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LUNES 26 DE MAYO DE 2003 || CONTACTENOS | PRINCIPAL

PRINCIPAL :: PRIMERO ARGENTINA

UN PAIS EN SERIO Primero Argentina PRIMERO LA PRODUCCIONEn un país en serio, la industria es nacional

En la Argentina de los '90 todo era importado. Alimentos, ropa, autos,calzado, puertas y ventanas, muebles, maquinarias. ¿Cuánto más podíaaguantar un país que sólo consumía y no producía? Los años deneoliberalismo sin control, sin protección del trabajo argentino y deapertura indiscriminada provocaron la quiebra de la industria nacional ysu secuela inevitable: la desocupación y la miseria para millones deargentinos.

Un modelo de producción y trabajo exige articular inteligentemente ycon sentido nacional, lo público y lo privado. Estado y mercado nodeben confrontar, sino asociarse en la construcción de un país distinto,con un perfil productivo donde aprovechemos nuestras ventajascompetitivas. El Estado: promueve, regula y controla. El mercado:invierte, produce y gana. Los Argentinos: pueden vivir dignamente desu trabajo.

PRIMERO LA JUSTICIA En un país en serio, los delincuentes van presos

La crisis de seguridad en la Argentina no sólo es un problema social-miseria, marginalidad, desocupación- ni tampoco únicamente policial-legislación blanda, justicia lenta o corrupción de las fuerzas deseguridad-. La polémica entre "garantistas" vs. "manos duras" no sóloes estéril sino que también es incompleta. Somos desde hace muchotiempo una sociedad que carece de un sistema de premios y castigos.En la Argentina casi nadie quiere cumplir la ley y todos quieren escapara las penas. Más de la mitad de los contribuyentes obligados a pagarimpuestos no lo hacen.

La sociedad percibe que sólo va preso "el ladrón de gallinas". La ley penal debe alcanzar a todos los que delinquen.La sociedad en su conjunto debe advertir que la noción de premio y castigo vuelve a instalarse en la Argentina.

PROPUESTA POLITICA

DEUDA EXTERNA - FMI

Quita de capital. Reprogramación. Quita de intereses.

Solicitud de la extensión de los plazos de pago de los servicios.

POLITICA CAMBIARIA - DOLAR

Establecimiento de un sistema de tipo de cambio de flotación vinculado a las necesidades del sistemaproductivo que permita promover las exportaciones y lograr una sustitución eficiente de las importaciones.

Mantenimiento de un dólar libre, teniendo en cuenta la integración regional para no perder nuevamentecompetitividad.

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Kirchner Presidente http://www.kirchnerpresidente.com.ar/kirchner/sec_primero_argentina/

DESEMPLEO - SALARIO

Puesta en marcha de un plan neokeynesiano de obras públicas, sin déficit, que incluya la construcción de tresmillones de viviendas para generar cinco millones de puestos de trabajo.

Lanzamiento de un plan de generación de empleos en el que el Estado subsidiará parte de los costos laborales.

Creación de un programa de trabajo, orientado a microemprendimientos.

Recuperación del sistema de cooperativas.

La progresiva redistribución de los ingresos es uno de nuestros objetivos irrenunciables.

SERVICIOS PUBLICOS - TARIFAS

Apertura de una renegociación de contratos y tarifas por empresa, revisando el cumplimiento de los pliegos.

Fortalecimiento de los organismos de control mediante la incorporación de usuarios y consumidores y para queel Estado recupere protagonismo regulador.

Revisión de los contratos de concesión de servicios aéreos porque las empresas planifican sus destinossolamente teniendo en cuenta su rentabilidad. Tienen que hacerse cargo de los lugares rentables y de los queno lo son.

SEGURIDAD

Programa integral de seguridad a largo plazo, que abarque cuestiones preventivas y normativas. DerechoPenal especial del menor. El plan será práctico, con capacidad de respuesta y no criminalización de la protestasocial.

Cambio en la formación académicas de las fuerzas de seguridad. La policía debe ser ágil, honesta y moderna,comprender los problemas de la comunidad y estar a la altura de las exigencias.

Combate de los delitos de alta intensidad vinculados con el narcotráfico y las redes de prostitución.

OBRAS PUBLICAS

Desarrollo de un fuerte plan de inversión pública para la construcción de viviendas, rutas y servicios esencialespara la población, lo cual generará empleo en forma directa e indirecta.

Plan de infraestructura que beneficie la reactivación de las economías regionales.

Reactivación de los ferrocarriles para unir social, productiva y turísticamente a la Argentina.

REFORMA DEL ESTADO

Creación de la figura de "quiebra" de provincias o municipios para las malas administraciones. Cuando estosuceda, se recurrirá a un fondo anticíclico creado en el Presupuesto para que no haya que echar empleados,aumentar impuestos o emitir bonos. Si la quiebras es dolosa, el gobernador o intendente irán presos.

Convertir a los intendentes en "gobernadores de pago chico" con la descentralización.

Eliminación de listas sábanas, menores requisitos para formación de nuevas agrupaciones políticas, limitacióndel gasto en legislaturas.

REFORMA IMPOSITIVA

Simplificación del esquema impositivo y cambio del actual sistema regresivo por uno progresivo, en el que sepague en función de la capacidad contributiva.

Rebaja gradual de los impuestos al consumo como el IVA, siguiendo las pautas de recaudación y sin frenar; enuna primera etapa, la necesaria inversión pública.

Fuerte combate a la evasión y al contrabando, potenciando la AFIP.

Transferencia del cobro de los impuestos automotor e inmobiliario a los municipios para darles mayorindependencia.

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INTEGRACION INTERNACIONAL

Instrumentación de una política exterior seria, estable y abierta al mundo; sin alineamientos automáticos y derespeto recíproco. Una Argentina integrada al mundo a partir de un proyecto de identidad nacional.

Afianzamiento de la integración con los países del Mercosur.

Negociación para lograr la eliminación de las asimetrías arancelarias y así tener políticas integradoras ycapacidad de otorgar subsidios cuando sea necesario.

EDUCACION

Creación de un sistema educativo federal y unificado que reemplace el actual sistema anarquizado. Calendarioescolar mínimo de 220 días.

Otorgamiento de becas para reducir la deserción y la repitencia que se produce en algunas provincias.

Promoción de la investigación científico-tecnológica y afianzamiento del vínculo con las empresas privadas.

Rearticulación de un sistema nacional de formación y evaluación docente.

SALUD

Reimplantación del sistema solidario de salud y reforma total del sistema sanitario con eje central en loshospitales públicos, que deben contar con médicos, tecnología y remedios adecuados a las necesidades de lapoblación.

Fortalecimiento de los laboratorios nacionales para facilitar el acceso a los medicamentos de toda la población.

Mantenimiento y perfeccionamiento de la política de medicamentos genéricos y de atención materno infantil.

AYUDA SOCIAL

Mantenimiento de los planes sociales mientras dure la emergencia y paulatino reemplazo de los mismos portrabajo genuino para los sectores excluidos.

Aplicación de políticas contra la pobreza por regiones y no globales, de manera que se puedan planificaracciones sociales que respondan a necesidades particulares.

Creación de un gabinete social federal para concentrar todos los planes sociales. Estará integrado porrepresentantes del Poder Ejecutivo, de los Estados provinciales y del gobierno porteño.

LOS EJES ECONOMICOS DE KIRCHNER

Plan de obras públicas

Reestructuración del sistemaimpositivo

Consolidación de exportaciones,sustitución de importaciones ysubsidios

Reprogramación de la deudaexterna

Revisión de los contratos deservicios públicos

Recuperación de la rentapetrolera y acción de oro

Defensa de la banca pública

Eliminación de cuasimonedas yquiebra de provincias ymunicipios

Reformulación de lacoparticipación

La prioridad del Mercosur

PRIMERO LA EDUCACIONEn un país en serio, la educación es la base del futuro

En la Argentina hubo un tiempo en el que estudiar fue garantía de progreso social y crecimiento personal. En laArgentina hubo un tiempo donde nuestra educación era orgullo nacional. Masividad en la escolaridad primaria ymedia y excelencia en la universidad fueron sus símbolos.

Reconstruir un Sistema Nacional de Formación y Evaluación Docente que asegure igualdad educativa desde LaQuiaca hasta Ushuaia. Garantizar no menos de 220 días de clases efectivos para los alumnos de todo el país,devolverá a la escuela pública su condición de garante en el acceso a las oportunidades de vida.

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La necesidad de contar con universidades productoras de conocimiento, exige volver a pensar a la educación públicacomo una función indelegable del Estado.

PRIMERO EL TRABAJOEn un país en serio, obra pública es mano de obra

La obra pública es un formidable motor para revertir la pérdida depuestos de trabajo producto de años de recesión, desinversión ydestrucción del empleo nacional.

En un país en serio, el Estado -cuidando su equilibrio fiscal- realiza obrapública para garantizar una infraestructura básica social y dereconversión económica (viviendas, caminos, red de agua potable,escuelas, hospitales).

Así se reactiva la construcción, madre de todas las industrias, donde lacreación de cada puesto de trabajo demanda una inversiónrelativamente menor a la que demandan otras actividades.

PRIMERO LA EQUIDADEn un país en serio, los que más tienen son los que más pagan

Cambiar la regresividad del actual sistema impositivo por una de mayorprogresividad que no castigue el consumo y que apunte a la rentaociosa.

Esta es una deuda pendiente de las instituciones políticas argentinascon el valor equidad. La equidad impositiva no es sólo un valor socialsino esencialmente moral, y como tal contribuye a la paz social. Lasociedad debe percibir que el esfuerzo que se demanda a cada uno delos ciudadanos es justo.

PRIMERO LA SALUDEn un país en serio, crecer sano es un derecho

Debemos construir un Sistema Nacional de Salud, en consenso con losdistintos subsectores (públicos, privados y de las obras sociales) en elque el eje referencial de la red sea el hospital público, tanto en la macrocomo en la micro gestión con base en el desarrollo local, garantizandouna mejor calidad en las prestaciones.

En lo macro, haciendo que el hospital sea el Centro de Excelencia parala investigación junto a centros universitarios y de formación, operando como vértice y referencia académica para laformación de postgrados, residencias, maestrías, formación en gerenciamiento, etc.

En lo micro, será parte estratégica para el desarrollo local, haciendo accesible este servicio público, alcanzandometas de calidad e indicadores de resultados, con estándares regionales.

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LOS EJES ECONOMICOS DE KIRCHNER "Somos el modelo de producción y trabajo" Plan de obras públicas

Desde el primer día de gobierno, es necesario poner en marcha un plan de obras públicas que incluya laconstrucción de viviendas dignas para nuestra gente y servicios que hoy son fundamentales. Con tres millones deviviendas en cuatro años, que generarán cinco millones de puestos de trabajo, empezaremos a generar la movilidadeconómica que ponga otra vez a la sociedad en marcha. Proponemos inversión pública sin déficit fiscal y laimplementación de políticas neokeynesianas como primer elemento de reactivación para salir de depresioneseconómicas. Estas políticas ya fueron aplicadas en la década del '30 con Franklin Roosevelt en los Estados Unidos,en Alemania con el Plan Marshall después de la guerra, en la España post Franco y en Italia. La recaudación crecióde enero a la fecha de 3000 a 6000 millones de pesos. Nosotros podemos llegar de 6000 a 6600 millones derecaudación para generar los fondos necesarios para un fuerte plan de inversión pública genuino con una Argentinasustentable. Roosevelt pudo hacer inversión pública con un Estado sin reservas, quebrado y en recesión y no generóhiperinflación. Nosotros creemos que esto va a reactivar la economía y va a dar poder adquisitivo a la gente. Esteplan de obra pública va a constituir una inyección de generación de trabajo, que no es lo mismo que dar subsidios.Aunque éstos han sido de gran ayuda, es esencial un cambio cultural para reconstruir la moral del trabajo. Estosignifica que lo que gana el ciudadano adquiere mayor valor, ya que se trata del fruto de la labor que realizó. Laobra pública puede ser una fuerte contribución para lograr esto. En ese sentido, se realizarán obras deinfraestructura para redefinir el perfil productivo del país a través del desarrollo de la industria agroalimentaria, elturismo, la energía, la minería, la industria del software y las nuevas tecnologías como principales motores.

Reestructuración del sistema impositivo

Para llevar adelante el plan económico que proponemos es fundamental la lucha contra la evasión y el contrabando.Para ello necesitamos un fuero penal tributario que condene a los evasores y una DGI que esté en la callecontrolando. No hay Nación posible sin un Estado que recaude con eficacia. En principio, hay que reorganizar elEstado Nacional y recuperar la pirámide fiscal. La idea es hacer del impuesto directo el principal aporte al recursotributario nacional, simplificar el sistema impositivo al máximo posible y cambiar el actual regresivo por unoprogresivo para que impongan los que más tienen. Se debe modificar la legislación vigente y hacer de laprogresividad el eje del nuevo modelo. Los tributos a las ganancias deberán tener mayor incidencia en el porcentajede lo recaudado en detrimento de los impuestos al consumo. Simultáneamente, es necesario crear un fuero PenalTributario para que de una vez por todas la Justicia vuelva a la Argentina y los grandes evasores que no paguenvayan presos. Sólo así se creará una cultura del pago de impuestos. En los países desarrollados la gente los paga noporque sean mejores personas que nosotros sino porque el que no lo hace va preso.

Consolidación de exportaciones, sustitución de importaciones y subsidios

Hay que combinar producción, trabajo, sustitución de importaciones, aprovechar la capacidad tecnológica,profundizar el marco de las exportaciones tradicionales y consolidar las exportaciones que no lo son para generarbeneficios muy importantes y penetrar los distintos mercados del mundo. Es necesario aplicar políticas de subsidios,para ayudar a nuestras pequeñas y medianas industrias. Si en la Argentina del 1 a 1, donde la producción local tuvoasimetrías cambiarias muy fuertes, hubiésemos protegido la producción propia, ahora no tendríamos el cuadro dedesempleo y pobreza. En mi provincia refinancié a los productores locales a 25 años con un dos por ciento sobresaldo y tres años de gracia. Yo propuse hacer un fondo fiduciario extrabancario que compre las hipotecas que tienenlos productores y que beneficie a la gente pagando con tasas de interés razonables para la situación que tiene. Esdecir, a los pequeños productores, que están al borde de perderlo todo, darles hasta 30.000 pesos a devolver acinco años sin interés y al resto devolverles el dinero prestado a una tasa internacional baja, de manera que el costodel dinero sea absolutamente inferior a la expectativa de rentabilidad, porque todo el que produce o tiene unaempresa es lógico que quiera ganar dinero. Cuando el costo financiero es superior a la rentabilidad nadie invierte ennada. Pero si se combina la evolución del capital operativo con el estímulo a la rentabilidad, se pone en marcha laestructura productiva. A la Argentina hay que pensarla estratégicamente. Hay que tener en cuenta que paraaquellos momentos en que tengamos asimetrías en el mercado internacional, donde nuestros productos no tenganniveles de competitividad, tenemos que subsidiar al productor. Yo lo hice con la lana en Santa Cruz: subsidié el 50por ciento del producto durante gran parte del proceso de convertibilidad porque la lana había sido afectada por elexceso de producción australiano y precios internacionales negativos. Esto nos permitió mantener en pie a unacantidad de productores, que en caso de no haberlo hecho se hubieran caído del sistema. Si hubieran hecho lomismo con la industria avícola para mitigar el efecto que tenía el ingreso, 4 veces más bajo el pollo brasilero que

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Kirchner Presidente http://www.kirchnerpresidente.com.ar/kirchner/sec_primero_argentina/economia/default.asp

nuestro país, no estaría prácticamente fundido ese sector. Si nosotros hubiéramos tenido una política de ayuda y desubsidios para que no pierdan competitividad, hoy tendríamos un alto nivel de producción, un rápido crecimiento yuna recuperación de la plata que en su momento hubo que poner para salvar al sistema debido a las asimetrías queteníamos.

Revisión de los contratos de servicios públicos

Las empresas de servicios públicos acumularon ganancias durante toda la década del 90 y evidentemente se abre uncapítulo de discusión y de resolución. Hay que crear un ente de contralor con participación del usuario para que elEstado recupere los instrumentos macroeconómicos y estas empresas contribuyan a un proyecto estratégico delEstado. Este ente deberá tener como función supervisar y controlarlas y no debe convertirse en un peaje parafuncionarios, diputados o senadores. No hablamos de estatizar, no hablamos de intervenir, no hablamos denacionalizar. Hablamos de un Estado que tenga el control de los instrumentos macroeconómicos y direccione elcumplimiento eficiente y útil del funcionamiento de los servicios. El hacer funcionar correctamente los serviciospúblicos no es una cuestión de derecha, de centro o de izquierda. No tiene ideología. Es un servicio objetivo que sele presta a la ciudadanía y que hay que prestarlo bien. Y esto debe garantizarlo el Estado. La discusión sobre si hayque re-estatizar o no los ferrocarriles es absurda porque los trenes son del Estado y lo que se hizo de 1992 a 1994fue concesionarlos. Hoy, lo que pasa con los ferrocarriles es una verdadera vergüenza porque no se ha hecho ningúntipo de inversión y la gente viaja como ganado. No se puede aceptar que tengamos trenes concesionados, por loscuales el Estado paga subsidios, que no cumplen con el servicio que le deben brindar a la gente. La Argentina tieneque volver a estar unida por una línea férrea para generar un planteo de desarrollo, un concepto de integraciónnacional. Hay que hacer cumplir los pliegos de las concesiones y generar nuevas inversiones para que el sistemaferroviario integre productiva, turística y económicamente a la Argentina. También es necesario recuperar la línea debandera porque no puede ser que la Argentina esté sufriendo el capricho de las empresas que nos generan vuelos ydestinos solamente solamente teniendo en cuenta el concepto y la visión de su rentabilidad. Tienen que hacersecargo de los lugares rentables y de los que no son rentables.

Recuperación de la renta petrolera y acción de oro

Hay que recuperar nuestra renta petrolera, que es el control de los instrumentos macroeconómicos, y la acción deoro. Somos el único país del mundo, junto con Rusia, que no conduce la explotación petrolera y sus reservas. Hacefalta discutir la privatización de YPF porque se dejó a miles de trabajadores en la calle, prácticamente sin ningún tipode defensa, y se generó una discrecionalidad muy grande en el marco de las explotaciones y de la defensa de lacuestión ecológica. Había un paquete accionario bien fragmentado. El Estado tenía el 20%, los trabajadores entre el10 y el 15%, las provincias el 11%. Santa Cruz tenía un promedio del 4%. Entonces, para discutir las políticasestratégicas del petróleo, participábamos activamente y había una acción de oro que generaba el derecho a veto. Elpaquete accionario de YPF estaba lo suficientemente fragmentado como para que los distintos actores puedandiscutir las políticas, el concepto macroeconómico de la inversión petrolera y de la reserva energética. Existía unadiscusión racional para el marco de la inversión anual: cómo se iba a hacer, cómo se iba a estructurar, cómo semanejaban los negocios internacionales, lo que era muy importante. En 1998, para seguir sosteniendo el déficitfiscal que tenía la Argentina, se vendió, entre otras cosas, más del 51% del paquete accionario a Repsol. A partir deesta venta, se perdió la acción de oro y las provincias nos vimos obligadas a vender. Hay que generar unaverdadera Ley de Hidrocarburos que regule definitivamente la funcionalidad del petróleo y los instrumentosmacroeconómicos y es necesario adecuar rápidamente el funcionamiento para que podamos tener los resortes ydecisiones que corresponden a un campo tan importante para la política económica argentina.

Defensa de la banca pública

Debemos hablar de la banca pública con absoluta claridad, pero sin calidades demagógicas. La banca pública sedebe sostener, aunque no de cualquier manera, porque en muchos casos ha servido para mantener grupos locales ypara financiar con el dinero de todos los argentinos a los amigos del poder y a sectores improductivos que no hanhonrado sus deudas. Es muy importante poner la banca al servicio de la producción y el trabajo. Tiene que haber unBanco Nación muy fuerte, no privatizado y que sirva al funcionamiento estructural de la economía argentina.Además, hay que discutir la conformación de un Banco de Desarrollo, que puede hacerse con capital del Estado yprivado para generar una fuerte promoción productiva y una fuerte reconversión industrial.

Reprogramación de la deuda externa

Hay que lograr una reprogramación de la deuda, una quita de intereses y un aporte de capital que ponga en marchala capacidad productiva de nuestra economía, a través de una negociación digna y responsable. Con el nivel deobligaciones de pagos que hay ahora, la deuda no la podemos pagar. La Argentina tiene que hablar de entre un 50y un 70% de quita para lograr sustentabilidad. Es decir, el FMI nos tiene que dar viabilidad interna para que laArgentina sea sustentable porque ¿ de qué nos sirve cumplir internacionalmente si la Argentina esta destruida? Hayque hablar sin miedo del tema de la deuda externa que tanto desvela a algunos que dicen 'Los argentinos somosincorregibles, no cumplimos'. El acuerdo que se firmó con el FMI es importante porque el próximo gobierno nollegará con las manos atadas y esto permitirá garantizar la transición. Además, me parece comprensible que se hayafirmado hasta agosto. Creo que lo que negoció Lavagna es muchísimo más digno que los anteriores acuerdos. Bastaver la política de tasas aplicadas del 3,5 para la refinanciación y del 6,9 para las que tenían mora contra elmegacanje de Domingo Cavallo. No hay comparación.

Eliminación de cuasimonedas y quiebra de provincias y municipios

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Hay que generar políticas conjuntas con las provincias para monetizar definitivamente las economías y terminar conlas cuasimonedas, que generan ciudadanos de segundo nivel en la Argentina y perjudican las economías deproducción. Es muy diferente una economía funcionando con la moneda que tiene que funcionar, que con monedasde segundo orden. La monetización debe hacerse rápidamente una vez que el próximo gobierno esté en marcha,aunque ya hay políticas en el gobierno actual para empezar a disminuir este mecanismo. Estas son las primerasmedidas que se deben tomar con absoluta decisión. La relación de fondo entre el Estado y las provincias tiene queser muy cristalina y fuera del alcance de cualquier decisión arbitraria de un gobierno coyuntural. Yo siempre hablode la quiebra de provincias y municipios. En ese sentido, hay que crear un fondo anticrisis en el PresupuestoNacional antes de la distribución primaria de fondos entre Nación y provincias. Luego de la declaración de quiebra, laprovincia sería transitoriamente financiada con un fondo anticíclico, creado previamente con fondos coparticipables.Con ese dinero, se evita echar gente, aumentar los impuestos o imprimir bonos provinciales. Si la quiebra es dolosa,el gobernador o intendente va preso. Si es negligente, no se lo va a votar nunca más. Con este sistema, al próximogobernante le va a dar superávit fiscal y se van a terminar todas las cosas raras. Las provincias o municipios queacumulen deudas deben quebrar porque no pueden seguir funcionando como lo hacen hasta ahora. Hay que ponerleun fin a esto, para que el drama del Estado no siga envolviendo todas las variables económicas. Cada peso menosque entra a la provincia es menos trabajo, educación, justicia, equidad y dignidad. La Argentina falla social yeconómicamente porque su sistema político no tiene un régimen de premios y castigos. Da lo mismo administrarbien que tener un alto nivel de endeudamiento y emitir bonos para saldar cuentas. La idea es eliminar la lógica deque los estados provinciales o los municipios no pueden quebrar tal como hizo Nueva York, que luego de declarar suquiebra en la década del '80, culminó exitosamente con la gestión de Rudolph Giulani.

Reformulación de la coparticipación

Hay que implementar un plan coordinado de inversión pública en infraestructura para recuperar estructuralmente alas provincias y volver a darles potencialidad. La coparticipación provincial tiene que ser automática. Los intendentestienen que recaudar íntegramente los impuestos automotor e inmobiliario, como sucede en Santa Cruz, paraconvertirse en administradores de Estado chico que tenga capacidad para resolver las cuestiones cotidianas y que notenga que ser un mero delegado que tenga que ir todos los días a la capital provincial o nacional. A Buenos Airesdeben restituirle los 8 puntos de coparticipación federal que se le quitaron durante el gobierno de AlejandroArmendáriz y la devolución para Buenos Aires no tiene que salir de los ingresos de las otras provincias sino de laNación.

La prioridad del Mercosur

En la década del ´90 se adscribió acríticamente al modelo basado esencialmente en el Consenso de Washington, quepregonaba que las ideologías habían muerto y que no había posibilidades de desarrollo razonablemente autónomode un país. En Argentina se aplicaron recetas económicas (apertura indiscriminada, privatizaciones escandalosas,etc.) que ni los países centrales que las dictaban las aplicaban dentro de sus propios países. Los fantasmas delpasado quieren volver para profundizar este modelo de apertura indiscriminada y adscripción 'sin beneficio deinventario' a la globalización. En la próxima elección, tendremos que elegir entre los que creen que la solución es eldólar y quienes sostenemos que es una moneda nacional fuerte, entre los que proponen el ALCA y los queproponemos el MERCOSUR, entre los que piden relaciones carnales y los que planeamos relaciones serias con elmundo pero con objetivos nacionales. Lo que decimos es diseñar un proyecto permita ingresar al mundo conidentidad nacional, es decir una Argentina que se pueda sustentar a sí misma. Luego de la segunda guerra mundial,el General Perón no adscribió ni a un bloque ni al otro, imaginó que era posible una tercera posición, se comportócomo un estadista y construyó un país con la certeza de tener un destino como Nación. El esquema del MERCOSURva a servir si podemos superar las asimetrías arancelarias que tenemos, si podemos hacer políticas verdaderamenteintegradoras y si tenemos capacidad de generar políticas de subsidios cuando las tengamos que generar.


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www.kirchnerpresidente.com.ar

Todo lo que contiene este trabajo es el resultado de una tarea realizada, durante

dos años, por más de 8.000 profesionales técnicos que se pusieron a mi lado

para escuchar mis ideas, y para acercarme las suyas. En estos equipos de

trabajo, en el que hay hombres y mujeres maduros que además de su saber

hacen gala de una invalorable experiencia de vida, aparece la juventud con su

energía y propuestas nuevas. Todos ellos con un sentimiento dominante: el

amor al país. En todos estos meses le dieron forma, en más de 40 ciudades y

pueblos de la República Argentina, con más de 15 plenarios realizados, y en

incontables reuniones de trabajo, a la radiografía más completa y detallada de

todas las actividades productivas, administrativas, legales y financieras que

“desde siempre” nos viene faltando, seguramente porque desde siempre nos las

han venido ocultando, escondiendo, y hasta robando. Este es mi “Plan de

Gobierno”. Nuestro Plan de Gobierno. El plan de Kirchner y Scioli, pero

también, y este es mi mayor compromiso con ustedes, seguramente el más

poderoso, el plan de gobierno de cada uno de los argentinos.

Ahora lo que debemos hacer es trabajar juntos, todos ustedes, todos ellos, y yo,

en esta tarea de “hacer de nuevo” este país al que, con seguridad, “todavía

amamos”. Juntos, codo a codo, como dice Mario Benedetti, somos muchos más

que dos. Seremos todos. Y cuando esto ocurra, desde el primer momento como

Presidente, cuando tome la primera de las acciones de Gobierno con la mirada

siempre puesta en el hombre y en la familia; en el empleo y en la producción,

nos encaminaremos sin ninguna pausa hacia el orgullo de ser argentinos, hacia

ese sentimiento que, a pesar de los históricos golpes que nos vienen dando

desde hace tanto, no pudieron lograr que perdiéramos. Nos espera el futuro,

traducido en trabajo, paz, seguridad, educación y una justicia verdadera.

Nosotros, los argentinos, vamos a hacer realidad ese nuevo país, el nuestro, el

de siempre y el que tanto amamos.

Néstor Kirchner Argentino


CONTENIDO

1.-DESARROLLO SOCIAL DESDE UNA RED DE POLITICAS PUBLICAS FEDERALES CON EJE EN LA PERSONA Y EN LA FAMILIA ARGENTINA

! Red Federal de Políticas Sociales Integrales ! Educación con Justicia Social ! Política de Vivienda ! La Gestión Cultural ! Deporte y Turismo Social ! Medio Ambiente

2,.EL TRABAJO Y LA PRODUCCION COMO EJE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

! La Cultura del Trabajo ! Políticas Laborales ! Políticas para el Desarrollo Regional ! Ideas básicas para una Política Industrial ! Ciencia y Tecnología ! Minería . Caso testigo Fomicruz ! Sector Energético ! Sector Agropecuario ! Sector Forestal ! Pesca ! Las Pequeñas y Medianas Empresas ! Comercio Exterior ! Turismo

3.-LA INFRAESTRUCTURA Y LA OBRA PUBLICA AL SERVICIO DE LA PRODUCCION Y EL EMPLEO

! Transporte Ferroviario ! Transporte Aerocomercial ! Políticas para el sector Vial ! Puertos y vías navegables ! Recursos Hídricos ! Comunicaciones

4.-LA ECONOMIA, UNA HERRAMIENTA PARA DEFINIR UN PROYECTO DE PAIS

! Política Fiscal ! Sistema Financiero – La Nueva Agencia de Desarrollo Económico y Social ! Mercado Cambiario ! Propuestas para la Deuda Externa

5.-ARGENTINA EN EL MUNDO

! Relaciones Exteriores ! Política Nacional Antártica

6.JUSTICIA, SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO PARA EL DESARROLLO HUMANO

! La Fundamental Reconstrucción del Estado ! Transparencia en la Gestión del Estado ! Política de Seguridad, Personas Seguras en una Sociedad Democrática Segura


Desarrollo social desde una red de políticas públicas

federales con eje en la persona y en la familia Argentina


Red federal de políticas sociales integrales

“La economía al servicio del hombre, la producción al servicio del consumo

y el capital al servicio de la economía”

Estamos en una Argentina fragmentada, con

regiones sueltas, sin identidad, y sujetas a una inequidad

alarmante que ha quebrado el tejido social. Las tasas de

desempleo, de pobreza y de indigencia, los índices de

mortalidad infantil, como así también las dificultades de

acceso a la educación y a la salud, es el panorama que

día a día nos viene cubriendo. Por todo esto es urgente

la consolidación de una Red Federal de Políticas

Sociales Integrales que posibilite el cumplimiento de

cada uno de los derechos de quienes habitamos este

país.

El Estado, de la manera más urgente posible, debe dar

respuestas a los siguientes puntos:

• Empleo

• Salud


• Educación

• Alimentación

• Vivienda

Afirmando entonces:

• Los Derechos del Niño y de la Mujer

• La Inclusión Social de los Jóvenes

• La Atención de la Tercera Edad y la Discapacidad

Es así que desde un Estado activo, presente, promotor, y

cuando sea necesario protector -un Estado de Inversión Social- se

construirá con justicia social, desde la equidad territorial, en el

marco del Proyecto Nacional, la Red Federal de Políticas Sociales

Integrales, con eje en la Persona y en la Familia Argentina, como

unidad decisiva para el desarrollo social y económico de nuestro

país.

Se superará entonces el concepto tradicionalista asistencial,

afirmándose esta política en los siguientes pilares:

• La preocupación del hombre por el hombre.

• La solidaridad como accionar principal.

• La integralidad de lo económico-social.

• La localización de las políticas sociales, priorizando

los espacios barriales y comunitarios.


Esta construcción superará la instancia discursiva desde una

Democracia Participativa y Pluralista a través de:

• Cuatro líneas estratégicas

• Una nueva institucionalidad operativa

Cuatro líneas estratégicas 1. Sistema nacional de salud

2. La emergencia social y sanitaria

3. El desarrollo a escala humana

4. La seguridad desde la previsión social

Sistema nacional de salud

“Actualmente no puede haber medicina sin medicina

social, y ésta no puede existir sin una Política Social del Estado…”

Ramón Carrillo

El Estado asumirá su rol articulador y regulador de una

política sanitaria integral y de integración, a partir del consenso

con los distintos subsectores públicos, privados y de las obras

sociales.

Producto de ello, el Sistema Nacional de Salud se

consolidará en red, donde el eje referencial será el Hospital

Público y los Centros de Salud de referencia tanto públicos

como privados.


La acción del hospital, tanto en la macro como en la micro

gestión, tendrá base en el desarrollo local, garantizando una

mejor calidad en las prestaciones y servicios. En la primera

posibilitando que él mismo sea el centro de excelencia para la

investigación, junto a centros universitarios y de formación,

operando como vértice y referencia académica para la formación

de post-grados, residencias, maestrías, formación en

gerenciamiento, etc. En la micro-gestión tendrá un rol

estratégico en lo local, facilitando el acceso al servicio de salud,

alcanzando metas de calidad e indicadores de resultados, con

estándares regionales.

Las acciones e intervenciones que se profundizarán en la

red serán:

Salud Comunitaria

La Salud Comunitaria tendrá como pilar estratégico la

atención primaria desde el hospital y/o centros de salud de

referencia, utilizando como instrumento la Epidemiología Social;

buscando el fortalecimiento y la articulación con los centros

estratégicos (escuelas, hospitales, centros deportivos, etc.) y

organizaciones de la comunidad, para garantizar el cumplimiento de

las políticas socio - sanitarias.

Alta Complejidad

Se fortalecerán los Centros Regionales para la realización de

prestaciones de Alta Complejidad, Hospitales Universitarios e

INCUCAI, y también se desarrollarán en todas sus posibilidades los


programas de investigación y asistencia que llevan adelante los

Laboratorios de referencia Nacional (Por Ejemplo: Instituto Carlos

E. Malbrán, Instituto Nacional de Enfermedades Virales, Centro

Nacional de Genética Médica, etc.)

Reconversión del Modelo tradicional de Asistencia en

Salud Mental.

• Se promoverán hábitos y estilos de vida saludables, a fin de

reducir los factores de riesgo de trastornos mentales

desarrollando a nivel de promoción y prevención integral,

acciones estratégicas que respeten las pautas culturales

locales, para lo cual se reorientarán los recursos humanos al

modelo de atención primaria.

• Se replanteará el modelo de atención médica para crónicos y

agudos articulando las acciones con las familias, las distintas

instituciones de la comunidad y cuando correspondiere con la

Justicia, desde equipos interdisciplinarios.

Abordaje Integral en Enfermedades Sociales

Se encausará y promoverá, junto a las provincias y al

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo

comunitario, preventivo y asistencial a nivel de adicciones,

trastornos alimentarios, violencia social y otras patologías que


impiden la integración social, desde programas integrales,

vinculados a líneas de desarrollo local, consolidando y articulando

la red asistencial para el tratamiento médico, psicológico y social.

Medicamentos Accesibles

• Se ampliará y consolidará la política de genéricos.

• Se trabajará en la integración de la actividad de todos los

laboratorios que se dedican a la producción pública de

medicamentos básicos esenciales, con la activa participación de las

universidades.

• Se apoyará a los laboratorios nacionales, tanto privados como

estatales, desde una política de consensos donde prime el interés

común.

• Se desarrollará una política nacional a fin de cubrir los

medicamentos para patologías de baja frecuencia y altos costos

(Esclerosis múltiples, Hemofilia, etc.).

Acreditación de Niveles

• Se acreditarán los niveles de complejidad prestacional

alcanzados por los diferentes prestadores y efectores de servicios de

salud, a partir de la creación de una base de datos, con indicadores


de nivel que permitirá la observación en tiempo real, en donde el

Estado recuperará su rol regulador y promotor de la salud.

Organismos Críticos

Se generarán normas que simplifiquen y den transparencia

a la acción de los organismos críticos (PAMI, ANMAT, etc.)

• PAMI

! Se reducirá el déficit operativo,

utilizando los recursos en beneficio directo de

los afiliados para normalizar las prestaciones

hoy en conflicto (geriátricos, prótesis,

transplantes, medicamentos, insumos, etc.).

! Se apoyará a las unidades de gestión

local, transfiriendo capacidad de decisión y

recursos para la resolución de las problemáticas

específicas en sus territorios.

• ANMAT

! Se avanzará en el marco del

MERCOSUR en acciones regionales respecto a

alimentos y medicamentos para integrar

compras, producción y desarrollo de tecnología.

! Se desarrollarán normas que

faciliten la habilitación de los laboratorios

estatales, apoyándolos en la producción y

elaboración de medicamentos, asistiéndolos en


el logro de los estándares de calidad y en la

coordinación de su distribución.

Emergencia social y sanitaria.

“Cuando la crisis social supera la capacidad de respuestas de una sociedad,

instrumentar medidas de emergencias de carácter temporal, es una necesidad…”.

1. Se continuará, durante la emergencia con la cobertura

alimentaría, poniendo especial énfasis en que el destinatario

efectivo sea la familia, en el marco de la promoción del compre

local y de los productos de la economía social (huertas, granjas,

panificación, etc.).

2. Se garantizará la integración de los programas

alimentarios, a partir de concertaciones y acuerdos entre Nación,

provincias y Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires,

municipios y organizaciones de la sociedad civil.

3. Se ampliará la cobertura de los servicios de salud y

acceso al medicamento básico en todas las localidades del país,

asegurando sustentabilidad.

4. Se garantizará y fortalecerá la asistencia para los

programas protegidos, unificando esfuerzos entre los distintos


actores sociales. (vacunas, leche fortificada, oncológicos,

tuberculostáticos, hemofilia, HIV/sida, etc.)

5. Se proveerá y efectivizará la cobertura del Plan

Materno Infantil, a fin de dar calidad de vida a madres y niños

asegurando su normal crecimiento y desarrollo, desde controles

prenatales, control del niño sano, inmunizaciones y programas

nutricionales etc.

6. Se continuará, hasta tanto sus beneficiarios resulten

incluidos en empleos genuinos, con el volver “a la cultura del

trabajo”, con el Programa Jefes y Jefas de Hogar promoviendo la

presentación de proyectos en función de su sustentabilidad,

viabilidad y respuesta a las realidades locales y regionales, para

lo cual:

• Se tendrá en cuenta el plan de reactivación de la obra pública

nacional, el perfil productivo, el de servicios en general, el

turismo, y del medio ambiente en particular. En definitiva que

permitan formar capacidades para la inclusión al mercado

laboral.

• Se asistirá con insumos y bienes de capital a los beneficiarios

del programa, a través de los diversos proyectos.


Desarrollo a escala humana

“La participación será la estrategia del desarrollo social y la sustentabilidad

de proyectos, que hacen al mejoramiento de la calidad de vida”

Comunidades organizadas a partir del desarrollo local

• Se construirá con la ciudadanía capital social

(formas de colaboración en las relaciones de trabajo, valores

éticos, de respeto, de normas, de costumbres, clima de

confianza y de convivencia en la sociedad) desde una política

participativa, y comunicacional, en donde la comunidad

organizada tenga un rol estratégico en su proceso de

desarrollo.

• Se asistirá con recursos económicos y técnicos a

los actores predominantes: provincias, gobierno autónomo de

la Ciudad de Buenos Aires, municipios, organizaciones de

base, juntas vecinales, grupos solidarios, vecinos activos,

instituciones intermedias, eclesiásticas, comercios, empresas,

y otros actores ligados a la toma de decisiones político-

institucionales, expertos, profesionales y los vinculados a la

acción sobre el terreno, etc.


• Se promoverán acciones integrales que permitan

articular en la agenda local, las políticas de salud y acción

social, y en la contingencia, la atención de la emergencia,

desde espacios territoriales. Dichas acciones y/o programas

serán sustentables desde los bienes (infraestructura y

equipamiento) y recursos (financieros, materiales, técnicos

y humanos).

• Se crearán y apoyarán centros estratégicos

comunitarios existentes y/o modelos innovadores similares,

con prestaciones y servicios de salud y acción social y otros

que tengan que ver con la satisfacción de las necesidades de

la comunidad, desde espacios de cogestión y participación,

entre Nación, provincias, gobierno autónomo de la Ciudad de

Buenos Aires, municipios, centros estratégicos y

organizaciones de la comunidad.

• Se pondrán en marcha, en conjunto con las áreas

de Educación y Deporte, Talleres de Educación para la Salud

que fortalezcan a los jóvenes en valores y prevención de

nuevas enfermedades sociales.

• Se promoverá el fortalecimiento de la sociedad

civil, a través de la promoción de espacios institucionales de

gestión compartida y asociada, para la cooperación y

participación de las organizaciones en la construcción,


ejecución y evaluación de programas sociales, desde sus

distintos grados de organización.

Economía social a partir de las realidades locales

• Se crearán nuevas modalidades de Empleo

Social promoviendo, en el marco de la economía social,

emprendimientos que incluyan proyectos productivos y de

servicios, a partir de un rápido diagnóstico de mercado

territorial y regional y de las capacidades de los solicitantes.

En el caso de los emprendimientos se considerarán

prioritarios los que involucren gestiones asociadas a través de

cadenas productivas, micro-emprendimientos productivos y

de servicios, cooperativas y experiencias de autoempleo.

• Se otorgarán incentivos fiscales, asistencia

técnica, y se pondrán en marcha créditos sociales

generalizados con garantías solidarias para los sectores de

medianos y escasos recursos. Para ello se articulará un fondo

rotatorio de inversión y promoción social. Las categorías a

considerar serán: emprendimientos individuales, talleres

unifamiliares de producción ó servicios, talleres de grupos

familiares asociados y/o grupos de autogestión, de

producción o servicio en cadena, micro-emprendimientos

colectivos y sociales, grupos pre-cooperativos, cooperativas,

mutuales, etc.


Comunidades solidarias en la atención de grupos

vulnerables

• Prioridad “La Niñez”, por lo que la cobertura y

la atención integral de la madre y el niño (seguro materno

infantil), se consolidará progresivamente a partir de un

diagnóstico socio-económico de cada realidad territorial, en

articulación entre otros, con el programa materno-infantil, el

hospital y/o centros estratégicos de la comunidad, teniendo

como objetivo prioritario promover la equidad en la atención.

Para lo cual se:

! Garantizará a todos los niños, al

momento de nacer, el derecho a la identidad,

asegurando la gratuidad para el primer registro

y su documentación.

! Priorizará la atención de las madres

embarazadas desde el momento del

diagnóstico; los niños hasta los 5 años, y las

mujeres en edad fértil.

! Logrará la disminución de la

morbilidad materno-infantil, atacando sus

causas reducibles.

! Estimulará el crecimiento y

desarrollo psico-social de los niños.


! Promoverá la participación

comunitaria en las tareas de apoyo y extensión.

a través de una estrategia articulada con base

en el Hospital Público y la red de los Consejos

de la Comunidad.

• Se reformularán los alcances del Consejo

Nacional del Menor y La Familia desde una perspectiva

federal, dando representación efectiva y participación activa a

todas la provincias y gobierno autónomo de Ciudad de

Buenos Aires. Se transformará el mismo en un Consejo

Federal de la Niñez y Adolescencia.

• Se elaborarán, junto a las comunidades

aborígenes, programas que contribuyan a su desarrollo,

respetando su identidad cultural.

• Se crearán programas integrales y focalizados

para dar respuesta a la problemática de los niños y

adolescentes en conflicto con la ley penal, y se articularán las

relaciones interinstitucionales de servicios para menores con

conductas de riesgo social.

• Se generarán acciones y/o programas

estratégicos para la protección y contención a grupos

familiares (niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos,


ancianos) en situación de vulnerabilidad social (violencia,

abandono, enfermedades sociales: adicciones, trastornos

alimentarios, etc), desde responsabilidades articuladas con

distintos actores sociales (instituciones, organizaciones

intermedias, hospital, centros estratégicos comunitarios, etc.),

• Se fortalecerá el Consejo Federal de Mayores,

realizando un trabajo de consolidación de los consejos

provinciales y del gobierno autónomo de la Ciudad de

Buenos Aires, y se potenciarán los programas para la tercera

edad en los niveles territoriales locales (Plan Mayores,

Cuidadores Domiciliarios, Mayores Ahora, Promotores

Comunitarios, etc.), rescatando sus capacidades, idoneidades,

saberes y experiencias de vidas.

Discapacidad

• Se reconocerá el carácter de sujeto pleno de

derechos a todas las personas con discapacidad, orientando

las apoyaturas a los impactos de las limitaciones concretas

de sus capacidades.

• Se propiciará que, sin otro requisito que la

idoneidad, las personas con discapacidad tengan derecho al

empleo remunerado en el mercado abierto.


• Se fortalecerá la tarea de la Comisión Nacional

Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas,

del Consejo Federal de Discapacidad y de los Consejos

Provinciales, adecuándolas al cumplimiento de sus objetivos,

dándoles el recurso adecuado para el desempeño de sus

funciones.

• Se trabajará para que las personas con

discapacidad permanezcan preferentemente en sus

comunidades locales, y reciban el apoyo adecuado que

necesitan en el marco de las estructuras comunes de

educación, salud, empleo y servicios sociales. Lo que

requerirá el funcionamiento efectivo de equipos técnicos,

estructuras y/o centros de atención a nivel local y/o

provincial.

Redes Juveniles

• Se generarán acciones y/o programas

participativos que conlleven al desarrollo integral de los

jóvenes, desde el desarrollo local, poniendo énfasis en la

capacitación y la posibilidad de empleo.

• Se desarrollarán, junto con los jóvenes,

actividades que fomenten el sentimiento de identidad, de

compromiso y de responsabilidad ciudadana y social.


• Se protegerá el desarrollo y los intereses de

todos los jóvenes a partir de servicios y programas con base

en la comunidad (relacionados con el medio ambiente, el

deporte, la recreación, la cultura, etc.) que promuevan la

integración social y la conformación de redes juveniles.

• Se promoverán e intensificarán redes regionales,

con foros permanentes en el País en donde se definan las

temáticas de interés para este grupo etáreo. (Programa

FORJAR “Foro de Juventudes Argentinas”), con los Países

del MERCOSUR y en el resto de la Región Latinoamericana.

Seguridad desde la previsión social

“El porvenir de la Patria dependerá de la Seguridad Social de sus habitantes”

Juan D. Perón

La situación en el Sistema Previsional es preocupante dado

que el porcentaje de trabajadores excluidos es muy alto, con lo que

de hecho la cobertura previsional universal de acuerdo con las

normas alcanza a sectores muy reducidos. Por ello:

1. Se promoverá la participación activa de los actores en

el diseño de políticas y en la gestión de la seguridad social


2. Se consolidará definitivamente la eliminación de las

jubilaciones de privilegio

3. Se readecuarán los aportes patronales.

4. Se ordenará el Sistema vigente de las AFJP y libertad

de opción con el Régimen de Reparto.

5. Se propiciará la regulación, recaudación y fiscalización

a manos del Estado. Que la ANSES vuelva a recaudar los

aportes previsionales, garantizando el ingreso de los futuros

jubilados.

6. Se promoverá la participación de los Jubilados y

Pensionados en programas y proyectos que tengan que ver con el

área a través del Consejo del Adulto Mayor.

7. Se revisarán los criterios de otorgamiento de las

Pensiones no Contributivas.

8. Se garantizarán los fondos para la cobertura de

las Pensiones Asistenciales no Contributivas.

Nueva institucionalidad operativa “Democratización interna del aparato

de gestión pública desde su articulación sustantiva, para el mejoramiento de la capacidad organizacional,

seguimiento y evaluación de las políticas sociales.”


Gabinete federal Se conformará un Gabinete a nivel federal que siguiendo las

cuatro líneas estratégicas construya, articule y conduzca la red de

políticas sociales en el marco del respeto de las jurisdicciones

intervinientes, a partir de un planeamiento integral, local,

provincial, regional y nacional.

1. Se reforzará en la red, como forma institucionalizada

de participación en las Políticas Sociales, los Consejos de la

Comunidad, a nivel de fomento local, los que cubrirán un rol de

acompañamiento, asesoramiento, y velarán por el buen

cumplimiento de las políticas sociales. Estos Consejos de la

Comunidad serán de carácter inclusivo, y estarán integrados con

la participación de las organizaciones de base, intermedias,

confederaciones, cámaras empresariales, municipios,

universidad, centros profesionales, empresarios, comerciantes,

etc.

2. Se fortalecerá la asistencia técnica, y la capacitación

en los dos niveles territoriales: el nivel federal con activa

participación de las provincias y el Gobierno Autónomo de la

Ciudad de Buenos Aires, y el nivel de fomento con articulación

local.

Este fortalecimiento se efectivizará con centros de

formación, universidades, y organizaciones, promoviendo el

desarrollo del capital humano, cultural y social, y estará


orientado a satisfacer las necesidades, rescatando actitudes,

aptitudes, saberes populares para lograr el objetivo superior de

mayor justicia social, recomposición del tejido socio-productivo

y equidad territorial. Las actividades serán:

• Educación Social: confección junto a los

responsables del área educativa de planes de estudios para la

educación formal y no formal: formación para servicios de

apoyo y contención de grupos vulnerables, formación de

monitores y promotores de salud barrial, etc.

• Capacitación y actualización ocupacional en

las siguientes temáticas: construcción junto al Área

Educativa y la Universidad de programas de formación

profesional y capacitación laboral flexible, vinculados con el

desarrollo socio-productivo local, regional, nacional, y del

MERCOSUR, tendientes a promover la empleabilidad

(empleo joven, prácticas laborales y pasantías en servicio

para empleos en oficios tradicionales, etc.) y la capacitación

en las nuevas modalidades de empleo:

! Empleos relacionados con la vida

comunitaria (crear espacios comunitarios,

periódico barrial, sala comunitaria para el

cuidado de niños, etc)

! Empleos relacionados con la

atención del individuo (cuidados y atención de

niños, ancianos, discapacitados, red de


encuestadores, apoyo a los jóvenes con

dificultades de inserción social, servicios de

comidas, etc).

! Empleo relacionados con la

identidad cultural y de pertenencia (servicios

culturales a la comunidad, conjuntos

musicales, talleres de orfebrería, artesanías

populares, etc )

! Empleo relacionados con el turismo

y el medio ambiente (eliminación y reciclado

de residuos, preservación de espacios

naturales, campings sociales, cooperativos de

guías turísticas, etc.)

• Perfeccionamiento profesional: residencias,

pasantías, tutorías, etc.

• Producción Científicas: investigación, tesis,

ensayos, etc.

• Post-grado: realización de pasantías a nivel de

empleo, salud, acción social, medio ambiente, recreación y

deporte, especializaciones, maestrías y doctorados, etc., con

una fuerte presencia de las Universidades en la Construcción

Social.


• Fortalecimiento Institucional: para el

desarrollo de habilidades de gerenciamiento y capacidades

de gestión, desde espacios de intercambio, cooperación y

aplicación de saberes entre distintos actores sociales con la

finalidad de integrar los recursos políticos-institucionales, el

trabajo en red, la formulación de diagnósticos territoriales, el

diseño, planificación, ejecución y evaluación de políticas

públicas en forma participativa que mejoren las condiciones

del desarrollo local, regional y nacional. Ejemplos: mesas de

gestión asociadas para trabajar experiencias asociativas y

propositivas en temáticas de niñez, adolescencia, tercera

edad, discapacidad, aborígenes, foros, Consejos Consultivos,

etc.

• Fortalecimiento de la Sociedad Civil:

implementación de acciones activas que contribuyan al

desarrollo, fortalecimiento y profesionalización de la

capacidad institucional de las organizaciones sociales, y la

construcción de redes populares a partir de la vinculación

entre las instituciones que hacen al desarrollo local (escuela,

hospital y municipio), y que permitirán la reconstrucción de

las relaciones sociales, la creación de lazos a nivel local y la

consolidación de prácticas democráticas-.

3. Se apoyará progresivamente a la Red Física de

acompañamiento de los programas, en función de las prioridades

determinadas y convenios de concertación a nivel financiero, y

de gestión con las distintas Provincias y el Gobierno Autónomo


de la Ciudad de Buenos Aires, para la construcción (Ej.: de

nuevos hospitales, jardines maternales, centros estratégicos

comunitarios, etc), refuncionalización del recurso físico

instalado, y equipamiento de alta, mediana y baja complejidad.

4. Se elaborará un Sistema de Información

Epidemiológica y Social, que unifique las distintas bases de

datos existentes, desde la construcción de mapas socio-sanitario-

cultural-económico, para la toma de decisiones en Políticas de

Estado.

5. Se cualificará y estructurará un Sistema de Monitoreo y

Evaluación que posibilite la gestión integral de las líneas

estratégicas, para la generación de información, conocimiento y

aprendizaje que retroalimente la toma de decisiones, y posibilite

la indagación y valoración continua de los procesos de

resultados y de los impactos sociales (logros, costos,

cumplimiento de objetivos, metas, etc.).

6. Se acompañará la efectividad de las políticas sociales

con el desarrollo y adecuación de los aspectos normativos. Por

ejemplo: reformas tributarias a nivel de cooperativas y mutuales;

revisión de situaciones legales que garanticen los derechos para

la minoridad en riesgo, con articulación en los procesos de

cambio en la legislación nacional y provincial, para la aplicación

de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etc.


7. Se promoverá desde la administración presupuestaria

de las partidas asignadas, de acuerdo al desarrollo de estas

líneas estratégicas con la mirada de la Inversión Social, la

aplicación, distribución y articulación de los fondos que

busquen la equidad territorial, en la provisión de las

prestaciones y servicios, incentivando los acuerdos y la

cooperación Nación- Provincia.

8. Se consolidará la reserva de un fondo de atención a

contingencias, emergencias y catástrofes.

9. Se trabajará articuladamente, desde una Coordinación

Intersectorial Pública, a través de estilos de coordinación y

gerenciamiento integral, tanto a nivel de programas como de

gestión. El objetivo será siempre evitar la existencia duplicada o

triplicada de programas y acciones a los fines de no superponer

funciones, presupuestos, áreas o estructuras. Por ejemplo: con

las Áreas de Infraestructura, Educación, Producción, Deporte y

Turismo, etc.

(Aquí el material está acompañado de un gráfico que parece bastante

claro y útil)


Educación con justicia social

La educación es para nosotros un factor de cohesión y desarrollo social capaz de promover, efectivamente, la inclusión sostenida en la idea de la especificidad y diversidad de los individuos y de los grupos humanos, teniendo en cuenta la riqueza de las expresiones culturales de cada uno de los grupos que componen una sociedad, y el debido respeto a las diferencias entre los mismos. Es por ello que proscribimos toda forma de enseñanza que se oriente a limitar, a través de un mismo molde cultural e intelectual, el pleno desarrollo personal. Es necesario trabajar sistemáticamente para recuperar el ámbito educativo como espacio formativo de consolidación de valores, y concretar un ejercicio efectivo de protagonismo y organización de todos los actores sociales.

La educación tiene una íntima relación con el mejoramiento

de la calidad de vida y el progreso sostenido de una sociedad que

valoriza el desarrollo de la potencialidad de las personas,

jerarquizando el conocimiento y el saber, pero también la

recuperación de los valores.

Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto de

“Educación permanente” apunta a desarrollar las capacidades y las

habilidades para lograr un amplio abanico de saberes: aprender a

vivir juntos; aprender a ser; aprender a conocer; aprender a aprender.

También lo es capacitar para manejar los nuevos instrumentos que

ofrece la comunicación, la información, la ciencia, la tecnología y el


arte, a la vez que nos proponemos firmemente recuperar los valores

democráticos de tolerancia, de participación y de compromiso

social.

La educación es para nosotros un fuerte factor de cohesión y

desarrollo social, capaz de promover efectivamente la inclusión

sostenida en la idea de la especificidad y diversidad de los

individuos y de los grupos humanos, teniendo en cuenta que las

distintas expresiones culturales enriquecen la construcción de la

identidad nacional.

Sostenemos una educación pública y gratuita

para todos, con la justicia social como principal garantía

de la igualdad en el acceso a las oportunidades vitales.

Proponemos un Sistema Educativo Federal que, bajo la

orientación y coordinación estratégica del Ministerio de Educación,

Ciencia y Tecnología, tenga como eje primordial la recuperación de

la identidad nacional y el crecimiento y progreso de las personas y

del país a partir de políticas de calidad y de igualdad.

Estas políticas se articulan con el campo cultural, la

producción, el mundo laboral, el cambio tecnológico y políticas de

desarrollo social, para que así el ciudadano viva y trabaje con

dignidad y libertad, participando de manera activa y democrática en

el desarrollo político, social y económico del país.

Para concretar estos objetivos la Nación, desde un papel

activo y promotor, cooperará con las provincias para consolidar el

Sistema Federal de Educación, que tendrá su eje central en la


“educación pública y gratuita”, permitiendo así a toda persona

acceder a las tres dimensiones de la educación:

• ética y cultural

• científica y tecnológica

• económica y social

Este plan se desarrollará a través de los siguientes objetivos

estratégicos:

1. Garantizar a todos el acceso a la educación, como así

también la posibilidad efectiva de completar la

escolaridad con una formación de calidad.

Este primer punto tiene como objetivo convertir a la

educación en uno de los factores clave para el desarrollo, el progreso

y el crecimiento, tanto de las personas como del país. Tras la

finalidad de lograr la escolaridad universal y extendida para toda la

población, desarrollaremos dos puntos:

a) - Ampliación de las oportunidades de acceso, permanencia

y egreso, a una educación con calidad.

• Atención prioritaria a los vastos sectores de la

población socialmente desfavorecida, garantizando las

condiciones básicas indispensables para lograr una

educación de calidad, coordinando con las áreas

sociales pertinentes programas de salud y de inclusión

social.


• Construcción de redes sociales e interinstitucionales

con organismos gubernamentales, organizaciones

socioeducativas, religiosas, cooperadoras escolares,

sindicatos y otros, que accionen de manera articulada y

responsable en el marco del desarrollo local.

• Atención diferenciada e integral para superar

indicadores de repitencia, sobreedad y deserción.

• Acciones presenciales y semipresenciales para la

educación de jóvenes y adultos tendientes a compensar

la desigualdad en las trayectorias escolares.

• Atención particular a las necesidades educativas

especiales, promoviendo conciencia social de

integración y facilitando oportunidades de acceso al

conocimiento para la participación social y la inserción

laboral.

• Provisión de útiles escolares, material didáctico, y

otorgamiento de becas para los estudiantes de menores

recursos.

b) – Promover estrategias que orienten impactos significativos

en la escuela.

• Actuando para que adquieran la formación básica y los

conocimientos teóricos necesarios para seguir

aprendiendo durante toda la vida y la capacidad para

“aprender a aprender”.

• Favorecer acciones de desarrollo organizativo que

promuevan una cultura escolar inclusiva.


• Desarrollar la capacidad de discernimiento y

pensamiento crítico.

• Imprimir mayor fuerza y dinamismo al mejoramiento

curricular.

• Extender las jornadas escolares.

• Dotar a las escuelas de soportes informáticos y

audiovisuales.

• Pasantías para estudiantes y docentes.

2. Promover la integración del Sistema Educativo Nacional y

Federal.

Desarrollo de programas de asistencia técnica y financiera

para promover el desarrollo de acciones vinculadas a:

• Construcción de estructuras curriculares y organizativas

que, enmarcadas en lineamientos concertados entre la

Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires,

permitan atender la realidad de la población de cada

región respetando la estructura curricular del Sistema

Educativo Nacional.

• Articulación de las diferentes modalidades de la

enseñanza en un proceso de formación permanente.

• Revisión de la estructura de la Educación Polimodal y de

los acuerdos que la regulan.

• Definición de un modelo y de las estructuras curriculares

para la educación técnica.

3. Rearticulación de la formación y evaluación del docente


Garantizar, en todo el territorio nacional, la oferta de

actualización y capacitación permanente promoviendo

desarrollos profesionales que articulen la práctica áulica con la

gestión institucional en la búsqueda de una educación de calidad.

Para esto se pondrá especial énfasis en los siguientes aspectos:

• La atención de la práctica cotidiana.

• Los contenidos que se enseñan.

• Las formas a través de las cuales se enseña.

• El clima de las instituciones.

• El pensamiento y la mirada del profesorado en relación

con la tarea que se desarrolla, sus relaciones con los

estudiantes, y el modo como se ejerce, con la finalidad de

crear determinadas condiciones que produzcan buenas

prácticas.

Programas de mejoramiento de la calidad de la formación

docente.

• Construcción de programas de articulación entre los

planes de formación docente de los institutos de

educación superior no universitaria con los planes de las

universidades, por un lado, y por el otro con las

problemáticas concretas de las escuelas, en las que

potencialmente se insertarán sus egresados.

• Políticas centradas en el mejoramiento e innovación en la

práctica docente con mecanismos de promoción y

subvención de las mismas.


4. Mejorar e incrementar la infraestructura y el

equipamiento escolar, articulando acciones con las

distintas provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

• Apoyo a las provincias en la construcción, ampliación,

refacción edilicia y equipamiento escolar, estableciendo,

en la asignación de los recursos, una función polinómica

acordada en el marco del Consejo Federal de Cultura y

Educación.

5. Democratizar efectivamente el hecho educativo.

Fomentar la participación en proyectos colectivos en los que

los ciudadanos adquieran un mayor sentido de compromiso y

pertenencia con relación a la comunidad en la que viven, apoyando

iniciativas locales, provinciales y regionales que contemplen

espacios educativos de participación.

Mediante espacios de participación:

• Medios de información y comunicación: implementación

de proyectos en los que la tecnología y los medios de

comunicación funciones como herramientas de trabajo

sobre el desenvolvimiento de contenidos que,

semanalmente, se desarrollarán, brindando material de

apoyo y planeamientos didácticos que sean atractivos

para los alumnos.

• Ampliar concretamente los espacios de participación en

el Consejo Federal de Educación para llegar a consensos

sobre los desarrollos del contenido educativo a


universidades, organismos no gubernamentales,

academias nacionales y la comunidad educativa.

• Fortalecer el carácter de servicio de los medios de

comunicación nacionales, en el diseño y desarrollo de

políticas que asuman la función educativa. Para esto será

necesario asignar espacios efectivos para su vinculación

con la educación formal y no formal.

• Organizar el portal www.edu.ar en función de dos

premisas: contenidos y comunidad.

6. Desarrollar la capacidad de emprendimiento e inserción

en el medio productivo.

• Programas de formación técnico profesional y

capacitación laboral, enmarcado esto en la

profesionalidad como posibilidad de achicamiento de las

brechas existentes en la polarización de las oportunidades

ocupacionales.

• Creación de oportunidades educativas para jóvenes y

adultos en el marco de la educación no formal, que

fomenten su inserción en el campo laboral.

• Pasantías con las empresas.

• Incubadoras de empresas.

7. Fortalecer la formación profesional de educación superior

no universitaria.

Este punto está dirigido a recuperar el potencial educativo

como factor esencial del desarrollo nacional.

http://www.edu.ar/


Se creará una comisión federal permanente de evaluación y

acreditación de instituciones de educación superior no universitaria,

para mejorar la calidad de la formación profesional.

Se reforzarán los vínculos de cooperación entre los distintos

niveles de Gobierno, la educación superior, y el sistema productivo.

• Desarrollo y financiamiento de proyectos de formación

técnico profesional, que articulen los avances y

demandas tecnológicas y del sector productivo con los

planes de formación.

• Capacitación, por parte de las instituciones, de

formación técnico profesional hacia las empresas

vinculadas al desarrollo productivo local ty regional.

8. Poner las capacidades educativas, científicas y

tecnológicas que representa el sistema universitario, al

servicio del desarrollo estratégico de la Nación.

• Articular el sistema universitario con el de ciencia y

técnica y con el sistema productivo, con la finalidad de

optimizar los recursos y posibilitar que la actividad

universitaria se traduzca en contribuciones concretas de

conocimiento al desarrollo nacional.

• Fortalecer el rol de consultor preferencial de las

universidades nacionales con el sector público nacional.

• Superar la atomización del sistema universitario, creando

mecanismos de articulación con el resto del sistema

educativo, las organizaciones sociales, las empresas y el

sector público.


• Orientar el otorgamiento de becas estudiantiles a fin de

favorecer el acceso, permanencia y egreso de los jóvenes.

• Mejorar los rendimientos del sistema universitario a

través de la optimización de los recursos disponibles, el

fortalecimiento de la carrera docente, la reformulación de

ciclos y planes de estudio, la promoción de la

cooperación internacional y el perfeccionamiento del

sistema de evaluación institucional y pedagógico.

• Revalorizar el conocimiento cultural, científico y

tecnológico promoviendo el sistema universitario como

editor de material bibliográfico, audiovisuales y software

con interés pedagógico cultural o científico.

• Implementar un sistema de acreditación y certificación

flexible, que permita la circulación, dentro del sistema de

educación superior, sin perder la rigurosidad en la

evaluación de la formación.

Política de Vivienda

Al desarrollar específicamente la Política de Vivienda tomamos como eje a la persona y a la familia. Desde la perspectiva de que se trata de una política económico-social que trasciende la clásica línea economicista -en la que la construcción de viviendas es solamente una herramienta necesaria para la reactivación económica,


que genera empleo y en la cual solamente se mide la producción-, la que nos ocupa contiene un enfoque integral que maneja conceptos y modelos que son más comprensivos del hombre en su conjunto.

Es por eso que esta Política de Vivienda genera la necesidad

de un estado que desempeñe los siguientes roles:

• Previsor: Para poder establecer una planificación

racional.

• Promotor: Que permita desarrollar la promoción social

y económica del hombre en su conjunto.

• Presencial: estando presente en todas las actividades.

• Protector: Desarrollando una fuerte sensibilidad hacia

todo lo que ocurre en su entorno.

La planificación y el desarrollo de esta política se realiza

teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos que consideramos

centrales:

Aspecto político-social

Al ser esta una clara política de inclusión social definimos con

claridad qué hacer en las dos etapas que contiene la ejecución de una

vivienda; período de construcción, y entrega de la vivienda al

adjudicatario.

En el período de construcción todo el esfuerzo debe centrarse

en la generación de la mayor cantidad de puestos de trabajo dignos

que sea posible, ya que el trabajo es el principal ordenador social.


En la otra etapa, la de la entrega, esta se debe realizar

estableciendo una focalización de la demanda, donde los programas

desarrollados den prioridad a las familias más vulnerables,

estableciendo criterios de equidad y de solidaridad.

Aspecto urbano

Las viviendas que se construyan deben generar un impacto

urbano positivo en las ciudades y pueblos y deben mejorar la calidad

de vida de los adjudicatarios. Es por esto que los prototipos de las

viviendas deben tener estándares mínimos adecuados a cada región

del país, y la planificación urbana que se realice debe contener las

redes de infraestructura, el equipamiento urbano necesario, y todas

las obras de urbanización que resulten necesarias con la finalidad de

elevar el perfil urbano de esas poblaciones, con el propósito de

elevar su calidad de vida.

Aspecto económico

En este sentido no tan solo debemos considerar a la

construcción de vivienda como un gran dinamizador de la economía,

por la gran cantidad de rubros que contiene, sino que resulta

necesario orientar toda la política de vivienda para que permita el

desarrollo integral de las distintas regiones, potenciando las

capacidades y el esfuerzo de los que se organicen en diferentes

formas para la construcción de la vivienda -organizaciones no

gubernamentales sin fines de lucro, cooperativas de trabajo, etc.-,

como así también a las pequeñas empresas, reduciendo el número de

viviendas de cada licitación. También debemos promover a todas las


pequeñas industrias para que desarrollen algunos componentes de

las viviendas, mediante la planificación estratégica y sustentable de

la inversión con incentivos concretos para el sector.

Acciones a realizar

Para mantener esta Política de Vivienda se deben concretar los

siguientes puntos:

1. Mantener la especificidad del fondo con destino a la

construcción de viviendas, lo que nos permitirá desarrollar

una planificación más racional.

2. Mantener la federalización del sistema, propiciando que cada

provincia continúe dictando sus normas, con el objetivo de

que se posibilite el fortalecimiento de las economías

regionales, el desarrollo humano potenciando sus capacidades,

y la creación de pequeñas empresas e industrias locales.

3. Robustecer y optimizar el sistema de recupero de las cuotas de

amortización de las viviendas, incorporando nuevos

mecanismos de financiamiento y gestión que generen una

cultura del arraigo, y también la solidaridad y la valorización

de su patrimonio.

4. Propiciar que las provincias incorporen en sus normas los

mecanismos necesarios que permitan la optimización del

sistema.

5. Impulsar las medidas que resulten necesarias, en el orden

nacional, provincial y local, tendientes a incorporar al sistema

alternativas de financiamiento, tanto públicas como privadas.


6. Estimular la unificación de todas las áreas que tengan que ver

en forma directa con la inversión en vivienda, uso del suelo y

desarrollo sustentable de las ciudades.

7. Establecer registro y monitoreo de toda la inversión pública

en vivienda, en todos los estratos sociales, para desarrollar

una planificación armoniosa de la inversión, estableciendo

una focalización de la demanda, priorizando la misma en

aquellos programas que den preferencia a las familias más

vulnerables, a la generación de mayor cantidad de empleo, y

que establezcan criterios de solidaridad y mitigación de la

pobreza.

8. Estructurar el financiamiento del sistema para que una vez

eliminado el déficit, el mismo tenga un desarrollo sustentable

en el tiempo. Estableciendo que la cantidad de viviendas que

se construyan anualmente sea compatible con la producción

industrial instalada de los insumos de la vivienda en ese

momento y con el crecimiento demográfico del país.

9. Establecer que la distribución de los fondos tenga criterios

compensatorios que permitan priorizar las regiones del país

con mayor nivel de pobreza y desempleo.

10. Propiciar que la inversión pública y privada en soluciones

habitacionales sea la necesaria para poder eliminar el déficit

habitacional estructural actual y proyectado, en dos planes

quinquenales.

Estas diez medidas posibilitarán poder cumplir con el objetivo

de permitir que todas las familias tengan acceso a una vivienda


digna y a la calidad de vida que merece, tal como establece nuestra

Constitución Nacional.

La gestión cultural

La crisis que se está viviendo, la más profunda de los últimos 100 años, no lo es solamente en lo económico, financiero, judicial y político; también es, fundamentalmente, una verdadera y dolorosa crisis cultural. No es solo el aspecto económico y la falta de futuro material lo que mueve a la juventud a dejar el país, sino una virtual sensación de no pertenencia, de no poder encontrar en nuestro territorio lo que deben reconocer como su especial lugar en el mundo. La mejor manera de abordar esta crisis terminal que nos castiga es recuperado nuestro sentido de pertenencia a este paisaje rico y diverso que forma el universo territorial y cultural de nuestra nacionalidad. De cara a la nueva alternativa que se nos presenta, como pueblo, debemos hacer de ese espacio cultural del Estado la verdadera y contundente herramienta de construcción de nuestro futuro.


Si el problema al que debemos enfrentarnos fuera únicamente

de origen económico, político o judicial, sólo tendría que

preocuparnos la dimensión del mismo para entonces lograr alcanzar

una solución a mediano o a largo plazo. Pero el verdadero nudo de

esta crisis terminal está en lo cultural, lo que nos lleva a asegurar

que, recuperando nuestros más sentidos y recónditos orgullos de ser,

con la mayor amplitud democrática y aprovechando al máximo el

generoso y amplio paisaje que nuestra cultura nos propone, podemos

lograrlo.

Hoy es más que necesario que el sector cultural del Estado se

comprometa con la promoción de las industrias culturales como una

eficaz herramienta de desarrollo económico, realizando los acuerdos

necesarios entre todos los integrantes, participando de un conjunto

de políticas tendientes a aumentar su producción. Con el mismo

objetivo se propone defender en los foros internacionales la

diversidad cultural y la participación justa de las industrias del sector

en los mercados internacionales, poniendo un especial énfasis en la

integración regional, Mercosur, y respetando las identidades locales.

Nuestro proyecto fomenta la preservación y la difusión del

patrimonio cultural argentino en todas sus formas, y el rescate del

pensamiento nacional a favor de la construcción de un proyecto de

nación que nos contenga a todos y nos proyecte hacia un destino

superior.

Industrias culturales


Es un hecho demostrado que las industrias culturales son un

motor del desarrollo económico para muchos países. En los Estados

Unidos y en la Unión Europea su aporte al PBI supera al de otros

sectores productivos.

Estas industrias también crean empleos de calidad, ya que en

cada una de las etapas de la cadena productiva de este sector se hace

difícil, cuando no imposible, reemplazar el trabajo por capital.

Además fortalece lazos sociales, y es un vehículo que permite

expresar los contenidos simbólicos de una comunidad.

Las industrias culturales inciden en los procesos de desarrollo

cultural o formativo, y en las relaciones de poder existentes en el

interior de cada sociedad o entre las naciones.

Políticas públicas

Asegurar una fuerte presencia de productos

de la industria cultural nacional en el mercado interno

Puede parecer una obviedad, pero no hay posibilidades de

desarrollar el intercambio internacional de bienes o servicios

culturales, si estos antes no tienen aceptación en el mercado interno

y no cubren una parte mayoritaria de este.

Para contribuir a aumentar el consumo, el Estado dispone de

herramientas que pueden incidir en cada una de las etapas de

producción, que van desde la creación hasta el consumo. La elección

de la intervención dependerá de los resultados de un diagnóstico

previo.


Realizar un diagnóstico sectorial de cada sector

de la industria, identificando fortalezas y debilidades específicas

El diagnóstico debería abarcar, y definir, toda la cadena

productiva que va desde la creación hasta el consumidor. Sería

fundamental contar con información sobre el grado de incidencia de

capitales extranjeros, y sobre la manera en la que estos influyen en

las decisiones de producción.

Los resultados de la información deben sostener la

presentación de normas que establezcan políticas para el desarrollo

de cada rama del sector.

Una clave para elaborar y/o reelaborar una normativa sobre

las industrias culturales es la compatibilización con las normas que

rigen en el Mercosur, de manera especial en Brasil.

Dimensión normativa de las políticas

públicas sobre las industrias culturales

1. Actualización de normas sobre derecho de autor y derechos

conexos.

2. Análisis y revisión de la legislación sobre inversiones

extranjeras en cada uno de los subsectores.

3. medidas de apoyo al desarrollo de las industrias culturales.

4. Medidas para promover la difusión de la producción nacional-

5. Medidas para estimular la creación.

6. Producción de contenidos culturales.


El Estado debe estimular la formación profesional de

técnicos y profesionales en cada rama del sector

La experiencia internacional en la materia indica que el

conocimiento sobre las técnicas de comercialización y sobre la

gestión deberían tratarse prioritariamente.

En cuanto a la formación artística, que puede considerarse

como una de las fortalezas existentes, deberá integrarse al sistema

productivo, relacionando a creadores y empresas, tanto públicas

como privadas.

Es necesario producir un encuentro fundacional entre el

sector público y el sector privado, para fijar objetivos comunes a

alcanzar sobre la base de una fuerte colaboración mutua

La aparición de foros sobre industrias culturales, que reúnen

sindicatos y asociaciones empresarias, es un hecho que debe ser

valorado. Ninguna política pública para desarrollar las industrias

culturales locales se podrá llevar adelante sin la participación de las

organizaciones que integran todos los sectores.

El Estado debería ser el promotor del encuentro que reúna a

los máximos referentes sectoriales para que, en base a los datos

obtenidos del diagnóstico, se comprometan a llevar a cabo las

acciones que correspondan a cada uno.


El crecimiento del comercio internacional de productos

de la industria cultural nacional debe verse como un objetivo

central de las políticas públicas

En este sentido, el Estado debe tomar posición respecto de los

establecido por la Organización Mundial de Comercio, OMC. Sea

cual fuere esta, es necesario asegurar la participación permanente en

las reuniones internacionales, ya sean multilaterales, regionales o

bilaterales, que tratan la cuestión.


Deporte y Turismo Social El deporte, articulado con la educación, la salud y la

seguridad, es uno de los pilares fundamentales en la tarea de

reconstrucción de nuestra sociedad. Se debe garantizar la

inclusión de los habitantes, y su permanencia, en la practica del

deporte, la actividad física y la recreación. Se elaborarán proyectos

y se pondrán en marcha programas que estimulen la participación

de los individuos. El turismo social por su parte debe garantizar el

acceso de los sectores socialmente vulnerables al derecho de

esparcimiento.

Jerarquización

• Invertir en un plan de infraestructura deportiva que, junto

a la optimización de la ya existente, permita que toda la

población tenga a su alcance instalaciones para practicar

deporte social recreativo y comunitario, y que los

deportistas dispongan de espacios adecuados para el

entrenamiento de medio y alto rendimiento.


• Complementar la legislación existente para conformar un

marco jurídico que contemple todos los aspectos del

desarrollo deportivo, profesional y aficionado.

El deporte como escuela de vida

• El deporte trae como inmediata consecuencia el ahorro

en gastos de salud, y también actúa como eficiente

contenedor de poblaciones en riesgo de adicciones y

delincuencia juvenil.

• Esta actividad actúa como motor del desarrollo de los

valores individuales, reforzando los compromisos

comunitarios y adquiriendo conductas eficientes y

efectivas.

El deporte, el turismo y el empleo

• A través del fomento de determinadas practicas

deportivas como por ejemplo carreras automovilísticas,

desarrollar actividades de promoción turística que

sirvan de nexo social y cultural.

• Es un generador de empleo, y también de riqueza, a

través de las múltiples transacciones económicas que

provoca.

Turismo Social

El Turismo social se debe instaurar como un derecho real del

trabajador argentino resolviendo sus necesidades recreativas y de

cambio de ambiente.


• Poner en marcha actividades recreativas como una

herramienta eficaz para la contención social y la

realización humana.

• Mejoramiento y nuevos servicios para el desarrollo

del turismo social con sentido federal. como por

Ejemplo Chapadmalal, Embalse y otros lugares. El

Estado actuará como garante del derecho de los que

menos tienen ampliando los servicios y los alcances

del turismo social.

Medio ambiente Desde hace mucho tiempo se sabe que entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no se da un juego de suma cero; que es bueno inclinarse por la prevención en lugar de hacerlo por la restauración, que contaminación es sinónimo de ineficacia, y que la regulación medioambiental no es opuesta para nada al crecimiento económico.

El desafío y la oportunidad que implica un nuevo gobierno es

inherente a todo recambio político democrático. El balance entre

potencialidades y restricciones suele servir para medir los riesgos de

la gobernabilidad. En este caso hay un elemento que minimiza el

riesgo, y es que el Gobierno no tendrá sobre sus espaldas, desde el

primer día, un lastre como el que supuso la convertibilidad. Sin

embargo, cuando los problemas llegan al punto de gravedad que

tiene hoy la Argentina en materia de su situación social, de tal

magnitud que gran parte de ese problema se ha transformado en

estructural, se supone que los cambios a realizar tendrán ese mismo


carácter. La lucha contra la pobreza es, además de principal

problema a afrontar, un gigantesco reto inserto en gran medida en la

agenda ambiental interna de la Argentina, en articulación con salud

y acción social, y resulta la máxima prioridad en ese campo.

Política ambiental Se debe apuntar a una gestión que en lo interno tenga como

lineamientos estratégicos actuar sobre el eje “ma-pobreza” para

atender los temas más urgentes, y al eje “ma-turismo” para impulsar

el desarrollo interno a través de la puesta en valor y el

aprovechamiento inteligente de los recursos del ambiente.

Se deben comenzar a desentrañar, y encontrarles un cauce

correcto, aquellas cuestiones de real incumbencia ambiental que han

derivado en conflictos jurisdiccionales o administrativos crónicos:

residuos industriales y peligrosos; contaminación petrolera; aguas

interprovinciales, y reparación institucional del rol de COFEMA.

Es importante que la autoridad ambiental comience a incidir

en aquellas materias que, sin ser de su órbita de competencia directa,

son decisiones demoradas en el país con relación a debates

ambientales claves, como la política integral en materia de

organismos genéticamente modificados, y conflictos potenciales por

el manejo de las aguas internacionales con Chile.

En el orden externo se debe fortalecer la alianza estratégica

con Brasil para apoyar una agenda común que potencie intereses

convergentes y que también sume los propios de cada nación que no


se opongan a aquellos. Asimismo es fundamental plantarse, con o

sin Brasil, ante los organismos de crédito, en la búsqueda de una

asistencia excepcional y específica. También se deben jerarquizar las

representaciones e imponer una presencia calificada en los foros

ambientales y en los convenios de regulación ambiental global;

enriquecer los contenidos y la representación nacional en los

organismos de regulación del comercio internacional -reunión clave

de la OMC en septiembre del 2002-, e impedir que los convenios

internacionales sobre sustancias contaminantes de efecto global

inhiban la transferencia tecnológica para la producción de sustancias

alternativas menos contaminantes a los países en desarrollo.

El Gobierno debe establecer una alianza con la gente para la

gestión de los principales conflictos ambientales cualquiera sea su

escala; desde un megaproyecto a una Pyme que contamina un barrio.

Esto de por sí implica participación y requiere no solo técnicos, sino

funcionarios en la calle. En segundo término deben estar los

mecanismos para que la sociedad civil participe y se involucre, de

manera especial en los sobreabundantes conflictos ambientales

crónicos, en el convencimiento de que el paso previo y fundamental

a estos procesos es que el Estado manifieste una voluntad real de

participar, informar e involucrar al ciudadano o a las organizaciones

sociales.

La cuestión federal Cualquier reforma institucional de la situación actual debe

apuntar a una refundación integral de la institucionalidad ambiental,

incluyendo la rejerarquización del rol de COFEMA, y a una

optimización de la relación nación-provincias. Como esta resulta

naturalmente potestad de las provincias, en la instancia de


conformación del nuevo gobierno sólo deberá apuntarse a una

primera etapa de esa reforma, que tendrá como objetivo, como ya se

ha dicho, dotar de poder a la autoridad ambiental nacional hacia

adentro del Poder Ejecutivo Nacional, y también en la relación con

la institucionalidad regulatoria internacional.

El trabajo y la producción como eje de desarrollo

económico y social


La cultura del trabajo

El cuadro actual es de alta gravedad, por lo que no hay que dudar en adoptar aquellas medidas que sean generadoras del cambio de rumbo y activadoras de recursos propios, humanos y económicos. Es por eso que las principales acciones serán aquellas que terminen con la especulación y el individualismo, para asegurar la producción y la cooperación, el esfuerzo propio y la solidaridad, la defensa de nuestro trabajo y del tejido productivo. Una acción conjunta para asegurar una cultura del trabajo.

Es imprescindible una acción conjunta de todos los resortes

del Estado que coordine los distintos aspectos de la política a partir

de un sistema de planificación que optimice y potencie el uso de los

recursos humanos y productivos de la Nación. La política fiscal, la

monetaria, la financiera, la de aduana, la educativa, la de ciencia y

técnica, la de infraestructura, la de comercio exterior, la de medio

ambiente, la de turismo, estarán en línea con estos principios que

aseguren una verdadera cultura del trabajo.

Es la producción la que marca cada una de las políticas de

Estado. La educación se orienta de acuerdo al modelo de país y su

perfil productivo, y las obras de infraestructura, los caminos, el

transporte, depende de las actividades productivas y de la generación

de riqueza y trabajo en cada región.


El propósito de mediano plazo será orientar la acción de

todos los agentes económicos con la finalidad de diseñar una

estructura productiva moderna y competitiva, ampliadora de

mercados, y que también posibilite un armónico desarrollo regional,

fomente la capacitación, impulse el desarrollo científico y

tecnológico, asegure el estricto cumplimiento de las normas sobre

calidad y sea sustentable en lo ambiental.

El desarrollo debe hacerse sobre nuestras máximas

capacidades, como la industria agroalimentaria, el turismo y la

cultura. Y no como proyectos separados sino como valores

integrados de una misma cadena interna y externa. Tenemos que

volver a construir el ser nacional, a refundar la patria y decirle a

todos los hombres y mujeres del mundo que hay una Argentina que

renace. Somos la generación que volverá a poner de pie a la

Argentina construyendo un país equilibrado con lugar para todos los

argentinos.

Se puede hacer una Argentina distinta. Tenemos que tener

coraje, recuperar la fuerza sanmartiniana, el concepto de país de la

solidaridad y de la justicia de Perón y de Eva Perón. Tenemos que

recuperar la fuerza moral y volver a poner sobre el tapete las

convicciones y las ideas.

Este será el gobierno de la planificación, de la producción

nacional y el de pleno empleo. Así podremos sacar al pueblo

argentino del actual estado de aislamiento productivo, social,

institucional y político.


Políticas laborales

La profunda crisis que agobia al mundo del trabajo y del empleo, no es sino la consecuencias directa de un modelo económico aplicado en nuestro país desde mediados de la década del 70 y que fue profundizado durante los años ’90. En ese modelo se registra la causa del deterioro del salario real, la insuficiencia de las rentas del trabajo, la desocupación generalizada y la precarización laboral. Conocemos la estrecha relación entre la falta de trabajo y la exclusión. Sabemos que el desempleo es marginación y pobreza, pero esto es algo inadmisible en una sociedad con base en la justicia y en la igualdad. Y es por esto que reivindicamos al trabajo como mecanismo básico de inclusión social y de la dignificación del hombre.

Para lograr estos objetivos proponemos recuperar la moral del

trabajo como reconstructor del orden social, apuntando a incorporar

al desocupado al campo productivo mediante la generación de

empleo digno y estable. Los planes sociales serán mantenidos para

solucionar la emergencia coyuntural, pero serán reemplazados lo

antes posible por trabajo y producción.

Promoveremos la inversión pública y privada para lograr un

fuerte e inmediato aumento en los niveles de empleo, con eje en la

construcción de viviendas y la concreción de obras públicas que

potencien el desarrollo integrado del país.


Se asignarán, en este sentido, políticas diferenciadas para

pequeñas y medianas empresas nacionales que generen, en forma

efectiva y verificable, nuevos empleos. También se les dará

preferencia a los proyectos con alta incidencia ocupacional en la

programación de la inversión pública, ponderando positivamente la

cantidad de puestos de trabajo a crearse. Idéntico criterio se habrá de

aplicar en los procesos licitatorios de obras y servicios públicos.

Resolveremos la crisis del empleo mediante la aplicación de

un plan económico con base neokeynesiana, sin déficit fiscal e

integrado con políticas activas que recuperen la centralidad de las

cuestiones laborales.

Descreemos de la lógica del mercado como único mecanismo

en la asignación y distribución de recursos en el mundo del trabajo.

La regla del juego libre entre el capital y el trabajo tiene elementos

positivos siempre que las partes se encuentren en condiciones de

igualdad, ya que de no ser así se provocan situaciones de injusticia y

se lesiona la cohesión social.

No promovemos un Estado que suplante el libre juego de los

actores sociales, sino un Estado garante de la solidaridad y que

sintetice la defensa del interés general. Vemos el estado como el

instrumento de transformación de las relaciones de fuerza en

relaciones de derecho.

Tampoco pensamos al Estado como la antípoda del mercado.

Hoy ambos deben complementarse en el mundo del trabajo,

superando la acción pendular de haber pasado de un Estado

omnipresente y distorsionado a un Estado que se auto excluyó en

beneficio de los sectores más concentrados.


Las reformas aplicadas en nuestro sistema laboral con el

pretexto de combatir el desempleo y mejorar la competitividad, se

tradujeron en mayor desempleo, precariedad, y trabajo en negro. En

este sentido advertimos que no se trata de aplicar

indiscriminadamente la máxima flexibilidad en el mercado laboral,

sino de implementar una modernización cuidadosamente analizada

de las instituciones y regulaciones que afectan al mercado laboral.

El progresivo retiro del estado, en consonancia con las

políticas neoliberales, se expresó también en el campo laboral al

desertar este de su función de contrapeso entre los interlocutores

sociales, olvidando que no hay mayor injusticia que tratar como

iguales a los desiguales.

El deterioro de la situación laboral que caracteriza a la

Argentina no solo se expresó en los elevados niveles de

desocupación abierta, sino también en el detrimento que se causó en

las condiciones laborales.

Por ello es necesario convocar al acuerdo a los sectores de la

producción y el trabajo, sobre nuevas y actualizadas formas de

regulación que alienten la producción, fomenten el empleo digno, y

que acompañen las transformaciones técnicas y económicas

operadas en el mundo del trabaja actual. En este sentido alentaremos

los consensos y fomentaremos la negociación y el diálogo en todos

sus niveles.

Sintetizando podemos afirmar que frente al drama social y

ocupacional que exhibe nuestro país no nos detendremos en los

diagnósticos por todos conocidos y padecidos. Está claro y decidido

que venimos para combatir el desempleo, la exclusión, y la pobreza.

Estamos convencidos de que no puede haber gobernabilidad


democrática sin la recuperación de la integración y la movilidad

social que caracterizó a la Argentina.

Partimos de los lineamientos generales orientados al

desarrollo productivo y a la generación de empleo genuino. Hemos

rescatado como motores de la reactivación a la inversión pública, el

apoyo a las Pymes -especialmente las pequeñas y medianas

empresas orientadas a la sustitución de importaciones-, a la

exportación, el estímulo al consumo y al mercado interno, por

señalar aquellas políticas de mayor incidencia directa sobre el

empleo.

Coherentes con nuestra trayectoria y compromiso,

rechazamos las soluciones basadas en reformas laborales dirigidas a

debilitar a los actores sociales, así como las propuestas

irresponsables que sugieren la creación mágica de millones de

“supuestos puestos de trabajo”.

Es por todo eso que apostamos a un cambio de orientación

dirigida a:

1. Comenzar un proceso de redistribución del ingreso que, más

allá de las políticas fiscales, sociales, sanitarias y educativas,

se dirija a una mejora de los salarios con plena participación

de los actores sociales en los niveles macro, de actividad y

de empresa, a través de consensos colectivos. Para la

recomposición del salario real, y dentro de un acuerdo social,

el Estado aportará una rebaja del Impuesto a las Ganancias

para el fomento del empleo y la mejora de los ingresos. Se

abrirá la negociación de los convenios colectivos de trabajo

por rama y empresa. En ellos se discutirá no solo el nivel


salarial, sino también las condiciones de inversión física y de

capital humano, y su vínculo con la productividad.

2. Desarrollar políticas activas de empleo, que acompañen el

proceso de reactivación, y orientadas a: a) programas de

empleo público dirigido a producir obras o servicios de

infraestructura en pequeña escala con rentabilidad social; b)

promoción del empleo en el sector privado, alentando la

preservación y generación de empleo en empresas con

posibilidades, y c) mecanismos de consenso tripartito locales

para el desarrollo de la producción y el empleo en

determinadas regiones.

3. Recuperar el rol del Estado como garante y equilibrador en

las relaciones de trabajo, especialmente en el combate a la

evasión y al empleo no registrado, adoptando claras

decisiones políticas en materia de inspección del trabajo,

prevención del fraude laboral y cumplimiento de las normas

convencionales y legales.

4. Fomentar políticas públicas destinadas a ampliar la

protección social de las nuevas formas de trabajo,

propiciando regulaciones inclusivas de los miles de

trabajadores de la economía social, de las microempresas, de

empresas recuperadas, de las auténticas cooperativas y de

todas aquellas relaciones atípicas, hoy desamparadas o

marginales, que impliquen un paso de la economía informal

a la formal.

5. Estimular un cambio de la cultura de empresas como

“proyecto común” o “comunidad de intereses”, para mejorar

la eficiencia de las empresas y el aumento de la seguridad en


el trabajo, reflejando una relación equilibrada entre

inversión, productividad y justas condiciones de trabajo.

Esto implica entender que las empresas, para ser

competitivas, también deben estimular el trabajo genuino,

compartir los aumentos de productividad, propiciar algún

grado de participación y asumir compromisos de seguridad

laboral.

6. Promocionar el diálogo social, rescatando y fortaleciendo la

representatividad de los protagonistas tradicionales,

reconociendo la emergencia de nuevos actores y la necesidad

de un renovado compromiso para el diseño estratégico de un

modelo de desarrollo socio productivo.

7. Establecer un Sistema de seguridad Social que sea universal,

solidario, plural, equitativo y sustentable. Deberá ser

formulado técnicamente, y tendrá que contar con el consenso

de los actores sociales y políticos tal lo previsto en la Red

Federal de Políticas Sociales Integrales.

Lineamientos de las políticas laborales

• Fomento de la negociación colectiva articulada a través de un

diálogo tripartito que permita organizar, en forma descendente,

una nueva estructura de esta fundamental institución, superando

un debate paralizante y dando respuesta a las exigencias de

equilibrio, justicia y eficiencia que el actual contexto socio

productivo nos exige.

• Consenso estratégico en materia de jornada laboral, a fin de que

este aspecto sea eficazmente regulado, atendiendo a la generación


de empleo, la protección psicofísica del trabajador, y las nuevas

demandas y posibilidades de la organización del trabajo.

• Estímulo de nuevos mecanismos de solución de conflictos

laborales, estimulando la prevención y la preservación de la

relación de trabajo.

• Protección del crédito laboral para evitar la repetición del actual

estado de indefensión de los trabajadores frente a concursos,

quiebras o simulaciones diversas, teniendo en la mira la

preservación de las fuentes de trabajo siempre y cuando las

condiciones de mercado y de competencia así lo sugieran.

• Delimitación de la tercerización de servicios y la subcontratación,

con el objeto de reconocer las nuevas realidades productivas, y

combatir eficazmente el uso de estas figuras comerciales como

mecanismos de elusión de las responsabilidades empresarias.

• Reformulación del seguro de desempleo, ampliando la base de

protección y favoreciendo a los sectores más críticos. Esto

implica adaptar el seguro por desempleo a la nueva realidad

sociolaboral, extendiendo el campo de sus eventuales

beneficiarios, favorecer la conformación de emprendimientos

productivos mediante la promoción del pago único, y asistir a los

desempleados para la adquisición de nuevas habilidades.

• Creación del Sistema Nacional Tripartito de Formación

Profesional. Generando un marco de cooperación institucional

con el Ministerio de Educación y los actores sociales

involucrados de acuerdo a lo previsto en “La Red Federal de

Políticas Sociales Integrales” y en la Propuesta de “ Educación

con Justicia Social”(puntos 6 y7).


• Conformación del Observatorio Nacional del Empleo, con

integración tripartita, con el objeto de comprometer a los

protagonistas sociales al monitoreo del mercado de trabajo en

tiempo real, la elaboración de políticas y programas con impacto

directo en la ocupación y la intermediación laboral.

• Propiciar el ordenamiento de nuestra dispersa legislación laboral,

para así facilitar el verdadero conocimiento por quienes son sus

principales destinatarios. Para esto se convocará a los más

calificados especialistas en la materia y se efectuará una

promoción extensiva de los textos resultantes.

Educación, trabajo, tecnología y producción constituyen los

factores que interactúan para determinar el desempeño económico y

social de los países que están en una etapa como la actual de la

Argentina, en la que están en plena transformación los paradigmas

básicos.

A estos cuatro factores no se los concibe en una secuencia de

causalidad, sino en una activa interrelación, en la que cada uno de

ellos constituye insumo y producto, condicionante y estímulo, causa

y consecuencia de los restantes, en un horizonte temporal que no se

agota en el presente sino que debe extenderse en la determinación de

sus efectos en el tiempo. Estos conceptos, de aplicación al conjunto

del país, plantean exigencias específicas para responder a la

heterogénea situación de cada una de las provincias e, incluso, de las

regiones que las integran, particularmente si el objetivo que se

persigue es la construcción de un país equilibrado económica, social

y políticamente.


Políticas para

el desarrollo regional

La política para el desarrollo regional es una política de corrección de desigualdades. Es la construcción de una nación integrada, más igualitaria y más justa para todos sus habitantes, superando la fragmentación y la exclusión social.

En nuestro país se produjo un profundo proceso de reformas

que dio lugar a un desigual desarrollo territorial, tanto económico

como social, que amplió en consecuencia las diferencias regionales

en los indicadores de bienestar de la población, las condiciones de

vida y las perspectivas y oportunidades económicas futuras,

profundizando de esta manera las desigualdades provinciales ya

existentes.

Existe hoy en nuestra sociedad una permanente y justa

demanda por puestos de trabajo. Las condiciones generales hacen

difícil satisfacer este requerimiento, y las soluciones se limitan a

planes asistencias que son insuficientes y de muy difícil control.

Existen componentes regionales específicos en el problema del

desempleo, ya que este, en cada zona, está determinado por los

factores que afectan a todo el país, pero también por otros que son

propios de la región. A esto se debe agregar que las provincias están

con nula capacidad propia para corregir las diferencias generando

desarrollo. Esto se debe a su carencia de ingresos superavitarios, a


las políticas de ajuste por déficit fiscal, y también por sus altos

endeudamientos.

Por consiguiente, estas son las ideas fuerza a aplicar:

• La política de desarrollo regional es una política de

corrección de desigualdades. Es la construcción de una

nación integrada, más igualitaria y más justa,

superando la fragmentación y la exclusión social.

• Afirmamos la vigencia de un país federal. La política

de desarrollo regional tiene base en las autonomías

provinciales.

• El desarrollo regional no es posible por el libre juego

del mercado. Por lo tanto será una política de Estado.

• El crecimiento de las zonas marginadas también

mejora los grandes centros productivos.

• Ello implica una planificación de conjunto con las vías

de comunicación, energía, servicios, educación y

comercio integradas al desarrollo productivo,

agropecuario, turístico e industrial.

• Se promoverá un régimen de incentivos para lograr

inversiones en dichas zonas que no disminuyan la

recaudación actual, y que permita a futuro sanear las

deudas provinciales. También se instrumentarán

créditos para el saneamiento y la gestación de nuevos

micro y pequeños emprendimientos.

• Los centros locales y regionales de desarrollo serán el

núcleo de descentralización de cada una de las


acciones, que así lo requieran, del ámbito nacional,

provincial y municipal, reuniendo a todos los actores

involucrados para la generación productiva y de

empleo.

En definitiva se trata de aumentar la producción, general

empleo, radicar población, reducir la pobreza, mejorar nuestra

perspectiva de defensa y hacer más viables las economías y finanzas

provinciales con más recursos disponibles para las áreas sociales y

de infraestructura.

Los ejes de gestión, desde el Estado nacional, que aparecen

como necesarios, son:

• Lograr un territorio integrado más competitivo y más

atractivo.

• Propiciar una organización territorial más equilibrada y

más solidaria.

• Promover a las regiones con mayores dificultades.

Para lograr esto se propone un plan de desarrollo regional e

integración territorial. Debe contener planes para alentar inversiones

y sanear las finanzas provinciales, y créditos blandos que favorezcan

las perspectivas de las micro y pequeñas empresas, aprovechando la

diversidad regional, mejorando la competitividad, promoviendo la

conservación del patrimonio natural y cultural, consolidando la

cohesión económica y social, y propiciando las iniciativas locales

sin dejar de lado lo referente a la infraestructura en sus múltiples


aspectos; energéticos, vías de comunicación y transporte, vivienda,

medio ambiente, etc.

Para lograr esto habrá que combinar crecimiento y desarrollo

con equilibrio y protección, en un plan que requiere un trabajo

conjunto de la Nación y las provincias, y la coordinación de ambos

niveles de políticas sectoriales.

Atender lo urgente no debe impedir hacer lo importante:

adoptar las soluciones duraderas planificando el futuro y

modificando los aspectos estructurales que impiden el desarrollo.

Este aspecto, el desarrollo regional, no es posible por el libre

juego del mercado, y por lo tanto debe ser una política de Estado, de

un Estado presente que combine la concepción de nación

sudamericana con las iniciativas y la actuación local.

Ideas básicas para

una política industrial Debido a los altos niveles de endeudamiento, desocupación, subocupación y pobreza que afectan a la


economía nacional, es fundamental el impulso de una agresiva política industrial, por ser esta la actividad más dinámica para gene rar riqueza genuina, elevar la productividad global, mejorar la recaudación fiscal y, por lo tanto, crear de manera acelerada puestos productivos de trabajo mediante la elaboración de mercancías y la prestación de servicios. Pero la tareas que nos planteamos como objetivo solo podrá encararse si se la ubica en el marco de una problemática mucho mayor, que abarca no solo asuntos económicos sino también políticos, sociales y culturales. Será necesario un gran esfuerzo de concertación que ponga el interés común por encima del interés propio o corporativo.

La reindustrialización, factor clave de esta propuesta, se

iniciará produciendo lo que al país le conviene por tener ventajas

comparativas y/o competitivas, por fomentar la formación de

cadenas de valor y por favorecer la expansión del complejo agro-

industrial. Se reconstruirá el tejido manufacturero mediante la

eliminación de las “deseconomías externas” que hoy traban la

producción nacional. Con este objetivo se implementarán “políticas

de entorno” orientadas a generar regiones productivas, a lo largo del

país, en las que se integren redes de industrias que sumen a cada

materia prima característica del lugar el mayor valor agregado

posible, asistidas por empresas de servicios y, en su conjunto,

complementándose en formas asociativas con universidades, centros

de investigación nacionales y provinciales, aplicados a la a la zona

de referencia.

Las siguientes son las ideas básica para la política industrial:


• Se aplicará una política industrial que tendrá por

cometido principal reconstituir el tejido productivo

doméstico, mediante la elevación de la

productividad global, para crear puestos

productivos de trabajo, a través de la elaboración de

bienes y de la prestación de servicios.

• La reindustrialización se instrumentará mediante un

ordenado proceso de sustitución de importaciones,

que tendrá al mercado interno como demanda de

base para impulsar, a partir de él, una agresiva

estrategia exportadora.

• A los fines anteriores se fortalecerán los organismos

de administración y control de comercio exterior.

• Los incentivos fiscales que se establezcan tendrán

por objeto la formación de capital.

• Se fomentará la pequeña, mediana y microempresa,

mediante el acceso a un financiamiento

competitivo, y la promoción de formas asociativas.

• Se aumentarán los recursos destinados a ciencia y

tecnología, promoviendo una íntima relación entre

la industria y los organismos de investigación.

• La calidad será política de Estado.

• El Plan de Producción se encuadrará dentro de un

proyecto nacional que planifique la aplicación de

las herramientas crediticias, logísticas, de

infraestructura y de apoyo tecnológico. Además,

será sustentable desde el punto de vista ambiental.


Las acciones de fomento para alcanzar los objetivos se

basarán en la instrumentación de políticas activas, la fijación de

aranceles, el tratamiento del tipo de cambio, la promoción de las

exportaciones y, básicamente, en el apoyo a las pequeñas y

medianas industrias.

Políticas activas: Estas políticas deben estar dirigidas a la

eliminación de las deseconomías externas que le restan

competitividad a la producción local. La mecánica se basará en

sistemas de costo fiscal neutro en el corto plazo, como

“amortizaciones aceleradas” para inversiones, y “desgravaciones”

para quienes usen bienes de capital de producción nacional y

quienes aporten capitales genuinos así como el sistema de

capitalización de loas deudas provinciales.

Calidad: La calidad de la producción argentina será política

de Estado. Se procederá a la estandarización de normas de manera

que las nacionales sean compatibles con las utilizadas en los

mercados exteriores, y a su vez se facilitará el acceso a la

información actualizada de las normas nacionales e internacionales

en vigencia, para que nuestra industria tenga una rápida respuesta

ante clientes de diversa procedencia.

Capacitación: Se apoyará enfáticamente a la industria en su

gestión de capacitación, ya sea desde el punto de vista financiero

como desde el educativo. Argentina debe crear una nueva

generación de profesionales en Recursos Humanos, aptos para


instalar una nueva conducta laboral y un nuevo concepto de las

relaciones en el trabajo, tendientes a un mayor respeto por las

personas y a ver la responsabilidad y el compromiso como valores

básicos del ámbito productivo.

El desarrollo de la agroindustria: A este punto se le dará

toda la fuerza necesaria. La agricultura, la ganadería y todas las

especialidades dentro de la actividad primaria, necesitan máquinas,

tecnología, innovación, desarrollo e inventiva, lo que se logra si hay

una acción ininterrumpida de las investigaciones sobre las

posibilidades de los productos primarios, y en el desarrollo de las

manufacturas, tanto las vinculadas al campo como las que prestan

servicios. La biotecnología y el desarrollo de semillas híbridas serán

considerados temas estratégicos para el desarrollo y la

independencia del sector.

Ciencia y Tecnología

Desde siempre la Argentina ha demostrado que su capacidad para los avances científicos y tecnológicos está a la altura de los países más desarrollados del mundo, a pesar del escaso presupuesto que siempre se ha destinado a esta actividad. Es nuestro objetivo revertir la situación actual, no solo con un aumento en el presupuesto, sino con un firme propósito para que la ciencia y la tecnología se integren al proceso de la


producción. Una modificación de los contenidos científicos y tecnológicos en los que se basa la organización productiva constituye una verdadera revolución, y también forma parte, promueve y condiciona profundas repercusiones en las dimensiones económicas, sociales, culturales y educativas. La educación, el trabajo, la tecnología y la producción, constituyen en nuestra propuesta los factores que interactuarán para determinar el desempeño económico y social en una etapa como la actual.

Si bien la importancia de la ciencia y el desarrollo

tecnológico se asocian normalmente con los países industrializados,

es imperioso asumir que la ciencia y la tecnología tienen una función

primordial que cumplir en países como la Argentina en busca de una

mayor autodeterminación y de la solución de sus problemas

particulares.

La tecnología constituye un conjunto de conocimientos

directamente aptos para la producción, y tal conjunto tecnológico

puede provenir de fundamentos empíricos de actividades de

producción, o bien de la actividad de investigación y desarrollo del

sistema científico-tecnológico propiamente dicho.

Para asumir las proposiciones que este plan formula más

adelante, es esencial señalar que la tecnología constituye, hasta

cierto punto, una forma especial de “mercadería”. Siendo inmaterial,

es acumulable, entra como un recurso en la producción, es

susceptible de todas las transacciones económicas corrientes

(compra, venta, importación, exportación, etc.), y representa un

verdadero patrimonio. Así pues, está sujeta a posibilidades de


sustitución, a caer en obsolescencia y a otros factores que afectan los

bienes corrientes.

Internacionalización del conocimiento Pese a que es necesario compensar el costo de la producción

del nuevo conocimiento tecnológico, y retribuir el esfuerzo que ha

demandado originarlo, resulta una realidad concreta que el mundo

en desarrollo requiere que ese conocimiento sea compartido. Esta

exigencia contribuirá al logro de una comunidad internacional, en la

que cada país debe asumir la mejor disposición para dar su aporte al

bienestar de los demás. Preservando su autonomía y su capacidad de

gestión.

Dependencia tecnológica Ciertos sectores de nuestra economía han dependido, y aún

dependen, de la importación de tecnología extranjera. Eliminar

totalmente la importación de tecnología no es un paso próximo a

lograr, pero la misma debe ser reducida a lo estrictamente

imprescindible.

La sociedad que anhelamos para el futuro debe comprender

que el problema científico-tecnológico es uno de los fundamentos

esenciales para el desarrollo de un país independiente. Sin una base

propia y suficiente en esa materia, este anhelo se hace imposible. El

mundo es, en este tema, cada vez más independiente, y nuestro

potencial actual ya tiene la capacidad crítica necesaria para

permitirnos una política nacional inteligente que concentre todo ese

potencial, lo trabaje con programas efectivos y unidad de criterios, y

opere recíprocamente con todos los centros del mundo.


Debe generalizarse la idea de que la dependencia tecnológica

es más difícil de revertir que la dependencia comercial o financiera.

En la primera de estas rápidamente pueden modificarse estructuras,

y en la segunda lograrse cambios. Pero lo científico-tecnológico

requiere una larga sedimentación, que exige la acción decantadora

del tiempo y sólo rinde frutos reales cuando alcanza cierto nivel de

costo y un aceptable grado de perfectibilidad.

Es importante saber que, en materia de ciencia y tecnología,

debe trabajarse para el presente y el futuro al mismo tiempo. Esta es

una clara orientación que los gobiernos deben tener en cuenta para

establecer reglas de juego precisas en el proceso de incorporación de

tecnología y de capital extranjeros, así como para el comportamiento

de los sectores productores y usuarios de tecnología a nivel nacional.

Como el ritmo de crecimiento depende del ritmo de aplicación

de la tecnología en función productiva, en la medida en que se

quiera un crecimiento suficiente del producto será también necesario

llegar a, por lo menos, cierto nivel de desarrollo tecnológico propio.

La cuestión es fundamental, pues no puede existir desproporción

alguna entre el nivel de suficiencia científico-tecnológica y el de los

recursos que se vuelquen en su desarrollo.

Elección de objetivos El campo científico-tecnológico debe tener un nivel de

conocimiento suficiente como para poder ser razonablemente

autónomo. Ningún país puede aspirar hoy a una total autarquía, y el

nuestro no puede cubrir hoy, con igual eficiencia, todas las

necesidades de este sector.


Es vital entonces que las decisiones sobre el desarrollo de

nuevos conocimientos, y particularmente los que se incorporen a

nuevas inversiones, queden en manos nacionales, que sean

gobernables por el país. Debe haber, en consecuencia, un poder

nacional de decisión para conducir lo científico-tecnológico que nos

interese. El objetivo no es hacer la acumulación de conocimientos,

sino tratar de identificar al conocimiento científico-tecnológico que

es indispensable para el modelo de país que proponemos.

Consideramos que este campo debe aportar conocimientos

para poder dominar los siguientes aspectos:

• Desarrollar una adecuada capacidad que permita

disponer del suficiente poder nacional de decisión, ya

que cada sector de conocimiento contribuye a

fortalecerlo.

• Tener disponible, en el momento preciso, la tecnología

adecuada para lograr los mejores resultados en cada una

de las actividades económicas y exportar tecnología con

el máximo grado de complejidad posible.

• Sustituir progresivamente la importación de tecnología,

realizándola aquí a niveles adecuadamente económicos.

• Establecer los sectores de conocimientos necesarios

para que sean asumidos por el país, a fin de estar en

condiciones de adoptar las pautas que se ajusten a su

propia fisonomía.

Incentivación de la creatividad La sociedad que visualiza el presente plan debe asignar a este

campo la misma importancia que se asigna a los ámbitos ya


considerados. Se requiere la máxima incentivación del esfuerzo

creativo, desarrollando también criterios para la adaptación de

tecnología externa en la medida en que sea conveniente, pero sin

ubicar a nuestro país dentro de un simple modelo adaptativo.

Este modelo científico-tecnológico creativo debe elaborar

programas y proyectos integrados desde la concepción científica

hasta la aplicación final. A partir de allí será necesario establecer

adecuados controles de evaluación, de tales proyectos y desarrollos,

como así también de la eficiencia del sistema científico-tecnológico

en su totalidad.

El hombre de ciencia y el tecnológico Es importante establecer un adecuado sistema científico-

tecnológico, con centralización de conducción y descentralización

de ejecución. De esta manera se contribuirá a una verdadera

federalización, tanto de los recursos como de la toma de decisiones

en materia científico-tecnológica.

Una de las primeras tareas del sistema consiste en asegurar, a

los científicos y técnicos, confianza perdurable. Esta confianza

requiere cumplir, entre otros, los siguientes puntos:

• Respeto a la tarea del hombre de ciencia y del técnico.

• Una adecuada estabilidad.

• Reconocimiento social a su función.

• Un nivel de remuneraciones que retribuya dignamente

su consagración y su esfuerzo, y que cree las

condiciones que permitan su consagración plena a la

disciplina que cultiva.


• Adecuados medios de promoción, según valores

auténticos.

También hace falta, tanto desde el gobierno como desde el

empresariado, una clara toma de conciencia. Ambos sectores tienen

la responsabilidad, histórica y moral, de ocupar a todos los

científicos y técnicos del país. Esto no debe entenderse simplemente

como un paliativo del éxodo. En realidad, configura una grave

incoherencia social impulsar a nuestros hombres a desarrollar líneas

de especialización sin darles después la posibilidad de aplicar sus

aptitudes en forma socialmente útil.

El avance científico-tecnológico requiere una tarea planificada

e interdisciplinaria, como también la asignación de recursos

suficientes para poder alcanzar niveles óptimos de desarrollo.

Criterios de política y programación Dentro de este ámbito de organización, la política de ciencia y

tecnología tendrá que fundarse principalmente en las necesidades

reales del país, antes que en el estímulo de tipo indirecto. Así como

en lo económico se exige cierto nivel de empresa para que haya

eficiencia, también en el campo que nos ocupa se requiere un nivel

de trabajo para iguales fines, y la política de este campo debe

asegurarlo. Si nuestra sociedad científico-tecnológica es

suficientemente creativa, planteará demandas de recursos en mucha

mayor magnitud de la que el país requiere.

Si falta creatividad nunca se generará la demanda suficiente

de ciencia y de tecnología como para impulsar el desarrollo

nacional. La creatividad, y particularmente su incentivación, están


en la base de la política que en este sector deseamos para nuestro

país.

Es imprescindible establecer los medios adecuados para la

formación profunda del científico y del técnico, ya sea bajo

avanzadas formas de postgrado, a través de institutos especializados,

o estrechando vínculos adecuados con el exterior.

Este plan propone la recíproca cooperación internacional, que

es sin dudas imprescindible. En el futuro será necesario arbitrar

todos los recursos a nuestro alcance para establecer una clara

política internacional. Habrá que desarrollar así un conjunto de

acuerdos con todos los países con los que podamos emprender

esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo, pero siempre

procurando trabajar al ritmo del más rápido.

Propuestas a adoptar en el corto y mediano plazo

• Los sectores de la producción, las instituciones

financieras, y la capacidad de los centros de

investigación y desarrollo tecnológico, serán los

principales protagonistas del crecimiento económico de

la Argentina.

• Es por esto que los principales esfuerzos del organismo

responsable de las políticas públicas de este sector

estarán dirigidos a fortalecer la presencia del sistema y

de sus integrantes en el desarrollo del país. La

articulación entre los tres sectores (producción,


finanzas, y ciencia y tecnología) será una actividad

privilegiada en la gestión pública.

• La Ley del Sistema de Ciencia y Tecnología,

sancionada en el 2001, será una herramienta apropiada

para reordenar las funciones que deben cumplir cada

una de las instituciones del sector; universidades,

CONICET, organismos de la administración central,

autoridades provinciales, COFECYT, etc.

• El Plan Plurianual de Ciencia y Tecnología, establecido

por la ley recién citada, será el eje sobre el cual se

ordenarán las acciones del sector. Más que un

documento donde simplemente se identifican

prioridades temáticas y geográficas, ha de ser el plan

maestro que permitirá a toda la comunidad científica y

tecnológica encontrar su lugar en un marco de

previsibilidad.

• Tanto los recursos económicos y presupuestarios

disponibles en los sectores público y privado para la

promoción de la investigación básica y aplicada, como

la transferencia, el desarrollo de innovaciones y la

modernización tecnológica del aparato productivo y los

servicios, se aplicarán con sentido federal y atendiendo

a las prioridades establecidas en el Plan Plurianual.

• Se procurará incorporar, en el presupuesto de las

universidades nacionales, recursos destinados

especialmente a atender las acciones de transferencia de

conocimientos científico-tecnológicos hacia los


distintos sectores productivos y no productivos de la

comunidad.

• El organismo responsable de las políticas públicas de

este sector asegurará en forma prioritaria que el sistema

educativo genere los recursos humanos necesarios para

el mantenimiento del sistema de Ciencia y Tecnología.

• Se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para

disminuir la edad promedio del cuerpo de

investigadores, equilibrando la experiencia con la

imprescindible incorporación de científicos y

tecnólogos jóvenes.

• Se pondrán en marcha mecanismos de promoción de la

asociación entre grupos e investigadores de distintos

lugares del país, buscando un desarrollo del sistema

geográficamente equitativo y equilibrado.

• Se alcanzará el tan buscado objetivo de invertir,

anualmente, el 1% del PBI en el sector científico

tecnológico entre las acciones públicas y privadas.


Minería

La minería aún está en deuda con las pequeñas y medianas empresas y con las microempresas del sector. Primero esta franja empresarial estuvo impedida de exportar por los altos costos de producción, en dólares, como consecuencia de la convertibilidad y de la escasa tecnología incorporada a los procesos productivos. Posteriormente se vieron acorraladas por un mercado contraído y en contracción, sin sistema financiero y con escasas posibilidades de alcanzar mercados internacionales. Es por ello que será imprescindible establecer un marco jurídico y administrativo en el que el Estado nacional se convierta en promotor de la actividad privada, actuando como catalizador de los proyectos. La búsqueda de mercados internacionales para la colocación de productos PYMES, la creación de instrumentos financieros que les permitan alcanzar esos mercados, la interrelación de las producciones regionales -que posibilite ofrecer en conjunto volúmenes importantes de productos-, y la promoción de ellos en el extranjero, son actividades en las que el Estado no puede estar ausente.


Principales políticas a desarrollar

1. La minería como una política de Estado

En 1993, a partir de la firma del Acuerdo Federal Minero, se

sentaron las bases para el desarrollo de la minería en gran escala en

el país. Este acuerdo, como la legislación que diera lugar al auge del

sector, se realizó en un marco de absoluto consenso político, y la

totalidad de los gobernadores provinciales suscribieron el acuerdo.

El sostenimiento de los principales lineamientos trazados, y

del marco legal elaborado será una premisa de nuestro gobierno.

Digamos, a modo de claro ejemplo, que la provincia de Santa cruz

fue partícipe del desarrollo de la minería, y en su territorio se

encuentra el primer yacimiento de oro surgido a la luz del nuevo

marco legal. Es importante destacar que en esa provincia dichas

políticas fueron desarrolladas y sostenidas por más de quince años, y

fueron precursoras en lo que hace a la promoción de la actividad.

Nuestro pensamiento es, por definición, latinoamericanista,

por lo que el fortalecimiento de los lazos de las economías

regionales será tomado también como una política de Estado.

2. La gran minería, factor clave para el desarrollo regional

La gran minería se convirtió en un factor clave para el

desarrollo de numerosos sectores del territorio nacional. Podemos

citar el despegue que significó, para la provincia de Catamarca, el

asentamiento de Minera La Alumbrera, y la incidencia que tuvo en

las localidades de Andalgalá y Belén, extendiendo su influencia a las

provincias de Tucumán y Santa Fe; o el Salar del Hombre Muerto,

en esta provincia, o proyectos como Veladero y Pascua Lama en San

Juan. En Santa Cruz el asentamiento de Cerro Vanguardia introdujo


el progreso en las localidades de San Julián y Puerto Deseado, y Río

Turbio en la localidad del mismo nombre y en la vecina 28 de

Noviembre.

La visión con la que abordaremos esta temática parte de

entender que los emprendimientos mineros no deben funcionar

como enclaves aislados en el territorio nacional, consolidándose

como lugares de bienestar en un entorno de miseria. Los proyectos

deben integrarse económica, social y ambientalmente al entorno, y

deben estar dispuestos a tomar servicios e insumos de la región y a

desarrollar e impulsar aquellas potencialidades locales que pueden

satisfacer sus demandas. El Estado no debe estar ausente en este

desafío; debe tener una fuerte presencia impulsando programas

nacionales para la generación de proveedores del sector, que se

inicien con una actitud previsora con anterioridad al inicio de la

explotación.

Otro punto de mucha importancia es el aprovechamiento local

y regional de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los

proyectos, que en general se llevan adelante en regiones que

representan un desafío para los planes de desarrollo provinciales, y

que en muchos casos resultan, en términos económicos, muy

difíciles de concretar. El Estado debe manejarse con conceptos de

viabilidad económica, pero también social, llevando el desarrollo allí

donde no llega la actividad privada, y los empresarios deben estar

dispuestos a acordar la planificación de la infraestructura a

desarrollar en forma conjunta con el estado, de modo de contribuir a

la planificación pública estratégica.


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Fomicruz S.E. Desde Santa Cruz, una empresa testigo

En 1973 la provincia de Santa cruz comenzó a desarrollar

estudios de prospección y exploración de minerales metalíferos (oro,

plata, cobre, plomo y cinc). Los trabajos estuvieron a cargo de

geólogos de la Secretaría de Minería de la Nación y de personal de

la Dirección de Minas de la provincia. Así se crearon las áreas

mineras de Río Oro, Río Pinturas, Río Deseado y Cerro vanguardia.

En las primeras tres áreas de hallaron resultados de oro y plata, pero

fue en Cerro Vanguardia donde los geólogos Mario Zubia y Adolfo

Genini descubrieron sistema epitermal de edad Jurásica con

estructuras, vetas con importantes cantidades de oro y plata, y otros

minerales, pero estos en cantidades no comerciables.

Cuando Néstor Kirchner es elegido gobernador de la

provincia, en sus planes de gobierno planteó la reconversión

económica, la que contiene a la incipiente actividad minera, que a

partir de 1991 comienza a desarrollarse. La empresa Fomicruz S.E. –

que había sido creada en 1988-, acrecienta sus recursos, y a partir de

1992 se autofinancia. Es decir que no recibe aportes del estado


provincial y reinvierte en la actividad, aumentando sus tareas

prospectivas y exploratorias.

Cerro Vanguardia

Este yacimiento es un depósito vetiforme de oro y plata,

propiedad de Fomicruz S.E., con una concesión minera de

aproximadamente 514 kilómetros cuadrados, y es la principal mina

de metales preciosos, de larga vida útil, del país.

La inversión total en el proyecto Cerro Vanguardia asciende a

270 millones de dólares, y durante la construcción trabajaron 4200

personas, con un alcance mensual de 2400 personas.

Cerro Vanguardia S.A. está conformada por el Grupo

AngloGold, con un 92,5% y Fomicruz, con un 7,5%. La empresa

estatal tiene celebrado un contrato de usufructo del yacimiento,

recibiendo como prestación el 6,6% de los minerales extraídos una

vez refinados y libres de todo costo. Esto resulta, para la provincia

de Santa Cruz, un ingreso mensual de alrededor de 600.000 dólares.

El personal

Por la intervención de Fomicruz S.E., y la disposición de los

grupos privados, se capacitó personal de la provincia de Santa Cruz,

para lo que se tomaron egresados de las Escuelas Industriales

Provinciales. Tras un proceso de selección, y teniendo en cuenta los

puestos en los que se desempeñarían, fueron enviados a

perfeccionarse a los Estados Unidos, Brasil y Chile.


En la actualidad el 97% del personal ocupado es de Santa

Cruz. Siendo el objetivo actual que comiencen a ocupar puestos de

conducción, ya se dan casos a niveles gerenciales. Como ejemplo de

esto el nuevo gerente general del emprendimiento es argentino, con

lo que esta empresa de Santa Cruz ha logrado terminar con el mito

de que en la Argentina no hay trabajadores especializados en

minería ni profesionales para la conducción.

Fomicruz S.E. puede ser tomado como ejemplo en otras

latitudes del país, para la minería o para otras actividades,

logrando importantes beneficios regionales como una

articulación novedosa e inteligente entre el Estado y el

mercado.

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3. Las PYMEM como dinamizadoras del desarrollo local

Las Pequeñas y Medianas Empresas Mineras (PYMEM), con

excepciones de los escasos grandes emprendimientos que fueron

impulsados en su gran mayoría por el Estado, de manera directa o

indirecta, han sido tradicionalmente las que desarrollaron la

actividad minera en la Argentina. Se estima que en la actualidad la

mitad del empleo, y casi el 40% de la actividad de la producción,

proviene de las PYMEM.

Este sector, en la década pasada, fue golpeado fuertemente

por dos factores. Uno fue el régimen de convertibilidad de la

moneda, que imposibilitó desarrollar un fuerte perfil exportador, y el


otro fue la facilitación del ingreso de productos mineros importados

a bajos precios.

El apoyo a las PYMEM es un objetivo principal de nuestro

proyecto, basado en el convencimiento de que las mismas deben

convertirse en fuertes actores en la consolidación de capitales

nacionales, y dinamizadores de las economías locales y regionales.

4. La actualización del Código de Minería

El Código de Minería, es la legislación de fondo que rige la

actividad del sector. Aún mantiene estatutos que, a la luz de los

avances tecnológicos o de la modernización de otras legislaciones

nacionales o internacionales, carecen de sentido práctico y

obstaculizan la actividad. Es por esto que este Código de Minería

debe ser actualizado en forma integral. Esta reforma debe tener

como premisa atender las necesidades de todos los subsectores que

conforman la minería y los intereses estratégicos nacionales.

La reforma integral del código, tal como lo proponemos,

consiste en la actualización de aquellos institutos ineficientes, u

obsoletos para responder a las necesidades del sector, manteniendo

los pilares legales fundamentales que rigen en la actualidad.

En síntesis se propone la modernización de la legislación

existente con la finalidad de disponer de una normativa simple,

aplicable y moderna, que facilite su aplicación tanto al inversor

como a las autoridades, y que nos convierta en un país

sectorialmente competitivo en el contexto internacional.

5. El Estado como promotor de la actividad


En el marco de la modernización del Estado, que

necesariamente debe darse, entendemos que la función que deben

cumplir los organismos oficiales involucrados con la actividad debe

estar claramente orientada a la promoción. Para lograr ese objetivo

debe dotarse al sector gubernamental de una estructura ágil,

dinámica y descentralizada, que esté al servicio de una estrategia

nacional de integración regional.

La tarea a realizar depende exclusivamente de una decisión

política que parte de entender las necesidades de un país federal, con

características regionales dispares, donde el pensamiento de la

Nación como interior-puerto (periferia-centro) es hoy obsoleto.

6. La federalización en la toma de decisiones

El Consejo Federal, tal como nosotros lo concebimos, es el

entorno propicio y adecuado para la organización de un país federal.

Es el ambiente donde se pueden resolver, en un marco de discusión

racional, los dispares intereses provinciales y subsectoriales.

El fortalecimiento de los consejos federales es una premisa

básica de este proyecto a partir del convencimiento de que estos son

la máxima expresión del federalismo.

La transformación del Consejo Federal, de un consejo

consultivo a un consejo resolutivo donde el Estado nacional

conduzca y ejecute las políticas fijadas por el Consejo Federal

Minero, tal como funciona el Consejo Federal Pesquero o el de

Energía, es uno de los objetivos fundamentales a alcanzar.

7. El valor agregado en la producción minera


El sector minero, en líneas generales, no se ha salido del

esquema del modelo dominante donde el país es considerado

productor de materias primas. Si bien la minería avanzó mucho en

exploración y producción de minerales metalíferos, el producto final

exportable en general son concentrados que son enviados para su

refinación al exterior. Una excepción de esto lo constituye la

elaboración de Bullión Dore que se hace en la fundición de la

empresa Cerro vanguardia en la provincia de Santa cruz, o Farallón

Negro en Catamarca.

Sin embargo, y a pesar de la destrucción de la industria

nacional ocurrida en los últimos años, se abre una posibilidad para el

desarrollo de una industria asociada al sector minero. Por un lado la

actual paridad peso-dólar permite el desarrollo de una industria

competitiva en el panorama internacional. Por otra parte, el hecho de

que varios yacimientos de minerales metalíferos alcancen la etapa

productiva, permite pensar en alcanzar volúmenes importantes que

hagan factible la instalación de refinerías y de industrias

manufactureras asociadas.

8. Los mercados regionales

En consonancia con las políticas de promoción planteadas

para la industria PYMEM, la integración de las producciones locales

en uno o varios mercados regionales, que en algunos casos deben

funcionar como concentradores de la oferta nacional, es un objetivo

que no puede ser obviado.

La conclusión y puesta en funcionamiento del Sistema

Unificado de Información Minera y el fortalecimiento de las

relaciones, en materia minera, con los países del Mercosur, es una


estrategia que será aplicada en forma inmediata. El desarrollo de

bancos de datos y de facilidades para el acceso al crédito para

otorgar a las producciones un fuerte sesgo exportador, son objetivos

de corto plazo que requieren de una decisión política más que de

condiciones objetivas, del mercado de minerales, que en el presente

están dadas.

9. La minería social

La minería de pequeña escala, desarrollada especialmente en

forma artesanal y a través de microempresas, en general de carácter

unipersonal o familiar, es una rama de la actividad que no ha sido

debidamente explorada. En la provincia de Santa cruz, en el marco

del Programa de Minería Social, uno solo de estos emprendimientos

nuclea aproximadamente treinta personas. La inversión necesaria

por puesto de trabajo para la instalación de este tipo de

emprendimientos es sustancialmente baja, con un valor de

aproximadamente 1.200 pesos por puesto de trabajo.

El desarrollo de programas específicos integrales para este

subsector de la minería es una política central de nuestro proyecto, y

deben ser la contribución que puede hacerse desde el sector para

paliar la emergencia laboral que vive el país, y convertirse en

sustitutos de los subsidios de desempleo, principalmente en el área

de la construcción.

10. La integración minera con países limítrofes

Las repúblicas de Argentina y Chile, a partir de la resolución

de la problemática limítrofe, han avanzado en la consolidación de

acuerdos que le permitan la explotación de los yacimientos


minerales cuyas características geológicas, o ubicación geográfica,

hacen que sean viables sólo en el marco de políticas de integración y

facilitación fronteriza. En la actualidad se persigue la firma de un

tratado similar con Bolivia.

Nuestro proyecto, que ya definimos como latinoamericanista,

reconoce la necesidad de continuar avanzando en el sentido de la

integración minera con los países vecinos y de reconocer, sustentar e

impulsar, en el marco de una política de Estado, a todas aquellas

políticas que permitieron el desarrollo sectorial. El Tratado de

Integración y Complementación minera es considerado en ese

sentido, así como los avances que se han realizado con Bolivia.

11. Estimular la producción y proteger el ambiente. El

desarrollo sustentable de la actividad.

El proyecto político que presentamos se halla completamente

consustanciado con el paradigma del desarrollo sustentable:

crecimiento económico y preservación del ambiente.

Si bien la minería puede impactar fuertemente sobre el

ambiente, es también una actividad que manejada en forma racional

es motor impulsor de las economías regionales, y por ende

facilitadora de la movilización social allí donde no llegan los

beneficios de otras actividades.

Aún siendo la minería la única actividad productiva primaria

que posee una ley específica que la regula en materia ambiental,

creemos que en la Argentina es necesario desarrollar e impulsar los

instrumentos que, según la Comisión Bruntdlan, son necesarios para

alcanzar el verdadero desarrollo sustentable.


Sector energético El Sector energético que en la instancia anterior a la devaluación conformaba poco más del 6,1% del PBI nacional, pasará en el corto y mediano plazo a integrar aproximadamente el 15% del PBI con una participación en las exportaciones de casi 15%.


Todos sabemos que el precio de los hidrocarburos es formador de precios a nivel mundial y conjuntamente con el sector eléctrico dan condiciones de borde relevantes a las posibilidades de desarrollo y calidad de vida en nuestro país. Las magnitudes económicas en juego son relevantes, lo que hace imprescindible que el estado tenga una presencia activa promoviendo su desarrollo, alentando a que los mismos se desarrollen en un ámbito de preservación del medio ambiente, velando por la mayor eficiencia en la ecuación energética de su oferta buscando una sana distribución de los ingresos que produce, de manera tal que, los empresarios obtengan beneficios razonables, el sector colabore a que las otras actividades productivas dispongan de estos insumos a precios competitivos y el común de los habitantes de nuestro país puedan acceder a los mismos en calidades y precios justos.

En el corto plazo la propuesta es fijar, coordinadamente con

el sector productor de gas y con el generador de energía eléctrica, un

sendero de precios que, en el término de 12 a 18 meses, permita una

rentabilidad razonable, sin que necesariamente esto signifique un

incremento tarifario durante ese periodo a la totalidad o a una parte

de los usuarios residenciales.

Se federalizarán los hidrocarburos a partir del proyecto de Ley

de Hidrocarburos de la OFEPHI, más su actualización.

En el mediano y en el largo plazo se ejecutarán los

instrumentos y controles tendientes al cumplimiento de las pautas de

precios de los combustibles, al control y mejoramiento de su calidad,

y a la sustitución (impacto medioambiental), y de la evasión.

También se analizará el costo/beneficio que la expansión del

transporte en extra alta tensión se recaude como un costo adicional

en el MEM, y que tal recurso atienda, en partes predeterminadas, a

interconexiones de mercado y de desarrollo, entendiéndose estas


últimas como tendientes a la integración de todo el territorio

nacional.

En el sector de los combustibles se ejecutarán los

instrumentos necesarios que corrijan y den respuesta adecuada a los

siguientes temas:

• Alinear la presión impositiva al perfil de refinación de

los crudos nacionales de manera de no provocar

distorsiones en la demanda de combustibles.

• Explicitar los subsidios sectoriales que se asignan

indirectamente en el precio final del gasoil al agro y al

transporte de carga y de pasajeros.

• Integrar como combustible al LPG, determinando los

nichos de demanda doméstica que atenderá cada uno

de ellos (nafta, gasoil, GNC y GLP).

• Fijar un plazo adecuado de ordenamiento para no

provocar impactos económicos a los sectores.

• Creación de un fondo fiduciario que con fondos del

mismo sector financie la reconversión resultante, y una

vez ejecutada se devuelva a los usuarios el esfuerzo

realizado.

La carga impositiva en los combustibles tiene una magnitud

tal que define la tendencia de la demanda. El objetivo a perseguir

será encontrar la mejor solución económica, que dentro de un sano

equilibrio defina:


• Que el GLP se utilice en el transporte de pasajeros,

carga y aparato productivo del agro.

• El GNC en sustitución de combustibles líquidos en

circunstancias de uso vehicular intensivo.

• Indiferencia en el uso de gasoil o nafta en los restantes

usos vehiculares, con una leve ventaja del primero

equivalente a su mejor rendimiento térmico.

Esto último requiere de un acuerdo de todos los sectores

involucrados, y de un plazo razonable para el proceso de

transformación.

Sector agropecuario

El campo argentino tuvo dos grandes etapas. La primera de ellas se originó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el campo pasó a ser el eje del


crecimiento de nuestro país y lo llevó a posicionarse entre las principales naciones, trasformándose en el granero del mundo. En las décadas siguientes el crecimiento del sector se produjo más lentamente, y con períodos de estancamientos, hasta lo que podríamos denominar como una segunda gran revolución, que se inicia en la década del 80 y se consolida en los 90. Hoy la Argentina se encuentra en condiciones ideales de encarar la tercera etapa del sector, la revolución de la competitividad agroalimentaria y agroindustrial, que potencie el nacimiento de un capitalismo con decisión y con protagonistas nacionales Esa segunda etapa a la hemos hecho referencia se caracteriza

por su desarrollo tecnológico, el que no solo llevó a incrementar

fuertemente la productividad del sector, sino que además expandió

su horizonte productivo. Esta parte coincidió con la estabilidad

económica que logró el país, y que necesariamente incorporó la

eficiencia y la planificación como herramientas claves de la

producción.

Esto permitió entonces que, a pesar de la distorsión de precios

relativos que la convertibilidad significaba, el campo argentino

respondiera con cosechas récord.

Aquí aparece la gran contradicción del modelo imperante; por

un lado un sector más competitivo donde la concentración

económica fue la gran protagonista, y por otro miles de pequeños y

medianos productores de todo el país, empobrecidos y saliendo del

sector como nunca antes había ocurrido.

Esta situación fue más dramática en las economías regionales

y en los pequeños pueblos del interior, donde el tejido social se


deterioró en forma alarmante, con las consecuencias conocidas de

emigración a los cordones de las más grandes ciudades.

El complejo agroindustrial tiene una importancia relevante en

la economía argentina: participa de un 35,7% del PIB; genera

anualmente cerca de 13 mil millones de dólares de exportaciones

(49% del total de las exportaciones nacionales), y emplea de manera

directa a un millón doscientos mil argentinos en su producción

primaria, los que sumados al empleo indirecto en los miles de

pueblos y ciudades y el sector agroindustrial lleva esa cantidad a

más de dos millones de personas (del total de la población

actualmente ocupada, el 30,2% depende directa o indirectamente del

sector agropecuario).

Es por esto que el nuevo proyecto nacional debe transformar

al campo, al sector agroalimentario y agroindustrial (que en realidad

debería comenzar a llamarse Sistema Agroalimentario Nacional), en

una prioridad estratégica de orden nacional.

Debemos diseñar una refundación del país, que en la

búsqueda de un nuevo sentido federal de nación intente equilibrar su

territorio, impedir el éxodo del interior, y desarrollar definitivamente

las economías regionales.

La Argentina se encuentra en condiciones ideales de encarar

la tercera etapa del sector, la revolución de la competitividad

agroalimentaria y agroindustrial, que potencie el nacimiento de un

capitalismo con decisión y protagonistas nacionales.

Esta nueva etapa debe contemplar la recuperación del

mercado interno, un adecuado proceso de sustitución de

importaciones, la incorporación de valor agregado y el incremento


sostenido de las exportaciones, pero sustentadas en las Pymes

organizadas y articuladas desde una posición de poder de

negociación con la gran empresa, como único mecanismo posible

para sustentar el desarrollo equitativo de nuestro país.

Es por esto que, para lograr un nuevo país donde el campo, su

producción primaria, la agroindustria, los agroalimentos, sus

pequeños, medianos y grandes productores sean motores del empleo

y la competitividad, sustentados en una compleja red de

articulaciones entre el mercado interno y las exportaciones,

proponemos:

• Refinanciación de pasivos:

Es necesario resolver el problema del endeudamiento de

muchos productores, para que así puedan lograr el

equilibrio financiero suficiente que les permita

reinsertarse en el circuito productivo y recuperar la senda

del crecimiento

• Financiamiento para la producción:

Desarrollar desde el Estado y hasta tanto se reconstruya

el sistema financiero, una política crediticia para el

sector. En el caso de los pequeños y medianos

productores se implementarán políticas diferenciales que

permitan desplegar el potencial productivo y

fundamentalmente el potencial de reconstrucción del

tejido social en el interior del país.

• Un Estado eficiente y protector:


El Estado necesario para construir esta Nueva Argentina

Alimentaria, debe ser un Estado con capacidad para

generar los espacios y oportunidades para nuestros

emprendedores. En este sentido desde la Secretaría de

Agricultura se deben definir las políticas estratégicas del

sector y a través de sus entes descentralizados ejecutar

todas las políticas activas necesarias para desarrollar

competitividad. Estas políticas, deben coordinarse y

acordarse con los niveles provinciales y locales ya que las

mismas tendrán como meta final reconstruir el tejido

social que tanto ha perjudicado a nuestras localidades

rurales del interior del país.

• Promover la productividad:

Implementación de políticas activas que en el marco de

este nuevo Plan Estratégico, devuelva rentabilidad a los

sectores más postergados, fomente la modernización y el

incremento en la productividad del sector primario.

Además será necesaria la simplificación y adecuación del

sistema tributario, que a partir de la eliminación de los

impuestos distorcivos que actualmente atentan contra la

producción, quite presión fiscal. Apoyos e incentivos a la

búsqueda de alternativas productivas, sobre todo para

fortalecer las economías regionales

• Fomentar las exportaciones:

Una vez alcanzado el equilibrio fiscal y en la medida de

las posibilidades presupuestarias, comenzar un proceso de

eliminación de las retenciones a las exportaciones. Se

propone simplificar y desburocratizar la operatoria de


comercio exterior, para facilitar las posibilidades de

acceso a los mercados externos del universo de empresas

sectoriales. Para incrementar las exportaciones y atento a

la inexistencia de financiamiento local, el Estado deberá

salir en búsqueda de Financiamiento Internacional que

facilite la prefinanciación de exportaciones.

• Facilitar el acceso a los mercados:

Para lograr el incremento del volumen de exportaciones

Agroalimentarias y Agroindustriales también es necesario

rediseñar y potenciar el accionar de los Organismos

Nacionales con injerencia en comercio exterior. Se

debería diseñar un único Programa específico de

Promoción de las Exportaciones Argentinas en el Mundo.

• Apoyar y consolidar el Sistema Científico

Tecnológico:

Consolidar y fortalecer en un reorganizado INTA la

herramienta de generación y transferencia de tecnología.

Se debería incrementar y facilitar el acceso a la

tecnología de producción y de procesos, buscando que la

misma abarque a todo el Sistema, independientemente

del tipo de producto, región y estrato productivo o social.

• Nueva relación con el mundo:

Debemos reinsertarnos internacionalmente, aplicando el

principio de reciprocidad a las relaciones comerciales,

restringiendo el comercio con países que traban productos


que son de nuestro interés estratégico. Debemos eliminar

las negociaciones bilaterales o multilaterales que excluyan

a nuestra producción. No debemos perder nuestro

horizonte de enfrentar los subsidios indiscriminados y el

acceso restringido a los mercados. Dar al Mercosur un

nuevo y vigoroso impulso, tanto político como

institucional, que consagre la decisión irreversible de

completar su objetivo de integración, en un marco de

confianza y lealtades recíprocas de los países miembros,

como único medio de asegurar su viabilidad como

naciones y tener peso en el concierto de las relaciones

internacionales en el contexto actual, signado por la

constitución y perfeccionamiento de grandes bloques de

países.

• Aseguramiento de calidad:

Se necesita promover el origen, la trazabilidad, la

identidad preservada y los protocolos de calidad, como

insumos de consolidación de esta Argentina Alimentaria.

Para ello el fortalecimiento y modernización del Senasa

debe apuntar a lograr a través de los Programas de

sanidad, calidad e inocuidad asegurar la calidad

alimentaria, para que los Argentinos y consumidores

extranjeros tengan garantías de consumo (CUANDO

TENGAMOS SEGURIDAD QUE LO QUE ESTAMOS

COMIENDO LOS ARGENTINOS ES DE CALIDAD

COMPROBADA, SEREMOS CREIBLES EN

CUALQUIER MERCADO). Se deben concentrar las


funciones de fiscalización y control en un único

organismo ágil e inteligente que garantice la transparencia

de los mercados y la sanidad y calidad de nuestros

alimentos.

• Integración del sistema agroalimentario:

Se propone fomentar y consolidar la integración

definitiva de un Sistema Agroalimentario competitivo,

donde el campo se transforme en un eslabón sólido y

activo de la misma. Para facilitar la integración de este

Sistema (producción, industrialización y mercado) se

proponen Programas de asistencia técnica y políticas

activas de fomento del agrupamiento de productores,

empresas o Pymes. Promover acciones cooperativas y

solidarias entre todos los actores de cada sistema campo

& alimentos, impulsando la eficacia y la eficiencia en las

transacciones, y finalmente lograr una verdadera

cooperación competitiva que agregue valor sistémico a

las cadenas y a las economías regionales. La herramienta

que dispondremos será el ya comentado mas arriba

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, que será a su vez la herramienta para

canalizar el resto de políticas activas que se fomenten

desde la visión estratégica que indique la SECRETARIA

DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTOS

DE LA NACION.


Sector forestal

El sector forestal de la República Argentina, durante años, ha sufrido los avatares de políticas erróneas y que siempre han estado de espaldas a los intereses del país.

Una de las primeras medidas adoptadas a partir de 1990 fue la

disolución del IFONA, institución que regía las políticas del sector

forestal. De esta manera se debilitó institucionalmente el sector, lo

que se tradujo en una carencia de políticas para su expansión y

desarrollo.

En el país, la superficie apta para la explotación forestal es de

unos 20 millones de hectáreas, de las cuales se cultivan, con bosques


implantados, solamente un millón de hectáreas, lo que representa el

5% de la superficie total. Uno de los objetivos que se busca es

incrementar la masa forestal para lograr duplicar la actual superficie,

y de esa manera aumentar la actividad económica y el empleo.

El mercado internacional de productos forestales supera los

140.000 millones de dólares anuales, y es mayor al de los cereales y

las oleaginosas juntos, o el de carnes y lácteos. Estos valores ponen

en evidencia la fuerte demanda que existe a nivel mundial de

productos forestales que la Argentina puede ofrecer.

Como una oportunidad para el país se puede mencionar que

esta actividad no opera con subsidios ni sufre restricciones

comerciales como otros rubros agropecuarios. Los países

compradores y vendedores son desarrollados: EE.UU., Canadá,

Suecia, Finlandia, Alemania, Japón y el Reino Unido. En cuanto a

Sudamérica se destacan Chile, Brasil y la Argentina.

Nuestro país no dejará de lado esta oportunidad, ya que la tasa

de crecimiento forestal de nuestro país figura entre las más altas del

mundo, alcanzando como promedio los 35 metros cúbicos por

hectárea y por año en coníferas, y 40 metros cúbicos por año en

eucaliptos. Estas ventajas están dadas por las bondades climáticas y

por la aptitud de los suelos.

Será política de Estado el fomento a la actividad forestal. En

este sentido, y en el marco de la actual ley forestal, proponemos:

• Pagar los planes aprobados e implantados de

forestación, adeudados, en forma inmediata y las demás

medidas aprobadas en la mencionada ley como la

estabilidad fiscal.


• Asistir, con los incentivos, no solo las nuevas planta-

ciones, sino también la protección del bosque nativo y

el aprovechamiento sustentable del mismo.

Pesca

El sector pesquero será un elemento sustancial en la promoción del desarrollo económico y social del país, fortaleciendo su activo rol en las regiones donde se localizan las bases de las actividades de producción y sus industrias laterales, optimizando los beneficios derivados del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos. Desde el punto de vista institucional se modernizará el sector público pesquero, jerarquizándolo dentro de la estructura del Estado, revalorizándolo en sus funciones técnicas y operativas para que pueda ejercer su función con la eficacia y la transparencia que exigen los nuevos desafíos sectoriales. La investigación técnica y científica es vital para el proceso de desarrollo sustentable, por lo que la consolidación de este sector se logrará a través de la modernización tecnológica y su diversificación, y con la implementación de programas de desarrollo de productos con mayor valor agregado.

• Promoción sostenida de un programa nacional de

desarrollo y consolidación de la acuicultura, a lo largo

del territorio nacional, orientado a la producción de


alimentos mediante el aprovechamiento sustentable de

los medios acuáticos.

• Consolidación del funcionamiento del Consejo Federal

Pesquero como organismo interjurisdiccional.

• Implementación definitiva del sistema de

administración de las pesquerías mediante cuotas

individuales transferibles de captura.

• Implementación de la estructura administrativa

adecuada al sistema de cuotas individuales transferibles

de captura.

• Desarrollo de un programa plurianual tendiente al

aprovechamiento integral de las capturas (eliminación

progresiva y definitiva de los descartes).

• Establecimiento de una Política de Estado sobre las

aguas marítimas aledañas a la República Argentina,

especialmente en relación con los países vecinos.

• Promover la actividad de buques de bandera argentina

en otros caladeros.

• Establecer mecanismos de reducción de la

sobreinversión sobre la actividad pesquera, tanto en

flota como en tierra.

• Establecer un marco legal regulatorio de la pesca, a

partir de lo establecido en la Ley Federal 24.922,

coordinando la legislación provincial.

• Fortalecimiento, consolidación y armonización, con el

SENASA, de una gestión sanitaria adecuada a los

productos y subproductos de la pesca.


• Adecuación de la normativa aduanera para los

productos de la pesca orientada a facilitar el acceso a

los mercados externos.

• Consolidación de un área de estadísticas de la pesca

(capturas, procesamiento, rendimientos, ocupación,

actividades indirectas relacionadas, investigación,

producción, exportaciones, transportes, mercados, etc.).

• Actualización adecuada del sistema impositivo aplicado

a la actividad.

• Consolidación de un sistema de monitoreo satelital de

la flota pesquera argentina para todas las embarcaciones

pesqueras, ampliándolo a todo buque que desarrolle

tareas en aguas de jurisdicción argentina.

• Establecimiento de un sistema terrestre de radares

costeros orientado al seguimiento de la actividad de los

distintos buques que surcan nuestras aguas, y las

aledañas a la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

• Federalización de la investigación pesquera.

• Consolidación de un sistema de investigación orientado

al mejor uso de los recursos vivos acuáticos, tanto del

reino animal como del vegetal.

• Instrumentación de un sistema de seguimiento que

relacione la actividad productiva con la generación de

mano de obra genuina.

• Promoción de la capacitación de la mano de obra, tanto

en tierra como a bordo.


• Promoción de los productos argentinos en los mercados

internacionales.

• Promoción de la investigación, el diseño, el desarrollo y

la fabricación en la Argentina, de insumos para la

actividad pesquera y la acuicultura.

• Promoción de la industria naval para el diseño y la

construcción de buques pesqueros en la República

Argentina.

• Desarrollo de un Programa Nacional Alimentario que

considere el consumo regular de productos de la pesca

y la acuicultura, atendiendo a su preparación, transporte

y conservación.

• Instrumentación de un programa de investigaciones

para el desarrollo y producción de productos destinados

a góndola con el mayor valor agregado.


Las pequeñas y las medianas empresas

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre el fomento de las pequeñas y medianas empresas, pero hasta hoy las medidas concretas son, prácticamente, nulas.

El caso más evidente de este panorama es la imposibilidad de

poner en funcionamiento la factura de crédito. Las pequeñas y

medianas empresas, esencialmente, necesitan crédito para su

evolución. Por ello, con todas las partidas presupuestarias destinadas

al fomento de este sector, los créditos externos orientados a tal fin, y

las líneas especiales que abran las entidades financieras

involucradas, se creará un fondo fiduciario -cuya operatoria será

totalmente desburocratizada, instalándose el concepto de “Ventanilla

única”-, con el objeto de subsidiar la tasa de interés que se aplica a

las Pymes y amortiguar el peso del endeudamiento, a partir de un

sistema de evaluación que deberá tener en cuenta el riesgo y los

resultados de los emprendimientos.

Las propuestas para el sector se centrarán en dos líneas

principales:

Medidas económicas macro

• Combate al contrabando y revisión de la política

arancelaria en defensa de la producción nacional.


• Fortalecer al Banco Nación como una herramienta a

favor de los sectores productivos rurales y urbanos

micropymes. Asegurar tasas de interés de acuerdo a la

rentabilidad productiva del país y apoyo amplio a la

producción en términos de crédito, y reformulación de

los pasivos del sector. Evitar la extranjerización de la

banca pública, privada y cooperativa.

• Aplicación de las leyes antimonopólicas y

fortalecimiento de los organismos de control sobre los

servicios privatizados y efectiva regulación de los

grandes centros comerciales.

Políticas activas-instrumentos promocionales

• Garantizar capacitación, asistencia técnica y apoyo

comercial. Simplificar tramitaciones, inscripciones y

constituir ventanillas únicas de atención al sector.

• Fomentar políticas de promoción de exportaciones,

asesoramiento e información a los productores.

• Promoción y apoyo para la constitución de incubadoras

de empresas y parques industriales.

• Aplicación de tarifas preferenciales en los servicios a

los micro y pequeños productores.

Comercio Exterior


Nuestro país necesita desarrollar una política estratégica sustentable de Comercio Exterior, que tenga como principales objetivos el aumento de nuestras exportaciones, consolidando los actuales productos exportados, pero prestando singular atención a la diversificación de las mismas y a los productos y mercados no tradicionales, de manera de facilitar el camino del cambio cualitativo y cuantitativo que pretendemos, potencializando las ventajas competitivas que derivan de nuestras economías regionales, en apoyo principalmente de nuestras pequeñas y medianas empresas. La devaluación de nuestra moneda nos permite estar en condiciones de iniciar este camino, pero hay que crearle a nuestras empresas las condiciones adecuadas para poder acceder al mercado mundial. En esta tarea se potencializará el accionar de los organismos nacionales de promoción de exportaciones, y de las agregadurías comerciales en nuestras embajadas.

Es fundamental, con relación al comercio exterior desarrollar

una política integral con una visión estratégica que apunte a:

• Producir un cambio cualitativo y cuantitativo de nuestras

exportaciones.

• Lograr una mayor diversificación de nuestros productos y de

los mercados.

• Promover una oferta exportadora sustentable y competitiva.

• Implementar una adecuada política de sustitución de

importaciones.

• Garantizar el abastecimiento de insumos y productos críticos

utilizados n los procesos productivos y de tecnificación, para

generar una oferta exportable con mayor valor agregado.


• Reformular con acciones activas y medibles a las

organizaciones del Estado que intervienen en Comercio

Exterior para optimizar criterios, recursos y estructuras a

través de una gestión profesional eficiente y ordenada.

En el sector de las exportaciones se proponen las siguientes

acciones:

• Rediseñar y potenciar el accionar de los organismos

nacionales, provinciales y municipales con injerencia en

Comercio Exterior con el objeto de lograr una actuación

proactiva dinámica y comercial, en apoyo de nuestras

industrias, en especial de las pequeñas y medianas empresas.

• Formar equipos de trabajo especializados por área, rubro,

sector y mercados, con fuerte perfil profesional capacitados en

diferentes competencias.

• Actuar en forma coordinada con las instituciones, organismos

y cooperativas regionales, provinciales y municipales.

• Diseñar políticas comerciales activas para la inserción de

nuestras pequeñas y medianas empresas en la oferta

exportable, promoviendo la competitividad de nuestros

productos y de las economías regionales.

• Capacitar al empresario/productor con el objeto de crear en

las empresas las condiciones adecuadas para exportar (nivel

de producción, capacidad y tiempo de entrega, presentación

del producto, análisis de mercados, calidad, normas y

requisitos del mercado exportador, etc.).


• Generar foros multidisciplinarios con cámaras sectoriales,

regionales, organismos oficiales y universidades.

Asimismo se potenciará el accionar de las agregadurías

comerciales, para que se conviertan en:

• Generadores de información y fuente de consulta permanente.

• Representantes comerciales de los empresarios de nuestro

país, y medios de información para posicionar la Marca

Argentina en los mercados.

• Nexo entre nuestras empresas y los potenciales mercados

compradores.

• Generadores de políticas activas para la promoción de la

Marca Argentina.

Esto llevará a promover, con distintas acciones, la Marca

Argentina:

• Acercando la demanda de los mercados externos.

• Estableciendo un Programa Nacional de la Asociatividad con

el objetivo de conformar y mantener consorcios asociativos

regionales en todo el territorio nacional y establecer

incentivos para el desarrollo de Cadenas Regionales

Productivas.

• Promoviendo la generación de una oferta exportable de

productos, fomentando de esta forma la especialización de

cada región en aquellos bienes donde posea más ventajas


competitivas. Todos ellos se lograrán trabajando en forma

conjunta con las distintas secretarías, cámaras y universidades

de cada región.

• Participando, en forma activa y bajo un régimen de

incentivos, en ferias internacionales, rondas de negocios y

misiones comerciales, con la asistencia y coordinación de

nuestras agregadurías comerciales.

Las acciones a desarrollar, ahora en lo que tiene que ver con

las importaciones, son las siguientes:

• Redefinir la política de importación, para el corto plazo, con

el objetivo de evitar el desabastecimiento de la industria y

del mercado nacional que generen reacciones corporativas y

especulativas.

• Elaborar programas para la importación de insumos

indispensables para la población del país.

• Revisar los alcances y el impacto en la industria nacional de

los actuales regímenes especiales de importación.

• Fortalecer las regulaciones sanitarias y fitosanitarias.

• Armonizar el accionar de los distintos organismos con

injerencia en comercio exterior, con el objeto de evitar la

falta de observación de los compromisos asumidos en el

ámbito de la Organización Mundial del Comercio.

• Diseñar una adecuada política de sustitución de

importaciones para desarrollar y promover industrias

nacionales sustentables y competitivas, y para desarrollar y


promover productos exportables con un mayor valor

agregado.

• Coordinar con cámaras sectoriales, INTA, INTI, Conicet,

universidades y organismos nacionales con injerencia en

comercio exterior, del diseño y seguimiento de dichas

políticas.

• Promover la simplificación de la normativa nacional que

internaliza los instrumentos fiscales establecidos por la

Organización Mundial del Comercio.

• Promover, con los socios del Mercosur, la adecuación del

Arancel Externo Común.

Turismo

El desarrollo del turismo debe entenderse como política de Estado. De esta manera garantizaremos su crecimiento sostenido y podremos constituirlo en un verdadero motor de la reactivación económica del país, acelerando el ingreso de divisas y el incremento de la demanda de mano de obra.


Es de fundamental importancia posicionar al turismo en la

agenda política y económica interna, y también en el mercado

internacional. El turismo es una herramienta capaz de generar

rápidamente empleo, ingreso de divisas y reactivación de las

economías regionales.

• Continuar con la puesta en valor de la imagen turística

nacional en el exterior potenciando. Lograr de forma

sostenida la recalificación de la Argentina en los países

centrales y continuar con las fuertes campañas en los

potenciales mercados turísticos internacionales, con la

finalidad de consolidarnos como país receptivo.

• Se propone una fuerte presencia en las ferias

internacionales de turismo para continuar en la tarea de

revertir por completo la imagen Argentina en el mundo

y a la vez demostrar la continuidad de las políticas

estratégicas. Complementar estas actividades con

programas de promoción, organización de ferias y

workshops.

Políticas y planificación

• Romper la estacionalidad del turismo interno, y potenciar

el flujo de vacaciones a lo largo de todo el año. Con este

objetivo deben diversificarse los destinos para los

argentinos, y también consolidar estrategias de


miniturismo. Oferta y desarrollo de nuevos productos no

estacionales.

• Mejor ocupación de la mano de obra y máximo

aprovechamiento de ocupación de servicios.

Mantenimiento de parámetros de calidad. Menor impacto

ambiental.

Promoción de áreas protegidas

• Control efectivo de la recaudación. Direccionamiento del

presupuesto hacia la efectiva conservación de las áreas

protegidas. Creación de áreas de amortiguación.

Desarrollo y marketing de los parques menos visitados.

Inversión en infraestructura básica de bajo impacto.

Estímulo a la conservación de espacios privados.

• Constitución de la Administración Nacional de Parques

Nacionales como una herramienta que conserve, de

forma eficaz, el patrimonio natural, a la vez que

desarrolle la puesta en valor de los mismos de cara al

turismo, aumentando el número de visitantes y

mejorando sus niveles de recaudación.

El Deporte una herramienta de promoción turística

Potenciar la promoción turística de nuestro país a traves de los

eventos deportivos nacionales e internacionales que se desarrollen

en nuestro territorio para aprovechar de esta forma la generación de

empleo en distintas regiones de nuestro país, debido a las multiples

transacciones económicas que las mencionas practivas provocan.


Estrategia Mercosur

• Mercosur turístico: integrar ofertas turísticas

transfronterizas. Simplificar reglamentaciones e integrar

nuestros pasos fronterizos.


La Infraestructura y obra pública

al servicio de la producción y el empleo y como estrategia para el

desarrollo regional

En el momento histórico que vive el país, con una creciente inestabilidad social y política, y con los índices de pobreza y desempleo más altos de la historia, resulta necesario incorporar en forma urgente al Estado como un sujeto económicamente activo para que, mediante la aplicación de políticas ágiles y enérgicas, promueva la inversión pública y privada, con el objetivo de lograr pleno empleo y satisfacer las necesidades en obras para salud, educación, vivienda, vías de comunicación y todas aquellas que potencien el desarrollo económico de las distintas regiones del país.

En este amplio sector, para impulsar nuestro crecimiento

económico, tenemos distintas políticas que calificamos de

“soberanas:

• Ferroviarias

• Aerocomerciales

• Transporte carretero

• Puertos y vías navegables

• Recursos hídricos


Transporte Ferroviario

Bajo las condiciones de las privatizaciones por concesión de los ferrocarriles, en las que se supone que el interés público se halla expresado en las condiciones contractuales acordadas con las compañías privadas, la excesiva flexibilidad puede conducir a la erosión de las condiciones originales, y hasta de su razón de ser, particularmente si se tiene en cuenta que, una vez que las concesiones se pusieron en marcha, los concesionarios cuentan con una posición mucho más fuerte, ya que el Estado ha cedido su capacidad y control.

La década del 90 se caracterizó por la aparición de la

actividad privada en los ferrocarriles, tras más de 50 años de gestión

pública. La forma predominante de acción fue la transferencia de la

operación de los servicios, y ciertas inversiones en infraestructura, a

empresas privadas que se constituyeron originalmente en consorcios

de empresas ligadas o no a la actividad del transporte por ferrocarril.

En la Argentina, con la orientación del Banco Mundial, tuvo

lugar la primera experiencia de importancia en concesiones

ferroviarias en países en desarrollo.

En general, las condiciones de las concesiones asignan a las

empresas privadas la responsabilidad por el mantenimiento de la

infraestructura con ciertos desarrollos, explotación de los servicios,

y su facturación, mientras que la propiedad de los activos permanece

en manos del Estado nacional.


Desde los comienzos las concesiones estuvieron asociadas a

una cierta reducción de los costos operativos, conseguida

principalmente mediante la eliminación de puestos de trabajo en

gran escala.

Un estudio del Banco Mundial señala que muy pocos son los

ferrocarriles que han sido privatizados. La mayor parte de los

gobiernos, en distintos países, han optado por otorgar concesiones o

licencias ferroviarias. Seguramente esto se debe a que así se lograría

lo mejor de ambas opciones: el Estado retiene el control final sobre

la infraestructura, mientras que el sector privado desarrolla las

funciones de explotación con una mayor eficiencia.

En la Argentina, con vistas a este objetivo, resulta

imprescindible retomar este concepto, y anular el carácter casi

monopólico del uso de la infraestructura concesionada, fuera de los

servicios metropolitanos de Buenos Aires.

Un requisito de esta clara subdivisión no es solo lograr una

separación entre infraestructura y operación, sino la obtención, de

manera simultánea, de una mayor gama de alternativas:

1- Que el Estado tome a su cargo asegurar una

infraestructura que recorra todo el país,

manteniendo su unidad como condición

indelegable.

2- Que sobre esa misma infraestructura pueda

desarrollarse más de un operador de carga o

de pasajeros de larga distancia, y que esta

posibilidad esté abierta al sector privado

interesado.


3- que dicha infraestructura permita ser

concesionada, en su mantenimiento y

conservación, bajo estándares prefijados.

La separación entre infraestructura y operación, y propiciar la

participación de más de una empresa operadora (Estado incluido),

hacen posible una mayor transparencia de los costos. Por otra parte

se recuperaría la capacidad del estado para desarrollar los

ferrocarriles como parte de un programa estratégico de desarrollo del

transporte, y por ende de las economías y de la sociedad en su

conjunto.

Situación actual

Analizando la situación de los ferrocarriles después de las

concesiones, se observa un fuerte y rápido incremento en las

demandas de las líneas metropolitanas. Esto se debe,

fundamentalmente, a dos factores. Uno es un fuerte control de la

evasión, y el otro es el carácter monopólico que ejercen los

ferrocarriles del área metropolitana de Buenos Aires.

Por su parte las concesiones de cargas presentan fuertes

reducciones en las tarifas y en su actividad, con relación a las

previsiones, lo que se traduce en el incumplimiento de las

inversiones previstas, de manera especial en aquellas que tienen que

ver con la infraestructura. A fines del 2001 dos concesionarios, con

cuatro líneas, presentaron a sus empresas en concurso preventivo de

acreedores, acumulando simultáneas y crecientes penalidades por

incumplimientos contractuales. Coincidentemente el estado nacional


introdujo también su cuota de incumplimientos, lo que provocó una

situación de emergencia ferroviaria.

Pese a que la privatización tuvo como uno de sus objetivos

aliviar al estado de ciertas cargas y riesgos, no cabe duda de que las

consecuencias de esta situación han vuelto a colocarlo en situación

de actor preponderante, con los riesgos que ello implica, ya que de

no ser así las compañías se verán en situación de quebranto y el

Estado indefenso para salir en auxilio para lograr mantener esos

servicios.

Los planes de inversión previstos en las sucesivas

renegociaciones, al amparo del decreto N° 543, se han visto

suspendidos. La causa esencial de ello, junto a las ya citadas, fue la

imposibilidad de montar un esquema financiero, por cada

concesionario, sobre la base de fondos públicos obtenidos por

incrementos tarifarios y subsidios explícitos, complementados por

alargamientos en los plazos de las concesiones. Ambas fuentes de

financiamiento deberían producirse antes de que usuario

contemplara el beneficio de esas alzas en las tarifas.

Con relación a los servicios interurbanos de pasajeros, en

todos los casos se ha transferido la responsabilidad operacional y las

inversiones, del gobierno central a los provinciales, de conformidad

con la reestructuración que acompañó a la privatización, y también

se hizo lo mismo con la responsabilidad de la supervisión. En la

práctica lo que hizo el Gobierno Federal fue desprenderse de toda

obligación en relación con el transporte ferroviario interurbano de

pasajeros, lo que impuso enormes presiones financieras a las

provincias, que no las pueden soportar. Como resultado de este

accionar algunas provincias no han podido afrontar los servicios, los


que han desaparecido con la consiguiente desarticulación territorial

y social. En otros casos, como ocurre en la provincia de Buenos

Aires, se han mantenido los servicios, pero el gobierno provincial se

ha negado a pagar los peajes exigidos por los concesionarios de

cargas, aduciendo que estos no han cumplido sus obligaciones

contractuales de inversión.

La privatización de los ferrocarriles con la ausencia del

Estado rector, trajo como consecuencia un fuerte deterioro, y en

muchos casos cierres de industrias que nacieron y se desarrollaron, a

partir de los años 60, acompañando el desarrollo y la modernización

de su material. Fue una industria no solo complementaria de los

ferrocarriles en la Argentina, sino que además representó una fuente

de divisas, al exportar más del 20% de su producido en la década de

1975 a 1985.

Tal como fue denunciado oportunamente por la Organización

Internacional del Trabajo, OIT, la reestructuración ferroviaria en la

Argentina ejerció un fuerte impacto sobre el nivel de empleo de los

trabajadores ferroviarios. Los puestos de trabajo en el sector pasaron

de alrededor de 90-000 a menos de 20.000. Si bien entonces existían

programas de empleo en el sector privado para los trabajadores

ferroviarios que debían abandonar sus puestos de trabajo, los

mismos no siempre se aplicaron con prontitud. La expansión

económica que supuestamente iba a resultar de la mejora y mayor

economía de los servicios ferroviarios, no ha podido proporcionar el

empleo alternativo que se esperaba.


Plan de acción concreto, de corto plazo, en el sector

transporte

Transporte ferroviario

• Reconstituir el rol del Estado en el sistema ferroviario

argentino con fuerza de ley. Para ello se elevará al Honorable

Congreso de la Nación un proyecto que, luego de su

promulgación, permitirá la unificación de los distintos entes

en liquidación -la C.N.R.T. ferroviaria, el O.NA. BE.,

Belgrano S.A.-, en un solo ente con capacidad y facultades

para controlar el patrimonio, seguimiento de los contratos de

concesión, apoyo eficaz en las eventuales renegociaciones,

definición de políticas de prioridad de inversión con fondos

públicos, y operar con tendencia a la participación privada. Ya

está redactado el proyecto de ley citado, y se propiciará un

instrumento legal que cubra el tiempo de promulgación de

dicha ley, y la urgencia que la operatividad exige.

• Recuperar el nivel de la infraestructura ferroviaria del país,

efectuando las inversiones que permitan la utilización

eficiente de la misma, por sí o por terceros operadores de

cargas y pasajeros, evitando en la práctica el carácter

monopólico, inscripto en las atribuciones del proyecto de ley

descrito en el punto anterior.

• Readecuar definitivamente los contratos de concesión

volviendo a los objetivos originales de la operación. Separar

definitivamente de los mismos los planes de inversión


previstos en las sucesivas negociaciones a partir del decreto

N° 543, a ser efectuados con fondos a través de la empresa.

• El Estado nacional retendrá la facultad de definir las

tecnologías a ser incorporadas a su patrimonio, teniendo como

objetivos la participación adecuada de las industrias

argentinas y su óptima complementación dentro del Mercosur,

como así también las definiciones de uniformidad tecnológica

que aseguren mayor participación, de la industria local,

merced a las economías de escala que favorezcan las

negociaciones de transferencias de tecnologías y los

mantenimientos futuros en operación. Esto es, el Estado y su

potencialidad, como motor del desarrollo tecnológico e

industrial del país.

• Propiciar la participación de la iniciativa privada dispuesta a

aportar capital de riesgo en infraestructura y operación

ferroviaria.

• Reasignación de recursos del Sistema de Infraestructura del

Transporte, SIT, para el sector del transporte ferroviario. Los

mismos provienen básicamente del gasoil, y representan cifras

cercanas a los 1.000 millones de pesos anuales.

Transporte aerocomercial Toda nación debe contar con políticas que garanticen el transporte de personas, bienes y cargas. Esto es fundamental para la búsqueda, por parte del Estado, de


una política aerocomercial que, además de asegurar la distribución de los productos argentinos hacia todo el mundo, fortalezca la actividad turística receptiva y de interconexión de los distintos puntos del interior del país. Este objetivo sólo es posible de lograr a través de políticas activas que afirmen el sistema de transporte aéreo, mediante una adecuada regulación económica y técnica que marque directrices para sus líneas nacionales, especialmente para su empresa de bandera.

Los siguientes son los principales objetivos que se fijarán en

área comercial con el objetivo de garantizar una política de estado

que reasegure la seguridad, fluidez, eficiencia y economía para todos

los usuarios del espacio aéreo, desarrollando soluciones a los

problemas comunes y logrando el posicionamiento estratégico del

transporte de pasajeros y de mercaderías dentro y fuera del territorio

nacional.

• La política aerocomercial debe estar direccionada al

desarrollo regional y turístico, y hacia la integración

territorial.

• Se debe generar y recrear los instrumentos necesarios que

garantizen un adecuado control sobre los organismos de

fiscalización que actualemente tienen competencia en la

regulación del sector.

• Creación de mecanismos de fomento, desgravaciones

impositivas, y reaseguros, que ayuden a consolidar la

incorporación de mano de obra en los procesos productivos de

las empresas, como así también la incorporación de nuevas

aeronaves que modernicen el parque actual.


• Desarrollar las medidas necesarias que fomenten la creación

de nuevas empresas de carga aérea nacionales, y

reestructuraremos la actual empresa Líneas Aéreas del estado

(LADE), con el objetivo de fomentar esta tendencia de

transporte de nuestros productos con gran valor de mercado, y

los de alto valor agregado, desde cada punto de las diferentes

regiones productivas del país.

• Es necesario reformular el Código Aeronáutico y todas las

normativas referidas al transporte aéreo, con la finalidad de

adecuarlas a las nuevas tendencias mundiales en cuanto a las

modernas tecnologías operacionales, de seguridad,

administración y acuerdos nacionales e internacionales, para

alentar las inversiones en el sector.

• Fomentar la participación, a través de foros de consulta de las

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

especializadas, y los gobiernos provinciales, en la

implementación de las políticas aerocomerciales en busca de

su desarrollo y de su perfeccionamiento de servicios,

requiriendo que los recursos generados por el sector sean

reinvertidos en el mismo para su modernización y mejora de

los servicios e infraestructura.

• Estructurar metodologías de control de las empresas de

transporte aerocomercial, que garanticen el transporte de

pasajeros y carga, buscando brindar los servicios y las rutas

necesarias para el desarrollo político social y turístico de

nuestro país.


• Promover la auditoría técnico económica de todas las

empresas en búsqueda de garantizar la prestación de los

servicios, la seguridad de las operaciones, como así también la

continuidad empresaria en la búsqueda de la prevención de

problemas en el sector.

Política para el sector vial

“No se puede pensar en el desarrollo de las provincias argentinas si no hay un proyecto que piense en integrarlas dotándolas de una red vial adecuada”

Néstor Kirchner


Efectivamente, una amplia, moderna, y efectiva red vial

nacional, es indispensable para lograr la integración del país. Para

ello hay que comenzar, de manera urgente, por desarrollar y

completar estos puntos:

• Definir a la política vial como una de las Políticas de Estado.

• Reafirmar el valor de la infraestructura como factor de

crecimiento económico y como instrumento de lucha contra

la pobreza. En la sociedad no debe presentarse como

antagónico el gasto social y la inversión en infraestructura.

Esta última, en el aspecto vial, debe contribuir al desarrollo

armónico y sustentable de las economías regionales,

provinciales y nacional. Se ponderará la incidencia social del

camino.

• Aplicar un modelo progresivo de inversión en infraestructura

vial, independientemente de los ciclos recesivos de la

economía nacional. Utilizar la obra pública como elemento

reactivador de la economía y las inversiones, priorizando

Pymes de la jurisdicción, empresas locales y regionales.

• Sancionar una Ley de Fondos de Asignación, específica para

el sector vial, garantizando los recursos necesarios para el

desarrollo de una política vial con sentido federal, acotando

las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional para efectuar

modificaciones en la materia.

• Impulsar la actualización del Plan Ediviar, a través de la

coordinación del Consejo Vial Federal, con la participación

efectiva de las direcciones provinciales de Vialidad y de la


Dirección Nacional de Vialidad. Se deberán explicitar las

obras a ejecutarse en cada provincia, confiriendo a cada una

su orden de prelación, priorizando caminos que vinculen

sectores productivos. Redefinir el rol del sector privado en la

obra vial a través de inversiones de riesgo.

• Reestructurar la Dirección Nacional de Vialidad

convirtiéndola en organismo rector de la política vial

nacional, con una participación plena de las provincias a

través del Consejo Vial Federal, asignándole como función

prioritaria la planificación concertada y el control de gestión

federalizado.

• Modernizar y fortalecer institucionalmente los organismos

provinciales de vialidad, y producir la descentralización

operativa con intervención directa en la totalidad de la red de

su jurisdicción (rutas nacionales y provinciales), de modo que

cada estado provincial sustente las necesidades viales de sus

economías regionales, fundamentalmente en la conservación

y el mantenimiento de las redes viales, en coordinación con el

ente vial nacional.

• Analizar alternativas al actual sistema de concesión por peaje

en la red caminera, con el objetivo de reducir costos y ejercer

un mayor control desde el Estado.

• Desarrollar el transporte multimodal, con la activa

participación de los organismos competentes en la generación

y transporte de cargas.

Transporte carretero


• Regularizar los permisos operativos de transporte de

pasajeros con reasignación de rutas.

• Exhaustivo estudio y redefinición de los regímenes

tarifarios.

• Redefinición de las relaciones de peajes y pesos por ejes,

admitidos para vehículos de nuevas tecnologías, que tiendan

a reducir los costos de las cargas transportadas.

• Establecer adecuados controles fronterizos, en el transporte

de cargas internacional, evitando movimientos y/o

desconsolidación de las cargas tendiendo a la eliminación de

la evasión fiscal.

• Implementación de un sistema único de expendio de pasajes

de pasajeros, en el área metropolitana, propiciando el

multimodalismo del transporte, en su utilización, por

métodos electrónicos que faciliten su uso para los usuarios, y

brinden seguridad a los mismos y a los centros de

recaudación,, minimizando, a la vez, la elevación en todas

sus formas.

Puertos y vías navegables

La situación por la que atraviesa este importante sector no puede ser más negativa, ya que no existe ninguna planificación ni estrategia nacional, consistente y consensuada, como sería tan necesario, en materia de transporte por agua, puertos, vías navegables, marina mercante e industria naval. Algunas de las consecuencias negativas de esta situación son la no


utilización adecuada de las ventajas que para el país representan las vías navegables aptas para el transporte por agua, y la carencia de una flota mercante de bandera nacional, ni empresas argentinas que participen en el mercado naviero mundial.

La propuesta sobre este tema está elaborada sobre la base de

los siguientes objetivos prioritarios:

• Defensa de los intereses nacionales.

• El permanente compromiso con el país.

• La generación de empleo genuino.

• El ahorro de las divisas que el país no puede seguir erogando

por actividades que podemos hacer los argentinos.

• La incorporación al mercado naviero mundial

Formulación de un plan nacional de transporte fluvio-

marítimo.

Este plan nacional deberá formularse para el corto, mediano y

largo plazo, y su definición será el resultado de una amplia discusión

y aceptación generalizada por parte de las jurisdicciones y de los

sectores de la actividad privada de servicios e industrias

involucrados.


Principales temas a considerar para el desarrollo del

citado plan nacional

1- La integración y tratamiento conjunto de

todo el sistema portuario nacional y de

vías navegables.

2- Hacer eficientes los accesos a los puertos

de carga y descarga, y su interconexión en

general con las zonas productivas e

industriales.

3- Aumentar la eficiencia general del sistema

de transporte fluvio-marítimo de manera

de reducir costos internos.

4- Determinar las necesidades, conveniencia

de adaptación, mejora de muelles

existentes y construcción de otros nuevos

y/o puertos en proximidades de las zonas

productivas, a los efectos de estimular la

operatoria de los puertos fluviales de los

ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, y lograr

la incorporación de nuevos

emprendimientos industriales y de áreas

productivas, al disponerse de instalaciones

portuarias y medios de transporte

adecuados.

5- Efectuar proyecciones de tráficos fluviales

para proyectar la construcción de barcazas

y empujadores.


6- Reanalizar planes existentes y los

proyectos de obras portuarias y de vías

navegables previstas: Puerto Ibicuy, en

Entre Ríos; Puerto Santa Ana, en

Misiones, y Puerto Barranqueras, en el

Chaco, etc.

Constitución de un fondo federal de infraestructura

portuaria y de vías navegables

El objetivo de este fondo es la gestión y el financiamiento

parcial o total de las obras portuarias y de vías navegables, y de su

ingeniería respectiva, que surjan del Programa Nacional de Obra de

Infraestructura Portuaria y de Vías Navegables, con fondos

nacionales o internacionales. Este fondo se constituirá con recursos

tributarios afectados y con financiamiento internacional.

Formación de una flota mercante nacional y reactivación

de la industria naval

Se busca con estos objetivos posibilitar la formación de una

flota mercante, de bandera nacional, de empresarios y capitales

argentinos, con la máxima incorporación posible de buques

construidos en el país, respetando el principio integrador que

considere a la Marina Mercante y a la Industria Naval como

pertenecientes al mismo sistema económico, y que por lo tanto

deben tener un único tratamiento normativo.


Así se le ahorrará al país las divisas que por fletes, en nuestras

propias vías navegables, realizan armadores extranjeros, con

tripulaciones extranjeras. Se propiciará además que sean argentinos

los armadores que transporten los productos nacionales al mercado

mundial, con la consiguiente generación de puestos de trabajo. Todo

esto llevará a impulsar la reactivación de la industria de construcción

y de reparaciones navales.

Ejecución de obras de dragado y balizamiento

Dado que consideramos que las tareas de dragado de las vías

navegables nacionales constituye un tema de interés y estrategia

nacional, se propiciará que las obras de dragado y balizamiento sean

realizadas por empresas y dragadores argentinos.

Revisión y reglamentación de la Ley de Transporte

Multimodal Nª 24.921

Es fundamental y muy necesaria la adecuación de esta ley,

aún no reglamentada desde 1998, a las características actuales del

comercio y del transporte. Esto se basa en la necesidad de la clara

identificación del responsable del transporte multimodal, en tener un

único seguro por la mercadería para los distintos modos de

transporte, y en la necesidad de agilizar la tramitación de

documentos a los efectos de reducir los tiempos de permanencia en

puerto de las mercaderías con la consiguiente disminución de los

costos asociados.


Puerto de Buenos Aires

Existe la imperiosa necesidad de solucionar los temas que

hacen al funcionamiento y modernización del Puerto: dragado de

canales y espejos de agua; accesos y vinculación terrestre, vial y

ferroviaria; concesión y desarrollo de zonas no concesionadas;

terminal de cruceros, etc.

Cruceros, infraestructura y seguridad portuaria

Se definirá, en conjunto con las autoridades de Turismo,

nacionales y provinciales, un plan general para el emplazamiento de

las terminales de Cruceros en todo el ámbito nacional, con el

objetivo de orientar y canalizar la inversión pública y privada.

Ley sobre buques inactivos y/o capturados.

Infraestructura necesaria

Se trata de ocasionar la menor cantidad de inconvenientes

posibles a los puertos a los que son conducidos los buques inactivos-

capturados, definir un proceso legal sumario, de rápido trámite, y

también, entre otros aspectos, establecer prioridades de cobro a los

puertos.

Convención MARPOL y convenios con la OMI


Se buscará la adaptación progresiva de las terminales

portuarias para el cumplimiento de las normas estipuladas por el

Convenio MARPOL, a los efectos de que nuestro país alcance el

nivel de Protección del Medio Ambiente en todas las áreas

portuarias y en las vías navegables que establece la legislación

vigente.

Recursos hídricos

En los últimos años la preservación, utilización, control y manejo racional de los recursos naturales renovables, han llevado a la humanidad a aunar esfuerzos técnicos, económicos y legales, para conseguir que los mismos conformen la fuente de vida que necesariamente debe ser. De todos estos recursos, el agua es el que mayor atención ha recibido, tanto por su utilización para el consumo humano, como para movilizar todo tipo de industria o producción.


La situación actual de nuestro país determina un futuro

incierto en cuanto a la actividad económica en general, y para el

aprovechamiento de sus recursos naturales, por lo que, en el caso de

sus recursos hídricos, deben tomarse las medidas correctivas más

urgentes y necesarias con la finalidad de poder planificar su uso

racional.

La Argentina tiene un amplio territorio en el que muestra

situaciones de contraste en relación con los recursos hídricos, como

son extensas zonas de características semidesérticas en las que los

desarrollos productivos se obtienen a partir de las disponibilidades

de riego, o bien grandes extensiones, anteriormente muy

productivas, y que ahora se encuentran inundadas y no se ha podido

recuperarlas.

Es por esto que se requiere, por una parte, de una racional

utilización de los recursos disponibles, tanto para generación de

energía como para usos consuntivos, y por otra, se impone drenar el

agua de esas amplias zonas inundadas.

Situación actual

A partir del inicio de la década del 90 el estado, que hasta ese

entonces se ocupaba del estudio y aprovechamiento de los recursos

hidráulicos e hidroeléctricos, abandona esa actividad -entre muchas

otras-, transfiriendo al sector privado la operación de aquellos

emprendimientos que había ejecutado, esencialmente los más

modernos y rentables.

Esta transferencia se concretó como una concesión por un

período de tiempo, cuyo valor se determinó por el resultado neto


actualizado de la venta de energía, descontados costos de

explotación, impuestos y aportes. El proceso de valorización

desconoció otros beneficios de los emprendimientos para la sociedad

en su conjunto, pero que no tienen retorno económico directo para el

concesionario, tales como control de crecidas, riego, agua potable,

turismo, etc.

El proceso privatizador no ha contemplado la manera de darle

continuidad a la tarea de estudio y desarrollo de nuevos proyectos de

aprovechamiento hidráulico, ni tampoco ha incluido la definición de

políticas de Estado tendientes a la preservación de los recursos

naturales. Ha hecho todo lo contrario; las ha destruido.

La expansión de la generación eléctrica se dio principalmente

con centrales térmicas, de corto periodo de instalación y rápido

retorno de la inversión, pero consumiendo un recurso no renovable,

como es el gas natural, y liberando una gran cantidad de gases

nocivos a la atmósfera. Esto puede ser de gran interés para un

inversor privado, pero no lo es para la sociedad en su conjunto en su

concepción ambiental.

Proyección

En el corto y mediano plazo se producirá una reactivación

económica en el país, la que generará un incremento de la demanda

energética. Es muy probable que, ante una expectativa de mejores

precios, el “mercado” se oriente a retomar la instalación de centrales

térmicas.

Como es conocido por los especialistas, la ejecución de un

proyecto hidráulico requiere de un importante trabajo previo para

efectuar los estudios, definir el proyecto, analizar el impacto


ambiental, etc., por lo que esas tareas deben ser iniciadas con la

suficiente anticipación. En caso de no avanzarse con los estudios en

el momento en que se produzca el pedido, ante una mayor demanda

de energía, se apelará a las “soluciones” más rápidas, que son

concretamente las centrales de generación térmica, con las

consecuencias ya señaladas.

En la actual coyuntura se dan condiciones ideales para

retomar el impulso en el estudio de los recursos hidráulicos y el

diseño de los nuevos proyectos, atendiendo a la importante

capacidad profesional especializada existente en el país, con una

baja ocupación.

Esta función de planificación y definición del uso de los

recursos, inevitablemente, debe ser asumida por el Estado, debiendo

disponerse de los fondos necesarios.

Los que siguen son algunos de los lineamientos generales

sobre los programas de trabajo a desarrollar en un futuro inmediato:

Infraestructura para el control de las inundaciones

En las últimas décadas, y como consecuencia de no haberse

hecho nunca nada, se ha profundizado el problema de las

inundaciones que afecta gran parte de la pampa húmeda. Esto ha

provocado una migración interna hacia zonas de alta concentración

urbana, provocando el abandono de comunidades que eran pujantes.

El sector afectado abarca parte de las provincias de Buenos

Aires, Santa Fé, Córdoba y La Pampa, siendo necesaria la urgente

realización de obras de embalses reguladores, canalizaciones y

conducciones hasta evacuar los grandes volúmenes de agua

excedentes. Para controlar ese fenómeno se ha formulado el Plan


Federal de Control de Inundaciones, que ya ha previsto la ejecución

de una serie muy importante de obras en las áreas afectadas, las que

ya han comenzado a implementarse. Los objetivos de este plan son:

• Recuperación de tierras productivas.

• Mitigación de inundaciones en zonas rurales.

• Avenamiento y protección de la infraestructura vial y

ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.

Este plan, cuya ejecución ya sido centralizada en el ámbito de

la Secretaría de Obras Públicas, subsecretaría de Recursos Hídricos,

debe profundizarse concretando a la mayor brevedad las obras

licitadas y licitando aquellas que aún no lo han sido. Una vez puestas

en marcha las diferentes obras ya definidas, correspondería hacer

una revisión al Plan Federal, a los efectos de introducir los ajustes

necesarios para su actualización.

Se dan entonces todas las posibilidades para concretar el Plan

Federal de Control de Inundaciones, ya que se dispone de:

• Un programa marco de las obras a ejecutar.

• La posibilidad de subdividir las obras en módulos que

permitan la participación de una cantidad importante de

empresas constructoras y consultoras nacionales.

• La disponibilidad de financiamiento asegurada.

• La disponibilidad del marco institucional adecuado.

• La seguridad de captación de una cantidad importante de

mano de obra para la ejecución de las obras.

Utilización de los recursos hídricos disponibles


Los aprovechamientos derivados de la utilización de recursos

hídricos constituyen usos multipropósitos que involucran más de un

uso, y consecuentemente muchos usuarios, a partir, por ejemplo, de

la construcción de un embalse.

Nuestro país ha avanzado muy poco en esta materia, por lo

que nuestros recursos hídricos sólo brindan una parte reducida de

sus potencialidades energéticas (no más del 20% de las

posibilidades) y se usan de forma consuntiva para riego y agua

potable en una proporción muy baja.

Como ejemplo podemos citar al Río Negro, que prácticamente

no tiene aprovechamiento alguno desde su nacimiento -por la

confluencia de los ríos Limay y Neuquén-, hasta su desembocadura

en el Océano Atlántico, con un caudal de 1000 metros cúbicos por

segundo y un desnivel de unos 300 metros. Con similares

características de caudales, topográficas y edafológicas, se encuentra

el valle del Ródano, en Francia, donde se ha logrado un importante

desarrollo a partir del río del mismo nombre. Energía hidroeléctrica,

riego, navegación, agua potable y agua industrial son algunos de los

aprovechamientos logrados en aquel curso de agua. En el Río Negro,

aún, no han sido aprovechados.

La parálisis de estudios de recursos hídricos de la última

década debe ser revertida, y constituye una valiosa oportunidad para

diseñar el desarrollo futuro de nuestro país a partir de su utilización.

Se debe tener plena conciencia de que el aprovechamiento de

los recursos hídricos sólo presenta ventajas, para nuestro país, a

partir de los siguientes conceptos:


• Se podrá incrementar la producción de energía renovable,

reservando los recursos no renovables para otros destinos

(petroquímica).

• Se dispondrá de mayores reservas de agua potable, insumo

crítico para la vida humana a partir del siglo actual.

• Se podrán incorporar nuevas áreas de riego, aprovechando las

ventajas estratégicas de nuestro país, mejorando la

distribución de población del territorio, potenciando la

agroindustria, y favoreciendo la exportación de alimentos.

• Se dispondrá de espejos de agua para incrementar la

producción ictícola en criaderos, dedicada a la exportación.

• Se potenciarán las posibilidades de turismo, a nivel local,

como así del receptivo para turistas del extranjero.

Todas estas posibilidades pueden lograrse a través de las

siguientes acciones concretas:

• Retomar para el Estado la facultad y decisión de efectuar el

estudio para el más racional uso de los recursos hídricos.

• Recopilación de los estudios y proyectos disponibles, hayan

sido elaborados por organismos del Estado nacional, distintas

provincias o por organismos binacionales, para elaborar un

catálogo representativo de la situación actual.

• Estudiar nuevamente esos proyectos para llevarlos a un nivel

de Anteproyecto, incluyendo las técnicas actuales de

construcción, optimizando sus dimensiones para reducir las

inversiones previstas, y efectuando presupuestos actualizados

y confiables.


• Completar los estudios básicos y de ingeniería necesarios, en

aquellos cursos de agua en los que no se hayan efectuado.

• Elaborar y mantener actualizado un elenco de proyectos

hidráulicos, definidos a nivel de Anteproyecto, que permita

definir en el futuro, mediato e inmediato, la ejecución de

algunas de las obras, priorizando las de mayor efecto

multiplicador y de incorporación de mano de obra.

Para la implementación de estas acciones es necesario

resolver dos aspectos fundamentales, de tipo financiero e

institucional.

Aspectos financieros

Estos, que deben asignar los fondos necesarios para la

ejecución de las tareas, deben ser considerados dentro de las

políticas que adopte el Poder Ejecutivo Nacional, con la

participación del Poder Legislativo.

Una fuente de posible financiación está en aquellos centros de

generación eléctrica, aún hoy en poder del Estado nacional, como

son las centrales binacionales de Salto Grande y Yaciretá, y las

atómicas (Nasa). Estos organismos, cuyas deudas derivadas de las

inversiones efectuadas han sido derivadas a la Tesorería de la

Nación, presentan actualmente un excedente entre sus ingresos y

egresos, derivados estos últimos de la operación. Estos excedentes

están administrados por la Secretaría de Energía, conformando entre

otras cosas fondos compensadores que son parcialmente afectados a

la expansión del sistema de transmisión.


Aspectos institucionales

Aquí deben ser recreados los organismos del Estado que

desarrollan estas tareas, atendiendo a que las empresas del sector

público que oportunamente lo hicieron (Agua y Energía, Hidronor,

por ejemplo) han desaparecido y el Estado nacional no las ha

reemplazado en forma alguna.

Consideramos que el ámbito natural para la ejecución de estos

trabajos es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, responsable

primaria de este tipo de recursos naturales en el país.

Agua Potable y Desagües Cloacales

Conceptos y Premisas

La “universalidad” de los Servicios de Agua Potable y

Desagües Cloacales, es una de las prioridades dentro de las

acciones del Estado, ya que los mismos son la base primaria,

elemental e igualitaria para toda sociedad, donde no hay lugar para

diferenciaciones políticas, culturales, sociales o económicas.

Las Obras Hidro-Sanitarias, son los pilares fundamentales

para garantizar la salud y calidad de vida de la población, erradicar

las enfermedades de origen hídrico, fomentar los arraigos

regionales y propender al uso racional del agua.

Acciones

Regulación y Control de los Servicios:

Apoyar a los Entes Reguladores de Saneamiento, para

controlar el efectivo cumplimiento de los Contratos de Concesión, a

efectos de garantizar a la población la calidad del servicio prestado.


Estado de Situación

Relevamiento de todas las ciudades, poblaciones,

urbanizaciones, y comunas del país, a efectos de determinar la

actual situación, o ausencia, de los Servicios de Agua Potable y

Desagües Cloacales, a fin de desarrollar una “Plan Director” para el

sector, con acciones a corto, mediano y largo plazo.

Identificación y diagnóstico de poblaciones en situaciones de riesgo

hidro-sanitario, y de las necesidades financieras del Sector, a fin de

establecer un orden de prioridades, en la ejecución del Presupuesto.


Comunicaciones

Encontraremos la Oportunidad en la crisis. Es necesario lograr el acceso de la población a los servicios de comunicaciones, la promoción de la competencia, el incentivo a las inversiones a favor de nuestro modelo de trabajo y producción de manera de integrar a toda la población a la nueva Sociedad del Conocimiento, potenciando además la participación de nuestra industria nacional en el desarrollo de hardware, software y servicios.

Objetivos estratégicos

• Promover el acceso universal de la población a servicios de calidad y

precios adecuados, independientemente de su ubicación geográfica y

condición social.

• Propiciar el mantenimiento de la infraestructura desarrollada, e

impulsar el aumento de las inversiones que contribuya a un

crecimiento sostenido.

• Estimular la eficiencia del mercado, en un ambiente de efectiva

competencia.

• Administrar, en forma transparente, los recursos escasos como el

espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales y la numeración.

• Velar por el interés general y el de los usuarios presentes y futuros.

• Afirmar relaciones continuas y fluidas con los otros actores que

participan en el proceso de toma de decisiones en el sector: las

Provincias, el Congreso, la Secretaría de la Competencia, la


Desregulación y la Defensa del Consumidor, la Defensoría del Pueblo

de la Nación, las Asociaciones inscriptas de Usuarios y Consumidores.

• Diseñar una política internacional que permita posicionarnos desde el

MERCOSUR en la región América en el marco de la Comisión

Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y, a nivel mundial, en

el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la

Unión Postal Universal (UPU).

• Recuperar el mercado de las telecomunicaciones para la industria

nacional

• Regular a favor de los nuevos desarrollos de las tecnologías de

Información y las Comunicaciones (TICs) para lograr la activación de

la industria y servicios asociados

La Economía – Herramienta para definir un proyecto de país


Política Fiscal

La Futura Administración Kirchner, en el marco del modelo de producción y trabajo, toma el compromiso de orientar la inversión pública en función del aporte


contributivo de cada uno de los sectores sociales y productivos. Los impuestos nacionales vuelven a sus aportantes a través de la obra pública y la infraestructura tendientes a garantizar al empresario las condiciones adecaudas para el incremento de la producción y de su rentabilidad y a la población Argentina las condiciones adecuadas básicas para el normal desarrollo de la vida cotideana. Las señales macroeconomicas favorables a la producción (dólar competitivo para nuestras exportaciones, tasa de interes y pautas inflacioanarias anuales de un digito) solo pueden preservarse en el mediano y largo plazo si el sector público administra con extrema racionalidad sus recursos; el equilibrio presupuestario (gasto público = ingreso público) como objetivo de gobierno garantiza la perdurabilidad en el tiempo del nuevo modelo de desarrollo productivo con equidad social.

Sobre el equilibrio fiscal La forma tradicional, y de corto plazo, de lograr la

desaparición del déficit, ha sido hasta hoy asociada a políticas de

ajuste de alto impacto social, que a costa de solucionar el corto

plazo agravan la vulnerabilidad de las cuentas públicas. Una política

que fortalezca el equilibrio intertemporal de las mismas debe seguir

un camino inverso al de las recetas convencionales. Esto es,

aumentar la calidad de los servicios a cargo del Estado nacional

como forma de fortalecimiento de la ciudadanía fiscal, exigiendo

como contrapartida el aporte correspondiente.

En la línea de aumento del volumen y de la calidad de los

servicios públicos, salud, educación, justicia, se debe trabajar sobre

dos tipos de estrategias:


1- Las que generan ahorro de recursos, como la eliminación de

instancias administrativas que agregan sobrecosto a la prestación

del servicio, como ocurre en el campo de la salud, o la

generación de alianzas estratégicas, cuando no la fusión de

organismos, como en el caso de la investigación científica. Dicho

ahorro deberá destinarse a reforzar la propia prestación de estos

servicios.

2- Las de alto efecto multiplicador y bajo costo, como

típicamente son las de calificación de recursos humanos, las de

pequeñas inversiones en equipamiento o las reformas

institucionales y organizacionales. Como condicion general debe

apelar a criterios de control muy estrictos para evitar derrapes de

costos tan comunes en estos programas.

Ello no debe excluir la inversión en infraestructura de alto

impacto social que -en muchos casos-, genera puestos de trabajo,

pero esto deberá surgir, en gran medida, de acuerdos puntuales en

donde participen no solo el sector público, sino actores privados en

su financiamiento, dado el estado de quiebra financiera del primero.

Tampoco debe excluirse, dado que también forma parte de la

demanda social, la mejora de la eficiencia y la calificación de

recursos humanos en otras áreas de la administración pública para

refundar un Estado moderno y participativo.

En la línea de política tributaria se debera tener en cuenta :

1- La priorización de impuestos que intervengan positivamente

en el sistema productivo y en la distribución de los ingresos, tal


como el impuesto a las rentas financieras, que cumple con las dos

condiciones.

2- Una reforma del sistema de administración tributaria con eje

en la AFIP, que incluya medidas de reorganización de funciones,

de calificación de personal, de incentivos a la eficacia en la

recaudación y de un fuerte combate a la evasión y el

contrabando.

3- La reconstrucción de la pirámide fiscal. Reformulación del

sistema impositivo en función de la capacidad contributiva,

haciendo de la progresividad el eje del nuevo modelo. Revisando

algunas de las exenciones al impuesto a las ganancias y la

simplificación de la liquidación del impuesto. Rebajando

progresivamente el IVA de acuerdo al cumplimiento de las metas

fiscales.Haciendo el impuesto directo el principal aporte al

recurso tributario nacional. Conformación del nuevo Fuero Penal

Tributario.

Una condición necesaria para el establecimiento del objetivo

de la solvencia fiscal intertemporal es la reestructuración

consensuada de la deuda pública, con quita de capital y período de

gracia con un costo financiero, en término de intereses, que no

exceda un determinado porcentaje del producto. Es una negociación

ardua y difícil, pero imprescindible para el retorno a los mercados

voluntarios de crédito.

Sistema Financiero


La clave estriba en generar un sistema financiero cuyo

comportamiento introduzca la menor cantidad de distorsiones en el

sistema de creación de la riqueza, para lo cual se propone:

• Una reforma de la Ley de Entidades Financieras, reforzando

los aspectos institucionales clave de la intermediación

financiera, tal como la definición de los diferentes modelos de

banca o la de regímenes de premios y castigos para la

asignación de las carteras crediticias, incentivando la

inversión y la generación de empleo productivo.

• Una política de creación de instrumentos de ahorro con

destino al financiamiento productivo, destinados al inversor

de bajo riesgo, con metodología de construcción muy simple y

transparente.

• Una reforma institucional de la Superintendencia de Entidades

Financieras del Banco Central de la República Argentina, para

mejorar la regulación bancaria.

• Una reforma de la Comisión Nacional de valores que prepare

a sus cuadros para la diversificación del mercado de capitales.

• Una reforma de la banca pública que la especialice

internamente en:

a) Una banca minorista para gran público que atienda a

segmentos no bancarizados a través de pequeños créditos para

consumo y servicios.

b) Una banca minorista que atienda los proyectos de inversión

privada, de inversión pública, de proyectos de desarrollo

social y de comercio exterior. La especialización tiene que


tener como objetivos prioritarios la atención de segmentos

postergados como las Pymes, y la instalación en el sistema

financiero de una conducta anticíclica divergente del

comportamiento procíclico de la banca privada. Una banca

pública que se precie de tal debe:

1- Implementar programas de calificación de recursos humanos

en línea con los objetivos comerciales y de especialización.

2- Establecer alianzas estratégicas con otros bancos públicos de

la región.

3- Promover la apertura al capital privado en propuestas de

cofinanciamiento para inversiones de riesgo, y operaciones

que involucren al sistema financiero como un todo, como

seguros, factoring, leasing o riesgos del trabajo.

4- Promover un código de buenas prácticas en línea con otras

experiencias nacionales e internacionales.

La nueva Agencia de desarrollo económico y social

La nueva política económica a implementarse necesita de construcciones institucionales diferentes. Una cuestión clave a resolver es la promoción y gestión de la demanda de inversión y crédito al sector privado en el mercado doméstico, no solo en el aspecto de comercio exterior, o de la compra de bienes durables, sino en todo lo referente a la gestión, calificación de recursos humanos, y desarrollos sociales, entre otros puntos.


Para lograrlo no existe otro camino que la generación de una

institución pública especializada en el respaldo a la inversión

(pública, privada y social) y al financiamiento de las exportaciones.

La experiencia nacional e internacional indica que, por la naturaleza

de los objetivos, no puede mezclarse esta asistencia con instituciones

que atiendan indiscriminadamente a todos los segmentos del

mercado. En otras palabras, ninguno de los bancos públicos

minoristas tienen capacidad institucional para dedicarse a esta tarea.

En el panorama productivo existen dos áreas problemáticas

diferentes que hay que atacar con programas de financiamiento

diferentes:

• El de las industrias en crisis en la etapa de

convertibilidad, que se favorecen a partir del cambio de

precios relativos.

• El de sectores que hay que fomentar por su incidencia

en la generación de externalidades y en la creación de

empleo.

Entre los primeros, donde la característica central es que hay

stock de capital existente y se necesitan inversiones en

modernización productiva, capital de trabajo e ingeniería

institucional, se encuentran la industria textil; la producción de

calzado; el complejo maderero; la generación de productos

metálicos en particular, y el complejo de provisión siderúrgico en

general; las autopartes y la industria alimenticia nacional. Todos

estos son sectores necesarios para que el esquema cambiario sea


sostenible productivamente sustituyendo importaciones y generando

exportaciones.

Entre los segundos se encuentran industrias tradicionales

generadoras de empleo, como los servicios de minería; la generación

de infraestructura en particular, y del rubro construcción en general,

y los microemprendimientos, junto a sectores que producen

derrames positivos en la estructura económica, como las generadoras

de tecnología, la producción de servicios turísticos y la inversión en

áreas sociales críticas. Las primeras necesitan fundamentalmente

generar stock de capital, y en algunos casos desarrollo comercial.

Las segundas, en cambio, requieren de una asistencia integral que

en muchos casos puede proporcionarle la propia Agencia Nacional

de Desarrollo en forma directa, independientemente de la asistencia

crediticia.

En este sentido, la Agencia de Desarrollo Económico y

Social surgiría como una solución institucional que amplíe y

tonifique lo actualmente realizado por el Banco de Inversión y

Comercio Exterior (BICE).

El objetivo general de la Agencia de Desarrollo Económico y

Social es mejorar la calidad institucional del sistema financiero, con

ofertas de créditos destinados a la inversión privada y social, de

largo plazo, y con el objetivo del aumento de la riqueza y la

optimización de la utilización de recursos.

Los siguientes serán los objetivos específicos de la nueva

institución bancaria:

a) Proporcionar crédito financiero, a tasas y plazos adecuados,

para el incremento de las ventajas competitivas de las


empresas en los ámbitos interno y externo. En este rubro se

considera toda inversión que potencie o fomente algún

aspecto de la cadena de valor de la propia empresa.

b) Brindar asistencia crediticia a:

1- Aquellos proyectos que potencien las redes productivas de

intercambio de inteligencia y tecnología, y los destinados a la

capacitación de recursos humanos, los cuales han probado ser los de

mayor efecto multiplicador.

2- Aquellos proyectos que reducen la vulnerabilidad de la

estructura económica en tiempos de globalización. En este rubro se

considera la formación de alianzas empresariales y redes de

cooperación tanto de carácter interempresario, como de relación

entre empresas y su entorno social.

c) Brindar asistencia crediticia, de fondeo y de gestión, a

laboratorios de empresas y compañías locales de capital de

riesgo. En este aspecto existen antecedentes institucionales en

bancos regionales, tales como Asian Development Bank y el

propio Banco Interamericano de Desarrollo.

d) Promover nuevas formas societarias y procesos de suscripción

de capital en empresas pequeñas y medianas de capital local,

donde por ejemplo se destacan fuertemente los bancos de

Chile y México.

e) Brindar asistencia crediticia y de gestión a proyectos de

desarrollo comunitario que generen producción de riqueza no

mercantil, con el fin de apoyar una política social que priorice

la inserción por sobre el clientelismo, y genere ingresos

sociales con el esfuerzo de los actores involucrados. En este


rubro se considera la inversión social en medios productivos

para el desarrollo de tareas comunitarias como asistencia

social, cuidado del medio ambiente, mantenimiento

preventivo de salud, asistencia alimentaria, prestación de

servicios educativos, construcción de viviendas en proyectos

autoorganizativos, y talleres de minoridad y vejez, entre otros.

Los préstamos resultantes deberán surgir de convenios entre la

institución, el organismo gubernamental de promoción y

apoyo, y las propias comunidades. En el área latinoamericana,

el BNDES de Brasil cuenta con una gerencia que financia

todos los aspectos citados, y no solo, como

convencionalmente se entiende, el área de

microemprendimientos.

Mercado Cambiario

Un modelo productivo necesita al mundo como mercado. En

este sentido la paridad del peso con el resto de las monedas (dólar,

real, etc) debe guardar una relación tal que incentive las

exportaciones, como así también de una adecuada y eficaz

sustitución de importaciones.


Propuestas para la Deuda externa

Lo más importante, sin duda alguna, es el marco que tendrán las negociaciones para lograr la reducción de la deuda externa. La mejor política para negociar es aquella que permita mantener el actual modelo de crecimiento, y las reglas de juego en un sistema que, a medida que genera nuevo y mayor valor agregado, general recursos fiscales, solvencia macroeconómica y sustentabilidad fiscal. Un modelo con precios relativos como los actuales garantiza el ambiente propicio para mantener las exportaciones, que muy rápidamente inducirán a generar mayor valor agregado en sectores industriales con competividad externa dinámica. Si el proceso económico consolida posiciones en torno a una tasa de expansión del PIB del 5%, las condiciones para negociar son menos rígidas, y eso facilitará un acuerdo primero con el sector privado, y más tarde con el Fondo Monetario Internacional. Si se busca una quita sustantiva -mezclando reducción de masa de crédito, tasa de interés y ampliación de la madurez o plazo de los bonos soberanos-, el objetivo se logra con una negociación sin presiones. Eso implica la profundización de un modelo de producción y trabajo que garantice, más allá de lo económico, un fuerte respaldo social. Para ello será condición que el


crecimiento provoque mejoras en el empleo y en la distribución del ingreso. En caso contra rio, desde los primeros días no solo se negociará bajo presión, sino que se lo hará sin respaldo popular, y un gobierno recientemente elegido deberá encarar este tema con el apoyo del electorado y de la sociedad en su conjunto.

El de la deuda externa es el tema más sensible de la futura

política argentina. Se asume que tanto la deuda pública con los

organismos multilaterales, como aquella que el gobierno tiene con

el sector privado, determinarán los pasos y el éxito de la política

del nuevo gobierno.

Con el sector privado deberá encararse una negociación el

mismo día del triunfo electoral. No se puede seguir acumulando

presiones externas sin encarar este tema de fuerte repercusión en

los ambientes financieros internacionales. Esta negociación tiene

que tener un conjunto de premisas:

• La Argentina abandonó la política de un sistema con

régimen de cambio fijo, la convertibilidad, y hoy consolida,

después de la depreciación cambiaria, un sistema de

flotación con política macroeconómica de largo plazo

determinada en función del ciclo de crecimiento, y con

nuevos precios relativos, tanto en el mercado de bienes

como en el de factores productivos.

• El crecimiento dependerá fuertemente de la recuperación

interna del consumo y la inversión, y de las exportaciones,


todos traccionadores de una tasa de expansión productiva

que formarán la estabilidad fiscal y las políticas monetaria y

financiera, además del mantenimiento de las ventajas

relativas logradas en los últimos meses.

• El régimen fiscal con superávit primario también dependerá

de la evolución de la economía real, de un sistema

impositivo más moderno (que recaude más, ya que conforme

ese mérito podrá reducir las alícuotas de algunos tributos),

amplíe la base imponible eliminando exenciones no

compatibles con una buena administración, y concreté un

fuerte proceso de lucha contra la evasión impositiva.

• Serán funciones de la nueva política el mantener el superávit

comercial externo en niveles por encima de los 13 mil

millones de dólares, con el propósito de reemplazar, en el

corto plazo, los ingresos de capitales especulativos del

pasado, por recursos genuinos producidos por nuestra

economía interior. La competitividad de amplios sectores

exportadores y los precios relativos deberán favorecer, con

la reforma financiera, un crecimiento del 15% anual del

flujo comercial exportador, y esos recursos garantizarán la

recuperación de la economía productiva, el empleo en

sectores y cadenas de valor demandantes de trabajo, y el

aumento mensual de las divisas en poder del Banco Central.

• El futuro flujo de pagos, después de la negociación, no

provocará un desajuste en las cuentas públicas ni en las del

sector externo, tal como las mismas se han venido

comportando en los últimos seis meses (crecimiento,

aumento de los ingresos fiscales, superávit primario por


encima del 2,5% del PIB, y superávit comercial proyecto

para el 2003 en una magnitud cercana a los 12 mil millones

de dólares.

Serán negociados con los acreedores privados la totalidad de

los bonos soberanos en situación de default, creando un modelo de

negociación que apunte a tres objetivos:

• Reducir los montos de deuda.

• Reducir las tasas de interés.

• Ampliar la madurez y vencimiento de los bonos.

Para esto, el equipo que negocie la deuda deberá tener un

piso y un techo. Si el objetivo político del futuro gobierno es que

todos esos componentes de la deuda se vean reducidos, el mismo

deberá lograrse componiendo plazos, tasas y reducciones

absolutas.

El mantenimiento de un modelo de crecimiento económico,

que genere divisas e ingresos fiscales, es el componente fuerte de

la negociación que deberá encararse con fuerza y sin titubeos. La

desestabilización y la política económica de un futuro gobierno

que retrotraiga al pasado (con tipo de cambio bajo y apertura

indiscriminada, con políticas pretendidamente neoliberales) será

visto por los acreedores externos como una imposibilidad

macroeconómica de cumplir con lo básico de la futura gestión, que

es no dejar pasar más tiempo y negociar los vencimientos y el

default declarado por nuestro país. El regreso al pasado es, en el


fondo, el ingreso a una crisis futura, con serios problemas políticos

interiores.

Será función de los negociadores el tener también un piso en

esa negociación.

Los bonos deberán rescatarse en su totalidad, y se

negociarán en bloque para poder obtener la quita esperada.

La deuda con los organismos multilaterales se negociará en

un esquema diferente dado la imposibilidad de imponer quitas a

préstamos regidos por normas y acuerdos internacionales

diferentes. El FMI será, como lo advertimos, la institución más

difícil dado el carácter duro de sus funcionarios ante los acuerdos

nunca respetados del pasado, y la experiencia vivida por la

presente gestión de Roberto Lavagna.

Aquí se impone, desde el inicio, una posición firme y

políticamente precisa:

Se negocia sin presiones y manteniendo la política

actual, con márgenes de libertad para nuestra

economía interior, sin presiones de formas reñidas con

las posibilidades de la economía interior.

No debemos dejar de hacer lo que no se hizo en 1999 ni en

ocasiones anteriores con el FMI. El gobierno debe determinar que

durante los primeros 100 días de gestión tiene que tener amplia

libertad para aplicar su política, y no puede estar condicionado por

los organismos multilaterales de crédito. Así pasó con todas las

crisis en el mundo; a los gobiernos se los dejó despegar.


Aquí, un gobierno legítimo y con apoyo popular, deberá

seguir principios duros de negociación y mostrar seriamente que la

economía, en sus primeros 4/5 años tiene pocas o nulas posibilidades

de pagar los montos perseguidos por el FMI. Para ello, la

combinación de la negociación con el sistema privado y con los

organismos multilaterales debe permitir, como objetivo de gobierno,

el logro de un “período de gracia” que facilite la recuperación de la

economía interior, amplíe sus capacidades de pago y reestablezca

marcos de expansión propios de una etapa de crecimiento con

inclusión social.

Argentina en el mundo


Queremos reinstalar a la Argentina en el mundo, recuperando una posición de dignidad y fortaleza que nunca debimos perder, para así continuar afianzando la paz y la democracia, y dedicarnos con todas nuestras fuerzas a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

Para lograr este objetivo es necesario devolver a la Argentina

el ejercicio pleno de su soberanía. Esto nada tiene que ver con una

supuesta e imposible autarquía o aislamiento, respecto de las

tendencias y procesos de la sociedad global. Significa, eso sí,

capacidad de decisión y de discernimiento acerca del modo en que

nuestro país debe insertarse en el mundo globalizado,

discriminando entre sus elementos positivos, a los que nos

sumaremos, y neutralizando el impacto de sus aspectos negativos.

Significa saber escoger entre aquello que es bueno para la

Nación y el pueblo argentino, y lo que no lo es.

Significa dejar de ser una pluma que vuela según sople el

viento del poder económico, de la especulación desenfrenada y del

saqueo transnacionalizado, y defender con sabiduría, prudencia y

sin claudicaciones, los derechos e intereses de la Patria.

Este objetivo general de nuestro Plan de Gobierno se

instrumentará a través de políticas de Estado, internas y externas.

• Las políticas internas se orientarán al ejercicio pleno de una

democracia pluralista, representativa, respetuosa de la

división de poderes, garante de la seguridad jurídica y de los


derechos humanos y un Gobierno ejerciendo el poder con

transparencia, eficiencia y buena gobernabilidad, para

eliminar la pobreza, la corrupción, las desigualdades

extremas en la distribución de la renta y procurar el

crecimiento económico sustentable y el desarrollo social.

• Las políticas externas buscarán recuperar el protagonismo

internacional, fortalecer la integración regional, incrementar

las corrientes de comercio, cooperar con el mantenimiento de

la paz y la seguridad internacional y contribuir a la

preservación y el fortalecimiento de la democracia en la

región. Para ello, se ha establecido un conjunto de diez

políticas de Estado en el ámbito de las Relaciones Exteriores.

Un Estado con presencia internacional

Para obtener presencia internacional será necesario:

• Recuperar la credibilidad perdida, lo que significa recuperar

el respeto a la seguridad jurídica, a los Acuerdos

Internacionales y Regionales firmados que protegen los

derechos del hombre, la mujer, los niños, las minorías, las

etnias originarias y los derechos económicos.

• Participar activamente en la preservación de la Democracia y

la Paz en la región, siendo así un actor en la vigilancia de

esos principios y, en caso de que los mismos sean violados,

contribuir a la búsqueda de soluciones a través de los


mecanismos previstos por el derecho internacional y los

convenios regionales.

• Profundizar los alcances de la Declaración Regional de Zona

de Paz, en la intención de propender al desarme, evitar

carreras armamentistas, generalizar en nuestro continente la

prohibición del uso, fabricación y almacenamiento de armas

químicas y bacteriológicas.

• Reafirmar el derecho al desarrollo científico tecnológico,

incluyendo el uso pacífico de la energía nuclear.

Una política internacional que expresa un proyecto

nacional, popular, racional y progresista

El llamado “alineamiento automático” de la década del ´90

debe dar paso a consensos políticos basados en el fortalecimiento

del derecho internacional, en las convicciones de nuestro pueblo y

en las prioridades nacionales. Argentina debe replantear su posición

en el plano internacional. Reconocemos nuestra pertenencia a la

tradición cultural y política latinoamericana, dado que nos une con

el resto de los países de la región una cultura en común que

debemos preservar, tanto en lo que tiene que ver con nuestra

herencia europea, como en el reconocimiento de la preexistencia de

las tradiciones indoamericanas.

Ello significa también el respeto a la soberanía de cada

estado, y a la autodeterminación de los pueblos, siempre que ello no

implique amenazas a la integridad territorial de los países, a la paz,

o a normas básicas del derecho internacional.


Un Estado que se fortalece afianzando primero sus

relaciones regionales

• La alianza estratégica con Brasil, la profundización del

Mercosur y la relación con los países asociados, Chile y

Bolivia, deben ser nuestras prioridades, sobre la base de

relaciones equilibradas e igualitarias entre los países.

• La integración regional debe incrementar la competitividad

de los países a través de la profundización de la

investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y el

montaje de cadenas productivas.

• Más allá de lo económico, el Mercosur debe profundizar la

armonización de normas y la convergencia de políticas

públicas, especialmente en el campo social, educativo y

cultural.

• En un mundo globalizado, el fortalecimiento de la alianza

regional nos colocará en una mejor posición negociadora,

tanto a nivel multilateral (ONU, OMC, ALCA, Unión

Europea), como bilateral.

Un Mercosur equilibrado y negociado

Se trata de negociar seriamente, no sólo en los planos

económico y comercial, sino también en lo cultural, en lo político y


en lo social, a partir de nuestras necesidades nacionales e insertos

en un proceso de integración que nos fortalezca. Este debe basarse

en la identidad cultural regional construida por una historia común,

en los lazos sociales y económicos existentes en las áreas de

frontera, y en los procesos de integración y complementación

económica ya existentes.

Esta profundización de la integración debe plantear, en la

mesa de las negociaciones, los temas que nos unen y también

aquellos que parecen distanciarnos. Es necesaria la coordinación, y

cuando sea posible, la unificación de sistemas y normas (por

ejemplo en lo referente a los asuntos sociales, migratorios,

movimientos de capitales, educación, transporte, comunicaciones,

etc.). Se prestará especial consideración a dos cuestiones: (a) la

consolidación de la libre residencia, para avanzar hacia la libre

circulación de las personas; (b) el desarrollo de una infraestructura

integrada de transporte, de energía y de comunicaciones.

También debe contemplarse la creación de instituciones

regionales hoy inexistentes, tales como el Parlamento del Mercosur,

y apoyar el Instituto Monetario, que a través de la armonización de

las variables macroeconómicas permita instituir una moneda única.

Asimismo el Instituto Social, para coordinar planes de salud,

educación y acción social; tribunales permanentes para la solución

de controversias, y mecanismos más ágiles para la internalización

de las normas acordadas.

Desde el Mercosur a América Latina


Reconocemos nuestra pertenencia continental y queremos

recrear nuestra posición. Sabemos que tenemos un destino común

con los demás países de América Latina, y el Mercosur debe

continuar negociando con ellos. El Mercosur debe seguir tratando

con Chile su plena integración, como así también el acuerdo con los

Estados de la Comunidad Andina (CAN), afianzando además sus

relaciones con los países de Centroamérica y México, con los que

ya posee acuerdos en el marco de la ALADI.

Desde el Mercosur, y América Latina, al ALCA

La Argentina, afianzada en el Mercosur y en América

Latina, negociará desde el Mercosur, como meta de mediano

plazo, la Zona de Libre Comercio Hemisférica: el ALCA. No

desconocemos que ya se está en esas negociaciones, pero

primero revisaremos nuestra estrategia local y regional para

después enfrentar la continental. Como todo proceso de

integración, dependerá del resultado de las negociaciones la

mejor posición relativa a que quedarán expuestos los productos

de nuestro país respecto de los demás mercados. En este

contexto, toda negociación se basará en el principio de la

equidad, la cual deberá propiciar la plena libertad de comercio,

incluyendo la eliminación de las barreras arancelarias y para-

arancelarias que aplican EEUU y Canadá a determinados bienes

y servicios argentinos y latinoamericanos. En las negociaciones

entre MERCOSUR y ALCA, además, se sostendrá como


principio que lo allí negociado no debe en forma alguna

restringir o afectar las posibilidades de negociar acuerdos de

naturaleza equivalente con otras regiones o países.

Las Naciones Unidas como centro del orden internacional

y del sistema de seguridad colectiva

La Carta de las Naciones Unidas, las convenciones

vinculantes surgidas de sus propósitos y objetivos, y los programas

de acción aprobados por consenso en las conferencias globales del

sistema de las Naciones Unidas, deben quedar en el centro del

orden internacional. En ese contexto, la Argentina promoverá, en lo

multilateral y en sus relaciones bilaterales, la vigencia de todos los

instrumentos internacionales relacionados con los derechos

humanos, con los derechos económicos y sociales, con el desarrollo

humano, y con la no proliferación de armas nucleares y la

destrucción completa de los arsenales químicos y bacteriológicos.

La paz y la seguridad internacional son conceptos que no pueden

separarse del desarrollo económico y social, y es dentro de este

marco conceptual que la Argentina orientará su política

internacional.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y su acción

complementaria con los mecanismos regionales con mandato en

materia de seguridad colectiva, es y debe continuar siendo el

instrumento de todos los países para mantener y desarrollar la paz y


la seguridad internacional; para desarrollar acciones preventivas en

caso de potenciales conflictos identificados en el contexto de la

aplicación Capítulo VII de la Carta, y para garantizar el desarme y

la no proliferación nuclear.

En lo político, ningún alineamiento automático: Unión

Europea y Estados Unidos en un mismo nivel

Durante la década de los ´90 fue fomentada la relación

preferencial con los Estados Unidos, desequilibrando la balanza

respecto de otros grandes actores de la política internacional. La

Argentina debe consolidar otros espacios de relación internacional

con la misma intensidad, procurando contribuir a la conformación

de un sistema multipolar. En ese contexto, la relación asociativa del

MERCOSUR con la Unión Europea constituye una meta necesaria.

Si bien queda por definir el conflictivo tema de los subsidios

agrícolas, existen alternativas para negociar positivamente hacia el

futuro. Esta preeminencia relativa de los Estados Unidos y la Unión

Europea no implica desconocer la prioritaria necesidad de avanzar

en la construcción de sólidos vínculos con Asia del Este y Asia del

Sur, al igual que con otros importantes estados y agrupamientos

supra-estatales de otras regiones.

En lo comercial, el mundo como mercado


La política de promoción comercial será uno de los pilares

básicos de la política exterior, a través de las representaciones

diplomáticas en el exterior y de la Fundación Export.Ar. La

promoción comercial se dirigirá a todas las empresas: a las grandes

porque producen un impacto mayor en las variables

macroeconómicas; a las medianas, muchas de las cuales han

iniciado el camino de la exportación, y a las Pymes, que recibirán

atención especializada. Se promoverá el desarrollo de una Marca

Argentina que beneficie a las empresas de menor dimensión, y se

potenciará la tarea comercial de nuestras Agregadurías, como así

también el desarrollo de productos y mercados no tradicionales y el

fomento de actividades donde las grandes empresas colaboren en el

esfuerzo exportador de sus proveedores y clientes y de toda otra

empresa relacionada a éstos a través de la cadena de valor.

Se reemplazarán las acciones individuales por estrategias y

programas que ofrezcan continuidad en el tiempo, los que se

desarrollarán en forma concertada con los beneficiarios y con

organismos gubernamentales y no gubernamentales involucrados en

la exportación. Para ello se promoverá la creación de comisiones

multidisciplinarias e intersectoriales para el desarrollo industrial,

que se ocuparán de buscar soluciones a las trabas que afectan la

actividad exportadora, tales como el acceso a crédito, insumos y

bienes de capital, la adaptación de la producción y productos, la

simplificación y modernización de los procesos aduaneros, y los

servicios al exportador, así como una acción horizontal en todos y

cada uno de los mercados para la reducción de las trabas

comerciales impuestas por los países desarrollados, que puedan

hacer retrasar la inserción de la Argentina en el mercado mundial.


Política nacional antártica

La Argentina es uno de los países pioneros en exploraciones e investigaciones antárticas, y ha invertido más de 100 años de esfuerzos en este sector del planeta, el Continente Blanco, comprometiendo recursos y hombres, algunos de los cuales perdieron allí sus vidas. La Argentina, junto con Chile, está muy cerca de la Antártida, ya que sólo nos separan 1.100 kilómetros, y esto nos da una ventaja considerable sobre el resto de los países. La comunidad internacional ya ha aceptado, de manera generalizada, que ha terminado la etapa histórica del descubrimiento y ocupación de la Antártida. Ya en el siglo XXI, y viviendo plenamente la época de los conocimientos más avanzados, soberanía es sinónimo de ciencia y tecnología. El denominado Sector Antártico Argentino comprende algo

más de 5.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie, de los

cuales 3.500.000 son mares; 1.00.000 tierra cubiertas de hielos, y


500.000 barreras de hielos flotantes. La Argentina tiene una

superficie de 3.750.000 kilómetros cuadrados, incluyendo 1.000.000

del Mar Argentino, lo que nos da una muestra clara de la magnitud

del reclamo de nuestra soberanía sobre aquella parte del Continente

Blanco.

Volviendo a lo que ya dijimos, que soberanía es ciencia y

tecnología, a nuestro país se le presentan solo dos posibilidades en

este tema: una es abandonar la Antártida y perder todos los trabajos

hechos allí durante un siglo, y también todo el prestigio alcanzado, y

la otra es redoblar esfuerzos en ese sector, haciendo de la Antártida

un tema de política nacional. La primera de estas dos posibilidades

es impensable. Para la segunda se proponen líneas básicas de acción

tendientes a conformar un Programa Antártico Argentino, eficiente,

eficaz y que alcance prestigio internacional.

Ciencia y tecnología

El Instituto Antártico Argentino, IAA, debe ser el ente de

Ciencia y tecnología rector de la actividad antártica argentina. Su

personal científico-técnico prestará primordial atención a la

actividad y a todo el asesoramiento que se le pida acerca de los

organismos nacionales e internacionales pertinentes.

Dada su función, y su relación con el SCAR, Scientific

Comitee on Antartic Research, el IAA debe ser un organismo

autárquico, dependiente del Sistema Científico y Tecnológico

Nacional.

Debe establecerse que toda actividad antártica requiere de una

auditoría medio ambiental, antes y después de su realización.


Turismo

En los últimos años el territorio antártico se ha convertido en

un destino turístico de indudable atracción para el turismo

internacional. Casi todos los cruceros antárticos, al ir y al regresar,

utilizan el puerto de Ushuaia, ya que esta ciudad austral es

considerada como “la puerta de entrada a la Antártida”.

La Secretaría de Turismo de la Nación, junto con algunos

gobiernos patagónicos, especialmente Santa Cruz y Tierra del

Fuego, deben establecer programas de vinculación entre la

Patagonia, Tierra del Fuego y la Antártida, para promover e

incrementar el turismo en esas regiones, integrando los diferentes

circuitos: Hielos Continentales, Canal de Beagle, Península

Antártica, y otros más. Siempre se contará con la asesoría del

Instituto Antártico Argentino, que se hará cargo de los servicios de

logística, información científica y, especialmente, de la supervisión

de los temas referidos a la conservación del medio ambiente.

Se deben simplificar los trámites aduaneros para turistas,

mejorar la infraestructura y brindar beneficios en combustibles y

servicios de puertos y aeropuertos.

Se debe confeccionar un plan de manejo que incluya al

turismo a las bases esperanza, Brown, Jubany, Marambio, Orcadas y

Decepción, dotándolas de infraestructura acorde con los planes

turísticos que elabore la Secretaría de Turismo de la Nación,

respetando las reglas de protección ambiental.

Pesca

El Océano Antártico fue una de las últimas regiones del

mundo en la que se inició la captura comercial de peces. Sin

embargo, un creciente interés en la pesca en esta región ha


expandido su área desde las islas subantárticas hasta el mar abierto.

La sobreexplotación de los recursos marinos llevó a que, en 1982, se

estableciera la Convención sobre la conservación de los recursos

Vivos Marítimos Antárticos, CCAMLR. De esta Convención

emanan las directivas para establecer las cuotas de pesca, como así

también áreas y épocas prohibidas.

La Secretaría de Pesca, junto con el IAA y con el apoyo de las

Fuerzas Armadas y de Seguridad, deben trabajar en conjunto en este

trema, ya que se podrían obtener importantes recursos a partir de las

licencias de pesca.

Logística

La logística es un tema de gran importancia para cualquier

proyecto de desarrollo en la Antártida. Se trata de establecer una

logística antártica que pase de lo declamatorio a lo efectivo. Los

actores más capacitados para este trabajo son las Fuerzas Armadas y

de Seguridad, que harán una tarea de apoyo a la ciencia y la

tecnología, al turismo y a la pesca.

Los medios operativos, y las bases antárticas, deberán

adecuarse en su dimensión y número a las reales necesidades del

Programa Antártico Argentino, dentro de un crecimiento orgánico

que no lleve a su sobredimensionamiento.

• Para las bases antárticas deberá buscarse la utilización de

energías alternativas limpias, para lo cual se debe

explorar con la Chancillería el apoyo, económico y de

asesoramiento, de países involucrados en el tema, como

Nueva Zelanda.

• Se debe buscar la utilización óptima del RHAI, utilizar

las instalaciones portuarias de Puerto Deseado, y otros


medios disponibles para la actividad oceanográfica y

biológica.

• Debe crearse una escuela de capacitación antártica para

las Fuerzas Armadas y el personal logístico antártico.

• Deben revisarse y actualizarse los planes de contingencia

en todas las bases antárticas.


Justicia, Seguridad y Estado de Derecho para el

desarrollo humano

La fundamental


reconstrucción del Estado Es necesario -y vamos a poner toda nuestra dedicación y esfuerzo para lograrlo-, reconstruir al Estado, ya que esto es imprescindible para que vuelva a cumplir su papel de árbitro de las relaciones sociales y sea un eficiente promotor del desarrollo y del bienestar social.

Durante casi un cuarto de siglo el Estado nacional, y la

mayoría de las provincias, han sido sometidos a un proceso de

desmantelamiento y de sometimiento pasivo a la especulación

financiera y a los sectores más concentrados del poder económico.

El “achicamiento del Estado” promovido por el fundamentalismo

neoliberal no significó el “agrandamiento de la Nación, sino todo lo

contrario: empobrecimiento de más de la mitad de los argentinos,

crisis de la salud y del sistema educativo, desmantelamiento

productivo, desempleo masivo y degradación del tejido social,

abandono y escarnio de los jubilados, retroceso científico y técnico,

concentración escandalosa de la riqueza en unas pocas manos y

sometimiento a decisiones ajenas a la Nación y siempre contrarias a

las aspiraciones del pueblo.

Reconstruir el Estado no significa intentar el regreso a etapas

agotadas de nuestro desarrollo, ni tampoco es apostar a un

gigantismo estatal que, de acuerdo a todas las experiencias, siempre

termina ahogando las energías creativas de la sociedad y aislándonos

de las tendencias más positivas, tanto regional como

internacionalmente.


Reconstruir el Estado es posicionarlo como una herramienta

dinámica al servicio de objetivos nacionales de democracia,

desarrollo, bienestar y dignidad nacional. Debemos hacer que el

Estado sea garante y promotor efectivo de las libertades y derechos

sancionados por nuestra Constitución, y reconocidos por la cultura

jurídica de nuestro tiempo, siempre en un marco de auténtico

federalismo.

Se trata, ante todo, de una tarea eminentemente política, en

tanto tiene que ver con las transformaciones que queremos impulsar

en nuestra economía, en la distribución de los recursos, en el tejido

social y en nuestra vinculación con el exterior. Para ello es

imprescindible impulsar una reorientación profunda del modo en

que el Estado ha venido funcionando hasta ahora, modificar los

referentes sociales de su accionar, fijarle nuevas metas y dotarlo de

instrumentos de gestión más eficaces.

Es fundamental fortalecer sus capacidades de decisión, por

encima de intereses particulares, y abrirlo a la participación

democrática y a la fiscalización pública. El cambio que proponemos

en los objetivos y en los referentes de la acción estatal será

acompañado por una reforma amplia en los procedimientos,

mecanismos y herramientas de gestión. Un Estado como el que

ansiamos tener, como el que vamos a tener, exige una

administración pública eficiente, transparente y responsable. Para

lograrla vamos a reforzar y fortalecer los mecanismos de control y

los abriremos a la fiscalización y participación de la sociedad

organizada.

Impulsar un auténtico federalismo. Dotaremos a nuestra

democracia de contenido regional, de base local y municipal.


Estimularemos la celebración de acuerdos interprovinciales e

intermunicipales para dinamizar las economías regionales y locales

y fortalecer las identidades culturales. Descentralizaremos la acción

estatal, sus recursos y sus responsabilidades, hacia el órgano

democrático más próximo a la ciudadanía.

Prevenir y combatir la corrupción y el delito en general. La

ley recibirá una aplicación estricta y los procedimientos serán

agilizados para que nunca más sean refugio de la impunidad y del

ventajismo.

El Estado protegerá a los consumidores y usuarios, a través

del marco normativo y los mecanismos institucionales adecuados,

compatibilizando la naturaleza pública de los bienes y recursos en

juego con las características de los proveedores. Se revisarán los

marcos reglamentarios de las concesiones de servicios públicos, y se

mejorará sustancialmente la calidad y eficacia de los entes

reguladores.

Estimular el desarrollo de modalidades de participación

ciudadana que complementen y equilibren las limitaciones de los

mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Por

encima de toda rigidez formal y burocrática, queremos favorecer la

participación, cada vez más amplia, de nuestro pueblo en todas las

decisiones que atañen a su vida diaria, al futuro de sus hijos, y a

nuestro futuro como Nación.

En síntesis, vamos a poner el Estado al servicio del hombre y

su desarrollo, a partir de un Estado activo, promotor, presencial y

cuando es necesario protector. No hay desarrollo humano con

estados ausentes.


Transparencia en la gestión del Estado

La transparencia en la Gestión del Estado es central para recuperar la confianza de la sociedad en la Política y en el

Sector Público


1.- HACIA EL FIN DE LA IMPUNIDAD.- Promoción de la sanción de actos de corrupción

a.- Investigación e impulso de la acción Penal en casos de corrupción b.-Auditoría del Estado de las causas por Delitos contra la Administración Pública y Publicidad de los resultados .- c.- Mecanismos para mejorar la eficiencia en la tramitación de causas por delitos contra la Administración Pública .-

2.- GASTO PUBLICO TRANSPARENTE

Mayor Control de los Fondos Públicos

a.- Publicidad de gastos , licitaciones y contrataciones públicas. Uso de herramientas de e-government b.- Transparencia en la utilización de los recursos provenientes de los organismos multilaterales de crédito para la contratación de obras y de servicios. Coordinación de políticas de control con los organismos multilaterales c.- Entidades que reciben y/o administran fondos públicos:

• -Mejorar el acceso público a estados contables, memorias y balances

• Régimen de declaraciones juradas patrimoniales de carácter público para los integrantes de sus órganos de conducción y administración

• Fortalecimiento de los controles de la Rendición de cuentas de la aplicación de subsidios.-.

d.- Régimen transparente de entrega de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e.- Mejoramiento de la transparencia y los controles en la administración de fondos reservados de la secretaría de Inteligencia del estado ( SIDE)

3:- RENDICIÓN DE CUENTAS


Fortalecimiento de los organismos de control

a.-Impulsar una mayor coordinación y colaboración entre el Ministerio Público, Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas , Sindicatura General de la Nación , Oficina Anticorrupción , Auditoría General de la Nación y Comisiones del Congreso Nacional.- b.- Sistema de premios y castigos para la aplicación de las recomendaciones de los organismos de control .-

4.- CONTROL CIUDADANO Participación de la sociedad civil

a.- Impulso, sanción y efectiva implementación de normas que favorezcan la participación de la sociedad civil en el control de la gestión pública .-Ejemplos:

• Ley de acceso a la información.- • Ley de gestión de intereses ( “lobby”) • Ley de Creación de entes de control con

participación de asociaciones de usuarios y consumidores ( art. 42 C.N.) y de las Provincias .-

Política de Seguridad, personas

seguras en una sociedad

democrática segura

Una sociedad segura es la que garantiza las condiciones para el desarrollo de la vida humana, en un marco de previsibilidad y de vigencia efectiva, de un conjunto amplio de derechos y de libertades. Por lo tanto, una política de seguridad democrática, respetuosa de los derechos humanos pero sin contemplaciones con el delito, consiste en arbitrar todos los medios necesarios, compatibles con nuestro


ordenamiento constitucional, para que esos derechos y libertades tengan vigencia efectiva. El delito no se combate con más delito e ilegalidad, sino con la aplicación firme de las leyes.

Para confiar en la Justicia, y para terminar con la inseguridad

El No a la Impunidad, que propone el Frente para la

Victoria, es indispensable para asegurar la aplicación de las políticas

públicas que esbozamos en este trabajo.

Construiremos una sociedad segura para todos los argentinos.

Las calles, las rutas, las veredas y las plazas volverán a ser lugares

de tránsito esparcimiento seguros, y no coto de caza de los

delincuentes. Garantizaremos una administración de Justicia

honesta, firme y expeditiva, que suplante a la violencia como modo

de solución de conflictos.

I.- Prevención La prevención del delito será el eje central de nuestra política

de seguridad. Es importante castigar el delito que se comete, pero

más importante aún es evitar que el delito se cometa.

En un planteo de inclusión social como el que pregonamos,

partimos de reconocer que gran parte de la población no tiene

respuestas en materia de trabajo, educación y salud.-

A quienes la inequidad en la distribución de la riqueza, que no

gozan de los derechos humanos básicos, y a quienes la pésima


calidad de vida a la que se han visto reducidos pueden llevar, no solo

a la marginalidad familiar y social, sino incluso a la violencia y el

delito.

En este marco, la Política de Seguridad debe poner

especial atención en la detección de situaciones de riesgo, para

integrar dentro de nuestro programa nacional a quienes se

encuentran en esa situación marginal, haciendo además un

seguimiento permanente de las características y tipos de

seguridad acorde a cada región, y centros urbanos y rurales del

país, y de las causas reales que generan inseguridad.

Para ello resulta indispensable dar participación activa al

ciudadano en la implementación de políticas, entendidas como

propuestas o acciones de gobierno, tendientes a disminuir los índices

del delito, desde la violencia doméstica hasta los delitos contra la

propiedad que terminan con la muerte de una persona.

Pensamos, en reestablecer el orden y la convivencia en los

barrios, con la participación de los fiscales, los jueces, los vecinos y

los policías. Hablamos de una POLICÍA DE PROXIMIDAD, O

POLICÍA COMUNITARIA, que dé una rápida respuesta a los

siguientes temas:

• Que esté junto al vecino.

• Que participe con él de sus necesidades y de sus

carencias.

• Que lo oriente en cuanto a saber a quién recurrir para

buscar solución a sus problemas o necesidades (acceso

a los servicios básicos, educación, salud, de acceso a la


justicia, programas de empleo, de deportes, actividades

de recreación).

Nos proponemos una policía que sea respetable y respetada, y

que pueda intermediar para evitar que los conflictos deriven en

delitos.

El policía, dotado de las herramientas tecnológicas y de

comunicación al servicio del bienestar del vecino, debe recuperar su

papel activo en la asistencia y protección del ciudadano, lo que habla

de una reforma al Régimen de Seguridad Interior, que haga del

conocimiento del lugar y de la interacción con los vecinos una

herramienta de seguridad.

Con un modelo de seguridad con base en la policía de

proximidad que atienda la prevención, la solidaridad y la

participación comunitaria, van a surgir los mecanismos que aseguren

el derecho de información y petición que tiene todo ciudadano, y

con ello el control de cada uno sobre la actuación policial,

cualificando y transparentando así la tarea del policía, exigiendo que

los órganos de fiscalización del accionar de las fuerzas de seguridad

funcionen.

II.- Acción Nuestro sistema de seguridad es obsoleto, y ha colapsado

• La policía no previene el delito.


• La legislación procesal facilita que los juicios se

prolonguen interminablemente, favoreciendo así la

impunidad del delincuente.

• El sistema penitenciario ha colapsado.

Las consecuencias de todo esto están a la vista: altos índices

de criminalidad, miedo e inseguridad en la población, proliferación

de armas ilegales, y un delito que crece desmedidamente en

violencia, y que día a día es más frecuentes que sea ejecutado por

jóvenes, en demasiadas ocasiones casi niños.

La seguridad es algo demasiado complejo para dejarla exclusivamente en manos de la policía

Lograr una sociedad segura requiere el concurso de un

conjunto amplio de instituciones del Gobierno nacional y de los

gobiernos provinciales y municipales, como así también de

organizaciones no gubernamentales y de bien público.

La policía es un instrumento fundamental en una política

integral de la seguridad, por lo que a optimizaremos y

modernizaremos la capacitación y el equipamiento de las fuerzas

policiales, y también sus modalidades de despliegue operativo. Esto

implica pasar del enfoque reactivo prevaleciente (intervención en

respuesta a la comisión de un delito), a una acción de prevención.

Debemos definir e implementar una doctrina policial acorde

con los imperativos de la Argentina del siglo XXI, centrada en el

respeto efectivo a los valores de la democracia, los derechos

humanos y las libertades constitucionales, con una efectiva rendición


de cuentas a la sociedad y una actualización tecnológica acorde con

los desafíos que plantean los delitos de alta complejidad.

La Reforma Policial tiene que surgir del debate de políticas de

seguridad juntamente con todos los sectores económicos y sociales,

y también de la coordinación y comunicación entre todas las fuerzas

policiales, trabajando en la elaboración de planes de prevención

basados en la confección de mapas del delito, en el seguimiento de

esos planes, en la detección y corrección de las fallas en su

aplicación, para optimizar la seguridad.

Exige también dotar a la policía de un equipamiento

moderno, adecuado a las nuevas exigencias planteadas por la

prevención y la lucha contra el delito.

• Fortalecer los mecanismos institucionales de

prevención y castigo de abusos y corruptelas,

Así como todas las disfunciones de los cuerpos policiales,

poniendo a dichos mecanismos bajo un severo control

público, con participación de la comunidad organizada.

Las fuerzas policiales y de seguridad deben estar

efectivamente sometidas a las mismas exigencias de transparencia, y

a los controles administrativos y contables, que las demás

reparticiones del Estado.

Circunscribir a las fuerzas federales de seguridad y policía, a sus áreas específicas de

acción:

La prevención del delito y la defensa de la seguridad interior

en las áreas de competencia federal; la seguridad ambiental; la

prevención y lucha contra el narcotráfico; el secuestro o tráfico de


personas; el terrorismo; la tenencia de armas y sustancias ilegales y

otras contempladas en la legislación.

Establecer mecanismos institucionales de coordinación con todos los ámbitos de gestión

pública y no gubernamentales, que tienen competencia en la prevención y reducción del delito

Tanto en lo que se refiere al marco normativo (códigos y leyes

sustantivas y de procedimientos), como a los procesos judiciales, al

sistema penitenciario, y a la creación de condiciones de reinserción

positiva del ex convicto a la sociedad.

Una sociedad democrática segura es el compromiso y la

responsabilidad de todo el gobierno, en interacción creativa y

mutuamente enriquecedora con la sociedad organizada. Por lo tanto

coordinaremos los enfoques y acciones de gobierno que tienen

intervención en la recomposición de los escenarios de

desintegración social en los que el delito florece. Una sociedad con

tan elevados índices de desigualdad, empobrecimiento,

desintegración familiar, falta fe, horizontes para la juventud,

impunidad e irresponsabilidad, siempre es escenario de altos niveles

de inseguridad y violencia. Una sociedad de producción y de

empleo digno para todos, es el mejor antídoto contra el delito.

Poder Judicial

Entendemos que debemos Priorizar su actividad en función

de la demanda social y mejorar su integración.


Es un requisito de convivencia recuperar la confianza en la

Justicia.

Nuestro máximo Tribunal esta desprestigiado; el Consejo de

la Magistratura, creado para la selección de los jueces, se ha

burocratizado, insume gastos excesivos y sus trámites, además de

engorrosos y lentos, están hoy cuestionados por su falta de

transparencia.

Funcionamiento sin interferencias políticos partidarias o

corporativas en los mecanismos constitucionales, que posee el poder

Legislativo para el juzgamiento de los miembros de la Corte.

Reforma de la Ley de Consejo de la Magistratura que asegure

un proceso de selección con mecanismos transparentes y públicos,

Esa es la única garantía para una correcta administración de

justicia.

Para asegurar idoneidad de nuestros jueces necesitamos

dotarlos, durante toda la carrera judicial, de las herramientas para

ello.

Impulsar la capacitación y actualización permanente de los

magistrados, y consolidar los centros de formación profesional.

Nuestros jueces deben interactuar, intercambiar ideas y opiniones

con los colegios, asociaciones, consejos y universidades, y discutir

el derecho para mejorar y modernizar la administración de justicia.

Creación de la Escuela de la Magistratura .-

Difundir y concientizar al ciudadano sobre las

herramientas constitucionales para enjuiciar y remover a los

jueces por su mal desempeño.


Facilitar el acceso a la Justicia, para que sea oportuna en

todos los casos y con trámites ágiles, para hacer efectiva la

protección de los nuevos derechos constitucionales de usuarios y

consumidores.

Asegurar el asesoramiento jurídico-social para el

conocimiento de los derechos humanos, para lograr no solo la

protección necesaria sino la petición eficaz

Cuestión de Estado

Fuero penal tributario

El contrabando, la evasión, y la fuga de divisas, necesitan ser

evitados desde su origen, y tramitados y resueltos judicialmente con

especialidad en el conocimiento del problema.

Propiciamos la creación de un nuevo fuero que atienda en

forma concentrada estas causas, y que permita agilizar los

procedimientos fiscales de las causas que involucren a los grandes

contribuyentes.

Para evitarlos desde su origen, vamos a exigir que los

mecanismos de fiscalización bancaria se cumplan.

Nuestra meta es desarticular en el país las redes de lavado

de dinero, y para ello requeriremos la asistencia y colaboración de

los organismos de cooperación internacional, tanto en materia

judicial como en lo que corresponde a las instancias de las

investigaciones.


La extensión de estos delitos depende directamente del

monto del poder monopólico privado, y casi siempre de la acción u

omisión que un funcionario ejerce.

La efectividad de los organismos y dispositivos de control

(internos y externos, verticales y horizontales), debe ir acompañada

de regulaciones legales claras en su definición, y aplicables por

tribunales con competencia especial para ello.

Entendemos que cuanto más poder se atribuye al Estado para

administrar privilegios en la sociedad, mayores controles

son necesarios para asegurar un otorgamiento no

arbitrario, y la posterior utilización correcta de los mismos

por parte de los beneficiarios.

Debemos procurar una dedicación exclusiva para combatir

el contrabando, la evasión y la fuga de divisas, y también la

corrupción, en los niveles de decisión, que facilitan esos delitos.

Notamos que la sensación de impunidad tiene una base

objetiva cuando no hay ni condenas ni desestimación de

denuncias por estos hechos.

Esto significa que el cúmulo de irregularidades, y las

pésimas administraciones han minado notoriamente la confianza

en la democracia.

El objetivo es también reflejar la mirada de aquellos que

toman decisiones claves de inversión en nuestro país, a partir de

normas claras y precisas.


PRINCIPAL :: BIOGRAFIA

BIOGRAFIA Néstor Carlos Kirchner Gobernador de la Provincia de Santa Cruz

Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 1950

Lugar de nacimiento: Río Gallegos, Santa Cruz

Actuación Pública y Profesional

En el año 1976, egresó con el título de abogado de la Universidad Nacional de La Plata.

Desde muy joven, militó en el Movimiento Justicialista, integrando las filas de la Juventud Peronista.

El 9 de marzo de 1975, contrajo enlace matrimonial con la doctora Cristina Fernández, colega recibida en la mismacasa de estudios en el año 1979, unión de la que nacieron sus hijos Máximo en el año 1977 y Florencia en el año1990.

El doctor Kirchner, ejerció la Presidencia de la Caja de Previsión Social, desde fines de 1983 hasta julio de 1984. Enel año 1987 fue elegido intendente de la capital santacruceña para el período 1987-1991.

Luego, obtuvo un importante apoyo popular que lo llevó a hacerse cargo de la Gobernación de la Provincia, a partirdel 10 de diciembre de 1991, gestión que extiende hasta 1995.

En ese mismo año, la población santacruceña le volvió a confiar los destinos de la provincia, y fue reelecto hasta elaño 1999, año en que una vez más, las urnas lo favorecen para ejercer el máximo cargo de Santa Cruz, hasta el año2003.

A poco de asumir la gobernación santacruceña, fue elegido presidente de la Organización de estados productores deHidrocarburos (OFEPHI), en agosto del año 1992.

Más tarde, fue elegido Convencional para la reforma de la Constitución Nacional de la República Argentina del año1994; fue también el Secretario de Acción Política del Concejo Nacional del Partido Justicialista, y actualmente enSanta Cruz, continúa siendo el presidente del Concejo Provincial del partido Justicialista, cargo para el que fueelegido en el año 1992, asumiendo sus funciones en mayo del año siguiente, y siendo desde esa fecha reelecto paraocupar la titularidad del mismo.

En el año 1996, fue fundador del La Corriente Peronista, línea interna del Justicialismo, y desde el año 2000 lidera"La Corriente" espacio de debate y pensamiento político federal al que se están adhiriendo argentinos, desde losdistintos puntos del país, convencidos en que la política es la herramienta capaz de construir un país diferente.


1 of 1 26/05/2003 11:28

Kirchner Presidente http://www.kirchnerpresidente.com.ar/kirchner/sec_biografia/

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