terna para su nombramiento.
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CAPITULO I:
EL NOTARIO AUXILIAR JUDICIAL
1.1 EL NOTARIO EN SU FUNCIÓN DE AUXILIAR JUDICIAL
El presente capítulo tratará sobre la función del Notario como Auxiliar Judicial, la forma,
modo y tiempo en la que él participa. En qué tipos de procesos puede participar y se
establecerá también cuáles son las responsabilidades, los valores y las normativas que
debe de tener en cuenta al momento de su actuación como profesional al que se ha
encomendado una función por parte del órgano jurisdiccional.
El Código Procesal Civil y Mercantil en el titulo dos, capitulo tres, regula lo relativo a
auxiliares judiciales, entre ellos se encuentran los notificadores, personal administrativo
(oficiales, comisarios, personal auxiliar de apoyo), Notarios, Interventores y
depositarios.
El ordenamiento adjetivo civil establece que los jueces pueden, a solicitud de parte,
encomendar al Notario la realización de ciertos actos, entre ellos las notificaciones, que
es de los actos jurisdiccionales que realiza el auxiliar judicial el más común, ayudando
con este nombramiento al descongestionamiento por el exceso de volumen de trabajo
que actualmente tiene cada judicatura dentro del Organismo Judicial, tal como lo
manifestaron el Doctor Mario Aguirre Godoy y los Licenciados Carlos Enrique Peralta
Méndez y José Morales Dardón al realizar las reformas al Código Procesal Civil y
Mercantil en el año de mil novecientos sesenta y cuatro1.
1 Doctor Aguirre Godoy, Mario y otros. Departamento de Recopilación de Leyes, Código Procesal Civil y
Mercantil. Tipografía Nacional de Guatemala. Guatemala 1964. Página 178
6
Es importante indicar que en el ordenamiento jurídico guatemalteco, únicamente el
artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el Juez a instancia de
parte, puede encomendar un acto a determinado Notario, sin embargo no existe
ninguna otra regulación que indique o guié la actuación del Notario como auxiliar judicial
desde el enfoque procesal. Para realizar esta función el Notario debe entonces realizar
su función a su leal, saber y entender, debiendo vincular dicha función con lo
establecido en el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios, y las
Normas Éticas del Organismo Judicial cuyas normas son de carácter general para todo
Notario, sin embargo en la actualidad algunos Notarios no aplican los preceptos ahí
establecidos.
En otros países como Italia, existe también la figura del Notario como Auxiliar Judicial,
misma que se encuentra regulada en el artículo 68 del Código de Procedimiento Civil
Italiano, que sirvió para concordar el artículo 33 del Código Procesal civil y Mercantil.
Esta figura en dicho país, también fue creada por la necesidad de expeditar la ejecución
de las resoluciones judiciales, descongestionando al mismo tiempo el exceso de trabajo
habitual en los tribunales, similar situación a la que se enfrenta en Guatemala.
Al Notario, cuando es llamado para ayudar en un determinado proceso ya sea por el
juez o por algún sujeto procesal, se le conoce en el sistema jurídico como auxiliar
judicial. Este Notario no es exclusivamente parte de un tribunal, es independiente y no
forma parte en la actualidad de ningún grupo o asociación de auxiliares judiciales, es un
colaborador del órgano jurisdiccional.
Es importante indicar que el Notario en su función como auxiliar judicial no debe ser
parte ni defensor de alguno de los sujetos procesales, ni coadyuvante de un sujeto
determinado, sino que su labor se circunscribe únicamente a la realización y
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cumplimiento de actividades que le son útiles y competentes al juez, para un fin
determinado.
En los juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala,
la intervención del Notario como auxiliar judicial es requerida a solicitud de las partes,
como se dijo anteriormente, por medio de un memorial, con fundamento legal en el
artículo antes citado, indicando únicamente cual es el nombre del Notario y, en ciertas
ocasiones, se hace mención de los datos generales del futuro auxiliar judicial así como
el lugar en el que se le puede citar o enviar notificaciones, no exigiendo por parte del
tribunal ningún otro requisito, como podría ser su experiencia, honorabilidad o cualquier
otra característica que lo haga idóneo para el cargo, por lo que al no requerirle al
auxiliar judicial cierta pericia o experiencia podría cometer el acto delegado de forma
deficiente no únicamente procesal sino que también ética.
Presentada la solicitud en el juzgado o el tribunal, esta se resuelve y normalmente se
acoge a dicha pretensión, nombrándose como auxiliar judicial al Notario indicado,
haciéndole saber por medio de notificación su designación y la citación para discernirle
el cargo respectivo. Para un mejor entendimiento se detallará posteriormente los pasos
para ser nombrado auxiliar judicial. Probablemente la figura más conocida de auxiliar
judicial en los juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de
Guatemala como se menciono anteriormente es la de Notario Notificador, como una
forma de atender y agilizar la problemática que implica la realización de las primeras
notificaciones en un proceso a los demandados, por el horario en el que se labora en el
Organismo Judicial, contribuyendo a descongestionar de esta forma al sistema de
justicia principalmente en los procesos de ejecución.
Sin embargo también existen otras figuras en las que el Notario según la pericia de
cada profesional puede actuar como auxiliar judicial, tal es el caso de los grafotécnicos
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o intérpretes judiciales. Estas dos figuras también son de suma importancia en nuestro
Derecho procesal, por lo que sus dictámenes deben ser legales y justos ya que estos
serán valorados en sentencia por el juez y al existir deficiencias o falsedades podrían
violentar principios constitucionales como la imparcialidad, derecho de defensa y debido
proceso.
El auxiliar judicial es garante de sus actos y de ahí la posibilidad que se le derive
responsabilidad penal y/o civil, este tipo de responsabilidad será desarrollada más
adelante. El Notario como auxiliar judicial desde el momento que acepta el cargo es
sujeto de derechos y deberes, y por lo tanto responsable ante el órgano jurisdiccional y
la ley. El deber de Notario como auxiliar judicial es realizar su labor con convicción,
pericia y dentro del plazo señalado, sin olvidar los aspectos deontológicos que su
función implica.
Es de vital importancia indicar que ciertos actos no pueden ser realizados por los
Notarios como auxiliares judiciales. Uno de ellos es el diligenciamiento de medios de
prueba, pues ésta es una función personalísima del juez, ya que él es quien dirige el
proceso, y quien valorará en su momento procesal oportuno la prueba válidamente
aceptada y recibida, y dictará las providencias o resoluciones que correspondan, por lo
que el auxiliar tiene limitada su comparecencia.
El Notario como auxiliar judicial debe de ser un profesional comprometido con la
justicia, ya que es colaborador de la función judicial. Es un profesional que debe tener
interés en el trabajo que realiza (vocación) y se dice que es un trabajo porque recibe
una remuneración económica, por lo que adquiere derechos y obligaciones como se
dijo anteriormente. El Notario debe contar con conocimientos mínimos acerca del
asunto o diligencia que realizará, para brindar seguridad y certeza jurídica al órgano
jurisdiccional.
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1.2 RESPONSABILIDADES DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL
Antes de enumerar los pasos que el Notario como auxiliar judicial realiza para cumplir
con su función, es importante determinar la responsabilidad y sobre todo el compromiso
en su actuar al momento de realizar el acto encomendado.
A determinados Notarios en su quehacer profesional se les recrimina de actos que
efectúan al momento de no realizarse con responsabilidad. Cuándo él no realiza con
dedicación y compromiso el acto encomendado recaen sobre él responsabilidades
civiles y penales, he ahí la importancia de definir la responsabilidad y sus tipos, para
conocer, al menos a manera de información cuales son las faltas éticas y profesionales
en las que se puede incurrir.
Desde el enfoque de los valores “La responsabilidad personal” plantea el valor de la
persona en sí misma. Si la persona es fuente de moralidad, la persona responsable
denota el valor del yo, en sí mismo, como un valor superior que nos hace apreciar a
este particular individuo en un grado elevado de excelencia y confiabilidad. La
responsabilidad interpersonal de un ser humano, replantea el problema de las
relaciones entre un yo y otro yo: responsabilidad como coherencia con los compromisos
de uno mismo; pero, también, como compromiso con los demás yos que comparten el
desafío de este particular riesgo en este lugar y tiempo. La responsabilidad ‘social’ sitúa
a cada individuo en el contexto de su comunidad familiar, económica y política; de su
compromiso con la nación y la cultura común. La responsabilidad social de una
persona, se convierte en el cimiento firme sobre el cual se apoya la seguridad y la paz
de la comunidad; de la convivencia nacional e internacional2.
2 Gallo Armosino, Antonio. Ver los Valores. Guatemala. Editorial Serviprensa, S.A. Julio 2011. Página
413.
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Las definiciones de responsabilidad que interesan para efectos del presente trabajo por
los derechos y obligaciones que adquiere el auxiliar judicial cuando desempeña tal
función son: la Judicial, la objetiva, la pecuniaria y la penal, ya que estos tipos de
responsabilidades son las que omite o incurre el Notario en el ejercicio de su profesión
como auxiliar Judicial.
Responsabilidad Judicial: “Obligación o deuda moral en que incurren los magistrados y
jueces que infringen la ley, sus deberes, en el ejercicio de sus funciones especificas.”3
Aunque esta definición no indica al Notario, este como auxiliar judicial, siendo
temporalmente sujeto del tribunal que lo nombra, tiene la obligación de cumplir a
cabalidad el mandato dado en él a efecto que no incurra en ninguna irresponsabilidad
ética o moral. Por su parte Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas
Políticas y Sociales define a la Responsabilidad Judicial como: “La exigible a los
miembros del poder judicial por infracción culposa o dolosa de sus deberes y funciones.
Suele poseer reglas especiales, para salvaguardia de la independencia de los
juzgadores y para evitar el espíritu de cuerpo de ser enjuiciado por sus pares.”4
La Responsabilidad Objetiva la define Manuel Ossorio como: “Tendencia moderna que
se aparta del fundamento forzoso en culpa o dolo para exigir el resarcimiento de los
daños y perjuicios”5. Por su parte Guillermo Cabanellas de Torres, la define como: “La
determinada legalmente sin hecho propio que constituya deliberada infracción actual del
orden jurídico ni intencionado quebranto del patrimonio ni de los derechos ajenos.”6 La
3 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Argentina. Editorial Heliasta. Año
1997. Página 352.
4 Responsabilidad Judicial. Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.
Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta. Año 2000. Pagina 852.
5 Loc. cit.
6 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pagina 352.
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responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su
culpabilidad o intencionalidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño
producido: basta éste para que su autor sea responsable, cualquiera que haya sido su
conducta, haya o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y
llano y no el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad. El que crea un
riesgo, el que con su actividad o su hecho causa un daño a la persona o propiedad de
otro, debe responder de él.
Responsabilidad Pecuniaria: “Aquella en que el resarcimiento de los daños y perjuicios
se convierte en la entrega al perjudicado o a su causahabiente de una cantidad de
dinero.”7 La responsabilidad pecuniaria se encuentra normada en el artículo 2033 del
Código Civil y establece: El profesional está obligado a prestar sus servicios con toda
dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se
trate, siendo responsable de los daños y perjuicios que causen por dolo, culpa o
ignorancia inexcusable, o por la divulgación de los secretos de su cliente.
Así también le corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala de conocer las denuncias, instruir la averiguación y dictar la resolución,
imponiendo las sanciones cuando proceda, en los casos en que se sindique a alguno
de los miembros del colegio por haber faltado a la ética, haber afectado el honor y
prestigio de su profesión; o haber incurrido en notoria ineficiencia, incompetencia,
negligencia, impericia, mala práctica o conducta moralmente incorrecta en el ejercicio
de la misma, tal como está establecido en el artículo 19 de la Ley de Colegiación
Profesional Obligatoria.
7 Loc. cit
12
Por último la Responsabilidad Penal: “La que se concreta en la aplicación de una pena,
por acción u omisión, dolosa o culposa, de autor de una u de otra. 8 En derecho Penal la
que se traduce a una pena.” El artículo 322 del Código Penal, tipifica el delito de
Falsedad Ideológica, para los Notarios que otorguen, autoricen, o formalicen un
documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un
hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será
sancionado con prisión de dos a seis años. Bajo esta irresponsabilidad el Notario como
auxiliar judicial, puede incurrir en un delito.
Una vez definidos los tipos de responsabilidad que atañen al auxiliar judicial se detallará
paso a paso la sinopsis para ser propuesto, nombrado y posterior ejecución del acto
encomendado por el auxiliar, desde el punto de vista deontológico y con base los
principios deontológicos de imparcialidad, lealtad con la justicia e independencia, así
como el comportamiento que debe tener dentro y fuera del tribunal por el que fue
nombrado.
Para adentrarse en el tema desde el punto de vista jurídico del auxiliar judicial se
transcribe, la frase del Doctor Juan José Arévalo, presidente de Guatemala el quince de
marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, al tomar posesión de su gobierno, sobre el
sistema de justicia: “En este momento quedan cortados los hilos telefónicos entre el
Palacio Nacional y los tribunales de justicia.” Frase que consagra la potestad de juzgar
y promover la ejecución de lo juzgado contemplado en el artículo 203 de la Constitución
Política de la República de Guatemala. Con esta frase se presume las presiones que ha
tenido a lo largo de tiempo el sistema de justicia, situación que vulnera el estado de
derecho.
8 Loc. cit.
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1.2.1 Solicitud, nombramiento y Comparecencia del Auxiliar Judicial
Como se dijo anteriormente conforme el artículo 33 del Código Procesal Civil y
Mercantil, el juez podrá, a instancia de parte encomendar a un Notario la realización de
determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Es de vital importancia
mencionar a grandes rasgos la actuación del auxiliar judicial en el proceso desde su
inicio hasta el efectivo cumplimiento de su función, toda vez que en el desarrollo de la
actuación de él, se pueden evidenciar aciertos y carencias de dicha figura procesal
desde el plano de la deontología.
El sujeto procesal, en la mayor parte del tiempo, la parte actora o ejecutante en los
procesos de ejecución, es quien solicita al juez que se nombre a determinado auxiliar.
Esta petición se realiza ante el mismo juzgado que tiene la jurisdicción del proceso con
un memorial, expresando qué tipo de auxiliar judicial desea proponer y la razón de
dicha solicitud. En el escrito también deberá indicarse el nombre completo del Notario,
lugar en donde se le puede notificar y/o citar y, si se tiene la información, el número de
colegiado activo, así como el lugar para notificarle. Es importante que se indique el
lugar para notificar al Notario que fungirá como auxiliar judicial, toda vez que como se
puede apreciar en el Amparo presentado ante la Corte Suprema de Justicia identificado
con el número doscientos setenta y tres guión dos mil nueve, la parte que propuso al
auxiliar nunca comunico al profesional del derecho su designación como Notario
notificador en el proceso, afectando de esta forma principios procesales como el de
celeridad9 y el desprestigio del Notario al no comparecer al discernimiento del cargo.
Como se puede apreciar, el Notario que ejercerá su función de auxiliar, es del
conocimiento del sujeto procesal o del abogado auxiliante del sujeto que lo solicita,
determinándose que en ningún momento se presenta al juzgador una terna para que
9 http://www.oj.gob.gt/masterlex/default.asp?strUsuario=consulta&strPassword=consulta. Fecha de
consulta 10 de julio de 2013.
14
sea designado por el juzgado correspondiente, por lo que se podría suponer que en las
diligencias del auxiliar judicial existirá parcialidad por parte del Notario. Aunado a lo
anterior, el lugar que se señala para notificar al Notario como auxiliar judicial es el
mismo lugar en el que se notifica a la parte que lo solicitó. En muy raras ocasiones en la
oficina profesional de él como debiera ser. Es de vital importancia entonces que la
actuación del auxiliar sea estrictamente apegada a los principios deontológicos que más
adelante se detallaran, a efecto de que no se presuma parcialidad del auxiliar judicial a
una de las partes y ser atacada procesalmente la actuación del Notario.
Luego de presentar ante órgano competente dicha solicitud debe resolverla el juez
dentro de las veinticuatro horas siguientes, tal como lo establece el artículo 143 de la
Ley del Organismo Judicial. La resolución debe notificársele a los sujetos procesales
así como al Notario que intervendrá como auxiliar judicial para que comparezca al
tribunal, señalando día y hora para el discernimiento del cargo respectivo.
El Notario al presentarse ante el Órgano Jurisdiccional, debe hacerlo con la
importancia, respeto y profesionalismo que caracteriza o debiera caracterizar a todo
Notario. Al igual que los Jueces y Magistrados, el Notario, tal como lo establece el
artículo 207 de la carta magna, debe ser persona de reconocida honorabilidad. Dicha
honorabilidad se constatará por el Juez y los demás auxiliares judiciales administrativos
(secretario, oficial, notificador y comisario), desde la forma y modo en la que el Notario
se presente a dicho órgano Jurisdiccional. Sobre la honorabilidad del Notario como
auxiliar judicial se desarrollará exclusivamente un apartado en el capitulo siguiente. El
Notario mostrará importancia, respeto y profesionalismo si acude al juzgado con la
antelación respectiva del discernimiento del cargo para verificar el proceso y no incurrir
en ninguna responsabilidad o también para manifestar su impedimento para poder
actuar como auxiliar judicial. El Notario es responsable por omisión, descuido o falta
que cometa en el cumplimiento de su función.
15
1.2.2 Discernimiento de cargo:
Ya que el Notario tiene Fe Pública para hacer constar y para autorizar actos y contratos
en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte; la Fe Pública, es
la garantía que da el Estado que determinados hechos que interesan al derecho son
ciertos, por lo que para establecer si la persona que comparece ante juez competente
es Notario, debe requerírsele sus credenciales.
El Notario para el discernimiento de cargo debe presentarse, en el tribunal en el día y
hora indicada. Es un acto personalísimo, por lo que el Notario no puede designar a otra
persona para que reciba las copias de memoriales y resoluciones con los que realizará
la función de auxiliar judicial; ya que de lo contrario el Notario no tendría ningún
contacto con el juez para la realización del acto encomendado, no existiendo una
relación procesal entre juez y auxiliar judicial.
El auxiliar judicial al presentarse al órgano jurisdiccional deberá llevar el carné del
Colegio de Abogados y Notarios a efecto de demostrar la calidad con la que dice actuar
y así acreditarse en el proceso como profesional del derecho, así como el documento
personal de identificación para los efectos pertinentes.
Al momento en el que se presenta al tribunal el Notario, es posible que el juez no esté
en el acto de discernimiento, no por desinterés sino por la cantidad de trabajo que se
tramita en una judicatura del ramo civil del departamento de Guatemala y por tanto le es
materialmente imposible comparecer en dicha diligencia. No obstante el juez no esté
presente en el discernimiento del cargo es obligación entonces del Notario como
auxiliar judicial, solicitar la mediación del juez, con base al principio de diligencia, si
existiera situaciones que hagan recomendable la comparecencia del juzgador. En
consideración a lo anteriormente manifestado es de vital importancia como ya se ha
mencionado que el auxiliar judicial coadyuve al sistema de justicia al momento del
discernimiento del cargo, toda vez que por realizar dicha diligencia con premura se
16
puede incurrir en errores tal como se puede apreciar en la sentencia de amparo, dictada
por la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente seiscientos cincuenta y uno
guión dos mil nueve10, en donde por errores del acta del discernimiento de cargo de
auxiliar judicial se enmendó el procedimiento hasta dicha etapa procesal, ya que tanto
las autoridades del órgano jurisdiccional como el Notario no observaron errores de
forma, ya que al indicar que es discernimiento de Notario partidor cuando lo correcto
era Notario notificador, así también el secretario del juzgado como fedatario de las
actuaciones judicial no estampo su firma en algunas resoluciones que iban a ser
notificadas. Razón por lo que se recomienda al Notario como auxiliar judicial poner el
diligenciamiento y apremio correspondiente para evitar retardo en la administración de
justicia y cumplir con otro de los principios procesales del proceso, como es el de
celeridad.
Después de quedar nombrado como auxiliar judicial, el personal administrativo del
juzgado o tribunal debe de entregar las copias al Notario, para que realice la diligencia
en él recaída, ya sea de notificador, interventor, depositario, de requerimiento de pago,
etc.
1.2.3 Estudio del proceso:
Para que el Notario realice la función delegada de una manera precisa, correcta y eficaz
debe realizar un análisis del proceso. Con el estudio de las actuaciones el profesional
del Derecho, puede realizar observaciones, consultar o hacer comentarios al juez para
disminuir las probabilidades de no ser aceptado el informe o acta realizada, al momento
de su presentación, en el tribunal correspondiente.
El Notario como auxiliar judicial, ha de verificar incidencias del proceso, es decir
quiénes son las partes procesales, abogados o auxiliares judiciales que han intervenido.
10
http://www.oj.gob.gt/masterlex/default.asp?strUsuario=consulta&strPassword=consulta. Fecha de
consulta 10 de Julio de 2013.
17
Aunque no existe en la legislación guatemalteca alguna norma específica en la que el
Notario como auxiliar judicial se excuse o sea recusado para actuar en un proceso
determinado, el auxiliar si podría excusarse para no actuar en dicho proceso y no poner
en duda su imparcialidad, aplicando por analogía lo establecido en la Ley del
Organismo Judicial en lo referente a excusas. En virtud que no se aprobaría la
actuación del auxiliar, si realiza una notificación o requerimiento de pago a una persona
con la que tenga enemistad o amistad. Así también en el caso de actuar como
interventor. Si bien es cierto el Notario al igual que el juez son imparciales y el Notario
no juzga, se prestaría para que la contraparte interponga recursos dilatorios o acciones
que busquen declarar la nulidad del acto notarial.
El Notario también debe establecer para qué tipo de proceso fue designado. Es decir
los plazos, días y horas no son los mismos en una acción constitucional de amparo que
en un proceso común (ordinario, sumario, ejecutivo, voluntario, amparo, etc.). Se debe
de establecer cuál fue la razón de su nombramiento, es decir determinar la razón por la
que no fue designado para realizar dicho acto algún notificador del Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia o fue librado el despacho de notificación
respectivo a un juzgado de inferior categoría o si es él primer Notario que actuará como
Auxiliar Judicial dentro de ese proceso.
También ayuda a ejemplificar la figura del auxiliar judicial como Notario notificador y se
ha establecido que en muchas ocasiones se solicita la intervención del Notario para
efectuar notificaciones personales. Sin embargo el horario de trabajo en el Organismo
Judicial no es compatible con el horario en el que un sujeto procesal se encuentra en su
residencia, por lo que se deberá solicitar al juez o magistrado la habilitación del tiempo
necesario para realizar dicha función fuera del horario de ocho horas a quince treinta
horas, este es otro ejemplo de la mediación necesaria que debe tener el juez con el
auxiliar para no incurrir en deficiencias o mala práctica del acto que se realizara por
parte del Notario. Es importante hacer saber que el fundamento legal para la
18
habilitación del tiempo para realizar actos fuera de la jornada de trabajo de dichos
órganos jurisdiccionales se encuentra contemplado en el artículo 23 de la Constitución
Política de la República de Guatemala.
El auxiliar, debe de verificar entre otras cosas también la etapa procesal que se
encuentra el proceso, es decir determinar por ejemplo si realizará notificación de
apertura a prueba o lanzamiento en un juicio sumario, ya que estas dos actuaciones
son notificaciones personales o si notificará alguna resolución de trámite como el
diligenciamiento de medios de prueba, las cuales no son notificaciones personales, por
lo que al no tener el conocimiento exacto del acto encomendado perjudicaría la marcha
normal del proceso, debiendo él actuar conforme el principio de obra según ciencia y
conciencia.
1.2.4 Diligenciamiento del encargo encomendado
Es de recordar y de hacer mención que la persona a quien se le discernió el cargo de
auxiliar judicial fue al Notario, por lo que este no puede delegarse a otro profesional del
Derecho y mucho menos que otra persona diligencie el acto encomendado al auxiliar
judicial. El acto encomendado al él es un acto personalísimo, es un acto que solo él
puede realizar de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado y los
distintos códigos de ética.
El auxiliar, es quien autorizará personalmente el instrumento público, por ningún motivo
puede realizar y redactar el acta notarial y dárselo a otra persona para realizarlo ya que
por el esmero, diligencia, responsabilidad y mediación es la justificación por la que
tendrá derecho a reclamar sus honorarios conforme el arancel de Notarios, establecido
en el Código de Notariado.
19
Por las razones expuestas, el auxiliar debe conocer las normas relacionadas con su
cargo para un mejor desempeño en sus funciones. La realización de sus actos debe
conducirse de manera honesta, dicho valor de honorabilidad es para con ellos mismos,
para con el Juez y para los sujetos procesales. Así también ha de ser cuidadoso con su
actuaciones, pensando que el nombramiento del auxiliar es temporal por lo que debe
esmerarse en su actuar, ya que será la carta de presentación en los procesos futuros
en el que sea nombrado como auxiliar judicial o litigante, debiendo siempre mantener
su dignidad y decoro. La dignidad y decoro se mantiene siempre y cuando exista por
parte del auxiliar independencia e imparcialidad. Su actuación debe ser realizada con
diligencia, es decir con prontitud, agilidad y esmero.
El auxiliar judicial, si considera que su actuar puede estar parcializado, debe declinar de
su nombramiento, ya que el Notario puede seleccionar a sus clientes, poniendo en
práctica el principio de libertad profesional, por lo que existen herramientas legales que
le permita poner en práctica para no incurrir en faltas legales y éticas.
1.2.5 Cumplimiento del Cargo Encomendado.
El Notario al cumplir la actividad para la cual fue nombrado, tiene la obligación de hacer
saber al juez o magistrado, por medio de un memorial y acompañado del acta notarial
respectiva las incidencias del acto jurídico y si lo considera necesario solicitar audiencia
al tribunal para hacer del conocimiento del juez su actuar.
En caso de no poder realizar el acto encomendado, el auxiliar, debe hacer ver al Juez o
Magistrado la razón por la que se abstuvo de realizar el acto jurídico a efecto de no
incurrir en omisiones de los principios deontológicos de independencia, imparcialidad,
probidad, decoro y libertad profesional.
20
Es importante también mencionar la vocación que debe tener el Auxiliar Judicial desde
el momento en que se le consulta si desea o no ayudar en un proceso, ya que será
determinante para la realización del acto encomendado. Esta vocación pudiera ser
violentada por lo sujetos procesales ya que existirán intereses, presiones y obstáculos
en su quehacer del auxiliar judicial. Se debe dejar de lado el interés económico y
entender que el prestigio profesional y la reputación toma tiempo y esfuerzo
conseguirla, pero la excelencia y el respeto pueden perderse fácilmente. Es por eso que
el auxiliar no debe priorizar los honorarios ya que de lo contrario el afán de lucro sería
decisivo en la actuación del profesional.
Se ejemplifica el párrafo anterior, referente a la vocación, con la sentencia dictada en
Amparo por la Corte Suprema de Justicia, expediente identificado con el número
seiscientos ocho guión dos mil seis de fecha doce de febrero de dos mil ocho11, en la
que se hace constar que la primera notificación del proceso fue realizada por Notario
como auxiliar judicial, sin embargo al realizar el órgano jurisdiccional futuras
notificaciones el notificador de dicho juzgado, se abstuvo de practicar la notificación, ya
que constató que la dirección en la que se notificó a la parte demandada no existía, por
lo que se podría presumir que el encargo dado al Notario Notificador, no fue realizado
conforme los principios de probidad, decoro y sobre todo con la disposición necesaria.
Dicha situación afecta el debido proceso y derecho de defensa de los sujetos
procesales, poniendo en evidencia que el acto del Notario auxiliar puede ser redargüido
de nulidad o falsedad por medio de los remedios y recursos contemplados en el Código
Procesal Civil y Mercantil.
Debe entenderse que la función de él ha de encuadrarse en el estricto apego a la ética
en el marco profesional, por ende desde la perspectiva deontológica, ya que el auxiliar
11
http://www.oj.gob.gt/masterlex/default.asp?strUsuario=consulta&strPassword=consulta. Fecha de
Consulta 10 de Julio de 2013
21
ayuda a la concatenación de etapas procesales contribuyendo a los fines del proceso y
por supuesto del Derecho, a efecto que al terminar el acto encomendado debe sentirse
satisfecho de haber servido a la justicia para que en el proceso judicial exista confianza
y se presuma la buena fe de todos los sujetos que actúen en el proceso judicial.
1.3 MARCO LEGAL QUE RIGE AL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL:
El Notario en su función de auxiliar judicial debe cumplir normas jurídicas, con el fin de
no violentar el debido proceso contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política
de la República de Guatemala. Al ser auxiliar de una judicatura tiene que encuadrar su
actuación conforme las normas éticas y deontológicas establecidas en distintos cuerpos
legales, de las cuales se basan el juez y otros auxiliares judiciales administrativos,
además de las normas específicamente procesales y notariales. En virtud que él no
cuenta con alguna ley o reglamento que le sirva de referencia para poder ejercer su
función, este debe aplicar por supletoriedad otras normas establecidas para
Magistrados, Jueces y auxiliares judiciales que pertenecen al sector justicia,
específicamente los distintos códigos de ética.
Así como al Juez se le impide impartir justicia por las circunstancias contempladas en el
los artículos 122 y 123 de la Ley del Organismo Judicial, al Notario, por analogía, debe
aplicar en similitud de circunstancias este cuerpo legal, para evitar impugnaciones de
los actos realizados y autorizados por el Auxiliar Judicial. Si bien es cierto el Notario
goza de independencia e imparcialidad, y su fin es únicamente de ayuda al tribunal,
este podría desvincularse del nombramiento en él recaído si concurren algunos de los
presupuestos establecidos en el cuerpo legal antes citado.
De la misma forma debe aplicar normas establecidas en la Ley de Servicio Civil del
Organismo Judicial. En esta ley se señalan entre otras cosas los deberes, derechos y
22
obligaciones de los empleados y funcionarios públicos. El Decreto numero 48-99 del
Congreso de la República de Guatemala, es una normativa que tiene su
fundamentación en el artículo 210 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, en la cual se establece que las relaciones laborales de los funcionarios y
empleados del Organismo Judicial, se normarán por su Ley de Servicio Civil.
Dicho cuerpo legal velará por el adecuado y eficiente desempeño del personal al
servicio del Organismo Judicial, si bien es cierto el Notario no es parte del tribunal, ni
sujeto procesal, este debe guiarse por las leyes que le aplican a los auxiliares judiciales
que se desempeñan en forma permanente en determinado órgano jurisdiccional
(secretarios, oficiales, notificadores, comisarios, etc.)
No obstante el auxiliar únicamente actúa de forma temporal en un tribunal, es
importante que tome en cuenta ciertos lineamientos establecidos en el artículo 38 de la
Ley del Servicio Civil del Organismo Judicial, el cual va dirigido a todo auxiliar judicial:
Cumplir y desempeñar con eficiencia y eficacia las obligaciones inherentes a sus
puestos.
Cumplir con prontitud e imparcialidad los asuntos de su competencia.
Actuar con responsabilidad y guardar absoluta reserva en los asuntos que por su
naturaleza, o en virtud de leyes, reglamentos o instrucciones especificas, así lo
requieran.
Atender con respeto y cortesía al público en general, a los funcionarios judiciales,
personal subalterno, compañeros de trabajo, litigantes, abogados y personas
interesadas en los juicios y diligencias que se ventilen en el tribunal.
Enmarcar su conducta dentro de los cánones éticos y legales.
23
Cumplir con los demás deberes que esta y otras leyes le señalen, así como con los
señalados en los reglamentos, circulares, acuerdos y demás instrucciones de la
Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial.
En la ley del Probidad y Responsabilidad de Empleados Públicos, se establece que el
Notario velará por una honesta administración pública para así dar cumplimiento a los
principios que deben normar la conducta de los servidores del Estado, así como para
garantizar el decoro, la pureza en el manejo de caudales públicos, la probidad del
funcionario y empleado público, así como regular los casos en que los mismos pueden
ser sometidos a un proceso penal. En este caso él auxiliar, debe observar los
lineamientos establecidos para no incumplir con normas éticas, deontológicas y
morales.
En la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y Código de Ética Profesional del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se encuentran los postulados éticos
para los profesionales en general y para lo abogados y Notarios en particular. Dichos
preceptos deben ser de estricto cumplimiento de todo Notario, observados de manera
obligatoria. Aunado a lo anterior también se encuentran las normas éticas del
Organismo Judicial y en este cuerpo legal rige el actuar judicial, encuadrándolo en el
honor, probidad, decoro, prudencia, rectitud, lealtad, respeto, independencia,
imparcialidad, veracidad, eficacia, solidaridad y dignidad.
Debe de recomendarse a todo Notario que actué como auxiliar judicial, que no obstante
exista un deficiencia normativa en el ejercicio de su función, no debe de pasar por alto
las normas morales y éticas las cuales como ya se dijo son de obligado cumplimiento.
Sin embargo los Notarios se han preocupado por ser estrictamente positivistas y han
dejado la justicia en un segundo escalafón. Debe recordarse que las normas están
hechas por legisladores que no siempre conocen de derecho.
24
1.4 RELACIÓN DEL AUXILIAR JUDICIAL CON EL JUEZ Y SUJETOS
PROCESALES
En muchos ámbitos del sistema de justicia, se menciona la palabra relación, y esta
normada en la Ley del Organismo Judicial, cuando existe relación entre el Juez y los
sujetos procesales, por lo que si hay duda de la imparcialidad él juzgador puede ser
recusado o puede excusarse para no seguir conociendo determinado proceso, esto
para no poner en duda el auto o sentencia que dictará al final del proceso.
Sin embargo no se define qué es la relación, ya que existe relación familiar, de
amistad, profesional, entre otras, por lo que para ejemplificar la relación del auxiliar
judicial con el juez y con las partes procesales, desde el punto de vista moral, ético y
profesional, se debe definir qué es relación procesal.
Dice Alsina que no puede negarse la existencia de una relación jurídica en el proceso
con derechos y obligaciones entre el juez y las partes, y no vemos, continua diciendo,
0ningún obstáculo en cuanto aceptamos que la acción es un derecho que el actor tiene
contra el Estado para la tutela de su pretensión jurídica frente al demandado. Tres son
los sujetos de la relación procesal: Actor, demandado y juez. Los dos primeros
constituyen las partes en el juicio. El juez ejerce la función jurisdiccional en nombre del
Estado, el cual reglamenta la forma de su designación, fija sus atribuciones y
reglamenta su actividad en el proceso.12 Por lo tanto al delegarle al Juez la actividad del
proceso y siendo este quien decide la comparecencia del auxiliar judicial, es en esos
términos que el Notario debe ajustar su comportamiento en su actuación judicial.
Surgen interrogantes como, ¿Por qué predomina la profesión del Notario para ser
auxiliar judicial?, pues de esa interrogante surgen algunas respuestas, entre las que se
12
Bacre, Aldo. Teoría General del Proceso. Tomo uno. Buenos Aires, Argentina. Editorial Abeledo-Perrot,
Sociedad Anónima. Año 1986. Pagina 397 y 398.
25
destacan las siguientes: a) El Notario es conocedor del Derecho; b) Tiene conocimiento
más amplio de lo que es el Estado de Derecho; c) Es la única profesión en la que el
Estado delega sobre él fe pública y, d) Porque las normativas legales consideran al
Notario como un auxiliar de la administración de justicia, ya que defiende un interés
público.
Con base a lo anteriormente manifestado, surge otra pregunta, ¿Cómo es la relación
que el Notario como auxiliar judicial debe tener con el juez?
El auxiliar ante el juez y tribunal por el que fue nombrado debe guardar respeto e
independencia. El respeto debe de ser reciproco y de reconocimiento mutuo. La
relación debe ser formal, en el sentido de que está sujeta en su realización a las
ritualidades procesales que constituyen una garantía de justicia y orden. No falta quien
sostiene que el proceso es una institución de buena fe.
El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el
reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se comprenda al otro.
Consiste en saber valorar los intereses y necesidades de otro individuo en una reunión.
El auxiliar debe mantener con el juez independencia, por ningún motivo él puede
realizar actos encomendados contrarios al orden público. Si bien es cierto el Notario
como auxiliar judicial depende del juzgador, no se deben realizar actos encargados por
este, que vayan en contra de sus conocimientos legales y la ética y deontológica. Es
decir si el auxiliar, acude al tribunal para el discernimiento de cargo y el juez en ese
momento le indica que dicha notificación debe realizarse en lugar distinto del indicado
en la demanda, él debe realizar el acta de notificación en el lugar que este considere
justo y legal para resguarda el debido proceso. Aunado al hecho que tiene la obligación
el auxiliar judicial, de denunciar a la Junta de Disciplina Judicial o cualquier institución
26
del comportamiento del juzgador si considera que existe determinada coacción para
beneficiar alguna parte procesal.
Así también el auxiliar, no puede traicionar la confianza jurídica del acto encomendado,
si bien guarda independencia esta no debe confundirse con la falsedad, delito que se
encuentra contemplado en el Código Penal. Es importante la certeza jurídica que
brinde el auxiliar ya que por la fe pública que ostenta todos sus actos se consideran
justos y legales, coadyuvando de esta forma al Estado de derecho y procurar en todo
momento que predomine la justicia.
Entre juez y auxiliar debe de existir confianza ya que el juez le está entregando a él
situaciones que competen únicamente a un órgano jurisdiccional, pero que sin el auxilio
del Notario no se agilizaría ciertas incidencias en un proceso. Es por ello que al
profesional del Derecho, se le otorga de forma momentánea la administración de
justicia y como consecuencia, la defensa del orden constitucional y si existe una
falsedad en su acto atenta el sistema de justicia.
Por otro lado el auxiliar, mantendrá y guardará una relación de respeto y credibilidad
con los sujetos procesales, y este es uno de los principales problemas que surgen en la
actualidad por parte de los Notarios desde su función jurisdiccional. Por sentido común,
el auxiliar guarda una relación estrecha con el abogado que apoya al sujeto procesal o
con estos mismos, por lo que deben de mantener dentro del proceso una relación
procesal, es decir una relación profesional apegada a determinados principios éticos
que garantiza la imparcialidad.
Todo auxiliar judicial como premisa dentro de su actuación procesal para la que ha sido
nombrado debe de tener presente principios deontológicos como lo son la
imparcialidad, éxito y probidad, olvidándose en ciertos momentos de la retribución
27
económica y su relación privada con el abogado que auxilia a uno de los sujetos
procesales o a estos mismos. El auxiliar debe procurar que todo sujeto procesal que
interviene en el proceso confíe en su actuar y que el acto encomendado lo realice
conforme a la ley y los principios éticos, morales y deontológicos.
En base a que el Notario como auxiliar judicial, actúa dentro de la esfera del Derecho
procesal es importante que tenga en cuenta el objeto y fin de dicha rama del derecho.
“Su objeto es regular la función jurisdiccional del Estado para la solución de conflictos
entre particulares y de estos con el Estado y sus entidades y funcionarios. Mientras que
el Fin del derecho procesal es garantizar la tutela del orden jurídico y por tanto la
armonía y la paz sociales, mediante la realización pacifica, imparcial y justa del derecho
objetivo abstracto en los casos concretos, gracias al ejercicio de la función jurisdiccional
del Estado a través de funcionarios públicos especializados.”13
El Notario como auxiliar judicial al realizar el acto encomendado, se requiere que ponga
en práctica valores naturales y sociales que la sociedad requiere y evitar la deshonra en
su quehacer notarial. Para que realice de una mejor manera su actuación en el
siguiente capítulo se desarrolla y se comentarán aspectos deontológicos debido a que
el Notario en la actualidad ha olvidado o no los toma en cuenta debido a la carencia de
valores y la existencia de otros intereses que nada tienen que ver con la justicia,
igualdad y debido proceso.
Lo anteriormente manifestado en base a las sentencias de amparos dictadas por la
Corte Suprema de Justicia en contra de incidencias procesales en las que el agravio
13
Echandía, Devis. Teoría General del Proceso. Tomo uno. Buenos Aires, Argentina. Editorial
Universidad. Septiembre 1984. Página 8
28
directo son incidencias procesales practicadas por auxiliares judiciales. Dichas
sentencias pueden ser vistas y examinadas en los anexos del presente trabajo de tesis.
29
CAPITULO II
CONSIDERACIONES DEONTOLOGICAS
El Notario como auxiliar judicial está sujeto a normas, procedimientos, deberes y
derechos como se mencionó en el capitulo anterior. En este capítulo es importante
desarrollar que es la deontología y la injerencia que tiene sobre la figura procesal
contemplada en el artículo 33 del código Procesal Civil y Mercantil. Es importante
establecer qué es la Deontología, ciertos antecedentes y principios relacionados con la
materia, para que sean tomados en cuenta y puestos en práctica por el auxiliar cuando
estos son nombrados por los órganos jurisdiccionales civiles.
2.1 ANTECEDENTES DE LA DEONTOLOGIA:
La deontología es un término creado por Jeremy Bentham, filosofo ingles, en su libro
deontología o ciencia de la moralidad, escrito en mil ochocientos treinta y cuatro para
designar una ciencia de lo “conveniente”, es decir, una moralidad fundada en la
tendencia de perseguir el placer y huir del dolor, por lo tanto, prescinde de toda
apelación la conciencia. Por ello la ética de Bentham se considera como utilitarista, por
buscar de modo fundaméntalo útil, en este caso el placer. “La tarea del deontólogo, es
enseñar al hombre la manera de dirigir sus emociones de modo que queden
subordinadas, en cuanto es posible, a su propio bienestar.” A partir de que el término
fue enunciado, ha variado en su concepción.14
14
Zavala Flores, Julio Anibal. Aplicación Deontología Notarial. Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad
Rafael Landivar. Octubre 2012. Página 15.
30
La palabra deontología se refiere al conjunto ordenado de deberes y obligaciones
morales que tienen los profesionales de una determinada materia, siendo en este caso
la materia que nos ocupa, la jurídica procesal.
La deontología es una ciencia que forma parte de la filosofía y que trata sobre el deber
de los profesionales. En un principio nace de la filosofía, pero a medida que va
evolucionando se van creando principios inspirados en la Ética de cada profesión.
Echegary Villanueva, proporciona en su tesis titulada “Cuestionamiento del Código de
Ética Profesional del Colegio de Abogados de Guatemala, a la luz de una teoría
jurídico-político-económica de la moral”, puntualizando la Deontología como “los
deberes que corresponden a determinadas situaciones sociales y al ser aplicada a los
profesionales, designa al conjunto de reglas y principios que rigen determinadas
conductas del profesional de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas de cualquier
manera al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional.”15 Para
Bentham, la deontología se entiende a partir de sus fines (el mayor bienestar posible
para la mayoría, y de la mejor forma posible), definido en otras palabras como el bien
común.
2.2 DEFINICION:
La palabra deontología es de origen griego y significa “tratado o estudio del deber”. La
palabra deontológico es utilizada para distinguir uno de los enfoques de la moral
moderna en contraposición a la perspectiva teleológica16.
Según el Diccionario Espasa Calpe la Deontología es “La ciencia de lo que es justo y
conveniente o tratado de los deberes”17. Juan Díaz Romero define a la Deontología
como “Una parte de la filosofía que trata sobre el origen, naturaleza y fin del deber”18.
15
Gutierrez, Carmen Ana Lucrecia. Deontología Jurídica de la Función Judicial. Ciencias Jurídicas y
Sociales. Universidad Rafael Landivar. Agosto 2010. Página 12
16 Pérez Valera, Víctor Manuel. Deontología Jurídica. México DF. Editorial Oxford. Año 2002. Página 10.
31
Como se observa en las anteriores definiciones, la deontología es considerada también
parte de la filosofía que trata del origen, la naturaleza y el fin del deber, es decir, es el
conjunto de reglas y principios que van a establecer los deberes que rigen la conducta
de un profesional cualquiera que fuera su profesión, es decir, la que se refiere a los
deberes que ha de cumplir el hombre en el ejercicio de su profesión.
La deontología se refiere a los actos que pertenecen al ser humano en sus actuaciones
de la vida. Es poner en práctica los valores éticos o morales en las actuaciones que se
realizan diariamente. Por lo que el auxiliar judicial, tiene que tener presente a la
deontología jurídica ya que regido por normas jurídicas, morales y éticas prevendrá
futuros litigios, propiciando seguridad jurídica en los tramites que día a día el
intervenga, y más importante aún, hará que la ciencia del derecho ocupe el lugar que le
corresponde. El auxiliar debe desempeñarse con independencia y encuadrar su
actuación únicamente a lo que establece la ley, prevaleciendo la imparcialidad en el
proceso, teniendo en cuenta que es momentáneamente un signatario del juez.
Igualmente debe recordarse que dicha figura procesal que se aborda en el presente
trabajo de tesis coadyuva a la justicia momentáneamente por lo que su primordial tarea
será la de preservación de la legalidad y proporcionar seguridad jurídica.
El ejercicio del Derecho es una de las profesiones más antiguas, ya que desde que los
conflictos entre los hombres se dejaron de resolver por la fuerza, encontraron en el
derecho una forma justa para dilucidar sus diferencias. Pero como obra humana las
normas jurídicas, con frecuencia, contienen leyes oscuras, ambiguas, contradictorias o
formuladas deficientemente, sin embargo para tratar de superar esas deficiencias son
17
Deontología. Enciclopedia Espasa Calpe. Tomo XXV. Madrid, España. Editorial Espasa. Año 2001.
Página. 148.
18 Romero, Juan Díaz. “El A, B, C, de la Deontología Judicial”. México DF. Editorial SCJN. Año 2005.
Página 6.
32
necesarios los Notarios para que con su desempeño profesional puedan recibir,
interpretar, asesorar y dar forma legal a lo solicitado por los sujetos.19
Está en el profesional del Derecho, en consecuencia del auxiliar judicial, la obligación
de buscar su realización como ser humano y como profesional, acatando los principios
deontológicos para el mejor desempeño.
La deontología jurídica es un elemento esencial de todo profesional del Derecho y si es
desconocida en este caso por el Notario, es imposible el correcto desempeño de este
en su actividad profesional.
El auxiliar judicial con base al respeto, legalidad y su vocación por la justicia, es garante
en determinado momento para la salva guarda del Estado de Derecho, previene en su
actuar acciones judiciales, así como brinda tranquilidad social, siempre y cuando
efectúe el encargo dado de una manera adecuada a sus clientes, razón por la cual ha
de poner en práctica los principios deontológicos que más adelante se enumerarán.
A criterio del autor del presente trabajo de tesis, “La deontología se refiere al conjunto
de principios éticos que deben regir el actuar general de todo Profesional, para logar así
el correcto desempeño de sus funciones, a través de la moralidad de sus actos”.
2.3 DEONTOLOGÍA JURIDICA EN LA ANTIGÜEDAD:
La deontología jurídica en el transcurso del tiempo ha evolucionado, tal es el caso que
la disciplina tuvo características particulares en países como Egipto, India, Israel,
Grecia, Roma, España y Francia. Para comprender a la deontología en la actualidad se
detallarán ciertas referencias. Se debe aclarar que en la antigüedad no existía distinción
entre Abogados y Notarios.
19
Pérez Valera, Víctor Manuel. Op. cit. Página 47.
33
Pérez Valera, en su libro Deontología Jurídica, indica que en la antigüedad al Notario no
se le conocía como figura pública, no era un profesional, muchas veces solo se
requería que tuviere facilidad para hablar y rectitud ética. Al no ser profesional bastaba
que ante la sociedad o la asamblea prometiera su compromiso con la verdad y la
justicia. La oralidad era de suma importancia toda vez que sin ayuda de ningún
documento, más que con su actuar, debía de convencer a los reyes, jueces o la
sociedad, logrando así difundir respeto.
Muchas veces, antes del ejercicio de su función los reyes les amonestaban con frases,
como la que a continuación se describe tomada del libro de Pérez Valera, Víctor
Manuel. Deontología Jurídica. “Cuidado con lo que hacéis, que no juzgaréis con
autoridad de hombres, sino con la de Dios,…”.20 En la antigüedad se creía en la justicia
divina, por lo que al momento de practicarla por el ser humano, por disposición de los
reyes o autoridades, hacían que la actuación de este fuese de una manera justa, sin
interferencia de ningún tipo, realizando el acto más justo para las partes.
Por sus actuaciones al que ejercía la ciencia jurídica, gozaba de muchos beneficios, por
lo que algunos reyes después de veinte años en el ejercicio de la profesión
condecoraban a los Notarios con el titulo de condes y se les liberaba de impuestos y
otras cargas tributarias. Dando de esta cuenta un privilegio al Notario que ejercía su
profesión de manera correcta. Entonces a las personas que en esta época ejercían
cargos relacionados con el derecho, se les premiaba por su colaboración, por su
honestidad y por su dedicación al bien común21. Por lo que se entiende que la función
20
Pérez Valera, Víctor Manuel. Op. Cit., Pagina 54.
21 Pérez Valera, Víctor Manuel. Op. cit., Pagina 56
34
realizada por estos, era de suma importancia y de ayuda para mantener el Estado de
Derecho. Se priorizaban dos temas importantes la justicia22 y la verdad23.
2.4 EL QUEHACER DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDIDICAL:
Después de establecer ciertas características deontológicas del Notario en la
antigüedad y actos de este ante la sociedad, es importante establecer
deontológicamente la función del auxiliar judicial.
El Notario en Guatemala, se dice que cumple con una función pública y es un
profesional del Derecho, por lo que desempeña una doble función. El Notario tiene ante
su cliente la obligación de asesorarlo y aconsejarlo, razón por la cual el Notario tiene el
compromiso de orientar a su cliente acerca de los medios jurídicos lícitos y
convenientes para que se logren los fines legítimos de los clientes que acuden a él24.
El profesional del Derecho, en su función como Notario es modelador de actos y
negocios jurídicos. Sin embargo él debe hacerse cargo de las consecuencias de su
22
Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio la Justicia es:
“Virtud que inclina a dará a cada uno lo que le corresponde. En sentido jurídico equivale a lo que es
conforme a Derecho. Ese último sentido no es muy exacto, porque no siempre la justicia y el Derecho son
coincidentes, ya que puede haber derechos injustos. La institución de la esclavitud se basaba en un
derecho, pero representaba una injusticia. En otro sentido, se entiende por justicia la organización judicial
de un país; y así se habla de tribunales de justicia, Corte Suprema de Justicia, administración de justicia,
justicia civil, justicia penal, justicia administrativa, justicia militar.
23 Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio la Verdad es: “La
afirmación es verdad cuando se corresponde con la realidad. Es decir, una afirmación es verdad si
coincide con la manera en que el mundo es realmente. Esta es la definición común de la verdad que
todos conocemos. Es sólo cuando se trata de verdad moral que las personas cambian la definición. La
pregunta por la verdad es y ha sido objeto de debate entre teólogos, filósofos y lógicos a lo largo de los
siglos considerándose un tema concerniente al alma y al estudio de una llamada psicología racional
dentro del campo de la filosofía.
24 Grazioso Bonetto, Humberto. “La ética profesional en el Ejercicio de la Función Judicial”. Revista del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Volumen 36. Guatemala 1992. Editorial Serviprensa
Centroamérica. Pagina. 148.
35
quehacer, y debe asumir responsabilidad por sus actos. Entonces el auxiliar es
responsable por omisión o falsedad en los actos que fueron delegados por un órgano
jurisdiccional. El auxiliar judicial tiene la obligación de abstenerse de realizar
determinada actuación cuando considere que autorizarlo violentará el debido proceso,
incurriendo en responsabilidades civiles o penales.
En cuanto a la función de asesoramiento del Notario, es importante que el profesional
del derecho no se encasille únicamente en un ámbito territorial y temporal, es decir no
debe ubicarse únicamente cuando los clientes estén en su oficina sino que también
debe ir más allá para así evitar un litigio en el futuro asesorando con los medios legales
idóneos y de manera conveniente para los interesados.
El Notario en el contexto que interesa para efectos de este trabajo de tesis, como
auxiliar realiza una función todos los días en los tribunales de justicia, en éste cargo no
realiza su función principal de consejero ni asesor como se dijo anteriormente, sino que
realiza una función ordenada por un juez, por lo que debe ser en el ejercicio de su
cargo imparcial e independiente, ya que se convierte en sujeto auxiliar de un juzgado.
Los actos que realiza el Notario en este caso encomendados por el juez, son realizados
con el fin que el proceso tenga fluidez y por la fe pública que ostenta debe brindar
honestidad y verdad. El auxiliar debe desempeñar su función de acuerdo a lo
establecido en el Código de Notariado, Ley del Organismo Judicial y Código de Ética
del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, toda vez que en dichos cuerpos
legales existen directrices deontológicas para realizar la tarea del Notario al servicio de
un tribunal.
El Notario como todo profesional y en su calidad de auxiliar judicial tiene su propia crisis
de valores y su actuar puede ser cuestionada en ciertos momentos. En la actualidad se
rechaza socialmente y legalmente el actuar de algunos profesionales, ya que por la
pérdida de valores y principios se hacen normales actos que lo hacen ser incompetente
36
e irresponsable en el ejercicio de su profesión, tal como se pudo establecer con los
ejemplos citados en el punto uno punto dos del presente trabajo de tesis, referente a las
Responsabilidad del Notario como auxiliar judicial y conforme las sentencias
acompañadas en el apartado de anexos del presente trabajo de tesis. El Notario no
debe ser experto únicamente en cuanto a lo que establecen las normas legales, sino
que sus actitudes y actos deben ser legales y morales, ya que debe de dar a sus
clientes y sobre todo al órgano jurisdiccional que lo designó seguridad y eficacia. Así
también los Notarios además de su preparación técnica y profesional, deben de
comprometerse al compromiso ético moral que será plasmado en su actividad diaria,
debiendo amar su profesión con respeto y honor, para que el sistema de justicia confíe
en el auxilio que presta.
El Notario como auxiliar Judicial, ya sea como Notificador, Partidor, Interventor,
Depositario, interprete o cualquier otra forma en la que colabore en el ámbito judicial, no
puede realizar actos contrarios a la ley, dichos actos deben realizarse conforme a lo
establecido en las normas o conforme las circunstancias de cada proceso. Debe de
recordarse que él es responsable por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes
como profesional, asimismo tener presente que cualquier acto que realice de modo
incorrecto, carecerá de validez en el proceso judicial y, por supuesto, implicará la
comisión de un posible delito.
Al existir vicios en las actuaciones realizadas por el auxiliar, se violan garantías
constitucionales a determinados sujetos procesales, especialmente el de derecho de
defensa y debido proceso. Como consecuencia de estos actos, los agraviados plantean
acciones constitucionales de Amparo aduciendo como agravio el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala que establece: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales
37
especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente.”25 Al realizar un acto contrario a la ley, dicha incidencia procesal será
impugnada afectando el sistema de justicia ya que lejos de agilizar los procesos
ordinarios estos se ven interrumpidos por incidencias o hasta por acciones de amparo
que afectan a la credibilidad del Notario y la figura del auxiliar judicial evidenciara
carencia de valores y principios, en el sistema judicial, tal como puede ser verificado
con los documentos acompañados en el apartado de anexos del presente trabajo de
tesis.
Para concluir, el Notario como auxiliar judicial, desde el punto de vista deontológico
debe actuar de reunir características que lo hagan sujeto de virtudes, como la buena
fe, la moral, la seguridad social, la discreción, cautela y sobre todo la imparcialidad y el
respeto. Además de redactar cada instrumento publico conforme los principios
notariales establecidos. Es por ello que a continuación se indican ciertos principios
deontológicos que debe de cumplir en su función notarial.
2.5 PRINCIPIOS DEONTOLOGICOS:
Dentro de los principios más relevantes que se consideran por parte del autor, del
presente trabajo de tesis, que rigen el quehacer profesional de Notario como auxiliar
judicial, se enumeran y ejemplifican los siguientes principios deontológicos, los cuales
deben ser divulgados, enseñados y ejercidos por todo Notario en su función de auxiliar
judicial.
25
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala. Articulo 12.
38
2.5.1 Principio de Obra según Ciencia y Conciencia:
El principio de obra según la ciencia es el principio deontológico que se aplica a
cualquier individuo en el ejercicio de la profesión, establece que todo profesional debe
de estar actualizado, es decir debe de continuar con un proceso de aprendizaje. Con el
fin que los conocimientos y actividades aprendidas en el transcurso de la carrera
universitaria sean llevadas a la práctica en la plena actividad profesional y mejorada con
nuevos conocimientos.26
Para Santo Tomas de Aquino “La conciencia es en cierto modo un dictamen de la
razón”. La conciencia profesional es más estricta que la privada, y solamente se puede
formar a través de la continua actualización del conocimiento del gremio, es decir:
“educar la conciena”, para lo cual es necesario que se fomente la sinceridad, integridad
y rectitud, así como la adquisición de la ciencia ética, que conlleva el conocimiento de
sentido y de valores que son esenciales para el Notario.27
El notario debe ejercer sus actividades profesionales con competencia y formación
jurídica adecuada, la adquisición de conocimientos específicos sobre los temas de
interés para los Notarios y teniendo en cuenta las direcciones de sus organizaciones
profesionales. Esta capacitación debe incluir la preparación de sus funciones esenciales
de asesoramiento, interpretación y aplicación de la ley. El notario debe cuidar
especialmente la formación profesional consistente, a través de la implicación y la
participación en las iniciativas de sus organizaciones profesionales.28
26
García Aguilar, Rodolfo. La Ética del Notario Público. Costa Rica. Revista de Ciencias Jurídicas
Número 112. Año 2007. Página 162.
27 Zavala Flores, Julio Anival. Loc. cit., Pagina 40
28 Los Principios de Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale.
Consulta 12 de Julio 2013.
39
En la ciencia del Derecho, se conoce que las normas establecidas en los distintos
códigos, evolucionan, ya que toda regla es normada conforme el espacio y tiempo en
que se crea. Es decir que si el Notario, no se actualiza de los cambios que se realizan
al Código de Notariado y todo el sistema normativo, en determinado momento no
realizará su función de manera correcta y debida por lo que no tendrá validez legal el
instrumento autorizado. Por lo anterior es de vital importancia la actualización de los
conocimientos ya instituidos, por medio de postgrados y doctorados que están al
alcance de cualquier profesional y que se imparten en las distintas casas de estudio en
la República de Guatemala. El Notario como auxiliar judicial no ha de encuadrar su
actuación únicamente en normas preestablecidas sino también sus actuaciones deben
apoyarse en los criterios de los juzgadores ya que ciertas incidencias varían entre un
juzgado y otro, por lo que es de vital importancia aclarar cualquier duda antes de
realizar el acto encomendado. Es decir, para que ciertos juzgadores consideren que las
notificaciones de demanda deben efectuarse personalmente y por ningún motivo
pueden fijarse en la puerta, por lo que será de interés del Notario avocarse al juez que
lo designo para despejar cualquier duda y no retardar el proceso principal.
En cuanto al principio de Obra según la conciencia indica que todo profesional debe
ofrecer sus servicios a cualquier persona, sin embargo, cuando se establezca que por
causa justa o moral, pueda implicar aspectos negativos para los contratantes de dichos
servicios, el profesional debe de desvincularse del caso y proponer a otro. De esta
forma el profesional pone en práctica sus valores éticos.
En el ordenamiento jurídico guatemalteco, en lo que respecta al tramite jurisdiccional, la
Ley del Organismo Judicial en los artículos 122, 123, 124, 133 y 134 contempla la
situación para que jueces, abogados, representantes de las partes, árbitros, expertos,
secretarios y auxiliares judiciales, en este caso los Notarios, puedan inhibirse o
excusarse de los casos para los cuales han sido nombrados. Así también al Notario
conforme el artículo 77 del Código de Notario, le es prohibido realizar actos o contratos
40
a favor suyo o de sus parientes. Esta norma tiene razón de ser para no atentar contra la
imparcialidad del profesional, en este caso del auxiliar judicial ya que al omitirse dicho
precepto legal por parte del Notario podría efectuar una notificación a determinado
sujeto procesal con el que es afín, omitiendo ciertos requisitos de forma o fondo en el
acta y en el futuro algún sujeto procesal impugnará dicha actuación lo que provocará el
retardo del proceso en general, dilatando de esta manera el proceso. Presumiéndose
nuevamente por parte del Auxiliar Judicial imparcialidad y violación al debido proceso.
Con base a este principio se concluye que el Notario, no puede autorizar actos
contrarios a la ley ya que el profesional del derecho por lógica es quien menos puede
alegar desconocimiento de las normas legales. Debe de instarse a todo profesional del
Derecho a la actualización y constante aprendizaje de las normativas que rigen
actualmente el sistema de justicia para que sus actuaciones sean legales, justas, es
decir apegadas a derecho. Se debe hacer ver a todo jurista que la enseñanza en
ciertas ocasiones no se encuentra en los salones de clases, ni en libros, etc., sino que
en los tribunales, por lo que si un acto es realizado con base a principios morales,
dichas actuaciones fortalecen el sistema de justicia.
2.5.2 Principio de Probidad:
Este principio se aplica a cualquier profesional y establece que se ha de ser honesto en
la realización de los actos. Para que dicho principio se respete por el gremio Notarial es
primordial que el profesional sea honesto con él mismo y con el sistema de justicia.
Para que exista la justicia es de vital importancia la honestidad la cual se debe de tener
también con clientes, colegas y cualquier otro sujeto procesal.29
El Notario debe desempeñar sus funciones con objetividad y la disponibilidad, la
cooperación y la disponibilidad ejercicio continuo y efectivo de las facultades y
29
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 163.
41
obligaciones que de él, y mediante la promoción de un espíritu de unión entre los
notarios.30
La probidad debe de ir aparejada con la imparcialidad y la honestidad. El Notario en
todo acto jurídico tiene que tener como premisa mayor la imparcialidad y a la justicia
como conclusión. La honestidad ha de ser requerida por el Notario en todo acto o
contrato, sin embargo para que esta se de, primero el Notario tiene que demostrarla a
los comparecientes.
El Código Penal establece en sus artículos 321 al 327 una serie de ciertos delitos que
puede realizar el Notario en el ejercicio de su profesión, estableciendo la pena principal
de prisión en la mayoría de estos delitos de dos a seis años. La mayoría de estos
delitos norman la falsedad de la autorización de actos.
Es de vital importancia que la conducta del Notario como auxiliar del juez inspire
confianza, ya que por elementos inherentes al cargo del Notario dejan a su cuidado
incidencias procesales que pertenecen a la justicia. El profesional del derecho como
auxiliar del juez redacta instrumentos que plasman, intervenciones, depósitos,
embargos, requerimientos de pago, notificaciones, etc., y estas incidencias son de
suma importancia para la concatenación de un proceso, ya que por la fe pública
delegada al Notario la mayoría de sus actos se tienen por aceptados, en consecuencia
brindan estabilidad al sistema de justicia.
Al auxiliar debe de exigírsele la moralidad en el mayor grado posible de sus actos y esta
ser la base para desempeñar dicha función, para lograr transmitir tranquilidad al sujeto
procesal que lo propuso, al tribunal que lo designó y a cualquier sujeto procesal llamado
a juicio.
Se demuestra por parte del auxiliar probidad en el sistema judicial, teniendo una
conducta intachable que será observada constantemente por jueces, colegas y
patrocinados. El profesional debe de procurar la probidad a efecto de que sea la
30 Los Principios de Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale.
Consulta 12 de Julio 2013.
42
principal justificación de la obtención y sostenimiento de la fe pública delegada por el
Estado.
Para con los colegas hablando del punto de vista económico sin olvidar la probidad e
igualdad, los auxiliares también se regirán conforme lo establecido en el título XV del
Código de Notariado y el Decreto 111-96 del Congreso de la República de Guatemala,
en el que se norma cual es el arancel de Notarios, abogados, árbitros, procuradores,
mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, por lo que si un Notario
esta obligado a cobrar conforme los rubros normados existiendo equidad con sus
colegas.
Otra claro ejemplo, en el que el Notario en su función de auxiliar judicial no aplica el
principio de probidad es al momento del diligenciamiento del acto encomendado, al
transferir la obligación a otra persona sin tener la facultad para hacerlo (entendiéndose
por otra persona un procurador, secretaria).
2.5.3 Principio de Decoro y Dignidad:
El decoro hace referencia a la imagen que el profesional tiende de si y la imagen que
proyecta en el desempeño de sus funciones. El Decoro hace honor, al respeto del
profesional.31
Desde la antigüedad se considera la profesión jurídica digna y sublime. El emperador
Cesar Flavio Justiniano, en el proemio del Digesto, pondera la dignidad y sublimidad de
la ciencia jurídica: “Entre todas las cosas no se halla ninguna tan digna de atención
como la autoridad de las leyes, la cual dispone bien las cosas divinas y humanas, y
excluye toda iniquidad.”
32
31
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 164.
32 Peréz Valera, Victor Manuel. Op. cit., Página 132.
43
Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, la Dignidad
es “la excelencia o mérito. Gravedad, decoro o decencia, un cargo honorifico. Es un
empleo que lleva aneja cierta autoridad”.33
La dignidad hace referencia al valor inherente al ser humano en cuanto ser racional,
dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus
vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad, mientras que el
principio del decoro hace referencia al honor, al respecto del profesional.34
Entonces se puede indicar que el decoro del profesional se refiere a la reputación
personal, así como al prestigio general de la profesión que se ejerce. Una actividad
puede ser lícita pero no decorosa.
Los principios de dignidad y del decoro hacen referencia a la distinción del profesional
en la sociedad. Es la imagen que proyecta en el desempeño de sus funciones. Sobre
todo hace referencia a la honorabilidad tanto profesional y como persona.
Ciertos Notarios no toman en cuenta los principios de decoro y dignidad, al momento de
autorizar y redactar los instrumentos públicos ya que cuando son nombrados como
auxiliar judicial (Notario Notificador) en los tribunales de la República de Guatemala se
efectúan notificaciones en lugares que anteriormente se ha establecido dentro del
proceso se encuentran deshabitados y así infinidad de vicios que muestran deficiencias
en el auxiliar judicial, como se ha hecho ver en ciertos procesos judiciales.
Sin embargo no se puede indicar que todos los auxiliares judiciales sean de un mismo
actuar, ya que existen Notarios que le hacen saber al tribunal o juzgado por el que
fueron nombrados que se abstienen de notificar por determinada razón. En este caso
cuando el auxiliar judicial, comunique al Juzgado de la imposibilidad de realizar el acto
encomendado, interrumpirá el proceso hasta que no se cumpla con la realización del
33
Dignidad. Diccionario Jurídico Elemental .Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Op. Cit., Pagina 130.
34 García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 164.
44
acto, por lo que la parte que propuso al Auxiliar Judicial presumirá deslealtad por parte
del Notario Notificador, sin embargo el auxiliar judicial demuestra valores inherentes a
su profesión que lo distingue como profesional digno e independiente.
Se exhorta entonces a todo auxiliar judicial especialmente al Notario que respete los
principios contemplados en la Constitución Política de la República de Guatemala de
derecho de defensa y debido proceso. Es importante que se comprenda que el actuar
con decoro y dignidad enaltece su persona, su profesión y sobre todo el sistema
judicial. Que toda actuación se realizará con justicia, que el auxiliar del Juez es una
herramienta básica para el sistema legal para la agilización de incidencias en las que el
juez no puede ocuparse por la intensidad y exceso de trabajo dentro de los tribunales.
Así también tomar en cuenta que el legislador confió y beneficio al Notario para la
realización de ciertos actos jurisdiccionales y como consecuencia dicho incidencias
deben ser desempeñados conforme la ley y conforme las partes procesales le requieren
y la sociedad le reclama.
Que la sociedad es incrédula de la justicia y que las actuaciones judiciales no se
refieren únicamente a las realizadas por el juez sino que por todas aquellas incidencias
que en su conjunto obran dentro de un proceso, en las que también existe participación
del Notario por lo que realizar con decoro y dignidad actos notariales judiciales
enaltecerá tan digna profesión y el Estado de Derecho.
2.5.4 Principio de Independencia:
Este principio establece que el Notario como auxiliar judicial no debe tener ninguna
interferencia externa sobre la actuación que éste realice, salvo los criterios
jurisdiccionales con los cuales el juez dictará las resoluciones que en derecho
corresponde.35 Debe de comportarse con absoluta imparcialidad e independencia,
35
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 165.
45
evitando toda influencia ajena, debe buscar una solución equilibrada e inequívoca que
tenga como único objetivo preservar la seguridad común de estas.36
El notario debe comportarse de forma imparcial e independiente en el ejercicio de su
profesión, evitando cualquier influencia de carácter personal en sus negocios y todas
las formas de discriminación vis-à-vis37 sus clientes.38 Sin embargo algunos tratadistas
han definido al Notario como testigo independiente, y alguna legislación como la
alemana, señala que el Notario, “no es representante de ninguna de las partes, sino
asesor independiente e imparcial de los otorgantes que acudan a él. Esa independencia
va unida esencialmente a su condición de funcionario público.39
El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, establece en el Código de Ética
Profesional un listado de los postulados que todo profesional del Derecho tiene que
tomar en cuenta y poner en práctica en el ejercicio de su profesión y entre ellos se
encuentra el de independencia.
La cualidad de independencia es la calidad o condición de autónomo que el Notario
goza; el Notario ha de realizar únicamente lo permitido, su actuación se basa en la ley.
El artículo 77 del Código de Notariado establece las prohibiciones del Notario, por lo
que las que no se encuentren establecidas en la ley, es lo que puede realizar
profesionalmente.
36
Carrera, Leandro Jose. Moral, Ética y Deontología Notarial. Universidad Notarial Argentina. Argentina
Noviembre 2010. Página 8
37 “Vis á vis” es una locución francesa que significa precisamente “cara a cara” o “frente a frente” y que es
sinónima de “tete a tete”. En antiguo francés, el “vis” era la cara por adaptación del participio latino
“visum” del verbo “virde” (ver).
38 Los Principios de la Deontología. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale. Fecha de
Consulta: 12 de Julio de 2013.
39 Delgado de Miguel, Juan Francisco. La Aprobación de los Principios de Deontología de la UINL.
Revista de la AEU. Tomo 94. Página 13. Diciembre 2008
46
El Notario no está subordinado en su actuar, la figura del Notario notificador, como
auxiliar judicial, es una de las más sencillas para explicar este principio. Establece el
artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil cuáles son las notificaciones
personales y el artículo 71 del mismo cuerpo legal la forma en las que se deben de
practicar las notificaciones personales.
Las notificaciones realizadas en un proceso judicial conforme el horario laboral del
Organismo Judicial se practican únicamente de ocho a quince treinta horas, sin
embargo en la actualidad es difícil que una persona se encuentre en su residencia en
dicho horario, por lo que realizar una notificación en tales circunstancias es poco
probable. Razón por la cual los sujetos procesales solicitan al auxiliar judicial para que
éste la efectúe sin importarle las normas jurídicas establecidas y mucho menos las
reglas éticas y deontológicas. Concluyendo nuevamente que el Notario en la práctica de
la diligencia no goza de independencia, así como la posible comisión de algún ilícito
penal, indicados anteriormente en el principio de probidad.
Este principio se relaciona con el principio de libertad profesional, coincidiendo ambos
en el hecho que, el Notario, no está sujeto, autoridad o jerarquía alguna.
2.5.5 Principio de Libertad Profesional:
La libertad profesional se refiere a la facultad que tiene el Notario o todo profesional, de
seleccionar a sus clientes y los actos que tiene que realizar, ya que es el único
responsable de sus actuaciones. Este principio está relacionado con el de
independencia y el de conciencia.40
La aceptación de su carga de trabajo implica la exigencia de que el notario se comporte
correctamente, respetando la libre elección de las partes y la competencia leal entre los
40
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Pagina 166.
47
notarios. El notario debe abstenerse de buscar clientes con medios distintos de su
propia capacidad profesional y, en cualquier caso, no se puede utilizar para la reducción
de las tasas o los proveedores de servicios y clientes, en general, otra falta de
conformidad con la dignidad y el honor de los instrumentos de la profesión.41
Es importante la decisión que el Notario tome al momento de realizar alguna función
notarial, ya que hay tareas más cómodas que otras, así como su remuneración es
distinta. Es decir no son los mismos honorarios por ser auxiliar judicial en un proceso
judicial, que mandatario judicial de una entidad importante en un proceso judicial. Así
también en cuanto los actos del auxiliar judicial no es la misma dedicación del Notario
en el diligenciamiento como Notario Notificador a la de interventor en determinada
empresa. Razón por la cual el profesional del derecho es libre elegir la función a realizar
y libre de pactar sus honorarios con quien solicite sus servicios, únicamente no pactar
menos de lo establecido en los aranceles, para no caer en la deslealtad con el gremio
de los Notarios. El Notario, debe tener en cuenta que no puede ser obligado a realizar
una función que él no desee o no considere justa.
El cargo del auxiliar judicial son labores que realiza el Notario y que corresponden ser
desempeñadas por el profesional del derecho que tenga una conducta y reputación
intachable, idónea, imparcial y con conocimientos y experiencias del ramo al que acude
de forma voluntaria como auxiliar judicial a cambio de la remuneración económica que
se solicita por el acto realizado.
41
Los Principios de Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale. Fecha de
48
2.5.6 Principio de Diligencia:
El principio de diligencia en el auxiliar judicial implica que el profesional del Derecho ha
de tener cuidado en la actividad que realice ya que al realizar con transparencia,
ligereza y apegada a derecho el acto encomendado, fortalecerá el sistema de justicia.42
Para obtener certeza jurídica las diligencias estas deben quedar plasmadas por escrito
para tener validez jurídica y si existiera falsedad sean impugnadas por medio de los
recursos idóneos establecidos en la ley. El Notario es el profesional por excelencia el
competente y quien conoce el derecho para darle forma a la voluntad de las partes y
satisfacer sus necesidades.
La seguridad jurídica abarca en todas sus formas una pluralidad de efectos, tal y como
recoge Canaris, entre los que se incluyen la cognoscibilidad y previsibilidad del
Derecho, la estabilidad y continuidad de las normas, la practicabilidad de la aplicación
de la ley… Pero la intervención notarial amplía el campo de la eficacia erga omnes de
los hechos de los que el Notario da Fe en el documento. La fecha del mismo, la
presencia de los otorgantes y la realidad de que las declaraciones se han hecho en su
presencia está plenamente amparado por la fe pública, de modo que solo mediando
querella da falsedad podrá destruirse dicha presunción. 43
En el desempeño de su función, el notario debe actuar de manera adecuada y
constructiva: informar y asesorar a las partes sobre las posibles consecuencias de la
provisión necesaria en todos los aspectos del procedimiento legal habitual él
encomendadas por la elección la escritura es más consistente con la forma jurídica de
las partes, la garantía de la legalidad y de su relevancia, proporcionando a las partes
Consulta 12 de Julio 2013.
42 García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Pagina 166
43 Delgado de Miguel, Juan Francisco. Loc. cit., Página 20
49
que soliciten y necesaria aclaración para asegurar el cumplimiento de la ley y de las
decisiones la conciencia de las partes de la validez jurídica del acto.44
El Código de Notario establece en sus artículos 29 y 31 las formalidades de los
documentos que autoriza el Notario. Si el Notario omite ciertas formalidades en los
instrumentos que autoriza, dichos documentos pueden demandar su nulidad y si fueren
formalidades no esenciales, provoca para el Notario multa de cinco a cincuenta
quetzales, tal como queda establecido en el artículo 33 del Código de Notariado. Para
evitar que el Notario incurra en una multa o en desprestigio como auxiliar judicial lo
compromete ha estar en constante estudio para la aplicación de su quehacer
profesional, para que los documentos que autorice surtan los efectos legales esperados
por las partes y la justicia.
2.5.7 Principio de Imparcialidad o Desinterés:
El derecho de todo litigante a que su causa sea resuelta por un tribunal imparcial, o la
necesidad de que el juez se sitúe como tercero valorando intereses ajenos, es algo que
no ofrece ninguna duda puesto que la imparcialidad, “ajenidad”, o desinterés objetivo
pertenece a la propia esencia de la función jurisdiccional. Por esta razón es lógico que
el mencionado derecho haya sido recogido en el Convenio de Roma de 1950.45
La imparcialidad judicial, se define como “ausencia de prejuicios o parcialidades”,
necesaria para logar “la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en
una sociedad democrática.” Por lo que la imparcialidad, suele distinguir un doble
alcance de la misma: uno subjetivo que se refiere a la convicción personal de un juez
44
Los Principios de la Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale.
Fecha de Consulta: 12 de Julio de 2013
45 Junoy, Joan Pico. La Imparcialidad Judicial y sus Garantías: La Abstención y Recusación. Editorial Bosch. Barcelona
España. Año 1998. Página 9
50
determinado respecto al caso concreto y a las partes, imparcialidad que debe ser
presumida salvo que se demuestre lo contrario; y otro objetivo, que incide sobre las
garantías suficientes que debe reunir el juzgador en su actuación respecto al objeto
mismo del proceso, presumiéndose la falta de imparcialidad si no concurren las
garantías constitucionales.46
Según, Guillermo Cabanellas de Torres la Imparcialidad es, “falta de designio
anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o cosas, de que resulta
poderse juzgar o proceder con rectitud. Esta definición, de la Academia de la lengua, ya
nos da a entender que la imparcialidad constituye la principal virtud de los jueces. La
parcialidad del juzgador, si es conocida, puede dar motivo a su recusación”.47 Esta
definición enfoca su definición en los jueces sin embargo para ser juez en Guatemala,
también se requiere la profesión de Notario por lo que aplica al auxiliar del juez este
valor, siendo para este autor el principal principio deontológico y sobre todo porque el
auxiliar judicial aunque su función no es la de juzgar si es su función realizar incidencias
que ayuden a la justicia.
En la entrega de su ministerio, el notario debe asegurar un equilibrio entre los diferentes
intereses de las partes, y debe encontrar una solución para el único fin de preservar la
seguridad de las partes conjunta legales.48
Este principio basa su interés en el hecho que el profesional del Derecho realice sus
actuaciones siempre de la misma manera. No mostrando ni mayor ni menor interés en
46
Junoy, Joan Pico. Op. cit. Página 9
47 Imparcialidad. Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Op. Cit., Página 195.
48 Los Principios de Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale. Fecha de
Consulta: 12 de julio de 2013.
51
un caso u otro. Todos son de igual importancia.49 Es por ello que en el Código de
Notariado, establece ciertas prohibiciones para que el Notario no realice determinadas
actividades, ya sea dentro de su oficina profesional o como auxiliar judicial.
Así también la ley para cuidar la imparcialidad del Notario prohíbe que él no pueda
autorizar actos jurídicos de sus parientes de consanguineidad establecidos en la ley,
entonces el auxiliar, cuando es nombrado para autorizar la escritura traslativa de
domino en los procesos ejecutivos en la vía de apremio, no puede ser el mismo
abogado que fue director y procurador de la parte ejecutante, toda vez que tendría
cierto interés en redactar el referido instrumento a favor de su cliente.
La parcialidad provocada por amistad o enemistad hacia los clientes, incentivos
monetarios, discriminación de cualquier clase, o por cualquier otro motivo, es
inexcusable, ya que no solo deteriora la imagen del notariado guatemalteco, sino que
lastima gravemente la estructura del orden jurídico al utilizarlo para lograr fines egoístas
y completamente ilícitos.50
Como se ha dicho y nuevamente se ejemplifica con la figura del Notario notificador
como auxiliar judicial, en lo que se refiere a las incidencias de las notificaciones en un
proceso, estas son de suma importancia ya que no puede iniciarse una etapa procesal
si los sujetos procesales no han sido notificados de la incidencia anterior. Las
situaciones ya mencionadas hacen que los sujetos procesales soliciten el
nombramiento de esta figura procesal para que continúen sus procesos con mayor
49
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 167.
50 Corzo, Sergio Fernando. "Decoro Profesional”. La ética profesional en el ejercicio de las profesiones del Derecho”.
Universidad Rafael Landivar, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cuaderno de estudio 48. Guatemala. Año 2004.
52
celeridad, he aquí la puesta en práctica del principio de imparcialidad que debe de tener
el auxiliar del juez, ya que no obstante pudiendo estar coaccionado para realizar a
conveniencia de un sujeto procesal determinado acto, el Notario pone en práctica la
imparcialidad juntamente con los principios de probidad, diligencia, decoro, etc., y no
realizar el acto a beneficio de la parte que lo propuso y que le cancela sus honorarios,
debiendo hacer saber al juez la coacción y si fuera un colega quien le realice
insinuaciones que afectan el sistema jurídico debe denunciarlo al tribunal del honor del
Colegio de Abogados y Notarios.
2.5.8 Principio de Secreto Profesional:
En la legislación guatemalteca, la revelación del secreto profesional constituye un
hecho delictivo. El derecho al secreto profesional no se traduce en un privilegio para el
profesional que recibe la confidencia, sino que apunta a preservar los derechos
fundamentales de la intimidad, la honra y al buen nombre de la persona confidente, la
estructura dinámica del secreto profesional es la de un derecho-deber, porque
salvaguarda el derecho al intimidad de la persona que se ve obligada a confiar al
profesional, que correlativamente, tiene el deber de protegerlo y no comunicarlo a
terceras personas, ni aún a las autoridades, tanto por el respeto al confidente como en
virtud del interés público en el correcto ejercicio de las profesiones. El ejercicio de los
profesionales del Derecho se encuentra sometido a la normativa legal y estatutaria, y a
los usos y buenas costumbres de dichos profesionales, las que constituyen normas que
condicionan e informan toda actuación.51
En el ejercicio de su actividad, el notario está obligado a respetar el secreto profesional
respecto a la materia de que haya tenido conocimiento en el curso de la intervención
51
Gudiel de Mancilla, Alba Elizabeth. “El Secreto Profesional en la Legislación Guatemalteca” Viaje al
Centro de la Axiología. Guatemala Septiembre año 2010. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Escuela de Estudio de Postgrado. Pagina 27.
53
que le haya sido solicitada, tanto a lo largo de su intervención como después. Asimismo
está obligado a vigilar y tratar de que esta prescripción sea respetada igualmente por
sus colaboradores y empleados. Solo está exceptuado de guardar el secreto
profesional por un deber de colaboración con la autoridad pública al que se encuentre
obligado en virtud de una norma específica o por una orden de la autoridad judicial o
administrativa, o en todo caso de la autoridad encargada de vigilar la transparencia de
las transacciones económicas.52
Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, el Secreto
Profesional lo define así: “Las leyes, en determinados casos, relevan a los
profesionales, para razones fundadas en la forma de haber sabido los hechos, del
deber de revelarlos aun tratándose de una investigación judicial; y más aún, sancionan
a quien descubre tales secretos. Se basa en que entonces se traicionaría al que hizo la
revelación, movido tan solo por la necesidad y ante la confianza de que el depositario
del secreto no revelaría sin su consentimiento o ejemplo”.53 Así como el cliente deposita
su confianza en el Notario, el profesional del Derecho también debe prometer su
confianza al usuario, por lo que deben existir canales de reciprocidad. El Notario como
auxiliar judicial también ha de transmitir confianza al sistema judicial.54
El notario está obligado al secreto profesional, tanto en sus servicios profesionales
como resultado. Del mismo modo, es necesario vigilar y actuar para que el abogado
también es respetado por sus colegas y empleados. Así también no está obligado a
guardar el secreto profesional sólo el deber de cooperar con la autoridad pública a la
que está vinculado en virtud de una norma específica o en virtud de una orden del
52
Carrera, Leandro Jose. Loc. cit., Pagina 9.
53 Secreto Profesional. “Diccionario Jurídico Elemental”, Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Op. Cit., Página 360.
54 García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 168.
54
tribunal o autoridad administrativa y sobre todo la responsabilidad de velar por la
transparencia de las transacciones de la autoridad económica.55
Se intenta con estos principios tres objetivos bien delimitados. Por un lado, ayudar de la
manera más eficaz posible a los notariados que carecen actualmente de normas de
deontología articuladas legalmente, de un fundamento expreso para las lagunas de su
legislación. En segundo lugar, servir de orientación a los notariados que se incorporen
en el futuro sobre el criterio que deben seguir en la elaboración de sus códigos
deontológicos, y finalmente, servir a todos los notarios de recordatorio constante acerca
de la vigencia inderogable de los criterios que siempre deben presidir el buen ejercicio
de la profesión notarial.56
Las atribuciones del Notario como auxiliar judicial consisten en la práctica de actos de
comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos), embargos,
lanzamientos y velar por la agilización de procesos en los órganos jurisdiccionales
especialmente los del ramo civil. Que las definiciones y comentarios acerca de la
deontología, deontología jurídica y los principios deontológicos, antes señalados deben
ser puestos en práctica por el auxiliar judicial con la finalidad de fortalecer la figura del
Notario como auxiliar judicial y el sistema de justicia y sobre todo ayudar al
descongestionamiento de procesos en los juzgados civiles. Los actos realizados por el
Auxiliar Judicial obligatoriamente han de realizarse en base a las normas establecidas,
con responsabilidad, buscando la justicia y así buscar la igualdad entre las partes.
55
Los Principios de Deontología Notarial. http://www.uinl.org/148/principes-de-deontologie-notariale. Fecha de
Consulta: 12 de julio de 2013.
56 Justo Cosala, Sebastián. Interpretación Iusfilosofica de los Principios Notariales. Revista telemática de Filosofía del
Derecho. Argentina Marzo 2008. Página 18.
55
El profesional en derecho, que además ha optado por ejercer una función pública de
manera privada, habilitándose como Notario, está en la obligación de ser humano y
como profesional, de ser consciente de las implicaciones legales y morales de su
actuar, de ejercer el derecho y el Notariado con miras a un fin. Un fin que dependerá de
su formación, de su integridad, de su madurez como ser humano y profesional57. Deben
ajustar su actuación a valores importantes como la honorabilidad, sinceridad, respeto,
responsabilidad y honestidad.
57
García Aguilar, Rodolfo. Loc. cit. Página 169.
56
CAPITULO III:
VALORES Y RECONOCIDA HONORABILIDAD
3.1 VALORES:
En este capítulo se explicará, los valores y la honorabilidad que debe de caracterizar al
Notario como auxiliar judicial.
Es del conocimiento general que existe una carencia de valores en la comunidad o
grupo al que se pertenece. Al cuestionar a las personas y solicitarse que expliquen
¿Qué es el valor?, se encuentra la problemática que no saben cómo explicarlo o
definirlo utilizando ciertos valores para dar su respuesta, ya sea que la persona tenga
un lenguaje limitado, coloquial, abundante o estilizado. Sin embargo dicha palabra
“valor” es utilizada en infinidad de charlas, cursos, talleres concluyendo que los valores
son las soluciones a los problemas sociales.
Cuando se piensa en la palabra valor, se infiere la idea de valores relacionados con la
estética, con el intelectualismo, los de placer, de fuerza, de agilidad, de la salud, los
económicos, de riqueza, el profesionalismo, etc., y en su gran mayoría sobre los valores
morales. Sin embargo es necesario indicar que así como existen los valores Morales
que perfeccionan al hombre, en su esencia como persona (justicia, prudencia, etc.), así
también existen valores sociales y estos perfeccionan al hombre en su relación con los
demás como el caso de la honestidad y la solidaridad. También encontramos los
valores intelectuales que desarrolla el hombre en sus actividades y pensamientos como
por ejemplo las ciencias y las artes. Por otro lado están los Valores técnicos que
perfeccionan al hombre ayudándolo a tener mejores condiciones de vida como el
trabajo, el estudio y la creatividad; y por ultimo están los valores Vitales que mejora al
hombre en su aspecto fisio-biológico como la fuerza y la agilidad. Es usual que se
57
contrapongan los valores, ya que es común expresarnos de la siguiente manera: “José
es ignorante, pero trabajador”; “Mario es listo, pero es muy cómodo”; “Jaime es rico y
liberal, pero está enfermo y solitario”. Otras veces se enlazan: “es un hombre justo y
cabal y muy generoso”; “es una muchacha alegre y hacendosa”. 58
En cuanto al Notario, también se podrían contraponer valores, por ejemplo: “Ese
Notario pide respeto al juez en las audiencias, pero es descortés con su contraparte”;
“El Notario como auxiliar judicial domina la labor a realizar, pero es inseguro en su
actuar”; “El Notario solicita puntualidad en las diligencias a sus clientes, pero es informal
al momento de entregar los avisos a las oficinas correspondientes”.
Con lo anteriormente indicado, se puede decir que los valores son cualidades. Entonces
se plantean las siguientes interrogantes ¿En qué consiste esta cualidad? Es un tema
difícil sobre el que los filósofos han elucubrado mucho y no siempre se llega a un punto
de vista análogo; desde los que separan ser y valor, hasta los que niegan toda
objetividad al valor. En el momento actual la tendencia lleva a no separar ser y valor,
sino en decir que el valor “es una cualidad que posee una cosa o persona y que se
manifiesta al actuar un sujeto”. En efecto, analizando un poco los hechos advertimos
que el valor es fruto de una síntesis nacida de una realidad objetiva y una subjetiva”.
Por lo tanto, los valores no son pura subjetividad, ni pura objetividad; son algo inherente
a cosas y personas, pero que solo se revela y se pone de manifiesto cuando se da en
síntesis.59
58
Roldan Rubin, Raúl. Ética, Moral y Valores. Guatemala. Litografía Foto y Publicaciones. Noviembre año 2008.
Página 85.
59 Ibid., Pagina. 86.
58
Los valores son una guía para el comportamiento diario del ser humano, son parte de
nuestra identidad como personas, y sirven para orientar el actuar de una manera
correcta en el hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana o en cualquier lugar en donde
uno se encuentre. Los valores sirven para qué el ser humano considere qué está bien o
que está mal, para conseguir satisfacción personal. Los valores se aprecian por que
valen. Son cualidades especiales a las que no se les encuentra otra justificación más
que las que se basan en ellos mismos y son cualidades irreales, no cualidades
psíquicas.60
Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y
aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo
aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el
bienestar o la felicidad.61
El filosofo Abraham Maslow62, indicaba en su trabajo de la pirámide de las necesidades,
que el ser humano actúa por motivaciones y estas se vuelven necesidades del sujeto.
Indica también que las motivaciones humanas están graduadas en forma de
escalonamiento que va desde las más elementales a las superiores. También los
valores se sitúan en un rango: unos son inferiores otros superiores. Como el valor tiene
además del aspecto objetivo (o soporte) el subjetivo (relación con la persona), es
normal que la cuestión del rango no sea algo fijo y absoluto; al contrario, normalmente
60
Barrientos Rendon, Claudia Esther. “Los Valores según Max Scheler” Viaje al Centro de la Axiología.
Guatemala Septiembre año 2010. Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de Estudio de
Postgrado. Pagina 27.
61 El Valor de los Valores. Jiménez, Juan Carlos. El Valor de los Valores. Noviembre 2008.
www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.htlm. Fecha de Consulta, Noviembre 2012.
62 Psicólogo de Estados Unidos de América (1908-1970) conocido como uno de los fundadores y
principales exponentes de la psicología humanística. El desarrollo teórico mas conocido es la “Pirámide
de las Necesidades”, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas.
59
sufrirá variaciones. Así hay quien pondrá por delante los valores intelectuales sobre los
valores físicos, otros pondrán en la cima los valores morales y solo luego los sociales,
etc. Por eso es que existe una variación en la jerarquización.63
Como se dijo anteriormente, en toda charla, plática o exposición acerca de los valores,
esta concluye en valores morales y a continuación se da una descripción de las
características de dichos valores, indicados por el filósofo y teólogo Dietrich Von
Hildebrand:64
Propios de las Personas: Son estéticos e intelectuales.
Implican libertad-responsabilidad: El hombre es responsable de ellos y esa
responsabilidad, implica libertad.
Son indispensables: Todo ser humano debe poseerlos, no por ser de una
determinada profesión, debe llevar únicamente determinados valores aparejados
a su profesión, sino que todos en su conjunto.
Relación con la recompensa-castigo: Nuestro actuar debe ser moral, la acción
debe ir alejada a una recompensa o un castigo. Es decir cuando la persona
actúa por valores morales no lo hace por determinada recompensa sino que, al
contrario, debe realizarse para sentirse bien con las decisiones tomadas.
Mejor sufrir la injusticia que cometerla: Sócrates intuyó que se puede sacrificar la
propia vida en aras de los valores morales.
Se Interrelacionan: El valor moral tiene una función de mediación entre los
valores religiosos y cualquier otro valor.
63
Roldan Rubin, Raúl. Loc. cit., Pagina 89
64 Roldan Rubin, Raúl. Loc. cit. Página 91
60
Encauza nuestra realización: El valor moral condiciona a la persona en su
realización, En es ese sentido que los valores morales encauzan la realización
de la existencia.
Es con base a estas características enumeradas que se puede crear una lista de
valores del Notario como auxiliar Judicial. Sin embargo no se puede proporcionar una
cantidad de valores para que sean leídos, vistos o tomados en cuenta por los
profesionales del Derecho. Es requisito indispensable, antes de establecerlos, que los
valores se pongan en práctica por los Notarios para que sean conocidos por todos y
cada uno de los profesionales. Así también, que todo Notario este de acuerdo con su
significado y entienda la naturaleza de cada valor, para una mejor comprensión.
Como se indica en el párrafo anterior, para enlistar los valores del Notario como auxiliar
judicial es necesario que se trabajen y sean puestos en práctica por los profesionales
que pertenecen al gremio del Notariado toda vez que si se unen, logran de una mejor
manera los objetivos, por el acuerdo que existiría.
3.2 VALORES DEL NOTARIO COMO AUXILIAR JUDICIAL
¿Cuál es la importancia de los valores del Notario como auxiliar judicial?
En toda organización social, grupo, gremio, etc., son establecidos valores para que sus
miembros se relacionen de una manera armónica. Los valores inciden en la
organización, desarrollo y convivencia de sus integrantes, para que así cada sujeto
logre sus objetivos. Si no existieran valores no se pueden definir las acciones,
conductas y actitudes esperadas por los Notarios quienes en algunos casos como ha
quedado ya plasmado, son nombrados como auxiliares de la justicia. Los valores son
importantes y valiosos ya que sin ellos no se consigue la unidad y no se logra la
imparcialidad y la búsqueda de la justicia, fines del Derecho entre otros. Por lo que los
Notarios que aceptan ser auxiliares judiciales deben de compartir y poner en práctica
61
los mismos valores y sobre todo los postulados y normas establecidas en los distintos
códigos de ética.
Los valores de primera línea que debe de poseer todo auxiliar son los de honorabilidad,
sinceridad, respeto, responsabilidad y el de honestidad, que aunque parecieran
sinónimos son diferentes. Si se aplican estos principios en el actuar de todo profesional,
ayudará a la sociedad a resolver conflictos de una manera ágil y eficaz, toda vez que el
profesional del derecho se desenvolverá con rectitud, honradez y ética.
La razón de ser de la importancia de los valores del Notario como Auxiliar Judicial,
estriba en el hecho que por la ausencia de valores morales dentro del gremio del
Notariado, es que es mal vista la figura procesal del auxiliar judicial, dentro de la
sociedad. Al existir indiferencia de valores como de diligenciamiento, responsabilidad,
probidad, etc., por los auxiliares, posteriormente se presentan un sin fin de acciones
constitucionales de amparo, en las que se señala como agravio actuaciones realizadas
Notarios en su función de auxiliares judiciales, tal como puede observarse en
sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, (ver apartado de anexos). En los
casos que mejor pueden ejemplificarse son en los procesos de Ejecución de Vía de
Apremio y Sumarios de Desahucio, procesos en los que se disputa la propiedad y en
donde más participan los auxiliares judiciales. Para los abogados litigantes es más fácil
e idóneo impugnar una actuación judicial efectuada por un auxiliar judicial que la
realizada directamente por un órgano competente, dilatando de esta forma un proceso
judicial. Es decir la fe pública65, que se ha mencionado en este trabajo de tesis y que
65 En tesis general, la más fundada y prevaleciente noción de fe –inspirada en la ética y la moral- es
aquella que le atribuye el sentido de creencia. En torno al concepto de fe, y de su derivado más concreto,
la fe pública, se han hecho muchas más estimaciones. (Azpeita Esteban) Ha dicho que “la fe pública ni es
convicción ni es creencia sino imposición que coactivamente obliga a todos para estimar como
autenticidad y verdad oficial lo que ella ampara”. MENGUAL Y MENGUAL auspició una definición de fe
pública diciendo que es el asentimiento que con “carácter” de verdad y certeza se presta a lo manifestado
por aquellos a quienes el poder público reviste de autoridad asignándole una función. GIMENEZ ARNAU
62
ostenta el Notario se ha vuelto el agravio idóneo para ser impugnado en una acción
constitucional de amparo.
Es importante que el Notario como auxiliar Judicial no ponga en práctica la frase de
Maquiavelo “El fin justifica los medios”, es decir dar más importancia a la retribución
económica que al bienestar social y debido proceso. El Notario como auxiliar judicial
debe tener presente que él es el profesional del Derecho, encargado de una función
pública, que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes,
redactando los instrumentos adecuados, dándoles autenticidad, conservando los
originales para expedir copias que den fe de su contenido. Como ya se indico la Fe
Pública no es más que la presunción de veracidad de los actos autorizados por el
Notario. Es en base a esto que el auxiliar judicial debe circunscribirse a lo establecidos
en las normas legales así como a los valores y principios éticos esenciales de la
Administración de Justicia y a los postulados establecidos en las Normas Éticas del
Organismo Judicial y el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala, respectivamente.
Los valores del Notario se tornan de suma importancia y deben ser compartidos por
todos los notarios de la misma manera; el Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala en su sitio web establece que su Misión, es: “garantizar que los
profesionales del derecho y afines ejerzan su profesión con estricto apego a la
Constitución, con justicia, equidad, responsabilidad y ética, para lo cual promoveremos
actualización y proyección social”, es por ello que dicha institución debe obligarse a la
difusión y aplicación de valores generales.
sostiene que el “carácter” jurídico de la fe imprime autenticidad al hecho o acto sometido a su amparo; de
ahí que la fe pública irradie efectos excepcionales.
63
Si, los Notarios, quienes tienen gran importancia y relevancia a nivel nacional, por la
profesión que ejercen, son conscientes en su ejercicio profesional, tendrán una
satisfacción personal y social-económica y como consecuencia, su actuación
repercutirá en la sociedad dando credibilidad al sector justicia.
Ha de advertirse que es de beneficio estatal la aplicación, enseñanza y difusión de los
valores morales que al ser compartidos y puestos en práctica a través del
comportamiento cotidiano de todos sus integrantes, existirá uniformidad en los valores y
hará que el sistema de justicia sea pronta, eficaz y cumplida logrando el cumplimiento
de uno de los fines del Estado que es el bien común. Al practicar voluntariamente los
valores el auxiliar, producirá satisfacción personal y social cumpliendo de esta forma
una de las características que se mencionaron anteriormente, en las que en el acto
realizado no busca recompensa ni sanción alguna.
Es por ello que se requiere que el cargo de Notario como auxiliar judicial debe ser
independiente del sujeto procesal que así desee requerirlo y poner en práctica los
principios deontológicos indicados en el capitulo dos del presente trabajo de tesis. Al
gozar de independencia, podrá realizar su trabajo conforme a la ley y así únicamente
tendrá como premisa los derechos de defensa y debido proceso, de cualquier sujeto
procesal. Al tener la independencia necesaria, el Notario tiene ante la sociedad una
honorabilidad y respeto que lo mantiene alejado de la corrupción.
Una simple forma para que el Notario no tenga una relación tan cercana con los sujetos
procesales, es que la parte que desee que se nombre a un Notario como auxiliar
judicial, lo solicite como se hace en la actualidad al juez competente, con la diferencia
que no pondrá en dicho escrito nombre alguno de un determinado Notario. El juez
solicitará una terna o nomina de Notarios que deseen ser auxiliares judiciales y que
deberá de tener actualizada la Corte Suprema de Justicia o el Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala, para que por medio de una notificación personal o electrónica,
64
se le indique que debe presentarse en determinado plazo al juzgado que lo requiere
para su aceptación y el discernimiento del cargo en él recaído.
Este trámite no debe de ser lento y burocrático, sino más bien ágil y preventivo, toda
vez que pueden omitirse incidencias como el discernimiento del cargo, ya que existirá
un archivo de datos personales del auxiliar. Además el Notario actuará conforme
principios éticos y valores morales, por no tener contacto con los sujetos procesales y
como consecuencia no existirían incidentes o Amparos presentados por sujetos
procesales en los que el acto reclamado sean actuaciones notariales, que hayan sido
delegadas por juez competente en los juzgados civiles. Aunado a que el Notario que así
lo desee solicitara a la Corte Suprema de Justicia o Colegio de Abogados y Notarios
pertenecer a la nomina de Auxiliares Judiciales, de esta forma el cargo que se
desempeñaría no será impositivo sino que voluntario.
3.3 LA HONORABILIDAD DEL AUXILIAR JUDICIAL
Es importante mencionar que en la actualidad la palabra “honorabilidad” es requisito
esencial para optar a cualquier cargo público en cualquier institución, así como exigida
por las sociedades civiles o está normada en alguna nueva ley o reglamento.
Al discutir el tema de la honorabilidad surgen conflictos y no precisamente sobre la
honorabilidad del sujeto, sino quien es la persona o que documento puede acreditar la
honorabilidad de dicho individuo, en el tema que nos ocupa el Notario. En la figura del
auxiliar judicial en el Código Procesal Civil y Mercantil, articulo 33 capítulo II no se
menciona como requisito que el auxiliar sea honorable, sin embargo habría que pensar
en la coyuntura social de cuando fue creado dicho cuerpo legal, en el que seguramente
se concluirá que fue por los valores y la cantidad de Notarios que existían en esa
época.
65
Ser honorable, ¿Qué significa? Pues que es el digno de ser honrado. Honrado es el que
procede con honradez, es decir la rectitud de ánimo; es la integridad de obrar. Es como
diría, Ángel Osorio en el primer mandamiento de su “El Alma de la Toga”; el que nunca
pasa por un estado de conciencia. ¿Y reconocer qué significa? Pues, ni más ni menos,
que examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y
circunstancias. Reconocer a alguien como honorable, es entender que obra de manera
independiente e imparcial: que no tiene nada más que rendirle a su propia conciencia.66
Es imperativo que el auxiliar judicial, sea una persona honorable, ya que el profesional
del derecho en forma parcial se convierte en parte de un tribunal, y que por ser uno de
los fines de un tribunal o un juzgado impartir justicia y velar por un debido proceso, es
que se requiere que la persona nombrada como auxiliar judicial, en este caso un
Notario, desempeñe su labor con probidad, decoro, profesionalismo, dignidad, respeto,
con rectitud, con decencia y cualquier otra atribución que califique a dicha persona en
los futuros actos como honorable.
Entonces la reconocida honorabilidad lleva inherente dos requisitos: El primero, muy
intrínseco y estimativo, y el segundo más bien extrínseco. Ese primer requisito es el ser
virtuoso, el ser justo. El segundo, es haber demostrado mediante una clara vocación de
servicio, que se es así. Y ese reconocimiento público no viene dado por requisitos de
cantidad sino más bien de calidad. Generalmente, ese reconocimiento se asocia con el
pasar del tiempo, como en el caso de buen vino. Pero también puede ser que alguien
lleve tan solo unos años desempeñándose en lo que hace, y tenga mucho mas
reconocimiento que alguien que lleva toda una vida haciendo lo mismo. El calificativo de
“reconocida” es tan solo entonces, el poder sentir seguridad, para parte de quien
examina y busca esa característica o naturaleza en alguien, que efectivamente tiene.67
66
Castellanos Howell, Alvaro. “La Reconocida Honorabilidad”. La aspiración por el Derecho. Guatemala
Noviembre 2010. Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuela de Estudio de Postgrado. Doctorado
en Derecho. Pagina 33.
67 Ibid., Pagina 34
66
Con base en lo indicado por el Abogado y Notario Álvaro Castellanos Howell, la
honorabilidad es un valor, no es requisito que pueda ser probado, es decir, ningún
dirigente de cualquier religión, ningún psicólogo, ninguna persona puede certificar la
honorabilidad de alguien más, ni mucho menos tachar de no honorable a una persona
con simples acusaciones sin prueba alguna. La honorabilidad solo puede ser aprobada
por la sociedad, aclarando que la sociedad no es un grupo de personas quienes dicen
ser representantes de la sociedad civil68. En el caso del auxiliar judicial, la honorabilidad
se expresará al momento de realizar el acto encomendado sobreponiendo la
imparcialidad e independencia, así como evitar coacciones de algún sujeto procesal o
abogado litigante. Dicha honorabilidad, debe reflejarse desde que le comunican si
desea ser parte de un tribunal momentáneamente como dicha figura procesal así como
en su primera comparecencia y le es discernido su cargo y debe ser expuesta desde
que recibe los documentos para el diligenciamiento de la orden emanada por el juez. El
honor del Notario es reconocido al momento en que la fe pública fue debidamente
respetada por el profesional del derecho. El Honor se gana cuando se trabaja con
verdad y justicia.
Al Notario como auxiliar judicial, se le debe de exhortar que respete el derecho de las
partes y el debido proceso. Él tiene en su poder la práctica o realización de una
actuación judicial que repercutirá en el derecho de defensa de un sujeto procesal. El
auxiliar debe de entender que detrás de una remuneración económica, está el servir al
pueblo, la lealtad, la imparcialidad y la búsqueda de la justicia. Que su nombre y
apellido el cual delegara a sus descendientes debe de ser respetado y cuidado.
Por lo que todo Notario que pretenda ocupar un cargo público ya sea por designación,
nominación o elección, tanto en la administración pública o privada debe prever que
será exigida su honorabilidad.
68
Ibid., Pagina 34
67
CAPITULO IV
CAPITULO FINAL
PRESENTACION, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
La finalidad del presente trabajo de investigación, consiste en determinar si los Notarios
como auxiliares judiciales cumplen el día de hoy con su función dentro de los tribunales
de Primera Instancia Civil de Guatemala, atendiendo a los intereses del sector justicia y
de los sujetos procesales. Siempre y cuando velen por la Justicia, conforme los
artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Con el propósito de obtener información acerca de la función del Notario como Auxiliar
Judicial, fueron elaboradas trece preguntas que fueron dirigidas a los Jueces de
Primera Instancia del Ramo Civil en las que se dio importancia a la Deontología, a la
Ética y a Valores como la imparcialidad y honorabilidad. Las preguntas fueron
elaboradas para que los entrevistados emitieran su opinión para confirmar el
planteamiento de las preguntas de investigación que son:
¿Cuál es el procedimiento idóneo por el que debe ser requerido y nombrado el Notario
como auxiliar judicial?
¿Cómo aplica el Notario como auxiliar judicial la deontológica jurídica?;
¿Cuál es el papel del Notario como auxiliar judicial desde el enfoque del postulado de la
imparcialidad?;
¿Cuál es la influencia que el Notario ejerce en los actos que se le han encomendado,
dentro de los procesos judiciales?
El objetivo específico es determinar la función del Notario como auxiliar judicial, desde
el punto de vista deontológico, así como establecer los principios y valores que rigen en
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su actuar, para así determinar la certeza y validez jurídica de los actos en que
intervienen.
Como se indicó en el capitulo dos del presente trabajo, la figura del auxiliar judicial fue
creada con el fin de ayudar y agilizar ciertos trámites o diligencias en los tribunales de
justicia.
Dentro del grupo de auxiliares judiciales se encuentra el Notario, quien ostenta por
delegación del Estado Fe Pública lo que implica que se tengan por ciertos todos los
documentos autorizados por este profesional, siempre y cuando no sean redargüidos
de nulidad y sean declarados nulos por juez competente.
El artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil regula las actuaciones del Notario
como auxiliar judicial, no existiendo ningún manual de procedimiento para realizar
dichos actos, únicamente leyes conexas que debe integrar el Notario para la realización
de tal acto jurídico, y muchas veces no se observan las normativas referentes a la ética.
Primera Pregunta: De los cargos que ejerce el Notario como auxiliar judicial,
¿Cuáles conoce usted?
El 100% de los entrevistados nombraron el de Notario Notificador y el de Ministro
Ejecutor, y en un menor número Notario Partidor.
Segunda Pregunta: ¿Cuál es el cargo que más le solicitan en su judicatura, para
que un Notario se nombrado como auxiliar judicial?
El 100% de los entrevistados manifestaron que es el del Notario Notificador y
esta figura es por la cantidad de juicios que se tramitan en un juzgado de
Primera Instancia del Ramo Civil referentes a bancos y en estos procedimientos
es difícil notificar en el lugar contractual al demandado.
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Del análisis obtenido en estas dos interrogantes se establece que la figura del Notario
como auxiliar judicial que más se utiliza y solicita por los litigantes para la agilización de
los procesos civiles es la de Notario Notificador. Esto debido a que en los juzgados de
primera instancia civil los asuntos que se ventilan en mayor número son las demandas
por falta de pago, ya sean las deudas hipotecarias o sumarios mercantiles por deudas
en las tarjetas de crédito. A dichas entidades les interesa recobrar dichos créditos, por
lo que utilizan dicha figura procesal para apresurar sus demandas. En virtud que los
ejecutados o demandados son de un estrato social medio que no poseen los recursos
para defenderse en juicio, el juez debe ser contralor de todas la actividades que
realicen los auxiliares aplicando la imparcialidad y la justicia en cada incidencia del
proceso, a efecto de no dejar en estado de indefensión o atentar el derecho de defensa
de los demandados.
Tercera Pregunta: ¿Qué entiende usted por Deontología Jurídica?
El 85% por ciento de los entrevistados dieron una acertada definición de lo que
es la deontología jurídica. El otro 15% confundió a la deontología con la ética y la
moral.
La presente interrogante fue formulada a efecto de establecer cuál es el conocimiento
que tienen los juzgadores sobre la Deontología. En la que se indicó que en los últimos
años la Cooperación Española y el Organismo Judicial se han preocupado por impartir
cursos relacionados con la ética y la Deontología. Sin embargo se establece que el
conocimiento de los jueces sobre estos temas es secundario ya que se preocupan
únicamente de interpretar las normas y agilizar el exceso de trabajo que tienen en cada
judicatura. Además se confirma la problemática de la aplicación de la Deontología en
nuestro sistema de justicia ya que si el Juez no tiene el conocimiento sobre dicho tema,
es poco probable que sea exigido por algunos de ellos a los sujetos procesales en su
judicatura.
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que los actos que se le encomienda al
Notario los realiza conforme los principios éticos establecidos en el Código de
Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala? Si No ¿Por qué?
El 50% de los entrevistados indicaron que se presume que los Notarios realizan
la función de auxiliar judicial conforme los principios establecidos en el Código de
Ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por ser conocedores
del Derecho.
Un 25% estableció que no se puede generalizar sobre si los Notarios cumplen o
no esta función conforme los principios arriba identificados. Porque se ha podido
establecer que ciertos Notarios son diligentes en cuanto a sus actuaciones
judiciales y en otros se comprueba en juicios posteriores que dieron mal uso a la
Fe Pública que ostentan.
El otro 25% indico que no cumplen con los principios éticos, que muchos notarios
son pocos éticos y responsables.
Esta interrogante deja varios aspectos a comentar. El primero se comprueba y
manifiesta por parte de los encuestados que por la Fe Pública que ostentan los Notarios
se presumen que los auxiliares judiciales realizan el acto encomendado conforme los
principios éticos establecidos en el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala, cuando los jueces por lo contrario deberían de tener la certeza que los
auxiliares judiciales que ayudan a conocer la verdad y a dictar fallos justos realizan sus
actos conforme las normas éticas establecidas.
Otro veinticinco por ciento de los entrevistados indicó que no se puede generalizar
sobre la actuación del Notario como auxiliar judicial ya que en juicios posteriores como
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amparos o incidentes se comprueba la falta de requisitos formales en la realización de
los actos autorizados por Notario o peor aun falsedades en el acto encomendado.
Los restantes encuestados manifestaron que ciertos Notarios no actúan con
responsabilidad y diligencia necesaria en las incidencias encomendadas. Que por el
exceso de trabajo y por no tener las pruebas necesarias para probar la falsedad del
acto autorizado y realizado por el auxiliar judicial únicamente solicitan la ratificación del
documento o la realización nuevamente del acto encomendado.
Por lo que se comprueba que ciertos Notarios que actúan como auxiliar judicial no
realizan sus actos de conformidad con la ley y mucho menos con apoyo de las normas
éticas establecidas en dicho cuerpo legal. No profundizando los encuestados en sus
respuestas cual es la razón por la que los Notarios como auxiliares judiciales no se
apoyan en dicho cuerpo legal. Lo que se puede presumir es que los Notarios son objeto
de presiones por parte de la parte procesal que los propone o restan importancia al acto
encomendado.
Quinta Pregunta: ¿Cree necesaria la existencia de reglas, que establezcan la
forma, en la que los Notarios deben realizar los actos como auxiliares judiciales?
Si No ¿Por qué?
El 30% de los entrevistados estableció que no es necesaria la creación de
normas para regular la actividad como auxiliar judicial. Porque existen
regulaciones ya establecidas y que los Notarios son los encargados de
encuadrarlas a sus actos.
El otro 70% de los entrevistados indicó que sí es necesario toda vez que con
lineamientos claramente establecidos ayudarían a tener certeza en sus
actuaciones y no dejar duda de lo realizado por los Notarios.
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Con las dos interrogantes anteriores se establece que los jueces prefieren que los
auxiliares judiciales obtengan un manual o directrices para realizar el acto
encomendado. Que es viable y existiría más confiabilidad y certeza jurídica si los
Notarios no fueren propuestos por el sujeto procesal ya que en la actualidad existe
incertidumbre si fueron realizados los actos de conformidad con la ley. No obstante las
normas éticas y procesales dan los mecanismos idóneos para realizar la función judicial
los valores y principios éticos no son puestos en práctica por el Notario.
Sexta Pregunta: ¿Cree usted que es adecuado que el abogado que auxilia a una
de las partes sea quien deba proponer al Notario como auxiliar del juez? Si No
¿Por qué?
El 50% de los entrevistados indicó que sí es adecuado porque el Notario debe
realizar su actuación conforme el Código de Ética y normas procesales.
El otro 50% de los entrevistados indicó que no es adecuado. Que debiera de
existir una institución que designe a los auxiliares judiciales para que a estos se
les llame y así gozar de una verdadera independencia judicial. Que el Notario en
el desempeño de su cargo es parte del tribunal y no es correcto que una de las
partes pueda tener privilegios sobre los demás.
Como se puede apreciar, la mitad de los entrevistados está conforme en la actualidad
con la forma como se designa y desarrolla la figura del Notario como auxiliar judicial.
Sin embargo el otro cincuenta por ciento considera que no es lo idóneo en cómo se
propone. Al revisar preguntas anteriores se llega a la conclusión que el juez no confía
en un alto porcentaje en la actuación de los auxiliares judiciales. Con este resultado se
confirma la pregunta principal de investigación respecto a ¿Cuál es el procedimiento
idóneo por el que debe ser requerido y nombrado el Notario como auxiliar judicial?, en
el sentido que se deben de crear procedimientos alternos para el nombramiento del
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Notario como auxiliar del juez, a efecto que sean auxiliares independientes, imparciales
que brinden certeza en el sistema de justicia.
Séptima Pregunta: Los actos que el Notario ejecuta como auxiliar judicial,
¿Pueden ser impugnados por el juez o una de las partes? Si No ¿Por qué?
El 75% de los entrevistados indicó que sí, ya que si es notorio el defecto, la
actuación del Notario puede dejar sin valor y efecto legal. Sin embargo si es
defecto de fondo son las partes los únicos legitimados para impugnar dicha
actuación judicial.
El otro 25% indicó que no, ya que está en las partes interponer las defensas
instauradas en la ley.
Un porcentaje alto de los entrevistados consideran que pueden ser dejados sin efecto ni
valor legal la diligencias efectuadas por el auxiliar judicial y se tendrían por no
realizadas las diligencias encomendadas, siempre y cuando sean cuestiones de forma.
En cuanto a cuestiones de fondo consideran que por la Fe Pública que ostentan los
Notarios por delegación del Estado no están legitimados los jueces para impugnarlas ya
que no se puede ser juez y parte en los procesos, por lo que se cree que existe una
confusión entre imparcialidad y contralor del órgano jurisdiccional.
Octava Pregunta: ¿Puede el notario como auxiliar judicial excusarse o renunciar
al cargo en el recaído? Si No ¿Por qué?
El 100% de los entrevistados estableció que si puede excusarse o renunciar a
dicho cargo. Ciertos entrevistados manifestaron que por analogía debería de
aplicarse lo establecido en la Ley del Organismo Judicial. Otros entrevistados
indicaron que el Notario esta facultado para prestar sus servicios profesionales a
quien el desee. Otros entrevistados indicaron que en caso de no ser posible dar
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el cumplimiento a la función delegada por el juzgado, el Notario debe hacerlo
saber y renunciar a dicho cargo.
Con estas interrogantes se demuestra que los juzgadores tendrían por aceptada la
excusa o renuncia del Notario nombrado como auxiliar judicial aplicando por analogía
las circunstancias establecidas en la Ley del Organismo Judicial. Por lo que el auxiliar al
sentir manipulación o influencia a favor de algún sujeto procesal puede hacerlo saber al
tribunal y por supuesto si fuera un Notario o Abogado en su caso del interesado,
hacerlo saber al tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Novena Pregunta: ¿Para desempeñar el cargo de auxiliar judicial del juez debe
prohibírsele al Notario la comunicación con la parte que lo propuso? Si No
¿Por qué?
El 50% de los entrevistados manifestó que sí porque el Notario realiza la
actuación judicial con interés para quien paga sus honorarios.
El 50% de los entrevistados indicó que no por que lo resuelto por el juez no
incide con lo actuado por el Notario. Así como las partes pueden indicar al
Notario ciertas incidencias que el desconoce.
Esta interrogante tiene relación con la sexta y octava pregunta. Manifiestan la mitad de
los encuestados que el auxiliar del juez que quien es nombrado para auxiliar judicial en
muchos casos realiza su función acorde a los intereses del sujeto procesal y no a los
intereses del expediente judicial ya que la persona que pidió su intervención le
cancelará sus honorarios.
El otro cincuenta por ciento manifestó que no puede prohibírsele la comunicación con la
parte que lo propuso ya que no incide su actuación con la administración de justicia. Sin
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embargo con lo visto en los procesos judiciales una notificación practicada con vicios
perjudica el derecho de defensa del otro sujeto procesal, en consecuencia vulnera el
sistema de justicia. Aquí la importancia que todo Notario como auxiliar judicial encuadre
su actuación en el plano deontológico poniendo en práctica los valores éticos y morales.
Decima pregunta: ¿Considera usted adecuado que la primera notificación de un
proceso de ejecución o sumario la realice un Notario como auxiliar judicial? Si
No ¿Por qué?
El 75% de los entrevistados estableció que no es adecuado en virtud que para
tener certeza de haber efectuado la notificación de conformidad con la ley debe
de realizarla el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia o
realizarla por despacho o exhorto.
El 25% de los entrevistados indicó que solo si se han cumplido otras formas de
notificación y estas han sido infructuosas.
La respuesta a esta pregunta demuestra que los Juzgadores prefieren en el cien por
ciento de los casos que las primeras notificaciones sean realizadas por los auxiliares
judiciales permanentes de cada judicatura (Notificadores del Centro de Servicios
Auxiliares de la Administración de Justicia o por Despacho), en virtud que es difícil que
estas personas tengan un interés real y directo. Salvo que conste en el proceso que por
alguna razón no pueda realizarse por los canales directos que tiene el sistema de
justicia.
Considero que la principal razón por la que el Juez no delegaría en el Notario como
auxiliar judicial dicha intervención desde el inicio del proceso es para que exista una
mayor seguridad que el demandado o la contraparte se enterara de la acción civil que
es planteada en su contra. Notando por parte del juez desconfianza en el auxiliar
judicial.
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Décima Primera pregunta: ¿Débe ser el Notario en su función de auxiliar judicial
de reconocida honorabilidad? Si No ¿Por qué?
El 100% de los entrevistados establecieron que sí, aunque no está en el
Juzgador establecer si el Notario nombrado como auxiliar judicial es de
reconocida honorabilidad. Que dicha honorabilidad se presume más no les
compete a ellos examinarla.
Al suponerse por parte de los entrevistados la honorabilidad del Notario como auxiliar
judicial, se debiera concluir que los actos autorizados fueron redactados y realizados de
conformidad con la ley. Sin embargo en anteriores interrogantes quedó establecido que
ciertos Notarios dejan ser influenciados por sujetos procesales para que actúen a
conveniencia de ellos. Por lo que se requiere que los Notarios sean honorables tanto en
su labor de auxiliar judicial como fuera de ella y que se comprometan con el sector
justicia al momento de ser asignados como colaborador del juez.
Décima Segunda pregunta: ¿Cuál cree usted que es la razón por la que surge la
necesidad de la figura del auxiliar judicial en el Código Procesal Civil y Mercantil?
Los entrevistados indican que es con el fin de agilizar los procesos. Así como por
la insuficiencia de personal en los tribunales de la República de Guatemala.
De este resultado se puede determinar que el cien por ciento de los entrevistados
coinciden que dicha figura procesal únicamente agilizan procesos judiciales, sin
embargo los juzgadores también consideran que en el momento actual que se vive en
nuestro país de inseguridad jurídica y falta de valores éticos y morales en el aparato de
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justicia, la manera más eficaz de realizar actos jurisdiccionales es por medio del
personal interno. Ya que sobre ellos existe un control interno y directo.
Décima tercera Pregunta: ¿Cree usted que el Notario como auxiliar judicial es
imparcial y actúa con apego a la ley? Si No
El 75% de los entrevistados indicaron que deberían de serlo aunque en el
ejercicio de su cargo han declarado muchos actos nulos, por carecer de esa
imparcialidad.
El 25% de los manifestaron que los auxiliares si actúan con imparcialidad y
apego a la ley.
El Notario como auxiliar judicial debiera ser una persona imparcial y apasionada por la
justicia. Debe prestar la diligencia necesaria en sus actuaciones para fomentar el
estado de Derecho. El auxiliar no puede realizar actos contrarios a la ley, por lo que las
actuaciones han de realizarse conforme las normas éticas establecidas y tener claro
que dicha figura procesal fue creada con el ánimo de celeridad en actuaciones
judiciales en las que el juez no podía intervenir, por lo que como caso excepcional se le
delega la justicia y actos judiciales.
Con el presente trabajo de tesis, se evidencia la amplia legislación guatemalteca que
nos refieren a postulados, lineamientos y principios éticos y deontológicos, por los que
se debe regir todo Notario en su función de auxiliar judicial.
En base a las preguntas realizadas a los Jueces de Primera Instancia Civil se
estableció que la figura del auxiliar judicial que mas solicitan en las judicaturas es el de
Notario notificador, sin embargo los jueces no tienen la certeza jurídica que el acto
realizado haya sido efectuado de conformidad con los principios deontológicos,
78
notariales y procesales, sin embargo por la Fe pública que ostentan los Notarios, se
presume que sus actos están ajustados a derecho hasta que no se compruebe lo
contrario. En base al ordenamiento procesal civil y mercantil, articulo 613, se establece
que la nulidad es el medio idóneo para atacar las resoluciones o procedimientos en que
se infrinja la ley, en estos casos los autorizados por el auxiliar judicial, dicho plazo es de
tres días a partir de conocida la infracción, por lo que el plazo para interponerla es muy
corto para acudir al órgano jurisdiccional.
En virtud del plazo indicado en el párrafo anterior que es reducido, los agraviados se
ven obligados a presentar acciones de Amparo en los distintos órganos jurisdiccionales
que por competencia deban conocerse y al dictar la sentencia respectiva, estos en su
gran mayoría son denegados, ya que los jueces o magistrados consideran que no
obstante de existir vicios en el procedimiento se desvirtúa el proceso constitución de
Amparo ya que se convertirían en instancias revisoras de las actuaciones de juzgados o
una tercera instancia contraviniendo lo establecido en la ley en la que un expediente no
puede tener más de dos instancias, dejando en estado de indefensión a la parte
agraviada. Sin embargo lo perjudicial para el caso que nos ocupa es el retardo en la
administración de justicia y del proceso ordinario, derivado de una actuación notarial por
no prestar la diligencia necesaria. No cumpliendo con el fin para el que fue creada la
institución del Notario como auxiliar judicial, tal como lo manifestaron el Doctor Mario
Aguirre Godoy y los Licenciados Carlos Enrique Peralta Méndez y José Morales Dardón
al realizar las reformas al Código Procesal Civil y Mercantil en el año de mil novecientos
sesenta y cuatro.
Es también es necesario indicar que en los procesos de Amparo en donde se dirime
una presunta violación al derecho de defensa y debido proceso del agraviado, el
Notario quien actuó como Auxiliar Judicial no es llamado al proceso a efecto de
desvirtuar lo aseverado por el postulante, así que es difícil que el Colegio de Abogados
y Notarios de Guatemala por medio del Tribunal de Honor o en su defecto el Ministerio
79
Publico accione contra los Notarios que hayan cometido violaciones al sistema de
justicia a efecto de sancionarlos judicial y administrativamente.
Uno de los límites que se considera del presente autor de tesis es que al momento de
recabar la información con los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil del
Departamento de Guatemala, se evidencio cierta desconfianza e inseguridad que tienen
los jueces acerca de los auxiliares judiciales.
Se estableció que la figura del auxiliar judicial se implemento con la finalidad del
descongestionamiento de ciertas incidencias en las que el Juez no puede estar
presente, por lo que se delega en el Notario ciertas facultades e incidencias
jurisdiccionales por la Fe Pública que el Estado delega en él, evidenciando en las
entrevistas realizadas a los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil que dicha labor
coadyuva al sistema judicial, sin embargo existen ciertos profesionales del Derecho que
omiten normas legales y principios deontológicos en la realización del cargo
encomendado, por lo que en base a la normativa establecidas en los distintos códigos
de ética de Guatemala, se establece que los Notarios deben encuadrar dicha actuación
conforme los principios y postulados éticos establecidos y que deben ser de estricto
cumplimiento, ya que se verifico con las sentencias dictadas por la Corte Suprema de
Justicia que algunos Notarios en su función de auxiliar del juez, incumplen en ocasiones
con principios deontológicos como de responsabilidad, diligencia y de obra según
ciencia y conciencia, dichos errores contraviene con el fin de la figura del auxiliar judicial
que ya se indico.
Se estableció también con los resultados obtenidos en la presente investigación, que se
encuentra limitada la actuación del juez sobre los actos realizados por los Notarios en
su función de auxiliar judicial. Por lo que para el investigador se establece que el
procedimiento idóneo por el cual debe ser requerido y nombrado el Notario como
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auxiliar judicial, se realice por una terna que tendrá que enviar el Colegio de Abogados
y Notarios, siempre y cuando los Notarios que así deseen hacerlo se inscriban para que
sean nombrados y designados como tal, de esta forma existirá una verdadera vocación
del profesional del derecho, evitando así errores que conlleve al retardo de la
administración de justicia, esto en base al principio de legalidad e imparcialidad.
Por otra parte los honorarios de los auxiliares judiciales deberían ser cancelados al
momento que se solicite en los bancos que así disponga la Corte Suprema de Justicia,
lo que motivaría a la imparcialidad del auxiliar judicial, brindado al sector justicia
seguridad y certeza jurídica en las actuaciones judiciales, de esta forma el auxiliar no
estaría sometido a presión alguna, ya que sus honorarios serán cobrados
independientemente del resultado de la diligencia, evitando de esta forma interferencia
de los sujetos procesales sobre el Notario. Por lo tanto se estima necesario que la Corte
Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala acuerden de
manera urgente la creación de un Archivo General de Auxiliares Judiciales.
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CONCLUSIONES
Luego de haber agotado todas las fases investigativas dentro del presente trabajo de
tesis, se arriba a las siguientes conclusiones:
1. La actuación del Notario en vista de la Fe Pública que ostentan por delegación
del Estado, es fundamental para ayudar a mantener el Estado de Derecho y dar
certeza jurídica a los actos realizados encomendados por particulares. La
deontología jurídica debe otorgar al Notario parámetros para realizar la
cooperación jurisdiccional.
2. El auxiliar judicial, es la persona idónea para realizar actos encargados por el
juez a efecto de agilizar ciertas incidencias que por el exceso de trabajo
congestiona los tribunales de la República de Guatemala, siempre y cuando lo
realicen conforme valores morales, los principios establecidos en el Código de
ética del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y normas procesales.
3. La imparcialidad del Notario como auxiliar judicial debe prevalecer en todo acto
que le haya sido encomendado por el Juez; sin embargo al ser propuesto por
una de las partes, se podrían alejar del quehacer de su función incurriendo en
hechos cuestionables desde la perspectiva ética-deontológica y, en algunos
casos, en franca violación a la ley.
4. Los jueces de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala,
prefieren a los auxiliares judiciales del tribunal antes que al Notario para realizar
actuaciones judiciales, ya que según su apreciación ellos brindan más certeza y
seguridad jurídica que el Notario. Razón por la cual el profesional del Derecho ha
82
de poner en práctica valores como la honestidad, independencia,
responsabilidad e independencia.
5. La Deontología Jurídica es una rama del Derecho olvidada por los profesionales.
El Derecho se relaciona con lo legal, legítimo o justo y la Deontología es la parte
de la filosofía que explica el origen, naturaleza y fin del deber, por lo que ambas
ciencias deben de ser integradas en el pensum de las facultades de Derecho
para una enseñanza adecuada y productiva con cursos relativos al quehacer
deontológico desde el principio de la carrera.
6. Los documentos que autorice el auxiliar judicial, además de cumplir con los
requisitos establecidos en ley para ejercer tal función, sus actuaciones deben ser
encuadradas dentro de los valores morales y el Notario no solo debe
circunscribirse a cumplir con los requisitos legales, por el contrario debe
encuadrar su función en base a las normas éticas que ayudan al fortalecimiento
del sistema jurídico en Guatemala.
7. El Notario como auxiliar judicial, es el único que juzga su actuar. La Fe Pública
que ostenta, lo hace diferente a cualquier otra profesión. Pero el honor es el que
lo diferencia de cualquier otro profesional del Derecho.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los Notarios de Guatemala, poner en práctica los postulados
básicos establecidos en el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala y otros cuerpos legales nacionales e internacionales para
fortalecer el sistema jurídico procesal.
2. Para que el gremio de Notarios se encuentre capacitado y actualizado para el
ejercicio de su cargo se recomienda que el Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala, implemente cursos obligatorios referentes a la ética y la deontología
a efecto que los profesionales del Derecho complementen sus estudios de
postgrado.
3. A la Presidencia del Organismo Judicial y a la Junta directiva del Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala, como instituciones que velan por la justicia y
el bien común, que exista acuerdo, para crear el listado de Notarios, que deseen
ser Auxiliares Judiciales.
4. Al momento de existir el acuerdo entre instituciones para la creación del banco
de auxiliares judiciales, que los Notarios remitan la información a donde
corresponda para que sean tomados en cuenta para servir como auxiliar judicial,
para ser tomados en cuenta y así desempeñen su función con total
independencia e imparcialidad.
5. A las distintas Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de Guatemala, y en
especial a la de la Universidad Rafael Landivar que exista una integración
adecuada de los cursos procesales con los de ética y deontología.
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6. A los Jueces de Primera Instancia del Ramo Civil que al momento de dudar
referente al acto realizado por el Notario como auxiliar judicial, solicitar su
presencia en dicha judicatura a efecto de que se ratifique su actuación y en caso
de incomparecencia certificar al Ministerio Publico o al Tribunal de Honor del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, según corresponda.
85
REFERENCIAS
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Guatemala. Diciembre 2008.
88
8. Revista Telemática de Filosofía del Derecho. Interpretación Iusfilosofica de los
Principios Notariales. Argentina Marzo 2008.
9. Revista de la AEU. La Aprobación de los Principios de Deontología de la UINL.
Revista de la AEU. España. Diciembre 2008
10. Viaje al Centro de la Axiología. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Escuela de Estudios de Postgrado.
Guatemala. Soluciones Impresas. Septiembre 2010.
OTRAS REFERENCIAS
TESIS:
1. Carrera, Leandro Jose. Moral, Ética y Deontología Notarial. Universidad Notarial
Argentina. Nombre 2010.
2. Gutiérrez, Carmen Ana Lucrecia. Deontología Jurídica en la Función Judicial.
Licenciatura Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landivar. Agosto
2010.
3. Zavala Flores, Julio Anival. Aplicación Deontología Notarial. Licenciatura
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rafael Landivar. Octubre 2012.
FUENTES ELECTRONICAS:
1. http://www.oj.gob.gt/masterlex
2. http://www.uinl.org
89
ANEXO A
Entrevista a Jueces y Magistrados del Organismos Judicial del Ramo Civil, del
departamento de Guatemala.
ENTREVISTA
La presente entrevista tiene el propósito de recabar la opinión de Jueces de
Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala. Por lo que con
la información obtenida servirá como trabajo de campo para que el entrevistador
pueda optar al Grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
con el tema de investigación: “Los Deberes del Notario Como Auxiliar Judicial.
Perspectiva Deontologica”, La información que se recabe se utilizará
confidencialmente y con fines académicos.
1. De los cargos que ejerce el Notario como auxiliar judicial, ¿Cuáles conoce
usted?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
2. ¿Cuál es el cargo que más le solicitan en su judicatura, para que un Notario
se nombrado como auxiliar judicial?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
3. ¿Qué entiende usted por Deontología Jurídica?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
90
4. ¿Considera usted que los actos que se le encomienda a un notario los
realiza conforme los principios éticos establecidos en el Código de Ética del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala? Si No ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
5. ¿Cree necesaria la existencia de reglas, que fijen la forma, en la que los
Notarios deben realizar los actos como auxiliares judiciales? Si No ¿Por
qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
6. ¿Cree usted que es adecuado que el abogado que auxilia a una de las partes
sea quien deba proponer al Notario como auxiliar del juez? Si No ¿Por
qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
7. Los actos que el Notario ejecuta como auxiliar judicial, ¿Pueden ser
impugnados por el juez o una de las partes? Si No ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
8. ¿Puede el Notario como auxiliar judicial excusarse o renunciar al cargo en el
recaído? Si No ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
9. ¿Para desempeñar el cargo de auxiliar judicial del juez debe prohibírsele al
Notario la comunicación con la parte que lo propuso? Si No ¿Por qué?
91
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
10. ¿Considera usted adecuado que la primera notificación de un proceso de
ejecución o sumario la realice un notario como auxiliar judicial? Si No ¿Por
qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
11. ¿Debe ser el Notario en su función de auxiliar judicial de reconocida
honorabilidad? Si No ¿Por qué?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
12. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que surge la necesidad de la figura
del auxiliar judicial en el Código Procesal Civil y Mercantil?
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
13. ¿Cree usted que el Notario como auxiliar judicial es imparcial y actúa con
apego a la ley? Si No
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
92
ANEXO B
Juramento del Abogado, redactado por Ángel Osorio y Gallardo, entregado por la
Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho del año 1970-1971,
a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el cual debe
ser tomado en cuenta por todo Notario y Abogado al momento de ejercitar su
profesión, no solo como auxiliar judicial sino que en todo momento, así como
todos los que de una u otra manera integran el sistema jurídico para que
coadyuve a mantener un estado de derecho.
Juramento del Abogado protesto:
DEFENDER LA JUSTICIA Y LA RECTA APLICACIÓN DE LA LEY, PRESTAR
ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA AL DEVALIDO, GUARDAR EL SECRETO
PROFESIONAL Y SERVERA LEALTAD A MI CLIENTE. NO USAR
PROCEDIMIENTOS VEDADOS POR LA LEY Y LA MORAL EN LOS ASUNTOS
CUYA DIRECCION SE ME ENCOMIENDE Y PROCEDER SIEMPRE EN
TODOS MIS ACTOS CON ABSOLUTA BUENA FE.
Decálogo:
1. No pases por encima de un estado de tu conciencia.
2. No afectes una convicción que no tengas.
3. No te rindas ante la popularidad ni adules a la tiranía.
4. Piensa siempre que tú eres para el cliente y no el cliente para ti.
5. No procures nunca en los tribunales ser más que los magistrados, pero no
consientas ser menos.
6. Ten fe en la razón que es lo que por lo general prevalece.
7. Pon la moral por encima de las leyes.
8. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común.
9. Procura la paz como el mayor de los triunfos.
10. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que
las de tu saber.
93
ANEXO C
AMPARO Expediente No. 270-96.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO: Guatemala,
cinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
Se tiene a la vista para resolver, el amparo inter- puesto el veintiuno de agosto de mil
novecientos noventa y seis, en el cual figuran: SOLICITANTE: ASEGURADORA
GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA, a través de su Mandatario Judicial con
Representación, abogado FRANCISCO JOSE PALOMO TEJEDA, quien actúa bajo su
propio auxilio, y el de la abogada CELESTE AIDA AYALA MARROQUIN.
AUTORIDAD IMPUGNADA: SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES.
TERCERO INTERESADO: REPRESENTACIONES AMPEX, SOCIEDAD ANONIMA;
MOBYEQUIPOS ARRENDAMIENTOS, SOCIEDAD ANONIMA, e INMOBILIARIA
OMAR, SOCIEDAD ANONIMA. ACTO RECLAMADO: El amparo se interpone contra la
resolución de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y seis, dictada por la
autoridad impugnada, dentro del expediente de segunda instancia identificado con el
número D ocho diagonal noventa y cuatro.
OBJETO: Que al dictar sentencia se declare: "1) CON LUGAR el amparo interpuesto...
y, en consecuencia, que no afectan al postulante, los efectos de la resolución dictada
por dicha Sala... 2) Que se restituye al postulante del amparo en el goce irrestricto de
sus garantías constitucionales y legales transgredidas por la resolución impugnada; 3)
Que para los efectos positivos de la sentencia de amparo, se ordene a la autoridad
impugnada que resuelva adecuadamente el recurso de nulidad interpuesto el dieciocho
de abril de mil novecientos noventa y seis..."
CASO DE PROCEDENCIA: Artículo 265 de la Constitución Política de la República, y
los incisos a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad.
94
I. ANTECEDENTES: Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, fue de
mandada en juicio sumario, la entidad Aseguradora General, Sociedad Anónima, por
las entidades Representaciones Ampex, Sociedad Anónima, Mobyequipos
Arrendamientos, Sociedad Anónima, e Inmobiliaria Omar, Sociedad Anónima. Dentro
de ese proceso, compareció el representante legal de la entidad demandada, mediante
memorial de fecha dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro, a interponer
recurso de nulidad, alegando que la notificación notarial efectuada a su representada,
con fecha quince de abril del mismo año, se hizo en forma distinta a la establecida en la
ley, en virtud de que la misma se entregó a una persona que no es legítimo
representante, gerente, administrador ni mandatario de la demandada, y porque
además, en la cédula de notificación se omitió identificar el proceso a que se refiere. El
juez de los autos resolvió, con fecha diecinueve de abril del año citado, que no había
lugar a lo solicitado, "en virtud de que en autos no consta, el acto procesal, al cuál le
interponen la presente nulidad". En contra de esa resolución, la demandada interpuso
recurso de apelación, el que no fue otorgado por el juez a quo. Sin embargo, la Sala
Primera de la Corte de Apelaciones, ante un ocurso de hecho planteado, entró a
conocer el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, mediante auto
de fecha quince de julio de mil novecientos noventa y seis. La Sala al emitir su fallo,
consideró que: "II. Esta Sala al hacer el estudio del caso, establece que la resolución
impugnada de nulidad se encuentra de acuerdo a la ley y constancias procesales, pues
si bien al memorial de interposición de la nulidad de estudio se acompañó una fotocopia
legalizada, ésta solo contiene parte de la cédula de notificación correspondiente, o sea
es el asiento de la misma, habiéndose omitido acompañar también fotocopia del
memorial de demanda, de los documentos acompañados y de la resolución del quince
de abril de mil novecientos noventa y cuatro, entregados a la persona que recibió dicha
cédula. De consiguiente al no ser posible establecer lo afirmado por la recurrente, el
auto apelado debe confirmarse..." Esta resolución le fue notificada al postulante del
amparo, el veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis.
II. AGOTAMIENTO DE RECURSOS: En contra de la resolución impugnada no se
interpuso recurso alguno.
95
III. VIOLACION QUE SE DENUNCIA: Al derecho de defensa y al debido proceso.
IV. DE LOS ARGUMENTOS ALEGADOS POR EL POSTULANTE: El postulante señala
que se le pretendió notificar a su mandante, "una cédula" que entregó el Notario
Notificador, Licenciado Alvaro Ricardo Cordón Paredes, a una persona llamada Cirilo
Cosajay, quien no es legítimo representante, gerente, administrador o mandatario de la
entidad demandada, y que además, la supuesta cédula de notificación adolece del
defecto que en ella se omitió identificar el proceso a que se refiere, situaciones que
hacen nula e ineficaz tal notificación, pues se contravino lo preceptuado en los artículos
67 y 72 del Código Procesal Civil y Mercantil; que habiendo impugnado ese acto
procesal, mediante el recurso de nulidad, el juez lo declaró sin lugar, argumentando que
en autos no consta ese acto procesal, lo cual niega "enfáticamente", pues adjunto al
memorial de interposición del recurso de nulidad, acompañó fotocopia legalizada de la
cédula de notificación, por lo que era fácil para el Juez, comprobar la veracidad de sus
argumentos; que la autoridad impugnada, al convalidar la notificación nula, violó
preceptos legales que regulan cómo y a quién deben notificarse las demandas, y
además razonó erróneamente, que no es suficiente la fotocopia legalizada de la cédula
de notificación, para demostrar los extremos de su recurso; se pregunta, "Que mas
quieren ver los Magistrados? No es acaso un documento auténtico el presentado como
prueba y que por lo tanto hace fé y produce plena prueba?." Finalmente, manifiesta que
al ser declarado sin lugar el recurso de nulidad y como consecuencia de ello, tener
como válido y bien hecho el emplazamiento, se afectan gravemente los intereses de su
representada, y se vulnera su garantía constitucional del debido proceso, al
emplazarsele por medio de una notificación hecha violando la ley, "lo que constituye un
grave abuso de poder cometido por el Juzgado de Primera Instancia y ahora avalado
por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones".
V. DE LAS ACTUACIONES Y DE LA PRUEBA: Como medios de convicción se
recibieron los antecedentes que consisten en: A) Juicio sumario promovido en contra de
la entidad Aseguradora General, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Primero de
Primera Instancia Civil, identificado con el número ciento ochenta y cinco guión noventa
96
y cuatro; B) Expediente de segunda instancia, tramitado ante la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones, identificado con el número D ocho diagonal noventa y cuatro.
VI. AMPARO PROVISIONAL: No se otorgó.
VII. DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES: Los terceros interesados expusieron
que la pretensión del solicitante del amparo, es crear una tercera instancia, en virtud de
que agotó las dos instancias que establece la Constitución Política de la República,
razón por la cual piden que la acción intentada se declare improcedente. Por su parte,
el Ministerio Público manifiesta que "el plazo para la presentación del amparo empezó a
correr el día siguiente de la notificación del rechazo de la nulidad, es decir el amparo
intentado es extemporáneo y por consiguiente improcedente".
VIII. ESTIMACION DEL TRIBUNAL:
CONSIDERANDO PRIMERO: La institución del amparo, como medio de defensa del
orden constitucional, es de orden subsidiario, en tanto y en cuanto, su función es tutelar
el respeto y la observancia de los derechos de las personas, cuando haya amenaza de
vulneración de los mismos, o bien restaurarlos en caso de que la infracción hubiese
ocurrido. No puede, por su misma naturaleza, suplir a la justicia ordinaria ni hacer las
veces de esta, estándole prohibido además hacerlo por disposición constitucional.
SEGUNDO: En el caso de estudio, el postulante estima que la autoridad impugnada, al
convalidar la notificación nula, violó preceptos legales que regulan como y a quien
deben notificarse las demandas, y además razonó erróneamente, que no es suficiente
la cédula de notificación, para demostrar los extremos de su recurso. Esa resolución,
añade "constituye un grave abuso de poder cometido por el Juzgado de Primera
Instancia y ahora avalado por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones".
TERCERO: Hecho el examen de rigor de los expedientes que constituyen los
antecedentes de la presente acción, ésta Cámara arriba a la conclusión de que la
pretensión del postulante es la revisión de lo actuado, en el ejercicio de sus facultades
legales, por la autoridad impugnada, ya que desea que se valore el criterio utilizado por
la Sala para llegar a la resolución que dice le causa agravio. Satisfacer esa pretensión,
97
significaría conocer del asunto que dio origen a la acción de amparo, en tercera
instancia, con lo que se estaría vulnerando el artículo doscientos once de la Carta
Magna, razón por la cual, la misma es improcedente y así deberá declararse en la parte
resolutiva de este fallo, haciendo además las declaraciones relativas al pago de las
costas causadas y a la imposición de la multa de ley al abogado patrocinante.
IX. LEYES APLICABLES: Artículos citados y, 12 y 265 de la Constitución Política de la
República; 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 46, 47 y 57 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 141, 142 y 143 de la Ley del
Organismo Judicial. Acuerdos 44-92 y 9-95 de la Corte Suprema de Justicia; Artículo
2o. del Auto Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad.
X. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, con
base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, DENIEGA por notoriamente
improcedente, el amparo solicitado por ASEGURADORA GENERAL, SOCIEDAD
ANONIMA, y en consecuencia: A. Condena en costas a la entidad solicitante; B.
Impone la multa de UN MIL quetzales a cada uno de los Abogados, FRANCISCO JOSE
PALOMO TEJEDA y CELESTE AIDA AYALA MARROQUIN, quienes la deberán hacer
efectiva en la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de
la fecha en que quede firme este fallo; C. Notifíquese y con certificación de lo resuelto
devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.
Ricardo Alfonso Umaña Aragón, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de
Justicia; Oscar Najarro Ponce, Magistrado Vocal Cuarto; Humberto Grazioso Bonetto,
Magistrado Vocal Quinto; Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Magistrada Vocal
Noveno; Mirna Yolanda Lorenzana Arriaga de González, Magistrada Vocal Décimo
Tercero. Ante mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de la Corte Suprema de
Justicia
98
ANEXO D
AMPARO Expediente No. 105-98
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO: Guatemala,
nueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
Se tiene a la vista para dictar sentencia, la solicitud de amparo presentada el treinta de
abril de mil novecientos noventa y ocho, en la que figuran:
SOLICITANTE: DANILO OLAVERRI MELGAR, quien actuó bajo el patrocinio del
Abogado Fredy Roberto Ríos Villatoro.
AUTORIDAD IMPUGNADA: SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES.
TERCERA INTERESADA: DOLORES TÓRTOLA ALEMÁN DE TENAS.
ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha diecinueve de marzo del año en curso,
dictada por la autoridad impugnada dentro del expediente de apelación número
veintiocho guión noventa y ocho, que corresponde al juicio ejecutivo en la vía de
apremio número trescientos cuarenta y cuatro guión noventa y siete, del Juzgado
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil.
OBJETO DEL AMPARO: "CON LUGAR El proceso de Amparo interpuesto por mí. B)
En consecuencia se deje en Suspenso Definitivo las siguientes Resoluciones: A) El
Fallo de Segunda Instancia, de fecha diecinueve de Marzo de mil novecientos noventa
y ocho, dictado por la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones. C) Auto de
Fecha Veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y siete, dictado por el Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, dentro del Juicio Ejecutivo número
Trescientos cuarenta y cuatro guión noventa y siete (344-97) a cargo del notificador
Primero (1o.), (Enmienda de Procedimiento).-II) Se me restituya en el Goce de mis
derechos y garantías Constitucionales que la Constitución Política de la República de
Guatemala y otras leyes ordinarias establece..." (sic).
99
ARGUMENTACIONES Y VIOLACIONES QUE SE DENUNCIAN: Manifiesta el
postulante que "Ciertamente la parte actora en su demanda Pide que Para notificar a mi
persona, se nombre al Notario MARCO JUNIO MARTINEZ DARDON, no obstante que
en la Resolución de fecha siete de Mayo del año en curso en la cual se Admite para su
tramite la demanda ejecutiva en la vía de Apremio, en ningun Apartado Decreta
Nombrar como Notario Notificador al Notario Marco Junio Martínez Dardón ni mucho
menos se acompaña a la demanda el Acta de Discernimiento de Cargo para el que fue
nombrado..."(sic); afirma además que "No cabe duda señor Juez que el objetivo
principal de todo lo expuesto anteriormente es el que yo no me enterara Personalmente
de la demanda instaurada en mi contra toda vez que según consta en autos,
Contradictoriamente aparece en el juicio que la Resolución que admite para su trámite
la demanda, es decir la de fecha siete de Mayo del año en curso la misma me fue
notificada en la dirección que la parte actora señalo por cédula que entrego a una
persona que no conozco ni creo que ella me conozca a mi, logrando con esto garantizar
que la presente ejecución siguiera su curso legal sin que yó me enterara en ningún
momento. De todo lo anterior se hace por demás palpable, obvio y evidente que se
cometieron serios VICIOS DE PROCEDIMIENTO ASI COMO FLAGRANTES
INFRACCIONES A LA LEY que desembocaron en Sendas Violaciones a mis derechos
Constitucionales mas elementales como lo son El Derecho de Defensa de la Persona y
el Derecho a la Propiedad Privada, lo que hace Imperativo Declarar CON LUGAR EL
PRESENTE PROCESO DE AMPARO..."(sic).
AGOTAMIENTO DE RECURSOS: Contra el acto reclamado el postulante no interpuso
recurso alguno.
CASO DE PROCEDENCIA SEÑALADO POR EL POSTULANTE: Literal a) del artículo
10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
ANTECEDENTES: El seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, la señora
Dolores Tortola Alemán de Tenas promovió ante el Juzgado Primero de Primera
Instancia del Ramo Civil, juicio ejecutivo en la vía de apremio en contra del señor Danilo
Olaverri Melgar, para lograr el pago del capital mutuado, intereses y costas procesales.
100
De la demanda y resolución que la admite para su trámite, se le notificó al demandado,
por medio de Notario notificador, el cual sin embargo, no había sido nombrado para el
efecto. El demandado no compareció a juicio y el diecisiete de junio del mismo año se
llevó a cabo el remate del bien dado en garantía, adjudicándosele al acreedor por
ausencia de postores. La parte actora presentó el proyecto de liquidación de la deuda el
cual fue aprobado con algunas modificaciones. Con fecha veintiséis de septiembre del
mismo año, se fijó el plazo de tres días al demandado para que otorgara la escritura
traslativa de dominio. El veintiocho de octubre del mismo año, el demandado interpuso
recurso de nulidad en contra de la resolución que admitió para su trámite la demanda y
en contra de la notificación de la misma. Al día siguiente veintinueve de octubre, el
juzgado enmendó el procedimiento a partir de la notificación impugnada, dejándola sin
ningún efecto ni valor legal, así como todo lo actuado con posterioridad.
B) El demandado apeló la enmienda y la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el
diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho, la confirmó.
TRAMITE DEL AMPARO
AMPARO PROVISIONAL: No se otorgó.
PRUEBAS: a) Expediente de apelación número veintiocho guión noventa y ocho, de la
Sala Primera de la Corte de Apelaciones. b) Juicio ejecutivo en la vía de apremio
número trescientos cuarenta y cuatro guión noventa y siete, del Juzgado Primero de
Primera Instancia del Ramo Civil.
ALEGACIONES DE LAS PARTES:LA TERCERA INTERESADA, Dolores Tortola
Alemán de Tenas, manifiesta que "en el presente caso, el recurrente lo que pretende,
es retardar indebidamente el proceso ejecutivo en su contra, por lo que debe de
dictarse Sentencia correspondiente, declarando sin lugar el Recurso de Amparo
interpuesto".
EL MINISTERIO PÚBLICO, considera que "la resolución emitida por la autoridad
Judicial impugnada, se denota que fue dictada dentro del ámbito de atribuciones que le
otorga la ley, en consecuencia no existe violación alguna de los derechos invocados por
101
el postulante como transgredidos; lo que determina inexistencia de agravio, máxime
que al confirmar la sala recurrida, la resolución que constituye el acto reclamado, deja
firme la Enmienda del Procedimiento a partir del acta de notificación realizada por el
Notario Marco Junio Martínez Dardón, en fecha tres de junio del presente año...
situación que sin lugar a dudas favorece al postulante de la presente acción
constitucional de Amparo...". Por lo que solicita que el mismo sea declarado sin lugar.
ESTIMACION DEL TRIBUNAL
CONSIDERANDO UNO: La Constitución Política de la República establece en su
artículo 265 al amparo, como un medio extraordinario de defensa de las personas ante
amenazas de violaciones a sus derechos, o para restaurar el imperio de los mismos, si
la infracción ya ocurrió; una ley específica regula los casos de su procedencia, la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que en su artículo 10 parte
conducente establece: "La procedencia del amparo se extiende a toda situación que
sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que
la Constitución y las Leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha
situación provenga de personas o entidades de derecho público o entidades de derecho
privado...".
DOS: El señor Danilo Olaverri Melgar solicita amparo en contra de la Sala Segunda de
la Corte de Apelaciones, por considerar que violó sus "derechos más elementales como
lo son: EL DERECHO DE DEFENSA DE LA PERSONA y EL DERECHO A LA
PROPIEDAD PRIVADA debidamente garantizados por nuestra Constitución Política de
la República de Guatemala", sin indicar en qué forma se le causó agravio, ni las
razones que cree le asisten para plantear amparo. Esta Cámara, del análisis de las
actuaciones, estima que la autoridad impugnada no violó derecho alguno del
postulante, ya que el acto reclamado fue dictado dentro del ámbito de las facultades
que la ley le otorga, y el mismo no causa agravio al postulante, toda vez que la
enmienda que confirma, lejos de perjudicarle, le favorece en todo sentido, puesto que
por una parte, resuelve de oficio las pretensiones ejercidas por él por medio de recursos
planteados en el juicio, y por la otra, porque el objeto de la misma es precisamente
102
dejar sin efecto actos y resoluciones emitidas en violación a sus garantías
constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. Razón
por la cual no existe agravio alguno sobre el cual pronunciarse, por lo que la petición de
amparo resulta notoriamente improcedente e infundada, y así ha de declararse al
hacerse los demás pronunciamientos que la ley ordena.
TRES: La notoria improcedencia del amparo que se resuelve, hace obligatoria la
condena al interponente en las costas causadas, y la imposición de multa al abogado
patrocinante, como adelante se resolverá..
LEYES APLICABLES: Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1, 3, 4, 8, 10, 19, 27, 33, 34, 42, 44, 46, 47 y 57 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 66, 67, 141, 142 y 143 de la Ley
del Organismo Judicial; Acuerdos 44-92 y 9-95 de la Corte Suprema de Justicia; Auto
Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y
ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara: I) SIN
LUGAR, por notoriamente improcedente, el amparo planteado por Danilo Olaverri
Melgar; II) Condena en costas al interponente; III) Impone al abogado patrocinante,
Fredy Roberto Ríos Villatoro, la multa de un mil quetzales, que deberá hacer efectiva en
la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de cinco días de estar firme este
fallo, y que en caso de insolvencia se cobrará por la vía ejecutiva correspondiente.
Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de
su procedencia.
Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Magistrado Presidente de la Cámara de Amparo y
Antejuicio; Oscar Najarro Ponce, Magistrado Vocal Cuarto; Manuel Alfonso Ramírez
Villeda, Magistrado Vocal Décimo; Mirna Yolanda Lorenzana Arriaga de González,
Magistrado Vocal Décimo Tercero. Ante Mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de
la Corte Suprema de Justicia.
103
ANEXO E
AMPARO Expediente No. 267-98
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO: Guatemala
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.
Se tiene a la vista para dictar sentencia el proceso constitucional de amparo planteado
el veinticuatro de septiembre mil novecientos noventa y ocho, cuyos antecedentes son
los siguientes:
SOLICITANTE: CARLOS ENRIQUE ABULARACH ZABLAH, quien actúa en su calidad
de Gerente General y Representante Legal de la entidad Créditos y Servicios del
Comercio, Sociedad Anónima, y bajo la dirección y procuración del Abogado José
Emilio Sánchez Conde.
AUTORIDAD IMPUGNADA: SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES.
TERCEROS INTERESADOS: CESAR DOMINGO ARMAS MENDOZA.
OBJETO: "I. Que se dicte sentencia, declarando que la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones al confirmar la resolución de primer grado y declarar con lugar la caducidad
de la instancia, VIOLO LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE
DEFENSA consagrado en el artículo doce (12) de la Constitución Política de la
República de Guatemala, y por ende la garantía del DEBIDO PROCESO, y en
consecuencia, restituya a mi representada, la entidad COBROS Y SERVICIOS DEL
COMERCIO , SOCIEDAD ANONIMA, en el goce de sus derechos y garantías
contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, dejando sin efecto
las actuaciones realizadas en el expediente novecientos ochenta y ocho guión noventa
y seis (988-96), que se tramita ante el señor Juez de Primera Instancia del Ramo de lo
Civil... a partir de la resolución que le dio trámite al memorial que contiene el incidente
de caducidad de la instancia presentado por el señor Cesar Domingo Armas Mendoza".
FUNDAMENTACION DEL AMPARO:
104
ANTECEDENTES: 1.1 El treinta de septiembre de mil novecientos noventa y seis,
Carlos Enrique Abularach Zablah, en su calidad de Gerente General y Representante
Legal de la entidad Créditos y Servicios del Comercio, Sociedad Anónima, promovió
ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil, juicio ejecutivo en contra de Hugo
Mynor Anthone Méndez y César Domingo Armas Mendoza, demanda que se admitió
para su tramite y siendo suficiente el título de crédito que se presentó (pagaré), se
ordenándose el requerimiento de pago. Se requirió de pago al señor Cesar Domingo
Armas Mendoza, a quien, al no hacerlo, se le trabó embargo sobre lo solicitado por la
parte actora. El señor Hugo Mynor Anthone Méndez no fue notificado según razón
asentada por la notificadora. El demandado Armas Mendoza contestó la demanda en
sentido negativo e interpuso las excepciones de: falta de personalidad del actor y
omisión de requisitos legales que todo título de crédito debe contener, no presumidos
por la ley expresamente y la omisión de requisito específico del pagaré. El treinta de
abril de mil novecientos noventa y siete, la actora solicitó se nombrara notario
notificador al Licenciado Alejandro José Balsells Conde, para notificar al demandado
señor Anthone Méndez. El veinte de enero de mil novecientos noventa y ocho, el señor
Armas Mendoza solicitó la caducidad de la instancia manifestando que la última
actuación que se realizó fue la notificación a la actora de la resolución que nombró
notario notificador, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete; y
una vez agotado el trámite en la via de los incidentes, el Juzgado declaró con lugar la
caducidad de la instancia. Auto que fue apelado por la actora, elevándose a la Sala
Segunda de la Corte de Apelaciones, la que confirmó el auto apelado.
2. ACTO RECLAMADO: Resolución de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos
noventa y ocho, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, en expediente
número doscientos catorce guión noventa y ocho.
3. ARGUMENTACIONES Y VIOLACIONES QUE SE DENUNCIAN: El solicitante
manifiesta que inició ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil, juicio ejecutivo
en contra de los señores Hugo Mynor Anthone Mendez y Cesar Domingo Armas
Mendoza, siendo notificado el segundo no así el primero, por lo que solicitó se
nombrara notario notificador, quien a la fecha no ha recogido la cédula de notificación
105
por lo que el demandado no ha sido notificado de la demanda en su contra. "Es claro,
que a la fecha está presentada una demanda y notificado uno solo de los demandados,
por lo que estando pendiente la notificación del otro demandado, aún no existe relación
procesal, ya que para que ésta se inicie, obligatoriamente debe estar notificados ambos
demandados. Mediante el presente AMPARO no se pretende hacer ningún análisis
sobre si procede o no la caducidad de la instancia, sino analizar y declarar que al no
existir emplazamiento a los dos demandados, tampoco existen los presupuestos
necesarios para que empiece a correr ningún plazo, y por lo tanto no es posible avanzar
en el proceso, ni mucho menos computar el plazo que fija la ley para que se produzca
la caducidad de la instancia". Que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al
confirmar el auto que declaró con lugar la caducidad de la instancia, "VIOLO el debido
proceso vedando a mi representada, la entidad CREDITOS Y SERVICIOS, DEL
COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA, su derecho de cobrar una acreeduría legalmente
constituida a su favor, SIN TOMAR EN CUENTA QUE AUN NO HAY RELACION
PROCESAL, POR FALTA DEL EMPLAZAMIENTO A UNO DE LOS DEMANDADOS".
Que la resolución de la Sala no es apegada a derecho por las siguientes razones: a)
porque en este proceso no se ha constituido la relación procesal , en virtud que uno de
los demandados no ha sido notificado. B) Que el proceso está pendiente de resolver,
siendo esto una excepción al principio de caducidad contemplado en el artículo 589 del
Código Procesal Civil. "Así mismo es importante mencionar que la sala sentenciadora al
resolver la procedencia de la caducidad de la instancia, hizo alusión a la sentencia
emitida por la Corte Suprema de Justicia, con fecha cuatro de abril de mil novecientos
cincuenta y siete. Sin embargo dicha doctrina legal no le es aplicable al presente caso,
por tener ésta como base normas jurídicas derogadas a la fecha, y además referirse a
circunstancias y contextos distintos". Que considera que la Sala violó su derecho de
defensa consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República.
4. AGOTAMIENTO DE RECURSOS: Contra la resolución impugnada no se interpuso
recurso alguno.
5. CASO DE PROCEDENCIA: Artículo 10 inciso a) de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad.
106
TRAMITE DEL AMPARO: AMPARO PROVISIONAL: No se otorgó.
DE LAS PRUEBAS: El amparo se abrió a prueba y como tal se tuvo los antecedentes
del mismo, los cuales consisten en: a) juicio número novecientos ochenta y ocho guión
noventa y seis, del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil. b) expediente número
doscientos catorce guión noventa y ocho de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones.
DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES: El MINISTERIO PUBLICO: "En el caso de
análisis se han dado ya las dos instancias de conocimiento permitidas por la ley, razón
por la cual si el Tribunal de Amparo entrara a conocer de la pretensión del postulante
estaría actuando en una tercera instancia, lo cual esta expresamente prohibido por
nuestra Constitución Política en su artículo 211. LA POSTULANTE, ENTIDAD
CREDITOS Y SERVICIOS DEL COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA: "Que se dicte
sentencia, declarando que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, al confirmar la
resolución de primer grado y declarar con lugar la caducidad de la instancia, VIOLO LA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE DEFENSA, consagrado en el
artículo doce (12) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por ende
de la garantía del DEBIDO PROCESO, y en consecuencia, restituya a mi
representada... en el goce de sus derechos y garantías contenidas en la Constitución
Política de la República de Guatemala dejando sin efecto las actuaciones... a partir de
la resolución que le dio trámite al memorial que contiene el incidente de la caducidad de
la instancia presentado por el señor César Domingo Armas Mendoza, vigentes los
embargos dentro del proceso.
TERCERO INTERESADO, CESAR DOMINGO ARMAS MENDOZA: "RUEGO A LA
HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE REITERO LOS TERMINOS Y
ANALISIS JURIDICO QUE CONTIENE EL MEMORIAL PRESENTADO EL TREINTA
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, LOS CUALES RATIFICO
EN TODAS SUS PARTES".
C O N S I D E R A N D O I: La Constitución Política de la República instituye el amparo
con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus
107
derechos o para restaurar su imperio cuando la violación hubiere ocurrido, el amparo
procede cuando un acto o una resolución emanada de autoridad lleve implícita una
amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes
garantizan.
CONSIDERANDO II: En el caso bajo estudio, la postulante acude en amparo contra la
resolución de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y ocho, dictada
por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en el expediente número doscientos
catorce guión noventa y ocho, que resuelve la apelación del auto de fecha veinte de
marzo del año antes citado, emitido por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del
Ramo Civil, en el juicio ejecutivo número novecientos ochenta y ocho guión noventa y
seis. El representante legal de la postulante argumenta: "La Sala Segunda de la Corte
de Apelaciones, al confirmar la resolución del Juzgado Séptimo de Primera Instancia
del Ramo Civil, y en consecuencia declarar procedente la Caducidad de la Primera
Instancia, VIOLO el debido proceso vedando a mi representada, la entidad CREDITOS
Y SERVICIOS DEL COMERCIO, SOCIEDAD ANONIMA, su derecho de cobrar una
acreeduría legalmente constituida a su favor, SIN TOMAR EN CUENTA QUE AUN NO
HAY RELACION PROCESAL, POR FALTA DEL EMPLAZAMIENTO A UNO DE LOS
DEMANDADOS".
Especial consideración debe hacerse de la resolución impugnada, pues en ella la Sala
al resolver, y atribuyéndole al Doctor Mario Aguirre Godoy lo que en la resolución
expresa, dice: "De conformidad con lo señalado por la DOCTRINA y en el texto del
Doctor Mario Aguirre Godoy, el proceso existe al presentarse la demanda y ésta llena
los requisitos de ley, sin que ello signifique que todos los efectos de la
LITISPENDENCIA quedan referidos a ese momento. En el caso de nuestra legislación,
los efectos principales de la litispendencia se producen con el EMPLAZAMIENTO, o
sea el acto mediante el cual se pone en conocimiento del demandado una determinada
demanda. Con la DEMANDA, forma corriente de ejercitar la acción procesal, se designa
el acto inicial de la relación procesal que pone en movimiento la actividad jurisdiccional
de los órganos del Estado, y es donde y cuando se marca la primera instancia." Acto
seguido la Sala se refiere a la fecha de solicitud de la declaratoria de caducidad de la
108
instancia y concluye en que no encontrándose entre los casos de excepción, procede
declara la caducidad de la instancia. Analizado el expediente respectivo, se establece
que efectivamente al demandado Hugo Mynor Anthone Méndez, a la fecha en que se
promovió la caducidad de la primera instancia no se le había notificado la demanda
ejecutiva. Que en el razonamiento de la sala impugnada se habla de litispendencia
cuando se está resolviendo un caso de caducidad de la primera instancia y que se parte
del supuesto de la existencia del proceso por la simple presentación de la demanda,
porque con este acto se afirma, "se marca la primera instancia". Esta Cámara de
Amparo y Antejuicio, entiende por caducidad el decaimiento de una facultad procesal no
ejercitada dentro de un determinado plazo; y por caducidad de la instancia, al abandono
que del proceso se hace, dejando de ejercitar los actos procesales correspondientes
dentro de un determinado plazo. De acuerdo con el Código Procesal Civil y Mercantil, la
primera instancia caduca por el transcurso de seis meses sin continuarla. Este plazo es
contínuo y corre desde la fecha de la última diligencia practicada en el proceso. Para
que el plazo referido principie a correr, es necesario que la demanda sea notificada a
todas las personas que van a ser parte en el proceso, pues efectos procesales propios
de la notificación de la demanda es dar prevención al juez que emplaza; sujetar a las
partes a seguir el proceso ante el juez emplazante, si el demandado no objeta la
competencia; y obligar a las partes a constituirse en el lugar del proceso.
En el presente caso, la sala recurrida viola el debido proceso, entre otras razones
porque al hacer el razonamiento correspondiente para dictar la resolución impugnada,
se refiere a que "los efectos principales de (sic) la litispendencia se producen con el
EMPLAZAMIENTO, o sea el acto mediante el cual se pone en conocimiento del
demandado una determinada demanda". Pero, resuelve un caso de caducidad de la
instancia, y aun cuando reconoce que los efectos del emplazamiento se producen con
la notificación de la demanda y que en el presente caso no se ha notificado a uno de los
demandados, resuelve confirmando el auto que declaró la caducidad. De esta manera,
la sala impugnada introduce en el caso que juzga, elementos ajenos al mismo y viola el
debido proceso porque sin que se haya trabado la litis, lo que ocurre únicamente con la
notificación de la demanda a todas las personas que serán parte en el proceso,
109
confirma el auto apelado, y deja en estado de indefensión a la interesada. Además,
debe tenerse presente, como lo indica la propia recurrente, que el proceso se
encontraba en estado de resolver, pues el Juzgado de Primera Instancia no ha resuelto
el memorial de oposición e interposición de excepciones, que el demando César
Domingo Armas Mendoza presentó, únicamente dijo: "III.- En cuanto a lo demás
solicitado, presente para su oportunidad, toda vez que el otro demandado a la presente
fecha no ha sido notificado" (ver folio 15 del expediente de primera instancia). En
consecuencia, en el presente caso debe otorgarse el amparo solicitado, y eximir a la
autoridad impugnada de las costas procesales correspondientes, por estimar que actuó
con evidente buena fe.
CITA DE LEYES: Artículo 265 de la Constitución Política de la República, 1, 3, 4, 8, 10,
19, 20, 42, 44 y 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad;
112, 588 y 590 del Código Procesal Civil y Mercantil; 76, 141 y 143 de la Ley del
Organismo Judicial; Acuerdos 44-92 y 9-95 de la Corte Suprema de Justicia; Auto
Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARA DE AMPARO Y
ANTEJUICIO, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver: I) OTORGA el
amparo solicitado por Créditos y Servicios del Comercio, Sociedad Anónima, por medio
de su mandatario Abogado José Emilio Sánchez Conde y en consecuencia: a)
restablece a Créditos y Servicios del Comercio, Sociedad Anónima, el ejercicio de sus
derechos constitucionales; b) Suspende definitivamente el acto impugnado, dejando sin
efecto en cuanto a la solicitante de este amparo la resolución emitida por la Sala
Segunda de la Corte de Apelaciones el diecinueve de agosto de mil novecientos
noventa y ocho; debiendo el citado órgano jurisdiccional resolver conforme a la ley,
dentro de los tres días siguientes de recibir los antecedentes, bajo apercibimiento de
imponer la multa de quinientos quetzales a cada uno de los magistrados, sin perjuicio
de las responsabilidades correspondientes. II) No hay condena en costas. Notifíquese y
con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de su
procedencia.
110
Angel Alfredo Figueroa, Magistrado Presidente Cámara de Amparo y Antejuicio; Astrid
Jeannette Lemus Rodríguez, Magistrado Vocal Noveno; Manuel Alfonso Ramírez
Villeda, Magistrado Vocal Décimo; Mirna Yolanda Lorenzana Arriaga de González,
Magistrado Vocal Décimo Tercero. Ante Mí: Víctor Manuel Rivera Woltke, Secretario de
la Corte Suprema de Justicia.
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ANEXO F
AMPARO 608-2006
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO: Guatemala,
doce de febrero de dos mil ocho. I) Se integra esta Cámara con los Magistrados
suscritos. II) Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por MANUEL
ANGEL FEMENIAS SOMARRIBAS contra la SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE
APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y MERCANTIL El compareciente actúa con el
patrocinio de la abogada Olga Alicia Valenzuela Alvarado de Femenías.
ANTECEDENTES:
A) Fecha de interposición: fue presentado el nueve de junio de dos mil seis.
B) Acto reclamado: el postulante no lo indica precisa y claramente, pero se supone que
se trata del auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil seis dictado por la Sala
Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil que declaró sin lugar el
ocurso de hecho planteado por Manuel Angel Femenias Somarribas contra el Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, quien
con fecha nueve de febrero de dos mil seis denegó el recurso de apelación interpuesto
por el postulante dentro del juicio ejecutivo en la vía de apremio número un mil
quinientos setenta y cinco – noventa y seis oficial primero que el Banco del Café,
Sociedad Anónima promovió en su contra y de la señora Olga Alicia Valenzuela
Alvarado de Femenias.
C) Fecha de notificación al postulante: once de mayo de dos mil seis.
D) Uso de recursos contra el acto impugnado: Contra el auto de fecha dieciséis de
marzo de dos mil seis no fue interpuesto recurso alguno.
E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa y debido proceso.
HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO:
A) De lo expuesto por el postulante y de los antecedentes se resume lo siguiente: a) El
Banco del Café, Sociedad Anónima promovió la demanda ejecutiva en la vía de
apremio identificado con el número mil quinientos setenta y cinco – mil novecientos
noventa y seis a cargo del oficial y notificador primero ante el Juzgado Segundo de
112
Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala contra los señores
Manuel Ángel Femenías Somarribas y Olga Alicia Valenzuela Alvarado de Femenías; b)
la primera resolución recaída en la referida demanda se les notificó a los demandados
el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis por medio del notario José Javier
Peña Palacios a quien el Tribunal nombró notario notificador y quien efectuó las
notificaciones en la décima avenida número seis – setenta y ocho zona ocho, Ciudad
San Cristóbal del Municipio de Mixco del Departamento de Guatemala que fue el lugar
señalado para el efecto por la parte actora; c) el demandado Femenías Somarribas
impugnó la notificación realizada así como todas las actuaciones posteriores a la
notificación dentro del juicio ejecutivo a que se ha hecho referencia, manifestando que
tal notificación es nula en virtud de haberse efectuado en una dirección inexistente, por
lo que el notario notificador incurrió en el delito de falsedad, y con tal motivo solicitó al
tribunal de primera instancia la enmienda del procedimiento; d) en resolución de fecha
nueve de febrero de dos mil seis, el Tribunal resolvió declarando que no ha lugar a la
enmienda del procedimiento por ser ésta ( la enmienda ) una facultad discrecional del
juez; e) en vista de lo resuelto, el demandado interpuso recurso de apelación contra la
resolución que declara que no ha lugar a la enmienda del procedimiento. Dicho recurso
no fue otorgado en virtud de lo establecido por el artículo 325 del Código Procesal Civil
y Mercantil que señala que solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no
admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación; f) En tal virtud el
demandado interpuso ocurso de hecho contra el Juez Segundo de Primera Instancia
del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, ante la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, la que en auto de fecha dieciséis de marzo de
dos mil seis, que supuestamente es el acto reclamado, declaró: “(…) I) SIN LUGAR EL
OCURSO DE HECHO planteado por MANUEL ÁNGEL FEMENÍAS SOMARRIBAS,
contra el JUEZ SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DE ESTE
DEPARTAMENTO, en consecuencia no apelable la resolución de fecha nueve de
febrero del presente año; II) Impone al ocursante una multa de veinticinco quetzales,
que deberá hacer efectiva en la Tesorería del Organismo Judicial, dentro de tercero día
de estar firme el presente auto (…)”, g) Manifestó el postulante que el auto que
113
constituye el acto reclamado le causa agravios toda vez que lo deja en estado de
indefensión, por no haber sido notificado de conformidad con la ley, por lo que no tuvo
oportunidad de apersonarse en el proceso para su adecuada defensa, violando así el
principio constitucional de defensa contenido en el artículo 12 de la Constitución Política
de la República de Guatemala.; h) El postulante hizo la siguiente petición concreta: “(…)
DE FONDO: Que en su oportunidad se dicte sentencia correspondiente en la cual se
declare: a) Con lugar el amparo interpuesto en contra de la Sala Segunda de la Corte
de Apelaciones Civil y Mercantil; b) Que todas las actuaciones, resoluciones y
procedimientos que se dictaron dentro del juicio número un mil quinientos setenta y
cinco guión un mil novecientos noventa y seis (1575-1996) a cargo del Oficial Primero y
Notificador Primero del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del
departamento de Guatemala, a partir de la notificación de fecha dieciséis de julio de mil
novecientos noventa y seis que se realizara en forma notarial por el Notario JOSE
JAVIER PEÑA PALACIOS, SON NULOS DE PELANO (sic) DERECHO, AL HABERSE
VIOLADO EL DERECHO DE DEFENSA DEL INTERPONENTE DEL AMPARO; c) Que
por haberse violentado el procedimiento dentro del proceso seguido ante el Juez del
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala,
dentro del juicio Ejecutivo en la vía de apremio número un mil quinientos setenta y cinco
guión un mil novecientos noventa y seis (1575-1996) a cargo del oficial Primero y
Notificador primero todo lo actuado a partir de la notificación de fecha dieciséis de julio
de mil novecientos noventa y seis, realizada en forma notarial por el Notario JOSE
JAVIER PEÑA PALACIOS, son nulas de pleno derecho; d) Que se Certifique(sic) lo
conducente al Ministerio Público o a un Juzgado del Ramo Penal en contra del Notario
JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS y se le sindique del delito de FALSEDAD; e) Que se
sancione al notario JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS, que debe pagar al interponente
del amparo la cantidad de CUATROCIENTOS MIL QUETZALES en concepto de daños
y perjuicios, de conformidad como (sic) lo establece al artículo setenta y siete (77) del
Código Procesal Civil y Mercantil; f) Que se condene en costas; y g) Que se hagan las
demás declaraciones que en derecho corresponden (…)”.
114
B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad.
C) Leyes violadas: invocó los artículos 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; 4, 16, 67 de la Ley del Organismo Judicial; 66 y 77 del Código Procesal
Civil y Mercantil.
TRÁMITE DEL AMPARO:
A) Amparo provisional: no se decretó.
B) Terceros interesados: Banco del Café, Sociedad Anónima y José Javier Peña
Palacios.
C) Remisión de antecedentes: ocurso de hecho número noventa y cinco – dos mil seis
tramitado ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil.
D) Pruebas: los antecedentes de la presente acción de amparo y presunciones legales
y humanas.
ALEGACIONES DE LAS PARTES:
A) El postulante, presentó un memorial conteniendo los mismos argumentos,
fundamentos legales y peticiones que consignó en su memorial de fecha quince de
mayo de dos mil seis mediante el cual interpuso la presente acción de amparo; y
finalmente solicitó que en sentencia se declare con lugar el amparo.
B) El tercero interesado, José Javier Peña Palacios, al presentar su alegato expresó
que con la prueba aportada durante la fase procesal quedó totalmente evidenciado que
en su calidad de Notario Notificador cumplió a cabalidad con su cometido habiendo
practicado la notificación en el lugar señalado para el efecto; que el accionante no
cumple con el presupuesto de definitividad y que en todo caso las cuestiones
planteadas no son materia de amparo, motivo por el cual la presente acción debe ser
desestimada. Solicitó que se deniegue el amparo promovido.
C) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y
Exhibición Personal, por medio de la Agente Fiscal Darleene Monge Pinelo de Oxom, al
presentar su alegato, manifestó que la Corte de Constitucionalidad ha asentado
doctrina legal, en el sentido de que el postulante tiene la carga procesal de señalar el
acto reclamado y la autoridad a quien se le imputa la emisión del mismo, toda vez que
115
uno de los efectos de procedencia del amparo será dejar en suspenso o sin efecto en
cuanto al reclamante el acto concretamente impugnado, y, respecto de la autoridad
contra quien se ha pedido el amparo, se hará la conminatoria y apercibimientos que la
ley establece, según la sentencia de fecha veinte de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro, expediente doscientos diecisiete – noventa y cuatro. Agregó que en el
presente caso el postulante no indica con precisión el acto reclamado, y que en su
petición indica: “(…) Que en su oportunidad se dicte sentencia correspondiente en la
cual se declare: a) Con lugar el amparo interpuesto en contra se la Sala Segunda de la
Corte de Apelaciones Civil y Mercantil; b) Que todas las actuaciones, resoluciones y
procedimientos que se dictaron dentro del juicio número un mil quinientos setenta y
cinco guión un mil novecientos noventa y seis a cargo del oficial primero y notificador
primero del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de
Guatemala, a partir de la notificación de fecha dieciséis de julio de mil novecientos
noventa y seis que se realizara en forma notarial por el Notario JOSE JAVIER PEÑA
PALACIOS, son nulos de pleno derecho al haberse violado el derecho de defensa del
interponente del amparo (…)”. Adicionalmente expuso que de lo anterior se advierte
que, el postulante no señaló con precisión y claridad cuál es la resolución que
constituye el acto reclamado, lo que determina la improcedencia de la acción intentada,
pues tal y como la Honorable Corte de Constitucionalidad lo ha estimado en reiteradas
ocasiones, conforme el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad, el Tribunal de Amparo en aplicación del principio jura novit curia
puede examinar fundamentos de derecho que no hayan sido invocados por las partes,
pero no puede, de oficio, hacer el señalamiento del acto reclamado, porque éste es un
elemento fáctico que el solicitante de amparo debe hacer. Esto, porque una de las
consecuencias de la procedencia del amparo es hacer la conminatoria y
apercibimientos que la ley establece a la autoridad contra la que se reclama para que
deje en suspenso el acto que concretamente se señaló. Citó la sentencia de la Corte de
Constitucionalidad de fecha veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho,
Expediente ciento siete - noventa y siete, Gaceta cuarenta y siete. Finalizó exponiendo:
“(…) Las razones antes consideradas imposibilitan acceder a la protección solicitada
116
toda vez que la imprecisión del acto reclamado, no es un requisito subsanable por el
tribunal de amparo. Conforme lo expuesto, el amparo de mérito deberá denegarse,
condenando en costas al postulante, imponiendo la multa respectiva al abogado
patrocinante (…)”
CONSIDERANDO -I-:
De conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política de la República de
Guatemala se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las
amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos
cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo,
y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad
lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la constitución
y las leyes garantizan. Además el artículo 203 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, establece que la actividad de juzgar y promover la ejecución
de lo juzgado es potestad que corresponde con exclusividad a los jueces y magistrados,
quienes en el ejercicio de sus funciones, únicamente están sujetos a la misma
Constitución y a las leyes.
-II-
En el presente caso el postulante promovió la acción constitucional de amparo sin
especificar clara y precisamente cuál es el acto que reclama a la Sala Segunda de la
Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, toda vez que en la “Relación de
Hechos“ de su memorial de fecha quince de mayo de dos mil seis, mediante el cual
interpuso el presente amparo se concretó a hacer una serie de señalamientos relativos
a las actuaciones dentro del juicio ejecutivo que en la vía de apremio se le sigue ante el
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de
Guatemala, básicamente en lo referente a la notificación de la primera resolución
recaída en dicho juicio, con la cual no está conforme debido a que, según lo manifestó,
tal notificación se hizo en forma notarial en una dirección que no es la correcta, pues la
dirección a la que se dirigió el notario notificador no existe, y que él se enteró del juicio
promovido en su contra por medio de “Infornet” porque se le denegó un préstamo que
se encontraba gestionando. Agregó que las posteriores notificaciones se le hicieron por
117
medio de despachos librados al Juez de Paz del municipio de Mixco del Departamento
de Guatemala, los cuales se encuentran razonados en el sentido de que la dirección
para notificar es incorrecta pues no existe; que en consecuencia todas las
notificaciones, incluyendo la primera son nulas de pleno derecho, y que al no haber
sido notificado legalmente se le ha violado su derecho de defensa. Por tal motivo
solicitó la enmienda del procedimiento al juez que conoció el juicio ejecutivo pidiendo
que se anulara todo lo actuado a partir de la notificación notarial de fecha dieciséis de
julio de mil novecientos noventa y seis, inclusive; pero el Juez declaró sin lugar la
enmienda en resolución de fecha nueve de febrero de dos mil seis, por cuya razón el
ahora postulante interpuso recurso de apelación contra esta última resolución, el que no
fue otorgado en virtud de lo dispuesto por el artículo 325 del Código Procesal Civil y
Mercantil que establece que solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no
admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. En vista de lo anterior el
amparista interpuso ocurso de hecho contra el Juez Segundo de Primera Instancia del
Ramo Civil del Departamento de Guatemala, y la autoridad impugnada, en auto de
fecha dieciséis de marzo de dos mil seis, que constituye el acto reclamado declaró sin
lugar dicho ocurso. Solicitó que se dicte sentencia en la cual se declare con lugar el
amparo interpuesto y que se certifique lo conducente a un tribunal del ramo penal para
deducirle las responsabilidades del caso al notario notificador por haber incurrido en
falsedad y que además se condene a dicho profesional al pago de los daños y
perjuicios.
-III-
Esta Cámara después de haber efectuado detenidamente el estudio del expediente que
contiene la acción constitucional de amparo y de sus respectivos antecedentes
determina que el amparo debe ser denegado en virtud de que lo expuesto por el
postulante en su memorial de interposición del mismo y en sus memoriales mediante
los cuales evacuó las audiencias que por ley se le confirieron, no hace referencia al
acto reclamado en forma concreta y precisa, pues en sus intervenciones se limita a
hacer análisis de los hechos que se sucedieron durante la tramitación del proceso de
primera instancia con los cuales no está de acuerdo, sin expresar claramente cuál es la
118
resolución que constituye el acto reclamado dictada por la autoridad impugnada. Este
proceder del postulante impide al Tribunal de Amparo determinar la procedencia o
improcedencia de la acción con el propósito de resolver conforme a derecho ya sea
acogiendo el amparo y ordenando la restitución de los derechos que estima
conculcados, o bien rechazando dicha acción si fuere el caso. Pero analizando la
petición de fondo del amparista, se advierte que solicita: “(…) Que en su oportunidad se
dicte sentencia correspondiente en la cual se declare: a) Con lugar el amparo
interpuesto en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil;
b) Que todas las actuaciones, resoluciones y procedimientos que se dictaron dentro del
juicio número un mil quinientos setenta y cinco guión mil novecientos noventa y seis
(1575-1996) a cargo del Oficial Primero y Notificador Primero del Juzgado Segundo de
Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala a partir de la
notificación de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis que se
realizara en forma notarial por el Notario JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS SON NULOS
DE PELANO (sic) DERECHO, AL HABERSE VIOLADO EL DERECHO DE DEFENSA
DEL INTERPONENTE DEL AMPARO; c) Que por haberse violentado el procedimiento
dentro del proceso seguido ante el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del
Ramo Civil del departamento de Guatemala dentro del juicio ejecutivo en la vía de
apremio número un mil quinientos setenta y cinco guión mil novecientos noventa y seis
(1575-1996) a cargo del oficial Primero y Notificador primero todo lo actuado a partir de
la notificación de fecha dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis realizada en
forma notarial por el Notario JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS, son nulas de pleno
derecho; d) Que se certifique lo conducente al Ministerio Público o a un Juzgado del
Ramo Penal en contra del Notario JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS y se le sindique del
delito de FALSEDAD; e) Que se sancione al notario JOSE JAVIER PEÑA PALACIOS,
que debe pagar al interponente del amparo la cantidad de CUATROCIENTOS MIL
QUETZALES en concepto de daños y perjuicios, de conformidad como (sic) lo
establece el artículo setenta y siete (77) del Código Procesal Civil y Mercantil; f) Que se
condene en costas, y g) Que se hagan las demás declaraciones que en derecho
corresponden (,,,)”. El artículo 10 Literal b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
119
de Constitucionalidad establece que toda persona tiene derecho a pedir, amparo para
que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto
de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los
derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley.
Adicionalmente, los numerales 3º. y 6º. del artículo 61 del Código Procesal Civil y
Mercantil señalan como requisitos de toda primera solicitud hacer una relación de los
hechos a que se refiere la petición y hacer la petición en términos precisos, de donde se
establece que la falta de señalamiento preciso del acto reclamado, que es obligación de
ser señalado por el postulante, impide a este Tribunal pronunciarse al respecto.
-IV-
Por la forma en que se resuelve la presente acción y por imperativo legal se condena
en costas al postulante y se sanciona con multa a la abogada patrocinante.
LEYES APLICABLES:
Artículos: Citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º,
3º, 4º, 7º, 8º, 10, 12 inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad; 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; Auto
Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 9-95 de la Corte
Suprema de Justicia.
POR TANTO:
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con
base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara: DENIEGA por notoriamente
improcedente el amparo planteado por MANUEL ANGEL FEMENÍAS SOMARRIBAS
contra la SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y
MERCANTIL, y en consecuencia: a) condena en costas al solicitante; b) impone la
multa de un mil quetzales a la abogada patrocinante Olga Alicia Valenzuela Alvarado de
Femenías, quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de
Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes a partir de estar firme este fallo,
cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente; c)
oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente
fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición
120
Personal y de Constitucionalidad. Notifíquese, con certificación de lo resuelto
devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia, y en su oportunidad procesal
archívese el expediente.
Luis Fernández Molina, Magistrado Vocal Segundo; Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte,
Magistrado Vocal Quinto; Jorge Gonzalo Cabrera Hurtarte, Magistrado Vocal Séptimo;
Rodolfo de León Molina, Magistrado Vocal Duodécimo. Jorge Guillermo Arauz Aguilar,
Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
121
ANEXO G
AMPARO 273-2009
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO.
Guatemala, quince de diciembre de dos mil nueve.
I) Se integra con los Magistrados suscritos. II) Se tiene a la vista para dictar sentencia el
amparo solicitado por EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA, SOCIEDAD ANÓNIMA, a
través de su gerente general y representante legal Otto Roberto Coyoy Echeverría,
contra la SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO CIVIL Y
MERCANTIL. La postulante actuó con el patrocinio del abogado Roberto Siekavizza
Álvarez.
ANTECEDENTES
A) Fecha de interposición: veinticinco de marzo de dos mil nueve.
B) Acto reclamado: auto dictado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del
Ramo Civil y Mercantil el veintisiete de noviembre de dos mil ocho, que revocó el
emitido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento
de Guatemala y en consecuencia, declaró sin lugar el incidente de caducidad de la
primera instancia, planteado por la entidad Empresa Hospitalaria Cemesa, Sociedad
Anónima, a través de su gerente general y representante legal Otto Roberto Coyoy
Echeverría; dentro del juicio ordinario de daños y perjuicios que en su contra promovió
la señora Esly María Pérez Ríos de Ortiz.
C) Fecha de notificación a la entidad postulante del acto reclamado: trece de marzo de
dos mil nueve.
D) Uso de recursos contra el acto impugnado: ninguno.
E) Violaciones que denuncia: derecho defensa, debido proceso y el principio de
legalidad.
HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO
122
A) De los antecedentes y lo expuesto por la entidad postulante se resume lo siguiente:
a) el nueve de febrero de dos mil cinco, la señora Esly María Pérez Ríos de Ortiz, en su
calidad de administradora de la mortual del causante Josué Dany Ortiz Maldonado,
presentó demanda ordinaria de “declaración de obligación de pago de daños y
perjuicios” contra la Empresa Hospitalaria Cemesa, Sociedad Anónima, y del señor
Jorge Antonio Jeréz Lau; la que fue designada a conocimiento del Juzgado Segundo de
Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, que mediante resolución del
diez de febrero de dos mil cinco, la admitió para su trámite y emplazó a los
demandados por nueve días; habiéndose notificado a la entidad mercantil y no así a la
persona individual, al contener la cédula de notificación la razón siguiente: “… En el
lugar indicado nadie atendió. Por ser la primera notificación me abstengo de fijarla…”;
circunstancia que se hizo saber a la parte actora, quien propuso nuevo lugar para
notificarle. Oportunamente se ordenó notificar, y en éste otro lugar señalado tampoco
fue posible hacerlo, al razonar el notificador que: “… No fue posible realizar la presente
notificación en virtud que una persona de sexo femenino, que no quiso identificarse y
que hablo por medio del intercomunicador me informo que la persona a notificar es
desconocida en ese lugar negándose a abrir la puerta y atenderme, únicamente por el
intercomunicador. CONSTE…”; b) ante lo suscitado la actora solicitó a la Jueza
designar un notario notificador a su costa, a efecto que se realizaran las notificaciones
que se encontraran pendientes, proponiendo al Notario José Francisco Peláez Cordón;
requerimiento al cual la juzgadora accedió mediante resolución del once de abril de dos
mil cinco: “… II) Como lo solicita el compareciente se nombra como NOTARIO
NOTIFICADOR a JOSÉ FRANCISCO PELÁEZ CORDÓN, para que realice las
notificaciones que se encuentran pendientes al demandado JORGE ANTONIO JERÉZ
LAU, a quien deberá hacérsele saber el cargo en el recaído para su aceptación y
discernimiento y demás efectos legales, y entregársele las copias respectivas. III) El
Notario Notificador designado deberá tomar en cuenta la razón puesta por el notificador
respectivo…”, resolución que se notificó a la parte actora el trece de abril, y a la entidad
mercantil demandada el dieciocho de abril, ambas fechas de dos mil cinco; c) el siete
de noviembre de dos mil cinco, la entidad mercantil demandada presentó memorial
123
solicitando la caducidad de la primera instancia, el cual se tramitó en la vía incidental, y
que fue resuelto mediante auto del seis de marzo de dos mil seis, declarando con lugar
la caducidad de la primera instancia, al considerar que no se da ninguna de las
excepciones indicadas en el artículo 589 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que
han transcurrido más de seis meses desde la última gestión realizada por la actora; d)
contra lo resuelto, el siete de marzo de dos mil seis, la demandante interpuso recurso
de apelación, el que se admitió en definitiva hasta el cinco de agosto de dos mil ocho,
producto de una acción de amparo que planteó la demandante, y que posteriormente
apeló ante la Corte de Constitucionalidad, (por la presentación extemporánea de un
memorial), elevándose las actuaciones a conocimiento de la Sala Segunda de la Corte
de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, que luego de conocer resolvió mediante
auto del veintisiete de noviembre de dos mil ocho, revocando lo resuelto en primera
instancia y en consecuencia declarando sin lugar el incidente de caducidad de la
primera instancia, al considerar: “… Del análisis de los autos se determina que el señor
JORGE ANTONIO JERÉZ LAU, quien es uno de los demandados, no ha sido
notificado; por lo que a juicio de este Tribunal, no se ha trabado la litis, de donde resulta
que no puede operar la caducidad y por esa razón debe revocarse el auto que se
conoce en alzada, condenando en costas al vencido por ser imperativo en los
incidentes y así debe resolverse…”; e) la entidad postulante solicitó amparo contra la
autoridad impugnada señalando que al emitir el acto reclamado, mediante el cual se
revocó lo resuelto en primera instancia y en consecuencia declaró sin lugar el incidente
de caducidad de la primera instancia que presentó, se violaron sus derechos
constitucionales de defensa, debido proceso y el principio de legalidad; argumentando:
e.1) el principio de legalidad se incumple, cuando los integrantes de la Sala recurrida no
observan que al haber sido nombrado notario notificador es responsabilidad de la
actora presentarlo al juzgado para que le disciernan el cargo, y el nombrado proceda
conforme lo indica el artículo 71 del Código Procesal Civil y Mercantil, quien se
convierte en un auxiliar del juez según lo establece el artículo 33 del mismo cuerpo
legal; además el plazo de la caducidad corre desde la “última diligencia” según lo
preceptúa el artículo 590 de la ley adjetiva civil, por lo que, conforme lo estipula el
124
artículo 70 inciso f) de la Ley del Organismo Judicial, el juez no podía actuar de oficio;
provocando lo normado en el artículo 588 de la ley procesal civil, al operar la caducidad
en primera instancia por el transcurso de seis meses; aunado a lo anterior, en el
presente caso no concurren los motivos de improcedencia de la caducidad, contenidos
en el artículo 589 del Código Procesal Civil y Mercantil; motivo por el cual se vulneró el
principio de legalidad; e.2) la autoridad recurrida violó el derecho de defensa “… toda
vez que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República, la
defensa de la persona es inviolable, la caducidad de la instancia es una de las formas
de terminar el proceso, cuando una de las partes por voluntad propia decide no actuar
dentro del proceso por el transcurso del tiempo que fija la ley…”, argumentó que su
representada tiene derecho a saber los artículos y leyes en que se fundamentó la
autoridad impugnada al momento de resolver, ello al no contener el acto reclamado un
debido razonamiento y cita de leyes; y e.3) el debido proceso se vulneró al cambiar las
formas del proceso cuando la autoridad recurrida no hace una correcta aplicación de los
artículos 588, 589 y 590 del Código Procesal Civil, puesto que dicha normativa fija un
procedimiento y presupuestos procesales que fueron inobservados. Solicitó que al
dictar sentencia se otorgue el amparo y en consecuencia: “… se me restituya en mis
derechos constitucionales del debido proceso, derecho de defensa y principio de
legalidad, en consecuencia se deje en suspenso el acto reclamado, se ordene a la
autoridad impugnada resolver conforme a derecho…”
B) Casos de procedencia: citó el artículo 10 inciso a), b) y h) de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
C) Leyes violadas: señaló los artículos 12 y 203 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 71, 588, 589 y 590 del Código Procesal Civil y Mercantil; 2 y
70 inciso f) de la Ley del Organismo Judicial; 8 y 25 de la Convención Americana de los
Derechos Humanos.
TRÁMITE DEL AMPARO
A) Amparo provisional: no se decretó.
125
B) Terceros interesados: Esly María Pérez Ríos de Ortiz y Jorge Antonio Jerez Lau.
C) Remisión de antecedentes: a) juicio ordinario civil C dos – dos mil cinco –
novecientos sesenta y cuatro (C2-2005-964), del Juzgado Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala; y, b) apelación trescientos
cuarenta y uno – dos mil ocho (341-2008), de la Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil; del cual se dejó fotocopia certificada de las
partes conducentes que tienen relación directa con el acto reclamado.
D) Pruebas: a) los expedientes que sirven de antecedentes al amparo; y, b)
presunciones legales y humanas.
ALEGACIONES DE LAS PARTES
A) La entidad postulante reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.
B) Jorge Antonio Jerez Lau, tercero interesado, no alegó.
C) Esly María Pérez Ríos de Ortiz, tercera interesada, al presentar sus alegatos
manifestó: a) la presente acción tiene como propósito entorpecer la ejecución de lo
resuelto por la autoridad recurrida, evidenciándose que la entidad postulante busca la
revisión de lo actuado por la jurisdicción ordinaria, no obstante que el accionante ha
tenido la oportunidad de defenderse conforme a las garantías procesales; b) para que
pueda alegarse abandono de la instancia deben encontrarse debidamente notificadas
todas las partes, lo cual no sucedió “… porque el notificador encargado de notificar la
demanda, no cumplió con hacerlo, no obstante y a que mi persona había acreditado en
autos conforme certificación extendida por el Colegio de Médicos y Cirujanos de
Guatemala, cuál es el domicilio del señor Jeréz Lau, y posteriormente porque no se le
discernió el cargo al Notario Notificador nombrado para los efectos de hacer aquella
notificación…” (…). Por consiguiente, puede advertirse que siendo una atribución del
tribunal hacerle saber al Notario Notificador el cargo en él recaído para su aceptación y
discernimiento…”; c) indicó también: “… la obligación de notificar es una de las
situaciones de las que no puede encontrarse eximido el tribunal que tramita el proceso,
aunque el impulso procesal del juicio se de por medio del principio de rogación, pues,
126
las notificaciones, como ya se dijo, corresponde hacerlas al tribunal (…)”; d) la entidad
postulante pretende liberarse de una reclamación mediante una caducidad que no
existe. Solicitó que al dictar sentencia se deniegue el amparo.
D) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y
Exhibición Personal, por medio de su agente fiscal, abogada Carla Isidra Valenzuela
Elías, expuso: a) al no haberse notificado a todos los demandados, no puede
entablarse la litis entre los sujetos procesales, por lo que: “… impropio es pretender se
declare la caducidad de una instancia que no existe como tal, por no existir
contradictorio…”; y, b) la autoridad impugnada actuó conforme a sus facultades legales
y las constancias procesales, motivo que hace improcedente el mismo al no poder
constituirse como una tercera instancia revisora de lo actuado por la jurisdicción
ordinaria. Solicitó que al dictar sentencia el amparo sea denegado.
CONSIDERANDO – I –
La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el artículo 265,
que se instituye al amparo como un medio de protección para las personas contra las
amenazas de violación a sus derechos o como un restaurador de los mismos; en caso
la infracción ya hubiese ocurrido. Asimismo, el artículo 42 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, establece que, con base en las
consideraciones hechas y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial,
pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución,
otorgando o denegando amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta
materia.
– II –
Empresa Hospitalaria Cemesa, Sociedad Anónima, solicitó amparo contra la autoridad
impugnada señalando que al emitir el acto reclamado, mediante el cual se revocó lo
resuelto en primera instancia, y en consecuencia declaró sin lugar el incidente de
caducidad de la primera instancia que presentó, se violaron sus derechos
constitucionales de defensa, debido proceso y el principio de legalidad; porque la
127
autoridad inadvirtió que la inacción dentro del proceso se atribuye a la parte actora, al
ser su responsabilidad presentar al notario notificador al Juzgado para que le
discernieran el cargo en éste recaído; asimismo, el Juez de primera instancia no podía
actuar de oficio conforme lo establece el artículo 70 inciso f) de la Ley del Organismo
Judicial; y tampoco concurren los motivos de improcedencia de la caducidad de la
instancia, establecidos en el artículo 589 del Código Procesal Civil y Mercantil; por lo
que, al haber transcurrido más de seis meses de inactividad procesal desde la ultima
diligencia practicada en el proceso, la autoridad impugnada debió confirmar lo resuelto
por el Juez de primera instancia; señaló también, que el acto reclamado no contiene un
adecuado razonamiento, ni se citan las leyes en que se fundamenta.
– III –
Hecho el estudio de los antecedentes y de la petición presentada, esta Cámara
establece que la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil,
actuó dentro del ejercicio de sus facultades y conforme a lo establecido en el artículo
610 del Código Procesal Civil y Mercantil, al emitir el auto del veintisiete de noviembre
de dos mil ocho, señalado como acto reclamado por la entidad postulante del amparo,
siendo que al resolver consideró: “… En el presente caso uno de los demandados
planteó la caducidad de la instancia argumentando que han transcurrido más de seis
meses sin que las partes hubieren gestionado y que, por ser un proceso de naturaleza
civil no opera el impulso de oficio. Del análisis de los autos se determina que el señor
JORGE ANTONIO JERÉZ LAU, quien es uno de los demandados, no ha sido
notificado; por lo que a juicio de este Tribunal, no se ha trabado la litis, de donde resulta
que no puede operar la caducidad y por esa razón debe revocarse el auto que se
conoce en alzada, condenando en costas al vencido por ser imperativo en los
incidentes y así debe resolverse…”.
Respecto a la figura procesal de la caducidad de la instancia, la Corte de
Constitucionalidad ha opinado: “… El derecho al proceso legal, es elemento esencial
del derecho de defensa e involucra todo el conjunto de garantías que deben revestir los
actos y procedimientos judiciales, siendo presupuesto básico del contradictorio, que
128
quede trabada la litis, mediante la notificación hecha de conformidad con la ley…”
(Corte de Constitucionalidad, expediente mil seiscientos cincuenta y seis – dos mil dos,
sentencia del ocho de septiembre de dos mil tres). De lo citado, se establece que al
encontrarse pendiente notificar a uno de los demandados, resulta inoperante la
aplicación de la caducidad de la primera instancia, como lo resolvió en su oportunidad
la autoridad impugnada; sin embargo, se considera oportuno pronunciarse sobre
algunas de las argumentaciones presentadas, dado que al ser dos los sujetos
demandados y encontrarse uno debidamente notificado, surge el cuestionamiento si se
ha entablado la litis; aspecto que se establece de la simple observación de la actuación
procesal, ya que conforme lo normado en el artículo 111 del Código Procesal Civil y
Mercantil, el emplazamiento de los demandados y la audiencia por nueve días discurre
dentro de un plazo común, que inicia a partir de la última notificación, por lo cual no se
entabla la litis hasta que se notifique a todas la partes. Por otro lado, la tercera
interesada y demandante en el proceso de mérito, manifiesta dentro de los alegatos
presentados en la primera audiencia de esta acción: “… Por consiguiente, puede
advertirse que siendo una atribución del tribunal hacerle saber al Notario Notificador el
cargo en él recaído para su aceptación y discernimiento…”, comete error en sus
apreciaciones, pues es función del juzgado que conoce, nombrar al notario notificador
que se solicitó, y notificar conforme la solicitud, como efectivamente actuó el Juzgado
de primera instancia en el presente caso; siendo a partir de dicho momento en que la
demandante debe hacer saber al notario del nombramiento que en él recayó, y
presentarlo a la judicatura para la aceptación y discernimiento del cargo. De ello, cabe
advertir que oportuno sería establecer un plazo para este apersonamiento, pues como
resulta en el presente caso, se sujeta a la entidad postulante del amparo a un tiempo de
espera que es estéril en cuanto a la ejercicio de la figura procesal de la caducidad, al no
entablarse el contradictorio entre las partes.
Por tanto, el hecho de que lo resuelto sea adverso a las pretensiones de la entidad
postulante, no debe ser considerado como causa suficiente para la procedencia del
amparo, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley.
– IV –
129
En el presente caso, conforme a lo establece el artículo 44 y 45 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se exonera de las costas causadas a la
entidad solicitante, por considerarse su actuación con evidente buena fe, únicamente se
impone la multa respectiva al abogado patrocinante, por ser responsable de su
juricidad.
LEYES APLICABLES
Artículos citados y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 3º,
4º, 7º, 8º, 10, 12, inciso c), 19, 20, 42, 44, 45 y 81 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad; 77, 141, 142 y 143 de la Ley del Organismo Judicial;
Auto Acordado 2-95 de la Corte de Constitucionalidad; Acuerdos 44-92 y 9-95 de la
Corte Suprema de Justicia.
POR TANTO
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con
base en lo considerado y leyes citadas, al resolver, declara: DENIEGA, por
improcedente el amparo planteado por EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su gerente general y representante legal Otto
Roberto Coyoy Echeverría; y en consecuencia: a) no condena en costas a la entidad
solicitante; b) impone la multa de mil quetzales al abogado patrocinante Roberto
Siekavizza Álvarez, quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de
Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes de estar firme este fallo, cuyo
cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente; c)
oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente
fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad. Notifíquese, con certificación de lo resuelto,
devuélvanse los antecedentes y documentación relacionada al lugar de su procedencia,
y en el momento procesal oportuno, archívese el expediente.
130
José Arturo Sierra González, Magistrado Vocal Décimo Primero; Luis Alberto Pineda
Roca, Magistrado Vocal Octavo; Mynor Custodio Franco Flores, Magistrado Vocal
Noveno; Gustavo Bonilla, Magistrado Vocal Décimo Tercero. Jorge Guillermo Arauz
Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
131
ANEXO H
AMPARO 651-2009
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO. Guatemala,
veintiocho de enero de dos mil diez.
Se tiene a la vista para dictar sentencia el amparo solicitado por FRANCISCO
EUGENIO RUIZ BERNASCONI contra la SALA CUARTA DE LA CORTE DE
APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL con sede en el municipio de
Mazatenango del departamento de Suchitepéquez. El postulante actuó con el patrocinio
de los abogados Rafael Otilio Ruiz Castellanos y Mario Antonio Morales Monroy.
ANTECEDENTES
A) Fecha de interposición: uno de julio de dos mil nueve.
B) Acto reclamado: auto dictado por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de
Trabajo y Previsión Social del municipio de Mazatenango del departamento de
Suchitepéquez, el once de marzo de dos mil nueve, que enmendó el procedimiento
dentro del juicio ordinario laboral por despido indirecto, pago de Indemnización y
prestaciones irrenunciables laborales promovido por Francisco Eugenio Ruiz
Bernasconi contra Julia Antonieta Bernasconi De León viuda de Ruiz.
C) Fecha de notificación al postulante del acto reclamado: dos de junio de dos mil
nueve.
D) Uso de recursos contra el acto reclamado: ninguno.
E) Violaciones que denuncia: derecho de defensa, debido proceso, petición, tutelaridad
de las leyes de trabajo, los derechos sociales mínimos y la supremacía Constitucional.
HECHOS QUE MOTIVAN EL AMPARO
A) De lo expuesto por el postulante y de los antecedentes se resume lo siguiente: a) el
señor Francisco Eugenio Ruiz Bernasconi, el día dieciocho de mayo de dos mil siete
promovió ante el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del
municipio de Malacatán del departamento de San Marcos, juicio ordinario laboral por
despido indirecto, contra la señora Julia Antonieta Bernasconi De León viuda de Ruiz,
solicitando el pago de indemnización y prestaciones irrenunciables argumentando que,
132
laboró para la demandada por veintisiete años dos meses y catorce días, iniciando la
relación laboral el cinco de febrero de mil novecientos ochenta en las fincas San Luis y
Santa Rosalía ubicadas en el municipio de El Tumbador del departamento de San
Marcos, fincas propiedad de la señora Julia Antonieta Bernasconi, como Administrador
General, devengando durante los últimos seis meses, un salario mensual de veinte mil
quetzales exactos en cada una de las fincas, lo cual hace un total de cuarenta mil
quetzales mensuales; b) la causa justificada por la que el señor Francisco Eugenio Ruiz
Bernasconi se dio por despedido, fue el hecho, que la demandada ha retenido su
salario por más de treinta meses y solo se le han ofrecido promesas de pago,
habiéndose mantenido únicamente con las ventajas económicas que ha recibido de
parte de su patrono como lo son vivienda, gastos de alimentación, gastos de gasolina,
viáticos y gastos de depreciación del vehículo entre otros. También argumenta que la
señora Julia Antonieta Bernasconi de León viuda de Ruiz, ha presentado en su contra
denuncias donde le sindica que él usurpa la calidad de Administrador General de las
fincas indicadas y que ello lo hace con el objeto de evadir su responsabilidad y
obligación de hacerle efectivo el pago de su indemnización y las prestaciones laborales
que en derecho le corresponden; c) el juicio ordinario laboral fue declarado con lugar
parcialmente en sentencia de fecha once de enero del año dos mil ocho, por el Juez de
Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio de Malacatán del
departamento de San Marcos, al considerar que: “…se demuestra que la relación de
trabajo entre los sujetos de la relación jurídica finalizó dos años antes que fuera iniciada
esta acción, tal extremo se corrobora con la propia demanda del actor en la que en su
apartado correspondiente del despido indirecto justificado, este argumenta que su
demandada le ha retenido su salario por más de treinta meses hasta la fecha en que
inició su acción, en consecuencia es evidente que el derecho para reclamar contra la
demandada en este juicio ha prescrito en demasía por imperativo legal contenido en el
artículo 261 del Código de Trabajo, pues esta situación denunciada de retención de
salarios se constituye en causa justa que lo facultaba para dar por terminado su
contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, de conformidad con el inciso a), del
artículo 79 de la ley de la materia, pues a partir de la fecha en que sucedió la retención
133
de salarios que denuncia, esta contaba con el plazo de veinte días hábiles, para dar por
terminado efectivamente y con justa causa su contrato de trabajo, situación que no
ocurrió habiendo dejado transcurrir el plazo señalado, situación que hace al Juez que
resuelve observar la norma establecida en el artículo 258 del citado cuerpo legal y
como lógica consecuencia y por imperativo legal al haber perdido su derecho a
indemnización, también se entiende que las ventajas económicas a que hace referencia
en su pretensión, quedan excluidas en el fallo, habida cuenta que tampoco no probó
fehacientemente durante la dilación del juicio tener derecho a esta prestación (…), el
juez no puede acoger tal pretensión ya que en esta clase de prestaciones no opera el
principio de inversión de la carga de prueba, por no ser una prestación de carácter
irrenunciable, por tal motivo esta prestación también debe ser denegada (…) de lo
anterior el Juez que conoce arriba a la conclusión de declarar parcialmente con lugar la
presente demanda, únicamente en cuanto a las prestaciones laborales de aguinaldo
bonificación anual para los trabajadores del sector privado, bonificación incentivo para
trabajadores del sector privado, de conformidad con los períodos y montos que serán
establecidos en la parte resolutiva de este fallo, no así en cuanto a la reclamación de
indemnización la cual a la meridiana razón legal y como ha quedado demostrado ha
prescrito en demasía el derecho para reclamarla, y como lógica consecuencia el pago
de las ventajas económicas pedidas…”; d) inconforme con la sentencia anterior el
trabajador Francisco Eugenio Ruiz Bernasconi interpuso recurso de apelación el cual
fue conocido por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión
Social del municipio de Mazatenango del departamento de Suchitepéquez, la que al
resolver enmendó el procedimiento, dejando sin efecto todo lo actuado a partir del
veintiuno de septiembre de dos mil siete por considerar que: “…conforme la diligencia
de fecha veintiuno de septiembre de dos mil siete realizada por el Juez de Primera
Instancia del Ramo de Trabajo y Previsión Social del municipio de Malacatán
departamento de San Marcos (…) que contiene el acta de discernimiento del cargo de
notificador en la persona del Notario PEDRO JUÁREZ GUINAC, se ha podido
establecer (…). Que el acta carece de firma del Secretario, quien es el fedatario de las
Diligencias (…) por lo que no cumplirse con dicho requisito, lo actuado es nulo
134
conforme lo determinado en el artículo 4 de la Ley citada (…). Que de conformidad con
la diligencia celebrada en el tribunal relacionado con el discernimiento del cargo, el
mismo era para Notario Notificador, sin embargo, la aceptación del cargo, según consta
en el acta el notario la acepta en su calidad de notario partidor, función que es
totalmente distinta para la cual fue designado, por lo que dejar pasar errores como los
que obran en el expediente ya identificado, estaría vulnerando el derecho de una de las
partes, al no cumplirse con el debido proceso (…). De esa cuenta, al corroborar la
existencia de error sustancial que viola garantías constitucionales así como
formalidades esenciales del proceso, se impone enmendar el procedimiento…”; e)
indica el amparista que, la Sala al emitir el acto reclamado, violó su derecho de defensa
y debido proceso pues resolvió de oficio peticiones que no fueron solicitadas por las
partes, se inobservó que, en el acta por el cual se declaró la enmienda, únicamente se
cometió error en el epígrafe, ya que el contenido de dicho documento se refiere al
discernimiento del cargo de notario notificador, por lo que su fallo carece de fundamento
de derecho y contraviene lo regulado en el artículo 603 del Código Procesal Civil y
Mercantil, que establece: “la apelación se considerará sólo en lo desfavorable al
recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá por
lo tanto enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso…”, lo
que no se dio en el presente caso, donde no hubo una sentencia congruente con la
demanda; f) expone el solicitante que la autoridad impugnada en su resolución no
argumentó de manera legal qué disposición especial o supletoria ordena que se debe
discernir el cargo de notario notificador por medio de acta faccionada ante juez, por el
contrario el artículo 328 del Código de Trabajo como disposición especial, regula que:
“…Cuando la notificación se haga por notario, el juez entregará a éste, original y copias
de la solicitud o memorial y de la resolución correspondiente, debiendo el notario firmar
en el libro la constancia de darse por recibido. Los notarios asentarán la notificación a
continuación de la providencia o resolución correspondientes…”; g) menciona el
postulante que en su caso es aplicable lo establecido en la sentencia de fecha
veintiocho de febrero de dos mil uno, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro
de los expedientes acumulados números un mil sesenta y dos y un mil sesenta y nueve,
135
ambos guión noventa y nueve, en donde se señaló que: “… Existe violación
constitucional y al principio del debido proceso, cuando una instancia superior reforma
la sentencia apelada en perjuicio del apelante, lo cual es revisable por vía del
amparo…”, así como también, que a folio 98 del expediente de primera instancia
consta la razón puesta por la notificadora primera de fecha veintiuno de septiembre de
dos mil siete, en la que se hace constar que al notario Pedro Juárez Guinac se le
entregó fotocopia de memorial inicial de demanda y demás resoluciones dictadas,
firmando el notario de recibido, donde se advierte la inexistencia de errores que
fundamenten la decisión tomada por la Sala. Solicitó se otorgue el amparo y en
consecuencia: “…dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, el contenido del auto
dictado (…) con fecha once de marzo de dos mil nueve (…) restituye al postulante en la
situación jurídica anterior al acto impugnado; y (…) ordene a la autoridad impugnada
proceder conforme a derecho a resolver, respetando los derechos y garantías
constitucionales del postulante…”.
B) Caso de procedencia: citó el artículo 10, incisos a), b), c) y d) de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
C) Leyes violadas: señaló los artículos: 12, 28, 29, 44, 101, 102, 103 y 204 de la
Constitución Política de la República de Guatemala; 5º. Considerando, 326 y 328 del
Código de Trabajo; 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16 y 18 de la Ley del Organismo Judicial.
TRÁMITE DEL AMPARO
A) Amparo provisional: se decretó según resolución del diecisiete de julio de dos mil
nueve.
B) Terceros interesados: Julia Antonieta Bernasconi De León viuda de Ruiz y la
Inspección General de Trabajo del municipio de Malacatán del departamento de San
Marcos.
C) Remisión de antecedentes: a) juicio ordinario laboral diez guión dos mil siete del
Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del municipio de Malacatán
del departamento de San Marcos; y, b) expediente de apelación trescientos treinta y
dos guión dos mil ocho, de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y
Previsión Social de Mazatenango Suchitepéquez.
136
D) Pruebas: a) los expedientes que sirven de antecedentes al presente amparo; y b)
presunciones legales y humanas.
ALEGACIONES DE LAS PARTES
A) El postulante reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial.
B) Julia Antonieta Bernasconi De León viuda de Ruiz y la Inspección General de
Trabajo del municipio de Malacatán del departamento de San Marcos, terceros
interesados, no alegaron.
C) El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales Amparos y
Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, Carla Isidra Valenzuela Elías,
expresó: a) la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado violó el debido proceso
del postulante, ya que si bien es cierto que el artículo 67 de la Ley del Organismo
Judicial expresa que los jueces tienen la facultad para enmendar el procedimiento,
cuando del estudio de las actuaciones se advierte que se incurrió en violación de
derechos constitucionales de cualquiera de las partes, y que esta facultad es
discrecional, también lo es que esta discrecionalidad no puede utilizarse de manera
arbitraria como sucedió en el presente caso; b) además la facultad antes referida fue
utilizada por la Sala de manera ilegal, ya que dejó de lado su obligación de emitir
resolución motivada en la que debía pronunciarse sobre la confirmación, revocación o
modificación de la resolución sometida a su conocimiento por medio de una apelación
legalmente otorgada y resolvió enmendar el procedimiento dejando sin efecto las
actuaciones a partir de la diligencia celebrada en el Juzgado de Primera Instancia; c) es
necesario mencionar que en el trámite del proceso se dieron errores que fueron
advertidos por la Sala los cuales no constituyen aspectos que sean esenciales ni
violatorios de los derechos constitucionales del amparista, que ameriten y sean base
suficiente para la enmienda del proceso como fue resuelto por el órgano de segunda
instancia, ya que el objetivo por el cual fue nombrado el notario Pedro Juárez Guinac se
cumplió, toda vez que la parte demandada fue debidamente notificada de las
actuaciones, por lo que a partir de ese momento tuvo la oportunidad de comparecer a
juicio, cumplir con el emplazamiento y formular aquellas defensas que estimara
pertinentes, inclusive denunciar violaciones procedimentales. Solicitó se otorgue el
137
amparo en consecuencia: “se deje en suspenso el acto reclamado, resolución de fecha
once de marzo de dos mil nueve dictada por la autoridad (…) recurrida (…) se restituya
al postulante en la situación Jurídica afectada; (…) se ordene a la autoridad impugnada
dictar nueva resolución en la que se respeten los derechos conculcados al accionante,
para el solo efecto de que (…) emita resolución congruente con las actuaciones
procesales y dentro de los parámetros fijados por el artículo 610 del Código Procesal
Civil y Mercantil…”.
CONSIDERANDO
-I-
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 265,
que: “…se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las
amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos
cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo,
y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad
lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución
y las leyes garantizan…”. También en su artículo 203 establece que juzgar y promover
la ejecución de lo juzgado es una potestad que corresponde con exclusividad a jueces y
magistrados, quienes en el ejercicio de sus funciones, únicamente están sujetos a la
misma Constitución y a las leyes.
-II-
Francisco Eugenio Ruiz Bernasconi, solicitó amparo contra la Sala Cuarta de la Corte
de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, argumentando que al emitir la resoluciòn
de fecha once de marzo de dos mil nueve, acto reclamado, violó sus derechos de
defensa, debido Proceso, petición, tutelaridad de las leyes de trabajo y supremacía
constitucional, pues, no solo no resolvió el recurso de apelación planteado por él, sino
que, de oficio enmendó el procedimiento y dejó sin efecto todo lo actuado a partir de lo
resuelto el día veintiuno de septiembre de dos mil siete.
-III-
En el presente caso la autoridad impugnada al resolver la enmienda del procedimiento
lo hizo dentro del ámbito de sus atribuciones, sin vulnerar los derechos del
138
demandante, quien es el único, que como parte, está participando dentro del proceso
ordinario laboral, pues la demandada fue declarada rebelde. Así mismo, obra dentro del
expediente de primera instancia, a folio noventa y siete, acta de discernimiento de cargo
de notario, que esta identificada erróneamente; sin embargo, de la lectura de la misma
se observa que al notario Pedro Juárez Guinac, se le designó como notario notificador y
fue debidamente notificado de la resolución de fecha cuatro de septiembre del dos mil
siete, emitida por el mismo Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social
de Malacatán del departamento de San Marcos, la que en su inciso II. Indica: “como lo
solicita el presentado se tiene como Notario Notificador al notario Pedro Juárez Guinac
para que entregue el memorial inicial de demanda, y las demás resoluciones dictadas
dentro del juicio arriba identificado, quien deberá apersonarse a este juzgado para
discernirle el cargo indicado y entregarle las copias correspondientes.”
-IV-
Esta Cámara estima que la autoridad impugnada al resolver enmendar el
procedimiento, lo hizo dentro de las facultades legales que le otorga el artículo 67 de la
Ley del Organismo Judicial, que establece: “Enmienda del procedimiento. Los jueces
tendrán facultad para enmendar el procedimiento, en cualquier estado del proceso,
cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de
las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial,
cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades
esenciales del proceso”, pues su consideración se basó en errores que estableció en el
trámite del mismo, como los siguientes: a) que el acta de discernimiento del cargo fue
identificada como acta de discernimiento de notario partidor cuando lo correcto era
identificarla como notario notificador; sin embargo, al leer el acta en mención se aprecia
que el notario acepta el cargo de notario notificador y que está enterado de la
resolución en la que el juzgador autoriza discernirle el cargo y b) también se enmienda
del procedimiento por la ausencia de la firma del secretario del juzgado, ya que en
dicha acta solo se aprecia la firma del juez quien discierne el cargo y la firma del
profesional que acepta el cargo de notario notificador sin que dicha actuación procesal
haya sido autorizada por el secretario, aspectos que constan a folio 97 del expediente
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de primera instancia, lo que era necesario corregir, pues de conformidad con el artículo
108 de la Ley del Organismo Judicial: “…En cada uno de los tribunales de justicia habrá
un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se
practiquen (…) Por ausencia, impedimento o enfermedad de los secretarios de los
tribunales, se actuará con otro que se nombre específicamente o con dos testigos de
asistencia…”. De la norma antes indicada se deduce que si en un proceso las
actuaciones del Juez no van autorizadas por el secretario, las mismas carecen de
validez y no surten los efectos jurídicos deseados, lo cual sucedió en el presente caso;
circunstancia que fue observada por la autoridad impugnada al momento de resolver y
por eso declaró la enmienda del proceso, decisión con la cual no vulneró ninguno de los
derechos enunciados por el postulante. Por lo expuesto, el amparo interpuesto deviene
improcedente, estimándose no hacer especial condena en costas por no existir sujeto
legitimado para cobrarlas, pero sí imponer la multa respectiva a los abogados
patrocinantes.
POR TANTO:
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CÁMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO, con
base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: DENIEGA, por notoriamente
improcedente, el amparo planteado por Francisco Eugenio Ruiz Bernasconi, en
consecuencia: a) se revoca el amparo provisional decretado el diecisiete de julio de dos
mil nueve; b) impone a cada uno de los abogados patrocinantes Rafael Otilio Ruíz
Castellanos y Mario Antonio Morales Monroy la multa de mil quetzales, quienes
deberán hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de
los cinco días siguientes a partir de estar firme esta fallo, cuyo cobro en caso de
incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente; c) no se condena en costas al
solicitante. Oportunamente, remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada
del presente fallo, para los efectos contenidos en el artículo 81 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Notifíquese, con certificación de lo
resuelto, devuélvanse los antecedentes al lugar de su procedencia y en su oportunidad
procesal archívese el expediente.
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José Arturo Sierra González, Magistrado Vocal Undécimo; Thelma Esperanza Aldana
Hernández, Magistrado Vocal Séptimo; Luis Alberto Pineda Roca, Magistrado Vocal
Octavo; Mynor Custodio Franco Flores, Magistrado Vocal Noveno. Jorge Guillermo
Arauz Aguilar, Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
