UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA Editadas CEPI/255...Universidad Mayor, Real y Pontificia de San...
81
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca Centro de Estudios de Posgrado e Investigación Instituto de la Judicatura de Bolivia La defensa pública agraria para lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria en las provincias Charcas, Alonso de Ibañez y Bilbao rioja del departamento de Potosí Tesis para la opción al grado académico de Magister en administración de justicia – versión 1 Lic. José Luis Fonseca Zubieta Sucre-Bolivia
Transcript of UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA Editadas CEPI/255...Universidad Mayor, Real y Pontificia de San...
Universidad Mayor, Real y Pontificia de
San Francisco Xavier de Chuquisaca
Centro de Estudios de Posgrado
e Investigación
Instituto de la Judicatura de Bolivia
La defensa pública agraria para lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria en las
provincias Charcas, Alonso de Ibañez y Bilbao rioja del departamento de Potosí
Tesis para la opción al grado académico de
Magister en administración de justicia – versión 1
Lic. José Luis Fonseca Zubieta
Sucre-Bolivia
2008
Dedicatoria
El presente trabajo de investigación, va dedicado a los hombres y mujeres de bronce del norte de
Potosí, trabajadores incansables del agro, quienes en resguardo de sus intereses no tienen a donde
recurrir gratuitamente para buscar soluciones a sus conflictos agrarios.
Agradecimientos
Gracias a Dios todo poderoso, a mis padres, a mis hermanos y a mi familia por la oportunidad
brindada de trabajar esforzadamente por mis hermanos campesinos nortepotosinos en la elaboración
del presente trabajo de investigación.
Al presentar esta tesis como uno de lo requisitos previos para obtención del Grado Académico de
Magíster en Administración de Justicia de la Universidad Mayor, Real y Pontifica de San Francisco
Xavier de Chuquisaca, autorizo al Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, a la biblioteca
de la Universidad y el Instituto de la Judicatura de Bolivia, para que se haga de esta tesis un
documento disponible para su lectura según las normas de la misma.
Asimismo, manifiesto mi acuerdo en que se utilice como material productivo, dentro del
Reglamento de Ciencias y Tecnología, siempre y cuando esta utilización no suponga ganancia
económica, ni potencial.
También cedo a la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca y el Instituto de la Judicatura de Bolivia los derechos de publicación de esta tesis; o
parte de ella, manteniendo mis derechos de autor, hasta un periodo de treinta meses después de su
aprobación.
José Luis Fonseca Zubieta
Sucre, octubre de 2008
Índice
Introducción 1
I Marco Teórico 3
1.1 Fundamentos del Derecho Agrario 3
1.1.1 Denominaciones 5
1.1.2 Etimología de las palabras Derecho y Agrario 6
1.1.3 Definición 6
1.1.4 Caracteres del Derecho Agrario 7
1.2 Origen y evolución del Derecho Agrario 8
1.3 Derecho Agrario en Latinoamérica 9
1.3.1 México 10
1.3.2 Venezuela 12
1.3.3 Colombia 13
1.3.4 Costa Rica 13
1.4 Derecho Agrario en Bolivia 14
1.5 Derecho Procesal Agrario en Latinoamérica 15
1.5.1 Perú 15
1.5.2 Venezuela 16
1.5.3 Costa Rica 18
1.5.4 Colombia 19
1.5.5 México 21
1.6 Derecho Procesal Agrario en Bolivia 22
1.7 Defensa Pública en Latinoamérica 23
1.7.1 Venezuela 26
1.7.2 Colombia 27
1.7.3 Ecuador 27
1.7.4 Perú 28
1.7.5 Costa Rica 29
1.8 Defensa Pública en Bolivia 30
Marco contextual
31
1.9 Accesibilidad de la justicia agraria 32
1.10 Pueblos indígenas originarios 33
1.11 Proceso Oral Agrario 34
1.12 Defensa de Oficio 35
II
Diagnostico
35
2.1 La pobreza 36
2.2 La falta de patrocinio y defensa legal 37
2.3 Insuficiente número de Juzgados Agrarios 39
2.4 La falta de carreteras y transporte 40
III
Propuesta
41
3.1 Defensa Publica Agraria 42
3.2 Proyecto de Ley de Modificaciones de la Ley del Servicio Nacional de
Defensa Pública Nº 2496 de 4 de agosto de 2003
44
Conclusiones
45
Recomendaciones 46
Referencias 47
48
Anexos 49
Anexo 1 50
Anexo 2 51
Anexo 3 52
Anexo 4 55
Anexo 5 56
Anexo 6 57
Anexo 7 58
Anexo 8 59
Resumen
En la tesis, se aborda el tema de la necesidad de dar una respuesta inmediata a la exigencia social de
las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Gral. Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, de una
justicia agraria universal, equitativa, pronta y segura, identificándose así como problema científico:
la búsqueda de mecanismos para luchar contra la inaccesibilidad de la justicia agraria en estas
provincias.
Para este cometido y para enriquecer la doctrina -a través del uso de la observación
científica y la experimentación como métodos empíricos, y el análisis documental y la estadística
como métodos teóricos- se diagnosticaron previamente las causas de esa inaccesibilidad, lo que nos
permitió determinar en definitiva que la justicia agraria es inaccesible en las Provincias del norte de
Potosí, principalmente por la extrema pobreza de su gente y la falta de abogados.
Como conclusión, para lograr la accesibilidad de la justicia agraria en este jirón patrio, se
propone -en base al derecho comparado, la modelación y el enfoque de sistema como métodos
teóricos- la creación de la Defensa Pública Agraria, mediante la modificación de la Ley del Servicio
Nacional de Defensa Pública.
Palabras Clave: Agrario, Potosí, responsabilidad social, accesibilidad de justicia.
Abstract
In the thesis , the issue of the need for an immediate response to the social requirements of Charcas,
and Gen. Alonso de Ibáñez Bilbao Rioja Provinces of Potosí, a universal , equitable, timely and safe
agrarian justice is addressed, identifying and scientific problem: the search for mechanisms to
combat inaccessibility of agrarian justice in these provinces.
For this purpose and to enrich the teaching - through the use of scientific observation and
experimentation and empirical methods, and document analysis and statistical - theoretical methods
as previously diagnosed the causes of this inaccessibility, which allowed us to determine final
justice that land is inaccessible provinces in northern Potosí, mainly by the extreme poverty of its
people and the lack of lawyers.
In conclusion, to achieve accessibility of agrarian justice in this patriotic scrap is proposed,
based on comparative law, and the modeling approach and theoretical system - building methods
Agrarian Public Defender, by amending the Law National Public Defender Service.
Keywords: agricultural, Potosi, social responsibility, accessibility of justice.
Introducción
El mundo actual globalizado y ecológicamente insostenible, se preocupa cada vez más por los
recursos naturales de los que dispone, entre ellos por la tierra.
Precisamente, la tierra, es el recurso natural que mayor atención ha merecido en el
transcurso de la historia debido seguramente a que se comprendió que no es un simple agregado de
parcelas productivas o terrenos en barbecho, sino una compleja unidad viviente que sostiene y hace
sostenible la vida en el planeta.
La tierra ha sido, es y será el recurso natural más importante entre los humanos, quienes para
armonizar el proceso de su tenencia y distribución, en el transcurso de la historia, se han valido del
derecho y de la ley; es decir, desde épocas remotas los problemas agropecuarios no dejaron de ser
tomados en cuenta por los legisladores y autoridades político-administrativas; así sabemos que en
Roma, la Ley de las XII Tablas contenía varios preceptos de carácter jurídico relativos al problema
agrario; iguales antecedentes encontramos en el Código de Hammurabi, el más conocido por la
humanidad.
De ésta manera surgió el Derecho Agrario, pero no como hoy se conoce, sino como un
simple conjunto de normas jurídicas aisladas que no podían introducirse dentro del contenido del
Derecho Civil, denominado Legislación Agraria.
Toda sociedad humana, ha tenido su legislación agraria, la que después de sistematizada y
ordenada científicamente en base al pensamiento teórico doctrinal y la práctica ejercida por los
tribunales de justicia, se constituyó recién en Derecho Agrario propiamente dicho. “Con razón
decían los romanos: Ubi societas ibi jus -donde hay sociedad hay derecho-. No existe nación que se
desenvuelva fuera del Derecho y de la Ley; si no se protegiera adecuadamente la juridicidad, la
sociedad rodaría irremisiblemente al caos, amenazando su propia existencia”. (1)
Bolivia, actualmente, en materia agraria, cuenta con dos leyes entre otros instrumentos
legales: la Ley Nº 1715 de 18 de octubre de 1996, denominada Ley del Servicio Nacional de
Reforma Agraria, más conocida como Ley INRA, y la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006,
Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que, entre otras cosas, instituyeron la
Judicatura Agraria como órgano para administrar justicia en materia agraria.
La Judicatura Agraria en Bolivia, está integrada por el Tribunal Agrario Nacional con
jurisdicción nacional, y los Jueces Agrarios iguales en jerarquía de los nueve Departamentos que
tienen competencia territorial en una o más Provincias de su Distrito Judicial.
La Judicatura Agraria boliviana, en sus ocho años de trabajo, ha logrado consolidar su
funcionamiento como lo demuestra el constante incremento de causas en las dos Salas que
componen el Tribunal Agrario Nacional y en algunos de los Juzgados Agrarios del país,
principalmente en los Juzgados de las capitales de Departamento.
Sin embargo, en el Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista, competente
territorialmente en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de
Potosí, se advierte un considerable descenso en el número de causas; es decir, a partir de la gestión
2000, año en que entró en funcionamiento el Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista, el
número de causas era muy alto, seguramente por la novedad de su creación; posteriormente, y de
manera paulatina hasta la gestión 2007, las causas fueron considerablemente en descenso. (Ver
Anexo 2)
Este problema es una pauta para mejorar la administración de justicia agraria, más aún si se
reconoce que en ninguna sociedad o nación, la justicia de los hombres es perfecta. Sería deshonesto
afirmar que lo fuera. Pero sí, claro, se esfuerza, estudia y pugna porque lo sea. De ahí que el autor
sostiene que la justicia agraria en nuestro país tiene muchas falencias, como su inaccesibilidad.
Los indígenas y campesinos de las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del
Departamento de Potosí, se convirtieron en víctimas de la propia justicia, debido a ciertas
dificultades que les impiden acceder a la justicia agraria.
Entonces, particularmente en materia agraria, en el norte de Potosí, la justicia agraria es
inaccesible para el litigante del campo, el Estado no le garantiza una verdadera justicia agraria. (Ver
Anexo 4) De ahí que sea importante hacer un estudio científico para identificar la solución efectiva,
posible e inmediata para hacer más accesible la administración de justicia en materia agraria.
El acceso a la justicia en general y agraria en particular, no debe ser un privilegio de unos
cuantos, la justicia debe ser para todos y garantizada por el Estado a través de políticas que faciliten su
acceso universal, indiferentemente del sexo, edad, color, nacionalidad, origen, antecedentes, o
cualquier otra condición social del litigante.
El tema que ocupa esta investigación, ha sido comentado en diferentes actos oficiales del
Poder Judicial, entre ellos en oportunidad del Discurso Informe, 2003, a cargo del Dr. Armando
Villafuerte Claros, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
manifestando que: “El Poder Judicial estará siempre dispuesto a contribuir a la hora de debatir
posiciones, confrontar ideas, y conciliar propuestas meditadas que configuren la futura Constitución
Política del Estado, particularmente en cuanto concierne a su estructura orgánica, con la finalidad de
lograr mayor accesibilidad de la ciudadanía al servicio judicial. El objetivo principal, es facilitar el
acceso efectivo y oportuno a la justicia para todos los bolivianos, en igualdad de condiciones,
especialmente a los más desprotegidos y menos privilegiados por el Estado. Creemos que es la
mejor forma de apuntalar el Estado de Derecho. Esta vez el proceso se invierte. Las reformas se
aproximan a la base, es decir a los usuarios que requieren del servicio en mejores condiciones”. (2)
Así también se refirió, en oportunidad del Quinto Aniversario de Instalación del Tribunal
Agrario Nacional de Bolivia, 2005, su Presidente Dr. Hugo Bejarano Torrejón, quien manifestaba lo
siguiente: “…Indudablemente, no es suficiente sólo la existencia de la Judicatura Agraria, se
requiere además, que el ciudadano tenga posibilidad, en igualdad de condiciones, de acceder a los
servicios de la administración de justicia agraria. El acceso a la justicia, es un tema en boga en estos
momentos, por lo que ponderamos los esfuerzos que viene realizando la Presidencia de la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, proyecto al que debemos
sumarnos todos los órganos del Poder Judicial; empero, debemos convenir que el acceso a la
justicia y sobre todo, en lo que corresponde a la justicia agraria debe traducirse en un acceso real y
apegado a nuestra realidad; que no esté expresado sólo en la presencia de Juzgados sino en la
calidad de la justicia que se imparte...”.(3)
El Dr. Esteban Miranda Terán, Presidente del Tribunal Agrario Nacional, 2004, con
referencia al tema de investigación, decía: “Desde mi punto de vista, la dificultad mayor para
acceder a la justicia, está en la carencia de la representación de un abogado en un juicio, no sólo por
el costo, sino también por la inexistencia de profesionales en los medios rurales y también por la
aún carencia de profesionales especializados en la materia. Para permitir el acceso a la justicia y
cumplir con el voto constitucional del derecho a la defensa, es necesario establecer una Defensa
Pública Agraria, con los siguientes fines:
Que asuma la defensa y representación legal de las personas imposibilitadas de contratar los
servicios de un abogado en los juicios y trámites administrativos agrarios.
Que tome iniciativas de conciliación para resolver los conflictos de naturaleza agraria,
especialmente en los que sea parte una comunidad.
Que cumpla la función de intermediación en las peticiones ante los órganos administrativos
de gobierno y otras instituciones.
Que cumpla la función de facilitador en la difusión e información de normas legales que
atañen a las comunidades de indígenas y campesinos, especialmente las de materia
agraria”.(4).
Evidentemente, si los indígenas y campesinos del norte potosino tuvieran donde recurrir
gratuitamente para asesorarse y hacer valer sus derechos ante la judicatura agraria, se daría un
significativo avance en la lucha por lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria. Además, de
esta forma, se reencaminaría el rol imparcial del Juez Agrario de San Pedro de Buena Vista, porque
los profesionales que asumieron este cargo, de un tiempo a esta parte, han venido interviniendo en
los procesos agrarios como juez y parte por la falta de Abogados o Defensa Pública, especialistas en
materia agraria; es decir, los campesinos de la región del norte de Potosí, por la costumbre arraigada
del anterior sistema que instituyó a los Jueces Agrarios Móviles, o por la falta de Abogados o
Defensa Pública, especialistas en materia agraria, recurren directamente ante el juez a plantearle sus
problemas agrarios verbalmente solicitándole ordenes judiciales u otro tipo de mandamientos sin la
intensión de someterse previamente a un debido proceso y sin advertir que el rol que cumple éste, es
precisamente el de juez imparcial y no de asesor jurídico o abogado particular; y, como no tienen
donde recurrir gratuitamente en busca de asesoramiento legal para hacer prevalecer sus derechos,
prefieren postergar sus necesidades de justicia, o recurrir a otras autoridades totalmente
incompetentes, y como lógica consecuencia se tiene el descenso en el número de causas agrarias.
Por ello, y por otras causas no menos importantes, sostiene el autor, que la justicia agraria
para el norte de Potosí se ha tornado inaccesible.
Lo anterior hace que el autor, como resultado de sus vivencias acumuladas durante siete
años como Secretario del Juzgado Agrario de Uncía, y como Juez Agrario de San Pedro de Buena
Vista desde hace un año y medio atrás, identifique como tema de investigación: La creación de la
Defensa Pública Agraria para lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria en las Provincias
Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí.
Aquellas vivencias, permitieron identificar al autor, las siguientes situaciones problémicas:
a) El número de causas tramitadas en el Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista, ha ido
considerablemente en descenso. b) Los campesinos e indígenas de las Provincias Charcas, Alonso
de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, obviando además a sus autoridades naturales,
recurren por falta de asesoramiento, a autoridades incompetentes (policiales o político-
administrativas) en busca de dar soluciones a sus problemas agrarios. c) En San Pedro de Buena
Vista, sede del Juzgado Agrario para las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del
Departamento de Potosí, se cuenta con un sólo Abogado titulado. d) En muchos casos, los
problemas agrarios del norte de Potosí se solucionaron ilegalmente a través de la mal comprendida
justicia comunitaria. e) A pesar de la existencia y consolidación de la judicatura agraria nacional, en
el sector rural del norte de Potosí, los conflictos agrarios se arrastran de generación en generación.
f) Los campesinos e indígenas del norte de Potosí, por falta de Abogados, tienen la costumbre de
presentarse directamente ante el Juez Agrario de San Pedro de Buena Vista, a solicitarle ordenes
judiciales o a sugerirle una solución a sus problemas sin la intención de someterse previamente a un
debido proceso, comprometiendo de esta manera su rol imparcial.
En consecuencia, con las situaciones problémicas antes enunciadas, se reconoce como
problema científico, el siguiente: ¿Cómo hacer más accesible la justicia agraria en las Provincias
Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí?
El problema científico anteriormente enunciado, identifica como objeto de estudio: La
accesibilidad de la administración de justicia agraria en las Provincias: Charcas, Alonso de Ibáñez y
Bilbao Rioja del Departamento de Potosí; y como campo de acción: La creación y ordenamiento de
órganos de defensa o patrocinio en materia agraria, para lograr mayor accesibilidad de la justicia
agraria en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí.
En consecuencia, con las categorías antes enunciadas, el objetivo de la investigación es:
Diagnosticar y caracterizar los indicadores o causas de la inaccesibilidad de la justicia agraria en las
Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, con el fin de
enriquecer y desarrollar la doctrina con elementos de juicio pertinentes para proponer la creación de
la Defensa Pública Agraria, institución que pueda mejorar la accesibilidad de la justicia agraria en
las Provincias del norte de Potosí.
El objetivo se deriva en las siguientes tareas a realizar: a) Identificación de los
fundamentos, orígenes y evolución del Derecho Agrario y de la Defensa Pública Agraria; b)
Diagnóstico de las causas de la inaccesibilidad de la justicia agraria en las Provincias Charcas,
Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, c) Proposición de creación de la
Defensa Pública Agraria mediante la modificación de la Ley del Servicio Nacional de Defensa
Pública para lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria en las Provincias Charcas, Alonso de
Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí.
Con las tareas anteriormente enunciadas, el autor propone la siguiente idea a defender: Con
la creación de la Defensa Pública Agraria, se contribuiría en gran medida a lograr mejor y mayor
acceso de los indígenas y campesinos (hombre y mujeres) a la justicia agraria con sede en San
Pedro de Buena Vista, competente en las Provincias: Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del
Departamento de Potosí.
La significación práctica del tema de estudio se traduce en el hecho de que el proceso oral
agrario, parte esencial de la justicia agraria, es un proceso eminentemente social que busca la
solución de conflictos agrarios en base a los principios de integralidad, gratuidad y de servicio a la
sociedad. Nuestra sociedad, multiétnica y pluricultural se constituye en beneficiaria de la
administración de justicia agraria pronta, segura y eficiente. Lograr mayor accesibilidad de la
justicia agraria en nuestros tiempos es una necesidad imperante, especialmente luchando contra la
pobreza que viene a ser la causa número uno de la inaccesibilidad de la administración de justicia.
En consecuencia, con la idea científica a defender, sobre la base epistemológica que ofrece
el paradigma socio-crítico de la investigación en las ciencias jurídicas, se reconoce, entre otros no
menos importantes, los siguientes métodos seleccionados: Métodos Empíricos: a) La Observación
Científica.- Este método del conocimiento empírico es la percepción dirigida a la obtención de
información sobre objetos y fenómenos de la realidad; constituye la forma más elemental del
conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos empíricos. La observación
científica es un procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de la realidad, mediante el
cual se pretende asimilar y explicar los fenómenos perceptibles de la justicia agraria, de forma
consciente y dirigida. b) La Experimentación.- Se hará uso del método de la experimentación, con
la aplicación de la encuesta y entrevista como técnicas, dirigidas a Vocales y Jueces de la judicatura
agraria; litigantes y comunarios que viven en lugares alejados de la sede del Juzgado Agrario de San
Pedro de Buena Vista para valorar la necesidad de la creación de la Defensa Pública Agraria; para
indagar si los campesinos tienen conflictos agrarios; si no tienen posibilidades de recurrir a la
justicia agraria; determinar las causas de la inaccesibilidad, estableciendo como población:
profesionales integrantes de la judicatura agraria, ciudadanos y abogados del norte de Potosí, y
como muestra: 7 vocales, 10 jueces agrarios, 10 campesinos y 10 abogados. Los criterios de
selección: vocales y jueces con mayor experiencia en materia agraria; campesinos pobres más
distantes de la sede del Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista y Abogados de provincias.
En cuanto a los Métodos Teóricos, el autor hará uso de los siguientes: a) El Histórico-
Lógico. b) Análisis Documental.- Estos métodos permiten al autor construir el marco teórico de la
investigación. c) El Derecho Comparado.- A través de este método el autor pretende establecer las
semejanzas y diferencias del derecho agrario de seis países (México, Perú, Colombia, Ecuador,
Venezuela y Costa Rica) para argumentar la necesidad de la creación de la Defensa Pública Agraria.
d) Método Etnográfico.- Se hará uso de este método con el objeto de entrevistar a vocales y jueces
de la judicatura agraria para indagar sobre la necesidad de la creación de la Defensa Pública
Agraria. e) La Estadística.- También es un instrumento muy importante para determinar el número
de causas ingresadas en el Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista; para estudiar el grado de
pobreza de los trabajadores del agro del norte de Potosí; el número de habitantes y Abogados. f) La
Modelación.- Como método, permite el proceso de abstracción del autor para elaborar un proyecto
de Ley de Modificaciones de la Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública para la creación de la
Defensa Pública Agraria, g) Enfoque de Sistema.- Este método permite identificar las relaciones
que se establecen entre los elementos que componen el proyecto de Ley de Modificaciones de la
Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública, para la creación de la Defensa Pública Agraria.
Los métodos anteriormente enunciados permiten al autor identificar los siguientes
resultados:
El marco teórico de la investigación, estableciendo los fundamentos, origen y evolución del
Derecho Agrario y la Defensa Pública Agraria a nivel latinoamericano y nacional.
La causa número uno para la inaccesibilidad de la justicia agraria en las Provincias Charcas,
Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, es la magra economía de los
litigantes del norte de Potosí, así como la falta de profesionales Abogados en San Pedro de
Buena Vista; y como otras causas: la falta de Juzgados Agrarios cercanos a los lugares de
conflicto; la falta de carreteras, y la falta de transporte permanente y seguro.
Elementos doctrinales sólidos que fundamenten la creación de la Defensa Pública Agraria,
institución que pueda facilitar el acceso de los campesinos e indígenas del norte de Potosí a la
justicia agraria, reencaminando, además, el rol ético del Juez Agrario de San Pedro de Buena
Vista con imparcialidad, transparencia, honestidad y probidad.
La tesis consta de tres capítulos. En el primero, aparece el marco teórico y contextual de la
tesis; en el segundo, el diagnóstico de las causas o problemas de la inaccesibilidad de la justicia
agraria en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, y
en el tercero, aparece la propuesta de creación de la Defensa Pública Agraria, con sus fundamentos
plasmados en un proyecto de Ley de Modificaciones de la Ley del Servicio Nacional de Defensa
Pública de Bolivia para la creación de esa institución.
Capítulo I
Marco teórico
1.1 Fundamentos del Derecho Agrario
1.1.1 Denominaciones
El derecho agrario también es conocido como derecho rural; en Francia tiene este nombre y en Italia
aquel. En el fondo, aunque cada nombre, cada denominación tiene su objetivo particular y el por qué
de ser tal, valgamos decir que estos términos no son sinónimos. Según la Escuela Italiana, el derecho
agrario se ocupa principalmente de la llamada “cuestión agraria”, o sea, del régimen jurídico especial
de la propiedad de la tierra (distinto al del Código Civil), que persigue la equitativa distribución del
latifundio improductivo y, al mismo tiempo, precave la formación del minifundio igualmente antisocial
y antieconómico, complementándose con otros aspectos estrechamente relacionados con la agricultura:
cosechas, defensa contra plagas, comercialización de productos, etc. El derecho rural, en opinión de los
tratadistas de la Escuela Francesa, a más del derecho agrario comprende los regímenes ganadero,
forestal, de aguas, de industrias rurales, educación campesina, etc.
El autor llama derecho agrario a esta rama del derecho público, compartiendo además el
pensamiento de la Escuela Italiana, porque en nuestro país así quedó legislativamente fijado su nombre
al haberse dictado la “Ley de Reforma Agraria”, dándole el extenso contenido que esos autores, de
acuerdo a la tradición oficial de sus Estados, reconocen al derecho rural.
1.1.2 Etimología de las palabras “derecho” y “agrario”
La denominación de esta rama del derecho que ha tenido mayor influencia, tanto en los países
europeos como americanos, ha sido precisamente la propuesta por la Escuela Italiana, como: “Derecho
Agrario”.
Con ese preámbulo, se tiene que “el término derecho deriva del latín: directum, participio
pasivo del verbo dirigere que significa conducir, regir, enderezar, encaminar, dirigir, ordenar. Directum
es lo recto y derecho, al provenir de esta voz, expresa aquello que ordena rectamente las relaciones
humanas”.(5)
Por su parte “el vocablo agrario proviene del griego: aypos (agros) y del latín: agrarium, de
ager, que significa campo. En este sentido, el término abarca, en forma general y amplia a todo lo
relativo al campo. De aquí podemos decir que el Derecho Agrario tiene atinencia con todas las normas
jurídico-legales que signifiquen relación entre el objeto y los sujetos de derecho; en este caso, el objeto
viene a ser la tierra, sus productos y todo aquello que por su naturaleza o por serle conexo le
corresponde como propiedad o como fuente económica de carácter agrícola dentro de su significación
amplia, vale decir en cuanto a la explotación de la tierra misma y de las diferentes industrias
inmediatamente relacionadas con esa explotación, y, los sujetos, serán todas las personas físicas o
colectivas que se encuentren íntimamente ligadas con estas actividades”.(6)
1.1.3 Definición
Abraham Maldonado, menciona que “la actividad agraria es una de las primeras de la humanidad y
sostiene que las normas jurídicas que la rigen son anteriores a las del derecho civil”.(7)
De ahí que se dieron muchas definiciones, y obedecen a corrientes y épocas en que han sido
propuestas. Entre ellas podemos señalar, a título ilustrativo, las siguientes:
Giovanni Carrara: “El Derecho Agrario es la totalidad de las normas que disciplinan las
relaciones que se constituyen en el ejercicio de la actividad agraria”.
“El Derecho agrario consiste en el complejo, ordenado como sistema, de los institutos
típicos que regulan la materia "agricultura" sobre el fundamento del criterio biológico que la
distingue”. (8)
Raúl Magaburu, dice: “Derecho Rural, es el conjunto autónomo de preceptos jurídicos que
recaen sobre las relaciones emergentes de toda explotación agropecuaria, establecidos con el fin
principal de garantizar los intereses de los individuos o de la colectividad, derivados de aquellas
explotaciones”.
Derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que determinan el régimen agrario. Las
materias que comprenden son la propiedad de la tierra, posesión, agricultura, ganadería, bosques y
montes, caza y pesca. Otros aspectos del régimen agrario son: aguas, poblaciones rurales y todo lo que
puede incluirse en la organización social del agro como familia, educación, trabajo, cooperativas,
sindicatos, etc.
Con estos antecedentes, el autor propone la siguiente definición: “El Derecho Agrario es el
conjunto de normas positivas y consuetudinarias que regulan las relaciones jurídicas de las personas
individuales o colectivas, ya sea entre ellas o con el Estado, relativas al régimen de la propiedad y la
producción en la actividad del trabajo agropecuario, forestal, de aguas y ambiental para lograr el
desarrollo económico y social de los pueblos”.
1.1.4 Caracteres del derecho agrario
Resulta imperiosa la necesidad de señalar al Derecho Agrario determinados caracteres que constituyen
fuentes de inspiración para su desenvolvimiento, así como fuerzas que coadyuven para su
perfeccionamiento.
Los profesores, Carrillo y Mendieta, refiriéndose al Derecho Agrario español, hacen referencia
a cuatro características fundamentales, estos son: 1) la defensa de los económicamente débiles. 2) la
salvaguarda de los intereses generales. 3) el respeto a las tradiciones y costumbres, y. 4) la protección
de la empresa agrícola.
Si se analizan los cuatro caracteres anotados, resulta difícil encajarlos dentro de la realidad
jurídica en que viven los diferentes países del mundo. En ese sentido, y de acuerdo a nuestra realidad y
aspiraciones nacionales, habría que anotar como fundamentales, para el derecho agrario boliviano:
1) La protección de los económicamente débiles.- Constituye una de las supremas aspiraciones
humanas. La desaparición del sistema feudal de explotación de la tierra constituye una de las formas
esenciales de esa protección, toda vez que es uno de los medios más efectivos de liberar al trabajador
campesino, dándole la oportunidad que le reporte un beneficio equitativo, que le asegure una existencia
digna para él y su familia. De ahí porque se justifica plenamente aquel principio de “la tierra es para
quien la trabaja”. Pero, además, esa tenencia tiene que ser completada con la asistencia del Estado en
otros aspectos, como la cooperación técnica, el crédito agropecuario en condiciones favorables,
vinculación vial adecuada, construcción de presas y otros sistemas de irrigación, protección al
transporte y comercialización, educación, salud pública, etc.
2) La salvaguarda de los intereses generales.- Constituye otro de los caracteres fundamentales, ya
que si la tierra, considerada como fuente de producción, pertenece a la Nación por dominio originario,
es a condición de que la colectividad se beneficie con una explotación agrícola favorable. Bernardino
C. Horme, al respecto dice: “La tierra no es una mercancía. Es un medio de producción en manos de
quienes la trabajan. Debe ser explotada convenientemente, pues debe dar rendimiento además de a
quien la trabaja, a la sociedad”.
3) La planificación del trabajo y la explotación agropecuaria.- Las variaciones de carácter
geográfico, juntamente con el factor económico que es esencial, imponen a que dentro de la técnica de
trabajo agropecuario se adopten formas o métodos especiales, sea utilizando en unos casos maquinaria
agrícola, en otros sólo instrumentos manuales o combinando ambas formas de explotación; igual en
cuanto se refiere a la mejor utilización de las tierras para determinados cultivos de acuerdo a las
condiciones edafológicas, climáticas y de comercialización tanto para el mercado interno como para la
exportación. De ahí porque las normas jurídicas tendrían que ajustarse a la realidad económica, técnica
y social.
1.2 Origen y evolución del derecho agrario
El Derecho Agrario, entendido desde su configuración como sistema normativo, tiene su origen en
una época reciente. “Surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX por la confluencia de
factores económicos, sociales, jurídicos, políticos e ideológicos, y hasta culturales”. (9)
El derecho agrario, como disciplina jurídica, no ha existido siempre, aparece a partir del
momento en que una serie de factores obligaron a los ordenamientos a dictar primero normas
excepcionales a las generales del Código Civil, conocidas como legislación agraria, y luego
verdaderos institutos propios cuya agregación da fisonomía a la nueva rama cuyo desprendimiento
del tronco común permite también señalar marcadas diferencias con el Derecho Civil.
"El derecho agrario nace entonces del derecho civil, pero no como traslado de estudio de la
tierra. El derecho agrario es derecho de actividad, no sólo de propiedad, nace como una unidad de
organización y de la utilización de la tierra en la producción agrícola". (10)
Los factores que permiten el origen del moderno Derecho son: el capitalismo, la ruptura de
la unidad del Derecho privado y, la evolución del esquema jurídico constitucional.
Cuando el agrario exige su presencia normativa como derecho de la actividad agrícola, opera
la ruptura de la unidad del Derecho privado, pues, éste, se muestra incapaz de resolver los
problemas propios de la agricultura, y ello se hace más evidente cuando los ordenamientos jurídicos
comienzan a asumir respuestas específicas para institutos agrarios, tales como la propiedad, la
empresa, el contrato, denotando la necesidad de darles contenido diferente, pues las realidades de la
agricultura, tanto en el plano técnico, económico como social, así lo exigen.
“El Derecho Agrario cobra vida propia sólo cuando aparecen también los derechos humanos
económicos y sociales. Cuando opera la evolución del esquema jurídico constitucional pasando de
un Estado Liberal de Derecho a un Estado Social de Derecho, cuando a la par de los derechos
individuales, civiles o políticos de libertad, van a cobrar vida también los derechos económicos y
sociales de libertad, denominados modernamente como derechos humanos de la segunda
generación”.(11)
1.3 Derecho Agrario en Latinoamérica
El movimiento de reformas constitucionales operado en América Latina después de la segunda guerra
mundial, tiene importancia decisiva y fundamental para las Reformas Agrarias. Antes de este periodo
las tierras continuaban bajo la aplicación de los Códigos Civiles de los respectivos países.
Con la sanción de las Leyes de Reforma Agraria, que se inicia con la de México, se produce un
cambio fundamental en este sentido. Con dichas leyes; es decir, en México, Bolivia, Venezuela,
Colombia, Costa Rica, etc., se implantaron nuevos regímenes jurídicos, inspirados en la concepción del
Derecho Agrario para todas las tierras de los respectivos países, que, en consecuencia, salen del marco
del Código Civil. Así se opera una verdadera revolución jurídica.
1.3.1 México
El proceso de reforma agraria en México se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915,
emitida por Carranza en Veracruz, la cual recogió el aspecto nodal de la lucha zapatista, pues
ordenó la restitución de tierras arrebatadas a raíz de una interpretación dolosa de la legislación de
julio de 1856 y estipuló la dotación para aquellos pueblos que carecieran de ella.
Asimismo, estipuló la creación de la Comisión Nacional Agraria por cada Estado o territorio
de la Federación, y de los comités particulares ejecutivos que en cada entidad federativa se
considerasen necesarios.
El Artículo 27 de la Constitución mexicana, estipuló la restitución de tierras a las
comunidades que hubiesen sido despojadas y ordenó la dotación para los pueblos que carecieran de
tierras. La expropiación con fines de restitución y dotación respetaría únicamente las propiedades
legalmente establecidas que no excedieran de 50 hectáreas de tierras de primera calidad. Se
responsabilizó a los estados y territorios de la República para fijar la extensión máxima de tierra de
que puede ser dueño un sólo individuo o sociedad legalmente constituida y a fraccionar los
excedentes que serían adquiridos por el Estado, mediante el pago con bonos que constituirían la
deuda agraria. Con todo ello se dejaron establecidas las bases legales para una profunda Reforma
Agraria. La aplicación del Artículo 27 encontró grandes dificultades. Entre los dirigentes
revolucionarios existían diversas posturas en torno a la cuestión agraria.
En 1934, antes del arribo de Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República, se efectuaron
diversas reformas jurídicas: se modificó el Artículo 27 constitucional, para señalar que las
afectaciones de tierra se realizarían respetando invariablemente la pequeña propiedad agrícola en
explotación; se creó el Departamento Agrario, en sustitución de la Comisión Nacional Agraria, y se
instituyeron las Comisiones Agrarias Mixtas en cada entidad federativa, en las cuales tendrían
participación las organizaciones campesinas.
Con el general Lázaro Cárdenas en la Presidencia de la República se inició un cambio
radical de la estructura de la tenencia de la tierra. Durante su sexenio el ejido no fue considerado
una etapa transitoria hacia la pequeña propiedad ni complemento salarial, sino concebido como el
eje principal para emprender una transformación de fondo.
Cárdenas efectuó el mayor reparto agrario hasta entonces y en su gestión se afectaron las
haciendas de las zonas de agricultura más prósperas del país.
Dada la pobreza y explotación que aún subsisten en el campo y la distribución de tierras, el
1 de noviembre de 1991, el Presidente Salinas envió un proyecto de reformas del artículo 27
Constitucional que se centró en los siguientes principios: 1. Promover la justicia y la libertad en el
campo. 2. Proteger el ejido. 3. Que los campesinos sean sujetos y no objetos de cambio. 4. Revertir
el minifundio e impedir el regreso del latifundio. 5. Capitalización del campo, dando certidumbre a
la tenencia de la tierra. 6. Rapidez jurídica para resolver rezagos agrarios, creándose tribunales
agrarios que hagan pronta y expedita la justicia. 7. Comprometer recursos presupuestales crecientes
al campo, para evitar la migración masiva a las grandes ciudades, generando empleos en el medio
rural. 8. Se crea el seguro ejidatario. 9. Se creará el fondo para empresas de solidaridad. 10.
Resolver la cartera vencida con el Banrural y aumentar los financiamientos al campo.
La reforma al Artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, fue seguida por la
promulgación de dos ordenamientos fundamentales: la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de
1992. La primera determinó la creación de la Procuraduría Agraria, como organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la transformación del Registro
Agrario Nacional, en un órgano desconcentrado de la SRA.
Mediante la segunda se crearon los Tribunales Agrarios, como órganos federales dotados de
plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos en materia agraria en todo el territorio
nacional. La Ley Agraria fue reformada y adicionada por decreto publicado el 9 de julio de 1993,
fecha en que también se publicaron las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios.
1.3.2 Venezuela
El 5 de marzo de 1960, en el histórico campo de Carabobo, se firmó el Decreto de promulgación de
la Reforma Agraria de Venezuela, por el presidente Betancourt. En el discursó afirmó que “no
podrán aspirar a continuar en posesión de tierras quienes no las trabajen”; anunciando que se
invertirían 2.500 millones de bolívares en los primeros cuatro años para ejecutarla.
Esta Ley ha acogido la doctrina de que la tierra es un bien de producción y que la propiedad
privada de la misma impone obligaciones expresas para que cumpla su función social.
En los principios de esta reforma agraria se encuentra el principio de que la tierra debe ser
trabajada, declarándose contraria a la función social de la propiedad la tierra ociosa o mal trabajada,
y, en consecuencia no queda garantizada, conforme al Art. 10.
La situación inversa la tenemos, en cambio, en el caso de los propietarios de tierras que
cumplen su función social. El Art. 26 declara: “Son inexpropiables para los fines de la Reforma
Agraria los predios rústicos que cumplen con su función social”.
No podremos ocuparnos en este trabajo de otros importantes capítulos de esta ley porque
queremos circunscribirnos al problema de la tesis. Sólo queremos, si, informar que su vigorosa
aplicación por parte del Gobierno del Presidente Betancourt significó que en sólo tres años se
afincaran en propiedad, por obra del Instituto Agrario Nacional, más de cincuenta mil familias de
campesinos.
Venezuela ha iniciado una transformación de fondo de su estructura agraria mientras
acrecienta paulatinamente la producción y riqueza agrarias en forma significativa.
El contenido fundamental de estas normas jurídicas reguladoras de la actividad agraria,
tomadas del Derecho Agrario, que la Ley venezolana incorpora al derecho positivo de
Latinoamérica, es recogido, como veremos, en varias leyes posteriores de otros países.
1.3.3 Colombia
Con fecha 13 de diciembre de 1961 se sanciona en Colombia la Ley Nº 135, sobre “Reforma Social
Agraria”.
La amplitud de miras y objetivos de esta Ley abarca, como se ve, todo el problema agrario.
Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), así como el Consejo Social
Agrario, los Procuradores Agrarios, el Fondo Nacional Agrario, las Corporaciones Regionales de
Desarrollo; se autoriza la emisión de 1.000.000.000 de pesos colombianos en Bonos Agrarios de la
clase A y hasta 200.000.000 de la clase B; se crea un órgano para minifundios y concentración
parcelaria, el de Servicios Técnicos Sociales Rurales, y un capítulo especial titulado “Extinción del
dominio sobre tierras incultas”. (12)
1.3.4 Costa Rica
La verdadera ruptura del Derecho privado costarricense ocurre con la promulgación de la Ley de
Tierras y Colonización de 1961. Ella dio creación al Instituto de Tierras y Colonización, como
consecuencia de los principios promulgados por la doctrina agraria propiciada en América con la
“Carta de Punta del Este”. Se busca resolver los problemas de posesión sobre la tierra para evitar su
concentración en manos de quienes la utilizaban para especulación o explotación en perjuicio de los
intereses de la Nación. Se dictan normas sobre el régimen jurídico de la propiedad agraria, establece
los lineamientos para la parcelación y colonización de tierras, así como el procedimiento para
solucionar conflictos de ocupación precaria de tierras, no en sede jurisdiccional, sino en vía
administrativa a través de la compra directa o la expropiación. También se promulgaron una serie
de leyes sobre producción agraria. Dicha normativa buscaba establecer una relación equitativa entre
propietarios y productores. Se dictaron normas tendientes a proteger la salud animal y vegetal, cuya
finalidad seria prevenir, controlar y erradicar las enfermedades infecto-trasmisibles y plagas que
afecta la salud de los seres vivos vegetales y animales producto de la actividad agraria. El legislador
otorgó un tratamiento al seguro agrocrediticio para cubrir el riesgo biológico de la actividad
agrícola; así como al régimen jurídico a los recursos forestales a través de la Ley Forestal de
1969.(13)
1.4 Derecho agrario en Bolivia
En principio, por razones de carácter didáctico es conveniente diferenciar lo que se entiende como
Legislación Agraria y Derecho Agrario. Ya dijimos que la legislación agraria se presenta en primer
orden, ya que los países van estructurando una legislación especializada en materia agraria, que no
representa otra cosa que un simple conjunto de disposiciones legales generalmente ordenadas en forma
cronológica, que muchas veces no tenían estricta aplicación porque a las más les faltaba las
reglamentaciones consiguientes; en cambio el Derecho Agrario, representa una esfera mucho más
amplia en su contenido y es mas sistemática y ordenada en su forma; esto equivale a decir que, además
de comprender una variedad de normas jurídicas científicamente ordenadas, participa del pensamiento
teórico doctrinal, así como la practica ejercitada por los tribunales de justicia. En suma podemos decir
que el Derecho Agrario, en este caso, contiene la legislación agraria, la misma que está codificada; la
legislación agraria se constituye en la especie, entre tanto que el Derecho Agrario, con justa razón
tendría que representar el género.
En ese orden de ideas, los antecedentes o Legislación Agraria Indigenal en Bolivia se dividen
en dos etapas: La primera, que corresponde desde la fundación de la República en 1825 hasta 1899,
año de la penetración del imperialismo en Bolivia; la segunda que abarca desde entonces hasta el año
1952, iniciación de la revolución nacional.
Con ese preámbulo el autor sostiene que el Derecho Agrario en Bolivia nació con la Ley de
Reforma Agraria de 1953.
“La Reforma Agraria del 2 de agosto de 1953, fue uno de los acontecimientos mas destacados
de la historia de Bolivia, precisamente por el profundo contenido y trasfondo de justicia social,
alrededor del principio de que “la tierra es para quien la trabaja”.(14)
El Decreto Ley de Reforma Agraria de 1953, que fue elevado a rango de Ley el 29 de octubre
de 1956, tuvo como meollo la supresión de la servidumbre campesina con el objeto de liberar las
fuerzas productivas de las trabas que oponía al desarrollo de la agricultura el régimen feudal de
propiedad y trabajo agrarios.
“La primera fuerza productiva liberada fue el propio hombre, el campesino, ya que al ser
declarado dueño del pegujal que poseía, desapareció el vínculo real que en virtud de su condición de
usufructuario de una pequeña extensión de tierra se hallaba uncido al terrateniente feudal, a quien
reconocía por tal concepto, como obligación tributos y trabajo no remunerado.
La otra fuerza productiva liberada fue la tierra, ya que al entregar en propiedad los pegujales a
los antiguos “colonos” o siervos, se contribuyó a la democratización de la tierra y se dio vigencia al
principio en virtud del cual “la tierra es para quien la trabaja”.(15)
La Reforma Agraria en Bolivia, se basa en los siguientes fundamentos teóricos: a) Función
social de la propiedad; b) La tierra es para quien la trabaja; c) Admisión del principio de la propiedad
privada en forma relativa, y; d) Reconocimiento del Derecho originario de la Nación.
Por los fundamentos enunciados, se comprende que “la Ley de Reforma Agraria en Bolivia
perseguía, ante todo, modificar la organización feudal en que se debatía el país, liberando a ese fin a las
fuerzas productivas; es decir, liberando a los trabajadores agrícolas; a la tierra y a los demás medios de
producción de las trabas que les imponía el régimen feudal o terrateniente a fin de lograr una abundante
producción agrícola; el desarrollo de una activa economía mercantil o de cambio y la progresiva
ampliación de un mercado interno, capaz de estimular el progreso de la industria nacional”.(16)
Sin embargo, en el transcurso de la historia se advierte que poco se ha logrado con la reforma
agraria del 53, aunque es innegable que esta ley, lo principal y trascendental que ha realizado a favor
del campesino, fue sacar a éste de la oprobiosa condición de siervo o colono, condición que venía
arrastrando desde la época del coloniaje. Además le ha hecho dueño de la tierra que trabajaba como
siervo a favor del latifundista.
Por otro lado, al abolir el trabajo gratuito, ha impuesto la retribución de ese su trabajo, en
salario, incorporándolo además aunque nominalmente, al régimen jurídico social de la nación, con
goce de todos los derechos que las leyes brindan a los ciudadanos; en suma se le ha devuelto al
campesino su dignidad de persona humana.
Entre los aspectos negativos de la reforma agraria están por ejemplo el hecho de haber
legalizado el minifundio que es económicamente dañino para el país; la burocratización en la titulación
de las tierras; la inseguridad jurídica del nuevo propietario debido a que el gobierno no indemnizó
adecuadamente a los expropiados; en muchos casos el campesino no esperó la expropiación, sino que
optó por entenderse directamente con el terrateniente para comprarle sus tierras; los terratenientes por
falta de reglamentos o leyes complementarias crearon conflictos entre los mismos campesinos, porque
sobre una misma parcela efectuaron dos o más ventas a diferentes campesinos, y; en muchos juzgados
ordinarios, los herederos de terratenientes, fueron tramitando acciones judiciales para reivindicar sus
tierras supuestamente despojadas o confiscadas por el Estado.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización
no contaban con estadísticas ni con mosaicos o cartas geográficas que muestren a ciencia cierta el
grado de distribución y redistribución de las tierras; estas falencias han provocado duplicidad en las
demandas, superposiciones en las dotaciones y adjudicaciones, anomalías en la titulación,
concentración de la propiedad y latifundio, comercio ilegal de la tierra, loteamientos clandestinos,
reversiones dolosas y fraudulentas.
Todos estos aspectos y muchos otros más hicieron que los campesinos se vean engañados por
la Reforma Agraria al ver que sus tierras se empobrecían por falta de apoyo técnico y económico; los
minifundios se iban subdividiendo en las familias campesinas a consecuencia de las sucesiones
hereditarias; actualmente existen patroncillos que se han mantenido enmascarados a través de los
contratos de arrendamiento y aparcería; los campesinos no ven una garantía en sus títulos; los jueces
agrarios móviles efectuaron sobre posiciones de derechos según eran cambiados por los gobiernos de
turno, etc.
De ahí que en Bolivia se intervino el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto
Nacional de Colonización por Decreto Supremo Nº 23331 de 24 de noviembre de 1992.
“Esta determinación abrió la posibilidad de una transición hacia una nueva institucionalidad,
planteándose la posibilidad de elaborar una nueva política pública de la administración de tierras y la
reconducción de la reforma agraria”. (17)
La intervención se prolongó hasta octubre de 1996, fecha en que, a través del mismo partido
político que promulgó la Ley de Reforma Agraria del 53, (MNR), se promulgó una nueva Ley,
denominada: Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Nº 1715 de 18 de octubre de 1996, mas
conocida como Ley INRA.
Esta Ley tiene entre sus objetivos generales: establecer la estructura orgánica y atribuciones
del Servicio Nacional de Reforma Agraria (S.N.R.A.) y el régimen de distribución de tierras;
garantizar el derecho propietario sobre la tierra; crear la Superintendencia Agraria, la Judicatura
Agraria y su procedimiento, así como regular el saneamiento de la propiedad agraria.
La importancia de la Ley INRA, radica en que introdujo cambios fundamentales, como los
siguientes:
Cambia la definición de la función económica social de la tierra, ampliando esta definición a
elementos más diversos, abarcadores y modernos, como la conservación y protección del medio
ambiente, la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, además del trabajo agrícola y
ganadero. Pero, al mismo tiempo, respetuosa de la Constitución Política del Estado, mantiene la
definición de la función social del solar campesino, la pequeña propiedad y las tierras comunitarias
de origen.
Garantiza la propiedad agraria privada y la propiedad y los derechos de las comunidades
campesinas y pueblos indígenas sobre la tierra, respetando sus usos y costumbres, eliminando
además todo tipo de discriminación contra la mujer sobre la tenencia y distribución de tierras.
Asegura que el solar campesino, la pequeña propiedad y la propiedad de las comunidades
campesinas y pueblos y comunidades indígenas no paguen impuestos sobre la tierra.
Crea tres órganos con atribuciones claramente establecidas, que son: El Servicio Nacional de
Reforma Agraria, organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma
agraria en el país. Este organismo se halla compuesto por el Presidente de la República, el
Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, la Comisión Agraria Nacional y el Instituto
Nacional de Reforma Agraria. La Superintendencia Agraria, que es una entidad pública autárquica
con jurisdicción nacional e integrada al Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
(SIRENARE). Su función principal es regular y controlar el uso de la tierra, en armonía con los
recursos agua, flora y fauna, bajo los principios de desarrollo sostenible. La Judicatura Agraria,
como órgano de administración de justicia agraria, integrante del Poder Judicial e independiente en
el ejercicio de sus funciones y sometida únicamente a la Constitución Política del Estado y a la Ley,
compuesta por el Tribunal Agrario Nacional y los Juzgados Agrarios iguales en jerarquía
distribuidos en todo el territorio nacional.
Establece una clasificación de la propiedad agraria, en solar campesino, pequeña propiedad,
mediana propiedad, empresa agropecuaria, tierras comunitarias de origen y las propiedades
comunarias, estableciendo sus características y extensiones.
También establece las modalidades de distribución de la tierra, como la dotación y
adjudicación, la primera a título gratuito y preferentemente a comunidades campesinas, y la
segunda a valor de mercado. La dotación tiene preferencia frente a la adjudicación.
Elimina el latifundio y evita el minifundio disponiendo que la propiedad agraria bajo ningún
título podrá dividirse en superficies menores establecidas para la pequeña propiedad.
Instruye el saneamiento de la propiedad agraria a través de tres tipos de saneamiento:
Saneamiento Simple, Saneamiento Integrado al Catastro y Saneamiento de Tierras Comunitarias de
Origen.
Dispone la incorporación de los trabajadores asalariados del campo al ámbito de aplicación
de la Ley General del Trabajo, sujeta a régimen especial.
Protege, reconoce y respeta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Expropia
con indemnización, etc.
Todas estas tareas, concebidas como el relanzamiento del proceso de reforma agraria en el
país, que tenían la misión de concluir la reforma iniciada en 1953 y regularizar y perfeccionar el
derecho de la propiedad agraria en el país en un plazo de 10 años, no lograron el fin esperado. No
lograron eliminar el latifundio y el minifundio que hoy por hoy son problemas de dimensión
nacional y fuentes de conflictos sociales en el país.
Los resultados del proceso de saneamiento de tierras iniciado en 1996, a una década de
vigencia de la Ley Nº 1715 son magros. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, con una
inversión de 87,3 millones de dólares, logró titular de forma efectiva 11,3 millones de hectáreas que
representan el 10.7 % de la superficie total nacional objeto de saneamiento de 106,7 millones de
hectáreas.
En este estado de cosas, y como última etapa del proceso de reforma agraria en Bolivia se
debe hacer referencia a la modificación de la Ley Nº 1715.
El 28 de noviembre de 2006, con la fuerza de la V Marcha Indígena que arribó a la ciudad
de La Paz exigiendo al Senado Nacional la aprobación de las modificaciones a la Ley Nº 1715, el
Poder Ejecutivo promulgó la Ley Nº 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria.
Este nuevo marco legal, junto al desarrollo de la Revolución Agraria, guiará en adelante las
acciones del Estado orientadas a transformar la estructura de la tenencia y acceso a la tierra con
equidad y justicia.
Esta Ley tiene como objetivo principal, transformar la actual estructura de acceso y tenencia
de la tierra, de modo que se logre una redistribución equitativa de la tierra en Bolivia, reivindicando
así el derecho a la tierra de los pueblos indígenas originarios y campesinos, en busca de satisfacer la
sed de las comunidades necesitadas de tierra.
La Ley de modificaciones de la Ley INRA beneficia a las comunidades indígenas,
originario-campesinas sin tierra y a los productores y/o empresarios que trabajan la tierra, que
producen y cumplen con la Función Económico Social. La nueva Ley garantiza la seguridad
jurídica de toda propiedad productiva, pequeña, mediana y empresa.
La nueva Ley establece que la F.E.S. sea verificada en campo (en el terreno). La exigencia
del estricto cumplimiento de la F.E.S. es la base para consolidar el derecho de la propiedad agraria.
Las tierras que incumplan con esta función, aquellas cuyo uso sea perjudicial al interés colectivo,
serán sujetas a la reversión o expropiación, según el caso. Posteriormente, estas tierras serán
redistribuidas en calidad de dotación a las comunidades indígenas y campesinas sin tierra o con
tierra insuficiente. Con la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria se busca reparar la
crónica e injusta distribución de tierras en el país.
Entre las modificaciones más importantes incorporadas a la Ley Nº 1715, podemos señalar:
1.- La ampliación de la definición de lo que se entiende por Función Económico Social. 2.- Amplia
la composición de la Comisión Agraria Nacional, incorporando en su seno nuevos actores político-
sociales. 3.- Establece el carácter itinerante de los Juzgados Agrarios.- 4.- Les otorga a los Jueces
Agrarios nuevas competencias, como las personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y
actividad agrarias. 5.- Crea una nueva Sala en el Tribunal Agrario Nacional, resultando en la
actualidad 3 Salas. 6.- Establece el incumplimiento de la función económico social como causal
principal de reversión, y el incumplimiento de la función social como causal de expropiación.
1.5 Derecho Procesal Agrario en Latinoamérica
“A principios del Siglo XX se dio una evolución impresionante del Derecho Agrario sustantivo. No
ocurrió lo mismo con el Derecho Procesal Agrario cuya consolidación científica se logra en la
segunda mitad de ese siglo bajo la influencia de una serie de factores que incidieron en el Derecho
Agrario sustantivo y se reflejaron decididamente en el proceso agrario”.(18)
Ricardo Zeledón enseña que el estudio del derecho agrario comparado permite apreciar dos
grandes vertientes en las cuales se ha desarrollado el proceso agrario; una primera que encontramos en
gran parte en los países de Europa occidental, donde se constituyeron tribunales especiales compuestos
por jueces generalmente fuera del poder judicial. La otra vertiente está dada por el proceso agrario
latinoamericano con orientación, principios y desarrollo conceptual distintos a los europeos que, como
es sabido, luego de los procesos de reforma agraria, fueron institucionalizándose dentro de las
estructuras del poder judicial con la presencia de jueces especializados en la materia agraria.
Hubo dos grandes etapas de evolución del derecho procesal agrario latinoamericano. En la
primera etapa, se ubican los casos de México, Argentina, Colombia, Bolivia, República
Dominicana, Ecuador y Chile. En estos primeros intentos, no hubo claridad institucional en cuanto
al tipo de órganos, el número de procesos, los principios, ni una definición clara de la competencia.
Ello debido a que en la mayoría de los casos se identificaba el derecho agrario con la reforma
agraria. La estructura institucional estaba orientada a satisfacer los fines, procedimientos y derechos
otorgados en las leyes de reforma agraria. La segunda etapa evolutiva fue marcada por tres países:
Perú, Venezuela y Costa Rica.
En estos países existe una mayor claridad institucional por cuanto se crean órganos
especializados en materia agraria, con una competencia muy amplia, con principios y
procedimientos dotados de características especiales.
1.5.1 Perú
En la legislación peruana de 1969 se organizó el fuero privativo agrario constituido por el Tribunal
Agrario y los Jueces de Tierras, y se estableció, como competencia del tribunal la aplicación de la
legislación sobre reforma agraria, aguas, tierras eriazas, y de selva, y de derecho agrario en general.
La Ley de Reforma Agraria de Perú establece en su artículo 158 la competencia del fuero
privativo agrario para conocer de los conflictos derivados de la aplicación de la reforma agraria, y
del derecho agrario en general.
La concepción de los órganos, en esta nueva etapa, los vincula de una u otra manera a la
estructura del Poder Judicial. El Fuero Privativo Agrario del Perú está integrado por un Tribunal
Superior Agrario, con tres vocales, y Juzgados Agrarios (de tierras) unipersonales, creados según
las necesidades sociales.
1.5.2 Venezuela
La legislación Venezolana de 1976 fue organizada con la sanción de la Ley Orgánica de Tribunales y
Procedimientos Agrarios, que acordaba competencia a los juzgados de tierras, bosques y aguas, en todo
lo concerniente a las acciones que derivan de la reforma agraria, así como aquellas relativas a la
legislación agraria.
En Venezuela, primero se crearon los Juzgados Superiores de Tierras, hoy llamado Tribunal
Superior Agrario, y los Juzgados de tierras, bosques y aguas, hoy llamados Tribunales Agrarios de
Primera instancia.
El artículo 1 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios de Venezuela
concibe la competencia refiriéndose a la propiedad de predios rústicos, a actividades agrarias de
producción, y las conexas, la tutela de los recursos naturales renovables, los conflictos derivados de
contratos agrarios, así como los delitos y faltas en materia de recursos naturales.
Aquella ley fue reformada en 1982 introduciendo cambios de mayor importancia como la
ampliación de la jurisdicción agraria a todo lo relativo a la propiedad de los predios rústicos, las
actividades de producción, transformación, agroindustria, y enajenación de productos agrícolas,
asociaciones, contratos, delitos y faltas en materia de recursos naturales, a la materia contenciosa-
administrativa agraria, pasando los órganos jurisdiccionales a denominarse Tribunales Agrarios.
1.5.3 Costa Rica
En Costa Rica, con la Ley Nº 6.734 de 1982, la competencia se concreta en acciones estrictamente de
orden agrarios, como interdictos, reivindicaciones, deslindes y amojonamientos, de las particiones
hereditarias, contratos, dotación, caducidad, etc.
En Costa Rica, fueron institucionalizados hasta 1988, un Tribunal Superior Agrario, con
competencia en todo el país, y hasta la fecha se han creado 6 juzgados agrarios especializados, en
las zonas más conflictivas.
La Ley de Jurisdicción Agraria costarricense también contiene un criterio amplio en la
definición de su competencia, en los artículos 1 y 2 inciso h), pues los tribunales agrarios conocen
de todo lo relativo a la aplicación de la legislación agraria, y de los conflictos que se susciten en el
ejercicio de actividades agrarias principales o conexas, donde sea parte un empresario agrario.
1.5.4 Colombia
Colombia se ha caracterizado como uno de los países que han asumido grandes retos con el derecho
agrario. Desde 1936 se pretendía impulsar la creación de tribunales agrarios. El Estatuto de la
Jurisdicción Agraria de Colombia, sigue los lineamientos y características que había señalado la
doctrina procesal agraria, en cuanto a la influencia del movimiento de la oralidad, los amplios
poderes del juez, bajo la orientación de la publicización y socialización dentro del proceso, los
supera y va más allá, marcando una nueva etapa evolutiva en la justicia agraria latinoamericana.
Los rasgos más importantes, en la nueva Jurisdicción Agraria, que innovan y refuerzan las
características que llamaremos “tradicionales” son los siguientes: 1.-La incorporación de un sistema
de interpretación propio para el derecho procesal agrario. 2.- El establecimiento de un proceso oral
puro, con sus características sustanciales de inmediatez, concentración e identidad física del
juzgador. 3.- Las nuevas formas alternativas de solución de conflictos agrarios, dentro del orden
jurisdiccional. El Juez conciliador. 4.- La manifestación expresa de las medidas cautelares atípicas
y, 5.- La tutela de lo ecológico vinculado con lo agrario.
Colombia, en 1990 promulgó el Estatuto de Jurisdicción Agraria y cuya competencia genérica
se refiere a todo lo concerniente a la propiedad, posesión, tenencia, preservación del ambiente rural,
conflictos agrarios, excluyéndose el ámbito contencioso-administrativo, comercial y laboral.
1.5.5 México
En México, como efecto de la reforma constitucional de 1992, fueron promulgadas dos importantes
leyes: la Ley Agraria, y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Las cuales vienen a conformar
un marco jurídico sustantivo y procesal para la modernización del Derecho Agrario y la Jurisdicción
Agraria en México.
El derecho agrario mexicano estableció los siguientes principios fundamentales: 1.- La
primacía de la oralidad. La Ley Agraria en el artículo 178 dispone: “En la tramitación del juicio
agrario los Tribunales se ajustarán al principio de oralidad, salvo cuando se requiera de constancia
escrita o mayor formalidad, o así lo disponga la ley.” 2.- La inmediatez de la prueba, para que el
Juez agrario tenga contacto directo con las partes, testigos, y la realidad social en la cual debe
resolver (artículo 185. IV ). El juez puede interrogar libremente. 3.- De igual forma, se busca
concentrar la prueba en una o pocas audiencias (Artículos 170 párrafo segundo, 182 y 185.iii). 4.-
El Juez Agrario está revestido con amplios poderes para sanear el proceso (artículo 181);
administrar la prueba (artículo 185.4); practicar la conciliación y mediación (art. 185.VI y 186
párrafo segundo); dirigir las audiencias orales; tomar medidas cautelares. En fin, el Juez debe
asumir un rol social asistencial hacia las partes más débiles dentro del proceso, para así garantizar
un verdadero acceso a la justicia agraria. 5.- Los Magistrados están obligados a intentar la
conciliación, como una forma alternativa de solucionar el conflicto agrario, antes del dictado de la
sentencia. 6.- También se les ha conferido a los Tribunales Agrarios poderes cautelares, es decir, la
facultad de tomar medidas precautorias, para evitar el daño.
1.6 Derecho Procesal Agrario en Bolivia
Bolivia, bajo el influjo de la Reforma Agraria, con el Decreto Ley 3464 de 2 de agosto de 1953,
complementada por el Decreto Supremo 3471 de 27 de este mismo mes y año, y con la Ley de 22 de
diciembre de 1956 sobre Juzgados Agrarios Móviles, se ubica como pionera de la institucionalización
de una jurisdicción agraria especial, cuyo primer sistema siguió de cerca el proceso agrario mexicano
desarrollado desde la Ley de 6 de enero de 1915 y los sucesivos Códigos Agrarios de 1940 y de 1942.
En efecto, este sistema coloca fuera del Poder Judicial la jurisdicción agraria para atribuir esta función
a órganos administrativos, como el Consejo Nacional de Reforma Agraria en grado de apelación y los
Jueces Agrarios Móviles de primera instancia.
En este contexto, la ejecución de estas importantes normas estuvo institucionalmente bajo la
responsabilidad del Servicio Nacional de Reforma Agraria, a la cabeza del Presidente de la República,
conformada por el Consejo Nacional de Reforma Agraria y los Jueces Agrarios; a la que
posteriormente se incorporaron otros órganos como el Instituto Nacional de Colonización y la
Inspectoría de Trabajo Agrario y Justicia Campesina; a esta estructura es a la que vino a denominarse
“Judicatura Agraria”, no obstante su dependencia directa del Poder Ejecutivo; sus atribuciones y
procedimientos predominantemente administrativos en los procesos sociales agrarios de afectación,
reversión y distribución de la tierra y casi nula función jurisdiccional para resolver controversias entre
propietarios.
“Sin embargo, el Consejo Nacional de Reforma Agraria ha sido objeto de frecuentes críticas
por haber realizado una labor exclusivamente jurisdiccional, con olvido y menoscabo de sus
importantes funciones administrativas, como: la constitución de unidades económicas, el
reagrupamiento de predios, la reglamentación de transferencias, la investigación sobre la aparcería y el
arrendamiento, la mecanización agrícola, estudios sobre el trabajo agrícola, régimen de aguas, seguros
agrícolas, etc.” (19)
Este esquema ha estado vigente hasta el 24 de noviembre de 1992, fecha en la que por D. S. Nº
23331, se determina la intervención tanto del Consejo Nacional de Reforma Agraria y del Instituto
Nacional de Colonización, además de los órganos de su dependencia, en razón a la deficiente
administración y la denuncia generalizada sobre hechos de corrupción.
A consecuencia de lo anterior, Bolivia sancionó la más reciente de las legislaciones procesales
agrarias creando la Judicatura Agraria de este país como órgano del Poder Judicial, que tiene su origen
en la Ley Nº 1715 del 18 de octubre de 1996, modificada por la Ley de Reconducción Comunitaria de
la Reforma Agraria, Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorgándole jurisdicción y competencia
para la resolución de acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y
actividad agrarias, e independencia en el ejercicio de sus funciones estando naturalmente sometida a la
Constitución Política del Estado y a la Ley.
Dicha jurisdicción está compuesta por el Tribunal Agrario Nacional con competencia en todo el
territorio nacional, y los Jueces Agrarios, iguales en jerarquía, distribuidos en los nueve Departamentos
del país, con competencia en una o más Provincias.
El Tribunal Agrario Nacional es el más alto tribunal de justicia agraria, estando compuesto
actualmente por siete vocales - se dice actualmente, porque mediante una nueva ley, la Ley Nº 3545 de
modificaciones a la Ley Nº 1715, se han instituido diez vocales, divididos en tres salas, los cuales están
en camino de implementación- de entre los cuales se elige a su Presidente, dividiéndose en dos Salas
cada una con tres vocales magistrados estando su sede en la ciudad de Sucre.
La Sala Plena del Tribunal, entre otras atribuciones dirige a la judicatura agraria nacional,
nombra al Presidente del Tribunal y a los Presidentes de las Salas, designa a los Jueces Agrarios con
arreglo a las nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura y dirime las cuestiones de
competencia que se susciten entre los Jueces Agrarios.
El Tribunal Agrario Nacional, en sus dos salas actúa como Tribunal de Casación en las causas
elevadas por los jueces agrarios, conociendo y resolviendo en única instancia las demandas de nulidad
y anulabilidad de títulos ejecutoriales y los procesos agrarios que hubieran servido de base para su
emisión, tramitados ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de
Colonización. Asimismo conoce de los procesos contenciosos administrativos y de las recusaciones
contra los jueces agrarios.
Los jueces agrarios tienen competencia para conocer de las acciones de afectación de fundos
rústicos que no hubieran sido sometidos a proceso agrario ante el Servicio Nacional de Reforma
Agraria; de las acciones que denuncien la sobre posición de derechos en fundos rústicos; acciones de
mensura y deslinde en fundos rústicos; el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan
surgir de la actividad agropecuaria o ecológica; conocer las acciones para garantizar el derecho de
propiedad agraria, y sobre uso y aprovechamiento de aguas; interdictos de adquirir, retener y recobrar
la posesión de fundos agrarios y otras acciones reales, personales y mixtas sobre la propiedad, posesión
y actividad agrarias.
El proceso agrario de Bolivia se lleva a cabo por audiencias para acentuar la función del Juez
como director del proceso, para agilizar los juicios y donde, conforme a la más reciente tendencia del
proceso oral en Latinoamérica, la jurisdicción asume también una función de conciliación y cuyos
presupuestos son entre otros la inmediación, la concentración, la oralidad y la publicidad, que
funcionan como principios de orientación para la administración de justicia.
El proceso oral agrario boliviano introduce en el cuadro de los principios propios del proceso
agrario comparado, principios nuevos como el principio de la especialidad en razón del carácter
constitucional que se le otorga a la facultad de la judicatura agraria para administrar justicia en materia
agraria. Así como el principio del servicio a la sociedad que caracteriza a la administración de justicia
agraria como un instrumento y no como un fin en si mismo, y el principio de la integralidad para dar a
la tierra un tratamiento integral por parte de la judicatura agraria.
Por otra parte, el proceso oral agrario se desenvuelve en dos grados de jurisdicción. El primero,
ante los Juzgados Agrarios como única instancia y el segundo en el Tribunal Agrario Nacional, al
eliminar la apelación y contemplar como regla y no como excepción la casación “per saltum” contra la
sentencia definitiva.
Puede decirse que en el proceso oral agrario boliviano se acabó el mito de las tres instancias y
se venció el temor a la oralidad, al regular ampliamente el desarrollo de la audiencia con presencia
obligatoria de todos los sujetos procesales, y con funciones de saneamiento del proceso, de
conciliación, de delimitación del objeto de la prueba y de la litis y de producción de pruebas y el
dictado de la sentencia, sin necesidad de alegatos de las partes y su protocolización en acta, con
recursos de reposición o casación según sea el caso.
1.7 Defensa Pública en Latinoamérica
Un postulado que es consustancial a todo Estado democrático es la gratuidad de la asistencia
jurídica y que éste tiene su correspondiente con el derecho de defensa e igualdad ante la ley.
Este derecho está reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración de
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio para la
Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
En algunos de nuestros países esta asistencia la encontramos normada en la constitución o
bien en las leyes referentes al Poder Judicial. Su institucionalidad también varía ya que en algunos
casos es responsabilidad de instituciones autónomas o bien de procuradurías y hay más de algún
ejemplo de su dependencia del Poder Judicial.
1.7.1 Venezuela
En el cono sur, Venezuela, la Constitución en su artículo 26 garantiza la justicia gratuita y así se
creó la Procuraduría Agraria Nacional.
Fue un organismo desconcentrado con autonomía funcional y administrativa, sin
personalidad jurídica, dedicado a tiempo completo a prestar asistencia, asesoría jurídica y judicial
gratuita a los campesinos, pescadores artesanales y comunidades indígenas en actividades agrícolas
(Defensa Integral).
Su misión era asistir y representar judicial y extrajudicialmente, a título gratuito, a
campesinos, indígenas y pescadores artesanales, así como a todo sujeto beneficiario de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), contribuyendo a fortalecer la paz en el medio rural a través
del proceso de regularización de la tenencia de la tierra, influyendo directamente en la
consolidación de la pequeña agricultura, en la formación de centros o polos económicos
sustentables, procurando y propiciando el derecho a la justicia social del campesino, pescador
artesanal e indígena así como la búsqueda de la paz social.
Su visión era contribuir en la implementación exitosa de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario para consolidar el crecimiento del sector agrícola, apoyar la paz en el medio rural,
manteniendo la eficiente y efectiva operatividad técnico-administrativa, centrándose en la
prestación de asistencias legales, la resolución de conflictos expuestos por los campesinos,
indígenas y pescadores artesanales, a través de vías alternas.
Actualmente el Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordenó en su
artículo 274 la supresión de la Procuraduría Agraria Nacional, señalando al efecto que las funciones
de defensa del campesino serán ejercidas por la Defensoría Especial Agraria que al efecto creare el
Tribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La nueva
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario mantuvo la supresión de este ente administrativo en su artículo
270.
No obstante la referida supresión existe una sentencia dictada por la Sala de Casación
Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 13 de febrero de 2003, con ocasión del recurso de
interpretación del artículo 274, interpuesto por las entonces autoridades de esta Procuraduría, en la
cual la referida Sala indicó que a falta de creación de la Defensoría Especial Agraria, la defensa de
los beneficiarios del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, debe ser ejercida
por la Junta Administradora de la Procuraduría Agraria Nacional.
La interpretación dada al referido artículo, resulta igualmente aplicable a lo establecido en el
artículo 270 de la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Es claro, que la creación de la nueva Defensoría Especial Agraria, no impide que la
asistencia a los campesinos, pescadores artesanales e indígenas en labores agrícolas, se siga
realizando de manera integral, es decir, los nuevos defensores agrarios, deben realizar todas las
actuaciones judiciales y extrajudiciales, en la defensa de las personas beneficiarias de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario.
Los campesinos de Venezuela, ahora cuentan con la Defensa Pública Agraria, para
asesorarlos y representarlos ante cualquier situación legal que se les presente.
La Defensa Pública Agraria, garantiza, orienta, asiste y asesora de manera gratuita, a todos
aquellos trabajadores del campo y de la pesca que soliciten sus servicios en cualquier momento
determinado. Los defensores públicos agrarios, también tienen dentro de sus funciones: solicitar
inspecciones, avalúos e informes de campo, estudios aerotécnicos y cualquier otra diligencia y/o
práctica que sirvan de apoyo en la búsqueda de la solución del problema planteado en un momento
determinado.
1.7.2 Colombia
En Colombia, los defensores de oficio son designados por los jueces de las causas y los defensores
públicos son parte de la Dirección Nacional de la Defensa Pública de la Defensoría del Pueblo.
1.7.3 Ecuador
Los defensores públicos en Ecuador están a las órdenes del Defensor del Pueblo, de sus adjuntos y
comisionados provinciales, para la dirección y patrocinio de las acciones y recursos que sean
necesarios, y para garantizar el derecho de defensa y la tutela penal en las indagaciones previas e
investigaciones procesales penales.
Como se ha visto, en el pasado, en la mayoría de los países latinoamericanos, el modelo de
asistencia legal estaba condicionado como es natural por el proceso penal inquisitivo prevaleciente,
caracterizado por su ineficacia, formalidad y despersonalización. En un sistema penal selectivo, con
una defensa de oficio inoperante e inadecuada o de segunda clase, el derecho de acceder a la justicia
también es inexistente o de segunda clase.
Con la adopción de sistemas procesales con una preponderancia del principio acusatorio,
fundamentalmente porque incorporan la oralidad en los momentos decisivos del proceso, han
implicado la necesaria participación de un defensor público que ejercite apropiadamente la defensa
técnica.
Pero los cambios no únicamente se deben dar en el ámbito legislativo, el proceso de reforma
ha de involucrar de forma fundamental a la mentalidad de los encargados de hacer cumplir la ley y
la de aquellos que su rol implica exigir su cumplimiento. El defensor público ha de ser un agente de
cambio, progresista con conocimiento, experiencia y vocación.
1.7.4 Perú
En el Perú, la Defensa de Oficio “es el patrocinio legal gratuito que presta el Estado, a través de la
Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, a aquellas personas de escasos recursos
que participan en procesos penales, desarrollados ante el fuero común o militar, así como en los
juzgados especializados de familia, o que se encuentran sometidas a investigación policial y/o
internas en los establecimientos penitenciarios”
El fundamento de esta institución se encuentra en la necesidad de garantizar la igualdad a las
partes a lo largo del proceso, a través de la representación profesional y de todos los beneficios que
esta conlleva. Nace como una obligación, independientemente de la voluntad de las partes,
pudiendo incluso ser impuesta contra el deseo del imputado.
La Dirección de Defensoría de Oficio y Servicios Jurídicos Populares, dependiente de la
Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia del Perú, es la entidad encargada de la
conducción, promoción, coordinación y supervisión del Sistema de Defensoría de Oficio.
La Defensoría de Oficio, como órgano integrante del Ministerio de Justicia, sólo tiene
dependencias en Lima. Sin perjuicio de esto, algunos defensores públicos asumen el rol de
coordinadores en su Módulo, Distrito Judicial o especialidad, en el ejercicio de las funciones en la
relación con los usuarios y en la comunicación de ciertos aspectos con la sede central.
A inicios de 2004, el Ministerio de Justicia contaba a nivel nacional, con 283 Defensores de
Oficio. Por ende, el número de Defensores de Oficio por cada 100.000 habitantes es de 0,96.
Al ser un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, el presupuesto de la Defensa de
Oficio constituye una partida del financiamiento asignado al ministerio.
En este ámbito destaca el proyecto de Institucionalización de la Defensa de Oficio que, a un
costo de US$ 1.320.630, pretende el desarrollo de seis áreas prioritarias para la ampliación y mejora
del acceso a la justicia a través de la Defensoría de Oficio, entre las que destacan la revisión de su
marco legal; un nuevo diseño de los mecanismos de orden administrativo; el mejoramiento de los
recursos humanos, la instauración de mecanismos de control al desempeño y un programa de apoyo
a internos procesados.
A lo anterior se suma que, en el contexto del convenio suscrito entre el Estado peruano y la
Unión Europea, cuyo objeto es aportar a la reforma del sistema de justicia del Perú, se ha
establecido como prioridad la reestructuración y fortalecimiento del Servicio Nacional de Defensa
de Oficio.
1.7.5 Costa Rica
En el ámbito centroamericano, con referencia al desarrollo de sistemas de defensa pública tenemos
que Costa Rica inicia su experiencia en 1969, la institución se encuentra adscrita al poder judicial al
igual que el Ministerio Público, la cual se desarrolla a raíz de la reforma procesal penal en 1975.
Con dicha reforma separa del sistema inquisitorial al mixto moderno, que con la introducción de la
oralidad y la obligatoriedad de la presencia del defensor en todos los actos, se fortalece y desarrolla
el sistema de defensa pública.
Costa Rica reconoce constitucionalmente la necesidad de la defensa, así la Ley Orgánica del
Poder Judicial y la Ley de Pensiones Alimentarias establecen el derecho de las personas sin
recursos económicos a ser proveídas de un defensor público.
En Costa Rica, la Defensa Pública Agraria, depende a nivel administrativo del Consejo
Superior del Poder Judicial, no así en lo técnico profesional. Los defensores públicos agrarios,
deben ser especialistas en la materia, además de cumplir con todos los requisitos que la ley exige, a
saber, mayores, abogados y ciudadanos en ejercicio y a tiempo completo, por lo que el cargo es
incompatible con el ejercicio privado de la profesión de abogado y del ejercicio del notariado.
En la actualidad, el cuerpo de Defensores Públicos Agrarios está constituido por abogados,
especialistas en Derecho Agrario y Ambiental, distribuidos en todo el país, según las necesidades de
cada región. Estos actúan oficiosamente, a requerimiento de la parte interesada, o bien cuando el
Juez Agrario así lo establece.
1.8 Defensa Pública en Bolivia
La Defensa Pública en Bolivia, surgió como una necesaria respuesta a la comprobación de que en la
mayoría de los casos, la defensa de oficio en el proceso penal, se reducía al cumplimiento de una
simple formalidad y nada más.
La Defensa Pública fue creada en el marco del Convenio suscrito entre el Gobierno de
Bolivia y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), como proyecto piloto mediante D. S. 23253 de 31 de
agosto de 1992, como unidad dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio del Interior,
Migración, Justicia y Defensa Social, con el propósito de prestar asistencia a la defensa penal de las
personas de escasos recursos económicos.
La Ley 193 de 17 de septiembre de 1993 (Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo) otorgó al
Ministerio de Justicia competencia para administrar el Programa Nacional de Defensa Pública, con
la finalidad de promover y mantener el equilibrio del debido proceso.
Mediante Decreto Supremo 24073 de 20 de julio de 1995, se establece su estructura
organizativa, económica y financiera, así como la administración de personal, creándose de esta
manera la Dirección Nacional de Defensa Pública, como un órgano funcionalmente desconcentrado
del Ministerio de Justicia, con la finalidad de "velar por el respeto de los derechos fundamentales y
la oportuna defensa de los imputados, que no cuenten con recursos económicos para contratar los
servicios de un abogado."
Los servicios de la Dirección Nacional de Defensa Pública, alcanzaron cobertura nacional,
con oficinas en los nueve Departamentos del país, incluso en varias Provincias. Con el apoyo de la
Cooperación Internacional, se logró crear la defensa pública rural, con Defensores Públicos Rurales,
que permitió la atención de poblaciones rurales y la difusión y capacitación en derechos humanos y
garantías fundamentales.
Debido al retiro de la Cooperación Internacional, este Proyecto de Defensa Pública Rural se
cerró a fines del año 2003.
Hasta mediados de julio de 2003, la Dirección Nacional de Defensa Pública, ha funcionado
bajo la dependencia del Vice Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Mediante la Ley 2496 de 04 de agosto de 2003 se creó el Servicio Nacional de Defensa
Pública, como entidad descentralizada, bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, con la
finalidad de garantizar la inviolabilidad de la defensa, proporcionando defensa técnica penal a todo
imputado carente de recursos económicos y a quienes no designen abogado para su defensa.
La Ley de Organización del Poder Ejecutivo No. 3351 de 21 de febrero de 2006, establece
que el Ministerio de Justicia, ejerce tuición orgánica y administrativa sobre el Servicio Nacional de
Defensa Pública. Por disposición del Decreto Supremo No. 28631 Reglamentario de la LOPE de 08
de marzo de 2006, esta tuición está delegada al Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente el Servicio Nacional de Defensa Pública, cuenta con 9 Direcciones Distritales,
brindando asistencia técnica penal a nivel nacional, en las Capitales de Departamento y poblaciones
cercanas.
También cuenta con Defensores Públicos permanentes en Montero, Quillacollo, Llallagua y
Chimoré.
Las actividades desarrolladas por la estructura operativa (Defensores Públicos),
principalmente están centradas en la atención de: Casos Judiciales y Casos Policiales.
Los casos judiciales (procesos), que van desde la etapa preparatoria hasta la etapa de
ejecución penal, absorben la mayor parte del tiempo y dedicación de los Abogados Defensores
Públicos.
Los casos policiales, requieren de la presencia permanente de los Defensores Públicos en
dependencias policiales, la actuación de un Defensor Público es temporal para este tipo de casos,
con dos alternativas posibles respecto a los resultados, la libertad del acusado (caso resuelto) o el
paso del caso a instancias judiciales (caso judicial).
La máxima autoridad del Servicio de Defensa Pública es el Director Nacional que ejerce la
dirección de todos sus funcionarios. Es elegido por el Presidente de la República, de una terna
aprobada por la Cámara de Diputados. Dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelecto.
Junto al Director Nacional, forman parte de la estructura del Servicio Nacional de Defensa
los Directores Distritales, encargados de la administración de los recursos y la organización de la
oficina en su respectivo distrito; los Defensores Públicos, encomendados de brindar la defensa
técnica penal gratuita, nombrados por el Director Distrital, previa convocatoria pública de méritos y
antecedentes; los abogados asistentes; los trabajadores sociales, encargados de investigar y evaluar
la situación socio-económica de las personas que solicitan el servicio, y los asistentes sociales.
El Servicio de Defensa Pública tiene las siguientes atribuciones:
Garantizar la inviolabilidad de la defensa, proporcionando defensa técnica penal a todo
imputado carente de recursos económicos y a quien no designe abogado para su defensa.
Proporcionar el servicio desde el primer acto del proceso penal hasta el fin de la ejecución de la
sentencia.
Durante los procedimientos por extradición, prestará asistencia técnica al extraditable en las
mismas condiciones establecidas por ley; y
Repetir el monto devengado por la defensa técnica otorgada a personas que, siendo
comprobadamente solventes, se hubieren negado a nombrar defensor particular.
Durante el 2004, el Servicio Nacional de Defensa Pública, contó con 56 Defensores, es decir
0,8 cada 100.000 habitantes. En relación al 2002, la cantidad de Defensores Oficiales aumentó 18%.
En el 2004, la Defensa Pública contó con un presupuesto de Bs. 6.858.136, equivalente a
US$ 874.762. En el 2004, el presupuesto asignado al Servicio de Defensa Pública fue 28% menor al
establecido en 2002.
En tratándose de materia agraria, antiguamente no era necesaria la defensa pública agraria por
la naturaleza misma del derecho procesal agrario y el sistema jurisdiccional agrario.
Ese sistema jurisdiccional agrario nació con la Ley del 22 de diciembre de 1956, que instituyó
los Jueces Agrarios Móviles. En efecto, el Consejo Nacional de Reforma Agraria que fue creado por
Decreto Ley 3464 del 2 de agosto de 1953, era, a su vez, el órgano de resolución de las apelaciones y
de decisiones definitivas de conflictos de competencias y de diversas acciones, que incluía a los Jueces
Agrarios Móviles junto con el Instituto Nacional de Colonización. Jueces estos, cuyos conflictos,
consultas y decisiones eran resueltos o revisados por el mencionado Consejo. A su vez, tales jueces
podían ser o no abogados.
En cuanto a las acciones o pretensiones del derecho agrario que conocían esta especial
jurisdicción agraria, tanto a nivel de primera instancia como de apelación; es decir, su competencia
principalmente se refería a las acciones de afectación o dotación de tierras, de restitución de tierras a
comunidades y de reversión de las antiguas tierras fiscales, y, en general, derivadas de la legislación de
la reforma agraria. Pero, también su competencia se extendía a los litigios de linderos entre haciendas,
entre éstas y las comunidades entre sí y a las renuncias de herencia de descendientes de beneficiarios
de dotación de tierras. Para estas acciones y causas se establecían procedimientos administrativos, pero
contradictorios, con las formalidades de un juicio que no respondían a los principios de un Estado de
Derecho, como: la seguridad jurídica y el debido proceso que debía garantizar la igualdad y el derecho
a la defensa.
De esta manera sobrevino su obsolescencia que empezó a producir consecuencia y fenómenos
que resultaron adversos y perniciosos, ocasionando en sus postrimerías tal intranquilidad y desasosiego
que obligó a que se intervengan las oficinas del Consejo Nacional de Reforma Agraria y cancele la
jurisdicción agraria por varios años, procediéndose a establecer una nueva estructura.
Como secuela de obsolescencia del sistema quedó un panorama desolador, conflictivo y de
penosa frustración e inseguridad, es así que cálculos estimativos de entes especializados aseguran, se
requiere la solución de conflictos de propiedad agraria en más de 70 millones de hectáreas, donde se
calcula existiría no menos del 22 % de tierras con dos y tres superposiciones o traslapes.(20)
La actual judicatura agraria boliviana, desarrollada por la Ley Nº 1715 del 18 de octubre de
1996, se basa en un real sistema procesal. En efecto, la existencia de verdaderos órganos
jurisdiccionales, a cargo de jueces abogados, con una competencia agraria exclusiva y excluyente de la
justicia ordinaria, y que aplican un proceso oral apropiado para la decisión de los asuntos agrarios que
se le encomiendan, a través del ejercicio de acciones especiales, y la composición de esos órganos en
una organización propia dentro del Poder Judicial, permite calificar a la integración de todos esos
componentes como sistema procesal donde necesariamente deben participar, aunque no como sujetos
procesales principales, los profesionales Abogados como patrocinantes o defensores.
Es característica esencial del Estado Constitucional de Derecho que su sistema jurídico se
funde en principios generales que garanticen la protección del ciudadano frente al ejercicio del
poder arbitrario del Estado. De ahí que el Principio de Defensa cumpla un papel protagónico dentro
del proceso agrario para posibilitar la existencia del equilibrio jurídico entre las partes y es entonces
cuando las garantías adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad.
Lo que es más, no basta con la existencia de la garantía del derecho de defensa sino que
también debe existir la posibilidad de acceder a un servicio gratuito y eficiente que haga realidad el
principio, facilitando el acceso a la justicia.
De ahí la necesidad de crear la Defensa Pública Agraria que permita el fácil acceso a la justicia
agraria de los más necesitados y el cumplimiento de los principios del Estado de derecho, como la
seguridad jurídica y el debido proceso.
Es evidente que el principio de gratuidad tiene por objeto facilitar el acceso de las personas a
los Tribunales sin que la sola condición económica constituya un obstáculo que dificulte o impida la
satisfacción de las pretensiones aducidas. Así pues, las instituciones procesales deben estructurarse
de tal manera que el aspecto económico no tienda a alejar de los Tribunales a los interesados o los
fuerce a transar o negociar con la contraparte más fuerte monetariamente, sino que les garantice sus
derechos de accionar en defensa de sus intereses.
Si actualmente en Bolivia se cuenta con un procedimiento oral agrario, es indispensable la
participación de legistas en dicho proceso, como los Defensores Públicos Agrarios que
beneficiarían en gran medida a los litigantes de escasos recursos económicos, y velarían además por
el correcto desarrollo del debido proceso, que culmine con la sentencia del juicio oral sin vicios de
nulidad y sometidos a la majestad de la ley, papel éste que los convierte en agentes de cambio en el
sistema judicial.
Es fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas de defensa pública, el que los
niveles institucionales técnicos y administrativos alcancen un nivel si no óptimo pero si adecuado;
además, que se garantice que dichos sistemas funcionarán con independencia técnica y solvencia
económica.
Marco contextual
1.9 Accesibilidad de la justicia agraria
La consolidación de la democracia en nuestro continente, es un proceso que no podrá considerarse
en marcha, en tanto los sistemas de justicia no reconozcan, garanticen y viabilicen el acceso a la
justicia de todas las personas.
La significación de este derecho resulta vacía de sentido si no va intrínsecamente unida al
derecho de toda persona a recibir una respuesta que concluya el conflicto social que plantea o del
que ella es parte, en condiciones de igualdad.
El sistema judicial, en teoría, es público, gratuito y universalmente accesible, pero en
realidad ¿cuántos pueden acceder verdaderamente a él y lograr atención y sentirse satisfechos? La
respuesta puede ser positiva, desde la perspectiva de varios cambios que efectivamente iniciaron la
transformación del Poder Judicial, pero también puede ser aún la más desafortunada.
Las constituciones latinoamericanas en su mayoría recogen estos principios, tal como lo
hace la normativa internacional sobre derechos humanos, como: el Artículo 10 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con plena justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella
en materia penal.” Esta disposición se complementa con los artos. 7 y 11 de la misma Declaración
al regular la igualdad de protección de las personas ante la ley y sobre las garantías de defensa
penal. En el mismo sentido expresa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el
artículo 14. 1; al igual que el Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades
Fundamentales (Roma 1956) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José,
C.R., 1969).
La reforma del sistema de justicia y la conciencia de la necesidad de posibilitar y facilitar el
acceso a la justicia -después de sucesivos regímenes militares- desde hace algunas décadas obedece
a la tendencia democratizadora en nuestro continente.
La humanización de la justicia y la transparencia en el funcionamiento del sistema, parten de
la premisa de que únicamente es posible para la ciudadanía resolver sus disputas y hacer valer sus
derechos con soluciones obtenidas desde la plena igualdad.
El brindar a la población una mejor y mayor accesibilidad de la justicia, es una necesidad
que se hace ingente a raíz de la transición de los regímenes militares dictatoriales a la democracia y
la consolidación de los derechos humanos. Y que duda cabe sobre que ante los eufemísticamente
denominados conflictos armados internos que vivió la región, la justicia pecó de indiferencia,
complicidad u olvido en su actuación frente a la violación de los derechos fundamentales.
“Justicia para todos”. Así definía el Poder Judicial al estudio de Consolidación Institucional
del Sistema Judicial elaborado en noviembre de 2003. Este documento, utilizado en diferentes
seminarios protagonizados por el Poder Judicial a lo largo del 2004 y el 2005, afirma que la
percepción de un sistema judicial sin acceso masivo y sin confiabilidad, es aún uno de los criterios
más marcados en la población. Sin embargo, las conclusiones del Informe Final de Grupos Focales
sobre “Acceso a la Justicia” realizado entre febrero y marzo de 2006 por el Programa Ciudadanos
Trabajando por la Justicia (área urbana y rural), contiene avances importantes respecto a esta
afirmación. En lo general, los ciudadanos reconocen que tienen una mejor comprensión del lenguaje
jurídico y un mayor conocimiento sobre los actores y las instituciones del sistema de justicia, y se
manifiestan optimistas respecto a la mejora de la misma. Es decir, que el tema de la justicia es parte
de los intereses positivos cotidianos de la sociedad boliviana.
Es un avance. Al igual que todas las reformas efectuadas en los últimos 20 años, destinadas
a mejorar el acceso, la interculturalidad, participación y transparencia de nuestro sistema judicial.
Prueba de ello son la separación del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, las modificaciones en
las normas para elegir a Magistrados y Jueces, la creación del Tribunal Constitucional encargado
del control judicial de la Constitución, la creación del Consejo de la Judicatura y del Tribunal
Agrario Nacional; la implementación de un nuevo procedimiento agrario, el Código de
Procedimiento Penal y modificaciones legales para los grupos mayormente desprotegidos, entre
ellos el Código Niño, Niña y Adolescente y la Ley contra la Violencia Intrafamiliar.
Sin embargo, de acuerdo al mismo informe sobre Grupos Focales, a pesar de los esfuerzos,
falta mucho por trabajar. “La percepción sobre la justicia, en algunos segmentos de la población,
sigue vinculada a temas negativos. Se denotan aun elementos ligados a una mala gestión
administrativa y a un deficiente desempeño de los operadores, lo cual hace aflorar percepciones
sobre posible corrupción, ocasionando la desconfianza de la población”. (21)
“Aún persiste la idea de que el sistema de justicia en el país no es accesible para todos los
bolivianos. Y resulta que, en efecto, existen importantes grupos de la población que no cuentan con
acceso a servicios judiciales. “El sistema judicial tiene ciento ochenta jueces de un total de
trescientos veintiséis municipios que resultaría el 55% de municipios cubiertos”. (22)
Como se advierte, los problemas de acceso se encuentran notoriamente territorializados.
“Los Poderes del Estado no deben estar ajenos a la atención de estas dificultades del sistema
judicial, como: la Magistratura independiente del Ministerio Público como representante del Estado,
la sociedad y principal acusador público; el Poder Legislativo en materia de la actualización del
legislativo judicial y el Poder Ejecutivo en materia de la defensa pública, el diseño de la política
criminal y el régimen penitenciario a su cargo”. (23)
El problema del agro, como alguien decía es un problema básico y fundamental a
solucionar, ya sea con políticas agrarias y soluciones jurisdiccionales. Estado que ha solucionado
este problema, es desarrollado y Estado que intenta solucionarlo es subdesarrollado.
Todas las dificultades u obstáculos para un efectivo acceso a la justicia se han constituido
por sí mismas en un sistema de no accesión a la administración de justicia, a veces paralelo y otras
sobrepuesto al sistema establecido por la ley.
El cambio y fortalecimiento de los sistemas de justicia y por ende de defensa pública ha de
ser producto del esfuerzo sistémico, lo cual implica interdependencia institucional. El
fortalecimiento de los entes que forman parte del sistema de justicia por separado, sin esa
imperativa interdependencia, únicamente agravara los vicios, abusos y debilidades del mismo y no
podrá dar los resultados necesarios e indispensables para sociedades cuyo reclamo de justicia es
imposible de ignorar por más tiempo.
1.10 Pueblos indígenas originarios
Las comunidades indígenas existentes en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja
del Departamento de Potosí, tienen su origen histórico en los Ayllus incaicos y en las Reducciones
de la época colonial.
El Ayllu, según Xavier Albó y Joseph Barnadas, puede ser definido como “una unidad
social básica basada a partir del parentesco por línea paterna en la que la dispersión de sus terrenos
en diversas áreas geográficas provocaba que sus habitantes también vivieran en áreas dispersas.
Originalmente cada ayllu, estaba organizado de modo que todos sus miembros compartieran, a
través de múltiples comunidades, los distintos recursos que ofrecía la agricultura andina”.
“El Ayllu fue la base sobre la que descansaba la estructura de la sociedad andina. Estaba
formado por varios grupos de familias que rendían culto a una misma “huaca” y poblaban un mismo
territorio aunque de forma dispersa”.(24)
Cada ayllu se encontraba constituido por una serie de Marcas, siendo cada una de estas, la
unidad económica y social encargada de la regulación de las cargas por los servicios prestados.
Por su parte las Reducciones, instituidas en la época colonial tuvieron el mérito de atribuir a
las comunidades indígenas la categoría de “sujetos de derecho”, en cuya virtud éstas llegaron a ser
dueñas de las tierras que ocupaban, refundiendo los derechos de posesión y de propiedad, a
diferencia de los ayllus incaicos que ejercían mera posesión y usufructo de ellas.
Actualmente, algunos autores sostienen que el Ayllu, las comunidades y otras formas
naturales de organización, se están descomponiendo y lo que resta es esperar su desaparición
definitiva.
Lo cual parece una verdad innegable, porque la comunidad indígena en esta región del norte
de Potosí se va disgregando poco a poco, promoviéndose su disolución en beneficio de la pequeña
propiedad parcelaria. Este cambio dramático ha sido fruto de la Ley de Reforma Agraria, que
estableció que a cada familia campesina debería otorgársele en dotación una pequeña propiedad en
los terrenos que antes de la Reforma pertenecían a los latifundistas. En aplicación de esta
disposición se procedió a la afectación y subsiguiente parcelación de muchos latifundios,
constituyendo la nueva pequeña propiedad post-reformista.
Antes de la reforma agraria no existía el pequeño propietario indígena o existía con carácter
excepcional en algunas regiones, generalmente los pequeños propietarios de parcelas eran gente no
campesina que residían en las ciudades y se dedicaban a cualquier actividad menos a la agricultura;
estas tierras eran entregadas a los indígenas, quienes realizaban las actividades agrícolas en
provecho de estos propietarios no campesinos a cambio de una proporción variable de la
producción, como era el trabajo en compañía o al partir.
Por otra parte, también es innegable que el Ayllu, en algunas regiones del norte de Potosí,
principalmente en las Provincias Chayanta y Bustillo, se viene manteniendo de generación en
generación, pues mientras la sociedad citadina se encuentra en un proceso decreciente y sistemática
desarticulación e individualización, la sociedad campesina no solamente que está subsistiendo al
sistema, sino que ha afirmado un proceso de creciente articulación, no tanto en su célula madre, que
es la comunidad, sino en la relación intercomunitaria que se expresa en el Ayllu, tal como sucede en
los Ayllus Chullpas, Sicoyas, Chayantacas, Laymes, etc. pertenecientes a la Provincia Bustillo del
Departamento de Potosí.
Por el contrario, en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del
Departamento de Potosí, se advierte una creciente desarticulación del Ayllu como organización
originaria. Como ejemplo podemos citar el Ayllu Chiro Kasa de la Provincia Charcas, que se
constituye en la organización indígena más grande de ese sector, cuyos integrantes se encuentran
reacios a mantener sus terrenos dentro del régimen de trabajo comunitario, ellos prefieren la
titulación de sus tierras de forma individual o familiar a pesar de que en dicho Ayllu ya está por
concluir el proceso de Saneamiento como Tierra Comunitaria de Origen. Es decir, en estas
Provincias del norte de Potosí, prevalece la existencia de Sindicatos Agrarios, divididos en
Centrales y Subcentrales, cuyos integrantes prefieren la pequeña propiedad como tipo de propiedad
individual antes que la propiedad comunitaria o propiedad titulada colectivamente.
En consecuencia, si continúa este proceso de debilitación o desarticulación de las formas
originarias de organización en esta región, que se ha identificado como población del presente
trabajo de investigación, el autor pronostica la prevalencia de la pequeña propiedad titulada
individualmente.
En los pueblos indígenas originarios donde ya se han concluido los procesos de saneamiento
como tierras comunitarias de origen, principalmente de la Provincia Bustillo, no se advierte ningún
problema relacionado con la administración de justicia agraria, debido a que en las T.C.Os. como
organizaciones indígenas originarias, los campesinos tienen sus propias formas de organización y
elección de sus autoridades naturales; tienen su propia política de redistribución de la tierra al
interior de los Ayllus en base a sus usos y costumbres. Asimismo, ante la eventualidad de conflictos
internos sobre la propiedad, posesión o actividad agrícola, sus autoridades naturales están facultadas
constitucionalmente para solucionar internamente y de manera alternativa a la justicia ordinaria, sus
conflictos agrarios haciendo uso de sus normas consuetudinarias, siempre que no contravengan la
Constitución y la Ley.
Por el contrario, en las Provincias materia de investigación, como ya se adelantó, donde
prima la existencia de pequeñas propiedades y solares campesinos, debilitada como está la
organización campesina originaria, será necesaria la intervención de la judicatura agraria para la
solución de conflictos de carácter agropecuario entre pequeños propietarios o propietarios titulados
individualmente, donde será imprescindible la intervención de Abogados agraristas o la Defensa
Pública Agraria para patrocinar o defender a indígenas o campesinos carentes de recursos
económicos.
1.11 Proceso oral agrario
En materia de procedimientos, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria sólo rige lo
esencial para los procesos orales agrarios que se tramitan ante los juzgados agrarios, y casi nula o
inexistente para las demandas y recursos ante el Tribunal Agrario Nacional.
El procedimiento en los juicios orales agrarios, se rige básicamente por lo dispuesto en el
Título VI, Capítulos I y II de la Ley Nº 1715.
El Art. 78 de la Ley Nº 1715, incorpora el principio de la supletoriedad, disponiendo que en
lo aplicable, los actos procesales no regulados por la citada ley, se rijan por las normas del Código
de Procedimiento Civil, aunque no de manera indiscriminada.
La demanda deberá presentarse por escrito ante el Juez Agrario competente, acompañando
toda la prueba documental que tenga en su poder y proponiendo otra prueba que se quiera producir
durante el desarrollo de la audiencia; si la prueba no fuere presentada adjuntando a la demanda, por
las características del juicio oral agrario, no existe otra oportunidad para hacerlo, salvo la prueba
documental, de la que no se tenga conocimiento y se obtenga después de planteada la demanda,
puede ser presentada en audiencia bajo juramento de reciente obtención.
Su contenido deberá cumplir con lo previsto por el Art. 79 de la Ley Nº 1715 y el Art. 327
del Código de Procedimiento Civil.
En caso de que la demanda presente defectos de forma, se aplicará el Art. 333 del Código de
Procedimiento Civil, es decir que se la tendrá como demanda defectuosa y se otorgará un plazo
prudencial para subsanarla, bajo apercibimiento de tenerse como no presentada.
Admitida la demanda será corrida en traslado al demandado para que conteste, oponga
excepciones y/o plantee demanda reconvencional.
El demandado deberá contestar en el plazo de quince días calendario computable desde el
día siguiente de su citación con la demanda, con la ampliación del término que corresponda en
razón de distancia, cumpliendo los requisitos previstos por el Art. 79 de la Ley Nº 1715 y el Art.
346 del Código de Procedimiento Civil; el demandado, a tiempo de contestar la demanda, también
deberá presentar la prueba documental que obre en su poder y proponer toda otra prueba de que
intentare valerse.
A tiempo de contestar la demanda, el demandado podrá plantear demanda reconvencional,
observando los requisitos para la presentación de la demanda (Art. 80 de la Ley Nº 1715 y Art. 348
del Código de Procedimiento Civil).
Admitida la reconvención, se correrá en traslado al demandante para que responda dentro
del término previsto para contestar la demanda (15 días), observando las normas establecidas para
la contestación a la demanda principal.
La demanda reconvencional se sustanciará y resolverá conjuntamente la demanda principal.
En materia agraria sólo se admiten las excepciones de: a) Incompetencia; b) Incapacidad o
impersonería del demandante o demandado o de sus apoderados; c) Litispendencia; d) Conciliación
y; e) Cosa juzgada.
Las excepciones deberán ser opuestas todas juntas a tiempo de contestar la demanda o la
reconvención (Art. 81 Ley Nº 1715)
Las excepciones opuestas a la demanda principal o demanda reconvencional, serán
contestadas y resueltas durante el desarrollo de la audiencia. (Art. 83-3 Ley Nº 1715)
Con la contestación a la demanda y/o a la demanda reconvencional o sin ella, vencido el
término para la contestación, el juez de oficio o a pedido de parte señalará día y hora para la
realización de la audiencia. (Art. 83-I Ley Nº 1715)
Una vez señalada la audiencia ya no es posible desarrollar ningún acto procesal escriturado,
en caso de que las partes presenten escritos, el juez los proveerá en la audiencia, previa su lectura y
traslado a la otra parte.
La audiencia se realizará indefectiblemente dentro de los quince días siguientes de la
contestación a la demanda o reconvención o vencido el plazo para la contestación, en la que deberá
cumplirse indispensablemente todos los actos procesales previstos para el desarrollo de la
audiencia. (Art. 82-I y 83 Ley Nº 1715)
Durante el desarrollo de la audiencia, se cumplirán indispensablemente las actividades
procesales señalas por el Art. 83 de la Ley Nº 1715, referentes a:
Alegación de hechos nuevos, siempre que no modifiquen la pretensión o la defensa, y aclaración
de sus fundamentos si resultaren obscuros o contradictorios.
Contestación a las excepciones opuestas y recepción de las pruebas propuestas para acreditarlas.
Resolución de las excepciones y, en su caso, de las nulidades planteadas o las que el juez
hubiere advertido y de todas las cuestiones que correspondan para sanear el proceso.
Tentativa de conciliación instada por el juez respecto de todos o algunos de los puntos
controvertidos. Si se llegare a un acuerdo total, este será homologado en el acto poniendo fin al
proceso; empero, si la conciliación fuere parcial, será aprobado en lo pertinente, debiendo
proseguir el proceso sobre los puntos no conciliados.
Fijación del objeto de la prueba, admitiendo la pertinente y disponiendo su recepción en la
misma audiencia, rechazando la inadmisible o la que fuere manifiestamente impertinente.
En caso de que la producción de la prueba no sea agotada en la primera audiencia, el juez a la
culminación de la misma señalará audiencia complementaria, que se realizará dentro de los diez días
siguientes; esta audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo.
La sentencia dentro del juicio oral agrario, inexcusablemente deberá ser dictada en audiencia,
una vez que se hubieren cumplido con los actos procesales señalados por el Art. 83 de la Ley Nº 1715;
sin necesidad de alegatos de las partes y constará en acta. (Art. 86 Ley Nº 1715)
La sentencia contendrá decisiones expresas, positivas y precisas; recaerá sobre los puntos
litigados. (Art. 86 Ley Nº 1715 y Art. 190 del Código de Procedimiento Civil.)
En el proceso agrario, contra la sentencia y el auto interlocutorio definitivo, pronunciados por el
juez agrario, procede el recurso de casación y/o nulidad que deberá ser planteado ante el mismo juez en
el plazo fatal de ocho días y resuelto por la Sala en turno del Tribunal Agrario Nacional. (Art. 87 Ley
Nº 1715)
Contra autos interlocutorios simples procede el recurso de reposición presentado ante el mismo
juez que dictó el auto, quien deberá resolver inmediatamente en audiencia.
Con la contestación del recurso de casación y/o nulidad, o vencido el plazo señalado para el
efecto, el Juez, siempre y cuando el recurso hubiere sido interpuesto dentro del plazo, concederá el
recurso y ordenará la remisión del expediente ante el Tribunal Agrario Nacional. El juez rechazará el
recurso si fuese presentado fuera de plazo.
Concedido el recurso, el recurrente deberá proveer oportunamente los recaudos para su
viabilidad, caso contrario, caducará su derecho y se declarará ejecutoriada la sentencia.
Contra la negativa de concesión del recurso de casación y/o nulidad, procederá la compulsa.
Este recurso será interpuesto ante la sala en turno del Tribunal Agrario Nacional.
El recurso de casación y/o nulidad se resolverá en el plazo de quince días computables a partir del
sorteo, de conformidad a lo previsto por el Art. 87, concordante con el Art. 271 del Código de
Procedimiento Civil, de una de las siguientes formas:
Declarando improcedente. Cuando el recurso hubiere sido interpuesto fuera de plazo, o no
cumpliere los requisitos señalados por el Art. 258 del Código de Procedimiento Civil.
Declarando infundado. Cuando no sea evidente la violación o aplicación errónea o indebida de la
ley o leyes sustantivas y adjetivas, acusadas en el recurso.
Casando la sentencia o auto definitivo. Cuando sea evidente la infracción de la ley o las leyes
acusadas en el recurso interpuesto.
Anulando el proceso. Con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, o anulando llanamente
sin reposición de obrados, según el caso; cuando se hayan infringido normas procesales
expresamente sancionadas con la nulidad, o si faltase alguna diligencia o trámite esencial en la
sustanciación del proceso oral agrario.
1.12 Defensa de Oficio
Es característica esencial del Estado Constitucional de Derecho que su sistema jurídico se funde en
principios generales que garanticen la protección del ciudadano frente al ejercicio del poder
arbitrario del Estado. De ahí que el principio de Defensa cumpla un papel protagónico dentro del
proceso agrario para posibilitar la existencia del equilibrio jurídico entre las partes, y es entonces
cuando las garantías adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad.
Lo que es más, no basta con la existencia de la garantía del derecho de defensa, sino que
también debe existir la posibilidad de acceder a un servicio gratuito y eficiente que haga realidad el
principio, facilitando el acceso a la justicia.
Actualmente en Bolivia, la defensa de oficio depende del Poder Judicial a través de las
Cortes Superiores de Distrito, y en materia agraria del Tribunal Agrario Nacional; la defensa
pública depende del Servicio Nacional de Defensa Pública.
En consecuencia, en Bolivia, existe la modalidad de defensores de oficio en materia civil,
familiar, administrativa, laboral y agrario. En las capitales de Departamento, son designados por las
Cortes Superiores de Distrito y en las Provincias, son los jueces quienes designan para cada caso y
puede ser cualquier abogado, entre los cuales están obligados los abogados nuevo hasta 2 años
después de su matriculación (Art. 17 Ley de la Abogacía) . El servicio es gratuito.
En materia agraria, como se adelantó, los defensores de oficio son designados por el
Tribunal Agrario Nacional en Sala Plena al inicio de cada gestión. (Ver Anexo 8)
Estos defensores de oficio lamentablemente tienen como sede de sus funciones sólo la
ciudad de Sucre, y están encargados de atender sólo procesos contencioso-administrativos y
procesos de nulidad de títulos ejecutoriales cuando el demandado no contesta o se apersona después
de la publicación del edicto correspondiente.
En lugares donde no existen abogados, como en San Pedro de Buena Vista, es imposible
designar defensores de oficio para cada caso. Es más, el Juez Agrario sólo puede designar defensor
de oficio cuando el demandado haya sido citado mediante edicto y no haya comparecido hasta los
treinta días desde la primera publicación, no existiendo esta posibilidad para otros casos.
Capitulo II
Diagnostico
El autor en base a su vivencia, el método de la experimentación, aplicando las técnicas de la
encuesta y entrevista, el método estadístico y otros no menos importantes ha identificado las
siguientes causas que hacen inaccesible la justicia agraria en el norte de Potosí: (Ver Anexo 5)
2.1 La pobreza
La inaccesibilidad de la justicia está íntimamente relacionada con las situaciones de pobreza y
pobreza extrema, mismas que conllevan el no goce de los servicios básicos de salud, educación y
vivienda entre otros.
Estadísticamente se advierte que el número de causas tramitadas en el Juzgado Agrario de
San Pedro de Buena Vista, que tiene competencia en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y
Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, ha ido paulatinamente en descenso (Ver Anexo 2),
principalmente por causa de la extrema pobreza de su gente.
En el norte de Potosí muchos campesinos o agricultores, dependen de la actividad agraria de
subsistencia, la cual, si es organizada con el mínimo de factores, deja de ser actividad de empresa
agraria.
Los agricultores de escasos recursos económicos, usualmente, no desarrollan actividades
productivas conexas, y por lo general, sus actividades son realizadas con ayuda del grupo familiar.
Los productos son destinados mayormente al consumo propio, algunos otros son vendidos para
adquirir los demás bienes básicos que satisfacen las necesidades familiares.(Ver Anexo 7)
En cuanto al origen de la propiedad, por ejemplo en la Sección Municipal de San Pedro de
Buena Vista, se encuentran superficies de terreno que en el pasado inmediato pertenecían a ex -
haciendas como las comunidades alrededor del Cantón Esquencachi, Cabildo Chirimira, Toracarí,
Moscarí, etc. Otras comunidades que mantuvieron sus formas originarias de organización, no
sufrieron cambios con la aplicación de la Reforma Agraria; es decir, las tierras se han cedido de
generación en generación, lo que significa que actualmente las familias poseen sus tierras por
sucesión hereditaria.
El 98% de las familias tienen propiedad sobre sus tierras, el 2% no tienen tierras, de ese
porcentaje no existen tierras por la Reforma Agraria o compra, es decir, el 100% de la propiedad de
la tierra tiene su origen en la sucesión hereditaria; sin embargo, por efectos de la composición de la
estructura económica, la sucesión hereditaria y características agroclimáticas, se tiene que el
minifundio sea una característica actual de la tenencia de tierra.
La tecnología empleada en la producción agrícola, es característica de la agricultura
tradicional del occidente del país, este sistema se adapta a las condiciones medioambientales y
climatológicas, la tierra es labrada con tracción animal (yunta de bueyes), arado típico egipcio (de
madera y reja de metal) y los instrumentos de labranza son las picotas, azadón, hoz, y palas, estos se
utilizan en todo el proceso productivo, es decir, preparación de terrenos, siembra, practicas
culturales y cosecha. Las superficies bajo riego son muy limitadas, además que los períodos de
siembra y cosecha son fijos, existe un sistema de rotación de tierra, la fertilización se realiza con
abonos naturales y existe una cosecha anual.
Los compañeros campesinos del norte de Potosí, viven sólo de lo poco que producen en sus
pequeñas tierras; viven en situaciones de extrema pobreza (Ver Anexo 3), situación por la que no
pueden darse el lujo de litigar y permanecer en la sede del juzgado agrario atendiendo sus trámites
judiciales. Generalmente llegan a la sede del Juzgado Agrario sólo por un día para retornar a sus
domicilios al día siguiente, pues su situación económica no les permite hospedarse en alojamientos,
y, en muchos casos se privan de alimentación y recorren grandes distancias sólo a pie.
Los litigantes norte potosinos, en materia agraria, antes de acceder al Juzgado Agrario en
busca de justicia, deben pensar mil veces sobre la conveniencia o no de gastar dinero en busca de
justicia, pues en muchos casos se han visto frustrados sus deseos al llegar a la etapa de producción
de pruebas, como: la testifical, la inspección judicial y la pericial, pruebas estas que les resultan
muy caras económicamente.
La prueba testifical debe ser producida en audiencia pública, generalmente en la audiencia
complementaria que se realiza en el despacho judicial o en el lugar de conflicto, pues durante la
primera audiencia o audiencia principal se desarrollan principalmente los cinco puntos establecidos
en el Art. 83 de la Ley N° 1715, los cuales hacen de dicha audiencia muy prolongada y agotadora.
Es por eso que las partes generalmente se reservan la producción de la prueba referida para la
audiencia complementaria.
Las partes cuando ofrecen este tipo de prueba, la testifical, muchas veces lo hacen sin
consultar a sus potenciales testigos, quienes viven en lugares distantes de la sede del Juzgado,
quienes al ser citados para su declaración, prefieren ahorrarse tiempo y dinero que asistir al juzgado
para cumplir con su obligación procesal. ¿Qué pasa si la parte proponente asume la carga procesal
de hacer comparecer a sus testigos a la audiencia?, muchas veces el proponente no puede cumplir
con lo asumido porque le cuesta mucho económicamente, pues esta posibilidad depende de la
voluntad del testigo y del factor económico del proponente; casi nunca se ha logrado hacer declarar
a la totalidad de los testigos ofrecidos y admitidos, pues aparte del pasaje de ida y vuelta de cada
testigo, el proponente debe correr con los gastos que significan la alimentación y el hospedaje de los
mismos.
En cuanto a la prueba de inspección judicial, ésta es muy costosa económicamente para la
parte que la propone, sin embargo aunque las partes no la propongan, el juez, para tener mayores
elementos de juicio, muchas veces sugiere de oficio la práctica de la inspección judicial.
Propuesta la inspección de oficio, conforme al Art. 428 del Código de Procedimiento Civil,
las partes deben correr con los gastos que ella signifique, en partes iguales a prorrata.
Para la producción de este tipo de prueba, la parte proponente o ambas, deben correr con los
gastos de transporte y alimentación del personal del juzgado, que en sí resulta muy caro para las
partes, esto también dependiendo del lugar, la distancia, etc.
Con referencia a la prueba pericial, para el compañero campesino es casi imposible
producirla, especialmente por lo caro y difícil de conseguir. El procedimiento civil nos habla de
peritos en forma general, estos pueden ser topógrafos, ingenieros, arquitectos, etc., profesionales
éstos que generalmente son habidos y contratados en las capitales de Departamento, quienes deben
cumplir con ciertos requisitos mínimos, como su matriculación o registro en el Colegio respectivo
para que su dictamen o pericia pueda ser valorada evidentemente como prueba de acuerdo al Art.
441 del Código de Procedimiento Civil.
Otro problema económico para el demandante es el relativo al costo y la eficacia de las
diligencias de citación y notificaciones.
Cuando el terreno objeto de litis es distante de la sede del Juzgado, generalmente las
diligencias de citaciones y notificaciones se ejecutan mediante comisiones; en algunos casos, que
por cierto son muy raros actúa personalmente el Oficial de Diligencias del Juzgado.
Generalmente tales diligencias se comisionan a autoridades judiciales, policiales,
administrativas o naturales mediante orden instruida, debido principalmente a la distancia del
terreno en litigio.
Lo peor y más perjudicial para el litigante en este caso, son las diligencias nulas de citación
o notificaciones que ejecutan algunas autoridades comisionadas, porque la autoridad comisionada,
aparte de que cobra sumas exageradas para cumplir la comisión, viene a ser analfabeta o desconoce
los procedimientos legales básicos y no cumple a cabalidad con la comisión u orden instruida. El
litigante debido a este tipo de problemas abandona su proceso. Es que no puede andar de aquí para
allá sólo intentando iniciar su demanda. ¿Qué tiempo transcurrirá y cuánto gastará el litigante sólo
intentando iniciar su proceso con este tipo de problemas hasta dictarse sentencia? Creemos que
mucho.
Por otra parte, en muchos casos, para realizar la inspección judicial por ejemplo, es
imposible llegar al lugar del terreno en conflicto debido a la magra economía del demandante, pues
él no cuenta con recursos económicos necesarios ni para cubrir el pasaje de ida del Juez en camión.
2.2 La falta de patrocinio y defensa legal
El campesino, así como la judicatura agraria nacional requiere la valiosa, efectiva, e imprescindible
cooperación de los abogados, porque ellos son los profesionales más cercanos a la administración
de justicia, pues ejercen su labor en el ámbito judicial, y porque de ellos la sociedad espera siempre
su valiente y respetuoso concurso ético, su cooperación para velar por la transparencia de las
funciones judiciales.
Guardando las consideraciones que el autor debe a los colegas abogados, recuerda lo que
decía el profesor Couture: “El abogado puede hacer de su cometido la más noble de todas las
profesiones o el más vil de todos los oficios”.
Pero lamentablemente, en la capital de la Provincia Charcas, San Pedro de Buena Vista, que
vienen a ser la sede del Juzgado Agrario para el extremo norte del Departamento de Potosí, sólo se
cuenta con un abogado titulado y dos o tres defensores ciudadanos, aspecto que lógicamente hace
inaccesible la justicia agraria en el norte de Potosí.
El acceso a la justicia agraria puede ser ilusorio si no se cuenta con los recursos necesarios
para pagar un abogado particular. Por eso en esta disciplina se ha visto la necesidad de crear la
figura de la Defensa Pública Agraria a favor de los campesinos de escasos recursos económicos. Por
eso se habla del principio de gratuidad.
Para que realmente se logre un equilibrio, esos profesionales de la defensa pública deberían
ser especialistas en derecho agrario. En efecto, existe la necesidad de crear, dentro del Ministerio de
Justicia, una sección especializada para conflictos agrarios.
La asesoría debe ser gratuita y técnica ya sea para el demandado o demandante siempre que
se trate de campesinos de escasos recursos económicos que desean plantear una demanda o
defenderse y no tienen dinero para pagar un abogado particular. Es decir, la parte que lo solicite
debe reunir los requisitos que establezca la ley.
“Con ello tanto demandantes como demandados, campesinos escasos de recursos
económicos, pueden acogerse a ese beneficio, siempre y cuando demuestren esa condición ante el
Juzgado Agrario correspondiente. El Juez queda facultado para, atendiendo a las probanzas y
manifestaciones del interesado, otorgar el beneficio, o bien revocarlo en el momento en que
constate que no califica para otorgárselo”.(25)
2.3 Insuficiente número de juzgados agrarios
El derecho general a la justicia o tutela judicial efectiva, se concretiza en el fácil acceso a la justicia
de manera igualitaria, pero requiere que el sistema provea de tribunales o jueces cercanos e
independientes que ejerzan la función jurisdiccional con imparcialidad, objetividad y eficacia.
Una buena parte de la población boliviana, casi un tercio, no tiene acceso efectivo a la
justicia, más de ciento ochenta municipios carecen de todo servicio judicial.
En muchas localidades donde tenemos juzgados, su tarea se ve limitada porque no existen
abogados, o bien la formalidad del sistema es tan rigurosa que la gente simplemente no lo utiliza.
La distribución de los juzgados en muchas zonas urbanas y periurbanas, en razón a su
competencia, es deficiente; la carga procesal satura el desempeño de muchos tribunales y juzgados,
mientras que otros tienen poca o ninguna actividad.
Refiriéndonos a la cantidad de los juzgados agrarios creados mediante la Ley del Servicio de
Reforma Agraria por el Tribunal Agrario Nacional, que a nivel nacional son sólo 47, es necesario y
fundamental que se creen más juzgados, por lo menos uno en cada capital de Provincia para que así
se posibilite el fácil acceso a la justicia de los que hasta la actualidad no pueden recurrir a nadie
para solucionar sus conflictos agrarios.
La distancia, el costo económico y el esfuerzo del litigante se acortarían si éste tiene un Juez
Agrario por decirlo, a su lado.
Este problema jamás podrá ser solucionado si no facilitamos el acceso de los litigantes a la
justicia agraria; a la par de lo político, se deben instalar juzgados agrarios lo más cercanos posibles
a los lugares donde existen conflictos, esto supone la creación de mas juzgados agrarios
especialistas en la materia e independientes.
2.4 La falta de carreteras y transporte
La Provincia Charcas del Departamento de Potosí, cuya capital es San Pedro de Buena Vista (Ver
Anexo 1), sede del Juzgado Agrario para las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja
del Departamento de Potosí, prácticamente se encuentra aislada del resto del país. La única vía
caminera que la conecta con las otras Provincias viene a ser la que vincula a la población de
Llallagua con el cantón Cliza del Departamento de Cochabamba. Esta carretera es la única troncal.
A través de esta carretera, los pobladores de San Pedro de Buena Vista se conectan inseguramente
con las poblaciones: Chiro Kasa (sur-oeste), Huylloma (norte), Acasio (norte), Anzaldo y Cliza
(norte), estas última pertenecientes al Departamento de Cochabamba.
La Provincia Charcas, aparte de esta carretera, sólo cuenta con carreteras improvisadas que
la conectan con sus secciones y cantones de manera temporal, en época de lluvias no tiene ningún
acceso, inclusive el camino troncal antes mencionado se torna inaccesible por el sinnúmero de
derrumbes, baches, torrenteras y deslaves que se producen, lo más riesgoso en esa temporada es
cruzar el sector denominado Azul Azul que viene a ser una falla geográfica ubicada precisamente a
la entrada de San Pedro de Buena Vista que hace desparecer prácticamente la plataforma carretera.
Otro sector que provoca miedo e inseguridad es la subida del Río Caine que en su trayecto de media
hora, aproximadamente, tiene como cuatro o cinco derrumbes salvados improvisadamente con
ramas y piedras amontonadas.
Por estas circunstancias, los comunarios de las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y
Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, tienen poca o casi ninguna posibilidad de acceder a la
Justicia Agraria de San Pedro de Buena Vista, los únicos que logran acceder son aquellos que
arriesgan su vida inclusive; los caminantes incansables, o los que viven más próximos a la sede del
Juzgado Agrario.
Otra consecuencia de este problema, es que las partes generalmente se privan de la
producción de pruebas propuestas determinantes y confirmatorias de otras, como de la inspección
judicial y la pericial. Como no se cuentan con caminos que conecten a las secciones y cantones de
las Provincias del extremo norte del Departamento de Potosí, además por la distancia de los terrenos
en litigio, las partes no trasladan al juzgador para que puede cumplir cabalmente su misión. En este
sentido se perjudica el proceso oral agrario, se perjudica a las partes y también se perjudica el rol
del juez agrario.
La sede del Juzgado Agrario para las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja, San
Pedro de Buena Vista, sólo cuenta, en materia de transporte, con un sólo Sindicato de Transportes,
denominado: “Transporte Charcas” que presta los servicios de flotas y camiones.
Lo paradójico de este medio de transporte es que sólo presta sus servicios hacia la ciudad de
Cochabamba, pasando por Huaylloma, Acasio, Anzaldo y Cliza, ruta a recorrer en el lapso aproximado
de ocho a diez horas de viaje.
El servicio de flotas de esta empresa sólo cubre los días lunes, miércoles, sábado y domingo
para salir de San Pedro de Buena Vista; y para llegar, los días lunes, miércoles y sábado.
Los únicos favorecidos con este medio de transporte, aunque no muy bien favorecidos, vienen
a ser los litigantes de las Provincias Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja que se ubican al lado oeste y
norte de San Pedro de Buena Vista. Por el contrario, los propios comunarios de la Provincia Charcas,
situados al lado sur, no cuentan con ningún servicio de transporte motorizado.
Por otra parte existen terrenos que se encuentran a unos cuantos metros del camino
interprovincial, en estos casos no advertimos ningún tipo de problema, pero otros terrenos, en su
mayoría son inaccesibles por la distancia, geografía y la falta de caminos carreteros a donde el
juzgador, aunque no quiera debe llegar para cumplir con su sagrada misión. La principal
consecuencia de este problema es la retardación de justicia no atribuible al juzgador, sino, a los propios
litigantes, que por la falta de transporte diario, no cumplen con los plazos procesales.
Bien es sabido que el proceso oral agrario tiene plazos procesales, como por ejemplo el plazo
de contestación a la demanda o reconvención: 15 días; el plazo para la celebración de la audiencia
central: dentro de 15 días a contar desde el día de la contestación o del vencimiento de su plazo; el
plazo para la celebración de la audiencia complementaria: dentro de 10 días a contar desde el día de la
audiencia central; y los plazos para recursos de reposición o casación: 3 y 8 días, respectivamente.
La conclusión del proceso oral agrario en forma ordinaria, mayormente depende de la
ubicación del terreno en conflicto, esto porque los vehículos de transporte interprovincial hacen sus
viajes sólo tres veces a la semana. Generalmente parten en la mañana para arribar a su destino en la
tarde.
En consecuencia al no contar, el litigante, con un medio de transporte seguro y permanente,
sucede que muchas veces se hace vencer con los plazos procesales, perjudicando de esta manera el
normal y debido desarrollo del proceso oral agrario.
Por otra parte, el personal del Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista, para realizar
inspecciones judiciales o instalar audiencias complementarias en el lugar del terreno en conflicto
(Sacaca, Acasio, Torotoro, Muyupampa, etc.) donde se producirá seguramente la prueba testifical o
pericial, muchas veces debe sacrificarse partiendo de la sede del Juzgado a horas cinco o seis de la
mañana para instalar la audiencia aproximadamente a horas catorce y treinta, siempre previendo
algunas situaciones de fuerza mayor y el riesgo que conlleva el viaje por carreteras improvisadas, y
retornar luego hasta horas diez u once de la noche a la sede de sus funciones. Esta es una labor muy
sacrificada, además porque en la atención de un sólo caso, se pierde todo el día.
Capitulo III
Propuesta
3.1 Defensa pública agraria
Habiéndose determinado estadísticamente que la extrema pobreza y la falta de abogados especialistas
en materia agraria son las causas imperantes para la inaccesibilidad de la justicia agraria en las
Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, el autor propone la
creación de la Defensa Pública Agraria, según los resultados de la encuesta (Ver Anexo 6) para
mejorar mínimamente la accesibilidad de la justicia agraria en estas Provincias, de acuerdo a los
siguientes fundamentos.
La posibilidad de acceder a una defensa gratuita, proveída por el Estado, deriva del derecho
general a la justicia, que a su vez se desprende de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución Política del Estado.
El derecho de defensa está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos en
los artículos 3 y 11, que instituyen para todos los Estados miembros la obligación de resguardar
la igualdad de protección ante la ley, el derecho de toda persona sindicada o acusada de la
comisión de un delito de ser sometida a un juicio público en el que se respeten las garantías
necesarias para su defensa, y la obligación de proveerle asistencia o asesoramiento legal
gratuito.
En materia penal, la victima se vale de un fiscal para que lo represente; el imputado que no tiene
abogado o no ha designado su defensor, se vale de la defensa de oficio o del cuerpo de
defensores públicos. En materia de familia y del menor, intervienen como defensores el SLIM y
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, respectivamente. Así también, en materia agraria,
dado el carácter social del proceso, los más necesitados deberían tener un órgano de patrocinio o
defensa gratuito que los asesore legalmente.
Los campesinos o agricultores de escasos recursos económicos que intervienen en un proceso
oral agrario, sean éstos demandantes o demandados, deben tener la posibilidad de solicitar que
se delegue su patrocinio o defensa a un miembro del cuerpo de defensores públicos. Este
derecho forma parte del principio de gratuidad. Con él se garantiza el acceso a la justicia agraria
de todos los pequeños agricultores de escasos recursos económicos que no pueden contratar un
abogado letrado, que en sí, según la estadística, vienen a ser todos los campesinos del norte de
Potosí. (Ver Anexo 2)
El derecho de defensa técnica gratuita, integra también el principio del debido proceso. En
consecuencia, toda persona pobre que interviene en un proceso judicial tiene derecho a ser
asistida por un Defensor Público Agrario.
La ayuda legal o asistencia legal o jurídica gratuita corresponde al derecho de igualdad ante la
ley que todo Estado democrático garantiza a todas las personas, e implica que cuando una de
esas personas carezca de los recursos económicos necesarios para hacer frente a un proceso
legal, tenga la posibilidad de contar con la defensa o asesoría gratuita del Estado y así poder
acceder a una justicia real y efectiva.
Económicamente la inversión mayor que el campesino realiza en un juicio tiene que ver con el
honorario profesional de un abogado, que según el arancel del Colegio de Abogados significa de
700 a 800 Bs. en promedio.
Lo paradójico es que en un Estado de Derecho como el nuestro, en pleno siglo XXI, no se cuente
aún con una Defensa Pública Agraria que pueda brindar defensa o asesoría gratuita a los más
necesitados, ya que desde la época colonial, “se ha reconocido históricamente que la legislación de
la corona española, aunque no muy bien aplicada, instituyó un Procurador Agrario o Procurador de
Indios como una especie de Defensa Pública, creó también la figura de los Jueces de Indios para
proteger y defender las tierras que poseían los pueblos originarios a la llegada de los
españoles”.(26)
En este orden de ideas, la facilitación del acceso a la justicia puede darse bajo dos vertientes:
la primera, el beneficio de litigar sin gastos o gratuitamente, esto coadyuva a salvar el problema
económico que impide acceder a la justicia. La segunda opción es la gratuidad de la defensa
pública, la cual adicionalmente le proporciona las herramientas técnicas que eficienten dicho acceso
a la justicia.
Es preciso puntualizar que los sistemas de defensa a cargo del Estado, en virtud de
compromisos emanados de las constituciones y convenciones, no se han desarrollado
adecuadamente. Dichos sistemas generalmente son débiles institucionalmente por escasez de
elemento humano y dinerario, porque el servicio es prestado en algunas ocasiones por personas que
no ostentan el título profesional y carecen de los conocimientos técnicos necesarios, amén de las
prácticas tribunalicias.
Convergen a agravar la situación, el poco desarrollo técnico de la defensa pública en íntima
relación con el poco espacio político institucional al interior del sistema de justicia y una pobre
proyección hacia la sociedad civil y los medios de comunicación.
A pesar de la situación poco alentadora, no se puede dejar de lado el hecho de que la
existencia y eficiencia de la defensa pública, obedece a un fin público: la recta y cumplida
administración de justicia; aunque su fin inmediato sea el velar o tutelar intereses particulares, ya
que obedece al derecho constitucional de defensa.
No es suficiente entonces la designación formal de un defensor público o de oficio a un
determinado litigante. Se hace indispensable que la defensa técnica sea ejercida por profesionales
capaces, competentes con mentalidad democrática. Por ello el sistema de defensa pública de que se
trate debe estar basado en un sistema organizativo que proporcione al abogado defensor, el apoyo
técnico necesario.
Además y tan importante como lo señalado es que la defensa publica debe ser ejercida en
forma oportuna, de tal manera que la defensa ejercida oportunamente tenga no sólo naturaleza de
imperativo legal, sino además de exigencia básica para cumplir con los fines de la institución. De
ahí que Carnelutti considere que carece de valor un juicio sin defensa.
“La defensa entonces condiciona la intervención del Estado al representar el obstáculo a
cualquier clase de ilegitimidad que pretenda usarse y sanear el proceso, posibilitando la viabilidad
de otros principios procesales como el de legalidad, gratuidad, el principio de servicio social, que
aunados evitan la inaccesibilidad del sistema judicial”. (27)
Otro problema latente que se salvaría con la creación de la Defensa Pública Agraria tiene que
ver con la ética jurídica agraria.
“El juez tiene como función, según su significado etimológico, decir, dictar o aplicar el
derecho. Se pronuncia sobre lo que es justo y recto. Sólo el funcionario judicial a quien la Ley le
otorgue la facultad de administrar justicia agraria, puede ser concebido como Juez Agrario”.(28)
El Juez Agrario, tiene como misión principal, aplicar el derecho sustantivo agrario a los
conflictos que se sometan a su conocimiento, y en base a un procedimiento con criterios de derecho
y equidad. El Juez Agrario, debe estar comprometido con las causas justas. El Juzgador, hombre de
leyes, ha de ser en lo personal generoso: dar su tiempo al desempeño de la justicia; no regatear
sacrificio ni entusiasmo; acreditar con su conducta escrupulosa y austera la virtud del funcionario
republicano, que asegura el reposo y la fortuna de quienes los merecen, pero no hace del servicio
público un medio fácil de asegurarse, primero que nadie, reposo y fortuna; resistir tentaciones, si
acaso le llegan, y desechar pasiones y presiones, que sin duda lo cercan. En definitiva un juez debe
ser eficiente o, mejor aún, efectivo en el ejercicio de la función de administrar justicia, sin que
venga a menos la natural y fundamental imparcialidad y tercería del magistrado.
El Juez, como administrador de justicia, pasa a ser depositario de la autoridad y no puede
arrogarse facultades que la ley no le concede, por ello está sujeto a la Constitución y a las leyes. La
lealtad y la buena fe procesal constituyen principios fundamentales sobre los cuales debe fundarse
cualquier sistema procesal moderno. Se trata de principios que deben respetar tanto las partes, los
abogados litigantes y el mismo juzgador.
“El Juez Agrario conciliador, también debe ser imparcial, ético, informar adecuadamente a
las partes sobre la conciliación y la trascendencia de los acuerdos, mantener la confidencialidad
sobre lo actuado en las diligencias, y garantizar el cumplimiento y ejecución de los acuerdos
conciliatorios”.(29)
Sin embargo, en lugares donde no se cuenta con Abogados, como el caso de San Pedro de
Buena Vista, el rol ético e imparcial del Juez esta siendo comprometido, principalmente porque las
partes recurren donde él directamente a demandarle soluciones a sus problemas agrarios sin el
ánimo de someterse previamente a un debido proceso.
Los campesinos consideran que el Juez Agrario, como autoridad que es, tiene la obligación
de emitir directamente órdenes judiciales o mandamientos para la solución de sus conflictos
agrarios sin la intensión de someterse a un previo y debido proceso judicial, ya sea por la costumbre
arraigada del antiguo sistema judicial agrario o la ignorancia que tienen de la Ley vigente,
precisamente por falta de asesoramiento legal.
Esta situación hace que el juez comprometa su imparcialidad, participando en algunas
ocasiones como juez y parte en el proceso, porque no puede negarse a atender y dar respuestas a las
sugerencias o consultas de campesinos que recurren donde él directamente a falta de abogados
entendidos en la materia, campesinos que recurren donde él abandonando a sus familias, sus
sembradíos, invirtiendo económicamente lo poco que tienen para su subsistencia; además, porque el
juez está obligado a ello dando cumplimiento al principio procesal agrario de servicio a la sociedad.
El Defensor Público Agrario, será el profesional que atienda estas quejas o solicitudes de
personas de escasos recursos económicos para trasladarlas ante el Juez Agrario en forma de
demanda o defensa, otorgándole al Juez, o reencaminando de esta manera, su rol ético que le
corresponde para que pueda fungir su labor con imparcialidad, probidad, eficiencia y eficacia.
En vista de estos argumentos, se propone el siguiente proyecto de Ley de Modificaciones de
la Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública Nº 2496 de 4 de agosto de 2003.
3.2 Proyecto de Ley de Modificaciones de la Ley del Servicio Nacional de Defensa Pública Nº
2496 de 4 de agosto de 2003
Art. 1. Modificase los artículos 1, 2, 3, 13, 24 y 25 de la Ley del Servicio Nacional De Defensa
Pública, cuyas disposiciones quedarán redactadas en los siguientes términos:
“Articulo 1. (Naturaleza). Crease el Servicio Nacional de Defensa Pública, bajo la tuición
del Ministerio de Justicia, como institución descentralizada encargada del régimen de Defensa
Pública Penal y Defensa Pública Agraria, de conformidad a lo establecido en el Articulo 16,
parágrafo III, de la Constitución Política del Estado”.
“Articulo 2. (Finalidad). El Servicio Nacional de Defensa Pública tiene por finalidad
garantizar la inviolabilidad de la defensa, proporcionando defensa técnica penal y patrocinio o
defensa agraria, a todo imputado o persona, respectivamente, que no designe abogado para su
defensa o carezca de recursos económicos. Para el cumplimiento de esta finalidad, el Servicio
ejercerá sus funciones en atención a lograr la solución más favorable al imputado o interesado”.
“Articulo 3. (Extensión). La defensa técnica proporcionada por el Servicio, se extiende
desde el primer acto del proceso penal o del proceso oral agrario hasta el fin de la ejecución de la
sentencia, manteniéndose inalterable para la interposición y correspondientes trámites de los
sucesivos recursos establecidos por Ley”.
“Artículo 13. (Estructura Operativa). La estructura Operativa del Servicio se halla
conformada de la siguiente manera:
Director Nacional.
Directores Distritales.
Defensores Públicos Penales.
Defensores Públicos Agrarios.
Abogados Asistentes.
Trabajadores Sociales.
Asistentes Sociales”
“Articulo 24. (Defensores Públicos). I. Los Defensores Públicos Penales son los
encargados de brindar defensa técnica penal gratuita a las personas sometidas a proceso penal que le
fueren asignadas, en las condiciones establecidas por esta Ley.
II. Los Defensores Públicos Agrarios son los encargados de brindar patrocinio o defensa
técnica gratuita a toda persona carente de recursos económicos, en las condiciones
establecidas por esta Ley.
III. Para optar el cargo de Defensor Publico se requiere, además de los requisitos generales, haber
ejercido la profesión de abogado como mínimo por tres años o haber sido Abogado Asistente del
Servicio por término de dos años, según corresponda a materia penal o agraria.
IV. Los Defensores Públicos serán nombrados por el Director Distrital, previa convocatoria
pública de méritos y antecedentes”.
“Articulo 25. (Representación sin Mandato). El Defensor Público Penal designado tiene
patrocinio y poder suficiente para actuar en favor del imputado en los términos señalados en el
Artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, debiendo comparecer inmediatamente para
entrevistarse con aquel e iniciar su labor de defensa. Asimismo, el Defensor Público Agrario tiene
representación sin mandato para actuar a favor del interesado, siempre y cuando éste se
apersone y admita expresamente la representación en su primer memorial.”
Art. 2. (Normas Compatibles). Las demás normas de la Ley del Servicio Nacional de Defensa
Publica, serán de aplicación y cumplimiento para los Defensores Públicos Agrarios en todo lo que
sea compatible.
Disposición final
Primera. (Abrogaciones y Derogaciones). Quedan abrogadas y derogas las disposiciones legales
contrarias a la presente Ley.
Conclusiones
Sobre la base del estudio histórico lógico, análisis documental y el derecho comparado se pudieron
identificar los fundamentos teóricos de la tesis sobre el origen y evolución del Derecho Agrario y la
Defensa Pública Agraria.
En principio, se tiene que el derecho agrario, como rama jurídica, es de reciente creación que
surgió al desmembrase del derecho civil que no podía normar relaciones jurídicas que escapan de su
ámbito de aplicación o área eminentemente privada; surgió al imponerse el capitalismo y los nuevos
sistemas constitucionales que consagran los derechos sociales y económicos.
A un principio surgió como un conjunto de disposiciones legales dispersas ordenadas de
manera cronológica, conocidas por la doctrina como Legislación Agraria. Con el paso del tiempo y
la necesidad de contar con normas codificadas y ordenadas sistemáticamente, nace el Derecho
Agrario como hoy se conoce, con sus propios principios e institutos netamente agrarios.
Por su parte la Defensa Pública Agraria, nació de manera concomitante con el Derecho
Agrario, con referencia a latinoamérica, pero sólo en algunos países, como: Venezuela y Costa
Rica; en otros países como el nuestro, por ejemplo en Colombia, Perú y Chile, y los países Centro
Americanos, la Defensa Pública abarca sólo el ámbito penal, y en materia agraria se cuenta con la
Defensa de Oficio designada por el juez de la causa.
Sobre la base de los métodos de observación científica, el método vivencial; la
experimentación y la estadística, a través de las técnicas de investigación, como: la entrevista y la
encuesta, se ha podido establecer que la administración de justicia agraria para las Provincias
Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, es inaccesible por las
siguientes causas: a) La extrema pobreza.- Los campesinos del norte de Potosí viven en situación de
extrema pobreza; por su magra economía no pueden pagar un Abogado particular, no tienen los
recursos económicos suficientes como para atender procesos judiciales; no tienen para su
transporte, estadía y alimentación que son necesarios para el efecto, esto porque viven muy lejos del
Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista. b) La falta de Abogados.- En San Pedro de Buena
Vista, se cuenta con un sólo profesional Abogado y dos o tres defensores ciudadanos, ninguno con
especialidad en materia agraria. c) La falta de Juzgados.- En el extremo norte del Departamento de
Potosí se cuenta con un sólo Juzgado Agrario con sede en San Pedro de Buena Vista que tiene
competencia en un extenso territorio que comprende las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y
Bilbao Rioja del Departamento de Potosí. d) La falta de caminos.- Las Provincias Charcas, Alonso
de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, sólo cuentan con un camino troncal. Sus
secciones y cantones están conectados por caminos improvisados e intransitables en época de
lluvias. e) La falta de transporte.- En San Pedro de Buena Vista, sede del Juzgado Agrario para las
Provincias del extremo norte de Potosí se cuenta con una sola empresa de transporte no permanente
e insegura.
Entonces, particularmente en materia agraria y en el norte de Potosí, por estas causas no
existe accesibilidad de la justicia agraria para el litigante del campo, no se garantiza una verdadera
justicia agraria.
Nuestra Constitución Política garantiza el acceso a la justicia. Es un ideal al que se aspira en
todo el mundo. Siendo el proceso agrario un proceso “social”, con sólidos fundamentos económicos
y sociales, debe garantizarse que los campesinos de escasos recursos económicos no vean frustradas
sus aspiraciones de justicia en el campo.
La justicia no es efectiva si no se la siente en la cotidianeidad del ciudadano y en la
efectividad de la resolución de los conflictos que debe atender. Cuando se habla de que debe ser
accesible, se piensa en una justicia al alcance de todos los ciudadanos, los que viven
en áreas urbanas, periurbanas y rurales, sin importar su raza, sexo, condición social, económica
o política.
De todo lo anteriormente referido, se puede colegir que la inaccesibilidad de la justicia
agraria en el norte de Potosí, tiene muchas causas, entre las cuales resaltan la extrema pobreza y la
falta de abogados.
Estas causas se pueden eliminar por diferentes medios, ya sea dotando de defensa gratuita y
especializada a quienes no puedan contratar un abogado; el Poder Judicial debería asumir los gastos
de transporte del juez y su secretario al lugar del litigio dotándoles de un medio de transporte
propio; debería cubrir los costos de dictámenes periciales que en materia agraria tienden a ser muy
altos; con la posibilidad de crear más juzgados agrarios cercanos a los lugares de conflicto;
desformalizando aún más el procedimiento; con la apertura de carreteras para facilitar el transito de
los litigantes que, auque esta no sea una labor propia del Poder Judicial, también viene a ser una
buena medida para hacer que el campesino tenga acceso a los tribunales agrarios en busca de la
tutela de sus derechos. Sin embargo, esto no se da, más al contrario, el campesino necesariamente
tiene que contar con un abogado particular; sigue pagando valores judiciales; debe contratarse
traductor, etc. aceptándose de esta manera como inaplicable el Art. 116 Num. X de la Constitución
Política del Estado.
En consecuencia, sobre la base de los métodos de la modelación y el enfoque de sistema, el
autor sostiene que el fácil acceso a la administración de justicia agraria en las Provincias Charcas,
Alonso de Ibáñez y Bilbao Rioja del Departamento de Potosí, se puede lograr a través de la creación
de la Defensa Pública Agraria, institución que combatiría a la pobreza y la falta de abogados como
causas imperantes de la inaccesibilidad de la justicia agraria, haciendo que las demás causas
mermen su influencia y sus consecuencias; además, la garantía de defensa posibilitaría el goce y el
ejercicio de las otras garantías dentro del proceso que son mecanismos idóneos para lograr una
justicia para todos, como: el derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y la seguridad
jurídica.
Recomendaciones
Para la creación de la Defensa Pública Agraria se necesita la ponderada y oportuna acción del Poder
Legislativo en la elaboración de las leyes, con la práctica imprescindible de la coordinación. Como
legisladores están obligados a desenvolver sus tareas con justicia.
Las reformas para la solución de este problema a nivel nacional se darían primeramente: 1.
Elevando a rango constitucional el derecho al “acceso a la justicia pronta y oportuna”. 2. Reconocer
constitucionalmente los medios alternativos de solución de conflictos (conciliación y arbitraje) y
Justicia de Paz. 3. Reconocer las competencias de las Prefecturas y Municipios como parte del
sistema de justicia y como operadores formales del sistema, para apoyar con recursos e
infraestructura a instituciones de defensa gratuita. 4. Crear mecanismos que garanticen el acceso de
indígenas mediante el uso de traductores e intérpretes culturales si fuera necesario.
Así, al contar con una política pública (definida a nivel constitucional) para mejorar el
acceso a la justicia, se dará una mejor respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Estamos seguros de que los partidos políticos y los ciudadanos que ejercen la función
política, teniendo como primordial finalidad los intereses superiores del país y su pueblo, recibirán
el reconocimiento y la gratitud de la Bolivia que tanto amamos, lo que será muy difícil, de lo
contrario, recibirán la reprobación.
Por ello, entre todos formemos un fuerte lazo, sincero, franco y decidido, para luchar juntos
por el derecho, hasta conseguir ese anhelo común: una justicia para todos.
Concluyendo, se recomienda el estudio y análisis de la propuesta de modificación de la Ley del
Servicio Nacional de Defensa Pública para la creación de la Defensa Pública Agraria con el objetivo de
lograr mayor accesibilidad de la justicia agraria en las Provincias Charcas, Alonso de Ibáñez y Bilbao
Rioja del Departamento de Potosí.
Referencias
Albo, Xavier; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: Pueblos Indígenas y Originarios
de Bolivia. Quechuas y Aymaras. Edit. El Gráfico. La Paz. Bolivia. 1998.
Álvarez de Benito, Pedro Felix: Filosofía del Derecho. Maestría en Administración de Justicia. Edit.
IMAG. Sucre. Bolivia. 2007. 206 Pag.
Arancibia López, Guillermo: Inauguración del Seminario Internacional “El derecho agrario en
América latina”. S/C. S/A.
Arratia Jiménez, Luis: Derecho Agrario. Edit. Runa. Cochabamba. Bolivia. 2006. 269 Pag.
Balerde Múgica, José Manuel: Gestión del Despacho. Maestría en Administración de Justicia. Edit.
IMAG. Sucre. Bolivia. 2007. 100 Pag.
Banco Interamericano de Desarrollo: Memorias Seminario “Justicia y Desarrollo en América
Latina”. San José. Costa Rica. 1993.
Bejarano Torrejón, Hugo: Quinto Aniversario de Instalación del Tribunal Agrario Nacional. Sucre.
Bolivia. 2005.
Binder, Alberto: Aplicación de la dogmática penal en el trabajo cotidiano de los defensores. Revista
de Ciencias Jurídicas. No. 2. San Salvador. 1992.
Bustos Ramírez, Juan: Principios fundamentales de un Derecho Penal Democrático. Revista de
Ciencias Penales, No. 8. Edit. Asociación de Ciencias Penales. San José, Costa Rica. 1994.
Camacho Negrete, Roque Armando: Manual del Sistema Judicial Agrario. Edt. Atlántida. Santa
Cruz de la Sierra. Bolivia. 2004.
Carrera, Ricardo: El Derecho Agrario en las Leyes de Reforma Agraria de América Latina. S/E, S/C,
S/P, S/A, Pag. 149-155.
Carrozza, A: Lezioni di Diritto Agrario, I. Elementi di Teoria Generale Milano. Edit. Giuffré. S/C.
1988. Pag. 27.
Centro de Estudios de la Realidad Económica Social: Los Quechuas de Tapacarí. Edit. Sierpe. La
Paz. Bolivia. 1999.
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social: Artículo primero. Reforma Agraria 50 años.
TCO y Tierras Campesinas. Edit. El País. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 2003.
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social: Territorio y Poder en la Ley Agraria
Fundamental. Edit. Rey León. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia. 2003.
Cfr. Binder, Alberto: La aplicación de la dogmática penal en el trabajo cotidiano de los defensores,
Revista de Ciencias Jurídicas No. 2, Proyecto de Reforma Judicial. El Salvador. 1992. Pag. 5.
Congreso Americano de Derecho Agrario: Justicia Agraria y Ambiental en América. San José.
Guayacán. 1998.
Cruz Castro, Fernando: La defensa penal y la independencia judicial en el Estado de Derecho. Edit.
ILANUD. San José. Costa Rica. 1989.
Dermizaky Peredo, Pablo: Derechos y Garantías Fundamentales. Edit. Alexander. Cochabamba.
Bolivia. 2006. 203 Pag.
Dpk Consulting: Boletín Informativo-Proyecto de Reforma Institucional del Poder Judicial de
Bolivia, Volumen 1. Sucre. Bolivia. 2002.
Espinoza Armata, Nicanor: Derecho Consuetudinario de los Ayllus del Norte de Potosí. Edit.
Judicial. Sucre. Bolivia. 1995.
Ferrajoli, Luigi: Derecho y Razón. Edit. Trotta. Madrid. 2001.
Fundación para el Debido Proceso Legal: Reformas a la Justicia Penal en las Américas.
Washington. D.C. 1999.
Gaceta Oficial de Bolivia: Constitución Política del Estado. La Paz. Bolivia. 2004.
Gaceta Oficial de Bolivia: Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria Nº 1715. La Paz. Bolivia.
1996.
Garita Vilchez, Ana Isabel: La defensa pública en América Latina desde la perspectiva del Derecho
procesal Penal moderno: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá. Edit.
ILANUD. San José. Costa Rica. 1991.
Hurtado Muñoz, Joaquín: Acto de declaración de huéspedes ilustres a los expositores del primer
seminario internacional “El derecho agrario en América latina”. Sucre. Bolivia. 2001.
Instituto de Derecho Agrario: Derecho Agrario: Desarrollo, Justicia y Paz. San José. Guayacán.
2000.
Instituto Nacional de Estadística: Estadística de la Pobreza de Potosí. La Paz. Bolivia. 2006.
Instituto Nacional de Reforma Agraria: Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº 3545 de
Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y su Reglamento. Edit. Orión. La Paz. Bolivia.
2007. 246 Pag.
López Ramón, Fernando: Estudios Jurídicos sobre Ordenación del Territorio. Navarra. Aranzadi.
1995.
Maldonado, Abraham: Política Agraria. Edit. Don Bosco. La Paz. Bolivia. 1974. Pag. 10.
Mapa de Servicios de Justicia. Red Participación y Justicia. 2006.
Marco Cos, José Manuel: Dirección del Proceso, Maestría en Administración de Justicia. Edit.
IMAG. Sucre. Bolivia. 2007. 432 Pag.
Miranda Terán, Esteban: Exposición presentada en el 2do Seminario Internacional de Derecho
Agrario “El derecho agrario fuente de desarrollo y paz social”. Tarija. Bolivia. 2004.
Miranda Terán, Esteban: Guía de Procedimientos de la Judicatura Agraria. Edit. IMAG. Sucre.
Bolivia. 2004. 78 Pag.
Montes De Oca, Ismael: Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. Edit. EDOBOL. La Paz.
Bolivia. 1997.
Moscoso Delgado. Jaime: Introducción al Derecho. Edit. Juventud. La Paz. Bolivia. 2000. 688 Pag.
Ordoñez Solís, David: Derechos Humanos. Maestría en Administración de Justicia. Edit. IMAG.
Sucre. Bolivia. 2007. 480 Pag.
Oropeza Delgado, Rufo: Apuntes de Derecho Agrario. Edit. Universitaria. Sucre. Bolivia. S/A. Pag.
2.
Palma Guardia, Gilberto: Procedimientos Agrarios. Sucre. Bolivia. 2002. 168 Pag.
Pasara, Luis (compilador): En busca de una justicia distinta, experiencias de reforma en América
Latina. Edit. Consorcio Justicia viva. Lima. Perú. 2004.
Pol Rojas, Rosmy: Medios alternativos de resolución de conflictos; La Conciliación; Maestría en
Administración de Justicia. Edit. IMAG. Sucre. Bolivia. 2007. 286 Pag.
Programa Ciudadanos Trabajando por la justicia: Informe sobre Grupos Focales. Febrero-Marzo.
2006.
Riess Carvalho, Otto: Ayudas para Litigar con Éxito en los Juzgados Agrarios. Sucre. Bolivia.
2002. 162 Pag..
Rivera Rodríguez, Isaías: El Nuevo Derecho Agrario Mexicano. México. McGraw-Hill. 2003.
Rodríguez Veltze, Eduardo: Inauguración del año judicial 2006.
Thomson, José: Las garantías penales y procesales en el Derecho de los Derechos Humanos. Edit.
ILANUD. San José. Costa Rica. 1991.
Tribunal Agrario Nacional: El Derecho Agrario en América Latina, Primer Seminario Internacional.
Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2002. 153 Pag.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 1999-2005. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2005.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 2001-2002. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2002.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 2002-2003. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2003.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 2003-2004. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2004.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 2005-2006. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2006.
Tribunal Agrario Nacional: Informe de Gestión 2006-2007. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2007. 111
Pag.
Tribunal Agrario Nacional: Quinto Aniversario de Instalación del Tribunal Agrario Nacional.
Sucre. Bolivia. 2004.
Tribunal Agrario Nacional: Revista de Derecho Agrario Nº 2. Edit. Judicial. Sucre. Bolivia. 2006.
Ulate Chacón, Enrique: Tratado de Derecho Procesal Agrario -Tomo Primero. Edit. Guayacán.
1998. 540 Pag.
Urquidi, Arturo: Bolivia y su Reforma Agraria. Edit. Universitaria. Cochabamba. Bolivia. 1969.
Pag. 158.
Urquidi, Arturo: Temas de Reforma Agraria. Edit. Juventud. La Paz. Bolivia. 1976. Pag. 15.
Valcárcel Izquierdo, Norberto: Ética e Investigación Jurídica. Maestría en Administración de
Justicia. Edit. IMAG. Sucre. Bolivia. 2007. 293 Pag.
Vanin Tello, Joaquín: Derecho Agrario. Teoría General Tomo II. Bogotá. 1985.
Vásquez Mercado, Rufo Nivardo: El Proceso Oral Agrario en Bolivia. Edit. Kipus. Cochabamba.
Bolivia. 2006. 243 Pag.
Velásquez Sevilla, Mirna: Indígenas con poco acceso a la justicia. Edit. La Prensa. Edición 23.180.
Managua. 2003.
Veloz Bañuelos, Rodolfo: Exposición en el Primer Seminario Internacional “El derecho agrario en
América latina”. Sucre. Bolivia. 2001.
Villafuerte Claros, Armando: Discurso Informe Gestión 2003. Sucre. Bolivia. 2003.
www.cels.org.ar/estadisticas/b_indicadores/indicadores/
www.justiceiniciative.org/españoles/es_actividades/es_atj
www.legalmania.com.ar/actualidadgeneral/defensa_publica.htm
www.poderjudicial.go.cr/congresodefensa/
Zeledón Zeledón , Ricardo: Origen, formación y desarrollo del Derecho Agrario en los Derechos
Humanos. Revista de Ciencias Jurídicas. Colegio de Abogados. San José. Costa Rica. N °62. 1988.
Pag. 119-135.
Zeledón Zeledón, Ricardo: ¿Salvemos la Justicia? Humanización y oralidad para el Siglo XXI. San
José. Guayacán. 1996.
Zeledón Zeledón, Ricardo: El Derecho Agrario como Derecho para la paz. Discurso académico
dictado en la inauguración del “Simposio Internacional de Derecho, Justicia Agraria y Ambiental
para la paz”. Guatemala del 26 al 30 de abril de 1999.
Zeledón Zeledón, Ricardo: El origen del moderno Derecho Agrario. Temas del Derecho Agrario
Europeo y Latinoamericano, Edit. Fidac, San José. Costa Rica. 1982. Pag. 19.
Anexos
Anexo 1
Figura 1. Provincia Charcas
Fuente: IGM
Figura 2. Provincia Alonso de Ibañez
Fuente: IGM
Figura 3. Provincia Bernardino Bilbao
Fuente: IGM
200
10287
6152 44
20 31
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Nº
de
Ca
us
as
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gestión
NUMERO DE CAUSAS EN EL JUZGADO AGRARIO DE SAN
PEDRO DE BUENA VISTA
Anexo 2
Resultado de la estadística de causas tramitadas en el
Juzgado agrario de San Pedro De Buena Vista.
Gráfico 1. Número de causas en el juzgado agrario de San Pedro de Buena Vista
Fuente: Registro computarizado de causas del Juzgado Agrario de San Pedro de Buena Vista.
Anexo 3
Tabla 1. Resultado de la estadística de pobreza.
Fuente: Mapa de la Pobreza 2001 CNPV INE
Provincia Charcas
Código Nombre Moderada
Población
Pobre
Indigente
Población
Pobre
Marginal
Población
Pobre
Total
Población
Pobre
Población
censada
2001
50501 San Pedro 980 13260 12665 26905 27639
50502 Toro Toro 1160 6196 2908 10264 10535
Provincia Alonso de Ibáñez
Código Nombre Moderada
Población
Pobre
Indigente
Población Pobre
Marginal
Población
Pobre
Total
Población
Pobre
Población
censada
2001
50701 Sacaca 1078 12913 3638 17629 18725
50702 Caripuyo 992 6935 939 8866 9030
Provincia Bilbao Rioja
Código Nombre Moderada
Población
Pobre
Indigente
Población Pobre
Marginal
Población
Pobre
Total
Población
Pobre
Población
censada
2001
51302 Acasio 890 4411 249 5550 5764
51301 Arampampa 361 2716 1689 4766 4859
Gráfico 2. Índice de pobreza, provincia Charcas.
980
1160
13260
6196
12665
2908
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Moderada
Población Pobre
Indigente
Población Pobre
Marginal Población
Pobre
PROVINCIA CHARCAS
Indice de Pobreza
San Pedro de
B.V. 26.905 de
27.639
Toro Toro
10.264 de
10.535
Fuente: Mapa de la Pobreza 2001 CNPV INE
Gráfico 3. Índice de pobreza, provincia Alonso de Ibañez
1078
992
12913
6935
3638
939
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Moderada
Población Pobre
Indigente
Población Pobre
Marginal Población
Pobre
PROVINCIA ALONSO DE IBAÑEZ
Indice de Pobreza
Sacaca 17.629
de 18.725
Caripuyo 8.266
de 9.030
FUENTE: Mapa de la Pobreza 2001 CNPV INE
Gráfico 4. Índice de pobreza provincia Bilbao Rioja
890361
4411
2716
249
1689
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Moderada Población
Pobre
Indigente Población
Pobre
Marginal Población
Pobre
PROVINCIA BILBAO RIOJA
Indice de Pobreza
Acasio
5.550 de
5.764
Arampam
pa 4.766
de 4.859
Fuente: Mapa de la Pobreza 2001 CNPV INE
Anexo 4
Resultado de entrevistas y encuesta
Gráfico 5. Justicia Agraria
7
10 10 10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7 Vocales 10 Jueces 10
Campesinos
10 Abogados
JUSTICIA AGRARIA
Accesible
0%
Inaccesible
100%
Anexo 5
Resultado de encuesta
Gráfico 6. Causas de inaccesibilidad
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Vocales
10 Jueces
10 Campesinos
10 Abogados
CAUSAS DE INACCESIBILIDAD
Pobreza 78,4% Falta de Abogados 13,5 %
Falta de más Juzgados 8,1% Falta de carreteras 0%
Falta de transporte 0% Otros 0%
Anexo 6
Resultado de encuesta
Gráfico 7. Solución
0
7
5 5
0
10 10
00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7 Vocales 10 Jueces 10 Campesinos 10 Abogados
SOLUCIÓN
Crear másJuzgados 40,5%
Crear DefensaPública Agraria 59,5 %
Anexo 7
Resultado de estadística
Gráfico 8. Destino de la producción agrícola Municipio San Pedro de Buena Vista.
Fuente: Diagnóstico PDM 2003
Anexo 8
En acto solemne desarrollado ayer lunes 7 de enero en instalaciones del TAN, se posesiono
Conjueces y Defensores de Oficio del Tribunal Agrario Nacional. La designación de los destacados
profesionales, se la realizó en sesión ordinaria de la Sala Plena el pasado 29 de noviembre del 2007,
en ejercicio de las atribuciones que les confieren los artículos 35-8) de la Ley 1715, del Servicio
Nacional de Reforma Agraria; 15-10), 26,27 y 28 del Reglamento de Organización y Funciones de
la Judicatura Agraria. Fueron posesionados como Conjueces, los siguientes meritorios
profesionales. Abog. Freddy Félix Padilla Ledesma. Abog. Wilfredo Ovando Rojas. Abog. José
Luís Caballero Velasco. Abog. Miguel Ángel Ardaya Aníbarro. Abog. Juan Martín Valdivia
Velásquez. Abog. Hernando Aguilar Martínez. Abog. Arturo Aliaga Alcazar. Como Defensores de
Oficio Gestión 2008, fueron posesionados son los siguientes abogados: Abog. Ercik Miguel
Reynaga Calderón. Abog. Lílian Gonzáles Soto. Abog. Maria Nasli Serrano Cuellar. Abog. Carlos
A. Cabezas Dávalos. Abog. William Calvimontes Márquez. Abog. Cliver Miranda Grimaldos.
Fuente: Periódico Correo del Sur 08/01/2008.
