Toque Crítico de Martín Esparza Flores: La Demanda del SME ante la CIDH

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C on la firme intención de derribar el muro de la intran- sigencia y las aberraciones jurídicas levantado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han permitido la violación sistemática de las leyes del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llevará en la presente semana su Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador hasta las puertas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, para presentar la demanda respectiva que permita conocer a la opinión pública internacional los exce- sos perpetrados en perjuicio de los derechos laborales y humanos de los 44 mil trabajadores despedidos tras el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del 11 de octubre del 2009, así como la serie de triquiñuelas legales empleadas en su contra por el gobierno mexicano. En la denuncia quedará constancia de la forma autoritaria y violenta —entre otras agresiones— en que se nos despojó de nuestros derechos civiles, jurídicos y laborales por parte de Felipe Calderón Hinojosa y sus sumisos e incondicionales ministros, desde el momento en que se recurrió al uso de las fuerzas armadas y policiales para desalojarnos de nuestros centros de trabajo, hasta la infundada sentencia del 30 de enero pasado en que la SCJN revocó el amparo emitido a favor del SME por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Laboral, el 13 de septiembre del 2012, que orde- naba la restitución de nuestros empleos y la obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para asumirse como patrón sustituto. Es el momento de que todo el mundo se entere del grado de ignominia a que han llegado el máximo órgano de impar- tición de justicia y el gobierno mexicano de negar todo dere- cho a los trabajadores. En enero pasado, a nivel global, se ponderó el respeto a los tratados internacionales y a los dere- chos humanos que mostró el país al dejar libre por lo viciado del procedimiento de su detención a la francesa Florence Cassez, pero ésa fue sólo una cara de la parcial, tendenciosa y torcida aplicación e interpretación de las leyes por parte de las autoridades federales y los manipulables integrantes de la SCJN. Lo que la comunidad internacional desconoce es que en México los derechos laborales y humanos están vetados en la realidad para millones de trabajadores. Como lo manifesta- mos en abril pasado durante el trayecto que realizó desde la ciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, recogi- mos infinidad de quejas y denuncias por abusos cometidos contra trabajadores de diversos estados. Por ello, estamos conscientes de que la demanda que presentaremos ante la CIDH refleja en buena medida esos abusos que se están cometiendo en la más ofensiva de las impunidades en un país que se jacta, a nivel mundial, de firmar pactos y tratados como el San José, los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración Internacional sobre Derechos Humanos, entre otros. Más reprochable si se consideran como una burla las reformas realizadas en junio de 2011 donde se incorporó al artículo primero de la Constitución, la obligación de todos los jueces —incluidos los ministros—, autoridades legislativas y administrativas, a nivel federal, local y municipal, de respetar y proteger los derechos humanos, entre los que están com- prendidos los derechos laborales. Toda esta reglamentación internacional sólo se respeta cuando se trata de ciudadanos extranjeros —como sucedió con Florence Cassez—; para los mexicanos sencillamente no existe ni aplica. La CIDH como parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos constitucionales, instituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos, y pro- vee un recurso a los habitantes de América que han sufrido la violación de estos derechos por parte de sus gobiernos. El juicio que emita sobre las agresiones y aberraciones jurídicas perpetradas en contra de los derechos humanos y laborales del SME permitirá a la opinión pública internacional ubicar en su exacta dimensión los reiterados atropellos consumados por el gobierno mexicano, obligándolo, de cara a la comuni- dad internacional, a enderezar el rumbo de sus excesos antes de ser calificado como un Estado represor y totalitario donde las leyes no existen. Por eso, con la fuerza de la digni- dad y la razón, el SME va a derribar en los foros internaciona- les el muro de la intransigencia que agobia al país. 19 de mayo de 2013 Siempre! Por reiterados atropellos consumados por gobierno mexicano La demanda del SME ante la CIDH Martín Esparza FlorEs

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Toque Crítico de Martín Esparza Flores: La Demanda del SME ante la CIDH

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Con la firme intención de derribar el muro de la intran-sigencia y las aberraciones jurídicas levantado por losministros de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación (SCJN), que han permitido la violación sistemática delas leyes del país, el Sindicato Mexicano de Electricistas(SME) llevará en la presente semana su Caravana por elDerecho y la Justicia del Trabajador hasta las puertas de laComisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH),en Washington, para presentar la demanda respectiva quepermita conocer a la opinión pública internacional los exce-sos perpetrados en perjuicio de los derechos laborales yhumanos de los 44 mil trabajadores despedidos tras el ilegaldecreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, del 11 de

octubre del 2009, así como la serie de triquiñuelas legalesempleadas en su contra por el gobierno mexicano.

En la denuncia quedará constancia de la forma autoritariay violenta —entre otras agresiones— en que se nos despojóde nuestros derechos civiles, jurídicos y laborales por partede Felipe Calderón Hinojosa y sus sumisos e incondicionalesministros, desde el momento en que se recurrió al uso de lasfuerzas armadas y policiales para desalojarnos de nuestroscentros de trabajo, hasta la infundada sentencia del 30 deenero pasado en que la SCJN revocó el amparo emitido afavor del SME por el Segundo Tribunal Colegiado de Distritoen Materia Laboral, el 13 de septiembre del 2012, que orde-naba la restitución de nuestros empleos y la obligación de laComisión Federal de Electricidad (CFE) para asumirse comopatrón sustituto.

Es el momento de que todo el mundo se entere del gradode ignominia a que han llegado el máximo órgano de impar-tición de justicia y el gobierno mexicano de negar todo dere-cho a los trabajadores. En enero pasado, a nivel global, seponderó el respeto a los tratados internacionales y a los dere-chos humanos que mostró el país al dejar libre por lo viciado

del procedimiento de su detención a la francesa FlorenceCassez, pero ésa fue sólo una cara de la parcial, tendenciosay torcida aplicación e interpretación de las leyes por parte delas autoridades federales y los manipulables integrantes de laSCJN.

Lo que la comunidad internacional desconoce es que enMéxico los derechos laborales y humanos están vetados enla realidad para millones de trabajadores. Como lo manifesta-mos en abril pasado durante el trayecto que realizó desde laciudad de México hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, laCaravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador, recogi-mos infinidad de quejas y denuncias por abusos cometidoscontra trabajadores de diversos estados. Por ello, estamosconscientes de que la demanda que presentaremos ante laCIDH refleja en buena medida esos abusos que se estáncometiendo en la más ofensiva de las impunidades en un paísque se jacta, a nivel mundial, de firmar pactos y tratadoscomo el San José, los de la Organización Internacional delTrabajo (OIT), y la Declaración Internacional sobre DerechosHumanos, entre otros.

Más reprochable si se consideran como una burla lasreformas realizadas en junio de 2011 donde se incorporó alartículo primero de la Constitución, la obligación de todos losjueces —incluidos los ministros—, autoridades legislativas yadministrativas, a nivel federal, local y municipal, de respetary proteger los derechos humanos, entre los que están com-prendidos los derechos laborales. Toda esta reglamentacióninternacional sólo se respeta cuando se trata de ciudadanosextranjeros —como sucedió con Florence Cassez—; para losmexicanos sencillamente no existe ni aplica.

La CIDH como parte del Sistema Interamericano deDerechos Humanos constitucionales, instituye el marco parala promoción y protección de los derechos humanos, y pro-vee un recurso a los habitantes de América que han sufridola violación de estos derechos por parte de sus gobiernos. Eljuicio que emita sobre las agresiones y aberraciones jurídicasperpetradas en contra de los derechos humanos y laboralesdel SME permitirá a la opinión pública internacional ubicar ensu exacta dimensión los reiterados atropellos consumadospor el gobierno mexicano, obligándolo, de cara a la comuni-dad internacional, a enderezar el rumbo de sus excesosantes de ser calificado como un Estado represor y totalitariodonde las leyes no existen. Por eso, con la fuerza de la digni-dad y la razón, el SME va a derribar en los foros internaciona-les el muro de la intransigencia que agobia al país.

• 19 de mayo de 2013 Siempre!

Por reiterados atropellos consumadospor gobierno mexicano

La demanda delSME ante la CIDH

Martín Esparza FlorEs

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