TÍTULO PRELIMINAR - aprendoyo.com · MAD – CONSTITUCIÓN 1 TÍTULO PRELIMINAR 1. Según la...

MAD – CONSTITUCIÓN 1

TÍTULO PRELIMINAR

1. Según la Constitución española, nuestro país se ha constituido: a) En un Estado social y democrático de Derecho.

b) En una Monarquía democrática de Derecho.

c) En una Nación social–democrática de Derecho.

d) En un Estado respetuoso del Derecho y de la Democracia.

2. Los valores superiores del Ordenamiento Jurídico propugnados desde nues-tra Constitución son: a) La libertad, la igualdad y la fraternidad.

b) La libertad, la justicia y la libre competencia.

c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. d) La libertad, la igualdad y el pluralismo político y sindical.

3. La soberanía nacional: a) Reside en el Congreso y en el Senado.

b) Reside en el Rey.

c) Reside en los ciudadanos mayores de edad.

d) Reside en el pueblo.

4. Los poderes del Estado emanan:

a) Del pueblo. b) De las Cortes Generales.

c) Del Rey. d) Del Gobierno de la Nación elegido mediante sufragio universal.

5. La forma política del Estado español es:

a) La Monarquía Institucional

b) La Monarquía Parlamentaria.

c) El Parlamentarismo Democrático.

d) El Parlamentarismo Bicameral.

6. La Constitución se fundamenta: a) En la indisoluble unidad de la Nación española.

b) En la unidad de la Nación española.

c) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación española.

d) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integran-tes de la Nación española.

7. Respecto a las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, la Constitución les reconoce y garantiza:

a) El derecho a la libre autodeterminación.

b) El derecho a su libre federación o confederación.


c) El derecho a la autonomía.

d) El derecho a la solidaridad entre ellas, pero no el derecho a la autonomía polí-ticamente entendida.

8. La lengua oficial del Estado es:

a) El español.

b) El castellano.

c) El castellano en aquellas Comunidades Autónomas que no sean bilingües.

d) El idioma autóctono en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de len-gua propia.

9. Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: a) Tienen el deber y el derecho de conocerlo.

b) Tienen el deber y el derecho de usarlo.

c) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. d) Tienen el deber de usarlo.

10. Las demás lenguas de las respectivas Comunidades Autónomas: a) Son oficiales también en el resto del Estado.

b) Deben ser conocidas y empleadas por todos los españoles que residan o visi-ten la Comunidad Autónoma afectada.

c) Serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuer-do con sus Estatutos.

d) Serán las únicas lenguas oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

11. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España: a) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

b) Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá a las Naciones Unidas.

c) Es un patrimonio político que no podrá vulnerar el principio de solidaridad entre las distintas nacionalidades y regiones.

d) Es un patrimonio natural que deberá ser desarrollado exclusivamente por las Comunidades Autónomas afectadas.

12. La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla y roja:

a) Horizontalmente colocadas, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas.

b) Horizontalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

c) Verticalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

d) Horizontalmente colocadas, siendo las tres franjas de igual anchura.


13. Las banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, reconoci-das en sus Estatutos:

a) Se utilizarán en sustitución de la española en los edificios públicos oficiales propios de cada Comunidad Autónoma.

b) Se utilizarán junto con la española sólo en los actos oficiales de carácter esta-tal.

c) Se utilizarán junto a la española en sus edificios públicos y en sus actos ofi-ciales.

d) La utilización conjunta de la bandera de España y la de cada Comunidad Au-tónoma es potestad de las autoridades de la Administración autonómica.

14. La capital del Estado es la villa de:

a) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma de Castilla–León. b) Madrid, ubicada en la Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha. c) Madrid, situada en la Comunidad Autónoma del mismo nombre. d) Madrid, no perteneciente por tal motivo a ninguna.

15. Los partidos políticos: a) Expresan el pluralismo ideológico en todos los campos. b) Concurren a la formación de la voluntad institucional. c) Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas.

d) Son instrumento fundamental para la participación política.

16. La creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos: a) Es libre, sin limitación de clase alguna.

b) Es libre, dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. c) Es libre, dentro del respeto a la dignidad de las personas y de las instituciones

públicas. d) Es libre, dentro del respeto a las reglas del juego democrático establecidas en

la Ley reguladora de los Partidos Políticos.

17. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos, deberá ser: a) Transparente.

b) Jerárquica.

c) Estructurada.

d) Democrática.

18. Los sindicatos de trabajadores:

a) Contribuyen a la defensa de sus exclusivos intereses económicos.

b) Contribuyen en solitario a la promoción de los intereses sociales.

c) Contribuyen junto con las asociaciones de empresarios a la defensa y promo-ción de los intereses económicos y sociales que les son propios.

d) Contribuyen junto a las asociaciones de empresarios a la defensa de los inter-eses dichos en la opción anterior, pero no de naturaleza propia, sino general.


19. Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales no es correcta:

a) Se creación será libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley.

b) El ejercicio de su actividad será igualmente libre dentro del respeto a la Cons-titución y a la Ley.

c) Su estructura interna deberá ser jerárquica.

d) Su funcionamiento interno deberá ser democrático.

20. Las Fuerzas Armadas están constituidas por:

a) El Ejército de Tierra, con el apoyo logístico de la Armada y del Ejército del Aire.

b) La Junta de Jefes de Estado Mayor.

c) El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de Cuer-pos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

d) El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

21. Una de las siguientes afirmaciones referentes a las misiones de las Fuerzas Armadas, no es cierta: a) Defienden el ordenamiento constitucional, impidiendo, por ejemplo, un golpe

de Estado antidemocrático.

b) Garantizan la independencia de España, luchando, por ejemplo, contra la in-vasión militar de nuestro territorio por un ejército extranjero.

c) Defienden la integridad territorial del Estado, no consintiendo, por ejemplo, la ruptura de la unidad de España.

d) Defienden la integridad territorial del Estado, lo cual no es obstáculo para que consientan la independencia de alguna o algunas nacionalidades o regiones de España, tras la decisión libremente adoptada al efecto en referéndum de auto-determinación.

22. Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucio-nales se regulan: a) En la propia Constitución, en el Título Octavo.

b) En la propia Constitución, en el Título Preliminar. c) Por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional. d) Por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional.

23. A la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico:

a) Están sujetos tanto los ciudadanos como los poderes públicos. b) Están sujetos exclusivamente los ciudadanos.

c) Están sujetos sólo los poderes públicos.

d) Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos exclusivamente al im-perio de la Ley.


24. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra:

a) Sean comunes a todos los miembros de la sociedad. b) Alcancen el nivel más alto posible.

c) Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a la Constitución y a las Leyes.

d) Sean reales y efectivas.

25. Corresponde a los poderes públicos:

a) Afianzar los obstáculos que impidan un equivocado o desmesurado empleo de la libertad individual.

b) Reglar los cauces necesarios para alcanzar el disfrute por los ciudadanos de una seguridad plena.

c) Facilitar la participación de los ciudadanos con capacidad en la vida política.

d) Facilitar la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social.

26. Uno de los siguientes principios no está garantizado por la Constitución: a) El de legalidad.

b) El de jerarquía reglamentaria.

c) El de publicidad de las normas.

d) El de irretroactividad.

27. El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca: a) A todas las normas de carácter penal.

b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden. c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos in-

dividuales. d) A las disposiciones indicadas, más aquellas que impongan penas privativas de

libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuan-tía.

28. Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: a) La seguridad del tráfico.

b) La seguridad mercantil.

c) La seguridad jurídica.

d) La seguridad ciudadana.

29. Sólo uno de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente: a) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b) La responsabilidad de la Administración Pública.

c) La interdicción de la arbitrariedad del Poder Judicial. d) La responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la Administración Pú-

blica, tanto nacional, como autonómico o local.


30. Una de las siguientes materias no es regulada en el Título Preliminar de la Constitución española: a) Las Fuerzas Armadas.

b) Los Partidos Políticos.

c) Las Cortes Generales.

d) Las Asociaciones de Empresarios.


TÍTULO I

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

1. Uno de los siguientes no es fundamento del orden político ni de la paz so-cial:

a) La dignidad de la persona.

b) El libre desarrollo económico–social de las personas. c) El respeto a la Ley.

d) El respeto a los derechos de los demás.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán: a) De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, úni-

camente. b) De conformidad con los Tratados y Acuerdos internacionales sobre Derechos

Humanos. c) De conformidad con los Tratados y Acuerdos indicados en la respuesta ante-

rior, ratificados por España.

d) De conformidad con el Tratado de Roma en materia de Derechos Humanos.

3. La nacionalidad española: a) Se adquiere por nacimiento.

b) Se conserva hasta la mayoría de edad, si se es hijo de ciudadano extranjero.

c) Se pierde por cometer delito contra la vida del Jefe del Estado.

d) Se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con lo establecido por la Ley.

4. Con respecto a la nacionalidad de los españoles:

a) Podrá ser privado de ella cualquier español.

b) Nunca podrá ser privado de ella quien la haya adquirido por residencia.

c) Nunca podrá ser privado de ella ningún español de origen. d) Nunca podrá ser privado de ella ningún español que lo sea por carta de natura-

leza.

5. El Estado podrá concertar Tratados de doble nacionalidad: a) Con los países del continente europeo.

b) Con los países del continente americano.

c) Con los países con los que se haya mantenido una vinculación particular.

d) Con cualquier país del mundo, en base a lo que se acuerde en los Tratados o Acuerdos internacionales al efecto.

6. Si un español se naturaliza como ciudadano de un país con el que España tenga suscrito Tratado de doble nacionalidad:

a) Pierde en todo caso su nacionalidad española de origen. b) Sólo pierde su nacionalidad española de origen si en el país afectado no se re-

conoce a sus ciudadanos un derecho recíproco.


c) No pierde la nacionalidad de origen en ningún caso. d) Pierde la nacionalidad de origen en los casos previstos en la Constitución y en

las Leyes.

7. Los españoles son mayores de edad, según la Constitución:

a) A los 18 años.

b) A los 21 años.

c) A los 16 años.

d) Cuando se emancipan, al margen de la edad.

8. Los extranjeros gozarán en España:

a) De las libertades públicas que garantiza el Título Primero de la Constitución, en los términos establecidos en los Tratados y en la Ley.

b) De las libertades públicas establecidas en los Tratados Internacionales, en los términos garantizados por el Título Primero de la Constitución.

c) De los derechos fundamentales establecidos constitucionalmente, en los tér-minos garantizados por la Ley.

d) De los derechos fundamentales y libertades públicas que garantiza el Título Primero de la Constitución, en iguales términos en que lo hacen los ciudada-nos españoles.

9. El derecho a participar en los asuntos públicos:

a) Sólo corresponde a los ciudadanos españoles.

b) Nunca puede corresponder a los extranjeros.

c) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales.

d) Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales.

10. La extradición se concederá:

a) En cumplimiento del espíritu constitucional.

b) En cumplimiento de un Tratado o de la Ley.

c) Nunca atendiendo al mero principio de reciprocidad. d) En cumplimiento del principio de legalidad.

11. Se concederá la extradición en base a la comisión de: a) Cualquier tipo de delito.

b) Delitos de terrorismo.

c) Delitos políticos. d) Delitos e infracciones administrativas muy graves.

12. Del derecho de asilo en España:

a) Sólo podrán gozar los ciudadanos de otros países. b) Sólo podrán gozar los apátridas.


c) Podrán gozar del mismo los ciudadanos españoles perseguidos en otros paí-ses.

d) Se disfrutará por sus beneficiarios en los términos establecidos en la Ley.

13. La igualdad de los españoles ante la Ley:

a) Es absoluta.

b) Puede prevalecer discriminación en base a determinadas circunstancias perso-nales.

c) Puede prevalecer discriminación en base a determinadas circunstancias socia-les.

d) Se recoge en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de nuestra Constitución.

14. El artículo 15 de la Constitución española:

a) Afirma que todos los nacidos tienen derecho a la vida. b) Reconoce el derecho a la integridad física y psíquica de las personas.

c) Destaca la posibilidad de que ningún ser humano pueda ser sometido a trato degradante.

d) Admite la práctica de la tortura para el esclarecimiento de delitos relacionados con el terrorismo.

15. La pena de muerte: a) Fue abolida por nuestra Constitución, permaneciendo vigente para los tiempos

de guerra. b) Fue abolida por nuestra Constitución, habido sido recientemente suprimida

incluso como pena a imponer en tiempo de guerra.

c) Fue abolida por nuestra Constitución, salvo lo que pudieran disponer las Le-yes para castigar delitos de terrorismo.

d) Fue abolida por nuestra Constitución, pudiendo sólo imponerse a los conde-nados como autores de delitos contra la vida del Jefe del Estado.

16. El límite marcado por la Constitución para el ejercicio, por parte de perso-nas y comunidades, de la libertad ideológica, religiosa y de culto: a) Viene marcado por el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

b) Viene delimitado por el respeto a la moral y a las buenas costumbres.

c) Está impuesto por el respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Ju-rídico.

d) No existe límite para el ejercicio de la libertad ideológica, religiosa o de culto.

17. Una de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Todo el mundo está obligado a declarar sobre sus creencias.

b) Nadie está obligado a declarar sobre su religión. c) En los casos previstos en la Ley podrá una persona ser obligada a declarar

respeto a su ideología.

d) Para el acceso a determinados puestos de trabajo, el interesado deberá infor-mar sobre su ideología, religión y creencias.


18. En cuanto a la religión estatal: a) Es la religión católica la confesión oficial del Estado español.

b) El Estado ostenta como religiones oficiales la católica, la protestante, la islá-mica y la judía.

c) Ninguna confesión religiosa tiene carácter estatal. d) La Constitución no establece precepto alguno que imponga a los poderes pú-

blicos la necesidad de mantener relaciones de cooperación con iglesia alguna.

19. Los derechos a la libertad y a la seguridad:

a) Son incompatibles.

b) Se reconocen por el artículo 18 de nuestra Constitución. c) Implican que nadie podrá ser privado de su libertad sino con la observancia de

lo establecido en la Constitución y las Leyes.

d) Implican que los ciudadanos disfrutarán de tanta seguridad como libertad en-treguen al Estado.

20. La detención preventiva no podrá durar: a) Más de 24 horas.

b) Más de 48 horas.

c) Más del tiempo necesario para la realización de las averiguaciones necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos.

d) Menos de 72 horas.

21. En todo caso el detenido, deberá se puesto en libertad o a disposición judi-cial en el plazo: a) Mínimo de 72 horas.

b) Máximo de 72 horas.

c) Mínimo de 24 horas.

d) Máximo de 24 horas.

22. Toda persona detenida, según expresa la Constitución: a) Debe de ser informada antes de las 72 horas de sus derechos y de las razones

de su detención.

b) Debe ser informada de los extremos indicados en la opción anterior de forma que tales datos puedan ser entendidos por su Abogado.

c) Podrá ser obligada a declarar.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

23. La asistencia de Abogado al detenido:

a) Está garantizada desde la apertura del juicio oral. b) Está garantizada desde la incoación del sumario o de las diligencias previas

del procedimiento abreviado.

c) Se le garantiza en las diligencias policiales.

d) Se le garantiza desde que se le notifica el auto de procesamiento.


24. El procedimiento que se emplea para poner de inmediato a disposición ju-dicial a una persona detenida ilegalmente se denomina procedimiento de: a) Extradición Pasiva.

b) Extradición Activa. c) Hábeas Corpus.

d) Excarcelación Urgente.

25. La duración de la prisión provisional: a) Depende del criterio judicial, sin que tenga limitación alguna. b) Cuenta con un plazo máximo, recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

c) No podrá ser superior a un año.

d) No podrá ser superior a la mitad de la duración de la posible pena a imponer al preso preventivo.

26. Uno de los siguientes derechos no está garantizado por el artículo 18 de la Constitución: a) El derecho a la imagen pública.

b) El derecho a la intimidad familiar.

c) El derecho a la intimidad personal.

d) El derecho al honor.

27. El domicilio es inviolable. No obstante, se podrá entrar y registrar el de cualquier particular en todos los casos siguientes, menos en uno. ¿Cuál?:

a) Cuando exista consentimiento del titular.

b) Mediante resolución judicial.

c) Por resolución policial.

d) En caso de flagrante delito.

28. El secreto de las comunicaciones:

a) Se encuentra protegido por el artículo 18.2 de nuestra Constitución.

b) Afecta exclusivamente a las postales, telegráficas y telefónicas.

c) No cubre las efectuadas a través del espacio radioeléctrico mediante telefonía móvil.

d) Sólo puede ser vulnerado mediante resolución judicial.

29. El artículo 18.4 de nuestra Constitución, de cara a garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, y el pleno ejercicio de sus derechos, limita el uso de la:

a) Publicidad. b) Libertad de expresión.

c) Libertad de prensa.

d) Informática.


30. Una de las siguientes afirmaciones no es exacta:

a) Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia.

b) Los españoles podrán ver limitado su derecho a circular por el territorio espa-ñol por motivos políticos.

c) Los españoles tienen derecho a entrar libremente a España en los términos que la Ley establezca.

d) Los españoles tienen derecho a salir libremente de España en los términos que la ley establezca.

31. Uno de los siguientes derechos no se encuentra regulado en el artículo 20 de la Constitución española: a) El derecho a la libertad de cátedra.

b) El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.

c) El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos.

d) El derecho a recibir libremente información veraz.

32. El ejercicio, por ejemplo, del derecho a expresar opiniones por escrito: a) No puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

b) Puede restringirse mediante censura previa por parte de los organismos oficia-les en los casos en los que esté en peligro la seguridad nacional.

c) Puede restringirse mediante censura previa cuando los destinatarios de la opi-nión sean menores de edad.

d) Sólo puede restringirse mediante censura previa cuando la opinión sea vertida a través de los medios de comunicación del Estado.

33. La Ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social del Esta-do: a) De todos los grupos sociales y políticos.

b) Sólo de los grupos sociales y políticos significativos. c) Respetando el pluralismo de la sociedad, dando cabida a los grupos sociales y

políticos más representativos.

d) Debiendo utilizarse en todo caso la lengua oficial del Estado.

34. Uno de los siguientes no es derecho cuyo respeto suponga límite al ejercicio de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Constitución: a) La protección de la juventud.

b) El derecho a la intimidad.

c) La protección de la infancia.

d) El derecho al secreto profesional.

35. El secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información: a) No podrá acordarse nunca.

b) Sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial. c) Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa. d) Podrá acordarse en virtud de resolución administrativa para salvaguardar el

honor o la imagen del Estado.


36. El derecho de reunión reconocido constitucionalmente: a) Precisará para su ejercicio autorización previa.

b) Sólo precisará autorización previa cuando la reunión a celebrar se vaya a veri-ficar con armas.

c) No precisará autorización previa cuando la reunión sea pacífica y sin armas.

d) Sólo precisará autorización previa cuando se prevea que la reunión no va a discurrir por cauces pacíficos.

37. El derecho de reunión reconocido constitucionalmente, en lugares de tránsi-to público y manifestaciones: a) No precisará tampoco ni autorización previa ni comunicación de la misma ín-

dole a la autoridad.

b) Podrá ser prohibido cuando existan razones fundadas de alteración del orden público.

c) No podrá ser prohibido ni aun en ese caso, debiendo, eso sí, ser dotado el acto de un intenso servicio de seguridad.

d) Sólo podrá ser prohibido si su celebración implica un peligro para las perso-nas.

38. Son legales las asociaciones:

a) Que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. b) Secretas.

c) De carácter paramilitar.

d) Que persigan el conocimiento de las ciencias ocultas.

39. Una de las siguientes afirmaciones relacionada con las asociaciones, es fal-sa: a) Deberán inscribirse en un Registro a los solos efectos de fiscalización y con-

trol por los organismos públicos.

b) No podrán ser disueltas sino en virtud de resolución judicial motivada. c) Tampoco podrán ser suspendidas sus actividades sino por idéntico procedi-

miento al indicado en la respuesta anterior.

d) Deberán inscribirse en un Registro a los solos efectos de publicidad.

40. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos: a) Sólo de forma directa.

b) Por medio de representantes.

c) Cuando lo hagan a través de representantes, estos deberán haber sido elegidos directamente por los afectados, facilitándoseles poder notarial de representa-ción.


41. Los ciudadanos, asimismo, y según establece el artículo 24 de nuestra Cons-titución:

a) Tienen derecho a acceder a los altos cargos de la Administración del Estado.

b) Tienen derecho a ostentar determinados cargos públicos y funciones.


c) Tienen derecho a acceder a los puestos y a desempeñar las funciones indica-das en la respuesta anterior, en condiciones de igualdad.

d) Todas las respuestas anteriores son erróneas, en tanto en cuanto el derecho a que se refieren las anteriores opciones no se encuentra regulado en el artículo 24 de la Constitución.

42. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.

b) Tal tutela se recabará en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

c) En ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la actua-ción de Juzgados y Tribunales a los que acudan los ciudadanos ejerciendo sus derechos e intereses legítimos.

d) La indefensión exclusivamente podrá producirse en los casos previstos consti-tucionalmente.

43. El ciudadano no tiene derecho:

a) A un Juez especial predeterminado por la Ley.

b) A la defensa y asistencia de Abogado.

c) A ser informado de la acusación formulada contra él. d) A un proceso público sin dilaciones indebidas.

44. Tampoco tienen derecho los ciudadanos:

a) A un proceso público con todas las garantías.

b) A utilizar cualquier medio de prueba para su defensa. c) A no declarar contra sí mismos.

d) A la presunción de inocencia.

45. El principio de tipicidad legal regulado en el artículo 25.1 de nuestra Cons-titución implica que:

a) Nadie podrá ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente en aquel momento.

b) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una infracción adminis-trativa, aún cuando no constituya conducta sancionable en el momento de producirse.

c) Podrá ser sancionada una persona por la comisión de una falta, aún cuando no constituya infracción penal en el momento de producirse, siempre que sí lo sea al dictarse sentencia.

d) Todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al imperio de la Ley.

46. Las penas privativas de libertad: a) Podrán estar orientadas hacia la reeducación.

b) En algunos casos deberán dirigirse a la obtención de la reinserción social.


c) No podrán consistir en trabajos forzados.

d) Estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, al contrario de lo que sucede con las medidas de seguridad.

47. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo condena: a) No gozará de ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en la Cons-

titución. b) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución a excep-

ción del que le permite fijar su residencia en cualquier parte del Estado, y en-trar y salir del mismo libremente.

c) Gozará de cuantos derechos fundamentales reconoce la Constitución, a ex-cepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.

d) La Ley Penitenciaria no contiene limitación alguna al ejercicio de los dere-chos fundamentales por el condenado que cumple pena privativa de libertad.

48. No tendrá derecho el condenado que estuviere cumpliendo pena privativa de libertad: a) A un trabajo remunerado.

b) A los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. c) Al acceso a la cultura.

d) A un trabajo remunerado proporcionado por el Estado cuando sea puesto en libertad.

49. La Administración: a) No podrá imponer sanciones pecuniarias.

b) No podrá imponer sanciones privativas de documentos oficiales. c) No podrá poner sanciones que indirectamente impliquen privación de libertad.

d) Podrá poner sanciones que, subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

50. Los Tribunales de Honor: a) Permanecen vigentes tras la aprobación de la Constitución española.

b) Se prohíben en el artículo 25.4 de la Constitución española.

c) Se prohíben en el ámbito de la Administración militar. d) Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales.

51. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de: a) La personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de con-

vivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. b) La personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marca-

dos por cada colectivo educativo.

c) La personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional.

d) La personalidad humana conforme a los Planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Pa-dres de Alumnos.


52. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos: a) Reciban formación religiosa y moral.

b) Reciban la formación religiosa y moral determinada por dichos poderes.

c) Reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

d) No reciban formación moral o religiosa alguna.

53. La enseñanza: a) Media es gratuita.

b) Básica es obligatoria y gratuita.

c) Universitaria es gratuita.

d) Primaria es potestativa y pública.

54. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación: a) Mediante una programación general de la enseñanza. b) Con participación orientativa de todos los sectores afectados.

c) Con la gestión de centros docentes.

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

55. La creación de centros docentes:

a) Sólo puede llevarse a cabo por la Administración Central del Estado.

b) Además de la Administración Central, pueden crear centros docentes las Ad-ministraciones Autonómicas con competencia al efecto.

c) Las personas físicas y jurídicas también pueden hacerlo, dentro del respeto a los principios constitucionales.

d) Las personas físicas no pueden, en caso alguno, crear centros docentes.

56. Uno de los siguientes colectivos no intervendrá en el control y gestión de los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos por la Administración:

a) Los profesores.

b) Los padres.

c) Los alumnos.

d) Las autoridades municipales de las localidades en las que los centros estén in-cardinados.


a) Los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo. b) Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisi-

tos legales.

c) Los poderes públicos gestionarán los centros de enseñanza no sostenidos por la Administración.

d) Se reconoce al autonomía de las Universidades.


58. El derecho a sindicarse libremente:

a) Lo tienen todos los trabajadores.

b) Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas Armadas. c) No podrá ser restringido su ejercicio a otros Cuerpos aunque estén sometidos

a la disciplina militar. d) El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta peculiari-

dad alguna.

59. Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contenido de la liber-tad sindical, no es verdadera: a) Comprende el derecho a fundar sindicatos.

b) No comprende la obligación de afiliarse a los sindicatos más representativos.

c) Comprende el derecho a fundar organizaciones sindicales internacionales.

d) No comprende el derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales interna-cionales.

60. El derecho de huelga reconocido constitucionalmente en favor de los traba-jadores para la defensa de sus intereses:

a) Carece de limitación.

b) Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios.

c) Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esencia-les de la comunidad, en todo caso.

d) Sólo es preciso que su ejercicio sea compatible con el mantenimiento de los servicios mínimos de la comunidad, cuando la huelga afecta a la educación, al transporte, a la sanidad y a la seguridad ciudadana.

61. El derecho de petición: a) Está reconocido en beneficio de los españoles en el artículo 30 de la Constitu-

ción. b) Siempre deberá ser ejercido por escrito.

c) No podrá ser ejercido colectivamente.

d) Podrá ser ejercido en determinados casos de forma individual.

62. Sólo podrán ejercer el derecho de petición individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica:

a) Los miembros del Ejército de Tierra.

b) Los integrantes de la Guardia Civil.

c) Los componentes de la Armada.


63. La defensa de España por los españoles:

a) Es un derecho y un deber.

b) Es un derecho.


c) Es un deber.

d) Es un deber o un derecho dependiendo de la edad, sexo y comunidad de na-cimiento de cada español.

64. Con respecto a las obligaciones militares de los españoles.

a) La objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio militar obligatorio.

b) Aquéllas serán fijadas por Ley.

c) El servicio militar será potestativo.

d) No se reconoce en la Constitución, sí en la normativa que la desarrolla, la prestación social sustitutoria.


a) Podrá establecerse un servicio militar para el cumplimiento de fines de interés general.

b) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo.

c) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los supuestos de catástrofe.

d) Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de calamidad pú-blica.

66. En torno al sostenimiento de los gastos públicos: a) Todos contribuirán de acuerdo con el volumen de sus ingresos.

b) Se realizará mediante un sistema tributario justo. c) El sistema tributario estará inspirado en el principio de recaudación intensiva.

d) El sistema recaudatorio tendrá en determinados casos alcance confiscatorio.

67. El gasto público: a) Realizará una asignación progresiva de los recursos públicos.

b) Su programación responderá al criterio de austeridad. c) Su ejecución responderá al criterio de jerarquización del gasto.


68. Las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público: a) No podrán establecerse, en ningún caso.

b) Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso.

c) Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley.

d) Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitu-ción.

69. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

b) La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer pa-ra contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad.


c) La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. d) La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de

los cónyuges.

70. La propiedad privada: a) Es un derecho fundamental de la persona reconocido en nuestra Constitución.

b) Al igual que la herencia está protegido por el recurso de amparo.

c) Tiene una función social que delimitará su contenido. d) Tal función social no existe respecto del derecho a la herencia.

71. Privar a una persona de sus bienes y derechos:

a) Podrá efectuarse por causa de utilidad pública o interés social.

b) No podrá realizarse tal privación sino en virtud de sentencia firme.

c) No es acto que tenga incuestionablemente que venir acompañado del abono de una indemnización.

d) Podrá realizarse exclusivamente con el consentimiento del propietario de los bienes o titular de los derechos o de sus causahabientes.

72. El derecho de fundación reconocido constitucionalmente: a) Se encuentra regulado en el artículo 35 de la Constitución. b) Sólo se admite su ejercicio para fines de interés general. c) Respecto de las fundaciones no regirán ninguno de los preceptos constitucio-

nales relativos al derecho de asociación.


73. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Todos los españoles tienen:

a) El deber de trabajar y el derecho al trabajo.

b) Derecho a la libre elección de profesión y oficio. c) Derecho a una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades y las de su

familia, proporcional al número de horas trabajadas. d) Derecho a la promoción a través del trabajo.

74. En torno a los Colegios Profesionales:

a) Están detalladamente regulados en la Constitución. b) La Constitución afirma que los mismos serán regulados por Ley Orgánica.

c) Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos.


75. La Ley, según la Constitución: a) Garantizará la fuerza vinculante de los convenios colectivos. b) Garantizará el deber de negociar colectivamente de los representantes de los

empresarios y de los trabajadores.

c) Exhortará a los colectivos de empresarios y trabajadores a negociar colecti-vamente.

d) Regulará las bases para la culminación satisfactoria de los procesos de nego-ciación colectiva en materia laboral.


76. El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo:

a) Se reconoce únicamente a los trabajadores.

b) Se reconoce únicamente a los empresarios.

c) Su ejercicio no está sujeto a medida limitadora alguna. d) Su ejercicio deberá estar sometido a las garantías precisas para asegurar el

funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

77. Una de las siguientes afirmaciones no es exacta:

a) Los poderes públicos garantizarán y protegen el ejercicio de la libertad de empresa.

b) Los poderes públicos defienden la productividad.

c) La defensa de la productividad se efectuará de acuerdo con las exigencias de la economía general.

d) Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado mitigada por el fin social de la propiedad privada.

78. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. Los poderes públicos, según dispone la Constitución: a) Garantizan la protección social de la familia.

b) Garantizan la protección económica de la familia. c) Garantizan la protección fiscal de la familia.

d) Garantizan la protección jurídica de la familia.

79. Los poderes públicos, asimismo:

a) Aseguran la protección integral de los hijos matrimoniales. b) Aseguran la protección integral de los hijos legítimos. c) Aseguran la protección integral de las madres, cualquiera que sea su estado

civil.

d) Impedirán la investigación de la paternidad.


a) Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

b) Los padres deben prestar asistencia a los hijos habidos dentro y fuera del ma-trimonio hasta que alcancen independencia económica.

c) La asistencia a que están obligados los padres debe ser prestada en favor de los hijos en todos los órdenes.

d) Los padres están obligados a prestar asistencia a los hijos en otros casos de-terminados por la Ley además de los expresamente indicados en la Constitu-ción.

81. Los poderes públicos:

a) Promoverán las condiciones favorables para el progreso individual de las per-sonas.

b) Promoverán las condiciones favorables para una distribución más equitativa de la renta regional.


c) Realizarán las actuaciones indicadas en las opciones anteriores en el marco de la política de convergencia económica.

d) De manera especial realizarán una política orientada a la desaparición de los parados de larga duración.

82. Los poderes públicos:

a) Fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesio-nales.

b) Velarán por la seguridad e higiene en los servicios públicos que presten.

c) Garantizarán la limitación de la jornada laboral como medida de fomento de empleo.

d) Garantizarán, con igual objeto que el indicado en el punto anterior, la erradi-cación de las horas extraordinarias.

83. En cuanto a la Seguridad Social:

a) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social pa-ra la población activa.

b) Garantizarán la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.

c) En ningún caso dará cobertura al desempleo.

d) La asistencia y prestaciones complementarias a la Seguridad Social, son obli-gatorias.

84. El Estado, con respecto a los trabajadores españoles en el extranjero: a) Velará especialmente para que se les aplique en el país donde se encuentren,

la legislación laboral española en cuanto les sea favorable. b) Velará por la salvaguardia de su derecho al cobro de una pensión digna cuan-

do regresen a España.

c) Orientará su política hacia su retorno.

d) Velará en los foros internacionales, y en el marco de la política social comuni-taria, por la salvaguardia de sus derechos económicos.

85. El derecho a la protección de la salud, es un:

a) Derecho fundamental de la persona.

b) Principio rector de la política social del Estado. c) Principio inspirador de la política social del Estado. d) Derecho simple de los españoles.

86. La tutela de la salud pública por parte de los poderes públicos, a quienes compete: a) Se realizará a través de medidas preventivas.

b) Se efectuará a través de la prestación de los servicios mínimos indispensables.

c) Se llevará a cabo mediante políticas de inversión masiva en los sectores sani-tarios más necesitados.

d) La pregunta está mal formulada puesto que los poderes públicos no tienen competencia alguna sobre la tutela de la salud pública.


87. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Los poderes públicos: a) Fomentarán la educación sanitaria.

b) Fomentarán la educación física.

c) Fomentarán el deporte.

d) Limitarán la utilización del ocio orientando su política a la consecución del pleno empleo.


a) Los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura. b) Los poderes públicos promoverán la ciencia.

c) Los poderes públicos promoverán la investigación técnica. d) Tal promoción se efectuará en beneficio del interés del sector científico.

89. En torno al medio ambiente: a) El derecho a disfrutarlo es fundamental para las personas.

b) Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuada para el desa-rrollo de la persona.

c) La Constitución no impone el deber de conservarlo. d) Se encuentra reconocido como derecho en el artículo 44 de la Constitución.


a) Los poderes públicos no están obligados a velar por la utilización racional de los recursos naturales.

b) Velar por el medio ambiente lleva aparejado proteger y mejorar la calidad de vida.

c) Velar por el medio ambiente trae consigo defender y restaurar el mismo.

d) Para la consecución de una utilización racional del medio ambiente la Consti-tución considera indispensable la solidaridad colectiva.

91. Aquellos que violen la normativa constitucional protectora del medio am-biente: a) Sólo estarán obligados a reparar el daño causado. b) Sólo podrán ser sancionados administrativamente.

c) Sólo podrán ser sancionados penalmente.

d) Podrán ser sancionados penal y administrativamente, y estarán obligados a reparar el daño causado.


a) Los poderes públicos promoverán el enriquecimiento del patrimonio históri-co, cultural y artístico de los pueblos de España.

b) Los poderes públicos velarán por la conservación de dicho patrimonio, regu-lándose legalmente las ventas a países extranjeros de bienes integrantes del mismo.

c) La conservación del patrimonio histórico artístico corresponde a los poderes públicos al margen de cual sea su régimen jurídico y su titularidad.

d) Las Leyes penales sancionarán los atentados contra dicho patrimonio.


93. En relación con el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecua-da: a) Los poderes públicos no están obligados a realizar gestión o promoción algu-

na para hacerlo efectivo.

b) La efectividad de tal derecho está en manos de los propios ciudadanos y de las empresas constructoras.

c) Los poderes públicos están obligados a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

d) La comunidad no está obligada a participar en la plusvalía que genere la ac-ción urbanística de los Entes Públicos.

94. La juventud, promovida tal actuación por los poderes públicos: a) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo político. b) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo sociocultural. c) Podrá participar libre y eficazmente en el desarrollo económico. d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

95. La labor que la Constitución asigna a los poderes públicos respecto a los ciudadanos disminuidos: a) Se limita a los que lo sean por causas físicas, y tiende únicamente a realizar

una política de previsión y tratamiento.

b) Abarca solo a los disminuidos físicos y sensoriales, debiendo ser realizada una política no exclusivamente de prevención y tratamiento, sino, además, re-habilitación e integración.

c) Las políticas indicadas en la opción anterior también irán dirigidas a los dis-minuidos psíquicos.

d) No impone a los poderes públicos una función de amparo especial de los dis-minuidos para el disfrute de sus derechos.

96. Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con la tercera edad y las obligaciones de los poderes públicos respecto a los ciudadanos que la inte-gran, es falsa: a) Se les garantizará su suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y

periódicamente actualizadas.

b) Sustituyendo a los obligados familiarmente, se promoverá su bienestar me-diante un adecuado sistema de Servicios Sociales.

c) Tal sistema de Servicios Sociales abarcará la atención a los problemas de ocio de la tercera edad.

d) Igualmente abarcará la resolución de los problemas de cultura y vivienda de tal colectivo.

97. La defensa de los consumidores a cargo de los poderes públicos protegerá, por procedimientos eficaces: a) La libre competencia.

b) La economía de mercado.


c) La seguridad de los consumidores.

d) La independencia de los consumidores.

98. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. a) Los poderes públicos fomentarán las reclamaciones de los consumidores y

usuarios. b) Los poderes públicos fomentarán la educación de los consumidores y usua-

rios. c) Los poderes públicos fomentarán la creación de organizaciones de consumi-

dores y usuarios.

d) Los poderes públicos oirán a las organizaciones de consumidores y usuarios en las cuestiones que les puedan afectar.

99. En el marco de lo dispuesto constitucionalmente en torno a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, será la Ley la que regule el: a) Comercio interior.

b) Comercio exterior.

c) Régimen de autorización de servicios públicos.

d) Régimen de formulación de quejas y reclamaciones.

100. Las organizaciones profesionales para la defensa de sus propios intereses económicos: a) No están previstas constitucionalmente.

b) Son, realmente, los Colegios Profesionales.

c) Son, realmente, asociaciones de consumidores y usuarios. d) Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos.

101. Vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos en los Capítulos: a) Segundo del Título Primero.

b) Primero y Segundo del Título Primero.

c) Primero, Segundo y Tercero del Título Primero.

d) Primero y Tercero del Título Primero.

102. Los derechos reconocidos en el Capítulo o Capítulos que vinculan a todos los poderes públicos, conforme a la pregunta anterior:

a) Podrán regularse mediante Real Decreto.

b) Sólo podrán ser regulados por Ley, la cual podrá variar su contenido esencial.

c) Estarán tutelados por el recurso de inconstitucionalidad. d) Estarán tutelados por el recurso de amparo.

103. Sólo uno de los siguientes derechos está protegido por la posibilidad de in-

terponer en su defensa el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucio-nal:

a) El derecho a defender a España.

b) El derecho a una vivienda digna y adecuada.


c) El derecho a entrar y salir libremente de España. d) El derecho a la propiedad privada.

104. La tutela de uno de los siguientes derechos no puede ser recabada ante el Tribunal Constitucional por medio del recurso de amparo:

a) El derecho a la intimidad familiar.

b) El derecho a la objeción de conciencia.

c) El derecho a la seguridad.

d) El derecho al trabajo.

105. El recurso de amparo podrá ser empleado para recabar la tutela de los de-rechos regulados constitucionalmente:

a) En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero. b) En tal Sección y, además, en el artículo 14 y en el 30 (objeción de concien-

cia). c) En las Secciones Primera y Segunda del Capítulo Segundo del Título Prime-

ro. d) En la Sección Segunda del Capítulo Segundo del Título Primero y, además,

en el artículo 14 y en el 30 (objeción de conciencia).

106. Además de a través del recurso de amparo, la tutela de los derechos reco-nocidos en la opción correcta de la pregunta anterior, podrá ser recabada: a) A través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y suma-

riedad. b) A través de un procedimiento basado en los principios de oralidad y sumarie-

dad. c) A través del procedimiento declarativo ordinario de menor cuantía.

d) No podrá ser recabada tal tutela por otro procedimiento distinto al recurso de amparo.

107. La tutela del derecho de un hijo menor de edad a ser asistido en todos los órdenes por su padre: a) Podrá ser recabada a través del procedimiento basado en los principios de ora-

lidad y sumariedad indicado en la pregunta anterior. b) Podrá ser recabada a través del recurso de amparo. c) El respeto a tal derecho informará la legislación positiva y la práctica judicial.

d) La protección de tal derecho no deberá preceptivamente informar la actuación de los poderes públicos.

108. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado: a) Sólo podrá ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que

dispongan las Leyes.

b) Podrá ser alegado ante dicha jurisdicción en cualquier caso y sin requisito es-pecial.


c) Podrá ser susceptible de ser recabada su tutela a través del recurso de amparo.

d) No podrá utilizarse respecto a temas relacionados con el mismo el recurso de inconstitucionalidad.

109. La figura del Defensor del Pueblo está regulada, por mandato constitucio-nal:

a) Por Ley Ordinaria.

b) Por Ley Orgánica.

c) Por Ley de Bases.

d) Por Decreto–Legislativo.

110. El Defensor del Pueblo actúa como Alto Comisionado: a) De las Cortes Generales.

b) Del Congreso de los Diputados.

c) Del Senado.

d) Del pueblo.

111. La actuación del Defensor del Pueblo pretende la protección: a) De los derechos de los ciudadanos contemplados en la Sección Primera del

Capítulo Segundo del Título Primero.

b) De los derechos de los ciudadanos contemplados en las Secciones Primera y Segunda del mismo Capítulo y Título indicados en la opción anterior.

c) De los derechos de los ciudadanos contemplados en el Título Primero. d) De los derechos y deberes regulados tanto en la Constitución como en el resto

del Ordenamiento Jurídico.

112. En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo: a) Está obligado a supervisar la actividad de los ciudadanos. b) Podrá supervisar la actividad de la Administración. c) No podrá recabar información de la Administración Local. d) En el ejercicio de sus funciones podrá realizar averiguaciones sin contar,

cuando sea pertinente, con autorización judicial.

113. El Defensor del Pueblo es designado por:

a) El Gobierno de la Nación, al que dará cuenta de su gestión. b) El Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.

c) El Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al Rey.

d) Las Cortes Generales, a las que dará cuenta.

114. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio: a) Derecho a la vida.

b) Libertad ideológica.

c) Derecho a no ser detenido preventivamente por tiempo superior a las 72 horas.

d) Derecho a la intimidad personal.


115. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio:

a) Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. b) Derecho de asociación.

c) Derecho a participar en los asuntos públicos.

d) Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públi-cos.

116. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido en caso de que se acuerde la declaración de estado de excepción o de sitio:

a) Derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales. b) Derecho de creación de centros docentes.

c) Derecho de huelga.

d) Derecho de petición colectiva.

117. Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio: a) Derecho a la libertad y a la seguridad.

b) Derecho a la inviolabilidad del domicilio.

c) Derecho al honor.

d) Derecho al secreto de las comunicaciones.

118. Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio: a) Derecho a la libre circulación por el territorio nacional. b) Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos. c) Derecho a la libertad de cátedra.

d) Derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

119. Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio: a) Derecho de reunión pacífica y sin armas.

b) Derecho de asociación.

c) Derecho a elegir libremente la residencia.

d) Derecho a la asistencia de Abogado en la diligencias policiales y judiciales.

120. Todos los siguientes derechos, menos uno, podrán ser suspendidos en caso de que se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio: a) Derecho de toda persona a ser informada de forma inmediata y de modo que

le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pu-diendo ser obligada a declarar.

b) Derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto co-lectivo.


c) Derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

d) Derecho a que no sean secuestradas las publicaciones, grabaciones y otros medios de información salvo en virtud de resolución judicial.

121. La suspensión, respecto de personas determinadas, de concretos derechos reconocidos constitucionalmente: a) Sólo se permite en la lucha contra el narcotráfico. b) Sólo está permitida contra el contrabando de armas. c) Está permitida en la lucha contra la bandas armadas o elementos terroristas.

d) No está permitida en ningún caso.

122. La suspensión, respecto de personas determinadas, de concretos derechos reconocidos constitucionalmente deberá ser regulado mediante: a) Ley Ordinaria. b) Ley Orgánica. c) Se regula con detalle en la propia Constitución.

d) No admite regulación al ser una actuación no compatible con los principios democráticos que inspiran nuestra Constitución.

123. La suspensión de ciertos derechos constitucionales respecto de personas concretas precisará, en cualquier caso:

a) Intervención judicial y control parlamentario.

b) Intervención policial y control judicial.

c) Intervención judicial y control administrativo.


124. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma indivi-dual en los casos previstos:

a) Derecho a la seguridad.

b) Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo superior a 72 horas.

c) Derecho a ser asistido por Abogado en las diligencias policiales y judiciales.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas

125. Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma indivi-dual en los casos previstos:

a) Derecho a la intimidad personal y familiar.

b) Derecho a elegir libremente la residencia.

c) Derecho al secreto de las comunicaciones.


126. El Capítulo Quinto del Título cuenta con: a) Diez artículos.

b) Veinte artículos.

c) Cinco artículos.

d) Un solo artículo.


127. La Sección 1ª del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, comien-za en el artículo: a) Dieciséis. b) Quince. c) Catorce. d) Trece.

128. La Sección 2ª del Capítulo II del Título I: a) No existe. b) Comprende los artículos 30 a 38.

c) Comprende los artículos 15 a 29.

d) Comprende los artículos 30 a 52.

129. El Capítulo III del Título I se denomina: a) De las libertades y derechos fundamentales.

b) De los principios rectores de la política social y económica. c) De la suspensión de los derechos y libertades.

d) De los derechos y libertades.

130. El primero y último, de los artículos del Título I son: a) 14 y 50. b) 10 y 50. c) 14 y 55. d) 10 y 55.


TÍTULO II: DE LA CORONA 1. El Rey, como Jefe del Estado es símbolo de:

a) Su unidad y raigambre.

b) Su unidad y permanencia.

c) Su unidad, exclusivamente.

d) La unidad de los ciudadanos, no de la del Estado.

2. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: a) El Rey arbitra y modera el funcionamiento extraordinario de las Instituciones.

b) Asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales.

c) Asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de nuestra comunidad histórica.

d) Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Le-yes.

3. El Rey: a) Sólo puede ostentar el título de Rey de España.

b) La denominación constitucional de su título es Rey del Estado español.

c) Podrá utilizar los demás títulos que correspondan a la Corona.

d) La denominación constitucional de su título es Rey Constitucional de España.

4. La persona del Rey: a) Es inviolable, estando sujeta únicamente a responsabilidad por la comisión de

actos estrictamente personales.

b) Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. c) No es inviolable, estando sujeta a responsabilidad en los casos previstos en la

Constitución. d) Es inatacable e irresponsable.

5. Los actos del Rey, no refrendados:

a) Serán válidos en cualquier caso.

b) Sólo serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 62 de la Constitución.

c) No serán válidos en ningún caso.

d) Sólo serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 65.2 de la Constitución.

6. La Corona de España es hereditaria en los sucesores del legítimo heredero de la dinastía histórica de la realeza en España, que es: a) Don Juan de Borbón, Conde de Barcelona.

b) Don Alfonso XIII. c) Don Juan Carlos I de Borbón.

d) Don Felipe de Borbón y Grecia.


7. La sucesión en el trono de España:

a) Seguirá el orden especial de representación y primogenitura. b) Seguirá el orden natural de primogenitura y predestinación. c) Se preferirán las líneas posteriores a las anteriores. d) Se preferirá la línea anterior a las posteriores.

8. Para la sucesión al trono de España, dentro de la misma línea, se preferirá: a) El grado más próximo al más remoto.

b) El grado más remoto al más próximo.

c) El orden natural a la primogenitura.

d) El varón a la mujer.

9. En el mismo grado, de cara a la sucesión a la Corona de España, se preferi-rá:

a) A la persona de más edad respecto a la de menos.

b) Al varón respecto a la mujer.

c) Al grado más próximo respecto al más remoto.

d) A la línea anterior respecto a la posterior.

10. Una de las siguientes afirmaciones respecto a la persona preferida para ac-ceder a la Corona de España no es cierta:

a) Se preferirá, de entre dos primos hermanos varones, al más joven respecto al mayor.

b) Se preferirá, de entre dos hermanos, varón y hembra, al varón, independien-temente de su edad.

c) Se preferirá, de entre una hija y un nieto, a la hija. d) Se preferirá, de entre un primo hermano y un primo segundo, al primo herma-

no.

11. El Príncipe heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos tradicionalmente vinculados a la Corona de España: a) Exclusivamente desde su nacimiento.

b) Desde que así se le atribuyan por el titular de la Corona. c) Desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento. d) Desde que le sean concedidos por las Cortes Generales.

12. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión: a) Las Cortes Generales proveerán sobre la misma en la forma que más conven-

ga a los intereses de España.

b) Las Cortes Generales proveerán sobre la misma atendiendo rigurosamente a los imperativos genealógicos conocidos.

c) El Congreso de los Diputados proveerá sobre la misma conforme a la tradi-ción o costumbre inveterada existente al respecto.



13. Si el Príncipe heredero contrajera matrimonio: a) Conservará su derecho de sucesión, en cualquier caso. b) Quedará excluido de la sucesión si contrae el matrimonio en contra de la ex-

presa prohibición del Rey, aunque no se opongan a la ceremonia las Cortes Generales.

c) Sólo quedará excluido de la sucesión, por sí y sus descendientes, si el matri-monio se contrae contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Gene-rales.

d) Las consecuencias indicadas en la respecta c) sólo afectan al Príncipe herede-ro, no a cualquier otra persona con derecho a la sucesión en el trono.

14. El tratamiento legal que corresponde a:

a) Una abdicación, puede ser mediante Ley Orgánica.

b) Una renuncia, será siempre mediante Ley Orgánica. c) Cualquier duda de hecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, po-

drá tratarse mediante Ley Orgánica.

d) Cualquier duda de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, podrá tratarse mediante Ley Orgánica.

15. Las funciones constitucionales, correspondientes al titular de la Corona: a) Nunca podrán ser asumidas por la Reina consorte.

b) Se asumirán en cualquier caso por el consorte de la Reina. c) No podrán ser asumidas por la Reina consorte ni por el consorte de la Reina,

salvo en lo dispuesto para la Regencia.

d) Podrán ser asumidas en casos de extraordinaria y urgente necesidad tanto por la Reina consorte como por el consorte de la Reina.

16. Cuando el Rey fuere menor de edad, la Regencia:

a) Sólo podrá ser ejercida por el padre o por la madre del Rey. b) Nunca podrá ser desempeñada por pariente alguno, mayor de edad, distinto de

los progenitores.

c) Comenzará a ejercerse dentro de los seis primeros meses desde que se produ-jera el hecho que dio origen a la necesidad.

d) Se ejercerá durante el tiempo que dure la minoría de edad del Rey.

17. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad: a) Tal imposibilidad deberá ser reconocida por el Gobierno de la Nación, en-

trando inmediatamente a ejercer la Regencia el Príncipe heredero.

b) Tal imposibilidad deberá ser reconocida por las Cortes Generales, entrando inmediatamente a ejercer la Regencia el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, si el Príncipe heredero fuere menor de edad.

c) Tal imposibilidad deberá ser reconocida por el Tribunal Constitucional, en-trando inmediatamente a ejercer la Regencia el grupo de personas que al efec-to nombren las Cortes Generales.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, al no estar prevista constitucional-mente tal contingencia.


18. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia: a) La asumirá la Mesa de las Cortes Generales.

b) Ésta será nombrada por el Gobierno de la Nación, y se compondrá de un máximo de cinco personas.

c) Ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de uno, tres o cinco miembros.

d) Se estará a la última voluntad del Rey fallecido.

19. Sólo una de las siguientes personas podrá ejercerla Regencia: a) Un extranjero menor de edad.

b) Un español menor de edad.

c) Un español mayor de edad.

d) Un extranjero mayor de edad.

20. La Regencia se ejercerá por mandato:

a) Constitucional y siempre en nombre del Rey.

b) Institucional y siempre en nombre del Rey.

c) Constitucional y siempre en nombre del Regente.

d) Institucional y, según el objeto de la actividad de la Regencia, en nombre del Rey o del propio Regente.

21. Será tutor del Rey menor: a) En cualquier caso, la persona que en su testamento hubiere nombrado el Rey

difunto. b) Si no hubiere disposición testamentaria en el sentido indicado en la respuesta

anterior, el Tutor será el padre o la madre, aunque contraigan segundas nup-cias.

c) En su defecto, será nombrado por las Cortes Generales, pudiendo acumularse sin excepción tal cargo con el de Regente.

d) La acumulación de los cargos o títulos de Tutor del Rey menor de edad y de Regente sólo podrán coincidir en el padre, la madre o ascendientes directos del Rey.

22. El ejercicio de la tutela del Rey menor de edad:

a) Sólo es incompatible con la ostentación de la Regencia. b) Es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

c) Es también incompatible con el ejercicio de cualquier actividad empresarial, pública o privada.

d) No es incompatible con cargo, título o actividad alguna.

23. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de: a) Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución

y las Leyes frente a todos.

b) Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del Ordenamiento Jurídico frente a todos.


c) Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos.

d) Desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

24. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regen-tes al hacerse cargo de sus funciones:

a) No deberán prestar juramento.

b) Prestarán el mismo juramento que el Rey al ser proclamado ante las Cortes Generales.

c) Añadirán al juramento indicado en la opción b) el de fidelidad al Rey.

d) El Príncipe heredero prestará juramento al ser proclamado como Rey ante las Cortes Generales.

25. Una de las siguientes no es función del Rey.

a) Sancionar y promulgar las Leyes.

b) Convocar y disolver las Cortes Generales.

c) Promover la disolución del Congreso y del Senado. d) Convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.

26. Una de las siguientes no es función del Rey:

a) Ejercer la función ejecutiva.

b) Convocar a referéndum en los casos precedentes.

c) Ejercer el Alto Patronazgo de las Reales Academias. d) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.


a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno.

b) Proponer los nombramientos de los miembros del Gobierno. c) Proponer al candidato a Presidente del Gobierno.

d) En su caso, nombrar al candidato a Presidente del Gobierno, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.


a) Expedir los Decretos acordados en Consejo de Ministros. b) Coordinar las funciones de los miembros del Gobierno. c) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley. d) Conferir los empleos civiles y militares, así como conceder honores y distin-

ciones.


a) Ser informado de los asuntos de Estado.

b) Acreditar a los Embajadores.

c) Presidir regularmente el Consejo de Ministros.

d) Recibir la acreditación de los representantes extranjeros en España.


30. El consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados corresponde: a) Al Presidente del Gobierno.

b) Al Congreso de los Diputados.

c) A las Cortes Generales.

d) Al Jefe del Estado.

31. La declaración de guerra y el hacer la paz, corresponde al Rey: a) Sin autorización previa ni ratificación posterior de órgano ni autoridad.

b) Previa autorización de las Cortes Generales.

c) Previa autorización de las Cortes Generales y ratificación posterior del Presi-dente del Gobierno.

d) Previa autorización del Presidente del Gobierno, tras consulta de éste al Pleno de las Cortes Generales.

32. Los actos del Rey:

a) Serán refrendados por el Presidente del Gobierno. b) Serán refrendados por los Ministros competentes.

c) Algunos podrán ser refrendados por el Presidente del Congreso de los Dipu-tados.


33. Uno de los siguientes actos del Rey deberá ser refrendado por el Presidente del Congreso de los Diputados:

a) La concesión por el mismo de un indulto general.

b) La promulgación del Reglamento Orgánico del Funcionamiento de las Cáma-ras.

c) La expedición de Decretos leyes, tras su convalidación por el Congreso de los Diputados.

d) La disolución de las Cámaras cuando, tras un proceso electoral, ningún candi-dato consiga la confianza del Congreso de los Diputados.

34. De los actos del Rey:

a) No será nadie responsable.

b) Será responsable el propio Rey.

c) Será responsable la persona que los refrende.

d) Será responsable siempre el Presidente del Gobierno.

35. El Rey recibe una cantidad global de los Presupuestos del Estado: a) Para el sostenimiento de su Familia y Casa.

b) Para la satisfacción de los gastos inherentes a sus labores representativas del Estado en el extranjero.


c) La cual es distribuida por él libremente conforme a las partidas o conceptos de gastos determinados legalmente.

d) La cual es distribuida por él, con la supervisión anual del Tribunal de Cuen-tas.

36. En torno al nombramiento de los miembros de la Casa Real: a) Se realiza por Decreto acordado en Consejo de Ministros. b) Se realiza por el sistema indicado en la respuesta a), a propuesta del Rey.

c) Se efectúa libremente por el Rey, tanto respecto a los miembros civiles como a los militares de su Casa.

d) Se lleva a cabo libremente por el Rey respecto a los miembros civiles de su Casa, los miembros militares de la misma son designados por el Ministerio de Defensa.

37. El Título Segundo de la Constitución: a) Tiene dos Capítulos.

b) Cuenta con dos Secciones.

c) Cuenta con un Capítulo integrado a su vez por dos Secciones.

d) Carece de Capítulos y Secciones.

38. El Título Segundo de la Constitución comienza en el artículo: a) 65. b) 55. c) 56. d) 66.

39. El Título Segundo de la Constitución finaliza en el artículo:

a) 65. b) 64. c) 66. d) 67.

40. Uno de los siguientes temas o puntos no es tratado en el Título Segundo de la Constitución: a) El matrimonio de los herederos de la Corona.

b) La suplencia de la minoría de edad del heredero de la Corona.

c) Las funciones del esposo de la Reina.

d) La declaración de que España en una Monarquía Parlamentaria.


TÍTULO III: DE LAS CORTES GENERALES

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por: a) El Congreso de los Diputados y por el Senado.

b) La Cámara Baja y la Cámara Alta.

c) La Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Senadores.

d) El Congreso de los Diputados.

2. Una de las siguientes no es función de las Cortes Generales: a) Ejercer la potestad legislativa del Estado.

b) Elaborar los Presupuestos del Estado.

c) Controlar la acción del Gobierno.

d) Autorizar al Rey a declarar la guerra.

3. Las Cortes Generales:

a) Son impenetrables.

b) Son incuestionables.

c) Son inquebrantables.

d) Son inviolables.

4. Con respecto a los miembros de las Cortes Generales: a) Podrá haber quien lo sea simultáneamente de ambas Cámaras.

b) Se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

c) Se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Senador.


5. Los miembros de las Cortes Generales:

a) Están ligados a las mismas por mandato imperativo. b) Están ligados a las mismas por mandato potestativo. c) No están ligados a las mismas por mandato imperativo. d) Están ligados a las mismas por mandato constitucional.

6. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria regla-mentaria:

a) Vinculan a las Cámaras.

b) No vinculan a las Cámaras.

c) Dichos Parlamentarios, en estos casos, podrán ejercer sus funciones.

d) Dichos Parlamentarios, en estos supuestos, podrán ostentar sus privilegios.

7. El Congreso, según la Constitución, se compone de: a) 350 Diputados.

b) 300 Diputados.

c) 400 Diputados.

d) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.


8. Los Diputados integrantes del Congreso, son elegidos por sufragio univer-sal: a) Libre, directo y secreto.

b) Directo y secreto.

c) Libre, igual, directo y secreto.

d) Libre, igual y secreto.

9. La circunscripción electoral es: a) El Municipio. b) La Comarca.

c) La Provincia. d) La Comunidad Autónoma.

10. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas, según expresa la Constitución: a) Por un Diputado cada una.

b) Por dos Diputados cada una.

c) Por tres Diputados entre las dos.

d) Por el número de Diputados que les asigne la Ley.

11. La Ley distribuirá el número total de Diputados:

a) Asignando una representación máxima inicial a cada circunscripción y distri-buyendo los demás en proporción a la población.

b) Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distri-buyendo los demás en proporción a la población.

c) Distribuyendo dicho número total en proporción a la población. d) Asignado un número fijo de Diputados por cada circunscripción electoral.

12. La elección de los Diputados se verificará atendiendo a criterios de repre-sentación: a) Redistributiva. b) Proporcional. c) Mayoritaria. d) Directa.

13. El Congreso de los Diputados es elegido por:

a) Cuatro años.

b) Ocho años c) Dos años.

d) Tiempo indefinido.

14. El mandato de los Diputados termina: a) Siempre cuatro años después de su elección.

b) Siempre cuando el Presidente del Gobierno los cese. c) En el día de disolución de la Cámara.



15. Son electores y elegibles:

a) Todos los españoles mayores de edad.

b) Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

c) Todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos y residan en terri-torio español.

d) Todos los españoles no incapacitados física o psíquicamente.

16. Las elecciones tendrán lugar:

a) Treinta días después de que termine el mandato.

b) Sesenta días después de que termine el mandato.

c) Entre treinta y noventa días después de que termine el mandato.

d) Entre treinta y sesenta días después de que termine el mandato.

17. El Congreso de los Diputados electo deberá ser convocado: a) Dentro de los 60 días siguientes a la celebración de las elecciones.

b) Dentro de los 40 días siguientes a la celebración de las elecciones.

c) Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de las elecciones.

d) Dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.

18. El Senado es la Cámara de representación:

a) Autonómica. b) Territorial. c) Local. d) Proporcional.

19. En cada Provincia, por sufragio universal, libre, directo y secreto, se elegi-rán:

a) Cuatro Senadores.

b) Seis Senadores.

c) Dos Senadores.

d) Tres Senadores.

20. En las Provincias insulares, a efectos de elección de Senadores, constituirá una circunscripción: a) Cada Isla.

b) Cada agrupación de Islas.

c) Cada Isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular.

d) Cada Isla o agrupación de ellas, cuente o no con Cabildo o Consejo Insular.

21. A Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, le corresponden: a) Tres, dos y un Senador, respectivamente.

b) Uno, dos y tres Senadores, respectivamente.

c) Un Senador a cada una de ellas.

d) Tres Senadores a cada una de ellas.


22. Corresponderá un Senador a:

a) Ibiza. b) Formentera.

c) Hierro. d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

23. Cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla, elegirá: a) Un Senador.

b) Dos Senadores.

c) Tres Senadores.

d) Cuatro Senadores.

24. Las Comunidades Autónomas designarán, además:

a) Un Senador, y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territo-rio.

b) Un Senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

c) Un Senador más por cada Provincia de su respectivo territorio. d) No designarán Senador adicional alguno.

25. La designación de los Senadores adicionales a cargo de las Comunidades Autónomas corresponderá: a) Al Gobierno autónomo.

b) A la Asamblea Legislativa, en todo caso.

c) En defecto de Asamblea Legislativa, al órgano superior de la Comunidad Au-tónoma.

d) Cualquiera de los órganos indicados en las opciones anteriores, según los ca-sos.

26. El Senado es elegido:

a) Por cuatro años.

b) Por seis años.

c) Por ocho años.

d) Por tiempo diferente a aquel para el que es elegido el Congreso.

27. Sólo una de las siguientes personas podrá ser Diputado o Senador: a) Los integrantes del Tribunal Constitucional.

b) El Defensor del Pueblo.

c) El Presidente de una Diputación Provincial.

d) Los Fiscales en activo.

28. Sólo una de las siguientes personas o autoridades podrá ser Diputado o Se-nador:

a) Los miembros de las Juntas Electorales.

b) Los Jueces en excedencia.


c) Los Magistrados en activo.

d) Los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado mientras permanezcan en activo.

29. Los Diputados y Senadores:

a) Gozarán de inviolabilidad en todas sus actuaciones. b) Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de

sus funciones.

c) Gozarán de inviolabilidad por todas sus opiniones. d) No gozarán de inviolabilidad alguna.

30. Durante el periodo de su mandato, Diputados y Senadores: a) Gozarán además de inmunidad.

b) Podrán ser detenidos en caso de perpetración de todo tipo de delitos.

c) Podrán ser detenidos en caso de flagrante delito y en caso de delito que pro-duzca grave alarma social.

d) Podrán ser detenidos en caso de flagrante delito contra el Jefe del Estado o contra la forma de Gobierno.

31. Los Diputados y Senadores podrán ser inculpados y procesados: a) Sin la previa autorización de la Cámara respectiva. b) No sin la previa autorización de la Cámara respectiva. c) Sólo por delitos cometidos contra el Jefe del Estado y la forma de Gobierno.

d) En los mismos supuestos, y con los mismos requisitos que cualquier otro ciu-dadano.

32. En las causas contra Diputados y Senadores será competente: a) El Juzgado de Instrucción predeterminado que corresponda. b) El Juzgado Central de lo Penal que corresponda.

c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

d) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

33. Los Diputados y Senadores recibirán una asignación que será fijada: a) Por los Presupuestos Generales del Estado.

b) Por las Cortes Generales.

c) Por el Congreso de los Diputados.

d) Por las respectivas Cámaras.

34. Una de las siguientes afirmaciones no es válida:

a) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos.

b) Las Cámaras aprueban autónomamente sus Presupuestos. c) Cada Cámara regula el Estatuto de Personal de las Cortes Generales.

d) Las Cámaras reforman sus propios Reglamentos.


35. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá: a) Mayoría simple.

b) Mayoría absoluta.

c) Mayoría de dos tercios.

d) Mayoría de tres quintos.

36. Los Presidentes de cada Cámara y los miembros de sus Mesas, son nom-brados: a) Por las Cortes Generales.

b) Por cada Cámara.

c) Por el Presidente de cada Cámara.

d) Por la Mesa de Edad de cada Cámara.

37. Las sesiones conjuntas de las Cámaras, serán presididas: a) Por el Presidente del Congreso.

b) Por el Presidente del Senado.

c) Alternativamente por el Presidente del Congreso y por el Presidente del Sena-do.

d) Conjuntamente por el Presidente del Congreso y el por el Presidente del Se-nado.

38. El Reglamento de las Cortes Generales, por el que se regirán las sesiones conjuntas de ambas Cámaras, será aprobado por mayoría: a) Absoluta de ambas Cámaras.

b) De dos tercios de cada Cámara.

c) Absoluta de cada Cámara.

d) De dos tercios de ambas Cámaras.

39. Los Presidentes de las Cámaras:

a) Ejercen en el interior de sus respectivas sedes facultades de policía.

b) Ejercen en nombre propio todos los poderes administrativos. c) Ejercen, dentro y fuera de sus respectivas sedes y sobre los miembros de las

Cámaras, funciones de inspección y de control.


40. Las Cámaras se reunirán anualmente:

a) En un solo periodo ordinario de sesiones, de septiembre a junio. b) En dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a enero, y el

segundo de febrero a julio.

c) En dos periodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio.

d) En dos periodos ordinarios de sesiones, conforme a lo indicado en la opción c), y en un periodo extraordinario durante el mes de agosto.


41. Las Cámaras se reunirán en sesiones extraordinarias:

a) Siempre en el mes de agosto.

b) A petición de cualquier integrante del Gobierno.

c) A petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cáma-ras.

d) A petición de la Diputación Permanente.

42. Las sesiones extraordinarias:

a) Podrán convocarse sobre un orden del día determinado, aunque no es precep-tivo.

b) La convocatoria deberá siempre hacerse en base a un orden del día determi-nado.

c) Serán clausuradas una vez se agote el turno de ruegos o peticiones y pregun-tas.


43. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta:

a) Para aprobar las Leyes Orgánicas.

b) Para conceder el suplicatorio de los miembros del Gobierno. c) Para nombrar la persona o personas que integren la Regencia en los casos pre-

vistos. d) Para declarar la guerra o hacer la paz.

44. Todas las decisiones siguientes, menos una, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras:

a) La autorización para que el Estado preste su consentimiento al objeto de obli-garse por medio de Convenios o Tratados.

b) La autorización de determinados acuerdos de cooperación entre las Comuni-dades Autónomas.

c) La distribución entre las Comunidades Autónomas y Provincias de los Fondos de Compensación.

d) El otorgamiento de confianza al candidato a Presidente del Gobierno tras un proceso electoral.

45. En los casos en los que las Cortes Generales hayan de adoptarse medidas por mayoría de cada una de las Cámaras:

a) El procedimiento comenzará siempre por el Congreso. b) El procedimiento siempre comenzará por el Senado. c) El procedimiento comenzará por el Senado en el caso previsto en los artículos

94.1 y 145.2 de la Constitución.

d) El procedimiento comenzará por el Congreso sólo en el supuesto regulado en el artículo 94.1 de la Constitución.


46. Si no hubiere acuerdo entre el Congreso y el Senado, en los casos a los que se refieren las dos preguntas anteriores:

a) Se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta por las Mesas de ambas Cámaras.

b) Se intentará obtener por una Comisión Mixta integrada por los miembros de las Comisiones de Conflictos de ambas Cámaras.

c) Se intentará obtener por una Comisión Mixta integrada por igual número de Diputados que de Senadores.

d) Se intentará obtener por una Comisión Mixta integrada por cinco Diputados y tres Senadores.

47. La Comisión presentará un texto: a) Que será aprobado por las Cortes Generales en sesión conjunta. b) Que será remitido al Gobierno para su aprobación, caso de tratarse de un pro-

yecto de Ley. c) Que reiniciará el trámite parlamentario, siendo remitido para su estudio a la

Comisión correspondiente.

d) Que será aprobado por ambas Cámaras.

48. Si el texto elaborado por la Comisión Mixta no se aprueba en la forma co-rrecta indicada en la pregunta anterior, decidirá el Congreso por mayoría: a) De tres quintos.

b) De dos tercios.

c) Absoluta. d) Simple.

49. Las Cámaras funcionan: a) En Pleno. b) En Pleno y por Comisiones.

c) En Pleno y en Salas de Gobierno.

d) En Pleno, en Comisiones y en Secciones.

50. La aprobación de proyectos o proposiciones de Ley: a) Podrá ser delegada por las Cámaras en las Comisiones Legislativas Perma-

nentes. b) Podrá ser delegada en dichas Comisiones por el Pleno de las Cortes Genera-

les. c) La delegación se efectuará por las Cámaras en la Comisión Legislativa que,

ocasionalmente, se constituya al efecto.

d) La aprobación de proyectos o proposiciones de Ley es indelegable por las Cámaras.

51. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta:

a) La aprobación de proyectos o proposiciones de Ley es indelegable.

b) En caso de delegación el Pleno podrá recabar el debate de cualquier texto.


c) En caso de delegación el Pleno podrá recabar el debate y la votación de cual-quier texto, en cualquier momento.

d) En caso de delegación el Pleno también podrá recabar la votación de cual-quier texto.

52. Todas las materias indicadas a continuación, menos una, son indelegables:

a) La reforma constitucional.

b) Las cuestiones internacionales.

c) Las Leyes Ordinarias y de Bases.

d) Los Presupuestos Generales del Estado

53. Las Comisiones de Investigación:

a) Podrán ser nombradas o por el Congreso o por el Senado. b) No podrán ser nombradas conjuntamente por ambas Cámaras. c) Incidirán sobre asuntos de interés público.

d) Podrán dirigir sus trabajos al esclarecimiento de asuntos de exclusivo interés parlamentario.

54. Las conclusiones de las Comisiones de Investigación:

a) Serán vinculantes para los Tribunales.

b) Afectarán, por tanto, a las resoluciones judiciales. c) El resultado de la investigación no será comunicado a autoridad alguna.

d) Tal resultado podrá ser comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

55. Ante el llamamiento efectuado por una Comisión de Investigación: a) La incomparecencia no podrá acarrear al afectado la imposición de sanción

alguna. b) La comparecencia es potestativa si el llamado lo realiza el Senado.

c) La comparecencia sólo es obligatoria cuando se realiza a instancia de una Comisión formada por ambas Cámaras.

d) Será obligatorio comparecer en todo caso.

56. Las Cámaras: a) Sólo podrán recibir peticiones colectivas.

b) Podrán recibir peticiones individuales mediante comparecencia.

c) Está prohibida la presentación directa de peticiones por manifestaciones ciu-dadanas.

d) Pueden recibir peticiones individuales y colectivas, verbalmente o por escrito.

57. Las peticiones que reciban las Cámaras:

a) Deberán ser explicadas por el Gobierno sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

b) Deberán ser remitidas siempre al Gobierno.


c) Nunca serán remitidas al Gobierno.

d) Serán tramitadas y explicadas por la Comisión correspondiente de la Cámara que la haya recibido.

58. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente:

a) Compuesta por un mínimo de veinticinco miembros.

b) Dichos miembros representarán a los Grupos Parlamentarios. c) La representación será en proporción a la importancia numérica de los Parti-

dos y Coaliciones integrantes de la Cámara.


59. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el: a) Presidente del Congreso.

b) Presidente del Senado.

c) Presidente de la Cámara respectiva.

d) Diputado o Senador integrante de la misma que sea elegido por sus compo-nentes.

60. Una de las siguientes actuaciones no pude ser ejercitada por la Diputación Permanente: a) Solicitar que las Cámaras se reúnan en sesión extraordinaria. b) Debatir y convalidar un Decreto Ley cuando las Cámaras estuvieren disueltas.

c) Autorizar la declaración del estado de excepción cuando hubiere expirado el mandato de las Cámaras.

d) Velar por los poderes de las Cámaras aún cuando éstas estén reunidas.

61. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanen-tes: a) Seguirán ejerciendo sus funciones dos meses más.

b) Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución del nuevo Gobierno.

c) Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

d) Su mandato finaliza con el de las Cámaras que le proporcionan sus miembros.

62. Reunida la Cámara correspondiente:

a) La Diputación Permanente le comunicará que cesa en sus actividades.

b) La Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus deci-siones.

c) La Diputación Permanente dará cuenta de sus decisiones solicitando la ratifi-cación de las mismas.


63. Para que las Cámaras puedan adoptar acuerdos:

a) Basta con que estén reunidas reglamentariamente.

b) Será preciso, además, que se cuente con la asistencia de la mayoría de sus miembros.


c) Será imprescindible que exista representación en la pertinente reunión de to-dos y cada uno de los Grupos Parlamentarios.

d) La asistencia al acto deberá superar el setenta y cinco por ciento de los miem-bros de la Cámara respectiva.

64. Los acuerdos adoptados, para ser válidos:

a) Deberán ser aprobados por las mayorías especiales, que para cada caso, esta-blece la Constitución.

b) Deberán ser aprobados por las mayorías especiales, que para cada caso, esta-blecen las Leyes Orgánicas.

c) Deberán ser aprobados por la mayoría de los asistentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que se puedan establecer.

d) Deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros, sin perjuicio de las mayorías especiales que se puedan establecer.

65. El voto es personal: a) Pero delegable, para los Senadores.

b) E indelegable sólo para los Senadores.

c) Pero delegable, para los Diputados.

d) E indelegable tanto para Diputados como para Senadores.

66. Las sesiones plenarias de las Cámaras:

a) Serán a puerta cerrada, salvo acuerdo en contra de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

b) Serán públicas, salvo acuerdo en contra de cada Cámara, adoptado por mayo-ría absoluta o con arreglo al Reglamento.

c) Serán públicas, pero acudiendo al hemiciclo sólo personal directamente invi-tado al efecto.

d) Serán a puerta cerrada, sin perjuicio de que pueda ser autorizada la presencia de los medios de comunicación, en la forma vista en las opciones a) y b).

67. No son Leyes Orgánicas las relativas:

a) Al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

b) Al desarrollo de la potestad originaria para establecer tributos.

c) Las que aprueben los Estatutos de Autonomía.

d) Las que aprueben el Régimen Electoral General.

68. La aprobación, modificación o derogación de Leyes Orgánicas, exigirá: a) La mayoría absoluta del Congreso y Senado.

b) La mayoría absoluta del Congreso.

c) La mayoría de dos tercios del Congreso y Senado.

d) La mayoría de dos tercios del Congreso.

69. La mayoría exigida en la pregunta anterior será imprescindible:

a) En una votación final sobre el conjunto del proyecto. b) En la votación parcial de cada uno de los artículos del proyecto.


c) En la votación parcial de todas y cada una de las enmiendas.

d) En la votación final sobre el conjunto de cada Capítulo del proyecto.

70. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley sobre una de las materias determinadas siguien-tes: a) La protección civil del Derecho al Honor.

b) El Tribunal Constitucional.

c) Los Presupuestos Generales del Estado.

d) El derecho de reunión.

71. La delegación legislativa se efectuará:

a) Mediante una Ley de Bases cuando su objeto sea la formación de un texto ar-ticulado.

b) Mediante una Ley de Bases en cualquier caso.

c) Mediante una Ley ordinaria en cualquier caso.

d) Mediante una Ley de Bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

72. La delegación legislativa deberá otorgase al Gobierno:

a) De forma expresa o presunta.

b) Para materia determinada.

c) Con fijación del plazo mínimo para su ejercicio.


73. La delegación se agota por:

a) El transcurso del plazo concedido para ello.

b) El rechazo de la delegación realizado por el Gobierno. c) La aprobación por el Gobierno del texto fruto de la delegación.

d) La publicación de la norma correspondiente, fruto del uso hecho de aquélla por el Gobierno.

74. Una de las siguientes afirmaciones respecto de la delegación, es falsa:

a) No podrá entenderse concedida de modo implícito.

b) No podrá entenderse concedida por tiempo indeterminado. c) Podrá concederse con fijación del plazo para su ejercicio. d) Se podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas al propio Gobierno.

75. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Las Leyes de Bases:

a) Delimitarán con precisión el objeto de la delegación legislativa. b) Delimitarán, asimismo, con precisión, el alcance de tal delegación.

c) No será necesario, por contra, que precisen los principios que han de seguirse en su ejercicio.

d) Finalmente, si habrán de expresarse los criterios que han de seguirse en su ejercicio.


76. La autorización para refundir textos legales: a) Se circunscribirá a la mera formulación de un texto único. b) Podrá incluir la armonización de los textos legales que han de ser refundidos.

c) No podrá abarcar la regularización de los textos a refundir. d) No podrá comprender la aclaración de los textos legales a refundir.

77. Las Leyes de delegación, en cuanto a las fórmulas de control: a) Se remitirán, en cualquier caso, a la competencia propia de los Tribunales.

b) Se remitirán, en cualquier caso, a la competencia propia de los órganos admi-nistrativos de control.

c) Podrán establecer fórmulas adicionales de control, al margen de la competen-cia propia de los Tribunales.

d) Podrán establecer fórmulas arbitrales de control al margen de la competencia propia de los Tribunales.

78. Las Leyes de Bases no podrán, en ningún caso:

a) Autorizar la modificación de la normativa vigente objeto de la delegación.

b) Autorizar la supresión de figuras legales o cargos públicos existentes.

c) Autorizar la modificación de la propia Ley de Bases. d) Facultar para dictar normas con carácter irretroactivo.

79. Cuando una proposición de Ley o una enmienda, fuere contraria a una de-legación legislativa en vigor: a) El Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. b) El Congreso de los Diputados está facultado para oponerse a su tramitación.

c) Podrá presentarse en tal supuesto un proyecto de Ley para la derogación total o parcial de la Ley de delegación.


80. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibi-rán el nombre de: a) Leyes de Bases.

b) Decretos Legislativos.

c) Decretos Leyes.

d) Textos Articulados o Refundidos. 81. Los Decretos Leyes, disposiciones legislativas provisionales dictadas por el

Gobierno: a) Podrán ser dictadas en cualquier momento respecto de determinadas materias.

b) Sólo podrán ser dictadas en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

c) Sólo podrán ser dictadas cuando las Cámaras hayan sido disueltas o finalizado su mandato.

d) Sólo podrán ser dictadas cuando las Cámaras no estén reunidas.


82. Dígase que proposición no es correcta: Los Decretos Leyes, podrán afectar: a) Al ordenamiento de las Instituciones básicas del Estado. b) Al régimen de las Comunidades Autónomas.

c) Al Derecho Electoral General.

d) No a los derechos y libertades de los ciudadanos, aunque sí a sus deberes.

83. Los Decretos Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y vota-ción de totalidad al Congreso de los Diputados:

a) Sólo si estuviere reunido.

b) En el plazo de 30 días siguientes a su promulgación si estuviere reunido, o desde que se reúna.

c) En el plazo de 30 días siguientes a su promulgación, en cualquier caso.

d) Se someterá al Congreso en el plazo indicado en la opción anterior pero sólo para votación, no para debate.

84. El Congreso: a) Habrá de pronunciarse sobre la convalidación o derogación del Decreto Ley

que se le ha sometido dentro de un plazo de otros 30 días. b) Habrá de pronunciarse sobre la convalidación o derogación del Decreto Ley

que se le ha sometido dentro plazo de 30 días original. c) El pronunciamiento a realizar por el Congreso sobre la convalidación o dero-

gación del Decreto Ley podrá ser presunto, en el caso de que transcurra el plazo de 30 días sin acordar su derogación.

d) El pronunciamiento a realizar por el Congreso se realizará por un cauce espe-cial, oral y abreviado.

85. Dentro del plazo de 30 días ya conocido, los Decretos Leyes: a) Podrán ser tramitados por las Cortes Generales como proyectos de Ley por el

procedimiento de urgencia.

b) Podrán ser tramitados por el Gobierno como proposiciones de Ley por el pro-cedimiento de urgencia.

c) Podrán ser tramitados por el Congreso de los Diputados como proyectos de Ley por el procedimiento ordinario.


86. No corresponde la iniciativa legislativa: a) Al Congreso. b) Al Senado. c) A las Cortes Generales.

d) Al Gobierno. 87. La iniciativa legislativa de las Asambleas de las Comunidades Autónomas:

a) Podrá ser ejercida a través del Gobierno, al que se solicitará la adopción de una proposición de Ley.

b) Podrá ser ejercida mediante la remisión a la Mesa del Congreso de una propo-sición de Ley.


c) En el caso indicado en la opción b) la Asamblea Legislativa podrá delegar an-te el Congreso un máximo de cinco miembros para su defensa.


88. La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley: a) Se ha de regular mediante Ley Ordinaria.

b) En cualquier caso, no se exigirán más de 500.000 firmas acreditadas para su ejercicio.

c) No procederá dicha iniciativa en materias tributarias. d) Se admitirá dicha iniciativa en lo relativo al derecho de gracia.

89. Los proyectos de Ley: a) Serán aprobados por el Pleno del Congreso de los Diputados. b) Serán aprobados en Consejo de Ministros.

c) Serán sometidos al Consejo de Ministros, acompañados de una Exposición de Motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

d) Serán sometidos al Congreso por parte del Grupo Parlamentario que lo haya promovido.

90. La tramitación de las proposiciones de Ley:

a) Se someterá a la prioridad debida a los proyectos de Ley. b) Tendrá carácter preferente con respecto a la de los proyectos de Ley.

c) No admite dilación alguna en aras del ejercicio de la iniciativa legislativa.

d) Se regulará por los Reglamentos de las Cámaras.

91. Las proposiciones de Ley:

a) Exclusivamente, podrán surgir del Gobierno.

b) Exclusivamente, podrán surgir del Congreso de los Diputados. c) Cuando sean tomadas en consideración por el Senado, se remitirán al Congre-

so para su trámite en éste como tal proposición.

d) Cuando sean tomadas en consideración por el Senado, se invertirá el trámite parlamentario, comenzando el mismo como tal proposición por el Senado.

92. Aprobado un proyecto de Ley Ordinaria u Orgánica por el Congreso de los Diputados: a) Será sometido de inmediato a votación en el Senado. b) Será sometido de inmediato a deliberación en el Senado. c) Su Presidente dará cuenta inmediata del mismo al Presidente del Senado, el

cual lo someterá a la deliberación de éste.

d) El Presidente del Senado, requerido al efecto por el del Congreso, se hará car-go de inmediato del proyecto y lo someterá a la deliberación y votación del Senado.


93. La oposición del veto, o la introducción de enmiendas en el texto remitido por el Congreso, podrá ser efectuada por el Senado en el plazo, a partir del día de la recepción del texto, de:

a) Cinco meses.

b) Cuatro meses.

c) Tres meses.

d) Dos meses.

94. El veto indicado en la pregunta anterior, deberá ser aprobado: a) Por mayoría simple.

b) Por mayoría absoluta.

c) Por mayoría de dos tercios.

d) Por mayoría de tres quintos.

95. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción: a) Sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto

inicial. b) Sin que el Congreso ratifique por mayoría simple, en caso de veto, el texto

inicial. c) Sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial, ya sea en

caso de veto, ya una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo.

d) El Congreso podrá pronunciarse respecto a las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría absoluta.

96. En los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el plazo con el que cuenta el Senado para vetar o enmendar se reduce a: a) Treinta días naturales.

b) Quince días hábiles.

c) Veinte días hábiles.

d) Veinte días naturales.

97. El Rey sancionará las Leyes aprobadas por las Cortes Generales, tras lo cual las promulgará y ordenará su inmediata publicación, en el plazo de: a) Treinta días.

b) Quince días.

c) Veinticinco días. d) Veinte días.

98. Las decisiones que podrán ser sometidas a referéndum de todos los españo-les: a) Serán todas aquellas que el Gobierno estime de interés. b) Se someterán a referéndum que podrá ser decisorio.


c) Serán sólo decisiones políticas de especial transcendencia.

d) Serán, preceptivamente, las que afecten a la seguridad nacional y las decisio-nes políticas de especial transcendencia.

99. El referéndum: a) Será convocado por el Presidente del Gobierno.

b) Será propuesta su convocatoria por el Congreso de los Diputados.

c) Será precisa para su convocatoria la autorización previa del Rey.


100. Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referén-dum es materia: a) Sobre la que cabe la iniciativa popular.

b) Reservada a Ley Orgánica.

c) Tratable mediante Decreto Ley.

d) Tratable mediante Ley Ordinaria.

101. El ejercicio de competencias derivadas de la Constitución: a) Sólo pude corresponder a las Instituciones del Estado. b) Podrá ser atribuido a una organización o Institución Internacional.

c) Tal atribución se realizará mediante Ley Ordinaria. d) Tal atribución se realizará mediante Tratado Internacional autorizado por Ley

Ordinaria.

102. La garantía del cumplimiento de los Tratados a los que se refiere la pregun-ta anterior, y de las resoluciones emanadas de los Organismos Internacio-nales o supranacionales titulares de la cesión:

a) Corresponde siempre al Gobierno.

b) Corresponde en cualquier caso a las Cortes Generales. c) Corresponderá, según los casos, al Gobierno o a las Cortes Generales.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, en tanto en cuanto el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución no puede ser ejercicio por Orga-nismo Internacional alguno.

103. El consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o Con-venios internacionales: a) No requiere autorización de ninguna Institución u Órgano del Estado.

b) Requiere la autorización del Congreso de los Diputados. c) Requiere la autorización del Rey.

d) Requiere la autorización de las Cortes Generales.

104. La autorización a la que se refiere la pregunta anterior sólo se produce en determinados casos:

a) En los Tratados de carácter político.

b) En los Convenios de carácter militar.


c) En los Tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pú-blica.


105. Con respecto a los restantes Convenios o Tratados Internacionales que no precisen autorización previa: a) El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de su conclusión.

b) Sólo será informado de su conclusión el Congreso. c) Será informado de su conclusión el Consejo General del Poder Judicial cuan-

do afecte a temas relacionados con la Administración de Justicia.

d) No deberá darse cuenta alguna ni al Congreso ni al Senado.

106. La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: a) No es posible.

b) Exigirá la previa revisión constitucional.

c) Exigirá la disolución de las Cámaras y la celebración de elecciones generales.

d) Exigirá la caída del Gobierno que haya propuesto la conclusión de tal Conve-nio.

107. La existencia de contradicción entre la Constitución y un Tratado Interna-cional: a) Podrá ser declarada por el Tribunal Constitucional. b) Podrá ser declarada por las Cortes Generales.

c) Se efectuará por los Tribunales Internacionales a los que España se haya so-metido en virtud del Tratado que se denuncie.

d) Será declarada por el Tribunal Constitucional a instancia del Gobierno o de las Cortes Generales mediante acuerdo en tal sentido adoptado en Pleno.

108. Los Tratados Internacionales formarán parte del ordenamiento interno: a) En todo caso, desde su publicación oficial en España. b) Desde su autorización por las Cortes Generales.

c) Desde su sanción por el Rey.

d) Desde su publicación final en España, sólo si han sido celebrados válidamen-te.

109. Las disposiciones de los Tratados Internacionales que entren a formar par-te del ordenamiento interno, podrán ser derogadas, modificadas o suspen-didas: a) En la forma prevista para cualquier norma nacional con rango de Ley.

b) Mediante acuerdos adoptados por mayoría absoluta. c) En la forma prevista en los propios Tratados, en cualquier caso.

d) De acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional, cuando los propios Tratados no indiquen el procedimiento a seguir para ello.


110. Para la denuncia de los Tratados o Convenios Internacionales por parte del Estado: a) No se requiere autorización de ninguna otra Institución u Órgano del Estado.

b) Se requiere la autorización del Congreso de los Diputados. c) Se requiere la autorización del Rey.

d) Se requiere la autorización o conocimiento de las Cortes Generales, según las materias sobre las que versen dichos Tratados o Convenios.

111. El Título Tercero de la Constitución finaliza en el artículo: a) 96. b) 94. c) 95. d) 97.

112. El Título Tercero de la Constitución comienza en el artículo: a) 65. b) 66. c) 64. d) 63.

113. El Título Tercero de la Constitución consta de:

a) Un Capítulo. b) Dos Capítulos.

c) Tres Capítulos.

d) Cuatro Capítulos.

114. La elaboración de las Leyes se trata en el Título Tercero de la Constitución: a) Capítulo Primero.

b) Capítulo Segundo.

c) Capítulo Tercero.

d) Capítulo Cuarto.

115. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se tratan en el Títu-lo Tercero de la Constitución: a) Capítulo Primero.

b) Capítulo Segundo.

c) Capítulo Tercero.



TÍTULO IV: DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 1. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. El Gobierno:

a) Dirige la política interior y exterior.

b) Ejerce la función ejecutiva.

c) Aprueba los Presupuestos.

d) Dirige la Administración militar y la defensa del Estado.

2. No integra o integran el Gobierno: a) Los Ministros. b) Los Vicepresidentes del mismo.

c) El Presidente del mismo.

d) Los Secretarios de Estado.

3. La acción del Gobierno y la coordinación de las funciones de sus miembros es realizada, sin perjuicio de la responsabilidad directa de estos en su ges-tión:

a) Por el Presidente del Gobierno.

b) Por el Primer Ministro.

c) Por el Jefe del Estado.

d) Por las Cortes Generales.

4. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Los miembros del Gobier-no: a) No podrán ejercer otras funciones representativas distintas a las propias de su

mandato parlamentario, cuando las mismas no sean incompatibles con el normal desempeño de su función.

b) Podrán ejercer las funciones públicas que deriven de su cargo.

c) No podrán realizar actividad profesional alguna.

d) No podrán desempeñar actividad mercantil alguna.

5. El estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno: a) No existe, por no estar sujetos sus miembros a incompatibilidad alguna.

b) Fue prevista su regulación por medio de Ley Orgánica. c) Fue prevista su regulación por medio de Ley.

d) Están contenidas ambas normativas en el Título Cuarto de la Constitución.

6. El candidato a la Presidencia del Gobierno, será propuesto, en los casos constitucionalmente previstos: a) Por el Presidente del Gobierno saliente.

b) Por el líder de la oposición.

c) Por los representantes de los Grupos Políticos con representación parlamenta-ria.

d) Por el Rey.


7. La proposición del Presidente del Gobierno se realizará a través: a) Del Presidente del Gobierno saliente.

b) Del líder de la oposición.

c) Del Rey. d) Del Presidente del Congreso de los Diputados.

8. El candidato propuesto conforme a lo que se desprende de las preguntas an-

teriores: a) Solicitará la confianza del Congreso de los Diputados. b) Solicitará la confianza de ambas Cámaras.

c) No está obligado a exponer su programa político de Gobierno. d) La solicitud de confianza se efectuará previa identificación de los miembros

del Gobierno que pueda formar.

9. En la primera votación, para ser nombrado Presidente del Gobierno deberá ser otorgada por la Cámara correspondiente la confianza: a) Por mayoría simple.

b) Por mayoría absoluta.

c) Por mayoría de dos tercios.

d) Por mayoría de tres quintos.

10. El candidato que haya obtenido tal confianza será nombrado Presidente: a) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.

b) Por el Presidente de Congreso de los Diputados en reunión y sesión conjunta de ambas Cámaras.

c) Por el Rey. d) Por el Presidente del Gobierno saliente, actuando en funciones.

11. De no alcanzarse la mayoría indicada en preguntas anteriores, se someterá la misma propuesta a nueva votación en el plazo de:

a) 48 días después de la anterior.

b) 48 horas después de la anterior.

c) 24 días después de la anterior.

d) 24 horas después de la anterior.

12. La confianza, en segunda votación de investidura del Presidente del Go-bierno, se entenderá otorgada si obtuviere:

a) Mayoría simple.

b) Mayoría absoluta.

c) Mayoría de dos tercios.

d) Mayoría de tres quintos.


13. Si efectuadas las dos votaciones indicadas en las preguntas anteriores no se otorgare confianza al primero de los candidatos:

a) Se disolverán las Cámaras convocando nuevas elecciones. b) Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista constitucionalmente,

y que se ha reflejado en preguntas anteriores.

c) Se efectuará una tercera votación en la que se entenderá otorgada la confianza al candidato que obtenga mayor número de votos a favor.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 14. El plazo para que algún candidato, desde la primera votación de investidu-

ra, obtenida la confianza de la Cámara: a) Es indefinido. b) Es de dos meses.

c) Es de tres meses.

d) Es de cuatro meses.

15. Transcurrido dicho plazo sin que ningún candidato haya obtenido la con-fianza del Congreso de los Diputados:

a) El Presidente del Congreso disolverá las Cámaras y convocará nuevas elec-ciones.

b) Tales decisiones sólo podrá adoptarlas con el refrendo del Rey. c) Será el Rey el que disuelva el Congreso de los Diputados y convoque nuevas

elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.

d) Se actuará en la forma vista en la respuesta anterior, pero serán disueltas am-bas Cámaras.

16. Los restantes miembros del Gobierno, distintos a su Presidente: a) Serán nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Go-

bierno. b) Serán nombrados y separados por el Presidente del Gobierno con el refrendo

del Rey. c) Serán nombrados y separados por el Rey con el refrendo de Presidente del

Congreso de los Diputados.


17. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. El Gobierno cesa: a) Tras la celebración de elecciones generales.

b) En los casos de pérdida de la confianza previstos en la Constitución.

c) Por dimisión de su Presidente.

d) Por fallecimiento o enfermedad grave de su Presidente.

18. Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno:

a) Continuará en funciones el Gobierno cesante.

b) Continuará en funciones el Gabinete de Crisis del Gobierno cesante.

c) Continuará en funciones el Presidente del Gobierno cesante exclusivamente.

d) No continuará en funciones miembro alguno del Gobierno cesante.


19. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Go-bierno será exigible ante la Sala de lo Penal:

a) De la Audiencia Provincial de Madrid.

b) Del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

c) Del Tribunal Supremo.

d) De la Audiencia Nacional.

20. Si la acusación contra el Presidente o contra los demás miembros del Go-bierno fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Es-tado en el ejercicio de sus funciones:

a) Sólo podrá ser planteada por la tercera parte de los miembros del Congreso de los Diputados.

b) Sólo podrá ser planteada por la cuarta parte de los miembros del Congreso y del Senado.

c) Deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso, tras propuesta reali-zada por la parte de sus miembros que corresponde.

d) Deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, al margen del número de sus miembros que lo haya propuesto.

21. La prerrogativa real de gracia: a) No será aplicable en beneficio del Presidente o de cualquiera de los demás

miembros del Gobierno, en los casos a los que se refieren las preguntas ante-riores.

b) Está especialmente aconsejada constitucionalmente en torno a los supuestos que se expresan.

c) Sólo será aplicable al Presidente en caso de delito de traición. d) Sólo será aplicable al Presidente del Gobierno y a los demás miembros del

mismo, pero cuando la acusación dirigida contra ellos nada tenga que ver con el delito de traición ni con cualquiera otro contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus cargos.

22. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. La Administración Públi-ca: a) Sirve con objetividad a los intereses generales.

b) Actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. c) Actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de eficacia, jerarquía y auto-

ridad. d) Actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de descentralización, des-

concentración y coordinación.

23. Los órganos de la Administración del Estado, son creados, regidos y coor-dinados: a) De acuerdo con las exigencias de los ciudadanos.

b) De acuerdo con los principios marcados por el Ministerio para las Adminis-traciones Públicas.


c) De acuerdo con las exigencias del Gobierno.

d) De acuerdo con la Ley.

24. La Ley regulará: a) El Estatuto de los funcionarios públicos, y el acceso a la función pública de

acuerdo con los principios de igualdad, esfuerzo, mérito y capacidad.

b) Las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación. c) El sistema de incompatibilidades y prohibiciones. d) Las garantías para la eficacia en el ejercicio de sus funciones.

25. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

a) Actúan bajo la dependencia de los Gobernadores Civiles. b) Tienen como misión defender la unidad de España.

c) Tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

d) Tienen como misión colaborar con las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras del Estado.

26. Las funciones, principios de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado, deben determinarse:

a) Mediante Ley Ordinaria.

b) Mediante Ley de Bases.

c) Mediante Ley Orgánica.

d) Están previstas tales materias expresamente en la Constitución.

27. Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con la Administración no es verdadera. La Ley regulará: a) La audiencia de los ciudadanos, siempre a través de las organizaciones y aso-

ciaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, aún cuando afecten a la seguridad y defensa del Estado.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, con y sin audiencia del interesado.


28. La legalidad de la actuación administrativa, y el sometimiento de esta a los fines que la justifican, es controlado por: a) El Gobierno. b) El Congreso de los Diputados.

c) Los Tribunales.

d) El Defensor del Pueblo.


29. Cuando los particulares sufran lesión en sus bienes y derechos a consecuen-cia del funcionamiento de los servicios públicos:

a) Tendrán siempre derecho a una indemnización.

b) No tendrán derecho a indemnización en los casos de fuerza mayor.

c) Tendrán derecho a indemnización en los casos previstos en las Leyes.

d) Sólo tendrán derecho a indemnización cuando sea la Administración Civil del Estado la causante del perjuicio.

30. El órgano supremo consultivo del Gobierno es:

a) El Consejo de Estado.

b) El Consejo de Ministros.

c) El Consejo General del Poder Judicial.

d) Ninguna respuesta es correcta, ya que la pregunta debió referirse al órgano supremo consultivo del Estado.

31. El Consejo de Estado debe ser regulado:

a) Mediante Ley Ordinaria.

b) Mediante Ley Orgánica.

c) Puede serlo mediante Ley de Bases.

d) Puede ser objeto de regulación de delegación legislativa.

32. El Título IV de la Constitución finaliza en el artículo:

a) 106. b) 107. c) 108. d) 109.

33. El Título IV de la Constitución comienza en el artículo:

a) 94. b) 95. c) 96. d) 97.

34. El Título IV de la Constitución: a) Carece de Capítulos.

b) Carece de Capítulos, como el Título III.

c) Tiene dos Capítulos.

d) Tiene tres Capítulos, como el Título III.

35. El Título IV de la Constitución: a) Carece de Capítulos, Títulos y Secciones.

b) Carece de Capítulos, pero no de Títulos ni de Secciones. c) Carece de Capítulos y Títulos, pero no de Secciones. d) Sólo carece de Secciones, no de Títulos ni de Capítulos.


TÍTULO V – DE LAS RELACIONES ENTRE

EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

1. La responsabilidad del Gobierno por su gestión política ante el Congreso de los Diputados: a) Es individual de cada uno de sus miembros.

b) Es solidaria. c) Es única a través del Presidente del Gobierno.

d) Es genérica.

2. Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar la información y ayuda que precisen: a) A través de sus Presidentes y sólo del Gobierno y sus Departamentos.

b) A través de la Mesa o los Portavoces, del Gobierno, de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado.

c) La información y ayuda será recabada por los Presidentes, incluso de las Co-munidades Autónomas.

d) La información y ayuda de las Comunidades Autónomas sólo podrá ser reca-bada por los Parlamentos autónomos y sus Comisiones.

3. La presencia de los miembros del Gobierno:

a) Sólo podrá ser recabada por las Cámaras.

b) Sólo podrá ser reclamada por sus Comisiones.

c) Podrá ser reclamada tanto por las Cámaras como por sus Comisiones.

d) Podrá ser recabada tanto por el Presidente de cada Cámara como por los Pre-sidentes de las Comisiones.

4. Los miembros del Gobierno, por su parte: a) Tienen acceso limitado a las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones.

b) No tienen facultad para hacerse oír en ellas.

c) Podrán obligar a las Comisiones, no a las Cámaras, a admitir que informen ante ellas funcionarios de sus Departamentos.

d) Podrán solicitar que informen miembros de sus Departamentos ante las Cáma-ras y sus Comisiones.

5. Una de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) Sólo el Presidente del Gobierno está sometido a las interpelaciones y pregun-tas que se le formulen en las Cámaras.

b) Están sometidos a esas interpelaciones y preguntas tanto el Gobierno como cada uno de sus miembros.

c) Las interpelaciones y preguntas al Gobierno y a sus miembros se efectuarán por las Cámaras y por sus Comisiones.

d) Las interpelaciones son realizadas por las Cámaras y las preguntas por las Comisiones, tanto al Gobierno como a cada no de sus miembros.


6. Para esta clase de debates, interpelaciones y preguntas, los Reglamentos es-tablecerán un tiempo mínimo: a) Semanal.

b) Diario. c) Mensual. d) Quincenal.

7. Una de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) Toda pregunta podrá dar lugar a una interpelación. b) Toda moción podrá dar lugar a una interpelación en la que, quien la formula,

manifiesta su posición.

c) Toda interpelación podrá dar lugar a una moción, en la que la Cámara mani-fieste su posición.

d) Determinadas interpelaciones darán lugar a una moción en la que la Cámara manifestará su opinión.

8. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. La cuestión de confian-za se planteará ante el Congreso de los Diputados:


b) Tal planteamiento se efectuará previa deliberación del Consejo de Ministros.

c) Su objeto podrá ser el propio programa de Gobierno. d) No podrá ser objeto de cuestión de confianza declaración alguna de política

general.

9. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma: a) La mayoría simple de los Diputados.

b) La mayoría absoluta de los Diputados.

c) La mayoría de dos tercios de los Diputados.

d) La mayoría de tres quintos de los Diputados.

10. La exigencia por parte del Congreso de los Diputados de la responsabilidad política del Gobierno se efectúa mediante la adopción de: a) Una cuestión de confianza.

b) Una cuestión de censura.

c) Una moción de censura.

d) Una interpelación de censura.

11. Tal mecanismo para la exigencia de responsabilidad política al Gobierno por parte del Congreso, deberá ser adoptado por:

a) La mayoría simple de los Diputados.

b) La mayoría absoluta de los Diputados.

c) La mayoría de dos tercios de los Diputados.

d) La mayoría de tres quintos de los Diputados.


12. La moción de censura habrá de ser propuesta al menos por: a) La mitad de los Diputados.

b) La tercera parte de los Diputados.

c) La quinta parte de los Diputados.

d) La décima parte de los Diputados.

13. La propuesta de moción de censura deberá incluir:

a) Un programa de Gobierno.

b) Candidatos a ocupar todos y cada uno de los puestos del Gobierno.

c) Un candidato a Presidente del Gobierno.

d) Al menos dos candidatos a Presidente del Gobierno, entre los que optará la Cámara.

14. La moción de censura no podrá ser votada hasta que, desde su presenta-ción, hayan transcurrido: a) Quince días.

b) Cinco días. c) Diez días. d) Tres días.

15. La presentación de mociones alternativas:

a) Es un supuesto no permitido por nuestra Constitución. b) Está permitido, pudiendo efectuarse en cualquier momento anterior a la vota-

ción de la moción primeramente presentada.

c) Está permitido, pudiendo efectuarse dentro de los cinco primeros días del pla-zo previo a la votación de la moción originalmente propuesta.

d) Está permitido, pudiendo efectuarse en los dos primeros días del plazo previo a la votación de la moción primeramente formulada.

16. Los signatarios de la moción de censura planteada, caso de ser rechazada la misma: a) No podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

b) No podrán presentar otra durante la misma legislatura. c) No podrán presentar otra antes de que transcurra un año desde que se haya vo-

tado el rechazo de la primera.

d) No podrán presentar otra antes de que transcurran seis meses desde que fue presentada la primera.

17. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno:

a) El Gobierno la recabará seguidamente al Senado.

b) El Gobierno anunciará a la Cámara su disposición de admitir una moción de censura.


c) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno en la forma prevista constitucional-mente.

d) El Gobierno presentará su dimisión al Congreso de los Diputados, procedién-dose a la designación por el Rey del Presidente del Gobierno en la forma pre-venida en la Constitución.

18. Si el Congreso de los Diputados adopta una moción de censura: a) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la

designación del Presidente del Gobierno en la forma prevista constitucional-mente.

b) El Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara, nombrándole el Rey Pre-sidente del Gobierno.

c) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, sometiéndose el candidato inclui-do en la moción al Congreso, mediante una cuestión de confianza.


19. La propuesta para disolver el Congreso, el Senado o las Cortes Generales:

a) Procederá del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo la exclusiva responsabilidad de aquel.

b) Procederá del Consejo de Ministros, previa deliberación, y bajo la responsabi-lidad colegiada de sus integrantes.

c) Podrá provenir de los Presidentes de las Cámaras, que la canalizarán a través del Presidente del Gobierno en la forma vista en la respuesta a).

d) Procederá exclusivamente del Rey.

20. La disolución de las Cámaras será decretada:


b) Por el Gobierno de la Nación.

c) Por el Rey. d) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.

21. El Decreto de disolución, contendrá:

a) El compromiso de convocar elecciones en un plazo máximo de dos meses.

b) El compromiso de que las nuevas Cámaras se constituyan en un plazo máxi-mo de dos meses.

c) La fecha exacta de las elecciones.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, en tanto en cuanto la disolución de las Cámaras sólo puede acordarse por Ley.

22. La propuesta de disolución: a) Podrá presentarse en cualquier momento de la legislatura. b) No podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.


c) No podrá presentarse cuando esté en trámite una cuestión de confianza.

d) No podrá presentarse cuando esté en trámite una interpelación de las que dan lugar a una moción.

23. Disueltas las Cámaras:

a) Podrá efectuarse otra en cualquier momento y por causas justificadas.

b) No podrá efectuarse otra antes de que transcurran dos años desde la anterior.

c) No podrá efectuarse otra antes de que transcurra un año desde la anterior.

d) Podrá efectuarse otra, aunque no haya transcurrido un año desde la anterior, cuando hayan transcurrido dos meses desde la primera votación de investidura y ningún candidato haya obtenido la confianza del Congreso.

24. Los estados de alarma, excepción y sitio, así como las competencias y limi-taciones correspondientes:

a) Se regularán, por mandato constitucional, mediante Ley Orgánica.

b) Podrán ser regulados por Ley Ordinaria, sólo en lo relativo a competencias.

c) Podrán ser reguladas incluso por Decreto ley, en caso de extraordinaria y ur-gente necesidad.

d) Están regulados plenamente en la Constitución, sin que sea preciso su desa-rrollo legal en disposición distinta.

25. El estado de alarma: a) Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de

Ministros por un plazo máximo de 15 días.

b) Será declarado por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica, por un plazo máximo de 15 días.

c) Será declarado por el Presidente del Gobierno, previa deliberación del Conse-jo de Ministros.

d) Será declarado por el Rey, a instancia del Gobierno tras Decreto acordado en Consejo de Ministros.

26. Declarado el estado de alarma:

a) Se dará cuenta al Rey, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo inicial de duración.

b) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

c) Se dará cuenta al Consejo de Ministros, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo inicial.

d) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, siendo improrrogable el plazo inicialmente marcado para la duración del estado de alarma.

27. La resolución proclamando el estado de alarma:

a) Indicará el plazo máximo de duración del mismo.

b) Indicará el plazo mínimo de duración del mismo.

c) Determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declara-ción.

d) Determinará las zonas a las que no se extienden los efectos de la declaración.


28. El estado de excepción:

a) Será declarado por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

b) Será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

c) Será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

d) Será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

29. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar, expresamente: a) Los efectos del mismo.

b) La mención de que los mismos se extienden al conjunto del territorio del Es-tado, o, como mínimo, al de una Comunidad Autónoma.

c) Su duración, que no podrá exceder de quince días, prorrogables por otros quince con iguales requisitos.

d) Su duración, que no podrá exceder de treinta días improrrogables.

30. El estado de sitio será declarado:

a) Por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.

b) Por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.

c) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno.

d) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Go-bierno o del Rey.

31. El ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio serán de-terminados por: a) Las Cortes Generales.

b) El Congreso de los Diputados.

c) El Gobierno. d) El Rey.

32. Mientras estén declarados algunos de los estados de alarma, excepción y de sitio:

a) Sólo es posible disolver el Congreso de los Diputados en los casos previstos constitucionalmente.

b) No se podrá proceder a la disolución del Congreso de los Diputados.

c) Se podrá disolver el Congreso de los Diputados sólo estando vigente el estado de alarma, no cuando lo estén el de excepción o el de sitio.

d) Sólo es posible disolver el Congreso cuando el ámbito territorial del estado declarado no sea superior a una Comunidad Autónoma.


33. Si cuando sea declarado el estado de alarma, el de excepción o el de sitio, no se estuviere en periodo de sesiones.

a) Las Cámaras ya no se constituirán hasta que el estado declarado sea dejado sin efecto.

b) Quedará automáticamente convocada la Diputación Permanente.

c) Quedarán las Cámaras automáticamente convocadas.


34. El funcionamiento de las Cámaras, así como el de los demás poderes consti-tucionales del Estado: a) Se interrumpirá durante la vigencia de cualquiera de los estados a los que se

refieren las preguntas anteriores.

b) Se interrumpirán durante la vigencia del estado de sitio. c) Se interrumpirán durante la vigencia de los estados de excepción y de sitio.

d) No se interrumpirán durante la vigencia de estos estados.

35. Disuelto el Congreso de los Diputados, o expirado su mandato, si se produ-jere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de los estados de alarma, excepción o de sitio: a) Las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanen-

te. b) Las competencias del Congreso serán asumidas por el Gobierno de la Nación.

c) Quedarán automáticamente convocadas las Cámaras, sin que hasta su consti-tución asuma organismo alguno sus competencias en esta materia.


36. La declaración de los estado de alarma, excepción y sitio: a) Modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes re-

conocidos en la Constitución y en las Leyes.

b) Modificará el principio de responsabilidad del Gobierno, pero no el de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.

c) No modificará el principio de responsabilidad del Gobierno, pero sí el de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.

d) No modificará el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las Leyes.

37. El Título Quinto de la Constitución finaliza en el artículo: a) 116. b) 115. c) 117. d) 118.

38. El Título Quinto de la Constitución comienza en el artículo: a) 107. b) 106.


c) 109. d) 108.

39. Título Quinto de la Constitución: a) Está dividido en dos Capítulos.

b) Está dividido en tres Capítulos.

c) Está dividido en cuatro Capítulos.

d) Carece de Capítulos.

40. La regulación que en el Título Quinto se hace de los estados de alarma, ex-cepción y sitio, se efectúa en el artículo:

a) 113. b) 114. c) 115. d) 116.


TÍTULO VI: DEL PODER JUDICIAL


a) La justicia emana del pueblo, y se administra en nombre del Rey.

b) Los Jueces y Magistrados integran el Poder Judicial. c) Los Jueces y Magistrados únicamente están sometidos al imperio de la Ley.

d) Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles e irresponsables.

2. Los Jueces y Magistrados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas por la Ley: a) No podrán ser suspendidos, aunque sí separados.

b) No podrán ser suspendidos, aunque sí trasladados. c) No podrán ser separados, pero sí jubilados.


3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos: a) Corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales. b) Corresponde a dichos órganos, aunque no estén predeterminados por la Ley.

c) Comprenderá el juzgar, hacer ejecutar lo juzgado, e impedir la ejecución de las sentencias firmes que vulneren los derechos fundamentales de las perso-nas.

d) Se realizará según las normas de competencia y procedimiento determinadas constitucionalmente.

4. Los Juzgados y Tribunales: a) Sólo ejercen las funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

b) Podrán ejercer determinadas funciones en garantía de cualquier derecho.

c) Podrán ejercer funciones expresamente conferidas por Ley en garantía de de-rechos concretos.


5. La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales está consti-tuida por el principio de:

a) Independencia.

b) Independencia jerárquica.

c) Unidad jurisdiccional.

d) Inamovilidad.

6. La jurisdicción militar se ejercerá, de acuerdo con los principios de la Constitución: a) En el ámbito estrictamente castrense.

b) En dicho ámbito y en los supuestos de estado de sitio. c) En el ámbito castrense y en los supuestos de estado de excepción y de sitio.

d) En el ámbito castrense y en los supuestos de estado de alarma, excepción y si-tio.


7. Según la Constitución española, los Tribunales de excepción: a) Se prohíben.

b) Se autorizan.

c) Se autorizan en el ámbito estrictamente castrense. d) Se autorizan exclusivamente en tiempos de guerra y en los supuestos de esta-

do de sitio.


a) Es obligado cumplir las sentencias de los Juzgados y Tribunales.

b) Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones de los Juzgados y Tribunales.

c) Es obligado prestar la colaboración requerida por Juzgados y Tribunales en el curso del proceso.

d) Es obligado prestar la colaboración requerida por Juzgados y Tribunales en la ejecución de lo resuelto.

9. La justicia será gratuita: a) En todo caso.

b) Cuando así lo disponga la Ley respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

c) En todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para liti-gar.

d) En determinados casos previstos por la Ley.

10. Las actuaciones judiciales:

a) Serán reservadas, con las excepciones previstas en las Leyes de procedimien-to.

b) Serán públicas, con las excepciones previstas en las Leyes de procedimiento.

c) Siempre serán reservadas.

d) Siempre serán públicas.

11. El procedimiento será predominantemente:

a) Oral, sobre todo en materia criminal.

b) Escrito, sobre todo en materia criminal.

c) Oral, sobre todo en materia laboral.

d) Oral, en todas los órdenes jurisdiccionales.

12. Las sentencias:

a) Serán siempre razonadas.

b) Serán normalmente motivadas.

c) Se pronunciarán en presencia de los interesados.

d) Se pronunciarán en audiencia pública.


13. Darán derecho a una indemnización a cargo del Estado: a) Los daños causados por errónea apreciación de las pruebas por Juzgados y

Tribunales. b) Los daños causados por el retraso superior a seis meses en la resolución de los

pleitos a cargo de Juzgados y Tribunales.

c) Los daños que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Adminis-tración de Justicia.


14. La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, se determinará, según la Constitución: a) Por medio de la Ley del Poder Judicial.

b) Por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) Por medio de la Ley Orgánica de Juzgados y Tribunales. d) Por medio de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia.

15. Los Jueces y Magistrados de carrera:

a) Formarán sendos Cuerpos.

b) Formarán un Cuerpo único.

c) Formarán un solo Cuerpo junto con el personal al servicio de la Administra-ción de Justicia.

d) No forman Cuerpo alguno.

16. El órgano de Gobierno del Poder Judicial es:

a) El Consejo General del Poder Judicial.

b) El Ministerio de Justicia.

c) La Dirección General del Poder Judicial.

d) La Secretaría de Estado para el Poder Judicial.

17. El Consejo General del Poder Judicial será presidido por el:

a) Presidente del Tribunal Constitucional.

b) Presidente de la Audiencia Nacional.

c) Presidente del Tribunal Supremo.

d) Vocal del mismo que resulte elegido entre los que lo componen.

18. El número de vocales que integran el órgano de gobierno del Poder Judicial es de: a) Veinte, incluido el Presidente del mismo.

b) Veinte, más el Presidente.

c) Doce, incluido el Presidente.

d) Doce, más el Presidente.

19. Los Vocales integrantes del órgano de gobierno del Poder Judicial: a) Serán nombrados por el Rey, por un periodo de tres años.

b) Serán nombrados por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Ge-neral del Poder Judicial, por un periodo de cinco años.


c) Serán nombrados por el Congreso de los Diputados y por el Senado, por un periodo de cinco años.

d) Serán nombrados por el Rey, por un periodo de cinco años.

20. De los Vocales integrantes del Consejo General del Poder Judicial: a) Doce serán elegidos entre abogados y otros juristas. b) Ocho serán elegidos entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judi-

ciales. c) Los que han de ser nombrados entre Abogado y otros juristas, serán propues-

tos por el Congreso y por el Senado, seis de cada Cámara. d) Los que han de ser nombrados entre Abogados y otros juristas, deberán ser de

reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio de su profesión.

21. El Tribunal Supremo: a) Tiene jurisdicción sobre todo el territorio peninsular. b) Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes sin exclusión.

c) Su superioridad como órgano jurisdiccional debe considerarse dejando a salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

d) Tal superioridad como órgano jurisdiccional debe considerarse dejando a sal-vo lo dispuesto en materia de derechos forales y autonómicos en favor de los Tribunales Superiores de Justicia.

22. El Presidente del Tribunal Supremo: a) Serán nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. b) Serán nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judi-

cial. c) Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del

Congreso de los Diputados.

d) Serán simultáneamente Presidente del Tribunal Constitucional.

23. Una de las siguientes no es función del Ministerio Fiscal: a) Promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos

y del interés público tutelado por la Ley.

b) Promover la acción de la justicia en defensa del Estado. c) Velar por la independencia de los Tribunales.

d) Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social.

24. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos: a) Integrantes del Poder Judicial.

b) Integrantes del Ministerio de Justicia.

c) Propios. d) Integrantes del Gobierno de la Nación.

25. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones conforme:

a) Al principio de unidad jurisdiccional.

b) A los principios de independencia y unidad jurisdiccional.


c) A los principios de unidad de poder e independencia jerárquica. d) A los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

26. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones, en todo caso, con sujeción a los principios:

a) De legalidad e imparcialidad.

b) De unidad jurisdiccional.

c) De unidad de actuación y dependencia jerárquica.


27. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, será regulado, según la Consti-tución:

a) Por Ley Ordinaria.

b) Por Ley Orgánica.

c) Por Decreto–Legislativo.

d) Por Decreto ley.

28. El Fiscal General del Estado:

a) Serán nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judi-cial.

b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

c) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.

d) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Ministerio de Justicia.

29. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Los ciudadanos: a) Podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del

jurado. b) Podrán participar en los Tribunales consuetudinarios o tradicionales.

c) Podrán ejercer la acción pública.

d) Podrán participar en los Tribunales consuetudinarios y en la institución del ju-rado.

30. La Policía Judicial depende: a) De los Alcaldes.

b) Del Ministerio del Interior. c) De Jueces y Fiscales.

d) De Jueces, Magistrados y Fiscales.

31. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. La Policía Judicial de-pende de las autoridades indicadas en la pregunta anterior en sus funciones de: a) Averiguación del delito.

b) Descubrimiento del delincuente.


c) Aseguramiento de los bienes del delincuente.

d) Aseguramiento del delincuente.

32. Los Jueces y Magistrados, así como los Fiscales:

a) No podrán desempeñar cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos.

b) Podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos cuando no se hallen en ac-tivo.

c) Podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos cuando se hallen en situa-ción de servicios especiales.

d) Podrán pertenecer a partidos políticos y sindicatos en cualquier caso.

33. Los Jueces, Magistrados y Fiscales:

a) Podrán sindicarse.

b) Podrán constituir Colegios Profesionales.

c) Podrán constituir asociaciones profesionales.

d) No podrán sindicarse ni asociarse en forma alguna.

34. El régimen de incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial debe-rá asegurar: a) La total independencia de los mismos.

b) La total austeridad de los mismos.

c) La total dedicación de los mismos.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

35. El Título Sexto de la Constitución española comienza en el artículo: a) 115. b) 116. c) 117. d) 118.

36. El Título Sexto de la Constitución española finaliza en el artículo: a) 117. b) 127. c) 118. d) 128.

37. El Título Sexto de la Constitución está estructurado en: a) Capítulos. b) Secciones.

c) Apartados. d) Artículos.

38. El artículo del Título Sexto en el que se habla de la Policía Judicial es el: a) 124. b) 125.


c) 126. d) 127.

39. El artículo en el que se habla en el Título Sexto del Tribunal Supremo es el: a) 123. b) 124. c) 125. d) 126.

40. El artículo en el que se habla en el Título Sexto del Ministerio Fiscal es el: a) 123. b) 124. c) 125. d) 126.


TÍTULO VII: ECONOMÍA Y HACIENDA

1. La riqueza del país: a) Está subordinada al interés general, en cuanto sea de titularidad pública.

b) Está subordinada al interés general, en sus distintas formas y cualquiera que sea su titularidad.

c) Está subordinada al interés general, si es de titularidad pública, teniendo una marcada función social si es de titularidad privada.

d) Deberá ser aumentada por los poderes públicos.

2. Se reconoce en la actividad económica:

a) La intervención pública.

b) La mediación pública.

c) La gestión pública.

d) La iniciativa pública.

3. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Mediante Ley: a) Se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales.

b) La reserva a la que se refiere la respuesta anterior no podrá producirse en caso de monopolio.

c) Se podrá acordar la intervención de las empresas. d) Tal intervención se acordará cuando así lo exigiere el interés general.

4. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) Los interesados podrán participar en la Seguridad Social. b) Podrán, asimismo, participar en la actividad de los organismos públicos.

c) Tal participación se realizará cuando la función de dichos organismos afecte directamente a la capacidad económica de los afectados.

d) Tal participación se realizará cuando la función de los mencionados organis-mos afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general.

5. Una de las siguientes afirmaciones no es verdadera. Los poderes públicos: a) Promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa.

b) Fomentarán las sociedades cooperativas.

c) Establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la pro-piedad de los medios de producción.

d) Establecerán los mecanismos que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad en general.

6. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos:

a) Sin primar a ninguno en especial.

b) En particular, del sector económico de la siderometalúrgica. c) En particular, del sector económico de los astilleros y la construcción.

d) El objeto de favorecer el desarrollo de determinados sectores no es otro que equiparar el nivel de vida de todos los españoles.


7. Con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles se dispensará un tratamiento especial: a) A las zonas de montaña.

b) A las zonas menos desarrolladas.

c) A las zonas fronterizas.

d) A las zonas costeras cuya actividad sea eminentemente pesquera.

8. El Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general: a) Para atender a las necesidades de cada sector.

b) Para equilibrar y armonizar el desarrollo nacional y sectorial. c) Para estimular el crecimiento de la calidad de vida. d) Para lograr la más justa distribución de la renta y la riqueza.

9. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación: a) De acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunida-

des Autónomas.

b) De acuerdo con el asesoramiento y colaboración del Tribunal de Cuentas.

c) De acuerdo con los informes vinculantes emitidos por las asociaciones empre-sariales.

d) Al margen de la opinión de las organizaciones sindicales.

10. El régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales se inspirará, entre otros, en el principio de: a) Desafectación de los mismos.

b) Prescriptibilidad. c) Embargabilidad.

d) Alienabilidad.

11. Uno de los siguientes bienes no es de dominio público estatal según la Cons-titución:

a) La zona marítimo–terrestre.

b) Las playas y el mar meridional.

c) Los recursos naturales de la zona económica.

d) La plataforma continental.

12. Por Ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, y, en concreto: a) Su adquisición, defensa y conservación.

b) Su conservación, defensa y ampliación.

c) Su administración, defensa y conservación.

d) Su administración, gestión, ampliación, defensa y conservación.

13. La potestad para establecer los tributos corresponde originariamente: a) A los Municipios. b) Al Estado.


c) A las Comunidades Autónomas.

d) Y según el tipo de tributo, tanto a los Municipios como al Estado.

14. El establecimiento de tributos se efectuará:

a) Por Ley Orgánica.

b) Por Ley de Bases.

c) Por Ley Ordinaria.

d) Por Real Decreto ley.

15. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales: a) Podrán establecer los mismos tributos que el Estado. b) No podrán establecer tributo alguno.

c) Podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las Leyes.

d) Podrán establecer y exigir los tributos que determinan la Constitución y las Leyes.

16. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado: a) No está permitido.

b) Será intransferible a las Comunidades Autónomas.

c) Podrá ser revocado en virtud de Ley.

d) Deberá establecerse en virtud de Ley.

17. Las Administraciones Públicas: a) Podrán contraer obligaciones financieras en beneficio del interés general.

b) Podrán realizar gastos con el fin de estimular el crecimiento de la renta.

c) Podrán efectuar inversiones financieras para atender a las necesidades colec-tivas.


18. Los Presupuestos Generales del Estado:

a) Son elaborados y aprobados por el Gobierno.

b) Son elaborados y aprobados por las Cortes Generales. c) Son elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes Generales.

d) Son elaborados por las Cortes Generales y aprobados y ejecutados por el Go-bierno.

19. Los Presupuestos Generales del Estado:

a) Podrán tener carácter bienal.

b) Incluirán la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal.

c) En ellos no será preciso consignar el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

d) Sí habrá de consignarse en ellos el montante de las obligaciones financieras a cargo del Estado y de las Comunidades Autónomas.


20. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presu-puestos Generales del Estado:

a) Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

b) Al menos un mes antes de la expiración de los del año anterior. c) Nunca antes del 31 de julio del año en curso.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas al haber sido formulada errónea-mente la pregunta.

21. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente:

a) Se prorrogará automáticamente por otros dos años. b) Se considerarán prorrogados automáticamente los Presupuestos del ejercicio

anterior hasta la aprobación de los nuevos.

c) La prórroga indicada en las opciones anteriores podrá reiterarse indefinida-mente, por imperativo constitucional.

d) Tal prórroga no es posible, implicando la no aprobación de la Ley de Presu-puestos Generales del Estado la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales.

22. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado:

a) El Gobierno podrá presentar proyectos de Ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejer-cicio presupuestario.

b) El Gobierno no podrá presentar ninguno de los proyectos de Ley indicados en la respuesta anterior.

c) El Gobierno podrá presentar proyectos de Ley que impliquen aumento de los ingresos públicos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.


23. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o dis-minución de los ingresos presupuestarios:

a) No será tramitada.

b) Requerirá para su tramitación la conformidad del Gobierno. c) Requerirá para su tramitación la conformidad de las Cortes Generales.

d) Requerirá para su tramitación informe favorable del Tribunal de Cuentas.

24. La Ley de Presupuestos Generales del Estado:

a) Puede crear tributos.

b) No puede modificar tributos.

c) No podrá crear tributos.

d) Podrá modificar tributos cuando una Ley tributaria adjetiva así lo prevea.

25. El Gobierno: a) Habrá de estar autorizado por las Cortes Generales para emitir Deuda Pública.

b) La misma autorización de las Cortes Generales precisará para contraer crédi-to.


c) La autorización a la que se refieren las opciones anteriores deberá ser dispen-sada por el Tribunal de Cuentas.

d) Tal autorización deberá ser dispensada por Ley.

26. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pú-blica del Estado: a) Se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto.

b) Se entenderán incluidos en el estado de gastos en los casos previstos en la Ley.

c) Podrán ser objeto de enmienda o modificación por razón de interés general.

d) La enmienda o modificación sobre tales créditos se ajustará a las condiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente.

27. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano: a) Contable de las cuentas del Estado.

b) Fiscalizador de la gestión económica del Estado.

c) Fiscalizador de la gestión económica del sector público. d) Fiscalizador de las cuentas del sector público.

28. El Tribunal de Cuentas dependerá, y ejercerá sus funciones, en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado, por delegación de: a) El Gobierno. b) El Congreso de los Diputados.


d) El Ministerio de Economía y Hacienda.

29. Las cuentas del Estado y del sector público:

a) Se rendirán a las Cortes Generales y serán censuradas por el Tribunal de Cuentas.

b) Se rendirán al Tribunal de Cuentas, que las censurará. c) Se rendirán a las Cortes Generales, que las censurará. d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

30. El Tribunal de Cuentas remitirá a las Cortes Generales un informe en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido, con una periodicidad:

a) Trimestral. b) Semestral.

c) Anual. d) No está determinada la periodicidad de tal informe, el cual deberá ser enviado

inmediatamente que sea detectada la infracción cometida.


31. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad, y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que: a) Los miembros del Gobierno.

b) Los Diputados y Senadores.

c) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial. d) Los Jueces.

32. La composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas, vendrá determinada mediante una: a) Ley Orgánica.

b) Ley Ordinaria. c) Ley de Bases.

d) Real Decreto–Legislativo.

33. El Título Séptimo de la Constitución comienza en el artículo: a) 127. b) 128. c) 129. d) 130.

34. El Título Séptimo de la Constitución finaliza en el artículo: a) 136. b) 135. c) 134. d) 133.

35. El Título Séptimo de la Constitución está estructurado en: a) Capítulos. b) Secciones.

c) Apartados. d) Artículos.


TÍTULO VIII

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

1. El Estado se organiza territorialmente: a) En Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas. b) En Municipios, Comarcas y Comunidades Autónomas.

c) En Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas.

d) En Administración Local, autonómica y nacional.

2. De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses: a) Sólo gozan las Comunidades Autónomas.

b) Pueden gozar de tal autonomía las Comarcas.

c) Gozan nada más que los Municipios y las Comunidades Autónomas.

d) Gozan de ella todas las Entidades en que el Estado se organiza territorialmen-te.

3. La realización efectiva del principio de solidaridad, se garantiza por el Es-tado: a) Velando por el establecimiento de una renta per cápita pareja entre todos los

ciudadanos del Estado.

b) Procurando el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas Provincias del territorio del Estado.

c) Atendiendo en particular a las circunstancias de hecho insular.

d) Atendiendo en particular a las circunstancias de las zonas de montaña.

4. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autóno-mas: a) No podrán implicar, en ningún caso, un distinto tratamiento de los ingresos

públicos. b) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales.

c) Podrán consagrar los privilegios económicos o sociales. d) La pregunta está erróneamente formulada, en tanto en cuanto todos los Estatu-

tos de Autonomía han de ser idénticos.

5. Los derechos y obligaciones que los españoles tienen: a) Serán siempre los mismos en cualquier parte del territorio del Estado.

b) Serán siempre los mismos en el territorio peninsular. c) Serán siempre los mismos en cualquier parte del territorio del Estado los de-

rechos y libertades consagrados en la Sección Primera, Capítulo Segundo del Título Primero de nuestra Constitución, no el resto.

d) Variarán atendiendo a la diferente interpretación que de los mismos puedan realizar los distintos Estatutos de Autonomía.


6. Las medidas que obstaculicen la liberta de circulación y establecimiento de las personas, y la libre circulación de bienes en todo el territorio del Estado: a) Solamente podrán ser adoptadas por el propio Estado. b) Podrán ser adoptadas por los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autó-

nomas en los casos previstos constitucionalmente.

c) Sólo podrán ser adoptadas por el Estado o por los Gobiernos Autónomos, cuando tales limitaciones se produzcan indirectamente.

d) No se podrán adoptar tales medidas por ninguna autoridad.

7. La autonomía de los Municipios: a) No existe. b) Está garantizada por el Estado.

c) Está garantizada por la Constitución.

d) Está garantizada por el Gobierno de la Nación.

8. Una de las siguientes afirmaciones, relativas a la Administración Local no es cierta: a) Los Municipios gozarán de personalidad de obrar plena. b) El gobierno y administración de los Municipios corresponde a sus respectivos

Ayuntamientos. c) Los Ayuntamientos están integrados por los Alcaldes y los Concejales.

d) Los Concejales son elegidos por los vecinos del Municipio, mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.

9. Los Alcaldes serán elegidos:

a) Por los vecinos, mediante sufragio universal, libre igual, directo y secreto.

b) Por los Concejales.

c) Por los Concejales o por los vecinos.


10. El régimen de Concejo Abierto: a) Ha sido excluido por la Constitución en vigor.

b) Su empleo ha quedado circunscrito a varios casos concretos determinados constitucionalmente.

c) Ha sido implantado con carácter general por la presente Constitución.

d) Serán reguladas por la Ley las condiciones en que proceda.

11. Una de las siguientes afirmaciones, relativas a la Provincia, no es correcta: a) Es una Entidad Local.

b) Viene determinada por la agrupación de municipios. c) Viene determinada por la división territorial para el cumplimiento de las obli-

gaciones que le son propias.

d) Ostenta personalidad jurídica propia.


12. La alteración de los límites provinciales:

a) Habrá de ser aprobada por los Parlamentos autonómicos de las Comunidades Autónomas afectadas, o exclusivamente por el de aquella a la que pertenezca la Provincia en cuestión.

b) Habrá de ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

c) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

d) Está prohibida por la Constitución.

13. El Gobierno y la Administración autónoma de las Provincias estarán enco-mendados: a) A Diputaciones Provinciales u otras Corporaciones de carácter representativo.

b) A Diputaciones Provinciales y Gobiernos Civiles.

c) A Diputaciones Provinciales y a Mancomunidades de Municipios. d) A Diputaciones Provinciales y a Mancomunidades Provinciales.

14. Se podrán crear agrupaciones de:

a) Comunidades Autónomas.

b) Provincias diferentes de las Comunidades Autónomas. c) Municipios diferentes de la Provincia.

d) Pedanías diferentes del Municipio.

15. En los Archipiélagos: a) Las Islas serán gestionadas por la Administración del Archipiélago. b) Las Islas tendrán su Administración propia en forma de Cabildos o Concejos.

c) Las Islas carecerán de Administración propia.


16. Las Haciendas Locales:

a) Compartirán con la Administración autonómica los medios para el desempeño de las funciones que les atribuye la Ley.

b) Se nutrirán de los tributos propios de la misma, como única fuente de ingre-sos.

c) Participarán en los tributos del Estado y de los de los Municipios próximos.

d) Participarán en los tributos de las Comunidades Autónomas.

17. Las Comunidades Autónomas se constituyen como tales en base al principio de: a) Autogobierno. b) Autonomía. c) Autodeterminación.

d) Autogestión.

18. No podrán acceder al autogobierno:

a) Las Provincias limítrofes con características económicas comunes.

b) Los territorios insulares.


c) Las Provincias limítrofes con características sociales comunes.

d) Las Provincias con entidad regional histórica.

19. La iniciativa del proceso autonómico, corresponde según la Constitución: a) A todos los Municipios interesados.

b) Al órgano interinsular correspondiente.

c) A una tercera parte de las Diputaciones Provinciales interesadas.

d) A las dos terceras partes de los Municipios cuya población represente, al me-nos, la mayoría absoluta del censo electoral de cada Provincia.

20. La iniciativa autonómica, en caso de no prosperar:

a) Sólo podrá reiterarse pasados cinco años.

b) Sólo podrá reiterarse pasados dos años.

c) Sólo podrá reiterarse pasado un año.

d) No podrá reiterarse.

21. Una de las siguientes afirmaciones es falsa: Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica y por motivos de interés nacional:

a) Podrán autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ám-bito territorial no supere el de una Provincia.

b) Acordar un Estatuto de Autonomía para territorios que no están integrados en la organización autonómica.

c) Sustituir la iniciativa autonómica de las Corporaciones Locales.

d) Sustituir la iniciativa autonómica de las Diputaciones Provinciales.

22. La Federación de Comunidades Autónomas:

a) Se admitirá en determinados casos.

b) No se admitirá en ningún caso.

c) Podrá ser autorizada por las Cortes Generales por motivos de interés nacional.

d) No se admitirán en caso alguno, aunque sí la Confederación de Comunidades Autónomas.

23. Los acuerdos entre Comunidades Autónomas:

a) No será preciso que se prevean en los respectivos Estatutos de Autonomía los supuestos en que procedan, así como sus requisitos y términos.

b) Dichos acuerdos no necesitarán la autorización de las Cortes Generales ni ser comunicados a la misma.

c) Podrán celebrarse entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de dichas Comunidades Autónomas.


24. El proyecto de Estatuto de Autonomía será elaborado por:

a) La Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma. b) El Ejecutivo de cada Comunidad Autónoma.


c) Una Asamblea integrada por los miembros de la Diputación u organismos in-terinsulares de las Provincias afectadas.

d) Una Asamblea integrada por las personas indicadas en la respuesta c), y por los Diputados y Senadores elegidos en las mismas Provincias.

25. El proyecto de Estatuto de Autonomía elaborado por las autoridades indi-cadas en la respuesta correcta de la pregunta anterior:

a) Será aprobado por la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma afec-tada.

b) Será elevado a las Cortes Generales para su aprobación inmediata.

c) Será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley. d) Será elevado al Gobierno de la Nación para que lo tramite ante las Cortes Ge-

nerales como proyecto de Ley.

26. Los Estatutos de Autonomía: a) Serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma.

b) El Estado no está obligado a reconocerlos como norma jurídica. c) No formarán parte integrante del Ordenamiento Jurídico del Estado.


27. Una de las siguientes cuestiones no deberá estar contenida en los Estatutos de Autonomía: a) La denominación de la Comunidad, que será la que mejor corresponda a su

identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las Instituciones autónomas propias y de las Delegaciones en su territorio del Gobierno Central.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución, y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

28. La reforma de los Estatutos de Autonomía:

a) Se ajustará al mismo procedimiento utilizado para su aprobación.

b) Se ajustará al procedimiento establecido en dichos Estatutos, sin más trámite.

c) Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.

d) Requerirá, en determinados casos, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria.

29. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas, en principio, competencias por las Comunidades Au-tónomas: a) Organización de las Instituciones básicas de autogobierno de las Comunida-

des Autónomas.

b) Ordenamiento del territorio, urbanismo y vivienda. c) Administración de Justicia.

d) Artesanía.


30. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes menos sobre una: a) Legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución.

b) Defensa y Fuerzas Armadas.

c) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

d) Hacienda general y Deuda del Estado.

31. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas, en principio, competencias por las Comunidades Au-tónomas: a) Promoción y ordenación del turismo en el ámbito territorial de las mismas.

b) Asistencia social.

c) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la econo-mía.

d) Sanidad exterior.

32. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes menos sobre una: a) Marina mercante y abanderamiento de buques.

b) Iluminación de costas y señales marítimas.

c) Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de una sola Comunidad Autónoma.

d) Servicio metereológico.

33. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Au-tónomas: a) Los montes y aprovechamientos forestales.

b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. c) Sanidad e higiene.

d) El marisqueo, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

34. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una: a) Régimen aduanero y arancelario.

b) Comercio exterior.

c) Determinación de la hora oficial.

d) Gestión en materia de protección del medio ambiente.

35. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Au-tónomas: a) Promoción del deporte.

b) Promoción de la adecuada utilización del ocio.

c) Vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. d) Bases del régimen minero y energético.


36. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una: a) Estadística para fines estatales.

b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referén-dum.

c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

d) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.

37. Respecto de una de las siguientes materias, por ser exclusiva del Estado, no podrán ser asumidas competencias, en principio, por las Comunidades Au-tónomas: a) Aguas minerales y termales.

b) Ferias interiores.

c) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos.

d) Patrimonio monumental de interés para la Comunidad Autónoma.

38. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una: a) Museos, bibliotecas y conservatorios de música.

b) Relaciones internacionales.

c) Regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los espa-ñoles en el ejercicio de los derechos.

d) Derecho de asilo.

39. El Estado tiene competencia exclusiva sobre todas las materias siguientes, menos sobre una: a) Fomento de la cultura, de la investigación, y, en su caso, de la enseñanza de

las lenguas del Estado.

b) Nacionalidad. c) Inmigración. d) Extranjería.

40. En principio, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas al amparo de lo establecido en el artículo 148.1 de la Constitución, podrán ampliarse sucesivamente, dentro del marco establecido en el mismo texto constitucional, transcurridos: a) Dos años.

b) Cinco años.

c) Tres años.

d) Cuatro años.


41. Será competencia exclusiva del Estado:

a) La legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Co-munidades Autónomas.

b) La legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarro-llo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especia-les, allí donde existan.

c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régi-men estatutario de los funcionarios.


42. Será competencia exclusiva del Estado:

a) La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos.

b) La legislación sobre protección de medio ambiente. c) Emisión de las normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión, y, en

general, de todos los medios de comunicación social. d) Seguridad pública.

43. La cultura, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comu-nidades Autónomas: a) Será considerada por el Estado como deber y atribución esencial.

b) Será considerada por el Estado como servicio esencial en favor de las Comu-nidades Autónomas.

c) Será considerada por el Estado como derecho de los ciudadanos y de las Co-munidades Autónomas, imponiendo a los mismos las vías de comunicación que estime procedentes.


44. Las materias no atribuidas por la Constitución de manera expresa al Esta-do: a) Corresponderán en cualquier caso al Estado.

b) Podrán corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica.

c) Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas que las rei-vindiquen.

d) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respec-tivos Estatutos de Autonomía.

45. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatu-tos de Autonomía: a) Corresponderá en cualquier caso al Estado.

b) Podrá corresponder al Estado, si asume las competencias correspondientes en virtud de Ley Orgánica.


c) Corresponderán en cualquier caso a las Comunidades Autónomas, no siendo ejercida por Entidad alguna hasta el momento en que la Comunidad la haga efectiva.


46. Las normas dictadas por el Estado:

a) No se aplicarán, al prevalecer la normativa autonómica. b) Prevalecerán en todo caso sobre la normativa autonómica. c) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté

atribuido a la exclusiva competencia de estas.

d) Prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas cuando así se dispon-ga en los respectivos Estatutos de Autonomía y en las Leyes Orgánicas.

47. El Derecho foral será: a) En algunos casos, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

b) En todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

c) Primera fuente del derecho en el Ordenamiento Jurídico de las Comunidades Autónomas.

d) No será aplicable en las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos así se determine.

48. Las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal: a) No podrán dictar, por sí mismas, normativa alguna. b) Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas sin limitación alguna, si tal

facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales. c) Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los princi-

pios, bases y directrices fijados por una Ley estatal, cuando las Cortes Gene-rales les hayan atribuido tal facultad.

d) Las normas podrán ser dictadas en los casos y con los requisitos indicados en la opción c), pero la atribución de la facultad de emitirlas corresponde al Go-bierno de la Nación y no a las Cortes Generales.

49. Sin perjuicio de las facultades de los Tribunales, la modalidad del control

de las Cortes Generales sobre las normas referidas en la pregunta anterior, dictadas por las Comunidades Autónomas, se establecerá: a) En las Leyes de Bases.

b) En las Leyes Marco.

c) En las Leyes de Delegación.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas al no estar prevista constitucional-mente el supuesto al que se refiere la pregunta.


50. La transferencia o delegación por parte del Estado a las Comunidades Au-tónomas de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal: a) Se efectuará mediante Ley Orgánica, cuando por su propia naturaleza sean

susceptibles de transferencia o delegación.

b) Se efectuará tras la obtención del voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, en los mismos casos indicados en la respuesta anterior.

c) Se efectuará mediante Ley Orgánica, exclusivamente en los supuestos con-templados detalladamente en la Constitución.


51. La armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Au-tónomas: a) Se efectuará sólo en el caso de materias atribuidas al Estado, que hayan sido

transferidas o delegadas en las Comunidades Autónomas. b) Corresponderá al Estado, que dictará Leyes en las que se establecerán los

principios necesarios para lograr dicha armonía.

c) Tal armonización no afectará a las normas dictadas para el desarrollo de las materias atribuidas a la competencia de las Comunidades Autónomas.

d) La armonización se efectuará cuando así lo exija el interés de la seguridad na-cional.

52. La apreciación de la necesidad de armonizar las normas dictadas por las Comunidades Autónomas en los casos previstos constitucionalmente, co-rresponde: a) Al Gobierno de la Nación.

b) Al Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. c) A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.

d) Al Tribunal Constitucional.

53. No será necesario dejar transcurrir el plazo a que se refiere la pregunta 40, cuando se den, conjuntamente, una serie de requisitos relacionados con el acuerdo para la iniciativa del proceso autonómico, siendo falso uno de los que a continuación se indica: a) Por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes.

b) Por las tres cuartas partes de los Municipios de cada una de las Provincias afectadas, que representen, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.

c) La ratificación de la iniciativa mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada Provincia.

d) Por las dos terceras partes de las Diputaciones de las Provincias afectadas, que representen la mayoría del censo electoral de la Comunidad Autónoma.


54. En el supuesto al que se refiere la pregunta anterior, para la elaboración del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma interesada: a) El Gobierno elaborará el correspondiente Estatuto, que será sometido para su

aprobación a la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma. b) El Gobierno convocará a los Diputados y Senadores elegidos en las circuns-

cripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al auto-gobierno, para que se constituyan en Asamblea para la elaboración y aproba-ción del proyecto de Estatuto.

c) Se procederá conforme a lo indicado en la respuesta b), pero tal Asamblea se constituirá con el solo objeto de elaborar el proyecto de Estatuto, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

d) El acuerdo para la elaboración del proyecto de Estatuto por parte de la Asam-blea referida, requerirá solamente mayoría simple.

55. La formulación definitiva del proyecto de Estatuto:

a) Corresponde a la Comisión Constitucional del Congreso, que lo examinará con la asistencia y concurso de una delegación de la Asamblea proponente.

b) Corresponde a la Comisión Autonómica del Congreso, que lo examinará con la misma concurrencia indicada en la opción a).

c) Corresponde a la Comisión correspondiente, la cual contará con un plazo de tres meses para su examen.

d) No podrá ser realizada cuando no medie acuerdo entre la Comisión competen-te al efecto del Congreso y la delegación de la Asamblea proponente.

56. El texto resultante, tras los trámites a los que se refiere la pregunta ante-rior:

a) Será aprobado por las Cortes Generales por mayoría absoluta.

b) Será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las Provincias compren-didas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

c) Será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica.

d) Será remitido al Gobierno para su examen, y presentación a las Cortes Gene-rales como proyecto de Ley.

57. Si el proyecto de Estatuto culmina favorablemente el trámite indicado en la pregunta anterior:

a) Será elevado al Congreso de los Diputados.

b) Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación.

c) Aprobado el Estatuto, se publicará directamente en el "Boletín Oficial del Es-tado".

d) Aprobado el Estatuto, será sancionado por el Rey, promulgándose por las Cortes Generales seguidamente como Ley.


58. De no alcanzarse el acuerdo entre la Comisión competente del Congreso y la delegación de la Asamblea proponente del proyecto de Estatuto de Auto-nomía: a) Será devuelto nuevamente a la Asamblea de Diputados y Senadores de la cir-

cunscripción que aspire al autogobierno, para su modificación. b) Será convocado nuevo referéndum en dichas circunscripciones, sometiendo a

los electores el nuevo texto.

c) El proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de Ley ante las Cortes Generales.

d) El Gobierno de la Nación elaborará un nuevo texto, que someterá de forma definitiva a referéndum entre los ciudadanos de las circunscripciones com-prendidas en los territorios que aspiran al autogobierno.

59. La no aprobación del Estatuto por una o varias Provincias: a) Impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma. b) No impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma entre todas las Pro-

vincias originalmente iniciadoras del proceso autonómico. c) Obligará a reiniciar el proceso autonómico de las Provincias que hayan apro-

bado el Estatuto.

d) No impedirá la constitución de la Comunidad Autónoma entre las restantes Provincias de la Comunidad Autónoma proyectada.

60. En los Estatutos aprobados por el procedimiento al que nos venimos refi-riendo, la organización institucional se basará en una Asamblea Legislativa: a) Elegida por sufragio universal.

b) Dicho sufragio universal deberá efectuarse con arreglo a un sistema de repre-sentación proporcional.

c) Dicho sistema proporcional deberá asegurar la representación de las diversas zonas del territorio.


61. En los Estatutos aprobados por el procedimiento al que nos venimos refi-riendo, la organización institucional se basará en un Consejo de Gobierno: a) Con funciones puramente ejecutivas.

b) A cuya cabeza estará un Presidente elegido por el Consejo de Gobierno, entre sus miembros.

c) Dicho Presidente será nombrado por el Rey.

d) Las funciones del Presidente del Consejo de Gobierno se limitan a la suprema representación e la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en aque-lla.

62. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno:

a) Serán penalmente responsables ante la Asamblea Legislativa. b) Serán políticamente responsables ante la Asamblea Legislativa. c) Serán políticamente responsables ante las Cortes Generales del Estado.

d) Carecerán de responsabilidad política alguna.


63. La organización judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma estará culminada: a) Por un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que co-

rresponde al Tribunal Supremo.

b) Por un Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma la jurisdicción que sobre el mismo ostentaba el Tribu-nal Supremo.

c) Por una Audiencia Territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

d) Por las respectivas Audiencias Provinciales, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

64. Las Comunidades Autónomas:

a) Podrán participar en la organización de las demarcaciones judiciales del terri-torio, en los supuestos y mediante las formas que se indique en sus Estatutos.

b) Dicha participación podrá efectuarse al margen de lo dispuesto en la Ley Or-gánica del Poder Judicial, en aquellas instancias procesales que se agoten en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas.

c) Dicha participación podrá efectuarse respetando la unidad e independencia del Poder Judicial, en el ámbito y estructura existente en el territorio de cada Comunidad Autónoma.


65. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, podrán ser modificados: a) Solamente mediante los procedimientos establecidos en ellos. b) Solamente mediante los procedimientos establecidos en ellos, y con referén-

dum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

c) Solamente mediante referéndum entre los electores inscritos en los censos co-rrespondientes.

d) Solamente mediante el procedimiento establecido constitucionalmente, y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

66. Los Estatutos podrá establecer circunscripciones territoriales propias: a) En ningún caso.

b) Sin personalidad jurídica propia.

c) Mediante la agrupación de Municipios limítrofes.

d) Mediante la agrupación de Municipios aunque no sean limítrofes.

67. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de Ley, corresponderá: a) Al Tribunal Superior de Justicia.

b) A la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. c) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

d) Al Tribunal Constitucional.


68. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo al ejercicio de las funciones delegadas respecto de las materias de competencia exclusiva del Estado, corresponderá:

a) Al Tribunal Constitucional.

b) Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. c) A la Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo. d) Al Tribunal de Cuentas.

69. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, corresponderá: a) Al Tribunal Constitucional.

b) A Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. c) A la Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo. d) Al Tribunal de Cuentas.

70. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo al control económico y presupuestario, corresponderá: a) Al Tribunal Constitucional.

b) A Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. c) A la Jurisdicción de lo Contencioso–Administrativo. d) Al Tribunal de Cuentas.

71. Un Delegado nombrado por el Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma: a) Dirigirá la Administración autonómica en coordinación con los responsables

territoriales de la misma.

b) Dirigirá la Administración del Estado en dicho territorio, y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad Autónoma.

c) Ostentará la representación máxima del Estado ante las autoridades y orga-nismos autónomos.

d) Asumirá las funciones en la Comunidad Autónoma de los Gobernadores Civi-les destinados en las distintas Provincias integrantes de la misma.

72. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Consti-tución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemen-te al interés general del España:

a) El Gobierno requerirá al efecto a la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma con la que se ha originado el incidente.

b) Se efectuará un requerimiento previo por parte del Congreso de los Diputados al Presidente de la Comunidad Autónoma.


c) Si el requerimiento no es atendido, por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

d) Si el requerimiento no es atendido, podrá ser declarado en el territorio de la Comunidad Autónoma afectada el estado de alarma, el de excepción, o el de sitio, dependiendo de la gravedad de la causa que motive la adopción de tal medida.

73. Para ejecutar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autó-noma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones:

a) Podrá ser declarado en el territorio de la Comunidad Autónoma afectada el es-tado de alarma, el de excepción o el de sitio, dependiendo de la gravedad de la causa que motive la adopción de tal medida.

b) El Gobierno podrá dar instrucciones al Ejército de Tierra, la Armada, o el de Ejército del Aire.

c) El Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunida-des Autónomas.


74. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el de-sarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de: a) Coordinación con las Haciendas Locales.

b) Solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas. c) Progresividad, reparto equitativo de la riqueza y justicia distributiva. d) Coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.

75. Las Comunidades Autónomas, respecto de los recursos tributarios del Es-tado: a) No podrán asumir ningún tipo de competencias.

b) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente pa-ra su recaudación.

c) Podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para su recauda-ción, gestión y liquidación.

d) Podrán actuar como delegados del Estado para su recaudación y gestión, pero no para su liquidación.

76. Una de las siguientes fuentes no constituirá recurso económico de las Co-munidades Autónomas: a) El producto de las operaciones bursátiles.

b) Los ingresos de derecho privado.

c) Los rendimientos procedentes de su patrimonio.

d) A pesar de lo dicho en la pregunta, todas las respuestas anteriores son verda-deras.


77. Los recursos económicos de las Comunidades Autónomas estarán constitui-dos por: a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. b) Los recargos sobre impuestos estatales.

c) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

78. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias:

a) Sobre bienes situados fuera de su territorio.

b) Sobre bienes situados en el interior de su territorio, propiedad del Estado.

c) Que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servi-cios, en los pasos fronterizos con terceros países.


79. Las medidas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado: a) Serán reguladas en los Estatutos de Autonomía.

b) Están regulados en la Constitución.

c) Serán reguladas por Ley Orgánica.

d) No son susceptibles de regulación, en tanto en cuanto tal colaboración no es posible.

80. Para garantizar, entre otras causas, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio español: a) Se podrán establecer tributos especiales por el Estado y las Comunidades Au-

tónomas. b) Se podrá establecer una asignación a las Comunidades Autónomas en los Pre-

supuestos Generales del Estado.

c) Tal asignación se efectuará por medio de Ley Orgánica. d) La asignación a la que se refieren las dos opciones anteriores no está prevista

constitucionalmente.

81. Con el fin de corregir desequilibrios interterritoriales, y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá: a) Un Fondo de Compensación.

b) Un Fondo de Planificación.

c) Un Fondo de Solidaridad.

d) Un Fondo de Aportación.

82. Los recursos del Fondo indicado en la pregunta anterior serán distribuidos entre las Comunidades Autónomas y las Provincias, en su caso, por: a) El Tribunal de Cuentas.

b) El propio Fondo.


d) El Gobierno de la Nación.


83. El Título VIII de la Constitución comienza en el:

a) Artículo 137. b) Artículo 138. c) Artículo 136. d) Artículo 135.

84. El Título VIII de la Constitución finaliza en el: : a) Artículo 159. b) Artículo 157. c) Artículo 156. d) Artículo 158.

85. El Título Octavo de la Constitución cuenta con:

a) Ningún Capítulo.

b) Un Capítulo. c) Dos Capítulos.

d) Tres Capítulos.


TÍTULO IX: DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. El Tribunal Constitucional se compone de: a) 20 miembros.

b) 21 miembros.

c) 12 miembros.

d) 13 miembros.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por: a) El Rey. b) El Congreso de los Diputados.

c) El Senado.

d) El Gobierno de la Nación.

3. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Los miembros del Tribunal Constitucional serán propuestos: a) 4 por el Congreso de los Diputados, por mayoría de 3/5 de sus miembros.

b) 2 por el Senado, por mayoría de 3/5 de sus miembros. c) 2 a propuesta del Gobierno de la Nación.

d) 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

4. Uno de los siguientes colectivos no podrá proporcionar miembros al Tribu-nal Constitucional: a) Jueces y Fiscales.

b) Profesores de Universidad.

c) Funcionarios públicos.

d) Abogados.

5. Los Abogados y Juristas del Tribunal Constitucional deberán tener recono-cida competencia con más de:

a) 20 años de ejercicio profesional.

b) 15 años de ejercicio profesional.

c) 10 años de ejercicio profesional.

d) 5 años de ejercicio profesional.

6. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: a) 9 años. b) 6 años. c) 3 años. d) 2 años.

7. Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán:

a) Por mitades, cada 3 años.

b) Por cuartas partes, cada 2 años.


c) Por terceras partes, cada 3 años.

d) Íntegramente, cada 9 años.

8. Uno de los siguientes cargos o condiciones es compatible con el de miembro del Tribunal Constitucional:

a) Con todo mandato representativo.

b) Con los cargos políticos o administrativos.

c) Con cualquier actividad profesional o mercantil.

d) Con la condición de Juez, Magistrado o Fiscal en excedencia.

9. En cualquier caso no contemplado expresamente en la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional se verán afectados por el mismo ré-gimen de incompatibilidades que: a) Los funcionarios de la Administración de Justicia. b) Los Diputados y Senadores.

c) Los miembros del Poder Judicial.

d) Los miembros del Poder Ejecutivo.

10. Los miembros del Tribunal Constitucional, en el desempeño de su manda-to: a) Serán independientes y responsables.

b) Serán independientes e inamovibles.

c) Serán inamovibles e irresponsables.

d) Serán irresponsables e independientes.

11. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado: a) Por las Cortes Generales, de entre los miembros del Consejo General del Po-

der Judicial. b) Por el Rey, de entre los miembros del referido Consejo. c) Por el Congreso de los Diputados, entre los miembros del propio Tribunal

Constitucional. d) Por el Rey, de entre los miembros del referido Tribunal.

12. El nombramiento del Presidente del Tribunal Constitucional se efectuará a propuesta del: a) Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

b) Congreso de los Diputados.

c) Pleno del Tribunal Constitucional.

d) Pleno del Tribunal Supremo.

13. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por un periodo de: a) 9 años. b) 3 años. c) 6 años. d) 2 años.


14. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción sobre todo el territorio:

a) Peninsular.

b) Del Estado. c) Del Estado excepto Ceuta y Melilla.

d) Del Estado y, en cuestiones de Derecho Internacional, sobre toda Europa.

15. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de Ley, interpretada por la Jurisprudencia: a) Afectará a todo el Ordenamiento Jurídico.

b) Afectará a la norma concreta, perdiendo el valor de cosa juzgada la sentencia o sentencias recaídas en aplicación de tal norma.

c) Afectará a la norma concreta, sin que pierdan el valor de cosa juzgada la sen-tencia o sentencias recaídas.

d) No afectará a norma alguna, al no producir la declaración de inconstituciona-lidad efectos retroactivos.

16. De una de las siguientes cuestiones no es competente para conocer el Tribu-nal Constitucional: a) De los conflictos de competencia entre las Comunidades Autónomas.

b) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autóno-mas.

c) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades no referidos en el artículo 53.2 de la Constitución.

d) Del recurso de inconstitucionalidad contra Leyes.

17. Las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comuni-dades Autónomas: a) No son impugnables ante el Tribunal Constitucional. b) Son impugnables ante tal Tribunal por el Gobierno. c) Son impugnables por el Gobierno pero ante la Jurisdicción ordinaria. d) Son impugnables ante el Tribunal Constitucional por las distintas Institucio-

nes y Organismos autonómicos afectados.

18. La impugnación de las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Co-munidades Autónomas: a) No producirán efecto suspensivo de la misma.

b) Producirá tal suspensión cuando el objeto de la norma recurrida sea la asun-ción de competencias por parte de la Entidad autónoma.

c) Producirá siempre la suspensión de la disposición o resolución recurrida.

d) Se producirá tal suspensión, debiendo ratificarla o levantarla el Tribunal en un plazo no superior a seis meses.

19. No tienen legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad:

a) El Ministerio Fiscal. b) El Presidente del Gobierno.


c) Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

d) Cincuenta Senadores.

20. No tienen legitimación para interponer recurso de amparo: a) Toda persona jurídica que invoque interés legítimo. b) El Defensor del Pueblo.

c) El Ministerio Fiscal. d) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

21. La Constitución dispuso que, fuera de los casos del recurso de amparo y la cuestión de inconstitucionalidad: a) Será una Ley Orgánica la que determine las personas y órganos legitimados.

b) Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para inter-poner el recurso de inconstitucionalidad.

c) Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para inter-poner el recurso de amparo.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, al plantear la pregunta una cuestión inexistente.

22. La cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional podrá ser planteada por: a) El Ministerio Fiscal. b) El Defensor del Pueblo.

c) Un órgano judicial.

d) La persona física o jurídica que invoque un interés legítimo.

23. Para que la cuestión de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta, será preciso: a) Que la norma tenga rango de Ley Orgánica.

b) Que la norma, a criterio del órgano judicial, sea o no aplicable al caso, vulne-re la Constitución.

c) Que de la validez de tal norma dependa el fallo.


24. La interposición o planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad: a) Nunca producirá efectos suspensivos sobre la norma afectada.

b) Siempre producirá tal efecto suspensivo.

c) Sólo producirá efectos suspensivos cuando la norma cuestionada afecte a los derechos fundamentales y libertades públicas.

d) Sólo producirá efectos suspensivos cuando libremente lo acuerdo el Tribunal Constitucional al admitir la cuestión a trámite.

25. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en: a) La Colección Legislativa.

b) El "Boletín Oficial del Estado".


c) El Boletín de Información del Ministerio de Justicia. d) La Colección de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

26. Los votos particulares que pueda haber en las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional:

a) No deberán ser publicados junto a la sentencia.

b) Podrán ser publicados cuando así lo inste el Magistrado autor del voto.

c) Se publicarán con las sentencias.

d) No caben votos particulares en las sentencias dictadas por el Tribunal Consti-tucional.

27. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: a) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación.

b) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al que se dicten.

c) Tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación.

d) No tienen el valor de cosa juzgada.

28. Contra las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: a) Cabe recurso de casación.

b) Cabe recurso de revisión.

c) Cabe recurso de aclaración.

d) No cabe recurso alguno.

29. Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: a) Tienen plenos efectos frente a todos.

b) Nunca tienen efectos plenos frente a todos.

c) Tienen plenos efectos frente a todos las que no se limiten a la estimación sub-jetiva de un derecho.

d) Tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma que no tenga fuerza de Ley.

30. El funcionamiento del Tribunal Constitucional y demás cuestiones vincula-das al mismo, están reguladas, por mandato constitucional a través: a) De una Ley Ordinaria.

b) De una Ley Orgánica.

c) Consta en la propia Constitución.

d) De una Ley de Bases.

31. El Título Noveno de la Constitución comienza en el artículo: a) 159. b) 160. c) 161. d) 162.

32. El Título Noveno de la Constitución finaliza en el artículo: a) 162. b) 163.


c) 164. d) 165.

33. El Título Noveno de la Constitución: a) Cuenta con Capítulos.

b) Cuenta con Secciones.

c) Cuenta con Artículos.

d) Cuenta con Capítulos y Artículos.

34. La legitimación para acudir al Tribunal Constitucional se regula en el artí-culo del Título Noveno, número: a) 161. b) 162. c) 163. d) 164.

35. La determinación de quién nombra al Presidente del Tribunal Constitucio-nal se efectúa en el Título Noveno, artículo:

a) 159. b) 160. c) 161. d) 162.


TÍTULO X: DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

1. La iniciativa de reforma constitucional: a) Se ejercerá en los mismos términos que la iniciativa legislativa, salvo la ini-

ciativa popular. b) No podrá corresponder en ningún caso, ni directa ni indirectamente, a las

Comunidades Autónomas.

c) Sólo corresponderá al Congreso de los Diputados y al Senado.

d) Sólo corresponderá al Gobierno.

2. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por mayo-ría:

a) Absoluta de las Cámaras reunidas en sesión conjunta. b) Absoluta de cada una de las Cámaras.

c) De tres quintos de las Cámaras reunidas en sesión conjunta. d) De tres quintos de cada una de las Cámaras.

3. Si no hubiere acuerdo entre ambas Cámaras en torno al proyecto de refor-ma constitucional: a) El mismo no será tramitado.

b) Se intentará obtenerlo mediante la constitución de una Comisión de composi-ción paritaria de Diputados y Senadores.

c) Se intentará obtenerlo mediante la constitución de la Comisión indicada en la opción b), la cual presentará un texto que será votado por las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta.

d) La Comisión referida en las respuestas anteriores sólo tendrá por misión sen-tar las bases para la elaboración de un nuevo proyecto por cada Cámara.

4. De no lograrse la aprobación del proyecto, tras la falta de acuerdo entre las Cámaras, y culminados que sean los trámites marcados constitucionalmen-te: a) En ningún caso podrá continuarse adelante con la tramitación del proyecto de

reforma constitucional.

b) Sólo se podrá aprobar el texto, si hubiere obtenido al menos el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

c) El Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma, si el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.

d) Cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá aprobar la reforma.

5. Aprobada la reforma por las Cortes Generales:

a) El Rey la sancionará, promulgándose a continuación. b) Será sometida a dictamen del Consejo de Estado.

c) Será sometida a control previo de constitucionalidad del Tribunal Constitu-cional.

d) Será sometida a referéndum para su ratificación.


6. La celebración del referéndum indicado en la pregunta anterior:

a) Es siempre obligatoria.

b) Se efectuará cuando lo solicite una tercera parte de los miembros de ambas Cámaras.

c) Se llevará a cabo cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

d) Nunca se celebrará referéndum en este supuesto.

7. La solicitud de referéndum deberá efectuarse:

a) Dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma por las Cortes Generales.

b) Dentro de ese mismo plazo, pero a partir de la sanción y promulgación real de la misma.

c) Dentro de los 10 días siguientes a la publicación de la reforma en el "Boletín Oficial del Estado".

d) Nunca se celebrará referéndum en este supuesto.

8. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, se procederá a la aprobación del principio, por mayoría: a) De tres quintos de cada Cámara.

b) Absoluta de cada Cámara.

c) De dos tercios de cada Cámara.

d) De dos tercios de ambas Cámaras reunidas en sesión conjunta.

9. La misma mayoría exigida para dar principio a una reforma constitucional total se exige para la reforma o revisión:

a) De todos y cada uno de sus Títulos.

b) Cuando afecte a dos o más de sus Títulos.

c) Cuando se refiera al Título Preliminar, al Título Segundo o a la Sección Pri-mera del Capítulo Segundo del Título Primero.

d) Cuando verse sobre el Título Preliminar, el Título Primero y el Título Segun-do.

10. La iniciativa para la reforma total de la Constitución, y de aquellas partes indicadas en la pregunta anterior, llevará aparejada la: a) Convocatoria de elecciones generales.

b) Abdicación del titular de la Corona.

c) Entrada en vigor del estado de excepción.

d) Disolución inmediata de las Cortes.

11. En cualquier caso, las Cámaras elegidas:

a) Convocarán de inmediato sesión conjunta.

b) Deberán ratificar la decisión de reforma constitucional, y proceder al estudio del nuevo texto constitucional.


c) Deberán dar por terminado el proceso de reforma constitucional si la fuerza política que la promovió ha perdido más de la tercera parte de los votos en las elecciones celebradas.

d) Deberán convocar nuevo referéndum para la ratificación de la reforma consti-tucional.

12. El nuevo texto analizado por las Cámaras recién elegidas, deberá ser apro-bado: a) Por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.

b) Por mayoría de 3/5 de ambas Cámaras.

c) Por mayoría absoluta de ambas Cámaras.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, en tanto en cuanto la pregunta se refiere a un trámite constitucional inexistente.


a) Será sancionada por el Rey y promulgada a continuación. b) Será elevada al Congreso para su tramitación como Ley Orgánica. c) Será sometida a referéndum para su ratificación.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, en tanto en cuanto la pregunta se refiere a un trámite constitucional inexistente.

14. La reforma constitucional podrá iniciarse: a) En cualquier momento.

b) No cuando no se encuentren reunidas las Cámaras.

c) No en tiempo de guerra.

d) En algunos supuestos, cuando esté vigente el estado de alarma, el de excep-ción o de sitio.

15. El Título Décimo de la Constitución cuenta con:

a) Diez artículos.

b) Cinco artículos.

c) Quince artículos.

d) Cuatro artículos.


TEST GENERAL N.º 1

1. Los procedimientos de declaración de inconstitucionalidades se encuentran regulados: a) En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

b) En la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) En la Ley de Enjuiciamiento Civil.

d) En la Constitución española.

2. La renovación por terceras partes cada tres años corresponde a los miem-bros: a) Del Consejo General del Poder Judicial.

b) Del Tribunal de Cuentas.

c) Del Consejo de Estado.

d) Del Tribunal Constitucional.

3. Una de las características siguientes no es aplicable a los miembros del Tri-bunal Constitucional: a) Independientes.

b) Inamovibles. c) Compatibles.

d) Afectados por las mismas incompatibilidades que los miembros del poder ju-dicial.

4. No podrá ser miembro del Tribunal Constitucional:

a) Un Abogado. b) Un Empresario.

c) Un Fiscal. d) Un Profesor Universitario.

5. El Consejo General del Poder Judicial: a) Nombrará a un miembro del Tribunal Constitucional. b) Nombrará a dos miembros del Tribunal Constitucional. c) Propondrá a dos miembros del Tribunal Constitucional. d) No propondrá miembro alguno del Tribunal Constitucional.

6. Sobre una de las siguientes ciudades no tiene competencia el Tribunal Constitucional: a) La Línea de la Concepción.

b) Ceuta. c) Gibraltar. d) La isla de Hierro.

7. Contra las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional: a) Cabe recurso de queja ante el Tribunal Internacional de La Haya.

b) Cabe recurso ante el mismo Tribunal Internacional denominado de amparo.


c) Cabe recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. d) No cabe recurso alguno.

8. La sentencia del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionali-dad de una norma con fuerza de ley:

a) Tiene plenos efectos frente a todos.

b) Tiene plenos efectos entre las partes.

c) No tiene plenos efectos ante nadie, sino limitados a lo suplicado en la deman-da.

d) Tales plenos efectos sólo se producen cuando se estima subjetivamente la pre-tensión deducida.

9. La impugnación por parte del Gobierno y ante el Tribunal Constitucional de disposiciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autóno-mas: a) Produce en algunos casos la suspensión de la disposición o resolución recu-

rrida. b) No produce en ningún caso tal suspensión.

c) Produce en todo caso la suspensión de la disposición o resolución recurrida.

d) Produce la suspensión en todo caso, pero la misma deberá ser ratificada o le-vantada por el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a seis meses.

10. No puede interponer recurso de amparo:

a) Una persona jurídica que invoque un interés legítimo. b) Una persona natural que no invoque un interés legítimo. c) El Defensor del pueblo.

d) El Ministerio Fiscal.

11. La propuesta al Rey para que éste nombre al Presidente del Tribunal Cons-titucional partirá:

a) Del Congreso de los Diputados.

b) Del Consejo General del Poder judicial.

c) Del Tribunal Constitucional en Pleno.

d) De las dos terceras partes de los miembros del Tribunal Constitucional.

12. La prerrogativa de «gracia» corresponde:

a) Al Rey. b) Al Gobierno. c) Al Congreso de los Diputados.

d) Al Ministro de Justicia.

13. La promoción de las sociedades cooperativas:

a) No es competencia constitucional de organismo alguno. b) Es competencia constitucional del Ministerio de Trabajo. c) Es competencia constitucional del Gobierno.

d) Es competencia constitucional de los poderes públicos en general.


14. El derecho a la propiedad privada: a) No podrá ser objeto de un recurso de amparo.

b) Sí podrá ser objeto de un recurso de amparo.

c) Sólo podrá ser objeto de recurso de amparo cuando la propiedad privada afec-tada estuviera siendo destinada en el momento de la agresión a fines sociales.

d) No está reconocido constitucionalmente.

15. La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno: a) Será exigible ante el Pleno del Tribunal Supremo. b) Será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

c) Será exigible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. d) El Presidente del Gobierno es irresponsable penalmente, aunque no política-

mente.

16. Si la acusación contra el Presidente del Gobierno, o contra los demás miem-bros del mismo, fuese por delito de traición o contra la seguridad del Esta-do, en el ejercicio de sus funciones, podrá ser planteada: a) Sólo por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la

aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

b) Sólo por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y del Se-nado.

c) Sólo con la aprobación de la cuarta parte de los miembros del Congreso.

d) Además del caso de la opción a), a iniciativa del Fiscal General del Estado.

17. A las Diputaciones Provinciales está encomendado: a) El gobierno de la provincia, exclusivamente.

b) El gobierno y la administración autónoma de la provincia. c) El control administrativo de la provincia.

d) Tal gobierno no podrá encomendarse a ningún otro tipo de corporación de ca-rácter representativo.

18. El Cabildo o Consejo: a) Es el nombre que recibe la administración propia en las provincias costeras.

b) Es el nombre que recibe la administración en las autonomías uniprovinciales.

c) Es el nombre que recibe la administración de las provincias que así lo acuer-dan.

d) Es la forma de la administración propia de las islas integrantes de archipiéla-gos.


a) El estado de excepción será declarado por el Gobierno. b) El estado de excepción será acordado por Decreto del Consejo de Ministros.

c) El estado de sitio será declarado por Decreto del Consejo de Ministros.

d) El estado de alarma será declarado por el Gobierno.


20. La Diputación Permanente: a) Carece de competencias en materia de declaración de estados de alarma, ex-

cepción y sitio. b) Asume las competencias del Congreso, disuelto éste o expirado su mandato,

si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados.

c) Asume tales competencias sólo respecto al estado de alarma. d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

21. La organización territorial del Estado se regula en nuestra Constitución en su Título: a) Sexto. b) Séptimo. c) Octavo. d) Noveno.

22. El Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comuni-dades autónomas: a) Todas esas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos

intereses. b) Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses exclusivamente las co-

munidades autónomas.

c) Gozan de tal autonomía municipios y provincias, correspondiendo a las co-munidades autónomas el autogobierno respecto al poder central.

d) Ninguna de dichas entidades tiene autonomía para la gestión de sus respecti-vos intereses, sólo tienen la maniobrabilidad que le atribuyen las leyes en de-terminados campos.

23. La garantía para la solidaridad entre las diferentes Comunidades Autóno-mas la proporciona: a) Cada Estatuto de Autonomía.

b) El Estado. c) La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

d) La Constitución, en virtud del principio de solidaridad consagrado en su art. 138.

24. La provincia es una entidad local: a) Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostenta cada uno de los municipios

que la conforman.

b) Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostenta la Comunidad Autónoma en la que está incardinada.

c) Sin personalidad jurídica propia, ya que la ostentan las Comarcas o Manco-munidades de Municipios que la integran.

d) Con personalidad jurídica propia.


25. La iniciativa en el proceso autonómico correspondió:

a) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente, y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al me-nos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

b) Al Estado, a través de los Gobiernos Civiles.

c) A la mayoría absoluta de los municipios cuya población represente, al menos, la misma mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.

d) A los Gobiernos Preautonómicos.

26. La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma será: a) Su Estatuto de Autonomía.

b) La Constitución. c) Ambos textos legales.

d) Todo el ordenamiento jurídico del Estado.

27. El control del ejercicio de las funciones delegadas por el Poder Ejecutivo central a las Comunidades Autónomas lo ejercerá:

a) El Gobierno central.

b) El Gobierno central, previo dictamen del Consejo de Estado.

c) El Tribunal Constitucional.

d) La jurisdicción contencioso administrativa.

28. El control de la actividad económica y presupuestaria de las Comunidades Autónomas será ostentado por: a) El Gobierno central, previo dictamen del Consejo de Estado.

b) El Tribunal de Cuentas.

c) La Jurisdicción Contencioso–administrativa.

d) Al Consejo de Estado.

29. Los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos se encuentran regulados: a) En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Segundo de la Consti-

tución. b) En la Sección Segunda del Capítulo Primero del Título Primero de la Consti-

tución. c) En el Título Preliminar.

d) En la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Consti-tución.

30. El no respeto a cualquiera de los derechos fundamentales o a las libertades públicas referidos en la pregunta anterior, permite al ciudadano: a) Acudir ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo.

b) Acudir directamente ante el Tribunal Constitucional a través de la cuestión de inconstitucionalidad.


c) Acudir directamente ante los Tribunales de cualquier orden jurisdiccional a través del recurso de amparo.

d) Utilizar a través de cualquier órgano jurisdiccional la cuestión de inconstitu-cionalidad.

31. Los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en nuestra Constitución: a) Podrán suspenderse temporalmente en su totalidad por razones de seguridad

nacional y orden público.

b) Podrán suspenderse temporalmente, pero sólo algunos de ellos, tras la pro-clamación de los estados de excepción y de sitio.

c) La suspensión que se decrete no podrá durar más de tres años, y cabe incluso tras la declaración del estado de alarma.

d) No podrán suspenderse en caso alguno.

32. La libre difusión de pensamiento, ideas y opiniones, así como la libertad de cátedra: a) Tendrá como único limite el impuesto por los Tribunales al ejercer la censura

correspondiente.

b) No tendrá limitación alguna.

c) Tendrá como límite exclusivo la seguridad del Estado. d) Tendrá como límite, entre otras causas, la protección de la juventud y la in-

fancia.

33. Los calificativos que utiliza la Constitución para catalogar a los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial que administran la Justicia, emanada del pueblo, en nombre del Rey son:

a) Independientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente al impe-rio de la ley y del Consejo General del Poder Judicial.

b) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

c) Dependientes jerárquicamente, inamovibles, irresponsables y sometidos al imperio de la ley.

d) Independientes, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes.

34. Los Jueces y Magistrados:

a) No podrán ser separados ni suspendidos, sino por alguna de las causas y con las garantías prescritas por la ley, aunque sí podrán, en todo caso, ser trasla-dados o jubilados.

b) Sí podrán ser separados cuando se formule querella contra ellos por prevari-cación.

c) Están sujetos al mismo régimen disciplinario, y con sus mismas consecuen-cias, que el resto de funcionarios públicos.

d) No podrán ser separados, ni suspendidos, ni trasladados, ni jubilados, salvo en las circunstancias indicadas en la respuesta primera.


35. La base de la organización y funcionamiento del Poder Judicial español es el principio de: a) Unidad jurisdiccional.

b) Pluralidad jurisdiccional.

c) Coordinación jurisdiccional.

d) Dependencia jerárquica y coordinación de funciones.

36. El cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales de Jueces y Tribunales: a) Es obligado.

b) Es obligado, siempre que las resoluciones sean firmes. c) Es potestativo para los demás poderes del Estado. d) Es potestativo, al igual que prestar colaboración a dichos órganos.

37. Según la Constitución española:

a) El procedimiento será predominantemente escrito, y las sentencias serán siempre pronunciadas a presencia de las partes en el pleito.

b) Las sentencias serán motivadas cuando la gravedad del caso lo requiera y se-rán pronunciadas en audiencia pública.

c) Las actuaciones judiciales serán secretas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

d) El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia crimi-nal.

38. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España: a) Es el órgano judicial superior en todos los órdenes. b) No es el órgano judicial superior en el orden de las garantías constitucionales.

c) No es el órgano judicial superior en materia contencioso–administrativa, ran-go que corresponde a la Audiencia Nacional.

d) Sólo es el órgano jurisdiccional superior en los órdenes civil y penal.

39. La Policía Judicial depende, en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento de delincuentes:

a) Del Ministerio del Interior.

b) Del Ministerio de Defensa, cuando sea la Guardia Civil la que ejerza las fun-ciones de Policía Judicial.

c) De los jueces, de los Tribunales y de los Fiscales. d) Del Centro Superior de Investigaciones de la Defensa.

40. La participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia: a) Es contemplada en la Constitución a través de la institución del jurado.

b) Es contemplada en la Constitución a través de la institución del Jurado, en funcionamiento en España desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/93, de 23 de marzo, del Jurado.


c) No está prevista en la Constitución.

d) Es un deber, que se canaliza a través del Tribunal del Jurado y los Tribunales Populares.

41. El órgano de gobierno de los Jueces es:


b) El Fiscal General del Estado.

c) El Parlamento en Pleno.

d) El Consejo General de la Abogacía y la Procuraduría.

42. Cada uno de los veinte Vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial:

a) Será nombrado por el Rey y ejercerá su cargo por un período de cinco años.

b) Ejercerá su cargo por dicho período quinquenal, pero será nombrado por el Parlamento.

c) La mayoría necesaria para que cada Cámara elija a los Vocales que le corres-pondan será de dos tercios.

d) Los juristas de reconocido prestigio o competencia que accedan a dicho cargo, deberán contar con más de diez años en el ejercicio de su profesión.

43. El Príncipe heredero, si fuere mayor de edad, entrará a ejercer la Regencia: a) Cada vez que el Rey abandonare el país por asuntos privados. b) Cada vez que el Rey abandonare el país, aunque tal ausencia se deba a moti-

vos oficiales. c) En los periodos vacacionales del Rey.

d) Cuando el Rey se inhabilitare o su imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales.


a) La regencia se ejercerá por mandato constitucional. b) Es preciso ser español para ejercer la regencia.

c) Es preciso ser mayor de edad para ejercer la regencia. d) La regencia se ejercerá en nombre del propio Regente, al estar inhabilitado el

titular de la Corona.

45. La independencia de los miembros del Poder Judicial:

a) Deberá ser asegurada totalmente a través de la ley que regule su remuneración económica.

b) Deberá ser asegurada totalmente a través de la ley que regule su movilidad te-rritorial.

c) Deberá ser asegurada totalmente a través de la ley que regule su promoción profesional.

d) Deberá ser asegurada totalmente a través de la ley que regule su régimen de incompatibilidades.


46. El Tribunal Constitucional se encuentra regulado en nuestra Constitución en su Título: a) Décimo. b) Noveno. c) Octavo. d) Séptimo.

47. Los doce Magistrados del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey: a) Seis a propuesta del Congreso y seis a propuesta del Senado.

b) Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado y cuatro a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

c) Dos a propuesta del Presidente del Gobierno.

d) Dos a propuesta del Gobierno.

48. Para poder ser nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional habrá de acreditar el candidato ser un jurista de reconocido prestigio o competencia, estimándose que es así si acredita:

a) Contar con más de quince años de ejercicio profesional. b) Contar con el apoyo del cuerpo o sector jurídico al que pertenezca, que acre-

ditará con la aportación de las firmas del mayor número posible de sus com-pañeros.

c) Contar con renombrado prestigio a nivel nacional en el campo en el que haya desarrollado su actividad.

d) Contar con más de diez años de ejercicio profesional. 49. La designación de que sean objeto los miembros del Tribunal Constitucio-

nal será: a) Por cinco años.

b) Por seis años, renovándose por terceras partes cada dos. c) Por tres años, renovándose íntegramente a su vencimiento. d) Por nueve años, renovándose por terceras partes cada tres.

50. El Presidente del Tribunal Constitucional: a) Será nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del mismo Tribunal, y de en-

tre sus miembros, por un periodo de tres años.

b) Será nombrado por el Rey a propuesta del Pleno del mismo Tribunal de entre los candidatos que le faciliten quienes proponen a sus miembros.

c) Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial de entre los miembros del Tribunal Constitucional.

d) Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judi-cial, oído el Consejo de Estado.


TEST GENERAL N.º 2

1. Las penas privativas de libertad: a) Estarán orientadas hacia la rehabilitación profesional. b) Procurarán obtener la cualificación laboral del penado. c) No podrán consistir en trabajos forzados.


2. Los Tribunales de Honor: a) Sólo están permitidos en el ámbito de la Administración Militar. b) También están permitidos en el ámbito de la Administración Civil. c) Están prohibidos exclusivamente en el ámbito de las organizaciones profesio-

nales. d) También están prohibidos en el ámbito de la Administración Civil.

3. Cuando una persona realice una conducta determinada, que en el momento de producirse no constituya delito, falta o infracción administrativa:

a) Podrá ser condenado o sancionado por ello si se penaliza en los siguientes seis meses.

b) No podrá ser condenado ni sancionado en caso alguno. c) Podrá ser sancionado administrativamente, mas no penalmente condenado.

d) Podrá ser condenado penalmente si la conducta se efectuó cuando se tramita-ba en el Parlamento el texto legal por el que tal proceder fue posteriormente tipificado como delito.

4. La libertad de empresa en nuestra Constitución:

a) Se reconoce dentro del marco de la economía de mercado. b) Se reconoce dentro del marco de la economía socialista. c) Se reconoce dentro del marco de la economía liberal. d) Se reconoce dentro del marco de la economía liberal, matizada por el carácter

social de la misma.

5. Los convenios colectivos, fruto de la negociación colectiva laboral entre re-presentantes de empresarios y trabajadores:

a) Están sometidos al imperio de la ley.

b) Tienen fuerza vinculante garantizada por la ley.

c) No están protegidos constitucionalmente.

d) Tienen fuerza de ley. 6. Una de las siguientes afirmaciones no es válida. Los poderes públicos asegu-

ran la protección integral: a) De los hijos matrimoniales.

b) De las madres solteras.

c) De los hijos no matrimoniales y adoptivos.

d) De todos los colectivos anteriores, excepción hecha de los hijos no matrimo-niales.


7. La cantidad percibida por el Rey para el sostenimiento de su Familia y Ca-sa: a) Es distribuida por el Rey conforme a las reglas marcadas en la Ley de Presu-

puestos Generales del Estado.

b) Es recibida por el Monarca de la Presidencia del Gobierno. c) Es una cantidad global.



a) El Rey acredita a los representantes diplomáticos españoles en el extranjero, a excepción de los embajadores que reciben su acreditación del Ministro de Asuntos Exteriores.

b) El Rey acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos.

c) Los representantes extranjeros en España están acreditados ante el Rey.


9. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones:

a) Por medio de órganos propios.

b) Por medio de órganos del Consejo General del Poder Judicial. c) Por medio de órganos del Ministerio de Justicia.

d) Por medio de órganos del Gobierno.

10. Las actuaciones del Ministerio Fiscal están sujetas al principio de: a) Dependencia jerárquica.

b) Unidad de actuación.

c) Legalidad. d) Unidad de poder.


a) La iniciativa pública en la actividad económica está reconocida constitucio-nalmente.

b) La ley podrá reservar al sector público recursos o servicios especiales.

c) Se podrá acordar la intervención de empresas cuando así lo exija el interés empresarial.

d) Los interesados podrán participar en la Seguridad Social. 12. Uno de los siguientes principios no inspirará el régimen jurídico de los bie-

nes de dominio público y de los comunales:

a) Inalienabilidad. b) Desafectación.

c) Inembargabilidad.

d) Prescriptibilidad.


13. La Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma será dirigida por:

a) Un Delegado nombrado por el Gobierno.

b) Un Coordinador nombrado por el Gobierno Autónomo. c) Un Delegado nombrado por el Gobierno de la Nación en coordinación con el

Gobierno Autónomo.

d) Los Gobernadores Civiles.

14. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: a) Exigirá la celebración previa de elecciones generales. b) Exigirá el voto favorable del Congreso y Senado en reunión conjunta por ma-

yoría absoluta.

c) Exigirá el voto favorable del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos.


15. Uno de los siguientes principios no es inspirador de la actuación de la Ad-ministración Pública: a) Centralización.

b) Jerarquía.

c) Eficacia. d) Desconcentración.

16. Los Tribunales controlan, respecto a la Administración y al Gobierno: a) La potestad reglamentaria.

b) La legalidad de la actuación administrativa.

c) El sometimiento de la actuación administrativa a la potestad reglamentaria.

d) El sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican.

17. Todos los españoles tienen:

a) El derecho de trabajar, pero no el deber de hacerlo. b) El derecho a elegir libremente el lugar de trabajo. c) El derecho a una remuneración por encima del salario mínimo interprofesio-

nal. d) El derecho a promocionarse a través del trabajo.

18. El derecho de todos a la educación se garantiza por los poderes públicos

mediante: a) Una enseñanza pública gratuita.

b) Una enseñanza intensiva.

c) Una programación general de la enseñanza.

d) Una enseñanza pública de calidad.


19. Las reuniones de Parlamentarios:

a) No vincularán en caso alguno a las Cámaras.

b) No vincularán a las Cámaras cuando se celebren sin convocatoria reglamenta-ria.

c) Vincularán en todo caso a las Cámaras.

d) Vincularán a la Comisión a la que pertenezcan.

20. Serán en todo caso incompatible para ostentar el cargo de Diputado o de Senador: a) Los componentes del Tribunal Constitucional.

b) El Defensor del Pueblo.

c) Los miembros de las Juntas Electorales.

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

21. Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas son regulados en nuestra Constitución por: a) La Sección primera del Capítulo segundo del Título primero. b) La Sección segunda del Capítulo primero del Título primero. c) La Sección primera del Capítulo segundo del Título segundo. d) La Sección tercera del Capítulo segundo del Título segundo.

22. En España, los extranjeros:

a) Gozarán de las mismas libertades públicas que los españoles.

b) Gozarán de las libertades públicas que, a título de reciprocidad, se les reco-nozcan.

c) Gozarán de las libertades públicas que garantiza el Título I de la Constitución española, en los términos que establezcan los tratados y la ley.

d) No gozarán del derecho a la libertad de expresión.

23. Son susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional la vulneraciones de: a) Todos los derechos reconocidos en la Constitución. b) Del Derecho a la no discriminación reconocido en el art. 14 de la Constitu-

ción, exclusivamente.

c) Todos los derechos reconocidos por los arts. 14 a 29 de la Constitución, ex-clusivamente, más la objeción de conciencia.

d) Los derechos indicados en la opción anterior son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, no de recurso de amparo.

24. Lo derechos y libertades públicas:

a) Nunca podrán ser suspendidos ni anulados.

b) Sólo podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de si-tio.

c) Sólo podrán se suspendidos o anulados en tiempo de guerra. d) Sólo podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de sitio.


25. El texto regulador del régimen electoral general reviste o debe revestir for-ma de: a) Decreto legislativo.

b) Ley Ordinaria. c) Ley Orgánica. d) Decreto Ley.

26. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas, en vota-ción final sobre el conjunto del proyecto: a) Exigirá mayoría de dos tercios del Congreso.

b) Exigirá mayoría absoluta del Congreso.

c) Exigirá mayoría absoluta del Congreso y del Senado. d) No exigirá mayoría especial alguna.

27. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a Ley Orgánica: a) La delegación legislativa se hará por una Ley Ordinaria en el caso de que se

trate de refundir varios textos legales en uno solo. b) La delegación legislativa se hará mediante Ley Ordinaria cuando su objeto

sea la formación de textos articulados.

c) La delegación legislativa se dará siempre mediante una Ley de Bases.

d) La delegación legislativa se realizará mediante proposición de ley.

28. La delegación legislativa: a) Habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa, para materia concreta y con

fijación de plazo para su ejecución.

b) Podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indefinido. c) Podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas al propio Gobierno.


29. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibi-rán el título de: a) Ley Ordinaria. b) Decreto Ley. c) Decreto Legislativo.

d) Ley Delegada. 30. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno podrá dictar

disposiciones legislativas provisionales:

a) Recibirán el nombre de decretos leyes y no podrán afectar, entre otras mate-rias, al régimen de las Comunidades Autónomas.

b) Recibirán el nombre de decretos, y no podrán afectar, entre otras materias, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.


c) Recibirán el nombre de decretos legislativos y no podrán afectar, entre otras materias, a los derechos, deberes y libertades públicas.

d) Recibirán el nombre de decretos leyes y, por dictarse por razones de urgencia, podrán versar sobre cualquier materia no limitadora de los Derechos Funda-mentales y las libertades públicas.

31. Las normas dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad a las que se alude en la pregunta anterior:

a) Se tramitarán seguidamente por las Cortes como proyectos de ley por el pro-cedimiento ordinario.

b) Deberán ser inmediatamente sometidas a debate y votación de totalidad al Congreso, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.

c) El Congreso habrá de pronunciarse dentro de un plazo de sesenta días, si-guientes a su promulgación, sobre su convalidación o derogación.

d) Permanecerán vigentes sine die, sin necesidad de trámite adicional alguno.

32. La iniciativa legislativa para la aprobación de un texto relativo a la prerro-gativa de gracia: a) Corresponde sólo al Gobierno.

b) No corresponde al Senado.

c) Corresponde sólo al Congreso de los Diputados.

d) No corresponde al pueblo a través de la iniciativa popular.

33. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto de ley ordinaria u orgánica sometido a su deliberación tras ser aprobado por el Congreso: a) No es alterable en ningún caso.

b) Se ampliará a cuatro meses en los proyectos declarados por el Gobierno como de interés internacional.

c) Se reducirá a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso.

d) Se reducirá a treinta días hábiles en los mismos casos indicados en la opción anterior.

34. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos:

a) El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados.

b) El referéndum será convocado por el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados, con conocimiento previo facili-tado al Rey.

c) El referéndum será convocado por el Congreso de los Diputados, previamente informado por su Presidente del Gobierno y por el Rey.

d) El referéndum será convocado por el Presidente del Gobierno, previa autori-zación del Rey, con conocimiento previo de la Mesa del Congreso de los Di-putados.


35. La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales se encuentra en el principio de: a) Independencia jurisdiccional.

b) Inamovilidad jurisdiccional.

c) Unidad jurisdiccional.

d) Dependencia jerárquica.

36. Los daños causados por error judicial así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia: a) Darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

b) Darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, cuando el daño tenga su origen en el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, pero si el daño se produjere a consecuencia de error judicial responderá civilmente el Juez o Tribunal que pronunció el fallo.

c) Darán derecho a una indemnización a cargo del Estado y a la publicación en los boletines oficiales de una nota aclaratoria de lo sucedido, si así lo pide el perjudicado.

d) Darán derecho a una indemnización a cargo del Juez o Tribunal responsable de los mismos, si se acredita su negligencia profesional.

37. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado: a) Por el Gobierno, a propuesta de las Cortes reunidas en sesión plenaria.

b) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

c) Por el Rey, a propuesta del Gobierno.

d) Por el Pleno del Tribunal Supremo. 38. La Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, en funciones de Policía

Judicial, dependen de: a) Sus Jefes naturales, que actuarán en íntima relación con Jueces y Tribunales.

b) Los Jueces y Tribunales.

c) Los Jueces, los Tribunales y del Ministerio Fiscal. d) El Ministerio de Justicia e Interior en coordinación con Jueces, Tribunales y

Ministerio Fiscal.

39. La federación de Comunidades Autónomas:

a) Está excluida expresamente por la Constitución.

b) Está admitida expresamente por la Constitución.

c) Está contemplada en la Constitución como posibilidad para el momento en que todas las Comunidades Autónomas alcancen el mismo techo competen-cial.

d) No está prevista constitucionalmente.


40. La ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, así como los pro-yectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos: a) Son competencia exclusiva de la Administración del Estado. b) Son competencias asumibles por las Comunidades Autónomas. c) Son competencias exclusivas de las administraciones locales.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, al existir entre las indicadas compe-tencias no asumibles por las Comunidades Autónomas, y otras que silo son.

41. La legislación sobre propiedad intelectual e industrial, así como el fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica: a) Son competencias exclusivas de la Administración del Estado. b) Son competencias asumibles por las Comunidades Autónomas. c) Son competencias compartidas por el Estado y las Comunidades Autónomas.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas, al existir entre las indicadas compe-tencias no asumibles por las Comunidades Autónomas, y otras que silo son.

42. Las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal:

a) Son intransferibles e indelegables a las Comunidades Autónomas.

b) Son transferibles a las Comunidades Autónomas mediante Ley Orgánica, cuando por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.

c) Son delegables a las Comunidades Autónomas, no transferibles, mediante Ley Orgánica, cuando por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación.

d) Son delegables sólo en materias de ordenación urbana, gestión de costas y po-lítica territorial.

43. El control de la actividad de la administración autónoma y sus normas re-glamentarias lo hará: a) El Tribunal Constitucional.

b) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. c) La jurisdicción contencioso–administrativa.

d) El Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

44. La iniciativa para la reforma constitucional se ejercerá: a) Por el Gobierno, el Congreso y el Senado.

b) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las Comunidades Autónomas.

c) Por el Gobierno, el Congreso, el Senado, las Asambleas de las Comunidades Autónomas y el pueblo, a través de la iniciativa popular.

d) Podrá ejercerla el Defensor del Pueblo.

45. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por: a) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. b) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.

c) Mayoría de tres quintos del Congreso, y absoluta del Senado.

d) Mayoría de dos tercios del Senado y de tres quintos del Congreso.



a) Será sometida a referéndum para su ratificación por los ciudadanos, en todo caso.

b) Será sometida a referéndum para su ratificación por los ciudadanos, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, cuando así lo solicite una tercera parte de los miembros del Congreso.

c) Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miem-bros de cualquiera de las Cámaras.

d) Entrará en vigor.

47. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte a los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos:

a) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

b) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.

c) Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara y a la elaboración de un nuevo texto constitucional por las mismas Cortes.

d) No está prevista constitucionalmente una reforma que afecte a tales materias.

48. Las Cámaras elegidas:

a) Deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitu-cional que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

b) Procederán al estudio de un nuevo texto constitucional, que deberá ser apro-bado por mayoría de tres quintos de cada Cámara.

c) Procederán al estudio de un nuevo texto constitucional, que deberá ser apro-bado por mayoría absoluta de ambas Cámaras reunidas al efecto en sesión plenaria.

d) Efectuarán la reforma planteada y la someterán a referéndum, todo ello en un plazo no superior a seis meses.

49. La reforma constitucional: a) Podrá iniciarse en cualquier momento.

b) No podrá iniciarse en tiempo de guerra, ni cuando esté declarado el estado de excepción o de sitio.

c) No podrá iniciarse en tiempo de guerra, ni cuando esté declarado el estado de alarma, el de excepción o el de sitio.

d) No podrá iniciarse fuera de los períodos ordinarios de sesiones.

50. Están legitimados para interponer el recurso de amparo: a) El Defensor del Pueblo.

b) 50 Senadores.

c) 50 Diputados.

d) Los tres antes citados.


TEST GENERAL N.º 3 1. En caso de flagrante delito, se puede registrar un domicilio:

a) Previa resolución judicial, que es indispensable. b) Sin autorización alguna.

c) Con el consentimiento del interesado.

d) Con la presencia de un vecino.

2. Según la Constitución, la ley puede exceptuar o limitar el ejercicio del dere-cho de sindicación: a) A las Fuerzas o Institutos Armados.

b) A los funcionarios públicos.

c) A los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. d) A los recogidos en los apartados a) y c).

3. Los principios rectores de la política económica–social pueden ser alegados ante la jurisdicción ordinaria:

a) En todo caso.

b) De conformidad con la Constitución.

c) De acuerdo con lo dispuesto por sus leyes de desarrollo. d) Ninguna de estas respuestas es correcta.

4. El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona: a) Es un derecho fundamental de la persona.

b) Es un principio rector de la política social y económica. c) Es un objetivo de la política social del Estado.

d) Es un objetivo de la política social de las Naciones Unidas.

5. La reforma de la Constitución española en tiempo de vigencia de un estado de excepción declarado de acuerdo con la Constitución: a) Deberá iniciarse según el artículo 87 de la Constitución. b) Se iniciará sólo a propuesta de las Cortes en Pleno. c) No podrá iniciarse en ningún caso.

d) No podrá iniciarse por el Rey, previo referéndum.

6. Según la Constitución, las prestaciones personales y patrimoniales de carác-ter público podrán establecerse: a) Sólo con arreglo a la ley.

b) Por orden del Ministerio de Economía y Hacienda.

c) Sólo por Decreto del Gobierno.

d) Por acuerdo del Pleno Municipal.


7. En situación normal el secuestro de publicaciones puede acordarse, según la Constitución: a) Por las Cortes Generales.

b) Sólo por resolución judicial.

c) Por el Gobernador Civil en caso de injurias.

d) Sólo por Decreto del Gobierno.

8. La Constitución española de 1978 entró en vigor:

a) Al día siguiente de su aprobación por las Cortes Generales.

b) Al día siguiente de su ratificación por el pueblo español en referéndum.

c) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

d) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

9. La seguridad jurídica es un principio garantizado en: a) La Ley Orgánica de Garantía de la Seguridad Jurídica. b) La Constitución. c) La Ley de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. d) La Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la

persona.

10. La institución del Defensor del Pueblo está regulada mediante: a) Ley de Bases.

b) Decreto Legislativo.

c) Ley Orgánica. d) Decreto–ley.

11. Señalar, de entre los que se proponen, los tres principios básicos que consa-gra la Constitución y que presiden las relaciones entre el Estado y las Co-munidades Autónomas: a) Autonomía, coordinación y centralización.

b) Unidad, autonomía y solidaridad.

c) Coordinación, centralización y unidad.

d) Desconcentración, especialización y unidad.

12. El Defensor del Pueblo debe dar cuenta de sus actividades: a) A las Cortes Generales.

b) Al Gobierno. c) Al Tribunal Constitucional.

d) Al Rey.

13. El art. 14 de la Constitución española proclama:

a) La mayoría de edad a los 18 años.

b) La libertad religiosa.

c) El derecho a la vida.

d) La igualdad ante la ley.


14. La Administración Civil no podrá imponer sanciones que: a) No hayan sido ratificadas por los Tribunales de Justicia. b) Directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. c) Lleven aparejadas multas superiores a cien millones de pesetas.

d) La Administración Civil puede imponer cualquier tipo de sanción.

15. Los miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos sometidos a disciplina mi-litar o Institutos Armados:

a) No pueden ejercer el derecho de petición.

b) Pueden ejercerlo individualmente.

c) Pueden ejercerlo con arreglo a su legislación específica. d) Tanto b) como c).

16. El régimen público de Seguridad Social abarcará, según la Constitución: a) A los ciudadanos que coticen a tal efecto.

b) A todos los ciudadanos.

c) A todos los ciudadanos, excepto militares.

d) Ninguna de estas respuestas es correcta.

17. El procedimiento de «Habeas Corpus» consagrado en la Constitución, pre-tende: a) Acortar la situación de prisión provisional.

b) Concluir con la situación de detención preventiva. c) Poner inmediatamente a disposición del Juez a una persona ilegalmente dete-

nida. d) Ninguna de las tres anteriores es correcta.

18. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución: a) Declarará la inconstitucionalidad.

b) Planteará la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

c) Remitirá el caso al Tribunal Supremo.

d) Aplicará la norma.

19. ¿Cuál de las siguientes es una de las características de nuestra Constitución de 1978?: a) Consensuada.

b) Corta. c) Conservadora.

d) No ha sido influenciada por ninguna otra Constitución, y por lo tanto es muy original.


20. Según la Constitución española de 1978, los ciudadanos y los poderes públi-cos están sujetos:

a) Al poder del Rey.

b) Al Gobierno de la Nación.

c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. d) Exclusivamente al Presidente del Gobierno nombrado por el pueblo.

21. El Título IV de la Constitución española trata: a) De la Corona.

b) Del Gobierno y la Administración.

c) Del Poder Judicial.

d) De Economía y Hacienda.

22. ¿Qué Título de la Constitución trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales?:

a) El Título III. b) El Título VI. c) El Título V. d) El Título VII.

23. Según la Constitución española de 1978, ¿qué delitos están excluidos de la extradición?: a) Los delitos de robo de menos de un millón de pesetas. b) Los delitos políticos.

c) Los delitos ocasionados por actos terroristas.

d) Los delitos de adulterio.

24. Todos los ciudadanos españoles tienen, según la Constitución: a) Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. b) Derecho al Juez ordinario que libremente designe para cada caso el Tribunal

Supremo. c) Derecho a ser defendido por el abogado que libremente designe ya que sus

honorarios serán retribuidos por el Estado.

d) Derecho a un proceso privado o público, según determine el Juez ordinario.

25. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con la Constitución española de 1978:

a) El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma carece de cualquiera de los derechos contemplados en la Constitución.

b) El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma tendrá de-recho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Segu-ridad Social.

c) La Administración Civil puede interponer sanciones que impliquen privacio-nes de libertad.

d) El condenado a una pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma sólo ostenta el derecho a la vida ya que la Constitución abole la pena de muerte.


26. La legitimación para interponer los diferentes recursos ante el Tribunal Constitucional está regulada en la Constitución española: a) Art. 160 b) Art. 161 c) Art. 162 d) Art. 163

27. La parte de la Constitución que regula la estructura de los principales ór-ganos del Estado recibe el nombre de:

a) Parte dogmática.

b) Parte orgánica.

c) Parte estatal.

d) Parte estructural.

28. ¿Y cómo se denomina a la parte que regula los derechos y deberes de los ciudadanos?: a) Parte dogmática.

b) Parte legal.

c) Parte orgánica.

d) Parte contractual y de obligaciones.

29. ¿De cuántos artículos consta el Título Preliminar de la Constitución españo-la?: a) De 9, que son los artículos del 3 al 11, inclusive. b) De 14, que son los 14 primeros artículos de la Constitución. c) De 9, que son los 9 primeros artículos de la Constitución. d) De 54, que son los 54 primeros artículos de la Constitución.

30. ¿Qué artículo de la Constitución contempla los valores superiores del orde-namiento jurídico?: a) El artículo 9.1. b) El artículo 1.1. c) El artículo 2. d) El artículo 14.

31. Según la Constitución española, ¿cuáles de los siguientes son dos de los va-lores superiores del ordenamiento jurídico?: a) Derecho de reunión y asociación.

b) Libertad de sindicación y derecho a la educación. c) La igualdad y el pluralismo político.

d) La libertad y el derecho a la propiedad.

32. ¿Cuál de los siguientes es considerado por la Constitución española como valor superior del ordenamiento jurídico?: a) La jerarquía normativa.

b) El pluralismo político.


c) La publicidad normativa.

d) La equidad. 33. ¿A quién corresponde, según la Constitución, promover las condiciones pa-

ra que la libertad y la igualdad de todos los individuos en España, sean re-ales y efectivas?: a) Exclusivamente al Gobierno de la Nación.

b) A todos los poderes públicos.

c) Exclusivamente a los Tribunales de Justicia.

d) Exclusivamente al Tribunal Constitucional.

34. ¿Qué artículo de la Constitución determina que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural?: a) El artículo 1.1. b) El artículo 14. c) El artículo 2. d) El artículo 9.2.

35. Según la Constitución española son fundamentos del orden político y la paz social: a) La dignidad de la persona, los derechos violables que le son inherentes y el

respeto a la ley.

b) La dignidad de la persona, el desarrollo limitado de la personalidad y el respe-to a la ley.

c) El respeto a la ley, a los Reglamentos Administrativos y demás disposiciones legales.

d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, y el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

36. Según la Constitución española, la soberanía nacional: a) Corresponde a las Cortes Generales, al estar compuestas por los representan-

tes del pueblo.

b) Corresponde al Rey.

c) Reside en el pueblo español.

d) Corresponde al Gobierno de la Nación elegido directamente por el pueblo.

37. ¿Cuáles de los siguientes españoles de origen pueden ser privados de su na-cionalidad?: a) Exclusivamente los miembros de grupos terroristas. b) Los miembros de grupos terroristas y los que atenten contra el Rey u otro

miembro de la Familia Real.


c) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. d) Los que atenten contra un miembro de la Familia Real o del Gobierno de la

Nación.

38. ¿De cuántos capítulos consta el Título I de la Constitución española de 1978?: a) De tres. b) De cinco. c) De dos. d) De cuatro.

39. ¿Quién de los siguientes no está legitimado para solicitar del Defensor del Pueblo la investigación o esclarecimiento de actos o conductas de las Admi-nistraciones Públicas que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos?: a) Comisión mixta Congreso–Senado.

b) Cualquier Diputado.

c) Comisión de Investigación.

d) Cualquier miembro del Gobierno.

40. Según la Constitución española el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es: a) Un deber fundamental de los poderes públicos.

b) Un derecho fundamental de los españoles.

c) Una libertad pública.

d) Un principio rector de la política social y económica.

41. La detención preventiva, según la Constitución no puede durar más de: a) 36 horas.

b) 24 horas. c) 48 horas. d) 72 horas.

42. La forma política del Estado español:

a) Democracia Parlamentaria.

b) Gobierno Parlamentario.

c) Monarquía Parlamentaria.

d) República Democrática.

43. La fecha de entrada en vigor de la Constitución es: a) 28–12–78.

b) 27–12–78. c) 29–12–78. d) 1–1–79.

44. Los poderes del Estado emanan de:

a) El Rey. b) Las Cortes Generales.


c) La Constitución. d) El pueblo español.

45. La Constitución española surgió como:

a) El resultado del consenso entre las fuerzas políticas existentes.

b) El resultado del consenso entre las fuerzas políticas y los sindicatos obreros de carácter más representativo.

c) El resultado del consenso del Gobierno de la Nación y la Junta de Jefes de Es-tado Mayor.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

46. ¿Cuántos títulos además del Preliminar, tiene el Texto Constitucional?: a) Diez. b) Quince. c) Doce. d) Nueve.

47. El Título I de la Constitución trata de: a) La Corona. b) Las Cortes.

c) El Poder Judicial.

d) Derechos y deberes fundamentales de la persona.

48. ¿Qué Título de la Constitución trata de «la Corona»?: a) El I. b) El II. c) El III. d) El IV.

49. El Defensor del Pueblo es, según la Constitución:

a) El abogado encargado de defender en los juicios a quienes no pueden pagarse uno particular.

b) El Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución.

c) El encargado de oponerse, en los juicios, al Ministerio Fiscal. d) El único competente para ejercer la acción popular prevista en el artículo 125

de la Constitución.

50. La Constitución fue sancionada por: a) El Rey. b) El Presidente del Congreso.

c) El Consejo de Estado.

d) El Presidente del Gobierno.


TEST GENERAL N.º 4

1. El recurso de amparo para la tutela de los derechos y libertades reconoci-dos en el art. 14, en la Sección a del Capítulo II, así como del derecho a la objeción de conciencia, regulados todos en la Constitución, se interpondrá ante: a) Las Audiencias Territoriales.

b) El Tribunal Supremo.

c) Tribunal Constitucional.

d) La Audiencia Nacional.

2. ¿De cuántas Disposiciones Transitorias consta la Constitución?: a) Seis. b) Cuatro. c) Tres. d) Nueve.

3. La bandera española está formada por:

a) Tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja. b) Tres franjas verticales, roja, amarilla y roja.

c) Dos franjas horizontales, roja y amarilla.

d) Dos franjas verticales, roja y amarilla.

4. La utilización de la bandera propia de cada Comunidad Autónoma, regula-da en la Constitución española, implica:

a) La posibilidad de que la bandera española ondee junto a aquélla en los actos públicos.

b) La posibilidad de que ambas enseñas luzcan juntas en los edificios oficiales.

c) La obligatoriedad de que la bandera propia de la Comunidad Autónoma de que se trate se utilice junto a la española en los edificios públicos y en los ac-tos oficiales.

d) La obligatoriedad de que ambas banderas se utilicen juntas en los actos so-lemnes de los órganos oficiales de la Comunidad Autónoma afectada.

5. Las Fuerzas Armadas están compuestas por:

a) La Policía Nacional y los Ejércitos de Mar y Aire. b) La Armada Española y la Policía Nacional.

c) La Guardia Civil, la Armada y Ejército del Aire.

d) Ejército de Tierra, la Armada y Ejército del Aire.

6. Uno de los siguientes no es un derecho fundamental de las personas: a) Derecho de asociación.

b) Derecho a la huelga.

c) Derecho a la libertad de culto.

d) Derecho de reunión con armas para la defensa de intereses nacionales.


7. La misión de garantizar la soberanía e independencia de España corres-ponde: a) A las Fuerzas de Seguridad.

b) A las Fuerzas Armadas.

c) A la Policía Nacional.

d) A las Cortes Generales.

8. ¿En el Título de la Constitución se recogen los principios generales de la misma?: a) Título I. b) Título Preliminar. c) Título II. d) Título VIII.

9. Los objetores de conciencia, según la Constitución: a) Prestan servicio social.

b) Prestan obligatoriamente servicio militar.

c) Prestan servicio militar reducido en tres meses.

d) Están exentos de prestar servicio alguno.

10. El Defensor del Pueblo: a) No podrá supervisar la actividad de la Administración. b) Sólo podrá supervisar la actividad de la Administración Autonómica.

c) Deberá supervisar en cualquier caso el funcionamiento de la Administración.

d) Podrá supervisar la actividad de la Administración.

11. ¿Qué Tribunal es el intérprete supremo de la Constitución?: a) El Tribunal Supremo.

b) El Tribunal Constitucional.

c) El Tribunal Nacional.

d) El Tribunal Superior de Justicia.

12. El Defensor del Pueblo es elegido por:

a) Las Cortes Generales.

b) El Poder Judicial.

c) El Tribunal Nacional.

d) El Tribunal Constitucional.

13. El Defensor del Pueblo se le elige por un período de: a) Tres años.

b) Cuatro años.

c) Cinco años.

d) La Constitución no se pronuncia sobre dicho plazo.

14. La enseñanza básica, según la Constitución:

a) No es obligatoria.

b) No es obligatoria ni gratuita.


c) Es obligatoria y gratuita.

d) No está regulada en la Constitución.

15. El Defensor del Pueblo: a) Está sujeto al mando imperativo del Consejo de Ministros. b) Está sujeto al mando de la Administración Central del Estado. c) No está sujeto a mando imperativo alguno ni recibirá instrucciones de Autori-

dad alguna, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales.

d) Está sujeto exclusivamente al mando del Presidente del Gobierno que lo eli-gió.

16. ¿Cuál de los siguientes puntos no es correcto?:

a) La Constitución garantiza el derecho a difundir libremente los pensamientos.

b) La Constitución garantiza el derecho a expresar las opiniones por cualquier medio de reproducción.

c) La Constitución garantiza el derecho a recibir todo tipo de información por cualquier medio de difusión autorizado al efecto.

d) La Constitución garantiza el derecho a la libertad de cátedra.

17. ¿Cuál de los puntos siguientes no es correcto?:

a) La Constitución garantiza la publicidad de las normas. b) La Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes

públicos. c) La Constitución garantiza la retroactividad de las disposiciones sancionadoras

no favorables o restrictivas de derechos individuales. d) La Constitución garantiza el principio de legalidad.

18. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y asociaciones profesionales, según el Título Preliminar de la Constitución, deberán ser: a) Democráticos.

b) Liberales los sindicatos y conservadores en las asociaciones profesionales.

c) Dictados por el Gobierno de la Nación.

d) Dictados por Ley de las Cortes Generales.

19. Según el Título Preliminar de la Constitución, España se constituye en:

a) Un Estado socialista y democrático de Derecho.

b) Un Estado republicano y democrático de Derecho.

c) Un Estado social–demócrata y monárquico.

d) Un Estado social y democrático de Derecho. 20. Cuando dice la Constitución, en su Título Preliminar, que expresan plura-

lismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad po-pular y son instrumentos fundamentales para la participación política, se está refiriendo a: a) El pueblo español.

b) Las Cortes Generales.


c) Los partidos políticos.

d) Los miembros del Gobierno de la Nación.

21. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja; ¿cuál es el ancho de tales franjas?: a) Las tres tienen igual anchura.

b) La amarilla es el doble de ancha que cada una de las rojas. c) Ochenta centímetros cada una.

d) La franja roja superior es el doble de ancha que la amarilla y roja inferiores.

22. ¿En qué fecha fue ratificada por el pueblo español, a través de referéndum, la Constitución española de 1978?:

a) El 29 de diciembre de 1978.

b) El 6 de diciembre de 1978.

c) El 27 de diciembre de 1978.

d) El 31 de octubre de 1978.

23. ¿En qué fecha fue aprobada por las Cortes Generales la Constitución espa-ñola?: a) El 6 de diciembre de 1978.



d) El 31 de octubre de 1978.

24. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución española de 1978?: a) 159 artículos.

b) 165 artículos.

c) 170 artículos.

d) 169 artículos.

25. ¿Qué artículo de la Constitución española establece la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, etc.?:

a) Artículo 10. b) Artículo 12. c) Artículo 14. d) Artículo 30.

26. La Constitución española de 1978:

a) Abole la pena superior a 30 años de cárcel y prohíbe la tortura. b) Abole la pena de muerte y permite la tortura solo en caso extremos.

c) Abole la pena de muerte y prohíbe la tortura.

d) Abole la pena de muerte y permite el trato degradante a los condenados a más de un año de cárcel.


27. ¿Qué confesión religiosa tiene carácter estatal, según la Constitución?: a) La que define el pueblo español en referéndum.

b) La católica. c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

d) La que designe el Gobierno de la Nación.

28. Según la Constitución, ¿puede ser uno privado de sus bienes y derechos?:

a) En ningún caso.

b) Sí, cuando lo determine de forma arbitraria el Gobierno. c) Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social.

d) Sí, sin necesidad de justificación alguna.

29. El derecho a entrar y salir de España:

a) Puede ser limitado a los españoles por motivos políticos. b) Puede ser limitado a los españoles por motivos ideológicos. c) Puede ser limitado a los españoles por motivos económicos y culturales.

d) No podrá ser limitado por motivos políticos e ideológicos.

30. Los españoles tienen deber de contribuir al sostenimiento de los gastos pú-blicos: a) Con la aportación de un diez por ciento de sus ingresos brutos anuales.

b) De acuerdo con la capacidad económica de cada uno. c) Con la aportación de un diez por ciento de sus ingresos anuales.

d) Con la aportación de un veinticinco por ciento de sus ingresos netos anuales.

31. Las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar, según la Constitu-ción: a) Están permitidas.

b) Están permitidas las primeras y prohibidas las segundas. c) Están prohibidas.

d) Tienen que renovar sus estatutos anualmente.

32. El recurso idóneo para recabar la tutela de los derechos y las libertades pú-blicas reconocidas en el Capítulo II Título I de la Constitución será: a) El recurso de amparo.

b) El recurso de apelación.

c) El recurso de súplica.

d) El recurso de inconstitucionalidad.

33. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad según la Cons-titución:

a) Estarán orientadas a la imposición de correctivos físicos. b) Estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. c) Tendrán como fin la humillación de los condenados. d) Podrán consistir en trabajos forzosos.


34. Los Tribunales de Honor, según la Constitución:

a) Están permitidos exclusivamente en el ámbito de la Administración Civil. b) Están prohibidos en el ámbito de las organizaciones profesionales y de la

Administración Civil. c) Están permitidos exclusivamente en el ámbito de las organizaciones profesio-

nales. d) Los permite la Constitución y las leyes.

35. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación: a) Realizando programas concretos de enseñanza con destino a cada uno de los

grupos sociales existentes.

b) Mediante una programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes.

c) Interviniendo en el control y gestión de todos los centros de enseñanza.

d) Fomentando el control de todos los centros de enseñanza por los profesores y los padres de los alumnos.

36. Según la Constitución, ¿quiénes intervienen en el control y gestión de los centros de enseñanza sostenidos por la Administración con fondos públi-cos?: a) Los profesores, los padres, y, en su caso, los alumnos. b) Los alumnos y los directores de los centros.

c) Los padres y representantes de la Administración Pública. d) Los alumnos y los profesores.

37. La Constitución española no consagra uno de los siguientes derechos:

a) Al honor. b) A la intimidad personal.

c) A la intimidad general.

d) A la imagen de uno mismo.

38. Según la Constitución española de 1978, son mayores de edad: a) A los dieciséis años.

b) A los dieciocho años.

c) A los veinte años.

d) A los veintiún años.

39. Según la Constitución española, ¿puede penetrarse en el domicilio particu-lar de cualquier ciudadano y procederse a su registro?:

a) Sí, en cualquier caso.

b) No, porque el domicilio es siempre inviolable.

c) Sí, pero solamente cuando lo consienta su titular, por resolución judicial y en caso de flagrante delito.

d) Sí, pero exclusivamente cuando exista un mandamiento del Gobierno.


40. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: a) En cualquier caso, por la mayoría absoluta de cualquier Cámara.

b) En cualquier caso, por la mayoría de 3/5 de cada Cámara. c) Mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. d) Mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras en la primera votación del proyec-

to de reforma.

41. ¿Podrá iniciarse la reforma de la Constitución estando declarado el «estado de sitio»?: a) Sí, por permitirlo la Constitución.

b) No, por prohibirlo la Constitución.

c) Sí, si además está declarado el estado de alarma. d) Sólo en casos previstos al respecto en la Constitución.

42. La revisión parcial de la Constitución que afecte a su Título Preliminar ha de tramitarse: a) Por el procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución.

b) Por el procedimiento especial que determinen las Cortes Generales.

c) Por el procedimiento extraordinario del artículo 168 de la Constitución.

d) Por el procedimiento extraordinario que establezca el Tribunal Constitucional.

43. Los proyectos de reforma constitucional que se tramiten por el procedi-miento al que se refiere la pregunta anterior, deberán ser aprobados por: a) La mayoría de 2/3 de los miembros de cada Cámara. b) La mayoría de 3/5 de los miembros de cada Cámara. c) La mayoría simple de los miembros de cada Cámara. d) La mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

44. A uno de los siguientes órganos no corresponde la iniciativa para reformar la Constitución: a) Al Gobierno. b) Al Tribunal Constitucional.

c) A las Asambleas de las Comunidades Autónomas mediante la solicitud de és-tas al Gobierno.

d) Al Senado.

45. Cuando la regencia sea nombrada por las Cortes Generales se compondrá de: a) Una persona.

b) Una o tres personas.

c) Una, tres o cinco personas.

d) Una, dos o tres personas.


46. No compete al Rey:

a) Expedir los Decretos acordados por el Consejo de Ministros. b) Designar en todo caso al Presidente del Gobierno. c) Disolver las Cortes Generales.

d) Nombrar a los Ministros.

47. El artículo 62 de la Constitución dice que corresponde al Rey: a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. b) Aprobar las leyes.

c) Declarar el estado de excepción.

d) Establecer tributos.

48. La regencia se ejercerá durante:

a) La minoría de edad del Rey.

b) El tiempo que las Cortes Generales estimen necesario. c) El tiempo que en su testamento haya dispuesto el Rey difunto. d) No existe plazo.

49. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales:

a) Entrará a ejercer inmediatamente la regencia el Príncipe heredero de la Coro-na si fuere mayor de edad.

b) Será destituido automáticamente del título de Rey. c) Ejercerá la regencia provisionalmente el Presidente del Gobierno de la Na-

ción. d) Entrará a ejercer inmediatamente la regencia la Reina consorte.

50. ¿Qué título de la Constitución española de 1978 está dedicado a «Economía y Hacienda»?: a) El Título IV

b) El Título V. c) El Título VI. d) El Título VII.


TEST GENERAL N.º 5 1. De la Constitución española de 1978 se desprende:

a) Que la Monarquía en España ha quedado configurada como un poder neutro y moderador.

b) Que el Rey, como jefe del Estado, ostenta el poder político de la Nación.

c) Que el Rey gobierna el Estado.

d) Que el Rey ostenta la más alta función administrativa ya que ha de sancionar las leyes.

2. Las renuncias en el orden sucesorio a la Corona:

a) Deberán formalizarse ante el Pleno del Congreso.

b) No surtirán efecto hasta que no sean ratificadas por el pueblo en Referéndum.

c) Se resolverán por Ley orgánica.

d) No deben revestir forma especial.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho de cara a la sucesión, pro-veerá ésta: a) El Gobierno. b) Las Cortes Generales.

c) El Tribunal Constitucional.


4. Una de las siguientes personas no podrá ser tutor del Rey: a) La que hubiere nombrado el Rey difunto.

b) El padre o la madre, mientras permanezcan casados. c) La que nombren las Cortes Generales.

d) Un ascendiente directo del Rey, aunque sea también Regente.

5. Según la Constitución española de 1978, ¿quién es el Jefe del Estado espa-ñol?: a) El Presidente del Gobierno.

b) La persona que designe libremente el Rey.

c) El Rey. d) En la actualidad no existe Jefe del Estado ya que desde la aprobación de la

Constitución existe un Rey y un Presidente del Gobierno.

6. Conforme a la Constitución española, ¿cuál de los siguientes puntos no es correcto?: a) El Rey asume la más alta representación del Estado español en las relaciones

internacionales.

b) El Príncipe heredero al alcanzar los 14 años de edad prestará juramento de fi-delidad al Rey.

c) La corona de España es hereditaria en los sucesores de su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón.

d) La sucesión al trono seguirá orden regular de primogenitura y representación.


7. Según la Constitución española aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales:

a) Quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

b) Podrán reinar pero necesitan divorciarse previamente de su cónyuge.

c) Quedarán excluidas en la sucesión a la corona por si pero no sus descendien-tes.

d) La Constitución no prevé nada al respecto, sino el Código Civil.

8. Según la Constitución española, la Regencia se ejercerá:

a) Por mandato constitucional y siempre en nombre del pueblo español.

b) Por mandato del Rey y siempre en nombre de la Constitución. c) Por mandato de las Cortes Generales y siempre en nombre del Gobierno.

d) Por mandato Constitucional y siempre en nombre del Rey.

9. La propuesta y el nombramiento, en su caso, del Presidente del Gobierno español se realizará: a) Por el Rey.

b) Por el Presidente del Congreso de los Diputados.

c) Por el Consejo de Ministros.

d) Por el Consejo de Estado.

10. Corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas: a) Al Presidente del Gobierno.

b) Al Rey. c) Al Ministro del ramo. d) A las Cortes Generales.

11. El Fiscal General del Estado es nombrado por:


b) El Gobierno, a propuesta del Rey.

c) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

d) El Ministro de Justicia.

12. Los actos del Rey serán refrendados por:

a) El Congreso.

b) El Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes.


d) El Consejo General del Poder Judicial. 13. El Rey de España puede ser condenado por los Tribunales:

a) Siempre que los actos que realice sean llevados a cabo por el desempeño de las funciones que le son atribuidas por la Constitución.

b) Siempre que dichos actos sean contrarios a la ley. c) Nunca, pues su persona es inviolable.

d) Previa denuncia del Consejo General del Poder Judicial.


14. Las abdicaciones y renuncias a la Corona:

a) Se resolverán por acuerdo del Pleno del Congreso y el Senado reunidos en se-sión conjunta.

b) Se resolverán por la Ley Orgánica.

c) La Ley Orgánica está reservada, exclusivamente, para resolver dudas de hecho o de derecho en el orden de sucesión a la Corona.

d) Se resolverán por la simple aceptación de la voluntad del titular de la Corona o heredero a la misma que protagonicen tal conducta.

15. ¿A quién corresponde declarar la guerra y hacer la paz?: a) Al Congreso. b) Al Gobierno. c) Al Rey, previa autorización de las Cortes Generales. d) Al Presidente del Gobierno.

16. Constituye una de las funciones del Rey, de carácter ejecutivo, atribuida por la Constitución: a) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente

por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

b) Ejercer el derecho de gracia.

c) Convocar y disolver las Cortes Generales.

d) Prestar juramento ante las Cortes Generales.

17. ¿A quién corresponde sancionar y promulgar las leyes?: a) Al Gobierno. b) A las Cortes Generales.

c) Al Presidente del Gobierno.

d) Al Rey.

18. Si el Rey en su Testamento no designara al tutor del Rey menor de edad: a) Será tutor el que nombren las Cortes Generales.

b) Lo será el padre o madre mientras permanezcan viudos. c) Será designado como tutor el Regente.

d) Se constituirá un Consejo formado por una, tres o cinco personas.

19. El Rey puede ejercer: a) Excepcionalmente el derecho de gracia general.

b) El derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos ge-nerales.

c) El derecho de conceder indultos generales.

d) La prerrogativa de gracia en el supuesto de responsabilidad criminal de un miembro del Gobierno.


20. En el supuesto de que se extingan todas las líneas establecidas en la Consti-tución para la sucesión de la Corona:

a) Las Cortes Generales nombrarán un Regente.

b) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la forma que más convenga a los intereses de España.

c) Las Cortes Generales desempeñarán las funciones de Regencia.

d) La Constitución prevé una línea especial.

21. No es función del Rey:

a) Sancionar y promulgar las leyes.

b) Nombrar al Fiscal General del Estado.

c) Declarar la guerra sin necesidad de autorización alguna. d) Nombrar a los Ministros.

22. Si el Rey, en el ejercicio de sus funciones, realiza actos que no se encuentran refrendados por institución alguna, éstos: a) Carecen de validez, excepto los dedicados al nombramiento y cese de los

miembros civiles y militares de su Casa.

b) Son nulos, excepto si obtuvo delegación expresa para ellos. c) Son válidos, puesto el Rey no está sujeto a responsabilidades.

d) No son válidos, excepto si son aprobados en Consejo de Ministros.

23. Tras la promulgación de la Constitución española de 1978, la forma política del Estado español es:

a) Monarquía absoluta, con reconocimiento de los derechos y libertades funda-mentales de los ciudadanos.

b) Democracia basada en una organización bicameral.

c) Estado de economía mixta.

d) Monarquía parlamentaria.

24. En el supuesto de que fuera nombrado un Regente extranjero:

a) Las Cortes Generales le concederán inmediatamente la nacionalidad española.

b) Tendrá que prestar juramento ante las Cortes Generales. c) Es necesario que el Regente sea español y mayor de edad. d) Sólo ejercerá la Regencia hasta que sea designado un Regente de nacionalidad

española.

25. El Presidente de cada Comunidad Autónoma:

a) Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo de Ministros. b) Será nombrado por el Rey, elegido por la Asamblea. c) Será elegido por el Rey.

d) Será separado por el Rey.

26. Los cargos de Regente y tutor:

a) No podrán acumularse.

b) Podrán acumularse en el padre, madre o ascendiente directo del Rey.


c) Podrán acumularse en la persona nombrada por el Rey. d) Podrán acumularse solamente cuando así lo haya dispuesto expresamente el

Rey.

27. Si no hubiera persona a quien corresponda la Regencia está será nombrada por:

a) El Presidente del Gobierno.


c) El Consejo de Ministros.

d) El Consejo de Estado.

28. El título del Rey es de: a) Rey de España y sus Colonias.

b) Rey del Imperio español.

c) Rey español.

d) Rey de España.

29. No es función del Rey:

a) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.

b) Acreditar a los representantes diplomáticos.

c) Elegir a los embajadores.

d) Separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.

30. El Rey tiene, entre otras funciones, la de presidir las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobier-no, a los efectos de:

a) Ser informado de los asuntos del Estado.

b) Dar su voto en la aprobación definitiva de los asuntos de Estado que se traten en el Consejo de Ministros.

c) Proponer proposiciones de ley.

d) Dar al Consejo de Ministros las directrices a seguir en materia de política na-cional e internacional.

31. ¿Cuál de las siguientes es una función del Rey?:

a) Autorizar a las Cortes Generales para declarar la guerra. b) Proponer al Presidente del Gobierno el nombramiento de los miembros de és-

te. c) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente

por medio de tratados de conformidad con la Constitución y las leyes.

d) Proponer el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional.

32. La elección del Presidente de cada Comunidad Autónoma corresponde: a) Al Rey. b) Al Presidente del Gobierno de la Nación.

c) A la Asamblea Legislativa de cada Comunidad Autónoma. d) A las Cortes Generales.


33. ¿Cuál de las siguientes no es una función del Rey?: a) Sancionar las leyes.

b) Aprobar y expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. c) Disolver las Cortes Generales.

d) Ejercer el Derecho de Gracia.

34. Según la Constitución española, la Reina consorte o el consorte de la Reina:

a) Reinará en caso de fallecimiento de su cónyuge.

b) No podrá asumir funciones constitucionales, salvo cuando ejerza la Regencia.

c) Solamente podrá asumir funciones constitucionales si tras el fallecimiento de su cónyuge éste así lo testó.

d) Responderá políticamente, al igual que su cónyuge, ante las Cortes Generales.

35. Las leyes mediante las cuales se atribuye a una o a varias Comunidades Au-tónomas, la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el contexto de los principios, bases y directrices de una ley estatal, se denomi-nan: a) Las leyes marco.

b) Las leyes de armonización.

c) Las leyes de principio.

d) Las leyes de bases.

36. La iniciativa de los proyectos de ley en el Estado corresponden: a) Al Gobierno. b) Al Congreso de los Diputados.

c) Al Senado. d) Al Presidente del Gobierno.

37. La firma de Tratados y Convenios Internacionales de carácter militar re-querirá:

a) Dar cuenta de forma inmediata al Congreso y al Senado. b) La previa autorización de las Cortes Generales.

c) La sola autorización del Rey.

d) La previa autorización del Congreso de los Diputados.

38. Las sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado serán presididas por: a) El Presidente del Congreso o del Senado, según sea más antiguo en el cargo.

b) El Presidente del Congreso o del Senado, alternativamente. c) El Presidente del Congreso.

d) El Presidente del Senado.

39. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores sólo podrán ser inculpados y procesados con la autorización de:

a) Las Cortes Generales en Pleno.

b) La Cámara respectiva a la que pertenezcan.


c) El Tribunal Supremo en Pleno.

d) El Gobierno.

40. Las sesiones conjuntas del Congreso de los Diputados y del Senado se regi-rán por:

a) El Reglamento del Congreso de los Diputados.

b) El Reglamento del Senado.

c) El Reglamento de las Cortes Generales.

d) El Reglamento del Congreso, si la sesión se celebra en el Congreso, y el Re-glamento del Senado si la sesión se celebra en el Senado.

41. El voto de los Diputados y de los Senadores es:

a) Personal e indelegable.

b) Personal y puede delegarse bajo determinadas condiciones. c) Personal y automático.

d) Personal y puede delegarse únicamente en miembros del mismo Grupo Par-lamentario.

42. Los Diputados son elegidos mediante el llamado sistema: a) Proporcional.

b) General. c) Mayoritario. d) D'Hont.

43. La Diputación Permanente de las Cámaras se compondrá, según la Consti-tución:

a) Por veintiún miembros.

b) Por un máximo de veintiún miembros.

c) La Constitución no prevé su constitución.

d) Por un mínimo de veintiún miembros.

44. De acuerdo con la Constitución, debe regularse mediante Ley Orgánica: a) La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley.

b) El Estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. c) Las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social.

d) El establecimiento de Tributos.

45. Hablando de elección de Diputados del Congreso, a cada provincia española corresponde elegir, inicialmente: a) Dos Diputados.

b) Cuatro Diputados.

c) Cuatro Diputados, excepto las islas mayores a las que corresponde tres.

d) Se asigna una representación mínima inicial a cada circunscripción, y se dis-tribuyen los demás en proporción a la población.


46. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas, cada una de ellas, en el Congreso de los Diputados, por:

a) Un mínimo inicial de dos Diputados.

b) Un Diputado. c) Cuatro Diputados.

d) Dos Diputados.

47. Durante el período de su mandato, los Diputados y Senadores: a) Gozan de inmunidad.

b) Sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. c) Sólo podrán ser detenidos por orden gubernamental. d) Tanto a) como b).

48. La autorización al Gobierno para declarar el estado de excepción es compe-tencia de: a) Las Cortes Generales.

b) El Senado.

c) El Rey. d) El Congreso de los Diputados.

49. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta:

a) Para elegir al Presidente del Gobierno.

b) Para ejercer las competencias no legislativas que el Título II de la Constitu-ción atribuye expresamente a las Cortes Generales.

c) Para determinar si procede o no la iniciativa de reforma de la Constitución.

d) Para aprobar los proyectos y proposiciones de leyes presentados por el Go-bierno y por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

50. Según la Constitución, las Cámaras podrán delegar la función de aprobar proyectos o proposiciones de ley en:

a) Las Diputaciones Permanentes.

b) Las Comisiones de Investigación.

c) Las Comisiones Legislativas Permanentes.

d) Las Comisiones de Legislación y Reglamentación.


TEST GENERAL N.º 6 1. Según la Constitución, las conclusiones de las Comisiones de Investigación

nombradas por las Cámaras serán:

a) Vinculantes para los Tribunales.

b) No afectarán a las resoluciones judiciales.

c) No serán vinculantes para los Tribunales.

d) Tanto b) como c).

2. ¿Quién preside la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados?: a) El Presidente del Gobierno.

b) El Presidente del Congreso de los Diputados.

c) La persona designada de entre sus miembros por la Diputación Permanente.

d) El miembro de la misma libremente designado por el Presidente del Congre-so.

3. No es función de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados: a) Aprobar las leyes ordinarias.

b) Proponer reunión del Congreso en sesión extraordinaria. c) Conocer de los Decretos–leyes dictados por el Gobierno. d) Velar por los poderes del Congreso, cuando éste no esté reunido.

4. Las sesiones extraordinarias de las Cámaras deberán convocarse sobre un orden del día: a) Determinado.

b) Indeterminado.

c) Aleatorio. d) Abierto.

5. Según la Constitución, se podrá autorizar la celebración de Tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejerci-cio de competencias derivadas de la Constitución:

a) Mediante Ley Orgánica.

b) Mediante Ley Ordinaria.

c) Mediante Decreto–ley.

d) Mediante Decreto del Gobierno de la Nación.

6. ¿Qué Capítulo del Título III de la Constitución regula las Cámaras que componen las Cortes Generales?:

a) El Capítulo II. b) El Capítulo V. c) El Capítulo I. d) El Capítulo IV.


7. ¿Cuál de los siguientes puntos no es correcto?:

a) Las Cortes Generales representan al pueblo español. b) El Senado es la Cámara Alta de las Cortes Generales. c) Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado.

d) Las Cortes Generales eligen al Defensor del Pueblo.

8. ¿Cuál de los siguientes puntos es correcto?:

a) El Senado otorga la confianza al candidato propuesto para la Presidencia del Gobierno.

b) Un senador puede ser procesado por cualquier Tribunal español sin requisito previo alguno.

c) La soberanía nacional reside en las Cortes Generales. d) Los Diputados y Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la

previa autorización del Congreso de los Diputados o Senado respectivamente.

9. Determinar cuáles de los siguientes españoles pueden ser elegidos Diputa-dos o Senadores:

a) Los Generales del Ejército de Tierra en activo.

b) Los Magistrados y Fiscales en activo.

c) Los componentes del Tribunal Constitucional.

d) Los Abogados y Procuradores de los Tribunales en activo.

10. Conforme a la Constitución española y a efecto de elección de Senadores, determinar cuál de los siguientes puntos no es correcto: a) En la provincia de Soria se elegirán cuatro Senadores. b) En la provincia de Barcelona se elegirán cuatro Senadores.

c) En la Isla de Mallorca se elegirán tres Senadores. d) En Ceuta se elegirá un Senador.

11. ¿Cuándo tienen lugar las elecciones al Congreso de los Diputados?: a) Al mes justo de terminar el anterior mandato.

b) Entre los 15 y los 30 días desde la terminación del anterior mandato.

c) Entre los 30 y los 60 días desde la terminación del anterior mandato.

d) Antes de las 6 semanas siguientes desde la terminación del anterior mandato.

12. Elegido un nuevo Congreso de los Diputados, ¿cuándo ha de ser convoca-do?: a) El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la

celebración de las elecciones.

b) El Congreso electo podrá ser convocado entre los 30 y 60 días desde la cele-bración de las elecciones.

c) El Congreso electo será convocado dentro de los 15 días siguientes a la cele-bración de las elecciones.

d) El Congreso electo será convocado cuando lo considere oportuno el Presiden-te del mismo.


13. Suponiendo que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un total de 4.500.000 habitantes, ¿cuántos Senadores designará, según la Constitución española?: a) Ninguno, ya que sólo elegirán Senadores las provincias españolas.

b) 5, uno por cada millón de habitantes, lo que hace 4, más otro por ser una Co-munidad Autónoma.

c) 10, uno por cada millón de habitantes, lo que hace 9, más otro por tratarse de una Comunidad Autónoma.

d) 5, uno por tratarse de una Comunidad Autónoma y otros 4 por estar formada dicha comunidad por una sola provincia que es la provincia de Madrid.

14. Los Diputados y Senadores:

a) Gozarán de inviolabilidad por las opiniones en sus profesiones privadas.

b) No podrán ser detenidos sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

c) Gozarán de inmunidad durante el período de su mandato. d) Sólo podrán ser detenidos en caso de haber cometido delito grave y doloso.

15. Según la Constitución española las Cámaras que componen las Cortes Ge-nerales se reunirán anualmente en tres períodos ordinarios de sesiones, ¿Cuáles son dichos períodos?:

a) El primero, de enero a marzo; el segundo, de mayo a julio; y el tercero de sep-tiembre a noviembre.

b) La pregunta es incorrecta ya que las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos de sesiones: el primero de septiembre a diciembre; y el segundo, de febrero a junio.

c) Los tres períodos de sesiones serán determinados libremente por el Presidente de cada Cámara a principios de cada año.

d) El primero de enero a abril; el segundo, de mayo a agosto; el tercero de sep-tiembre a diciembre.

16. El Senado es:

a) La Cámara de representación territorial.

b) La Cámara encargada de los asuntos internacionales. c) La representación de las Diputaciones Provinciales. d) Un órgano consultivo.

17. El Congreso de los Diputados se compone de:

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.

b) 250 Diputados.

c) 500 Diputados.

d) Un mínimo de 275 y un máximo de 350 Diputados. 18. ¿Quiénes forman las Cortes Generales?:

a) El Gobierno y el Senado.

b) El Congreso de los Diputados y el Senado.


c) Las Comunidades Autónomas.

d) El Congreso de los Diputados, el Senado y el Tribunal Constitucional.

19. La designación de los Senadores que correspondan a la Comunidad Autó-noma, compete: a) A la Diputación Provincial correspondiente.

b) A las Cortes Generales.

c) Al Parlamento Autonómico, o Asamblea Legislativa. d) Al Rey.

20. El mandato de los Diputados, salvo la disolución anticipada de las Cámaras, tendrá una duración de: a) Cuatro años.

b) Cinco años.

c) Tres años.

d) Dos años, prorrogables por otros dos.

21. Los Diputados son elegidos por:

a) Sufragio universal, indirecto y secreto.

b) El Rey, a propuesta del Presidente del Congreso.

c) Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. d) Los miembros del Senado.

22. La circunscripción electoral es: a) La Comunidad Autónoma.

b) La provincia. c) La comarca.

d) El municipio.

23. Las Cortes Generales ejercen la potestad:

a) Judicial. b) Ejecutiva. c) Legislativa. d) Ninguna.

24. Sólo uno de los siguientes podrá ser elegido Diputado o Senador: a) Un Magistrado del Tribunal Constitucional.

b) Un Fiscal en activo.

c) Un miembro de la Junta Electoral Central.

d) Un miembro del Gobierno.

25. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias:

a) A petición de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cáma-ras.

b) Únicamente si así lo considera oportuno la Diputación Permanente.


c) A petición de los miembros de ambas Cámaras, conjuntamente. d) A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría abso-

luta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 26. Una de las siguientes no es una función de control del Poder Legislativo so-

bre el Gobierno o Poder Ejecutivo: a) La convalidación o derogación de Decretos Leyes aprobados por el Gobierno

en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

b) La facultad de exigir información al Gobierno.

c) La formulación de interpelaciones que puedan dar lugar a mociones.

d) El establecimiento de beneficios fiscales que afecten a los Tributos del Esta-do, mediante ley.

27. El mandato de los Senadores termina:

a) Únicamente cuatro años después de su elección.

b) Tres años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

c) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

d) Cuando así lo determine el Congreso por mayoría simple de sus miembros.

28. Las Disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben la denominación de: a) Leyes Ordinarias.

b) Leyes Orgánicas.

c) Decretos Legislativos.

d) Reglamentos.

29. La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: a) Necesita la autorización del Rey.

b) Será válido sin más.

c) Debe ser ratificado por el Senado.

d) Exigirá la previa revisión constitucional.

30. ¿De qué plazo dispone el Senado para enmendar o vetar un proyecto de ley normal?:

a) De un mes.

b) De dos meses.

c) De 25 días.

d) De 45 días.

31. Del conocimiento de las causas contra Senadores y Diputados será compe-tente: a) El Tribunal Constitucional.

b) La Audiencia Nacional.

c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

d) La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.


32. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratado de carácter político requerirá: a) La autorización del Rey.

b) La autorización del Presidente del Gobierno.

c) La previa autorización de las Cortes Generales.

d) La autorización del Senado exclusivamente.

33. La aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas exigirá: a) Mayoría simple del Congreso.

b) Mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del pro-yecto.

c) Reunión en sesión conjunta del Congreso y Senado y mayoría absoluta de sus miembros.

d) Mayoría simple del Senado.

34. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presi-dente del Gobierno, previamente autorizado por: a) El Presidente del Congreso.

b) El Congreso de Ministros.

c) El Congreso de los Diputados.

d) El Senado.

35. La delegación legislativa se otorgará al Gobierno de forma expresa para materia concreta y: a) Sin límite alguno de tiempo para su ejercicio.

b) Con fijación del plazo para su ejercicio.

c) Con fijación de un plazo para su ejercicio que no exceda de un año.

d) Sin más limitación que las que expresamente determine el Senado.

36. El Rey sancionará las Leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de: a) Diez días. b) Veinte días. c) Un mes. d) Quince días.

37. La iniciativa legislativa corresponde: a) Sólo a los Ministros.

b) Sólo a los Senadores.

c) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.

d) Al Rey. 38. ¿Puede llevarse a cabo la disolución del Congreso de los Diputados a pro-

puesta del Presidente del Gobierno, cuando esté en trámite una moción de censura?: a) Sí. b) Exclusivamente cuando sea ratificada por el Congreso.


c) Sí, silo aprueba el Rey.

d) No, en ningún caso.

39. ¿A quién corresponde velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas?: a) A la Diputación Permanente de las Cortes Generales. b) A la Comisión de Vigilancia de las Cortes Generales. c) A la Diputación Permanente de cada Cámara.

d) Al Consejo de Estado.

40. Expirado el mandato parlamentario o en caso de disolución de las Cortes, las Diputaciones Permanentes de ambas Cámaras:

a) Cesarán en sus funciones desde ese momento.

b) Seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.

c) Seguirán ejerciendo sus funciones durante el periodo que determine el Go-bierno de la Nación.

d) Seguirán ejerciendo sus funciones durante tres meses a partir de la disolución de las Cortes Generales.

41. Para que se adopten acuerdos en la Cámara Baja o Congreso de los Dipu-tados éste deberá estar reunido reglamentariamente y con asistencia de: a) La mayoría de sus miembros.

b) La mayoría absoluta de sus miembros, necesariamente. c) Al menos un tercio de sus miembros.

d) Todos los miembros del Gobierno.

42. Por iniciativa popular se pueden presentar proposiciones de ley, pero para ello es necesario:

a) Un mínimo de un millón de firmas acreditativas.

b) Un mínimo de quinientas mil firmas acreditativas. c) Un mínimo de cien mil firmas acreditativas.

d) Un mínimo de trescientas mil firmas acreditativas.

43. Las Disposiciones Legislativas provisionales dictadas por el Gobierno de la Nación para casos de extraordinaria y urgente necesidad, llevan el nombre de: a) Decretos–leyes.

b) Decretos legislativos.

c) Decretos reglamentarios.

d) Leyes urgentes.


44. Según la Constitución, las decisiones políticas de especial trascendencia:

a) Han de ser tomadas por las Cortes Generales, reunidas en sesión conjunta de ambas Cámaras.

b) Han de ser tomadas por el Consejo de Ministros, en reunión a la que es obli-gatoria la asistencia del Rey.

c) Podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

d) Han de ser aprobadas en sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados y por un mínimo de 3/5 partes de sus miembros.

45. Los Decretos–leyes aprobados por el Gobierno:

a) Deberán ser sometidos a debate y votación del Senado. b) Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación en el Congreso de

los Diputados, respecto a la totalidad de su contenido. c) Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de la totalidad de

las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta de sus Cámaras.

d) No han de ser sometidas a debate ni votación de la totalidad del Congreso de los Diputados ya que se dictarán por delegación expresa de éste.

46. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por: a) El Congreso.

b) El Consejo de Ministros.

c) El Rey. d) El Tribunal Supremo.

47. El Tribunal Constitucional no es competente para conocer: a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas

con fuerza de ley.

b) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autóno-mas.

c) De los conflictos de competencia entre Comunidades Autónomas.

d) De las causas contra Diputados y Senadores.

48. ¿Qué Tribunal es competente para conocer de los conflictos constituciona-les de competencia entre dos Comunidades Autónomas?:

a) El Tribunal Supremo.

b) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma con más pobla-ción.

c) El Tribunal de Conflictos Constitucionales.

d) El Tribunal Constitucional.

49. Respecto de las sentencias del Tribunal Constitucional, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Se publicarán en el BOE.

b) Cabe el recurso de casación contra ellas.

c) Se publicarán sin los votos particulares aunque los hubiere. d) No tienen valor de cosa juzgada.


50. La cuestión de inconstitucionalidad se planteará por el órgano judicial afec-tado ante el Tribunal Constitucional: a) En cualquier momento del procedimiento, una vez sea consciente de la nece-

sidad de aplicar una ley para la resolución del caso que sea contraria al Texto Constitucional.

b) Siempre antes de que el procedimiento sea recibido a prueba.

c) Siempre antes de que el procedimiento sea declarado concluso para dictar sentencia.

d) Siempre antes de que sea dictada la sentencia, una vez declarado el procedi-miento concluso, y dentro del plazo fijado para resolver.


TEST GENERAL N.º 7 1. El Tribunal Constitucional:

a) Depende de las Cortes Generales y está sometido exclusivamente a la Consti-tución.

b) Es independiente de todos los órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c) Depende del Consejo General del Poder Judicial y está sometido sólo a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

d) Sus miembros son independientes e inamovibles en el ejercicio de su manda-to.


a) El Presidente del Gobierno elige al Presidente del Tribunal Constitucional.

b) El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer el recurso de inconsti-tucionalidad contra las leyes.

c) El Presidente del Gobierno está legitimado para interponer recurso de incons-titucionalidad contra la violación de los derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución.

d) Cualquier persona natural está legitimada para interponer el recurso de in-constitucionalidad contra actos con fuerza de ley.


a) El Gobierno de la Nación propone a dos de los 14 miembros de que se com-pone el Tribunal Constitucional.

b) Todos los miembros del Tribunal Constitucional han de ser juristas de reco-nocida competencia con más de 12 años de ejercicio profesional.

c) El Consejo General del Poder Judicial propone a dos de los miembros de que se compone el Tribunal Constitucional.

d) Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey, desig-nados por un período de 4 años y renovables por terceras partes cada año.

4. La enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado co-rresponde: a) Al Gobierno. b) A las Cortes Generales.

c) Al Congreso de los Diputados.

d) Al Senado.

5. Las sentencias del Tribunal Constitucional: a) No tienen valor de cosa juzgada.

b) Tienen valor de cosa juzgada desde el momento en que adquieran firmeza.

c) Tienen valor de cosa juzgada desde el día siguiente a su publicación.

d) Tienen valor de cosa juzgada desde que las partes renuncian a interponer co-ntra ellas los recursos pertinentes.


6. ¿Cuál de las competencias que se enumeran no corresponde al Tribunal Constitucional?: a) Conocer del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes.

b) Conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades fundamentales.

c) Conocer de los recursos de suplicación.

d) Conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

7. El período de mandato del Presidente del Tribunal Constitucional es de: a) Nueve años.

b) Cinco años.

c) Cuatro años.

d) Tres años.

8. ¿Quién propone para su nombramiento al Presidente del Tribunal Consti-tucional?: a) El Tribunal Constitucional en Pleno.


c) El Gobierno de la Nación.

d) El Consejo General del Poder Judicial.

9. El recurso de amparo debe formularse:

a) Ante el Tribunal Supremo.

b) Ante el Tribunal Constitucional.

c) Ante los Juzgados y Tribunales ordinarios.

d) Ante el Consejo General del Poder Judicial.

10. ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone el Consejo Gene-ral del Poder Judicial?: a) Cuatro. b) Seis. c) Cinco. d) Dos.

11. ¿De cuántos miembros está compuesto el Tribunal Constitucional?: a) Ocho. b) Doce. c) Diez. d) Catorce.

12. Indicar cuál de las siguientes no es una función del Gobierno:

a) Declarar, mediante Decreto, el estado de alarma.

b) Dictar Decretos–leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

c) La iniciativa Legislativa.

d) Aprobar proposiciones de ley y someterlas al Congreso de los Diputados.


13. El estado de sitio, según la Constitución española: a) Ha de ser declarado por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Go-

bierno. b) Ha de ser declarado por el Gobierno de la Nación. c) Ha de ser declarado por el Rey, a propuesta del Gobierno. d) Ha de ser declarado por el Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputa-

dos.

14. Indicar cuál de las siguientes es una función que corresponde al Gobierno: a) Dictar decretos legislativos sin autorización de las Cortes Generales.

b) Aprobar proyectos de ley y someterlos al Congreso de los Diputados.

c) Aprobar proposiciones de ley.

d) Declarar, mediante ley, el estado de excepción en el país.

15. No aprobado inicialmente por las Cámaras un proyecto de reforma consti-tucional, la presentación de un nuevo texto deberá ser efectuada por: a) Una Comisión Delegada del Gobierno.

b) La Comisión Legislativa Permanente.

c) Una Comisión Paritaria de Diputados y Senadores.

d) Una Comisión de Estudio integrada por Diputados y Senadores.

16. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: a) El Gobierno nombra a los miembros del Tribunal Constitucional. b) El Gobierno elige a los miembros del Tribunal Constitucional. c) El Gobierno propone al Rey el nombramiento de dos miembros del Tribunal

Constitucional. d) El Gobierno propone al Congreso de los Diputados la declaración del estado

de excepción. 17. Indicar cuál de las siguientes funciones corresponde al Gobierno de la Na-

ción: a) Aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

b) Emitir deuda pública, previa autorización del Rey. c) Declarar el estado de sitio.

d) Emitir deuda pública, previa autorización por ley.

18. La función de asegurar la coordinación entre los distintos Ministerios co-rresponde: a) Al Ministerio de la Presidencia.

b) Al Presidente del Gobierno.

c) Al Consejo de Ministros.

d) Al Congreso de los Diputados.

19. Indicar cuál de las siguientes es una función del Presidente del Gobierno: a) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

b) Convocar referéndum.


c) Nombrar a los Ministros.

d) Disolver el Congreso de los Diputados, el Senado o ambas Cámaras.

20. El Gobierno está compuesto por:

a) El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley.

b) El Rey, el Presidente y los Ministros.

c) El Presidente y el Consejo de Estado.

d) El Presidente y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

21. ¿Cuál de las funciones siguientes no es propia del Presidente del Gobierno?: a) Nombrar y separar a los Ministros a propuesta del Rey. b) Proponer el nombramiento de los Ministros.

c) Interponer recurso de inconstitucionalidad.

d) Proponer al Rey, previa autorización del Congreso, la convocatoria a referén-dum.

22. ¿En cuál de los supuestos siguientes no se produce el cese del Presidente del Gobierno?: a) En caso dé que fallezca.

b) En caso de que dimita.

c) En los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en la Constitu-ción.

d) En los casos de dimisión de uno o más Ministros. 23. El nombramiento del Vicepresidente del Gobierno es competencia:

a) Del Presidente del Gobierno.

b) De las Cortes Generales.

c) Del Rey. d) Del Congreso.

24. ¿Cuál de las funciones siguientes cae fuera de la competencia del Presidente del Gobierno?: a) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución

de las Cámaras o de una de ellas.

b) Proponer el nombramiento de los Ministros.

c) Expedir los Decretos acordados en Consejo de Ministros. d) Presidir las reuniones de Gobierno y coordinar las funciones de sus miembros.

25. El Presidente del Gobierno: a) Podrá ejercer actividad profesional o mercantil cualquiera. b) No podrá ejercer actividad profesional o mercantil alguna. c) Podrá ejercer la actividad mercantil pero no profesional. d) Podrá ejercer la actividad profesional que venía ejerciendo con anterioridad a

su elección como presidente.


DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINAL

26. Los Derechos históricos de los territorios forales: a) Son amparados y respetados por la Constitución.

b) Son ignorados por la Constitución.

c) Son derogados por la Constitución.

d) Son reconocidos por la Constitución.

27. La actuación del régimen foral: a) Se llevará a cabo al margen del marco Constitucional. b) Se llevará a cabo sólo en el marco de los Estatutos de Autonomía.

c) Se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

d) No se producirá en caso alguno, al haber sido derogados los derechos forales históricos por la Constitución.

28. La declaración de la mayoría de edad contenida en el artículo doce de la Constitución: a) Deroga las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del

Derecho Privado.

b) No perjudica dichas situaciones.

c) Traslada dichas situaciones y las ampara en el ámbito del Derecho Privado Estatal.


29. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario re-querirá:

a) Aprobación por mayoría absoluta de las Cámaras.

b) Informe previo del Consejo de Estado.

c) Informe previo del Gobierno Autónomo.

d) Informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provi-sional autonómico.

30. En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audien-cia Territorial, hoy Tribunales Superiores de Justicia, los Estatutos de Au-tonomía respectivos: a) Deberán mantener las existentes.

b) Podrán mantener las existentes.

c) Transformarán en Audiencias Provinciales todas las existentes, menos una.

d) Podrán mantener las existentes, pero acumulando en una de ellas todas las competencias.


31. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, la ini-ciativa autonómica atribuida a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes: a) Pudo ser sustituida por acuerdo de sus órganos colegiados superiores.

b) Tal acuerdo al que se refiere la opción a) debió haberse adoptado por mayoría de tres quintos de sus miembros.

c) Se asumió por sus órganos colegiados superiores.

d) Se sustituyó por acuerdo del Consejo Provisional de Gobierno.

32. El proyecto de Estatuto de los territorios que en el pasado hubieran plebis-citado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía, se tramitaron en su día de acuerdo con lo establecido en el artículo:

a) 148.1 de la Constitución.

b) 151.1 de la Constitución.

c) 151.2 de la Constitución.

d) 148.2 de la Constitución.

33. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones Loca-les y sus miembros: a) Quedó diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración por vez primera de

elecciones municipales una vez vigente la Constitución. b) Quedó diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las siguientes

elecciones generales.

c) Quedó diferida por un periodo de un año.

d) Quedó diferida por un periodo de seis meses, dentro del cual se convocaron las primeras elecciones municipales.

34. En el caso de Navarra, la iniciativa autonómica correspondió: a) Al Consejo General Vasco.

b) Al régimen autonómico que lo sustituyó.

c) Al Órgano Foral competente.

d) Al órgano pertinente de los tres anteriores, adoptado el acuerdo por mayoría absoluta de los miembros que lo componían.

35. La decisión del órgano indicado en la pregunta anterior:

a) No precisó de ratificación por referéndum.

b) Debió ser ratificado mediante referéndum expresamente convocado al efecto.

c) Tal referéndum tuvo que arrojar un resultado de mayoría absoluta de votos válidos emitidos.


36. Para el caso de que no prosperase la iniciativa, estaba constitucionalmente previsto que no podría ser reproducida hasta que no transcurriera un plazo de: a) Cinco años.

b) Cuatro años.


c) Tres años.

d) Dos años.

37. Se previó la posibilidad de que las ciudades de Ceuta y Melilla se constitu-yeran en Comunidades Autónomas:

a) Tendrían que decidirlo sus respectivos Ayuntamientos mediante acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de sus miembros.

b) Además de la decisión del Ayuntamiento por la mayoría correspondiente, tal constitución debería ser autorizada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

c) Su constitución como Comunidades Autónomas precisaba, exclusivamente, de la autorización de las Cortes por medio de ley orgánica.


38. Cuando se remitieren varios proyectos de Estatuto a la Comisión Constitu-cional del Congreso: a) Se dictaminarán en el plazo máximo de dos meses.

b) Se dictaminarán por orden de mayor a menor número de habitantes del territo-rio que opta al autogobierno.

c) Se dictaminarán por orden de entrada en aquélla.

d) El plazo de dos meses a que se refiere el artículo correspondiente del Título Octavo empezará a contar desde que la Comisión inicie su estudio.

39. Los órganos constitucionales preautonómicos se consideraban disueltos: a) Una vez convocadas las elecciones de las que saldrían los miembros de los

órganos que establecieron los Estatutos de Autonomía. b) En el supuesto de que la iniciativa autonómica no llegara a prosperar por no

cumplir los requisitos previstos en la Constitución. c) Por no ejercer los territorios dotados con organismos autonómicos el derecho

de sustituir la iniciativa de las Diputaciones Provinciales en el plazo de cinco meses.

d) Por haber transcurrido dos años desde su constitución provisional.

40. El mandato de las Cámaras que aprobaron la Constitución en ningún caso podía extenderse en el tiempo más allá:

a) Del 15 de junio de 1979.

b) Del 15 de junio de 1980.

c) Del 15 de junio de 1981.

d) Del 15 de junio de 1982.

41. La promulgación de la Constitución fue considerada como supuesto consti-tucional en el que procedía: a) La disolución de las Cortes.

b) La convocatoria de elecciones generales.


c) El inicio de turno real de consultas con los representantes de los grupos políti-cos con representación parlamentaria, para la proposición de un candidato a Presidente del Gobierno.


42. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional: a) Se procederá a su íntegra renovación.

b) Se procederá a la renovación y designación de cuatro de sus miembros, por sorteo.

c) Se procederá a tal renovación, cesando los cuatro miembros de mayor edad.

d) Se procederá a tal renovación, cesando los cuatro miembros más jóvenes.

43. La Constitución Española declaró derogada:

a) La Ley 1/1977 para la Reforma Política.

b) La Ley de Principios del Movimiento Nacional.

c) La Ley Constitutiva de las Cortes.

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

44. También considera nuestra Constitución definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839:

a) En lo que pudiera afectar a las provincias catalanas. b) En lo que pudiera afectar a Navarra.

c) En lo que pudiera afectar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. d) En lo que pudiere afectar a Gibraltar, Ceuta y Melilla.

45. La Constitución Española: a) No contiene una disposición derogatoria genérica. b) Contiene una disposición derogatoria genérica.

c) La disposición derogatoria genérica está referida a las leyes que se opongan al contenido del Título Preliminar.

d) La disposición derogatoria genérica está referida a las normas que se opongan al contenido de los Títulos Primero y Segundo.

46. La Constitución Española entró en vigor:

a) A los veinte días de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

b) Al mes de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

c) El mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Es-tado.

d) A los seis meses de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado.

47. La Constitución Española fue publicada: a) Exclusivamente en castellano.

b) Se publicó también en las demás lenguas de España.


c) Se publicó, además, en los idiomas oficiales de la Comunidad Económica Eu-ropea, inglés y francés.

d) Se publicó en todas las lenguas de Europa.

48. Finalmente, la Constitución contenía un mandato para que fuese guardada y hecha guardar dirigido a: a) Todos los españoles y residentes en España.

b) Todos los españoles, particulares y autoridades.

c) Todas las autoridades de España.

d) Todos los particulares del Estado.

49. Tal imperativo contenido en la pregunta anterior tenía como fundamento que la Constitución es la norma: a) Fundamental del Estado.

b) Primordial del Estado.

c) Central del Estado.

d) Esencial del Estado.

50. El texto constitucional fue firmado en el Palacio de las Cortes por el Rey y el resto de autoridades: a) El 28 de diciembre de 1978.



d) El 29 de diciembre de 1978.


TÍTULO PRELIMINAR

1. a 2. c 3. d 4. a 5. b

6. a 7. c 8. b 9. c

10. c

11. a 12. b 13. c 14. c 15. d

16. b 17. d 18. c 19. c 20. d

21. d 22. c 23. a 24. d 25. d

26. b 27. c 28. c 29. a 30. c

TÍTULO I DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

1. b 2. c 3. d 4. c 5. c 6. c 7. a 8. a 9. d

10. b 11. b 12. d 13. a 14. c 15. b 16. a 17. b 18. c 19. c 20. c 21. b 22. d

23. c 24. c 25. b 26. a 27. c 28. d 29. d 30. b 31. b 32. a 33. b 34. d 35. b 36. c 37. b 38. d 39. a 40. b 41. d 42. d 43. a 44. b

45. a 46. c 47. c 48. d 49. c 50. d 51. a 52. c 53. b 54. a 55. c 56. d 57. c 58. b 59. d 60. c 61. b 62. d 63. a 64. b 65. a 66. b

67. d 68. c 69. b 70. c 71. a 72. b 73. c 74. c 75. a 76. d 77. d 78. c 79. c 80. b 81. b 82. a 83. b 84. c 85. b 86. a 87. d 88. d

89. b 90. a 91. d 92. b 93. c 94. d 95. c 96. b 97. c 98. a 99. a 100. d 101. a 102. c 103. c 104. d 105. b 106. a 107. c 108. a 109. b 110. a

111. c 112. b 113. d 114. c 115. a 116. c 117. c 118. c 119. b 120. a 121. c 122. b 123. a 124. b 125. c 126. d 127. b 128. b 129. b 130. d

TÍTULO II: DE LA CORONA

1. b 2. a 3. c 4. b 5. d 6. c 7. d

8. a 9. b

10. a 11. c 12. a 13. c 14. b

15. c 16. d 17. b 18. c 19. c 20. a 21. d

22. b 23. d 24. c 25. c 26. a 27. b 28. b

29. c 30. d 31. b 32. d 33. d 34. c 35. a

36. c 37. d 38. c 39. a 40. d


TÍTULO III: DE LAS CORTES GENERALES

1. a 2. b 3. d 4. c 5. c 6. b 7. d 8. c 9. c

10. a 11. b 12. b 13. a 14. c 15. b 16. d 17. d 18. b 19. a 20. c

21. d 22. c 23. b 24. a 25. c 26. a 27. c 28. b 29. b 30. a 31. b 32. d 33. d 34. c 35. b 36. b 37. a 38. c 39. a 40. c

41. d 42. b 43. c 44. d 45. d 46. c 47. d 48. c 49. b 50. a 51. a 52. c 53. c 54. d 55. d 56. c 57. a 58. b 59. c 60. d

61. c 62. b 63. b 64. c 65. d 66. b 67. b 68. b 69. a 70. c 71. a 72. b 73. d 74. d 75. c 76. b 77. c 78. c 79. a 80. b

81. b 82. d 83. c 84. b 85. a 86. c 87. b 88. c 89. b 90. d 91. c 92. c 93. d 94. b 95. a 96. d 97. b 98. c 99. d 100. b

101. b 102. c 103. d 104. d 105. a 106. b 107. a 108. d 109. d 110. d 111. a 112. b 113. c 114. b 115. d

TÍTULO IV – DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN

1. c 2. d 3. a 4. a 5. c 6. d

7. d 8. a 9. b

10. c 11. b 12. a

13. b 14. b 15. d 16. a 17. d 18. a

19. c 20. c 21. a 22. c 23. d 24. b

25. c 26. c 27. d 28. c 29. b 30. a

31. b 32. b 33. d 34. a 35. a

TÍTULO V – DE LAS RELACIONES DE GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES

1. b 2. c 3. c 4. d 5. b 6. a 7. c

8. d 9. a

10. c 11. b 12. d 13. c 14. b

15. d 16. a 17. c 18. b 19. a 20. c 21. c

22. b 23. d 24. a 25. a 26. b 27. c 28. c

29. a 30. c 31. b 32. b 33. c 34. d 35. a

36. d 37. a 38. d 39. d 40. d


TÍTULO VI – DEL PODER JUDICIAL

1. d 2. d 3. a 4. b 5. c 6. b 7. a

8. b 9. c

10. b 11. a 12. d 13. c 14. b

15. b 16. a 17. c 18. b 19. d 20. d 21. c

22. b 23. b 24. c 25. d 26. a 27. a 28. b

29. c 30. d 31. c 32. b 33. c 34. a 35. c

36. b 37. d 38. c 39. a 40. b

TÍTULO VII – ECONOMÍA Y HACIENDA

1. b 2. d 3. b 4. c 5. d 6. d

7. a 8. d 9. a

10. a 11. b 12. c

13. b 14. c 15. c 16. d 17. d 18. c

19. b 20. a 21. b 22. a 23. b 24. c

25. d 26. a 27. a 28. c 29. b 30. c

31. d 32. a 33. b 34. a 35. d

TÍTULO VIII DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

1. a 2. d 3. c 4. b 5. a 6. d 7. c 8. a 9. c

10. d 11. c 12. c 13. a 14. c 15. b

16. d 17. b 18. c 19. b 20. a 21. b 22. b 23. c 24. d 25. c 26. a 27. c 28. c 29. c 30. a

31. d 32. c 33. b 34. d 35. d 36. d 37. c 38. a 39. a 40. b 41. d 42. c 43. a 44. d 45. a

46. c 47. b 48. c 49. b 50. a 51. b 52. c 53. d 54. c 55. a 56. b 57. b 58. c 59. d 60. d

61. c 62. b 63. a 64. a 65. b 66. c 67. d 68. b 69. c 70. d 71. b 72. c 73. c 74. d 75. c

76. a 77. d 78. a 79. c 80. b 81. a 82. c 83. a 84. d 85. d


TÍTULO IX – DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1. c 2. a 3. b 4. a 5. b 6. a

7. c 8. d 9. c 10. b 11. d 12. c

13. b 14. b 15. c 16. c 17. b 18. c

19. a 20. d 21. a 22. c 23. c 24. a

25. b 26. c 27. a 28. d 29. c 30. b

31. a 32. d 33. c 34. b 35. b

TÍTULO X – DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

1. a 2. d 3. b

4. c 5. d 6. c

7. a 8. c 9. c

10. d 11. b 12. a

13. c 14. c 15. d

SOLUCIONES TEST GENERAL 1 – MAD

1. a 2. d 3. c 4. b 5. c 6. c 7. d 8. a 9. c

10. b 11. c 12. a 13. d 14. a 15. b 16. a 17. b 18. d

19. c 20. b 21. c 22. a 23. b 24. d 25. a 26. a 27. b

28. b 29. d 30. a 31. b 32. d 33. b 34. d 35. a 36. a

37. d 38. b 39. c 40. a 41. a 42. a 43. d 44. d 45. d

46. b 47. d 48. a 49. d 50. a


1. c 2. d 3. b 4. a 5. b 6. d 7. c 8. a 9. a

10. c 11. c 12. d 13. a 14. d 15. a 16. c 17. d 18. c

19. b 20. d 21. a 22. c 23. c 24. b 25. c 26. b 27. a

28. a 29. c 30. a 31. b 32. d 33. c 34. a 35. c 36. a

37. b 38. c 39. a 40. b 41. b 42. b 43. c 44. c 45. a

46. c 47. a 48. a 49. c 50. a



1. c 2. d 3. c 4. b 5. c 6. a 7. b 8. c 9. b

10. c 11. b 12. a 13. d 14. b 15. d 16. b 17. c 18. b

19. a 20. c 21. b 22. c 23. b 24. a 25. b 26. c 27. b

28. a 29. c 30. b 31. c 32. b 33. b 34. d 35. d 36. c

37. c 38. b 39. d 40. d 41. d 42. c 43. c 44. d 45. b

46. a 47. d 48. b 49. b 50. a


1. c 2. d 3. a 4. c 5. d 6. d 7. b 8. b 9. a

10. d 11. b 12. a 13. d 14. c 15. c 16. c 17. c 18. a

19. d 20. c 21. b 22. b 23. d 24. d 25. c 26. c 27. c

28. c 29. d 30. b 31. c 32. a 33. b 34. b 35. b 36. a

37. c 38. b 39. c 40. d 41. b 42. c 43. a 44. b 45. c

46. b 47. a 48. a 49. a 50. d


1. a 2. c 3. b 4. b 5. c 6. b 7. a 8. d 9. a

10. b 11. c 12. b 13. c 14. b 15. c 16. a 17. d 18. b

19. b 20. b 21. c 22. a 23. d 24. c 25. b 26. b 27. b

28. d 29. c 30. a 31. c 32. c 33. b 34. b 35. a 36. a

37. b 38. c 39. b 40. c 41. a 42. a 43. d 44. a 45. d

46. b 47. d 48. d 49. b 50. c



1. d 2. b 3. c 4. a 5. a 6. c 7. c 8. d 9. d

10. d 11. c 12. a 13. b 14. c 15. b 16. a 17. a 18. b

19. c 20. a 21. c 22. b 23. c 24. d 25. d 26. d 27. c

28. c 29. d 30. b 31. c 32. c 33. b 34. c 35. b 36. d

37. c 38. d 39. c 40. b 41. a 42. b 43. a 44. c 45. b

46. c 47. d 48. d 49. a 50. a


1. d 2. b 3. c 4. b 5. c 6. c 7. d 8. a 9. b

10. d 11. b 12. d 13. a 14. b 15. c 16. c 17. d 18. b

19. a 20. a 21. a 22. d 23. c 24. c 25. b 26. a 27. c

28. b 29. d 30. b 31. a 32. c 33. a 34. c 35. b 36. a

37. b 38. c 39. b 40. c 41. c 42. b 43. d 44. c 45. b

46. c 47. b 48. b 49. a 50. c

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