Tesis Jose Gonzalez
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1 INTRODUCCIÓN A medida que cualquier profesional del derecho se adentra en el estudio del derecho procesal puede ir constatando con mayor entendimiento y profundidad como el proceso debe estar orientado a hacer posibles que las partes tengan iguales oportunidades de hacer efectivo el derecho constitucional de defensa. En este sentido, todos los lapsos, las oportunidades alegatorias y de pruebas están regidos por principios generales que garantizan la justicia como finalidad suprema del derecho. Así, los lapsos son preclusivos, contradictorios, vigilados por el juez y en fin, supuestamente idóneos para que cada ciudadano justiciable tenga oportunidad de hacer valer sus derechos o sus defensas, según fuera el caso. En tiempos recientes, se ha hablado y hecho énfasis en el concepto del debido proceso, como la forma que tiene el estado de administrar justicia, asegurando que su ordenamiento jurídico y sus jueces no condenen a nadie sin antes hacer que el justiciable tenga efectivo acceso a un juicio, entendiendo de que este debe de estar estructurado de forma tal que no se haga ilusorio el
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INTRODUCCIÓN
A medida que cualquier profesional del derecho se adentra en el estudio del
derecho procesal puede ir constatando con mayor entendimiento y profundidad como
el proceso debe estar orientado a hacer posibles que las partes tengan iguales
oportunidades de hacer efectivo el derecho constitucional de defensa. En este sentido,
todos los lapsos, las oportunidades alegatorias y de pruebas están regidos por
principios generales que garantizan la justicia como finalidad suprema del derecho.
Así, los lapsos son preclusivos, contradictorios, vigilados por el juez y en fin,
supuestamente idóneos para que cada ciudadano justiciable tenga oportunidad de
hacer valer sus derechos o sus defensas, según fuera el caso.
En tiempos recientes, se ha hablado y hecho énfasis en el concepto del debido
proceso, como la forma que tiene el estado de administrar justicia, asegurando que su
ordenamiento jurídico y sus jueces no condenen a nadie sin antes hacer que el
justiciable tenga efectivo acceso a un juicio, entendiendo de que este debe de estar
estructurado de forma tal que no se haga ilusorio el derecho a la defensa que debe
serle respetado a todo ciudadano.
Sin embargo, lamentablemente, la realidad del colapso del sistema de justicia
formal ha tomado proporciones dramáticas en Venezuela. Año a año, el déficit de
juzgados, la carencia de recursos materiales de los mismos y el creciente costo para
entablar y sostener en el tiempo los litigios han apartado a una enorme proporción de
la población venezolana de la posibilidad de usar y acceder a la justicia ordinaria.
Esto sin siquiera nombrar la evidente politización que viene sufriendo el sistema de
justicia formal en el país.
Ante tal realidad, sobrecogedora en su enormidad y en el daño que causa a
todos los sujetos de derecho, surgen los medios alternativos para la resolución de los
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conflictos como un vía que promete palear los efectos de esta grave crisis. En efecto,
la mediación, la conciliación, el arbitraje y la justicia de paz se imponen por su propia
racionalidad y adaptación a las actuales circunstancias. En particular, la justicia de
paz, que es el objeto de este estudio, pareciera tener gran repercusión en lo social. Por
ello, nos hemos interesado en su análisis y es la razón por la cual ha sido este medio
alternativo de justicia el escogido como centro del trabajo especial de grado.
Con el propósito de lograr la meta propuesta, la presente investigación se apoya
en el estudio de la ley orgánica de la jurisdicción especial de la justicia de paz y su
incidencia en la comunidad. Con el propósito de lograr la meta propuesta el estudio
documental se encuentra estructurado de la siguiente manera:
Capítulo I que comprende la Situación Objeto de Estudio en donde se reflejó
claramente la problemática que se pretende abordar, el objetivo general que se logrará
con base al desarrollo de los objetivos específicos y la justificación e importancia de
la investigación, además que contiene la Orientación Procedimental que comprende la
naturaleza de la investigación. Las técnicas para la recolección de datos, las cuales
son la observación documental, resumen analítico y análisis crítico, así mismo abarca
las técnicas de análisis de la información basada en un análisis jurídico dogmático.
Capitulo II que está constituida por el Soporte Conceptual que contiene los
estudios previos relacionados con las variables que forman parte del trabajo
investigativo. Además establece las bases legales y los referentes jurisprudenciales
que fundamentan el estudio.
Finalmente se encuentra el Capítulo III conformado por el Producto, en donde
se expresan las conclusiones y recomendaciones realizadas por el autor a
determinados entes y a la sociedad en general para tratar de abarcar el planteamiento
de la problemática expuesta en la situación objeto de estudio.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
A lo largo de la historia de la humanidad, el hacer justicia y el resolver
conflictos entre los seres humanos han sido siempre puntos de evolución en la
búsqueda de la paz y el equilibrio en la sociedad. El hombre, ha estudiado
mecanismos y medios para resolver situaciones conflictivas que surgen de la
convivencia humana; en las últimas décadas, en la mayoría de países de América
Latina se han impulsado mecanismos tendientes a la desprofesionalización y
desjudicialización de la resolución de los conflictos dentro de las comunidades, como
la conciliación, el arbitraje, la mediación, la justicia de paz entre otros ámbitos que
engloba la jurisdicción de esta ley.
La justicia de paz en las comunidades se presenta como el mecanismo que a
pesar de sus diferencias con otros medios alternativos de solución de conflictos,
comparte un propósito y un diagnostico que incide sobre las comunidades; la cual es
otorgar a las mismas una herramienta confiable de aplicación de la justicia de paz al
ciudadano, que supla en parte la justica formal del Estado, considerada como un
instrumento ineficaz, nada transparente, inaccesible, parcial, idóneo, autónoma,
independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin
formalismos o reposiciones inútiles para sanar controversias cotidianas de los
ciudadanos.
Las necesidades jurídicas pueden manifestarse en diversos órganos del aparato
estadal, por lo que además de los Tribunales de Justicia, existen una serie de órganos
administrativos encargados de canalizar peticiones y procedimientos administrativos,
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en algunos casos solucionarlos con efecto de cosa juzgada. La administración
venezolana posee facultades jurisdiccionales en la medida que soluciona los
conflictos de la comunidades implementado la justicia de paz y asumiendo la
responsabilidad de los problemas que presente en la comunidad aplicando el Derecho.
En otros casos, esos órganos asumen la función de solución de controversias
dentro de la localidad con el claro objetivo de hacer la justicia de paz y evitar
conflictos actuando como conciliadores y mediadores dentro del marco legal entre las
partes, llegando a soluciones que, si son contrarias a derecho, no implican la
aplicación estricta de la normativa legal, es dentro de esta jurisdicción de la ley que
están enmarcado los jueces de paz en categoría de mediadores y conciliadores. La
figura de estos jueces de paz dentro de las comunidades puede jugar un papel esencial
por su capacidad de articular la justicia local y la justicia comunitaria.
Por otra parte la representación legal de estos jueces genera ciertas
controversias en el aspecto objetivo de su rol y responsabilidad en el ejercicio de la
función legal, debido a que no se conocen cuáles son las incidencia que vinculan la
aplicación de esta justicia en las comunidades, cuales son los alcances de las
decisiones que asume el juez de paz la autoridad y jurisdicción legal al momento de
tomar una decisión dentro de la comunidad.
En toda comunidad existen conflictos, sin embargo acceder a la justicia es
costoso y difícil en vista del escenario actual que se presentan en las comunidades,
cierta cantidad de irregularidades de aspecto legal que se deben regular y corregir,
estos factores básicamente caracterizan el entorno en donde la función de juez de paz
permite estabilizar la situación y solventar conflictos.
En este sentido, la Justicia de Paz es la más rápida alternativa para resolver esta
naturaleza de conflictos e inconformidades dentro de la comunidad, presentándose
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como la oportunidad para aprender a resolver las diferencias de manera pacífica, por
medio de la conciliación y la equidad; pero siendo que en la solución del conflicto
intervienen las mismas partes, y un tercero que actúa cuando estas dos no logran
llegar a un acuerdo, ¿Cómo es que surge verdaderamente una solución para
determinado conflicto, y como es que este tercero denominado Juez de Paz, logra
resolverlo, o que mecanismos legales lo conducen a ese resultado, y si el alcance de la
justicia de paz en las comunidades genera beneficios o consecuencia en qué sentido
se presenta?; esta y otras interrogantes serán respondidas a lo largo de este estudio.
Por otra parte, el problema radica en la situación de hecho y de derecho que
confronta y describe el juez de paz, las partes en conflicto y la administración de la
justicia en general, siendo esta una razón más que conlleva al estudio de la
aplicabilidad sistema de justicia de Paz y sus incidencia ante la comunidad.
En función de lo antes señalado la presente investigación tiene por finalidad
analizar las incidencias de la justicia de paz en las comunidades emanan las siguientes
interrogantes: ¿Es aplicable la justicia de paz en las comunidades acorde a los
artículos 26 y 258 del Texto Constitucional? ¿Cuáles son las incidencias de la justicia
de paz en las comunidades? ¿Existe disponibilidad política y social para establecer la
justicia de paz?
Para dar respuesta a estas interrogantes se plantea los siguientes objetivos.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Estudiar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz y su
incidencia en la comunidad.
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Objetivos Específicos
1. Investigar las incidencias consecuencia y beneficios de la justicia de paz en las
comunidades.
2. Describir el procedimiento aplicable para la implementación de la Justicia de Paz.
3. Analizar la disponibilidad socio-política para establecer la Justicia de Paz.
Justificación e Importancia
Las razones del auge de los procesos de informalización de la justicia en el
mundo actual, han sido ampliamente estudiadas, y entre ellas existen reflexiones de
autores como Mauro Capeletti o Boaventura de Sousa Santos, los cuales dinamizan la
justicia informal con el fin de defender la justicia comunitaria como una expresión de
fuerza, que optan por la solución de conflicto a través de la voluntad de las partes.
En Venezuela, la justicia de paz ha sido aplicada en diversidad de Estados, con
la finalidad de otorgarle a la comunidad una vía alterna aparte de la jurídica, para la
solución de los conflictos; camino este, que ha dado paso a la participación social
ciudadana en la comunidad, a la preparación de representantes comunales y por ende
a la organización social que lleva consigo el interés de resolver controversias.
El camino recorrido para la creación de la Justicia de Paz en las comunidades
ha sido lento y tedioso, pero constantemente ha ido evolucionado e integrando más
sectores sociales, producto de la necesidad de los ciudadanos de acceder a la justicia
en sus localidades, es por este motivo que en la comunidades es de relevante
importancia la aplicación de la Justicia de Paz para generar mecanismos de resolución
de conflictos aportando al desarrollo social una herramienta para su bienestar.
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Alcances y Limitaciones
Dicho trabajo de investigación, está enmarcado en la búsqueda efectiva de la
aplicación de la Justicia de Paz y su incidencia dentro del bienestar social en las
comunidades, presentándose como un medio informal idóneo para acceder a la
justicia y promover la resolución de conflictos, a través de la responsabilidad
ciudadana organizada y vigilada dentro de las comunidades.
Metodología
Naturaleza de la investigación
Por otro lado, Kuhn (2006) señala que la investigación cualitativa o
metodología cualitativa es un método de investigación usado principalmente en las
ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos razonados en principios
teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando
métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de
explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los
correspondientes. Cabe destacar que de las características del paradigma cualitativo
según Kuhn (op.cit) que se resaltan son las que sigue:
1. Método cualitativo
2. Fenómeno y comprensión
3. Observación naturalista, sin control
4. Subjetivo
5. Desde dentro de los datos
6. Exploratorio, inductivo
7. Orientado al proceso
8. Datos ricos y profundos no generalizables
9. Realidad dinámica, (p 69).
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Igualmente, el tipo de investigación manifiesta en el presente trabajo de grado
es del tipo documental descriptiva que consiste en aplicar de manera pura el método
cualitativo a un tema, el cual para esta investigación es jurídico, es decir, consiste en
descomponer en tantas partes a ese tema como sea posible. En consecuencia el tema
titulado “Estudiar el derecho a la participación protagónica de los trabajadores,
trabajadoras y sus organizaciones sociales como hecho social que impulso cambios en
la legislación laboral en Venezuela.” debe ser, muy bien delimitado.
En tal sentido y de lo referido por la fuente citada se infiere que el paradigma de
esta investigación se enmarca en el tipo cualitativo. Sobre este particular, Arias
(2006) señala que la investigación del tipo documental se define como:
Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica Interpretación de datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audio visuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p.27).
Además de esto, para Sabino (2005), la investigación documental es “aquella
basada en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos y otros
tipos de documento” (p.49). Este escrito es básicamente una panorámica acerca de la
información relevante de diversas fuentes confiables sobre un tema específico, sin
tratar de aprobar u objetar alguna idea o postura. Toda la información presentada se
basa en lo que se ha encontrado en las fuentes.
La contribución del investigador radica en analizar y seleccionar de esta
información aquello que es relevante para su investigación. Por último, el
investigador necesita organizar la información para cubrir todo el tema, sintetizar las
ideas y después presentarlas en un reporte final que, a la vez, sea fluido y esté
claramente escrito.
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Es decir, si la fuente principal de información son documentos y cuando el
interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismo o como documentos
que brindan información sobre otros hechos, entonces resulta que se está en presencia
de una investigación documental.
En este sentido, las fuentes de investigación documental descriptiva, en la cual
el tema es jurídico, según Alfonso (2009) son las siguientes:
1. La Ley, la cual representa la fuente jurídica formal por excelencia, al tomarse como fuente única y exclusiva de la investigación jurídica.2. Los Tratados Internacionales, que contienen las normativas que sirven de lineamientos a todos los países signatarios para la aplicación de justicia a los criminales que incurren en la Legitimación de Capitales.3. Las Ley Especial como fuente actualizada que surge como respuesta a la globalización del delito de legitimación de capitales.4. La Jurisprudencia: es una fuente importante pues representa o muestra el criterio constante de los órganos jurisdiccionales.5. La Doctrina: es una fuente de consulta inevitable, debido a que com-prende la opinión de personas calificadas que siempre, de una manera u otra, influyen sobre el estado actual o futuro del Derecho.6. La Realidad Social que es la fuente más importante, no obstante, la más compleja, ya que su análisis implica un alto grado de abstracción presente, o sea, requiere que el investigador tenga una alta capacidad para separar y unir hechos, ya que lo que se analiza es el presente y los hechos que pueden dar lugar a futuros sistemas jurídicos o instituciones jurídicas. (p 45)
El mismo autor se infiere que las fuentes referidas en este trabajo, se ubican
dentro de las normas prescritas en la legislación venezolana vigente, además de ello,
en publicaciones documentales realizadas por autores doctrinarios, que se relacionan
a la participación protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones
sociales como hecho social que impulso cambios en la legislación laboral venezolana
y que aportan un amplio contenido a esta investigación, de manera que, se infiere que
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la investigación es documental, es un trabajo científico, que consiste en indagar,
explorar y seguir la ruta de algo importante, recurriendo a fuentes escritas. Su empleo
está en función de los objetivos que se pretendan en la tarea investigadora.
En otras palabras, la indagación se basa en supuestos válidos, en hipótesis o
realidades probables que ameriten un trabajo de esta índole. Por tanto es factible que
para investigar un determinado problema, puede desarrollarse en dos o más esquemas
de investigación diametralmente opuestos; sin embargo, todos estudiarán la misma
cuestión. En cualquiera de los casos, las directrices o reglas metodológicas que se
pretendan seguir, deberán estar bien sustentadas.
En síntesis, Alfonso (op.cit), señala que la investigación documental consiste
en:
1. Conocer lo que otros han hecho y proponer nuevas tareas.2. Apoyar a otras proposiciones con las opiniones de autoridades en la materia.3. Crear, conociendo previamente lo que ya existe.4. Ofrecer un estudio completo de una situación, un hecho o un fenómeno.5. Descubrir situaciones desconocidas o hechos y materias poco estudiados.6. Contribuir con un trabajo personal al tema elegido (p 46)
Instrumento para la recolección de la información
Ante todo, la recolección de datos es la expresión operativa de la naturaleza y el
diseño de la investigación, lo concreto y especifico de cómo se hará la investigación.
En tal sentido, Arias (2003), indica: “Los instrumentos son los medios materiales que
se emplean para recoger y almacenar la información” (pág.53).
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De allí que para recoger datos e información relevantes, el investigador utilizó
como instrumentos de recolección de información, el registro de observación
documental e igualmente el registro del diario de observación directa, fundamentado
en las preguntas relacionadas directamente con el objetivo general y los objetivos
específicos de la investigación cuyos resultados fueron triangulados.
Del mismo modo, el otro instrumento de recolección de datos e información
que aplicó el autor fue el registro de observación documental, el cual se elaboró con
la finalidad de recopilar datos e información vinculados directamente con la
investigación sobre Estudiar el derecho a la participación protagónica de los
trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales como hecho social que
impulso cambios en la legislación laboral en Venezuela.
En este sentido, Sierra (2005), plantea que “Para que perdure toda observación
es preciso que se recojan sus resultados por medio de la escritura o de otra forma
documental”. (pág.123). Cabe destacar que el autor, también recolecto información
cualitativa y cuantitativa y datos, la cual se comparó con los resultados obtenidos
mediante el análisis de los antecedentes o estudios previos sobre el tema de la
investigación manifieste en el presente trabajo.
Técnicas de Recolección de Información
Las técnicas de recolección de información según lo señala Balestrini, (2005):
“Son los métodos usados para extraer resultados que le den forma a la Investigación, cumpliendo con lo establecido en el sistema de variables y respondiendo de forma certera a los objetivos planteados”. (p.147).
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Ahora bien, en función de los objetivos definidos en el presente estudio, se
emplearan una serie de técnicas de recolección de información orientados de manera
esencial a alcanzar los fines propuestos. En este sentido, y para el cumplimiento de
esta estrategia, principalmente hay que aplicar la técnica de revisión documental, que
permita abordar y desarrollar los fundamentos del momento teórico de la
investigación sobre el estudio a la participación protagónica de los trabajadores,
trabajadoras y sus organizaciones sociales como hecho social; así como la técnica del
resumen, subrayado, fichaje, y otros.
También, se aplicó también la técnica de la observación directa, a través de la
observación de casos. Los tipos de técnicas usadas son los escritos, como la prensa,
revistas, folletos, libros y leyes, alertas de Google en Internet sobre el tema
investigado. En tal sentido, Balestrini, (op.cit) se señala que para el uso de estas
tánicas se debe proceder como sigue:
1. Consultar primero una obra general de referencia, como una enciclopedia impresa, en línea o en CD-ROM, para obtener una visión amplia del tema.2. Buscar en los catálogos para encontrar libros, material en multimedios y bancos de información en línea sobre el tema. Pueden visitarse varias bibliotecas.3. Leer el índice, las Fuentes Citadas en las Referencias Bibliográficas en las normas UNY y el glosario de los libros relacionados con el tema.4. Verificar que el autor, la casa editora y el tipo de fuente son confiables, y que el propósito del material es para informar y no para divertir.5. Comprobar la confiabilidad y precisión de la información, comparando el contenido de varias fuentes y considerando factores como el prestigio académico de autores, casas editoras y editores de libros y artículos en revistas especializadas. Con la información obtenida mediante un protocolo en la Internet, el investigador debe ser extremadamente cuidadoso y estar consciente de que no siempre es posible verificar la confiabilidad de la información en línea.
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6. Asegurarse, en el caso de un artículo, que no haya parcialidad. Algunas fuentes están dirigidas a grupos de interés especial que pueden tener un punto de vista parcial sobre un tema.7. Leer los artículos para determinar si su contenido está relacionado con el aspecto específico de la investigación y si la fuente provee información general o especializada sobre él. Algunos artículos pueden proporcionar listas de referencia de otras fuentes disponibles.8. Usar una tarjeta de notas para cada fuente que se considere como posible material de referencia. Esto será útil al preparar la página de Fuentes Citadas (Referencias Bibliográficas) más tarde. Los siguientes datos necesitan incluirse (p 151).
En síntesis, la aplicación de las técnicas anteriormente expuestas, en esta
investigación constituye en conjunto las herramientas que permiten garantizar el éxito
de legar a los futuros investigadores sobre la estructura y la normalización del
contenido, para que la información del contenido sea asimilada en todos sus ámbitos,
en la búsqueda de la comprensión de Estudiar el derecho a la participación
protagónica de los trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones sociales como
hecho social que impulso cambios en la legislación laboral en Venezuela.
Técnicas de Análisis de Información
Primeramente, el análisis de información es una forma de investigación, cuyo
objetivo es la captación, evaluación, selección y síntesis de los mensajes subyacentes
en el contenido de los documentos, a partir del análisis de sus significados, a la luz de
un problema determinado. De allí que, contribuye a la toma de decisiones, al cambio
en el curso de las acciones y de las estrategias. Por lo tanto, es el instrumento por
excelencia de la gestión de la información.
Por esta razón, el análisis de información, se centra en el razonamiento del
contenido en un contexto específico, se remite directamente al autor, produce
información para la toma de decisiones, posibilita la recuperación de la información,
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está condicionada por la calificación, inteligencia y creatividad del analista y es capaz
de ofrecer, más que referencias, datos derivados del análisis y la síntesis de la
información evaluada.
Análisis de Contenido
Ante todo, el análisis de contenido de naturaleza cualitativa, servirá para
clasificar la información que se recolecte, para ello se seguirá lo planteado por
Krippendorf (2000), citado por Hernández y otros (2003), quien afirma que el análisis
del contenido cualitativo es “una técnica de investigación para hacer inferencias
válidas y confiables de datos con respecto a su contexto” (p. 412). También,
Balestrini (2002), señala que el análisis de contenido de naturaleza cualitativa,
servirá:
Como punto de partida en el análisis de las fuentes documentales, mediante una lectura general de los textos, se iniciara la búsqueda y observación de los hechos presentes en los materiales escritos consultados que son de interés para esta investigación (p. 152).
Por lo que sigue, la búsqueda exhaustiva del tema en las fuentes consultadas
que aportan a esta investigación el conocimiento científico para conformar el legado
jurídico, social y académico a otros investigadores, obliga al autor a profundizar el
crítico análisis del contenido.
Lectura Evaluativa
En relación a esto, Alfonso (2005) señala que la lectura evaluativa se entiende
como sigue:
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Dicho de ese modo es esencialmente crítica, pues no se trata solo de comprender el pensamiento del autor, sino de valorarlo. En este sentido, se puede decir que la lectura se realiza para la recolección de los datos, tiene un carácter sumamente complejo, ya que la misma constituye el nivel más difícil que puede alcanzarse en la actividad de leer. En tal sentido, se deberá realizar primero la lectura de los documentos generales, después aquellos que tocan el tema de manera específica, de lo cual decidirá si se hace resumen, se comenta, se critica o se toman citas textuales. (p.116).
En síntesis, mientras mejor sea la evaluación del autor, mayor será la precisión
en la comprensión del tema.
Técnica del Resumen
Del mismo modo Alfonso (op.cit), la técnica del resumen esta se tiene como
“…La exposición condensada de un escrito en el cual se reflejan fielmente las ideas expresadas en el texto original, su extensión es variable, pues puede referirse desde un párrafo hasta un libro” (p. 117).
Técnica del Fichaje
Ante todo, para elaborar estas fichas de trabajo se sugiere usar tarjetas blancas o
rayadas de 12.5 por 20 centímetros, usar tinta negra permanente, escribir de un solo
lado de la tarjeta y marcarlas con diferentes colores en el ángulo superior derecho con
la finalidad de enfatizar los diferentes propósitos de la investigación. Por lo que sigue,
la ficha como técnica de investigación documental, según Sánchez (op. cit.), es un
recurso para obtener información y define la ficha como: “Una tarjeta de forma
rectangular destinada al registro de los datos de Identificación de las obras,
conceptos, resúmenes y comentarios que se obtienen de las distintas fuentes de
información consultada” (p. 67)
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Técnica del Subrayado
Señala Sánchez (ob. Cit.) que esta técnica “consiste en destacar las ideas más
fundamentales de un texto, palabras claves e ideas principales que permitan captar de
una forma rápida lo más importante de la lectura” (p.90).
Interpretación de la Información
Es oportuno mencionar que uno de los aspectos más resaltantes de esta
investigación, es la clasificación de la información, la cual se realiza en base a las
interrogantes planteadas, aspectos centrales de la demostración, para el logro de los
objetivos. Por lo tanto, se inició con la lectura evaluativa, las fuentes consultadas y
los datos fueron clasificados en conjuntos parciales y subordinados, de acuerdo con la
relación lógica que exista entre ellos y de acuerdo a las consideraciones que se han
venido razonando, el estudio se materializo a través del análisis de contenido de
naturaleza documental.
En relación con esto último, Duveger, citado por Alfonso, (2005), señala que la
información se somete a un análisis externo e interno y en ese mismo orden de ideas,
respecto del análisis externo: estudia el contexto al cual pertenece el documento, a fin
de precisar su autenticidad. Asimismo, busca determinar su resonancia…La
autenticidad se refiere a la precisión de que un documento es exactamente lo que se
supone y que su autor es el que figura como tal. (p.147).
Finalmente, después de alcanzado el marco filosófico o teórico del presente
trabajo, ahora se orienta a presentar el producto reflejado en las conclusiones,
recomendaciones y las referencias.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes Históricos
A los fines de ubicar el objeto de estudio en la realidad actual, como punto
previo, es necesario realizar un breve recuento histórico de la justicia, su gratuidad y
un breve esbozo sobre lo que al respecto se ha contemplado en los cuerpos adjetivos
civiles de la República Bolivariana de Venezuela; es decir a partir de los aspectos,
huellas y vestigios del pasado; debido a que éstos se encuentran íntimamente ligados
al propio devenir de la sociedad, transformándola en un proceso complejo y
dinámico.
En este orden de ideas, en la antigua Grecia, el Estado absorbía al individuo;
por tanto, no se reconocían derechos fundamentales, el pensamiento griego siempre
estuvo impregnado por el carácter sagrado de las leyes. Los filósofos de la Escuela
Jónica interpretaron a la naturaleza como un orden universal, de suerte que Sócrates,
en "El Criton", hace del respeto a las leyes el fundamento místico de la moral cívica.
Platón delinea su "República" sobre la base de su moral destinada a hacer reinar la
paz pública bajo la férula del derecho, pero ignoraba la noción de libertad.
La Justicia aparece desde los tiempos más remotos como un gran principio de
moral religiosa. Aristóteles distinguió desde entonces, la justicia llamada distributiva,
que concernía a las relaciones entre la colectividad y los individuos, basada en la idea
de la proporción: lo que cada uno recibe debe ser proporcional a sus méritos o a sus
aportes; en tanto que el deber de cada uno debe estar proporcionado a sus medios. Por
su parte, la Justicia conmutativa concierne a las relaciones entre particulares y se rige
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por el signo de la igualdad: igualdad en los cambios, igualdad en la reparación y en el
daño causado.
Los romanos, en cambio, relacionaron en un principio los conceptos
designando jus al Derecho y justitia a la Justicia, sin distinguirlos precisamente y más
bien deduciendo las dos nociones de una misma concepción; es decir, de un orden
natural que impone a los hombres el respeto a ciertos deberes que resultan de sus
situaciones respectivas, en vista de la realización del bien.
Sin embargo con posterioridad algunos eruditos de la época definieron a la
justicia como la constante y firme voluntad de dar siempre a cada uno lo que es suyo,
agregando que la misma es una virtud que consiste en observar fielmente las leyes y
dar siempre todo a aquel que lo merezca; por ello, tan alta virtud era administrada en
la República romana a través de las magistraturas, especialmente por los cónsules y
posteriormente por los praetores, quienes en todo caso eran los encargados de dirimir
las controversias que se suscitaban entre los que tenían capacidad jurídica para
comparecer ante estos burócratas, que no eran otros que los ciudadanos romanos
El cristianismo no admitió divergencia entre la moral religiosa, es decir, la
voluntad de los dioses y el derecho positivo que era voluntad del Estado, pues al
colocar a Dios por encima de los reyes y dirigirse directamente al alma, evitó el
antagonismo entre el Estado y la religión separando sus dominios: "Dad al Cesar lo
que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios" como se expresa en San Mateo, Capítulo
22 Versículo 21.
Durante la Edad Media, la idea de la Justicia se encuentra absolutamente
vinculada a la moral y ésta al derecho como consecuencia del desarrollo de la
concepción tomista; así pues, en ese tiempo, se mantuvo el debate generado por las
relaciones entre la Iglesia y el Estado y que Santo Tomás de Aquino resolvió
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estableciendo la hegemonía de Dios y la sumisión de los hombres al derecho en
virtud de que la ley es un precepto de la razón en vista del bien común.
Aparecen en escena los jus naturalistas quienes sostienen que es de la
naturaleza del hombre su sociabilidad y racionalidad de lo cual deriva el deber de
respetar los bienes del prójimo, el de cumplir sus obligaciones, la de reparar el daño
causado, la asunción del castigo, etc. Estos principios configuran la estructura del
Derecho Natural que son tan inmutables que no podrán ser cambiados ni por voluntad
divina, así las cosas, el derecho se reduce en suma a la Justicia y no se distingue de la
moral.
No fue sino con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
acontecida en Francia en 1789, cuando la Asamblea Constituyente del Estado Francés
suprimió la venalidad de los cargos públicos y se proclama la gratuidad de la justicia
como precepto del nuevo modelo político de la Francia del siglo XVIII; principio éste
que cobró especial énfasis en los juicios llevados a cabo por las nuevos líderes de esa
nación para ese entonces, en donde una vez efectuadas las acusaciones
correspondientes ante un juzgado federal y oída la defensa de los imputados, se les
sometió a éstos al escarnio público y a su ejecución mediante el uso de un nuevo
invento que le pondría un característico proceder a la materialización de las
sentencias judiciales, que no fue otro que la guillotina.
Así bajo tal declaración y el consustancial revuelo político vivido en ese país
Europeo, que según La Roche (1991): viene a ser un catecismo filosófico y político
que se extendió a todos los confines del universo...(Omissis)...al lado de ese carácter
eminentemente filosófico, el susodicho documento, no deja de tener un matiz práctico
contenido en la afirmación tendiente a controlar todos los abusos y todos los
privilegios: La loi doit étre la méme pour tous, soit qu´elle protége soit qu´elle
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punisse, es decir que la ley debe ser la misma para todos, bien que ella proteja, bien
que ella castigue. (p. 144).
Se le dio un vuelco trascendental a la forma como era concebida los Derechos
inherentes al hombre desde épocas inmemoriales.
Luego con las reformas napoleónicas y los ideales de Montesquieu, toma
cuerpo la primera teoría existencialista de los derechos del hombre sobre la base de
un contrato que comporta el consentimiento de cada individuo en procura del bien
común. Partiendo de la idea del pacto social, se deslastró un poco el pensamiento
segregacionista que enmarcaba a la justicia como un instrumento garantista para unos
pocos a los cuales se les permitía el debido proceso y el derecho a la defensa, frente a
las indefensas masas de la plebe, a las cuales se les juzgaba a veces sin ningún
procedimiento previo.
Posteriormente con la Declaración de la Independencia Norteamericana, así
como con la Declaración de Derechos (Bill of Rights), se reconocen los derechos
naturales e inalienables a la vida, la libertad, la justicia y la propiedad.
En Latinoamérica los postulados de la revolución francesa tuvieron una alta
repercusión en los estratos más profundos de la sociedad americana, a tal punto que,
los mismos sirvieron de base o estamento para la redacción y composición de sus
constituciones. Así tenemos que en la Constitución Política de la naciente República
de Venezuela de 1811, se instituyeron la mayoría de los preceptos defendidos en la
comentada revolución; entre ellos, el derecho a la justicia de todos los ciudadanos y
ciudadanas que habitaban para ese entonces este territorio.
Años más tarde, a mediados del siglo XX, surge un hecho que evolucionó o
transformó definitivamente la forma como eran concebidos los Derechos Humanos de
21
todos los seres vivos de esta aldea global, como lo fue la Declaración Universal de
Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948; la cual, en su artículo 8 estatuye
que:
"Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley".
Situación ésta, que fue reflejada en la Constitución de la República de
Venezuela de 1961, donde en su artículo 68 se contempló, que todos los ciudadanos
pueden hacer uso de los órganos de administración de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses, adoptándose al efecto todas aquellas medidas tendentes a
asegurar el ejercicio de tales derechos a quienes no dispongan de medios suficientes
para acceder a los juzgados.
A partir de ese entonces, se puede decir, que en Venezuela se adopta
formalmente la premisa que hace alusión a la gratuidad de la justicia para aquellos
justiciables que verdaderamente carezcan de los recursos económicos suficientes para
sufragar los costos que el ejercicio de tal derecho les generen; por ello, todas las
normas procedimentales en Venezuela deben adoptar sus instituciones procesales a
tales antecedentes.
Luego en el marco de la ayuda internacional, y con el objeto de lograr una
mayor cooperación interinstitucional entre los Estados que conforman la Unión
Europea, se firmaron una serie de convenios a los fines de facilitar el acceso
internacional de la justicia gratuita a sus conciudadanos de más escasos recursos
económicos; entre ellos destacan el Acuerdo Europeo de 1977 adoptado en el seno de
Consejo de Europa, a través del cual se eliminan los obstáculos económicos en los
procesos civiles, y procurar así una mejor defensa de los intereses y derechos de las
22
personas económicamente débiles de los Estados signatarios, disponiendo para ello
un sistema de transmisión de solicitudes de asistencia judicial y el Convenio de la
Haya suscrito en fecha 25 de octubre de 1980, que se constituye en la última etapa de
revisión de los convenios de la Haya de 1905 y 1954 sustituyendo así por nuevas
disposiciones los Títulos III y VI de dichos Convenios.
En su contenido, se estableció todo lo concerniente a la asistencia jurídica, y el
procedimiento a seguir para que los nacionales o residentes de algunos de los países
firmantes, tengan derecho a disfrutar de asistencia judicial gratuita en materia civil y
comercial en igualdad de condiciones en que se les prestaría ese servicio a sus
habitantes originarios.
Por otra parte, vale la pena destacar que, a pesar de las comentadas corrientes
doctrinales y legales que sostenían y hoy siguen sosteniendo la tesis de la gratuidad
de la justicia, los distintos Códigos de Procedimiento Civil que ha poseído el
ordenamiento jurídico de Venezuela, sancionados desde el 12 de marzo de 1836,
hasta el actual, según Loreto (1976) en su discurso de incorporación a la academia de
ciencias políticas y sociales, son ordenamientos que no se corresponden a las
necesidades y exigencias actuales de la vida jurídica de la nación, es menester por
tanto incorporar a su sistema nuevas formas de tutela jurídica que garanticen al
ciudadano cualquiera que sea su condición social la más amplia protección de sus
derechos.(p.215).
Situación ésta que cambió radicalmente con la promulgación de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en donde se amplía o dilata un
poco más el principio procesal de la gratuidad de la justicia como un medio idóneo
para permitirle el acceso a aquellos que no pueden sufragar los costos que tales cargas
judiciales les generan.
23
Una de las características más resaltantes de la justicia de paz se trata
simplemente de un desarrollo técnico-jurídico elaborado exclusivamente por
legisladores y jurisconsultos dedicados a la materia, sino que la propia comunidad es
la primera protagonista en el desarrollo del sistema. Pudiera afirmar que es
precisamente en las comunidades donde nace el sistema de justicia de paz antes que
en las leyes formales. Ana María Pratt y Jorge Alberto Sago (3971) refieren
antecedentes históricos de la justicia de paz:
“En Roma existían los defensores civitates, especie de jueces con funciones conciliadoras y encargados de la vigilancia de la percepción de impuestos e intereses de la comuna. Francia encargaba este tipo de asuntos, de carácter más bien político, a los jefes de la centena. En España durante el gobierno de Felipe Hermoso, se crea una institución similar, e Inglaterra bajo el reinado de Eduardo III, instituye una forma de “Juez de paz” (…) la institución, tal cual la conocemos en nuestra época, tiene su origen en Francia, habiendo nacido en el año 1790 del seno de la asamblea constituyente en la que se invocaron algunos fragmentos de una carta de Voltaire del año 1770, que hacía referencia a una justicia rápida y humana existente en Holanda en el siglo XVIII, desempeñada por jueces conciliadores, llamados “hacedores de paz” (faiseur de paix)”. (p.1).
Finalmente comentan estos mismos autores (p. 2)
“estos breves antecedentes históricos de la institución que nos ocupa, demuestran el carácter europeo del trasplante realizado en nuestro país por Rivadavia que promovía su implantación deslumbrando por las maravillas que lo comentaban acerca de su funcionamiento”.
En Venezuela ocurre igual que en Argentina de donde provienen autores
anteriormente citados, pues en aquel país como en el nuestro, los desarrollos
legislativos se han producido bajo una influencia europea, particularmente latino
24
europea. No obstante, Venezuela por sí misma, cuenta a lo largo de su historia
ejemplos que bien podríamos enmarcar dentro del concepto de justicia de paz.
En efecto, ejemplos interesantes de la anterior afirmación los encontramos en
situaciones que se han encontrado en comunidades rurales. Así, en los estados
andinos de Venezuela es conocida la figura, muy antigua, del “juez de aguas”. Pues
bien, quien era este “juez de aguas”, era un individuo, cuya honradez y juicio era
considerado por los pobladores de los sectores agrícolas de alguna región andina en
particular, a quien se le entregaba la autoridad de decidir en qué forma y durante
cuánto tiempo se distribuirían las aguas de riego entre los distintos conucos, de
manera que cada campesino tuviera la posibilidad de regar los suyos apropiadamente,
buscando el equilibrio entre unos y otros productores.
De esta manera, ninguno de los productores tenía el poder de adjudicarse las
aguas de riego para sí, usando la fuerza o cualquier otra artimaña, con el propósito de
aventajar o hasta hacer desaparecer al vecino como competidor. En tal sentido
citamos al Dr. Luis Aquiles Mejías (1999):
“Durante siglos, en los albores de la historia los hombres resolvieron las controversias sin recurrir al poder de un estado que no existía como tal. De la violencia privada a la mediación del líder espiritual o del señor, o del jefe de la comunidad existe un camino largamente transcurrido y no abandonado totalmente.Existieron y persisten mecanismos comunales de resolución de conflictos. La tradición española concretamente valenciana, de los “tribunales de las aguas” popularmente elegidos por los campesinos desde el siglo XIII para resolver problemas referentes a la repartición equitativa de agua en la comunidad (Melano, 1995), en ciertos casos se produjo en América. Existe un experiencia ancestral en nuestros tribunales andinos de aguas, cuyas decisiones tienen hoy fuerza ejecutiva por disposición de la ley de suelos y aguas 7” (p. 8).
25
Con este sencillo ejemplo, podamos verificar los rudimentos de un sistema
alternativo de justicia, que de manera muy eficiente, solucionaba un problema tan
fundamental entre los vecinos de una colectividad agrícola, como lo es el tema de las
aguas de riego.
Otro interesante ejemplo se ve entre la comunidad de pescadores del estado
Falcón. En la temporada de pesca, cada grupo de pescadores desearía tener para si el
recurso que constituyen los bancos de peces que se acercan a a las orillas de la playa.
Sin embargo, en este caso, también surge una alternativa para llevar reglas de
convivencia (y hasta de subsistencia) en esas comunidades; se trata de que entre los
pescadores se escoja a un individuo, que por su honradez y conocimiento, así como
por su buen juicio, se encargara de distribuir entre los pescadores el tiempo que cada
uno tendrá para servirse del banco.
El ejemplo no los trae el Dr. Luis Aquiles Mejías (1999):
“En el mismo sentido se puede reseñar la supervivencia de métodos alternos de resolución de conflictos que se remontan a las truncadas civilizaciones indígenas y métodos de trabajo comunitario que aparejan la prevención, por la autoridad de la comunidad y de sus líderes naturales, de los conflictos. En los pueblos costeros del estado Aragua, en la temporada de jurel, cada miembro de la comunidad tiene su participación en el trabajo y en su resultado, regulada por la costumbre y sostenida por la autoridad de los jefes naturales de la población que con su sola influencia previenen cualquier conflicto en la distribución del producto de la pesca” (pp. 7-8).
Si entre estas comunidades que hemos citado se hiciera caso omiso de estos
árbitros naturales y se dejara a la administración de justicia ordinaria resolver las
disputas, no sería difícil imaginar el desastroso resultado. Es también conocido que
entre los hebreos esta modalidad de justicia, tan ancestral como puede ser el caso del
26
rey Salomón, hoy día, cumple una importantísima función dentro de esa comunidad.
Estas formas de autorregulación en donde el estado no tiene ninguna participación,
pero que, sin embargo, dan los resultados más convenientes para cada sociedad, han
sido ejemplo palpable de que la idea del juez de paz tiene nacimiento en el propio
seno de la sociedad.
Traemos a colación el comentario que al respecto nos hace el Dr. Luis Aquiles
Mejías (1999):
“Durante la edad media, la justicia tuvo un marcado carácter arbitral; la naciente burguesía comercial buscara la solución de sus conflictos en sus gremios y corporaciones por la seguridad y rapidez que espera frente a la lentitud e inseguridad de la justicia regia, o de los parlamentos feudales. Los parlamentos determinaban el derecho con suma libertad, pues escogían entre el derecho romano, las costumbres y los estatutos de las ciudades, libertad que frecuentemente se tradujo en arbitrariedad.Por otra parte, de la tendencia a acudir al obispo para dirimir los conflictos entre los cristianos, o al rabino entre los judíos, nace la tradición eclesiástica que tenía influencia tuvo en la historia de los países europeos la cual califica Carnelutti de “equivalente jurisdiccional”. (p. 9).
Sin embargo y como quiera que los tiempos y las sociedades avanzan y se
complican, el legislador ha tenido que reconocer el valioso aporte que un individuo
corriente de la sociedad tenga el poder de dirimir ciertos conflictos. De allí, nace la
necesidad de ampliar y regular la materia. Veamos que ha pasado en nuestra
legislación.
Según el Dr. René Molina en su obra “Los jueces de paz” (1994):
“Por ley de 18 de mayo de 1836, se organizan los tribunales encargados de administrar justicia en lo civil bajo el siguiente esquema: La Corte suprema de justicia, las cortes superiores, los
27
Tribunales de Primera Instancia, los de comercio, los de arbitraje, los de los Alcaldes y jueces de paz.
El juez de paz, (Art. 37), decidía conforme a esta ley, en juicio verbal en
demandas cuyo interés no excediese de veinte pesos, perseguían y aprehendían a los
criminales y desempeñaban aquellas comisiones que los tribunales y demás
autoridades les encargaban dentro de sus parroquias o lugares.
Para ser juez de paz se requería: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos,
haber cumplido 25 años, saber leer y escribir y gozar de una renta anual de
cuatrocientos pesos si provenía de propiedad raíz y seiscientos cuando provenía de
finca o establecimiento arrendado o de cualquier otra especie de industria.
Conforme al código de procedimiento judicial del 12 de mayo de 1836, que en
nuestra tradición histórica y jurídica es conocido con el nombre de código Aranda, en
los juicios verbales que conocían los jueces de paz, se hacía comparecer al
demandado, y delante de dos testigos el juez oía a las partes y decidía en el mismo
acto, escribiendo su resolución en un libro que llevaba al efecto…
En la ley orgánica del 2 de mayo de 1838 de tribunales y juzgados,
expresamente se establecía (Art. 37) que los jueces de paz eran al mismo tiempo
alcaldes de las parroquias…
Según la ley orgánica del 23 de mayo de 1841 (art. 47) los jueces de paz tenían
las atribuciones siguientes:
1. Conocer en juicio verbal y sin apelación de las demandas cuyo interés principal no
excediese de veinte (20) pesos.
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2. Conocer también en juicio verbal, pero con apelación a la autoridad más inmediata,
de las demandas cuyo interés principal no pasara de veinte (20) pesos y no excedieran
de cincuenta (50) pesos.
3. Conocer en juicio verbal asociados de hombres buenos, de las demandas cuya
cuantía exceda de cincuenta (50) pesos y no pase de cien (100), con apelación a los
juzgados de arbitramento.
4. Sumariar a los delincuentes, perseguirlos y aprehenderlos para remitirlos a la
autoridad más inmediata.
5. Conocer en algunas causas criminales determinadas por la ley
6. Evacuar las diligencias que les sometan los demás tribunales para la más expedita
administración de justicia.
El Código Orgánico de Tribunales, del 18 de mayo de 1855, en su ley VIII
regulaba lo ateniente a los jueces de paz en los siguientes términos: los jueces de paz
ejercerían en sus parroquias las atribuciones siguientes: 1. Conocer en primera
instancia y decidir por sí solos, por apelación ante el juez de Cantón, de todas las
causas que no excedieran de cien pesos, o cuando no estando determinado el interés,
jure el demandante que no lo estima en más para los efectos del juicio.
Los jueces de paz podían consultar a letrados en los negocios judiciales. 2.
Sumariar a los delincuentes, y aprehenderlos para remitirlos al juez de Cantón. 3.
Evacuar las diligencias que le sometieran los demás tribunales para la más expedita
administración de justicia.
Con el Código de Procedimiento del 1863, desaparece por completo la división
de los juicios de menor cuantía, existiendo un solo procedimiento al lado del
ordinario, aplicable a los conflictos cuyo monto no excediera de los 100 pesos.
29
En febrero de 1984, se introdujo ante la cámara de diputados del congreso
nacional el anteproyecto de ley de defensa y asistencia jurídica para personas de
escasos recursos, resultado de una inusual investigación social.
En el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1993, elaborado por los
doctores Israel Arguello y Alirio Abreu Burelli, designados por el comité operativo
para la reforma del poder judicial de la COPRE, se establecía en sus arts. 18 y 40 que
los juzgados de paz eran órganos del poder judicial. Los jueces de paz estaban
facultados para procurar la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento
mediante la conciliación o en asuntos que se refieran a derechos no disponibles por
las partes. Igualmente estaban, según el proyecto, facultados para decidir con arreglo
a la equidad”.
La primera Ley de Justicia de Paz en Venezuela fue la Ley Orgánica de Tribunales
y Procedimientos de Paz (LOTPP) del 20 de septiembre de 1993, esta ley fue
derogada por la ley orgánica de justicia por la paz (LOJP), prácticamente de
inmediato. Al respecto Eva Josko de Guerón (1996) nos dice:
“La ley orgánica de tribunales y procedimientos de paz (LOTPP) del 20 de septiembre de 1993 suscito tales polémicas que su entrada en vigencia fue pospuesta durante quince meses hasta el 20 de diciembre de 1995, cuando fue derogada y sustituida por la Ley Orgánica de la Justicia de Paz (LOJP)” (p.). Esta acotación nos indica de manera clara con el primer serio intento de regular la materia se produjeron serios problemas.
Veamos, ambas leyes partieron del reconocimiento de la realidad del fracaso de
la justicia ordinaria para llevar orden y paz a amplios sectores de la sociedad, debido
a su elevado costo, complejidad y dilatación, tal como fue señalado en el primer
capítulo de este trabajo. ¿Qué pudo haber pasado para que esto sucediera? A esa
primera ley se le imputaron señalamientos referidos con la falta de una adecuación a
30
las bases filosóficas de la justicia de paz y fundamentalmente, aspectos relacionados
con su base constitucional (o más bien, con su falta de base), así como otros aspectos
relacionados con el exagerado poder que se pretendió otorgar a los jueces de paz.
La misma Eva Josko de Guerón (1996) al respecto nos comenta:
“Aunque algunos de los señalamientos provenían de sectores interesados en crear una base jurídica más sólida e idónea para la justicia de paz, la mayoría de los críticos adversaba el proyecto como tal por una variedad de razones, esgrimiendo argumentos jurídicos, teóricos y filosóficos, así como gremiales. Sin embargo pese a las críticas de la oficina de investigación y asesoría jurídica del Congreso Nacional, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura y la oposición de muchos abogados y partidos políticos, el proyecto tenia firmes defensores y había despertado expectativas en la población de modo que ya no se podía “engavetar”, solo se podía reformar”. (p. 129).
En este punto, se hace mandatorio traer a colación hechos que para la fecha en
que estos acontecimientos se sucedieron, no estaban funcionando como variable.
Como observamos anteriormente, la primera ley sobre justicia de paz, la “Ley
Orgánica de Tribunales Y Procedimientos de Paz” (LOTPP) del 20 de septiembre de
1993, fue objeto de duras criticas debido a problemas de constitucionalidad.
Concretamente, en todas nuestras constituciones, se ha entendido que el monopolio
de la justicia la ejerce el estado.
En tal sentido, la referencia que en dicha ley se hacía a los vocablos
“jurisdicción” y “tribunales” parecían vulnerar este sacrosanto principio. Tal
polémica se tradujo en la necesidad de reformar la ley, de manera que no se pudiera
interpretar que el sistema de justicia de paz era una jurisdicción paralela a la del
estado, además de eliminar la referencia a los vocablos “jurisdicción” y “tribunales”.
31
Estos hechos determinaron en la mayor medida posible el cambio de ley y el
cambio de su denominación. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la
constitución de 1999, todo este panorama ha cambiado radicalmente.
En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada
en la gaceta oficial extraordinaria número 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000, el
artículo 253 dispone:
“La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la república y por autoridad de la ley.Corresponde a los órganos del poder judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y ejecutar o hacer ejecutar las sentencias.El sistema de justicia está constituido por el tribunal supremo de justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Publico, la defensoría pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos y ciudadanas que participen en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados y abogadas autorizados u autorizadas para el ejercicio”.
El artículo anterior representa un cambio fundamental en la concepción de la
noción de la jurisdicción. Se pasa a una concepción formal y clásica, según la cual el
órgano y su posición en la administración pública definen el monopolio de la
administración de justicia, a un concepto más sistémico, en que no solo la posición y
la nomenclatura define a los órganos jurisdiccionales, sino que adicionalmente se
integra en el concepto agentes que subyacían en el sistema pero que formalmente
parecían no estar realmente incluidos.
Así, cuando las Constitución de la Republica refiere que “El sistema de justicia
está constituido por (…) los medios alternativos de justicias, los ciudadanos y
32
ciudadanas que participen en la administración de justicia conforme a la ley y los
abogados y abogadas autorizados u autorizadas para el ejercicio”, se nos está
indicando claramente que en el sistema de medios alternativos de justicia, como lo
son el arbitraje, la conciliación y la justicia de paz, el constituyente ha delegado
facultades jurisdiccionales en los mismos, dentro de las limitaciones que las leyes que
regulan cada particular les impongan. Con esto queda zanjado el tema sobre la
constitucionalidad del sistema de justicia de Paz.
Antecedentes de la Investigación
Romero (2002), realizó un trabajo de grado titulado "La función jurisdiccional,
su organización, limitaciones, inconstitucionalidades y discriminaciones socio-
económicas de los Tribunales de Municipio", para la Universidad Bicentenaria de
Aragua.
En esta investigación se determinó, que el sistema legal se limita a redactar las
normas que lo integran sin tomar en cuenta la realidad social bajo la cual se
desarrollan o transcriben las mismas. Para ello, se planteó la situación en donde se
explicó que el legislador bajo la afirmación que enuncia que todos los ciudadanos son
iguales ante la ley, desvalora las desigualdades reales existentes, por cuanto
desconoce la función creadora de la interpretación del hecho social que nos rodea, al
preceptuar en esos cuerpos normativos una igualdad legal formal, sobre las
desigualdades donde subsisten potenciales discriminaciones como resultado de las
exclusión social que afecta el equilibrio procesal que debe regir en cualquier sistema
de administración de justicia.
Esta investigación constituye un aporte, ya que puede ser utilizada como
herramienta de consulta dirigida a estudiantes y profesionales del derecho, como al
público en general.
33
De igual manera dicho estudio está enmarcado como una investigación
dogmática, en el cual se han realizado consultas a diferentes fuentes bibliográficas
especializadas en derecho procesal, que mediante la técnica del fichaje se hizo posible
la recolección de la información y el basamento legal necesario para llegar al
apotegma de que la administración de justicia idónea y eficiente no sólo es una
aspiración de los ciudadanos y ciudadanas sino que es un derecho irrevocable de los
mismos, tal como se encontraba estipulado en la Constitución de 1961 como se
denota en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
Derecho éste que se fundamenta en el principio constitucional de la igualdad, el
cual se mantiene como un simple enunciado y no se concretiza en la realidad, ni
siquiera por la existencia simbólica de los órganos que conforman el Poder Judicial
venezolano, como es el caso de los Tribunales de Municipio; que a criterio de la
autora son una negación concreta del principio de igualdad ante la ley, ya que el
acceso a ellos esta signado por circunstancias meramente económicas o sociales; lo
que impide que haya una verdadera administración de justicia igualitaria para todos
los ciudadanos y ciudadanas.
El propósito principal de la referida investigación, fue analizar la función
jurisdiccional, su organización, limitaciones, inconstitucionalidades y
discriminaciones socio-económicas de los Tribunales de Municipio, para ello se
abarcaron todas los fundamentos que actualmente nutren el ordenamiento adjetivo
venezolano, permitiendo así, un análisis sobre las inconstitucionalidades y
discriminaciones socio-económicas representadas por el poder jurisdiccional que se
les ha concedido a los Tribunales de Municipio.
Lo anteriormente mencionado hizo que la referida autora recomendara que el
Estado venezolano como garante de la administración pública y concretamente de la
administración de justicia a través del poder judicial, debe garantizarle el acceso en
34
igualdad de condiciones y sin discriminaciones por razones económicas, a aquellos
que adolezcan de los medios monetarios suficientes para ello.
El referido trabajo permite coadyuvar al desarrollo de los propósitos planteados
en la investigación, por cuanto el autor hace un esbozo franco, sincero y sin sutilezas
de lo que desde su óptica son los principales inconvenientes que deben sortear
aquellos ciudadanos que pretendan acceder a los Tribunales de Municipio para
ventilar alguna pretensión o excepción.
Guedez (2001) realizó un trabajo de grado titulado "El arancel judicial y su
relación con la eficacia del poder judicial", para la Universidad Bicentenaria de
Aragua, el objetivo primordial fue el análisis de los diversos aspectos relacionados
con los costos del proceso judicial de conformidad al Decreto con Fuerza y Rango de
Ley de Arancel Judicial (1999); y se desarrolló bajo un diseño de investigación
jurídico de tipo dogmático. Por consiguiente la técnica utilizada fue netamente
documental, basada en el manejo e interpretación de la normativa legal vigente que
fuera acorde con la materia en cuestión.
Para el desarrollo de la misma se procedió a exponer, explicar y comentar cada
uno de los artículos referidos a la ley indicada con anterioridad, donde se incluyó
también como parte del análisis, el contraste entre lo pautado en el Decreto con
Fuerza y Rango de Ley de Arancel Judicial (1999), lo contemplado en el Código de
Procedimiento Civil (1987) conjuntamente con los nuevos criterios que respecto a la
gratuidad de la justicia contempla la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999); de la misma forma se estableció que el cobro del arancel judicial
no incidió en la correcta prestación de justicia por parte de los administradores de la
misma.
35
El estudio narrado como antecedente de este trabajo es de gran ayuda por
cuanto permite analizar concienzudamente, como se concebía en la praxis, el pago de
aranceles por parte de los administrados o sus mandantes, para efectuar cualquier
acto, diligencia, escrito o habilitación ante los Tribunales de la República Bolivariana
de Venezuela.
Por otra parte, una vez desarrollada la investigación citada, la autora concluye
que en virtud de la entrada en vigencia de la nueva Constitución (1999), el Decreto
con Fuerza y Rango de Ley de Arancel Judicial (1999) publicado antes de la
aprobación refrendaría del cuerpo normativo superior del Estado Venezolano, -al
plantearse en el contenido del mismo la aplicación de una justicia gratuita y
accesible- el arancel judicial como tributo, en los casos que sea exigible, dependerá
en gran medida de la carga económica de los contribuyentes; en consecuencia
enfatiza que el comentado decreto no sólo está desfasado de acuerdo a lo propuesto
en la Carta Magna (1999) sino que en el poco tiempo que el mismo y las otras leyes
que regularon la materia arancelaria fueron aplicadas, en el poder judicial no se
lograron subvertir las ineficacias y desigualdades que se materializaban día a día en
los Tribunales Civiles de la República Bolivariana de Venezuela.
Antecedentes Jurisprudenciales
En Venezuela en virtud de lo pautado en el numeral 6 del artículo 266 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en concordancia con
el aparte tercero del artículo1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
(2004), a este máximo órgano jurisdiccional se le ha concedido la muy delicada
misión de constituirse en su Sala Constitucional como el último interprete de las
normas estatuidas en la Carta Magna de 1999. Por tales razones, la comentada sala
haciendo uso de las atribuciones citadas, en las postrimerías de la aplicación de la
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norma superior referida, ha sentado diversos criterios sobre cómo debe ser asimilado
por todos los venezolanos el principio de la gratuidad la justicia.
De este modo, como se ha comentado a lo largo de la presente investigación, no
puede interpretarse en toda su plenitud la garantía constitucional de la gratuidad de la
justicia, si antes no se escudriña palmariamente el principio de la tutela judicial
efectiva. En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia mediante sentencia de fecha 10 de mayo de 2001, con ponencia del
Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, (Caso: Jesús Montes de Oca Escalona y Nancy
Montaggioni Rodríguez versus Corte Primera de lo Contencioso Administrativo),
dictaminó que:
“...el artículo 26 de la Constitución vigente, consagra de manera expresa el derecho a la tutela judicial efectiva, conocido también como la garantía jurisdiccional, el cual encuentra su razón de ser en que la justicia es, y debe ser, tal como lo consagran los artículos 2 y 3 eiusdem, uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Es así como el Estado asume la administración de justicia, esto es, la solución de los conflictos que puedan surgir entre los administrados o con la Administración misma, para lo que se compromete a organizarse de tal manera que los mínimos imperativos de la justicia sean garantizados y que el acceso a los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, en cumplimiento de su objeto, sea expedito para los administrados. El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no sólo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución señale que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para la
37
realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de artículos como el 2, 26 ò 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.
Por su parte respecto a la asistencia técnica de aquellas personas carentes de
recursos monetarios, es necesario acotar que el mencionado Tribunal de conformidad
a lo pautado en la Ley de Abogados (1966), ha sostenido pacíficamente, que los
accionantes o los accionados para actuar ante cualquier órgano jurisdiccional, deben
estar debidamente asistidos por un profesional del derecho de su absoluta confianza;
no obstante, cuando éstos no puedan satisfacer los honorarios profesionales de un
defensor privado, el legislador ha permitido que en los caso de acciones de amparo
constitucionales -una vez que éstos sean presentados ante el Tribunal competente- los
mismos sean representados gratuitamente por un funcionario adscrito a la Defensoría
del Pueblo; tal como se evidencia en la sentencia de fecha 19 de julio de 2000, con
ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, (Caso: Rubén Darío
Guerra), en la cual esta Sala señaló que:
“De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra -si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por
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abogado. Conforme al artículo 16 eiusdem, la acción de amparo puede interponerse por vía telegráfica y ratificada personalmente por el accionante, sin exigencia alguna de asistencia o representación de abogado...(Omissis)...El acceso a la acción de amparo debe ser tal, debido a la necesidad de mantener y hacer efectiva la cobertura constitucional, que la interposición de la acción, a juicio de esta Sala, puede ser realizada por quien alegue ser víctima de la infracción constitucional, así no tenga el libre ejercicio de sus derechos, y que luego de recibido y puesto en funcionamiento el trámite procesal, se llame a quien represente o complemente la capacidad del accionante para que la ratifique. Consecuencia de lo expuesto, es que el accionante de amparo no requiere la asistencia o representación de abogados para intentar la acción...(Omissis)...Advierte esta Sala, que si bien es cierto que para incoar la acción de amparo no se necesita de la asistencia o representación de abogados, no es menos cierto que para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, y ante la constatación de que el accionante que no es abogado, presentó su escrito sin asistencia o representación de abogados, de ser admitido el amparo y precaviendo que el supuesto agraviado no concurriere a la audiencia constitucional o a otros actos del proceso asistido por profesionales del derecho, al admitir el amparo el Tribunal que lo conoce debe ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, para que en razón de los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la vigente Constitución, si el accionante se negare a nombrar abogado, lo asista en los aspectos técnicos de la defensa de sus intereses. Cuando se trate de menores, que se encuentren en la situación señalada en este fallo, los Tribunales que conocen el amparo notificaron a los órganos de asistencia jurídica del menor, conforme a la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente. Cuando el supuesto agraviante comparezca a la audiencia constitucional sin la asistencia o representación de abogado, en aras a la celeridad procesal que informe el proceso de amparo, el Tribunal nombrará en el mismo auto un abogado asistente, y solo a falta de éste, se le permitirá la defensa personal, sin profesional del derecho que lo asesore.
De la misma forma, en la sentencia de fecha 27 de julio de 2000, con ponencia
del Magistrado Héctor Peña Torrelles, (Caso: José Augusto Azpúrua Gásperi) la Sala
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica el criterio asentado en el
fallo supra citado, al disponer que:
“Ahora bien, dispone el artículo 4° de la Ley de Abogados...(Omissis)...la obligación que impone la norma citada a quien deba estar en juicio de nombrar abogado para que lo represente o asista en el proceso, lo cual a juicio de esta Sala Constitucional no constituye una contravención a lo dispuesto en el artículo 26 del nuevo Texto Constitucional, que prevé el derecho de todas las personas a acceder a los órganos de administración de justicia; pues ciertamente, en todo Estado de Derecho debe garantizarse el acceso de los ciudadanos a los órganos que imparten justicia, no obstante, tal acceso -a la luz de un análisis lógico- deberá estar regido por principios básicos del proceso, a fin de garantizar entre otros derechos el debido proceso y la defensa que deben tener las partes -en este caso el actor- y que también prevé el nuevo Texto Constitucional...(Omissis)...Y justamente, este es el sentido que la jurisprudencia le ha dado al contenido del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, según el cual "En el libelo de demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado (...) con dicho escrito el solicitante acompañará (...) el instrumento que acredite el carácter con que actúe, si no lo hace en nombre propio...", pues resulta claro, que tal facultad para actuar en nombre propio y sin asistencia de abogado, sólo la tienen los profesionales del derecho, tal y como lo establece la Ley que regula dicha profesión, a fin de evitar el detrimento de su ejercicio. En consecuencia...(Omissis)...la presente acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad ejercida por el ciudadano JOSÉ AUGUSTO AZPÚRUA GÁSPERI, actuando en nombre propio, sin asistencia ni representación de abogado...(Omissis)...no puede continuar su curso por haber sido interpuesta en contravención con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Abogados...(Omissis)....Ahora bien, por cuanto la presente causa fue admitida por el Juzgado de Sustanciación...(Omissis)...esta Sala Constitucional estima conveniente...(Omissis)...notificar al ciudadano JOSÉ AUGUSTO AZPÚRUA GÁSPERI, para que en un lapso de quince (15) días contados a partir de su notificación, proceda a designar abogado para que lo represente o asista en este procedimiento a objeto de continuar la tramitación de la presente causa, con la advertencia de que en caso de no hacerlo se entenderá suspendido dicho procedimiento hasta que el recurrente, conforme
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a lo previsto en los artículos 176 y 178 del Código de Procedimiento Civil, solicite y le sea otorgado de ser procedente el beneficio de justicia gratuita. Así se decide. En todo caso...(Omissis)...cuando un particular demande la nulidad...(Omissis)...conjuntamente con una solicitud de amparo constitucional sin la debida asistencia o representación de un abogado, podrá eventualmente el Tribunal recibir y dar entrada a la acción de nulidad planteada, sin embargo, no podrá darle curso al procedimiento hasta tanto el recurrente designe abogado.
Ahora bien, respecto a la gratuidad de la justicia, el máximo órgano
jurisdiccional de la República Bolivariana de Venezuela ha sido enfático en
dictaminar en sucesivas decisiones que, si bien la nueva Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) consagra en toda su plenitud el principio de la
gratuidad de la justicia, tal garantía debe concebirse bajo ciertas y determinadas
limitaciones; es decir, que la tan nombrada gratuidad no puede concebirse como un
mecanismo constitucional para desconocer por parte de los litigantes todas las cargas
económicas que se generan con la sustanciación de una causa. Así pues; el aludido
principio -de acuerdo a la interpretación de los ponentes que han conformado o
conforman la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela- sólo conlleva la exoneración de algunos y no de todos los
efectos económicos que se derivan de la tramitación de una controversia.
Cabe destacar entonces, que con las mencionadas interpretaciones, se ha podido
esclarecer la dicotomía existente entre el derecho a la gratuidad del proceso y el
beneficio de gratuidad de la justicia contemplado en el Código de Procedimiento
Civil (1987). Así en la sentencia de fecha 19 de noviembre de 2002, emanada de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, con ponencia del Magistrado Antonio García García (Caso: Industria
Nacional De Compresores C.A.), se estableció que:
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“...el proceso fue concebido por el Constituyente de 1999 como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, mas, como cualquier manifestación de la actividad humana en el mundo moderno, tiene un coste cuya cuantía varía en función de su duración y complejidad...(Omissis)...la gratuidad de la justicia y el beneficio de justicia gratuita, son derechos derivados del reconocimiento del derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y el de petición, procurando asegurar el acceso a los tribunales de todos los ciudadanos que requieran que el Estado desarrolle las actuaciones necesarias para que el ejercicio de sus derechos sea real y efectivo. Sin embargo, la gratuidad de la justicia está establecida para todos los ciudadanos por el simple hecho de que la administración de justicia es un servicio público y una manifestación del Poder Público del Estado, siendo entonces éste el que deba sufragar los gastos de un sistema que justifica su propia existencia, a diferencia del beneficio de justicia gratuita que, como se ha establecido, tiene un ámbito de aplicación mayor pero un supuesto de procedencia restringido, pues implica sufragar los gastos de patrocinio y honorarios auxiliares de justicia de quienes carezcan de recursos económicos. Por tanto, implica con respecto a aquél, una situación de excepción ante el cual el Estado asume los gastos a plenitud, para evitar que queden sin ejercerse los derechos constitucionales...(Omissis)...el derecho a la justicia gratuita se desprende no sólo del artículo del texto Fundamental, sino también de la Exposición de Motivos de la Carta Magna, al señalar en el Título referido a los derechos humanos, garantías y deberes: "Como una de la implicaciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución, y con el fin de erradicar uno de los principales problemas de la Nación Venezolana, en virtud del cual el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud e ineficacia y, especialmente, por restringir el acceso de la población de escasos recursos a la justicia; la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita (...). De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que encuentra su principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna. Como una de las consecuencias del referido derecho, la Constitución establece en su Título V, Capítulo III, que el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios, al tiempo que prevé el servicio de defensa pública".
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Criterio éste que fue reiterado por la misma Sala, en la sentencia de fecha 15 de
julio de 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero (Caso:
Héctor R. Blanco-Fombona y Jaime Alberto Coronado) al establecerse que:
“...estando claro que la gratuidad de la justicia a la que hace referencia el artículo 26 de la Constitución, se refiere únicamente a la gratuidad del proceso, donde el órgano administrador de justicia, cumple con su función como servidor público, al proporcionarle al administrado su derecho de acceso a la justicia preservando su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva establecidos en la Constitución, el justiciable tiene libre acceso a la justicia, poniendo el Estado a su disposición juzgados compuestos por jueces y funcionarios o auxiliares de justicia necesarios para el desenvolvimiento del proceso, los cuales son sufragados en su totalidad por partidas presupuestarias que dispone el Estado para el Poder Judicial. Garantía ésta que es distinta al beneficio de justicia gratuita, el cual se encuentra referido no sólo al deber que posee el Estado de cubrir los gastos del sistema de justicia, sino que lleva inmerso la exención a quien se le conceda tal beneficio, de disfrutar de otros conceptos como son, que se le nombre un defensor que sostenga sus derechos gratuitamente, exención del pago de tasas u honorarios a los auxiliares de justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficio de la justicia gratuita (artículo 180 del Código de Procedimiento Civil). La diferencia entre una institución y otra, que en el beneficio de justicia gratuita a diferencia de la justicia gratuita que proporciona el Estado, el beneficiado queda obligado a reembolsar los gastos por expensas judiciales que incluye todos los conceptos por litis expensas y honorarios profesionales...(Omissis)...Por su parte, queda establecido de esta manera que la justicia gratuita prevista en el Texto Constitucional, hace alusión a una garantía procesal que permite el acceso a toda persona sin discriminación alguna, debido a que es el Estado quien mantiene este sistema de justicia, por lo cual se establece taxativamente que el Poder Judicial no se encuentra facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios; lo cual viene a vislumbrar el por qué los costos en los procesos se han reducido en su máxima expresión (artículo 254 de la Constitución.
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Siguiendo la misma línea, el Tribunal Supremo de Justicia respecto a las costas
procésales, ha sostenido con concurrente puridad que a pesar de haberse contemplado
en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) el
principio constitucional de la gratuidad de la justicia, el mismo sólo está circunscrito
a la exoneración de los gastos materiales para la sustanciación de la causa y de todos
aquellos aranceles contemplados en las leyes o códigos del Estado venezolano; razón
por la cual las costas procésales son importes que forman parte de los gastos
personales del litigante y en consecuencia deben ser asumidos por éste en su
integridad, tal como lo refiere la sentencia proferida por la Sala Constitucional en
fecha 14 de junio de 2004, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera
Romero (Caso: Irma Teresa Lara) en la donde se preceptuó que:
“Dada la consagración en la Constitución del derecho a la gratuidad de la justicia y por ende, la no aplicación al proceso de alguna de las normas sobre arancel judicial señaladas en la Ley de Arancel Judicial, las costas del proceso son de dos clases: 1) procesales -gastos hechos en la formación del proceso-; y 2) personales -honorarios que se pagan a los abogados, peritos y demás profesionales que han intervenido en el proceso-, en lo que respecta a la primera de éstas -los costos del proceso-, han quedado reducidos básicamente a los honorarios de los auxiliares de justicia que no sean integrantes de cuerpos de funcionarios del Estado, previstos en las leyes como auxiliares de justicia profesionales, con derecho a devengar honorarios. Siendo ello así, a pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal prevé la condenatoria en costas -artículos 265 y 267-, las previsiones del artículo 266.1 del señalado texto adjetivo -antes 275.1 del mismo tenor y preconstitucional- se hacen en parte irrealizables, respecto a los gastos originados durante el proceso que corresponden al penado, cuando es condenado al pago de las costas procesales, como pena accesoria de la principal. Ahora bien, los pagos referidos a reponer el papel sellado en lugar del común y las estampillas que se dejaron de utilizar, estarían incluidos dentro de "los gastos del proceso", en razón de lo cual, en el marco de la proclamada gratuidad de la justicia, no puede el Estado obligar al penado a sufragarlos, ya que los mismos se encuentran comprendidos dentro de los gastos propios del Poder Judicial que tienen su origen en la prestación del
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servicio que le compete -la administración de justicia-. Es más, la gratuidad de la justicia elimina del proceso la inutilización del papel sellado nacional, estadal o municipal, así como cualquier tipo de estampillas representativas de tributos. El penado, en todo caso, estará obligado...(Omissis)...al pago de las costas personales, es decir, los honorarios de los profesionales que intervinieron en el juicio, cuya retribución no corresponda al Estado y a la restitución a las víctimas del delito que hayan intervenido o iniciado el proceso penal, según la naturaleza del delito cometido, los gastos y costos soportados por ellas para lograr establecer durante el proceso la culpabilidad de la persona autora del hecho punible...(Omissis)...En consecuencia, los gastos personales que se cancelen a peritos y otros profesionales que no reciben subvenciones del Estado por sus servicios, integrarán las costas.
Finalmente es oportuno indicar, que la doctrina reiterada del Tribunal Supremo
de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido enfática en determinar que el
mencionado principio de la gratuidad de la justicia, no puede ser interpretado como
una posibilidad fáctica para inobservar los actos procedimentales que le permiten al
juzgador el efectivo acatamiento de los postulados que integran el derecho al debido
proceso y a la publicidad de los actos procesales. De esta manera la gratuidad estará
relegada a la exoneración por parte del Estado de aquellas cargas impositivas para el
sostenimiento de los órganos jurisdiccionales y de los auxiliares de justicia, y no al
subsidio –en principio- de los efectos económicos del proceso.
En efecto, la sentencia de fecha 4 de agosto de 2004, emanada de la Sala Civil
del mencionado Tribunal con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo (Caso:
Banco Provincial Internacional N.V. versus Ilsen María Arends de Bermúdez, Jesús
María Bermúdez Herrera y Bermúdez Herrera C.A.) se asentó que:
“...respecto a la gratuidad de la justicia es oportuno indicar...(Omissis)...que el alcance de dicho principio se circunscribe a la incompetencia del Poder Judicial para exigir algún pago por concepto de su actuación procesal, lo cual en modo alguno se extiende a los efectos económicos del proceso que no revisten
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carácter impositivo y que deben cumplirse en virtud de las cargas procesales que representan para los accionantes; por tanto, es sólo una excepción ante la cual el Estado asume los gastos del proceso y cumple su función de servidor público, al proporcionarle al administrado su derecho de acceso a la justicia, con lo cual pone a su disposición juzgados compuestos por jueces y funcionarios o auxiliares de justicia para el desenvolvimiento del proceso, los cuales son sufragados en su totalidad por partidas presupuestarias que se dispone para el Poder Judicial...(Omissis)... No obstante lo anterior, el principio de gratuidad de la justicia no es posible extenderlo a los actos que por su propia naturaleza revisten carácter retributivo para los terceros, tal como sucede con la publicación del cartel de citación, notificación o intimación en un medio impreso de circulación nacional...(Omissis).En un caso similar, la Sala de Casación Civil estableció que:"...lo que se pague por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil (en caso de citación para la contestación de la demanda) no está destinado a coadyuvar al logro de la eficiencia del Poder Judicial ni para que todos tengan acceso a la justicia ni tampoco era pagado en las instituciones bancarias con las cuales la extinta Oficina Nacional de Arancel Judicial había celebrado convenios para la percepción de los tributos. Los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte, manutención y hospedaje de los funcionarios o auxiliares que deban evacuar diligencias fuera de la sede el Tribunal, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante...(Omissis)...Así pues, si bien es cierto que el Estado está facultado para establecer exenciones o exoneraciones tributarias en el proceso de conformidad con el primer aparte del artículo 26 de la Constitución, no lo es menos que ni el Poder Judicial ni los dueños de los medios impresos tiene por qué soportar la gratuidad...(Omissis)... Por consiguiente, es criterio de la Sala que el principio de la gratuidad de la justicia no puede estar por encima del derecho al debido proceso, a la defensa de las partes y al principio de publicidad de los actos procesales; por tanto, no es ajustado a derecho que el interesado en la continuación del juicio (artículo 233) se exima de cumplir con la publicación del cartel en un diario de la localidad con la excusa de que la justicia es gratuita...(Subrayado de la Sala).
Los resultados evidencian, que el tan nombrado principio de la gratuidad de la
justicia no puede ser invocado indistintamente por los justiciables, ya que la referida
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gratuidad estará –por los momentos- circunscrita a la exoneración de las cargas
económicas que generan los órganos jurisdiccionales, y no –salvo excepciones- de los
costos que se derivan de las actuaciones de los administrados para hacer valer sus
intereses particulares.
No obstante, a criterio del autor, las mencionadas exoneraciones si se bien
constituyen en un tajante logro para permitir la disminución sistemática de las
expensas que se generan como consecuencia de la puesta en marcha de un sistema de
justicia, las mismas no son suficientes para permitir el acceso masivo de esa gran
aglomeración de personas que no cuentan con los recursos monetarios suficientes
para defender sus derechos ante el órganos formales de justicia.
Bases Legales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), echó por
tierra todas las discusiones que se presentaron entre estudiosos de la materia en torno
a la inconstitucionalidad de la justicia de paz de acuerdo a lo que se planteó con
anterioridad sobre el artículo 137 de la Constitución de 1961, que fue el dispositivo
Constitucional sobre los que se apoyaron los proyectistas de la ley de 1993, para darle
vida a la justicia de paz, por cuanto esta figura no estaba contemplada en forma
expresa en dicha constitución y se dice que esta Constitución de 1999, echa por tierra
estas discusiones debido a que específicamente el artículo 258 de la mencionada
Carta Magna, si establece la justicia de paz, y en consecuencia viene a representar su
base constitucional dejando sin efecto los argumentos de inconstitucionalidad, el
citado artículo 258 reza en su encabezamiento "La Ley organizará la justicia de paz
en las comunidades, los jueces y juezas de paz, serán elegidos o elegidas por votación
universal, directa y secreta conforme a la ley".
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El referido dispositivo constitucional guarda concordancia con los artículos 178
ordinal 7 que establece dentro de la competencia municipal la justicia de paz, Y
asimismo con el artículo 253, segundo aparte de la carta fundamental que incluye
dentro del sistema de justicia los medios alternativos de justicia, dentro de las cuales
figura la justicia de paz.
Ley Orgánica de la Justicia de Paz
En el marco de la Ley Orgánica de la Justicia de Paz vigente en la actualidad
venezolana, la justicia de paz es entendida como una forma de administrar justicia,
distinta a la justicia ordinaria, donde se procura resolver controversias en la
comunidad, buscando la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Teniendo como
norte agotar la conciliación y el acuerdo entre las partes.
De acuerdo a lo planteado, en la justicia de paz se administra justicia no con
apego a un texto legal, sino por el contrario, es una justicia informal cuyo sustento es
la conciliación, el dialogo, el sentido común y el apego a la justicia como un valor. En
tal sentido, constituye una verdadera transformación en el pensamiento jurídico
formalista y legalista que hasta ahora ha sido el pensamiento jurídico dominante.
De conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley Orgánica
de la Justicia de Paz, el principal objetivo que se persigue con esta nueva forma de
administrar justicia es la democratización de la misma, acercarla al ciudadano, y
hacerla más confiable, es decir, afianzar en el pueblo el valor justicia, a través de la
búsqueda del mayor acceso de la población, la administración de justicia, ya que sólo
el 14 por ciento de la población tiene la posibilidad de acudir a los tribunales y ese
escaso porcentaje se encuentra con una justicia llena de rigurosas formalidades, poco
confiable y tardía.
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La Justicia de Paz por el contrario está enmarcada dentro de los principios de
oralidad, simplicidad de formas, igualdad y gratuidad. Otro objetivo que persigue es
que el ciudadano común, el vecino se involucre en la resolución de sus problemas
cotidianos, procurando solventar las controversias de su comunidad, buscando la sana
y pacífica convivencia.
De acuerdo a lo indicado por Mago Bendaham (1994, p.38) "el fundamento de
la Justicia de Paz es la necesidad de más sentido común que aplicación de la ley para
obtener la justicia". De allí, pues que se parte de otro objetivo, cual es utilizar el
sentido común como orden prioritario para resolver pequeñas disputas y evitar a toda
costa el formalismo que impone la ley.
Consideraciones Generales
En la actualidad se discute sobre si el derecho debe cambiar para adaptarse a las
distintas necesidades de la sociedad dinámica por lo que adquiere su sentido. Aún
persiste la tendencia que la estructura interna del derecho ha permanecido inamovible
frente a las demandas externas por razones de diversa índole.
La insuficiencia de los modelos jurídicos formales para el estudio del derecho
han abierto las puertas a otras formas de acercarse al conocimiento jurídico, desde
puntos de vistas más complejos, donde el análisis de los sistemas sociales y sus
variados comportamientos, exigen una transición paralela en el orden legal situación
que trae consigo una evolución hacia una forma muy distinta de razonamiento legal-
social. En tal sentido este estudio se orienta dentro del denominado enfoque socio-
jurídico del derecho.
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Fundamentación Teórica
Procedimiento aplicable para la implementación de la Justicia de Paz
De acuerdo a lo que he venido planteando, la administración de justicia en
sentido tradicional, así como la intervención de autoridades administrativas ante los
conflictos de intereses que inevitablemente se producen en una comunidad, no puede
ser la única instancia o herramienta que tienen los ciudadanos, por cuanto, aún en las
sociedades en que dichos órganos funcionan adecuadamente, ellos no representan el
instrumento idóneo para darle respuesta a los problemas y, por ende, la consecuencia
es la persistencia del malestar, la conflictividad, la intranquilidad en el seno de la
comunidad.
Debido a estas circunstancias, las sociedades actualmente apelan cada vez con
mayor frecuencia a otras vías para dirimir sus controversias. A estas vías se le ha
dado la denominación de “Procedimientos Alternativos para la resolución de
conflictos”. No sólo en Venezuela, sino a nivel mundial, se hace cada vez más patente
la necesidad de encontrar procedimientos para la resolución de conflictos que
ofrezcan una alternativa a los tribunales o a la reacción unilateral, bien sea con
violencia, bien sea en la forma de la evasión o la resignación. La creciente
preocupación por este problema y la actividad que ha generado es tal que para
algunos se trata de un movimiento social.
La búsqueda y proliferación de los procedimientos alternativos para la
resolución de conflictos (PARC) tiene múltiples y variadas justificaciones que
aparecen en forma recurrente en la documentación internacional y que reflejan las
principales preocupaciones de los promotores de la Justicia de Paz en Venezuela.”
Josko (1966), señala que
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“De la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz a la Ley Orgánica de la Justicia de Paz.”(p. 131). En cuanto al surgimiento del estudio de los PARC, lo ubican a finales de la década de los 60's y principios de¡ 70 en los Estados Unidos, atribuyéndosele como causas principales la excesiva acumulación de trabajo en los Tribunales, lo inaccesible de los mismos y la necesidad de crear vías privadas para resolver los conflictos de intereses. Carrillo (1996) describe la Conciliación como: “Procedimiento Alternativo de resolución de conflictos.” (p.97).
Por otra parte, y como ya lo he venido enunciando, la Justicia de Paz se
diferencia de la administración de justicia ordinaria, en cuanto a los objetivos precisos
perseguidos por ella. Es decir, trata de alcanzar la paz en la comunidad, el que las
partes con intereses en disputa acepten de buena manera los resultados del
procedimiento y la manera equitativa en que se ha producido una respuesta a su
problemática concreta. Sin triunfador, ni perdedor. Es por ello que se habla de
procedimiento alternativo, no sólo porque viene a resolver el problema de la
ineficacia de los órganos judiciales, sino porque persigue objetivos diferentes que
revelan aún más la necesidad de su creación y promoción en todo tipo de sociedad.
Josko, describe que la conciliación:
“Es un procedimiento alternativo al sistema judicial ordinario porque usa métodos distintos para resolver los conflictos que surjan en la comunidad. Es decir, la justicia de paz es alternativa porque la forma de resolver los conflictos es distinta a la utilizada en la justicia ordinaria... porque los elementos que debe tomar en cuenta el Juez de Paz para la solución de una disputa son más amplios y variados.”(ob. cit)
Valor jurídico de la justicia de paz
En primer lugar, habría que preguntarse ¿En qué consiste la justicia de Paz? La
definición más adecuada y descriptiva que hemos encontrado para este concepto es la
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contenida en el “Manual de Justicia de Paz Comunitaria”, publicado por la
“Asociación civil Consorcio, desarrollo y justicia” Caracas, (2003), que nos dice:
“La justicia de Paz es la justicia de la comunidad, la que resuelve los problemas entre vecinos, entre amigos, entre familiares, entre personas de la zona, del mismo barrio, de la misma urbanización, es por ello que se encarga de resolver los pequeños conflictos que no encuentran solución en los tribunales ordinarios. Es una justicia gratuita, rápida y cercana, con ausencia de formalidades, pero preocupada por la dignidad y los derechos de los vecinos, procura el mejor entendimiento de los miembros de la comunidad, a través de la resolución, casi instantánea, de los problemas que surjan en la misma.La justicia de Paz es un medio para acercar a la gente común a la justicia a través de procedimientos dotados de rapidez y confianza. Los miembros de la comunidad son los protagonistas, los vecinos aprenden por sí mismos y con la ayuda de los/las jueces de Paz a respetar, tolerar y potenciar la dignidad, la libertad y los derechos de los otros….”
Adicionalmente, ¿Qué ha representado desde un punto de vista jurídico la
implantación del sistema de Justicia de paz? Esta pregunta tiene su mejor respuesta si
nos detenemos a observar que el sistema de justicia de Paz, al igual que la mediación,
la conciliación y el arbitraje consiste en un medio alternativo a la administración de
Justicia por vía de los órganos jurisdiccionales convencionales.
Sin embargo, es necesario acotar que el alcance y significación jurídica del
sistema de justicia de paz va mucho más allá, llega por sí mismo a convertirse en una
herramienta para la implementación de la protección a los derechos humanos y de
educación jurídica al ciudadano común, ese hasta que no hace mucho tenía una idea
extremadamente imprecisa y, en algunos casos, errada de sentirse marginado del
sistema ordinario de justicia, por ser este lento, complicado y poderoso.
52
De esta manera, la justicia de paz se convierte en una herramienta invaluable,
mediante la cual el juez de paz decide con arreglo a lo que considera más justo (Art.
41 de la LOJP); pues su decisión no se basa en la aplicación de reglas de ley, sino que
decide generalmente con arreglo a la equidad. Es necesario destacar que este es un
poder inmenso.
No hay duda, cuando el juez no tiene otro camino que aplicar la ley, su función
se debe circunscribir a encuadrar los supuestos de hecho que le son dados y probados
y subsumirlos en una norma determinada, de forma tal que su ámbito es mucho más
técnico y, definitivamente mucho más limitado. En la decisión mediante la aplicación
de la equidad, el juez de paz no está circunscrito a unos límites que le vienen
impuestos por la norma, sino que atiende a su leal saber y entender, sin que
necesariamente, tenga que acudir a una norma escrita.
Este poder deviene de una gran responsabilidad y es que el juez de paz lo
designa el pueblo, los ciudadanos, quienes lo conocen y confían en él. Por ello, con
un gran poder siempre es concedida una gran responsabilidad. No nos cabe la menor
duda de que desde un punto de vista jurídico la función del sistema de paz es
interdisciplinaria y aunque hemos afirmado que es un medio alternativo para la
solución de los conflictos, es necesario entender que, como todos los medios
alternativos para la solución de conflictos, el poder judicial tiene gran relevancia.
Seria quizás más apropiado afirmar que es un medio alternativo y complementario a
la vía judicial ordinaria.
De hecho, la sentencia o decisión del juez de paz es apelable ante los juzgados
ordinarios, específicamente, los de municipio. Esto halla su razón de ser en el hecho
de que el sistema de la doble instancia es considerado para muchos como esencial
para la preservación del derecho de defensa y por ende, del debido proceso, valor
53
fundamental en nuestra constitución nacional, Articulo 49 (Gaceta oficial
extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999):
“El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos a los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.”
Desde un punto de vista funcional, tenemos que la justicia de Paz vendría a
completar el sistema tripartido de división de poder a nivel municipal. Así, como la
republica cuenta con un congreso (Poder legislativo), un presidente y sus ministros
(poder ejecutivo) y un sistema judicial que tiene su más elevado exponente en el
Tribunal Supremo de Justicia (poder judicial) a nivel municipal tenemos el alcalde
(poder ejecutivo), el Congreso Municipal con sus respectivos concejales (poder
legislativo), faltaría complementar ese sistema de poder local con el poder judicial,
que vendría a ser justamente ocupado por el sistema de justicia de paz. Hemos hecho
mucho hincapié en el juez de paz, sin embargo, imprescindible reconocer que se trata
más de un sistema de equipo de una labor individual.
En efecto, el juez de paz cuenta con su primer y segundo suplente, con un
primer y segundo conjuez y con la denominada junta interdisciplinaria de
conciliación, veamos al respecto que dispone la LOJP:
54
“Articulo 38. En los casos en los cuales el juez de paz lo considere conveniente podrá nombrar una junta interdisciplinaria de Conciliación para brindar apoyo psicológico, religioso, medico, legal o de trabajo social, a la persona o familiar que lo requiera.”
Otra importantísima característica del sistema de paz que, como venimos
sosteniendo, debe ser entendida como un medio alternativo de solución de conflictos
es que en una primera fase del proceso es el juez de paz quien debe intentar la vía de
conciliación, a menos que las propias partes le pidan que de forma directa inicie el
procedimiento de equidad. Así, el juez de paz debe recorrer un trámite que consiste
en el paso por una serie de audiencias cuya función es determinar los puntos de
encuentro o de desencuentro de las partes en litigio, de tal forma que una vez
determinada la verdadera naturaleza de la disputa sean las partes quienes se den su
propia solución, mediante un acuerdo conciliatorio, que a nuestro modo de ver, tiene
naturaleza transaccional y que el propio juez de paz puede, en caso de
incumplimiento de una de las partes, ejecutar.
Veamos este interesante detalle: Una o las dos partes solicitan ante el juez de
paz que se inicie el procedimiento conciliatorio. La solicitud puede, incluso, ser
efectuada de manera oral, pero es necesario que el juez la asiente por escrito,
indicando el nombre y demás datos solicitantes, según lo dispone el artículo 41 de la
ley Orgánica de la Justicia de paz (Gaceta oficial N°4.817 Extraordinario de fecha 21
de diciembre de 1994):
“Articulo 41. Agotada la fase conciliatoria sin que medie acuerdo, el juez así lo declarara y en el mismo acto procederá a decidir conforme a la equidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de esta ley, asegurando el derecho a la defensa de los interesados, a menos que alguno quisiera presentar nuevas pruebas. En este último caso se seguirá el procedimiento previsto en este capítulo”:
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Seguidamente y según lo dispuesto por los artículos 6, 7 y 8 de la LOJP, deberá
el juez de Paz analizar si el caso se encuentra dentro de ámbito material, de territorio
y de cuantía de su competencia. Para ello deberá actuar según lo dispuesto por los
artículos citados, que textualmente disponen:
“Articulo 6. El juez de paz competente será el que ejerza su jurisdicción en el lugar donde ocurran los hechos que determinen el conflicto o controversia. Igualmente deberá proteger los derechos de aquellas personas que estén de transito dentro de su jurisdicción territorial y requieran de su actuación por hechos acaecidos en ella.”Artículo 7. Los jueces de paz serán competentes para conocer por vía de conciliación de todos aquellos conflictos y controversias que los interesados le presenten, sin más limitaciones que las derivadas del orden público y las que emanan de esta ley”.Artículo 9. “los jueces de paz son competentes para conocer por vía de equidad.1. De todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos y controversias de contenido patrimonial, solo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando no se supere la cuantía máxima atribuida a los tribunales ordinarios.2. Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de las personas. Cuando el juez de paz considere que los hechos que le sean sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus actuaciones al juez competente.3. De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativos a la convivencia entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal, salvo aquellos asignados a tribunales especiales o autoridades administrativas.4. De los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar. Con la excepción de la materia urbanísticas y otras donde
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el cumplimiento este sometido al control de los tribunales de jurisdicción ordinaria, especial o contencioso- administrativa.5. De aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para decidir con arreglo al procedimiento de equidad”.
Si el caso no se encuentra dentro de su competencia, deberá remitirlo al tribunal
o autoridad competente. Si por el contrario, el caso puede ser resuelto dentro del
ámbito de sus competencias, deberá el juez de paz notificar a las partes de una
manera expedita y ágil. Esto, según nuestras encuestas, resulta más comúnmente
mediante notificación por escrito entregada directamente a la parte, de hecho la juez
Shella Soto, del Municipio Sucre, Parroquia Petare, sostiene que
“… para que las partes comparezcan le envía citatorios” (ver capitulo III, “Trabajo de campo, estadísticas”). Una vez citadas y a derechos las partes, se tramita la fase conciliatoria, descrita en los artículos 37 y siguiente de la LOJP: “Articulo 37. Recibida la solicitud ante el juez de paz, este deberá proceder a notificar personalmente a los interesados. De no ser posible la notificación personal, el juez de paz dispondrá fijar en la morada, en la oficina o negocio de la persona, en las oficinas o local donde despache el juez y en algún lugar público, un cartel o aviso de notificación”.“Articulo 40. Durante la fase de conciliación, el juez de paz podrá trasladarse al domicilio, residencia, habitación o lugar de trabajo de todas aquellas personas involucradas en la controversia. También podrá practicar notificaciones y solicitar ayuda de las autoridades competentes, así como pedir colaboración de los demás miembros de la comunidad en procura de la conciliación”.
Si por alguna causa, la conciliación no rinde los resultados deseados, esto es, las
partes no pudieran resolver su disputa mediante la conciliación, el juez decidirá según
la equidad, de la manera que describen los artículos que seguidamente
transcribiremos. Si, por el contrario, la conciliación rinde sus frutos (el llamado
“Acuerdo Conciliatorio”) el juez de paz le debe de informar a las partes que el
acuerdo conciliatorio ciertamente tiene efecto y que tales efectos son, entre otros la
posibilidad de que sea ejecutado forzosamente.
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Veamos el procedimiento de equidad:
“Articulo 41. Agotada la fase conciliatoria sin que medie acuerdo, el juez así lo declarará y en el mismo acto procederá a decidir conforme a la equidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8° de esta ley, asegurando el derecho a la defensa de los interesados, a menos que alguno quisiera presentar nuevas pruebas. En este último caso se seguirá el procedimiento previsto en este capítulo,”“Articulo 42. El juez de paz en la misma audiencia hará un recuento ordenado de los hechos de la controversia, podrá dictar las medidas provisionales que considere convenientes y abrirá un lapso de pruebas no mayor de cinco (5) días hábiles, para la evacuación de las mismas. Cumplido este lapso, el juez de paz decidirá conforme a la equidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, luego de terminado el lapso probatorio.En las actuaciones ante los jueces de paz no será obligatorio para las partes interesadas estar asistidas por abogados”.
Si llegado el momento, no se produce acuerdo, se aplicara lo dispuesto en el
artículo 8° de la LOJP, por lo que se abrirá el procedimiento de equidad; si, por el
contrario, se alcanza el acuerdo conciliatorio, este se firmara y en él se expresaran
con claridad los lapsos de cumplimento, el contenido del mismo y las sanciones que
acarreará su incumplimiento (multa, arresto o trabajos comunitarios). De esta forma,
hemos visto un esquema muy simple del procedimiento que tiene como gran virtud
que el legislador entendió perfectamente su labor y legisló de una manera sencilla y
comprensible para los legos en derecho, que son justamente los actores principales de
este sistema.
Las formas más evolucionadas del sistema de justicia han dejado de ser las
formas judiciales, hoy en día, tenemos que, a todo nivel, inclusive dentro del mundo
de las poderosas multinacionales o corporaciones de comercio, los tribunales
ordinarios han cedido el paso al arbitraje y a la conciliación como medios de resolver
sus problemas y litigios.
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En efecto, organizaciones como la American Arbitration Asociiation
(Asociación Americana de Arbitraje), la International Chamber of Commerce
(Cámara Internacional de Comercio), son importantísimos organismos no
gubernamentales que se encargan de administrar un elevado número de causas por vía
de conciliación y de arbitraje, de forma tal que se ha hecho la norma que las
contrataciones entre multinacionales o grandes empresas incluyan clausulas
compromisorias, mediante las cuales, si surgiera algún tipo de disputa, las partes no
acudirán a los tribunales ordinarios, sino que dilucidaran sus diferencias a través de
un medio alternativo para la resolución de conflictos como lo es el arbitraje
comercial.
Es muy importante poner de relieve que es también muy frecuente que para
estas corporaciones pueden tener acceso a la vía del arbitraje comercial, es necesario
que previamente agoten instancias de conciliación. Esto es frecuentemente pactado en
las clausulas compromisorias al igual que en muchos reglamentos de cámaras de
comercio, se incluyen fases conciliatorias dentro de los procesos arbitrales
propiamente dichos. Es exactamente el mismo principio conciliatorio de la LOJP,
según el cual un tercero experto en el tema interviene en una disputa entre las partes,
con el fin de que las partes en conflicto encuentren ellos mismos en la solución,
evidentemente, con ayuda del conciliador.
En ese mismo orden de ideas, aun cuando visto superficialmente, pareciera que
la justicia de la paz es un sistema para quienes no pueden tener acceso a los costosos
sistemas tradicionales de la justicia ordinaria, en realidad no es así, pues es el sistema
de justicia de paz es francamente revolucionario en toda su concepción. La mejor
prueba de ello es que las grandes corporaciones multinacionales favorecen cada día
más la conciliación y el arbitraje, que al igual que la justicia de paz, son medios
alternativos para la solución de conflictos.
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Pero conceptualmente, alguien pudiera afirmar que la justicia de paz no es
técnica, sino que es un ejercicio coloquial del derecho. Para comprender que ello no
es correcto. Será necesario tener en cuenta que la propia constitución de la republica
abandono el sistema formalistas y rígido de sistema de justicia imperante en los años
de vigencia de la anterior constitución, para entrar en una concepción más amplia y
dinámica del concepto de justicia y sistema judicial. En efecto tenemos que los
artículos 253, 258 y 178 de la constitución dispone que:
“Articulo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la república por autoridad de la ley”.
Corresponde a los órganos del poder judicial conocer de las causas y asuntos de
su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o
hacer ejecutar sus sentencias.
El sistema de justicia está constituido por el tribunal Supremo de justicia, los
demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Publico, la Defensoría Pública,
los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias
de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los
ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la
ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio”.
“Articulo 258. La ley organizara la justicia de paz en las comunidades. Los jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidos por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley.La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos”.
“Articulo178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne
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a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad en las siguientes áreas: Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal conforme a la legislación nacional aplicable”.
De manera inteligente y progresista, vemos como el legislador se da cuenta de
que el juez de paz debe ser alguien de la comunidad que viva su cotidianidad y
pertenezca a su entorno, de forma tal que no sea ajeno a sus problemas específicos y
pueda comprender de inmediato la naturaleza de la controversia. De allí, que las
formalidades de la justicia ordinaria no tienen mayor sentido en la justicia de paz,
pues se trata de establecer un orden dentro de la propia comunidad, con elementos de
la comunidad.
Debido a que el nombramiento del juez de paz es de elección popular, el juez ya
de por si goza de aceptación y respeto, cosa que no necesariamente ocurre en los
casos de los jueces ordinarios, ajenos por completo a la dinámica del lugar donde
ejercen su oficio, pues en numerosísimos casos, no residen en la circunscripción del
despacho, particularmente esto sucede en las grandes ciudades. Por el contrario, el
juez de paz reside en el lugar donde administra justicia, al punto que, por carencia de
recursos y apoyo, se ve obligado a despachar desde su propio hogar.
De esta manera vemos como una persona, o grupo de personas con prestigio en
la comunidad, aplica la justicia conforme a su leal saber y entender. Es claro que el
juez de paz no puede sentenciar contra las normas de orden público ni cometer abusos
por el hecho de ser un juez de equidad. De hecho, tal temor ha probado ser infundado
en la realidad. Nos referimos en concreto a las estadísticas referidas en el cuerpo de
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este trabajo, que muestran como la inmensa mayoría de las decisiones de los jueces
de paz es cumplida voluntariamente.
Otro aspecto relevante de la justicia de paz es la carencia de formalidades
rigurosas. El procedimiento, ya sea conciliatorio o de equidad, es sumamente simple
y exento de formalismos. En efecto ya nos hemos referido a los aspectos esenciales
del procedimiento conciliatorio, veamos que sucede en el procedimiento con arreglo
de equidad.
Como habíamos dicho si las partes no pueden alcanzar un arreglo conciliatorio,
deberá el juez de paz iniciar el procedimiento en equidad. Para ello, el juez de paz, al
verificar que el procedimiento conciliatorio no soluciono el conflicto, o, a pedido de
las partes, de común acuerdo, abrirá la vía de equidad mediante una declaración en tal
sentido. Seguidamente, el juez efectuara un recuento ordenado de lo sucedido hasta el
momento y abrirá un lapso de no más de cinco días hábiles para que las partes puedan
promover sus pruebas. De seguidas, el juez de paz procederá a evacuar las pruebas,
desechando las impertinentes o inconducentes y considerando y valorando aquellas
relacionadas con la disputa y sus hechos.
La LOJP faculta al juez para consultar a expertos, que bien pudieran ser
abogados, médicos, ingenieros, peritos, agrónomos, psicólogos o cualquier otro
idóneo que puedan contribuir en la solución del caso concreto. La última y más
interesante etapa es la decisión. Como podemos ver, el juez de paz no tiene por qué
ser abogado o persona con práctica legal.
En ese sentido, su labor es extremadamente delicada, pues ser juez, más que un
oficio de hombres es un oficio de dios. El juez de paz no obstante ser lego en materia
legal, debe “usurpar la labor de los dioses, que es juzgar a los hombres”. Para ello, la
ley guía al señalarle que debe separar la información valiosa de la que nada aporta al
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proceso; establecer distintas posibles soluciones y compararlas; averiguar lo que
pueda sobre las personas en disputa; Identificar el origen y entorno del problema y
tratar de evaluar las consecuencias de su decisión. En el cuerpo de este trabajo,
trataremos de hacer ver al lector como el sistema de justicia de paz viene
desarrollando un esquema de solución de conflictos eficaz, paralelo al sistema
ordinario, más accesible para el ciudadano común y como se justifica por completo su
existencia y desarrollo.
Fundamentos Doctrinarios de la Justicia de Paz
La justicia como se ha narrado, es la constante y oportuna potestad que el
Estado le ha otorgado a los jueces, para que estos revestidos de ese poder de imperio
que se le has conferido le otorguen a cada quien lo que le pertenece; por ello el
legislador en aras de salvaguardar tan altos fines se ha abocado a la tarea de avivar,
permitir y asegurar en un primer orden, el acceso de todos los ciudadanos a un
sistema de administración de justicia que tenga como norte la gratuidad, en vano seria
pues, costear un aparataje burocrático de inmensas dimensiones que esté dirigido a
atender a sólo un grupo sectario de la población, que es la que en definitiva puede
ventilar ante los órganos de administración de justicia sus diatribas o pretensiones.
Gratuidad judicial que ha sido definida por Plaza (1945) como: "la necesidad de
procurar al litigante que carece de medios para sostener un pleito los que le son
necesarios para contender con el que dispone de ellos". (p. 631).
Y más recientemente Prieto-Castro y Fernández (1985) lo conceptúa como el
derecho:
“Consistente en poder actuar como demandante o como demandado en un proceso sin satisfacer, por lo pronto, tasas, impuestos, honorarios, derechos, ni gastos de publicaciones oficiales, otorgado o concedido a personas físicas, entidades o personas jurídicas que
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no puedan subvenir o no se quieren que subvengan al pago de las costas y gastos que ocasiona la persecución o la defensa del derecho ante los órganos jurisdiccionales. (p. 101).
En ese sentido los sistemas jurídicos modernos deben atender primordialmente
a que sus estructuras respondan indefectiblemente a permitir en primer lugar, que la
gente de cualquier clase socioeconómica pueda hacer valer sus derechos o resolver
sus disputas bajo la vigilia inquietante del Estado, y en segundo lugar, que la defensa
de los derechos invocados o los litigios presentados sean dilucidados sin preferencias
o parcialidades, es decir atendiendo simplemente a lo que se alegado y probado por
las partes en la causa.
Lo contrario sería retrotraernos en el tiempo a finales del siglo XVII y del siglo
XVIII donde en los estados liberales burgueses, sostenían como dogma que los
litigios civiles o de cualquier naturaleza debían reflejar la filosofía individualista de la
defensa de los derechos; por consiguiente sólo al ciudadano carente de recursos le
correspondía ejercer sin ningún tipo de ayuda legal o material del Estado, la defensa
de sus intereses inmediatos o el ejercicio de una reclamación.
Por ende la práctica común de tal pasividad del Estado, desencadenó que los
mismos al ser los únicos responsables de sus destinos judiciales, fueran eternas
victimas de atropellos y prácticas malsanas, de allí que, si bien se consagraba
rudimentariamente el principio de la igualdad de las leyes y procedimientos, surge la
gran diatriba doctrinal que con incontestable franqueza a impuesto en el debate
procesal la duda sobre si ¿se podía o puede tratar en un mismo plano de igualdad a
aquellos que son desiguales?.
Frente a tales consideraciones es oportuno resaltar que en el fragor del siglo
pasado, con el frontal resurgimiento de una corriente más humanista, donde el
hombre es el principal devoto de las instituciones y éstas en contraposición deben
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estar circunstanciadas con sus necesidades y obligaciones sociales, se le da el nuevo
enfoque que sobre el acceso a la justicia tenemos en los actuales momentos, donde el
Estado social atiende más a garantizar los derechos de sus administrados que a
proclamarlos.
Acceso que literalmente se considera como acción de llegar o acercarse. En
criterios generales se puede definir el acceso a la justicia como la acción de recurrir a
los medios disponibles por el sistema judicial de un Estado, para la resolución de
controversias o la protección frente a delitos. Otro aspecto sobre la conceptualización,
está dada por quienes perciben el acceso a la justicia como un Derecho y quienes lo
conciben como un servicio. Aunque hay espacio para una posición ecléctica que
postula de que tanto el acceso a la justicia sea visto desde la perspectiva de servicio o
como un derecho adquirido, la prestación de justicia como servicio, es un deber
estatal destinado a garantizar el acceso efectivo a los más desfavorecidos.
En relación a esto, Molina (2002) afirma que:
“La expresión acceso a la justicia no es fácilmente definible, pero ella es útil para referirnos al principio fundamental de todo sistema jurídico: que el pueblo pueda exigir y ejercer sus derechos y/o solucionar sus conflictos por medio del Estado. En primer lugar, el sistema legal debe ser igualitariamente accesible a todos, y en segundo lugar, estar encaminado a que su funcionamiento sea individual y socialmente justo. (p. 192).
Por tal razón, para que un sistema de justicia pueda concebirse como tal, se
debe hacer un esfuerzo inobjetablemente por desmotar todas aquellos subterfugios
que malamente impiden que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan desde el inicio
acceso a la justicia; por ende, de que le sirve a un poblador contar en su comunidad
con un pomposo inmueble que albergue los sistemas computarizados más actuales, el
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mobiliario más acorde, el material de oficina en cantidades razonables y un equipo
humano altamente capacitado si no puede tener acceso al mismo.
En función de lo narrado, vale la pena destacar que esas estructuras deben estar
interconectadas al Poder Judicial del país de que se trate, para que éstos en el
ejercicio pleno de sus atribuciones ejecuten todas aquellas políticas que en materia
judicial se hayan puesto en marcha, es decir que hace falta contar con una
organización gubernamental independiente y de última generación para llevar a cabo
los planes que en ejecución de las garantías que en ese ámbito se hayan planificado;
así pues, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en toda la América latina se han efectuado una serie de reformas en el
ámbito jurisdiccional, que atienden a independizar de una vez por todas al poder
judicial de las reiteradas interferencias efectuadas por los otros órganos que
conforman los poderes públicos nacionales.
En ese sentido la naciones que conforman el nuevo continente en primer lugar,
han hecho un enorme esfuerzo para poner en marcha una serie de obras en materia de
infraestructura a los fines de humanizar el rostro material de la justicia; y en segundo
orden, con muchos sacrificios fiscales, procedieron a asignar una cantidad
presupuestaria suficiente para paliar los gastos que tal función genera.
Ahora bien, los analistas del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) como apéndice de la Organización de la Naciones Unidas (ONU)
ha estimado, que para el logro de un verdadero sistema judicial hace falta que cada
país hispano parlante, destine el cinco por ciento (5%) de su presupuesto nacional
ordinario para financiar los gastos de la Fiscalía, el Poder Judicial y la policía; lo cual
contribuiría en gran medida a alcanzar las metas y objetivos de desarrollo del milenio,
para los países de este continente.
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En Venezuela a raíz de las nuevas tendencias constitucionales instauradas por la
puesta en vigencia de su nueva Carta Magna (1999), se ha efectuado con más énfasis
una minuciosa labor de revisión de la organización, procedimientos y mecanismos de
funcionamiento de su Poder Judicial, permitiendo con ello orientar adecuadamente el
presente y futuro de la rama jurisdiccional del Poder Judicial Venezolano.
Este proceso de cambio y transformación que aún hoy continua, ha facilitado en
mayor medida el establecimiento de los objetivos y retos de su proceso de
modernización, proceso éste que ha sido posible con la puesta en marcha de un
financiamiento externo efectuado por el Banco Mundial, a raíz del cual se logró la
construcción en diferentes estados de Venezuela de modernas sedes o palacios de
justicia, donde se albergan primordialmente a los nuevos tribunales de la jurisdicción
penal y de la jurisdicción laboral, cuyos juicios por ser verbales u orales necesitan la
instauración de una planta física acorde a tales requerimientos.
Asimismo mediante ese convenio marco, se le permitió al Estado venezolano
por órgano del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de
Venezuela, la suscripción de un convenio de préstamo subsidiario con el mencionado
ente multilateral, que impulsó significativamente la preparación y ejecución de su
programa interno de modernización y adaptación, más allá de lo estrictamente
material.
El monto de dicho convenio de préstamo fue por el orden de los 4,7 millones de
dólares en aporte externo y 2,6 millones de dólares en aporte local, para ser
ejecutados en tres años (1998-2000).
El Proyecto de Modernización del Tribunal Supremo de Justicia de la
República Bolivariana de Venezuela es el primer proyecto de aprendizaje e
innovación del Banco Mundial, por ser el primer proyecto de modernización que
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realiza el Banco Mundial con un tribunal o corte de último nivel de cualquier país
latinoamericano, lo cual ha despertado gran interés desde distintas partes del mundo;
de la misma forma el referido plan permitió, la preparación del estudio estratégico
global (Consorcio DPK-IESA), el cual contenía una propuesta concreta de
reorganización integral de las estructuras, procedimientos, espacios arquitectónicos y
otras recomendaciones para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y
materiales del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela.
Igualmente se efectuaron diversos foros, cursos, reuniones de coordinación y
publicaciones en temas como la participación ciudadana, Derechos Humanos, Código
Orgánico Procesal Penal, gratuidad judicial, jueces de paz, defensor del pueblo y
múltiples actividades internacionales que incluyeron las cumbres de presidentes de
tribunales y cortes de Iberoamérica, la organización de cortes supremas de América,
varios convenios internacionales y la red de cortes y tribunales supremos de
Iberoamérica: IUDICIS.
Por ello, para permitir en sus estructuras un mayor acceso a los ciudadanos a un
sistema público de justicia gratuita, el constituyente venezolano ha asimilado la tesis
presupuestaria sostenida por diversas entidades y conferencias internacionales, como
lo reseñado en la Resolución Nro. 23 de la Sección de Administración y Justicia de la
Federación Interamericana de Abogados durante la XXX conferencia celebrada en
Santiago de Chile en el año de 1993.
Al respecto, en dicha conferencia se acordó "promover la autonomía
presupuestaria del Poder Judicial a través de un porcentaje fijo del presupuesto
nacional anual de los países para la administración de justicia", el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la organización mundial Human
Rights Wacht (HRW); al destinar por mandato constitucional al menos el dos por
ciento (2%) del presupuesto ordinario anual para el funcionamiento del Poder Judicial
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Venezolano; monto éste que difiere enormemente con el que años atrás se le asignaba
a tan importante rama del poder público, al cual para los años 1994 y 1995
incluyendo la asignación presupuestaria del Ministerio Público no superaba el uno
por ciento (1%) del presupuesto ordinario anual de la República Bolivariana de
Venezuela.
Frente a esto, el autor Sarmiento (2000) ha apuntalado que:
“La intención del constituyente ha sido que el porcentaje asignado lo sea para el sistema de justicia, más no exclusivamente para el Poder Judicial, con lo cual la autonomía financiera de este poder queda menguada y en peor situación que durante los años anteriores a la Constitución si ese porcentaje no es elevado significativamente. En efecto el dos por ciento (2%) del presupuesto nacional ordinario deberá ser distribuido entre todo el sistema de justicia y destinado a cubrir las necesidades financieras del Tribunal Supremo de Justicia, lo demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario y los ciudadanos que participan en la administración de justicia. (Pp. 16-17).
En resumidas cuentas se denota, que si bien el monto que en principio destina la
República Bolivariana de Venezuela a la rama del Poder Judicial luce menguado para
la cantidad de instituciones, organizaciones, proyectos y tareas que le han sido
asignadas por ley a dicho poder, tal monto difiere de lo que anteriormente se
destinaba para tales propósitos; en el entendido que tal importe es el mínimo
destinable, con lo cual no resultaría para nada sorprendente que el mismo sea elevado
según las demandas presupuestarias de tan importante rama del Poder Público
venezolano.
En atención a lo indicado, sería deseable que en la medida de que el Estado
venezolano destine más recursos al sistema de justicia, en esa medida sea más
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eficiente la prestación de tan importante servicio, debido a que, tal situación
indudablemente redundará en la puesta en marcha de un mayor número de ayudas y
programas que le permitan a los justiciables carentes de recursos el acceso a una
justicia gratuita.
Sin embargo resulta oportuno recalcar, que el mencionado acceso se personifica
directamente con el potencial ejercicio de todos los ciudadanos y ciudadanas de poder
interponer en cualquier momento ante las dependencias jurisdiccionales adscritas al
gobierno judicial, sus pretensiones o excepciones. Ello así, en virtud que, en
Venezuela tal garantía al ser un norma de orden público de irrelajable concesión, se
entiende que la misma sigue su curso inalterable aun cuando sea decretado un estado
de excepción por el máximo jerarca del gobierno venezolano, por razones de orden
social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad
de la República Bolivariana de Venezuela.
Ante tal calamidad, como es sabido, es válido que cualquier Estado en virtud de
la emergencia por la que atraviesa, una vez concedida la venia de rigor por el Poder
Legislativo de que se trate, proceda a restringir las garantías consagradas en sus
constituciones políticas salvo, las referidas al derecho a la vida, prohibición de coartar
las comunicaciones, de llevar a cabo torturas, de restringir el derecho a la información
y a la inobservancia del debido proceso, dentro del cual se ubica inobjetablemente el
derecho de acceso a una justicia gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas y
equitativa.
Siendo así, mal podría pensarse, que ante estas situaciones por demás
imprevistas e impensadas, se le imponga a un ciudadano una condena penal sin que
previamente se le haya permitido acceder al sistema de justicia y a una defensa
técnica sufragada por el Estado en caso que el particular no tenga como financiar los
costos generados por su juzgamiento.
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Por tal motivo, el enfoque práctico del tema permite deslumbrar que existen una
serie de barreras o murallas que impiden que aquellas personas carentes de recursos
puedan irrumpir o incursionar ante un órgano jurisdiccional, y una de ellas es
precisamente el costo del proceso.
Como todos sabemos existen algunas cosas en la vida que son intangibles, o
sea, que no tienen ningún costo para los seres vivos, verbigracia la salud, la
educación, la justicia etc.; es decir que las mismas son derechos inherentes al ser
humano que pueden ejercerse directamente o no, por ello nadie puede en definitiva
exigirnos un pago directo para gozar o tener tales derechos, lo que en todo caso puede
demandarse es el costo que en la práctica conlleva garantizar los mismos.
Así pues, la justicia es un derecho que le ha sido conferido a todos los seres
humanos, pero el Estado para poder proteger el ejercicio pleno de tal derecho por
parte de los ciudadanos, tiene que erogar una cantidad importante de recursos para
poder paliar los costos que tal deber le acarrea.
Ahora bien, es necesario comentar que los mencionados costos en su conjunto
son denominados por la doctrina como litis expensas. Las litis expensas son los
gastos legales inherentes al litigio, tales como: derechos arancelarios, papel sellado,
timbres fiscales, resarcimiento de perjuicios y erogaciones que puedan ocasionar un
testigo a su asistencia al tribunal, los que ocasionare una experticia o una inspección
judicial y otros de esa índole; empero no lo serán, todos aquellas gastos provenientes
de actos que no sean obligatorios del procedimiento.
Sin embargo, Borjas (1947) al precisar lo narrado, señala que:
“Los representantes de las partes no están obligados a suplir tales gastos...(Omissis)...se impone a éstas el deber de suministrar a
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aquellos lo suficiente para sufragarlos, declarando que los mandatarios faltos de expensas están exentos de responsabilidad cuando en su gestión dejaren de hacer algo que ocasionare gastos. (p. 74).
En resumidas cuentas, se tiene que tal como lo comenta con vehemencia
Redenti (1957), el proceso cuesta, que el mismo es una especie de proyección externa
de la relación procesal, que existe una carga de impulso, y que en base a esto debe
existir el patrocinio gratuito con exoneración temporal de costos, con futura
retribución.
Además que, si bien el Poder Judicial es una carga de inmensas proporciones
que debe ser soportada por el Estado, las expensas procésales a las que se ven
sometidos los justiciables en un litigio son también de medianas magnitudes, por ello
Cappelletti y Garth (1996) señalan que:
“La resolución formal de disputas, particularmente en los tribunales, resulta muy costosa en la mayoría de las sociedades modernas. Aunque el gobierno normalmente paga los sueldos de los jueces y del personal que trabaja en el tribunal. Ofrece los edificios y otras instalaciones necesarias para los procedimientos, las partes llevan sobre sí una gran proporción de los costos necesarios para resolver una disputa, incluyendo los costos de los honorarios de abogados y algunos costos del tribunal. (p. 14).
Para alguno sectores de la doctrina, la idea de los costos de los particulares en
un juicio depende de gran medida del Tribunal por la materia al cual accede el
administrado, ya que, no será lo mismo garantizar el acceso y la gratuidad de la
justicia en un tribunal civil ante el cual se ventilan causas de índole netamente
patrimonial, que el acceso ante los tribunales penales ante los cuales se dirime un
derecho supremo y por demás protegido como es el de la libertad; ello según esos
sectores será preponderante para que el Estado en una u otra medida asuma parte de
los costos del proceso en el caso que el ciudadano involucrado en el litigio carezca de
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los recursos económicos suficientes para asumirlos, por lo tanto entramos en la
dicotomía doctrinal de la relación económico-procesal de los juicios, en donde según
Santana (1971):
“La presencia y operatividad de ciertos principios abstractos y universales se han anotado en los estudios del proceso, mediante el análisis de los sistemas positivos y el examen y desarrollo por la labor doctrinal. Entre ellos algunos autores mencionan y estudian el llamado principio de la economía procesal, cuyo enfoque podríamos enunciar en dos tesis, que reconociéndolo, le dan fundamentos distintos: a) quienes desarrollan una idea mecanicista de extraer máximo rendimiento en el proceso, con el menor gasto de esfuerzo y dinero; b) y los que pretenden que por medio de él, conjuntamente con ese anhelo de adecuación técnica, se haga una justicia accesible al pueblo, atemperando las diferencias que se derivan del poder económico de ciertas capas. (p. 1).
Queda entonces en manos del legislador reconocer en base a ese aforismo de
acceso gratuito a la justicia, que el particular de las clases económicas más bajas en
las jurisdicciones ordinarias tiene que pagar al profesional que lo asiste, ir cancelando
los costos arancelarios en caso de haberlos y sufragar ciertas cauciones o fianzas,
estableciéndose así un desequilibrio procesal que versará en la capacidad económica
de la contraparte que si podrá en todo caso sufragar una buena defensa judicial y el
costo que le corresponda por el proceso iniciado, ya que la onerosidad del proceso es
un grave obstáculo que se opone al ejercicio del derecho de acción en una sociedad
que, por ser económicamente desigual, puede convertir en una justicia de clase, lo
que debería concebirse como un acceso lineal de los ciudadanos y ciudadanas a los
tribunales.
Equilibrio o igualdad que para algunos luce como una meta difícil de alcanzar,
sobre todo cuando en muy pocos y escasísimos casos como en la novísima Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (2002) el legislador ha podido apreciar la necesidad
imperante de crear un régimen procedimental, que si bien algunos críticos lo han
73
tildado de proteccionista y aventajado para una de las partes en juicio, lo que busca en
definitiva es ponderar la balanza, para buscar la anhelada armonía que garantice uno
de los derechos más tutelados por la corrientes jurídicas más progresistas como lo es
el Derecho a la igualdad procesal.
La igualdad procesal es un principio de vieja valía, que en todo caso se instaura
como un faro de luz incandescente que pondera el equilibrio, la paridad o
uniformidad de las partes en litigio.
Este principio que se encuentra íntimamente ligado al debido proceso y al
derecho a la defensa, puede catalogarse como una garantía constitucional de vital
observancia por parte de los jueces ante los cuales se dirima un conflicto de intereses;
a tal punto que, su no acatamiento puede inducir no sólo a la reposición de cualquier
causa y a la casación por indefensión de la sentencia dictada en última instancia, sino
que incluso puede ser anulada -siempre que se cumplan los requisitos para ello- por la
declaratoria con lugar del recurso extraordinario de revisión, ante el grosero y
grotesco error en cuanto a la interpretación de los preceptos constitucionales que la
consagran.
Al respecto Couture (1993) refiere que:
“El principio de igualdad domina el proceso civil. Ese principio es, a su vez, una manifestación particular del principio de igualdad de los individuos ante la ley. Su fórmula se resume en el precepto...(Omissis)...audiatur altera pars (óigase a la otra parte). Oír a la otra parte es la expresión de lo que se denomina bilateralidad de la audiencia en las doctrinas alemanas y angloamericana. Este principio consiste en que, salvo situaciones excepcionales establecidas en la ley, toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ser comunicada a la parte contraria para que pueda ésta prestar a ella su consentimiento o formular su oposición. Conforme a este principio, el juez no procede de plano sino en aquellas situaciones en que la ley lo autoriza
74
expresamente...(Omissis)...Las aplicaciones más importantes de este principio son las siguientes:...(Omissis)...g) ambas partes tienen iguales posibilidades de presentar sus exposiciones de conclusión o alegatos y de impugnar mediante recursos las resoluciones que le sean adversas. Como se advierte por esta enumeración, el principio de igualdad surge de una repetición obstinada y constante, advertida a lo largo de todo el proceso de las soluciones de equiparación. (Pp. 183-184).
En base a esto se adviene, que el mencionado equilibrio procesal se rompe o
inclina hacia un costado de la balanza cuando: a) se establecen prebendas,
desigualdades o discriminaciones en el proceso; b) se convienen recursos o defensas
no establecidas en la normativa aplicable al caso concreto; c) el rector de la causa no
provea a tiempo las peticiones efectuadas por una de las partes en litigio; d) el juez
inexplicablemente niega o silencia una prueba o sencillamente se resiste a evacuarla;
y e) el sentenciador menoscaba o excede sus poderes inquisitivos en desmedro de uno
de los adversarios.
Por ello según Romberg (1991):
El principio de la igualdad de los ciudadanos informa toda la estructura política y jurídica de la sociedad organizada y la utilización de los órganos de la administración de justicia es una garantía asegurada por la Constitución a todos los ciudadanos, en correspondencia con la prohibición de la autodefensa, resulta justificado, que frente a la situación de aquellos que no dispongan de medios suficientes para la defensa o tutela de sus derechos, el Estado que se vea en el deber de eliminar el obstáculo que opone el sistema de las tasas judiciales y en general el costo del proceso, en beneficio de aquellos que por su situación económica se encuentran impedidos de hacer valer en juicio la tutela de sus derechos. (p. 75).
Sobre la base de los argumentos antes transcritos, puede acotarse, que el
sistema judicial actual a los fines de materializar la tan nombrada igualdad, debe
75
alentar que las partes en juicio puedan verdaderamente aportar a la causa todas
aquellas pruebas de las que quiera valerse a los fines de comprobar sus respectivas
afirmaciones, ya que de lo contrario tendríamos, dos clases de litigantes, uno que no
gozando eventualmente de la verdad material pero que en atención de sus recursos
puede hacer efectivas sus cargas procésales, en desmedro de la otra que ceñidamente
puede apenas sostener el pleito.
De la misma forma el comentado sistema, debe diligentemente en aras de
sostener vehementemente la aplicación del principio invocado, evitar
concienzudamente las vergonzosas prácticas que se generan cuando un juzgador
asume una postura maliciosa a los fines de beneficiar las argumentaciones de una de
las contrapartes ávida de recursos económicos; por ello para el autor, la igualdad
procesal debe concatenarse ajustadamente a la posibilidad de que la parte
menesterosa pueda hacer valer y demostrar con todas las pruebas licitas permitidas
por el derecho probatorio sus respectivos alegatos en una disputa judicial; eso,
inobjetablemente contribuiría a realzar una verdadera equivalencia en cualquier
proceso.
A este respecto, Sarmiento (2000) enfatiza lo siguiente:
"Se ha considerado que el principio de igualdad procesal repugna los procedimientos privilegiados en relación a la raza, fortuna o nacimiento de las partes...". Así se tiene que la gratuidad de la justicia es una consecuencia directa del principio de igualdad; derecho éste que está francamente asociado a otro de mayor escala, que no es otro que el debido proceso.
El debido proceso es un principio que debe ser reverenciado tanto en sede
judicial como en sede administrativa, dado que, el mismo constituye la piedra angular
del derecho procesal y de cualquier instrumento jurídico-adjetivo. Como corolario de
lo anterior, es preciso señalar, que García (1991) relata que:
76
“El ejercicio de la función jurisdiccional a través del derecho procesal implica básicamente un sistema de garantías constitucionales que se proyecta en el llamado proceso de la función jurisdiccional...(Omissis)....Este garantismo supone la conceptualización del proceso como realidad sustantiva ajena a su caracterización instrumental; implica la puesta en práctica de las garantías contenidas en las leyes procésales plenamente comprometidas con la realidad Constitucional aquí y ahora. Es incuestionable que para conseguir una justicia saludable, plena de equidad, abarcadora de las perspectivas de toda la sociedad y del propio Estado Democrático, como lo reclama esta época, se exige la confiabilidad de las partes en su ejecución legal, garantista e independiente, con proporcionalidad e iguales posibilidades de actuar y contradecir ante un órgano jurisdiccional imparcial. No basta con la elaboración de normas claras que recojan el rito establecido para alcanzar un fallo justo, pues se requiere también que estas regulaciones proporcionen la posibilidad de un proceso digno y humanitario, sobre bases y principios democráticos, pero además de ello, es preciso que tales normas y formas de proceder se apliquen con el sentido que las inspiran, para que se pueda arribar en buena lid, a una decisión "correcta". De ahí que ofrecer supremacía o dispensar menosprecio a cualquiera de estos tres lados del triángulo equilátero de la esfera judicial nos conduzca a yerros fatales para acceder a una verdadera justicia. (p. 85).
Es así como, tal garantía procesal y procedimental que nació bajo el amparo del
capítulo 39 de la Carta Magna inglesa de 1215 bajo la anuencia del Rey "Juan Sin
Tierra", en la cual se enarboló la proclama que señalaba: "el derecho de los barones
normandos a no sufrir arresto o prisión arbitrarios, y a no ser molestados ni
despojados de su propiedad sin el juicio legal de sus pares y mediante el debido
proceso legal" y que luego se transmutó en la tradición jurisprudencial anglo-
norteamericana.
Al extenderse el concepto del debido proceso a lo que en esa tradición se
conoce como debido sustantivo o sustancial –substantive due process of law-, que, en
realidad, aunque no se refiere a ninguna materia procesal, constituyó un ingenioso
mecanismo ideado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para afirmar su
77
jurisdicción sobre los Estados federados, al hilo de la Enmienda XIV a la
Constitución Federal (1776), se ha constituido en un precepto de inigualable valía
para garantizar a los administrados el correcto orden y proceder de los órganos de
administración de justicia ante los cuales se vean involucrados la defensa de sus
derechos.
En la actualidad la aludida garantía se engloba o compone en una serie de sub
principios de rango constitucional que la integran, los cuales deben ser observados o
materializados cuidadosamente para que puedan solidificarse en un único atributo
dogmático denominado el debido proceso.
Estos básicamente se disgregan primariamente en: a) La defensa y la asistencia
jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del
proceso. En consecuencia, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos
por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas, de recurrir del fallo y de
disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas
las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. b) Toda persona se
presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. c) Toda persona tiene derecho a
ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo
razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e
imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda
comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. d) Toda persona tiene
derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o
especiales, con las garantías estatuidas.
Igualmente comporta que ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin
conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de
excepción o por comisiones creadas para tal efecto; por lo cual en principio esta
negada casuísticamente la idea de que una persona sea juzgada por un juez al que
78
desconoce, ya que tal medida atentaría como otro principio procesal de dilatada valía
como lo es el de la concentración; salvo que, por extremas medidas de seguridad y
con el fin único de salvaguardar la vida de los juzgadores, se permita la figura de los
jueces sin rostro, que ha sido una institución frecuentemente utilizada en países
altamente conflictivos como la República de Colombia, donde la guerrilla y los
grupos paramilitares acechan constantemente la integridad física de aquellos que por
mandato constitucional están obligados a impartir justicia en nombre del Estado
colombiano.
Siguiendo en la misma línea, se tiene en un segundo plano de igual categoría
que: e) Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí
misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere
hecha sin coacción de ninguna naturaleza. f) Ninguna persona podrá ser sancionada
por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en
leyes preexistentes. g) Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos
hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. h) Toda persona
podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica
lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados, quedando a salvo el
derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o
de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos
o éstas.
Como puede observarse tal como lo refiere Brewer (2000) "Lo más importante
de las garantías constitucionales, además del acceso a la justicia, es que esta se
imparta de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución y las leyes, es
decir, en el curso de un debido proceso". (p. 164).
79
Por esa razón, el debido proceso como tutelaje excepcional procesal de los
justiciables, exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos
administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean
razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y
de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que su
inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su
invalidez absoluta con efectos ex nunc y ex tunc.
De ese modo, un acto dictado como consecuencia de un procedimiento
administrativo, será considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho
fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de
razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito –en tanto vulnera un derecho o un bien
jurídico de mayor jerarquía que el que pretenden protegerse– y los medios para
alcanzarlo no son proporcionales –en tanto no respete los principios de adecuación,
necesidad y proporcionalidad en estricto sentido- ampliamente contemplados bajo la
vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos (1981).
En resumen se observa que el debido proceso, como norma rectora del Derecho
Procesal Constitucional, se encuentra dilatadamente unida al principio de la igualdad
y del acceso a la justicia de los justiciables, ya que, mal podría ser justo, equitativo y
ecuánime aquel fallo que se incline deliberadamente a convalidar francas
desigualdades en el desarrollo del proceso previo o que en un primer orden niegue el
acceso a los órganos de administración de justicia a cualquier ciudadano que requiera
hacer valer sus intereses difusos o colectivos.
Es así como, Rodríguez (2000) refiere respecto a la justicia gratuita que:
“El fundamento de este derecho constitucional radica en la no discriminación por razón de la situación económica; por ello, se
80
concede el acceso a la tutela judicial efectiva, mediante el ejercicio de la acción y a través del debido proceso, a quienes no poseen recursos económicos suficientes, reconociéndoles un derecho que se materializa en la asistencia jurídica gratuita. (p. 61).
En función de lo narrado se deriva la idea de la integración que debe existir
entre el debido proceso, el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, que
desde luego son instrumentos fundamentales que se funden para la obtención por
parte de un justiciable de su derecho de acceder a una justicia gratuita que atienda a
sus reclamos o querellas.
Por ello, es menester hacer especial énfasis en que la tutela judicial efectiva,
que a todas luces es el derecho exclusivo de los ciudadanos de poder ser amparados o
socorridos por el Estado a través de sus órganos jurisdiccionales sin diferencias de
ninguna naturaleza desde la interposición de una causa hasta la ejecución del fallo
que la decida; va sin lugar a dudas de la mano con el principio de gratuidad de la
justicia.
De esta forma en el catálogo de derechos fundamentales de la persona que
desde mediados de este siglo han encontrado definitivo reconocimiento en las
constituciones y en convenios o tratados internacionales, se incluye siempre el
tutelaje efectivo de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Sobre la base de esta teoría, Ortiz (2001) señala que:
“El Estado de Derecho es, ante todo, "un estado de tutela", esto es, una organización jurídica mediante la cual se ampara y protege a los ciudadanos en el goce efectivo de sus derechos subjetivos (individuales o colectivos). Pareciera un contrasentido, en este marco de ideas, pensar en una "tutela judicial efectiva" puesto que si la tutela es "judicial" es, per se "efectiva", si así no fuera dejaría de ser tutela. (p. 142).
81
Lo expuesto conlleva a inferir que este derecho fundamental, si bien se erige
tradicionalmente como el derecho de los administrados a concurrir a los órganos que
imparten justicia en defensa de sus derechos, se muestra en ese sentido con mayor
vigorosidad como un derecho extremadamente complejo o complicado. De este modo
el tratadista Canova (1999) respecto a la tutela judicial efectiva establece que:
“Ese principio fundamental en primer término, contiene el derecho de acceder a los tribunales sin prohibiciones o limitaciones excesivas o irrazonables. Además, por razones de pura lógica, supone el derecho fundamental a obtener una decisión fundada en Derecho de los órganos que imparten justicia; una sentencia con motivación y congruencia que solucione la controversia. Es obligación de los tribunales por otra parte, dictar esa sentencia en un tiempo razonable, porque una demora importante al decidir se convierte, de suyo, en una simple denegación de justicia. (Pp. 17 y 18).
Como puede observarse, la tutela judicial efectiva como se ha indicado no sólo
comporta la posibilidad de los ciudadanos de acceder gratuitamente a los órganos de
administración de justicia, sino que, conlleva indudablemente el estigma de la
celeridad procesal en el conocimiento de las causas. Incluso puede decirse con toda
propiedad, que tal principio sobrelleva de la misma manera el ejercicio por parte del
juez de la causa, de todas aquellas actuaciones tendentes a asegurar la ejecución
forzosa de sus fallos, y tal como lo plantea nuevamente Canova (1999):
“La posibilidad de emitir medidas cautelares, ya que las mismas tienen por fin servir de instrumento a la justicia, es decir, evitar el peligro de infructuosidad, sea objetivo y directo o subjetivo o indirecto, de que la sentencia principal pierda efectividad, siquiera de modo parcial. (p. 125).
En consecuencia, tal como lo señala Molina (2002), la tutela judicial:
82
“Consagra el derecho de acceso a la justicia...(Omissis)...Acceso para todos al Sistema Legal, para sus derechos, libertades y beneficios. Acceso a los instrumentos incluyendo a los tribunales ante los que se pueden hacer valer aquellos derechos, libertades, y beneficios, en forma significativa y eficaz, en fin de lo que se trata es de hacer el proceso más humano, lo que implica un cambio de perspectiva en donde el proceso ya no es visto en función del juez o de los estudiosos del Derecho sino desde la óptica del ajusticiable, de la ley y de la justicia, por lo que podemos afirmar que estamos ante un cambio de paradigmas. (Pp. 191 y 192).
Cabe destacar también, que la idea del acceso directo de todos los ciudadanos a
los órganos jurisdiccionales ha colado en los países de América Latina con la
instauración de verdaderos regímenes democráticos, que, más conscientes del respeto
de las libertades individuales que innatamente se les ha concedido a los hombres, se
enfocaron en la puesta en marcha de un sistema judicial que atendiera las demandas
de todos aquellos derechos sacramentalmente preceptuados en diversos tratados
internacionales, que, precisamente en atención a tan supremas garantías fueron
firmados y ratificados por las nuevas Repúblicas de la América de habla hispana.
Por ello, como consecuencia de la puesta en marcha de tales convenciones,
tenemos que en virtud de las mismas, se han creado órganos o entes supranacionales
que tienen como propósito controlar, fiscalizar y revisar que los estados creadores de
los mismos se aboquen al cumplimiento de los pautado en los tratados signados por
ellos; en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto
al acceso a la justicia, se ha expresado con evidente preocupación sobre la situación
de que una persona indigente pueda o no acceder a las instancias judiciales.
En ese orden de ideas, la referida instancia se ha preocupado en plantear de que
si bien es cierto que en el contenido de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos se garantiza el derecho de los ciudadanos de acceder a los estrados
judiciales, tal medida no prevé otro inconveniente de mayor magnitudes que es el del
83
derecho de asistencia legal. Es así como se plantea la interrogante de que si un
indigente por su condición de tal, podría acudir directamente a los órganos
jurisdiccionales sin asistencia del Estado u otra dependencia, y poder ventilar su caso
exitosamente.
En base a lo narrado la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en
la Opinión Consultiva Nro. 11/90 del 10 de agosto de 1990 sostuvo que:
“La parte final del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prohíbe discriminar por su posición económica...(Omissis)...y que en tal sentido el artículo 24 de la Convención debe ser interpretado de que si una persona busca la protección de la ley para hacer valer sus derechos, encuentra que tal posición económica le impide hacerlo, queda discriminado, lo que sí constituye una violación a la Convención”.
Por lo que, habría que inferir que los Estados partes de la Organización de
Estado Americanos, a la cual se encuentra adscrita la citada Corte, no sólo deben
velar de que sus conciudadanos tengan libre acceso a los órganos judiciales, sino que
también deben diseñar una serie de políticas internas que les permita a los más
necesitados gozar en el litigio, de la asistencia técnica debida; más aún cuando el
articulado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al hacer alusión a
las garantías judiciales, si bien en principio se refiere a los procesos penales, tales
garantías se aplican a los órdenes civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro
carácter.
De tal modo que, como se ha comentado, los Estados que conforman la
Organización de Estado Americanos (OEA), en atención a los pactos suscritos por
éstos, poseen normativas específicas en sus Constituciones Nacionales que de una u
otra manera garantizan el acceso a la justicia o la igualdad ante la ley, basta en todo
caso efectuar una lectura rápida al artículo 16 de la Constitución de la República
84
Argentina (1994), el artículo 5 de la Carta Magna de la República Federativa de
Brasil (1988), el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución de la República de Chile
(1980), el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Costa Rica
(1949), el artículo 23.3 de la Constitución de la República del Ecuador (1998), el
artículo 2.2 de la Carta Magna de la República del Perú (1993), el artículo 27 de la
Constitución de la República de Nicaragua (1987), el artículo 6 de la Constitución de
la República de Guatemala (1985), y el artículo 20 de la Constitución de la República
de Panamá (1972), para apreciar que en sus contenidos se instauran tales preceptos.
En consecuencia, no basta con permitir que los ciudadanos accedan al sistema
de justicia, es decir que logren sobrepasar la barrera de pisar el juzgado y deslastrar
con ello los miedos que le alejan del sistema de justicia, sino que es menester que esa
incursión este acompañada de una asistencia técnica que le permita obtener una
defensa o excepción acorde con sus pretensiones.
Otro de los obstáculos que impiden el libre acceso de los administrados a los
sistemas de justicia, es que la mayoría de las reclamaciones o solicitudes que un
ciudadano común pudiera interponer ante los órganos jurisdiccionales son
cuantitativamente pequeñas, por lo tanto, más costoso resulta para ellos a) el pago de
los honorarios profesionales que le va a exigir un profesional del derecho para
asistirlo ante el estrado, b) las subsiguientes erogaciones para cancelar los efectos
económicos del proceso, c) la liquidación de los aranceles si los hubiere y, d) todo
aquello que coadyuve a la obtención de una sentencia que defienda o le reconozca
algún derecho; que el mismo juicio incoado. Por lo que, una persona de escasos
recursos no podría intentar, verbigracia, una acción mero declarativa, si el
reconocimiento de tal derecho le conllevaría destinar el grueso de sus menguados
recursos al reconocimiento por vía judicial del mismo.
85
Es así como, ante tal barrera, muchos administrados se inhiben de salvaguardar
sus derechos ante los estrados u órganos judiciales, al constatar someramente que esa
empresa les llevaría erogar una cantidad de dinero que no pueden sufragar;
generándose así una masa incalculable de personas que ven desistidos o
desamparados sus derechos por no poder defenderlos, permitiendo con ello que sus
vidas estén al margen de lo que el sistema y la sociedad en si les permitan.
De la misma forma es necesario establecer, que es un hecho por demás
palpable, que el tiempo en promedio prolongado en la sustanciación de los juicios
incoados por cualquier ciudadano por ante un juzgado, de la misma forma atenta
contra el acceso de éstos al Poder Judicial; ya que ponderando, no será lo mismo el
sostenimiento de los costos judiciales por un lapso razonable, que soportarlos por un
periodo que en promedio y en virtud del principio de la doble instancia judicial
estatuido en el artículo 8, inciso 2, letra h) de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos de 1979 (Pacto de San José de Costa Rica) no es menor a los
cinco años.
No cabe dudas entonces de que la situación planteada, irrevocablemente
desnaturaliza uno de los principios que rigen el Derecho Procesal Constitucional
como lo es el de la brevedad procesal, el cual implica que todos los actos que
conforman los procesos judiciales incoados ante los órganos jurisdiccionales, deben
sustanciarse en un tiempo acorde a la complejidad del mismo.
Es decir, que razonablemente la cognición de un juicio breve u oral debe ser
proporcional a las someras incidencias que deberían presentarse en su tramitación; en
el caso contrario, un juicio ordinario por mandato de ley debe en función de las
instituciones que tutela ser un poco más alargado; por consiguiente, lo que mal podría
permitirse es que esos lapsos prudentemente contemplados por el legislador se
vulneren indiscriminadamente por retardos infundados pervirtiendo así no sólo la
86
correcta administración de justicia sino también la seguridad jurídica y la credibilidad
en el sistema judicial.
En virtud a lo anterior, resulta oportuno acentuar, que el retardo procesal es uno
de los flagelos que indudablemente no sólo encarece sino que desnaturaliza el tutelaje
efectivo de los derechos de los ciudadanos, por ello tenemos, que en Venezuela basta
con observar la relación de causas que se encuentran dilucidándose en sus tribunales
penales, para constatar que la principal causa de violación del derecho a la justicia de
la población reclusa y una de las características constantes del sistema penitenciario
venezolano durante los últimos nueve años es el retardo procesal que genera y
mantiene, entre otros efectos, los elevados porcentajes de hacinamiento en los centros
penitenciarios que durante el periodo 1996-1997 se ubicó en 57,7%.
Así las cosas, la práctica de una actividad judicial que no vaya en correcta
sintonía con la tan anhelada celeridad a que hacen alusión los cuerpos normativos que
en materia procedimental se han sancionado en la República Bolivariana de
Venezuela, quebrantan los más indispensables principios que impulsan el Derecho
Procesal Constitucional, celeridad que según Sarmiento (2000):
“Es uno de los problemas de mayor gravedad que afecta la recta administración de justicia no solamente en Venezuela sino en gran cantidad de países. De allí que en las V Jornadas Iberoamericanas que se reunieron en Bogotá, Colombia el primer tema a tratar fue precisamente, "El problema de la lentitud de los procesos y sus soluciones".
Allí bajo la ponencia de los procesalistas colombianos Hernando Morales
Molina y Hernando Devis Echandia, se determinó, como premisa fundamental que la
duración anormal del proceso comporta una denegación de justicia, por lo cual debe
reducírsele al mínimo posible, pero sin mengua del derecho de defensa y de las
garantías del debido proceso. (Pp. 73-74).
87
En ese sentido, no podría decirse que una causa que fue decidida luego de haber
transcurrido un lapso de tiempo injustificable, se aplicó correctamente el debido
proceso ni los principios que lo rigen; ya que, frente a tal aberración jurídica cabría la
pena preguntarse ¿Hasta qué punto puede ser calificada de justa esa decisión? o ¿qué
derechos se tutelaron en desmedro de otros?; frente a esto la doctrina ha sido enfática
en esbozar ese aforismo anónimo que reza: "que una justicia alargada en el tiempo no
es justicia", y así definitivamente debe ser interpretada tal aseveración por todos los
órganos que rigen el destino del Poder Judicial.
Sin embargo, para nadie es un secreto que en los estrados judiciales todavía
conviven un grupo de letrados, que atienden más a la instauración de tácticas
malsanas y por demás condenables de dilatar a ultranza todos los juicios en los que
representen o asistan a su poderdante cuando saben o les consta que su contraparte es
un ciudadano que apenas puede tímidamente acudir a un órgano jurisdiccional o
sostener un litigio.
Dicha artimaña inobjetablemente atenta contra la ética y probidad del ejercicio
de la abogacía, más aún, cuando los ciudadanos tienen la expectativa legítima o
plausible de que el Estado como prestador del servicio público de justicia, debe
asegurarle a éstos no sólo el acceso al sistema formal de justicia, sino también una
decisión oportuna y en lapso contemplado para ello; en ese sentido, los cuerpos
colegiados y los propios jueces de la causa deben tomar los correctivos disciplinarios
dispuestos para ello, ya que, en la mayoría de los casos, estas personas de escasos
recursos que a duras penas pueden defender sus intereses en un pleito, cuando éstos
se retardan indefiniblemente en el tiempo, es común verlos desistir sobrevenidamente
del proceso al no poder mantener económicamente las cargas que tal importe les
genera.
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Por consiguiente los jueces como veedores excepcionales de la legalidad, deben
evitar que pasivamente ante los juicios ventilados en sus recintos se sigan repitiendo
indiscriminadamente tales prácticas, so pena de inadvertir que las dilaciones
indebidas contribuyen a perpetuar fatalmente los juicios.
Prácticas, que si bien transfiguran el sistema de justicia y el acceso de los
administrados al mismo, conllevan en la mayoría de los casos la inefable huella del
fraude procesal, el cual implica un violación flagrante del principio de la buena fe.
Sobre este particular Liebman (1980) reseña que:
“Si bien en el proceso se desarrolla una lucha en la que cada uno se vale libremente de las armas disponibles, esta libertad encuentra un límite en el deber de observar "las reglas del juego", estas exigen que los contendientes se respeten recíprocamente en su carácter de contradictores en juicio, según el principio de la igualdad de sus posiciones respectivas; por eso cada parte debe evitar recurrir a maniobras o artificios, que podría impedir a la otra hacer valer sus razones ante el juez en todos los modos y con todas las garantías establecidas por la ley. (p. 91).
Estos planteamientos nos llevan a inferir que, al parecer los enjuiciadores
desconocen que por tales conductas omisivas al no hacer valer la correcta probidad y
lealtad de las partes en juicio, desencadenan responsabilidades personales por los
daños que por su conducta subjetivas le han generado a los administrados, más aún
cuando la misma puede ser interpretada como una denegación explicita de sus
derechos a una justicia breve, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Asimismo, otro de los óbices que impiden el acceso de los justiciables a la
justicia gratuita, son las diferencias abismales que pueden existir en todo litigio si nos
trasladamos al campo de la capacidad económica que pueda exhibir un litigante frente
89
a su adversario; lo que se traduce en que, indudablemente el pleiteador que tenga un
mayor soporte o patrocinio financiero tendrá entre sus manos injustamente un
porcentaje más alto de éxito en contraposición de aquel que carezca de los recursos
monetarios suficientes para costear su posición en una disputa judicial.
De manera pues, que la situación económica se convertirá lamentablemente en
uno de los factores decisivos que incline el peso de la balanza hacia aquel que cuente
con el dinero necesario para cubrir sus maniobras en cualquier pleito, ya que ese
elemento será preponderante para obtener a) una mejor defensa técnica; b) el soporte
de una mayor actividad probatoria que permita insoslayablemente comprobar sus
alegatos; c) el mantenimiento del juicio por un mayor periodo y, d) el ejercicio pleno
de sus recursos en caso de no resultar favorecido por el fallo proferido por el juez de
la causa.
Por ello se infiere, que a mayor sea el caudal monetario del litigante mayor
serán sus posibilidades fácticas de obtener un fallo acorde con su pretensión;
situación está que atenta frontalmente con las clases más desposeídas, que carentes de
recursos para acceder a los administradores de justicia ven disminuidas sus
posibilidades de defender sus derechos.
Más aún cuando lamentablemente las cifras revelan, que América Latina se ha
convertido en unos de los sectores socio-culturales del mundo occidental con un
índice de pobreza de mediana magnitud, como consecuencia de la puesta en práctica
de: a) erradas políticas económicas, b) el manejo impuro de las arcas de la nación y,
c) una clase política apetecida de grandes negocios para sus intereses propios;
políticas que se han traducido en un acrecentamiento desmedido de los índices de
pobreza y miseria, que si bien no se asemejan a las paupérrimas condiciones de vida
que imperan en el continente africano, no está demás estimar, que a ese ritmo
retrogrado por el que se transita, nos acercarían peligrosamente a la vuelta de muchas
90
décadas a ese continente de muerte por enfermedades infectocontagiosas, guerras
civiles desproporcionadas y de hambruna.
Así se tiene que según datos aportados por la Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Anuario Estadístico de América Latina y
el Caribe. Año 2003, se observa que:
“La pobreza sigue representando un desafió de enorme magnitud para los países de América Latina. En el 2002, el 44% de la población, es decir 221 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza, en tanto que 97 millones, cifra correspondiente al 19,4% de los habitantes de la región, vivían en pobreza extrema o la indigencia" (p. 2).
Considerando lo antes planteado, vale la pena preguntarse si tales estadísticas
no revelan la injusta distribución de la riqueza bruta de los naciones del nuevo
continente, brecha ésta que se constituye en uno de los principales problemas que
aquejan a las sociedades latinoamericanas, ya que, por un lado tenemos a un grupo de
personas que no tienen acceso a las más mínimas condiciones para satisfacer sus
necesidades básicas frente a otra masa de pobladores que medianamente pueden
cubrir los gastos generados por la cesta alimentaría y los servicios más esenciales.
Tal desequilibrio socioeconómico puede divisarse en mayor o menor medida en
uno u otro país, en tal sentido el ya comentado estudio "Anuario Estadístico de
América Latina y el Caribe. Año 2003", emanado de la Comisión Económica Para
América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya sede regional está ubicada en la ciudad de
Santiago de Chile, ha develado que:
“En lo que respecta a la distribución geográfica de la población pobre, casi la mitad se concentra en tan sólo dos países: Brasil (30%) y México (17%). En Colombia y los países del Istmo Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
91
Nicaragua y Panamá) vive alrededor de un 10% del total de la población pobre de América Latina y el Caribe. En el caso de la indigencia, los porcentajes de Brasil y México son algo menores (25% y 14% respectivamente), pero aumentan en los casos de Colombia (12%), el Istmo Centroamericano (12%) y otros países (10%), en esta última categoría sobre todo por la inclusión de Haití. Otros países en los que se encuentra una alta proporción de pobres e indigentes son Argentina (8% y 9% respectivamente), Perú (6% y 7%) y la República Bolivariana de Venezuela (5% y 6%). Por último el estancamiento de producto por habitante en la región registrado en el 2003 hace suponer que la pobreza y la indigencia probablemente hayan crecido en términos de marginales ese año, puesto que habrían ascendido al 44,3% y al 19,6% respectivamente. Aun cuando en términos porcentuales estos incrementos son exiguos, se traducirían en un aumento de aproximadamente 5 millones de personas pobres, lo que llevaría la pobreza a 226 millones de personas, incluidos 100 millones que viven en condiciones de extrema pobreza”. (p. 4).
De este modo, queda demostrado que los índices de pobreza lejos de ir
disminuyendo año a año, en algunos ámbitos geográficos se estancan o peor aún
aumentan con preocupación, deslastrando con ellas las muy severas y dramáticas
consecuencias que surgen de las carencias y de los menguados ingresos per capita.
Tales cifras como se ha observado, también pueden ser colegidas en la
República Bolivariana de Venezuela, donde según datos emanados del vulgo y del
trajinar diario, ubican a la pobreza en márgenes superiores al 80% de la población, es
decir, que de cada 10 habitantes de esa nación 8 de ellos no posee los recursos
económicos suficientes para sufragar el costo de la canasta de todos aquellos
alimentos que sean suficientes para cubrir las necesidades nutricionales de la
población estimadas en 2.200 calorías diarias por persona.
En desmedro de lo narrado, el recién creado Instituto de Nacional de Estadística
(INE) de la República Bolivariana de Venezuela, según un estudio de campo
efectuado en ese territorio durante el primer semestre del año 2002 reveló, que en esa
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nación suramericana según sus cálculos descriptivos, existen dos millones trescientos
veinte mil quinientos sesenta y tres (2.320.563) hogares pobres, lo que representa el
41,5% de los hogares venezolanos; sin embargo el número de hogares pobres
extremos se ubican -de acuerdo a estos datos oficiales obtenidos bajo los parámetros
del Decreto con Fuerza de Ley de la Función Pública de Estadística (2001) en
novecientos veintiocho mil ciento cuarenta y seis (928.146) hogares pobres extremos,
siendo este monto el 16,6% de los hogares de la República Bolivariana de Venezuela.
En ese orden de ideas, resulta oportuno destacar que los estados con mayor
índice de pobreza en la República Bolivariana de Venezuela en ese mismo orden son:
Barinas con 67,6%; Sucre con el 57%; Yaracuy con el 56,7%, Guárico con el 55,1%
y Apure con una incidencia de pobreza que engloba al 55% de sus habitantes.
Líderizando así la no muy célebre cifra de administrados, que no pueden si quiera
satisfacer sus necesidades materiales ni mucho menos acceder a un estrado a defender
sus intereses por no poder pagar los importes que tales cargas les generan.
Por ello, es menester que los sistemas de justicia de los países hispano-
americanos, estén firmemente en sintonía con la problemática socioeconómica que
trágicamente agobia al grueso de la población de estas naciones; en mala hora seria
pues, tener un gobierno judicial y unos jurisperitos que la humanicen, que se
coloquen de espaldas ante las carencias que pueden presentar aquellos que
milagrosamente a pesar de todas las barreras u obstáculos que se le imponen, osen
dilucidar una controversia en sus estrados.
Con ello, no se quiere sistematizar la idea bizantina de tener jueces
complacientes de una u otra posición económica, sino más bien conscientes de la
difícil tarea que puede resultar para una persona de escasos recursos monetarios no
sólo acceder sino mantener un juicio, a pesar que ante él se hayan derribado con el
trajinar del tiempo infinidad de óbices infranqueables.
93
En tal sentido, los sistemas de justicia deben estar abocados a atender y a
colaborar, sin discriminaciones y con un justo equilibrio procesal, todas aquellas
pretensiones que hayan sido incoadas por los menesterosos, atendiendo así
inconcusamente desde ese punto de vista, el postulado dogmático que propugna la
gratuidad de la justicia.
Por tales razones, Molina (2002) reflexiona indicando que:
“Es necesaria la existencia de una sociedad homogénea, en el sentido de garantizar que cada uno de sus miembros tanga la posibilidad de acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas, la persistencia de una injusticia institucionalizada producto del incumplimiento de secular de los mandatos constitucionales, es lo que ha convertido nuestras sociedades en democracias verbales, en las que no existe plena vigencia del orden jurídico que sus Constituciones han proclamado. Si en estos momentos quisiéramos saber ¿a quién sirve el sistema de justicia venezolano? tomando como parámetro la situación socio-económica, como condicionante de relevancia para el otorgamiento de una mayor protección jurídica; ante la falta de un estudio sociológico y estadístico que nos muestre resultados concretos, podríamos hacer uso de la experiencia empírica...(Omissis)...la estructura judicial penal, es básicamente un mecanismo de represión contra las clases desposeídas...(Omissis)...Mientras que la estructura civil y mercantil, cada vez más costosa e inoperante, consume una importante porción del Presupuesto del Poder Judicial, para atender a una población minoritaria dentro del espectro social pero fuerte desde el punto de vista económico...". (p. 101).
De acuerdo a todo lo reseñado, una de las causales que influyen directamente en
la grave crisis que envuelve filosóficamente la prestación del sistema de justicia en la
República Bolivariana de Venezuela, está dada por la baja afluencia de ciudadanos
pobres a los juzgados, debido a que según datos aportados por Roche (2000) "para el
año 1997 sólo el 20% de la población tenía acceso a los mecanismos formales de
administración de justicia" (p. 114).
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En base a ello, y con el fin de acabar además las muy deslastradas sombras que
todavía empañan el correcto trajinar de tan soberbio derecho en los estrados de
Venezuela, (como lo son: los cobros por traslado de los alguaciles para efectuar una
citación; la muy encarecida publicación de carteles en los diarios nacionales o
locales; colectas generalizadas por la agilidad o eficiencia de una escribiente o
amanuense; la muy anacrónica figura de los defensores ad litem, quienes actúan si
sólo si hay a cambio una contraprestación fugaz del supuesto adversario; el sombrío
aspecto de las mal llamadas colaboraciones para el traslado de un juzgado) el
constituyente instauro en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) el principio de la justicia gratuita.
Sin embargo, a pesar de las acertadas políticas que en materia legislativa y
judicial se han estatuido, es oportuno indicar que mucho de esos vicios todavía
agobian al grueso de los muy escasos administrados que carentes de todo clase de
recursos acceden al sistema formal de justicia.
No en vano y consciente de tan lamentable situación, el Presidente del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela ha anunciado el
diseño de un proyecto a través del cual se le pueda permitir el acceso gratuito a la
justicia a las personas más necesitadas de la población venezolana. Por ello, en el
marco de las IV Jornadas de Derecho para Defensores Públicos y Analistas
Profesionales, que se celebraron del 12 al 13 de mayo de 2005 en el auditorio de la
Sala Plena de tan importante estrado, señaló que:
“Ya no se puede concebir la Defensa Pública como un sistema apéndice de la jurisdicción penal y no puede ser así...(Omissis)...el objetivo es llegar hasta ese 70% de la población que está excluida del acceso a la justicia, que la justicia llegue a los barrios, al campesinado, a los indígenas, por eso en la Sala Plena se aprobó un programa para llegar a los sectores más necesitados, todavía no se le ha dado nombre, se habla de las casas de la justicia, justicia para
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todos, justicia adentro, misión justicia, no tenemos complejos con respecto al nombre, lo que tenemos que hacer es ir hacia los sectores más desfavorecidos porque si no, no hay tutela judicial efectiva, sino el artículo 26 de la Carta Magna es letra muerta, ya que no hay acceso a la justicia real. Tenemos que tirar puentes entre la justicia informal que está en el cerro y la justicia formal que está en los Palacios de Justicia. Por esa razón se está pensando construir, en conjunto con otros Poderes del Estado, las gobernaciones de estado y los alcaldes, casas de la justicia, que van a estar dirigidas por Defensores Públicos que hemos denominado Integrales. Por lo momentos se trata de una utopía, un sueño, pero que se hará realidad este mismo año. Modestamente habíamos estado hablando de la construcción de 20 casas de la justicia en todo el país, pero sin embargo, hemos hablado con algunos mandatarios regionales, y algunos han prometido 20 casas por estado, por lo que estaríamos hablando de 480 casas, para lo cual la Defensa Pública será un eje estratégico, ya que en cada casa debe haber por lo menos dos Defensores para prestar un servicio integral a los ciudadanos, en especial en los casos domésticos tan comunes en esos sectores. Ahora la Defensa Pública será dignificada y al servicio del ciudadano”.
De la misma forma, recientemente se le ha dado un impulso extraordinario a la
institución de la defensoría pública, la cual es denominada en la actualidad como el
Sistema Autónomo de la Defensa Pública. El referido sistema estará integrado por la
Dirección General, por la Coordinación de Unidades de Defensa y por las
Coordinaciones de Servicios Administrativos y Financieros, de Recursos Humanos,
la Coordinación Técnico Pericial-Jurídico, la Jefatura de Despacho y la Oficina de
Planificación y Presupuesto. En cada Circunscripción Judicial funcionará un Servicio
de Defensa Pública Estadal a cargo de un Coordinador Regional, con personal de
apoyo técnico, además de las Unidades de Defensa Pública, constituida por los
Defensores Públicos, según las necesidades de cada región y como lo disponga el
Director General.
La defensa pública viene a constituirse dentro del actual estado social de
derecho y de justicia, en una necesidad imperiosa para aquellos que necesitan la
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asistencia técnica de un profesional del derecho para que lo represente ante un
juzgado donde se dilucida una solicitud o controversia en la cual estén involucrados
sus intereses.
En función de esto, en días recientes el Tribunal Supremo de la República
Bolivariana de Venezuela en Sala Plena aprobó el proyecto para el impulso del
comentado Sistema Autónomo de la Defensa Pública elaborado por su Directora
General, Magistrada Deyanira Nieves Bastidas, el cual tiene como objetivos
primordiales: Promover, entre la ciudadanía usuaria de los circuitos judiciales, los
servicios ofrecidos por la Defensa Pública en sus áreas de competencia. Informar al
ciudadano que puede acceder gratuitamente a un servicio de asistencia y
representación jurídica de alta calidad, creada por el TSJ, en representación del
Estado como garante de la Constitución y las Leyes. Evitar que por desconocimiento
de su existencia, las clases más desposeídas, vean afectada su economía con la
contratación de abogados privados.
Asimismo, dentro del Proyecto aprobado por los treinta y dos magistrados que
conforman el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
se contempla el programa de difusión de la defensa pública, a nivel nacional. El
mismo contará con un módulo de información, integrado por dos analistas
profesionales, quienes tendrán la tarea de informar y hacer entrega de folletos
informativos referentes a los servicios que presta esta institución, a los fines de que
los justiciables de las clases económicas más desposeídas tengan conocimiento sobre
la existencia del ente creado por el gobierno judicial, para brindarle mayor asistencia
jurídica gratuita cuando realmente la necesiten.
Siendo esto así, se delinean en un primer orden, los posibles objetivos que
respecto a la justicia gratuita se han trazado en los más altos tribunas del Poder
Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual indudablemente se
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estaría -aparte de darle estricto cumplimiento a ese precepto dogmático- incluyendo al
grueso de los administrados que ven mermadas sus posibilidades de tener acceso a la
asistencia judicial y a esclarecer ante un órgano formal de justicia sus controversias.
Al unísono con tal política no está demás de que de una vez por todas se le dé el
impulso necesario a los sistemas integrados de solución pacifica de las controversias,
como lo son: la justicia de paz, la mediación, la conciliación y el arbitraje; que como
medios de autocomposición y heterocomposición procesal, podrían contribuir
enormemente a la solución efectiva de las altercaciones que pueden suscitarse en una
circunscripción judicial.
Métodos auxiliares éstos, cuya puesta en marcha favorecería el
descongestionamiento de las causas que actualmente atiborran los archivos de los
órganos de justicia; permitiendo así una correcta aplicación del principio de la
gratuidad y del acceso que a ella se pretende impulsar.
La Justicia de Paz en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
En el marco de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) se postularon una serie de cambios trascendentales en el quehacer diario de la
nación, cambios que sin duda han influido notablemente en todos los estratos del
Poder Público venezolano. No obstante, en donde los cambios han permeado de una
forma más dilatada, es en el Poder Judicial. En tal sentido la exposición de motivos
de la norma superior de la Estado venezolano contempla en el Titulo referido a los
derechos humanos y garantías que: Se reconocen los derechos de acceso a la justicia
y tutela judicial efectiva en virtud de los cuales toda persona puede acceder a los
órganos de administración de justicia para obtener la tutela judicial efectiva de sus
derechos e intereses, incluidos los colectivos o difusos.
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A tal efecto, los referidos órganos están representados por las cortes y
tribunales que forman parte del Poder Judicial, así como por los demás órganos del
sistema de justicia previsto en la Constitución, entre los cuales se encuentran los
ciudadanos que participan en la administración de justicia o que ejercen la función
jurisdiccional de conformidad con la ley.
Como una de las implicaciones del estado democrático y social de Derecho y de
Justicia que se constituye a Venezuela por obra de la Constitución y con el fin de
erradicar uno de los principales problemas de la Nación venezolana en virtud del cual
el Poder Judicial se caracterizó por su corrupción, lentitud, e ineficacia y,
especialmente por restringir del acceso de la población de escasos recursos a la
justicia; la Constitución exige al Estado garantizar una justicia gratuita, accesible,
imparcial, idónea.(Omissis).
De esta forma se consagra la justicia gratuita como un derecho humano que
encuentra principal fundamento en los derechos a la igualdad y a la tutela judicial
efectiva que reconoce la Constitución y que tiene por objeto permitir el libre acceso
de toda persona a la justicia, sin discriminación alguna. Como una de las
consecuencias del referido derecho la Constitución establece en su Título V Capitulo
III, que el poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir
pago alguno por sus servicios, al tiempo que prevé el servicio de defensa pública.
Bajo tal premisa tenemos que el artículo 2 de la Carta Magna (1999) contempla
que:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
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Con lo cual se denota, que el constituyente de 1999, propugna como valor
fundamental en toda actuación de ese Estado social; el acatamiento de valores
axiológicos tan supremos como la igualdad y la justicia; quedando en evidencia que
el derecho y todas las normas procedimentales que lo sustentan están implícitamente
supeditados únicamente a la búsqueda de la justicia; por ello los juzgadores deben en
todos los juicios que ante éstos se ventilen subordinar al derecho y a las normas
formales para darle cabida a ese precepto.
Máxime cuando la República Bolivariana de Venezuela se proclama como un
Estado social, lo que en definitiva se traduce en un Estado eminentemente conocedor
de la cuestión social y de las patologías sociológicas que conviven en su ámbito
territorial; es decir, un Estado reconocedor de las desigualdades y más propenso en
mayor o menor medida al intervensionismo.
Es por ello que tales principios, sin lugar a dudas transforman la plataforma
mental de los sentenciadores y los induce a la inmediación de los verdaderos
problemas que afectan a sus justiciables; en consecuencia con tal práctica se estará en
presencia de un juzgador más atado a las realidades económicas y sociales que lo
circundan.
Por otro lado se tiene que los artículos 21 y 26 del ya comentado dispositivo
legal refieren que:
Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia:1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.
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2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables; protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan...Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Con estas normas de rango constitucional, se puede estimar claramente como el
constituyente consagra las instituciones de la igualdad y la gratuidad de la justicia
como piezas infranqueables en el acontecer judicial de la República Bolivariana de
Venezuela; sobre todo cuando califica a la justicia como gratuita y accesible,
situación ésta que no era estatuida en las pre vigentes Constituciones de 1947 y 1961.
Deduciéndose así un significativo avance a favor de los administrados en
cuanto a la inigualable oportunidad que se les brinda de tener un camino menos
imposibilitado para la defensa por vía judicial de sus intereses, dado el caso que éstos
adjetivos desencadenaron la derogatoria tácita –sólo en cuanto al cobro de los
derechos judiciales- del lúgubre Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arancel
Judicial publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 5.391 de fecha 22 de
octubre de 1999; a través del cual se regulaba el pago del arancel judicial, como un
tributo que tenía por objeto coadyuvar con el Estado en el sostenimiento
presupuestario de los órganos jurisdiccionales.
101
Para paliar esa merma en los ingresos, y a los fines de materializar la puesta en
marcha de tan loables principios, el artículo 254 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) consagra:
“El Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa. A tal efecto, dentro del presupuesto general del Estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable, no menor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, el cual no podrá ser reducido o modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional. El Poder Judicial no está facultado para establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios.
Así se ha evidenciado una mayor erogación presupuestaria a favor del
sostenimiento certero de los diversos órganos que componen el Poder Judicial de la
República Bolivariana de Venezuela; costos estos que pueden verse sensiblemente
disminuidos, si ciertamente en los juzgados se estimulara la aplicación de unos lapsos
judiciales más reducidos y una verdadera predica de la economía procesal. Es decir,
de verdaderos procesos que atiendan más a la consecución de la justicia, que a
convertirse en el caldo de cultivo de las más vituperables practicas judiciales. En base
a esto, se espera que la puesta en marcha de un nuevo Código de Procedimiento Civil
atienda al postulado estatuido en el artículo 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, que a tales fines reza:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
Con lo cual se adviene que el constituyente de 1999, ha sido enfático en la
puesta en marcha de un sistema de justicia ágil, ligero y eficaz que esté al servicio de
102
los ciudadanos y del bien jurídico protegido que no es otro que la justicia reputada
bajo el margen de la gratuidad.
La Justicia en el Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987)
En otro orden de ideas, se colige que el Código de Procedimiento Civil de
Venezuela (1987), por ser un cuerpo normativo pre-constitucional, no se encuentra
encauzado bajo los magnánimos principios analizados con anterioridad. Sólo puede
cotejarse de su contenido algunas aristas que, si bien no son del calibre ni de la
dimensión de los actuales principios que nutren el acontecer del Derecho Procesal
Constitucional, éstos a través de los años, le han podido servir de mediana utilidad a
los administrados.
Así pues, se tiene que el artículo 15 de dispositivo legal comentado, contempla
que: Los jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los
derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los
privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la
diversa condición que tenga en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos
extralimitaciones de ningún género.
Como puede observarse, aquí el legislador contempló modestamente los
principios de la igualdad procesal y del derecho a la defensa judicial, los cuales, son
en todo caso en materia procesal, los mecanismos idóneos para fundamentar una
formalización para denunciar el vicio por indefensión en el que haya incurrido un
juzgado actuando como última instancia.
En este sentido y en atención a lo relatado, no sería descabellado encontrarnos
con alguna causa en la cual una de las partes a las cuales por su condición económica
no se le permita la justa promoción por vía oficiosa de los medios probatorios
103
legalmente permitidos -tanto en el Código Civil Venezolano (1982) como en el
Código de Procedimiento Civil (1987)- invoque la violación de un principio -por
demás constitucional- como lo es el de la igualdad y el derecho a la defensa, por ver
cercenado su derecho, por parte del juez de la causa, de permitirle el pleno ejercicio
de su garantía a la tutela judicial efectiva y la gratuidad de la justicia.
Ahora bien, estos principios que constituyen la columna vertebral del derecho
procesal civil en Venezuela, están íntimamente enlazados a lo que al respecto reza el
Capítulo IV, del Título III del Libro Primero del comentado cuerpo adjetivo civil de
Venezuela; que no es más, que lo referente a la justicia gratuita o beneficio de
pobreza como se le conocía a esta institución en el derogado Código de
Procedimiento Civil de 1916. En ese sentido los artículos 175, 176 y 177 señalan que:
Artículo 175. Para los efectos de este capítulo la justicia se administrará gratuitamente a las personas a quienes el Tribunal o la Ley concedan este beneficio.Artículo 176. El beneficio de justicia gratuita podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en cualquier estado y grado de la causa, y la respectiva incidencia se sustanciará y decidirá en cuaderno separado.Si el beneficio se solicitare para obrar en juicio, deberá pedirse por escrito que se anexará a la demanda, del cual se pasará copia certificada al demandado. En este caso, el demandado podrá contradecir la solicitud dentro del lapso del emplazamiento, o en el mismo día en que se presente su contestación. En los demás casos, la solicitud deberá ser contradicha dentro de los cinco días siguientes a su presentación, sin necesidad de citación.Artículo 177. Contradicha o no la solicitud de justicia gratuita, se abrirá una articulación probatoria por ocho días, sin término de distancia, a fin de que las partes hagan instruir las pruebas pertinentes.Vencida la articulación, el tribunal decidirá el asunto dentro de los tres días siguientes, y de la decisión no se oirá apelación.
104
Indudablemente que el método preponderante antes de la entrada en vigencia de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) para cualquier
justiciable carente de recursos, era la solicitud de este mecanismo procedimental, que
aunque de primitiva aplicación, se constituía en la tabla de salvación para muchos que
carentes de todo respaldo financiero podían a medias -y previa solicitud- gozar de
diversas exoneraciones parciales o totales de los aranceles tasas o derechos causados
por sus actuaciones en juicio.
De la misma forma los artículos 178, 179 y 180 del Código in commento
establecen:
Artículo 178. Los Tribunales concederán el beneficio de la justicia gratuita, para los efectos de este Capítulo, a quienes no tuvieren los medios suficientes, ya para litigar, ya para hacer valer de manera no contenciosa algún derecho.Este beneficio es personal, sólo se concederá para gestionar derechos propios, y gozarán de él, sin necesidad de previa declaratoria, las personas que perciban un ingreso que no exceda del triple del salario mínimo obligatorio fijado por el Ejecutivo Nacional, los institutos de beneficencia pública y cualesquiera otros a los que la ley lo conceda en los asuntos que les conciernan.La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida, no constituirá por sí mismo un impedimento para la concesión del beneficio.Artículo 179. Si en cualquier estado y grado de la causa se demuestra que el beneficiario de la justicia gratuita dispone de medios económicos suficientes, el Tribunal juzgando sumariamente mandará cesar los efectos del beneficio. De esta decisión no se oirá apelación.Artículo 180. Los que por disposición legal o por declaración judicial tengan derecho a la justicia gratuita disfrutarán de los siguientes beneficios:1º) Usar papel común y no estar obligado a inutilizar timbres fiscales ni a pagar aranceles, tasas, contribuciones u otras clases de derechos a los funcionarios judiciales.2º) Que se les nombre por el Tribunal defensor que sostenga sus derechos gratuitamente.
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3º) Exención del pago de tasas u honorarios de los auxiliares de la justicia, tales como intérpretes, peritos, depositarios, asociados, prácticos y otros, los cuales estarán obligados a prestar gratuitamente sus servicios en el asunto cuando actúen a solicitud del beneficiario de la justicia gratuita.
De las normas transcritas se colige, que con toda puridad el mencionado
beneficio de la gratuidad de la justicia, podía ser en todo caso otorgado graciosamente
por el juez, cuando de las actas procésales se develara que uno de los litigantes no
devengase al menos el triple del salario mínimo que por vía administrativa hubiere
sido decretado por el Ejecutivo Nacional; es decir, que si tal norma estuviera vigente
en toda su plenitud, sería factible inferir, que gracias a la merma acentuada del poder
adquisitivo de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, más de las
dos terceras partes de sus habitantes serían potenciales acreedores de la premisa
procedimental.
Por otra parte es necesario acotar, que el invocado artículo 180 del Código de
Procedimiento Civil de Venezuela (1987) debe ser axiomáticamente aplicado por los
juzgadores junto a los preceptos dogmáticos que respecto a la justicia se reflejan en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), debido a que, si bien
es cierto que la nueva Carta Magna (1999) contempla la gratuidad de la justicia como
una solución inmediata al grave problema que representa el acceso de los pobres al
sistema formal de justicia, no es menos cierto que tal garantía sólo ha ocasionado sin
más, la derogatoria tácita de la tasas o aranceles que se le exigían a los administrados
para hacer valer sus derechos litigiosos.
Quedando así una laguna de extensos sedimentos ante los cuales los jurisperitos
tendrán que dragar con el transcurrir de los nuevos tiempos, a los fines de sustraer
una mayor y más amplia materialización de tan importante garantía.
106
Por ello es menester asimilar los anteriores planteamientos señalando, que el
Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987) tímidamente instauró la
gratuidad de la justicia como una fórmula jurídica para paliar los desequilibrios
procésales que día a día se evidenciaban en la relación jurídica instaurada entre las
partes en litigio, pero que, al fragor de los cambios socio-económicos acaecidos en la
República Bolivariana de Venezuela, tal respuesta normativa no fue suficiente para
permitir el acceso cuantitativo de los necesitados a los órganos jurisdiccionales.
Por lo tanto el constituyente se dio a la tarea de ampliar un poco más ese
principio hasta permitir deslastrar las barreras o cargas impositivas que se le
imponían a los administrados para la defensa de sus intereses ante un juzgado.
La Justicia en Otros Cuerpos Normativos de la República Bolivariana de
Venezuela
En Venezuela, como se ha comentado, la justicia ha sido concebida como un
vehículo a través del cual, los administrados de cualquier clase socioeconómica
puedan tener acceso a un tribunal para ventilar sus más rutinarias controversias. Así
se tiene que en atención a la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998), cada estrado
conocerá de aquellas causas que según la naturaleza de la cuestión que se discute,
estén íntimamente ligadas al fuero atrayente que le dio origen a su creación, que no es
otra cosa que la denominada competencia por la materia.
El derecho social en la República Bolivariana de Venezuela se bifurca en tres
ramas bien diferenciadas a saber: Derecho Laboral, Derecho para la Protección del
Niño y del Adolescente y Derecho Agrario.
En el Derecho Laboral, se protegen intereses de muy alta sensibilidad, ya que,
en fundamento a sus normas se trata de proteger a las clases bajas asalariadas, a las
107
cuales a partir de la revolución industrial se les cercenó el ejercicio de los derechos
más básicos a los que tiene el trabajador al momento de ejercer su faena de trabajo.
De este modo el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002) consagra
que: "El juez orientará su actuación en los principios de uniformidad, brevedad,
oralidad, publicidad, gratuidad...".
Por tales razones y como corolario de lo trascrito, el legislador contempló
respecto a la gratuidad de la justicia lo que se percibe en el artículo 8 de la aludida
Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2002); que a tales fines consagra que:
Artículo 8. La justicia laboral será gratuita; en consecuencia los tribunales del trabajo no podrán establecer tasas, aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios. Los registradores y notarios públicos no podrán cobrar tasas, aranceles, ni exigir pago alguno en los casos de otorgamiento de poderes y registro de demandas laborales.
No en vano, y los fines de sustentar el tan mencionado principio su artículo 28
profana la creación de un servicio de defensoría pública de trabajadores, cuyas
atribuciones le serán conferidas por lo que al respecto contemple la no discutida Ley
Orgánica de Defensa Pública a que hace alusión la disposición transitoria cuarta
numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Sin
embargo, de conformidad con el artículo 206 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
(2002) hasta tanto no sea promulgada la referida Ley mantendrá su vigencia el
Servicio de Procuraduría de Trabajadores establecido en la Ley Orgánica de
Tribunales y Procedimientos del Trabajo (1959).
La Procuraduría General de Trabajadores es un órgano de asistencia jurídica
gratuita, que ha sido financiado por el Estado venezolano con el objeto de socorrer a
los justiciables de más escasos recursos que necesiten elevar una consulta legal o
108
interponer una demanda ante los tribunales laborales del circuito judicial donde
habiten.
Así el numeral 2 del artículo 35.y el artículo 40 de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo (1959) señalan que:
Artículo 35. Las Procuradurías Especiales, a cargo de los Procuradores de Trabajadores, tendrán las siguientes atribuciones:1. Asesorar y representar ante los Tribunales del Trabajo y ante los funcionarios y organismos del trabajo y de previsión social de su respectiva residencia, a los trabajadores que estén comprendidos en las prescripciones del artículo 40 de esta Ley, y que soliciten sus servicios profesionales.2. Resolver gratuitamente todas las consultas que, sobre la interpretación de la legislación del trabajo, en los Reglamentos, Decretos y demás disposiciones que se dicten sobre esa materia...Artículo 40. Tendrán derecho a utilizar los servicios profesionales de los Procuradores de Trabajadores, en cuanto a la resolución de consultas y a la tramitación de juicios del trabajo...(Omissis)...todos los empleados y obreros...(Omissis)...pero sólo podrán exigir el patrocinio, o la representación ejercida por esos funcionarios por cuenta del Estado, los empleados y obreros cuya remuneración diaria no exceda de treinta bolívares (Bs. 30,00).
Por su parte la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente
(2000), en aplicación al sub iudice, ha contemplado una serie de mecanismos
tendentes a asegurar la gratuidad de la mayoría de las actuaciones que se efectúan
ante estos órganos de protección integral. De este modo, el artículo 9 de la citada Ley
estatuye que:
“Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expida de las mismas se harán en papel común y sin estampillas.Los funcionarios administrativos y judiciales, y las autoridades públicas que en cualquier forma intervengan en tales asuntos, los
109
despacharán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumentos ni derecho alguno, ni aceptar remuneración.
De igual forma, el artículo 87 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente (2000) contempla que:
Todos los niños y adolescentes tienen derecho de acudir ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para la defensa de sus derechos e intereses y a que éste decida sobre su petición dentro de los lapsos legales. Todos los adolescentes tienen la capacidad de ejercer directa y personalmente este derecho.Para el ejercicio de este derecho, el Estado garantiza la asistencia y representación jurídica gratuita a los niños y adolescentes que carezcan de medios económicos suficientes.
De lo anteriormente expuesto, puede evidenciarse que al ser la materia de niños
y adolescentes tan delicada, es de esperarse que el legislador pusiera especial énfasis
en la instauración de un régimen de gratuidad más inteligible, tomando en
consideración el bien jurídico que se tutela.
En efecto, con la puesta en marcha de éste novísimo instrumento legal, se
consolida la figura de la gratuidad al contemplarse en su articulado la creación de los
defensores judiciales en materia de niño y adolescentes, que tienen como atribuciones
básicas la asistencia jurídica graciosa a favor de los menores cuyos representantes no
puedan satisfacer económicamente los importes exigidos por un abogado litigante.
Sobre todo cuando de conformidad a lo preceptuado en el artículo 450 del dispositivo
legal en estudio, se consagra a la gratuidad como uno de los principios rectores de los
procedimientos contenciosos en asuntos de familia o patrimoniales.
Siguiendo la misma línea, es imperioso resaltar que en Venezuela a tenor de lo
estipulado en el artículo 4 de la Ley de Abogados (1966) toda aquella persona que
pretenda hacer uso de los órganos de administración de justicia debe estar asistida o
110
representada legalmente por un Abogado en ejercicio. En tal sentido el aludido
artículo reza lo que se expone de seguidas:
“Toda persona puede utilizar los órganos de administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso.Si la parte se negaré a designar abogado, esta designación la hará el Juez. En todo caso la contestación de la demanda se diferirá por cinco audiencias. La falta de nombramiento a que se refiere este artículo será motivo de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde al Juez de conformidad con la Ley.
El comentado requisito se justifica, habida cuenta que los abogados al gozar de
capacidad de postulación son las personas más idóneas para defender y reconocer los
derechos de aquellos que necesiten una asesoría técnica para hacerlos valer por ante
un estrado o por ante una organización administrativa.
Ahora bien, es oportuno indicar que a raíz de la promulgación de la Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2004), a este órgano no le estaría vedado el
ejercicio de la representación judicial de aquellos ciudadanos de escasos recursos que
manifiesten su imposibilidad de sufragar los costos que le generan la asistencia de un
abogado en ejercicio. Sobre la base de esta teoría el cardinal 5 del artículo 15 de la
referida Ley señala que:
“Competencias de la Defensoría del Pueblo. En el cumplimiento de sus objetivos, la Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes competencias:...(Omissis)...5. Velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas,
111
internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”.
Cabe destacar también, que en materia penal la institución de los defensores
públicos cobra más importancia, puesto que por razones socio-económicas la mayoría
de los imputados tienden a estar ubicados en las clases menos pudientes de la
población; de ahí, que el Estado, con el objeto de no socavar el derecho a la defensa
que asiste a todos los administrados asuma su representación, a tenor de las
consideraciones reflejadas en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder del Judicial
(1998) que a tales fines consagra:
“Son atribuciones y deberes de los defensores públicos:1º Asumir la representación del imputado en los casos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal.2º Defender a los imputados declarados pobres por los tribunales.3º Representar con toda lealtad y diligencia los derechos del defendido...”
Por otra parte, el artículo 16 Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y
Garantías Constitucionales (1988) y el artículo 8 del reciente Decreto con Fuerza de
Ley del Procedimiento Marítimo (2001) consagran en ese mismo orden que:
“Artículo 16. La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación no se empleará papel sellado ni estampillas y en caso urgencia podrá interponerse por vía telegráfica.Artículo 8. El procedimiento marítimo, cualquiera sea su cuantía, se desarrollará en forma oral, aplicando los principios de la brevedad, concentración, inmediación, gratuidad y publicidad...
Asimismo, en Venezuela se conciben legalmente una serie de medios
alternativos de justicia que de conformidad a lo estipulado en el artículo 258 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) bien pudieran
coadyuvar a los sistemas formales a la solución masiva de todas aquellas
controversias que se presentan día a día en el acontecer diario de las zonas más
112
deprimidas del país. Medios estos que aunque se consideren por algunos como de
aplicación fútil, su verdadero ejercicio ha permitido demostrar con creces, que en
aquellos casos en donde se han empleado, el nivel de tolerancia y convivencia vecinal
ha evolucionado favorablemente.
Es así como la justicia de paz, podría -con los aportes económicos necesarios-
convertirse en una instancia previa, gratuita y accesible donde los ciudadanos
diluciden los problemas vivénciales más comunes de sus localidades. A este respecto
la Ley Orgánica de la Justicia de Paz (1998) estatuye en sus artículos 1, 4, 5 y 8 lo
siguiente:
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular todo lo relativo a la Justicia de Paz, que tendrá por función solucionar los conflictos y controversias que se susciten en las comunidades vecinales.Artículo 4. El propósito fundamental del Juez de Paz será lograr la Justicia del caso concreto y garantizar la convivencia pacífica de los de los miembros de la comunidad vecinal.La actuación de los Jueces de Paz estará enmarcada dentro de los principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad.Artículo 5. Todas las actuaciones que realicen los Jueces de Paz serán gratuitas y se harán en papel común y sin estampillas. En los asuntos resueltos por los Jueces de Paz no habrá condenatoria por gastos efectuados.Artículo 8. Los Jueces de Paz son competentes para conocer por vía de equidad:1. De todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos o controversias de contenido patrimonial, sólo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando no supere la cuantía máxima atribuida a los tribunales ordinarios.2. Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en comunidad. (Omissis).
113
3. De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativos a la convivencia entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal.
En consecuencia, el instrumento legal descrito, le brinda al sistema de justicia
una herramienta legítima, gratuita y confiable con la cual se podría en primer lugar,
permitirle a los más necesitados una vía genuina para la resolución de sus conflictos,
y en segundo lugar, descongestionar el sin fin de casos que se divisan en los
Tribunales de Municipio; máxime cuando se le permite a los ciudadanos -en función
de la democracia participativa y protagónica- ser electos para asumir la tramitación de
los conflictos que aquejan el lugar donde éstos habitan.
Pero es menester insistir en que de nada servirá estipular en los cuerpos
normativos transcritos el principio constitucional de la gratuidad de la justicia, si sus
administradores no están consustanciados con los nuevos paradigmas que la nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) sistematiza.
Lo contrario sería estatuir axiomas que en apariencia lucen como de imperante
observación, pero que sin el debido conocimiento de sus alcances no llevan a
enmendar los incesantes escarnios que se tramitan en los juzgados; no en balde el
proyecto del Código de Ética del Juez Venezolano o Jueza Venezolana (el cual una
vez sancionado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
en fecha 16 de octubre de 2003 fue devuelto sin promulgar por el Ejecutivo Nacional
en fecha 11 de noviembre del mismo año), que viene a ser un dispositivo legal
dirigido a preservar la ética y disciplina de los jueces venezolanos o juezas
venezolanas, para poder ofrecer, a los justiciables, mayor transparencia en la
trayectoria y capacidad personal, moral y profesional de los encargados de
administrar justicia, contempla en su articulado lo siguiente:
114
Artículo 5. El magistrado o magistrada, juez o jueza debe impartir justicia asegurando el acceso oportuno y gratuito a la misma, cumpliendo el derecho y protegiendo las garantías que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce a las personas.Artículo 10. El magistrado o magistrada, juez o jueza procurará que el proceso, como instrumento fundamental de la administración de justicia, se desarrolle observando rigurosamente los principios de legalidad, del debido proceso y demás garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de que la sentencia resulte de los alegatos y pruebas expuestos en el proceso para que las partes y la comunidad la aprecien como realización de la justicia y el derecho impartidos con imparcialidad y probidad.Artículo 13. La justicia debe impartirse mediante los procedimientos establecidos en la ley, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles. En las decisiones judiciales prevalecerá la justicia y se observarán las formalidades que la ley determine para preservar la igualdad de las partes, la legalidad, el debido proceso y demás garantías constitucionales.
En resumidas cuentas, tenemos que los cuerpos normativos procedimentales de
Venezuela, contemplan en mayor o menor magnitud, la gratuidad de la justicia como
un principio sacramental para la tramitación de las causas que se ventilen ante los
tribunales respectivos.
115
CAPITULO III
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Una vez desarrollada teórica y metodológicamente la presente investigación la
cual tuvo como objetivo Estudiar la ley orgánica de la jurisdicción especial de la
justicia de paz y su incidencia en la comunidad. En el contexto nacional, se llegaron a
las siguientes conclusiones:
Para poder entrar en el tema de las conclusiones es necesario que previamente
fijemos el marco de referencia legislativo en la materia. Como bien sabemos, la
primera ley de justicia de paz en Venezuela fue la ley orgánica de tribunales y
procedimientos de paz (LOTPP) del 20 de septiembre de 1993, que derogada por
vigente ley orgánica de la justicia de paz (LOJP), en tiempo mínimo.
Hemos afirmado que ambas leyes partieron del reconocimiento de la realidad
del fracaso de la justicia ordinaria para llevar orden y paz a las comunidades, debido a
su elevado costo, complejidad y dilación. A la primera ley se le señalo la falta de
adecuación a las bases filosóficas de la justicia de paz y su falta de base
constitucional, así como otros aspectos relacionados con el exagerado poder que se
pretendió otorgar a los jueces de paz, problema que subsiste aun. Adicionalmente,
hemos señalado que en todas nuestras constituciones se ha entendido que el
monopolio de la justicia la ejerce el estado.
Por lo tanto, la referencia que en dicha ley se hacía a los vocablos “jurisdicción
“y “tribunales” parecían vulnerar este sacrosanto principio. Tal polémica se tradujo
en la necesidad de reformar la ley, de manera que no se pudiera interpretar que el
116
sistema de justicia de paz era una jurisdicción paralela a la del estado, además de
eliminar la referencia a los vocablos “jurisdicción” y “tribunales”. Dijimos que todos
estos hechos determinaron el cambio de ley y su denominación.
Sin embargo, con la entrada en vigencia de la constitución de 1999, todo este
panorama ha cambiado radicalmente, con lo que el impulso dado por la carta
fundamental del sistema de justicia de paz vino a dar fundamento constitucional a la
vigente ley orgánica de justicia de paz, promulgada en diciembre de 1994. Ahora
bien, vigente ley señala expresamente las competencias del juez de paz. En efecto, el
capítulo II, “de las Competencias y Atribuciones de los Jueces de paz”, articulo 6,
señala expresamente: “El juez de paz competente será el que ejerza su jurisdicción en
el lugar donde ocurran los hechos que determinen el conflicto o controversia.
Igualmente deberá proteger los derechos de aquellas personas que estén de transito
dentro de su jurisdicción territorial y requieran de su actuación por hechos acaecidos
en ella”.
De seguidas, el artículo 7 establece: “Articulo 7 los jueces de paz competentes
para conocer por vía de conciliación de todos aquellos conflictos y controversias que
los interesados le presenten, sin más limitaciones que las derivadas del orden público
y las que emanen de esta ley”.
Más especificaciones, el artículo 8 de la ley orgánica de la justicia de paz.
Gaceta oficial N° 4.817. (Extraordinario), de fecha 21 de diciembre de 1994, dispone:
“Los jueces de paz son competentes para conocer por vía de equidad: 1. De todos
aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de la vida en
comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a tribunales de
jurisdicción especial. En los casos de conflictos y controversias de contenido
patrimonial, solo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda de cuatro (4) salarios
117
mínimos mensuales, siempre y cuando no se supere la cuantía máxima atribuida a los
tribunales ordinarios.
2. Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de
conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en
comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de las
personas. Cuando el juez de paz considere que los hechos que le sean sometidos
vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción penal
ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus actuaciones al juez
competente.
3. De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativos a la convivencia
entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal, salvo aquellos
asignados a tribunales especiales o autoridades administrativas.
4. De los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de
ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar. Con la excepción de la
materia urbanísticas y otras donde el cumplimiento este sometido al control de los
tribunales de jurisdicción ordinaria, especial o contencioso- administrativa.
5. De aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para
decidir con arreglo al procedimiento de equidad”.
Es interesante señalar que el ordinal quinto abre un amplio compás para el
ejercicio de las funciones del juez de paz. En efecto, venimos haciendo un recuento
de lo acontecido en materia legislativa en el ámbito de la justicia de paz.
Contamos con ciertas muestras de lo que está aconteciendo y precisamente por
ello hemos constado que, además de que los ordinales 1°, 2°, 3° del artículo 8 de la
118
ley limitan la competencia del juez de paz a los casos de conflictos y controversias de
contenido patrimonial, cuya cuantía no exceda de cuatro (4) salarios minios
mensuales, el juez deberá remitir las actuaciones a un juez competente aun cuando no
se alcance la cuantía atribuida a los tribunales ordinarios si considera que los hechos
que le son sometidos a su conocimiento vulneran disposiciones legales cuyo
conocimiento corresponde a la jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones
especiales. Sin embargo, esto no siempre es así.
Son muchos los casos en que los jueces de paz resuelven por mediación y
conciliación casos cuya cuantía excedía cuatro salarios mínimos al igual que son
numerosos los casos en que los jueces de paz resuelven controversias patrimoniales,
relativas, a la convivencia entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad
horizontal. No obstante lo anterior se puede afirmar con certeza que tales anomalías
se deben a que estos jueces son buscados voluntariamente por las partes y que sus
función como mediadores se enmarca dentro del quinto ordinal del artículo en
cuestión que dispone que los jueces de paz podrán conocer de: “De aquellos
conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para decidir con arreglo al
procedimiento de equidad”.
Más allá de lo anteriormente señalado, es también un hecho económico y social
que las partes acuden a estos jueces para llevarles casos que pudieran poner en duda
su competencia, debido a que simplemente no cuentan con los medios para llevar sus
causas a los tribunales ordinarios. El gasto de que el uso de la vía ordinaria
significaría para el usuario del sistema de justicia de paz, abogados, peritos, asesores,
hace inviable su utilización. Es también un hecho que la enorme lentitud de la justicia
ordinaria hace generalmente ineficaz su utilización.
Veamos nuestras muestras: Juez de Paz: Sheilla Soto: “Estima que son muchas las
personas que necesitan la ayuda de un juez de paz pues no cuentan con los medios
119
para ir a los tribunales y por lo tanto la requieren como mediador para un numero de
causas de contenido patrimonial inquilinario…” considera que el uso de la justicia de
paz como medio alternativo para la solución de los conflictos evita situaciones
anárquicas y fomenta la mejor convivencia entre los vecinos.
Por otro lado está convencida de que los usuarios del sistema quedan realmente
satisfechos, aun quienes resulten desfavorecidos, pues entienden que la solución es
justa y honesta. “Esta juez de paz concluye que: “…el municipio presta poca o
ninguna ayuda y que, por el contrario los funcionarios municipales en lugar de
entender los beneficios del sistema de justicia de paz, parecieran encontrar rivales en
los jueces de paz, pues piensa que la mayoría de estos funcionarios son políticos
dedicados exclusivamente a granjearse los votos de la comunidad y que poco o nada
les importa los problemas de los vecinos”.
Juez de Paz Marbella de Salas “… está plenamente convencida de que la
justicia de paz resuelve innumerables casos que, de no ser atendidos por su persona,
devendrían en situaciones injustas o violentas”.
Juez de Paz: Nidia García “insiste sobre la importancia de la imparcialidad y la
independencia de todo poder político. En cuanto a los funcionarios pertenecientes,
hacer notar que los mismos entienden que los jueces de paz son rivales, interpretando
de manera errónea, que los jueces de paz se pueden valer de su condición para hacer
proselitismo político. Entiende que estos funcionarios son extremadamente ignorantes
de lo que en realidad es el juez de paz y tienden a ver conflictos en contraposición,
cuando en realidad no existe tal cosa”.
Juez de paz: Yuraima murguera, considera que “En cuanto a los funcionarios
pertenecientes a las municipalidades, hace notar que los mismos entienden que los
jueces de paz son políticos potenciales, que les “sustraen” indebidamente el respeto y
120
figuración dentro de la comunidad, por lo cual debería haber un programa
gubernamental que educara a los funcionarios municipales sobre lo que en realidad es
justicia de paz.
Juez de paz: Tomasa Lara: “Relata que la justicia de paz ha sido un factor de
convivencia vecinal de suma importancia, que debido a su labor y la de los otros dos
jueces de paz que operan en la comunidad las personas se han percatado de que
cuentan con ese medio de resolución de conflictos, de personas que tenían más de
veinte años sin trato (por enemistad) han recurrido al juez de paz y que este ha
logrado solucionar el conflicto, por lo que las partes han vuelto a tener relaciones
normales y hasta cordiales; asimismo afirma que la función conciliadora del juez de
paz evita que pequeños conflictos se conviertan en grandes problemas, resaltando de
esta manera la función preventiva de la justicia de paz. Considera que debe
organizarse mejor las elecciones de los jueces de paz y que dentro de su comunidad la
función del juez de paz ha traído enormes beneficios para toda la colectividad, desde
un punto de vista de la resolución de los casos concretos y desde un punto de vista de
educación de la comunidad sobre la existencia de los deberes y de los derechos.
Si tomamos en cuenta las estadísticas del libro “Visión popular de los medios
alternativos para la resolución de conflictos” de la página de internet de la asociación
civil sin fines de lucro “Consorcio, desarrollo y justicia, asociación civil”. Disponible:
http://WWW.consorciojusticia.org/Index.php [Consultas, 2004. Enero 20, 21 y 22;
Febrero 15, marzo 20], en la que recogen las estadísticas sobre los jueces de paz:
“concluiremos que el número de casos que han resuelto los jueces de paz es muy
significativo”.
En resumen podemos concluir que la justicia de paz ha sido un importantísimo
aporte para la colectividad, que viene siendo una verdadera válvula de escape para los
gravísimos problemas que afectan a la sociedad venezolana, que atraviesa una crisis
121
inmensa de impunidad, de falta de justicia en todos los ámbitos, de marginación de un
numero inmenso de ciudadanos y de delincuencia, como nunca antes se había visto en
el país.
Los esfuerzos de los jueces de paz son encomiables, su labor es absolutamente
altruista. Sin embargo, se puede inferir en la opinión de los jueces de paz y de la del
ciudadano común, que aún falta mucho por hacer, que el tema de la remuneración, o
al menos la dotación y apoyo a estos jueces, debe ser reconsiderada, que los entes
municipales (particularmente sus funcionarios) deben considerar de nuevo cual es la
verdadera función del juez de paz.
Es importante que tanto las autoridades como el resto de los ciudadanos se den
cuenta de que la justicia de paz ha abierto una puerta, una rendija, para aquellos que
por su difícil situación socio-económica (y muchos otros que aun cuando no tienen
una forma de vida tan precaria) se han servido y beneficiado de este medio alternativo
de resolución de conflictos y pueden acceder a una forma de justicia, de civilización
y, en definitiva, de paz social, que la justicia ordinaria no está en capacidad de
ofrecer.
Una vez efectuado un minucioso y exhaustivo análisis de la investigación, se ha
llegado a las siguientes conclusiones:
1. La gratuidad de la justicia es el Derecho Humano que se ha instaurado a
favor de aquellas personas que no pueden asumir el pago de los gastos que les
ocasionan el acceso a un juzgado; y consiste en la facultad de poder actuar como
demandante o demandado en un proceso jurisdiccional sin sufragar los impuestos,
tasas, honorarios, derechos judiciales ni gastos de publicaciones oficiales que se
exijan para ello.
122
2. La gratuidad de la justicia se fundamenta básicamente en los derechos a la
igualdad y a la tutela judicial efectiva.
3. El costo del litigio, las reclamaciones cuantitativamente pequeñas, el tiempo
prolongado en la tramitación de las causas y la situación económica de los justiciables
son los principales óbices que impiden el acceso gratuito de los administrados al
sistema formal de justicia.
4. En Venezuela existen dos millones trescientos veinte mil quinientos sesenta y
tres (2.320.563) hogares pobres, lo que representa el cuarenta y uno coma cinco por
ciento (41,5%) de los hogares venezolanos, sin embargo el número de hogares pobres
extremos se ubican en novecientos veintiocho mil ciento cuarenta y seis (928.146),
siendo este monto el dieciséis coma seis por ciento (16,6%) de los hogares de la
República Bolivariana de Venezuela.
5. En la República Bolivariana de Venezuela sólo el veinte por ciento (20%) de
la población tiene acceso a los mecanismos formales de administración de justicia.
6. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) consagra
que el Estado venezolano garantizará una justicia gratuita, accesible y equitativa.
7. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) quedó parcialmente derogado el Decreto con Fuerza y Rango de
Ley de Arancel Judicial (1999), a través del cual se exigían tasas, aranceles y
derechos judiciales para la tramitación de los juicios ante los juzgados.
8. El Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987) por ser un cuerpo
normativo pre-constitucional no se encuentra encauzado bajo los magnánimos
123
principios que respecto a la justicia consagra la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999).
9. El Código de Procedimiento Civil de Venezuela (1987) tímidamente
contempla en su articulado el beneficio a la justicia gratuita como una fórmula
jurídica para paliar los desequilibrios procésales que se develan en la relación jurídica
entre las partes en litigio, pero que, al fragor de los cambios socio-económicos
acaecidos a partir de su publicación, tal respuesta normativa no ha sido suficiente
para deslastrar las barreras o cargas que le impiden el acceso a los administrados al
sistema formal de justicia.
10. En los cuerpos normativos que conforman la estructura jurídico-legal de la
República Bolivariana de Venezuela, se estipula el principio de la gratuidad de la
justicia como un instrumento indispensable para permitir el acceso de los más
necesitados a los órganos jurisdiccionales.
11. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (2000), la
Ley Orgánica del Poder Judicial (1998) y la Ley Orgánica de Procedimientos del
Trabajo (1959), contemplan la figura de los defensores públicos como un mecanismo
eficaz para la asistencia jurídica gratuita de aquellos que carecen de los recursos
económicos suficientes para sufragar los costos que se derivan de un proceso judicial.
12. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
ha sostenido que la gratuidad de la justicia a la que hace alusión el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), se refiere únicamente
a la gratuidad del proceso, donde el órgano administrador de justicia cumple con su
función como servidor público, al proporcionarle al administrado su derecho de
acceso a la justicia preservando su derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva
establecidos en la Constitución, el justiciable tiene libre acceso a la justicia, poniendo
124
el Estado a su disposición juzgados compuestos por jueces y funcionarios o auxiliares
de justicia necesarios para el desenvolvimiento del proceso, los cuales son sufragados
en su totalidad por partidas presupuestarias que dispone el Estado para el Poder
Judicial.
13. De la misma forma la máxima instancia del Poder Judicial de la República
Bolivariana de Venezuela ha dejado asentado, que la gratuidad de la justicia y el
beneficio de justicia gratuita, son derechos derivados del reconocimiento del derecho
a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y el de petición, procurando asegurar el
acceso a los tribunales de todos los ciudadanos que requieran que el Estado desarrolle
las actuaciones necesarias para que el ejercicio de sus derechos sea real y efectivo.
Sin embargo, la gratuidad de la justicia está establecida para todos los ciudadanos por
el simple hecho de que la administración de justicia es un servicio público y una
manifestación del Poder Público del Estado, siendo entonces éste el que deba sufragar
los gastos de un sistema que justifica su propia existencia, a diferencia del beneficio
de justicia gratuita que, como se ha establecido, tiene un ámbito de aplicación mayor
pero un supuesto de procedencia restringido, pues implica sufragar los gastos de
patrocinio y honorarios auxiliares de justicia de quienes carezcan de recursos
económicos.
Las reflexiones antes desarrolladas, no pretenden hacer una exégesis de la Ley
Orgánica de Justicia de Paz y de los procedimientos consagrados en ella. El objetivo
esencial de este trabajo, es unir mi voz a la de otros especialistas y conocedores de
estas materias, para generar conciencia de la necesidad de darle respuestas inmediatas
a las situaciones que a diario enfrentan nuestras comunidades, sin que haya una
instancia en el sistema de justicia que les pueda ofrecer una respuesta oportuna y
confiable. Sólo funcionarios distantes, escritorio de por medio, lenguaje indescifrable
para el pueblo, inaccesibles, no pueden satisfacer las exigencias de las comunidades
que se han ido replegando en su desencanto y en su frustración.
125
La Justicia de Paz constituye, en este sentido, un espacio que contribuirá con
creces, a la recuperación de la credibilidad en el sistema de justicia, y al desarrollo de
una cultura cívica democrática. Para ello, no hay otra salida que deslastrarse de
concepciones jurídicas dogmáticas y formalistas, superar los paradigmas que
enturbian nuestra visión de la realidad y abrir nuestra mente a las soluciones
alternativas que ya las sociedades modernas han venido aplicando con éxito.
Recomendaciones
Una vez culminada la investigación, se presenta a continuación una serie de
recomendaciones, las cuales son de útil ayuda para la sociedad en general como para
los administradores del sistema de justicia.
Definir un criterio único en cuanto a las políticas gubernamentales a seguir,
para permitir un verdadero sistema de justicia gratuita que beneficie el acceso de los
más necesitados al mismo.
Impulsar la discusión de la Ley Orgánica de Defensa Pública, a los fines de
permitirle a los desposeídos, una asistencia técnica gratuita y de calidad que les
permita obtener una decisión favorable en la tramitación de sus conflictos.
Incorporar en el proyecto para la creación del nuevo Código de Procedimiento
Civil de la República Bolivariana de Venezuela, el precepto de la gratuidad de la
justicia junto a un capitulo en el cual se desglose más ampliamente la forma para
optar a la exoneración total de las expensas generadas por la defensa personal de los
intereses de los ciudadanos carentes de recursos.
Crear un sistema oficial de publicaciones, en el cual confluyan a costos exiguos
todos los carteles para las citaciones de las partes en litigio.
126
Sustanciar diligentemente todas aquellas denuncias relacionadas con
potenciales exigencias monetarias por parte del personal adscrito al Poder Judicial
venezolano.
Promocionar campañas de orientación a las clases menos pudientes, a los fines
de que conozcan los diferentes programas instaurados por el gobierno judicial para
acentuar el acceso de éstos ciudadanos al sistema formal de justicia.
Construir centros autónomos y apolíticos de atención jurídica gratuita en las
zonas más deprimidas del ámbito geográfico de la República Bolivariana de
Venezuela.
Capacitar y concienciar al personal administrativo adscrito al Poder Judicial
venezolano, sobre los nuevos principios constitucionales que respecto a la justicia se
estipulan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tomar en consideración la importancia de la justicia de paz, como un
mecanismo ágil, sencillo y asequible, a través del cual se pueden dilucidar pequeñas
controversias en las zonas más deprimidas de la República Bolivariana de Venezuela.
Acrecentar el número de defensores públicos que en la actualidad conforman el
grueso del Sistema Autónomo de la Defensa Pública
Diseñar verdaderas políticas económicas y sociales tendentes a disminuir los
niveles de pobreza de la población venezolana.
Instruir a los juzgadores sobre la necesidad de tramitar las causas dentro de los
lapsos estrictamente contemplados para cada caso concreto.
127
Avivar la aplicación de los parámetros que respecto al beneficio de la justicia
gratuita se encuentran estipulados en el artículo 180 del Código de Procedimiento
Civil de Venezuela (1987).
Aplicar las sanciones disciplinarias de rigor, a aquellos profesionales del
derecho que dilaten temerariamente las causas que se tramiten ante los órganos
jurisdiccionales de la República Bolivariana de Venezuela.
Coordinar con la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela diversos
mecanismos para garantizarles a los ciudadanos de más escasos recursos la asistencia
técnica debida para la tramitación de sus causas.
128
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