Universidad de Costa Rica Facultad de...

Implicaciones jurídicas y sociales del efecto no suspensivo del recurso de apelación contra la libertad anticipada:

Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles

Jovanna María Calderón Altamirano

Laura María Cervantes Ocampo

i

Universidad de Costa Rica

Facultad de Derecho

“Implicaciones jurídicas y sociales del efecto no

suspensivo del recurso de apelación contra la libertad

anticipada:

Artículo 28 de la Ley Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles”

Tesis de Grado para Optar por el Título de Licenciadas en Derecho

Realizada por:

Jovanna Calderón Altamirano


Abril 2009





i

Dedicatoria

A mis padres José Alberto y Leda, por haber confiado en mí,

brindarme su apoyo incondicional y ser mi ejemplo de fortaleza.

Gracias papi, por haberme inculcado desde siempre la importancia

del estudio y por tu gran sacrificio para darme la oportunidad de

tener una carrera universitaria. Gracias mami, por estar pendiente

de mí en cada momento, durante todos éstos años de estudio,

siempre dándome las palabras exactas que necesité para seguir

adelante.

A mi hermana Cinthya, gracias por estar siempre a mi lado en

ésta etapa tan importante, por apoyarme y cuidarme, eso

definitivamente hizo más fácil mi camino por todo éste proceso.

Con amor les dedico el presente trabajo.

Laura Cervantes Ocampo

A la mujer con más carácter, luchadora y con deseos

de superación, que he conocido, cualidades que

después de darme la vida siempre me ha transmitido,

y ha logrado que hoy yo pueda concluir una etapa

muy importante en mi vida.,

Con todo mi amor a mi mamá Odilie Altamirano Arauz.

Jovanna Calderón Altamirano.





ii

Agradecimientos

Le agradezco a mi mamá Odilie,, a mi hermano Johannes y a

mi hermana Marianette, por el apoyo, y esfuerzo que han hecho por

mí;

a Pablo por toda su comprensión, apoyo y palabras

mágicas en los momentos más difíciles,

a Laura por haber trabajado hombro a hombro conmigo

y vivido una gran etapa de mi vida juntas.

Al director de esta tesis por su guía en este proyecto.

A todas aquellas personas que brindaron sus conocimientos para enriquecer

esta investigación.

Muchas gracias a todos.

Jovanna Calderón Altamirano

A Dios Todopoderoso, por la vida tan maravillosa que me

ha permitido tener, sin Él nada sería posible.

A mis padres y hermanos, porque la unidad y el

amor que me brindan es mi mayor inspiración y fuerza.

A Jovanna, por ser mi compañera y amiga,

formando un excelente equipo que me permite en éste

momento concluir una importante fase de mi vida.

A mi director de Tesis, por aceptar guiarnos en ésta

investigación. A todos, gracias.

Laura Cervantes Ocampo





iii

“… el principio del interés superior del niño

es considerado, por la doctrina latinoamericana,

como fundamental dentro de la justicia penal juvenil,

tanto que se llega a señalar las características

propias de dicha justicia

como una consecuencia del citado principio”

(Javier Llobet Rodríguez)





iv

RESUMEN

CERVANTES OCAMPO, Laura María; CALDERÓN ALTAMIRANO, Jovanna

María. IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES DEL EFECTO NO

SUSPENSIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA LIBERTAD

ANTICIPADA: ARTÍCULO 28 DE LA LEY EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

PENALES JUVENILES. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de

licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San

José, 2009.

Director: Dr. Ronald Salazar Murillo.

Palabras Clave: Recurso ante la libertad anticipada, ejecución penal juvenil,

principios penal juvenil, sanciones penal juvenil, recursos, efectos de los recursos,

interés superior de la persona menor de edad, seguridad jurídica, estabilidad

social, derecho a la libertad, principio de culpabilidad, principio de inocencia.

Aproximadamente diez años después de la promulgación de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, se aprobó la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, donde su artículo 28 establece que los recursos contra las resoluciones

del juez de ejecución que otorguen la libertad anticipada, no tendrán efecto

suspensivo.





v

El anterior artículo fue redactado de esta manera, tomando como principal

fundamento el derecho a la libertad. Sin embargo, una vez realizado el estudio de

campo, se desprende, que si bien es cierto el derecho a la libertad es de suma

importancia en un sistema jurídico democrático, no se podría desarrollar en su

plenitud, dejando de lado el principio general de la materia penal juvenil, como lo

es el interés superior de la persona menor de edad.

Interés que no solo abarca el campo jurídico, sino que se entrelaza con

aspectos sociales y psicológicos, que le van a permitir a la persona menor de edad

desenvolverse adecuadamente.

Esto por cuanto, pensar en una libertad, que no es definitiva debido a que,

sin haberse presentado un incumplimiento por parte del sentenciado, ésta podría

ser revocada por el juez ad quem, afectando la estabilidad social y psicológica del

joven.

Es por todo lo anterior, que los recursos en cuestión, deben de seguir la

línea general de los efectos de los recursos que rige la materia de ejecución penal

juvenil, sea, el efecto suspensivo, en procura de no afectar en el interés de la

persona menor de edad sentenciada, provocando que esa libertad se dé en el

momento en que esté en firme y por tanto sea certera.





vi

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN _________________________________________________________ 2

I. ANTECEDENTES DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA SANCIONES PENALES

JUVENILES. ___________________________________________________________ 10

a) Ley de Justicia Penal Juvenil. _____________________________________________ 10 a.1. Antecedentes.__________________________________________________________________ 10 a.2. Fuentes. ______________________________________________________________________ 12 a.3. Principios. ____________________________________________________________________ 13 a.4. Sanciones _____________________________________________________________________ 16

b) Proceso de Ejecución Penal Juvenil anterior a la entrada en vigencia de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juvenil. ______________________________________ 19 b.1. Ley de Justicia Penal Juvenil. _____________________________________________________ 19 b.2. Código Procesal Penal ___________________________________________________________ 21 b.3. Jurisprudencia relacionada con la materia de ejecución penal juvenil. ______________________ 23

c) Proyecto de Ley para la aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles. __________________________________________________________________ 28

II. REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE LAS

SANCIONES PENALES JUVENILES. ______________________________________ 42

a) Evolución del artículo acerca de la libertad anticipada en la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles hasta su redacción actual. ____________________________ 42

b) Distintos actores sociales que inciden en la elaboración de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, específicamente en el artículo referente a los recursos contra

la libertad anticipada. ________________________________________________________ 47 b.1. Fiscalía Adjunta Penal Juvenil ____________________________________________________ 47 b.2. Defensa Pública Penal Juvenil ____________________________________________________ 50 b.3. Juzgado de Ejecución de la Pena ___________________________________________________ 54 b.4. Diputado José Miguel Corrales Bolaños _____________________________________________ 55 b.5. Doctor Carlos Tiffer Sotomayor. ___________________________________________________ 57

III. CASOS REALES EN LOS QUE SE HA APLICADO EL ARTÍCULO 28 DE LA

LEY DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES. ___________ 62

a) Caso San José. _________________________________________________________ 62 a.1. Hechos probados en sentencia. ____________________________________________________ 62 a.2. Sanción Aplicada. ______________________________________________________________ 63 a.3. Resolución que modifica la sanción privativa de libertad. _______________________________ 64





vii

a.4. Recurso de Apelación. ___________________________________________________________ 69 a.5. Resolución del Tribunal Penal Juvenil. ______________________________________________ 72 a.6. Recurso de Casación. ____________________________________________________________ 74 a.7. Resolución del Tribunal de Casación Penal. __________________________________________ 75

b) Caso Limón. ___________________________________________________________ 77 b.1. Hechos probados en sentencia. ____________________________________________________ 77 b.2. Sanción Aplicada. ______________________________________________________________ 78 b.3. Resolución que modifica la sanción privativa de libertad. _______________________________ 79 b.4. Recurso de Apelación. ___________________________________________________________ 83 b.5. Resolución del Tribunal Penal Juvenil. ______________________________________________ 85 b.6. Recurso de Casación. ___________________________________________________________ 86 b.7. Resolución del Tribunal de Casación. _______________________________________________ 88 b.8. Audiencia Oral para Cambio de Modalidad de Sanción. ________________________________ 91

IV. INSTITUTO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA COMO EXCEPCION AL EFECTO

SUSPENSIVO DE LOS RECURSOS EN LA FASE DE EJECCUCIÓN PENAL

JUVENIL. ______________________________________________________________ 94

a) Naturaleza de los Recursos. _______________________________________________ 94 a.1. Recurso de Revocatoria. _________________________________________________________ 97 a.2. Recurso de Apelación. ___________________________________________________________ 99 a.3. Recurso de Casación. ___________________________________________________________ 101 a.4. El Procedimiento de Revisión. ___________________________________________________ 105

b) Efecto de los Recursos. __________________________________________________ 109 b.1. Efecto devolutivo. _____________________________________________________________ 110 b.2. Efecto suspensivo. _____________________________________________________________ 111 b.3. Efecto extensivo. ______________________________________________________________ 113

c) Recursos ante la modificación de una sanción privativa de libertad por una no

privativa. _________________________________________________________________ 117 c.1. Libertad Condicional. __________________________________________________________ 119 c.2. Sanciones Socioeducativas. ______________________________________________________ 123 c.3. Órdenes de Orientación y Supervisión. _____________________________________________ 125

V. EL DERECHO DE LIBERTAD FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR DE LA

PERSONA MENOR DE EDAD SENTENCIADA EN RELACIÓN CON SU

ESTABILIDAD SOCIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.______________________ 128

a) El derecho de libertad a la luz del principio de inocencia y el principio de culpabilidad.

128 a.1. El derecho de libertad. __________________________________________________________ 128 a.2. El principio de inocencia. _______________________________________________________ 133 a.3. El principio de culpabilidad. _____________________________________________________ 138





viii

b) El interés superior de la persona menor de edad, su estabilidad social y seguridad

jurídica. __________________________________________________________________ 143 b.1. El principio de interés superior de la persona sentenciada como menor de edad. _____________ 143 b.2. La estabilidad social de la persona menor de edad sentenciada. __________________________ 155 b.3. La seguridad jurídica de la persona menor de edad sentenciada. _________________________ 171

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ________________________________ 179

Bibliografía ____________________________________________________________ 192

Anexos ________________________________________________________________ 206





1

INTRODUCCIÓN





2

INTRODUCCIÓN

En Costa Rica, antes del año 1996, el modelo aplicado a la regulación de

las personas menores de edad en materia penal, era el tutelar de menores, el cual

partía de la teoría, en donde se consideraba a la persona menor de edad incapaz

jurídicamente por su condición y por tanto, las autoridades responsables, eran las

encargadas de tomar decisiones con el fin de resguardarlos, sin apego a los

derechos fundamentales.

Esta situación, no era concebible en nuestro país, donde ya se había

ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños y se había promulgado

el Código de la Niñez y la Adolescencia, ambos instrumentos garantes de los

derechos de las personas menores de edad. Así mismo, tratándose de un Estado

de Derecho, se hacía necesario contar con una regulación legal que asegurara los

derechos y a la vez evitara la impunidad de las personas menores de edad.

Aunado a lo anterior, el aumento de la delincuencia juvenil, generó una

presión social y política, que culminó con la promulgación de la Ley de Justicia

Penal Juvenil en el año 1996 y el cambio del anterior modelo al de la protección

integral de la persona menor de edad. Donde el proceso penal juvenil garantiza el

respeto por los derechos fundamentales, pero además crea obligaciones para las

personas menores de edad.

Con el nacimiento de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se va a sancionar a

las personas menores de edad infractoras, por lo que se hace necesario contar





3

con normas que regulen la ejecución de las mismas, porque como se mencionó

anteriormente nada respalda más un Estado de Derecho que su legislación y más

aún si se trata de personas menores de edad.

Por lo anterior, en noviembre del año 2005 entra en vigencia la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la cual viene a ser una innovación

en materia de ejecución, esto por cuanto ni siquiera en materia de adultos existe

legislación especializada al respecto, haciendo de nuestro país un modelo a seguir

en el tema de ejecución penal juvenil.

Tratándose de un tema tan novedoso, el mismo está expuesto a ser

revisado con más afán, siempre en procura de mejorarlo. Encontrándose la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en sus tres primeros años de

aplicación, es más propensa a presentar complicaciones en la utilización de

algunos de sus artículos, como es el caso del artículo 28 Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles.

Es así como, el tema que se pretende abordar en este trabajo final de

graduación son las “IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES DEL EFECTO

NO SUSPENSIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA LIBERTAD

ANTICIPADA: ARTÍCULO 28 DE LA LEY EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES

PENALES JUVENILES.” Lo anterior en relación con el derecho de libertad, el

interés superior de las personas menores de edad, sentenciadas, a la luz de su

estabilidad social y seguridad jurídica.





4

En dicho artículo se establece que se ejecutará de inmediato la resolución

del juez de ejecución de la Sanciones Penales Juveniles, que concede algún

beneficio de libertad, modificando la sanción privativa de libertad de la persona

sentenciada como menor de edad, aun existiendo recurso para ella, con el fin de

garantizar el derecho fundamental de libertad.

De lo anterior se desprende una problemática tanto jurídica como social,

debido a que la persona sentenciada queda en libertad, existiendo la posibilidad

de ser nuevamente internada en el respectivo centro penal, si el recurso de

apelación es declarado con lugar, provocando una inseguridad jurídica tanto para

el condenado, como para alcanzar el efectivo cumplimiento de la sanción privativa

de libertad, que ha sido determinada por un tribunal en alzada, como la más

conveniente para alcanzar el fin de la justicia penal juvenil.

A través de esta investigación se pretende demostrar la hipótesis de que, la

aplicación del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, es contraria al interés superior de la persona sentenciada como menor

de edad, en relación con su estabilidad social y seguridad jurídica.

Dado lo anterior, en el presente trabajo se plantea, desde una perspectiva

práctica, documentar las desventajas y consecuencias de la aplicación del artículo

28 en su último párrafo, así como las posibles soluciones. Toda vez que en la

actualidad a pesar de que han sido pocos los casos en que se ha dado la

aplicación de dicho artículo, los mismos han llevado a una inestabilidad tanto de

las personas menores de edad como de sus familias y su vida en sociedad.





5

Motivo por el cual, este tema no solo implica una recopilación de

información y estudio teórico, sino además una investigación de campo, que

permita desarrollar un análisis completo y un acercamiento con la realidad de las

personas, que se han visto involucradas en casos en donde ha sido aplicado el

mencionado artículo 28, lo que conlleva a que la investigación se realice por dos

personas.

Para lograr concluir satisfactoriamente la presente investigación se debe de

cumplir con el objetivo general, que a continuación se describe: Realizar un

estudio sobre los efectos jurídicos y sociales de la aplicación del artículo 28 de la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

En este sentido, deben de desarrollarse los siguientes objetivos específicos

que van a permitir alcanzar el objetivo general planteado anteriormente:

Realizar un análisis histórico de los antecedentes de la Ley de Ejecución de

las Sanciones Penales Juveniles.

Examinar el trámite que lleva a la redacción del actual artículo 28 de la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Estudiar desde una perspectiva jurídica dos casos reales, en los que se ha

aplicado el artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles.

Determinar cuál es la regla general aplicada a los efectos de los recursos

en materia de ejecución penal juvenil.





6

Analizar el derecho de libertad frente al interés superior de la persona

menor de edad sentenciada en relación con su estabilidad social y

seguridad jurídica.

La investigación que se realizará consiste principalmente en trabajo de

campo llevando a cabo entrevistas a personas que estén directamente

relacionadas con el tema, lo que incluirá tanto a profesionales conocedores de la

materia, como a las personas sentenciadas que estén afectadas directamente por

la aplicación de la norma en estudio.

Para respaldar dichas entrevistas se hará un estudio de los expedientes

judiciales donde figuran como parte las personas sentenciadas que se entrevisten.

De igual modo se revisará el expediente legislativo que guarda el trámite de la

aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles

Así mismo se realizará la revisión de material bibliográfico, como libros,

artículos de revista, trabajos finales de graduación, entre otros, que traten de

temas relacionados con el de esta investigación. Además, se hará un análisis de

los votos emitidos por el Tribunal Penal Juvenil, el Tribunal de Casación Penal y la

Sala Constitucional, relacionados con la materia. Como material de apoyo se

revisarán los recursos disponibles en la Internet que sean de interés y que

provengan de fuentes confiables.

Con el afán de dar contenido a los anteriores objetivos, se estructurará la

investigación en cinco capítulos, el primero de ellos dividido en tres apartados, un

segundo capítulo dividido en dos puntos, el tercer capítulo se dividirá en dos





7

secciones, mientras que el cuarto capítulo tiene tres apartados, finalmente el

quinto y último capítulo estarán divididos en dos secciones.

En el primer capítulo con la intención de cumplir el primer objetivo

específico se denominará Antecedentes de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, donde se hará referencia en un primer punto a la Ley de

Justicia Penal Juvenil, en el cual se mencionan sus antecedentes, sus fuentes,

principios y sanciones que la componen. En el segundo punto se desarrolla el

proceso de ejecución penal juvenil anterior a la entrada en vigencia de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, donde se especifica que los

instrumentos que se utilizaban en ese momento eran la Ley de Justicia Penal

Juvenil, Código Procesal Penal y Jurisprudencia relacionada con la materia de

ejecución penal juvenil. Por último, el tercer punto que es el proyecto de ley para la

aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Todo lo

anterior en sustento de la actual Ley de Ejecución Sanciones Penales Juveniles.

El segundo capítulo titulado Redacción del Artículo 28 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, en donde se pretende hacer un

recuento del proceso vivido para llegar a la aprobación de la ley en estudio, el

mismo contiene como primer apartado donde se relata la evolución del artículo 28

de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles hasta su redacción

actual, así como otro donde se expresan las impresiones, de los personajes que

intervinieron en dicha redacción, acera del artículo 28 de la misma ley.

Como tercer capítulo y para acercarse a la realidad de los jóvenes

sentenciados, que han sufrido las consecuencias del efecto no suspensivo del

recurso de apelación contra la libertad anticipada, se propone realizar un estudio

jurídico de un caso de San José y otro en Limón, subdividiendo cada uno en

hechos probados en sentencia, sanción aplicada, resolución que modifica la





8

sanción privativa de libertad, Recurso de Apelación, Resolución del Tribunal Penal

Juvenil, Recurso de Casación, Resolución del Tribunal de Casación Penal y en el

caso de Limón la audiencia oral para el cambio de modificación de sanción. El

presente capítulo se denominará Casos reales en los que se ha aplicado el

artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Al llegar al cuarto capítulo que se llamará Instituto de la libertad anticipada

como excepción al efecto suspensivo de los recursos en la fase de ejecución

penal juvenil, se pretende determinar cuál es la regla general de los efectos de los

recursos en materia de ejecución penal juvenil, para lo cual se estudiará la

naturaleza de los recursos de revocatoria, apelación, casación y revisión,

seguidamente se explicarán los efectos devolutivo, suspensivo y extensivo de los

recursos, y por último se relacionará lo anterior con los institutos disponibles en la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles para modificar la sanción

privativa de libertad y el efecto que tiene su recurso.

Finalmente, en el quinto capítulo titulado El derecho de libertad frente al

interés superior de la persona menor de edad sentenciada en relación con su

estabilidad social y la seguridad jurídica, se busca determinar si la aplicación del

artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles en pro del

derecho a la libertad, es contrario al principio de interés superior de la persona

menor de edad. Para ellos es primordial, en primer término explicar el interés

superior de la persona sentenciada como menor de edad, la estabilidad social y su

seguridad jurídica.





9

CAPÍTULO I





10

I. ANTECEDENTES DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE LA

SANCIONES PENALES JUVENILES.

a) Ley de Justicia Penal Juvenil.

a.1. Antecedentes.

Producto de la creciente delincuencia juvenil, que se venía percibiendo en

las calles de nuestro país y la presión de los medios de comunicación, así como

las exigencias de seguridad ciudadana, se promulga el primero de mayo de mil

novecientos noventa y seis la Ley de Justicia Penal Juvenil, para dar respuesta a

dicha problemática.

Aunado a ello, en razón de las Convenciones Internacionales de las cuales

ya Costa Rica formaba parte, tanto como las resoluciones de la Sala

Constitucional, se vislumbraba que el modelo tutelar de menores (modelo que se

utilizaba en nuestro país) no respetaba las Garantía Constitucionales que le son

inherentes a toda persona.

Tomando en cuenta que la persona menor de edad debe ser tratada como

sujeto de derecho y no como objeto, la base fundamental de la Ley de Justicia

Penal Juvenil es el Principio de Protección Integral y el Interés Superior de la

persona menor de edad, siendo su fin educativo y de reinserción en la sociedad.





11

Al igual que otros países Latinoamericanos, Costa Rica se inspiró en el

estatuto del Niño y el Adolescente de Brasil1, para redactar la Ley de Justicia

Penal Juvenil; sin embargo, nuestro país superó las expectativas de dicho

estatuto, contemplando en dicha ley Garantías Constitucionales, Derecho

Sustantivo y Derecho Procesal, y aún así, quedaron vacíos que deben ser

llenados por leyes supletorias.

En relación con los antecedentes de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el

Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, redactor del proyecto de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, en entrevista realizada el 24 de noviembre del 2008, indicó:

“…más o menos en 1994 después de que regresé de Alemania y me incorporé al ILANUD como director de un proyecto que se llama Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, este proyecto tenía como parte esencial dar un insumo a los diferentes países que componían este proyecto, sobre propuestas legislativas en que se regularan o se emitieran los estándares de la Naciones Unidas. En particular ya teníamos en materia de justicia penal juvenil, aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño, así fue como en 1996, nosotros, porque en realidad fue un grupo de personas responsables donde me incluyo, presentamos un proyecto de ley de justicia penal juvenil. El proyecto de justicia penal juvenil, se presentó, incluso la ley tiene algunas cosas que no quedan muy claras, pero fue por unas cuestiones estratégicas que hubo que presentarla, porque habían otros proyectos en ese momento, y algo que yo tenía tiempo para hacer como en un año, lo tuve que terminar como en seis meses. Esa fue la Ley de Justicia Penal Juvenil, en donde hubo alguna discusión pero en realidad la discusión no fue como a mí me hubiera gustado, fue un poco apresurado, por circunstancias políticas, sociales y jurídicas…”2

1 TIFFER (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil dentro de los modelos teóricos de política criminal

y fuentes legales. En: De la arbitrariedad a la justicia: adolescencia y responsabilidad penal en Costa Rica. San José, Unicef, 1

a edición, 2000.

2 Entrevista con el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, consultor del Instituto Latinoamericano de las

Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, donde presidió el





12

a.2. Fuentes.

Siendo Costa Rica un país respetuoso de los Derechos Humanos, sin lugar

a dudas, son fuentes de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la Declaración Universal

de los Derechos del Niño de 1959, antecedente de la Convención sobre los

Derechos del Niño de 1989, que entró en vigencia en nuestro país el 09 de agosto

de 1990. Esta última establece las garantías de las personas menores de edad

sujetas a un proceso penal, otorgándoles mayor asistencia y protección al ser por

primera vez vinculante el tener que verlos como personas sujetos de derecho.

Concretizándose dicha situación en nuestra legislación interna, con la

promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia el 14 de julio de 1998.

No está de más mencionar que aunque solo se tienen como

recomendaciones Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la

administración de la justicia de menores (―Reglas de Beijing‖), Directrices de las

Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (―Directrices de

Riade‖) y Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores

privados de libertad, las mismas son siempre tomadas en cuenta en materia Penal

Juvenil.

Como norma suprema la Constitución Política constituye otra de las fuentes

de la Ley de Justicia Penal Juvenil, desde donde se deriva que las personas

menores de edad como sujetos de derecho, pueden llegar a ser responsables

proyecto Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, así como redactor del proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 24 de noviembre del 2008.





13

penalmente por sus actos delictivos. Delitos que están contemplados en el Código

Penal costarricense, los cuales junto con la parte general, así como el Código

Procesal Penal de nuestro país, integran el proceso penal juvenil.

Al tratarse de una materia tan novedosa en Costa Rica, contando con

apenas doce años de estar aplicándose, las resoluciones de la Sala Constitucional

se han convertido en una fuente de gran importancia en la legislación penal

juvenil, debido a que por su carácter vinculante son de acatamiento erga omnes.

a.3. Principios.

Entre los principios del proceso penal juvenil, se tiene el de Justicia

Especializada3, como bien lo indica su nombre es aquel que estable que quienes

operan esta materia deben de ser personas especializadas, capaces de

comprender la problemática del menor en el contexto social, siempre desde su

respectivo campo laboral.

El más claro ejemplo de una justicia especializada se materializa en los

órganos que se involucran en el proceso, a conocer4:

Juzgado Penal Juvenil, encargado de garantizar el respeto de los

derechos fundamentales de los sujetos procesales, cuyas funciones se

3 Ley de Justicia Penal Juvenil: ―Artículo 12.- Principio de justicia especializada. La aplicación de

esta ley, tanto en el proceso y la ejecución , estará a cargo de órganos especializados en materia de menores‖ 4 Ley de Justicia Penal Juvenil: ―Artículo 28.- Órganos judiciales competentes. Sobre los hechos

ilícitos cometidos por menores, decidirán, en primera instancia, los Juzgados Penales Juveniles, y en segunda instancia, los Tribunales Penales Juveniles. Además, el Tribunal Superior de Casación Penal será competente para conocer los recursos que por esta ley le corresponde y el juez de Ejecución de la Sanción Penal Juvenil tendrá competencia para la fase de cumplimiento.‖





14

encuentran especificadas en el artículo 29 y 73 párrafo segundo, ambos

de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Tribunal Penal Juvenil, órgano superior, que posee competencia en todo

el territorio nacional, encargado de resolver los recursos de apelación,

conflictos de competencia entre los Juzgados Penales Juveniles, y de

más atribuciones estipuladas en el artículo 30 de la Ley de Justicia

Penal Juvenil.

Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, los artículos

135 y 136 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, señalan las competencias

y funciones de los jueces de ejecución, quienes deben supervisar el

debido cumplimiento de las sanciones.

También los siguientes sujetos procesales son especializados:

Fiscalía Penal Juvenil del Ministerio, ente acusador encargado de la fase

de investigación del proceso, lo cual está contemplado en los artículos

38, 39 y 73 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Defensa Pública Penal Juvenil, cuya función es ejercer la defensa

material de los imputados, la cual es asegurada por el principio

inviolabilidad de la defensa que recogen los artículos 22, 37 y 105 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil.

Por último, son además órganos especializados:

La Policía Judicial Juvenil, encargado de la investigación bajo la

supervisión del Ministerio Público, así indicado en los artículos 40, 41 y

42 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

y el Patronato Nacional de la Infancia que ajustado al artículo 43 de Ley

de Justicia Penal Juvenil, participa como vigilante de las personas

menores de edad involucradas en el proceso.





15

Los principios de Protección Integral e Interés Superior de la persona menor

de edad, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, son

rectores de este proceso. Ellos son el parámetro para que se lleve a cabo el fin de

la ley,

“…el estado debe, por respeto a la dignidad y condición especial que concurre en el menor de edad, discriminar su trato para protegerlo en todas las esferas de su vida…”5 Así mismo en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se menciona

otro de los principios rectores que es la formación integral de la persona menor de

edad y su reinserción en su familia y sociedad, siendo este el principal fin de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, por lo que las principales sanciones van dirigidas a

ello, quedando esto evidenciado en la variada lista de sanciones que establece

dicha ley, todas orientadas a cumplir con este fin, siendo la sanción privativa de

libertad la ultima ratio.

En relación con los principios mencionados en los artículos 20 y 21 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, estos están orientados a mantener la privacidad y

confidencialidad de la persona menor de edad imputada, tanto su identidad como

los hechos que se le imputan, para evitar que se afecte su reinserción social

debido a que se le estigmatice y etiquete como un delincuente sin oportunidad de

surgir en su vida adulta, por lo tanto es evidente que estos principios hacen

referencia a que terceras personas ajenas al proceso penal, así como aquellas

que no cuenten con la debida autorización6, no deben tener acceso a información

que pone en riesgo el cumplimientos de estos preceptos.

5 D’ALLANESE (Francisco). El proceso penal juvenil costarricense: Principios y alternativas a la

justicia. En: De la arbitrariedad a la justicia: adolescencia y responsabilidad penal en Costa Rica. San José, Unicef, 1

a edición, 2000, p. 267.

6 Reglas de Beijing. Regla ―21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter

estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Solo tendrán acceso a dichos





16

No se puede dejar de lado los principios generales del derecho penal y

procesal penal, que en su mayoría están instaurados en la propia Ley de Justicia

Penal Juvenil en su capítulo segundo, denominado Derechos y Garantía

Fundamentales, pero que aún sin estar contemplados ahí, por integración forman

parte de la materia penal juvenil.

Entre estos diversos principios se encuentran7: el de Legalidad, Debido

Proceso, Presunción de Inocencia, Juez Natural, Defensa, Celeridad Procesal y

Justicia Pronta y Cumplida, Non bis in idem, entre otros.

a.4. Sanciones

La Ley de Justicia Penal Juvenil se aplica a las personas menores de edad,

que para el momento de la comisión de un hecho ilícito dentro del territorio

nacional o extranjero según las reglas de territorialidad y extraterritorialidad8,

tengan más de doce años y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de

sancionar con penas privativas de libertad, la ley divide en dos grupos etarios, el

comprendido entre los doce años y menos de quince años de edad, que puede

sufrir una sanción máxima de diez años y las personas menores de dieciocho

años y mayores de quince años de edad, que pueden ser sentenciadas hasta

quince años de internamiento en un centro especializado.

archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas.‖ 7 MORA MORA (Luis Paulino). Garantías derivadas del debido proceso. En: Derecho Procesal

Penal Costarricense. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1a edición, San José, 2007.

8 Conceptos establecidos en los artículos 4 y 5 del Código Penal Costarricense.





17

Bien ha establecido el Tribunal de Casación Penal que estas sanciones

deben adecuarse a los principios rectores de la ley:

―Se trata de principios como la protección integral, el interés superior del menor de edad y el respeto necesario a sus derechos humanos. “El reconocimiento de estos derechos tiene como objetivo asegurar la formación integral del menor, es decir, una formación que abarque todos los ámbitos de su desarrollo, sea en los aspectos sociales, culturales, familiares, psíquicos y jurídicos.

Este objetivo debe prevalecer en la aplicación de la ley, según lo establecen los principios de protección y formación integral. Por otro lado resulta lógico concluir que la figura central del Derecho Penal Juvenil es, precisamente, el menor de edad. Es por ello que, para la aplicación de las normas de la ley, se debe tener presente, en todo momento, el interés superior del joven o adolescente para su reinserción familiar y social” (Ley de Justicia Penal Juvenil, Comentada y Concordada. Carlos Tiffer Sotomayor. Editorial Juritexto, pág. 33). Precisamente por su finalidad y por que su determinación depende de cada caso en concreto, es que la aplicación de las sanciones puede ordenarse provisionalmente o definitiva.”9

Las sanciones penales juveniles están establecidas en el artículo 121 de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, las cuales se dividen en tres grupos: Socio-

educativas, Órdenes de orientación y supervisión, así como las privativas de

libertad. Cada una de ellas subdivididas específicamente.

En cuanto a las sanciones socioeducativas, están enfocadas

primordialmente a que la persona menor de edad reconozca, interiorice y

reflexione sobre el error que cometió y el perjuicio que ocasionó a la sociedad,

9 Tribunal de Casación Penal, voto 604, del 04 de agosto del 2000.





18

para que de esta forma busque corregir su comportamiento y con ello su

superación personal.

La amonestación y advertencia, que es una llamada de atención de

aplicación inmediata por parte del Juez de sentencia10; la libertad asistida, que

consiste en que la persona menor de edad estando en libertad cumpla con planes

educativos y de orientación, cuya duración máxima es de cinco años11; la

prestación de servicios a la comunidad, donde el sentenciado debe realizar un

trabajo gratuito de interés general, que no puede exceder de seis meses con

jornadas de no más de ocho horas semanales12; y la reparación de los daños a la

víctima, la cual puede realizarse por medio de trabajo o con dinero, de forma

inmediata o a un determinado plazo13; requieren a parte del seguimiento

institucionalizado, del apoyo de la familia y la contribución de la comunidad.

Así por ejemplo en una libertad asistida, la persona menor de edad debe en

primera instancia presentarse en el Programa de Sanciones Alternativas con un

familiar, para que los especialistas puedan evaluar sus necesidades y elaborar un

plan individual de ejecución que contribuya a su buen desarrollo y adaptación a la

sociedad.

En relación con las órdenes de orientación y supervisión14, están orientadas

a regular el modo de vida de la persona menor de edad, por un período máximo

10

Ley de Justicia Penal Juvenil, Artículo 124. 11




Ley de Justicia Penal Juvenil, Artículo 128.





19

de dos años, mediante condiciones previamente establecidas, las cuales son:

instalarse en un lugar de residencia determinada, abandonar el trato con

determinadas personas, eliminar la visita a determinados lugares, matricularse en

algún centro educativo, adquirir un trabajo, abstenerse de ingerir sustancias que

produzcan adicción o hábito, ordenar que la persona menor de edad se someta a

tratamientos para controlar su problema de adicción.

Teniendo en consideración que el fin de las sanciones penales juveniles es

educativo y de reinserción social, como ultima ratio se tienen las sanciones

privativas de libertad, que se subdividen en: internamiento domiciliario,

internamiento en tiempo libre e internamiento en centro especializado, los dos

primeros no pueden exceder de tres años, mientras el último va a depender del

grupo etario en que se encuentre la persona menor de edad.

b) Proceso de Ejecución Penal Juvenil anterior a la

entrada en vigencia de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juvenil.

b.1. Ley de Justicia Penal Juvenil.

Una vez puesta en práctica la Ley de Justicia Penal Juvenil en el año 1996,

consecuentemente empiezan a surgir casos de personas menores de edad





20

sentenciadas, haciéndose necesario un seguimiento para que se ejecute lo

sancionado, sin embargo, dicho proceso de ejecución tuvo que empezar a llevarse

a cabo sin existir una legislación especial.

“La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles fue redactada conjuntamente con la Ley de Justicia Penal juvenil, porque era un documento donde se iban a complementar, supuestamente… Carlos Tiffer a quien le asignaron la redacción de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de Ejecución Penal Juvenil… por asunto de presión social, porque se dio el asunto de las pandillas juveniles y todo, consideran en la asamblea que hay que darle trámite y sacar la Ley de Justicia Penal Juvenil, existió un problema grave que de lado dejaron la Ley de Ejecución, y entonces la Ley de Justicia Penal Juvenil carece de un montón de vacíos que debían ser llenados con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia Penal Juvenil, tuvimos nosotros que trabajar con esa gran serie de vacíos y lagunas que supuestamente iba a llenar la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles…”15

Ante dicha problemática y conforme al acuerdo de Corte Plena número

1297 del 17 de abril de 1998, los Juzgados de Ejecución de Adultos tuvieron como

recargo, la labor de vigilar la ejecución de las sanciones penales juveniles,

tomando como base para ello el capítulo III de la Ley de Justicia Penal Juvenil

denominado Ejecución y control de las sanciones.

No obstante, aunque dicho capítulo prevé el proceso de ejecución de la

sanción, así como las funciones y competencias de los órganos encargados de

llevarla a cabo, lo hace de manera muy amplia y somera, sin contemplar las

vicisitudes que se fueron presentando en práctica, como por ejemplo, en el caso

de la sanción socioeducativa de Prestación de Servicios a la comunidad, la Ley de

15

Entrevista con la Licenciada Reyseth Peraza, actual Defensora Pública, quien ocupó el cargo de Defensora Pública en Ejecución Penal Juvenil, durante el proceso de aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 28 de noviembre del 2008.





21

Justicia Penal Juvenil, no especifica cuál es la autoridad que estará a cargo de su

control y vigilancia, dejando la respuesta a interpretación de las autoridades

correspondientes de acuerdo a la experiencia y al razonamiento lógico.16

b.2. Código Procesal Penal

Debido a las limitaciones que se enfrentaban al utilizar en la etapa de

ejecución, únicamente lo estipulado en la Ley de Justicia Penal Juvenil y se hizo

uso del artículo 9 de la misma ley,

“Asimismo, el artículo nueve del mismo cuerpo legal, establece que en todo aquello que no se encuentre expresamente regulado por dicha ley, será de aplicación supletoria la legislación penal y el Código Procesal Penal, de donde resulta que en casos determinados las disposiciones del Código puedan tener aplicación supletoria…

Por su parte el artículo 9 autoriza la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, en todo lo que no se encuentre regulado de manera expresa en la ley…”17

En abono a lo anterior, se aplicó en la fase de ejecución penal juvenil,

supletoriamente el Libro IV, Título I del Código Procesal Penal, denominado

Ejecución Penal. De donde se deriva la figura del Ministerio Publico y de la

16

ARROYO GUTIÉRREZ (José Manuel). Ejecución de las Sanciones en Justicia Penal Juvenil. En: De la arbitrariedad a la justicia: adolescencia y responsabilidad penal en Costa Rica. San José, Unicef, 1

a edición, 2000.

17 Sala Constitucional. Voto 11277, del 22 de julio del 2008.





22

Defensa, así como la ampliación de las atribuciones del Juez de Ejecución, tanto

como del procedimiento para ejecución penal juvenil.

Es así como en los artículos 456 y 457, se establece respectivamente que

la Defensa tiene la tarea de asesorar al sentenciado, no así de vigilar el

cumplimiento de la sanción, esta defensa puede ser pública o particular, mientras

determina que el Ministerio Público debe velar por el respecto de los Derechos

Fundamentales y el acatamiento de la sentencia.

Pero al principio fue un poco difícil contar con personal especializado en

este campo, por el contrario quienes ejercían estos cargos eran funcionarios que a

pesar de trabajar en materia penal juvenil, aún no estaban capacitados en materia

de ejecución y además tenían funciones propias de la etapa de investigación y de

juicio, lo cual se le atribuye principalmente a la falta de recursos18 destinados para

esta materia, específicamente para la capacitación de personal técnico.

Además, el Código Procesal Penal determina la forma en que serán

presentados y resueltos los incidentes de ejecución, verbigracia, en los casos de

incidentes relativos a la libertad anticipada es necesario llevar a cabo una

audiencia oral y lo resuelto por el juez de ejecución se suspende, mientras la

resolución adquiere firmeza19.

18

ARROYO (José Manuel). Ejecución y cumplimiento de las sanciones. En: Jornadas de Reflexión sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil: cuatro años de vigencia. 1

a edición, San José, Costa Rica,

Unicef 2001. 19

Código Procesal Penal, Artículo 454.





23

También se hace alusión a la obligación de realizar el cómputo con sus

respectivos descuentos, para determinar la fecha exacta en que terminará la

condena, una vez hechos esto, deberá ser comunicado al Juez de Ejecución y al

Instituto Nacional de Criminología20.

b.3. Jurisprudencia relacionada con la materia de

ejecución penal juvenil.

Partiendo de los instrumentos legislativos con que se contaba, se fue

desarrollando el proceso de ejecución penal juvenil, principalmente con las

resoluciones innovadoras21 de los jueces de ejecución, fundados en las reglas de

la experiencia y sana critica. Lo cual motivó tanto al Ministerio Público como a la

Defensa a interponer recursos22, que al ser resueltos por el Tribunal Penal Juvenil

y Tribunal de Casación Penal, fueron creando Jurisprudencia que dicta las pautas

a seguir en el proceso de Ejecución Penal Juvenil.

“Con respecto a los recursos se daba lo siguiente, que antes, y eso era lo que se pretendía, bueno en ejecución lo característico es que existe recurso de casación, diferente que en materia de adultos, entonces se prestaba a que se presentaran muchos recursos de casación en materia de ejecución… Muchas de las aclaraciones que se dieron con respecto a criterios y demás fueron resultado de

20

Código Procesal Penal, Artículo 454. 21

Entrevista con la Licenciada Leda Corrales Barboza, Jueza de Ejecución Penal de San José, realizada el 13 de mayo del 2008. 22

Entrevista con la Licenciada Priscilla Madrigal González, Jueza del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 13 de mayo del 2008.





24

resolver por parte del Tribunal de Casación recursos de la Defensa Pública…”23

Entre estas resoluciones se encuentra la que determinó, que imponiéndose

por el juez de sentencia, una sanción de libertad asistida, no es posible otorgar el

beneficio de la ejecución condicional de la sanción de internamiento, si se

incumple la primera y que en caso de incumplirse la ejecución condicional se

decrete el internamiento en centro especializado, a saber:

“En este asunto, la pena principal que se le impuso al acusado G.V. L. consiste en dos años de libertad asistida, de tal modo que el internamiento en un centro especializado –por un lapso de tres años– sólo fue dispuesto para: “…el caso de que el acusado incumpla las condiciones de la libertad asistida…” (ver folios 135 y 137). La posible privación de la libertad ambulatoria aparece, pues, como una sanción subsidiaria, sujeta al incumplimiento de la principal, que conforme al artículo 121 inciso a) de la Ley de Justicia Penal Juvenil posee un carácter socio-educativo. Esto significa que el justiciable no está siendo remitido a un centro de internamiento, no se le está privando directa e inmediatamente de su libertad, sino que, por el contrario, se le está aplicando una medida sustitutiva, cuya naturaleza es muy similar a la del beneficio de ejecución condicional de la pena. En consecuencia, resulta evidente que el reclamo por falta de fundamentación de la denegatoria del citado beneficio carece de interés, habida cuenta que se dispuso la libertad asistida, la cual funciona también como un régimen de prueba, puesto que –de acuerdo con el fallo impugnado– deja al menor con su familia y “…obligado a cumplir con los programas educativos para ofensores sexuales, cuyo seguimiento corresponderá al Programa de Sanciones Alternativas de Adaptación Social.” Es importante señalar que en la especie no procedería la aplicación de un régimen de medidas sustitutivas en cascada, esto es, primeramente la libertad asistida y, para el caso de incumplimiento de las respectivas condiciones, la aplicación entonces del beneficio de ejecución condicional de la pena

23






25

de internamiento. Nótese que ello atentaría sin duda alguna contra los fines específicos de la sanción, que de acuerdo con el artículo 133 de la Ley de Justicia Penal Juvenil consisten en: “…fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al menor de edad, sometido a algún tipo de sanción, su permanente desarrollo personal y la reinserción en su familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades.” Lo anterior demuestra que aun cuando la juzgadora no señaló las razones que tuvo para denegar el beneficio de ejecución condicional de la pena, ello no le provoca en este caso ningún perjuicio al acusado, cuyo interés superior queda a salvo por la aplicación de la libertad asistida. En consecuencia, no se logra acreditar el interés para impugnar, circunstancia que justifica la declaratoria sin lugar del recurso.

Igualmente en el voto 2004-5402 de las dieciséis horas del siete de mayo del dos mil cuatro, este Tribunal de Casación indicó lo siguiente:

…el Tribunal de instancia es claro en indicar que solo en el caso de incumplimiento de las medidas impuesta de libertad asistida, procederá el internamiento en un centro especializado, por espacio de tres años. Lo anterior implica que la joven está en libertad, de modo que poco sentido práctico tiene el pronunciamiento que se echa de menos en cuanto a la ejecución condicional de la pena. Es cierto que la Ley de Justicia Penal Juvenil, establece que el juez puede ordenar la ejecución condicional de la sanciones privativas de libertad…Pero lo anterior en el entendido que la sanción fijada fue la de libertad asistida siendo que en caso de incumplimiento corresponde la aplicación del internamiento. …La concesión del indicado beneficio, en los términos planteados en sentencia, haría nugatoria, no solo el sometimiento de la sentenciada a las ordenes de orientación y supervisión, sino inclusive el cumplimiento de la sanción principal…”24

Así mismo el Tribunal de Casación Penal, reguló que la causal para

suspender la sentencia sean las que afecten el instituto de la cosa juzgada,

ejemplo de ello:

24

Tribunal de Casación Penal, voto 1211, de las 08:55 horas del 25 de noviembre del 2004





26

“Es claro que la regla es la ejecutoriedad de la resolución cuestionada en revisión, en tanto la suspensión de sus efectos es de carácter excepcional; pero la singularidad por la cual puede decretarse la ineficacia transitoria de la sentencia impugnada, no está tipificada en la ley, por lo que es la jurisprudencia la que debe diseñar o establecer los casos en los que puede darse una suspensión. Sin embargo, una reacción del tribunal de la revisión en tal sentido, corresponde ante razones de tal magnitud que produzcan afectación al instituto de la cosa juzgada, porque de no ser así debe privar esta garantía.”25

En el mismo sentido ha manifestado el Tribunal de Casación Penal:

“En lo relativo a la solicitud de que sea suspendida la ejecución de la sentencia decretada por el Juzgado Penal Juvenil de San Carlos... Este Tribunal no acoge la solicitud pues estima que las características del hecho y la situación procesal en que encuentra el encausado, a quien se le impuso otra sanción privativa de libertad en virtud de la revocatoria de la libertad asistida que se le había otorgado, (ver folio 409) no justifica la suspensión de la sanción de internamiento impuesta al accionante. Debe tomarse en cuenta que la suspensión de la ejecución de la sentencia, autorizada en el artículo 412 del Código Procesal (494 del Código de Procedimientos Penales derogado), es de carácter excepcional en virtud de la trascendencia que tiene la garantía de la cosa juzgada. La excepcionalidad de la suspensión, así como la diversidad de sanciones impuestas a M. B., no justifican la interrupción de tales medidas…”26

Propiamente, en lo relacionado al efecto de los recursos contra la

resolución del juez de ejecución, que ordenaba la libertad anticipada, antes de

entrar en vigencia la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, era

seguir la línea del efecto suspensivo de los recursos,

“…II.- Sobre el fondo. Alega la recurrente que se está lesionando el derecho a la libertad del amparado por cuanto, a pesar de que se le sustituyó la sanción de internamiento y en su lugar se ordenó la libertad asistida por el término de un año así como la aplicación

25

Tribunal de Casación Penal, voto 56, del 19 de enero del 2001. 26

Tribunal de Casación Penal, voto 152, del 16 de febrero del 2001.





27

de órdenes de orientación y supervisión, lo cierto del caso es que no se ha permitido al amparado disfrutar de su libertad hasta que quede firme esa resolución o bien, hasta que se presente el recurso de casación correspondiente.

III.- De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, el recurso de casación procede en contra de las resoluciones que terminen el proceso y contra las fijaciones ulteriores de la pena, como es el caso concreto. De igual manera, en el artículo 118 de ese cuerpo legal se establece que este tipo de recurso se tramitará de acuerdo con las formalidades y plazos fijados para los adultos en el Código Procesal Penal y que será el Tribunal de Casación Penal el competente para conocer de ese recurso.

IV.- Ahora bien, al hacerse la remisión al Código Procesal Penal, la que también se sustenta en lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, se observa que, dentro de las normas generales de los recursos, se encuentra el artículo 429 según el cual, la resolución, respecto de la cual se podría interponer recurso de casación, no será ejecutada durante el plazo para recurrir. A su vez, el artículo 450 establece que, si como producto de la resolución del recurso debe cesar la prisión del imputado, el Tribunal de Casación ordenará directamente la libertad.

V.- Partiendo de lo anterior se tiene que, en el caso concreto, no se ha lesionado el derecho a la libertad del amparado como lo afirma la recurrente en vista de que, tal y como se desprende de la normativa señalada, la resolución mediante la cual se ordenó la sustitución de la sanción de internamiento, no se encontraba firme hasta después de transcurrido el término legalmente establecido para la interposición de cualquier recurso de casación en su contra, que en este caso es de quince días. De esta manera y a pesar de que la resolución que sustituyó la sanción de internamiento, ordenó la libertad asistida del amparado, lo cierto del caso es que la misma no podía ser ejecutada inmediatamente sino hasta después de que pasara el plazo para recurrir, ello por disposición legal, con lo cual, no lleva razón la recurrente en su alegato.





28

VI.- Ahora bien, también alega la recurrente que en caso de que se interpusiera el recurso de casación, se podría lesionar la libertad del amparado por cuanto probablemente no se ordenaría su libertad hasta que se resolviera el recurso de casación. Sin embargo, en cuanto a este extremo considera la Sala que tampoco lleva razón la recurrente ya que, tal y como lo establece el propio artículo 429 del Código Procesal Penal, mientras se tramite el recurso, no se podrá ejecutar la resolución y además porque el artículo 450 de ese cuerpo normativo establece que, en todo caso, una vez resuelto el recurso, si por este debe cesar la prisión del imputado, así será dispuesto y se ordenará inmediatamente la libertad, con lo cual, la decisión descansa en el Tribunal que conoce del recurso y es, en definitiva, propia de legalidad ordinaria…”27

c) Proyecto de Ley para la aprobación de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

El 11 de setiembre de 1997, fue presentado por los diputados Carmen

María Valverde Acosta, Carlos Fernández Alvarado, Bienvenido Venegas Porras,

Álvaro Azofeifa Astúa y Gerardo Trejos Salas, ante la corriente legislativa el

proyecto de ley denominado Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, expediente legislativo numero 13.001.

Dicho proyecto se justificó28 en que la materia penal costarricense tiene tres

pilares, la parte sustantiva o materia, donde se desarrollan principios generales y

se describen las conductas prohibidas con sus respectivas consecuencias; la

procesal o procedimental, estableciendo el procedimiento con respeto a las

garantía fundamentales reconocidas por el derecho penal y los instrumentos

27

Sala Constitucional, Voto 15404, del 9 de noviembre del 2005. 28

Expediente Legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, San José, Costa Rica, 1997.





29

internacionales; finalmente el tercer pilar es el de cumplimiento o ejecución,

regulador de las formas de ejecución y del cumplimiento de las consecuencias

penales.

Aunque en la Ley de Justicia Penal Juvenil se establecieron normas

relacionadas con la ejecución y control de las sanciones, la misma es insuficiente

para enfrentar la realidad de todas las sanciones penales juveniles, toda vez que

“…la regulación de la ejecución es materia de una ley especial y la Ley de Justicia Penal Juvenil es una ley de contenido sustantivo y procedimental. Por lo que resulta necesario completar este tercer pilar del sistema…”29,

siendo necesario la aprobación de este proyecto de ley, cuerpo legal que pretende

desarrollar el control y cumplimiento efectivo de la sanción, en observancia de los

principio penales juveniles.

Como base para la presentación del proyecto se realizó un taller organizado

por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del Delito

y Tratamiento del delincuente, celebrado en junio de 1996, donde se contó con

recomendaciones del Ministerio de Justicias y Gracia, Patronato Nacional de la

Infancia, Ministerio Público, Departamento de Defensores Públicos del Poder

Judicial, Defensoría de los Habitantes, Fundación Paniamor y la Dirección General

de Adaptación Social.

Fue fundamento para la elaboración de este plan legislativo, el derecho

comparado de países como El Salvador, Alemania y Brasil, también los

29

Expediente Legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, San José, Costa Rica, 1997, folio 5. 29






30

instrumentos de Derecho Internacional relacionados con la materia, así como la

legislación nacional, a saber la Ley de Justicia Penal Juvenil y Código Procesal

Penal.

Dicha propuesta legislativa fue redactada dividiéndose en tres títulos30. El

primero denominado Disposiciones Generales, subdividido en cinco capítulos en

los cuales se determina:

el ámbito de aplicación,

los principios generales y derechos durante la ejecución,

los objetivos, condiciones mínimas y plan de ejecución,

autoridades de la ejecución, y por último

los procedimientos y recursos.

El título segundo, se divide en dos capítulos que respectivamente regulan:

las sanciones socioeducativas, y

las órdenes de orientación y supervisión.

En cuanto al título tercero, este se ha dedicado exclusivamente a las

sanciones privativas de libertad.

El 02 de junio de 1998, el plenario legislativo proporcionó a la Comisión de

Asuntos Jurídicos, treinta días para que estudiara el proyecto y rindiera el

respectivo informe, sin embargo, este plazo se fue ampliando, hasta la comisión

que pudiera contar con todas las recomendaciones que habían sido solicitadas.

30






31

Por tratarse de un tema novedoso y amplio, se volvió complicado para la

comisión rendir su informe, creándose en Sesión 25 de la Asamblea Legislativa,

con fecha de agosto de 1999, una subcomisión que se encargaría de presentar un

informe sobre el proyecto ante Asuntos Jurídicos, para que esta le dé el visto

bueno y lo presente ante la Asamblea.

Es así, que hasta el 12 de abril del 2000, finalmente Asuntos Jurídicos

presenta el dictamen afirmativo unánime ante la Asamblea, una vez que se

estudiaron los aportes hechos por: el Patronato Nacional de la Infancia, La Corte

Suprema de Justicia, El Ministerio Público, el Departamento de Defensores

Públicos, el Instituto Nacional de Criminología, la Defensoría de los Habitante,

entre otras instituciones.

Este dictamen fue puesto en estudio en el plenario, quienes volvieron a

pedir recomendaciones a las diferentes instituciones mencionadas anteriormente.

Manteniéndose el asunto en agenda legislativa, pero teniendo que suspenderse su

conocimiento por falta de una consulta solicitada a la Corte Suprema de Justicia,

que aún no había llegado. Siendo que es hasta en la sesión plena número 17 del

28 de noviembre del 2001, cuando se aprueba este informe, con la inclusión de las

recomendaciones solicitadas, como texto base de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, mandándose a la Comisión de Redacción.

Aprobándose el texto en primer debate.





32

Al llegar el proyecto a segundo debate, los Diputados solicitan que se

retrotraiga al primer debate, toda vez que los diputados presentes cuando se

realizó el primer debate, eran los del período presidencial anterior, siendo que este

nuevo grupo de legisladoras, nunca habían conocido el tema.

Entonces en Sesión 14 del 13 de octubre del 2004, se integra una nueva

subcomisión para que empiece a estudiar el tema. Volviéndose a solicitar las

respectivas recomendaciones.

Con fecha 07 de junio del 2005, se presenta el informe de la subcomisión,

el cual es conocido en Sesión 5 del 08 de junio del 2005, sesión en la cual se

discute el proyecto, aprobándose una moción, para solicitarle a Don Carlos Tiffer

que se presente en la próxima sesión, a fin de ser consultado acerca de las dudas

que aún poseían los señores diputados.

En Sesión 6 del 29 de junio del 2005, el Dr. Carlos Tiffer realiza aportes al

proyecto, empezando por dejar clara la necesidad de promulgar la Ley de

Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, justificando esta necesidad, porque

nuestro sistema de justicia penal juvenil ha sido ejemplo internacional, a partir de

la Ley de Justicia Penal Juvenil,

“Cuando nosotros estábamos trabajando en el proyecto de Justicia Penal Juvenil, yo fui en mil novecientos noventa y cinco donde estaban las personas menores de edad, con una medida tutelar, que se llamaba Luis Felipe González Flores; habían ciento veintisiete muchachos ahí, privados de libertad con una medida tutelar bajo el





33

principio de que eran penalmente irresponsables. No tenían ninguna consecuencia de carácter penal.

Después de que se aprobó esta ley, una ley donde se establecen garantías, se establece el derecho a la defensa, el saber de que lo están acusando a usted, la presunción de inocencia, el principio de legalidad. No es que por que un policía se molestó que unos niños andaban vendiendo flores, en la noche en Chelles, simplemente los agarró y se los llevó, los vio la trabajadora social, no tienen domicilio, una medida de internamiento.”31

Y Costa Rica como país seguidor de los Derechos Fundamentales, debe de

seguir siendo un impulsor de este sistema de justicia, para lo cual debe de poseer

un instrumento legal, donde se regule el cumplimiento de los derechos de las

personas menores de edad condenadas, porque en una ley de ejecución

“…el principio es el respecto de la legalidad durante la ejecución.

…porque hay una relación entre el sentenciado y la administración, que requiere un respeto del principio de la legalidad. No tener una ley de ejecución es una fuga al principio de legalidad, es una posible violación al principio de legalidad. En Costa Rica ha sido sustituido por vía reglamentaria y a través de importantes pronunciamientos de la Sala Constitucional, pero creo que eso no es suficiente. Produce por un arbitrariedad y por el otro lado, puede producir impunidad, porque la relación entre el ciudadano y el estado, y más tratándose de una

31

Palabras del Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, en la Sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, del 29 de junio del 2005, lo cual corre a folio 956 del expediente legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 31

Palabras del Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, en la Sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, del 29 de junio del 2005, lo cual corre a folio 953 del expediente legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.





34

persona que ha sido sentenciado, sancionado, que le han impuesto una sanción, tiene que estar respaldado por un marco de legalidad.”32

Además Tiffer Sotomayor hace énfasis en lo positivo que sería para el

estado costarricense la aprobación de esa ley,

“Creo que es un gran desafío, también para el Estado, para los funcionarios del Ministerio de Justicia aplicar sanciones que realmente cumplan con los fines, que la sanción establece, por que encerrar gente es lo más fácil, es nada más hacer un edificio y guardar la llave; pero ponerse a la tarea de buscar una finalidad, resocializadora, una finalidad rehabilitadora o una finalidad de carácter educativa, eso sí es complejo. De ahí que es un gran desafío y es importante que una ley que tiene un cuadro de sanciones tan amplio, esté regulada por medio de una ley de ejecución penal.

Este proyecto de ley, si ustedes deciden aprobarlo, significaría un importante complemento de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Además, un importantísimo precedente para todo el Sistema de Justicia Penal de Adultos. Además, un respeto también por los derechos y las garantías de todas las personas que se encuentran privadas de libertad.

De ahí que si Costa Rica aprobara una Ley de Ejecución, sería muy importante para nuestro país el mostrar en el próximo informe que se tiene que dar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, este avance legislativo, creo que sería muy beneficioso.”33

33






35

Así mismo este jurista se dedicó a responder las preguntas de los

diputados, como la realizada por Federico Malavassi Calvo, en relación con el

término ―pena de educación‖ que es contradictorio, al respecto se aclaró que en

Derecho Penal Juvenil, no existen penas, son sanciones y que no existe una

sanción educativa, que por el contrario lo que es educativo es la finalidad de las

sanciones;

“…no hay ninguna pena de educación… primero, para aclarar, como usted dice, la importancia del lenguaje es muy importante… No hay en la Ley de Justicia Penal Juvenil ninguna pena, porque no habla de penas sino de sanciones, para diferenciarla del derecho penal de adultos… Eso en principio.

… la sanción tiene una finalidad y la finalidad es de carácter educativo… no hay ninguna pena educativa.”34

También le preguntan si las personas menores de edad son capaces

jurídicamente para tener responsabilidades, o sí solo se están utilizando términos

por utilizar, sin tomar en cuenta su verdadera connotación, a lo cual Don Carlos

Tiffer indica, que anterior al año 1989, internacionalmente se consideraba al menor

de edad, sin responsabilidad e inimputable, leyes tutelares que servían

“…para violar absolutamente todos los derechos fundamentales de las

personas menores de edad. Desde privaciones de libertad,

detenciones sin juicio, falta de derecho a la defensa, desconocimiento

34






36

de los cargos. Entonces, bajo la idea de la tutela por ser

irresponsable, o sea inimputable, realmente, lo que se producía era

una excesiva intervención estatal y, además, una discriminación,

porque sabemos que los sistemas penales discriminan, todos.‖35

Sin embargo, es en este año que con la creación de la Convención sobre

los derechos de los niños, internacionalmente se deja de lado el sistema tutelar,

convención ratificada por nuestra asamblea en 1990; momento en que se tiene al

menor como persona, consecuentemente sujeto derechos y de responsabilidades,

con lo cual se supera el tema de la responsabilidad de la persona menor de edad,

“La misma Convención sobre los derechos del niño dice: que a las personas sujetas de esa convención, que son todas las personas menores de dieciocho años, se les puede no solamente acusar sino dice: cuando se les acuse y después dice: cuando se les condene.

El tema de la imputabilidad y el tema de la responsabilidad, digámosle que desde un punto de vista jurídico formal, estás superado, porque a partir de esa Convención, no hay duda de que se establece un tema de imputabilidad y de responsabilidad.”36

Sobre este mismo tema de responsabilidad, se cuestiona, si se aplica el

mismo derecho penal de adultos, cuya respuesta es negativa, debido a que la

35

Palabras del Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, en la Sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, del 29 de junio del 2005, lo cual corre a folio 956 del expediente legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 36






37

materia penal juvenil es especial, consecuentemente está responsabilidad de los

adolescentes está regida por los principios de especialidad,

“…Porque para el tema de la responsabilidad, todavía existen tres criterios: uno es el discernimiento, que nosotros lo utilizamos en los primeros códigos generales de Costa Rica, que tienen contenido más de carácter ético religioso, la diferencia entre el bien y el mal.

Después hay otro concepto que también se utiliza, que es el concepto de la madurez suficiente, que es producto de la elaboración de la psicología evolutiva. Hay un tercer criterio, que es el de la edad. Los dos primeros conceptos del discernimiento y la madurez suficiente, son conceptos indeterminados que producen total y completa inseguridad… El concepto establecido es el criterio de la edad. Doce años fue la edad que en 1996 se consideró que era la conveniente y hasta los dieciocho años, por razón de la Convención sobre los derechos del niño, que tiene también como límite los 18 y que coincide también, por lo menos el carácter de los derechos políticos.”37

Comentario importante del Dr. Carlos Tiffer, fue hacer énfasis en que la Ley

de Ejecución, debe de cumplir con el carácter de la sanciones de tipo

administrativo, que son las sanciones disciplinarias que se imponen en todos los

sistemas de privación de libertad, procedimientos que ya se encontraban en el

proyecto de ley, sirviendo para ponerle un alto a la arbitrariedad que se venía

viviendo.

37






38

La sesión de trabajo se concluye, no sin antes haber recomendado el señor

Carlos Tiffer, que las personas mayores de edad que descuentan una sanción

privativa de libertad, deben de cumplir la sanción dentro de un sistema penal

juvenil, aunque ya sean mayores de edad.

“…en el proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil, se eliminó la posibilidad de que las personas que cumplieran los dieciocho años, pudieran continuar en el Sistema de Justicia Penal Juvenil y no trasladarlos al Sistema Penal de Adultos. La posición que privó ahí fue que una vez que cumplieran los dieciocho años de edad, tenían que salir del Sistema de Justicia Penal Juvenil. Me parece un error, por todo lo que estamos diciendo, ojalá que la intervención estatal se pudiera prolongar con una categoría que se llama: “Jóvenes Adultos””38

Por motivos de tiempo en la anterior sesión, en la sesión del día 10 de

agosto del 2005, se vuelve a contar con la presencia del Dr. Carlos Tiffer

Sotomayor, para que termine de contestar las preguntas que le faltaban y para

que de criterio acerca de las mociones que se habían planteado.

Inicia su intervención contestando la pregunta acerca de la familia y el rol

que ésta juega en relación con la persona menor de edad sentenciada, indicando

que evidentemente el tema de la familia se incluye en el proyecto, pero que al

respecto se aclara

38






39

“…cuando hablamos de familia, muchas veces estamos partiendo de conceptos ideales o tipos de familia, teóricos, que muchas veces no corresponden a la realidad social de las familias… porque está suficientemente comprobado, estadísticamente, que la mayoría de los jóvenes sometidos a un proceso de carácter penal, provienen de familias desintegradas… La realidad social nos dice que la mayoría de estos muchachos vienen de familias incompletas, o muchas veces no cuentan con familia.

Más bien, lo que se utiliza es el recurso familiar cuando exista, porque incluso, en algunos casos, más bien en las familias es donde se producen los efectos negativos. Son las familias que se desarrollan en un ambiente primogénito, en donde el ambiente de la criminalidad más bien a veces puede resultar perjudicial para el adolescente.

Para contestar en concreto, la familia juega un rol importante, no solo por mandato constitucional sino porque también está incluida en estas sanciones denominadas de carácter socioeducativo.”39

Además en esta segunda exposición, se volvieron a hacer preguntas sobre

algunos artículos del proyecto, que finalmente no sufrieron ninguna modificación,

entre ellos están los relacionados con: la donación de órganos, los objetos que

pueden tener los privados de libertad, las visitas intimas para las personas

menores de edad internadas en centro especializado, la investigación por

fallecimiento dentro de un centro penitenciario, la creación de centros privados

para la desintoxicación, la responsabilidad civil de las personas menores de edad,

indemnizaciones que el Estado debe de pagar por la detención ilegal, aspectos

relativos a los trabajos en los centro penales.

39

Palabras del Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, en la Sesión de trabajo de la Asamblea Legislativa, del 29 de junio del 2005, lo cual corre a folio 974 y 975 del expediente legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.





40

Una vez que fueron evacuadas las consultas, los Diputados en sesión del

24 de agosto del 2005, procedieron a presentar una serie de mociones para

modificar algunos artículos, mociones que fueron estudiadas y votadas, enviando

las correspondientes correcciones para que fuera modificado el texto. Finalmente,

una vez que estaba completo, aprobaron el proyecto y se convirtió en Ley de la

República.





41

CAPÍTULO II





42

II. REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE EJECUCIÓN

DE LAS SANCIONES PENALES JUVENILES.

a) Evolución del artículo acerca de la libertad anticipada

en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles hasta su redacción actual.

El contenido actual del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, denominado Recurso contra la libertad anticipada, inicialmente

se encontraba contemplado en el Proyecto que da origen a esta ley, en el numeral

32, de la siguiente manera:

“RECURSOS CONTRA LA LIBERTAD ANTICIPADA Artículo 32: Son recurribles por el Ministerio Público las resoluciones del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que concedan algún beneficio que implique una liberación anticipada de la persona condenada."40

Al no contemplarse en el anterior artículo lo relacionado con el efecto de la

interposición del recurso, debe de tenerse como complemento de esta norma, el

artículo 31, de donde se desprende que este tipo de recurso suspenderá la

ejecución de la resolución hasta que obtenga firmeza. Así, este artículo estipula:

“RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN Artículo 31: Contra las resoluciones del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles proceden los recursos de revocatoria y apelación. Ambos recursos pueden ser interpuestos por la persona

40

Expediente Legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, San José, Costa Rica, 1997, folio 26.





43

menor de edad sancionada, su abogado defensor, sus padres o representantes, abuelos (as), hermanos (as), el Patronato Nacional de la Infancia, los órganos administrativos del Ministerio de Justicia encargados de la ejecución o el Ministerio Público; y deberán presentarse, a más tardar, dentro del tercer día hábil posterior a su notificación. El Juzgado de Ejecución deberá resolver la revocatoria en un plazo no mayor de cinco días hábiles y el Tribunal deberá resolver la impugnación en un plazo no mayor de quince días hábiles. La interposición de estos recursos suspenderá la ejecución de la resolución o medida administrativa hasta que los mismos se resuelvan en definitiva.”41

Posteriormente, en el informe técnico del Departamento de Servicios

Técnicos de la Asamblea Legislativa, de fecha 17 de junio del 1998, se hace una

serie de recomendaciones relacionadas con los recursos. Porque al existir tanto

un procedimiento administrativo y judicial y no establecerse con claridad cuál es la

última instancia para recurrir las resoluciones administrativas, todo tendría

revocatoria y apelación ante el juez, lo que atenta contra el principio de celeridad

procesal. Es por lo anterior que se recomienda:

“Restringir las revocatorias y apelaciones ante el Juez correspondiente, solamente cuando se consideren afectados derechos fundamentales del menor de edad sancionado y no se solicitaron revisiones ante el Juez de Ejecución de la Pena. Que a nivel administrativo se establezca un procedimiento que respete el debido procesal, para otras resoluciones que no afecten derechos fundamentales, acortando los pasos. Las resoluciones administrativas en estos casos solo tendrán la apelación ante el jerarca y la revisión ante el Juez de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.”

Así mismo, se considera que el artículo 32 no utiliza una nomenclatura

ajustada a los principios de la materia, por lo tanto el término ―persona condenada‖ 41






44

debe de ser variado por el de ―persona menor sancionada con una pena privativa

de libertad‖. Además el artículo no establece el tipo de procedimiento específico

mediante el cual se puede recurrir.

Producto de las anteriores recomendaciones, se traslada el contenido del

artículo 31 y 32 al 26 y 27, respectivamente. Siendo que en el informe que brinda

la subcomisión de Asuntos Jurídicos el 12 de abril del 2000, ya se contempla en el

artículo 27 lo referente a los recursos contra la libertad anticipada, el cual reza:

“Son recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación, las resoluciones de Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que concedan algún beneficio que implique una liberación anticipada de la persona sancionada con una privación de libertad.”42,

donde se aprecia la utilización adecuada de los términos cuestionados. También

se determina que es recurrible la libertad anticipada mediante el procedimiento de

apelación. Sin embargo, continúa sin indicar el efecto del mismo.

Al no contemplarse en el anterior artículo lo relacionado con el efecto del

recurso de apelación ante el Juez de Ejecución, debe de tenerse como

complemento de esta norma que regula la libertad anticipada, el artículo 26, de

donde se desprende que la interposición de este recurso, suspende la ejecución

de la resolución hasta que obtenga firmeza. Así, este artículo estipula:

“Contra las resoluciones del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que afecten derechos fundamentales de la persona sancionada proceden los recursos de revocatoria y apelación. Ambos recursos pueden ser interpuestos por la persona sancionada, su abogado defensor o el Ministerio Público; y deberán presentarse, a más tardar, dentro del tercer día hábil posterior a su notificación.

42






45

El Juzgado de Ejecución deberá resolver la revocatoria en un plazo no mayor de cinco días hábiles y el Tribunal deberá resolver la impugnación en un plazo no mayor de quince días hábiles. La interposición de éstos recursos suspenderá la ejecución de la resolución o medida administrativa hasta que los mismos se resuelvan en definitiva.” 43

En la redacción del artículo antes mencionado, se incorpora que los

recursos de revocatoria y apelación, proceden cuando las resoluciones del Juez

de Ejecución afectan derechos fundamentales de la persona menor sancionada.

Así mismo reafirma que la presentación del recurso suspende la ejecución de la

resolución recurrida.

Aproximadamente un año y siete meses después, en fecha 7 de noviembre

del 2001, en el nuevo informe presentado por la subcomisión de asuntos jurídicos,

se mantiene la misma redacción de los artículos en estudio, excepto porque el

plazo para que el Juez de Ejecución resuelva, disminuyó de cinco a tres días.

Este contenido es aprobado en primer debate el 3 de diciembre del 2001.

Se debe recordar, que como se mencionó en el capítulo anterior, al llegar el

texto base a ser conocido para su aprobación en segundo debate, fue devuelto a

primer debate, toda vez que los diputados que tenían que votarlo pertenecían a un

nuevo período presidencial.

Razón por la cual, se rinde un nuevo informe el 7 de junio del 2005,

efectuado por la misma subcomisión, en el que, el contenido del artículo 27

conserva su esencia, agregándosele solamente que la instancia ante la cual debe

presentarse el recurso es el Tribunal Penal Juvenil, dejando por fuera nuevamente

lo correspondiente al efecto suspensivo.

43






46

El 31 de agosto del 2005, el Diputado José Miguel Corrales y otros,

presentan una serie de mociones, momento para el cual se había corrido el

artículo 26 y 27 en un numeral, encontrándose ahora el contenido de los

anteriores en los artículos 27 y 28 respectivamente. Entre las mociones

presentadas, se encontró:

“Para que en el artículo 28) del proyecto, se incluya al final del párrafo lo siguiente: “La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de lo resuelto”.” (La negrita es del texto original)44

En dicha moción consta que la misma fue presentada por recomendación

de los jueces de Ejecución Penal Juvenil de ese momento, como la Licenciada

Leda María Corrales, así como por el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor.

No consta en el expediente legislativo que se discutiera o estudiara dicha

moción, sino que simplemente fue acogida junto con el resto de mociones

presentadas en la misma fecha.

Es así que al aprobarse dicha moción, se promulga el 14 de setiembre del

2005, la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que entra en

vigencia el 28 de noviembre del 2005, contemplando definitivamente en el artículo

28, lo relacionado a los recursos contra la libertad anticipada, siendo su redacción

actual:

“Serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación ante el Tribunal Superior Penal Juvenil, las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles que concedan algún beneficio que implique la liberación de la persona joven sentenciada

44






47

con privación de libertad. La interposición del recurso no suspenderá la ejecución de lo resuelto.”45

b) Distintos actores sociales que inciden en la

elaboración de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, específicamente en el artículo

referente a los recursos contra la libertad anticipada.

Para llegar a la aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, se realizó una serie de consultas a los diferentes órganos que

intervienen en el proceso de ejecución penal juvenil, como lo son la Fiscalía

Adjuntan Penal Juvenil, La Defensa Pública Penal Juvenil, Los Jueces de

Ejecución de la Pena. No se puede dejar de lado al consultor dedicado a la

materia Penal Juvenil Dr. Carlos Tiffer Sotomayor. En este orden de ideas se

debe hacer referencia a un representante del plenario que aprobó dicha ley y

presentó la moción que elimina el efecto suspensivo de la interposición del

recurso.

b.1. Fiscalía Adjunta Penal Juvenil46

45

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, Artículo 28. 46

Entrevista con la Doctora Mayra Campos Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil, realizada el 16 de octubre del 2008.





48

A pesar de que tuvo una gran participación durante todo el proceso de

aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y brindó

una serie de recomendaciones en relación a ella, pero en ninguna ocasión se

refirió al efecto del artículo en cuestión,

“No sé las razones por las cuales se introdujo ese cambio en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. …

Nosotros cuando revisamos el proyecto y nos pronunciamos, y enviamos el pronunciamiento a la Asamblea, nunca se mencionó ese tema.

…

Cuando a nosotros nos dieron audiencia para referirnos a la ley, formamos una comisión, en donde estaba el Lic. Freddy Sandí, como juez de ejecución, estaba la Defensa Pública, nosotros como Ministerio Público, también el Programa de Sanciones Alternativas, he hicimos dictámenes para el Proyecto de Ley, no se habló nada del tema de la libertad anticipada…”47, ya que durante toda la etapa de estudio y consultas, el recurso en contra de

la libertad anticipada suspendía la resolución del juez de ejecución, tal cual es la

naturaleza de los recursos que rigen la materia de ejecución penal juvenil.

Lo anterior se desprende de la entrevista realizada a la Dra, Mayra Campos

Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil, el día 16 de octubre del 2008, donde

mencionó:

“Esta disposición va en contra de las reglas generales de los recursos porque si vemos la sistemática en el Código Procesal Penal, salvo cuando se trate de la libertad del imputado en juicio, en el resto de los casos se establece que la resolución no se va a ejecutar hasta que quede firme.

47






49

...

Cuando nosotros revisamos el tema de los recursos en el Código Procesal Penal y en la misma jurisprudencia y en el caso específico de ejecución de las sanciones penales juveniles se discutió la libertad en un caso específico, la misma Sala Constitucional estableció que no se podía ejecutar la resolución que otorgaba la libertad hasta que se resolviera el tema del recurso, siguiendo éstos principios. Sin embargo, desconocemos el porqué del artículo, porque sería lo mismo admitir en la libertad asistida o de las mismas órdenes de orientación y supervisión o cualquier otra sanción no privativa de libertad, donde los jueces estarían obligados a poner en libertad hasta tanto no quede firme la resolución.”

Por haber sido interpuesta la moción para modificar el efecto suspensivo

que poseía la interposición del recurso ante la libertad anticipada

aproximadamente quince días antes de la aprobación de la ley y haberse acogido

de inmediato, el Ministerio Publico no tuvo conocimiento de dicho cambio hasta

que se publica la ley, razón que impide que el mismo se pronunció en contra de

este cambio.

No está de más mencionar, que para la Fiscal Adjunta Penal Juvenil el que

se contemplen recursos para la libertad anticipada no tiene un sentido práctico,

“En resumen, a mi parecer este artículo no tiene porqué estar en la ley, ya que como dije antes el juez de ejecución podría otorgar una libertad condicional o modificar la pena a una libertad asistida por lo que no existe en ningún caso una libertad anticipada, lo que se dan son modificaciones a libertades con condiciones…”48

48






50

b.2. Defensa Pública Penal Juvenil49

A pesar que, la Defensa Pública Penal Juvenil tiene una gran injerencia en

el proceso penal juvenil y por ende en el proceso de ejecución de las sanciones

penales juveniles, este órgano no fue tomado en cuenta en las consultas que se

llevaron a cabo en el desarrollo de esta ley.

Por recomendación de la licenciada Dora Trabado Alpízar, Jefa de la

Defensa Pública Penal Juvenil, se entrevistó a la licenciada Reyseth Peraza,

Defensora Pública, ya que dentro del proceso de aprobación de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, estuvo involucrada por su interés

en la materia.

Efectivamente, la licenciada Peraza concuerda con la licenciada Trabado,

en que la Defensa Pública tuvo una participación mínima, con poco tiempo y por

ende con escasez de discusión del tema, lo cual provocó inclusive, un poco de

disgusto por parte de ellos.

“…como que a la Corte se le pidió un documento o una opinión con respecto a la ley, recuerdo, lo que hicimos fue que nos reunimos en ese momento, de los que recuerdo un juez de ejecución, Doña Mayra y yo, como para analizar un poquito la ley, y Alejandro Rojas, como para ver ciertos artículos de la ley y hacer algún tipo de comentarios, etcétera etcétera, fue rapidísimo porque nos convocaron para una semana y uno trabajando y etcétera, entonces tuvimos como dos reuniones o tres y después mandamos el documento…”50

49

Entrevista con la Licenciada Dora Trabado Alpízar, Jefa de la Defensa Pública Penal Juvenil, realizada el 16 de octubre del 2008. 50






51

Durante el corto tiempo en que se discutió el proyecto de Ley de Ejecución

de las Sanciones Penales Juveniles, nunca se comentó nada acerca del efecto no

suspensivo que contempla el último párrafo del artículo 28 de la mencionada ley.

Sin embargo, la licenciada considera que la línea de pensamiento que tuvo que

existir por parte de quienes presentaron la moción, es velar por el interés superior

de la persona menor de edad y la defensa de los derechos de las personas

menores de edad.

―…yo creo que lo que pasó fue lo siguiente, por eso la sugerencia de Carlos Tiffer y los jueces de ejecución en su momento, van por acá, obviamente lo que se pretende es lo del interés superior, que por ser una población que necesita mayor tutela con respecto a sus derechos que por ejemplo la población adulta, es que hay principios especiales y demás en materia de justicia penal juvenil…”51

Esto a raíz, que desde antes de la entada en vigencia de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la licenciada al laborar en esta

materia, mantuvo esa misma filosofía, en pro de los derechos de las personas

menores de edad y su interés superior, por lo que nos comentó de un caso, en

que ella presentó un recurso de Habeas Corpus, para que un joven pudiera salir

en libertad, apenas el juez de ejecución modificara la sanción por una no privativa

de libertad, sin embargo, la Sala lo declaró sin lugar.

“…incluso me acuerdo de un caso en el que presenté un recurso de hábeas corpus indicando que por el principio interés superior y demás debía en ese momento ponerse en libertad al muchacho, o sea, que no tuviera efecto suspensivo y presenté ese recurso ante la sala. El asunto es que la Sala en ese momento dijo que no, que sí necesariamente el muchacho tenía que mantenerse en privado de libertad hasta que el Tribunal de Casación Penal resolviera… Ese era

51






52

el panorama y debido a eso se habló de los efectos si tenía efecto suspensivo sino tenía efecto o qué pasaba…”52

A pesar de que la licenciada no estuvo involucrada, en agregar al artículo

28 el efecto no suspensivo de la resolución del juez, ante la presentación de un

recurso de apelación por parte del Ministerio Público, sí es muy enfática en

recalcar que a ella le parece conveniente y que lo pensaba así,

“…Les había comentado que yo había presentado un hábeas ante la Sala Constitucional como tres años antes de la entrada en vigencia de la Ley, lo que yo buscaba era esto más o menos, lo que después se puso en el artículo 28, pero digamos yo no tuve participación en eso. Eso fue lo que se le pidió a la Sala y la Sala dijo que no, lo que negó la Sala en su momento es lo que está ahora en el artículo 28, pero yo no les puedo que participé en eso…

Entonces tomando en cuenta todo eso y la protección de los derechos de los muchachos es que para los efectos, por ejemplo, la libertad anticipada, si un juez de ejecución que es el encargado de velar por que se cumpla todo el proceso como debe ser y el que tiene que analizar la situación, efectivamente decidir si hay posibilidades de que se cumplan los efectos de la ejecución de la sanción fuera de prisión y el joven está privado de libertad, el juez de ejecución por el principio de interés superior y demás debe concederle el cambio de sanción en ese momento…”53

Sin embargo, la defensora, hizo alusión a que en la práctica sí hay un

problema con el artículo 28, que solo se vio a la hora en que se aplicó y en alzada

52

Entrevista con la Licenciada Reyseth Peraza, actual Defensora Pública, quien ocupó el cargo de Defensora Pública en Ejecución Penal Juvenil, durante el proceso de aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 28 de noviembre del 2008. 53






53

la resolución del juez de ejecución fue revocada, trayendo consigo problemas

psicológicos, familiares y sociales, que atentan contra el interés superior de la

persona sentenciada como menor de edad.

“Ahora sí les voy a comentar cuál es el problema del artículo 28, ya en la vida real… ya ustedes saben la situación tan gravosa que es para que después de estar uno privado de libertad x cantidad de tiempo, le indique un juez sí, le cambio la sanción porque usted cumple con todos los requisitos, usted tiene un plan de vida fuera de prisión etcétera etcétera, se ha acreditado aquí que usted efectivamente x y ó z, y por ello se le va a conceder la libertad…”54

Y tiempo después,

“…le dicen que no, que la resolución se revoca y que tiene que volver al centro, lo que obviamente, esa situación de sacarla y devolverla, lo que le genera son afectaciones a nivel psicológico, es total y absolutamente negativo…

Solamente se cumple la finalidad con la que fue puesto ahí: sin efecto suspensivo, cuando la resolución es ratificada, solamente, porque más bien cuando la resolución es revocada es todo lo contrario a lo que trataba de evitarse…”55

54

Entrevista con la Licenciada Reyseth Peraza, actual Defensora Pública, quien ocupó el cargo de Defensora Pública en Ejecución Penal Juvenil, durante el proceso de aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 28 de noviembre del 2008. 55






54

b.3. Juzgado de Ejecución de la Pena56

En el momento de la creación de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, la autoridad jurisdiccional encargada de la fase de ejecución

penal juvenil era el Juzgado de Ejecución de la Pena, motivo por el cual este

despacho también fungió como dictaminador en este proyecto. De las reuniones

mensuales que acostumbraban realizar los jueces de ejecución de la pena, es de

donde se derivan recomendaciones y observaciones generales para esta ley, que

incluye la presentada en la moción que interesa, sin embargo, no existe

documentación al respecto.

Específicamente la recomendación dada con respecto a eliminar el efecto

suspensivo del recurso planteado contra las resoluciones que otorgan una libertad

anticipada, obedece a que los jueces consideran el hecho de que el sentenciado

tenga que esperar la firmeza de la resolución, atenta contra el principio de

celeridad y libertad.

Esta posición la fundamentaron en la experiencia judicial, donde se les

presentaban casos en los cuales al momento de adquirir firmeza la resolución, ya

había pasado tanto tiempo, varios meses, provocando que el sentenciado que

cumplía con el proyecto de vida adecuado para optar por la modificación a la

libertad anticipada, perdiera las oportunidades laborales, de estudio y el apoyo

familiar que había ofrecido.

56

Entrevista con la Licenciada Leda Corrales Barboza, Jueza de Ejecución Penal de San José, realizada el 13 de mayo del 2008.





55

Y como la libertad es un derecho fundamental, era prudente que se

ejecutara de inmediato la resolución, salvaguardando el proyecto de vida del joven

privado de libertad, para evitar el perjuicio que se causaría si el tribunal confirmara

la libertad anticipada meses después, cuando el joven no contara con el apoyo

adecuado que le permitiera cumplir las condiciones establecidas en la

modificación, trayendo como consecuencia un incumplimiento y sus implicaciones.

Mientras que el ejecutar de inmediato la resolución, y en el caso de que se

apelara, y el tribunal confirmara la apelación, simplemente procede a ordenar la

captura, sin provocar alguna violación a los derechos fundamentales.

b.4. Diputado José Miguel Corrales Bolaños57

El licenciado José Miguel Corrales Bolaños fue uno de los diputados

encargados de la aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, que jugó un papel importante. Fue quien presentó la moción de

modificar el efecto del artículo que establece los recursos contra la libertad

anticipada.

Debido a que, en ese momento no existía la Ley de Iniciativa Popular y la

única forma de crear o modificar una ley era a través de los diputados, José

Miguel Corrales por solicitud de su asesor Milton Madriz, quien canalizó la

propuesta del doctor Carlos Tiffer Sotomayor, al existir un vacío en la fase de

57

Entrevista con el Licenciado José Miguel Corrales Bolaños, Diputado en el período Legislativo 2002 al 2006, realizada el 30 de octubre del 2008.





56

ejecución penal juvenil, accedió a tomar como suya esta tarea de la aprobación de

la ley.

El legislador presentó la moción para que al final del artículo 28 se

incluyera que la interposición del recurso contra la libertad anticipada no

suspendiera la ejecución de lo resuelto. Dicha moción fue propuesta por

recomendación de los Jueces de Ejecución de la Pena y el Doctor Carlos Tiffer

Sotomayor, quien es una autoridad en materia Penal Juvenil, convirtiéndose el

diputado en el portavoz del Doctor.

La idea de eliminar el efecto suspensivo del recurso, hizo que el diputado

se cuestionara la conveniencia de la libertad anticipada con posibilidad de

revocarla, trayendo como consecuencia que el sentenciado regresara a prisión. Al

consultar al respecto a su asesor Milton Madriz Cerdas sobre su inquietud, Madriz

justificó dicho cambio en que si un juez o jueza otorga la libertad anticipada es

porque existen las condiciones óptimas para ello, por lo tanto, el hecho de

presentar un recurso a esa resolución, es capricho y majadería del Ministerio

Público, para no dar por perdido el caso.

Don José Miguel Corrales, no cuestionó más allá este cambio, porque se

trataba de una recomendación hecha por un experto en la materia. Sin embargo,

sigue pensando que es mejor estar en libertad una vez que se tenga firmeza del

fallo, por el impacto que puede causar en el sentenciado, el volver a ingresar a un

centro penal, ya que se valora más la libertad después de que ésta ha sido

limitada.





57

b.5. Doctor Carlos Tiffer Sotomayor.

Siendo el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, consultor del Instituto

Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el

Tratamiento del Delincuente, donde presidió el proyecto Justicia Penal Juvenil y

Derechos Humanos, así como redactor del proyecto de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles. Y al haberse determinado según el estudio del

expediente legislativo, que fue por recomendación de su persona que se incluyó el

efecto no suspensivo al artículo 28 de la ley en cuestión, que se realizó entrevista

con el mismo el 24 de noviembre del 2008, y al respecto indicó:

“En 1998 fue que presentamos este proyecto de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, por la necesidad de la regulación de la ejecución por medio de una ley, yo casi creo que he sido la única persona en el país que ha insistido en la falta de regulación legal y que todavía en adultos no existe, si ustedes ven la exposición de motivos de esta ley lo primero que dice ahí es cuando yo escribí que no es posible que el Código Penal a pesar de que dice que la ejecución se va a regular por una ley, habían transcurrido en ese tiempo treinta años y todavía no había una ley de ejecución y todavía no la hay. Entonces por eso después de 1996 me puse a trabajar en un proyecto de ley de ejecución de las sanciones penales juveniles. Tal vez ustedes ven que en la Ley de Justicia la única parte que quedó sobre la ejecución es la de las sanciones, yo quería incluir más pero no había tiempo, entonces pensé: después trabajo en un proyecto específico de ejecución, es por eso entre el año 1996 y 1998, yo como director de este proyecto del ILANUD, me encargué de elaborar un proyecto de ley que lo presentamos efectivamente en el 1998, una vez que se presentó ese proyecto ustedes no se imaginan, ustedes ven el expediente y es una cosa impresionante, son cuatro tomos, y ustedes ven ahí más o menos el promedio de ocho años dos legislaturas, donde este proyecto estuvo ahí dando vueltas como todos los proyectos de ley, que provocó mucho interés, ustedes ven ahí la intervención de los jueces de ejecución, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las Organizaciones no Gubernamentales como DNI,





58

Pani Amor, y muy fuerte la intervención de los funcionarios del Ministerio de Justicia, pero por dicha realmente llegó a ser una ley, y en mucho por Don José Miguel Corrales, quien realmente se interesó en el proyecto y tengo que reconocer que Don José Miguel le dio la fuerza y el empuje que nosotros necesitábamos para una ley como ésta, estoy muy satisfecho de que Costa Rica sea uno de los pocos países en América Latina que tenga una ley de ejecución. Por otro lado estoy mi satisfecho también que en nuestro país por lo menos la ejecución de las sanciones penales juveniles ya esté regulado por una ley, eso tiene una implicación muy importante y ustedes que trabajan tanto en la Fiscalía Penal Juvenil y en el Juzgado de las Sanciones Penales Juveniles, saben la importancia de que esté regulado, sobre todo porque a la administración pública, particularmente en este caso al Ministerio de Justicia, no se le puede dejar sola en una labor tan tan delicada, yo creo en el control jurisdiccional, y una ley es la mejor garantía del control jurisdiccional. Ahora, el diseño de la ley es sumamente complejo, porque se reunieron todas esas personas con base en el proyecto que yo originalmente había redactado, y una de las partes tal vez más complejas que hay dentro del diseño de una ley es la parte de los recursos, primero el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, de los recursos, que son parte fundamental, y después el tema de los efectos, esos tres aspectos son medulares en un diseño legislativo en cuanto a los recursos.

Con respecto a la parte de la ley que ustedes están investigando que es el artículo 28, que es la parte de los efectos del recurso, efectivamente en el artículo 28 hay una variación con respecto al principio general que rige los recursos en el artículo 27 de la Ley, y es que los efectos no se van a suspender y se va provocar un cambio inmediato con la decisión que tome el juez, ahora desde un punto de vista puramente técnico en realidad es una decisión legislativa de que el efecto puede ser suspensivo o no suspensivo, dependiendo del tipo de la resolución que sea, ustedes ven que así está previsto en el diseño del Código Procesal Penal, hay resoluciones que tienen efecto suspensivo y otras que no, pero si hay que reconocer que la línea general es el efecto suspensivo, que tiene el artículo 27, ese es el principio general en la mayoría de las resoluciones, así se encuentra regulado.





59

Sin embargo, en el artículo 28, habla de las resoluciones de los juzgado de ejecución que apliquen o afecten la libertad de la persona privada de la libertad, yo releyendo haciendo un esfuerzo de pensar en esto, más que se dice que en el proyecto de ley hay una moción que está sugerida por los jueces de ejecución y mi persona, es muy probable que sea así, y por qué, cuál es la justificación, que por lo menos encuentro ahorita, porque francamente me cuesta mucho devolverme al pasado, creo yo lo mantendría igual, y la justificación es el tema de la implicación que tiene por tratarse de la libertad de la persona, ese es el tema, creo que sí efectivamente, no puedo negar la paternidad ni responsabilidad en esto, porque me parece que una resolución que modifique una privación de libertad tiene que cumplirse inmediatamente, es decir hay un principio pro libertad, que debe prevalecer a pesar de un formalismo, a pesar de que la persona haya sido sentenciada, esto debido a que se ha provocado una modificación de esa sanción y que la justicia juvenil se caracteriza por un principio que es la flexibilidad, esto qué significa, que esa sanción a pesar de que ha sido una sanción privativa de libertad, es una sanción que es flexibles, no estamos frente a una justicia rígida como es la de adultos, y sobre todo porque la ejecución también gira en torno a unos principios muy importantes como es el carácter educativo, y el principio de la reinserción social, y entonces si el juez considera que la privación de libertad en ese momento no se justifica y obviamente debidamente fundamentada, y que procede una modificación de esa sanción por una más beneficiosa, debe ponerlo en libertad inmediatamente, es decir sí, yo creo que efectivamente ese es el punto mediante el cual se introdujo esta moción y creo que sí, efectivamente fue idea mía, y en principio se fundamente en la flexibilidad, en el tema de prevalecer siempre el principio de libertad, sobre cualquier otro, y sobre todo también el que inspira toda la ejecución que es el principio educativo y el principio de la flexibilidad, y eso nos va a llevar a la reinserción social, claro es el juez el que tiene que decidir en cada caso concreto si otorga o no la libertad y el mismo juez tiene que saber el efecto que va a provocar inmediatamente la puesta en libertad de la persona menor de edad.

El problema que ustedes es un problema interesante, es decir esos dos casos en los cuales ustedes me mencionaban, que pueden provocar un efecto negativo en la persona menor de edad, toda vez que está puesto en libertad pero su resolución no está firme y que hay una falta como de interiorización o comprensión de parte de él,





60

primero esa resolución que lo está poniendo en libertad no está firme y en caso de que sea revocada, porque no siempre sucede, me parece que no justificaría la modificación de este artículo, no lo justificaría porque primero estaríamos pensando en que todos los casos van a ser revocados, lo cual no es cierto. Ahora el tema de la comprensión o no, es un aspecto muy subjetivo verdad, muchos de esos muchachos y sobre todo que puede ser que tengan más de dieciocho, es decir definitivamente por principios generales tienen interiorización de la culpabilidad y después por principios generales del cumplimiento, lo que me parece que el juez debería hacer, incluso también el abogado defensor, es informarle, claro si usted le pregunta va a decir que no lo comprende, lo que pasa es que esto cae en un ángulo de subjetividad, muy difícil de valorar como para cuestionar la norma, a mí me parece que la norma está bien, que es correcta y tiene una justificación.

Claro que los efectos psicológicos de una persona que sale y tiene que volver a entrar en estas condiciones, me imagino que es un efecto negativo fuerte, entonces el psicólogo del centro debería preparar al muchacho y decirle: mire usted va a salir en libertad, pero esté atento por si esta resolución se la revocan, usted también tiene que interiorizar que ahorita va a ser puesto en libertad provisionalmente hasta que esto quede en firme, y conocer que existe la posibilidad de que usted vuelva a regresar. Me parece que la claridad y la verdad sobre todo, es fundamental, pero no vamos a sacrificar la posibilidad de que la persona salga en libertad por una supuesta afectación de carácter psicológico, que puede suceder pero que se puede reducir con una buena explicación y la obligación del defensor de informarle el resultado de la apelación.”58

58

Entrevista con el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, consultor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, donde presidió el proyecto Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos, así como redactor del proyecto de Ley de Justicia Penal Juvenil y de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 24 de noviembre del 2008.





61

CAPÍTULO III





62

III. CASOS REALES EN LOS QUE SE HA APLICADO EL ARTÍCULO

28 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES PENALES

JUVENILES.

a) Caso San José.

a.1. Hechos probados en sentencia.

Hecho primero: El domingo 15 de noviembre de 1998, entre las tres y las

cinco de la madrugada, la persona menor de edad acusada ingresó a la

habitación, mientras éstos dormían y le disparó en tres ocasiones con un arma de

fuego a su padre, de seguido impactó con la misma arma en cinco ocasiones a su

madre, para posteriormente dispararle también a su hermano menor en la cabeza,

heridas que provocaron la muerte de los tres ofendidos en el lugar.

Hecho segundo: La persona menor de edad, con ayuda de su novio,

cambió la ropa que sus padres vestían por ropas para salir, arrastró el cuerpo de

ambos desde la habitación en donde les dio muerte hasta la cochera, y los subió

al vehículo de su padre. De igual manera, alzó el cuerpo de su hermano y lo llevó

hasta el vehículo.





63

Hecho tercero: Acto seguido, el novio de la menor acusada, condujo el

vehículo en compañía de la imputada hasta el puente sobre el río Virilla, donde

pusieron el vehículo en neutro y lo empujaron hacia el precipicio, con los tres

cuerpos adentro del automóvil.

Hecho cuarto: La joven regresa a su casa, la cual limpia y acomoda para

ocultar los rastros de sangre y cualquier indicio de que se haya cometido un delito

en dicha vivienda.

Hecho quinto: La persona menor de edad imputada y su novio, entierran el

arma homicida en el patio de la casa de este último.

Hecho sexto: Al comunicarle a la acusada, que su familia había sufrido un

accidente de tránsito, la misma trata de desviar la investigación al manifestar que

el crimen se debe a un ajusticiamiento, por los negocios que tenían sus padres.

a.2. Sanción Aplicada.

A la persona menor de edad acusada, en resolución 87-99 de las dieciséis

horas del 11 de agosto de 1999, se declaró autora responsable de tres delitos de





64

Homicidio Calificado, por los cuales se le impuso una sanción de Internamiento en

Centro Especializado por un plazo de 15 años.

a.3. Resolución que modifica la sanción privativa de

libertad.

Habiéndose realizado la Audiencia Oral para Modificación de Sanción, el

día 3 y 7 de noviembre del 2006, por resolución 255-2007, del 1 de marzo del

2007, el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San

José, le otorga una libertad anticipada a la joven sentenciada.

Fundamenta el señor juez para modificar esta sanción, que, aunque durante

aproximadamente los últimos ocho años se le había mantenido la sanción de

internamiento, principalmente porque se debía respetar el principio de

proporcionalidad de la pena, para este momento, ya ha cumplido un largo periodo

de internamiento, faltándole solamente cuatro años para cumplir con los 15 años

impuestos en sentencia, motivo por el cual el argumento de proporcionalidad ya no

es válido para impedir la modificación, en su lugar, deben de analizarse otros

factores, como los que a continuación se detallan:

Trayectoria carcelaria: desde que ingresó a prisión la joven ha

respetado todos los lineamientos normativos de los Centros en lo

que ha estado, se ha sometido sin ninguna objeción al Plan de





65

Ejecución Individual, se mantiene laborando en el Centro Buen

Pastor, ha mantenido una convivencia sin mayores problemas,

comportamiento del cual se deduce que no es una persona agresiva,

violenta o con bajo control de impulsos, porque es sabido que para

vivir dentro de un Centro Penitenciario, con esta actitud, se debe

tener un buen manejo de reacciones, para evitar conflictos. Si ha

podido convivir sin mayores problemas en un lugar tan difícil, lo

podría hacer estando en el exterior con su familia. Lo anterior se

desprende de los informes trimestrales elaborados por las

autoridades penitenciarias.

Sobre su familia: estando privada de libertad, la joven contrae

matrimonio y tiene un primer hijo quien vive con ella en prisión

durante sus primeros tres años, momento en que por reglamentación

del Centro tiene que ser separado de ella, siendo que el esposo se

hace cargo de su hijo, siguiendo la joven manteniendo contacto tanto

con su esposo, como con su hijo; en el año 2006, nace su nuevo hijo,

quien se encuentra en la actualidad a cargo de la joven sentenciada.

Situación que ha hecho que la sentenciada haya cambiado de no

tener una ilusión por nada, a tener una familia por quien luchar.

En razón de lo anterior, la joven desorientada se ha convertido, en

una esposa adulta madre de dos hijos, familiares que le dan la

contención necesaria en el exterior.

Psicólogos del Buen Pastor y del Programa de Sanciones

Alternativas han manifestado, que el ilícito cometido por la infractora,

pudo ser un hecho aislado y como reacción ante situaciones de

violencia que se generaron en la que fuera su familia. Por el





66

contrario, ahora ella tiene un núcleo familiar donde se quieren, le dan

apoyo y es totalmente funcional y no como la que tenía antes.

Este entorno familiar, es un hecho significativo para llegar a esta

decisión, ya que existe un niño recién nacido que deberá vivir en

prisión durante tres años, mientras que modificándose la sanción,

este podrá tener una familia que parece unida, que le puede dar

amor y bienestar en su propia casa.

Además, son nueve años los que esta joven ha estado en prisión,

teniendo como finalidad el proceso penal juvenil la reintegración

familiar y viendo que, en el caso concreto, la joven tiene dos niños

que la necesitan y que pueden hacer contención en ella.

Sobre el arrepentimiento: al parecer el arrepentimiento y reflexión

que muestra la sentenciada, son genuinos y no un invento para

ganar este beneficio, lo cual comprueba el juez por su cambio de

actitud, toda vez que al inicio de la ejecución de la sanción, la

infractora no hablaba de este tema y se limitaba a pedir una

oportunidad.

Por el contrario, ahora la sentenciada ha manifestado que reconoce

el daño que causó a la sociedad, a su familia y a ella misma, incluso

extraña a sus padres y quiere pedirles perdón, reconoce que si

estuviera en la misma situación, porque ahora la tiene, no haría lo

que hizo en aquel momento.

“… Las Psicólogas mencionadas, han dicho que todo ha sido un proceso, donde se buscó en las profundidades de la mente de… donde se dio cuenta que fue victima de agresión y luego de hacérsele ver el daño que hizo y que esa no era la mejor manera de resolver el problema





67

para luego, trabajar en la concientización, reflexión y arrepentimiento, lo cual se logró…”59

Esto es sumamente importante porque se le otorga la libertad a una

persona que conoce del mal que hizo y se ha arrepentido de ello.

Su proyecto de vida: consiste en cuidar a sus dos hijos y esposo,

trabajar dos días a la semana según oferta laboral presentada y

continuar estudiando según sus posibilidades.

Para el juez dicho proyecto, es viable, porque según informes

psicológicos, la joven tiene una personalidad definida, además el

plan lo ha elaborado junto con su esposo, para poder sacar adelante

a su familia.

En este momento no es una persona desorientada, tiene sus metas

definidas; la prisión ya no le puede proporcionar más para su

reinserción social, por el contrario, el mantenerse internada podría

traerle efectos mentales y sociales negativos. Los fines socio-

educativos no se cumplirían de tener que descontar la totalidad de la

sanción de internamiento.

La gravedad de los hechos que le fueron atribuidos en sentencia, no

justifican la posición del Ministerio Público de ver la sanción sólo con

fines expiatorios, por el contrario los fines de la sanción penal juvenil

son los que se deben tener presentes para valorar si la joven merece

una medida alternativa.

59

Tomado de Resolución N° 255-07, del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José, de las 13:30 horas del 1 de marzo del 2007, que corre a folio 2652 a 2660, del expediente judicial número 98-800506-0369-PJ.





68

El hecho de que se descuente la sanción en libertad, no equivale a

que se deje de cumplir con la responsabilidad penal, toda vez que la

ley prevé esta modalidad.

La atención psicológica: ésta fue brindada por los respectivos

profesionales del Programa de Sanciones Alternativas y el Centro

Buen Pastor y ha dado como resultado la necesidad de que la joven

avance con su terapia a una etapa para la cual requiere estar en

libertad, en un ambiente de paz y relajado para obtener resultados

positivos.

“… Entonces argumentando que ya no se debe tomar en cuenta el principio de proporción de la pena, es también importante que… avance en su atención a los problemas psicológicos que presenta y pueda superar las secuelas de todo este proceso traumático que ha sufrido y por ello, se puede decir que estamos en una etapa importante de la ejecución de la sanción, donde se puede propiciar ésta libertad para que se avance en su tratamiento psicológico…”. 60

En razón de todo lo anterior, concluye el juez de Ejecución de la Pena que

la sentenciada reúne todas las condiciones, por lo que se le modifica la sanción de

internamiento por una Libertad Asistida por el plazo de cinco años, con asistencia

al programa socio-educativo y atención a terapia psicológica, individual y grupal en

forma constante, que le asigne el Programa de Sanciones Alternativas. Asimismo

Órdenes de Orientación y Supervisión por el plazo de cinco años, que consisten

en: vivir con su esposo y sus dos hijos, en el domicilio que actualmente tienen o

bien en otro lugar y mantenerse laborando.

60






69

“En caso de que la joven incumpla con las sanciones alternativas impuestas injustificadamente deberá cumplir con el resto de la sanción de internamiento que tiene pendiente. Dispone el articulo 28 de la Ley de Ejecución Penal Juvenil lo siguiente: “Serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación ante el tribunal Superior Penal Juvenil, las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles que concedan algún beneficio que implique la liberación de la persona joven sancionada con privación de libertad. LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO NO SUSPENDERÁ LA EJECUCIÓN DE LO RESUELTO” (La mayúscula en negrita no es del original). De acuerdo con la normativa citada se ordena ejecutar la presente resolución y poner de inmediato en libertad a la joven… Mientras no haya adquirido firmeza ésta resolución, además de las sanciones alternativas impuestas… deberá presentarse a firmar a este despacho cada quince días a fin de que continúe atada al proceso y esté totalmente localizable.” 61

a.4. Recurso de Apelación.

La anterior resolución que modificó la sanción de internamiento por una

Libertad Asistida, fue apelada por el Ministerio Público, argumentado vicios en la

continuidad y la inmediación de la prueba, que conlleva a una errónea valoración

de la prueba, contradicciones en la argumentación y fundamentación incompleta,

toda vez que la resolución fue realizada aproximadamente cuatro meses después

de que se llevó a cabo la audiencia oral.

Argumentos que desarrolló el Ministerio Público de la siguiente forma:

61






70

El argumento fundamental por el que se decreta el cambio de

sanción es porque la sentenciada ya ha estado internada por un

largo periodo de tiempo, sin embargo, el juzgador se confunde y en

momentos habla de ocho años de prisión y en otros de nueve,

circunstancia de importancia si su resolución tiene este fundamento.

Además, considera el Ministerio Público que el periodo no es

proporcional en relación con la gravedad de los hechos, tratándose

de tres delitos de homicidio calificado contra sus propios familiares.

Siendo que,

“… el cambio de sanción fomenta la irresponsabilidad de la menor de edad, indicándole que perfectamente puede acabar con la vida de tres personas (una de ellas un niño de corta edad) y no sufrir mayores consecuencias.”62

Ya que para poder valorar proporcionalmente debe considerarse la

sanción en relación con los hechos acontecidos. Las

consideraciones que realiza el juez son subjetivas, sin establecer las

razones por las cuales el tiempo cumplido es proporcional a la

gravedad de los hechos, por lo que el auto carece de

fundamentación.

El argumento indicado por el juzgador, en cuanto a que debe

dársele la oportunidad a la persona menor de edad sentenciada de

cumplir el resto de su sanción en libertad, ya que la misma ha

comprendido la gravedad de su actuar, al haber interiorizado que fue

víctima de agresión y que su actuar no fue la mejor forma de

solucionar el problema, lográndose así la reflexión y arrepentimiento

de ella, según el Ministerio Público, no lleva razón toda que en la

sentencia del presente caso se determinó que la joven no era

62

Tomado de Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público, que corre a folio 2669 del expediente judicial número 98-800506-0369-PJ.





71

víctima de violencia, por el contrario tenía privilegios en su familia

con lo que se denota con total falta de fundamentación el juez a una

tesis contraria a la de la sentencia firme, invalidando así la

resolución que recurre. Aceptar esta justificación se aleja de los fines

de la Ley de Justicia Penal Juvenil. De igual forma, el juez se

contradice con lo expresado por la sentenciada al indicar que “...

todavía no sabe porqué mató a su hermano, esto pues apenas están

trabajando sobre ello…”, siendo perjudicial otorgar una medida que

cambie el proceso terapéutico porque no se lograría la finalidad de la

sanción.

El punto en cuanto a los efectos perjudiciales de la prisión, el

juzgador lo desarrolla en forma general y con aspectos que han sido

propios de la naturaleza de este instituto a lo largo de los años y no

lo analiza viendo el caso en estudio. Además, se contradice al

indicar que gracias a la terapia recibida durante su internamiento en

un centro especializado, la sentenciada logró un arrepentimiento, así

como madurar y fomentar un plan estable, sin embargo, explica que

la privación de libertad no aporta para su reinserción social.

Parte del fundamento de la resolución fueron los testimonios de

audiencias anteriores a la del 3 y 7 de noviembre del 2006, incluso

con un año de anticipación, audiencias en las cuales se contó con la

participación de un fiscal y un defensor diferentes a los presentes en

la audiencia que da origen a la modificación de la sanción, por lo

que tanto el Ministerio Público como la Defensa, no pudieron

interrogar a quienes dieron esas declaraciones, violentándose el

Principio de Inmediación de la Prueba, tampoco se puede recurrir al

expediente principal ya que no constan los mismos de manera

integral. El juez analizando la misma prueba de audiencias





72

anteriores en las cuales había denegado la modificación como por

ejemplo, que el buen comportamiento desarrollado por la joven

sentenciada dentro del centro, no significa que vaya a ser el mismo

una vez que se encuentre en libertad, sin determinarse en la

resolución recurrida las razones por las que cambia de opinión el

señor juez.

Por último el Ministerio Público alega que la sanción impuesta

carece de determinación para que se lleve a cabo su cumplimiento,

imponiéndose el vivir y trabajar de cualquier manera, alejándose de

la naturaleza de la sanción penal y resultando desproporcionada con

los hechos juzgados, sin versar en la resolución fundamentación que

justifique dicha sanción.

a.5. Resolución del Tribunal Penal Juvenil.

Como producto de la Vista Oral llevada a cabo por el Tribunal Penal Juvenil,

el día 30 de marzo del 2007, dicho Tribunal emitió el Voto 49-07, declarando con

lugar la apelación presentada por el Ministerio Público con fundamento en el

primer agravio alegado, toda vez que al ordenar el reenvío de la causa se vuelve

innecesario conocer los demás argumentos.

El Tribunal Penal Juvenil basó su decisión en los siguientes dos puntos:





73

Se desprende de los autos que la resolución del juez a quo, se dictó

cuatro meses después de que se llevó a cabo la audiencia oral, ya

que si bien es cierto, no existe norma expresa que determine que en

materia de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, se deba

resolver en un plazo determinado, supletoriamente la legislación

penal de adultos y penal juvenil, establece que se debe resolver de

manera inmediata y en casos complejos dentro del tercero o quinto

día posterior a celebrada la audiencia oral. Esta situación evidencia

una violación a las garantías constitucionales.

Es claro que, parte del fundamento de la resolución que modifica la

sanción, son los testimonios que brindaron tres años atrás, los

peritos requeridos para una audiencia anterior, transgrediendo los

principios de inmediatez y contradictorio.

Declarando el Tribunal Penal Juvenil con lugar la apelación presentada por

el Ministerio Público y por tanto:

“… se revoca la resolución impugnada y se ordena el reenvío de la causa a otro juez de la materia para una nueva sustanciación. Negada así la eficacia jurídica a esa resolución, se ordena la citación o en su defecto detención y ulterior remisión de la imputada a la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor.”63

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Penal Juvenil, el día 13 de

abril del 2007, el Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles

realiza la respectiva detención y remisión de la joven sentenciada a la Cárcel de

Mujeres El Buen Pastor.

63

Tomado del Voto N° 49-07, del Tribunal Penal Juvenil, de las 15:30 horas del 30 de marzo del 2007, que corre a folio 2690 al 2693, del expediente judicial número 98-800506-0369-PJ.





74

a.6. Recurso de Casación.

La Defensa Pública alega como único motivo por la Forma y el Fondo,

actividad procesal defectuosa de carácter absoluta por violación al debido proceso

y violación al principio de justicia especializada respectivamente.

Toda vez que, dos de las juezas que integraron el Tribunal Penal

Juvenil, no se encontraban elegibles dentro de las listas del Poder

Judicial para el puesto de Juez 4 Penal, Juez 3 Penal Juvenil, Juez

de Ejecución de la Pena, ni Juez 4 Penal Juvenil, donde es clara la

Ley de Justicia Penal Juvenil, que esta materia es especializada y

se requiere de un conocimiento especial por parte de los

funcionarios judiciales, con lo que se evidencia un agravio al

principio de Juez Natural, porque el juez de juicio debe cumplir los

requisitos que la Ley de Carrera Judicial y su reglamento establece.

Así mismo, se violenta el principio de Justicia Especializada, debido

a que dos de las juezas carecen de experiencia en la materia, no

cuentan con los exámenes requeridos y no figuran en la lista de

elegibles en materia penal juvenil.

Por tanto, la Defensa Pública solicita se declare con lugar el presente

recurso y se anule la resolución del Tribunal Penal Juvenil y se ordene la

inmediata libertad de la sentenciada.





75

a.7. Resolución del Tribunal de Casación Penal.

En el Voto 2007-594, del 31 de mayo del 2007, el Tribunal de Casación

Penal considera que el reclamo no es atendible ya que:

“… la circunstancia de que las Juezas…, no aparezcan en la lista de jueces elegibles para los cargos que cita el recurrente, no significa que ellas no pudieran válidamente fungir como suplentes del Tribunal Penal Juvenil de San José, ya que contrario al interés de la gestionante, no constituye un requisito para ser suplente ostentar la condición de elegible.” 64

El Tribunal de Casación Penal hace mención de la resolución 2007- 5932,

dictado por la Sala Constitucional al conocer el recurso de Hábeas Corpus

interpuesto por los mismos hechos que está recurriendo la Defensa Pública,

resolución en la que la Sala indicó:

“ “… los recurrentes acusan que se violentó el principio de juez natural y el de especialidad en la materia, por cuanto dos de las juezas que integraron el Tribunal Penal Juvenil, que emitió el voto No. 049-07, no están elegibles para los puestos de Juez 4 Penal, Juez 3 Penal Juvenil, Juez de Ejecución de la Pena, ni para el puesto de Juez 4 Penal Juvenil. Sobre el particular, debe resaltarse que el principio de juez natural o legal de la causa, debe ser entendido como el derecho que se tiene de ser oído plenamente y dentro de un plazo razonable, por un funcionario competente, independiente y objetivo. En la especie, el Tribunal que emitió el voto No. 049-07, no se trata de un Tribunal ad hoc, llamado a resolver un caso concreto que es lo que prohíbe la Constitución, al señalar que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por lo tribunales establecidos de acuerdo con la Constitución. Este último es el caso del Tribunal Penal Juvenil, quien es el competente para resolver el

64

Tomado del Voto N° 2007-594, del Tribunal de Casación Penal, de las 09:55 horas del 31 de mayo del 2007, que corre a folio 2767 al 2771, del expediente judicial número 98-800506-0369-PJ.





76

recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que otorgó la libertad asistida a la amparada, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Lo que se tutela a través del principio del juez natural es la prohibición de crear organismos ex post facto o especiales, para juzgar determinados hechos o a determinadas personas, sin la generalidad y permanencia propias de los tribunales de justicia. (RSC Nº 2000-06588, 15:27 horas, 26 de julio, 2000). Por ende, los cuestionamientos que hacen los recurrentes respecto a los atestados de las Juezas que integraron el Tribunal Penal Juvenil, son aspectos que no competen ser analizados por ésta Sala”…”65

Por todo lo anterior, el Tribunal de Casación Penal declara sin lugar el

recurso de Casación interpuesto por la Defensa Pública, manteniendo lo

resuelto en el Voto 049-07 del Tribunal Penal Juvenil, teniendo la sentenciada

que continuar cumpliendo su sanción de internamiento en un centro

especializado.

65

Ibídem.





77

b) Caso Limón.

b.1. Hechos probados en sentencia.

Hecho primero: El día 22 de junio del 2004, en horas de la noche, en el

establecimiento comercial denominado Bar Ericka, ubicado en la localidad de

Santa Martha de Bataan de la provincia de Limón, cuatro personas menores de

edad acompañadas por dos adultos, se encontraban compartiendo junto con el

ofendido.

Hecho segundo: Actuando de común acuerdo y respondiendo a un plan

previamente establecido, una de las personas menores de edad, procedió a invitar

al ofendido a su casa de habitación, ubicada en la misma localidad de Bataan de

Limón, siendo que al momento en que el ofendido y esta persona menor de edad

ingresaron a la morada, ya se encontraban dentro de la misma, las otras tres

personas menores de edad y los dos adultos.

Hecho tercero: De seguido, las cuatro personas menores de edad y las dos

personas adultas, procedieron a acometer contra la integridad física del ofendido,

atacándolo con un tubo por la cabeza y con un cuchillo por su estómago, producto

de dichas agresiones el ofendido perdió su vida.





78

Hecho cuarto: Acto seguido, todas estas personas, incluyendo las personas

menores de edad y los adultos, se apoderaron ilegítimamente de los bienes del

ofendido.

Hecho quinto: Posteriormente procedieron los acusados a enterrar el

cuerpo sin vida del ofendido, en el patio trasero de la vivienda.

b.2. Sanción Aplicada.

Específicamente a la persona menor de edad, que para este trabajo es de

interés y sobre el cual versará este apartado, y a quien en la etapa de ejecución se

le aplica el artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

se acogió a un proceso abreviado en el que se le impuso la sanción de siete años

de internamiento en un centro especializado, motivo por el cual en fecha 15 de

noviembre del 2004, la persona menor de edad sentenciada comienza a descontar

su sanción en el Centro de Formación Juvenil Zurquí.

Sin embargo, el joven se encontró detenido en detención provisional, desde

el 24 de junio del 2004 y hasta el 15 de noviembre del 2004, para un total de

CUATRO MESES Y DIECIOCHO DÍAS, quedándole SEIS AÑOS, SIETE MESES

Y DOCE DÍAS por descontar, según el Auto de Liquidación.66

66

Tomado del Auto de Liquidación, de fecha 12 de noviembre del 2004, visible a folio 445 en el expediente 04-001042-063-PJ.





79

b.3. Resolución que modifica la sanción privativa de

libertad.

Por resolución 144-07 del 14 de marzo del 2007, previa audiencia oral, el

Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer y Segundo Circuito Judicial de la

Zona Atlántica, le concede a la persona menor de edad de la que se viene

hablando, la modificación de la sanción que venía descontando, la cual era

privativa de libertad, cambiándosela por una Libertad Asistida con órdenes de

Orientación y Supervisión simultáneamente, resolución en la que se tiene por

demostrado los siguientes puntos de interés:

Que en informe rendido por el Consejo de Valoración del Centro de

Formación Juvenil Zurquí, se indica que el joven infractor: 1-

mantiene contacto con el grupo de origen, 2- cuenta con un recurso

de apoyo externo, del cual se desprenden elementos positivos y

alternativas viables para el desarrollo y crecimiento adecuado, 3- ha

generado cambios conductuales y cognitivos, lo que se refleja en su

forma de hablar, aprehensión de procesos, estabilidad emocional y

conductual, 4- se mantiene estable en su comportamiento lo que

permitió fortalecer las áreas vulnerables y dedicarse a su proyecto de

vida, consolidando sus capacidades y destrezas, 5- es el presidente

del comité de jóvenes privados de libertad, cargo que adquirió por su

comunicación adecuada, dinamismo, interés y creatividad, 6- es

parte de la selección de fútbol del Centro, notándose su disciplina,

destreza, habilidad en el deporte y colaboración con la consolidación

del equipo, 7- participa en el Proyecto de Cultura Artística, 8- estudia

en el III ciclo de educación general básica abierta, 9- ha adquirido

conocimientos en programas de computación, por lo que colaboró en





80

la elaboración del boletín informativo del Centro, 10- labora como

misceláneo, 11- participa en el taller Mi Vocación, con una actitud

positiva hacia el proceso grupal, 12- en razón de lo anterior, se

recomienda un cambio de medida por una menos gravosa.

Así mismo, en informe elaborado por el Centro de Formación Juvenil

Zurquí, se manifiesta: 1- que en los abordajes psicológicos

realizados enfocados a indicar los elementos psico-ambientales que

influyeron para que emitiera conductas desajustadas, la persona

menor de edad sentenciada, mostró una actitud abierta y objetiva de

los elementos surgidos en las sesiones de trabajo, confrontando sus

sentimientos y actos que lo inducían hacia el reconocimiento de sus

fallas y defectos, el reforzamiento de potenciales y sus virtudes, 2-

tiene una respuesta adecuada, ante las estrategias de control social

sobre el manejo de la ira y la impulsividad, 3- muestra una actitud de

respeto hacia sus iguales y hacia las figuras de autoridad, 4- se le

observa una motivación especial para crecer a todo nivel, a partir del

surgimiento de un nuevo proyecto de vida, 5- la actitud y el

compromiso con el proceso psicoterapéutico, ha sido de respeto y de

aceptación, logrando comunicar de manera armoniosa sus

sentimientos y pensamientos.

Según el cómputo de su pena, el joven sentenciado cumple con

prisión el 18 de mayo del 2011, con descuento el 11 de enero del

2010 y la media pena el 24 de setiembre del 2007.

El joven sentenciado no desea realizarse la valoración psiquiátrica en

Medicatura Forense, que fue solicitada por el Ministerio Público.





81

Tomando como prueba los anteriores hechos descritos, la Jueza de

Ejecución de la Pena, modificó la sanción, teniendo como fundamento lo siguiente:

La recomendación del Centro de Formación Zurquí, donde es

evidente que ha operado, en la persona menor de edad un cambio

en sus patrones internos de conducta, por su buena conducta post-

delictual, su vocación laboral y las valoraciones positivas de quienes

lo han abordado, los cuales son indicativos que permiten suponer la

readaptación social del mismo.

Que el joven sentenciado cuenta con aspectos internos y externos,

que le ayudarán a vivir en la sociedad, con el mínimo de probabilidad

de que vuelva a delinquir.

El plan de egreso que presenta el solicitante es viable, sólido y

estable, el cual fue debidamente acreditado, mediante informes y en

la audiencia celebrada.

La oferta laboral le dará al joven la independencia económica, para

que pueda velar por sus necesidades.

A su salida, se ubicará en un entorno diferente, a la zona en la

delinquió.

Ha tenido la capacidad de reconocer el daño causado y ha

reflexionado sobre su actuar disocial, que durante su reclusión le ha

permitido llegar a un equilibrio emocional y conductual, para la

reinserción social, con el mínimo riesgo.





82

Partiendo de las características personales, familiares, sociales y laborales,

se estableció una Libertad Asistida por el término de cuatro años, estableciéndose

las siguientes condiciones:

“a) Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas o drogas. b) Deberá matricularse en algún centro educativo. c) Deberá mantener un buen comportamiento dentro de la comunidad en la cual va a residir. d) Deberá residir… en la Cruz de Guanacaste. e) Deberá efectuar cien horas de trabajo comunal gratuito, sea en Iglesias, Bomberos, Cruz Roja, asilos de ancianos, hospitales, etc, en labores de mantenimiento, aseo, o cualquier otra que se le encomiende. Se le advierte de su deber de mantener informado y presentar comprobantes de tal cuestión a la citada oficina del Programa de Medidas Alternativas. f) No podrá salir del país, para lo cual se extiende las comunicaciones u oficios de rigor a la Dirección General de Migración y Extranjería, para que procedan a extender el correspondiente IMPEDIMENTO DE SALIDA. g) No puede visitar centros penitenciarios del país, con excepción del Centro de Formación Juvenil Zurquí, para recibir la atención técnica profesional. h) Prohibido portar y utilizar armas de cualquier tipo. i) No deberá cometer nuevo hecho delictivo; j-) Deberá mantenerse laborando…; k) El cambio laboral o domiciliario no podrá hacerlo previa autorización y verificación de las condiciones por el Programa de Sanciones Alternativas para Adolescentes. l) Dentro de los siguientes ocho días de su egreso, deberá presentarse al Centro de Formación Juvenil Zurquí, para el cumplimiento de las condiciones impuestas en ésta resolución, así como las veces que se lo señale dicha oficina. Las anteriores condiciones son BAJO EL APERCIBIMIENTO, de que si IMCUMPLE una sola de las mismas se le revocará la Libertad Asistida y se ordenará inmediatamente SU CAPTURA.”67 De inmediato el joven infractor, quedó en libertad aunque dicha resolución

aún no había adquirido firmeza.

67

Tomado de Resolución N° 144-07, del Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 07:25 horas del 14 de marzo del 2007, del expediente judicial número 04-001042-063-PJ.





83

b.4. Recurso de Apelación.

Esta resolución que otorgó la libertad anticipada al sentenciado, fue

apelada por el Ministerio Público, argumentando que no se encontraba ajustada a

derecho y que adolecía de vicios que la invalidaban, ya que la juzgadora hizo una

valoración sesgada de la prueba, careciendo de fundamentación, por las

siguientes razones:

La juzgadora concluye que el joven ha mantenido un desempeño

notable durante el tiempo que ha estado detenido, con base en

informes remitidos por el Centro de Formación Juvenil Zurquí, sin ser

éstos los más recientes en el presente caso, toda vez que, por el

contrario, los nuevos informes indican una situación diferente a la de

los anteriores informes que dieron sustento a la resolución.

El informe trimestral del Plan Individual de Ejecución, el cual no es

tomado en cuenta por parte de la jueza, establece que el joven

asiste de forma irregular al módulo de atención a la violencia,

encontrándose en la primera parte del proceso, que es de

sensibilización. Lo anterior, no es compatible con la conclusión de la

juzgadora, acerca de que el joven tiene conciencia clara sobre el

hecho y las consecuencias de su actuar. Asimismo el informe indica

que el sentenciado fue involucrado en una denuncia judicial,

relacionado con una agresión física y sexual, sin que ello se tomara

en cuenta a la hora de resolver el cambio de modificación.





84

La señora jueza no fundamentó las razones por las que no tomó en

cuenta los informes más recientes en el presente caso.

El hecho de que la persona menor sentenciada mantenga una

conducta conforme a los lineamientos institucionales durante su

período de internamiento, por sí solo, no es un elemento objetivo

para afirmar que el joven va a actuar de acuerdo al ordenamiento

jurídico, una vez fuera de prisión. Debe de recordarse que dentro del

centro de internamiento especializado, se mantiene sometido a todo

un aparato de control que no existe al exterior de dicha institución.

El tiempo por el cual la persona menor de edad ha permanecido

privado de libertad, no es proporcional con la gravedad del ilícito que

cometió,

“... considerando esta representación que el cambio de sanción en éstos momentos no hace otra cosa más que fomentar la irresponsabilidad del menor de edad, indicándole que perfectamente puede acabar con la vida de otra persona y no sufrir mayores consecuencias…”.68

Sin exponerse en la resolución, los motivos por los cuales se

considera que, el tiempo ya cumplido de internamiento es

proporcional y razonable con los hechos sancionados, siendo que el

joven ni siquiera ha descontado la mitad de la sanción impuesta. La

juzgadora no fundamenta este motivo, sólo realiza una cita

jurisprudencial sin relacionarla con el caso que se estudia.

68

Tomado del Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público, que corre de folio 1194 a 1199, en el expediente judicial número 04-001042-063-PJ.





85

Las sanciones no privativas de libertad que impone la jueza, se

encuentran indeterminadas, unas de ellas son atípicas y carecen de

fundamentación.

Con dicho recurso, el Ministerio Público solicita se declare con lugar la

apelación, se decrete la ineficacia de la resolución recurrida y en su lugar se

mantenga la sanción de internamiento en centro especializado.

b.5. Resolución del Tribunal Penal Juvenil.

Una vez admitido el Recurso de Apelación, se lleva a cabo la Vista Oral el

día 23 de abril del 2007, en donde las señoras juezas del Tribunal, después de

analizar los respectivos autos, declararon parcialmente con lugar la resolución

apelada, toda vez que para el Tribunal, este fallo cuenta con la fundamentación

necesaria, e incluso de los informes se desprende que el comportamiento que el

joven ha desempeñado es adecuado y da cabida a un cambio de sanción. Por

otra parte, el informe al que se refiere el Ministerio Público, el cual recomienda

mantener la sanción de internamiento al joven sentenciado, no es vinculante para

la decisión a tomar por la jueza de ejecución, y es por tales motivos, que se

confirma la Libertad Asistida otorgada.

Sin embargo, se revoca la resolución en cuanto a las órdenes de

orientación y supervisión impuestas, incluso algunas de ellas siendo atípicas,

siendo que, el hecho de que la jueza de ejecución haya impuesto tales órdenes,

imposibilita el trabajo del Programa de Sanciones Alternativas quien es el





86

encargado del seguimiento de la Libertad Asistida, y además, el ente

especializado en abordar individualmente al sentenciado.

Razones por las cuales se dejan sin efecto las órdenes de orientación y

supervisión numeradas de la a) a la e) y se confirma la Libertad Asistida, para que

una vez que el joven se presente al Programa de Sanciones Alternativas, le sea

diseñado en este lugar, su Plan Individual de Ejecución. En todo lo demás la

resolución se confirma.

b.6. Recurso de Casación.

El Ministerio Público alega como primer motivo de Casación por la forma:

falta de fundamentación de la resolución, en cuanto a la individualización y

determinación de la sanción.

“El Juzgado de Ejecución de la Pena en su función fundamental dentro del Proceso Penal, deberá fundamentar debidamente las resoluciones, exigencia que integra el Debido Proceso. Es decir, fundamentar es indicar el razonamiento con exposición “expresa, clara, coherente, concisa, completa, legítima y lógica” de los motivos de hecho y de derecho esenciales de valor decisivo para resolver el hecho, situación, causa o problema- penal- bajo examen. De tal manera que si FALTARE o fuere CONTRADICTORIA la fundamentación, la sentencia quedará viciada o defectuosa en forma absoluta y por la tanto INVÁLIDA…”69

Toda vez que la juzgadora no fundamenta el cambio de modalidad de la

sanción, ni los motivos por los cuales considera que el tiempo durante el cual el

69

Tomado del Recurso de Casación presentado por el Ministerio Público, el 3 de mayo del 2007, en el expediente judicial número 04-001042-063-PJ.





87

menor sentenciado ha estado privado de libertad, es proporcional y razonable con

los hechos que se le atribuyen. Sin embargo, para el Ministerio Público, el tiempo

que ha descontado, la persona menor de edad no es proporcional con los hechos,

en tratándose de un delito de homicidio calificado, y que ni siquiera se ha

cumplido con la media pena. Ya se ha establecido en jurisprudencia nacional que

en materia penal juvenil, la proporcionalidad de la sanción debe responder a la

reprochabilidad por el hecho.

El Tribunal Penal Juvenil incurre en ese mismo error, al no fundamentar

dicha proporcionalidad y tampoco las razones por las cuales se cumple con las

diversas finalidades de la sanción penal juvenil, restringiéndose solamente a los

informes en donde se indicaba que el joven venía avanzando en el proceso de

ejecución.

El segundo motivo de casación por la forma, versa sobre la fundamentación

incompleta de la resolución en virtud de preterición de prueba, toda vez que

cuando se suprime ilegítimamente el análisis de una prueba que resulta esencial,

se vicia la resolución, por lo que el juzgador debe analizar de conformidad con las

reglas de la sana crítica racional, la totalidad de las pruebas sometidas de su

conocimiento.

Situación que no se dio en la resolución de la jueza de Ejecución de la

Pena, al no fundamentar los motivos por los que no toma en cuenta el último

informe rendido, para decretar la libertad anticipada. Careciendo de la debida

fundamentación dicho pronunciamiento.

Finalmente como tercer motivo de casación, se señala la errónea aplicación

del derecho, toda vez que el Tribunal Penal Juvenil, violentó normas de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles





88

y de la Constitución Política, ya que es únicamente un juez de la República, quien

puede imponer sanciones a las personas menores de edad.

Resulta imposible que el Programa de Sanciones Alternativas imponga

órdenes de orientación y supervisión, ya que más bien su función es formular el

Plan de Ejecución Individual, estableciendo los medios por los cuales el joven

cumplirá con las sanciones ordenadas por la autoridad judicial, sanciones

previamente establecidas.

Asimismo, el Tribunal Penal Juvenil, sin fundamentación alguna, deja

vigente el impedimento de salida del país, que se le impuso a la persona menor

de edad como orden de orientación y supervisión, siendo ésta atípica y de manera

incomprensible anula las sanciones legalmente establecidas.

Con esta Casación, el Ministerio Público pretende que se declare con lugar

el recurso, se casen los fallos que cambian la modalidad de cumplimiento de la

sanción impuesta y se ordene continuar con la sanción de internamiento en centro

especializado.

b.7. Resolución del Tribunal de Casación.

El Tribunal de Casación Penal acoge el recurso presentado por el

Ministerio Público, y decide que por efectos de economía procesal, se va a

pronunciar únicamente con respecto al segundo motivo de impugnación.





89

Sobre dicho motivo, considera el Tribunal que es de recibo, ya que si bien

es cierto el último informe recibido, no es vinculante para la resolución que

determina el cambio de modalidad de la sanción, el fallo sí carece de

fundamentación por no haber expuesto las razones por las cuales se omitía

pronunciamiento en relación a este.

Así mismo, señala e Tribunal de Casación Penal, que existe una errónea

justificación por parte del Tribunal Penal Juvenil, al confundir la finalidad de la

pretensión del Recurso del Apelación, ya que, lo que argumentó el Ministerio

Público, es una falta de fundamentación por la omisión de pronunciamiento sobre

el nuevo informe en donde cambian las condiciones del infractor, el cual es

prueba fundamental para que la jueza llegue a una conclusión, considerando el

Tribunal Penal Juvenil que el alegato se dirigía más bien, a que, se debió tomar

solamente la recomendación del último informe para resolver el cambio de

modalidad.

“…como apropiadamente lo indica el gestionante en el recurso planteado, e incluso lo señaló al plantear el recurso de apelación (folios 1194 a 1199), al disponer el cambio de la modalidad de la sanción la Juzgadora omitió toda referencia al informe trimestral de folios 1110 a 1115 del tomo III, que corresponde al mes de noviembre de 2006, y en el cual se indicó -en lo conducente- que W. M. se incorporó en el Grupo de Atención a la Ofensa Física a partir del mes de setiembre , haciéndose un extenso desarrollo de la propuesta de abordaje y los objetivos del programa, para de seguido indicar que " el joven en mención, presenta conocimiento de algunos de los conceptos abordados..., sin embargo, mantiene una asistencia irregular... Es de rescatar, que este recientemente se integró al grupo, el cual se encuentra en la primera fase del proceso: la sensibilización...En cuanto al delito, es de apuntar, que este no hace referencia de manera significativa, únicamente menciona que es responsable, pero que merece otra oportunidad... Se acuerda recomendar ante el Juzgado de Ejecución de la Pena de Limón que permanezca con el plan de atención..." ( Cfr . folios 1114 y 1115). Acorde con lo expuesto, el último informe trimestral que aparece agregado a los autos, contiene





90

una serie de aspectos que debieron ser ponderados por la Juzgadora al resolver la petición, sin que sea atendible lo resuelto por el Tribunal Penal Juvenil, al señalar con la finalidad de justificar la falta de valoración de prueba reprochada, que "la circunstancia de que en ese informe se indique de(sic) que se recomienda mantener al joven en internamiento y en las demás etapas no es una circunstancia vinculante para la jueza y a juicio del Tribunal ella fundamenta adecuadamente las razones que la llevan a considerar en la necesidad del cambio de medida..." ( folio 1239). Desde esta perspectiva, el Tribunal de alzada evidentemente confunde el contenido del agravio, en tanto interpreta que el gestión tenía por finalidad que se acogiera lo señalado en el citado informe, pretendiendo desde esa perspectiva del todo errónea, justificar la falta de fundamento reprochada. Es evidente, que en este caso lo que se ha venido reprochando no es que la Juzgadora se haya apartado del informe, sino la ausencia de todo fundamento al respecto, ya que no obstante no estar obligada a aceptar las recomendaciones incluidas en el mismo, sí debió haber valorado su contenido para fundar adecuadamente el cambio de modalidad de la sanción impuesta, y al no proceder de esa manera incurrió en el vicio reprochado, sobre todo si se toma en cuenta que el menor, ni siquiera en contención cumplió con su deber de asistir puntualmente a las sesiones del Grupo de Atención a la Ofensa Física , de manera que sí tenían relevancia los últimos informes rendidos sobre ese aspecto para disponer o no una libertad asistida.”70

Por lo tanto en el Voto 605-07 de las catorce horas cuarenta y cinco

minutos del treinta y uno de mayo del dos mil siete, el Tribunal de Casación Penal:

“…declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público. Se anulan las resoluciones dictadas por el Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica , número 144-07 de las 7:25 horas del 14 de marzo de 2007, y por el Tribunal Penal Juvenil número 060-07 de las 10:00 horas del 23 de abril de 2007. En razón

70

Tribunal de Casación Penal, voto 605, de las 14:45 horas del 31 de mayo del 2007.





91

de lo resuelto, por innecesario se omite pronunciamiento sobre los restantes motivos...”.71

b.8. Audiencia Oral para Cambio de Modalidad de

Sanción.

Vista la resolución del Tribunal de Casación Penal, que anula la libertad

anticipada otorgada por la Jueza de Ejecución de la Pena del Primer y Segundo

Circuito Judicial de la Zona Atlántica, se realiza una audiencia oral en fecha 13 de

agosto del 2007, para que la jueza de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, conozca de la solicitud de cambio de modalidad de la sanción de

internamiento que en su momento fue solicitada por el joven sentenciado.

Expone el Defensor Público, que solicitaron esta audiencia, para que al

joven no se le cambie de forma automática la medida de libertad, como lo dispuso

el Tribunal de Casación Penal.

De seguido la jueza le aclara a la Defensa, que la audiencia se hace con el

fin de que se exponga el Plan de Egreso que proponen para el joven, ya que el

Tribunal de Casación Penal al anular la resolución del Juzgado de Ejecución de la

Pena de Limón y del Tribunal Penal Juvenil, retrotrae este proceso hasta antes del

dictado de esos dos fallos.

Manifiesta la Defensa que se le ha cambiado el panorama, por cuanto las

circunstancias para el joven han cambiado en este momento, por ejemplo, el lugar

71

Tribunal de Casación Penal, voto 605, de las 14:45 horas del 31 de mayo del 2007.





92

de residencia que puede ofrecer es el de la casa de su madre y no en

Guanacaste, como se hizo anteriormente, por lo tanto ambos desisten de la

solicitud de cambio de modalidad de sanción hecha.

Se le concede la palabra al sentenciado, quien confirma que desiste de la

solicitud en cuestión.

El Ministerio Público, solicita que se ordene el Internamiento del joven, para

el cumplimiento de la sanción en el Centro correspondiente.

La jueza resuelve:

“… que en virtud de la Resolución del Tribunal de Casación Penal que dejó sin efecto la Modificación del Internamiento por una Libertad Asistida, lo que corresponde es que usted se interne en el Centro Adulto Joven para continuar cumpliendo con la sanción que en su momento le impusiera el Juzgado Penal Juvenil. En el momento en que su defensa lo considere oportuno, puede formular una nueva solicitud para valorar la posibilidad de un cambio de modalidad, lo cual se procederá a resolver en su momento…”.72

Inmediatamente, el joven queda detenido y es trasladado al Centro Adulto

Joven, para que continúe descontando el resto de la sanción de internamiento que

tenía pendiente, esto después de haber estado cinco meses en libertad.

72

Tomado de la Resolución 469-07, del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, del 13 de agosto del 2007, que corre de folio 1326 a 1328, en el expediente judicial 04-001042-063-PJ.





93

CAPÍTULO IV





94

IV. INSTITUTO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA COMO EXCEPCION

AL EFECTO SUSPENSIVO DE LOS RECURSOS EN LA FASE DE

EJECCUCIÓN PENAL JUVENIL.

a) Naturaleza de los Recursos.

Los recursos son los institutos contemplados en la Legislación que permiten

anular o modificar una resolución. Para así asegurar el efectivo cumplimiento de la

justicia, toda vez que al estar ésta administrada por personas, es propensa a

poseer errores, que pueden ser subsanados, por medio de dichos mecanismos.

Así mismo al establecerse un procedimiento que faculta a la parte

agraviada, a solicitar que la resolución que le afecta sea revisada por una

instancia superior, permite el cumplimiento del principio de la doble instancia,

contemplado en instrumentos internacionales como la Convención Americana

sobre los Derechos Humanos, artículo 8.2.h:73

“Artículo 8. Garantías Judiciales

…2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

73

http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/tratados/ti6.htm





95

h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.”

Se hace mención al instrumento internacional, en virtud de que nuestra

Constitución Política no consagra tal principio, lo cual no le hace perder

importancia, ya que La Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene

rango constitucional al estar ratificada por Costa Rica.

No se debe dejar de lado que, con este instituto se logra además de

controlar la administración de la justicia por parte de los jueces, brindar la

seguridad a los usuarios de que la resolución final es acorde con la recta

aplicación del Derecho.

“En la administración de justicia penal sobre todo, subsistente el sistema de persecución penal estatal, los recursos no significan… al menos en primer lugar, una garantía procesal a favor del imputado o del condenado, sino, antes bien, un medio de control por tribunales superiores sobre el grado de adecuación de los tribunales inferiores a la ley del Estado, comprendidos en ella no sólo la forma del enjuiciamiento y su solución, sino, también, en ocasiones, la fundamentación de las decisiones y la valoración que esos tribunales inferiores hacen del material incorporado al procedimiento.”74

Como es evidente que estos medios de impugnación deben estar

regulados, se hace necesaria la observación de parámetros para su aplicación,

entre los que se encuentran:

74 MAIER (Julio B.J.) (2004) Derecho Procesal Penal: Fundamentos. 2ª ed. Buenos Aires: Editores

Del Puerto. p. 706.





96

“a) Regla de interpretación. Los jueces deberán interpretar restrictivamente las disposiciones legales que limiten el ejercicio al derecho de recurrir. En esta materia se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de la facultad de recurrir, conferida a quienes intervienen en el procedimiento. b) Justicia Pronta. El recurrente tiene derecho a una decisión judicial en un plazo razonable: la justicia debe de ser pronta, así lo indica nuestra Constitución Política. c) Independencia. Para resolver un recurso, los jueces tienen independencia y solo están sometidos a la Constitución Política, al Derecho Internacional y Comunitario vigentes en Costa Rica y a la Ley. d) Objetividad. Los jueces deben resolver con objetividad los recursos sometidos a su conocimiento, además han de consignar en sus resoluciones y valorar en sus decisiones, tanto las circunstancias perjudiciales para el impugnante como las que le son favorables, preservando el principio de igualdad procesal y allanando los obstáculos que impidan su vigencia o lo debiliten. e) Solución del conflicto. Para la solución de los recursos, los jueces deben de actuar de conformidad con los principios contenidos en las leyes, procurando contribuir a restaurar la armonía social entre sus protagonistas. f) Estado de inocencia. El imputado debe de ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme. En caso de duda acerca de las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Este principio es de vital importancia en el recursos de casación. g) Inviolabilidad de la defensa. En materia de recursos, es inviolable la defensa de cualquiera de las partes en el procedimiento. h) Saneamiento de defectos formales. El juez que constate un defecto formal en cualquier recurso debe comunicarlo al interesado, otorgándole un plazo para corregirlo.”75 Viene al caso mencionar lo dicho por la Sala Tercera, con respecto a los

recursos:

75

CONEJO AGUILAR (Milena María). Medios de Impugnación y Defensa Penal. San José, CR: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 1

a edición, 2002, p. 40.





97

“Por su parte, el recurso de revocatoria está previsto sólo contra providencias y autos, no contra sentencias (ver artículo 434 del Código Procesal Penal), por lo que la solicitud de revocatoria tampoco surte efecto suspensivo del término para presentar el recurso de casación. Ahora bien, es necesario tener claro que el recurso de apelación cabe sólo contra aquellas resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales que intervienen en las fases preparatoria e intermedia (artículo 437 del Código Procesal Penal). En ese sentido, debe mencionarse que, conforme al artículo 315 del Código Procesal Penal, sería posible plantear el recurso de apelación contra el dictado de sobreseimiento, pero ello en la fase intermedia. En este caso se está ante una situación diferente a la regulada en los artículos 315 y 437 mencionados, pues la sentencia de sobreseimiento que aquí interesa, la dictó el Tribunal de mérito en la fase de juicio, con base en otra normativa (específicamente el artículo 340 del Código Procesal Penal) que expresamente señala como único medio impugnaticio de este tipo de resolución, el recurso de casación (lo cual se reitera en el numeral 444 ejúsdem). Así las cosas, la apelación formulada tampoco surtía efecto suspensivo alguno respecto del término para acudir ante el respectivo órgano de casación…”76

a.1. Recurso de Revocatoria.

El recurso de revocatoria se interpone ante el mismo juez que dictó la

resolución a impugnar, con la particularidad de que quien resuelve es el mismo

juez ante quien se está presentando el recurso, siendo un recurso horizontal. Es

por esto que algunos consideran que este medio de impugnación carece de

importancia77, toda vez que es difícil que quien acaba de resolver, cambie su

criterio, solo por que alguna de las partes no concuerde con él.

76

Sala Tercera, voto 85, de las quince horas del quince de febrero del 2007. 77

LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado). San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 3ª edición, 2006, p. 527.





98

Por otro lado, se puede considerar que dicho instrumento tiene su

fundamento en la economía procesal, por motivo que agiliza la subsanación del

supuesto agravio, al no tener que recurrirse a otra instancia. De igual manera hay

procedimientos en los que solo se contempla el recurso de revocatoria como

forma de recurrir.

El artículo 20 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles

contempla este recurso, en lo que respecta

“Recursos Legales. Contra las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles procederán los recursos de revocatoria, apelación y casación…”

El artículo 20 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles se

complementa con el artículo 27 de esta misma ley, donde se determina su

procedencia y plazos,

“Artículo 27. Recursos Legales, plazos y competencia. Los recursos de revocatoria y apelación procederán contra las resoluciones del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles que afecten derechos fundamentales de la persona sancionada. Ambos recursos podrán ser interpuestos por la persona sancionada, su abogado defensor o el Ministerio Público y la Dirección General de Adaptación Social, en la persona del director general o del director del centro de internamiento especializado; y deberán presentarse, a más tardar, dentro del tercer día hábil posterior a la notificación respectiva. El Juzgado de Ejecución deberá resolver la revocatoria en un plazo máximo de tres días hábiles y el Tribunal Superior Penal Juvenil deberá resolver la impugnación en un plazo máximo de quince días hábiles. La interposición de éstos recursos suspenderá la ejecución de la resolución o medida administrativa hasta que se resuelvan definitivamente. El recurso de casación deberá ser interpuesto dentro de los diez días siguientes a la notificación y resuelto por el Tribunal de Casación Penal, en un plazo máximo de un mes.”





99

a.2. Recurso de Apelación.

La jurisprudencia apoyada en doctrina se ha referido al recurso de

apelación definiéndolo como:

“Así, en primer término, debe indicarse que el recurso de apelación se define, en términos generales, como: “…el medio de impugnación concedido por regla general a las partes que han sufrido un gravamen, con motivo de una sentencia definitiva o interlocutoria que decide artículo o causa gravamen irreparable, por serle desfavorable, y contiene, a su entender una injusticia, debido al error de juicio del tribunal de grado inferior con la finalidad de que un Tribunal de grado superior, proceda a un nuevo examen de la cuestión resuelta, revocándola o modificándola del modo más favorable a su interés” .(RUBIANES, CARLOS J. Manual de Derecho Procesal Penal. Tomo III. Ediciones Depalma, Buenos Aires; pp 295, 1985).”78

A diferencia del recurso de revocatoria, el recurso de apelación es vertical y

tiene efecto devolutivo; consiste en que otro tribunal superior jerárquicamente

resuelva la impugnación, ya sea declarando sin lugar el recurso, modificando o

anulando la resolución.

“Desde esa perspectiva, tenemos, entonces, que el recurso de apelación previsto en nuestra normativa gozará siempre y en todos los casos un efecto devolutivo, sin perjuicio de que concurran también en él un efecto suspensivo o extensivo, entendiéndose que el superior sustituirá al inferior en el conocimiento de la causa.”79

78 Sala Tercera, voto 918, de las quince horas treinta minutos del 18 de septiembre de 2006.

79 Sala Tercera, voto 918, de las quince horas treinta minutos del 18 de septiembre de 2006.





100

El artículo 20 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles

además de contemplar el recurso de apelación, detalla de forma taxativa la

impugnabilidad objetiva:

“…Son resoluciones apelables ante el Tribunal Superior Penal Juvenil, las siguientes: a) Las que resuelvan incidentes de ejecución.

b) Las que aprueben o rechacen el plan individual de ejecución.

c) Las que resuelvan, en fase de ejecución, modificaciones al computo de la sanción.

d) Las que constituyan ulterior fijación de pena.

e) Las que ordene un cese de sanción.

f) Cualesquiera otras que causen gravámenes irreparables…”,

toda vez, que el recurso de apelación es taxativo,

“El recurso de apelación debe cumplir con ciertos requisitos formales para su admisibilidad, como lo son, el haber sido presentado por escrito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, debidamente fundado y ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida (art. 114 Ley de Justicia Penal Juvenil). Todos los requisitos formales de admisibilidad fueron cumplidos en el recurso de apelación que se conoce. Junto a los requisitos formales de interposición del recurso de apelación, su admisibilidad está determinada también por el cumplimiento de los principios de taxatividad objetiva y subjetiva de los recursos, según los cuales las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos y el derecho a recurrir corresponderá tan solo a quien le sea expresamente acordado. (art. 113 ibidem).”80

80

Tribunal Penal Juvenil, voto 105, de las 08:00 horas del 22 de julio del 2002





101

De acuerdo con el artículo 27 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, se amplía la apelación a todas aquellas resoluciones que

afectan los derechos fundamentales de las personas sentenciadas.

Así mismo, tanto el anterior artículo, como el 19 del mismo cuerpo

normativo, establece que quien conoce en alzada es el Tribunal Penal Juvenil,

cumpliendo con el principio de justicia especializada,

“Incluso el mismo artículo 30, inciso c) de la Ley de Justicia Penal Juvenil que se refiere a la creación del Tribunal Superior Penal Juvenil, indica como funciones del mismo: “…Conocer de las apelaciones procedentes que se interpongan dentro del proceso penal juvenil”.”81

Sin embargo, como el trámite para llevar a cabo dicho procedimiento no se

contempla en la Ley de Ejecución Penal de las Sanciones Penales Juveniles, es

necesario recurrir supletoriamente al artículo 114 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, donde se señala que el Tribunal emplaza a las partes para que

comparezca en audiencia oral y defiendan sus argumentos.

a.3. Recurso de Casación.

El recurso de casación es otro de los medios de impugnación que

contempla la legislación penal costarricense, es un recurso que debe de cumplir

con el principio de preclusión, no se puede presentar sin antes no haber agotado

sus anteriores etapas, así mismo:

“El recurso de casación puede ser definido como el medio de impugnación por el cual una parte solicita a un órgano superior la

81

Tribunal Penal Juvenil, voto 35, de las 08:30 horas del 04 de febrero del 2005





102

revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia o resolución de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o solicitando la anulación de la resolución para una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio.”82

La casación penal permite a todas las partes procesales plantearla,

cumpliendo con el principio de igualdad, para someter ante el ad quem el estudio

de juicios tanto de hecho como de derecho.

En materia de ejecución penal juvenil quien conoce los recursos de

casación siempre será el Tribunal de Casación Penal83, siendo indiferente el

quantum de la sanción y aunque los fallos emitidos por este Tribunal no son

vinculantes, sí es necesario que sean tomados como base tanto por quienes

interponen el recurso como por quienes resuelven, siendo que a la hora de

apartarse de este criterio es necesario fundamentar las razones.

Los recursos de casación están regulados en el artículo 20 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, que en lo conducente indica:

“Artículo 20. Recursos legales. Contra las resoluciones del juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles procederán los recursos de revocatoria, apelación y casación. Son resoluciones apelables, ante el Tribunal Superior Penal Juvenil, las siguientes:…

d) Los que constituyan ulterior fijación de pena.

82

ARCE VÍQUEZ (Jorge Luis). Los Recursos. En: Derecho Procesal Penal Costarricense. Vol.2. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1

a edición, San José, 2007. pp 576.

7

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles: ―Artículo 20.—Recursos legales. El

recurso de casación procede ante el Tribunal de Casación Penal…‖





103

…El recurso de casación procede ante el Tribunal de Casación Penal, solo contra las resoluciones que constituyan ulteriores modificaciones a la pena.”

Se hace referencia al inciso d), por cuanto esta disposición de que el

Tribunal Penal Juvenil tenga que conocer las ulteriores fijaciones de pena y que

las ulteriores modificaciones de pena sean solo conocidas por el Tribunal de

Casación Penal, trajo consigo un conflicto de competencia, porque este último

alegó que para conocer un caso debe de agotarse la vía de recursos establecida

por ley.

“…y se indicó en un artículo de la ley cuando se habla de recursos verdad, el listado de las resoluciones que son apelables, que son bastantes, casi que todo podríamos decir, yo creo que todo, y lo que se indicó es en el último párrafo de ese artículo que solo se presentaba recursos de casación a las resoluciones que impliquen una ulterior modificación de la pena, desde que empezó la vigencia de la ley trae problemas, porque este listado de las resoluciones que tenían recurso de apelación decía las que presenten una ulterior fijación de la pena, entonces ya nos cuestionábamos nosotros que es fijación y que es modificación, o sea que se nos aclare qué es fijación y que es modificación de la pena porque eso puede generar problemas al momento de que entre en vigencia la ley…”84

Tal conflicto fue resuelto por Corte Plena, dándole la razón al Tribunal de

Casación Penal, disponiendo

“…resulta claro que, respecto de las resoluciones “que constituyen ulterior fijación de la pena” el legislador quiso que fueran apelables (ante el Tribunal Superior Penal Juvenil) y además casables (ante el Tribunal de Casación correspondiente). Lo anterior nos evita

84






104

caer en prácticas inadecuadas como lo sería el hecho de agotar los recursos ordinarios específicamente previstos en la ley, o bien, prohijar el recurso de casación per saltum, que tampoco se justifica. Además debe entenderse que la distinción que cree ver el Tribunal Superior Penal Juvenil entre “ulterior fijación de la pena” y “ulterior modificación de la pena” en realidad no procede hacerla. Doctrinariamente solo se distingue entre la primera u original fijación de la pena, que es aquella que realiza el tribunal sentenciador, y las ulteriores y sucesivas modificaciones de la pena a cargo de los tribunales de ejecución o especializado. De esta manera, en el artículo 20 ya mencionado debe interpretarse que ulteriores fijaciones o ulteriores modificaciones de la pena… se refieren a la misma e idéntica situación…”85

De lo anterior se desprende que para poder interponer un recurso de

casación en la etapa de ejecución penal juvenil, es necesario que se haya

interpuesto y resuelto el recurso de apelación.

El artículo 20 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

se tienen que analizar en concordancia con el artículo 27 del mismo cuerpo

normativo, al cual se ha hecho referencia en varias ocasiones, porque es en este

último donde se establece, la legitimación y el plazo de diez días para presentar el

recurso de casación, la competencia del Tribunal de Casación Penal, así como el

período de un mes para ser resuelto.

85

Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, Ministerio Público. Manual de Ejecución Penal Juvenil. Edición Unidad de Capacitación y Supervisión Ministerio Público, San José, CR, 2006. pp 31, 32.





105

a.4. El Procedimiento de Revisión.

El procedimiento de revisión, se encuentra en la Ley de Justicia Penal

Juvenil, contemplado en el artículo 119 de la misma. Se presenta una vez que

existe sentencia firme que agravia los intereses del sentenciado, con la finalidad

de beneficiar al anterior.

“La revisión es un medio impugnativo, entendiendo por tal una especial y ordenada forma de proceso legal, que sirve para la impugnación de una sentencia. La revisión se diferencia de los medios de impugnación ordinarios principalmente porque la misma es permitida bajo condiciones muy precisas… debido a que se dirige al ataque de una sentencia que posee autoridad de cosa juzgada. Esta característica de la revisión es la que le da su fisonomía propia, especialmente con relación a los efectos suspensivo y devolutivo de las impugnaciones ordinarias. Pero es evidente que la revisión como cualquier otro medio de impugnación, es un instituto predispuesto al fin de controlar por un determinado tribunal si una decisión… es idónea para realizar el derecho en el caso concreto.”86

Están facultados para presentar este procedimiento el sentenciado, su

defensor; así mismo si éste ha fallecido, su conyugue, ascendientes,

descendientes o hermanos, por último el Ministerio Público, lo anterior según el

artículo 120 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Aunque este procedimiento no esté regulado en la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, y no lo resuelve el Juzgado de Ejecución de las

86

CASTILLO GONZÁLEZ (Francisco). (1980) El recurso de revisión en materia penal. 1ª ed. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, p. 184.





106

Sanciones Penales Juveniles, cabe señalar que la intervención que tiene este

Juzgado en él, es el envío del expediente al Tribunal de Casación Penal, y en

caso de que la sentencia sea anulada el expediente sale de la competencia del

Juzgado y es reenviado al Juzgado sentenciador. Este es un procedimiento que

solo se puede interponer en la fase de ejecución y en cualquier momento, ya que

no caduca con el transcurso del tiempo.

"…el recurso de revisión constituye un medio extraordinario de impugnación, no devolutivo y no suspensivo, encaminado a remover una sentencia perjudicial mediante otra, tanto para la vía civil (artículo 619 del Código Procesal Civil) como la penal (artículo 490 del Código de Procedimientos Penales). En materia penal se legitima sólo contra sentencias de condena y no de absolución, con carácter de irrevocables en virtud de la cosa juzgada. Este recurso lo puede promover únicamente el penado, salvo las excepciones establecidas en la ley (artículo 491 del Código de Procedimientos Penales), que permite al representante legal cuando el imputado fuere incapaz, el cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, si el penado hubiere fallecido, o el Ministerio Público interpone este recurso extraordinario". Agrega dicho fallo: "Así, en cuanto a la legitimación para interponer este recurso únicamente lo está el condenado, es decir el sujeto sobre el que pesa una sentencia condenatoria, sus representantes o el Ministerio Público y no contra sentencias absolutorias o de sobreseimiento, al respecto dispone el artículo 490 del Código Procesal Penal: "La revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes..."87

Y según el artículo 119 de la Ley de Justicia Penal Juvenil se debe de tener

en cuenta para su trámite el Código Procesal Penal, de acuerdo con el artículo 9

del mismo cuerpo normativo, siempre respetando los principios que rigen la

materia penal juvenil.

87

Sala Tercera, voto 622, de las ocho horas treinta minutos del 28 de junio del 2002.





107

En el artículo 412 del Código Procesal Penal el efecto de este medio

impugnativo no suspende la ejecutoriedad de la sentencia firme, con excepción de

que el Tribunal de Casación Penal decida lo contrario.

No se puede dejar de lado que existe un conflicto doctrinario sobre si se

trata de un recurso o un procedimiento especial,

“Respecto a la naturaleza de la revisión se enfrentan dos tesis: una la considera un recurso extraordinario, la otra le niega el carácter de recurso. Una corriente doctrinal niega a la revisión el carácter de recurso y la considera un remedio jurídico… La corriente doctrinal dominante en Italia y en Francia la consideran un recurso extraordinario, con particularidades propias relativamente a los otros recursos, pero recurso al fin.”88

Sin embargo, la Sala Constitucional y el Tribunal de Casación Penal, ya

han mencionado que la nomenclatura con la que se trate no es lo importante, sino

más bien el hecho de defender los derechos fundamentales de los sentenciados y

la aplicación de las normas generales de los recursos.

“Sobre este teman el Tribunal de Casación ha considerado que: “Inicialmente el Código Procesal Penal regula acción de revisión como un procedimiento independiente y no inmerso dentro de los recursos; sin embargo, la Constitución Política en su artículo 42 in fine habla de la posibilidad de interponer “recurso de revisión” en contra de los fallos con autoridad de cosa juzgada. Lo anterior conduce, por una parte, a negar la posibilidad de aplicar las normas generales de los recursos si consideramos que estamos ante un independiente procedimiento de revisión, pero por otra, si se admite reconocerlo como verdadero recurso, debemos aplicar las normas generales de los recursos. Consideramos que el nombre con que se le identifique a la acción de revisión resulta intrascendente, lo que si resulta verdaderamente importante es el respeto a los derechos y garantías del sentenciado, en este caso,

88

CASTILLO GONZÁLEZ (Francisco). (1980) El recurso de revisión en materia penal. 1ª ed. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, p. 183 y 184.





108

la aplicación de las normas generales de los recursos, como el caso del efecto extensivo de los recursos –entre otros-, cuando se procede a declara con lugar las acciones de revisión y existen otros sentenciados en iguales condiciones a las del gestionante”.”89

En resumen, no cabe duda de que el procedimiento de revisión sólo cabe

contra sentencias condenatorias de una persona física, como reiteradamente lo

ha mencionado la Sala Constitucional:

"En nuestro sistema jurídico existe una prohibición constitucional de rehabrir causas fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada (párrafo segundo del artículo 42 de la Constitución Política); sin embargo, contempla la posibilidad de que se reabra "cuando proceda el recurso de revisión". El recurso de revisión constituye un medio extraordinario de impugnación, no devolutivo y no suspensivo, encaminado a remover una sentencia perjudicial mediante otra, tanto para la vía civil (artículo 619 del Código Procesal Civil) como la penal (artículo 490 del Código de Procedimientos Penales). En materia penal se legitima sólo contra sentencias de condena y no de absolución, con carácter de irrevocables en virtud de la cosa juzgada. Este recurso lo puede promover únicamente el penado, salvo las excepciones establecidas en la ley (artículo 491 del Código de Procedimientos Penales), que permite al representante legal cuando el imputado fuere incapaz, el cónyuge, los ascendientes, descendientes o hermanos, si el penado hubiere fallecido, o el Ministerio Público interponer este recurso extraordinario. En materia penal la revisión está prevista a fin de eliminar la sentencia injusta sobre la base de elementos nuevos; es decir la eliminación del error judicial no se hace por efecto de una nueva valoración de las pruebas, en virtud de la cosa juzgada, sino por efecto de la sobreviniente de nuevas pruebas, y se dispone únicamente para demostrar la inocencia del imputado en el hecho que le fue atribuido. Así, en cuanto a la legitimación para interponer este recurso, únicamente lo está el condenado, es decir, el sujeto sobre el que pesa una sentencia

89

CHAVES RAMÍREZ (Alfonso y otro). Procedimiento para la revisión de la sentencia. En: Derecho Procesal Penal Costarricense. Vol.2. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1

a edición,

San José, 2007. pp 1004.





109

condenatoria, sus representates o el Ministerio Público y no contra sentencias absolutorias o de sobreseimiento, al respecto dispone el artículo 490 del Código Procesal Penal:

"La revisión procederá en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes.”

Las razones anteriores conllevan a que esta consulta no pueda evacuarse, por cuanto el recurso de revisión que es su base no fue presentado por quien legítimamente pudo interponerlo (artículo 491 citado), en razón de no estar previsto a favor de persona física o jurídica que haya sido afectada únicamente en sus intereses patrimoniales por la sentencia dictada en el proceso cuya legitimidad se cuestiona. Persona que al no reunir la condición de imputado no se le podrá tener como condenado, único sujeto en favor del que se puede plantear la revisión, según los términos establecidos al efecto en el Código de Procedimientos antes citado. Ello es así pues en la señalada materia lo que interesa es reparar los errores que en forma excepcional se presentan en los fallos de condena, contra un inocente, motivada en la trascendencia que un fallo condenatorio conlleva en su perjuicio y el de sus allegados, a quienes puede también afectarles por la trascendencia que una pena aflictiva necesariamente tiene, aún esa no sea su finalidad y se luche por evitar la afectación a terceros con sus cumplimiento."90

b) Efecto de los Recursos.

El efecto de los recursos es la consecuencia prevista en la Legislación que,

donde se indica la modalidad como debe actuar el ad quo con respecto a la

resolución dictada.

90

Sala Constitucional, Acción de Inconstitucionalidad N 1923-M-98, de las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del 17 de marzo de 1998.





110

“La doctrina señala como efectos de los recursos el suspensivo, el devolutivo y el extensivo, frente a los que se ha entendido, en forma simple, que: “Cuando el acto impugnaticio evita la ejecutoriedad de la decisión impugnada, se dice que produce efecto suspensivo; si el acto modifica el órgano jurisdiccional, determinando el conocimiento del proceso por un tribunal de más alto grado, se sostiene que causa efecto devolutivo; y cuando las consecuencias del acto se proyectan a otros sujetos capacitados legalmente para recurrir la misma resolución, se atribuye al recurso efecto extensivo o comunicante…Los recursos son devolutivos o no devolutivos…según que la cognitio causae se transfiera o no, a consecuencia de la impugnación, a un juez de grado superior…el verdadero origen de la expresión „efecto devolutivo‟ se remonta al procedimiento de la Roma Imperial, donde los magistrados ejercían sus funciones por delegación del Príncipe, quien era siempre el titular de la jurisdicción. Si bien las causas se resolvían en su nombre, en algunos casos se acordaba a los interesados el derecho de solicitar directamente al Príncipe la revocación de la resolución emitida por el magistrado. Cuando se verificaba tal petición, la causa debía ser elevada (alzada) al Príncipe a quien se le devolvía la judicatura delegada al magistrado. Ante esa „alzada‟ el magistrado quedaba despojado de la jurisdicción que ejercía en el proceso por lo cual no podía ejecutar su propia sentencia (suspensión). Como se ve, la suspensión del mandato contenido en la resolución impugnada era una consecuencia inherente a la devolución de la causa. Pero las dificultades que, en algunos casos, creaba la inejecución de la sentencia, demostraron la conveniencia de limitar el rigor de la suspensión implicada por la devolución. En tales supuestos, el recurso era concedido „al solo efecto devolutivo‟ ”(AYAN, Manuel. Recursos en materia penal. Principios Generales. Marcos Lerner. Editoral Córdoba, 1985, pp.177, 181 y 182.) De ahí que se hable también doctrinalmente de recursos admitidos en un efecto o en ambos efectos.”91

b.1. Efecto devolutivo.

91

Sala Tercera, voto 918, de las quince horas treinta minutos del 18 de septiembre de 2006.





111

El efecto devolutivo es el que faculta al juez ad quem a conocer el recurso

que viene en alzada, especialmente los puntos que se impugnan, así bien lo

estable el artículo 27 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales Juveniles, al

indicar que quien es competente para conocer el recurso de apelación es el

Tribunal Penal Juvenil y los recursos de casación los conocerá el Tribunal de

Casación Penal.

“…Por un lado el significado etimológico y el sentido técnico jurídico de la devolución. Devolución es volver de uno a otro, transferir pues la competencia para conocer de una relación jurídica controvertida de uno a otro juez. Por otra parte, el que se considera origen de la devolución. Al dirigirse el medio de impugnación contra el juzgador más que contra lo juzgado, la fuerza intrínseca de este instituto consiste en el traslado de la cognitio causae del juez a quo al juez ad quem… Ahora bien, por devolución se entiende igualmente la restitución de una cosa a la persona que la poseía y por efecto devolutivo “el que tiene un recurso cuando atribuye al tribunal superior el conocimiento del asunto de la resolución impugnada”…”92

Por las características de este efecto, se denota que es ajeno al recurso de

revocatoria, ya que como se mencionó anteriormente, éste es un recurso

horizontal que es conocido y resuelto por el mismo juez que dictó la resolución

impugnada.

b.2. Efecto suspensivo.

92

CALDERÓN CUADRADO (María Pía). La prueba en el recurso de apelación penal (Aplicación Jurisprudencial en el proceso abreviado y en el juicio de faltas). Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España, 1999. pp 23.





112

El efecto suspensivo, como bien lo dice la palabra, provoca la suspensión

de la resolución impugnada, evitando que la misma se ejecute hasta que no sea

resuelto el recurso, esto con el fin de evitar perjuicio o daños irreparables.

“La razón de la existencia del efecto suspensivo es el dejar la situación inalterada sobre la que el juez “ad quem” realizará su examen, la cual a consecuencia de este puede resultar ineficaz o viciada. El efecto suspensivo se produce en nuestro derecho por la simple impugnabilidad de la resolución, salvo disposición legal en contrario… y por el hecho de interposición del recurso, salvo disposición legal en contrario.”93

Este tipo de efecto resulta ser muy importante, ya que en todos los casos,

lo que pretende es que, esa resolución que se está recurriendo, no surta sus

efectos para evitar provocar un mal a quien considera estarse viendo afectado por

esa resolución.

“Este tiene que ver con uno de los fundamentos principales que justifican la existencia de los recursos, porque hay una preocupación dirigida a evitar los daños irreparables de los errores judiciales, a cuya corrección se aspira por la Alzada a través de las impugnaciones permitidas… Un recurso puede ser concedido con efecto suspensivo o no suspensivo; cuando el efecto es suspensivo, la resolución judicial no se ejecuta mientras se tramita el recurso; cuando se concede sin efecto suspensivo, la decisión judicial se ejecuta a pesar de la tramitación del recurso. La regla del efecto suspensivo del recurso tiene por fundamento la circunstancia de que la resolución sujeta a impugnación no es inmutable y puede ser alterada en su mandato, así como la necesidad de evitar la irreparabilidad del perjuicio que, en casi todos los casos, habría de producir la no suspensión de sus efectos. Sin embargo, si se demora la ejecución de lo resuelto

93

CASTILLO GONZÁLEZ (Francisco). (1980) El recurso de revisión en materia penal. 1ª ed. San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, p. 192.





113

puede ser que en algunos casos se produzcan daños irreparables, por lo que el legislador hizo excepciones expresas a la regla.”94

Del estudio de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, se

deriva que la regla general que rige el efecto de los recursos en materia de

ejecución penal juvenil es el efecto suspensivo, establecida en el artículo 19 y 27

de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la única excepción se

encuentra en el artículo 28 titulado ―Recursos contra la libertad anticipada‖, donde

aplica el efecto no suspensivo.

b.3. Efecto extensivo.

El efecto extensivo, es el que permite que un coimputado que no recurre se

vea beneficiado por el fallo producto de la impugnación de otro coimputado,

cumpliendo con el principio de igualdad y el de justicia.

“…resulta aplicable por eso decretar en la especie, el efecto extensivo de los recursos derivado del principio de justicia, que obliga a los Tribunales a extender las ventajas alcanzadas por quien impugna un fallo, a todas aquellas personas que se encuentren en idénticas circunstancias, de modo que puedan beneficiarse con ello”.95

94


a edición, San José, 2007. pp 565.

95 Sala Tercera, voto 1023, de las once horas del quince de octubre de dos mil dos.





114

Pero es importante recalcar, que esas circunstancias idénticas que deben

tener los coimputados, deben ser procesales, no puede basarse en condiciones

personales.

“Se trata de un correctivo para que la resolución adoptada en un caso concreto sea equitativa y se cumpla el derecho a la igualdad, pues no podría darse un tratamiento distinto ante situaciones iguales. Específicamente, cuando en un proceso hay varios coimputados, el recurso interpuesto a favor de uno favorece a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales…”96

No se pueden incluir dentro del efecto extensivo, las circunstancia

personales, ya que ellas no tienen ninguna relevancia procesal o de fondo entre

uno y otro imputado, por lo tanto el hecho de que se beneficie a uno de ellos no

aplicaría en beneficio del otro, porque no habría ninguna contrariedad entre las

resoluciones de cada uno, por ejemplo: el cambio de la detención provisional a

una medida menos gravosa o la inimputabilidad, entre otras.97

“La excepción de que no se trate de motivos personales, se refiere a circunstancia subjetivas, como por ejemplo que el imputado haya actuado bajo error de tipo, de prohibición o sea inimputable. Cuando se trata de causas acumuladas por varios delitos, con varios imputados, por más compleja que esta sea, si la impugnación se refiere a un aspecto procesal común, como sería la ausencia de acusación, el vicio afecta a todos los imputados y, por tanto, su posterior declaratoria los beneficia a todos.”98

96


a edición, 2002, p. 38.

97 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado).

San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 3ª edición, 2006, p. 523. 98


a edición, 2002. p. 38.





115

III.- En efecto, por regla general, si no se impugna en tiempo una resolución judicial, la misma queda firme. En materia penal, esto es así de conformidad con el ordinal 148 del Código Procesal Penal:

"En cuanto no sean oportunamente recurridas, las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutables, sin necesidad de declaración alguna. Contra la sentencia firme sólo procede la revisión, de conformidad con lo dispuesto en este Código". (sic)

No obstante, en sede penal existen excepciones contempladas en el Código de Rito, como es el caso de quien resulta condenado en una sentencia que no la recurre en tiempo, pero que sin embargo se ve beneficiado por el recurso interpuesto por otro co-imputado, de manera que el fallo -aún sin haberlo recurrido- no adquiere firmeza tampoco para el no impugnante. La anterior hipótesis es contemplada en el artículo 428 del Código Procesal Penal, que reza así:

"Cuando existan coimputados el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá también a los demás, a menos que se base en motivos exclusivamente personales. También favorecerá al imputado el recurso del demandado civil, en cuanto incida en la responsabilidad penal". (sic)

Se trata de una excepción al principio de personalidad de la impugnación, que acoge nuestra ley procesal penal cuando regula el efecto extensivo del recurso, lo que impide que la sentencia adquiera firmeza con respecto a los imputados favorecidos por el efecto suspensivo, mientras se tramita el recurso. Como se puede apreciar del texto de la ley, el efecto extensivo de los recursos en materia penal que impide a la sentencia adquirir la autoridad de cosa juzgada material, es aplicable solamente en los casos en que es un co-imputado el que presentó el Recurso de Casación, aunque es aceptable la tesis de que si el Ministerio Público es el que recurre a favor de un imputado bien pueden los demás favorecerse del efecto extensivo, siempre y cuando no se trate de motivos estrictamente personales como dice la Ley, o sea, cuando no tienen relevancia en relación con la situación de los otros imputados ni procesal ni sustancialmente, de tal forma que si fuese acogido el recurso con base en esos motivos no se produciría una contradicción entre los fallos. La finalidad del efecto





116

extensivo es posibilitar una sentencia común para quienes, por determinadas razones procesales se encuentran en un mismo proceso en iguales condiciones jurídicas en cuanto al derecho de forma o de fondo, para que así se beneficien del fallo que reconoce el error de la anterior decisión, amén de que se logra la uniformidad de las decisiones, y por tanto de la jurisprudencia. Interesante es que el efecto extensivo se produce cuando en la hipótesis concreta se dan los supuestos para la extensión de la impugnación, independientemente de la idea que tenga el no impugnante de lo que le es más beneficioso o aunque no lo quiera, pero siempre partiendo de que sólo funciona para favorecer al imputado no para perjudicarlo, en virtud del principio de prohibición de reformatio in peius (artículo 432 del Código Procesal Penal).

IV.- Se desprende de lo dicho que en el caso concreto no es de aplicación el efecto extensivo de la sentencia, pues según se informó a la Sala, el único recurso de casación interpuesto en la causa penal tramitada en contra del amparado y otros, lo fue por parte del Ministerio Público y precisamente en contra de la absolutoria dictada contra otro co-imputado, de manera que de acogerse la impugnación es evidente que no solo se vería perjudicado el co-imputado Cantillano Villalobos sino que tampoco traería beneficio alguno para el amparado. Así las cosas, al encontrarse firme la sentencia condenatoria dictada contra el Arias Jiménez desde el momento en que se venció el plazo para impugnarla, no se verifica la conculcación a su derecho a la libertad según acusa, y por el contrario, debe descontar la pena de prisión impuesta en los términos en que lo dispuso el tribunal de mérito."99

En la fase de ejecución, este efecto no es aplicable a los recursos de

revocatoria, apelación y casación, por lo que no se encuentra regulación al

respecto en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, debido a

que la tramitación de las causa se lleva a cabo de manera personal e individual,

por lo que cada resolución es solo para un sentenciado.

99

Sala Constitucional, Recurso de Hábeas Corpus N 7693, de las quince horas con veinticuatro minutos del 7 de octubre de 1999.





117

Sin embargo, existe una excepción que es el recurso de revisión de la

sentencia, porque si en la misma se condenó a más de un joven y se encuentra

que existe algún vicio que beneficia a más de uno de los sentenciados, por el

principio de igualdad y congruencia de fallos, el recurso declarado con lugar debe

extenderse a todos condenados.

“La doctrina advierte que el fundamento del efecto extensivo radica en la necesidad de evitar una incongruencia jurídica… También se dice que esta norma está fundamentada en el principio de igualdad procesal, para que no existan frente a las mismas condiciones del proceso, situaciones diferentes para los interesados en comunidad. Se trata de una excepción imperativa al principio de personalidad de la impugnación que en sede penal se explica por la existencia de un interés público en la aplicación correcta de la ley y en la no contradictoriedad de las sentencias.”100

Es importante recalcar que el hecho de que alguno de los sentenciados

admita los cargos imputados durante el proceso, no impide que el mismo se vea

beneficio por el efecto extensivo, como sería el caso de un proceso abreviado.

c) Recursos ante la modificación de una sanción privativa

de libertad por una no privativa.

Una vez que existe sentencia firme y la persona sentenciada está

descontando una condena privativa de libertad, ésta tiene la posibilidad según el

artículo 136 inciso e) de la Ley de Justicia Penal Juvenil, de que el juez de

ejecución la modifique o sustituya por una sanción menos gravosa, que cumpla

100


a edición, San José, 2007. p 563 y 564.





118

con la finalidad del proceso penal juvenil, siempre que existan las condiciones

adecuadas para ello.

“…el artículo 131 de la L.J.P.J. establece que siempre que sea conveniente y razonable, el juez debe considerar la posibilidad de sustituir esa sanción por una menos gravosa. La función retributiva o de control que cumple la sanción penal cede notablemente en el caso del joven infractor, por esta razón el juez de ejecución de la pena puede sustituir las penas por otras menos gravosas, cuando no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o impidan la reinserción del menor de edad…”101

De lo anterior, queda claro que no se está liberando a la persona de la

sanción, como sucede en una absolutoria, por el contrario se está modificando esa

sanción por otra, que de igual forma tiene que cumplir. Por lo tanto, no es una

libertad anticipada plena, donde se da por terminado el proceso y se exime al

joven de su sanción, sino incluso esa modificación está condicionada a términos

que de no ser respetados provocan su revocatoria y quien tiene el beneficio puede

volver a ser internado en un centro penal.

Al hablar de una modificación, el juez de ejecución debe tomar en cuenta

las opciones establecidas en la ley, en concordancia con los textos internacionales

relacionados. A pesar de que, la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles contiene como única modificación de la sanción de internamiento en

centro especializado, la libertad condicional, en aplicación del artículo 7 de esta

misma ley, se toman en cuenta las sanciones alternativas establecidas en la Ley

de Justicia Penal Juvenil, como sanciones aplicables a esa modificación.

Cabe aclarar que esas sanciones a imponer no son excluyentes entre sí, de

manera que puede aplicarse una o varias de ellas, de acuerdo con el objetivo que

se busque al otorgar la libertad. Es importante aclarar que, la tramitación de las

101

Tribunal de Casación Penal, voto 395, del 24 de mayo del 2002.





119

modificaciones se hace por medio de incidentes, que incluso pueden ser

presentados por los privados de libertad sin representación letrada y sin mayores

formalismos.

A pesar de que en el artículo 27 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, se establece como regla general el efecto suspensivo de los

recursos de apelación, el legislador instauró el artículo 28 del mismo cuerpo

normativo, para excepcionalmente variar el efecto suspensivo por el no

suspensivo al recurso de apelación ante la libertad anticipada, dejando de lado el

espíritu de los efectos de los recursos en esta materia.

Para poder entender con claridad el efecto del recurso de apelación en la

libertad anticipada, es necesario conocer además los institutos aplicables para

brindar esa libertad. De la ley de Justicia Penal Juvenil así como de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, se extrae que las posibilidades que

posee el juez de ejecución para modificar la sanción privativa de libertad por una

no privativa, son las que a continuación se desglosan.

c.1. Libertad Condicional.

El incidente de libertad condicional está contemplado en el título segundo,

capítulo primero de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

artículo 31 denominado Concesión de la Libertad Condicional. Donde se

establece que el juez de ejecución, puede beneficiar a un joven sentenciado

privado de libertad con una pena mayor a un año, con una libertad sujeta a





120

diversas condiciones, por el plazo que le falte de descontar de la sanción

principal.

A quien le interese solicitar esta modificación, debe de contar con una

buena conducta dentro del centro en que se encuentra recluido, presentar un

proyecto de vida que incluya: su domicilio, oferta laboral o plan de estudio, así

como los informes psicosociales, que demuestren que la persona va a salir a

cumplir con su plan y respetando las leyes.

Una vez que este incidente es presentado, el Juzgado de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, se recaban los informes y pericias necesarias para

la resolución del incidente, una vez que se cuenta con ellos, se pone en

conocimiento de las partes y posteriormente se señala para audiencia oral y

privada.

Aunque la ley no exige esta audiencia, en la práctica se acostumbra llamar

a las partes, basado en el principio de oralidad que rige las prácticas del Poder

Judicial, así como el principio de derecho a audiencia y defensa, entre otros, de

igual forma el artículo 25 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, autoriza al juez a realizar audiencia cuando lo considere necesario.

Pudiendo violarse derechos fundamentales en el presente caso, es considerado

por el juzgado de suma importancia realizarla y garantizar el respeto de los

mismos.

Por ejemplo, la Sala Constitucional se ha referido a la oralidad en relación

con la aplicación de la prisión preventiva, donde al igual que en esta modificación

está en juego la libertad de la persona, al respecto:





121

“No cabe duda que las audiencias orales son plena garantía para que todas las partes expongan con garantía del contradictorio y de viva voz, sus razones para defender las diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar los derechos de los intervinientes, en este caso concreto, la imposición de una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, como una intensa manifestación del poder punitivo sobre el individuo. La observancia del debido proceso, el derecho de defensa y la oralidad en las audiencias, procura que se discuta de manera concreta las razones específicas que fundamentan la petición del Ministerio Público y se oiga la posición de la defensa, de previo a la imposición de una medida cautelar. Asimismo, se potencia la figura del juez de garantías para que este custodie el cumplimiento efectivo de las causales que justifican la imposición de una medida cautelar y que ésta, a su vez, cumpla sus fines, de manera que sea instrumental, temporal, sometida a controles jurisdiccionales dependiendo de la necesidad de su mantenimiento o prórroga y tenga fines de cautela para que no se convierta en un adelanto de la pena. Ahora bien, la oralidad en la audiencia de imposición de medidas cautelares pretende que las partes presenten sus peticiones y argumentos en forma verbal, en presencia del juez y de manera contradictoria, lo que significa, en forma paralela –por imperativo de la concentración- que los jueces deben resolver en forma oral e inmediata las peticiones sometidas a su consideración, sobre la base de la información discutida, exclusivamente, en la audiencia, en aras de garantizar el derecho a una resolución pronta y cumplida que analice la privación de libertad y la necesidad de mantener medidas cautelares. Por lo anterior, la fundamentación de su resolución debe hacerse oralmente con la participación de todas las partes intervinientes y con sustento en las alegaciones planteadas en ese escenario. Su decisión se plasma, necesariamente, en un acta de la audiencia oral con el propósito que la decisión pueda ser revisada, posteriormente, por un Superior, pero la amplitud de la fundamentación es necesaria en la audiencia llevada a cabo oralmente con la participación de todos los involucrados. Así las cosas, la función del juez en esta etapa es, precisamente, de garantía de los derechos de las partes y de cumplimiento de las formalidades previstas en la legislación procesal penal en protección de los derechos fundamentales. La exigencia de fundamentación de la decisión que motiva la imposición de medidas cautelares no disminuye con la realización de una audiencia oral, sino que, por el contrario, se refuerza dicha





122

garantía y se amplía la posibilidad de defensa ante el propio juzgado de garantías.”102

En la audiencia también se pretende verificar que la persona solicitante

haya descontado un período de internamiento proporcional a la sanción impuesta,

que a diferencia del proceso de ejecución de adultos, donde el Código Penal en

su artículo 64 establece que debe de tener la media pena cumplida, no es éste un

requisito sine qua non en el proceso penal juvenil.

Sin embargo, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, donde se establece el principio de racionalidad y proporcionalidad,

además de los votos del Tribunal de Casación relacionados con el tema, la Jueza

coordinadora de ejecución penal juvenil, considera que el joven sentenciado debe

haber descontado un tiempo prudencial antes de brindarle el beneficio de libertad

condicional.103

Una vez terminada la audiencia el juez resuelve lo pertinente, lo cual tiene

recurso de apelación con efecto no suspensivo de acuerdo con el artículo 28 de la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Es relevante recalcar, que las condiciones a imponer en el otorgamiento de

la libertad condicional, tampoco se encuentran reguladas, por lo tanto, se aplican

las previstas para las sanciones alternativas en la Ley de Justicia Penal Juvenil,

pero a diferencia de éstas, donde el órgano competente para darles seguimiento

es el Programa de Sanciones Alternativas, en la libertad condicional lo es el

Centro de Oportunidades Juveniles, que también pertenece a Adaptación Social.

102

Sala Constitucional. Voto 8726, del 23 de mayo del 2008. 103

Entrevista con la Licenciada Priscilla Madrigal González, Jueza del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el 20 de noviembre del 2008.





123

c.2. Sanciones Socioeducativas.

En la práctica se dan las modificaciones de la sanción privativa de libertad a

sanciones socioeducativas, siguiendo lo establecido en el artículo 136 inciso e) de

la Ley de Justicia Penal Juvenil, ya que en la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles no se cuenta con regulación al respecto.

Por la finalidad del proceso penal juvenil, si se va a otorgar una libertad

para que la persona continúe cumpliendo su sanción fuera del centro penal, es

preferible que las condiciones a las que se sujete sean las establecidas dentro de

las sanciones socioeducativos, ya que a diferencia de la libertad condicional, el

seguimiento en las primeras, es más especializado y acorde con la pretensión de

la política criminal penal juvenil al buscar la resocialización y reinserción en la

sociedad de las personas sentenciadas como menores de edad, es por ello que

las Juezas de ejecución, aplican esta modificación de manera frecuente.

Como se indicó en el primer capítulo, son cuatro las sanciones

socioeducativas que contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil en su artículo

121: la libertad asistida, amonestación y advertencia, prestación de servicios a la

comunidad y reparación de los daños a la víctima.





124

Cabe aclarar que para efectos de la modificación a que se viene haciendo

referencia, la amonestación y advertencia hay que excluirla, toda vez que la

misma es de aplicación inmediata y por el juez sentenciador,

“Esta sanción es de ejecución instantánea y tiene como objetivo llamar la atención del adolescente exhortándolo para que, en lo sucesivo, se acoja a las normas de conducta que exige la convivencia social. La amonestación versará sobre la conducta delictiva realizada y se advertirá al joven que debe procurar llevar una vida sin la comisión de delitos. Una vez firme la sentencia, el Juez Penal Juvenil citará a una audiencia en la que pueden comparecer los padres y ejecutará esta sanción. Se dirigirá al adolescente en forma clara y directa indicándole el delito o contravención cometido y previniéndolo de que en caso de continuar con su conducta se le podrían aplicar sanciones más severas e invitándolo a aprovechar las oportunidades que se le conceden con este tipo de sanción.”104 En el supuesto de que la privación de libertad fuera modificada a una

libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad o la reparación de daños

a la víctima, el Programa de Sanciones Alternativas debe de encargarse de

elaborar un plan individual a seguir, además de cerciorarse de que se esté

cumpliendo, ya que en caso de incumplimiento se podría revocar el beneficio.

El trámite del incidente de modificación se realiza de la misma manera que

en el incidente de libertad condicional, pero a diferencia de este último instituto, el

tiempo a cumplir en las sanciones socioeducativas es determinado por el juez de

ejecución en la resolución de modificación, sin que pueda exceder del plazo

establecido por ley.

104

TIFFER SOTOMAYOR (Carlos y otros). Derecho Penal Juvenil. 1a edición, Imprenta y Litografía

Mundo Grafico de San José, San José, Costa Rica, 2002. P 348.





125

La decisión tomada por el juez de ejecución en este incidente, tiene recurso

de apelación, que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, no suspende la ejecución de lo resuelto.

c.3. Órdenes de Orientación y Supervisión.

La modificación de una sanción privativa de libertad a una libertad con

sanciones de órdenes de orientación y supervisión, no se encuentran reguladas

en la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, teniendo su

fundamento al igual que las sanciones socioeducativas, en el artículo 136 inciso

e) de la Ley de Justicia Penal Juvenil y en los fines de la sanción en esta materia.

“…las órdenes de orientación y supervisión constituyen toda una gama de imposiciones… se manifiestan por medio de prohibiciones o mandamientos impuestos al menor sancionado. Dichas sanciones están encaminadas a regular el modo de vida del joven infractor o asegurar su correcta formación… Estas sanciones encuentran su fundamento, al igual que las sanciones socioeducativas en evitar la imposición de una medida más grave. Además las órdenes de orientación y supervisión procuran adecuar el comportamiento de las personas menores de edad a los patrones de normalidad social; con ello procuran sacar de la actividad delictiva a estos menores y reintegrarlos a la sociedad como personas útiles.”105

Las órdenes de orientación y supervisión buscan que la persona menor de

edad no salga de la esfera de convivencia familiar que posee, mientras cumple

105

ARIAS GÓMEZ (Ana Catalina y otro). Sanciones Principales de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, 1999. P. 150-151.





126

con la sanción impuesta, pretendiendo, como es el fin del proceso penal juvenil,

que la intervención del sistema penal sea mínima.

Se debe recordar, que son siete las órdenes de orientación y supervisión

establecidas en la Ley de Justicia Penal Juvenil en el artículo 121, las cuales se

pueden aplicar solas o en conjunto, incluso con las socioeducativas, mientras no

sean contradictorias entre sí.

Las órdenes de orientación y supervisión son: 1) instalarse en un lugar de

residencia determinado o a cambiarse de él, 2) abandonar el trato con

determinadas personas, 3) eliminar la visita a bares o discotecas o centros de

diversión determinados, 4) matricularse en un centro de educación formal o en

otro cuyo objetivo, sea enseñarle alguna profesión u oficio, 5) adquirir trabajo, 6)

abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes,

estupefacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito, 7) ordenar el

internamiento del menor de edad o el tratamiento ambulatorio en un centro de

salud, público o privado, para desintoxicarlo o eliminar su adicción a las drogas

antes mencionadas.

Al igual que las anteriores modificaciones, el trámite de este incidente está

a cargo del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y se realiza

de la misma manera, en procura de la oralidad y el respeto de los derechos

fundamentales.

En caso de que se dé la modificación, el plazo máximo de aplicación de las

sanciones de órdenes de orientación y supervisión es dos años según lo

establece la ley, y siguiendo el texto del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, la resolución que la otorgue tendrá recurso de

apelación sin efecto suspensivo.





127

CAPÍTULO V





128

V. EL DERECHO DE LIBERTAD FRENTE AL INTERÉS SUPERIOR

DE LA PERSONA MENOR DE EDAD SENTENCIADA EN

RELACIÓN CON SU ESTABILIDAD SOCIAL Y LA SEGURIDAD

JURÍDICA.

a) El derecho de libertad a la luz del principio de

inocencia y el principio de culpabilidad.

a.1. El derecho de libertad.

El derecho a la libertad, es uno de los derechos fundamentales más

preciados por el ser humano,

“La libertad no es un estado concebido por el ordenamiento, es el estado natural de la persona humana… sino que son las leyes las que dan protección a la libertad. Las leyes en consecuencia, solo pueden restringir este estado en casos muy especiales teniendo como punto de referencia este mismo derecho y otros también fundamentales; la libertad solo puede limitarse en el tanto en que no solo se protegen los derechos de un individuo sino los de todos. Esto es, una características de que se está ante un Estado de Derecho donde el individuo es el centro de la actividad del Estado, y no viceversa donde es el Estado el centro de los individuos.”106

106

FLORES FALLAS (Wilson). El principio Pro Libertatis en el Código Procesal Penal. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1999. P. 8.





129

Este derecho se encuentra reglado en Convenios Internacionales

ratificados por Costa Rica, como lo son el artículo 3 de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, el artículo 1 de la Declaración Americana de los

Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 9 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 7 inciso 1 de La Convención América de

Derechos Humanos.

Nuestro país como Estado de derecho, contempla esta garantía,

dándole rango superior desde la Constitución Política en los siguientes artículos:

“Artículo 20. Toda persona es libre en la República, quien se halle bajo la protección de sus leyes no podrá ser esclavo ni esclava. Artículo 37. Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado

de haber cometido delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófugo o delincuente infraganti; pero en todo caso deberá ser puesto a disposición de juez competente dentro del término perentorio de veinticuatro horas. Artículo 40. Nadie será sometido a tratamientos crueles o

degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula.”107

El hecho de que este principio se encuentre plasmado desde la Carta

Magna, y sea protegido con el mayor de los recelos, no refleja otra cosa que

el grado de civilización que posee la sociedad. Derecho que se garantiza

más no se instaura, toda vez que es inherente a la persona como ser

humano, solo puede ser restringido por mandato legal como ultima ratio y por

encontrarse en contraposición un interés superior de la colectividad.

“Libertad. “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.” (Dic Acad.). Justiniano la definía como “la facultad natural

107

Constitución Política. 7 de noviembre del 1949.





130

de hace cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el Derecho”. Las Partidas, inspiradas en el concepto anterior, decían que libertad era “poderío que ha todo hombre naturalmente de hacer lo que quisiese, solo que fuerza o derecho de ley o de fuero se lo embargue.””108

El derecho a la libertad tiene una gran gama de manifestaciones en la vida

cotidiana, sin embargo, este apartado se enfocará en la libertad de tránsito. En

materia penal, en los artículos 2, 10 y 238 del Código Procesal Penal se tutela tal

garantía, reafirmando que solo puede limitarse, por autoridad competente y con

resolución debidamente fundamentada.

Propiamente en el proceso penal juvenil, se da un mayor grado de

importancia al derecho de libertad, lo anterior se deriva de los principios rectores

de la Ley, donde se tiene como ultima ratio la detención, de acuerdo a los

siguiente artículos de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

“Artículo 7. Principios Rectores. Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El estado, en asocio con las instituciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho. Artículo 10. Garantías Básicas y Especiales. Desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad les serás respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley.

108

CABANELLAS DE TORRES (Guillermo). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta SRL, Argentina, 1988. P 187.





131

Artículo 131. Internamiento en centro especializado. La sanción de internamiento es una privación de libertad de carácter excepcional. Puede ser aplicada solo en los siguientes casos: a) Cuando se trate de delitos dolosos sancionados en el Código

Penal o leyes especiales, para mayores de edad con penas de prisión superior a seis años.

b) Cuando haya incumplido injustificadamente las sanciones socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión impuestas.”109

Aunque en la etapa de ejecución ya el joven se encuentra sentenciado y

muchas veces con una pena privativa de libertad, en la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles siempre se regula este derecho en el artículo,

“Artículo 3. Principio de Legalidad durante la Ejecución. La ejecución de toda medida y sanción penal impuestas deberá regirse por las disposiciones de la presente Ley y las demás que rijan la materia. Ninguna persona joven sancionada podrá sufrir limitación alguna de su libertad ni de otros derechos que no sean consecuencia, directa e inevitable, de la sanción impuesta.”110 En cuanto a leyes complementarias e instrumentos internacionales con que

se integra el derecho a la libertad, dentro del proceso de ejecución penal juvenil,

se encuentra el artículo 15 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en La

Convención sobre los Derechos del Niño el artículo 37 incisos a) y b), en las

Reglas de Beijing los artículos 1 inciso 1.3), el 13 y el 17 inciso 17.1. a), b) y c),

entre otras.

Para poder comprender en qué consiste el derecho a la libertad en la etapa

de ejecución, es importante diferenciar la condición que se tiene mientras se es

imputado, en contraposición de cuando ya la persona se encuentra sentenciada,

109

Ley de Justicia Penal Juvenil. 8 de marzo del 1996. 110

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 20 de octubre del 2005.





132

lo cual, es más fácil analizar desde el principio de inocencia y el de culpabilidad,

como se desarrollará posteriormente.

“En el caso de la fase de ejecución ya no estamos discutiendo el tema del principio de inocencia, sino que estamos discutiendo un tema ya distinto, el cumplimiento o no de la pena, la eficacia o no de la pena, ya se ha desvirtuado aquí el principio de inocencia y se ha comprobado el principio de culpabilidad, entonces en la fase de ejecución no se justifica el porqué, si se ordena la libertad se tenga que ejecutar de manera inmediata si va a ser un tema de discusión que incluso le va a facultar al Ministerio Público a presentar el recurso respectivo, entonces razones jurídicas no encontramos, sistemática la ley no, porque la quiebra, porque más bien en los demás casos es al contrario, no se ejecuta la resolución hasta que esté en firme, tampoco se puede comparar con la libertad que se ordena en juicio porque es una situación totalmente diferente ya que el principio que aquí rige es distinto al que está presente en el otorgamiento de la libertad en fase de ejecución. Veamos para este caso el artículo 366 del Código Procesal Penal que habla de la absolución, pero ese artículo está relacionado con el principio de inocencia y con el principio de la Constitución Política que establece que el estado de inocencia se va a mantener hasta que no haya sentencia firme que indique lo contrario y tiene que ver con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Entonces, ustedes tienen que analizar el tema, no solamente en función del principio de inocencia, del porqué en una absolutoria si procede la puesta en libertad con base en ese artículo 366 del Código Procesal Penal, el 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil y el 39 de la Constitución Política, lo que es distinto al principio de culpabilidad a contrario sensu, que la sin declaratoria de culpabilidad ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable. En el caso que nos ocupa111 ya hay una sentencia que en principio está firme, y lo que se está variando es la

111

Al indicar la Doctora ―el caso que nos ocupa‖, se refiere al efecto no suspensivo del recurso de apelación contra la libertad anticipada, artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.





133

modalidad de ejecución de la sanción, o sea que hay un problema serio en la sistemática de la ley al incluirse ese párrafo.”112

a.2. El principio de inocencia.

Muy unido al derecho de libertad se encuentra el principio de inocencia,

en el cual se presume que ninguna persona es culpable, hasta que no sea

demostrado ello con sentencia firme por autoridad competente,

“No se trata de una presunción de inocencia, pues la misma existencia del proceso da razón de al menos motivos fundados para considerar que la persona sometida a este puede ser culpable de los hechos que se le imputan. Lo que el principio de inocencia impone es una condición jurídica específica, de que gozan los individuos mientras una sentencia precedida de todas las garantías del caso, haga recaer sobre esta persona, la condición de culpable o condenado.”113

En este sentido, nuestra legislación también le concede grado

constitucional al principio de inocencia, y establece desde este nivel las

condiciones que superan esta condición, así en el artículo 37 transcrito

anteriormente y en el artículo 39, ambos de la Constitución Política,

“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad…”114

112

Entrevista con la Doctora Mayra Campos Zúñiga, Fiscal Adjunta Penal Juvenil, realizada el 16 de octubre del 2008. 113

CARVAJAL PÉREZ (Marvin). El Proceso Penal en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. En: Derecho Procesal Penal Costarricense. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1

a edición, San José, 2007. p 188.

114 Constitución Política, artículo 39. 7 de noviembre del 1949.





134

Siendo la Constitución Política texto base de donde se derivan las

regulaciones legales, es evidente encontrar en el Código Procesal Penal un

artículo especial que marque el campo de acción del principio de inocencia en la

materia, y en virtud de que a la hora de suprimirse la inocencia se podría limitar el

derecho fundamental a la libertad, es necesario que en aplicación del principio de

legalidad exista una norma que faculte a hacerlo.

“Artículo 9. Estado de Inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de la culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido…”115

Es así como la Sala Constitucional lo reitera,

“En una abundante cantidad de votos, todos en el mismo sentido, este Tribunal ha sostenido que la sentencia penal condenatoria, pese a que no haya alcanzado firmeza, cambia las circunstancias del imputado. Por un lado, la probabilidad de ser el autor del delito aumenta y, por otro, el aliciente para evadir las consecuencias del proceso aumenta también. Entre muchas otras, así lo dijo en sentencia No. 2007-016503, de las 8:36 hrs. del 16 de noviembre del 2007:

„En reiteradas ocasiones esta Sala ha considerado que una sentencia condenatoria pueda constituir base suficiente para revocar una excarcelación concedida o acordar una prisión no dispuesta previamente durante la tramitación del procedimiento, pues esa circunstancia hace variar el estado en que se encontraba el sometido a juicio antes de que se diera y en algunos casos ser la causa de una evasión a la acción de la justicia. No significa esto que el estado de inocencia que goza el imputado mientras una sentencia firme no disponga lo contrario, o que se haga una distinción ilegítima, sino que la situación de los acusados frente al

115

Código Procesal Penal. 1 de enero de 1998.





135

proceso cambia. Ese cambio puede alterar la relación de aquellos con los fines del proceso y en consecuencia motivar que se disponga la restricción a la libertad, para proteger esos fines, fines que también tienen raigambre constitucional…”116 “…la convicción del tribunal respecto de la culpabilidad del imputado debe superar cualquier duda razonable, de manera que cualquiera que exista obliga a fallar en su favor. También se ha señalado, que a las pruebas condenatorias, no se les puede asignar esa única finalidad sino también la de ser garantía de realización de un proceso justo, eliminando la arbitrariedad judicial, pues el derecho fundamental de presunción de inocencia requiere para ser desvirtuado de una actividad probatoria obtenida respetando los derechos fundamentales. Así las cosas, para dictar un fallo condenatorio debe necesariamente demostrarse la culpabilidad del imputado; y si se dictó sentencia sin que existiera prueba contundente contra el sentenciado, es decir, sin base probatoria suficiente para provocar el ánimo de certeza del juzgador, efectivamente se estaría quebrantando el debido proceso.”117

Además, cabe recodar que tanto este principio como todos los demás

encuentran regulación en las convenciones internacionales aplicables en Costa

Rica en la materia, en relación con la justicia penal juvenil se encuentra el artículo

40 inciso 1 y 2.b.i) de La Convención sobre los Derechos del Niño:

“ 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.

116

Sala Constitucional. Recurso de Hábeas Corpus N 1016, del 17 de febrero del 1998. 117

Sala Constitucional. Voto 12215, del 12 de agosto del 2008





136

2. Con ese fin, y habido cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: … b) Que todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes

penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes tenga, por lo menos, las siguientes garantías:

i) A que se le presuma inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.”118,

el artículo 7.1) del de las Reglas de Beijing

“Derechos de los menores. 7.1) En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas, tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones.”119,

así mismo se encuentra regulación al respecto en Las Reglas de Naciones

Unidas para la protección de los menores privados de libertad:

III. Menores detenidos o en prisión preventiva 17. Se presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. Cuando, a pesar de ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve posible. Los menores detenidos en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables. 18. Las condiciones de detención de un menor que no haya sido juzgado deberán ajustarse a las reglas siguientes, y a otras disposiciones concretas que resulten necesarias y apropiadas, dadas las exigencias de la presunción de inocencia, la duración de

118

Convención sobre Derechos del Niño. 26 de enero de 1990. 119

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). 29 de noviembre de 1985.





137

la detención y la condición jurídica y circunstancias de los menores…”120 Específicamente en el proceso penal juvenil, encontramos este principio

regulado en el artículo 15 de la Ley de Justicia Penal Juvenil,

“Los menores de edad se presumirán inocentes hasta tanto no se les compruebe, por medios establecidos en esta ley u otros medios legales, la culpabilidad en los hechos que se le atribuyen.”121

Este estado de inocencia se mantiene durante todo el proceso, tanto en la

etapa preparatoria como en la de juicio, hasta que exista sentencia firme que

condene a la persona menor de edad procesada a cumplir con su sanción.

“La presunción de inocencia debe de reflejarse durante todo el proceso, desde el primer acto de investigación hasta la imposición de una sanción… La Sala Constitucional en una de las resoluciones más relevantes que ha dictado, donde hizo un análisis del debido proceso, con respecto al principio de inocencia señaló: “Ninguna persona puede ser considerada o tratada como culpable mientras no haya en su contra una sentencia conclusiva firme, dictada en un proceso regular y legal que lo declare como tal después de haberse destruido o superado aquella presunción. Además en virtud del estado de inocencia del reo no es él quien debe de probar su falta de culpabilidad, sino los órganos de la acusación… su libertad solo puede restringirse de manera cautelar y extraordinaria para garantizar los fines del proceso… pero nunca invocando la gravedad de los delitos o las pruebas que existan en su contra, precisamente porque su estado de inocencia veda de modo absoluto el tenerlo, directa o presuntivamente, por culpable.” (S.C. 1739-92)”122

120

Las Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. 14 de diciembre de 1990. 121


TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada. Editorial Juritexto. 2da ed., San José, Costa Rica, 2004. p 60-61





138

Es tan visible la importancia del estado de inocencia, que incluso cuando

una persona menor de edad que está sometida a un proceso, es absuelta en

sentencia y se encontraba con una detención provisional, de forma inmediata

debe de ser puesta en libertad, de acuerdo con el artículo 366 del Código

Procesal Penal aplicado de forma supletoria a la Ley de Justicia Penal Juvenil.

Teniendo el recurso de casación efecto no suspensivo, toda vez que al procesado

lo ampara este principio.

No se debe olvidar, que cuando se habla del principio de inocencia se

limita a las fases del proceso penal anterior a la sentencia firme, en donde la

única restricción posible al derecho de libertad de tránsito, es la detención

provisional, detención que debe de cumplir con requisitos taxativos que establece

la Ley de Justicia Penal Juvenil. Situación diferente se presenta cuando se ha

impuesto una sanción privativa de libertad, que el joven tiene que descontar, una

vez firme su sentencia.

De lo anterior se desprende que ya en la etapa de ejecución penal juvenil,

no existe regulación sobre el principio de inocencia, por la clara razón de que en

esta fase, ya se ha suprimido este estado y por el contrario a partir de la sentencia

firme rige el principio de culpabilidad.

a.3. El principio de culpabilidad.

La culpabilidad es definida por Enrique Bacigalupo como “…el conjunto de

condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y





139

atribuible sea criminalmente responsable de la misma…”123. El principio de

culpabilidad se determina por los hechos realizados por el autor y no por la

condición que ostente el autor, por lo tanto,

“El principio de culpabilidad excluye la posibilidad de determinar la pena sólo, o fundamentalmente, por la peligrosidad del autor o por la necesidades de defensa social; también este principio resguarda protección a los derechos fundamentales al valorar como responsable si se es culpable, y se es culpable por una acción, no por lo que se es.”124

Así bien lo indica el Tribunal de Casación Penal:

“…pero también es claro que la justicia penal juvenil está regida por un derecho penal de acto y no por un derecho penal de autor, por lo que las penas no debe guardar relación sólo con la personalidad del condenado, pues se trata de una valoración de la culpabilidad por la causación de un resultado, de donde la extensión del daño es indispensable para la fijación de la pena.”125

En este mismo sentido la Sala Tercera indica:

“Cabe advertir que el artículo 39 del texto constitucional exige que la culpabilidad sea probada de manera indubitable y cuando la convicción no puede formarse de esta manera se impone aplicar el principio indubio pro reo que consagra el Código de rito en el artículo 393, el cual es una derivación "del principio de culpabilidad en conexión con el de la libre convicción" (ENRIQUE BACIGALUPO, "La impugnación de los hechos probados en la casación penal y otros estudios", Ad-Hoc, 1994, p. 39). Por ello, su inobservancia importaría una lesión al principio de inocencia consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución Política,

123

BACIGALUPO (Enrique). Manual de Derecho Penal (Parte General). Editorial Temis- ILANUD, Madrid, España. 1984. p 147. 124

CASTRO FERRETO (Leonardo). Los Principios de Tipicidad, Culpabilidad e Irretroactividad de la Ley Penal y la utilización de preceptos penales determinados jurisprudencialmente. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2008. p 58. 125

Tribunal de Casación Penal, voto 191, del 02 de marzo del 2001.





140

revisable en esta instancia conforme a la jurisprudencia de esta Sala, la cual ha sostenido que " nada impide entonces que ahora el reclamo se plantee como una violación del principio de inocencia constitucional en relación con las normas del indubio pro reo, pues la verdad es que todo ello afecta el debido proceso, y por consiguiente existe un sustrato de carácter constitucional ineludible para la casación. En efecto, el principio in dubio pro reo tiene un claro sustento normativo del más alto rango, como derivación del estado de inocencia, en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política; así como el apartado 2° del artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en cuanto establece que " toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad " ; y, finalmente, en los artículos 1° y 393 párrafo tercero del Código de Procedimientos Penales, normas cuya violación se sanciona en forma expresa con nulidad según lo dispuesto en los artículos 145 y 146 del Código de Procedimientos Penales. Para tales efectos debe recordarse que ya la Sala Constitucional señaló que todas las violaciones a la mera legalidad referidas al debido proceso (entre el cual se incluye el principio de inocencia, del que deriva el indubio pro reo) se convierten automáticamente en violaciones constitucionales.”126

Igual que el principio de inocencia, el de culpabilidad al estar tan vinculado

con el derecho a la libertad, encuentra fundamento en la Constitución Política, en

el artículo 39, de donde se deriva el artículo 9 del Código Procesal Penal que

también lo tutela.

“El mismo Código Procesal Penal en su artículo 9 reconoce el estado de inocencia en que se encuentra el imputado en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, de manera que las medidas cautelares que se dicten en su contra no solo tienen carácter excepcional sino que deben ser proporcionales a la pena o medida de seguridad que pudiera llegar a imponerse.”127

126

Sala Tercera, Voto 007-F-96, del 9 de enero de 1996. 127

Sala Constitucional. Voto 7339, del 29 de abril del 2008.





141

De lo anterior se desprende, que la persona sentenciada es culpable,

porque se definió en sentencia, durante un proceso respetuoso de las garantías

fundamentales, en donde se probó que su conducta es típica, antijurídica y

atribuible, porque no existen presupuestos que lo eximan de su responsabilidad.

Responsabilidad que es personal y no objetiva.

“Cuando se exige fundamentar debidamente la resolución que restringe la libertad de un imputado, tanto por imperativo constitucional, como por mandato específico del numeral 20 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, lo que se exige en la resolución es la existencia y exposición del respaldo fáctico concreto existente en la causa, y respecto de cada imputado, así como el respaldo normativo que sustenta y justifica la adopción de la medida, pues sólo de esa forma se logran individualizar las razones que motivaron la decisión, y sólo así surge la posibilidad de controlar en alzada esa disposición. Es decir, el juez ha de expresar las razones que existen en la causa que tramita, y respecto del imputado concreto, para decidir restringir su libertad como medida cautelar indispensable para asegurar la sujeción del acusado al proceso, la averiguación de la verdad y la eventual aplicación de la ley penal”128

De lleno en materia penal juvenil, se encuentra regulado el principio de

culpabilidad en el mismo artículo 15 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, así como

en el artículo 40 inciso 1 y 2.b.i) de La Convención sobre los Derechos del Niño.

La jurisprudencia del Tribunal Casación Penal ha establecido:

“…la individualización de la pena, tanto para adultos como para menores, supone una valoración tripartita por razones cartesianas en punto a la proporcionalidad, la culpabilidad y la necesidad. La proporcionalidad refiere el injusto, en lo que hace a la forma de realizar de la acción criminal, así como la extensión mayor o menor del daño o peligro para el bien jurídico tutelado; la culpabilidad, se refiere a la constatación de las capacidades de entendimiento y de determinación, y a la exigibilidad de conocer el derecho y de actuar

128

Sala Constitucional. Voto 11272, del 22 de julio del 2008.





142

como el derecho espera; en tanto la necesidad corresponde a las características individuales del condenado, en virtud de las cuales es acreedor a la sanción.”129

Por lo tanto, debe de tomarse en cuenta que el principio de

proporcionalidad, va ligado al de culpabilidad, porque una vez que se ha

comprobado la responsabilidad del joven procesado, la sanción a imponer tiene

que estar relacionada con la culpabilidad y el grado de reproche atribuible. Esto

en atención de los artículos:

“Artículo 25. Principio de Racionalidad y Proporcionalidad. Las sanciones que se impongan dentro del proceso, tendrán que ser racionales y proporcionales a la infracción o al delito cometido.”130 “Artículo 5. Objetivos de la justicia de menores. 5.1) El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a la circunstancias del delincuente y del delito.”131 “Artículo 5. Principio de proporcionalidad e interés superior de la persona joven. En la ejecución de las sanciones penales juveniles, cuando proceda imponer una medida disciplinaria o cualquier otra disposición administrativa, deberá escogerse la que perjudique menos a la persona joven y sea acorde con la falta cometida.”132

Entonces, es claro que la fase de ejecución se base en el principio de

culpabilidad, porque la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles está

dirigida a las personas culpables. Toda vez que, ya ha sido superado el principio

de inocencia.

129

Tribunal de Casación Penal, voto 827, del 19 de octubre del 2001. 130


Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing). 29 de noviembre de 1985. 132






143

Por lo tanto en el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, se incorpora el principio de culpabilidad,

“Artículo 1. Sanciones reguladas por esta Ley. La presente Ley regula la ejecución y el cumplimiento de las sanciones previstas en la Ley de Justicia Penal Juvenil No 7576. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplica a todas las persona menores de edad sancionadas, con edades entre los doce años cumplidos y menores de dieciocho años, y a las personas jóvenes adultas, sancionadas por delito cometido durante su minoridad… Artículo 3. Principio de legalidad durante la ejecución. …Ninguna persona joven sancionada podrá sufrir limitación alguna de su libertad ni de otros derechos que no sean consecuencia, directa e inevitable, de la sanción impuesta.”133

b) El interés superior de la persona menor de edad, su

estabilidad social y seguridad jurídica.

b.1. El principio de interés superior de la persona

sentenciada como menor de edad.

El principio rector por el cual se garantizan todos los demás principios y

derechos en la Justicia Penal Juvenil, es el Interés Superior de la persona menor

de edad, como lo establece el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil

“Serán principios rectores de la presente ley, la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respecto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en la familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a

133






144

esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho.”134

El principio del interés superior de la persona menor de edad engloba el

respeto de las garantías procesales y sustantivas del derecho penal de adultos,

así como, además todas aquellas que le son atribuibles a las personas por su

condición de menores de edad, por lo tanto este principio se puede definir como

“…una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida que existen derechos y titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos. El principio le recuerda al juez, o a la autoridad de que se trate, que ella no "constituye" soluciones jurídicas desde la nada sino en estricta sujeción, no solo en la forma sino en el contenido, a los derechos de los niños sancionados legalmente.”135

El interés superior de la persona menor de edad, nace con la Declaración

de los Derechos del Niño, en 1959, redactada por La Organización de Naciones

Unidas,

“El principio del interés superior del niño fue establecido de manera expresa dentro del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Declaración de los derechos del niño de 1959, cuyo principio 2 estableció lo siguiente: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral y espiritual y socialmente en forma saludable y norma, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con ese fin,

134


CILLERO BRUÑOL (Miguel). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los derechos del niño. En: Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 1

a edición, UNICEF, San José, Costa Rica, 2001. p. 39-





145

la consideración a que se atenderá será el interés superior del niño.””136 Declaración, que como instrumentos internacional ratificado por nuestro

país, da a su contenido rango superior a las leyes, además,

“La Declaración de los Derechos del Niño constituyen un complejo de principios y de preceptos que se imponen a la atención general y que inspiran y son la base de varios acuerdos internacionales para tutelar a la infancia y a la adolescencia y para promover la plena actuación de la persona humana en cada uno de los individuos menores de edad.”137

En la Ley Tutelar de Menores, no se contemplaba propiamente un artículo

donde se regulara el interés superior de la persona menor de edad138, sin

embargo, este principio si era tomado en cuenta, solo que desde una perspectiva

distinta, propia de la doctrina de la situación irregular. La doctrina de la situación

irregular asociaba el interés superior con salvar al niño

“En la doctrina de la situación irregular, el interés superior del niño hacía que para el derecho tutelar juvenil perdieran importancia las garantías procesales y penales. Lo anterior ya que se decía que todo era para “salvar al niño”, o sea, en defensa de su interés superior.”139

Se debe recalcar, que antes de la Ley de Justicia Penal Juvenil la persona

menor de edad, no era sujeto de derecho, sino que el principio de interés superior

del niño hacía referencia a que se debía actuar en defensa del niño,

136


Mundo Grafico de San José, San José, Costa Rica, 2002. p 103-104. 137

OSES MENDIZÁBAL (Luis). Derechos de Menores: teoría general. Ediciones Pirámides, S.A. Madrid, España. 1977. p 502. 138


Mundo Grafico de San José, San José, Costa Rica, 2002. p 111. 139 TIFFER SOTOMAYOR (Carlos y otro). La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa

Rica: con jurisprudencia nacional. 1a. ed, UNICEF – ILANUD, San José, Costa Rica. 1999. p 5.





146

responsabilidad que recaía en los adultos, quienes eran capaces de decidir la

forma más adecuada de resolver en cuanto a las persona menores de edad.

En el año 1990, cuando nuestro país ratificó la Convención sobre los

Derechos del Niño, y luego en 1996, con la entrada en vigencia de la Ley de

Justicia Penal Juvenil, se varía la forma de interpretar el principio del interés

superior de la persona menor de edad, por el concepto actual que se tiene.

Principio que se encuentra en el artículo 3.1) de la Convención sobre los

Derechos del Niño,

“En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” 140

Dentro de esta nueva connotación, al referirse al interés superior de la

persona menor de edad, debe recordarse que se trata de una persona con

derechos y deberes, regida desde la doctrina de la protección integral,

“Debe reconocerse que la forma en que se concibe la protección integral del niño y con ello el principio educativo marca una diferencia entre las doctrinas de la situación irregular y de la protección integral, puesto que esta última parte, en definitiva, del carácter de sujeto de derechos del niño a diferencia de la concepción de mero objeto de la actuación estatal tutelar que le atribuía la doctrina de la situación irregular.

A ello se agrega que aspecto fundamental de la concepción de la doctrina de la protección integral es que ni el principio del interés superior del niño ni el de la protección integral de este pueden servir para restringir las garantías del derecho penal y procesal penal del niño más allá de las establecidas con respecto a los mayores. Así, en el derecho penal juvenil el principio del interés

140

Convención sobre Derechos del Niño. 26 de enero de 1990.





147

superior del niño no debe llevar a caer en la “trampa” a la que conduce la doctrina de la situación irregular, de modo que no debe funcionar para limitar las garantías penales y procesales del niño…”141.

El interés superior de la persona menor de edad no solo involucra los

preceptos legales, sino además los aspectos personales, sociales y familiares, ya

que no se puede concebir a una persona aislada de cada uno de estos ámbitos,

mucho menos tratándose de una persona menor de edad que está en proceso de

formación.

Lo anterior se reafirma con el artículo 5 del Código de la Niñez y

Adolescencia que indica:

“Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerarse su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal. La determinación del interés superior deberá considerar: a) Su condición de derechos y responsabilidades.

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y además condiciones personales.

c) Las condiciones socioeconómicas en que desenvuelve.

d) La correspondencia entre interés individual y social.”142

En concordancia al anterior artículo la doctrina nacional menciona:

“Con relación a lo que debe de entenderse en el párrafo anterior por interés superior del niño, el Dr. Javier Llobet ha manifestado: “el primer párrafo de dicho artículo define lo que debe de entenderse por “interés superior del niño”, de modo que la enumeración que se

141 TIFFER SOTOMAYOR (Carlos y otro). La Sanción Penal Juvenil y sus alternativas en Costa

Rica: con jurisprudencia nacional. 1a. ed, UNICEF – ILANUD, San José, Costa Rica. 1999. p 8-9. 142

Código de la Niñez y Adolescencia. 6 de febrero de 1998.





148

hace con posterioridad debe considerarse en relación con lo indicado en dicha definición. Así, por ejemplo, la “correspondencia entre el interés individual y el social”, que se dice debe considerarse a efectos de determinar el interés superior del niño, no ha de ser entendida como un balance entre este y el interés “superior” de la colectividad. Más bien, la mención que se hace en este artículo del “interés individual y social”, a de interpretarse en el sentido de que el “pleno desarrollo personal” del niño supone la consideración por este de su responsabilidad por el hecho de vivir en sociedad.”143 Sobre este mismo tema la Sala Constitución manifiesta:

“III.- INTERES SUPERIOR DEL MENOR Y VULNERABILIDAD DE ÉSTE FRENTE A LA ACTIVIDAD ADMINSITRATIVA. Tanto las Sentencias como las opiniones consultivas vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del parámetro de desarrollo de los derechos humanos en el plano regional. Bajo esta inteligencia, en atención a lo establecido en el ordinal 48 de la Constitución Política -en el sentido que el proceso de amparo tiene por propósito mantener y restablecer el goce y ejercicio de los derechos consagrados en ese texto fundamental y "(...) los de carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (...)"-, este Tribunal Constitucional estima que, incluso, las opiniones consultivas emanadas de esa instancia regional son vinculantes en la interpretación y aplicación de los alcances, contenido y límites de los Derechos humanos en el ámbito del Derecho interno costarricense. Así, la opinión Consultiva número OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es particularmente ilustrativa del principio del interés superior del niño y de la situación particular de desventaja de los menores, al señalar lo siguiente:

"...56. Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus

143

TIFFER SOTOMAYOR (Carlos). Ley de Justicia Penal Juvenil: Comentada y Concordada. Editorial Juritexto. 2da ed., San José, Costa Rica, 2004. p 45.





149

potencialidades así como en la naturaleza y alcances de la Convención sobre los Derechos del Niño.

57. A este respecto, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) establece:

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

58. El principio anterior se reitera y desarrolla en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño

(...)

59. Este asunto se vincula con los examinados en párrafos precedentes, si se toma en cuenta que la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de este (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos.

60. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que este requiere "cuidados especiales", y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir "medidas especiales de protección". En ambos casos, la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación





150

específica en la que se encuentran los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia.

61. En conclusión, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halla el niño.

VIII

DEBERES DE LA FAMILIA, LA SOCIEDAD Y EL ESTADO

Familia como núcleo central de protección

62. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece. Sobre este punto, el artículo 16 del Protocolo de San Salvador manifiesta que todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.

63. En este sentido el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño ha establecido que:

[...]

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.





151

64. A lo anterior es preciso agregar la puntual observancia de obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

65. En aras de la tutela efectiva del niño, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho, debe tomar en cuenta el interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia (...)

Instituciones y persona

78. La eficaz y oportuna protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención de instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos jurisdiccionales o administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios para salvaguardar el interés superior del niño. En este sentido, el inciso tercero del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño determina lo siguiente:

[...]

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes

79.Esto debe informar la actividad de todas las personas que intervienen en el proceso, quienes han de ejercer sus respectivas encomiendas tomando en consideración tanto la naturaleza misma de éstas, en general, como el interés superior del niño ante la familia, la sociedad y el propio Estado, en particular. No basta con





152

disponer protecciones y garantías judiciales si los operadores del proceso carecen de capacitación suficiente sobre lo que supone el interés superior del niño y, consecuentemente, sobre la protección efectiva de sus derechos (...)

Obligaciones positivas de protección

87. Esta Corte ha establecido reiteradamente, a través del análisis de la norma general consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las normas del derecho de responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del Estado, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos en la Convención Americana. Dicha obligación general impone a los Estados Partes el deber de garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder del Estado, y también en relación con actuaciones de terceros particulares. En este sentido, y para efectos de esta Opinión, los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) y 17 (Protección a la Familia), en combinación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren protección a los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales.

88. En igual sentido, se desprende de las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño que los derechos de los niños requieren no sólo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos. Esto requiere la adopción de medidas, entre otras, de carácter económico, social y cultural. En particular, el Comité sobre Derechos del Niño ha enfatizado en su primer comentario general la relevancia del derecho a la educación. Efectivamente, es sobre todo a través de la educación que gradualmente se supera la vulnerabilidad de los niños. Asimismo, el Estado, como responsable del bien común, debe, en igual sentido, resguardar el rol





153

preponderante de la familia en la protección del niño; y prestar asistencia del poder público a la familia, mediante la adopción de medidas que promuevan la unidad familiar…

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS EN QUE PARTICIPAN LOS NIÑOS

Debido proceso y garantías

92. Como se ha dicho anteriormente (supra 87), los Estados tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona humana, así como proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías (artículo 1.1), medios idóneos para que aquéllos sean efectivos en toda circunstancia, tanto el corpus iuris de derechos y libertades como las garantías de éstos, son conceptos inseparables del sistema de valores y principios característico de la sociedad democrática. En ésta "los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros".

93. Entre estos valores fundamentales figura la salvaguarda de los niños, tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se encuentran. En razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado.

94. Estas consideraciones se deben proyectar sobre la regulación de los procedimientos, judiciales o administrativos, en los que se resuelva acerca de derechos de los niños y, en su caso, de las personas bajo cuya potestad o tutela se hallan aquéllas.

95. Las garantías consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención se reconocen a todas las personas por igual, y deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19, en forma que se reflejen en cualesquiera procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de un niño.

96. Es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños,





154

con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan en un procedimiento.

Sobre el mismo principio, la Corte de Constitucionalidad de Colombia en la sentencia C-247/04 del 16 de marzo de 2004, dispuso lo siguiente:

"...En relación con dichos preceptos superiores la jurisprudencia de la Corte ha explicado que la Constitución, con el propósito de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales como fin esencial del Estado social de derecho, estableció una protección especial para algunos sectores de la población, dentro de los que se cuentan, entre otros, la mujer, los niños, los adolescentes, los ancianos, las personas con algún tipo de discapacidad (arts. 43, 44, 45, 46 y 47 C.P.), en atención a la vulnerabilidad de su situación, a la discriminación de que han sido objeto, o a la situación de indefensión en que pueden llegar a encontrarse.

La Corte ha puesto de presente que en relación con los derechos de los niños el Constituyente estableció específicamente un mandato expreso para que sus derechos prevalezcan sobre los derechos de los demás (art 44. C.P.), previsión que encuentra justificación en que la población infantil es vulnerable y la falta de estructuras sociales, económicas y familiares apropiadas para su crecimiento agravan su condición de indefensión. A través de dicha protección especial se busca, ha explicado la Corte, que la población infantil alcance un desarrollo armónico e integral, obedeciendo al principio de la prevalencia del interés superior del menor, desarrollado por la jurisprudencia constitucional en concordancia con los mandatos superiores a que se ha hecho referencia.

Sobre dicho principio, definido como la prevalencia jurídica que es otorgada a los menores, con el fin de darles un tratamiento preferencial, la Corte hizo las siguientes consideraciones en la sentencia T-408 de 1995 reiterada por la Corporación en varias sentencias.

Dijo La Corte:

"el "interés superior" es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el





155

tratamiento de los menores de edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.

(...)

La más especializada doctrina coincide en señalar que el interés superior del menor, se caracteriza por ser: (1) real, en cuanto se relaciona con las particulares necesidades del menor y con sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres, en tanto se trata de intereses jurídicamente autónomos; (3) un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de los derechos del menor; (4) la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor…"144

En este sentido, dentro de la justicia penal juvenil, no se puede dejar de

lado el bienestar integral de la persona menor de edad, que al fin y al cabo es el

fin primordial de este proceso, al tener como fundamento una función

socioeducativa y de reinserción social.

b.2. La estabilidad social de la persona menor de

edad sentenciada.

144 Sala Constitucional. Voto 06014 del 5 de mayo del 2006.





156

Si se quiere lograr una verdadera reinserción social de la persona

sentenciada como menor de edad, siendo este el fin de la justicia penal juvenil, se

debe de tener claro que el principio rector, es el interés superior de la persona

menor de edad.

“Así, el criterio del “interés superior del niño” se transforma en un principio de relevancia universal de su interés, que implica interrelación de políticas públicas y medidas internacionales tendentes a la protección de los derechos de la niñez…”145 Como se mencionó anteriormente, el interés superior de la persona menor

de edad no se limita solo al ámbito jurídico, por el contrario de aquí se parte para

dar respaldo a los derechos fundamentales que abarcan el campo personal, social

y familiar.

Siempre que se habla de la estabilidad social de una persona menor de

edad sentenciada como privada de libertad, lo más fácil es pensar en la

educación, salud, recreación, buenas condiciones de infraestructura dentro del

centro, entre otros; pero se tergiversa el concepto de reinserción social, que es

primordial para una persona sentenciada, o sea, cómo lee el joven sentenciado a

la sociedad y cómo hace lectura de él la sociedad.

Se debe hacer alusión a la inestabilidad social en que se pone al joven

sentenciado, al existir el efecto no suspensivo del recurso de apelación contra la

modificación de una sanción privativa de libertad por una en libertad. Ya que al

dejarlo en libertad sin tener la certeza de que esa condición se va a mantener,

siendo un Tribunal en alzada quien va a definir la situación, sin estar en manos

145

BARATTA (Alessandro). El niño como sujeto de derechos y participante en el proceso democrático. En: Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Antología. 1

a edición, UNICEF, San

José, Costa Rica, 2001. p. 47-





157

del joven la decisión de mantenerse en libertad, es donde se denota la

inestabilidad.

“… psicológicamente algunos elementos muy básicos, el ser humano es un ser deseante, es una persona que permanentemente va a estar conectada con buscar diferentes situaciones que permitan su desarrollo... El ser humano privado de libertad, es una circunstancia altísimamente compleja, y con todo respeto yo digo muchísimo más compleja que algunos autores desde la materia penal lo han visto, el ser humano no fue diseñado, socializado, programado para estar en un contexto como es la prisión, más allá y ustedes saben mejor que yo, lo que es el proceso de la institucionalización donde ahí ya sí, al ser humano le cambiamos por decirlo así el chip y lo hacemos que se adapte a una serie de condiciones que más bien luego no va a querer cambiar, pero el ser humano es un ser amante de la libertad… Brinco a otro punto, otro elemento… porque ya la persona se fijó una expectativa y lo peor es, como decimos nosotros cuando hay personas que son muy estructuradas, personas que son poco flexibles… cuando un ser humano se entusiasma, se programa, quiere, nosotros decimos también catetiza, o sea que pone una energía a aquella idea, a aquel proyecto, y de pronto cuando no viene, en términos psicológicos es significante, es devastador,

Toda vez que el joven sale en libertad, hace una vida fuera de prisión y se

vuelve a meter en el rol de la familia, a la vez su familia lo incluye dentro de su

entorno, exponiéndolo el sistema un desequilibrio de su ámbito social y personal,

en caso de tener que volver al centro penal.

“…además digamos iniciando una relación de pareja desde la calle que tuvo que dejar porque la persona ya no iba a aguantar ese tiempo que va a estar en prisión, entonces por ese proceso pasa, perdiendo cosas otra vez, la confianza de la familia, el hecho de saber que lo tienen que visitar, que yo voy a estar restringido nuevamente, es un doble golpe, ya no sólo la primera experiencia





158

sino que pasarla por segunda vez es como volver a revictimizarlos en esa experiencia y dejar un montón de cosas y volverse a adaptar y volver a generar alianzas, vínculos para sobrevivir y eso a veces implica que tomen comportamientos inadecuados…

El hecho de salir y volver a entrar, les afecta más si ya habían formado una vida en familia, pareja, hijos, no es sólo el hecho de volver a la cárcel, es perder a esa pareja, es perderme el ver a mi hijo, es estar angustiado porque no tengo dinero para mantenerlos, entonces entran con un montón de conflictos más…”146

Aunado a la anterior problemática social, aumenta la inestabilidad del joven

el no saber qué sucede con su situación jurídica, porque se encuentra fuera de

prisión cumpliendo con las condiciones que le impusieron, a pesar de existir la

posibilidad o no, de que el juez y el defensor, le hayan explicado las

circunstancias de esa libertad en espera de firmeza. Al final la persona que va a

quedar en libertad, por el grado de ansiedad que maneja en ese momento, no

pone atención y no comprende su estado desde un punto de vista legal, pero aún

así, el joven siempre dirá que sí, a cualquier cuestionamiento de su comprensión,

con tal de quedar en libertad.

“… a pesar de que el órgano, Ministerio Público, Juzgado, Juzgado Penal Juvenil, le dé las suficientes razones, la persona no las va a entender, le va a costar entenderlo, … lo peor es también cuando de pronto alguno de los órganos que intervienen en el proceso de ejecución, al rato las respuestas no sean tan claras por esos elementos…

Yo tengo expectativas, creo que estoy cumpliendo con mi programa, creo que estoy cumpliendo con mi plan de atención técnica, hay un grupo de profesionales que me dicen que yo estoy

146

Entrevista con la Licenciada Carolina Gutiérrez Carvajal, Psicóloga que atendió el caso del privado de libertad W.M.L (Caso Limón), realizada el 20 de mayo del 2008.





159

cumpliendo con mi plan de atención técnica y de pronto me dicen que no, un no que a pesar de venga muy razonado, yo no lo acepto porque yo ya tenía la idea, la fantasía, la imaginación de poder estar en el afuera.”147

“Bueno, cuando el joven volvió a ingresar a este centro, nos indicó que a él le habían dicho que tenía que volver a internarse y que por eso volvió, pero venía con una actitud de decepción, porque por un lado él no podía entender lo que legalmente estaba sucediendo y además no tenía la suficiente madurez para comprender lo que significa todo ese proceso…”148

“Yo me imagino que él, en el momento que le indican que queda en libertad, lo único que piensa es que puede salir a la “calle” sin pensar en nada más, o sea, aunque se lo hayan dicho, simplemente no lo comprende y piensa que a él no le va a pasar…”149

“Yo siento también que los jueces no valoran ésta situación, los chicos van a las audiencias sumamente ansiosos esperando una respuesta, entonces ellos con tal de que les digan: usted va para la calle, ellos no escuchan el resto, ellos dicen si a todo.

…Siento que para ellos sería oportuno que en ese momento que se les da una libertad o algo así, que todo se lo expliquen, porque a veces dicen: es que no me informaron, no me dijeron, y quizá no es que no informaron o no dijeron, es que el juez lo dijo ahí adelante simplemente y el abogado defensor no se lo repite ni se lo explica ya cuando el chico esté calmado, sereno y se la haya bajado la felicidad que en ese momento tiene por salir, y que le quede claro, porque algunos salen y es: bueno usted sale y se tiene que comunicar a Sanciones Alternativas, no saben cuál es el numero,

147

Entrevista con el Licenciado Manuel Molina Brenes, Psicólogo de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y Gracia, realizada el 30 de enero del 2009. 148

Entrevista con el Licenciado Oscar Chaves Lugo, Psicólogo del Centro de Atención Especializada Adulto Joven, realizada el 20 de mayo del 2008. 149

Entrevista con la Licenciada María Espinoza Rojas, Orientadora del Centro de Atención Especializada Adulto Joven, realizada el 20 de mayo del 2008.





160

no saben con quién se tiene que comunicar, no saben dónde queda, principalmente los de áreas de Limón, que no conocen absolutamente nada, luego otra cosa es que no le dicen: vea señor juez yo no puedo estar yendo cada quince días por los pases porque son quince mil pesos de venir de Limón hasta acá, entonces ellos con tal de que les digan que sale, no les importa pero después eso son las problemáticas y no se ponen a ver que están ahí por problemas económicos y estar sacando quince mil colones cada quince días, pues no…”150

“- Cuando la Jueza de Ejecución de Limón, lo pone en libertad, usted sabía que había posibilidades de volver al Centro aunque cumpliera con las condiciones que le dijeron que tenía que cumplir?

Yo cumpliendo no, en ningún momento me lo dijeron, yo nada más sabía que con que uno cumpla estaba ahí bien. Yo en ese momento estaba trabajando y cumpliendo con todas las condiciones.

- Porqué motivo fue que usted entonces no pudo presentar la oferta laboral cuando lo detuvieron y le hicieron audiencia?

Porque a lo que yo entendí, la jueza quería otra oferta, eso fue lo que yo entendí de lo que dijo ella, y en ese momento de la audiencia yo venía con las manos vacías, porque me estaban llamando porque supuestamente yo estaba incumpliendo.”151

No se puede dejar de lado, la situación de etiquetamiento y estigmatización

que va a vivir la persona menor de edad, que ha salido de prisión y tiene que

volver, a pesar de que ha estado cumpliendo con las condiciones que el juez le

impuso, sin embargo, la sociedad no interioriza que es por un aspecto formal de la

150

Entrevista con la Licenciada Carolina Gutiérrez Carvajal, Psicóloga que atendió el caso del privado de libertad W.M.L (Caso Limón), realizada el 20 de mayo del 2008. 151

Entrevista con joven privado de libertad W.M.L (Caso Limón), quien se encuentra recluido en el Centro de Atención Especializada Adulto Joven, realizada el 20 de mayo del 2008.





161

ley que tiene que regresar, por el contrario creen que es porque la persona ha

vuelto a delinquir, afectando al joven quien está tratando de hacer efectiva su

reinserción en la sociedad.

“…le crea, también para el equipo técnico, quienes hacen los informes de recomendación, una situación muy confusa porque en este caso todos decían: no, es que él incumplió; yo en particular tenía el caso más cerca, junto con el abogado defensor, les decía al equipo técnico que él no está por incumplimiento, él está aquí porque el tribunal falló en contra, porque la fiscalía se pronunció y dijo no, esto no está bien, devuélvanlo, pero no fue porque él incumplió y en cierto punto esa confusión que tiene el equipo les mancha la posibilidad de un cambio de sanción… Además, que los oferentes dicen: ya yo no me hago cargo, porque uno no sabe la torta en que se pudo haber metido, estás de vuelta e incumpliste… Entonces él, no sólo entra con una depresión o con un estado de no puedo creer, de negación que me este sucediendo esto, sino que tiene que volver a pasar por un proceso de adaptación y eso significa también que quedó estigmatizado, que saliste y no funcionaste, entonces hay que luchar con un montón de cuestiones…”152

Según lo que se ha estudiado, se puede extraer, que si ya para cualquier

persona es perjudicial el hecho de encontrarse recluido en un centro penal, peor lo

es para la persona menor de edad sentenciada, y atenta más contra su interés

superior, el cual rige la materia, el volver a la cárcel por segunda vez, sin haber

realizado comportamientos que infrinjan la ley.

“…Yo siento que esa situación tiene que ver con la falta de estabilidad que les pueda generar, porque el hecho de salir y tener que ingresar nuevamente les da una inseguridad…

152






162

Entonces son muchas las reacciones que se pueden generar, hasta el hecho de variar su conducta dentro del Centro, porque pueden pensar que se portaron bien y por eso pudieron salir pero que los volvieron a internar entonces ahora se comportan mal, porque no tiene sentido si tuvo que volver…”153

“…A mi parecer, ninguna entrada a una cárcel puede ser positiva, pero el hecho de salir y volver a entrar sin haber cometido otro error, puede romper con todo ese proceso de esperanza que tiene un joven que está solicitando una liberación. Esta situación puede traer confusión en su pensamiento al pensar: porqué si ahora estoy haciendo las cosas bien, tengo que volver a ingresar a la cárcel, y esto trae como consecuencia el echarle la culpa a alguien, porque si no soy yo, entonces alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando…”154

“Además afecta el proceso de reinserción en la sociedad, porque te sacan por segunda vez y lo hacen cuando te estás portando bien, entonces la autoimagen también se ve dañada, porque no se sabe qué es lo que se tiene que hacer para quedar bien…”155

En el caso concreto, el joven W. ha manifestado su impresión acerca de la

experiencia vivida cuando tuvo que ingresar por segunda vez a la cárcel, aunque

se encontraba cumpliendo con las condiciones que le habían impuesto para

mantenerse en libertad, confirmando lo expuesto en el párrafo anterior y lo dicho

por los profesionales en psicología.

153

Entrevista con la Licenciada María Espinoza Rojas, Orientadora del Centro de Atención Especializada Adulto Joven, realizada el 20 de mayo del 2008. 154







163

“…Cuando entré nuevamente fue muy extraño, porque uno no cree que está de vuelta, por días uno no cree pero hay que irlo asimilando poco a poco porque así le tocó. Mi familia igual estaba muy dolida por lo que pasó, cuando yo volví a entrar.

Cuando yo volví a entrar aunque yo tenía compañeros aquí que me recibieron bien, hay que volver a ganarse el respeto porque hay personas nuevas, entonces lo que había ganado aquí lo perdí cuando salí. Por eso fue más difícil entrar al Centro ahora, que la primera vez que me pasó, porque como le dije ya no habían muchos de los amigos que yo tenía. Lo que estuve afuera fueron seis meses…”156

De igual forma, la licenciada Carolina Gutiérrez Carvajal, que atiende al

joven W, cuando éste reingresa al Centro Especializado Adulto Joven, explica el

comportamiento desde el punto de vista psicológico que presentó el mismo:

“…Cuando reingresa sí lo atiendo individualmente porque venía muy descompesado por la misma situación de volver a ingresar, ya que él decía: “yo no he incumplido, yo no he fallado, es muy impactante que me busquen y otra vez estar acá”

Esto, sí es un impacto psicológico fuerte para ellos, porque se vive como una situación de fracaso, “fracasé, y es más, no sólo fracasé sino la percepción de los otros es: yo fracasé, por lo tanto no merezco otra oportunidad, y voy perdiendo oportunidades de trabajo, oportunidades con mi familia.” Porque no se deja de lado que en algunas familias sí perciben el hecho que dice: sí, usted tuvo que haber hecho algo para que volviera, mentiras que usted está ahí internado porque no hizo nada…

Volviendo a hablar del caso en concreto, W. cuando ingresa nuevamente al Centro, en algunos puntos sí y en otros no, al principio estaba tan deprimido que no se hacían notar, porque era: yo estoy aquí, qué agüevado, yo no hice nada malo, yo estaba cumpliendo, a mí no me informaron, porqué no me dijeron, entonces era en una etapa como más depresiva, más de volverse a adaptar al medio. También los compañeros comienzan a decir: sí

156






164

mae, algo hiciste en la calle, ve no pegaste, vos que dijiste que ibas a estar, entonces eso le genera también un conflicto con sus compañeros, para qué te la buscaste mae, dejá de quejarte, ya estás aquí, ya decí la verdad que incumpliste, entonces eso genera una burla y también una cuestión de derechos, o sea, no tenés derecho a pedir nada, ya estuviste afuera, desaprovechaste la oportunidad, entonces ellos mismos también como que se la cobran; es una cuestión que se da en la dinámica grupal o estar en una burla y en mofa constante. Luego empezó a presentar más conductas de: si me voy a tener que quedar todos estos años acá, porque ya me dijeron que no salgo, y percibo que no me van a recomendar nuevamente entonces empiezo a asumir una conducta de: necesito tener la mayor estabilidad que pueda acá, y si tengo que ocupar posiciones de poder lo voy a hacer, ya sea desde un poder económico: yo traigo cosas y comparto con mis compañeros, ante un poder de yo hago cosas o yo no me dejo de nadie entonces ya empieza otra dinámica, donde se van generando aliados y donde se van generando enemigos y ahora ustedes supieron hace poquito lo aislaron, entonces entran en éstas dinámicas porque empiezan en una pugna de poder: yo necesito afianzar mi estancia acá. Tiene que volver a ganar lo que perdió al salir, porque ahí se vive el dicho: muerto el rey, viva el rey, o sea, si ya usted murió y tenía cierta posición acá, olvídese de que usted tiene esta misma posición, porque otros ya nos colocamos en esa posición, usted aquí viene iniciando, usted aquí no es nadie otra vez y tiene que empezar a ganarse las cosas. Entonces ya, eso les genera también una confusión si yo tenía cierto respeto, cierto nombre dentro del grupo, ya no lo tengo, pero yo a veces siento y lo vivo como si lo tuviera, porque rapidito los demás me ubican y me dicen: no papacito ya usted salió, usted aquí es un nuevito, aunque ya haya estado y si salió debiendo cosas se las cobran, además de que generan alianzas y muchas de las personas que estaba con él ya no están, entonces o estaban en otros dormitorios, toda la dinámica que él dejó ya no está, entonces ya las alianzas que tenía establecidas donde el otro me cuidaba, ya no está para cuidarme ni protegerme las espaldas, esto quiere decir que con la persona que en algún momento no me tocaba porque estaba aliado con otros, ahora sí lo hace porque ya no hay protección, ya no hay esas alianzas.”157

157






165

De la entrevista realizada al joven W., se da contenido a lo manifestado por

el psicólogo Oscar Chaves Lugo, al indicar que cuando pasa una situación como

la que estamos trabajando, los jóvenes siempre buscan un justificante fuera de

ellos, para disminuir la decepción.

“…el abogado me dijo que me estaban llamando porque yo estaba incumpliendo a lo que dicen ellos, y en la audiencia la jueza me dijo que me negaron la libertad por la oferta de trabajo o algo así, entonces yo le dije al abogado que porqué me había dicho que era por un incumplimiento si él no sabía a qué íbamos, le expresé mi molestia al abogado… y el abogado no me había dicho nada de la oferta y él me dijo que mejor me quedara así y que venía de vuelta para el Centro y a mí no me gustó lo que él hizo, entonces yo lo que hice fue cambiarme de abogado, ahora tengo una abogada, porque la culpa de que yo volviera la tuvo el abogado…”158

Ante toda esta inestabilidad social, provocada por la aplicación del artículo

28, es evidente que en procura de los intereses de las personas menores de edad

sentenciadas a una sanción privativa de libertad, debería brindárseles la certeza

de que lo que se les resuelve y se ejecuta no va ser revocado por causas ajenas a

su comportamiento.

“De hecho, se ha podido ver en sus reacciones esa necesidad de estar seguros de lo que ha dicho la jueza. Además, ellos no manejan una mala reacción al indicárseles que no se les ha otorgado el cambio de sanción, o sea, se entristecen en cierta manera, pero de una forma muy manejable, ya que como mencioné al principio, al haber tenido ya tantas pérdidas, una nueva no es tan dramática, o sea, piensan bueno si no se pudo, pues no y ya. Entonces yo considero que es mejor decirles de forma segura si salen o no definitivamente. Más cuando las cosas andan bien

158






166

afuera, entonces no encuentran sentido al tener que volver al Centro.”159

“Por tales motivos, es que yo, desde la experiencia que se tuvo aquí en el Centro con el caso de W. considero que es mejor que les digan que se les va a otorgar un beneficio pero ya en forma segura, si ó no, para no causarles esa angustia, esa inestabilidad…”160

“…No causa tanto impacto cuando se les niega la modificación en audiencia porque de una vez se los dicen ahí. El que les definan algo en claro es para ellos lo más importante, independientemente que de que la respuesta sea positiva o negativa, el asunto es el proceso, todo ese esperar es lo que eleva sus niveles de ansiedad…

Los chicos tiene una consigna muy clara, prefiero la verdad a una mentira, entonces prefiero que me hablen claramente cuál es mi situación, a que me inventen algo que no va a ser, porque luego la desilusión es mayor…”161

“…Por supuesto, ahí sí, es que ese es problema, el efecto suspensivo reitero es fenomenal para efectos de protección de derechos, etcétera cuando la resolución es confirmada, pero cuando la resolución es revocada ahí sí, más bien y cómo me decía C: licenciada hubiera preferido adentro a salir y volver a entrar. Obviamente, en aplicación de la lógica y demás es mucho más traumático que se le saque y se le devuelva, a que hubiese estado esperando mejor en el Centro Penal la ratificación o no de la resolución del Juzgado de Ejecución…”162

159


Entrevista con la Licenciada María Espinoza Rojas, Orientadora del Centro de Atención Especializada Adulto Joven, realizada el 20 de mayo del 2008. 161

Entrevista con la Licenciada Carolina Gutiérrez Carvajal, Psicóloga que atendió el caso del privado de libertad W.M.L (Caso Limón), realizada el 20 de mayo del 2008. 162






167

“… entonces digamos que el caso de C (caso San José), nosotras no hemos podido estar cerca de ella, digamos por las modalidades de abordaje… entonces con la consulta a las adultas jóvenes nosotros estamos haciendo este trabajo con DNI por ser una organización internacional… se desprende después de la encuesta con ella lo que ella siente es un gran resentimiento con las autoridades judiciales… Yo creo que a todos los afecta, claro, porque si a vos te dicen que ganaste un examen y mañana te dicen que no lo ganaste te desorganizás, más por la edad en la que ellos están, son adultos jóvenes verdad, están en proceso de formación todavía… Yo creo que a C, le ha hecho un daño pero un daño psicológico muy grande, ella en este momento es una persona que desconfía de todo el mundo… ella ya lo dijo y se lo dijo a los compañeros, que ella no cree en el sistema de justicia, a ella esa situación la ha deprimido un montón, y es que hay que ver el daño que se la hace a una persona al crearle expectativas y que de un momento a otro va de nuevo para adentro…”163

Es por tanto, que en atención de las entrevistas recabadas, se

puede afirmar que es preferible el efecto suspensivo en este tipo de

recursos.

“Ahorita, ya no estoy pensando en volver a pedir la modificación, porque le soy franco, yo ya me resigné, me queda como año y medio de descuento y lo que me queda es tirármelo todo… Es lógico, prefiero haberme esperado y si hubiera salido que fuera de fijo, porque salir por salir no tiene sentido, porque pierdo un montón de cosas tanto adentro como afuera…”164

“…Por lo menos yo creería que a ellos les beneficiaría más que quedara confirmado, o sea, que si les dijeran esperen ahí esperen. En el caso específico, también, porque yo pienso que en este al

163

Entrevista con la Licenciada Ada Luz Mora, Directora del Programa Nacional de Atención para la Población Penal Juvenil , realizada el 2 de febrero del 2009. 164






168

igual que en cualquiera se forman un mundo, y se proponen algunos un plan de vida, un plan de egreso que se ve nuevamente interrumpido… A veces los chicos, cuando son cambios de sanciones y les quedan dos meses y que el juez les dice salga, ellos dicen: no prefiero quedarme acá y terminar de cumplir para no andar en eso, siento que sería igual, pienso que los chicos dirían prefiero quedarme acá, mientras tanto, que salir y que luego me vuelvan a meter… Para mí lo mejor sería que el chico saliera hasta que la resolución quedara en firme. Porque se pasa por un duelo, el duelo de perder otra vez su libertad, por segunda vez. Las personas pueden reaccionar o violentamente o en estado de negación, no sé lo que está ocurriendo a mi alrededor y tengo la esperanza de que a mi abogado defensor haga algo, que no me lleven, que seguro es un error. W, entró al principio en negación, depresión y después enojo. Si la persona está detenida por problemas de violencia, posiblemente su enojo aumenta contra la autoridad el sistema, la estructura social, porque no sé manejar el enojo y mucho menos esta situación que me enoja, porque lo acabo de describir son las etapas de un duelo y voy por un proceso de aceptar que ésta es la realidad que estoy viviendo nuevamente y que no entiendo, no comprendo y que creo injusta… Tal vez los que ya salieron y ellos son muy consientes de que incumplieron, no es que no la vivan, pero la vivan diferente, porque una parte dice: sí fui yo el que incumplí y a veces incumplí porque me dio la gana, me di un vueltín, a decir: yo estaba bien, qué pasó. Un duelo por un hecho repentino es más difícil de asimilar que es lo que pasa con el caso de W. El hecho de que le digan en audiencia que se le otorga la libertad pero que para salir, debe de esperar a que esté firme, yo pienso que sería menos impactante. Con la aplicación de esa norma, no se está midiendo el impacto psicológico ni social, y a veces con los chicos, con la ley no miden ese impacto social ni psicológico.”165 “…Obviamente si nosotros ubicamos el asunto, lo que podemos creer es que la persona en esa situación prefiere quedarse allí que salir y se le devuelva, sobre todo cuando es madre, esposa y demás, la situación es más complicada… Si en este momento, yo sé a los jóvenes se les pone a escoger, si C hubiese sabido lo que iba a pasar, les aseguro que hubiese

165






169

decidido: me quedo hasta que no quede en firme, incluso considero que ella sabiendo de la situación si se le presenta probablemente, ella diría hasta que no quede en firme prefiero no moverme de aquí, pero obviamente el gravamen fue enorme para ella y su familia, porque es completa y absolutamente para una persona que ha estado privada de libertad sobre todo en las etapas de la adolescencia que es la más difícil, donde está la formación de la personalidad y demás, y es una situación de total inseguridad, se le priva de libertad, se genera una gran afectación, probablemente al día de hoy, incluso a cualquier muchacho el hecho de solicitar la defensa una audiencia lleva repercusiones negativas para los menores y si ya es difícil eso, igual es difícil después tener que soportar una resolución del juez que dice que no hay posibilidad de cambio. Eso se viene en contra y es deprimente y hay que trabajar mucho con los psicólogos para que los muchachos se vuelvan a recuperar.”166

“…yo creo que el procedimiento es perverso, que de debería utilizar un procedimiento como el que hay en adultos, en el caso de las libertades condicionales…

…yo creo honestamente, si estoy catalogando el procedimiento desde mi perspectiva un tanto perverso, que está bien está el derecho a la libertad, pero no es como el gato jugando con el ratón, que lo agarra le da un manazo y le da otro manazo, una cosa es la libertad que me parece brillante… que efectivamente se puede garantizar el derecho a la libertad, pero que pasa si este derecho a la libertad, realmente el procedimiento es tan ágil que haga que el sujeto o la sujeta salga cuando ya todo se finiquitó, es que una cosa es el derecho a la libertad, lo que me da miedo ahí es que con ese derecho a la libertad estemos ocasionando un daño psicológico importante…

… una cosa es el derecho a la libertad y otra cosa es desde el punto de vista psicológico decir hasta que momento dado yo juego con el estado emocional o psicológico de una persona que justamente está viviendo una etapa de su vida tan diferente, a otras etapas que ha vivido… me parece que hay un equívoco, un planteamiento desde una lógica, yo se que desde el punto de vista

166






170

del derecho y el derecho penal se maneja otro tipo de lógicas, me parece que hacer del derecho a la libertad con que este sujeto salga antes o después de, me parece que no se deben enfrentar estos conceptos, yo creo que ahí es donde está la lógica, vista desde la lógica de la psicología, o sea el derecho a la libertad, yo creo que es total y absolutamente de la mano y en matrimonio con que la libertad se dé en el momento adecuado y oportuno sin lastimar al sujeto o la sujeta que está en este momento desde el lado de lo psicológico. ”167

“… Yo lo que les diría es que por supuesto que a cualquier persona le va a afectar estar en la calle y que después lo devuelvan a prisión… Casi que es de puro sentido común a nadie le va a hacer bueno eso… eso puede afectarles y por supuesto que puede afectar, porque ya la persona se hizo una idea de reinserción en su familia, un proyecto de vida, verdad, puede afectarle y por supuesto que puede afectar, es inadecuado y puede traer consecuencias emocionales importantes… A mí como funcionario judicial y como psicólogo me parece que es una barbaridad, que a la persona la saquen a la calle, me parece que si es algo que puede afectar a una persona y para qué si es innecesario absolutamente, hace más mal que bien tal vez.”168

“… Para salud emocional del joven o de la joven lo mejor sería modificar ese artículo, verdad porque así lo va a afectar, lo va a afectar en la medida en que…, es que cuando el muchacho sale cree que está libre, que no va a tener que regresar, ahí mirá la persona se siente, ojalá que ya haya empezado un proyectito de vida, ojalá que ya comenzó a estudiar, ojalá que ya consiguió trabajo…”169

167 Entrevista con el Licenciado Manuel Molina Brenes, Psicólogo de Adaptación Social, Ministerio

de Justicia y Gracia, realizada el 30 de enero del 2009. 168

Entrevista con el Máster Carlos Saborío Valverde, Perito Forense, Sección de Psicología y Psiquiatría, Complejo de Ciencias Forenses, Poder Judicial, realizada el 30 de enero del 2009. 169

Entrevista con la Licenciada Ada Luz Mora, Directora del Programa Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, realizada el 2 de febrero del 2009.





171

Si bien es cierto, el efecto no suspensivo del artículo 28 de la Ley de

Ejecución Penal Juvenil, legalmente busca la no violación de derechos

fundamentales de las personas menores de edad sentenciadas, si se recuerda

que el fin de esta ley es educativo y de reinserción social, al ejecutarse lo que

manda el artículo, se olvidan los aspecto sociales y personales.

Los seres humanos por naturaleza somos seres complejos, aunado a ello el

hecho de estar privado de libertad aumenta dicha complejidad, y si se reúnen los

elementos expuestos por el psicólogo Manuel Molina, de ser deseante,

estructurado y producto de ello cerrados a las justificaciones que troncan las

expectativas formuladas por el entorno, se puede comprender que la aplicación

del artículo 28 menoscaba el bienestar psicológico de la persona sentenciada

como menor de edad.

Ya que, con ese período en que el joven está en libertad mientras espera

firmeza y en el caso de que se revoque la resolución del juez de ejecución, no se

cumple dicha finalidad, a contrario sensu viene en detrimento del avance del

proceso que se venía trabajando en el centro especializado de internamiento.

b.3. La seguridad jurídica de la persona menor de

edad sentenciada.

Para comenzar, debe de tenerse claro el concepto de seguridad, el cual a continuación se describe,

“Es una calidad, una condición, la condición de hallarse seguro. Seguro, según la Real Academia Española, equivale a calidad de seguro… A su vez, seguro significa libre y exento de todo peligro,





172

daño o riesgo. En definitiva, seguridad es la calidad de hallarse libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.”170

Existen varios tipos de seguridad, pero el presente apartado se basa en la

seguridad jurídica, que a su vez tiene una gran variedad de aplicaciones. Este

principio se encuentra de forma implícita en otros principios, como por ejemplo el

principio de legalidad (nulla poena sine lege) y el de “non bis in idem”, entre otros.

Si bien, no se encuentra regulado expresamente el principio de seguridad

jurídica en la Constitución Política, la Sala Constitucional le da un valor

fundamental a dicho principio al haber dicho en reiteradas ocasiones,

“IV.- PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO PRINCIPIO FUNDANTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo invidivuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cúales son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública.

V.- En este orden de ideas, si se dejase abierta la posibilidad de accionar en procura de derecho, sin respetar el cumplimiento de plazos y términos por el transcurso del tiempo, las relaciones entre las personas se tornarían inseguras, indefinidas, y cada cual podría reclamar "sine die" por sus derechos, no importando lo sucedido en el pasado. Se daría una alteración mayúscula en el control para los

170

UGARTE (José Manuel). Los conceptos jurídicos y políticos de la seguridad y la defensa: Un análisis orientado a América Latina. 1

a edición, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, Argentina, 2004.





173

propios obligados, porque nunca podrían tener por descargada una obligación como la de otorgar derechos no pedidos o simplemente no utilizados por el beneficiario, que tendría repercusiones sobre otros ámbitos de la actividad de las personas, como el costo de las operaciones (comerciales, industriales, etc.) y de los servicios en el mercado. De esta manera, el principio de seguridad jurídica está en la base de todo ordenamiento, y que se traduce en la necesidad de que las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado precario todo el tiempo, con menoscabo del orden público y la paz sociales…”171

“PRINCIPIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO PRINCIPIO FUNDANTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO. La seguridad jurídica constituye un principio general del Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente, es decir, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública.

III.- En este orden de ideas, si se dejase abierta la posibilidad de accionar en procura de derecho, sin respetar el cumplimiento de plazos y términos por el transcurso del tiempo, las relaciones entre las personas se tornarían inseguras, indefinidas, y cada cual podría reclamar "sine die" por sus derechos, no importando lo sucedido en el pasado. Se daría una alteración mayúscula en el control para los propios obligados, porque nunca podrían tener por descargada una obligación como la de otorgar derechos no pedidos o simplemente no utilizados por el beneficiario, que tendría repercusiones sobre otros ámbitos de la actividad de las personas, como el costo de las operaciones (comerciales, industriales, etc.) y de los servicios en el mercado. De esta manera, el principio de seguridad jurídica está en

171

Sala Constitucional. Voto 878. 26 de enero del 2000.





174

la base de todo ordenamiento, y que se traduce en la necesidad de que las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado precario todo el tiempo, con menoscabo del orden público y la paz sociales.”172

En materia penal, donde mejor se ilustra el principio de seguridad jurídica,

es en el principio del debido proceso, toda vez que el mismo abarca todas las

garantías que deben cumplirse dentro del proceso penal en un Estado de

Derecho.

“En un Estado Democrático de Derecho como el nuestro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha sostenido que es trascendental que el sistema jurídico-penal se fundamente en principios generales que garanticen la protección del ciudadano frente al poder del Estado en su función de investigar los actos calificados como delitos. Lo anterior, se traduce en el reconocimiento y respeto de las garantías procesales a favor del ser humano, sindicado como presunto autor de un hecho delictivo y sometido por esa razón a un proceso de naturaleza penal. En este marco, es esencial el respeto del derecho fundamental a la defensa. Es la propia Constitución Política la que desarrolla el derecho de defensa a través de varias disposiciones que constituyen la base jurídica de todo el sistema de garantías procesales que rigen nuestro Ordenamiento Jurídico Penal. En la base se encuentra el derecho de acceso a la justicia (artículo 41 constitucional), definido como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de justicia sano y transparente, que se compone de un conjunto de mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, entendiendo por ella conocer y resolver las causas que le son sometidas y ejecutar lo juzgado. De manera que, a quien sea acusado de haber cometido delito, se le reconoce el derecho de acudir a los estrados judiciales en busca de justicia y legalidad, materializando su posibilidad de defenderse de manera eficaz de las pretensiones punitivas que se formulen en su contra. Asimismo, el derecho de defensa y debido proceso en materia penal está contenido en el artículo 39 constitucional, que en forma clara y precisa establece que a ninguna persona se le hará sufrir pena por

172

Sala Constitucional. Voto 6055. 19 de junio del 2002.





175

delito o cuasidelito, previamente sancionado por ley (principio de legalidad), sino es en virtud de sentencia firme dictada por la autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. De esta suerte, el derecho de defensa comprende en sí mismo el debido proceso, que contiene todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, a manera de garantías, para asegurar la vigencia y eficacia de la efectiva defensa en los procedimientos sancionatorios…”173

En abono a lo anterior, se puede encontrar fundamento al principio de

seguridad jurídica en los artículos 39 de la Carta Magna, el 1 del Código Penal174,

el 1 del Código Procesal Penal175, el 10, 13 y 16 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil176 y el 3 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

donde se establece el debido proceso y aunado a ello el principio de legalidad.

Otro punto importante de la seguridad jurídica, es lo que la ley prevé como

principio de la taxatividad, relacionado con la interpretación restrictiva de la ley

173

Sala Constitucional. Voto 8726, del 23 de mayo del 2008. 174

Artículo 1 del Código Penal. ―Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya establecido previamente.‖ 175

Artículo 1 del Código Procesal Penal. ―Principio de Legalidad. Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio.‖ 176

Artículos de la Ley de Justicia Penal Juvenil: Artículo 10. ―Garantías básicas y especiales. Desde el inicio de la investigación policial y durante la tramitación del proceso judicial, a los menores de edad le será respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. Se consideran fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política, en los instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica y en las leyes relacionadas con la materia objeto de esta ley.‖ Artículo 13. ―Principio de legalidad. Ningún menor de edad podrá ser sometido a un proceso por un hecho que la ley no tipifica como delito ni contravención. Tampoco podrá ser sometido a sanciones que la ley no haya establecido previamente.‖ Artículo 16. ―Derecho al debido proceso. A los menores de edad se les debe de respetar su derecho al debido proceso, tanto durante la tramitación del proceso como al imponerles una sanción.‖





176

penal y la prohibición de utilización de analogías que no sean a favor del

procesado. Lo anterior de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal177 y el 2 del

Código Procesal Penal178.

En resumen, la seguridad jurídica es aquella que le da a la persona un

norte hacia la pretensión de la ley, que debe cumplir o respetar, por lo tanto la

persona no se encuentra con una incertidumbre de lo que le espera, por el

contrario sabe a lo que se va enfrentar, sea esta situación negativa o positiva,

pero siempre precisa y clara.

De igual forma, en materia de ejecución penal juvenil la seguridad jurídica

juega un papel muy importante, porque provee de estabilidad a la persona menor

de edad que descuenta una sanción. El hecho de que exista una sentencia firme

que le impone con qué debe de cumplir y de qué forma, aparte de sujetarlo a esa

sanción, le indica lo que le espera en el futuro y las opciones de superación

disponibles.

Es por lo anterior, que se debe poner atención a la inestabilidad jurídica

que provoca la aplicación del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, al establecer que el efecto del recurso de apelación ante una

libertad anticipada es no suspensivo, ya que durante el período que transcurre

mientras queda en firme la resolución del juez de ejecución, la persona menor de

edad beneficiada con la modificación se encuentra en un “limbo jurídico”.

177

Artículo 2 del Código Penal. ―No podrá imponerse sanción alguna, mediante aplicación analógica de la ley penal.‖ 178

Artículo 2 del Código Procesal Penal. ―Regla de interpretación. Deberá interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíbe la interpretación extensiva y la analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.‖





177

Al hacer referencia a “limbo jurídico”, se habla sobre ese tiempo que pasa,

desde que el joven sentenciado se pone en libertad, hasta que el tribunal en

alzada resuelva en definitiva, la forma como continuará descontando su sanción.

Entonces, además de que la persona interesada como lo es el sentenciado, no

tiene seguridad de lo que está sucediendo, desde el punto de vista jurídico no

tiene un respaldo de su condición legal.

Esto por cuanto, en caso de que la resolución sea confirmada, ese tiempo

de espera de firmeza, no fue aprovechado por el joven, alargando el espacio de

sujeción al proceso, porque quien deba darle seguimiento a su nueva sanción, no

lo puede hacer hasta que no sea notificado de la decisión final. Del mismo modo,

de ser revocada la resolución que otorgó la libertad anticipada, ese lapso durante

el cual el joven gozó de libertad, no le es computado al descuento de la sanción

privativa de libertad que debe continuar cumpliendo, haciendo más extenso su

tiempo bajo la tutela judicial.





178

Conclusiones

y

Recomendaciones





179

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Ley de Justicia Penal Juvenil, en el año 1996, vino a instaurar

legalmente la responsabilidad penal de las personas menores de edad, cuya

condición etaria va de los doce años hasta antes de los dieciocho años de edad,

apoyada por los principios rectores de la materia y los instrumentos

internacionales, sin dejar de lado la Constitución Política.

La justicia penal juvenil debe de cumplir con todos las condiciones

garantistas del proceso penal y procesal penal de adultos, así como con los

principios especiales que gozan por su condición de personas menores de edad.

En busca de ese acatamiento, se pasa del modelo tutelar de menores, en

donde se irrespetaban los derechos y garantías de las personas menores de edad

y con el justificante de que por su condición no eran capaces de responsabilizarse,

se podía decidir a criterio de la autoridad correspondiente sin tomarlos como

sujetos de derechos, sobre su situación jurídica, al modelo de protección integral,

que se establece en el artículo 7 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, donde las

personas menores de edad son responsables por sus actos y por ende sujetos de

derechos y obligaciones.

Partiendo de esta línea, el interés superior de la persona menor de edad es

el principio rector que impregna todo el proceso de justicia penal juvenil, por ende

también dicho principio juega un papel principal en la fase de ejecución penal

juvenil, que tiene como antecedente más importante la Ley de Justicia Penal





180

Juvenil. Porque es a raíz de dicha ley que se comienza a tratar a las personas

menores de edad sentenciadas, aunque todavía no se contaba con ley especial

para esta parte del proceso.

Al no contarse con legislación al respecto, más que el último capítulo de la

Ley de Justicia Penal Juvenil, que es bastante escueto, se tuvo que recurrir, por el

principio de supletoriedad contemplado en el artículo 9 de la misma ley, al Código

Procesal Penal en su parte de ejecución, así mismo, por acuerdo de Corte Plena

número 1297 del año 1998, se encargó como despacho judicial para ver esta

materia al Juzgado de Ejecución de la Pena.

Fue de gran apoyo durante este período en que no se contaba con la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, la jurisprudencia del Tribunal

Penal Juvenil, el Tribunal de Casación Penal e incluso de la Sala Constitucional,

para ir aclarando y unificando criterios, que por falta de regulación legal se

estaban innovando.

Una vez que, el 11 de setiembre de 1997, fue presentado ante la Asamblea

Legislativa el proyecto de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

por el doctor Carlos Tiffer Sotomayor, el mismo que redactó el proyecto de Ley de

Justicia Penal Juvenil, este proyecto se comienza a tomar como base para el

proceso de ejecución penal juvenil.

Proyecto que se promueve, por la necesidad que tiene todo Estado de

Derecho de tener regulación legal, más tratándose de nuestro país, que para ese





181

momento contaba con instrumentos internacionales ratificados, propios de la

materia, como la Convención de los Derechos sobre los Niños. Aunado a ello,

existen sanciones que deben de ser cumplidas con el respeto de todos los

derechos fundamentales y nada mejor que una ley especial.

El expediente legislativo 13.001, de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, tuvo su respectivo trámite en donde estuvieron involucradas

organizaciones no gubernamentales como Fundación Paniamor, Organismos

Internacionales como Defensa de Niñas y Niños-Internacional, el Instituto


Tratamiento del Delincuente, además instituciones públicas como el Patronato

Nacional de la Infancia, la Defensoría de los Habitantes, así mismo en el ámbito

judicial participaron la Defensa Pública, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil, los

jueces de ejecución de la pena y el Ministerio de Justicia y Gracia. Denotándose el

interés de variados sectores en esta novedosa ley, más aún por tratarse de una

materia que involucra a personas menores de edad.

Sin embargo, a pesar de lo atractivo del proyecto, el mismo sufrió muchos

contratiempos para poder ser finalmente aprobado, debido a que se hicieron

demasiadas consultas para evitar violentar derechos, eso ocasionó que el

proyecto durara alrededor de ocho años circulando en la Asamblea Legislativa,

incluso vivió dos legislaturas, lo que hizo más complicada su culminación.

Entrando específicamente en el artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles que ocupa esta investigación, referente al efecto que

tiene el recurso de apelación contra la libertad anticipada, se debe recordar que,





182

su contenido se encontraba originalmente en el proyecto de ley en el numeral 32,

donde no se incluía su efecto, por el contrario se complementaba con el artículo

31 en su momento, en cuanto a los efectos de los recursos, donde se indicaba que

el recurso de apelación provocaba un efecto suspensivo.

Al artículo en estudio, durante todos los dictámenes elaborados por los

diferentes actores, lo único que le fue criticado era su nomenclatura, ya que se

refería a la persona menor sentenciada como: “persona condenada”, lenguaje con

una carga negativa, por lo que se corrige cuando el contenido de este artículo fue

pasado al numeral 27, motivo de un reacomodo de la Ley, donde se mantuvo

omiso con respecto a su efecto. Posteriormente el contenido del artículo 27 pasa

al numeral 28, donde se ubicará en forma definitiva.

Tres meses antes de ser aprobada dicha ley, el diputado José Miguel

Corrales presentó un grupo de mociones, entre las que se encontraba la solicitud

de modificar el artículo 28, para agregarle al final que la interposición del recurso

de apelación, no suspenderá la ejecución de la libertad anticipada ordenada por el

juez de ejecución.

Tal moción fue aprobada sin mayor discusión, ya que obedece a una

recomendación de los jueces de ejecución de la pena y del Doctor Carlos Tiffer

Sotomayor, quien es una autoridad en materia de justicia penal juvenil en el país.

Y es motivo de dicha moción, que al ser aprobada la Ley de Ejecución de

las Sanciones Penales Juveniles, el 14 de setiembre del 2005 y entrar en vigencia





183

el 28 de noviembre de 2005, la redacción final y actual de dicho artículo sea la

siguiente: “Serán recurribles por el Ministerio Público, mediante apelación ante el

Tribunal Superior Penal Juvenil, las resoluciones del juzgado de ejecución de las

sanciones penales juveniles que concedan algún beneficio que implique la

liberación de la persona joven sentenciada con privación de libertad. La

interposición del recurso no suspenderá la ejecución de lo resuelto.”

Como parte de la labor de campo, al estudiar el expediente legislativo, no

se encuentra justificación alguna, para agregarle un efecto no suspensivo a la

apelación contra la libertad anticipada, razón por la que se entrevistó a varias de

las personas que estuvieron involucradas en dicho proceso, encontrándose, que

sólo una de ellas conocía el verdadero fundamento para incluir este efecto, ya que

el resto tuvieron conocimiento de dicho efecto una vez que estaba aprobada la ley.

Y era de esperarse, que la persona que tuviera claro el fundamento de

dicha moción fuera el Doctor Carlos Tiffer, ya que fue quien redactó el proyecto de

ley y quien la recomendó. El principal motivo por el cual el doctor sugirió la moción

obedece al principio pro libertatis, el cual debe ser respetado en acato al interés

superior de la persona menor de edad y al hecho de ser la pena de prisión la

ultima ratio, en justicia penal juvenil.

Una vez entendida la parte formal del artículo 28 de la Ley de Ejecución de

las Sanciones Penales Juveniles, se continuó con el aspecto práctico del mismo,

para lo cual se estudiaron jurídicamente dos casos, en donde se ha hecho efectivo

el uso del artículo, pero declarado con lugar el recurso en alzada, los que fueron

denominados San José y Limón.





184

En el caso San José, la persona menor de edad fue sentenciada a quince

años de internamiento en centro especializado, por tres delitos de Homicidio

Calificado, ocho años más tarde el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José

le otorgó una libertad anticipada, siendo que el Ministerio Público la apeló. El

Tribunal Penal Juvenil declaró con lugar el recurso, ordenando la inmediata

detención de la persona sentenciada, para que continuara descontando la sanción

restante, por lo que cuando ésta se presentó al de Juzgado de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, se procedió a hacer efectiva la resolución del

Tribunal. Posteriormente la Defensa Pública presentó un recurso de casación, el

cual fue declarado sin lugar.

También en el caso de Limón, la persona menor de edad fue sancionada

por un Homicidio Calificado, con siete años de internamiento en centro

especializado, cuando tenía dos años de estar cumpliendo con su sanción, la

jueza de ejecución de Limón, le otorgó una libertad anticipada, la cual fue apelada

por el Ministerio Público, rechazando el recurso el Tribunal Penal Juvenil, voto que

fue casado por el Ministerio Público y declarado con lugar por el Tribunal de

Casación Penal, ordenándose llevar a cabo nuevamente la audiencia de

modificación de la sanción. En dicha audiencia, no se otorgó nuevamente la

libertad, por lo que se ordenó la detención inmediata de la persona sentenciada

como menor de edad.

Otro aspecto importante en este trabajo de investigación, es el haber

llegado a definir, que la regla general básica de los efectos de los recursos en

materia de ejecución penal juvenil, es el efecto suspensivo, sin embargo, la gran y





185

única excepción a dicha pauta es el artículo 28, o sea el efecto no suspensivo que

tienen los recursos de apelación contra una libertad anticipada.

Lo anterior se logró, teniendo claro, primero que la naturaleza de los

recursos es el buscar que una decisión sea revisada, en garantía de los derechos

de las partes, donde en el caso de la revocatoria, al ser el único recurso horizontal,

es revisado por la misma persona que resolvió; al tratarse del recurso de

apelación, casación y el procedimiento de revisión, que son procesos verticales,

son conocidos en alzada, el primero por el Tribunal Penal Juvenil y los dos últimos

por el Tribunal de Casación Penal.

Segundo, que los recursos en materia de ejecución penal juvenil, se pueden

presentar contra toda aquella resolución que atente contra los derechos

fundamentales de las personas sentenciadas y que para presentar casación debe

existir antes una resolución del Tribunal Penal Juvenil.

Cabe mencionar, que los recursos tienen efecto devolutivo, que es cuando

la competencia del asunto pasa a un Tribunal de superior jerarquía, para que

conozca de lo que se está recurriendo. Efecto suspensivo, es que la resolución

recurrida no se ejecuta de inmediato hasta que esté en firme, mientras que si el

efecto es no suspensivo, se ejecuta la resolución mientras que espera que sea

resuelto el recurso. Por último el efecto extensivo, que permite que la resolución

abarque a otros involucrados, aunque no hayan presentado el recurso, pero en

ejecución solo se aplica en la revisión, ya que el efecto extensivo no puede

basarse en circunstancias personales y en ejecución los procesos son

independientes entre co-sentenciados.





186

Dentro de los institutos que existen para que una sanción privativa de

libertad pueda ser modificada por una no privativa de libertad, se encuentra la

libertad condicional, las sanciones socioeducativas y las órdenes de orientación y

supervisión, las cuales pueden ser ordenadas solas o en complemento mientras

no se contraríen. Ante una modificación de un internamiento en centro

especializado por cualquiera de ellas, existe recurso de apelación y casación. Sin

embargo, por aplicación del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, el efecto de dicho recurso rompe con la regla básica del efecto

suspensivo, teniendo que ejecutarse de una vez la resolución del juez de

ejecución aunque se presente el recurso.

Como ya se indicó anteriormente, en palabras del Doctor Carlos Tiffer

Sotomayor, ese efecto no suspensivo obedece al principio de libertad. Sin

embargo, tal derecho, al analizarse desde dos perspectivas diferentes, como es el

principio de inocencia y el de culpabilidad, arroja a conclusiones distintas. Como

es conocido por todos, el principio de libertad está presente en todas las etapas

del proceso; a diferencia de la etapa de ejecución, antes de que exista una

sentencia firme, primordialmente por el artículo 39 de la Constitución Política, el

principio de inocencia garantiza que la persona imputada, no pueda ser privada de

su libertad de no ser por un caso excepcional y debidamente fundamentado,

dando un mayor valor a la libertad que en la etapa de ejecución. Ya en la fase de

ejecución, la inocencia está suprimida por una sentencia firme condenatoria, por lo

que rige el principio de culpabilidad, caso en el que, de existir una sanción

privativa de libertad, la persona menor de edad, tiene legalmente restringida su

libertad.





187

Al referir, que el principio pro libertatis es de suma importancia en razón del

interés superior de la persona menor, cabe recordar como se determinó, que, el

principio del interés superior de la persona menor de edad, no sólo está orientado

a un aspecto legal, sino también al ámbito social, personal y familiar, que permitan

al joven un pleno desarrollo de su vida, de acuerdo al artículo 5 del Código de la

Niñez y la Adolescencia.

Entonces, no se puede dejar de lado la afectación a la estabilidad social de

la persona joven sentenciada, que se da, cómo se pudo comprobar, al ponerla en

libertad, motivo de una modificación de su sanción que no tiene firmeza, teniendo

que volver a ingresar al Centro, porque un Tribunal en alzada revocó esa decisión.

Es evidente, que con dicha situación, en lugar de garantizársele sus derechos,

más bien se violenta el principio rector de la justicia penal juvenil.

Aunado a lo anterior, se encuentra en juego la seguridad jurídica de la persona

sentenciada, ya que, se encuentra en un “limbo jurídico”, mientras queda en firme

la resolución de la Jueza de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles,

siendo ese tiempo de espera, un tiempo muerto. Esto por cuanto en caso de que

la resolución sea confirmada, ese lapso alarga el espacio de sujeción al proceso,

porque quien deba darle seguimiento a su nueva sanción, no lo puede hacer

hasta que no sea notificado de la decisión final. De ser revocada la resolución que

otorgó la libertad anticipada, ese periodo, no le es computado al descuento de la

sanción privativa de libertad que debe continuar cumpliendo.

Según la investigación, el efecto no suspensivo del artículo 28 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, violenta el principio de interés

superior, si bien es cierto, que el principio de libertad es de suma importancia en





188

el proceso penal y la detención es la ultima ratio aún en la fase de ejecución, la

libertad no se debería contraponer al bienestar social, personal y familiar de la

persona sentenciada como menor de edad, siendo el fin de la Ley educativo y de

reinserción en la sociedad.

No se puede alegar para fundamentar una norma vigente el principio de

libertad, si éste no tiene absoluta firmeza, porque de ser así, se estaría desligando

de los elementos que conforman la condición de ser humano, dejando de lado el

principio rector de la justicia penal juvenil, que es el interés superior de la persona

menor de edad.

Es evidente que la situación que vive el joven sentenciado a una sanción

privativa de libertad, cuando tiene que reingresar producto de la revocatoria de la

modificación que le brindó la libertad, sin haber incumplido las condiciones

impuestas, perjudica y retrotrae su proceso de resocialización, inclusive puede

aumentar los problemas de violencia que venían siendo tratados dentro del

Centro antes de su egreso, incrementando su enojo contra el sistema y la

estructura social, dificultando una nueva modificación, porque interrumpe su

proceso de superación, el cual desarrolla dentro del Centro de Internamiento.

En los casos en que a la persona sentenciada se le confirme su libertad,

evidentemente, no se da mayor problema, porque no tiene que reingresar al

Centro, ni pasar una nueva etapa de adaptación, cumpliéndose con el fin de la

Ley. Pero no se puede dejar de lado, que el artículo 28 en estudio, prevé la

posibilidad de que la modificación a una libertad anticipada sea revocada,

atentando contra las garantías de la persona menor de edad sentenciada.

Si bien es cierto, el sólo hecho de permanecer en un Centro de

Internamiento Especializado tiene una connotación negativa, el estar internado





189

esperando firmeza de una posible libertad anticipada, no es contrario al interés

superior de la persona menor de edad, ya que durante ese periodo de espera el

joven va a continuar trabajando sus áreas de conflicto con los funcionarios de

Adaptación Social encargados y por tanto, en un proceso de superación para su

egreso, como lo venía haciendo para solicitar la modificación, por lo que el fin de

la Ley, no se está dejando de cumplir. Por el contrario, la aplicación del artículo

28, en caso de declararse con lugar el recurso presentado por el Ministerio

Público, interrumpe ese proceso de superación y de reinserción, ya que durante el

periodo de espera el sentenciado no recibió atención profesional para reafirmar

esa vida fuera de prisión. Por lo tanto, si la persona se mantiene internada en

espera de firmeza, no se estaría causando ninguna afectación personal, social y

familiar, que al fin y al cabo, es lo que tutela el interés superior de la persona

menor de edad.

Así las cosas, siempre se debe velar y más en materia de justicia penal

juvenil, por el adecuado cumplimiento de los fines y de los principios que permiten

llegar a él. Y siendo que, en la cúspide de la pirámide de los principios que rigen

esta materia, se encuentra el interés superior de la persona menor de edad, no se

puede debilitar por el principio de libertad que aún no tiene certeza, que aunque

posee una gran importancia, el aplicarlo, olvida el interés superior de la persona

sentenciada como menor de edad.

En busca de proteger el principio rector que garantiza la estabilidad del

joven, se debe eliminar el efecto no suspensivo, haciendo la respectiva reforma

legal, eliminando el último párrafo del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, teniendo el recurso de apelación contra la libertad

anticipada efecto suspensivo, siguiendo la regla general en los recursos en

materia de ejecución penal juvenil, contemplado en el artículo 27 de la misma ley.





190

Así mismo, debe de ser más rigurosa la aplicación de los plazos para

resolver, que contempla dicha Ley en el artículo 27, atendiendo los respectivos

despachos este tipo de casos de manera prioritaria, como se hace con las

detenciones provisionales en las etapas anteriores a la de ejecución, todo en

procura de un principio de libertad pleno, que fortalezca el principio del interés

superior de la persona sentenciada como menor de edad.





191

Bibliografía





192

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Argentina: Editorial Plus Ultra.

ENTREVISTAS

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del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Entrevista: Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. 16 de octubre.

Entrevista con Chaves Lugo, Oscar. (2008) Aspectos Sociales y Psicológicos de la

Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles. Entrevista: Centro de Atención Especializado Adulto Joven. 20 de

mayo.

Entrevista con Corrales Barboza, Leda. (2008) Aplicación de la Ejecución Penal

Juvenil antes de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Entrevista: Juzgado de Ejecución de la Pena de San José. 13 de mayo.

Entrevista con Espinoza Rojas, María. (2008) Aspectos Sociales y Psicológicos de

la Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles. Entrevista: Centro de Atención Especializado Adulto Joven. 20 de

mayo.





196

Entrevista con Gutiérrez Carvajal, Carolina. (2008) Aspectos Sociales y

Psicológicos de la Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles. Entrevista: Albergue del PANI, La Garita. 20 de

mayo.

Entrevista con Madrigal González, Priscilla. (2008) Aplicación de la Ejecución

Penal Juvenil antes de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Entrevista: Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. 13 de

mayo.

Entrevista con Madrigal González, Priscilla. (2008) La libertad condicional en el

Proceso de Ejecución Penal Juvenil. Entrevista: Vía telefónica. 20 de noviembre.

Entrevista con Molina Brenes, Manuel Antonio. (2009) Aspectos Sociales y

Psicológicos de la Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles. Entrevista: Dirección de Adaptación Social,

Ministerio de Justicia y Gracia. 30 de enero.

Entrevista con Mora, Ada Luz. (2009) Aspectos Sociales y Psicológicos de la

Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles. Entrevista: Dirección de Adaptación Social, Ministerio de Justicia y

Gracia. 2 de febrero.

Entrevista con Peraza, Reyseth. (2008) Participación en la elaboración de la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Entrevista: Defensa Pública de

San José. 28 de noviembre.





197

Entrevista con Saborío Valverde, Carlos. (2009) Aspectos Sociales y Psicológicos

de la Aplicación del Artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles. Entrevista: Sección de Psiquiatría y Psicología Forense. 30 de enero.

Entrevista con Tiffer Sotomayor, Carlos. (2008) Redacción del artículo 28 de la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Entrevista: Oficina del Dr.

Carlos Tiffer. 24 de noviembre.

Entrevista con Trabado Alpízar, Dora. (2008) Participación en la elaboración de la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Entrevista: Vía telefónica.

16 de octubre.

Entrevista con W.M.L (2008) Reacción experimentada al tener que volver a

ingresar al Centro Penal sin haber incumplido la sanción. Entrevista: Centro de

Atención Especializado Adulto Joven. 20 de mayo.

TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN

ARIAS GÓMEZ (Ana Catalina y otro). (1999). Sanciones principales de la Ley de

Justicia Penal Juvenil. Tesis de Graduación para optar por el grado de

Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica.

CASTRO FERRETO (Leonardo). (2008). Los principios de Tipicidad, Culpabilidad

e Irretroactividad de la Ley Penal y la utilización de preceptos penales

determinados jurisprudencialmente. Tesis de Graduación para optar por el grado

de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica.





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FLORES FALLAS (Wilson). (1999). El principio Pro Libertatis en el Código

Procesal Penal. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en

Derecho. Facultad de Derecho: Universidad de Costa Rica.

OTROS DOCUMENTOS

Fiscalía Adjunta Penal Juvenil. Manual de Ejecución Penal Juvenil . Poder

Judicial.2006.

NORMAS INTERNACIONALES

Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por ley 4534 de 23

de febrero de 1970.

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Asamblea General de la

ONU del 20-11-89, ratificada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 18-7-

90, mediante Ley N° 7184.

Declaración de los Derechos del niño, 20 de noviembre de 1959.

Directrices de las Nacionales Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Reglas del RIAD, Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990.

Ley Estatuto del Niño y del adolescente (ENA), Ley 8069. 1990. Brasil.





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libertad. Octavo Congreso de la ONU sobre prevención del delito y tratamiento del

delincuente. Resolución 45/113, 14 de diciembre de 1990. Reglas MPL.

Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de la

Justicia de Menores, 29 noviembre de 1985.

NORMAS NACIONALES

República de Costa Rica .Código Penal, 1970. Ley 4573. Alcance N°120 ―La

Gaceta‖, N°257, publicada el 15 noviembre de 1970.

República de Costa Rica .Código Procesal Penal, 1996. Ley 7594. Alcance N°31

―La Gaceta‖, N°106, publicada el 4 junio de 1996.

República de Costa Rica. Código de la Niñez y de la Adolescencia de Costa Rica.

Ley N° 7739, Gaceta N° 26, 6 de febrero de 1998.

República de Costa Rica. Constitución Política de Costa Rica, 7 de noviembre de

1949.





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Ley N° 8460, 20 octubre del 2005.

República de Costa Rica. Ley de Justicia Penal Juvenil. Ley N° 7576, 31 de abril

de 1996.

RESOLUCIONES JUDICIALES

Sala Constitucional, voto 11272, del 22 de julio del 2008.

Sala Constitucional, voto 11277, del 22 de julio del 2008.

Sala Constitucional, voto 6055, del 19 de junio del 2002.

Sala Constitucional, voto 7339, del 29 de abril del 2008.

Sala Constitucional, voto 8726, del 23 de mayo del 2008.

Sala Constitucional, voto 8726, del 23 de mayo del 2008.

Sala Constitucional, voto, 12215, del 12 de agosto del 2008.

Tribunal de Casación Penal, voto 1211, del 25 de noviembre del 2004

Tribunal de Casación Penal, voto 152, del 16 de febrero del 2001.





201

Tribunal de Casación Penal, voto 191, del 02 de marzo del 2001.


Tribunal de Casación Penal, voto 56, del 19 de enero del 2001.


Tribunal de Casación Penal, voto 604, del 04 de agosto del 2000.


Tribunal de Casación Penal, voto 827, del 19 de octubre del 2001.

Tribunal Penal Juvenil, voto 105, del 22 de julio del 2002.

Tribunal Penal Juvenil, voto 35, del 04 de febrero del 2005.

Tribunal Penal Juvenil, voto 49, del 30 de marzo del 2007.

Juzgado de Ejecución de la Pena del Primer Circuito Judicial de San José

Resolución 255-07 de 13 horas 30 minutos del 1 de marzo del 2007. Exp.98-

800506-0369-PJ.





202

Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Resolución 469-07 del

13 de agosto del 2007. Exp.04-001042-0063-PJ.

EXPEDIENTES LEGISLATIVOS

Expediente Legislativo 13.001, Proyecto de Ley: Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, San José, Costa Rica, 1997.

EXPEDIENTES JUDICIALES

98-800506-0369-PJ

04-001042-0063-PJ

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

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http://200.91.68.20/docs/1/S/0006/2002/35d78.html

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204




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11 de marzo del 2009]


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http://sjoint01/megaindex2/search.cgi?zoom_query=inocencia&zoom_page=4&zoom_per_page=10&zoom_cat%5B%5D=0&zoom_and=1&zoom_sort=0

http://sjoint01/megaindex2/search.cgi?zoom_query=inocencia&zoom_page=4&zoom_per_page=10&zoom_cat%5B%5D=0&zoom_and=1&zoom_sort=0

http://200.91.68.20/DOCS/1/S/0006/1996/d217.html





205

Anexos





206

Anexos

Entrevistas

1. Entrevista realizada a la Licenciada Leda Corrales Barboza, Jueza

Coordinadora del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, el día 13 de

mayo del 2008.

- Buenas tardes Licenciada, nosotras estamos realizando nuestra tesis

en la Universidad de Costa Rica y nuestro tema específico es el efecto no

suspensivo del recurso de apelación en contra de la libertad anticipada, en


Juveniles.

Nos interesa hablar con usted debido a que antes de que entrara a en

vigencia tal Ley, los encargados de tramitar los casos de los jóvenes

sentenciados como menores de edad eran los jueces de Ejecución de la

Pena, incluso aplicaron la Ley por un tiempo, mientras se creaba el Juzgado

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.

Si, en efecto en el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, se tramitaban

las causas de los muchachos sentenciados como menores de edad en las

provincias de San José y Heredia.





207

- Específicamente, en lo que respecta al artículo 28 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, al revisar el expediente

legislativo de la misma, nos encontramos que dicho artículo, desde la

primera redacción del proyecto, indicaba que la interposición del recurso de

apelación contra la libertad anticipada tenía efecto suspensivo, y

curiosamente poco antes de ser aprobada la Ley, el diputado José Miguel

Corrales Bolaños, presentó un grupo de mociones entre las cuales estaba la

de variar ese efecto suspensivo que contemplaba el artículo 28, por un

efecto no suspensivo. Todas esas mociones fueron aprobadas de manera

rápida y sin que conste en el expediente legislativa discusión alguna, lo

único que se indica es que la moción se presentó por recomendación del Dr.

Carlos Tiffer Sotomayor y varios Jueces de Ejecución de la Pena, entre los

cuales se encuentra usted y es por tal razón que le consultamos cuál fue el

motivo que tuvieron para variar el efecto de la interposición de ese recurso.

En realidad, nosotros, cuando se inició la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, muchos de los artículos que están incluídos,

recogen la experiencia que hasta ese momento teníamos en la fase de ejecución,

nosotros ingresamos como dos años después de que entró en vigencia la Ley de

Justicia Penal Juvenil y antes tenían la Ejecución de la Pena los Jueces Penales,

entonces cuando nosotros empezamos teníamos lo penal juvenil como recargo,

toda vez que nuestra materia principal era la ejecución de adultos. Cuando

hablamos de ese artículo, consideramos que la libertad personales fundamental y

que el menor, si un juez resolvía una libertad lo procedente era aplicar a favor la

resolución que se había indicado o resuelto en el momento desde la primera

instancia, se quiso resguardar la privación de libertad de la persona. Vemos que





208

en casación por ejemplo, cuando se apela, yo no sé si hasta el momento el

Tribunal de Casación Penal se está tardando tanto, pero en esa época se tardaba

muchísimo para resolver, entonces el juez de ejecución decía sí, se da la libertad

al chico, se cambia la modalidad de la sanción a una libertad, y resulta que

pasaban meses de meses y el Tribunal no resolvía. Entonces nosotros

consideramos que era congruente que cuando el juez resolvía una libertad, se

ejecutara de forma inmediata y si la misma era apelada y el Tribunal no

confirmaba la resolución, entonces se procediera a ordenar la captura.

Pero en realidad yo desconocía que eso apareciera en el expediente legislativo,

nosotros hicimos varias observaciones generales a la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, y en realidad más o menos cada mes en esa época

ahora menos, los jueces de ejecución tenemos la costumbre de reunirnos, incluso

por recomendación de la Comisión de Asuntos Penales, nosotros nos reunimos y

vemos problemas de la aplicación de la Ley, y en esa época estábamos aplicando

la Ley Penal Juvenil entonces hablábamos sobre eso. Nosotros todavía no

aplicábamos la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles porque no

había entrado en vigencia, pero si veíamos que con el efecto suspensivo

contemplado hasta el momento en ese artículo 28, se perdía el sentido de la Ley,

yo que sé, por ejemplo un chico presentaba un proyecto de egreso y si el Tribunal

no se pronuncia en una forma oportuna, perdía su trabajo, perdía todo su

proyecto, algunos recursos a nivel familiar perdían interés porque el chico no salía

y no salía, entonces más que todo era para salvaguardar digamos el proyecto de

vida del chico y el juez de ejecución asume aquí la responsabilidad y la obligación

con respecto al caso. Pero yo de verdad no sabía que esto salía en el proyecto,

seguramente nosotros mandamos alguna observación o nos pidieron una

observación y nos pidieron una observación general de todos los artículos.





209

- De hecho sí porque en la otras mociones que estaban junto con la

que correspondía a éste artículo, también decían que eran por

recomendaciones de los Jueces de Ejecución de la Pena y Don Carlos Tiffer,

pero algunas si se discutieron en unas reuniones que tuvo Don Carlos con

los diputados, pero en lo que respecta a la del artículo 28, no hay discusión

que conste y por eso nos decidimos por venir a hacerle la consulta de dónde

salía la idea de modificar el artículo.

Realmente fue de la práctica, la experiencia nos dice que hay que ser más

oportunos y que se requiere celeridad, máximo que en los jóvenes las sentencias

son cortas.

Cómo era la forma en que se llevaba a cabo el proceso de ejecución

penal juvenil, cuando todavía no existía la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles?

Cuando solamente existía la Ley de Justicia Penal Juvenil y todavía no

estaba la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles era un desastre,

los jueces de ejecución teníamos que estar interpretando cada una de las normas,

teníamos muchísimos vacíos en esa época y mucha dificultad para saber por

ejemplo cuáles son las competencias del juez de ejecución, sin embargo la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles vino como a copiar la práctica que

se daba en ese momento y entonces ya lo teníamos en una norma, nosotros antes

empezábamos a inventar cosas, a ser creativos por decirlo así, para poner en

ejecución la Ley Penal Juvenil que era muy omisa, la Ley Penal Juvenil traía

algunos articulados, pero no mucho, entonces nosotros lo que hacíamos era





210

interpretar, reunirnos los jueces de ejecución, discutir los artículos, basados en la

Ley y en el Código Procesal Penal y en la fase de ejecución de las Normas

Internacionales, las Reglas de Bejín, las normas internacionales muy importantes

con respecto a los derechos de los chicos, verdad, Código de la Infancia, todos

estos, que ahora la tenemos en adultos, nosotros no tenemos una ley de

ejecución, cosas que todavía hace el juez de sentencia o el sistema penitencial, de

acuerdo al Código, el Código es muy ágil, dice que el juez pude modificar,

sustituir, medidas de seguridad y penas, pero en realidad Adaptación Social

modifica penas, a nivel cuantitativo, cualitativo, en el sentido de que agarra un

privado de libertad y lo ubica en un centro especial, cosa que no se puede hacer

en Penal Juvenil sin autorización del juez de ejecución, cosa por qué, porque no

existe una Ley de ejecución… nosotros somos controladores, pero muy de largo,

se modifican y nosotros no nos damos cuenta, cuando llegamos nos damos

cuenta que hay un privado de libertad que pasaron y está en un centro de

confianza…

Tuvo alguna experiencia en que se tuvo que girar captura cuando el

Tribunal no confirmaba la resolución del juez de ejecución?

Fue muy terrible, porque imagínense que el juez de ejecución le daba un

beneficio, lo poníamos a ejecutarla, inmediatamente le hacíamos la libertad, el

chico tal vez se integraba a sus estudios, se integraba a la comunidad, se

integraba al trabajo y el Tribunal decía que no, porque la Fiscalía se había

opuesto, generalmente es la Fiscalía es la que se opone de hecho, viene el sujeto

nuevamente para atrás y nos tocó, en pocos casos, pero nos tocó ordenar captura

del chico y … aunque algunos tenían hasta cuatro o cinco meses de estar afuera.





211

Alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de ver la reacción del

joven al ser detenido por esa razón y tener que volver al centro?

No no, generalmente no lo veía, ni tampoco en la posterior visita al Centro,

pero generalmente se les decía, ustedes están en libertad pero hay que esperar la

apelación de la Fiscalía, generalmente la Fiscalía la apelaba por la sentencia, que

la gravedad del delito verdad, y el chico se devolvía. Nunca vi las reacciones, pero

si era muy difícil, porque era un retroceso verdad. Ahora muchas veces, en

algunos casos muy polémicos, cuando el juez resolvía, como en el caso de C

creo, el juez le concedió el cambio, pero no la puso en libertad inmediatamente,

creo que dijo que se mantenía la detención hasta tanto se confirme la sentencia,

porque era un caso muy polémico y posiblemente la iban a revocar.

Es posible mantener al joven detenido en esos casos, mientras se

confirme la resolución, cómo? cómo un tipo de medida?

Generalmente como una directriz, como una medida cautelar, se establece,

en la misma resolución se ponía que no se ejecute esta resolución hasta tanto no

se confirme, entonces por ahí el juez se salvaba un poco digamos, era para evitar

precisamente ese tipo de situaciones, pero muchos salieron y sin ningún problema

se confirmaba la resolución…

Muchas gracias doña Leda.





212

2. Entrevista realizada a la Licenciada Priscilla Madrigal González, Jueza

Coordinadora del Juzgado de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, el

día 13 de mayo del 2008.

- Buenas tardes Licenciada, nosotras estamos realizando nuestra tesis

en la Universidad de Costa Rica y nuestro tema específico es el efecto no

suspensivo del recurso de apelación en contra de la libertad anticipada, en


Juveniles.

Nos interesa entrevistarla, debido a que usted ha estado en ésta materia por

varios años, primero como fiscal de ejecución penal juvenil antes de que

entrara en vigencia dicha Ley, e incluso, estuvo un tiempo más después de

la entrada en vigencia, y ahora como Jueza Coordinadora del Juzgado de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles. Sabemos que usted colaboró

en las consultas que se le hizo a la Fiscalía Penal Juvenil para la revisión de

los artículos para la aprobación de la Ley, y nos interesa saber si en ese

momento fue valorado ese artículo 28 y su efecto no suspensivo?

Bueno de eso lo que yo me recuerdo, porque no sólo a los jueces, sino

también a la Defensa y a la Fiscalía se les consultaba y en el caso mío, como yo

era la que llevaba ejecución, a mí era la que me preguntaban y me pasaron varias

veces los proyectos y yo revisaba y hacía las sugerencias, digamos en tal artículo

tal cosa se sugería, en los que a mí me pasaron, no me pasaron ese, por eso

cuando yo vi ese artículo, yo pensaba que había sido por recomendación de la

Defensa que también se les consultaba, o sea, yo ponía las posiciones mías, a mí

me pasaban todo eso y yo les ponía en rojo mis recomendaciones que yo hacía,





213

me imagino también que probablemente la Defensa pública haya hecho lo mismo,

y talvez en el momento compilaron todo y sacaron esa…

De hecho, de la revisión del expediente legislativo se puede observar

que a la Defensa Pública se le consulta hasta el final, en las últimas

consultas que se hicieron.

Es que éste proceso fueron diez años, yo me acuerdo que se hicieron

consultas en 1998, al inicio y entre 1998 y el 2000 que fue sólo a los jueces,

después creo que en el 2001, fue que a Doña Mayra le hicieron una consulta,

porque las interrupciones que están ahí, hasta donde tengo entendido, fue de una

consulta a Doña Mayra donde ella sugirió lo de la interrupción, no de la Ley de

Ejecución sino de la Ley de Justicia Penal Juvenil, los cambios de la libertad

asistida que…, que interrumpieran eso fue Doña Mayra en el 2001, pero después

nunca más hasta el 2004, que volvieron a mandar y se publicó que, entre el 2004

y 2005, porque en ese año digamos, a mí me lo mandaron tres veces…

Si, según lo que nosotros vimos en el expediente a ese artículo 28, se

le incluye el efecto no suspensivo al final, un poco antes de ser aprobada la

Ley por recomendación de los Jueces de Ejecución de la Pena.

Yo he escuchado comentarios de que no, que hay algunos jueces que

tienen el criterio de que no debería tener efecto no suspensivo.





214

Ahora, nosotros tenemos como parte de nuestra tesis dos casos que

se han presentado aquí en el Juzgado de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, en donde se les había concedido la libertad a los jóvenes

por parte de los Jueces de Ejecución de la Pena y salieron del Centro de

inmediato y luego el Tribunal revocó la resolución y ustedes han tenido que

volver a detenerlos y mandarlos de nuevo al Centro Penal.

De hecho en uno de los casos usted estuvo como fiscal en la audiencia de

modificación.

Si, eso es un trastorno, digamos en aquella ocasión, y desde mi punto de

vista como fiscal no convenía, porque es una persona que está privada de libertad,

que su sanción es de detención, o sea privación de libertad y que el Ministerio

Público si no estuvo de acuerdo en la audiencia que se le modificara y el juez la

modificó obviamente, está en contra de sus intereses que salga antes y que puede

incluso perjudicar digamos en el seguimiento del proceso, porque es una persona

que una vez en libertad se puede fugar, no vuelve a aparecer y no cumple,

entonces desde el punto de vista de la Fiscalía no era conveniente. Y ahora,

desde el punto de vista humano, que son las experiencias que hemos vivido aquí

en el Juzgado, tampoco resulta conveniente, porque es como un “alegrón de

burro”, salen, los dejan salir y al momentito le llegan y le dicen: no disculpe el

Tribunal les anuló y tienen que volver, para una persona es mejor estar ahí …

Cuando hablamos con doña Leda, nos decía que principalmente era

porque el Tribunal duraba demasiado en resolver entonces el joven o la

joven perdían todo el proyecto que tenían para el egreso.





215

Bueno si tiene razón ella, porque antes digamos, es que ahora con esta Ley

de Ejecución cambió, antes todos los recursos iban a Casación y Casación hubo

un tiempo que duraba seis meses o más, después se intentaron acortar los plazos

pero estamos hablando como del 2004, 2005, que ellos empezaron a durar como

tres meses que era más rápido. El Tribunal Penal Juvenil que es el que funciona

ahora con la Ley de Ejecución si dura menos tiempo, en quince días o un mes ya

está resuelto, pero sí digamos en aquella época sí se tardaban más tiempo. Sin

embargo, es un problema para la persona también que le hayan dicho váyase y

talvez puede ser que esté cumpliendo con la sanción, que todo esté perfecto y

resulta que la anularon y tiene que ir a descontar. Para ellos es muy difícil

entender que salen condicionados, ellos lo único que piensan en ese momento es

en salir, y después, usted ya lo vio en el caso de C, que es una reacción lógica,

ella estaba bien, estaba con su familia y todo, y se le llama y es para que quede

detenida, ella viene con el bebé hay que separarla ahí y es todo un drama. El

muchacho en el otro caso, fue un caso mío, y el muchacho tenía unas condiciones

para el momento en que salió, que para el momento que se le anuló la sentencia

ya no las tenía, entonces para el momento de la audiencia digamos ya estaba en

un incumplimiento, además de que ya se había anulado, entonces tenía que ir a

descontar, se hizo también todo un drama, la familia llorando, en el caso de él, él

vino con la familia, todo el mundo esperando proponer la posibilidad porque ahí

incluso se hizo una audiencia en ese momento, viendo esa situación y que

aparentemente el muchacho estaba cumpliendo no se le mandó a detener de una

vez, que era lo que procedía sino que se le señaló audiencia oral para, que eso

era lo que habían indicado, realizar otra vez la audiencia, entonces el no quedó

detenido de una vez y a la audiencia viene y no tenía condiciones, no tenía nada,

no podíamos hacer nada y lo que procedía era dejarlo detenido… y fue un drama

para la familia… y ya teniendo la experiencia de lo de C, y que el muchacho en

principio, en apariencia estaba cumpliendo, era muy feo mandarlo al centro y

después hacerle audiencia, entonces lo hicimos al revés, pero tanteando que el





216

Ministerio Público no se opusiera… En un principio se habló con la Defensa

Pública que para evitar esas situaciones, ellos podrían renunciar a salir, no al

plazo sino a salir, que el mismo muchacho diga que prefiere quedarse hasta la

firmeza…

Cómo era la forma en que se llevaba a cabo el proceso de ejecución

penal juvenil, cuando todavía no existía la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles?

Sin la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, se usaba la

Ley de Justicia Penal Juvenil, la Ley, muchos creen que la Ley vino a solucionar

un montón de problemas, o sea, y si vino a solucionar varias cosas, pero en

realidad ésta Ley es como una reproducción de lo que ya se venía aplicando

mediante las resoluciones del Tribunal de Casación, entonces, lo que hizo esta

Ley es como ponerlo en artículos, digamos el que dio prácticamente todos los

parámetros para aplicar la Ley, bueno fueron las resoluciones de los jueces y que

el Tribunal fue también recibiendo y estableciendo los parámetros… por ejemplo la

audiencia oral, es el Tribunal de Casación que lo exigió porque la Ley no lo

preveía, y ya ahora está en un artículo, digamos el Plan de Ejecución fue toda una

lucha, porque la Defensa decía que una vez que quedara firme ahí empezaba, y

entonces se peleaba porque si el muchacho se presentaba tres meses después y

eran tres meses que no había cumplido, entonces el Tribunal de Casación definió

que la fecha de inicio era en la que el joven se presentaba al Programa por

primera vez, ahora ya digamos en la Ley se establece, que hay también ciertos

vacíos porque lo establece claramente, para la Libertad Asistida pero no para las

otras sanciones como las órdenes de orientación y supervisión, que aplicándolo

ahí se puede ver que dice que los muchachos se tienen que presentar Programa





217

para definir como se van a hacer las cosas, entonces uno podría decir que por ahí,

pero específicamente está sólo para la Libertad Asistida, antes era por votos, pero

los votos no son vinculantes, al final se convierten en uno podría decir en

vinculantes pero no, cualquier juez podría decir no. O sea, aquí lo que se está

haciendo es recopilando toda la práctica. Antes se trabajaba con las resoluciones

de los jueces que se les iban ocurriendo cosas y después el Tribunal que las

respaldaba o decía no, pero si fue por resoluciones de los jueces, porque en

realidad la Ley de Justicia Penal Juvenil lo que tiene son como cuatro o cinco

artículos de ejecución y ya. Antes de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles en el caso de la modificación se esperaba hasta que estuviera

en firme la resolución para dejar en libertad al joven…

Cuál es su opinión acerca de ese artículo 28 y el efecto no suspensivo

que se le incluyó en el último párrafo, con el cual se debe poner en libertad

de manera inmediata al joven?

Yo considero que el joven o la joven en primer lugar están cumpliendo una

sanción, no es que está detenido porque se le ocurrió o incluso preventivamente,

él está descontando una sentencia que se demostró digamos y que el juez

consideró que existe la posibilidad de variarla, está bien pero el juez se puede

equivocar y si el juez se equivocó para eso están los superiores para que digan

no, no procede… o sea yo no considero que se le viole ningún derecho ni nada,

sino que hay que seguir el procedimiento y el procedimiento es que esa resolución

tiene que adquirir firmeza.





218

3. Entrevista realizada al Lic. Oscar Chaves Lugo, Psicólogo del Centro de

Atención Especializada Adulto Joven, el día 20 de mayo del 2008. Además se

encuentra presente en la entrevista la señorita María Espinoza Rojas, quien labora

como orientadora del mismo centro.

- Buenos días don Oscar, en realidad lo que nosotras deseamos es

que usted se refiera a un caso específico, el del joven W.M.L., el cual se

encuentra en éste momento recluido en éste centro, a quien el Juzgado de

Ejecución de la Pena de Limón le otorgó una modificación a Libertad

Asistida, quedando en libertad de forma inmediata, pero el Ministerio Público

apeló y casó dicha resolución, siendo anulada por el Tribunal de Casación

Penal, por lo tanto revocado ese beneficio, teniendo el joven que volver a

ingresar al centro a descontar el resto de su sanción. Usted como psicólogo

del centro qué nos puede decir de la reacción del joven M.L. al tener que

volver a estar privado de libertad?

Bueno, cuando el joven volvió a ingresar a éste centro, nos indicó que a él

le habían dicho que tenía que volver a internarse y que por eso volvió, pero venía

con una actitud de decepción, porque por un lado él no podía entender lo que

legalmente estaba sucediendo y además no tenía la suficiente madurez para

comprender lo que significa todo ese proceso.

Para el joven volver a entrar acá nuevamente, es más perjudicial que

haberse esperado y que le dijeran de forma segura que no podía salir, ya los

muchachos que se encuentran en éste centro son personas que han perdido tanto





219

que no les impacta en gran manera perder más, como sí sucedería con nosotros

por ejemplo que no hemos perdido tanto.

Entonces, de alguna manera el regreso, el hecho de encontrarse

nuevamente con jóvenes que fueron sus compañeros le ayudaron un poco a que

el golpe no fuera tan dramático, ahora independientemente de eso, un golpe es un

golpe, entonces vemos que W está tranquilo en unos momentos pero de un pronto

a otro se descontrola y sale con cositas que lo desequilibran.

- De hecho nosotras leímos en el expediente de W. en donde se

indicaba que, cuando estuvo internado en el Centro de Formación Juvenil

Zurquí, él era un líder.

Sí es muy probable, lo que pasa es que generalmente cuando se trasladan

del Zurquí para el Adulto Joven hay una transformación total en su conducta, ya

que acá encuentran jóvenes mayores, que incluso han estado ya en Centros de

adultos y además hay más cantidad de personas en cada ámbito. Aunque en

algunos casos, la transformación es al revés, más bien llegan acá y tienen que

tranquilizarse porque los mismos jóvenes que encuentran los obligan a bajar su

perfil.

- Del mismo expediente se nota que el joven W.M.L. le achaca la culpa

de tener que regresar al Centro a su defensor, incluso solicitó un cambio del

mismo. Sabe usted si W fue informado por su defensor de que esa libertad

con ciertas condiciones que se le estaba otorgando, no era definitiva hasta





220

que estuviera firme y que podía ser apelada por el Ministerio Público

existiendo la posibilidad de volver a internarse?

(Interviene en la respuesta la señorita María Espinoza Rojas)

Yo me imagino que él, en el momento que le indican que queda en libertad,

lo único que piensa es que puede salir a la “calle” sin pensar en nada más, o sea,

aunque se lo hayan dicho, simplemente no lo comprende y piensa que a él no le

va a pasar, principalmente porque dentro de éste Centro él es al único que le ha

pasado, es decir, él ha visto a varios de sus compañeros salir y no han tenido que

volver a no ser de que se, porque cometieron otro delito o tenían alguno

pendiente.

- Don Oscar, desde su punto de vista profesional, como psicólogo, ya

en términos generales nos podría decir, qué tipo de consecuencias podría

traer para los jóvenes sentenciados privados de libertad, el hecho de que se

les otorgue una modificación a libertad asistida o condicional sin estar

seguros si se va a mantener en caso de apelación, siempre con la

consecuencia de poder tener que regresar al Centro Penal?.

A mi parecer, ninguna entrada a una cárcel puede ser positiva, pero el

hecho de salir y volver a entrar sin haber cometido otro error, puede romper con

todo ese proceso de esperanza que tiene un joven que está solicitando una

liberación. Esta situación puede traer confusión en su pensamiento al pensar:

porqué si ahora estoy haciendo las cosas bien, tengo que volver a ingresar a la





221

cárcel, y esto trae como consecuencia el echarle la culpa a alguien, porque si no

soy yo, entonces alguien tiene que tener la culpa de lo que me está pasando.

- Entonces, a manera de conclusión, cuál de las dos opciones cree

usted que es más beneficiosa para el joven privado de libertad: esperar a

que la resolución que le otorgó la modificación a una libertad asistida o

condicional esté en firme ó en caso contrario, salir en libertad de forma

inmediata en la audiencia oral, aunque exista la posibilidad de que esa

resolución sea revocada y tenga por eso que volver al Centro Penal?

(Interviene nuevamente la orientadora María)

Yo siento que esa situación tiene que ver con la falta de estabilidad que les

pueda generar, porque el hecho de salir y tener que ingresar nuevamente les da

una inseguridad. Eso también depende de cada persona, de cómo puedan

manejar esa situación, porque habrán unos como W. que tiene que buscar a quién

culpar por lo que le pasó, así como habrán otros que pensarán que antes de

volver prefieren hacer cualquier cosa, hasta quitarse la vida.

Entonces son muchas las reacciones que se pueden generar, hasta el

hecho de variar su conducta dentro del Centro, porque pueden pensar que se

portaron bien y por eso pudieron salir pero que los volvieron a internar entonces

ahora se comportan mal, porque no tiene sentido si tuvo que volver.





222

Por tales motivos, es que yo, desde la experiencia que se tuvo aquí en el

Centro con el caso de W. considero que es mejor que les digan que se les va a

otorgar un beneficio pero ya en forma segura, si ó no, para no causarles esa

angustia, esa inestabilidad.

(Interviene don Oscar)

De hecho, se ha podido ver en sus reacciones esa necesidad de estar

seguros de lo que ha dicho la jueza. Además, ellos no manejan una mala reacción

al indicárseles que no se les ha otorgado el cambio de sanción, o sea, se

entristecen en cierta manera, pero de una forma muy manejable, ya que como

mencioné al principio, al haber tenido ya tantas pérdidas, una nueva no es tan

dramática, o sea, piensan bueno si no se pudo, pues no y ya. Entonces yo

considero que es mejor decirles de forma segura si salen o no definitivamente.

Más cuando las cosas andan bien afuera, entonces no encuentran sentido al tener

que volver al Centro.





223

4. Entrevista realizada al joven privado de libertad W.M.L (Caso Limón), el

día 20 de mayo del 2008, quien se encuentra recluido en el Centro de Atención

Especializada Adulto Joven.

- Buenos días W, nosotras somos estudiantes de la Universidad de

Costa Rica y estamos realizando un trabajo en donde estamos analizando la

situación que le sucedió a usted, primero nos podría decir hace cuánto que

ingresó a éste centro?

Yo ingresé acá en agosto del año pasado, antes había estado en el Zurquí

y después me pasaron aquí y salí pero incumplí, entonces volví a entrar.

- Cuando a usted lo pasaron al Centro Adulto Joven, usted solicitó una

modificación de su sanción para seguirla cumpliendo en libertad?

Sí, yo pedí la modificación de mi sanción y me hicieron la audiencia en

Limón. Lo que pasó es que a mí me llevaron hablado, a mi me dieron la libertad en

Limón con unas condiciones y salí, y me dijeron que me habían pasado los

papeles para San José ,y en San José, como faltando uno días o dos días para

que se apelaran, apelaron y pasó, y yo estuve llamando a al programa de menores

para ver si ya habían llegado mis papeles, para ir a firmar yo, porque tenía que

presentarme y me dijeron que todavía no porque habían apelado, y pasó el tiempo

y me llegó un citatorio, y el abogado me dijo que me estaban llamando porque yo

estaba incumpliendo a lo que dicen ellos, y en la audiencia la jueza me dijo que

me negaron la libertad por la oferta de trabajo o algo así, entonces yo le dije al





224

abogado que porqué me había dicho que era por un incumplimiento si él no sabía

a qué íbamos, le expresé mi molestia al abogado, porque la jueza me dijo que si

yo tenía una oferta laboral y en ese momento yo tenía nada, porque era la misma

que tenía cuando salí, y el abogado no me había dicho nada de la oferta y él me

dijo que mejor me quedara así y que venía de vuelta para el Centro y a mí no me

gustó lo que él hizo, entonces yo lo que hice fue cambiarme de abogado, ahora

tengo una abogada, porque la culpa de que yo volviera la tuvo el abogado.

- Cuando la Jueza de Ejecución de Limón, lo pone en libertad, usted

sabía que había posibilidades de volver al Centro aunque cumpliera con las

condiciones que le dijeron que tenía que cumplir?

Yo cumpliendo no, en ningún momento me lo dijeron, yo nada más sabía

que con que uno cumpla estaba ahí bien. Yo en ese momento estaba trabajando y

cumpliendo con todas las condiciones.

- Porqué motivo fue que usted entonces no pudo presentar la oferta

laboral cuando lo detuvieron y le hicieron audiencia?

Porque a lo que yo entendí, la jueza quería otra oferta, eso fue lo que yo

entendí de lo que dijo ella, y en ese momento de la audiencia yo venía con las

manos vacías, porque me estaban llamando porque supuestamente yo estaba

incumpliendo.





225

Yo en ese momento que me hicieron la nueva audiencia y me detuvieron

otra vez, estaba trabajando en un hotel, entonces yo en la audiencia medio hablé,

no hablé del todo, pero de igual manera qué iba a presentar, y ponerme a

contradecir a todo mundo, y decirle algo ahí al abogado y “enjacharlo” más bien

queda uno mal, mejor esperé un momento y dije “aquí es cambiándolo”.

- Cuando a usted en audiencia le indicaron que tenía que volver a

internarse en aquí en el Centro Adulto Joven, cómo se sintió?

Fue un “bajonazo”, porque vea lo que es ese abogado, todavía antes de la

audiencia me dijo “traiga ropa papá”, y yo pensé, será que voy “para adentro” y

entonces traje lo que tenía que traer. Pero yo en realidad no sabía que venía a

quedar internado de nuevo en el centro, sino quien sabe que hubiera hecho.

Desde el 2004 y hasta el 2006 fue que me dejaron salir, yo quería “tocar la calle”,

yo quería estar afuera y disfrutar eso y portarme bien. Hay muchos muchachos

que salen y se “jalan torta”, yo quería salir y aprovechar estar afuera, pero así es

la vida.

Yo estaba viviendo en Guanacaste, en donde me habían dicho que tenía

que vivir y cuando a mi me dijeron que me estaban negando la libertad me devolví

para Limón. Yo en Guanacaste vivía con unos familiares, con mi tío. Pero en la

audiencia me dijo que le tenía que presentar otra oferta laboral y yo no la tenía. El

que me estaba entonces enredando las cosas era mi abogado que no me explicó

bien lo que pasaba.





226

- Algún familiar lo acompañó a ésta audiencia en donde le dijeron que

iba a quedar detenido otra vez?

Sí claro, mi mamá. Ella me decía que si yo incumplía iba a volver a la

cárcel. Pero ella no sabía que si yo estaba cumpliendo de todos modos podía

volver a entrar.

Imagínese que si estuviera en la calle ahorita no habrían pasado muchas

cosas que me han pasado aquí después de que volví, un día de éstos me

apuñalaron por todo lado, entonces yo pienso que afuera estaba bien y vea lo que

me pasó ahora.

Cuando entré nuevamente fue muy extraño, porque uno no cree que está

de vuelta, por días uno no cree pero hay que irlo asimilando poco a poco porque

así le tocó. Mi familia igual estaba muy dolida por lo que pasó, cuando yo volví a

entrar.

Cuando yo volví a entrar aunque yo tenía compañeros aquí que me

recibieron bien, hay que volver a ganarse el respeto porque hay personas nuevas,

entonces lo que había ganado aquí lo perdí cuando salí. Por eso fue más difícil

entrar al Centro ahora, que la primera vez que me pasó, porque como le dije ya no

habían muchos de los amigos que yo tenía. Lo que estuve afuera fueron seis

meses.





227

Ahorita, ya no estoy pensando en volver a pedir la modificación, porque le

soy franco, yo ya me resigné, me queda como año y medio de descuento y lo que

me queda es tirármelo todo.

- Si lo hubieran puesto a escoger éstas dos opciones: salir en forma

definitiva del Centro, aunque se tuviera que esperar uno o tres meses más

acá adentro mientras deciden definitivamente si sale o lo que le pasó a

usted, o sea, salir inmediatamente pero sabiendo que hay posibilidad de

volver y como en tu caso volver a internarse?

Es lógico, prefiero haberme esperado y si hubiera salido que fuera de fijo,

porque salir por salir no tiene sentido, porque pierdo un montón de cosas tanto

adentro como afuera.





228

5. Entrevista realizada a la Licda. Carolina, Psicóloga que atendió el caso

del privado de libertad W.M.L (Caso Limón), el día 20 de mayo del 2008.

- Buenas tardes Carolina, tenemos conocimiento de que usted atendió

al joven W.M.L (Caso Limón), desde antes de que saliera del Centro Adulto

Joven, por una modificación de su sanción privativa de libertad, y además lo

recibió nuevamente cuando fue revocada por el Tribunal de Casación dicha

modificación, por lo que deseamos que no comente desde su punto de vista

de profesional en Psicología, el impacto que vivió el joven, producto de esa

situación.

Antes de que W. saliera del centro, apenas íbamos a empezar a participar

en el proceso grupal de ofensores físicos y a partir de ahí, y a partir de ahí

individualmente no era tanto la atención que yo le brindaba. Cuando reingresa sí lo

atiendo individualmente porque venía muy descompesado por la misma situación

de volver a ingresar, ya que él decía: “yo no he incumplido, yo no he fallado, es

muy impactante que me busquen y otra vez estar acá”.

Esto, sí es un impacto psicológico fuerte para ellos, porque se vive como

una situación de fracaso, “fracasé, y es más, no sólo fracasé sino la percepción de

los otros es: yo fracasé, por lo tanto no merezco otra oportunidad, y voy perdiendo

oportunidades de trabajo, oportunidades con mi familia.” Porque no se deja de

lado que en algunas familias sí perciben el hecho que dice: sí, usted tuvo que

haber hecho algo para que volviera, mentiras que usted está ahí internado porque





229

no hizo nada. Además, de que eso le crea, también para el equipo técnico,

quienes hacen los informes de recomendación, una situación muy confusa porque

en éste caso todos decían: no, es que él incumplió; yo en particular tenía el caso

más cerca, junto con el abogado defensor, les decía al equipo técnico que él no

está por incumplimiento, él está aquí porque el tribunal falló en contra, porque la

fiscalía se pronunció y dijo no, esto no está bien, devuélvanlo, pero no fue porque

él incumplió y en cierto punto esa confusión que tiene el equipo les mancha la

posibilidad de un cambio de sanción, porque si se malinterpreta de esa manera la

jueza puede decir: usted ya tuvo la oportunidad salió y regresó y el equipo lo

percibió así, entonces para una recomendación se queda como que usted ya salió

una vez y usted volvió, para qué lo vamos a recomendar si va a fallar. Además,

que los oferentes dicen: ya yo no me hago cargo, porque uno no sabe la torta en

que se pudo haber metido, estás de vuelta e incumpliste y que a veces a los

chicos no les queda muy clara la situación de qué tenía que cumplir y qué no tenía

que cumplir, nunca queda claro. Yo siento también que los jueces no valoran ésta

situación, los chicos van a las audiencias sumamente ansiosos esperando una

respuesta, entonces ellos con tal de que les digan: usted va para la calle, ellos no

escuchan el resto, ellos dicen si a todo.

Yo he sentido, que los chicos tiene más aporte legal de la fiscalía que de los

defensores, entonces ante eso uno diría que contradictorio, pero la fiscalía les

procura más sus derechos que sus propios defensores, velan más porque todo

esté en regla y con los defensores qué pasa, uno entiende que por la cantidad de

casos puedan decir: qué dicha éste ya se fue y no es un caso mío, pero falta la

asesoría necesaria, con decir que no saben ni el nombre, porque no les informan,

no les notifican, más cuando pasaron del Juzgado Penal Juvenil al Juzgado de

Ejecución, el tiempo que duran los chicos están desinformados, muy ansiosos por

ese cambio, a veces no entienden porque le cambiaron de un abogado al otro, el





230

abogado no hace un cierre de la situación, sino que cuando se dieron cuenta el

abogado anterior les dijo una cosa diferente a lo que le dice el nuevo abogado, el

de ejecución, entonces entran en mucha ansiedad y a veces les prometen cosas

que no cumplen o les hablan de procesos que por su situación y que ya se venía

dando otro proceso no son realizables, entonces entran en mucha ansiedad y

mucho enojo, es que la abogada me dijo, pero cuando aparece la figura de los

fiscales ellos a veces se sienten más seguros, dicen: es que la fiscal me dijo y

tiene más credibilidad. Tenemos un problema, los abogados defensores

establecen cosas que no son reales. Los chicos tiene una consigna muy clara,

prefiero la verdad a una mentira, entonces prefiero que me hablen claramente cuál

es mi situación, a que me inventen algo que no va a ser, porque luego la

desilusión es mayor, entonces en ese punto por eso tiene mayor credibilidad la

fiscalía.

Volviendo a hablar del caso en concreto, W. cuando ingresa nuevamente al

Centro, en algunos puntos sí y en otros no, al principio estaba tan deprimido que

no se hacían notar, porque era: yo estoy aquí, qué agüevado, yo no hice nada

malo, yo estaba cumpliendo, a mí no me informaron, porqué no me dijeron,

entonces era en una etapa como más depresiva, más de volverse a adaptar al

medio. También los compañeros comienzan a decir: sí mae, algo hiciste en la

calle, ve no pegaste, vos que dijiste que ibas a estar, entonces eso le genera

también un conflicto con sus compañeros, para qué te la buscaste mae, dejá de

quejarte, ya estás aquí, ya decí la verdad que incumpliste, entonces eso genera

una burla y también una cuestión de derechos, o sea, no tenés derecho a pedir

nada, ya estuviste afuera, desaprovechaste la oportunidad, entonces ellos mismos

también como que se la cobran; es una cuestión que se da en la dinámica grupal o

estar en una burla y en mofa constante. Luego empezó a presentar más

conductas de: si me voy a tener que quedar todos estos años acá, porque ya me





231

dijeron que no salgo, y percibo que no me van a recomendar nuevamente

entonces empiezo a asumir una conducta de: necesito tener la mayor estabilidad

que pueda acá, y si tengo que ocupar posiciones de poder lo voy a hacer, ya sea

desde un poder económico: yo traigo cosas y comparto con mis compañeros, ante

un poder de yo hago cosas o yo no me dejo de nadie entonces ya empieza otra

dinámica, donde se van generando aliados y donde se van generando enemigos y

ahora ustedes supieron hace poquito lo aislaron, entonces entran en éstas

dinámicas porque empiezan en una pugna de poder: yo necesito afianzar mi

estancia acá. Tiene que volver a ganar lo que perdió al salir, porque ahí se vive el

dicho: muerto el rey, viva el rey, o sea, si ya usted murió y tenía cierta posición

acá, olvídese de que usted tiene esta misma posición, porque otros ya nos

colocamos en esa posición, usted aquí viene iniciando, usted aquí no es nadie otra

vez y tiene que empezar a ganarse las cosas. Entonces ya, eso les genera

también una confusión si yo tenía cierto respeto, cierto nombre dentro del grupo,

ya no lo tengo, pero yo a veces siento y lo vivo como si lo tuviera, porque rapidito

los demás me ubican y me dicen: no papacito ya usted salió, usted aquí es un

nuevito, aunque ya haya estado y si salió debiendo cosas se las cobran, además

de que generan alianzas y muchas de las personas que estaba con él ya no están,

entonces o estaban en otros dormitorios, toda la dinámica que él dejó ya no está,

entonces ya las alianzas que tenía establecidas donde el otro me cuidaba, ya no

está para cuidarme ni protegerme las espaldas, esto quiere decir que con la

persona que en algún momento no me tocaba porque estaba aliado con otros,

ahora sí lo hace porque ya no hay protección, ya no hay esas alianzas. Entonces

él, no sólo entra con una depresión o con un estado de no puedo creer, de

negación que me este sucediendo esto, sino que tiene que volver a pasar por un

proceso de adaptación y eso significa también que quedó estigmatizado, que

saliste y no funcionaste, entonces hay que luchar con un montón de cuestiones,

además digamos iniciando una relación de pareja desde la calle que tuvo que

dejar porque la persona ya no iba a aguantar ese tiempo que va a estar en prisión,





232

entonces por ese proceso pasa, perdiendo cosas otra vez, la confianza de la

familia, el hecho de saber que lo tienen que visitar, que yo voy a estar restringido

nuevamente, es un doble golpe, ya no sólo la primera experiencia sino que pasarla

por segunda vez es como volver a revictimizarlos en esa experiencia y dejar un

montón de cosas y volverse a adaptar y volver a generar alianzas, vínculos para

sobrevivir y eso a veces implica que tomen comportamientos inadecuados, de

liderazgo o que tengan muchos conflictos con los líderes actuales de los

dormitorios donde llegan. Es una persona a la que se le presentaron mayores

conflictos, sin embargo una forma de llegar sabiendo que a uno lo van a ubicar

donde hay campo, porque ni siquiera es por perfiles, es también decir bueno aquí

en la cárcel toca a veces asumir cuentas que no son mías y si yo había metido la

mano por otra persona y esa persona ya no está igual me toca asumirla y eso

pasa, entonces andan muy a la defensiva, muy tengo que cuidarme y entran como

en mucho en cuestiones medio paranoicas, que es tengo que estar muy al

pendiente y eso como parte de las estrategias de sobrevivencia dentro del ámbito

carcelario. Más violento yo diría que no, pero más defensivo sí, además de que

tenía que rescatar cosas que ya no estaban.

- Cuál de las dos opciones cree usted que es más beneficiosa para el

joven privado de libertad: esperar a que la resolución que le otorgó la

modificación a una libertad asistida o condicional esté en firme ó en caso

contrario, salir en libertad de forma inmediata en la audiencia oral, aunque

exista la posibilidad de que esa resolución sea revocada y tenga por eso que

volver al Centro Penal?

Por lo menos yo creería que a ellos les beneficiaría más que quedara

confirmado, o sea, que si les dijeran esperen ahí esperen. En el caso específico,





233

también, porque yo pienso que en este al igual que en cualquiera se forman un

mundo, y se proponen algunos un plan de vida, un plan de egreso que se ve

nuevamente interrumpido, algunos al pasar por la cárcel, dicen no quiero esto

nuevamente y hacen un alto y empiezan a cumplir. Siento que para ellos sería

oportuno que en ese momento que se les da una libertad o algo así, que todo se lo

expliquen, porque a veces dicen: es que no me informaron, no me dijeron, y quizá

no es que no informaron o no dijeron, es que el juez lo dijo ahí adelante

simplemente y el abogado defensor no se lo repite ni se lo explica ya cuando el

chico esté calmado, sereno y se la haya bajado la felicidad que en ese momento

tiene por salir, y que le quede claro, porque algunos salen y es: bueno usted sale y

se tiene que comunicar a Sanciones Alternativas, no saben cuál es el numero, no

saben con quién se tiene que comunicar, no saben dónde queda, principalmente

los de áreas de Limón, que no conocen absolutamente nada, luego otra cosa es

que no le dicen: vea señor juez yo no puedo estar yendo cada quince días por los

pases porque son quince mil pesos de venir de Limón hasta acá, entonces ellos

con tal de que les digan que sale, no les importa pero después eso son las

problemáticas y no se ponen a ver que están ahí por problemas económicos y

estar sacando quince mil colones cada quince días, pues no. A veces los chicos,

cuando son cambios de sanciones y les quedan dos meses y que el juez les dice

salga, ellos dicen: no prefiero quedarme acá y terminar de cumplir para no andar

en eso, siento que sería igual, pienso que los chicos dirían prefiero quedarme acá,

mientras tanto, que salir y que luego me vuelvan a meter, ó otra es, porque hay de

todos los casos: diay no salgo me doy un vueltín y no importa si regresa, pero el

conflicto se va a vivir adentro, porque todo lo que conoció se modifica y en un

sistema penitenciario eso es lo que pasa, todos los días no son iguales, quedarse

ahí mientras esperan no les provoca un impacto más fuerte, no deja de ser un

impacto, pero no mayor. Es como darle un confite y luego quitárselo, y la pregunta

es: y porqué me lo está quitando si yo estoy cumpliendo, y el que entienda el

porqué es lo difícil porque ya se habían generado una expectativa, ya habían





234

generado que iban a hacer, tenían apoyos que son difíciles de encontrar y se

pierden.

Para mí lo mejor sería que el chico saliera hasta que la resolución quedara

en firme. Porque se pasa por un duelo, el duelo de perder otra vez su libertad, por

segunda vez. Las personas pueden reaccionar o violentamente o en estado de

negación, no sé lo que está ocurriendo a mi alrededor y tengo la esperanza de que

a mi abogado defensor haga algo, que no me lleven, que seguro es un error. W,

entró al principio en negación, depresión y después enojo. Si la persona está

detenida por problemas de violencia, posiblemente su enojo aumenta contra la

autoridad el sistema, la estructura social, porque no sé manejar el enojo y mucho

menos esta situación que me enoja, porque lo acabo de describir son las etapas

de un duelo y voy por un proceso de aceptar que ésta es la realidad que estoy

viviendo nuevamente y que no entiendo, no comprendo y que creo injusta. No es

que yo llegue a aceptar lo que me está pasando porque no lo logro aceptar, no

puedo llegar hasta esa fase, lo único que me queda es decir: diay aquí estoy, no

puedo poner a llorar porque tengo que cuidar mi sobrevivencia acá, entonces se

traspasa por otras cosas, tengo que tratar de buscar los mecanismos de

sobrevivencia para poder salir y salir vivo o salir con el menor daño. A partir de ahí

comienzo a sacar todos los mecanismos y a sacar todos los instintos para

encararme otra vez de armarme para poder sobrevivir al medio, que fue un cambio

muy radical de afuera a que me estén poniendo leyes nuevamente, que me

indiquen en qué momento me levanto, a que me indiquen que tengo que ir a la

escuela, a que me indiquen que si no hago esto no me recomiendan, o que la

defensora me esté diciendo: cumpla, vaya a todos los cursos para pedir audiencia,

entonces es como bastante impactante, el tener que vivir esa experiencia una vez

para volverla a repetir. Tal vez los que ya salieron y ellos son muy consientes de

que incumplieron, no es que no la vivan, pero la vivan diferente, porque una parte





235

dice: sí fui yo el que incumplí y a veces incumplí porque me dio la gana, me di un

vueltín, a decir: yo estaba bien, qué pasó. Un duelo por un hecho repentino es

más difícil de asimilar que es lo que pasa con el caso de W. Además afecta el

proceso de reinserción en la sociedad, porque te sacan por segunda vez y lo

hacen cuando te estás portando bien, entonces la autoimagen también se ve

dañada, porque no se sabe qué es lo que se tiene que hacer para quedar bien.

Hay algunos que no les importa, pero a otros sí, porque tenían algo más

estructurado para su egreso. No causa tanto impacto cuando se les niega la

modificación en audiencia porque de una vez se los dicen ahí. El que les definan

algo en claro es para ellos lo más importante, independientemente que de que la

respuesta sea positiva o negativa, el asunto es el proceso, todo ese esperar es lo

que eleva sus niveles de ansiedad.

El hecho de salir y volver a entrar, les afecta más si ya habían formado una

vida en familia, pareja, hijos, no es sólo el hecho de volver a la cárcel, es perder a

esa pareja, es perderme el ver a mi hijo, es estar angustiado porque no tengo

dinero para mantenerlos, entonces entran con un montón de conflictos más.

El hecho de que le digan en audiencia que se le otorga la libertad pero que

para salir, debe de esperar a que esté firme, yo pienso que sería menos

impactante. Con la aplicación de esa norma, no se está midiendo el impacto

psicológico ni social, y a veces con los chicos, con la ley no miden ese impacto

social ni psicológico. Genera un estigma, porque recuerden que hay toda una

comunidad que tal vez lo conocía desde chico y que empieza a hablar y murmurar

y eso le va a generar más dificultades para acomodarse, también porque empieza

por mi autoimagen, cómo me daña el cómo me van a percibir los demás porque

tengo que estarles demostrando constantemente que ya no soy el mismo, o que





236

traté de mejorar, que he cambiado y entonces se me vuelve más difícil, porque ya

tengo la etiqueta, porque la gente se queda con la duda.

6. Entrevista realizada a la Dra. Mayra Campos, Fiscal Adjunta Penal

Juvenil, el día 16 de octubre del 2008.

- Buenas tardes Doña Mayra, ocupamos que nos colabore con la tesis.

Qué opina usted del artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles y la problemática que se presenta al haberse establecido

en el mismo que la interposición del recurso no suspendería la ejecución de

lo resuelto por el Juez de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles?

Bueno, lo que se está estudiando aquí es el tema de los efectos de los

recursos, el efecto suspensivo y el efecto devolutivo de los recursos. En el caso de

la libertad anticipada el legislador en la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles introduce que no tiene efecto suspensivo, o sea, que se va a

desarrollar lo resuelto a pesar de que se interponga el recurso.

Esta disposición va en contra de las reglas generales de los recursos

porque si vemos la sistemática en el Código Procesal Penal, salvo cuando se trate

de la libertad del imputado en juicio, en el resto de los casos se establece que la

resolución no se va a ejecutar hasta que quede firme.

No sé las razones por las cuales se introdujo ese cambio en la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles.





237

Cuando nosotros revisamos el tema de los recursos en el Código Procesal

Penal y en la misma jurisprudencia y en el caso específico de ejecución de las

sanciones penales juveniles se discutió la libertad en un caso específico, la misma

Sala Constitucional estableció que no se podía ejecutar la resolución que otorgaba

la libertad hasta que se resolviera el tema del recurso, siguiendo éstos principios.

Sin embargo, desconocemos el porqué del artículo, porque sería lo mismo admitir

en la libertad asistida o de las mismas órdenes de orientación y supervisión o

cualquier otra sanción no privativa de libertad, donde los jueces estarían obligados

a poner en libertad hasta tanto no quede firme la resolución.

Las razones no las conozco, creo que se trató de un error al interpretar que

se trataba de un supuesto de libertad del imputado como cuando se dicta

absolutoria en juicio, que es una circunstancia distinta, porque ahí lo cobija el

principio de inocencia, aquí en ésta etapa ya no, porque lo cobija el principio de

culpabilidad. Hay que ver que son dos situaciones distintas.

En juicio se dice y ustedes lo pueden ver en el Código Procesal Penal, que

si inmediatamente se dicta la absolutoria y el imputado está privado de libertad, el

juez está en la obligación de cesar las medidas cautelares y ponerlo en libertad,

pero ahí lo priva el principio de inocencia y no logró desvirtuarse en juicio ese

principio de inocencia.

En el caso de la fase de ejecución ya no estamos discutiendo el tema del

principio de inocencia, sino que estamos discutiendo un tema ya distinto, el





238

cumplimiento o no de la pena, la eficacia o no de la pena, ya se ha desvirtuado

aquí el principio de inocencia y se ha comprobado el principio de culpabilidad,

entonces en la fase de ejecución no se justifica el porqué, si se ordena la libertad

se tenga que ejecutar de manera inmediata si va a ser un tema de discusión que

incluso le va a facultar al Ministerio Público a presentar el recurso respectivo,

entonces razones jurídicas no encontramos, sistemática la ley no, porque la

quiebra, porque más bien en los demás casos es al contrario, no se ejecuta la

resolución hasta que esté en firme, tampoco se puede comparar con la libertad

que se ordena en juicio porque es una situación totalmente diferente ya que el

principio que aquí rige es distinto al que está presente en el otorgamiento de la

libertad en fase de ejecución. Veamos para este caso el artículo 366 del Código

Procesal Penal que habla de la absolución, pero ese artículo está relacionado con

el principio de inocencia y con el principio de la Constitución Política que establece

que el estado de inocencia se va a mantener hasta que no haya sentencia firme

que indique lo contrario y tiene que ver con el artículo 9 de la Ley de Justicia Penal

Juvenil.

Entonces, ustedes tienen que analizar el tema, no solamente en función del

principio de inocencia, del porqué en una absolutoria si procede la puesta en

libertad con base en ese artículo 366 del Código Procesal Penal, el 9 de la Ley de

Justicia Penal Juvenil y el 39 de la Constitución Política, lo que es distinto al

principio de culpabilidad a contrario sensu, que la sin declaratoria de culpabilidad

ninguna autoridad podrá presentar a una persona como culpable. En el caso que

nos ocupa ya hay una sentencia que en principio está firme, y lo que se está

variando es la modalidad de ejecución de la sanción, o sea que hay un problema

serio en la sistemática de la ley al incluirse ese párrafo.





239

Nosotros cuando revisamos el proyecto y nos pronunciamos, y enviamos el

pronunciamiento a la Asamblea, nunca se mencionó ese tema.

- Si, en realidad, viendo el expediente legislativo el efecto no

suspensivo que se le agrega al artículo 28 fue porque poco antes de que se

aprobara la ley se presentó una moción, bueno un grupo de mociones y

todas fueron aprobadas sin existir constancia de discusión alguna acerca de

las mismas. Lo único que dice en la moción es que se hace por

recomendación de los jueces de ejecución de la pena del momento y don

Carlos Tiffer, pero de la misma revisión del expediente se denota que don

Carlos no hace referencia a ese artículo, o al menos no hay constancia de

ello. Además, hablando con la Licenciada Leda Corrales, lo que nos indicó

fue que ellos como jueces de ejecución en el momento hicieron

recomendaciones en general y que respecto al tema lo que pensaron fue que

era mejor que los jóvenes quedaran en libertad de una vez, porque después

perdían el plan de vida que tenían en ese momento al tener que esperar

mientras se resolvía el recurso.

Cuando a nosotros nos dieron audiencia para referirnos a la ley, formamos

una comisión, en donde estaba el Lic. Freddy Sandí, como juez de ejecución,

estaba la Defensa Pública, nosotros como Ministerio Público, también el Programa

de Sanciones Alternativas, he hicimos dictámenes para el Proyecto de Ley, no se

habló nada del tema de la libertad anticipada, incluso la libertad anticipada no

tiene sentido en Justicia Penal Juvenil, porque para eso la Justicia Penal Juvenil

ya cuenta con la Libertad Asistida, que es una libertad con condiciones como a

someterse a programas educativos. Asimismo, está la libertad asistida más





240

órdenes de orientación y supervisión, es decir se complementan dos penas

distintas, o sea, la persona está en libertad pero cumpliendo condiciones.

También está el instituto de la libertad condicional, que para mí tampoco

tiene ningún sentido que esté dentro de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales, porque es propio de la legislación de adultos, ya que la persona menor

de edad sentenciada podría cumplir la sanción en libertad, pero con qué

condiciones?, con condiciones no previstas en la ley?.

De hecho, cuando hicimos un análisis nuevamente del Proyecto de la Ley

de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, para mí esa libertad condicional

no tiene ningún sentido, rompe con todo el esquema de la Ley de Justicia Penal

Juvenil, es un instituto propio de adultos en donde no hay posibilidad de quedar en

libertad por otras opciones distintas a la privación de libertad y en el proceso de

adultos sólo existe prisión, multa o extrañamiento, o sea, no hay posibilidad y por

eso se justifica la libertad condicional. Si vemos el artículo 64 y 65 del Código

Penal vemos que se trata de un instituto propio del proceso de adultos en donde

no hay más opción.

Diferente es en el caso de la Justicia Penal Juvenil, en donde más bien

existen una gran cantidad de opciones para descontar una sanción en libertad,

que son todas las estipuladas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, que permiten

que por ejemplo un joven que se encuentre privado de libertad, si tiene todos los

informes positivos y si se cumple con los fines de la Ley pueda modificársele esa

sanción por una libertad asistida y podría hacerlo en cualquier momento; o que





241

estando privado de libertad se acuerde modificarse a una sanción de órdenes de

orientación y supervisión.

Entonces qué sentido tiene esa libertad condicional, sería una libertad con

condiciones, pero la ley dice que tiene que cumplir con alguna condición, por lo

que ese artículo no tiene justificación en la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles.

Ahora, en cuanto al artículo 28 de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, esa Libertad anticipada tampoco encuentra sentido para mí, ya

que no hay necesidad de una “libertad anticipada” si ya se cuenta con una

modificación a libertad asistida o con la libertad condicional.

Este artículo es confuso, porque al hablar de “resoluciones que concedan

algún beneficio que implique la liberación”, nos preguntamos qué quiso

regular? Será que lo que el legislador quiso regular con ese artículo fue el

beneficio de ejecución condicional de la pena, que ya se encuentra establecido en

el artículo 132 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, en donde a la persona se le

condena a una pena privativa de libertad, y si cumple los requisitos, el juez de

sentencia de una vez le puede otorgar el beneficio con o sin condiciones y sin

cometer delito, siendo que éste caso nunca va a prisión; ó la libertad condicional

de la cual hablamos anteriormente, ó la libertad asistida. Pero no es ninguna de

las anteriores porque esos institutos ya encuentran regulación, por lo que ese

artículo no tiene una justificación para estar dentro de a ley.





242

Por lo tanto, en caso de que se modificara una pena privativa de libertad por

una libertad condicional, una libertad asistida o una sanción de órdenes de

orientación y supervisión, debería regir el efecto suspensivo con la presentación

del recurso de apelación, en concordancia con el artículo 27 de la Ley de

Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, ya que es la regla general de la

sistemática de la Justicia Penal Juvenil.

En resumen, a mi parecer éste artículo no tiene porqué estar en la ley, ya

que como dije antes el juez de ejecución podría otorgar una libertad condicional o

modificar la pena a una libertad asistida por lo que no existe en ningún caso una

libertad anticipada, lo que se dan son modificaciones a libertades con condiciones.

Nunca tuve conocimiento de cómo llegó a incluirse la no suspensión en tal artículo

y siempre tuve duda del mismo, incluso su terminología fue criticada en alguno de

los dictámenes que presentamos.

Es necesario por eso hacer un análisis de que éste es un instituto que no

calza y además hacerse analizar a fondo los efectos de los recursos dentro de loa

materia penal juvenil.

- Muchas gracias por su tiempo y colaboración.





243

7. Entrevista telefónica con la Licenciada Dora Trabado Alpízar, Jefa de la

Defensa Pública Penal Juvenil, realizada el 16 de octubre del 2008.

- Buenas Tardes licenciada Trabado, usted como Jefa de la Defensa

Pública Penal Juvenil, nos puede comentar cual fue la intervención de su

despacho en la aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, específicamente en la adición al artículo 28 del efecto no

suspensivo del recurso de apelación contra la libertad anticipada.

Realmente yo no estoy muy empapada sobre el proceso de aprobación de

la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles y mucho menos puedo

comentar acerca del artículo 28, ya que aunque la Defensa Pública Penal Juvenil,

es uno de los órganos especializados en materia penal juvenil y tiene un papel

muy activo propiamente en el proceso de ejecución, nunca fuimos tomados en

cuenta para realizar dictámenes sobre dicha ley, de lo poco que me enteraba era

por medio del asesor legislativo Milton Madriz, que era el que estaba muy metido

en este tema. Sin embargo si sé que Reyseth Peraza, aunque ya no trabaja en

penal juvenil, siempre ha estado muy involucrada e interesada en este tema,

incluso a veces va fuera del país a hacer ponencias, tal vez ella les pueda ayudar.





244

8. Entrevista con el Licenciado José Miguel Corrales Bolaños, Diputado de

la Asamblea Legislativa de Costa Rica durante la legislatura en que se aprueba la

Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, y quien presenta la moción

para incluir el efecto no suspensivo al artículo 28 de dicha ley, realizada el 30 de

octubre del 2008.

- Buenas Tardes Don José Miguel, como estudiantes de Derecho de la

Universidad de Costa Rica, nosotras estamos elaborando la tesis de

licenciatura sobre el efecto no suspensivo del recurso de apelación contra la

libertad anticipada, contemplado en el artículo 28 de la Ley de Ejecución de

las Sanciones Penales Juveniles, al haber estudiado el expediente legislativo

de dicha ley, encontramos que la inclusión del efecto del artículo 28, se dio

por medio de una moción presentada por su persona, por lo tanto queremos

conocer las razones que se consideraron para modificar el artículo.

Para ese momento, en que yo estaba como diputado, no existía la Ley de

Iniciativa Popular, como actualmente sucede, por el contrario, en ese momento

únicamente por medio de los diputados se podía proponer la aprobación o

modificación de una ley, por lo tanto mi asesor Milton Madriz, me indicó que Don

Carlos Tiffer quien es una autoridad en materia penal juvenil deseaba que se

aprobara la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, porque existía

un vacío legal al respecto y me vendió la idea, tratándose de una persona como

Don Carlos, con la autoridad que él tiene en el país en esta materia yo acepté.

En lo que yo recuerdo se presentaron un grupo de mociones al final que

fueron por recomendación de Don Carlos, incluso la moción para agregarle el





245

efecto no suspensivo al artículo 28, recuerdo que Milton me dijo que había que

presentarla y en ese momento yo cuestioné el hecho de que una persona pudiera

salir en libertad aunque la sentencia no se encontrara firme y con la posibilidad de

volver a ingresar a la cárcel, sin embargo lo que Milton me dijo fue que si un juez

estaba dictando una resolución en la cual se considera que la persona puede estar

en libertad, de acuerdo a los respectivos informes, el motivo por el cual se

presenta el recurso de apelación es porque hay caprichos y majaderías que ponen

a sufrir a los chiquillos, porque se pone el recurso solo para evitar que la persona

salga, aunque se cuente con los dictámenes, para no perder el caso, además que

como la moción era por recomendación de Don Carlos yo no cuestioné más el

asunto y me convertí en la voz de Don Carlos en el plenario y presenté la moción.

Al día de hoy yo sigo considerando que no se debe dejar en libertad a una

persona, si no se cuenta con sentencia firme, que asegure a la persona que no va

a volver a estar detenida. Porque es mejor entrar y quedarse adentro, que salir y

volver a entrar, a que se aprecia más la libertad cuando ya se ha estado preso.





246

9. Entrevista con el Doctor Carlos Tiffer Sotomayor, Consultor del Instituto


Tratamiento del Delincuente (ILANUD), y redactor del proyecto de Ley de Justicia

Penal Juvenil y Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles, realizada el

24 de noviembre del 2008.

- Buenas Tardes don Carlos, como estudiantes de Derecho de la




las Sanciones Penales Juveniles, al haber estudiado el expediente legislativo

de dicha ley, encontramos que la inclusión del efecto del artículo 28, se dio

por medio de una moción presentada por el Diputado José Miguel Corrales

Bolaños, y que fue recomendada por los jueces de ejecución y por su

persona, por lo tanto queremos conocer las razones que se consideraron

para modificar el artículo.

Tal vez para explicarles y comenzar desde el principio, más o menos en

1994 después de que regresé de Alemania y me incorporé al ILANUD como

director de un proyecto que se llama Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos,

este proyecto tenía como parte esencial dar un insumo a los diferentes países que

componían este proyecto, sobre propuestas legislativas en que se regularan o se

emitieran los estándares de la Naciones Unidas. En particular ya teníamos en

materia de justicia penal juvenil, aprobada la Convención sobre los Derechos del

Niño, así fue como en 1996, nosotros, porque en realidad fue un grupo de

personas responsables donde me incluyo, presentamos un proyecto de ley de

justicia penal juvenil. El proyecto de justicia penal juvenil, se presentó, incluso la





247

ley tiene algunas cosas que no quedan muy claras, pero fue por unas cuestiones

estratégicas que hubo que presentarla, porque habían otros proyectos en ese

momento, y algo que yo tenía tiempo para hacer como en un año, lo tuve que

terminar como en seis meses. Esa fue la Ley de Justicia Penal Juvenil, en donde

hubo alguna discusión pero en realidad la discusión no fue como a mí me hubiera

gustado, fue un poco apresurado, por circunstancias políticas, sociales y jurídicas

que tal vez en este momento no vienen al caso.

En 1998 fue que presentamos este proyecto de la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, por la necesidad de la regulación de la ejecución

por medio de una ley, yo casi creo que he sido la única persona en el país que ha

insistido en la falta de regulación legal y que todavía en adultos no existe, si

ustedes ven la exposición de motivos de esta ley lo primero que dice ahí es

cuando yo escribí que no es posible que el Código Penal a pesar de que dice que

la ejecución se va a regular por una ley, habían transcurrido en ese tiempo treinta

años y todavía no había una ley de ejecución y todavía no la hay. Entonces por

eso después de 1996 me puse a trabajar en un proyecto de ley de ejecución de

las sanciones penales juveniles. Tal vez ustedes ven que en la Ley de Justicia la

única parte que quedó sobre la ejecución es la de las sanciones, yo quería incluir

más pero no había tiempo, entonces pensé: después trabajo en un proyecto

específico de ejecución, es por eso entre el año 1996 y 1998, yo como director de

este proyecto del ILANUD, me encargué de elaborar un proyecto de ley que lo

presentamos efectivamente en el 1998, una vez que se presentó ese proyecto

ustedes no se imaginan, ustedes ven el expediente y es una cosa impresionante,

son cuatro tomos, y ustedes ven ahí más o menos el promedio de ocho años dos

legislaturas, donde este proyecto estuvo ahí dando vueltas como todos los

proyectos de ley, que provocó mucho interés, ustedes ven ahí la intervención de

los jueces de ejecución, el Ministerio Público, la Defensa Pública, las





248

Organizaciones no Gubernamentales como DNI, Pani Amor, y muy fuerte la

intervención de los funcionarios del Ministerio de Justicia, pero por dicha

realmente llegó a ser una ley, y en mucho por Don José Miguel Corrales, quien

realmente se interesó en el proyecto y tengo que reconocer que Don José Miguel

le dio la fuerza y el empuje que nosotros necesitábamos para una ley como ésta,

estoy muy satisfecho de que Costa Rica sea uno de los pocos países en América

Latina que tenga una ley de ejecución. Por otro lado estoy mi satisfecho también

que en nuestro país por lo menos la ejecución de las sanciones penales juveniles

ya esté regulado por una ley, eso tiene una implicación muy importante y ustedes

que trabajan tanto en la Fiscalía Penal Juvenil y en el Juzgado de las Sanciones

Penales Juveniles, saben la importancia de que esté regulado, sobre todo porque

a la administración pública, particularmente en este caso al Ministerio de Justicia,

no se le puede dejar sola en una labor tan tan delicada, yo creo en el control

jurisdiccional, y una ley es la mejor garantía del control jurisdiccional. Ahora, el

diseño de la ley es sumamente complejo, porque se reunieron todas esas

personas con base en el proyecto que yo originalmente había redactado, y una de

las partes tal vez más complejas que hay dentro del diseño de una ley es la parte

de los recursos, primero el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo, de los recursos,

que son parte fundamental, y después el tema de los efectos, esos tres aspectos

son medulares en un diseño legislativo en cuanto a los recursos.

Con respecto a la parte de la ley que ustedes están investigando que es el

artículo 28, que es la parte de los efectos del recurso, efectivamente en el artículo

28 hay una variación con respecto al principio general que rige los recursos en el

artículo 27 de la Ley, y es que los efectos no se van a suspender y se va provocar

un cambio inmediato con la decisión que tome el juez, ahora desde un punto de

vista puramente técnico en realidad es una decisión legislativa de que el efecto

puede ser suspensivo o no suspensivo, dependiendo del tipo de la resolución que





249

sea, ustedes ven que así está previsto en el diseño del Código Procesal Penal,

hay resoluciones que tienen efecto suspensivo y otras que no, pero si hay que

reconocer que la línea general es el efecto suspensivo, que tiene el artículo 27,

ese es el principio general en la mayoría de las resoluciones, así se encuentra

regulado.

Sin embargo, en el artículo 28, habla de las resoluciones de los juzgado de

ejecución que apliquen o afecten la libertad de la persona privada de la libertad, yo

releyendo haciendo un esfuerzo de pensar en esto, más que se dice que en el

proyecto de ley hay una moción que está sugerida por los jueces de ejecución y mi

persona, es muy probable que sea así, y por qué, cuál es la justificación, que por

lo menos encuentro ahorita, porque francamente me cuesta mucho devolverme al

pasado, creo yo lo mantendría igual, y la justificación es el tema de la implicación

que tiene por tratarse de la libertad de la persona, ese es el tema, creo que sí

efectivamente, no puedo negar la paternidad ni responsabilidad en esto, porque

me parece que una resolución que modifique una privación de libertad tiene que

cumplirse inmediatamente, es decir hay un principio pro libertad, que debe

prevalecer a pesar de un formalismo, a pesar de que la persona haya sido

sentenciada, esto debido a que se ha provocado una modificación de esa sanción

y que la justicia juvenil se caracteriza por un principio que es la flexibilidad, esto

qué significa, que esa sanción a pesar de que ha sido una sanción privativa de

libertad, es una sanción que es flexibles, no estamos frente a una justicia rígida

como es la de adultos, y sobre todo porque la ejecución también gira en torno a

unos principios muy importantes como es el carácter educativo, y el principio de la

reinserción social, y entonces si el juez considera que la privación de libertad en

ese momento no se justifica y obviamente debidamente fundamentada, y que

procede una modificación de esa sanción por una más beneficiosa, debe ponerlo

en libertad inmediatamente, es decir sí, yo creo que efectivamente ese es el punto





250

mediante el cual se introdujo esta moción y creo que sí, efectivamente fue idea

mía, y en principio se fundamente en la flexibilidad, en el tema de prevalecer

siempre el principio de libertad, sobre cualquier otro, y sobre todo también el que

inspira toda la ejecución que es el principio educativo y el principio de la

flexibilidad, y eso nos va a llevar a la reinserción social, claro es el juez el que

tiene que decidir en cada caso concreto si otorga o no la libertad y el mismo juez

tiene que saber el efecto que va a provocar inmediatamente la puesta en libertad

de la persona menor de edad.

El problema que ustedes es un problema interesante, es decir esos dos

casos en los cuales ustedes me mencionaban, que pueden provocar un efecto

negativo en la persona menor de edad, toda vez que está puesto en libertad pero

su resolución no está firme y que hay una falta como de interiorización o

comprensión de parte de él, primero esa resolución que lo está poniendo en

libertad no está firme y en caso de que sea revocada, porque no siempre sucede,

me parece que no justificaría la modificación de este artículo, no lo justificaría

porque primero estaríamos pensando en que todos los casos van a ser revocados,

lo cual no es cierto. Ahora el tema de la comprensión o no, es un aspecto muy

subjetivo verdad, muchos de esos muchachos y sobre todo que puede ser que

tengan más de dieciocho, es decir definitivamente por principios generales tienen

interiorización de la culpabilidad y después por principios generales del

cumplimiento, lo que me parece que el juez debería hacer, incluso también el

abogado defensor, es informarle, claro si usted le pregunta va a decir que no lo

comprende, lo que pasa es que esto cae en un ángulo de subjetividad, muy difícil

de valorar como para cuestionar la norma, a mí me parece que la norma está bien,

que es correcta y tiene una justificación.





251

Claro que los efectos psicológicos de una persona que sale y tiene que

volver a entrar en estas condiciones, me imagino que es un efecto negativo fuerte,

entonces el psicólogo del centro debería preparar al muchacho y decirle: mire

usted va a salir en libertad, pero esté atento por si esta resolución se la revocan,

usted también tiene que interiorizar que ahorita va a ser puesto en libertad

provisionalmente hasta que esto quede en firme, y conocer que existe la

posibilidad de que usted vuelva a regresar. Me parece que la claridad y la verdad

sobre todo, es fundamental, pero no vamos a sacrificar la posibilidad de que la

persona salga en libertad por una supuesta afectación de carácter psicológico, que

puede suceder pero que se puede reducir con una buena explicación y la

obligación del defensor de informarle el resultado de la apelación.





252

10. Entrevista con la Licenciada Reyseth Peraza, Abogada de la Defensa

Pública, quien trabajo como Defensora Pública de Ejecución Penal Juvenil, al

momento de aprobación de la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales

Juveniles, realizada el 29 de noviembre del 2008.

- Buenas Tardes Licenciada Reyseth, como estudiantes de Derecho de

la Universidad de Costa Rica, nosotras estamos elaborando la tesis de



las Sanciones Penales Juveniles, nos comentaron que usted había estado

muy involucrada en la creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, entonces

queremos que nos comente cual fue su participación y cuáles son las

justificaciones que se manejaron para incluir el efecto no suspensivo al

artículo 28.

La Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles fue redactada

conjuntamente con la Ley de Justicia Penal juvenil, porque era un documento

donde se iban a complementar, supuestamente, pero cuando eso yo ni siquiera

estaba en el país, Alejandro Rojas era asistente de don Carlos Tiffer a quien le

asignaron la redacción de la Ley de Justicia Penal Juvenil y de Ejecución Penal

Juvenil, cuando por asunto de presión social, porque se dio el asunto de las

pandillas juveniles y todo, consideran en la asamblea que hay que darle trámite y

sacar la Ley de Justicia Penal Juvenil, existió un problema grave que de lado

dejaron la Ley de Ejecución, y entonces la Ley de Justicia Penal Juvenil carece de

un montón de vacíos que debían ser llenados con la Ley de Ejecución de

Sanciones Penales Juveniles, desde que entró en vigencia la Ley de Justicia

Penal Juvenil, tuvimos nosotros que trabajar con esa gran serie de vacíos y





253

lagunas que supuestamente iba a llenar la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, al final no sucedió tanto como se espera, incluso al día de hoy,

porque ahora fui a preguntarle a unas compañera de ejecución penal juvenil,

porque ya yo no estoy en ejecución, según lo que me comentaron la situación está

igual en la nebulosa, incluso en algunos aspectos considero que está la aplicación

un poco más perdida, o sea todavía estamos peor y aquí hablo de las dos partes,

Ministerio Público y Defensa.

Ok, qué participación tuve yo o que tuvo la Defensa Pública con la Ley de

Ejecución, bueno la Ley estaba ahí, ya la redacción, lo que hizo la Asamblea

Legislativa, como que a la Corte se le pidió un documento o una opinión con

respecto a la ley, recuerdo, lo que hicimos fue que nos reunimos en ese momento,

de los que recuerdo un juez de ejecución, Doña Mayra y yo, como para analizar un

poquito la ley, y Alejandro Rojas, como para ver ciertos artículos de la ley y hacer

algún tipo de comentarios, etcétera etcétera, fue rapidísimo porque nos

convocaron para una semana y uno trabajando y etcétera, entonces tuvimos como

dos reuniones o tres y después mandamos el documentos, eso fue como la

participación, en realidad creo que nos enojamos un poco por acá, porque como

que no se dio el tiempo para poder entrar a discutir algo así de lo que me acuerdo.

Pero pasó que la finalidad de la Ley de Ejecución y las leyes juveniles,

precisamente antes de entrar a hablar de los efectos que ustedes observaron, se

trataba con la ley de ejecución de llenar y de definir ciertas sanciones, la libertad

asistida por ejemplo no estaba muy bien definidas o no sabíamos que eran en sí,

entonces teníamos conflictos en ejecución por eso, porque nosotros pensábamos

una cosa, el Ministerio Público otra y los jueces otra, el Programa de Sanciones

Alternativas igual, tampoco había definición, entonces lo que pensábamos es que

a través de la ley esos problemas o esa falta de coordinación o esos choques de

criterios se iban a solucionar, lo que pasa es que la Ley de Ejecución por ejemplo

define la libertad asistida, si nos vamos al artículo donde está la definición la





254

define igual que la Ley de Justicia Penal Juvenil, o sea no se sabe qué es, o sea

todavía siguen dándose las lagunas, más que todo la Ley de Ejecución de las

Sanciones Penales Juveniles, me imagino que ustedes ya la conocen a fondo,

incluso tiene una cantidad tan grande de recursos y es tan amplia, que más bien

eso también genera como una especie de conflictos, porque se reguló se legisló

hasta la situación más, o sea se trató de legislar con respecto a todo, y eso

eventualmente más bien puede generar una serie de conflictos al momento del

juez al resolver, y la ley es bastante extensa y se centró muchísimo en el asunto

administrativo, verdad de las sanciones y las amonestaciones que se dan dentro

de los centros penales, se trató de regular en todo.

Con respecto a los recursos se daba lo siguiente, que antes, y eso era lo

que se pretendía, bueno en ejecución lo característico es que existe recurso de

casación, diferente que en materia de adultos, entonces se prestaba a que se

presentaran muchos recursos de casación en materia de ejecución y se decía que

necesariamente tratándose de materia de menores, de justicia penal juvenil,

durante todas las etapas del proceso tiene que ser un juzgamiento muy ágil,

verdad los términos deben de ser acortados para que el menor por el principio

educativo y demás… inmediatamente se le defina su situación jurídica, que no se

le tuviera ahí pendiente amarrado a un proceso, porque eso violentaba, digamos

tenía efectos psicológicos negativos contra el joven y eso era lo que se pretendía

atenuar, o sea que no pasara tanto, en ejecución el problema, es que y antes de la

ley se presentaban o se abría la puerta para que presentara mucho recurso de

casación, eso implicaba, pues para el momento de las impugnaciones que durara

mucho en el trámite de los recursos de casación, yo me acuerdo que yo

presentaba casación, bueno eran muchos los recursos de casación que se

presentaban, y les generaba un problema a los jóvenes precisamente porque

mientras se resolvía, como era casación, se tardaba muchísimo. Sucedió que con





255

la Ley de Ejecución se pretendió que los recursos fueran recursos que no duraran

tanto en tramitarse, que eran los recursos de apelación, que son más ágiles, por

supuesto, por lógica lo sacamos, sobre todo cuando se trataba de violación de los

derechos de los muchachos, para darle un tratamiento ágil a todo, y se indicó en

un artículo de la ley cuando se habla de recursos verdad, el listado de las

resoluciones que son apelables, que son bastantes, casi que todo podríamos

decir, yo creo que todo, y lo que se indicó es en el último párrafo de ese artículo

que solo se presentaba recursos de casación a las resoluciones que impliquen

una ulterior modificación de la pena, desde que empezó la vigencia de la ley trae

problemas, porque este listado de las resoluciones que tenían recurso de

apelación decía las que presenten una ulterior fijación de la pena, entonces ya nos

cuestionábamos nosotros que es fijación y que es modificación, o sea que se nos

aclare qué es fijación y que es modificación de la pena porque eso puede generar

problemas al momento de que entre en vigencia la ley. Ok, toda esa discusión se

dio y de más, verdad, lo que se pretendía con eso era como cerrar el portillo de

casación, el sentido, pero no como afectación de garantías de los muchachos,

sino que el procedimiento fuera más ágil con la apelación, pero que las

resoluciones que más violentaban los derechos de los jóvenes, obviamente la

casación, porque se supone que garantiza más los derechos del muchacho en ese

sentido, ok, esa era la situación que teníamos, incluso se daban situaciones como

la siguiente: tratándose me acuerdo de las resoluciones que declaraban sin lugar

una solicitud de incumplimiento por parte del Ministerio Público, el Tribunal de

Casación Penal antes de la Ley indicaba, que éste tipo de resoluciones no eran

impugnables por el Ministerio Público, no tienen recurso, no tiene ulterior recurso,

esa era la situación que teníamos antes.

Y con respecto a los efectos me acuerdo, que sucedía que si se daba un

cambio de modificación que favorecía al muchacho, si éste estaba cumpliendo una





256

sanción privativa de libertad y se le solicitaba al juez una libertad cualquiera de las

que lo beneficiaban, el problema es que esa resolución era casable por el

Ministerio Público y aunque el juez le haya dado la razón a la Defensa, el juez de

ejecución, al ser casable la resolución que implicaba varios meses en resolver el

punto, él tenía un efecto suspensivo, o sea el muchacho no se le ponía en libertad

a pesar que el juez lo haya resuelto hasta que el Tribunal de Casación ratificara,

incluso me acuerdo de un caso en el que presenté un recurso de hábeas corpus

indicando que por el principio interés superior y demás debía en ese momento

ponerse en libertad al muchacho, o sea, que no tuviera efecto suspensivo y

presenté ese recurso ante la sala. El asunto es que la Sala en ese momento dijo

que no, que sí necesariamente el muchacho tenía que mantenerse en privado de

libertad hasta que el Tribunal de Casación Penal resolviera. Muchas de las

aclaraciones que se dieron con respecto a criterios y demás fueron resultado de

resolver por parte del Tribunal de Casación recursos de la Defensa Pública. Ese

era el panorama y debido a eso se habló de los efectos si tenía efecto suspensivo

sino tenía efecto o qué pasaba.

Ok, entremos al artículo 27, en donde los recursos ante afectaciones de los

muchachos tienen efecto suspensivo en protección de los intereses del muchacho,

si lo está afectando ok, el efecto suspensivo hasta que un Tribunal superior le dé

el aval no se va a ejecutar esa resolución, verdad ese es el panorama.

Artículo 28, recurso contra la libertad anticipada, ustedes me acaban de

preguntar por qué motivo, eso sí no recuerdo que alguien haya hablado de eso,

pasó hace tiempo, me dicen que fue una moción. Les había comentado que yo

había presentado un hábeas ante la Sala Constitucional como tres años antes de

la entrada en vigencia de la Ley, lo que yo buscaba era esto más o menos, lo que





257

después se puso en el artículo 28, pero digamos yo no tuve participación en eso.

Eso fue lo que se le pidió a la Sala y la Sala dijo que no, lo que negó la Sala en su

momento es lo que está ahora en el artículo 28, pero yo no les puedo que participé

en eso, sino que yo creo que lo que pasó fue lo siguiente, por eso la sugerencia de

Carlos Tiffer y los jueces de ejecución en su momento, van por acá, obviamente lo

que se pretende es lo del interés superior, que por ser una población que necesita

mayor tutela con respecto a sus derechos que por ejemplo la población adulta, es

que hay principios especiales y demás en materia de justicia penal juvenil.

Entonces tomando en cuenta todo eso y la protección de los derechos de los

muchachos es que para los efectos, por ejemplo, la libertad anticipada, si un juez

de ejecución que es el encargado de velar por que se cumpla todo el proceso

como debe ser y el que tiene que analizar la situación, efectivamente decidir si hay

posibilidades de que se cumplan los efectos de la ejecución de la sanción fuera

de prisión y el joven está privado de libertad, el juez de ejecución por el principio

de interés superior y demás debe concederle el cambio de sanción en ese

momento y si se lo está concediendo en ese momento el juez, esa es la base del

asunto me imagino, pues debe ponerse en libertad el muchacho, porque

efectivamente entre mantenerlo privado de libertad hasta que se decida o darle la

libertad en ese momento cuando un juez de la República está diciéndole que

efectivamente luz verde, las condiciones fuera de prisión existen para que se

cumplan los efectos de la sanción en materia de justicia penal juvenil, pues debe

ejecutarse en ese momento la sanción a pesar de que el Ministerio Público

impugne, o sea, por protección de derechos eso es lo más beneficioso para el

muchacho. Necesariamente este tuvo que ser el criterio para que se indicara que

con respecto a la libertad anticipada, pues no tiene efecto suspensivo, porque es

que hagamos la relación: artículo 27, todo lo que lesione o vulnere derechos

verdad, tiene efecto suspensiva precisamente para que no se ejecute hasta que

otro Tribunal la revise, pero la libertad anticipada como pues beneficia al

muchacho, en todos los casos lo va a beneficiar, no tiene efecto, porque más bien





258

esa resolución que puede ser impugnable lo está beneficiando, entonces no hay

problema, no tiene efecto suspensivo, el superior la va a revisar y si el superior

considera que debe revocarla entonces ahí se va y se le detiene al muchacho y

nuevamente se realiza la audiencia y se decide en definitiva que va a suceder con

el asunto o sea, más o menos ese es el criterio. Todo en materia de justicia penal

juvenil tiene que ser premiado por el interés superior, o sea, lo que beneficie al

muchacho, ver toda la situación, lo que genere menos gravamen al muchacho es

lo que se debe aplicar. Ese es el fundamento.

Qué ha sucedido, lo que se pensó de acortar el tiempo del proceso para lo

de seguridad jurídica del menor pues se vino al suelo con lo siguiente: que a pesar

de lo que dice el artículo 20 que limitaba casación solamente en los casos de

ulteriores modificaciones de la pena, hay un voto que dijo que todo tiene apelación

y según lo que me explicaron las muchachas que están ahora en ejecución, todo

tiene casación o sea, todo tiene apelación y todo tiene casación, entonces más

bien caímos en un problema más serio, porque si lo que queríamos era agilizar el

plazo, más bien se alargó el tiempo para que el muchacho y las partes tengan

conocimiento con certeza qué es lo que va a pasar con la situación, entonces ya

se abrieron los portillos y ahora es lo contrario claro, qué pasa cuando se puede

impugnar ante el Tribunal Penal Juvenil y el Tribunal de Casación, pues

obviamente es una mayor garantía para las partes, lo que pasa es que para los

efectos de la definición de la situación jurídica hay una afectación. Además está el

voto 1213-06 del Tribunal de Casación que dice que para formularse la casación

de previo tiene que agotarse el recurso de apelación y eso fue también lo que

hace que se disparen los términos más y genera una afectación a la situación

jurídica.





259

Ahora sí les voy a comentar cuál es el problema del artículo 28, ya en la

vida real,

(la Licda. Reyseth hace referencia en éste momento al Caso San José, el cual

es desarrollado en el tercer capítulo de la presente investigación y no se

hace mención del nombre de la persona sentenciada como menor de edad

en apego a los principios de privacidad y confidencialidad propios de la

materia penal juvenil, por lo que nos vamos a referir a ella con la letra C),

y ya ustedes saben la situación tan gravosa que es para que después de estar uno

privado de libertad x cantidad de tiempo, le indique un juez sí, le cambio la sanción

porque usted cumple con todos los requisitos, usted tiene un plan de vida fuera de

prisión etcétera etcétera, se ha acreditado aquí que usted efectivamente x y ó z, y

por ello se le va a conceder la libertad, usted, en el caso específico de C, va a irse

para su casa, están los dos niños que la van a ver llegar, está su marido, va a

volver a su hogar, va a llegar y en el caso de C, aunque ya yo no estaba siempre

me mantengo en contacto con éste asunto, llegó al barrio, nadie se enteró, no

hubo problema, no hubo conflicto, porque una de las presiones que tenían los

jueces para decidir el cambio de sanción de C que al día de hoy está detenida

todavía y que va a descontar toda la sanción y es porque el caso de C es el que

inauguró la Ley de Justicia, fue el caso de la Ley de Ejecución de las Sanciones

Penales Juveniles, y como le decía yo a C, lamentablemente éste asunto va a salir

a flote cada vez que un medio quiera sacarlo. En éste caso se dio una gran

afectación.

Solamente se cumple la finalidad con la que fue puesto ahí: sin efecto

suspensivo, cuando la resolución es ratificada, solamente, porque más bien





260

cuando la resolución es revocada es todo lo contrario a lo que trataba de evitarse,

porque en el caso de C, ella vuelve a la casa con los chiquitos, vuelve al barrio ella

está viendo que no hay ningún problema, porque para ella que ha estado tanto

tiempo dentro del Centro, para ella es otro mundo salir, a parte en el año en que

entró era muy diferente al actual, porque ella está pensando que cruza el portón

del Centro y le caen los medios, la gente viene a pegarle, a matarla, a acosarla, a

gritarle cosas, o sea, ella es una persona que sale asustada, como cualquier otro

ser humano, porque está pensando que la gente va a estar con eso como que

ayer pasó, ella sale nadie se da cuenta, llega al barrio, todo tranquilo y ya empieza

su vida como madre de familia etcétera, los chiquillos están contentos, están con

la mamá, se están acomodando, está unos días ahí cuando van y le dicen que no,

que la resolución se revoca y que tiene que volver al centro, lo que obviamente,

esa situación de sacarla y devolverla, lo que le genera son afectaciones a nivel

psicológico, es total y absolutamente negativo, pero no sólo para ella, para el

esposo y para los dos chiquitos.

- Afecta eso contra el interés de la persona sentenciada como menor

de edad?

Por supuesto, ahí sí, es que ese es problema, el efecto suspensivo reitero

es fenomenal para efectos de protección de derechos, etcétera cuando la

resolución es confirmada, pero cuando la resolución es revocada ahí sí, más bien

y cómo me decía C: licenciada hubiera preferido adentro a salir y volver a entrar.

Obviamente, en aplicación de la lógica y demás es mucho más traumático que se

le saque y se le devuelva, a que hubiese estado esperando mejor en el Centro

Penal la ratificación o no de la resolución del Juzgado de Ejecución. Obviamente si

nosotros ubicamos el asunto, lo que podemos creer es que la persona en esa





261

situación prefiere quedarse allí que salir y se le devuelva, sobre todo cuando es

madre, esposa y demás, la situación es más complicada. Entonces, en ese

sentido ya viendo el interés de ella obviamente se le afecta pero ella ahí como

madre también está pensando en los hijos, para los hijos es más traumática la

situación vivirla y ella como madre preferiría o cualquier otra mujer en esa

situación que los chiquitos no tengan que atravesar por eso, porque eso le genera

efectos psicológicos grandes, verdad, repercusiones negativas absolutamente a

todo el mundo, no sólo a ella. Esa situación que se dio con C es lo que lo pone a

uno a pensar verdad, lo del no efecto suspensivo, pero es que esos son digamos,

si ponemos en una balanza que és, con efecto suspensivo y sin efecto

suspensivo, sin analizar ya el caso, esos dos casos que ustedes me comentan,

uno dice no, necesariamente está bien sin efecto suspensivo porque según el

interés superior y demás es lo que má tutela los intereses de los menores verdad,

entonces en ese sentido para mí eso fue pues la línea o el pensamiento que hizo

que el artículo 28 se indicara sin efecto suspensivo, el caso de C y el otro que yo

no conozco, son casos que a uno lo hacen como dudar de la decisión. Lo que

pasa es que en principio por regla general yo me inclino por lo de sin efecto

suspensivo, por esta razón que les comenté.

Si en éste momento, yo sé a los jóvenes se les pone a escoger, si C

hubiese sabido lo que iba a pasar, les aseguro que hubiese decidido: me quedo

hasta que no quede en firme, incluso considero que ella sabiendo de la situación si

se le presenta probablemente, ella diría hasta que no quede en firme prefiero no

moverme de aquí, pero obviamente el gravamen fue enorme para ella y su familia,

porque es completa y absolutamente para una persona que ha estado privada de

libertad sobre todo en las etapas de la adolescencia que es la más difícil, donde

está la formación de la personalidad y demás, y es una situación de total

inseguridad, se le priva de libertad, se genera una gran afectación, probablemente





262

al día de hoy, incluso a cualquier muchacho el hecho de solicitar la defensa una

audiencia lleva repercusiones negativas para los menores y si ya es difícil eso,

igual es difícil después tener que soportar una resolución del juez que dice que no

hay posibilidad de cambio. Eso se viene en contra y es deprimente y hay que

trabajar mucho con los psicólogos para que los muchachos se vuelvan a

recuperar.

- Qué opina sobre el tiempo que transcurre entre la resolución que

otorga la modificación a una libertad, hasta que queda en firme dicha

resolución, ya que la persona sentenciada está en libertad pero no puede

empezar a cumplir esa sanción hasta que no esté en firme y en caso ser

revocada esa resolución y volver a ser internado, ese tiempo no se le toma

como parte del descuento?

No veo que exista ningún problema, porque la Ley es muy precisa al indicar

en el mismo artículo 28 que se debe de ejecutar de inmediato la resolución del

juez de ejecución, verdad, entonces el menor debe de ser atendido de inmediato

en el Programa de Sanciones Alternativas, porque es un juez de la República el

que lo está ordenando y si no se cumple es desacato a la autoridad. Que en la

práctica no se dé así, por una mala interpretación por parte del juez de ejecución.





263

11. Entrevista con el Licenciado Manuel Antonio Molina , Psicólogo de

Adaptación Social, Ministerio de Justicia, realizada el 30 de enero del 2009.

- Buenas días Don Manuel, como estudiantes de Derecho de la




las Sanciones Penales Juveniles, siendo usted psicólogo de Adaptación

Social y estar inmerso en el ambiente penitenciario, nos gustaría saber

desde su punto de vista como profesional en psicología si afecta a la

persona sentenciada como menor de edad este artículo.

Ustedes tienen la respuesta. Claro que sí afecta, a ver psicológicamente

algunos elementos muy básicos, el ser humano es un ser deseante, es una

persona que permanentemente va a estar conectada con buscar diferentes

situaciones que permitan su desarrollo, no el desarrollo que la sociedad quiere

sino su desarrollo, para no hacerlo muy grande, si está lloviendo queremos que

haga frío, que llueva porque la tierra está muy seca, que hay que gastar mucha

agua con la manguera, que el carro se me llena de polvo, al día siguiente llovió,

que qué tirada con San Pedro, que qué tirada con Dios, que porque manda tanta

agua, que se me hicieron las goteras, que el carro se me mojó y yo lo había

encerado; en otras circunstancias, que si tenemos una novia bonita, la otra

persona anda buscando la novia o la esposa del amigo, porque el ser humano es

un ser deseante, eso hace digamos en otro nivel de cosa que tienen que ver con

la parte más de porque un ser humano llega a cometer un hecho ilícito, por la

necesidad de un consumismo y la necesidad de tener cosas. El ser humano

privado de libertad, es una circunstancia altísimamente compleja, y con todo





264

respeto yo digo muchísimo más compleja que algunos autores desde la materia

penal lo han visto, el ser humano no fue diseñado, socializado, programado para

estar en un contexto como es la prisión, más allá y ustedes saben mejor que yo, lo

que es el proceso de la institucionalización donde ahí ya sí, al ser humano le

cambiamos por decirlo así el chip y lo hacemos que se adapte a una serie de

condiciones que más bien luego no va a querer cambiar, pero el ser humano es un

ser amante de la libertad, más allá que en alguna medida también lo decía un

autor muy conocido en psicología Erick…, que tiene un libro que se llama El

enviado de la libertad , la parte más sensible. Brinco a otro punto, otro elemento,

en algún momento dado fue dicho por algunos de los que trabajamos en el ámbito

penitenciario, posteriormente la Sala Constitucional por dicha acogió un recurso

con respecto a las medidas de seguridad de internamiento, deja las curativas… y

aquella famosa entre comillas medida de seguridad de internamiento dice no va,

por qué, creo que un poco va por la misma línea, las medidas de seguridad de

internamiento o las medidas de seguridad son revisables cada dos años, entonces

el sujeto privado de libertad en realidad era vivir en un estado de inestabilidad, y

así lo dijo en palabras menos o palabras más la Sala. Una persona llegaba y le

decía, bueno yo me he portado bien, yo me programe, yo cumplí con A, B y C, de

pronto llegaba el Instituto Nacional de Criminología y decía no, vamos a

recomendarle al Juzgado de Ejecución de la Pena, de que usted debe de

permanecer más tiempo con la medida de seguridad, pero por qué si yo cumplí

A,B y C, y ahora el Instituto o me dice que no o me dice que sí, si el Instituto

Nacional de Criminología le decía que sí, las expectativas comenzaban a ser

mayores, ya voy a estar en la casa, ya voy a estar con mis hijos, si fuera positivo,

o ya voy a volver a la calle a delinquir, como quieran verlo ustedes, y de pronto

venía el Juzgado de Ejecución de la Pena e igualmente le decía sí o le decía no, y

eso genera demasiado rompimiento en la persona, porque ya la persona se fijó

una expectativa y lo peor es, como decimos nosotros cuando hay personas que

son muy estructuradas, personas que son poco flexibles, hay algunas personas y





265

no necesariamente población privada de libertad, cualquiera de ustedes o

cualquiera de nosotros, que de pronto el papá le dice o el novio o el esposo, mirá

vamos el fin de semana para Cancún, maleta listo, equipaje, ropa de baño, ropa

adecuada, y de pronto la persona que le dijo mirá dentro de ocho días vamos para

Cancún, te dice mirá resulta que hubo una sobreventa, me avisaron de la

aerolínea de la agencia de viajes que no vamos para Cancún, ¡pero cómo, que no

vamos para Cancú!, mirá mi amor, mi vida, mi tesoro, hombre o mujer, mirá es que

diay una sobreventa, qué puedo hacer, o sea no es que yo no quiera, ahora la

aerolínea me está diciendo que hasta dentro de ocho días más, y hasta nos van a

poner en primera clase, ¡no quiero ir en primera clase, quiero ir este fin de

semana, pero mirá… ya la persona se había estructurado, se había programado,

como una computadora y cuando le dijeron que no, ya la persona se imaginaba un

fin de semana, hombre o mujer, Cancún, discoteque, la playa, pongo esos

ejemplos muy por encima para ver la magnitud de que cuando un ser humano se

entusiasma, se programa, quiere, nosotros decimos también catétiza, o sea que

pone una energía a aquella idea, a aquel proyecto, y de pronto cuando no viene,

en términos psicológicos es significante, es devastador, máximo cuando alguno,

que aquí viene el otro elemento a pesar de que el órgano, Ministerio Público,

Juzgado, Juzgado Penal Juvenil, le dé las suficientes razones, la persona no las

va a entender, le va a costar entenderlo, como en el ejemplo, que le digo mirá es

que hubo una sobreventa, es razonable, se sale de mi quehacer y de mi

posibilidad, ¡no, es que la aerolínea me tiene que llevar, me voy agarrado del ala!,

lo peor es también cuando de pronto alguno de los órganos que intervienen en el

proceso de ejecución, al rato las respuestas no sean tan claras por esos

elementos. Sabemos ahora hablando de la Sala, que la Sala entre otras cosas,

nos ha indicado en forma reiterada a los diferentes órganos, démosles las

respuestas precisas, contundentes, y de pronto se dan frases como, por

cualquiera, el menor o la menor necesita mayor intervención, y yo digo como se

come eso, yo ya tuve mi proceso psicoterapéutico, ya tuve mi proceso educativo,





266

convivencial, etcétera etcétera, y de pronto lo que me están diciendo es que

necesito mayor atención, entonces yo me tengo que quedar aquí, a pesar de que

yo ya cumplí todo, vea la magnitud del daño psicológico, ya aunque tengamos una

buena respuesta, difícilmente el sujeto o la sujeta la va a aceptar y si además la

respuesta puede ser un tanto confusa, y cuando digo confusa, además me voy a

meter en otro tema, que tiene que ver mucho con ustedes, y es la reacción social,

en la Administración de Justicia y específicamente en todo lo que es el ámbito de

Adaptación Social, penitenciario incluyendo lo que es Penal Juvenil… en Costa

Rica prevalece la reacción social… Yo tengo expectativas, creo que estoy

cumpliendo con mi programa, creo que estoy cumpliendo con mi plan de atención

técnica, hay un grupo de profesionales que me dicen que yo estoy cumpliendo con

mi plan de atención técnica y de pronto me dicen que no, un no que a pesar de

venga muy razonado, yo no lo acepto porque yo ya tenía la idea, la fantasía, la

imaginación de poder estar en el afuera.

El punto principal de nuestra tesis es que en Penal Juvenil, la persona

si sale, pero puede volver a ingresar aunque esté cumpliendo, si la

resolución es revocada por el Tribunal

Sí, hay un chiste, que es como cuando uno le puede decir a un niño lo invito

a una heladería a ver comer helados, o sea el sujeto no solamente, claro a

diferencia de adultos, por ejemplo con una libertad condicional donde el sujeto se

le hace efectiva su libertad condicional hasta tanto efectivamente ya el o la Juez

de Ejecución de la Penal, el Tribunal que impuso la sentencia, efectivamente ya

dijeron se acogió o no apelaron la libertad condicional y el sujeto ya sale con la

libertad condicional, poner tener un documento que me dice va para el afuera,

estoy en el afuera, a lo mejor voy con todas mis expectativas, la novia, la esposa,





267

la mamá, los hijos, el jugar, lo que sea, de pronto otra vez, de pronto me dicen

“papá, sabe que, va de regreso”, si solamente el hecho de pensar en la

expectativa aumento mis ansias, estoy en el afuera y de pronto me dicen ellos

sabe que va para adentro, si este es un daño importante psicológico, yo considero

que este es peor, justamente como vuelvo a repetir y pongo ese chiste, te invito a

una heladería a ver comer helados en un día caloroso, yo creo que es mucho más

fuerte, porque ya no solo se basaba en la fantasía, en la imaginación, sino que ya

tenía un pie puesto en la calle. Ahora a pesar de que los y las funcionarias le digan

usted va a salir en el entendido de que en cualquier momento pueda ser de que se

reincorpore, pueda ser de que regrese en función de que se le apele, pero aquí es

donde la persona, igual muchos de ellos, de pronto como seres humanos apelan

hasta cuestiones religiosas, ahy Diosito quiera que me ilumine al juez, la Virgen de

los Ángeles me ilumine al fiscal y no me apele, porque ya en ese tipo de

circunstancias el ser humano recurrimos al pensamiento mágico, porque es la

única expectativa, que nuestro equipo gane, que la selección gane, y se la

encomendamos a Dios y a la Virgen de los Ángeles, y que tiene que ver la Virgen

de los Ángeles o la de Ujarrás con que la selección nuestra sean buenos o sean

malos, nada tiene que ver, pero hay una cuestión de un pensamiento mágico, y en

ciertas circunstancias va a aferrarse a ese pensamiento mágico, ya cuando

recurrimos al pensamiento mágico es porque nos sentimos realmente

presionados… la persona recurrió a un pensamiento mágico y de pronto no le

funcionó, la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil le dice va para atrás, hay una

palabra que en psicología bien utilizada es loable decirla, yo creo que ese

procedimiento es un tanto perverso, perverso en términos más generales, no

como en los diarios de circulación nacional, para tenerlo más claro, perverso es

aquel que hace un daño y siente placer por hacerlo, no solo el que hace un daño,

sino que siente placer, lo estoy haciendo así como en un segunditito, yo creo que

el procedimiento es perverso, que de debería utilizar un procedimiento como el

que hay en adultos, en el caso de las libertades condicionales…





268

Tomado en cuenta el principio de Libertad y el principio del Interés

Superior de la Persona Menor de edad, desde su punto de vista profesional

cual de los dos procedimientos es más adecuado.

No, yo creo honestamente, si estoy catalogando el procedimiento desde mi

perspectiva un tanto perverso, que está bien está el derecho a la libertad, pero no

es como el gato jugando con el ratón, que lo agarra le da un manazo y le da otro

manazo, una cosa es la libertad que me parece brillante, yo no me voy a meter en

filosofía del derecho, porque ahí si no conozco, pero una cosa es el derecho a la

libertad, que efectivamente se puede garantizar el derecho a la libertad, pero que

pasa si este derecho a la libertad, realmente el procedimiento es tan ágil que haga

que el sujeto o la sujeta salga cuando ya todo se finiquitó, es que una cosa es el

derecho a la libertad, lo que me da miedo ahí es que con ese derecho a la libertad

estemos ocasionando un daño psicológico importante… Yo si considero que a

ratos un procedimiento de estos, tal vez teniendo una perspectiva con adultos,

diay a ratos el sujeto no se va a presentar.

Perjudica esta nueva pérdida de libertad la reinserción social o bien el

fin educativo.

Desde las expectativas teóricas, si hay impacto psicológico, yo no estoy

hablando estrictamente de jóvenes de chicos, sino en términos generales, uno

podría hacer un presupuesto teórico de que son personas que ante ese impacto

psicológico van a tener una reacción, puede ser positiva, de decir voy a hacer todo





269

lo posible para que dentro de tres meses o tanto tiempo, demostrarle a la familia

que estoy rehabilitado, la otra es que por un tiempo prudencial la persona dice,

diay tanto que hice yo, tanto que me esforcé, además ocupando otro dicho que a

veces trabajamos, diay tanto que nadé para morirme en la playa… Uno podría

decir que desde el punto de vista teórico de que este fue tanto las expectativas,

que no se cumplen y la persona por lo tanto va a tener una reacción encontrada,

en el caso específicamente de un presupuesto teórico, haciendo un paralelismo es

lo que puede suceder, que uno lo ve en procesos terapéuticos con personas

consumidoras de sustancias psicoactivas, uno podría pensar que dependiendo del

sujeto así va a ser la reacción y además también dependiendo del abordaje

profesional que se le da, verdad porque si el sujeto viene como con ganas de

entrar en un proceso ahí, no técnicamente de depresión… y tiene un equipo de

profesionales que lo vuelvan a motivar a reimpulsar, de repente uno podría pensar

que la revisión debería de ser en una forma diferente, con más energía, las

circunstancias son diferentes por expectativas sujeto, por apoyo profesional… una

cosa es el derecho a la libertad y otra cosa es desde el punto de vista psicológico

decir hasta que momento dado yo juego con el estado emocional o psicológico de

una persona que justamente está viviendo una etapa de su vida tan diferente, a

otras etapas que ha vivido… me parece que hay un equívoco, un planteamiento

desde una lógica, yo se que desde el punto de vista del derecho y el derecho

penal se maneja otro tipo de lógicas, me parece que a hacer del derecho a la

libertad con que este sujeto salga antes o después de, me parece que no se

deben enfrentar estos conceptos, yo creo que ahí es donde está la lógica, vista

desde la lógica de la psicología, o sea el derecho a la libertad, yo creo que es total

y absolutamente de la mano y en matrimonio con que la libertad se dé en el

momento adecuado y oportuno sin lastimar al sujeto o la sujeta que está en este

momento desde el lado de lo psicológico.





270

12. Entrevista con el Máster Carlos Saborío, Perito Forense, Sección de

Psicología y Psiquiatría, Complejo de Ciencias Forenses, Poder Judicial, realizada

el 30 de enero del 2009.

- Buenas tardes Don Carlos, como estudiantes de Derecho de la




las Sanciones Penales Juveniles, siendo usted perito en psicología del

Poder Judicial, nos interesa conocer sobre el impacto psicológico que puede

producir aplicación del artículo antes mencionado, si afecta o no y cómo el

haber egresado del centro y tener que regresar aunque esté cumpliendo con

su sanción.

Hay distintos tipos de psicología, pero todas deberían trabajar con los mismos

principios. Entendiendo bien la definición de qué es psicología forense, no hay una

definición universalmente aceptada, pero digamos que aquí hay una tendencia

digamos Anglosajona y Europea, una psicología forense no como la

sudamericana… toda una corriente de trabajo, entonces el psicólogo forense, es

aquel psicólogo que utiliza todo el conocimiento de la psicología como ciencia en

función de formular la toma de decisiones… nosotros aquí cuando evaluamos a

una persona, yo he evaluado a personas que como menores cometieron un delito

y como adultos todavía están en un centro penal… la función de esa evaluación es

lo que nosotros llamamos una evaluación de riesgo, nosotros no estamos a

diferencia de los psicólogos clínicos para poner etiquetas técnicas, los psicólogos

clínicos tienen una función totalmente distinta a la nuestra, un psicólogo clínico es

una persona que simplemente utiliza las herramientas de la psicología para dar un





271

tratamiento, ya problemas de salud, padecimientos emocionales, lo que sea,

cognitivos, entonces tiene una función de dar tratamiento, no es que nosotros

seamos lo opuesto de los clínicos, más bien utilizamos mucho las herramientas

pero con una finalidad distinta y no es etiquetar, más allá de que si esta persona

tiene un trastorno emocional X ó Y, o esta persona tiene un problema emocional

porque salió y volvió a entrar, eso no es tan importante para nosotros, esto es más

o menos para llegar a la pregunta que ustedes me hacen, nuestra evaluación no

es decir esta persona está bien psicológicamente o no… en principio un dictamen

pericial tiene un impacto, se supone que sí lo tiene, cotidianamente en los

procesos que participamos, para tomar decisiones sobre una persona, entonces

no puede ser lo que se me ocurre a mí, no puede ser lo que yo pienso ó no puede

ser lo que yo vi… eso no es ciencia, entonces nosotros tenemos un estándar

muchísimo más alto, por qué, porque nosotros tenemos que hacer

recomendaciones, tenemos que fundamentar bien nuestras opiniones técnicas…

por lo tanto es importante que ustedes entiendan esa diferencia, para qué está el

psicólogo forense… Entonces cuando ustedes me preguntan afecta, como le

afecta a esta persona el haber salido y tener que regresar, bueno desde que

nosotros estamos en la responsabilidad de hacer como perito, desde aquí por lo

menos, igual todos los compañeros que trabajan en eso, nosotros estamos

enfocados en hacer evaluaciones de riesgo, de qué de una futura violencia, de

una reincidencia, digámoslo así nosotros tenemos modelos que nos permiten

explorar variables que se han determinado científicamente, empíricamente, con

estudios, muchos casos, muchos lugares, instrumentos, verdad, que son las

variables que nos permiten a nosotros, decir bueno, hay mayor probabilidad de

que esta persona no se ajuste adecuadamente a la comunidad, porque verdad

tenga un problema de adicción y el delito lo hizo bajo los efectos de las drogas, no

tienen contención familiar, además tiene cierto tendencia a la impulsividad, no ha

manejado bien, no ha recibido el tratamiento, una analiza una serie de variables a

través de una valoración psicológica más profunda… Yo lo que les diría es que por





272

supuesto que a cualquier persona le va a afectar estar en la calle y que después lo

devuelvan a prisión… Casi que es de puro sentido común a nadie le va a hacer

bueno eso… eso puede afectarles y por supuesto que puede afectar, porque ya la

persona se hizo una idea de reinserción en su familia, un proyecto de vida, verdad,

puede afectarle y por supuesto que puede afectar, es inadecuado y puede traer

consecuencias emocionales importantes… A mí como funcionario judicial y como

psicólogo me parece que es una barbaridad, que a la persona la saquen a la calle,

me parece que si es algo que puede afectar a una persona y para qué si es

innecesario absolutamente, hace más mal que bien tal vez.

13. Entrevista con la Licenciada Ada Luz Mora, Directora del Programa de

Nacional de Atención a la Población Penal Juvenil, realizada el 02 de enero del

2009.

- Buenas días Doña Ada Luz, como estudiantes de Derecho de la




las Sanciones Penales Juveniles, siendo usted psicóloga y directora del

programa que se encarga de la atención a los jóvenes sancionadas como

personas menores de edad, que considera acerca de la aplicación de este

artículo.

Nosotros estamos haciendo un trabajo sobre especialización en la materia penal

juvenil con DNI, entonces con DNI hemos estado haciendo consultas a la

población penitenciaria, conversando con ellos como ven al personal, que creen





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ellos, con los deberías de tratar, se le está haciendo una consultado a todos los

vigilantes, después a los administrativos y profesionales y una consulta externa

con personas que han estado vinculadas con todo este proceso de

implementación de la ley desde el 96 con la Ley Penal hasta el 2005 con la Ley de

Ejecución y ahí hicimos una encerrona con Don Elías Carranza, Carlos Tiffer,

nosotras no estamos haciendo la consulta a las adultas jóvenes porque cuando

pasan ahí se cierran con nosotros, es otra forma de manejar a la población como

menor y como adulta, entonces digamos que el caso de C (caso San José),

nosotras no hemos podido estar cerca de ella, digamos por las modalidades de

abordaje… entonces con la consulta a las adultas jóvenes nosotros estamos

haciendo este trabajo con DNI por ser una organización internacional… se

desprende después de la encuesta con ella lo que ella siente es un gran

resentimiento con las autoridades judiciales, ella se siente súper discriminada

porque ella se ha dado cuenta de muchachos con delitos de homicidio que

también han ido saliendo… digamos que, yo ha ustedes no les puedo decir mucho

desde que ella salió del Zurquí, cuando cumplió 18 años, hasta ahora que tiene 22

ó 23, todo el proceso, se cosas de C porque algunas compañeras la llaman, pero

digamos yo no les podría dar información de C, porque sería muy mentirosa… Yo

creo que a todos los afecta, claro, porque si a vos te dicen que ganaste un

examen y mañana te dicen que no lo ganaste te desorganizás, más por la edad en

la que ellos están, son adultos jóvenes verdad, están en proceso de formación

todavía… Yo creo que a C, le ha hecho un daño pero un daño psicológico muy

grande, ella en este momento es una persona que desconfía de todo el mundo…

ella ya lo dijo y se lo dijo a los compañeros, que ella no cree en el sistema de

justicia, a ella esa situación la ha deprimido un montón, y es que hay que ver el

daño que se la hace a una persona al crearle expectativas y que de un momento a

otro va de nuevo para adentro… entonces yo creo que afecta de una u otra

manera a todos, pero de acuerdo a tu proceso de vida, o sea si ya vos tenés más

planes, verdad en el caso de ella que es madre, a ella la ha afectado como mujer y





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la afectado más de lo que podría creo yo afectar a un hombre… Para salud

emocional del joven o de la joven lo mejor sería modificar ese artículo, verdad

porque así lo va a afectar, lo va a afectar en la medida en que ―pucha‖, es que

cuando el muchacho sale cree que está libre, que no va a tener que regresar, ahí

mirá la persona se siente, ojalá que ya haya empezado un proyectito de vida, ojalá

que ya comenzó a estudiar, ojalá que ya consiguió trabajo…

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