TESIS DOCTORAL en reconstrucción

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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES -SEDE ACADEMICA ARGENTINA- PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES La “Cuestión Social” como construcción ideológica: propuesta de una tipología para su comprensión. Análisis del caso de la Política Asistencial del gobierno del Frente Amplio AUTOR: JOSE PABLO BENTURA DIRECTORA: MONICA DE MARTINO AGOSTO DE 2010 1

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FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

-SEDE ACADEMICA ARGENTINA-PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS

SOCIALES

La “Cuestión Social” como construcción ideológica: propuesta de una tipología para su comprensión. Análisis del caso de la Política Asistencial del gobierno del Frente Amplio

AUTOR: JOSE PABLO BENTURADIRECTORA: MONICA DE MARTINO

AGOSTO DE 2010

1

GLOSARIO DE SIGLAS

AFAP Administradoras de Fondos de Ahorro PrevisionalANEP Administración Nacional de Educación PúblicaANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones.BID Banco Interamericano de DesarrolloBPS Banco de Previsión Social BROU Banco de la República Oriental del Uruguay.CAIF Centro de Atención a la Infancia y la FamiliaCAMBADU Cámara de baristas y almaceneros del Uruguay.CEP Consejo de Educación PrimariaCES Consejo de Educación SecundariaCIDE Comisión de Inversiones y Desarrollo EconómicoCIESU Centro de Informaciones y Estudios del UruguayCIJ Centro de Información a la JuventudCODICEN Consejo Directivo CentralFAS Fortalecimiento del Área Social FISE Fondo de Inversión Social de EmergenciaINAME Instituto Nacional del Menor INAMU Instituto Nacional de la MujerINAU Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del UruguayINDA Instituto Nacional de Alimentación.INE Instituto Nacional de Estadística.IRPF Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.IVA Impuesto al Valor AgregadoMEF Ministerio de Economía y FinanzasMERCOSUR Mercado Común del SurMIDES Ministerio de Desarrollo SocialMRREE Ministerio de Relaciones ExterioresMSP Ministerio de Salud PúblicaMTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialOBSUR Observatorio del SurPANES Plan de Atención Nacional a la Emergencia SocialPAST programa de Atención a los Sin TechoPBI Producto Bruto InternoPIAI Programa de Integración de Asentamientos IrregularesPIT Plenario Intersindical de TrabajadoresPLEMUU Plenario de Mujeres del UruguayPOP Proyectos de Opción Productiva OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto.SINIA Sistema Integral Nacional de Infancia y AdolescenciaSIPI Sistema de Información para la InfanciaUTU Universidad del Trabajo del Uruguay

2

INTRODUCCIÓN..........................................................................................4Aspectos Metodológicos..........................................................................20

I. “Cuestión Social” CONCEPTO Y PERIODIZACIÓN ...........................32I. 1. Cuestión Social: problematización y proyecto.................................40

II. PARA LA COMPRENSIÓN DE LA “CUESTIÓN SOCIAL” ..............57II. 1. La perspectiva neoliberal.................................................................58II. 2. La perspectiva conservadora ..........................................................66II. 3. La perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía..............75

III. CAPITALISMO MONOPOLISTA Y CUESTIÓN SOCIAL................82III. 1. Estados de Bienestar y Cuestión Social.........................................84III. 2. La “Cuestión Social” en la era de la reestructuración productiva..88

IV. FORMACIÓN SOCIAL DEL URUGUAY Y Cuestión Social...........100IV. 1. Consolidación del Estado Uruguayo............................................101IV. 2. El batllismo y la conjura de la Cuestión Social...........................105IV. 3. Crisis del Estado batllista y sustitución del bloque en el poder ..114IV. 4. La transición democrática. El arribo del “Consenso de Washington” y su adopción moderada..................................................124IV. 5. Crisis del 2002 y triunfo de la izquierda política.........................139

V. EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA POLÍTICA: ¿UNA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL?.................................144

V. 1. MIDES: una estrategia de combate a la pobreza extrema.............154VI. DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO ...............197

VI. 1. ¿Qué tipo de intervención se considera legítima?.......................198VI. 2. ¿Cuál es el valor central que legitima la intervención? ..............223VI. 3. ¿A través de qué principio de justicia se orienta la intervención? ................................................................................................................237VI. 4. ¿Qué concepción de ciudadanía expresa?....................................247VI. 5. ¿Cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal? .........260VI. 6. ¿Cuál es el papel que se le asigna al trabajo?..............................266

VII. CONCLUSIONES. UN NUEVO PACTO DE DOMINACIÓN: ANTI CAPITALISMO ROMÁNTICO Y ASISTENCIA, UNA EMANCIPACIÓN ILUSORIA ...........................................................................................280BIBLIOGRAFIA........................................................................................314FUENTES DOCUMENTALES.................................................................328

3

INTRODUCCIÓN

La elección del objeto de este estudio responde, como siempre

ocurre, fundamentalmente a razones subjetivas (cf. Weber, 1991), y se

espera que no hayan, creemos que no, invalidado los avances, resultados y

conclusiones de la investigación. Identificar y reconocer el carácter

primariamente subjetivo de la producción de conocimiento es un paso

necesario para construir cierta vigilancia (Bourdieu, 2001) sobre las

condiciones de tal producción.

En este apartado nos reservamos, entonces, tanto el derecho como la

exigencia de exponer aquellas motivaciones e inquietudes que acompañaron

la preocupación inicial sobre la concepción y el tratamiento de la

intervención social por parte del gobierno de izquierda, construyendo, de

este modo, la expresión de una perspectiva particular acerca a la cuestión

social.

Empezamos por reconocer nuestra identificación, desde la infancia e

influidos por nuestros mayores - en un momento en que la emoción

invalidaba cualquier evaluación racional - con el recién fundado Frente

Amplio, identificación que continuó en nuestra vida adulta cuando la razón

empezó a jugar un papel un tanto más importante. Es así que, como muchos

uruguayos, creímos tocar el cielo con las manos cuando el Frente Amplio

triunfó en Montevideo y asumió el gobierno municipal en el año 1989.

Estábamos convencidos de que una fuerza con voluntad

antiimperialista y antioligárquica1 haría un gobierno municipal que llevaría

1 Decia la declaración constitutiva del Frente Amplio: “Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura.” Disponible en: www.quehacer.com.uy/Uruguay/frente_amplio/declaracion_constitutiva.htm. Consulta: 12/02/2010.

4

adelante reformas radicales, que implementaría con audacia políticas que

pondrían en jaque la mediocridad neoliberal del gobierno nacional,

recuperando la esperanza de volver a aquel Uruguay cuyas reformas habían

sorprendido al mundo, constituyendo la autorrepresentación de ser un país

modelo (Filgueira, 1990).

Luego de tres períodos consecutivos de gobiernos municipales

frenteamplistas, nuestra perplejidad por la ausencia de esa audacia solo se

veía amortiguada por la - frágil - convicción que desde un gobierno

municipal se podía hacer poca cosa, y que la audacia era, en contra de lo

que habíamos imaginado, electoralmente contraproducente, y así el Frente

estaba guardando sus reservas de creatividad política para su triunfo en las

elecciones nacionales.

La victoria de la izquierda en las elecciones nacionales nos

sorprendió, sin embargo, un tanto más reservados en nuestra euforia. La

expectativa continuaba y festejamos junto a otros cientos de miles de

uruguayos el triunfo de la izquierda política, pero ya no con el entusiasmo

de los años anteriores cuando se festejó el triunfo municipal.

Un par de años después, al momento de comenzar nuestro trabajo de

investigación, nuestras reservas parecían confirmarse en las sospechas más

sombrías y nos contábamos entre el

“número creciente de ciudadanos sienten una sensación

de frustración y desesperanza ante la falta de cambios

importantes de sus vidas. Sectores importantes de la

ciudadanía han percibido que el país continúa en un

movimiento (inercial) que mucho se parece a las

décadas anteriores, y que no solo no han habido

transformaciones en los modos de pensar y hacer la

política, sino que tampoco parece avanzarse en lo

económico y social.” (Moreira, 2007)

5

Lo que empezaba a configurarse en nuestra percepción era que el

Frente Amplio no venía a hacer otra cosa que completar el conjunto de

reformas iniciadas por los gobiernos colorados y blancos que lo

precedieron. Y que, en definitiva, el Frente Amplio no sólo no concretaba

los cambios esperados, sino que además ello no le producía el costo político

que nuestra sensibilidad política esperaba que le generara.

Veíamos con sorpresa como:

“A partir de 2005, luego del triunfo del Frente Amplio y

su acceso al gobierno en Uruguay, la ciudadanía

aguardó expectante la hora de los cambios progresistas

en el país. Sin embargo, dos años después de iniciada, la

administración frenteamplista se encuentra ante un

dilema: la gestión del gobierno continúa teniendo

aceptación mayoritaria pero al mismo tiempo

importantes sectores sociales comienzan a expresar su

descontento.” (Moreira, 2007: 1)

En definitiva empezaba a volverse claro para nosotros que el

gobierno del Frente Amplio se presentaba, como ocurría con otros

gobiernos de izquierda en la región, como el más conveniente para

continuar con las reformas empezadas por los gobiernos anteriores.

El Frente Amplio, despojado de sus aristas antiimperialistas y

antioligárquicas2 que caracterizaron buena parte de su historia se tornaba

aún más funcional que los gobiernos que lo habían precedido para continuar

con las reformas iniciadas por éstos.2 “Esto significa: abandonar las propuestas socialistas en el caso de los partidos obreros europeos; abandonar las propuestas `antioligárquicas y antiimperialistas´ que abrirían el camino a la revolución socialista de acuerdo a la lógica del programa frenteamplista de 1971, en el caso de la izquierda uruguaya.” (Garcé, 2009: 24)

6

Esta funcionalidad está referida a uno de los postulados del

Consenso de Washington3 (Williamson, 1993) y, sobre todo, al llamado pos

Consenso de Washington en los que, si bien, la preocupación central ha sido

propiciar la estabilidad macroeconómica y el control del gasto público,

también se establece la necesidad de un “cambio de las actitudes, todo lo

cual puede intentarse una vez superados los niveles de la pobreza

crítica” (Iglesias, 1993: 7, el énfasis es nuestro). En un mismo sentido, se

expresan Midaglia y Antía (2007: 1) al afirmar que:

“La oleada de gobiernos de izquierda y/o progresistas

que tuvo lugar entre fines del siglo XX e inicio del XXI

en América Latina puso de manifiesto la necesidad de

reconsiderar las formas de conducción política, en

particular las relacionadas con el tratamiento de los

costos sociales vinculados a la puesta en práctica del

nuevo modelo de desarrollo. En este marco, surgieron

múltiples interrogantes políticas y académicas sobre

las posibilidades que disponían los gobiernos de

orientación de izquierda para incidir en la estructura

de desigualdad que caracteriza el continente, y,

simultáneamente, aliviar las situaciones de pobreza

más acuciantes, tomando en consideración las pautas

internacionales de estabilidad macroeconómica y por

3 Esta funcionalidad ya aparecia insinuada en la campaña electoral cuando se manejó la posibilidad de ofrecer el Ministerio de Economia al Cr. Enrique Iglesias. No resultaba claro si este posible ofrecimiento se vinculaba a la identificación de Iglesias con el Consenso de Washington por su reciente pasado como presidente del BID, o con su más lejano pasado vinculado a la CIDE (1966), es decir, al desarrollismo sesentista: “El nombre del contador Enrique Iglesias se incorporó violentamente en los últimos días previos a las elecciones internas del 27 de junio a los debates de la campaña política. Desde varias tiendas se manejó su nombre como posible Ministro de Economía, integrante del gabinete o funcionario de jerarquía de la próxima administración. En el caso concreto del Encuentro Progresista, fue el propio doctor Vázquez quien comentó que perfectamente podía ser el jefe del equipo económico de un gobierno de izquierda y que era factible que se lo propusiera, se lo insinuara, cuando se encontraran en Washington” (Entrevista de Eduardo Cotelo en Radio El Espectador). Disponible en: http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=21831&sts=1. Consulta: 23/05/2010

7

ende de control del gasto público.” (El énfasis es

nuestro)

Estas inquietudes constituyeron el punto de partida para lo que luego

sería nuestra propuesta de tesis doctoral. La pregunta que resuena en nuestro

interior se puede formular en los siguientes términos: ¿cómo la izquierda

política logra legitimidad para llevar adelante reformas que, en principio,

parecen ajenas a su sistema de convicciones?

En el fondo parece estar confirmando esta sensación el hecho de que

el neoliberalismo, en tanto penetra la sensibilidad de la izquierda sin que

ésta necesariamente lo perciba, ha logrado el triunfo, transitorio pero

verdaderamente hegemónico, en tanto contamina a sus principales e

históricos opositores. Es que, como señala Estela Grassi (2003: 305),

“En conjunto, aquello que se popularizó como el

`neoliberalismo´ se trató, por sobre todas las cosas, de

la refundación social y cultural que resultó de un

proceso (transitoriamente) exitoso de realización de un

proyecto de vida social que devino hegemónico; es

decir, mucho más que un modelo económico, que los

cambios en el patrón de acumulación o que una

ideología dominante. Esa refundación comprendió al

Estado, cuya actividad instituyó nuevas condiciones de

regulación y de intervención para la reproducción

social.”

Esta tesis apunta a provocar, recuperar e interpelar los discursos que

portan los operadores tecno - políticos del gobierno de izquierda insertos en

la institucionalidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Fundamentalmente se pretende comprender qué elementos ideológicos,

constitutivos del pensamiento de la izquierda política uruguaya, han

8

posibilitado que se plantee la expectativa sobre su capacidad de “aliviar las

situaciones de pobreza más acuciantes” sin abandonar “las pautas

internacionales de estabilidad macroeconómica y por ende de control del

gasto público.” (Midaglia y Antia, 2007: 1)

Asumiendo como un dato la afirmación que puede leerse en

Midaglia y Antía (2007), en Moreira (2007) y en Serna (2007), de que la

administración del Frente Amplio no modificó sustancialmente “las pautas

internacionales” que propiciaron el “ajuste estructural” en América Latina

(Grassi et al., 1994), lo que resulta novedoso de esta administración, y le

permite completar las reformas promovidas por el “Consenso de

Washington”, es su preocupación por atender, apenas, las situaciones de

pobreza extrema. (Midaglia y Antia, 2007: 1)

La principal hipótesis que intenta demostrar esta tesis es que la

izquierda, despojada de su carácter de clase apela a componentes

conservadores - en la particular forma que cobra el pensamiento

conservador en su conformación como “anticapitalismo

romántico” (Lucàks, 1992: 132) - que son parte constitutiva de su

configuración4 para desarrollar exitosamente (al menos en lo que a

legitimidad refiere) las nuevas políticas sociales e intentar amortiguar el

costo social de mantener y continuar las reformas estructurales de tinte

neoliberal propiciadas por el Consenso de Washington.

4Al respecto veamos el comentario de German Rama (1987: 165) respecto al MLN, actualmente una de las fuerzas mayoritarias del Frente Amplio: “hubo escaso interés por la postura ideológica, o más aún (se diría) un rechazo intencional al discurso, a las discusiones programáticas, una `nota antiintelectualista y antidoctrinaria bastante acentuada´ en respuesta a la sociedad declarativa e inactiva, y en especial a la izquierda. La propia sociedad uruguaya se preguntaba qué postulaban los tupamaros; los manifiestos de éstos eran escasos, y sus contenidos incluían elementos de denuncia del sistema en nombre de sus valores declarados, consignas reivindicativas populares y conceptos más o menos vagos respecto a lo que para ellos era una sociedad revolucionaria.“ O el, menos especifico, de Aldo Solari (1964: 165) “Puede incluso decirse que el extremismo verbal de ciertos sectores de la izquierda, sólo es posible porque está acompañado de la confortable sensación de que nada cambiará real, profundamente.”

9

La crisis del capital que se desplegó en los años 70 puso fin a las

tres gloriosas décadas del Welfare State. La resolución de la crisis se

procesó a través de la ruptura unilateral del pacto inter-clases (Przeworski,

1995) dando lugar a una fuerte ofensiva del capital sobre el trabajo cuyo

resultado fue la reducción de los sistemas de regulación del Estado sobre el

mercado, vale decir sobre la relación capital - trabajo.

Si bien en América Latina no es posible hablar de Estado de

Bienestar, la Matriz Estado Céntrica (Cavarozzi, 1996) establece sistemas

de regulación que se le asemejan. El elemento central de la regulación

Estado Céntrica en América Latina es también el seguro social.

Su extensión y eficacia es desarrollado por los gobiernos

“populistas”5, así denominados por la crítica neoliberal. La denuncia de los

mecanismos autoritarios y clientelares (Cavarozzi, 1996) llamaba la

atención acerca del carácter premoderno de estos gobiernos basados en el

corporativismo y el favor.

Esta crítica alcanza, sin duda, a la Matriz Estado Céntrica que

caracterizó al desarrollo del Estado Social uruguayo. La particularidad

señalada en relación a este caso es el alcance “universal” del “clientelismo y

el favor”:

“Aunque las políticas sociales fueron aplicadas de

acuerdo con modalidades particularistas,

clientelísticas; en su formulación a nivel genérico, en

tanto leyes o decretos se recurrió a una retórica

universalista. Con el decurso temporal lo que hasta

entonces, se consideraba privilegio de quienes

5 “La extrema vulgarización de la denominada teoría del populismo (...) contribuyó, con certeza independientemente de la voluntad de sus autores, para descalificar los grandes esfuerzos y las grandes luchas del movimiento obrero y sindical, colaborando incluso con una ofensiva ideológica cuya finalidad era la de oscurecer el pasado reciente del movimiento sindical.” (Netto, 1994: 23)

10

contasen con un padrino que hiciese efectivo el

derecho establecido legalmente pasó a masificarse, y

el clientelismo asumió una dimensión

horizontal.” (Filgueira y Filgueira 1995: 12, el

énfasis es nuestro)

Esta particularidad del Estado Social uruguayo que trasciende, desde

nuestro punto de vista, el aspecto mencionado, justifica nuestro estudio. La

formación social del Uruguay constituyó tempranamente, incluso en

comparación con las economías centrales, un Estado Social que lograba a

través de un delicado equilibro condensar tempranamente un Estado

Ampliado6.

El Estado Social uruguayo empezó a configurar sus principales

trazos en el último tercio del siglo XIX en su proceso de consolidación,

pero, sin duda, terminó de definir sus particularísimas características en la

primera mitad del siglo XX de la mano del batllismo, tanto el clásico como

el neobatllismo, que le darían al Uruguay una conformación que lo

constituyen como un caso excepcional o, como quiere Solari, definido

porque “la marginalidad es su característica” (1964: 169).

Estas características marginales que se desarrollaron a lo largo de la

primera mitad del siglo XX permitieron la construcción de un sistema

mítico, donde la cuestión social parecía haber sido superada a través de la

puesta en marcha de un exitoso “laboratorio social” (Morás 2000).

El Uruguay presentaba al mundo este “país modelo” (Filgueira y

Filgueira, 1995) resultado de un experimento exitoso que había logrado

“humanizar el capitalismo” (Vanger, 2009) como la fórmula para resolver

6 Por Estado Ampliado se entiende el Estado característico del capitalismo de los monopolios que representa, sólo en última instancia, el interés de la burguesía pues al incorporar demandas de las clases subalternas genera un aparente equilibrio de poderes. (cf. Coutinho, 1994: 42 - 71)

11

los problemas sociales del mundo (Solari, 1964: 169) a través del “slogan

`Como el Uruguay no hay´” (Rama, 1972: 20).

El bloque en el poder condensaba los intereses de la débil burguesía

nacional en alianza con el proletariado que era su producto; logró

consolidarse como bloque en el poder a través de un “cesarismo

progresista”, fórmula que resolvió el “equilibrio catastrófico” derivado del

conflicto entre la ciudad y el campo (Acosta, 2006).

Durante todo el período, la oposición feroz al modelo articuló los

intereses oligárquicos y del capital financiero representados en las figuras

del estanciero y del imperio (Nahum, 1979; Vanger, 2009).

La culminación de la guerra de Corea en 1953 marca el final de las

condiciones históricas que habían permitido el desarrollo del Estado Social

uruguayo. El triunfo del Partido Nacional en 1958 representa la

desagregación del bloque en el poder que es sustituido por un nuevo bloque

que condensa los intereses que habían representado, como fue dicho, la

oposición histórica al modelo batllista (Real de Azúa, 1984: 66). Esta

situación pasó primero por un equilibrio catastrófico cuya resolución,

confirmado el nuevo bloque en el poder, se procesó nuevamente con el

recurso al cesarismo, pero en este caso de signo regresivo:

“Los antagonismos políticos que tan cuidadosamente

se trataron de evitar durante la vigencia de la

formación hegemónica que llamamos el `Uruguay

Batllista´ surgieron cada vez más abiertamente dentro

y fuera de la formación política. Luego de varios años

de progresivo deterioro institucional esto llevó, como

en otros países del sur de América Latina, a la quiebra

del orden constitucional. Pero en el Uruguay esto no

fue el resultado de una crisis de `populismo´. Fue el

12

colapso del transformismo.” (Panizza, 1990: 204, el

énfasis es nuestro)

El “colapso del transformismo” supuso una reconfiguración de los

partidos políticos en el Uruguay. La hegemonía batllista dentro del Partido

Colorado es derrotada por los sectores conservadores como consecuencia de

la victoria del Partido Nacional. De este modo y de forma progresiva, el

Partido Colorado comienza a responder a los mismos intereses que estaban

representados por la mayoría del Partido Nacional.

Los sectores desplazados, portadores del ideario batllista7, acaban

retirándose del Partido Colorado para conformar el Frente Amplio en

asociación con los partidos tradicionales de izquierda (comunistas y

socialistas) y el recientemente formado Partido Demócrata Cristiano.

El Frente Amplio representaba así la condensación de los intereses

desplazados por el nuevo bloque en el poder y asimismo, expresaba la

expectativa que estos grupos mantenían respecto a un posible retorno al

pasado, es decir, la expectativa de recuperar el Uruguay feliz (Vanger,

2009: 266). En la “Declaración Constitutiva”8 del Frente Amplio se

expresaba claramente que los responsables de la crisis eran precisamente

aquellos sectores tradicionalmente situados en oposición al batllismo y que

constituían el nuevo bloque en el poder. Los firmantes de la declaración

afirman:

“el predominio de una oligarquía en directa

connivencia con el imperialismo, han ido creando, por

7 “También surgió en estos momentos [1962] otra lista, la `99´, `Por el Gobierno del Pueblo´ con ex integrantes del `quincismo´ ( Zelmar Michelini, Hugo Batalla, Aquiles Lanza etc.) y de los sectores más progresistas del `catorcismo´ (Renán Rodríguez, Enrique Martínez Moreno, etc.). Reivindicaban los contenidos batllistas que, a su entender, se encontraban notoriamente opacados.” La `99´ será, años más tarde, una de las fuerzas firmantes de la Declaración Constitutiva del Frente Amplio. 8 Disponible en: www.quehacer.com.uy/Uruguay/frente_amplio/declaracion_constitutiva.htm .

Consulta: 12/02/2010

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un lado, hondas tensiones sociales y por otro, un clima

de preocupación colectiva sobre el destino mismo de

la nacionalidad oriental (...) la oligarquía encontró,

en el gobierno actual, un coherente intérprete político

de su propia respuesta ante la crisis (...) concertar

nuestros esfuerzos, mediante un acuerdo político, para

establecer un programa destinado a superar la crisis

estructural, a restituir al país su destino de nación

independiente.”

El Frente Amplio planteaba también la reforma agraria, la

nacionalización de la banca y de los grandes monopolios, una reforma

tributaria que gravara la acumulación de riqueza y al capital improductivo y

el aumento de salarios públicos y privados (Nahun et all, 1998A: 73). De

este modo, la declaración, si bien no explicitaba qué intereses representaba,

colocaba claramente a cuáles se oponía.

El Frente Amplio gana las elecciones 34 años después de su

fundación, y medio siglo después de que la nueva configuración del bloque

en el poder procesara transformaciones que culminaron en una sostenida

desindustrialización del país. Los grupos sociales que habían conformado

aquel bloque en la primera mitad del siglo XX, no tenían condiciones de

reconstituirse como tal: el proceso de fragmentación en el mundo del trabajo

había tenido un impacto devastador en “los colectivos de

trabajadores” (Sarachu, 1998) y la burguesía nacional no estaba en

condiciones, ni tenía ninguna voluntad de constituirse en clase dirigente.

Como vimos, el desarrollo de la primera mitad del siglo XX en

Uruguay había sido sostenido en un sistema de mitos con un fuerte

contenido carismático. Perelli y Rial (1986: 23), subrayan cuatro de ellos:

14

“Los cuatro mitos citados: el de la medianía, para

obtener seguridad, y para lograr un Uruguay feliz; el

de la diferencia que nos hacía considerar fuertemente

uruguayos; el del consenso, del respeto a la ley, a las

reglas del juego que, en último término, cimentó el

régimen democrático uruguayo, y el mito de un país

de ciudadanos cultos, sustancialmente `culturosos´,

con un mínimo muy por arriba de los standards

corrientes, conformaron la base del imaginario de los

uruguayos en el período del Uruguay feliz.”

De acuerdo con los mismos autores, la incapacidad manifiesta del

nuevo bloque en el poder consistió en su dificultad para constituir un nuevo

sistema mítico, con lo cual, sin lograr ser reemplazados, los viejos mitos se

mantenían:

“Los actores preconstituidos, los existentes desde

antes de la instalación del régimen autoritario, y

aquellos que pervivieron durante él, se niegan a

cambiar su vieja identidad. Sus referentes, sus mitos,

su imaginario social intenta perdurar. Sin embargo

han cambiado la cara y la acentuación. (....) En el

momento actual, la interrogante queda abierta ¿Será

posible volver a crear un imaginario social

hegemónico para esta sociedad uruguaya donde

tantos cambios han ocurrido, pero donde tanto se

intenta ocultarlos?” (Perelli y Rial, 1986: 36)

Tal vez y en buena medida esta sea una de las causas por las que las

reformas llevadas adelante nunca lograron acabar definitivamente con la

estructura del Estado Batllista. El nuevo bloque en el poder no alcanzó

15

nunca a procesar una verdadera “reforma intelectual y moral” (Gramsci,

1993: 69.

El gobierno del Frente Amplio ya sin base social para procesar un

cambio sustantivo en el bloque en el poder continúa con la orientación de la

política económica9 y con los rasgos sustantivos que le imprimieron los

gobiernos anteriores: equilibrio fiscal, reforma del Estado10 etc. Pero, a

diferencia de éstos, el Frente Amplio, histórico opositor de esta política,

parece tener las condiciones para procesar una “reforma intelectual y moral”

(Gramsci, 1993: 69), en el sentido de procesar cambios sustantivos en la

configuración mítica del Uruguay. Como fuera dicho por el ahora ex-

presidente Tabaré Vázquez a poco de asumido el gobierno:

"el año transcurrido desde entonces ha demostrado

que la razón de ser de este gobierno no es administrar

la nostalgia ni perseguir quimeras, sino promover

cambios en la perspectiva de un país que, sin

9 La política económica del gobierno de Tabaré Vázquez significó una línea de continuidad con el ajuste estructural propiciado por los organismos internacionales y el nuevo gobierno de José Mujica dejó clara, desde que asumió el gobierno, la continuidad en este sentido: “En primer lugar, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía, para que la gente pueda trabajar tranquila, e invertir tranquila. Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero. Permítanme decirlo de una manera provocativa: vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía.” El discurso completo está disponible en:

http://cemupro.com.ar/descargas/Discurso_completo_asuncin_de_Pepe_Mujica.pdf Consulta: 22/03/2010 10 Las dificultades de procesar una reforma del Estado en el Uruguay han sido históricas (ver por ejemploReal de Azúa, 1978: 71). El gobierno de Tabaré Vázquez fue tímido al respecto mientras que la propuesta de José Mujica expresa su compromiso por procesarla y la orientación de la misma es presentada en los siguientes términos: “El gobierno de Nueva Zelanda enviará dos expertos en reforma del Estado para colaborar en el proceso de transformación estatal del Uruguay. La cooperación fue pactada el martes entre el subdirector de la OPP, Conrado Ramos, y el embajador isleño. Para los representantes de Nueva Zelanda en la región, la permanencia de Conrado Ramos en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) representó una buena señal, ya que se entendió que asegura la continuidad en el proceso de cooperación que el país isleño ofreció a Uruguay para consumar la reforma del Estado.” Disponible en: http://causaabierta.blogia.com/2010/030418-expertos-de-nueva-zelanda-comandaran-reforma-del-estado-en-uruguay.php. Consulta: 15/5/2010

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desentenderse del pasado ni eludir el presente,

construya su propio futuro".11

Un cambio de perspectiva con vistas al futuro es lo que se ha

propuesto. Cabe interrogarse acerca de dónde buscar ese cambio de

perspectiva. Del planteo de las cinco dimensiones que hace el reciente ex-

presidente en su discurso de asunción del gobierno12, surge como novedad

lo que denominó como la dimensión social del Uruguay. Este trabajo se

propuso indagar acerca de la nueva perspectiva propuesta en esta

dimensión social.

Recapitulando brevemente las principales orientaciones en materia

social prevalecientes en las últimas décadas es ineludible la referencia a la

propuesta del Consenso de Washington. Esta tenía una doble dimensión que

no se modifica sustancialmente con el más reciente Pos Consenso de

Washington:

i) El ajuste estructural (Grassi et al., 1994) cuyo principal objetivo

era desmontar todos los sistemas corporativos que habían configurado los

frágiles Estados Sociales en América Latina, dar el tiro de gracia a los restos

de la industria de sustitución de importaciones, eliminando toda protección

arancelaria, para, al eliminar la garantía de pleno empleo, reducir así el

valor del trabajo a fin de captar inversiones externas.

ii) Como forma de aminorar el impacto social de estas reformas,

propiciar un cambio en el sistema de protección social asociado al mundo

del trabajo, donde las nuevas políticas sociales venían a sustituir la pauta

sectorial, universal y administrada centralmente por la pauta integral,

focalizada y descentralizada (con participación de la sociedad civil) 11 El discurso fue pronunciado al realizar la memoria anual del gobierno y puede leerse completo en: www.presidencia.gub.uy/_web/MEM_2005/PRESENTACION.htm. Consulta: 23/6/2008.12 “Las cinco dimensiones que presenta Tabaré Vázquez en el 2004: Uruguay social, productivo, innovador, democrático e inserto en la región y en el mundo, que están absolutamente concatenados” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

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(Filgueira, 1998) orientada, como fuera dicho, a atender “los niveles de la

pobreza crítica” (Iglesias,1993: 7).

El gran fracaso del Consenso de Washington estuvo en su

incapacidad de aminorar el impacto social de las reformas. Las nuevas

políticas sociales no lograron evitar la brutal crisis de integración que se

procesó en América Latina a partir de la reforma estructural llevada

adelante fundamentalmente en los años noventa.

Es posible aventurar que “la oleada de gobiernos de izquierda y/o

progresistas que tuvo lugar entre fines del siglo XX e inicio del

XXI” (Midaglia y Antia, 2007: 1) parecería contar con la legitimidad

necesaria para implementar las nuevas políticas sociales y cerrar el círculo

del neoliberalismo. La construcción de un dispositivo institucional para

implementar estas nuevas políticas sociales es la principal novedad

institucional del nuevo gobierno. De este modo, el Ministerio de Desarrollo

Social se constituye en el universo empírico privilegiado para la

reconstrucción del discurso legitimador de las políticas focalizadas en el

combate a la pobreza extrema.

El Ministerio de Desarrollo Social se crea a partir de la aprobación

de la Ley Nº 17.866 del 21 de marzo de 2005. Su cometido es la

articulación y control del conjunto de políticas sociales desarrolladas por el

Estado. El programa central llevado adelante por el MIDES en sus años

fundacionales ha sido el llamado Plan de Atención Nacional a la

Emergencia Social (PANES).

“En este sentido y tal como estaba establecido en el

programa de gobierno, se comenzó a trabajar en la

implementación del Plan de Atención Nacional a la

Emergencia Social (PANES). El Plan implicó

responder de forma inmediata mediante siete

18

programas o componentes interrelacionados

orientados a la población en situación de extrema

pobreza: Ingreso Ciudadano – trasferencia de ingreso

a hogares-, alimentación, participación social y

laboral13, intervenciones en educación, atención de

emergencia sanitaria, campaña por la identidad y el

mejoramiento del hábitat; a los que se agregaron poco

después el Programa de Alfabetización de Adultos y el

de Salud Ocular (...) El PANES culminó a finales del

año 2007 de acuerdo a lo previsto y planificado por el

gobierno”14

A partir de 2007, el Ministerio de Desarrollo Social comienza a

implementar el Plan de Equidad que sucederá al Plan de Emergencia y

asumirá un carácter permanente. Entre sus objetivos se plantea:

“Construir una Red de Asistencia Social de naturaleza

`no contributiva´, con el objetivo de amparar a los

sectores sociales con mayor vulnerabilidad, que

cuentan con menores oportunidades de incorporarse

al mercado de trabajo. La misma deberá estar

articulada con el sistema de seguridad social y el

conjunto de políticas universales básicas.(...) cabe

destacar la reformulación del régimen de

Asignaciones Familiares15 para los hogares en

situación de vulnerabilidad socioeconómica (...)

Asimismo se incorporaron en forma integral

iniciativas en materia de política alimentaria,

13 “Trabajo por Uruguay: dirigido a protagonistas del PANES, experiencia sociolaboral que amplíe oportunidades educativas y promueva el desarrollo de estrategias personales y sociales para la construcción de rutas de salida, priorizando al trabajo como herramienta de inclusión social.” Disponible en: www.mides.gub.uy Consulta: 15/2/2008 .14 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 16, Ministerio de Desarrollo Social.15 Nueva forma que asume la transferencia de ingreso a los hogares de pobreza extrema.

19

asistencia a la vejez y diversos programas de inclusión

e integración social.”16

Reconocemos, parafraseando al poeta, que: “hay en mis venas gotas

de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno.”

Aspectos Metodológicos

El campo problemático de este estudio es la cuestión social en

Uruguay a partir de la asunción del gobierno frenteamplista, entendiendo

por cuestión social una categoría perfectamente aprehensible si la tomamos

de acuerdo con uno de los sentidos que le atribuye Castel (1997: 20): “Es

una aporía fundamental en que una sociedad se interroga (….) pone en

cuestión (...)”

Para Castel, como para nosotros, la cuestión social no es una

situación objetiva o, en otros términos, no está en el plano estructural sino

que se trata de una situación subjetiva o ideológica situada en el plano de la

superestructura. Es una sociedad preguntándose y dándose respuestas sobre

sí misma.

El objeto de este estudio es la particular construcción ideopolítica,

en términos de interpretación y proyecto de intervención, que realiza la

izquierda política para lograr legitimidad en el proceso de reformas que ha

impulsado y que, en principio, parece ajeno a su sistema de convicciones.

Sin dejar de sospechar, como quiere, Zîzêk que:

“(...) la noción inmanente de la ideología como una

doctrina, un conjunto de ideas, creencias, conceptos y

demás, destinado a convencernos de su `verdad´, y sin

16 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 13-14, Ministerio de Desarrollo Social.

20

embargo al servicio de algún interés inconfeso. (...) el

objetivo de la crítica es descubrir la tendencia no

confesada en el texto oficial a través de sus rupturas,

sus espacios en blanco y sus deslices; descubrir en

`igualdad y libertad´ la igualdad y la libertad de los

participantes del intercambio en el mercado que, por

su puesto, privilegia al dueño de los medios de

producción (...)” (2008: 17)

Se apunta a identificar cómo los segmentos tecnopolíticos de la

“clase política” en el gobierno construyen esta interpretación y proponen un

proyecto de administración de lo que interpretan que la sociedad concibe

como sus principales problemas. Cuestión social es la síntesis de ambas

dimensiones: problemas construidos socialmente y proyecto de intervención

y administración de los mismos.

Se trabaja con tres tipos ideales de cuestión social:

• La neoliberal, que considera la cuestión social como los intentos de

regulación del mercado en tanto límites a la libertad individual.

• La conservadora, que concibe la cuestión social como aquellos

problemas morales, normativos o de valores que se vuelven

problemas para la integración social.

• La perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, que concibe la

cuestión social como los procesos de desigualdad social,

planteándose la posibilidad de alcanzar crecientes niveles de

igualdad en el marco del capitalismo.

21

La cuestión social tiene como génesis el pasaje del capitalismo

competitivo al capitalismo monopolista. La ampliación del Estado (que ya

no representará exclusivamente los intereses de la burguesía) posibilitada

por el pasaje de la plusvalía absoluta a la relativa, supone un Estado que al

intervenir para garantizar los lucros del capital se torna permeable a las

demandas de los sectores subalternos.

En “occidente” con el desarrollo de la “sociedad civil” la coacción

va dejando paso a la búsqueda de “hegemonía” (Gramsci, 1993: 136),

“hegemonía significa la subordinación ideológica de la clase obrera por la

burguesía, la cual la capacita para dominar mediante consenso” (Anderson,

1978: 46).

El Estado busca legitimarse a partir de su intervención social. Las

fuerzas en pugna buscarán inclinar esta intervención procurando la igualdad

(perspectiva de la ampliación de la ciudadanía), la integración social

(perspectiva conservadora) o buscarán limitar esta intervención al mínimo

indispensable de manera de garantizar la libre competencia (perspectiva

neoliberal).

Este estudio apunta a identificar, caracterizar y analizar, a partir

fundamentalmente de los discursos de los operadores tecnopolíticos insertos

en el Ministerio de Desarrollo Social, la perspectiva de cuestión social con

la cual la izquierda política en el gobierno busca legitimarse.

El nivel de análisis propuesto (abstracto) nos habilita a una

construcción típico ideal que nos parece ilustrativa para desentrañar los

procesos históricos que van diseñando la apariencia de la cuestión social. En

tal sentido nos parece que la emergencia del orden burgués es resultado de

la síntesis de un triple conflicto que se resuelve de distintas formas en sus

diferentes expresiones concretas. Ese triple conflicto nos habilita a pensar

22

en la validez de construir tres perspectivas ideológicas, tres lentes, que

muestran tres apariencias distintas de la cuestión social.

Las tres perspectivas propuestas privilegian un conflicto, irresoluble

en el orden burgués, y lo reifican. De hecho hablar de cuestión social

expresa un momento de esta reificación, puesto que no se trata de una

cuestión inherente a lo social sino que es una cuestión inherente a la forma

que toma lo social en el orden burgués17.

Discutir la cuestión social en estos términos supone, en última

instancia, establecer ciertas regularidades en las representaciones sociales y

la particular coyuntura que establece una hegemonía entre aquellas

representaciones, buscando delimitar qué aspectos de la vida social deben

ser regulados políticamente que, en otras palabras, equivale a expresarse

sobre qué aspectos y cómo debe intervenir el Estado y por tanto, qué cosas

están bajo su responsabilidad y sobre las cuales debe operar.18

En otros términos es establecer la relación entre lo público y lo

privado y fundamentalmente dónde se establece el límite entre ambas

esferas, es decir, dónde termina lo privado y empieza lo público en tanto

esfera política donde es legítimo intervenir.

Existe, por tanto, una tensión cotidiana entre los procesos de

individualización de lo social19 y su opuesta politización. Las tres

perspectivas reseñadas establecerán distintos límites entre lo público y lo

17 En todo caso son, como señala Hobsbawm (1988: 380), “Las cuestiones de la sociedad burguesa”.18 Para Foucault esta delimitación tiene un carácter tecnológico muy preciso de “economía política” y marca “el paso de un arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un régimen dominado por las estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas de gobierno, se da en el siglo XVIII en torno a la población y, por consiguiente, del nacimiento de la economía política.” (1976: 133)19 Estos son interpretados como “(...) una forma específica de la orientación de la protección social que se caracteriza por atar las condiciones de vida de las personas a la situación y las prácticas, en sentido amplio, del sujeto en tanto individuo; y que, a la vez desvincula esas condiciones de vida y las consecuencias de esas prácticas de toda relación con y de toda pertenencia a grupos o agregados mayores.” (Danani, 2008: 45)

23

privado y a partir de esto delimitarán niveles y términos de cómo debe ser la

intervención política sobre lo que es considerado público.

Estamos estableciendo que la cuestión social, tratada de la forma

antedicha, se torna un analizador pertinente para el estudio de la coyuntura

política de una sociedad (y opera también eficientemente en el análisis

institucional). Se puede establecer una continuidad entre la concepción de

cuestión social hegemónica con la coyuntura política de una sociedad, o en

otras palabras, el estado de la lucha de clases.

Es evidente que no hay aquí una delimitación técnica ¿qué es mejor?

¿qué perspectiva es más eficiente?, etc. sino una delimitación política: ¿qué

problemas sociales son responsabilidad del gobierno?, ¿cuáles son los

límites de la intervención sobre el mercado?, etc. En última instancia las

respuestas a estas preguntas permiten establecer la fuerza y eficacia política

de los actores políticos en pugna.

La construcción de nuestros instrumentos de recolección de datos

parte de un supuesto: la aprehensión de la cuestión social (hegemónica)

supone naturalmente capturar los discursos de los actores, pero también

supone un análisis crítico de las prácticas, esto es, de los dispositivos

construidos para su administración.

Esto supone, si se nos permite, no sólo el análisis superestructural

contenido en los discursos, sino también los contenidos superestructurales

que se pueden encontrar en aspectos estructurales o materiales concretos

pues el diseño y las prácticas concretas también nos informan acerca de “los

sentidos de la acción social”.

Desde nuestra perspectiva la cuestión social debe ser pensada como

ideología en la doble concepción que le asigna Löwy (1991): como conjunto

de ideas distorsionadas y distorsionantes de la realidad y como “utopía”, es

24

decir, como proyecto político. Como ya fuera adelantado, la cuestión social

no refiere a una situación objetiva, no está en el plano estructural, sino que

se trata de una construcción de sentido, y en tanto tal, se encuentra en el

plano de la superestructura.

Obviamente estas preguntas y respuestas refieren a la estructura y a

situaciones más o menos objetivas. Pero no son ellas sino la

problematización que de ellas se realiza socialmente lo que es la cuestión

social.

Es evidente, por tanto, si se acompaña el razonamiento, que no

existe “la cuestión social” sino “cuestiones sociales”, pero también es

evidente que se presenta una lucha por la hegemonía entre las clases y

fragmentos de clase y por tanto una cuestión social hegemónica que

establece concretamente cuál es el proyecto político hegemónico.

Creemos que es posible afirmar, a partir de una primera

aproximación teórica al concepto central de nuestro objeto que, en todas las

perspectivas, cuestión social remite a la idea de un conjunto de fenómenos

que se interpreta que pone en cuestión, en riesgo la reproducción social, ya

sea de la sociedad como un todo o de sectores de ella.

Somos conscientes que las metáforas topográficas

(estructura/superestructura) de Marx expresan un momento abstracto de su

reflexión, y su utilización encierra el riesgo de caer en el estructuralismo.20

No obstante esto, creemos que en conceptos como cuestión social, y

precisamente por no ser una categoría marxiana -por el contrario pertenece

al universo del pensamiento conservador- su tratamiento implica

necesariamente ubicarla en el universo de las representaciones,

correspondiendo, por tanto, a un momento abstracto de la reflexión donde la

20 Al respecto señala Carlos Nelson Coutinho (1972: 95): “A la `miseria de la razón´ que define al movimiento neopositivisa, viene a agregarse una `miseria del objeto´, un empobrecimiento radical del pensamiento y de la vida humanan. Los límites de la `razón´estructuralista son los límites de la conciencia fetichizada de nuestro tiempo.”

25

estructura de una sociedad puede ser pensada como un sistema esquemático

construido típico/idealmente.

Es así que se vuelve pertinente partir de una construcción

típico/ideal que, en principio, nos parece exhaustiva pero que será

confrontada con nuestro universo empírico.

Naturalmente, las perspectivas acerca de la cuestión social tienen

profundas consecuencias práctico políticas y por eso es pertinente, como

señalábamos, no sólo el estudio de los sentidos atribuidos a la acción sino

también de la acción misma. Los discursos producidos institucionalmente

no responden evidentemente a la “verdad” sobre la institución y ni siquiera

a la “verdad” de lo que la sociedad espera de la institución.

Pero un tratamiento crítico de los discursos institucionales permite

retraducir lo que la institución cree que es el mandato social que pesa sobre

ella y por ende, al menos, qué entiende la institución que la sociedad cree

que es la cuestión social, sobre qué aspecto de ella le corresponde

intervenir, con qué límites hacerlo y, siempre de acuerdo con la concepción

de cuestión social hegemónica, cómo debe intervenir sobre el aspecto

mencionado.

Otro tanto puede decirse sobre las prácticas institucionales. Si bien

las prácticas son un aspecto más concreto y por lo tanto más “veraz”, es

preciso decir que lo que se obtiene es el discurso institucional sobre dichas

prácticas (aunque existen aspectos más o menos objetivos: montos

asignados, exigencias de capacitación del personal, etc.) por tanto estos

discursos deben también someterse a la crítica.

No obstante lo antedicho los discursos dicen, tratados críticamente,

claramente lo que se busca recoger: cuál es la concepción hegemónica de la

26

cuestión social en tanto construcción ideológica del bloque hegemónico

(Gramsci, 1985: 290).

También creemos pertinente tomar como portavoces relevantes de la

cuestión social (hegemónica) aquellos representantes políticos encargados

de su administración.

De acuerdo con la sugerencia de Zîzêk (2008: 16),

“En relación con la religión (que para Marx, era la

ideología por excelencia , Hegel distinguía tres

momentos: la doctrina, la creencia y el ritual; resulta

tentador disponer la multitud de nociones asociadas al

término `ideología´ alrededor de estos tres ejes: la

ideología como complejo de ideas (teorías, convicciones,

creencias, procedimientos argumentativos); la ideología

en su apariencia externa, es decir, la materialidad de la

ideología, los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE); y,

finalmente, el terreno más elusivo, la ideología

`espontánea´ que opera en el centro de la `realidad´

social en si (...)”

En tal sentido, en nuestro objeto pueden visualizarse estos tres

momentos. El primer momento por su carácter es más coherente; en tanto

complejo de ideas, la ideología tiene su concretud en un sistema articulado y

coherente de ideas políticas, el pensamiento liberal y neoliberal, el

pensamiento conservador y el socialista - aunque en su transmutación en

cuestión social en el capitalismo de los monopolios esta coherencia sea, en

algún sentido, vulnerada - los otros dos momentos se vuelven esferas

mucho más complejas tornándose construcciones sincréticas (Netto, 1992).

27

El concepto de sincretismo (Netto, 1992) busca describir la

construcción ideopolítica que orienta la intervención sobre las

“defracciones” de la cuestión social. Si bien el concepto es construido a

partir de fuentes diversas a las de Zîzêk, se torna complementario con el

planteo de éste. El sincretismo, metáfora derivada del campo religioso,

expresa un conjunto de ideas, saberes, fragmentos teóricos que, extraídos

selectivamente de distintos campos y lógicas de producción, tienen un

desdoblamiento práctico-instrumental.

El concepto de cuestión social tal y como aquí es comprendido

supone un objeto factible de ser reconstruido utilizando como analizador los

tipos ideales propuestos, a partir del estudio y análisis de documentos

institucionales y entrevistas semiestructuradas a operadores tecnopoliticos

del espacio institucional que se considera central para nuestro estudio: el

Ministerio de Desarrollo Social.

La cuestión social así concebida no se agota en la política de

asistencia que es, en síntesis, de lo que de hecho se ocupa el Ministerio de

Desarrollo Social, pero, en tanto este estudio apunta a relevar los cambios

en la cuestión social que se procesan a partir de la asunción del gobierno

nacional por parte de la “izquierda política” y en tanto como señalan

Midaglia y Antía (2007) y Moreira (2007) no se han procesado cambios de

fondo en la intervención estatal desde la asunción del nuevo gobierno, salvo

en lo que respecta a la política asistencial administrada desde el novel

Ministerio, los cambios procesados en la cuestión social deben ser relevados

allí.

La recolección de datos se realizó a través de entrevistas

semiestructuradas a operadores tecnopolíticos, incluida la Ministra de

Desarrollo Social y a técnicos del Ministerio, del análisis de documentación

28

institucional, folletería, página web, etc. utilizando el principio de

saturación.21

Con el objetivo de orientar las entrevistas y desarrollar el posterior

análisis se utilizaron seis dimensiones con las que se pretendió indagar

acerca de:

i) Qué intervención se considera legítima. Esta dimensión es central en

la reconstrucción de una perspectiva de cuestión social pues la

concepción sobre qué se entiende por intervención legítima

discrimina acerca del campo pertinente para intervenir por ser

considerado como una responsabilidad social, y asimismo,

determina cuáles son los aspectos en los que la intervención pierde

legitimidad al ser atribuidos a la responsabilidad individual.

ii) Cuál es el valor central que legitima la intervención. En la medida en

que la cuestión social es una construcción ideopolítica, el análisis

político supone establecer qué valor o valores se pretenden imponer.

(al respecto ver “La política como vocación” in Weber, 1982: 97 a

153)

iii) A través de qué

principio de justicia se orienta la intervención o, en otros términos,

cuál es la fuente de la justicia. En general, se pueden identificar

niveles de naturalización de los ideales que orientan la intervención

y esta dimensión busca identificar cuál es el grado de esa

naturalización.

iv) Qué concepción de ciudadanía expresa. El concepto de ciudadanía, y

los discursos producidos sobre el mismo se han vuelto centrales en

los discursos legitimadores en el campo de las políticas sociales.

v) Cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal. Los

programas sociales tienen en su composición estructural contenidos

pedagógicos, normativos, normalizadores y moralizadores. Se trata

21 Como es sabido se trata de relevar información hasta que los nuevos registros que se van incorporando dejan de aportar información relevante.

29

de identificar la orientación de esos contenidos en el sentido de qué

hombre aspiran construir.

vi) Cuál es el papel que se le asigna al trabajo. El trabajo es una

categoría central en el análisis de la sociedad, categoría llave,

categoría ontológica, etc. El trabajo es un eje privilegiado en la

construcción de los programas sociales, ya sea tratado como un

espacio institucional al que se busca integrar o como carencia que se

intenta suplir.

En los primeros dos capítulos se presenta la tipología construida

sobre las perspectivas acerca de la cuestión social en dos momentos: en el

primero, se presenta la configuración conceptual de cuestión social tal como

la entendemos para los fines de nuestro trabajo y a continuación, en el

segundo capítulo, se presenta la tipología construida para su comprensión.

Los contenidos desarrollados son resultado de un análisis

bibliográfico donde se trabaja con clásicos de la teoría social, fuentes de la

construcción de las perspectivas neoliberal, conservadora y social y

comentadores contemporáneos sobre estas perspectivas.

En el capítulo tres, se presenta la configuración específica que toma

la cuestión social en distintos momentos del capitalismo desde su origen con

el capitalismo de los monopolios o en la denominada “Era de los Imperios”

(Hobsbawm, 1988), la particular configuración que cobrara en los Estados

de Bienestar y posteriormente, a partir de la reestructuración productiva, la

forma que tomará en su versión neoliberal.

El capítulo cuatro busca hacer lo mismo que el capitulo anterior pero

para el caso uruguayo. Se trabaja con bibliografía historiográfica para

configurar la cuestión social en el Uruguay desde la consolidación del

Estado hasta la asunción del Frente Amplio en el gobierno. Este capítulo no

30

pretende ser exhaustivo sino apenas ilustrativo de aspectos relevantes de la

historia uruguaya.

Es en el capítulo cinco donde se presentan los resultados del trabajo

de investigación desarrollado en el Ministerio de Desarrollo Social a partir

de entrevistas a agentes tecnopolíticos y el relevamiento y análisis de

fuentes documentales, en el capitulo seis se organizan los contenidos a

través de las seis dimensiones mencionadas: (i) la intervención legítima para

el MIDES; ii) el valor central que legitima la intervención; (iii) el principio

de justicia; (iv) la concepción de ciudadanía; (v) el ideal de hombre; (vi) el

papel del trabajo.

El capítulo siete, nuestras conclusiones, luego de establecer los

criterios rectores de la política social del MIDES, que de acuerdo con

nuestro análisis se condensan en liberales y conservadores, se construye una

interpretación de los compromisos ideopolíticos de la izquierda con el

pensamiento anticapitalista romántico que permiten estos enlaces sin una

contradicción ideológica intolerable, constituyendo, lo que a nuestro modo

de ver, es un nuevo pacto de dominación, en otros términos la propuesta de

una nueva perspectiva hegemónica de cuestión social.

31

I. “Cuestión Social” CONCEPTO Y PERIODIZACIÓN

Hablar de cuestión social supone referirse al momento en que lo

social se torna una entidad pasible de ser pensada lo cual, en definitiva,

significa la posibilidad de desnaturalización de la sociedad o, en otras

palabras, que la sociedad pueda ser vista como algo distinto de la

naturaleza. Paso previo es la desacralización de la naturaleza en la que la

intervención científico técnica sobre ella supone, tendencialmente, que su

esencia sea capturada por el hombre (no viene al caso discutir si como

posibilidad o como ilusión) y por tanto desespiritualizada.

El proceso de desnaturalización y desacralización supone una

transformación en la sustancia de la intervención humana sobre la

naturaleza y también sobre lo social: los procesos de secularización

implican la utilización sistemática de la razón tanto en el proceso de

conocer como de intervenir sobre ambas esferas.

El arsenal heurístico aportado por Weber (1996) llama la atención

acerca de estos procesos entendidos como fundamentales para comprender

“el espíritu del capitalismo”. El desencantamiento del mundo es clave

(como causa y consecuencia) del proceso de racionalización creciente de

todas las esferas de la vida:

"El destino de nuestros tiempos está caracterizado por

la racionalización e intelectualización y sobre todo,

por el `desencantamiento del mundo´. Precisamente

los valores últimos y más sublimes se retiraron de la

vida pública, ya sea para el reino trascendental, o

para la fraternidad de las relaciones humanas directas

y personales.” (Weber, 1982: 182)

32

En la perspectiva de Marx y la tradición marxista, el proceso se

visualiza haciendo básicamente los mismos énfasis. En tal sentido, es

conocida la referencia de Lukács en su Historia y Conciencia de Clase al

ejemplo de Ernest Bloch sobre el surgimiento del paisaje en el momento en

que el hombre puede separarse de la naturaleza en oposición a “la

inconsciente vida en la naturaleza del campesino”22.

Lukács establece esta posibilidad en el proceso de emergencia del

orden burgués, donde el avance tecnológico permite ir superando los límites

colocados por la naturaleza. La especificidad de lo social aparece, entonces,

como el resultado de la colonización creciente de las categorías sociales

sobre las categorías naturales23.

La emergencia de lo social como entidad desnaturalizada es, antes

que nada, una posibilidad que surge de la relación práctico instrumental del

hombre con la naturaleza, siendo en esta relación que el hombre irá

acrecentando su poder frente a la misma de tal suerte que:

"A través del trabajo, tiene lugar una doble

transformación. Por un lado, el propio hombre que

trabaja es transformado por su trabajo; el actúa sobre

la naturaleza exterior y modifica, al mismo tiempo, su

propia naturaleza; ` desarrolla las potencias en ella

ocultas ´ y subordina las fuerzas de la naturaleza ` a

su propio poder ´." (Lukács, 1979: 16)

22 “Una bella comparación de Ernest Bloch puede con seguridad establecer este límite metodológico mejor que un análisis pormenorizado que no tiene lugar aquí. Cuando la naturaleza se volvió paisaje – en oposición, por ejemplo, a la inconsciente vida-en-la naturaleza del campesino – la inmediaticidad artística vivida del paisaje que, evidentemente, atravesó muchas mediaciones, pasó a tener como condición de acceso a esta inmediaticidad la existencia de una toma de distancia, espacial en este caso, entre el observador y el paisaje.”(Lukàcs, 1978: 177) 23 "Las formas de objetividad del ser social se desarrollan, en la medida que surge y se explicita la praxis social, a partir del ser natural, tornándose cada vez más claramente sociales. Ese desarrollo, sin embargo, es un proceso dialéctico, que comienza con un salto, generado por el contenido teleológico del trabajo, no pudiendo tener ninguna analogía en la naturaleza." (Lukàcs, 1978: 17)

33

Estas aserciones ya pueden encontrarse en Marx (1977: 109) siendo

conocida su afirmación de que el hombre como “zoon politikon”, “(...) no es

solo un ser social sino también un ser que solo puede aislarse en sociedad.”

Vale decir hacerse individuo (otra forma de referirse al desencantamiento

del mundo), separarse de lo social de modo tal que:

“Solo en el siglo XVIII, en la `sociedad burguesa´, las

diversas formas del conjunto social pasaran a

presentarse al individuo como simple medio de

realizar sus fines privados, como necesidad exterior”

(Marx, 1977:110)

Para la sociología positivista, cuyo exponente clásico es Durkheim, el

proceso de racionalización de lo social no resulta muy diferente del planteado

por Weber y por el marxismo pues no es otra cosa que el proceso que llevó de

las "sociedades primitivas", "sociedades de solidaridad mecánica" con formas

simples de religiosidad y culto, donde el hombre se confundía en la

comunidad y ésta con la naturaleza, hacia las sociedades complejas, más

"evolucionadas" donde comenzaba el proceso de diferenciación que permitió

llegar a la “sociedad orgánica” (1995) en la que la "función especulativa" se

separa de la religión para dar lugar a la “ciencia positiva".

Este largo proceso, en principio, está marcado por un hombre que

diferencia pero que no jerarquiza ya que él mismo se encuentra al mismo nivel

de las cosas; el hombre es parte de la naturaleza, pero ocupa un lugar

destacado dentro de ella y sólo logrará reconocer dicho lugar en tanto se

diferencie, como individuo, de la naturaleza y del resto de los hombres.

En otras palabras, el hombre sólo puede hacer "ciencia positiva" en

tanto individuo, es decir como integrante de una sociedad diferenciada en una

34

sociedad orgánica donde la "función especulativa" pueda realizarse libre de

presupuestos y juicios de valor24.

Los primeros productos del pensamiento liberal sobre lo “social”

estarán presos de una construcción a todas luces mítica (contrato social)

que no supone la emergencia del pensamiento sobre lo social sino de lo

social mismo. En el jusnaturalismo, la sociedad y el individuo son

construidos como entidades en conflicto (cf. Weffort, 1996).

Como veíamos, tanto en el marxismo como en la sociología

comprensiva y en la tradición positivista, el individuo sólo es posible a

partir de un complejo y largo proceso histórico que permite su emergencia.

Ese complejo proceso es histórico y, por lo tanto, afirmar su carácter social

es tautológico. En estas tradiciones no hay individuo sin sociedad; el

hombre sólo se hace individuo (o se aísla, que es lo mismo) en sociedad.

Podemos ubicar las primeras concepciones contractualistas con el

desarrollo del mercantilismo en los primeros estadios de constitución de la

sociedad burguesa. La noción de contrato es básica en una sociedad basada

en el comercio pues se trata de una forma institucional específica del

mercado que implica consenso, igualdad (formal) y libertad (formal)25.

Si bien existen distintas concepciones en lo que respecta a la

naturaleza del contrato social, dependiendo dicha concepción de lo que cada

autor ha intentado defender, la noción de contrato social es básicamente la

24 "La presión ejercida por el grupo social sobre cada uno de sus miembros no permite a los individuos juzgar con libertad nociones que la propia sociedad elaboró, y en la que colocó alguna cosa de su personalidad. Tales construcciones son sagradas para los particulares [y por tanto precisan ser desencantadas]. De ese modo, la historia de la clasificación científica es, en definitiva, la propia historia de las etapas en el curso de las cuales este elemento de afectividad social se debilitó progresivamente, dejando cada vez más el lugar libre para el pensamiento reflexivo de los individuos." (Durkheim, 1955: 64)25 "La difusión de la idea del derecho natural ocurrió durante el inicio del siglo XVII y el fin del XVIII. Se inició con la obra de Hugo Grócio (1588-1625), De iure belli ac pacis, publicada en 1625, doce años antes del Discours de la méthode de Descartes. (...) Los tres grandes autores de esta corriente [el Jusnaturalismo] son Hobbes, Locke y Rosseau. Pero también: Leibniz, Kant, Pufendorf, Thomasius e Wolff." (Bobbio et Bovero, 1994:13)

35

idea de que, en principio, los hombres vivían en estado de naturaleza siendo

dicho estado valorado de forma diversa por los distintos autores. Pero la

idea general es que los hombres vivían sin un gobierno que regulara sus

acciones (reguladas por el derecho natural). En determinado momento los

hombres se reúnen y acuerdan realizar un contrato mediante el cual

renuncian a toda o parte de su libertad para pasar a vivir en sociedad26.

El contractualismo encierra la esencia del pensamiento liberal

burgués27, en el que de alguna manera se establecen dos niveles de

regulación: el derecho natural y el derecho por convención.

El primero puede asimilarse perfectamente a las leyes del mercado

y, por tanto, el segundo debe esencialmente respetar dichas leyes y limitarse

a ordenar y regular mínimamente la convivencia de modo de evitar que la

vida transcurra en un estado de guerra. El derecho natural (mercado) tendría

su propia lógica a la que los hombres no deberían oponerse28.

26 "El método que une autores tan diversos es el método racional, o sea aquel método que debe permitir la reducción del derecho y de la moral (así como la política), por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana, a una ciencia demostrativa (...) Lo que era preciso, justamente, era aprender a consultarla. La nueva ciencia de la moral, que nacía con el propósito de aplicar al estudio de la moral las más refinadas técnicas de la razón, cuyos resultados fueron tan sorprendentes en el estudio de la naturaleza debían servir para esta finalidad .“ (Bobbio et Bovero, 1994: 17 y 18)27 Si bien, en general, el pensamiento contractualista es fundate del pensamiento liberal, Rousseau, en particular, tiene una concepción diversa que a diferencia de aquel es fundamental para el posterior desarrollo del pensamiento socialista. “No se comprende Rousseau si no se entiende que, al contrario de todos los demás jusnaturalistas, para los cuales el Estado tiene como finalidad proteger al individuo, para Rousseau el cuerpo político que nace del contrato social tiene como finalidad transformarlo. El ciudadano de Locke es pura y simplemente el hombre natural protegido; el ciudadano de Rousseau es un nuevo hombre. `El pasaje del estado de naturaleza – afirma él – produce en el hombre un cambio muy importante, sustituyendo en su conducta el instinto por la justicia y prestando a sus acciones la moralidad de que anteriormente estaban privadas´.” (Bobbio et Bovero, 1994: 71-72)28 "La particular importancia de ese contraste se revela en el hecho de ser a él que se refiere principalmente la interpretación corriente que hace del modelo del derecho natural el reflejo teórico y, al mismo tiempo, el proyecto político de la sociedad burguesa en formación. De esa interpretación los trazos más destacados son los siguientes: a) el estado de naturaleza es el lugar de las relaciones más elementales entre los hombres, idest de las relaciones económicas: en cuanto tal, representa el descubrimiento de la esfera económica como distinta de la esfera política, de la esfera privada como distinta de la esfera pública (....) b) esa esfera de las relaciones económicas es regida por leyes propias de existencia y desarrollo, que son las leyes naturales: en tanto tal, ella representa el momento de emancipación de la clase que se prepara para tornarse económicamente dominante con relación a la situación existente (....)". ( Bobbio et Bovero, 1994: 45)

36

El carácter mítico e ideológico del pensamiento contractualista

configura un elemento determinante de la cuestión social: la vinculación

señalada de este pensamiento con una clase emergente, con un proyecto

político con voluntad hegemónica que es constitutivo de lo que más tarde se

configurará como cuestión social.

En tal sentido, se destacan dos dinamismos que configuran la

cuestión social:

ii) Una interpretación sobre “lo social”, delimitando los problemas que

están trabando su adecuada reproducción, y en tal sentido, el

concepto de ideología planteado por Marx (1986) se encuentra en la

base de la constitución de la cuestión social: una clase que presenta

su interés particular como interpretación verdadera del mundo y

como interés universal tiene como producto la cuestión social, y

iii) Un proyecto de intervención sobre los problemas delimitados de esta

forma.

En tal sentido, el liberalismo como ideología de la burguesía

establece que los problemas sociales están determinados por todo el sistema

de tutelas y sujeciones que dominaban al hombre en el orden feudal y el

proyecto político es liberar al hombre de todas estas sujeciones.

La revolución burguesa dinamizará el pensamiento sobre lo social

haciendo emerger contradicciones que se configurarán como formas

contradictorias de cuestión social: i) el pensamiento restaurador como

resistencia a la locomotora de transformaciones que transfiguraban todo el

37

mundo conocido29, y ii) el incipiente pensamiento socialista que se

desarrollaría como la “ideología” del proletariado30.

Ahora bien, si esto es constitutivo de la cuestión social no es aún

cuestión social. La burguesía como clase revolucionaria no constituye una

cuestión social.

El pensamiento liberal es, en su origen, el pensamiento de una clase

revolucionaria y, en tal sentido, la crítica a la formación social dominante es

radical; no es apenas una cuestión social sino que es una crítica a todo el

mundo existente y una práctica política que revoluciona todo ese mundo

existente. Por lo tanto, no se trata apenas de una propuesta de reforma de

“lo social”.

La cuestión social, entonces, no es liberal dado que en el

pensamiento liberal no se concibe una cuestión social. Si existe una cuestión

social emparentada con este pensamiento emergerá como reacción a los

procesos de intervención del Estado sobre “lo social” en el capitalismo

monopolista, y más concretamente en el marco del surgimiento y

consolidación de los Estados de Bienestar (Hayek, 2006: 76), y no es liberal

sino que es, en todo caso, neoliberal.

29 “La carga principal de su crítica era que el liberalismo destruía el orden social o la comunidad que el hombre tenía, en otros tiempos, considerado como esencial a la vida, sustituyéndola por la intolerable anarquía de la competencia de todos contra todos (`cada uno por sí y Dios por todos´) y por la deshumanización del mercado.” (Hobsbawm, 1994: 267)30 “El movimiento obrero proporcionó una respuesta al grito del hombre pobre. Ella no debe ser confundida con la mera reacción colectiva contra el sufrimiento intolerable, que ocurrió en otros momentos de la historia, ni siquiera con la práctica de la huelga y otras formas de militancia que se tornaron característica de la clase trabajadora. Estos acontecimientos también tienen su propia historia que comienza mucho antes de la revolución industrial. Lo verdaderamente nuevo en el movimiento obrero del principio del siglo XIX era la conciencia de clase y la ambición de clase. Los `pobres´ ya no se confrontaban con los `ricos´. Una clase específica, la clase obrera, trabajadores o proletariado, enfrentaba a los patrones o capitalistas. La Revolución Francesa dio confianza a esta nueva clase; la revolución industrial provocó en ella una necesidad de movilización permanente.” (Hobsbawm, 1994: 230)

38

En tal sentido, el pensamiento reaccionario de la restauración no

constituirá una cuestión social hasta que no asuma su derrota histórica y se

constituya en pensamiento conservador procurando salvar algo del

“desastre”. Tal vez, sin saberlo, el primer pensador que configura una

cuestión social fue Montesquieu cuando a través del parlamento bicameral

busca salvar algo de poder para su clase.

Del mismo modo, el pensamiento y la práctica política socialista, en

tanto crítica radical del orden burgués, no constituirán una cuestión social.

El pensamiento de Marx no supone una cuestión social. Su propuesta

consiste en una transformación radical de todo el mundo existente. Sólo se

constituirá una cuestión social “socialista” cuando el sindicalismo de

negociación conciba la posibilidad de obtener conquistas en el horizonte del

orden burgués31.

La emergencia de la cuestión social acompaña el pasaje del

capitalismo competitivo al capitalismo monopolista e implica

transformaciones práctico políticas y teóricas. La consolidación de la

burguesía en el poder significará la asunción de nuevas tareas teórico

prácticas, y la economía política clásica, instrumento revolucionario de la

burguesía, tras la consolidación de ésta en el poder deja de cumplir una

función necesaria32.

31 “Bernstein – contra quien Kautsky polemizaba – permanecía preso de una contradicción básica: alcanzaba a ver muchos de los nuevos fenómenos resultantes de la democratización de la sociedad y de la nueva fase del capitalismo, pero presentaba propuestas que no iban más allá de un reformismo `progresista´ (...).” (Coutinho, 1994: 83)32 “La teoría social contenida en la economía política clásica experimentó su crisis entre 1830 y 1848 – en este período histórico, uno de sus soportes elementales es disuelto socialmente: el carácter progresista de la burguesía, de su papel histórico-social. En efecto, la economía política clásica es una apasionada defensa del orden capitalista en comparación con las formas sociales anteriores; pero se trata de una defensa que no tiene nada de apología (...) Cuando la realidad económico-social subvierte la función histórico-universal de la burguesía, que deja de representar los `intereses generales de la humanidad´, se erosionan las bases sobre las que se erigía la teoría social de los economistas clásicos. Es lo que ocurre entre 1830 y 1848 – en esta etapa, la economía política clásica entra en crisis (...)” (Netto, 1992: 135)

39

Este proceso se resuelve con una distorsión ideológica que sustituirá

la economía política clásica, como teoría radical, con una pretensión de

reproducción ideal de la totalidad de la sociedad burguesa33 por “disciplinas

profesionales de estrecha especialización y temática limitada” (Netto, 1992:

136). Entre estas disciplinas resalta la economía vulgar que hará desaparecer

del campo de la economía el problema de la plusvalía, y la sociología que

construirá una esfera social deseconomizada34.

La separación ideológica de lo social, como esfera independiente de

la economía, habilita la posibilidad de interpretaciones e intervenciones

sobre esta esfera sin una transformación radical del orden. Es recién en este

marco que va a surgir la cuestión social.

I. 1. Cuestión Social: problematización y proyecto

Tal vez las primeras nociones de cuestión social, o un sucedáneo de

ella, puedan ser encontradas en el pensamiento clásico griego. Hacia el siglo

VI a.c. se genera un importante desarrollo mercantil, y como consecuencia

un grupo comienza a acumular tierras. Este fenómeno trae como efecto el

problema de la escasez de tierras produciendo un proceso de colonización

en busca de nuevos territorios, pero también un empobrecimiento de

muchos ciudadanos llegándose incluso a la esclavización de algunos por

deudas. Esta situación comienza a atentar contra la estabilidad de la polis,

33 La sociología como disciplina independiente, nace en Inglaterra y en Francia después de la disolución de la economía política clásica y del socialismo utópico. (...) El nacimiento de la sociología como disciplina independiente hace que el tratamiento del problema de la sociedad deje de lado su base económica; la supuesta independencia entre las `cuestiones socieales´y las cuestiones económicas constituye el punto de partida metodológico de la sociología.” (Lukács, 1992: 132)34 “La deseconomización de la sociología implica, al mismo tiempo, su deshistorización: así, los criterios determinantes de la sociedad capitalista - expuestos bajo una deformación apologética – pueden ser presentados como categorías `eternas´ de toda sociedad en general. Y no creemos que vale la pena perder tiempo para demostrar que semejante metodología no persigue otro fin que el de hacer ver, directamente, la imposibilidad del socialismo y de toda revolución.” (Lukács, 1968: 24-25)

40

lo que hace pensar en la necesidad de encontrar soluciones que permitan

conciliar los grupos en pugna.

Alrededor de los años 600 a.c., Dracon y Solón sucesivamente, son

los encargados de sugerir los principios ordenadores de las relaciones entre

los ciudadanos en Atenas. Surge así el concepto de ley siendo la invención

política más notoria de Grecia (Châtelet et all, 1990).

Se arriba así a la conclusión de que el desarrollo del comercio por el

lucro ocasionaba, por un lado, el despliegue del interés personal por encima

del colectivo, y por otro, el enriquecimiento de unos con el consecuente e

inevitable empobrecimiento de otros llegando al punto de la esclavización

de ciudadanos, la pérdida de la autarquía, el conflicto y la tiranía. De este

modo, para Aristóteles (apud Bobbio, 1992: 62),

"Está claro que la forma intermedia es la mejor, ya

que está más distante del peligro de las revoluciones,

donde la clase media es numerosa, raramente ocurren

conspiraciones entre los ciudadanos."

Buscamos consignar el carácter valorativo-normativo de la cuestión

social, vale decir, la construcción del problema surge de una valoración de lo

que es positivo, y el enriquecimiento excesivo y su correlato, el

empobrecimiento, es concebido negativo por la estructura valorativa clásica.

Enriquecimiento y empobrecimiento fueron leídos como fenómenos que

rompían el equilibrio, ese justo medio tan preciado para la concepción griega

clásica35. Otro elemento que se destaca es el conflicto como constitutivo de la

cuestión social.

35 “Si es exacta la definición de la ética según la cual la vida feliz es la que se desarrolla de acuerdo con la virtud, y sin impedimentos, y si la virtud está en el medio término, la vida mediana es necesariamente la mejor, siempre que se trate de esa medianía que es accesible a todos.” (Aristóteles apud Bobbio, 1992: 62)

41

En tal sentido, la pobreza objetiva que condena al campesino feudal a

vivir al borde de la inanición trabajando de sol a sol, no puede ser pensada

como cuestión social, en tanto esta situación no puede ser problematizada, por

la naturalización de esta condición. A lo sumo, puede configurarse como

cuestión social la situación de aquellos que quedan por fuera de los sistemas

tutelares del orden. Es así que los vagabundos (Castel, 1997) se configuran

como una expresión de la cuestión social en una doble acepción: en tanto i)

población que padece su falta de protección,

“El que se encomienda al poder de otro. Al señor

magnífico `fulano de tal´ yo `fulano de tal´. En vista

de que es perfectamente sabido de todos que no tengo

qué comer ni vestirme, he solicitado a vuestra piedad

– y vuestra bondad me lo ha acordado – poder

entregarme o encomendarme a vuestro `maimbour´”

(Boutruche Apud Castel, 1997: 38)

y (ii) en tanto población que es vivida por el resto como peligrosa,

“Para el campo, los vagabundos son el azote más

terrible. Son insectos voraces que lo infestan y lo

devastan y que devoran día por día la comida de los

cultivadores. Para hablar sin eufemismos, son tropas

enemigas dispersas sobre la superficie del territorio,

que viven allí a discreción como en un país

conquistado y recogen verdaderos título de

limosnas” (J.F. Le Trosne Apud Castel, 1997: 92)

Y está claro, que el vagabundeo solo emergerá como un problema

social cuando la sociedad feudal empieza a descomponerse: es el tiempo de

la acumulación originaria36 (Marx, 1976: 197).

36 “Los expulsados por la disolución de las mesnadas feudales y la expropiación violenta e intermitente de las tierras, ese proletariado libre como los pájaros, no podían ser absorbidos

42

Los orígenes de la cuestión social en su versión moderna comienzan a

configurarse en las bases del Iluminismo como la ideología que se oponía

integralmente al “oscurantismo” medieval; surge como una oposición radical a

la sumisión del hombre a lo irracional.

Los prejuicios, la ignorancia, los mitos, en fin, todas las formas de

superstición debían ser ocupadas por la razón, liberando, de tal forma, a los

hombres del oscurantismo impuesto por la dominación religiosa37. La razón

era el único límite que los hombres debían reconocer frente a su libertad; el

paraíso dejaba de ser una utopía para volverse una promesa al alcance de la

mano, ya no después de la muerte sino en un mundo que se atreviera a regirse

por la razón38.

Dicha razón se presentaba como verdaderamente liberadora en tanto

era universal, vale decir, aplicable en cualquier rincón de la tierra y accesible a

cualquier individuo39. La razón se configuraba claramente como un

instrumento de liberación imprimiendo en los hombres todo el caudal de

profunda rebeldía de que es portadora, negándose a aceptar la realidad tal cual

es y abdicando radicalmente de la resignación40.

por la manufactura incipiente con la misma rapidez con que los lanzaban al mundo. Por otro lado, estos seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita habitual de vida, no podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado. Se transformaron masivamente en mendigos, ladrones, vagabundos, en parte por inclinación, y en la mayoría de los casos por la fuerza de las circunstancias.” (Marx, 1976: 223)37 "El individuo pasa a ser titular de derechos y no sólo de obligaciones, como en las antiguas éticas religiosas y comunitarias. Entre esos derechos se destacaba el derecho a la felicidad" (Rouanet, 1993: 16). 38 "Por tanto, no hay duda alguna de que la superioridad del hombre reside en el saber. En él están guardadas muchas cosas, que los reyes con todos sus tesoros no pueden comprar, sobre las cuales no se impone su mandato, de las cuales sus informantes y alcahuetes no dan noticia alguna (…)" (Horkheimer-Adorno, 1975: 97)39 "(....) una razón uniforme, más allá de todas las variaciones espacio temporales, lo que implica la validez general tanto de los descubrimientos de la razón teórica (sólo existe una geometría y la ley de la gravedad vale para todos) como de las instituciones de la razón práctica (la moral británica no difiere de la moral de los tupinambás)” (Rouanet, 1993:15). 40 "El cientificismo positivista es aquí un instrumento de lucha contra el oscurantismo clerical, las doctrinas teológicas, los argumentos de autoridad, los axiomas a priori de la iglesia, los dogmas inmutables de la doctrina social y política feudal." (Löwy, 1994: 20).

43

En sus orígenes el Iluminismo se presenta como un proceso de

desnaturalización de lo social y, en tal sentido, puede pensarse como un

sistema ideológico en tanto encierra una mirada valorativa de lo social y un

proyecto. En principio, el Iluminismo es portador de una mirada ingenua de la

razón y sus posibilidades. La razón y el progreso aparecen en una perspectiva

lineal: sólo era preciso "atreverse a valerse de la razón" para que la libertad

surgiera mágicamente; alcanzaba con destruir la superstición y la ignorancia

munidos de la certera daga de la razón para que se constituyera el paraíso en la

tierra.

El Iluminismo como construcción ideal verá su materialización con

la emergencia del orden burgués41 que tendrá como resultado la síntesis de

un triple conflicto que se resuelve de diversas formas en sus distintas

expresiones concretas, históricas y nacionales. 42

Ese triple conflicto nos habilita a pensar en la validez de construir

tres perspectivas ideológicas, tres lentes, que muestran tres apariencias

distintas de la cuestión social.

41 “La filosofía de las luces, ampliamente cosmopolita y europea, sólo había conquistado un público restringido, aristocrático y burgués, y casi únicamente urbano. Ahora penetra hasta las masas populares de las ciudades y del campo gracias a un mediador imprevisto: el sentimiento nacional. (…) Mediante esta síntesis extraordinariamente precoz – y con tantas promesas de porvenir – entre mesianismo ideológico y pasión nacional, los franceses han sido los primeros que han integrado a las masas en el Estado, que han formado una nación moderna.” (Bergeon et all, 1976: 45)42 “Es significativo que los dos principales centros de esa ideología fuesen también los de la doble revolución, Francia e Inglaterra; aunque de hecho las ideas iluministas ganasen una voz corriente internacional más amplia en sus formulaciones francesas (incluso cuando fuesen simplemente versiones galicistas de formulaciones británicas). Un individualismo secular, racionalista y progresista dominaba el pensamiento `esclarecido´. Liberar al individuo de las cadenas que lo atenazaban era su principal objetivo: del tradicionalismo ignorante de la edad media, que todavía lanzaba su sombra por el mundo, de la superstición de las iglesias (distintas de la religión `racional´o `natural´), del irracionalismo que dividía a los hombres en jerarquía de patentes más bajas y más altas de acuerdo al nacimiento o algún otro criterio irrelevante. La libertad, la igualdad y, en seguida, la fraternidad de todos los hombres eran sus slogans.” (Hobsbawm, 1994: 37)

44

La Revolución Francesa43 es una expresión siempre ilustrativa del

mencionado conflicto. No es otra cosa que el conflicto entre la burguesía, la

aristocracia y el pueblo. Montesquieu buscará su solución con el parlamento

bicameral que apostaba a un pacto entre la burguesía y la aristocracia

procurando garantizar el mantenimiento de, al menos, parte de su

dominación (cf. Weffort: 1996).

La consigna irrealizable en el horizonte burgués44 -liberté, fraternité,

egalité- expresa claramente este conflicto que tiene también una expresión

óptica en la bandera tricolor: el azul es la libertad, el blanco la legalidad o

fraternidad y el rojo la igualdad45. El liberalismo azul, la restauración

blanca, y el comunismo rojo.

El carácter de clase de este conflicto se presenta cristalino. La

burguesía como clase emergente aportará el azul a la bandera francesa

siendo el liberalismo la ideología de esta clase naciente con su proyecto de

destrucción de la sociedad feudal y todo su sistema de tutelas. La

43 “Si la economía del mundo del siglo XIX fue formada principalmente bajo la influencia de la revolución industrial británica, su política e ideología fueron formadas fundamentalmente por la Revolución Francesa. Gran Bretaña ofreció el modelo para las vías férreas y fábricas, la explosión económica que rompió con las estructuras socio-económicas tradicionales del mundo no europeo; pero fue Francia que hizo sus revoluciones y a ellas le dio sus ideas, las bandas tricolores de un tipo o de otro se tornaron el emblema de prácticamente todas las naciones emergentes, y la política europea (o incluso mundial) entre 1789 y 1917 fue en gran parte la lucha a favor o en contra los principios de 1789, o los más incendiarios de 1793. Francia ofreció el vocabulario y los temas de la política liberal y radical-democrática para la mayor parte del mundo.” (Hobsbawm, 1994: 71)44 “Hay buenos motivos para concebir el curso de la historia como pendular, incluso aunque en otros aspectos pueda describirse como linear: sucede que la libertad y la seguridad, ambas igualmente acuciantes e indispensables, son difícilmente conciliables sin fricciones: y la mayoría de las veces, fricciones considerables.” (Bauman, 2005: 26)45 “Más específicamente, las exigencias del burgués fueron delineadas en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789. Este documento es un manifiesto contra la sociedad jerárquica de privilegios nobles, pero no un manifiesto a favor de una sociedad democrática e igualitaria. `Los hombres nacen y viven libres e iguales frente a las leyes´, decía su primer artículo; pero ella también prevé la existencia de distinciones sociales, aunque `solamente en el terreno de la utilidad común´. La propiedad privada era un derecho natural, sagrado, inalienable e inviolable. Los Hombres eran iguales delante de la ley y las profesiones estaban igualmente abiertas al talento; pero si la corrida comenzaba sin handicaps, era igualmente entendido como hecho consumado que los corredores no terminarían juntos.” (Hobsbawm, 1994: 77)

45

aristocracia aportará el blanco de la autoridad monárquica y el rojo del

gorro frigio es aportado por el aún incipiente proletariado.

Este triple conflicto no se resuelve en el orden burgués sino que

apenas se administra. Los valores que surgen con la Revolución Francesa se

expresan en el orden burgués de manera contradictoria, y parecería que no

es posible conciliar libertad con igualdad y que la integración social se

contrapone a la igualdad y a la libertad. Marx detecta este conflicto que

desvela a la burguesía estableciendo que es, en última instancia, la razón del

carácter histórico del orden burgués46.

La libertad burguesa es, en esencia, negativa: es “libertad de”. En

todo caso, las posibilidades que brinda la libertad como opción positiva

residen en las oportunidades que ofrece a los individuos que gozarán de ella

en su vida privada sin el deber de rendir cuentas acerca de cómo la usan,

usando y abusando de su propiedad privada47.

La legalidad (la integración social) tomada en préstamo de la

restauración es una legalidad segmentada propia de un orden tutelar que en

ningún caso tolera la igualdad ya que su sustento, la complementariedad,

surge de la diferenciación o, dicho en otros términos, de la división del

trabajo social48.

46 “La burguesía tenía la conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella contra el feudalismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios de cultura alumbrados por ella se revelaban contra su propia civilización, de que todos los dioses que había creado la abandonaban. Comprendía que todas las llamadas libertades civiles y los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo tiempo, en la base social y en la cúspide política, a su dominación de clase y por tanto se habían convertido en - ` socialistas ´.” (Marx, 1986: 445-446)47 “Y quien controla toda la vida económica, controla los medios para todos nuestros fines y, por consiguiente, decide cuáles de éstos han de ser satisfechos y cuáles no. Ésta es realmente la cuestión crucial. El control económico no es sólo intervención de un sector de la vida humana que puede separarse del resto; es el control de los medios que sirven a todos nuestros fines, y quien tenga la intervención total de los medios determinará también a qué fines se destinarán, qué valores serán calificados como más altos y cuáles como más bajos: en resumen, qué deberán amar y procurarse los hombres. La planificación central significa que el problema económico ha de ser resuelto por la comunidad y no por el individuo (...).” (Hayek, 2006: 126)48 “Una persona cuyo gusto por la actividad no supere jamás el nivel medio no se podría mantener en las situaciones que exigen un esfuerzo excepcional. Del mismo modo, una

46

La necesidad de la burguesía de someter al proletariado permite

comprender su clásica alianza con la aristocracia. La revolución tipo

junquer (Gramsci, 1985) es expresión de esta alianza que resulta en un

estado autoritario y, paradójicamente, articula el liberalismo con una fuerte

regulación estatal. El Estado Bismarkiano, con sus seguros sociales,

configura la regulación social del Estado capturado por el capital

monopólico. (cf. Hobsbawm, 1995: 159 y sig.)

La emergencia del orden burgués supone un proceso de destrucción de

todos los sistemas de control social y estratificaciones reguladas propias de la

sociedad tutelada característica del orden feudal. La sociedad agraria surtirá de

energía humana a la nueva sociedad de clases urbana.

“La expropiación y expulsión de la población rural,

intermitentes, pero siempre renovadas, volvía una y

otra vez, como ya se ha visto, a suministrar a la

industria urbana masas de proletarios situados

totalmente fuera de las relaciones gremiales.” (Marx,

1976: 236)

El Manifiesto del Partido Comunista (Marx y Engels, 1953) describe el

potencial revolucionario de la burguesía y, su contrafase, su enorme e inédita

capacidad de destrucción49. El resultado es, como señala Castel (1997), el

sociedad en la cual el individualismo intelectual no se pueda exagerar sería incapaz de deshacerse del juego de las tradiciones y renovar sus creencias, incluso cuando es necesario. Inversamente, donde ese mismo estado de espíritu no pueda, en el momento oportuno, disminuir lo necesario para permitir a la corriente contraria desarrollarse, ¿qué pasaría en tiempo de guerra, cuando la obediencia ciega es el principal deber? (....) Es pues indispensable que tengan un lugar en la existencia común, que haya esferas donde se mantenga un aprecio intransigente por la crítica y por el libre exámen, y otras, como el ejército, donde se conserve casi intacta la vieja religión de la autoridad.” (Durkheim, 1995A: 292)49 “Ha sido ella [la burguesía] la primera en demostrar lo que puede realizar la actividad humana; ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a las migraciones de los pueblos y a las Cruzadas (...) Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros.” (Marx, 1953: 40-41)

47

pauperismo de la clase trabajadora y su expresión material, como es natural, se

desdobla en moral y espiritual para escándalo de la restauración. La cuestión

social es el resultado de este escándalo. Es justo entonces señalar que la

expresión es propia de una perspectiva conservadora que añoraba el pasado

precapitalista, y por tanto es blanca.

Pero también es justo recordar que los “reformadores” solo verán al

proletariado luego que, en 1848, hicieran ondear las banderas rojas por las

calles de París (cf. Castel, 1997: 277; Hobsbawm, 1996: 315-316).

En tal sentido, es acertada la perspectiva de Netto desde la que

define cuestión social como:

“(…) lo que está señalado en nuestra bibliografía bajo

el rótulo de `cuestión social´ – vale decir, sin

eufemismo, el conjunto de problemas económicos,

sociales, políticos, culturales e ideológicos que

delimitan la emergencia de la clase obrera como

sujeto socio-político en el marco de la sociedad

burguesa.” (Netto, 1988: 18)

Por tanto pensar en la cuestión social supone pensar en la

contradicción capital-trabajo y en una regulación social donde la tendencia

es que el trabajo sea cada vez más social y la apropiación de su producto

cada vez más privada50.

Ahora bien, si en el corazón de la cuestión social está la

contradicción capital-trabajo, cuando ésta emerge ya lo hace ocultando esta

esencia. La cuestión social supone la posibilidad de la intervención sobre

“el conjunto de problemas económicos, sociales, políticos, culturales e

50 “Nuestro problema se concentra en una única y decisiva contradicción: el antagonismo entre la producción social y la apropiación individual de la riqueza. El problema, por tanto, tiene nombre y dirección: la propiedad privada y el sistema del capital.” (Lessa, 2004: 110)

48

ideológicos” ocultando que los mismos son intrínsecos al orden burgués y

su superación supone la superación del orden burgués.51

Las condiciones de vida y de reproducción de la clase trabajadora,

denunciadas por el proletariado, sólo alcanzarán estatuto de cuestión social

en tanto consigan impactar en el Estado. De todos modos, una vez logrado

esto, su atención supone una transmutación en problemas sociales a ser

atendidos por la política social con su intrínseco contenido conservador:

“Cf., por ejemplo, la discusión sobre la posición de

Proudhon en relación a los lados `buenos´ y `malos´

de las categorías económicas (Marx, 1985: 107 ss.) y

el siguiente pasaje: `Una parte de la burguesía desea

remediar los males sociales para asegurar la

estabilidad de la sociedad burguesa. En ella se

encuentran economistas, filántropos, humanistas,

mejoradores de la situación de las clases

trabajadoras, organizadores de la caridad,

protectores de los animales, fundadores de ligas

antialcohólicas, reformadores ocasionales de los más

variados´ (Marx, 1975: 96).” (Netto, 1988: 20)

El pasaje citado por Netto muestra el carácter funcional de las

políticas sociales al orden burgués, que ya era presagiado por Marx. Pero

sólo en el capitalismo monopolista todas esas acciones filantrópicas aisladas

darán paso a la acción sistemática desde el Estado configurando las políticas

sociales.

51 “`Cuestión Social´ es un complejo de procesos que no se puede divorciar en lo absoluto del capitalismo; más exactamente, para Marx, el capitalismo es la producción y reproducción continua y ampliada de la `Cuestión Social´. Desde la óptica marxiana, la superación de la `Cuestión Social´ demanda, en última instancia, trascender los marcos del capitalismo.” (Netto, 1988, énfasis del autor)

49

La cuestión social se configura en el capitalismo monopolista como

la esfera contradictoriamente politizada en la que el juego político de

concesión y conquista (Pastorini, 2004) se procesa allí en la lucha por

desmercantilizar esferas de la vida social (Esping-Andersen, 1990), y la

retraducción conservadora de estas conquistas en política social, con los

elementos clásicamente denunciados como control social o

gubernamentalidad52.

Así se procesa el carácter contradictorio de las políticas sociales en

tanto conquistas del proletariado en sus luchas históricas, y la reproducción

de la ideología de los gobernantes transmitida en la propia configuración de

las políticas sociales (Iamamoto in Iamamoto y Carvalho, 1991).

El conflicto de clases en el capitalismo monopolista va configurando

un caleidoscopio de colores (Netto, 1992) que es la particular forma en que

el complejo de problemas que emanan de la administración burguesa son

visualizados a partir de las distintas combinaciones de las tres lentes

configuradas a partir de la Revolución Francesa.

Un caleidoscopio que combina tres colores básicos que, en este caso,

a diferencia de la óptica son el azul, el blanco y el rojo. Los colores de este

arco iris son resultado directo de una construcción institucional – así como

la lucha política en su interior - propia de cada momento del orden burgués

en que, a partir de un determinado patrón de acumulación, se articulan

formas de regulación social que definen las formas de construir y, por tanto,

de administrar la cuestión social53 (Harvey, 1992).

52 “Con esta palabra `gubernamentalidad´ (...) entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, (...) que, en todo Occidente no dejo de conducir y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar `gobierno´ (...) y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otro el desarrollo de toda una serie de saberes.” (Foucault, 2006: 136)53 No se sostiene aquí que a cada patrón de acumulación le corresponde necesariamente un determinado régimen de regulación, lo que nos haría caer en un estructuralismo ingenuo que intentamos superar.

50

Es en el campo de la sociedad civil, en el sentido gramsciano del

término, que se procesa la lucha por la hegemonía: “Estado = sociedad

política + sociedad civil, o sea hegemonía acorazada con

coacción” (Gramsci, 1985: 291)

El pasaje de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) a la

guerra de posición en el campo político (Gramsci, 1985), resultado de la

evolución de sociedades de tipo oriental a sociedades de tipo occidental,

supone la complejidad de la lucha por la hegemonía que se esparce en todos

los aparatos privados de hegemonía54.

“El consentimiento de los explotados en una

formación social capitalista es, en este caso, de un

tipo cualitativamente nuevo que ha dado lugar

sugestivamente a su propia extensión etimológica:

consenso o acuerdo mutuo.” (Anderson, 1978: 52)

La lucha de clases se desplaza de una confrontación directa,

sostenida por la fuerza a la búsqueda del consentimiento activo a través de

“la dirección moral e intelectual”. (Anderson, 1978: 40) Es así que la forma

en que la cuestión social se presenta ante nuestros ojos es resultado directo

de la coyuntura resultante de la lucha de clases y su contenido político será

tanto más claro en función de la capacidad que tenga el proletariado de

hacer valer sus reivindicaciones.

No es otra cosa que lo señalado por Coutinho (1994: 77) cuando

hace ver que en su lucha histórica el proletariado busca politizar aquello que 54 “En Marx y Engels (...) `sociedad civil´(o bürgelische Gesellschaft) designa siempre el conjunto de las relaciones económicas capitalistas, lo que ellos también llaman `base material´ o `infraestructura´. En Gramsci el término `sociedad civil´ designa, al contrario, un momento o una esfera de la `superestructura´. Designa, más precisamente, el conjunto de instituciones responsables por la representación de los intereses de diferentes grupos sociales, así como la elaboración y/o difusión de valores simbólicos y de ideologías (...) En el ámbito de la `sociedad civil´, las clases buscan ejercer su hegemonía, o sea, buscan ganar aliados para sus proyectos a través de la dirección y del consenso.” (Coutinho, 1994: 54)

51

la burguesía pretende una esfera natural: el “mercado” con su lógica

contractual entre privados que, para el pensamiento liberal, no tolera

regulaciones estatales55.

Retomando lo afirmado en páginas anteriores, la cuestión social no

refiere a una situación objetiva, no se sitúa en el plano estructural, sino que

se trata de una construcción de sentido, y en tanto tal, se encuentra en el

plano de la superestructura. La cuestión social remite a una sociedad

preguntándose y construyendo respuestas sobre sí misma y también se trata

de una sociedad interviniendo sobre sí misma. Vale recordar que, de este

modo, el conjunto de preguntas y respuestas contenidas en lo que

entendemos por cuestión social, refieren a la estructura y a situaciones más

o menos objetivas pero que la cuestión social no es la realidad objetiva sino

la problematización que de ellas se realiza socialmente.

Si bien es posible identificar elementos constitutivos de una cuestión

social en cualquier momento en que se desarrolla una reflexión sistemática

sobre “lo social” -formación genéricamente conflictiva y contradictoria- la

verdadera esencia de la cuestión social sólo se desarrollará en todas sus

dimensiones con la emergencia del capitalismo de los monopolios (cf.

Netto, 1992).

El capital monopólico captura al Estado y lo transforma

orgánicamente para su nueva funcionalidad definida por su intervención

activa sobre los mercados de forma tal de garantizar el lucro del capital (Cf.

Netto, 1992). La dinámica de los conflictos sociales se reconfigura

generándose un proceso a través del cual las demandas de las clases

subalternas comienzan a operar con una nueva receptividad56.55 “Con esto, el espacio de la política se amplia más allá del ambito del Estado en sentido estricto, surgiendo como componente decisivo de esa nueva esfera pública `ampliada´ aquello que Gramsci llamara `sociedad civil´. Y esa teoría `ampliada´ del Estado fue elaborada por Gramsci precisamente para dar cuenta de los nuevos fenómenos que la profundización de la democracia introducirá en la vida social.” (Coutinho, 1994: 77)56 “Lo que se quiere destacar, en esta línea argumentativa, es que el capitalismo monopolista, por sus dinámicas y contradicciones, crea condiciones tales que el Estado por el capturado, al buscar legitimación política a través del juego democrático es permeable a

52

En el capitalismo competitivo clásico, la plusvalía absoluta resulta

en que cualquier conquista del proletariado supone una pérdida para el

capital. En otros términos, en el capitalismo competitivo el aumento de la

plusvalía exige el aumento de la jornada de trabajo de manera de reducir el

peso del salario, o sea el valor de la fuerza de trabajo o directamente reducir

el salario poniendo en riesgo la reproducción de la fuerza de trabajo (Marx,

1976A: 8). La relación entre capital y trabajo es un juego de suma cero en el

que si uno gana el otro pierde.

El capitalismo monopolista incorpora la plusvalía relativa en una

dimensión sin precedentes. Se procesa una revolución “en las condiciones

técnicas y sociales del proceso de trabajo” que permite que la reducción del

valor de las mercancías se desarrolle a través de la incorporación de

tecnología que reducirá el tiempo de trabajo necesario:

“La plusvalía producida mediante la prolongación de

la jornada de trabajo, la llamo plusvalía absoluta; en

cambio, la plusvalía obtenida de la reducción del

tiempo de trabajo necesario y de la correspondiente

modificación en la proporción de los dos componentes

de la jornada laboral, [salario y plusvalía] la llamo

pluvalía relativa.” (Marx, 1976A: 9)

La revolución “en las condiciones técnicas y sociales del proceso de

trabajo” procesada en el capitalismo de los monopolios, implica un aumento

de productividad que supone una reducción de los costos de producción y, por

ende, una disminución del costo de las mercancías, incluidas aquellas

necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo.

demandas de las clases subalternas, que pueden hacer incidir en él sus intereses y sus reivindicaciones inmediatas. Es que este proceso es todo el tensionado no solo por las exigencias del orden monopólico, sino también por los conflictos que este hace emanar en toda la escala societal.” (Netto, 1992: 25)

53

Esto, que permite una reducción del salario relativo57 pero también el

aumento de la producción, exige un mercado de consumo ampliado, por lo

que, además de la búsqueda de nuevos mercados a través del imperialismo, el

consumo de la clase trabajadora debe ampliarse.

El pasaje de la plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, entonces,

permite y, en algún sentido, le exige a la burguesía hacer concesiones en

función a la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Esto posibilita el

pasaje de una lucha de clases del tipo "guerra civil" a la lucha de clases por

concesiones, a lo que se suma la socialización de la política y la creación de

los partidos políticos de masas58.

Para Marx (1953), el carácter universal del proletariado estaba dado

en que su afirmación como clase era su negación como humanidad y, por

tanto, el proletariado para afirmar su humanidad tiene que negarse como

clase y de este modo negar a todas las clases sociales.

El largo proceso de ampliación del Estado (Coutinho, 1992) permite

el desarrollo de un sindicalismo de negociación que favorece el surgimiento

de lo que Castel (1997) ha denominado como “sociedad salarial”. El

proletariado en su momento “corporativo egoístico pasional” (Gramsci,

1985) logra, afirmándose como clase, acceder a la “ciudadanía” (Marshall,

1963).

57 Es decir, el salario en términos absolutos puede aumentar ya que en términos relativos - es decir la relación entre el salario del obrero y el valor que produce – se reduce. 58 “Gramsci registra así el hecho nuevo – históricamente nuevo – de que la esfera ideológica o simbólico-axiológica, en las sociedades capitalistas más avanzadas, que él llama `occidentales´, ganó una autonomía material (y no solo funcional) en relación al Estado en sentido estricto; y eso es verdad no solo con relación a los nuevos organismos creados por el protagonismo político de las clases (partidos, sindicatos, etc.), sino también en relación a las viejas instituciones heredadas por la sociedad capitalista (como las Iglesias o el sistema escolar). La necesidad de conquistar el consenso como condición sine qua non de la dominación impone la creación y/o renovación de determinadas instituciones sociales, que pasan a funcionar como portadores materiales específicos (con estructura y legalidad propias) de las relaciones sociales de hegemonía." (Coutinho, 1994: 28).

54

En otras palabras, surgía la posibilidad de que, en el marco del orden

burgués, el proletariado pudiera afirmarse como clase al mismo tiempo que

se afirmaba como humanidad, lo que, en otras palabras, era aceptar la

posibilidad de alcanzar condiciones humanas de reproducción en una

sociedad de clases59.

En síntesis, los valores construidos por la Ilustración, que ven su

encarnación con la revolución francesa, realizan un recorrido que trasmutan

su sustancia y funcionalidad ideológica a partir del papel histórico que

cumplen para la burguesía como clase dominante.

En un primer momento, la burguesía como clase revolucionaria,

enarbola la bandera roja, azul y blanca para destruir el orden feudal

superando todas las “abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a

sus `superiores naturales´ (...)” ahogando “el éxtasis del fervor religioso y el

entusiasmo caballeresco (...)” demostrando que “la brutal manifestación de

fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su

complemento natural en la más relajada holgazanería.” (Marx, 1953: 13) La

burguesía como clase revolucionaria comanda un proceso de transformación

radical que encarna el progreso de la humanidad.

En un segundo momento, en el capitalismo competitivo, la

burguesía, consolidada en el poder, descubre que los valores de la

revolución se vuelven contra ella, “que todas las armas forjadas por ella

contra el feudalismo se volvían contra ella misma (...)” (Marx, 1986: 445).

La ideología de la revolución francesa es un instrumento de lucha para la

nueva clase revolucionaría: el proletariado. O simplemente una

demostración de las promesas incumplidas e incumplibles que exigían el

retorno a una sociedad tutelada como quería la, aún viva, restauración.

59 “Los partidos socialistas y los movimientos obreros, encajaban perfectamente con el nuevo capitalismo reformado. Un capitalismo reformado que reconociera la importancia de la mano de obra y de las aspiraciones socialdemócratas ya les parecía bien.” (Hobsbawm, 1995: 275)

55

En el capitalismo monopolista los valores de la revolución francesa

vienen a cumplir un nuevo papel En éste, el proceso de ampliación del

Estado precisa de una nueva función ideológica; emerge la cuestión social

en toda su dimensión con la consolidación de un pacto de dominación

donde se pasa de la pura coacción a la búsqueda de consenso y

consentimiento activo de las clases subalternas. En las sociedades

capitalistas de occidente se pasa de la dominación, donde predomina la

coerción, a la hegemonía donde predomina la búsqueda de consentimiento:

“ `(..) la hegemonía permanente de la clase urbana

sobre toda la población´ mediante `el gobierno por un

consentimiento permanentemente organizado´ en el

que `la organización del consenso se deja a las

iniciativas privadas, y su carácter es, por lo tanto

moral y ético, porque de una manera u otra, se da

`voluntariamente´” (Gramsci apud Anderson, 1978,

88)

El tiempo de la cuestión social es el tiempo en que se supera la lucha

de clases como guerra de maniobra cuya finalidad es la revolución a una

“larga e inmóvil guerra de trincheras (...) con su énfasis preponderante en la

sumisión ideológica de las masas como objetivo central” (Anderson, 1978,

110). En tanto la guerra de trinchera no transita hacia una guerra de

maniobra, opción que asume el proletariado en la socialdemocracia

(Anderson, 1978), la lucha ideológica se agota en una lucha por la

construcción hegemónica de una perspectiva de cuestión social.

56

II. PARA LA COMPRENSIÓN DE LA “CUESTIÓN

SOCIAL”

Como fue establecido en el capitulo anterior, en el capitalismo

monopolista se configura la fase madura de la cuestión social en tanto esfera

donde se procesa la lucha político-ideológica de construcción de

hegemonía. La cuestión social supone la idea de reforma e intervención en

el marco del capitalismo; supone una confrontación regulada donde el

presupuesto básico es su restricción a lo “social”, es decir que las

transformaciones de “fondo” no están en juego, ya sea porque no se las

considera deseables o se considera que no es el momento histórico para

plantearse las mismas.

En este sentido es que por cuestión social se entiende el soporte

ideológico a través del cual se legitima y se direcciona la intervención

estatal sobre “lo social” desde la emergencia del capitalismo monopolista.

Se trata de una interpretación y una valoración acerca de aquellas

situaciones sociales que constituyen o pueden constituir una amenaza para

la reproducción de una sociedad como un todo o de alguno de sus sectores.

Se trata también de una propuesta de intervención y administración sobre

tales situaciones.

Esta interpretación se puede “comprender”, de acuerdo con la

construcción realizada por Weber de comprensión (1997), a partir de la

construcción de una tipología, que se pretende exhaustiva, que establece la

existencia de tres perspectivas: i) la perspectiva conservadora o de la

integración social, ii) la perspectiva neoliberal o de control de los excesos

del Estado y, iii) la perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía.

57

Seguidamente se presenta cada una de estas perspectivas en sus

aspectos ideológicos que fundamentan una representación más o menos

coherente acerca de qué es y cómo intervenir sobre la cuestión social.

II. 1. La perspectiva neoliberal

El liberalismo constituye la perspectiva ideológica de la burguesía

en su fase emergente. La destrucción de todas las tutelas que sujetan al

trabajo son fundantes del orden burgués. La burguesía precisa del “trabajo

libre” para su desarrollo como clase social. Los sistemas de regulación del

orden feudal deben ser destruidos y cualquier amenaza de regulación es un

riesgo para el desarrollo del nuevo orden. La formulación liberal establece

que estas regulaciones son una amenaza a la libertad60. La preocupación

liberal es históricamente la misma: el Estado y cualquier instancia

supraindividual debe ser limitada o suprimida de manera de garantizar la

libertad de los individuos61.

La Revolución Francesa prohibió los gremios identificados con el

pasado feudal, los que, en tanto estructuras de cierre social (cf. Parkin,

1964), limitaban la libertad del trabajo62. El Estado debía limitarse a

60 “En pocas palabras, para el liberalismo clásico, el mundo humano estaba constituido de átomos individuales con ciertas pasiones y necesidades, cada uno procurando por encima de todo aumentar al máximo sus satisfacciones y disminuir sus displaceres, en esto igual a todos los otros, y naturalmente no reconociendo límites o derechos a interferir en sus pretensiones (...) Y los revolucionarios franceses encontraban magnífica esta declaración para colocar sus exigencias de libertad de iniciativa (`Todo ciudadano es libre para usar sus brazos, su industria y su capital como juzgue adecuado y útil a sí mismo (...) el puede fabricar lo que le aproveche de la manera que le aproveche´)” (Hobsbawm, 1994: 256)61 “Estoy profundamente convencido de que cualquier sistema regular, permanente, administrativo, cuyo fin sea satisfacer las necesidades de los pobres, suscita más miseria que la que puede curar, deprava a la población que desea socorrer y consolar, reduce con el tiempo a los ricos a no ser más que los enfermeros de los pobres, agota las fuentes del ahorro, detiene la acumulación de capital (....)” (Tocqueville apud Castel, 1997: 249)62 “De modo que el verdadero descubrimiento que promueve el siglo XVIII no es el de la necesidad del trabajo, sino el de la necesidad de la libertad de trabajo. Ésta implicaba la destrucción de dos modos de organización del trabajo hasta entonces dominante: el trabajo regulado y el trabajo forzado. En ese sentido la obra de Turgot es ejemplar. Fue él quien (en el corto período durante el cual Luis XVI pareció resignarse a cederle la iniciativa) trató de suprimir a la vez los gremios y los depósitos de mendicidad, y también la supervivencias de la corvée.” (Castel, 1997: 175)

58

garantizar las reglas del mercado sin interferir sobre ellas; en síntesis, debía

proteger la propiedad privada63.

La perspectiva liberal y, en el mismo sentido, lo que hoy llamamos

neoliberalismo, tendencialmente niega la cuestión social, siendo el caso

extremo el representado por quien fuera la Primera Ministra Margaret

Thatcher de Inglaterra, quien en los años 80 afirmó que: “no hay sociedad,

sólo hay individuos” (Netto, 1996: 98).

Estos individuos salen con sus apetitos, sus deseos y sus capacidades

a negociar y obtener lo más posible en el mercado. En última instancia para

el liberalismo la cuestión social es un tema policial64. Se trata de la idea de

un “individuo posesivo” (Macpherson, 1979) que sale al mercado movido

por sus apetitos y pondrá en juego su “cartera de activos” para obtener lo

mayor posible de la sociedad sacrificando el menor monto posible de sus

activos.

Para esta perspectiva, el resultado de esa lucha de todos contra todos

será, finalmente, el bien común. La función de las instituciones es la de

garantizar reglas de juego más o menos civilizadas, comenzando por

garantizar la propiedad privada. Se niega la existencia de una cuestión

social y a lo sumo se reconoce la existencia de problemas sociales.

La perspectiva liberal tiende a responsabilizar a los individuos.

Dirán: estamos frente a problemas que son de los individuos. Individuos que

63 “Las doctrinas igualitarias, por lo demás, siembre han acusado al capitalismo de ser autor y protector de un régimen fundado en la desigualdad económica: baste recordar que, para Marx, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, sin distinción de estamentos, proclamada por la Revolución francesa, no fue sino un instrumento de que la clase burguesa se sirvió al objeto de liberar y hacer disponible la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del capitalismo naciente, mediante la ficción útil del contrato voluntario entre individuos igualmente libres.” (Bobbio, 1993: 90-1)64 “Estamos todavía en un momento en que la `cuestión social´ es tratada como un tema policial. También en esta fase del desarrollo del capitalismo (...) el principal mecanismo de acumulación del capital es la extracción de plusvalía absoluta, que se materializa en largas jornadas de trabajo.” (Acosta, 2006: 28)

59

no han implementado estrategias adecuadas en el mercado y a ello se debe

su fracaso.

La responsabilidad es del individuo quien no supo competir y a

quien, a lo sumo y por razones humanitarias, se le garantizará lo mínimo

indispensable para asegurar su sobrevivencia (cf. Hayek, 2006: 158).

En todo caso, la propia sociedad, asimilada a la esfera del mercado,

genera naturalmente los mecanismos para garantizar la sobrevivencia de

quienes fracasaron. La caridad y la filantropía son los mecanismos

autogenerados por el mercado para atender a aquellos cuyo fracaso los

coloca en el límite de la sobrevivencia.

Ya que la intervención para garantizar la sobrevivencia se realiza por

razones humanitarias, ¿por qué privar de hacerlo a que aquellos que sienten

especial fruición en realizar tareas sociales? La filantropía y la caridad

nunca deben ser sustituidas por el Estado quien deberá intervenir sólo en

caso que sea indispensable.

Para el pensamiento liberal la sociedad no es otra cosa que el

mercado donde individuos libres, poseedores de sí mismos, buscan obtener

el máximo beneficio en el intercambio con otros hombres65.

En la base de este pensamiento está presente, en última instancia, la

idea de que el individuo en la libre competencia realizará un cálculo

estratégico, y que cualquier intervención externa sobre esta competencia

estaría siempre beneficiando a unos y perjudicando a otros. La intervención

generará una ventaja estratégica por parte de los que se benefician de ella.

65 “La esencia humana es ser libre de la dependencias de las voluntades ajenas, y la libertad existe como ejercicio de posesión. La sociedad se torna un grupo de individuos libres e iguales, relacionados entre si como propietarios de sus propias capacidades y de lo que adquirirán mediante la práctica de esas capacidades. La sociedad consiste en relaciones de intercambio entre propietarios. La sociedad política se vuelve un artificio calculado para la protección de esa propiedad y para el mantenimiento de un ordenado relacionamiento de intercambios.” (Macpherson, 1979: 15)

60

Sobre esto se basa la permanente desconfianza acerca de las prestaciones

dirigidas hacia los sectores más pobres de la población (cf. Castel, 1997:

175 y sig.) en el entendido de que harán un uso estratégico de cualquier

beneficio que reciban y por tanto tendrán una ventaja ilegítima sobre los

otros.

Para el pensamiento liberal, cuestión social a lo sumo es todo

aquello que limita la libertad de los individuos. En ese sentido, la

constitución de cualquier instancia supraindividual que limite la libertad de

los hombres es el riesgo que debe conjurarse.

El Estado debe limitarse a garantizar las reglas del mercado sin

interferir sobre ellas lo que, en síntesis, equivale a afirmar la necesidad de

proteger la propiedad privada66. En la perspectiva de Marx y Engels, la

burguesía en su proceso revolucionario destruye todas las formas de tutela

del orden feudal por una única forma de regulación social: la regulación

propia del mercado que

“Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de

cambio. Ha sustituido las numerosas libertades

escrituradas y bien adquiridas por la única y

desalmada libertad de comercio. En una palabra, en

lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas

y políticas, ha establecido una explotación abierta,

descarnada, directa y brutal.” (Marx y Engels, 1986:

113)

66 “Se ha visto a muchos individuos que, arrestados en circunstancias lamentables, han convenido en que se los había salvado de muchas tentaciones. La falta de dinero anuncia una necesidad excesiva; todo hombre, en esas circunstancias acuciantes, está al borde de convertirse en estafador o criminal. El gobierno debe por lo tanto prevenir el crimen, y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos por todos los medios posibles. Aquel que, sin asilo, sin recursos, no puede ya pagar su subsistencia, deja de estar libre; esta bajo el imperio de la fuerza, no puede dar un paso sin cometer un delito. Finalmente, en una palabra, suponiendo que un hombre privado de todo socorro desde mucho antes sólo sea un hombre desdichado, que sería injusto arrestarlo, y bien, habría que cometer esta injusticia política, y no dejar errar en los caminos a quien, por no tener nada, puede atreverse a todo.” (Leclerc de Montlinot apud Castel, 1997: 107)

61

La única relación que se establece entre los hombres es la relación

comercial, es la mediación de la mercancía, y todas las capacidades

humanas y su producto tiene valor en tanto se transforma en mercancía. O

como podemos decir de acuerdo con Bauman (2002):

“`Derretir los sólidos´ significaba primordialmente,

desprenderse de las obligaciones `irrelevantes´ que se

interponían en el camino de un cálculo racional de los

efectos; tal como lo expresara Max Weber, liberar la

iniciativa comercial de los grilletes de las

obligaciones domésticas y de la densa trama de los

deberes éticos, o, según Thomas Carlyle, de todos los

vínculos que condicionaban la reciprocidad humana y

la mutua responsabilidad, conservar tan solo el `nexo

del dinero´”

De acuerdo con Luckàcs (in Anderson, 1991), el pensamiento liberal

realiza una fragmentación dicotómica entre el citadino y el burgeois: el

primero, es el actor político, responsable de la vida social y política de su

tiempo; el segundo, es un individuo que vive su relación con la sociedad

como una simple relación instrumental en la que busca realizar sus apetitos

y deseos en contradicción con los de sus semejantes67.

El liberalismo clásico no puede concebir una cuestión social pues

creó un mundo a su imagen y semejanza; la sociedad feudal es destruida

67 “La democracia burguesa data de la Constitución francesa de 1793, que era su más alta y radical expresión. Su principio constituyente es la división del hombre en ciudadano de la vida pública, por una parte, y en burgués de la vida privada, por otra, el primero dotado de derechos políticos universales, el segundo expresión de intereses económicos particulares y desiguales. Esta división es fundamental para la democracia burguesa en tanto que fenómeno históricamente determinado. Su reflejo filosófico se encuentra en Sade. Es interesante observar que autores como Adorno se han ocupado mucho de Sade porque veían en él el equivalente filosófico de la Constitución de 1793. La idea central, tanto de ésta como de aquél, es que el hombre es un objeto para el hombre, que el egoísmo racional es la esencia de la sociedad humana.” (Netto, 1996: 10)

62

hasta los cimientos y sobre ellos se construyó el reino de la libertad...de

empresa. La posibilidad de intervenciones sobre la sociedad para enfrentar

la pobreza o la inmoralidad eran sencillamente imposibles de ser pensadas68.

El neoliberalismo se constituye como cuestión social cuando, en el

capitalismo monopolista, el Estado comienza a intervenir sobre los

mercados para ampliar los lucros del capital garantizando los mercados e

interviniendo sobre la relación capital - trabajo a fin de superar el

subconsumo de la clase trabajadora69.

La cuestión social será construida por el pensamiento conservador

en oposición al liberalismo. El acelerado proceso de transformación era

vivido por amplios sectores de la sociedad como amenazante, la

descomposición material y moral de la clase trabajadora, no solo

escandalizaba a las clases acomodadas sino que también veían, detrás de

este proceso, la amenaza de la revolución70.

No resulta extraño, entonces, que las primeras formas sistemáticas

de intervención sobre lo social, fundamentalmente los seguros sociales

bismarckianos, surgieran en Alemania, un país que no procesó la revolución

68 “Una moderna sociedad de bien-estar social (welfare) o socialista habría sin duda distribuido algunos de estas vastas acumulaciones para fines sociales. En el período que focalizamos [1789-1848] nada era menos probable. Virtualmente libres de impuestos, las clases medias continuaron por tanto acumulando en medio de un populacho hambriento, cuya hambre era el reverso de aquella acumulación.” (Hobsbawm, 1994: 63)69 “(...) el crecimiento de los cárteles y sindicatos ha sido sistemáticamente muy alimentado desde 1878 por una deliberada política. No sólo el instrumento de la protección, sino incitaciones directas y, al final, la coacción, emplearon los gobiernos para favorecer la creación de monopolios, con miras a la regulación de los precios y las ventas. Fue allí [en Alemania] donde, con la ayuda del Estado, el primer gran experimento de <<planificación científica>> y <<organización explícita de la industria>> condujo a la creación de monopolios gigantescos que se tuvieron por desarrollos inevitables cincuenta años antes de hacerse lo mismo en Gran Bretaña.” (Hayek, 2006: 76)70 “La oposición genuina (la `derecha´) vino de aquellos que resistían las `fuerzas de la historia´. En Europa, pocos realmente deseaban un retorno al pasado, como en los días de los románticos reaccionarios de después de 1815. Todo lo que querían era interrumpir, o por lo menos desacelerar, el amenazador progreso del presente, un objetivo racionalizado por intelectuales que veían la necesidad de factores como `movimiento´y `estabilidad, `orden´ y `progreso´. Por tanto el conservadurismo era capaz de atraer de vez en cuando a algunos grupos de la burguesía liberal, que sentía que más progreso podía traer a la revolución más peligrosamente cerca.” (Hobsbawm, 1996 : 156)

63

burguesa, o la procesó “sin terror como `revolución´ sin `revolución´, o sea,

como `revolución pasiva´” (Gramsci, 1985: 486).

El desarrollo del capitalismo en Alemania se procesó a partir de una

alianza entre la burguesía y la aristocracia terrateniente: los junquers71. En

este contexto se impone, para esta ideología, la necesidad de vigilancia a fin

de evitar excesos en esta intervención, sobre todo en lo que refiere a

promover cualquier búsqueda de igualdad.

El pensamiento neoliberal surgirá como una oposición a los recién

formados Estados de Bienestar en Europa. Hayek y su sociedad de Mont

Pélerin se constituyeron, en aquel entonces, en los solitarios opositores al

desarrollo de la creciente intervención del estado sobre “lo social”.

En 1944, Hayek publicará “El Camino de la servidumbre” (2006)

donde afirma que el desarrollo de esta intervención se constituía en un límite

insoportable a la libertad. Este pensamiento, que sólo se tornará hegemónico

tres décadas después, es la primera versión de la cuestión social neoliberal72.

La oposición franca y decidida del neoliberalismo es contra

cualquier intención de promover la igualdad en la sociedad. El

neoliberalismo no se opone a cualquier intervención del Estado sobre lo

71 “Bismarck percibía que, en el sentido más literal de la palabra, una `revolución burguesa´ era una imposibilidad, ya que sería una revolución de verdad solo si otras camadas además de la burguesía fuesen movilizadas, y en ningún caso los hombres de negocios o los profesores parecían estar inclinados a levantar barricadas ellos mismos. Eso no impidió, sin embargo, aplicar el programa económico, legal e ideológico de la burguesía liberal siempre que pudiese ser combinado con la predominancia de la aristocracia agraria en una monarquía prusiana protestante.” (Hobsbawm, 1996: 159)72 “Que el socialismo haya desplazado al liberalismo, como doctrina sostenida por la gran mayoría de los <<progresistas>>, no significa simplemente que las gentes hayan olvidado las advertencias de los grandes pensadores liberales del pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha sucedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo que aquellos hombres predecían. Lo extraordinario es que el mismo socialismo que no sólo se consideró primeramente como el ataque más grave contra la libertad, sino que comenzó por ser abiertamente una reacción contra el liberalismo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general bajo la bandera de la libertad.” (Hayek, 2006: 53)

64

social pues la intervención sobre la indigencia es tolerada, siempre y cuando

no se intente promover la igualdad73.

Friedrich Hayek constituye la expresión más acabada de esta

perspectiva. Desnaturaliza el mercado estableciendo su carácter histórico, el

que, como construcción histórica, adquiere una perfección insustituible. De

ahí que toda intervención humana sobre el mercado, a partir de cualquier

principio de justicia, no hace otra cosa que distorsionar esta construcción74.

La perspectiva neoliberal construye una nueva cuestión social: los

monopolios, las corporaciones, las regulaciones estatales, y todas las formas

de limitar el libre juego de la competencia son el blanco de esta nueva

cuestión social.

La nueva tarea que se impone es liberar al hombre de todas estas

nuevas sujeciones que se han constituido en nuevas formas de servidumbre,

nuevas tutelas, no muy distintas a aquellas que fueron destruidas por la

revolución burguesa y han renacido debiendo, para esta perspectiva, ser

destruidas.

En sintesis, para esta perspectiva la cuestión social es la tendencia

del Estado y otras instituciones (corporaciones y sindicatos) de interferir

con la libertad (de mercado) de los individuos y, como solución de

compromiso, tolera por razones humanitarias la intervención para garantizar 73 “Un resultado necesario, y sólo aparentemente paradójico, de lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva de los individuos, y que toda política directamente dirigida por un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho.” (Hayek, 2006: 113)74 “La planificación con fines de seguridad que tan dañinos efectos ejerce sobre la libertad es la que se dirige a una seguridad de clase muy diferente. Es la planificación destinada a proteger a individuos o grupos contra unas disminuciones de sus ingresos que, aunque de ninguna manera las merezcan, ocurren diariamente en una sociedad en régimen de competencia, contra unas pérdidas que imponen severos sufrimientos sin justificación moral, pero que son inseparables del sistema de la competencia. Esta demanda de seguridad es, pues otra forma de la demanda de una remuneración justa, de una remuneración adecuada a los méritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos de un hombre. Esta clase de seguridad o justicia parece irreconciliable con la libertad de elegir el propio empleo.” (Hayek, 2006: 160)

65

la vida de aquellos que se encuentran al margen del mercado (indigentes)

considerando que las formas menos riesgosas de esta intervención son las

realizadas por aquellos hombres de buena voluntad que la desarrollan

movidos por sus valores religiosos (caridad) o humanitarios (filantropía) y

solo en última instancia por el Estado.

II. 2. La perspectiva conservadora

La perspectiva conservadora surge como superación del

pensamiento reaccionario de la restauración blanca. Los herederos del

pensamiento restaurador, ahora en su identidad conservadora, son las capas

medias redimensionadas en la configuración monopólica del capitalismo.

“Al final, en la década de 1900, había muchos países

en los cuales el típico miembro de las clases

empresariales o profesionales se situaba francamente

a la derecha del centro político. Abajo de ellos

estaban las filas, siempre mayores, de la nueva clase

media y de la clase media baja, con su resentida y

construida afinidad por la derecha francamente

antiliberal.” (cf. Hobsbawm, 1988: 266)

Las capas medias, en su conformación ideológica pura75, se sienten

amenazadas por el proletariado doblemente:

i) Por ser portador de la ideología “disolvente” comunista o socialista.

75 “Esa colectividad teme concreta, pero sobre todo difusamente, cualquier cambio drástico en el que pudieran arriesgarse sus muchos, pequeños y arrebañados privilegios y sancionarse, aun a través de una renovación general de todo el sistema, su bajo nivel de productividad, adhiere a ciertos valores, privacidad, seguridad, tranquilidad y ocio como sinónimos de libertad, de justicia, de paz, de bienestar y por ello parecería erizarse — no siempre conscientemente— ante cualquier violento proceso social que involucre — como es común que en el caso ocurra— un alto costo en términos de esos valores adheridos y preferidos..” (Real de Azúa, 1984: 73)

66

ii) Por representar lo que más temen: perder sus dudosos privilegios

empobreciéndose, proletarizándose. En verdad, el reclamo por igualdad del

proletariado es vivido por las capas medias como el reclamo de que todos

sean proletarios.

Su relación con la burguesía es más ambigua. La admiración y

envidia que le despierta no hacen que la vivan como menos amenazantes

dado que el liberalismo, en su versión pura, representa su destrucción como

estamento.

Como defensa, las clases medias aspiran a que la burguesía las

reconozcan como reservorio moral y les pidan la receta para mantener la

integración social superando la amenaza de la inmoralidad y, sobre todo, del

“sueño más terrible”: la revolución.

Es que como dice Marx en “El dieciocho Brumario de Luís

Bonaparte”:

“(...) el demócrata, como representa a la pequeña

burguesía, es decir, a una clase de transición, en la

que los intereses de dos clases se embotan el uno

contra el otro, cree estar por encima del antagonismo

de clases en general.” (1986A: 435)

No es casual, entonces, que la sociología surgiera como disciplina

cuando las capas medias76 tuvieron su mayor expansión, precisamente en los

albores del capitalismo monopolista, “la era de los imperios” al decir de

Hobsbawm (1988: 379).

“Algunos de los que se dedicaban a la nueva

sociología se concentraban en saber cómo las

76 Estamos conscientes que las capas medias emergidas con el capitalismo monopolista no pueden ser asimiladas a la pequeña burguesía de la que habla Marx.

67

sociedades realmente funcionaban, de modo diferente

de lo que suponía la teoría liberal. (....) Algunos se

concentraron en saber lo que mantenía las sociedades

cohesionadas contra las fuerzas desintegradoras,

oriundas de los conflictos entre las clases y entre los

grupos que las componían, y en la tendencia de la

sociedad liberal a reducir a la humanidad a

individuos dispersos, desorientados y desenraizados

(`anomia´)”

La perspectiva conservadora, vinculada al paradigma positivista,

encuentra en Durkheim uno de sus principales representantes. Para

Durkheim – como también para toda la tradición cultural que después se

desarrollará como el pensamiento estructural – funcionalista y cuyos

exponentes fundamentales serían Parsons y Merton - la preocupación

central es la cohesión social, es decir, qué elementos hacen que la sociedad

se mantenga cohesionada, unida y cómo intervenir sobre la sociedad para

reforzar esos elementos77.

El positivismo tiende a asociar sociedad con naturaleza, sociedad y

organismos biológicos.

“El positivismo – en su configuración `típico ideal´-

está fundamentado en un cierto número de premisas

que estructuran un `sistema´ coherente y operacional:

1. La sociedad es regida por leyes naturales, (....) 2.

La sociedad puede, por lo tanto, ser

77 “Durkheim – o, después de él, Radcliffe-Brown, que hace asentar la <solidaridad social> en el hecho de participar en un sistema simbólico – tiene el mérito de designar explícitamente la función social (en el sentido del estrutural-funcionalismo) del simbolismo, auténtica función política que no se reduce a la función de comunicación de los estructuralistas. Los símbolos son instrumentos por excelencia de la <integración social>: en tanto instrumentos de conocimiento y de comunicación (cf. El análisis durkheimiano de la fiesta), ellos tornan posible el consensus acerca del sentido del mundo social que contribuye fundamentalmente para la reproducción del orden social: la integración lógica es la condición de la integración <moral>” (Bourdieu, 2001:10)

68

epistemológicamente asimilada por la naturaleza (...)

3. Las ciencias de la sociedad, así como las de la

naturaleza, deben limitarse a la observación y a la

explicación causal de los fenómenos (...)” (Löwy,

1996)

Esta asociación no se produce de forma ingenua ya que los autores

positivistas reconocen que no es lo mismo un organismo biológico que una

sociedad: la gran diferencia es que los seres, en tanto organismos

biológicos, nos mantenemos unidos a través de nuestra piel, de nuestra

carne, nos mantenemos así “cohesionados” hasta la muerte.

La sociedad no tiene piel, y por lo tanto necesita de algo, un

pegamento para mantenerse unida, y ésta va a ser la preocupación central de

estos pensadores. A diferencia de un organismo biológico, lo que une a una

sociedad y lo que constituye su particularidad como tal es la moral, en tanto

piel, en tanto carne que le va a brindar cohesión78.

Para Durkheim, la solidaridad es la forma de manifestación de la

moral y se constituye en el cemento que nos mantiene unidos e

interdependientes. La cuestión social, por tanto, se define a partir de las

amenazas a la cohesión social; es entendida como todo aquello que pueda

poner en riesgo o en duda que la sociedad se mantenga unida.

“Durkheim se consagró al estudio de la `cuestión

social´ desde los años de la École Normal, por

vocación y en el interior de un ambiente animado por

la voluntad política y moral. En aquella ocasión,

Durkheim situaba la cuestión de manera bastante

abstracta y filosófica, bajo el título: `Relaciones entre 78 “Podemos decir, pues, de manera general, que la característica de las reglas morales es que ellas enuncian las condiciones fundamentales de la solidaridad social. El derecho y la moral son el conjunto de vínculos que nos prenden unos a otros y a la sociedad, que hacen de la masa de los individuos un agregado y un todo coherente.” (Durkheim, 1995: 420)

69

individualismo y socialismo´. En 1883 la definió

mejor, y las relaciones entre el individuo y la sociedad

se tornaron su tema. Fue entonces que consiguió

percibir (...) que la solución del problema estaba

referida a una nueva ciencia: la sociología

(...)” (Mauss in Fridman, 1993: 29)

Durkheim expresa sólidamente las preocupaciones del pensamiento

conservador. En su obra “La educación moral” (1991) es en la que diseña,

desde su punto de vista, los necesarios procesos de control y regulación

moral. Su discurso es una oposición directa al individualismo liberal

-expresado en la recordada frase de Tatcher, ya mencionada en párrafos

anteriores y que condensa sintéticamente este pensamiento: “no hay

sociedad, solo hay individuos” (Netto, 1996: 98) - y en tal sentido, como

prediciendo a la primer ministro británica, dirá Durkheim (1991: 23):

“Para que el hombre sea un ser moral es necesario

que se atenga a algo más que a sí mismo; es necesario

que se sienta solidario con una sociedad, por humilde

que sea.”

La solución propuesta por Durkheim frente a la descomposición

moral propia de la sociedad liberal suponía la (re)construcción de las

sociedades que permitiera la solidaridad mencionada. La familia y la patria

son las sociedades que cuentan con mayor valor moral (Durkheim, 1991).

Pero la familia en las sociedades modernas pierde eficacia moral, y la patria

es demasiado lejana al individuo para operar en su regulación moral.

En “La división del Trabajo Social” (1995) establece que la solución

es recuperar una institución del pasado feudal que, adaptada a la sociedad

70

moderna, funcionaría como institución de regulación moral apropiada a los

nuevos tiempos79.

La recuperación de una institución del pasado feudal no es inocente.

La vinculación del pensamiento de Durkheim con la restauración aparece

así de modo cristalino: los mecanismos de cohesión social debían ser

recuperados del pasado feudal. Claramente Durkheim no es un reaccionario.

Esas instituciones destruidas por la revolución debían ser recuperadas y

adaptadas al presente; el liberalismo debía, si quería sobrevivir, tolerar una

tonalidad blanca80.

El debate de Durkheim no es solo con el pensamiento liberal. Su

propuesta dispara en dos direcciones. Michael Löwy (1996: 27) hace

hincapié en su debate explícito con el movimiento socialista de su

época81.De hecho no es difícil identificar el debate de Durkheim con el

pensamiento socialista: la crítica radical de la división social del trabajo y la

lucha por la igualdad son descalificadas rotundamente.

Las sociedades de iguales son, es verdad, sociedades sin división del

trabajo que sólo sostienen su integración social por la igualdad de las

conciencias, y por lo tanto, son intolerantes con cualquier proceso de

79 “Pero si ni toda organización corporativa es necesariamente un anacronismo histórico, ¿tenemos base para creer que ella sería llamada a desempeñar, en nuestras sociedades contemporáneas, el papel considerable que les atribuimos? Porque, si la juzgamos indispensable, es por causa no de los servicios económicos que ella podría tener. Lo que vemos antes que nada en el grupo profesional es un poder moral capaz de contener los egoísmos individuales, de mantener en el corazón de los trabajadores un sentimiento más vivo de sus solidaridad común, de impedir que la ley del más fuerte se aplique de manera tan brutal en la relaciones industriales y comerciales.” (Durkheim, 1995: XVI)80 “Pero, para disipar todas las prevenciones, para mostrar bien que el sistema corporativo no es apenas una institución del pasado, sería necesario mostrar qué transformaciones ella debe y puede sufrir para adaptarse a las sociedades modernas, pues es evidente que el no puede ser hoy lo que era en la edad media.” (Durkheim, 1995: XXVI)81 “Es apasionante observar cómo el concepto que había servido de instrumento revolucionario por excelencia en el siglo XVIII, que estaba en el corazón de la doctrina política de los insurrectos de 1789, altera sus sentido en el siglo XIX, para tornarse, con el positivismo, una justificación científica del orden social establecido.” (Michael Löwy, 1996: 27)

71

diferenciación. La solidaridad mecánica es frágil y precisa de un derecho

penal extendido que castigue cualquier trasgresión a la norma82.

La fraternidad es inevitablemente blanca, la igualdad la debilita.

Para alcanzar su máxima eficacia, la solidaridad debe ser entre

complementarios y precisa de una saludable desigualdad. División del

trabajo no es otra cosa que diferenciación o, en otras palabras, es la

desigualdad que nos hace solidariamente complementarios83.

Merton (1965) parece delimitar la forma en que se expresa la

cuestión social en los Estados de Bienestar para la perspectiva conservadora

a través de su preocupación por la sociedad norteamericana, la que, en su

delimitación de medios legítimos y metas socialmente valoradas, sólo

planteaba el éxito económico como meta socialmente valorada. Los

distintos tipos ideales de conducta desajustada son la expresión de los

distintos niveles de integración social y su contrafase, los problemas de

integración derivados de las dificultades para integrar los medios o los fines

por parte de las “clases bajas”.

La propuesta de Merton no se aparta en sustancia de la propuesta

durkheimiana: es preciso una sociedad que defina medios y fines adecuados

a los distintos estamentos de la sociedad. Los cuerpos intermedios de

Durkheim parecen ser las instituciones adecuadas para realizar esta

definición funcional a una sociedad de clases.

82 “Si los dos tipos de solidaridad que acabamos de distinguir poseen de hecho la expresión jurídica que dijimos, la preponderancia del derecho represivo sobre el derecho cooperativo debe ser tanto mayor cuanto más pronunciado sea el tipo colectivo y cuanto más rudimentaria fuera la división del trabajo. Inversamente, en la medida que los tipos individuales se desarrollan y que las tareas se especializan, la proporción entre la extensión de esos dos derechos debe tender a invertirse. Ahora bien, la realidad de esa relación puede ser demostrada experimentalmente.” (Durkheim, 1995: 111)83 “Por tanto, podemos formular la siguiente proposición: el ideal de la fraternidad humana solo se puede realizar en la medida en que la división del trabajo progrese. Es preciso escoger: o renunciar a nuestros sueños, si nos resistimos a circunscribir aún más nuestra actividad, o sino buscar su realización, pero bajo la condición que acabamos de señalar.” (Durkheim, 1995: 429)

72

En síntesis, la propuesta conservadora concibe la cuestión social

como aquellos problemas sociales que ponen en cuestión la integración

social. Contemporáneamente esta preocupación es recogida por la

perspectiva francesa de, por ejemplo, Castel (1997) y Rosanvallon (1995).

Estos autores tienen evidentemente una preocupación por el

retroceso de la ciudadanía a partir de la crisis de los Estados de Bienestar,

pero indudablemente su preocupación central gira en torno a los problemas

de integración generados junto con esta crisis y de ahí que uno de los

conceptos centrales de estos autores sea el de “exclusión social”.

Castel define cuestión social haciendo un claro hincapié en la

integración social, revelando voluntariamente su condición de

durkheimniano:

“La `Cuestión Social´ es una aporía fundamental en la

cual una sociedad experimenta el enigma de su

cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura.

Es un desafío que interroga, pone de nuevo en

cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en

términos políticos se denomina una nación) para

existir como un conjunto vinculado por relaciones de

interdependencia.” (1997: 20)

Como ya fue dicho, Castel nos permite reforzar nuestra concepción

acerca de la cuestión social. Aquí la cuestión social se expresa en su doble

dimensión: por un lado, es una sociedad pensándose a sí misma, la cuestión

social “es una aporía”, un “enigma” a ser develado, una sociedad que se

interroga, que se pone en cuestión, y por otro lado, también es una sociedad

que busca intervenir sobre sí misma y “trata de conjurar” una posible

fractura siendo su cohesión “un desafío”.

73

Pero también aparece el carácter conservador de esta concepción ya

que la preocupación central es cómo la sociedad evita su “fractura” y logra

mantenerse unida “por relaciones de interdependencia”. La

interdependencia garantiza la integración perfecta para Durkheim (1995),

emerger como solidaridad orgánica donde la división del trabajo nos vuelve

interdependientes a diferencia de la solidaridad mecánica donde la

integración social se sostiene por la igualdad de las conciencias.

Es posible identificar en las nuevas políticas sociales propiciadas por

el “Consenso de Washington” la incorporación del elemento conservador en

la tónica neoliberal de la reforma social. Las nuevas políticas sociales

(Filgueira, 1998) promueven la participación comunitaria como sucedáneo

de la participación en las organizaciones del mundo del trabajo. El eje de

sus preocupaciones es, sin duda y su retórica lo revela claramente, la

integración y la exclusión.

La retórica de las nuevas políticas sociales no es inocente. Equidad,

nunca igualdad. Participación, nunca organización. Ciudadanía responsable

donde los derechos sociales nunca se consolidan, etc. El elemento central de

la perspectiva conservadora es la integración social y en una sociedad de

clases ésta debe garantizarse a través de la solidaridad entre las distintas

clases sociales.

En una sociedad armónica las clases son y se reconocen

complementarias y, por lo tanto, la lucha de clases es una expresión

anómica que debe ser conjurada mediante un conjunto de intervenciones

regulatorias de modo tal de establecer mecanismos civilizados de

negociación.

Esta intervención tiene, antes que nada, una función moral. Los

trabajadores y los empleadores deben ser sujetos morales, reconocer la

función social que cumplen y antes que nada reconocerse como

74

complementarios y que su función, antes que responder a sus intereses

individuales inmediatos, debe responder al superior interés social.

II. 3. La perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía

La emergencia de esta perspectiva está asociada al proceso de

ampliación del estado que se procesa en el capitalismo monopolista

(Coutinho, 1994: 42 y sig.) permitiendo que el proletariado conciba la

posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en el marco del orden

burgués.

Se construye balizada por el concepto de igualdad que cobrará forma

en las corrientes más radicales de la revolución francesa, siendo su

formulación indudablemente distinta que la comprensión burguesa de

igualdad, la que se limita a la igualdad de todos los hombres ante la ley.

Las primeras construcciones maduras del concepto de igualdad deben

ser buscadas en el pensamiento de Rousseau que, si bien es asimilado al

contractualismo y, por tanto, a una concepción burguesa del individuo y su

relación con la sociedad, se distingue sustantivamente del pensamiento de

Hobbes y Locke84. El pensamiento político de Rousseau se contrapone de

manera original al emergente pensamiento burgués liberal. Su crítica a la

propiedad privada y su concepción del hombre tendrán una influencia marcada

en el socialismo utópico francés, pero también en el pensamiento de Marx85.

84 “(...) para Jean-Jacques, la estipulación del contrato social no tiene como meta la conservación de un mundo de individuos privados garantizado por una esfera pública `especializada´ y `separada´, como para Hobbes y Locke; al contrario, es algo que reorganiza la propia forma de articulación entre lo público y lo privado, de modo que la sociabilidad se torne un elemento constitutivo inmanente al propio individuo: la voluntad general y el interés común no se imponen al individuo como algo externo, por el contrario son una emanación de su propia individualidad.” (Coutinho, 1996: 7) 85 “Por tanto, lejos de poder ser subsumidas en la corriente individualista de su época, las reflexiones filosóficas de Rousseau anticipan en muchos puntos la ontología de Hegel y, sobretodo, de Marx: el hombre en tanto tal (en tanto ser que razona, dispone de lenguaje y actúa moralmente) es producto de su propio trabajo, de su historia, de su praxis social.” (Coutinho, 1996: 11)

75

Pero el pensamiento socialista se consolidará como un pensamiento

con una expresión política concreta, es decir con capacidad de impactar

activamente en la vida política de las sociedades modernas, con el

pensamiento de Marx y Engels.

Tal vez los aspectos que hacen a la crítica de la sociedad burguesa, al

individualismo “estrecho” del pensamiento liberal y sobre todo a la propiedad

privada, ya puedan encontrarse más o menos en los mismos términos en el

pensamiento socialista anterior.

Lo que aparece como novedad y es, tal vez, uno de los aspectos de

efecto político más concreto es el descubrimiento de la categoría lucha de

clases. La clara formulación de esta categoría le ofrece al proletariado una

tarea inmediata: constituirse en clase en sí y para sí y un camino político claro

en su lucha por la igualdad.... por el socialismo86.

El Estado es la forma de organización que la burguesía crea para sí. No

representa el interés de éste o aquel burgués (singularidad) sino de la

burguesía como clase (particularidad). Se puede decir que el Estado es el

burgués ideal. Incluso puede ir contra los intereses de un sector de la burguesía

para defender los intereses de la clase en su conjunto.

Del mismo modo, el proletariado busca su forma organizativa a fin de

defender sus intereses de clase -generando una dualidad de poderes- que,

incluso, podrá ir contra los intereses de un sector del proletariado para

defender los intereses de la clase (Coutinho, 1994: 13 y sig.).

86 “Tal vez la razón principal por la cual tantos partidos ondearan la bandera roja de Karl Marx haya sido porque él, más que cualquier otro teórico de izquierda, les haya dicho tres cosas que parecían igualmente plausibles y animadoras: que ninguna mejora previsible, dentro del actual sistema, mudaría la situación básica de los trabajadores como tales (su explotación); que la naturaleza del desarrollo capitalista, que él tan largamente analizara, tornaba el derrumbe de la presente sociedad y su sustitución por otra, nueva y mejor, bastante incierta; y que la clase trabajadora, organizada en partidos de clase, sería la creadora y heredera de un glorioso futuro.” (Hobsbawm, 1988: 191)

76

Para Marx, la lucha de clases se manifiesta como una situación de

guerra civil, más o menos explícita, que en algún momento deberá estallar en

una revolución explosiva y violenta. Esta situación de guerra civil debe ser

entendida como una lucha de todos contra todos, y no apenas de una clase

contra otra. Organizado el proletariado como clase es que se genera la

dualidad de poderes que, según Marx, sólo se resolverá con el estallido de la

revolución.

Como ya fue dicho es la época de la plusvalía absoluta existiendo entre

burgueses y proletarios un juego suma cero donde si uno gana el otro pierde:

"Más aún, cuanto más se desenvuelven el maquinismo

y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de

trabajo bien mediante la prolongación de la jornada,

bien por el aumento del trabajo exigido en un

momento dado, la aceleración del movimiento de las

máquinas, etc." (Marx y Engels, 1953: 46).

La concepción restricta de Estado implica que éste solo representa

los intereses de una clase y se basa exclusivamente en la coerción: "El

Poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una

clase para la opresión de otra." (Marx y Engels, 1953: 65)

La única alternativa es la organización del proletariado como clase en

sí y para sí de tal forma que se opongan los intereses particulares del

proletariado a los intereses particulares de la burguesía. De tal suerte que se

genera en la sociedad una dualidad de poderes que solo será resuelta con la

revolución que llevará al proletariado a sustituir a la burguesía como clase

dominante.

"En efecto, cada nueva clase que pasa a ocupar el

puesto de la que dominó antes de ella se ve obligada,

77

para poder sacar adelante los fines que persigue, a

presentar su propio interés como el interés común de

todos los miembros de la sociedad (...)" (Marx y

Engels, 1987: 28)

Como ya fuera adelantado es con el capitalismo monopolista, en el

último cuarto del siglo XIX, que se abre la posibilidad de que el

proletariado obtenga conquistas sustantivas que le permitan alcanzar

condiciones dignas de reproducción como clase social, es decir, alcanzar

niveles razonables de bienestar sin superar el umbral del capitalismo.

Bernstein, que al igual que Kaustky fue discípulo de Engels, propone a

finales del siglo XIX, radicalizando las últimas verificaciones engelsianas

sobre el desarrollo del capitalismo, realizar un revisionismo de la obra de

Marx. Dicha revisión pone en cuestión los postulados fundamentales de la

obra marxiana constituyéndose, en resumidas cuentas, en una destrucción del

marxismo llegando a discutir hasta la idea marxiana del valor: la idea del valor

identificada con el trabajo está, según Bernstein, equivocada (Coutinho, 1994:

45).

Basándose en datos reales, Bernstein muestra que la tendencia a la

polarización de la sociedad no es real; surgen medianos y pequeños

productores así como nuevas camadas medias. Kautsky le contestará en su "La

doctrina filosófica" pero no recurre a la realidad que claramente confirmaba a

Bernstein sino a la letra de Marx.

En 1901 la postura de Kautsky derrota abrumadoramente a Bernstein,

pero en los hechos la socialdemocracia comienza a llevar adelante una política

bernsteiniana de alianzas y reformas. Era preferible un reformismo eficiente

que una perspectiva revolucionaria que se presentaba como paralizante87.

87 “Cerca de 1900, sin embargo, quedó claro el surgimiento de un ala moderada o reformista en todos los movimientos socialistas de masas; de hecho, incluso ente los marxistas, ella encontró su ideólogo en Eduard Bernstein, que afirmará `el movimiento es todo, el objetivo final no es nada´ y cuya insensible reivindicación de una revisión de la teoría marxista

78

Con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional se enfrenta a

una crisis de la que no se repondrá. Los partidos integrantes de la

internacional, contra el compromiso contraído88, votan los fondos de guerra de

sus respectivos países89.

En 1914, el Partido Socialista italiano se debate entre dos corrientes:

los maximalistas, liderados por Giacinto Menotti Serrati, y los reformistas,

liderados por Filippo Turati. Ambas concepciones pecaban de un

determinismo mecánico, diferenciándose básicamente en qué hacer mientras

se espera la llegada de "la hora-H, `el gran día´ que llegarían traídos

`naturalmente´ por la evolución del capitalismo (...)" (Coutinho, 1992: 5).

Los primeros entendían que debían evitar cualquier compromiso con

el orden vigente, dedicando toda la energía posible en una propaganda

radical que tenía como consecuencia "una mezcla de radicalismo verbal y

de impotencia práctica" (Coutinho, 1992:5).

Los segundos, pensaban que en la medida en que el socialismo no

tardaría en llegar, así como "el río desemboca el mar" (Turati en Coutinho,

1992: 5), nada impedía que, a la espera de ese día, la lucha política buscara

obtener reformas que hicieran el tránsito más llevadero;

"de ahí hasta confundir las propias reformas con el

socialismo, el movimiento con el objetivo final, como

causó escándalo, afrenta y apasionados debates en el mundo socialista, después de 1897. En cuanto esto, la política del electoralismo de masas – de la cual eran defensores entusiastas hasta los más marxistas de los partidos, pues ella ofrecía visibilidad máxima al crecimiento de sus efectivos – integraba sin ruido a esos partidos en el sistema.” (Hobsbawm, 1988:149)88 En noviembre de 1912 en el Congreso Socialista Internacional Extraordinario celebrado en Basilea (Suiza) se firma el Manifiesto de Basilea, que ponía en guardia a los pueblos contra la guerra que se avecinaba, exhortando a los obreros de todos los países a luchar con decisión por la paz.89 "(...) Kautsky que en 1902 firmó el Manifiesto de Basilea sobre la utilización revolucionaria de la guerra que se avecinaba, se desvive ahora por justificar y cohonestar el socialchovinismo, y, como Plejánov, se une a la burguesía para mofarse de toda idea de revolución (....) No sin razón dijo Rosa Luxemburgo el 4 de agosto de 1914 que la socialdemocracia alemana es ahora un cadáver hediondo." (Lenin, 1973A: 2 y 16)

79

ya lo hacía Bernstein, era un paso, que Turati no

tardó en dar explícitamente." (Coutinho, 1992: 6).

El sindicalismo de negociación irá configurando la perspectiva de

ampliación de la ciudadanía sobre la cuestión social. Dicha perspectiva es

heredera del pensamiento socialista y comunista pero se diferencia en tanto

busca alcanzar mejoras tendientes a garantizar la igualdad en el marco del

capitalismo.

Los procesos objetivos de conquista le darán a esta perspectiva una

vitalidad que la torna hegemónica en el movimiento sindical y político90. Es

curioso observar cómo el marxismo se torna hegemónico en el movimiento

obrero europeo en el mismo momento en que se procesa la consolidación

del capitalismo monopolista y, por tanto, en igual momento en que uno de

los postulados marxianos es puesto en duda por, precisamente, la práctica

política de esos mismos movimientos obreros.

El planteo marxiano de que la reforma del capitalismo y la conquista

de mejoras sustantivas para la clase trabajadora en el horizonte burgués son

utópicas, es contestado por la propia práctica política del proletariado que

logra precisamente eso: mejoras en sus condiciones concretas de vida en el

propio marco del capitalismo.

Esta posibilidad concreta es la que configura la perspectiva de

ampliación de la ciudadanía. La posibilidad de la reforma configura una

nueva cuestión social que habilita a pensar en, al menos, la lucha por la

igualdad en el marco del orden burgués.

90 “Como vimos, desde mediados de la década de 1890 la idea del inminente colapso del capitalismo parecía absolutamente implausible. Qué restaba a los ejércitos del proletariado, movilizados por millones bajo la bandera roja. Algunas veces, a la derecha del movimiento, recomendaban algunos que todos se concentrasen en las mejorías inmediatas que la clase obrera consiguiese del gobierno y de los empleadores, dejando que el futuro remoto se cuidase por sí mismo.” (Hobsbawm, 1989: 192)

80

Así se configura la nueva función de la lucha de clases: el

movimiento constante de la clase trabajadora por ampliar la politización del

mercado, la lucha por aumentar el espectro de los derechos de ciudadanía de

la clase obrera. Tal como fuera anunciado por Bernstein, “el movimiento es

todo”.

En síntesis, la igualdad es un horizonte inalcanzable en el marco del

capitalismo pero baliza la acción social de la perspectiva de la ampliación

de la ciudadanía y la lucha política se concentra en presionar cotidianamente

en la obtención de mayores niveles de igualdad.

81

III. CAPITALISMO MONOPOLISTA Y CUESTIÓN

SOCIAL

En el último cuarto del siglo XIX el capitalismo sufrirá significativas

transformaciones. El desarrollo y consolidación del capitalismo en su forma

monopólica está primorosamente desarrollada por Hobsbamwm (1988) en

su libro “La era de los imperios. 1875-1914”.

La sustancia de esta transformación debe buscarse en la

redimensionalización de la intervención del Estado sobre los mercados para

garantizar los lucros del capital. Dicha transformación supone dos

dinamismos: de un lado, los esfuerzos tendientes a superar el subconsumo

de la clase trabajadora, y del otro, la búsqueda de mercados a través del

desarrollo de mecanismos imperialistas91.

Todas las esferas que conformaban el capitalismo competitivo van a

ser ora transformadas, ora redimensionadas. Se modifican sustancialmente

las relaciones entre las clases, el papel del Estado, las relaciones entre las

naciones, la vida política en su conjunto, etc92.

El proceso que llevó del capitalismo competitivo al capitalismo

monopolista, es, como todo proceso en el orden burgués, extremadamente

complejo, propiamente una “síntesis de múltiples determinaciones”.91 “La salida de la crisis del capital del final del siglo XIX siguió dos caminos: la intensificación del dominio interno del capital (la formación de los monopolios y la doble explotación de los trabajadores: como productores y como consumidores) y la expansión del poder en escala global con la formación del imperialismo. El capitalismo en esta fase ya no consigue reproducirse más a partir de su propio fundamento económico, precisando sistemáticamente de un vector extra económico (el Estado nación), aunque en verdad, la intervención del Estado haya sido fundamental para el desarrollo del capitalismo en todas sus fases.” (Acosta, 2006: 151)92 “En la tradición teórica que viene de Marx, está consensualmente aceptado que el capitalismo, en el último cuarto del siglo XIX, experimenta profundas modificaciones en su ordenamiento y en su dinámica económica, con incidencias necesarias en la estructura social y en las instancias políticas de las sociedades nacionales que englobaba. Se trata del período histórico en que al capitalismo competitivo le sucede el capitalismo de los monopolios, articulando el fenómeno global que, especialmente a partir de los estudios leninistas, se tornó conocido como el estadio imperialista.” (Netto, 1992: 15)

82

Supone claro está, un movimiento del capital de refuncionalización

del Estado para su nuevo papel en la superación de la crisis, y supone

avances tecnológicos que habilitan una nueva dinamización de la división

del trabajo, tematizada largamente por Durkheim.

Pero también supone la capacidad de la clase trabajadora de dar una

proyección sin precedentes a su organización en sindicatos y partidos.

La complejidad de la sociedad civil en esta nueva fase, llevó a

Gramsci a reconceptualizar este concepto clásico contenido en las obras de

Hegel y Marx, redimensionando el papel de la lucha ideológica en esta

nueva fase del capitalismo, monopolista, imperialista o como llama Gramsci

a los Estados configurados en este período “sociedades occidentales”93.

La cuestión social cobra su verdadera dimensión en este entramado

complejo de lucha ideológica, que es la nueva forma que toma la sociedad

civil en el capitalismo de los monopolios.

La universalización de la participación democrática se procesa en

estos años, y la lógica democrática supone un Estado que debe legitimarse

permanentemente. La búsqueda de legitimidad permite la incidencia de

reclamos de las clases subalternas, configurando lo que

contemporáneamente se dio en llamar agenda política.

De alguna forma la agenda política es el reflejo de la cuestión social,

la lucha de clases se transfigura y se torna una “competencia

regulada” (Weber, 1997: 31) a fin de incluir las demandas en la agenda del

Estado.93 “En Oriente el Estado lo era todo, la sociedad civil era primordial y gelatinosa; en Occidente, entre el Estado y la sociedad civil había una justa relación y en el temblor del Estado se discernía en seguida una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado no era más que una trinchera avanzada, detrás de la cual había una robusta cadena de fortalezas y de casamatas; esto variaba de Estado a Estado, naturalmente, pero por ello se requería un cuidadoso reconocimiento de carácter nacional.” (Gramsci, 1993: 136)

83

La regla de esta competencia regulada es constituir la cuestión social

en el sentido tratado en este texto, donde las clases y fragmentos de clase en

sus luchas y reivindicaciones buscarán imprimir en el Estado la lógica de su

intervención.

III. 1. Estados de Bienestar y Cuestión Social

El final de la Segunda Guerra Mundial marca el comienzo de las

llamadas Tres Gloriosas Décadas del Welfare State (Przeworsky, 1995). La

denominada “edad de oro” (Hobsbawm, 1995) se inicia con la derrota de las

potencias fascistas y sus aliados y culmina junto con el ciclo de expansión

económica de la posguerra.

Dicho período se caracterizó por (i) el desarrollo de los sistemas de

protección social europeos, (ii) el fin de los colonialismos, (iii) el fenómeno de

la “guerra fría” que expresaba el equilibrio de poderes entre las superpotencias

a nivel mundial y (iv) un acelerado proceso de desarrollo tecnológico.

La “edad de oro” significó que gran parte de la población a nivel

mundial registrara una mejora sustantiva en sus niveles y calidad de vida y

bienestar social.

En ese sentido, los Estados de Bienestar Social ejercerán un papel

determinante en el incremento de los niveles de bienestar social. Son

básicamente tres los principios regulatorios que constituyen la posibilidad de

su implementación: la garantía del pleno empleo, el seguro social y la

asistencia social para los inhabilitados para el trabajo (Castel, 1997).

El principio del “seguro”, relacionado a la capacidad contributiva de

los cotizantes, y el principio de la “asistencia o ayuda social”, que enfatiza

la responsabilidad pública ante las necesidades insatisfechas de los que no

pueden pagar ni trabajar, han sido los mecanismos que orientaron la

organización del sistema de seguridad social en sus diversos momentos

84

históricos. Ambos principios se relacionan con la condición de trabajador o

ex trabajador o con la imposibilidad de trabajar. En este sentido, la

referencia al trabajo es central para la consideración de los sistemas de

protección social (cf. Castel, 1997).

Una vez alcanzada la sociedad salarial (Castel, 1997: 325), y en una

sociedad de pleno empleo, el trabajo – que había superado al pauperismo- se

encontraba en condiciones que, sin trascender su carácter alienante,

permitían alcanzar ciertos niveles de “dignidad” razonables. De este modo,

la asistencia se concentraba, sin mayores cuestionamientos éticos, en

aquellos sectores de población imposibilitados de trabajar (incapaces, niños,

ancianos, etc).

Cabe señalar que los Estados de Bienestar, en todas sus formas (cf.

Esping-Andersen, 1990), incluyendo los Estados Sociales que, en el tercer

mundo, se desarrollaron a la luz de aquellos, constituyen la configuración

más equilibrada de las tres perspectivas de cuestión social aquí trabajadas.

Denunciados (Hayek, 2006) o celebrados (Marshall, 1963) como socialistas,

según se trate de sus detractores o sus defensores, esta particular

configuración estatal lograba articular niveles satisfactorios, para el orden

burgués, de libertad, integración e igualdad.

En verdad, esta solución de compromiso ideológica entre las tres

perspectivas, no representa un contenido menor en la conformación de los

Estados de Bienestar. Las políticas anticíclicas aplicadas en este período

tienen, por un lado, (i) una justificación económica:

En el origen del capitalismo, la burguesía, al tornarse hegemónica,

crea su clase social antagónica y su papel: la producción de valor de uso y

valor de cambio a través del trabajo concreto y abstracto (Marx, 2002: 32).

85

En los Estados de Bienestar la burguesía recrea al proletariado. Su

papel ahora consiste, no sólo en continuar produciendo valor, sino también

el de evitar las crisis de sobreproducción a través del consumo (Acosta,

2006: 151).

Y por otro lado, estas políticas también tienen una importante (ii)

justificación política:

Las condiciones favorables para el auge y desarrollo de los Estados

de Bienestar deben ser buscadas en la gran depresión del 30. Su

configuración básica son las políticas keynesianas de combate frontal al

desempleo. Esta fórmula fue aplicada en todos los países centrales y el gran

fantasma que quería ser conjurado era, no hay duda, el viejo fantasma del

Manifiesto (Marx, 1953).

“El argumento keynesiano en favor de los beneficios

de la eliminación permanente del desempleo en masa

era tan económico como político. Los keynesianos

afirmaban, correctamente, que la demanda que se

generaba por la renta de trabajadores con pleno

empleo sería el mejor estímulo para las economías en

recesión. A pesar de eso, el motivo por el cual ese

medio de aumentar la demanda recibió tan urgente

prioridad – el gobierno británico se empeñó en él

incluso antes del fin de la Segunda Guerra Mundial –

fue que se creía que el desempleo en masa era política

y socialmente explosivo, como de hecho mostró serlo

durante la gran depresión.” (Hobsbawm, 1995: 100)

En este argumento político, fundante de los Estados de Bienestar,

aparece contenida esta articulación perfecta de las tres perspectivas de la

cuestión social.

86

i) El capitalismo estaba a buen resguardo y, más allá de que la

sociedad de Mont Pélerin se rasgara las vestiduras (Anderson, 1995: 10), el

mercado operaba con libertad y, sobre todo, con eficiencia económica. No hay

duda que la burguesía no había arriado la bandera azul.

ii) Los niveles de integración social alcanzados en las Sociedades de

Bienestar no encuentran, en el horizonte del orden burgués, niveles

comparables. De hecho, la organización de la clase trabajadora en sindicatos

de negociación parecía seguir la fórmula revelada por Durkheim.

“Por ejemplo, el seguro obligatorio ponía en obra una

cierta solidaridad, y era signo de la pertenencia a un

colectivo (...) lo mismo vale para el conjunto de las

protecciones sociales. La intervención del Estado les

permitía a los individuos conjurar los riesgos de anomia

que, como lo había advertido Durkheim, están inscritos

en el desarrollo de las sociedades industriales.” (Castel,

1997: 399)

iii) Pero la articulación liberal-conservadora es clásica y, lo más

interesante de los Estados de Bienestar es la incorporación de la perspectiva

social o de ampliación de la ciudadanía. Y el rojo, no sólo está incorporado

por el hecho de que la planificación central es calcada de los planes

quinquenales soviéticos94, sino también porque el proletariado tendrá la

convicción, para nada equivocada, de que la incorporación del trabajo al

consumo de masas es una conquista de la lucha histórica del proletariado

organizado95.94 “Pues lo que ellos intentaban comprender no era el fenómeno de la URSS en sí, sino el colapso de su propio sistema económico, la profundidad del fracaso del capitalismo occidental. ¿Cuál era el secreto del sistema soviético? ¿Se podía aprender algo con él?. Copiando los planes quinquenales de la URSS, `Plan´ y `Planeamiento´ se tornaron palabras de moda en la política.” (Hobsbawm, 1995: 101)95 “La importancia de esta propiedad colectiva, que no se confunde con el colectivismo, es confirmada por el hecho de que las orientaciones moderadas del partido obrero, los `posibilistas´, también la tomaban como base de las transformaciones sociales que había

87

Las tres gloriosas décadas fueron el corto período en que el

capitalismo tuvo su cara más humana y, si bien, la economía planificada fue

una receta que se expandió por todo el mundo, lo cierto es que sólo gozaron

de “bienestar” apenas un puñado de países que lograron procesos de

integración social exitosos mediante la asociación de trabajo con dignidad y

también asegurando la libertad de mercado96.

Si bien, como quiere Hegel, el topo de la historia va tejiendo su

argumento por debajo, hoy en día no parece, al menos en el horizonte más

inmediato, visualizarse posibilidades de que el capitalismo pueda configurar

aquel apacible rostro maquillado de humanismo.

III. 2. La “Cuestión Social” en la era de la reestructuración

productiva

En los años 70 se desencadenó una brutal crisis de carácter

planetario marcando que las tres gloriosas décadas del Welfare State

llegaban a su fin y, con ellas se acababa la “edad de oro” y daba inicio la

“era del derrumbamiento” (Hobsbawm, 1995).

Tal período aparece signado por la ruptura de los equilibrios

habilitados por la “guerra fría” en plena etapa de posguerra. Junto con el

final de la “guerra fría” se registra la implosión de los estados comunistas en

Europa y las primeras señales de “crisis” de los Estados de Bienestar a partir

de la puesta en cuestión de los mecanismos que caracterizaron la economía

que introducir en la lucha contra la hegemonía de la burguesía. Ellos veían en los servicios públicos, esqueleto del Estado, la concreción del trabajo humano indebidamente confiscado por la clase capitalista. El advenimiento del socialismo en su versión posibilista podría apuntalarse con la reapropiación, bajo la forma de servicio público, de la utilidad social del trabajo humano.” (Castel, 1997: 310)96 La particularidad del caso uruguayo, que configuró un Estado Social tempranamente generando incluso “indicadores de crecimiento, de fecundidad y de mortalidad, así como la estructura por edades, [que] se acercan a los valores observados en los países industriales. (Calvo y Pellegrino, 2005: 251) se desarrollarán en el capitulo IV.

88

mixta y de la mano de la nueva aparición en escena del pensamiento

neoliberal97.

El proceso de “globalización” se acompaña del debilitamiento de los

Estado – Nación registrándose una nueva división internacional del trabajo

de la mano de los avances en el terreno de la tecnología y la informática. La

llamada revolución informacional (Lojkine, 1995) trae, como uno de sus

principales resultados, la fragilización de todos los sistemas de regulación

del Estado sobre el mercado, vale decir sobre la relación capital trabajo. Se

sustituye “trabajo vivo” por “trabajo muerto” a partir de la introducción de

la robótica y la computación (Antunes, 1995).

La resolución de la crisis de los 70 supuso una ofensiva del capital

sobre el trabajo. Se procesa una transformación sustantiva en las formas de

producción como forma de buscar una salida a la crisis y recuperar la tasa

de lucro98. La crisis del patrón de acumulación taylorista/fordista obligó a

una reestructura que le garantizara al capital tanto su reproducción como la

continuidad de su predominio hegemónico. El “toyotismo” fue la respuesta

adoptada, siendo entendido “como una forma de organización del trabajo

que nace a partir de la fábrica Toyota (...) y que se viene expandiendo por

Occidente capitalista, tanto en los países avanzados cuanto en aquellos que

se encuentran subordinados” (Antunes, 2000).

Los avances tecnológicos e informáticos son incorporados en los

mecanismos de gestión de la fuerza de trabajo y en el propio proceso

productivo, no significando una ruptura total con las formas de organización

de la producción y el trabajo típicas del fordismo.

97 “Como consecuencia del fin del denominado `bloque socialista´, los países capitalistas centrales vienen rebajando brutalmente los derechos y las conquistas sociales de los trabajadores, dada la `inexistencia´, según el capital, del peligro socialista hoy” (Antunes, 2000).98 “Particularmente en los últimos años, como respuestas del capital a la crisis de los años 70, se intensifican las transformaciones en el propio proceso productivo, a través del avance tecnológico, la constitución de formas de acumulación flexibles y de modelos alternativos al binomio taylorismo/fordismo, donde se destaca, para el capital, especialmente, el toyotismo” (Antunes, 2000)

89

Como resultado de esta nueva forma de organizar el trabajo y la

producción, se asiste a una mayor fragmentación de la clase trabajadora, la

que se vuelve más heterogénea y compleja99. Estos procesos tienen su

manifestación también en América Latina con una expresión ampliada en el

caso uruguayo100. Al respecto, Pucci (2003, 264) señala que:

“La modernización tecnológica afectó a los países

latinoamericanos, aunque en forma diferenciada

según países y regiones, y sin alcanzar la envergadura

de las transformaciones ocurridas en los países

centrales. Su lugar privilegiado ha sido la gran

industria de los sectores vinculados a la exportación y

su motivación básica el aumento de la calidad de los

productos para obtener padrones de competitividad

internacional en el mercado externo.”

Este conjunto de transformaciones altera la asociación entre trabajo

y protección social. Europa y Estados Unidos eran sociedades de pleno

empleo que habían desarrollado un sistema de protección social basado dos

principios: el seguro social para quien se encontraba inserto en el mercado

de trabajo, y la asistencia para aquellos que no se encontraban en

condiciones de integrarse al mismo (niños, ancianos y personas con

incapacidades físicas o mentales que les impedían trabajar) (Castel, 1996).99 En su tesis de maestría Gerardo Sarachu (1998) muestra el fuerte impacto negativo, - reducción de la cantidad de afiliados, dificultades de estructurar una estrategia adecuada etc. - que tuvieron las transformaciones en el mundo del trabajo en el movimiento sindical uruguayo incapacitándolo para responder a la ofensiva del capital sobre el trabajo.100 “Un aspecto que resulta importante para explicar el doble carácter de la sociedad uruguaya es el siguiente: Uruguay, si bien es un país débilmente desarrollado en lo económico, es y ha sido un país moderno en lo social y político. Esta modernidad sin desarrollo hace que la sociedad asimile rápidamente las transformaciones que se dan en las sociedades desarrolladas, pero que encuentre dificultades para implementar estos cambios. En este sentido, la sociedad uruguaya se diferencia de otras sociedades latinoamericanas, que no alcanzan los mismos niveles de modernidad en lo social, o solo lo hacen en forma parcial en los grandes centros metropolitanos. También se diferencia de las sociedades europeas, en la medida en que las mismas disponen de recursos económicos y tecnológicos que les permiten afrontar de otra manera las transformaciones producidas en la modernidad.” (Pucci, 2003: 265)

90

Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la

introducción de la robótica y la computación dejan enormes contingentes de

población que pueden trabajar sin trabajo siendo invalidados por la

coyuntura (Castel, 1996).

En Francia se empieza a hablar de vulnerables y excluidos. Mientras

la población vulnerable logra integrarse al mundo del trabajo pero en forma

inestable y siempre amenazada por la posibilidad de ser excluidos, la

población excluida está conformada por aquellos que son expulsados del

mundo del trabajo y, por lo tanto, no acceden a los sistemas de protección

social. No acceden a la asistencia porque pueden trabajar y no acceden a los

seguros sociales porque no tienen trabajo (Castel, 1996).

En el análisis de este cuadro de alteraciones cabe recordar, tal como

plantea Netto que, las dinámicas constitutivas del capitalismo continúan

operando:

“Nada más ajeno a mi argumentación que pretender

insinuar que el mundo no cambió desde 1845 (...)

Conquistas civilizatorias fueron hechas; los

trabajadores, mediante arduas luchas, forzaron el

reconocimiento de derechos políticos y sociales; el

Estado burgués fue obligado a asumir, sin perjuicio de

su carácter de clase, funciones cohesivas y

legitimadoras. Aquello que no cambió, todavía, y

responde por la permanencia de la pobreza y la

desigualdad, es la dinámica económica elemental de

nuestra sociedad, asentada en la acumulación – por

esto mismo, sus efectos, los efectos de su ley general,

continúan operantes (…).” (Netto, 2006)

91

Pero la ofensiva del capital mencionada ha impactado fuertemente

sobre estas conquistas civilizatorias. Las luchas históricas del trabajo han

tenido como objeto la politización del mercado (Coutinho, 2000: 49 y sig.)

y la ofensiva desplegada apunta, precisamente, a despolitizarlo,

naturalizando la regulación mercantil y, por tanto, recuperando la

fetichización de la mercancía en toda su dimensión (Marx, 2002) que, tal

como en el capitalismo competitivo, retorna en esta fase del capitalismo

monopolista.

La economía política del capital despolitiza la cuestión social y

como consecuencia la naturaliza. Las causas de la “cuestión social” se

individualizan: el responsable de la exclusión es el propio agonista que no

supo manejarse en el mercado y su miseria es presentada como el resultado

de su incapacidad. A su vez, esta incapacidad justifica la infantilización de

los “desafiliados” (Castel, 1997): mientras se liberaliza la sociedad se

aceptan las tutelas que operan sobre estas poblaciones que deben ser

reeducadas y moralizadas. En este nuevo contexto, es ciudadano -tal como

en el capitalismo clásico- aquel que accede al trabajo abstracto, tanto sea en

la producción o en el consumo.

En América Latina, el desarrollo de Estados Sociales tuvo límites

muy precisos: junto con los procesos de ampliación de la ciudadanía de

sectores integrados al mundo del trabajo, convivían grandes sectores

poblacionales que no lograban integrarse a los sistemas de protección

asociados al trabajo. Han constituido el fenómeno de la marginalidad

aquellos sectores de población que no lograban participar de los beneficios

del desarrollo (Germani, 1980); sectores que, en tanto no lograban

participar del mundo del trabajo, no operaban como “ejército industrial de

reserva” constituyendo más bien una “sobrepoblación relativa” (Nun, 2001).

La crisis de los Estados Sociales en América Latina es atribuida, en

gran parte, a la incapacidad de incorporar a estos sectores. Se argumenta

92

que la gran deuda de los Estados Sociales ha sido su incapacidad para abatir

la pobreza. Como respuesta se proponen nuevas políticas sociales que

tendencialmente aumentan la desprotección de los sectores integrados,

argumentando en la necesidad de focalizar los sistemas de protección social

en los sectores “marginados”.

“Los países latinoamericanos tienen una larga

experiencia en materia de políticas redistributivas,

aunque no tan exitosa como hubiesen querido. Se ha

aprendido recientemente a hacerlas compatibles con

la preservación de los equilibrios globales. Sin

embargo, frente a la magnitud de los problemas

sociales que enfrenta la región, deben buscarse

nuevas formas para atacar la pobreza. Entre ellas se

cuentan el prestar una mayor atención al papel del

sector informal en la economía (...) La formulación de

políticas de atención a estas necesidades, focalizadas

hacia grupos específicos, ha demostrado muchas

veces ser más exitosa que los programas

globales.” (Iglesias, 1993: 95, énfasis nuestro)

A partir de la crisis del modelo de industrialización por sustitución

de importaciones, los esfuerzos de los Estados Sociales son reorientados:

los procesos de ampliación de la ciudadanía con enclave en el mundo del

trabajo retroceden apuntando a generar sistemas residuales de integración

social de los sectores “marginados”.

En este contexto se consolida la ofensiva del pensamiento neoliberal,

que no es más que una construcción ideológica que justifica las

transformaciones que se procesan de hecho y, como el búho de Minerva, solo

alzará el vuelo al anochecer.

93

Como fuera adelantado, Friedrich von Hayek, es uno -sino el único- de

los lúcidos defensores del neoliberalismo y puede ser acusado de todo menos

de oportunista101. En el comienzo de sus trabajos, alrededor de 1945, Hayek y

sus seguidores centraban su crítica al modelo de Estado de Bienestar

cuestionando fundamentalmente al Partido Laborista inglés, que ese año

ganaría las elecciones. Sus argumentos apuntaban centralmente a cuestionar la

intervención del Estado en la economía, planteando que las pretensiones de

solidaridad e igualdad partían de buenas intenciones pero no hacían más que

limitar la libertad de los individuos e interferir con la libre competencia.

Según esta perspectiva, la libre competencia es el principal motor del

desarrollo social. Por ende, la consecuencia de limitarla no podía ser otra que

la de generar una población servil y pasiva (Anderson, 1995: 9 y sig.).

Todo intento por parte del Estado para regular o intervenir de cualquier

manera sobre el mercado será catastrófico. Incluso si fuera posible que la

ciudadanía consiguiera expresar en forma estable y coherente su deseo y el

Estado actuara solamente en función de dicho deseo, de todos modos el

resultado será contrario al bienestar común (Przeworsky, 1995: 26).

La idea fuerza es que el mercado, a pesar de ser una construcción

humana, se constituye como una entidad que escapa a la voluntad humana

(Hayek, 2006). De alguna forma, se podría pensar en el concepto hegeliano de

astucia de la razón o, más claramente, la idea de la mano invisible de Adam

Smith: el mercado funciona con reglas propias que escapan al arbitrio

humano102.

101 "Por más difícil que sea recordar en la era de la teología del neoliberalismo económico, entre el inicio de la década de 1940 y la de 1970 los más prestigiosos y hasta entonces influyentes defensores de la completa libertad de mercado, veíanse y a sus semejantes como profetas en el desierto, advirtiendo en vano a un capitalismo occidental que no les prestaba atención de que estaban recorriendo el `Camino de la servidumbre' (Hayek, 1944)". (Hobsbawm, 1994: 176) 102 “Y considera superior la competencia no sólo porque en la mayor parte de las circunstancias es el método más eficiente conocido, sino, más aún, porque es el único método que permite a nuestras actividades ajustarse a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los principales argumentos en favor de la competencia estriba en que ésta evita la necesidad de un `control

94

Si la perspectiva neoliberal fuera tan solo ideológica no habría

alcanzado el carácter hegemónico a nivel planetario que ha logrado: "(...) el

neoliberalismo es una superestructura ideológica y política que acompaña

una transformación histórica del capitalismo moderno" (Therborn,

1995: 39; énfasis nuestro).

Por un lado, el discurso neoliberal debe necesariamente tener

elementos de “verdad” y, por otro, es preciso visualizar la particular coyuntura

que permitió al neoliberalismo tornarse hegemónico. Parecen innegables las

dificultades a las que se han enfrentado todos los sistemas que han intentado

prescindir de alguna forma del mercado e incluso los sistemas que han

intentado modelos mixtos (ver Blackburn, 1993: 121 y sig.).

Es evidente que el fracaso del llamado "socialismo real" no fue una

situación aislada que apenas alcanzó a aquel sistema. De algún modo, como

dice Hobsbawm, el modelo socialdemócrata está inspirado en el modelo de

planificación central utilizado en la Unión Soviética que salvó a

"(...) su antagonista tanto en la guerra como en la

paz, proporcionándole el incentivo -miedo - para

reformarse después de la Segunda Guerra Mundial y

al establecer la popularidad del planeamiento

económico, ofreciéndole algunos procedimientos para

su reforma" (Hobsbawm, 1995: 17 ver también 408 y

sig.)

La desaparición del "miedo" a la amenaza comunista es sin duda

una determinación fundamental para entender la arremetida feroz de la

libertad de mercado, de empresa y del comercio global "que sirve a la

social explícito´ y da a los individuos una oportunidad para decidir si las perspectivas de una ocupación particular son suficientes para compensar las desventajas y los riesgos que lleva consigo.” (Hayek, 2006: 67)

95

economía americana de fines del siglo XX tan bien como sirvió a la

británica de mediados del siglo XIX." (Hobsbawm, 1995: 556)

La caída del modelo soviético, a pesar de los románticos discursos que

ven sus causas en la falta de libertad, se debió a su total ineficiencia

económica, al tiempo que la política económica keynesiana no tuvo mejor

suerte.

"Esta entretanto encuéntrase hoy día desacreditada en

gran forma. Dos fenómenos que caracterizaran buena

parte del mundo capitalista desarrollado desde el

inicio de la década de 1970, la elevación gradual de la

tasa de inflación y el declinio graduativo de la tasa de

crecimiento, reveláronse notablemente inmunes a las

tradicionales intervenciones recomendadas por la

teoría Keynesiana." (Przeworski, 1995a: 242)

Es preciso también tomar en cuenta la particular coyuntura que,

sumada a la caída del "socialismo real", coadyuvó para permitir al

neoliberalismo tornarse hegemónico. Nos referimos concretamente a las

transformaciones macroeconómicas suscitadas en el mundo, al surgimiento de

un nuevo tipo de mercado financiero mundial o, en otros términos, a la

globalización de la economía mundial, que tuvo como consecuencia que:

"Los Estados nacionales llegaron a ser mucho

menores que este nuevo mercado financiero mundial,

al mismo tiempo pasaron a depender de la confianza

de estos mercados para implementar gran parte de las

políticas estatales. Nos encontramos también delante

de una situación inversa a la de los años 30 y 40:

estos mercados pueden generar mucho más capital

que el propio Estado.” (Therborn, 1995: 45)

96

Parece obvio decir que la intervención del Estado en el mercado

implica en primer lugar que este lo pueda hacer: ya sea para aplicar políticas

proteccionistas o que apunten a generar una distribución más equitativa de la

renta o cualquier otro tipo de intervención que se crea pertinente. El Estado

necesita poder económico que le permita desarrollar ciertas acciones y ocurre

que:

"(...) por primera vez en la historia la Era de Oro

creara una economía mundial única, cada vez más

integrada y universal, operando en gran medida por

sobre las fronteras del Estado (`transnacionalmente')

y, por lo tanto, también, cada vez más, por sobre las

barreras de la ideología del Estado. En consecuencia,

las ideas consagradas de las Instituciones de todos los

regímenes y sistemas quedaron

solapadas." (Hobsbawm, 1995: 19)

Es así que,

"La lógica comercial obligaría a una empresa

internacional de petróleo a adoptar, en relación a su

país de origen, una estrategia y política exactamente

igual a la que tenían con Arabia Saudita o Venezuela, o

sea, en términos de lucros y pérdidas de un lado, y del

relativo poder de la empresa y del gobierno del

otro." (Hobsbawm, 1995: 274)

A esto se suma el surgimiento de nuevas tecnologías que permiten a

los capitales una flexibilidad y movilidad que le otorgan una aún mayor

independencia de los Estados Nación.

97

Como consecuencia se genera que los que se tornan dependientes

ahora son los Estados de los capitales; se asiste a una competencia brutal entre

los Estados para atraer capitales y mantener los existentes, a los que no podrán

colocar ningún tipo de traba puesto que, justamente, la competencia se basa en

quien permite mayor libertad de acción al capital.

En este contexto se agrega que, en la llamada sociedad pos-industrial,

el capital ya no asume la forma de grandes fábricas que de algún modo lo

arraigan. De este modo, ningún Estado está seguro de poder mantener los

capitales que operan en su medio.

Uno de los rasgos destacables del discurso neoliberal es la

demonización del Estado, siendo la ineficiencia, la burocratización y la

corrupción tres características que se le atribuyen (ver Offe, 1990: 292). De

alguna forma, la realidad se encarga de darles la razón. Hemos perdido

absolutamente la capacidad de asombro ante las denuncias de corrupción -en

muchos casos con la descarada aceptación de los implicados- en los gobiernos

de todo el planeta (ver Hobsbawm, 1995: 557).

Ocurre que el neoliberalismo realiza una exaltación sin precedentes de

la racionalidad instrumental e individualista, no dejando lugar para ningún tipo

de valor alternativo. Es evidente que la exaltación del individualismo es una

característica que no puede ser planteada como novedosa en el marco del

capitalismo, pero nunca en los niveles absolutos en que está planteado

actualmente. El capitalismo siempre necesitó limitar de algún modo el

individualismo sazonándolo con otros valores: el valor trabajo, la honestidad,

etc. Basta recordar a Weber y la importancia que le dio a la ética protestante

en el desarrollo del capitalismo (ver Hobsbawm, 1995: 25).

En síntesis, a lo largo del presente capítulo se recorrió brevemente el

desarrollo del capitalismo monopolista destacando tres momentos

significativos: su génesis y consolidación en la denominada “era de los

98

imperios” (Hobsbawm, 1988), el desarrollo de los Estados de Bienestar en la

“era de oro” (Hobsbawm, 1995: 223) que, como fuera dicho, permitió una

perfecta articulación de las tres perspectivas de cuestión social, hasta llegar a

su crisis y a la emergencia de la perspectiva neoliberal de cuestión social en la

época del “desmoronamiento” (Hobsbawm, 1995: 393).

En el próximo capítulo se analizan las formas en que se expresan estos

tres momentos del desarrollo del capitalismo en su fase monopólica en la

particular formación social del Uruguay.

99

IV. FORMACIÓN SOCIAL DEL URUGUAY Y Cuestión Social

El estudio de la formación social del Uruguay permite una

periodización más o menos consensuada en los ambientes académicos

marcado por los siguientes procesos sociohistóricos:

i) La consolidación del Estado uruguayo a fines del siglo XIX e inicios

del XX.

ii) Un largo proceso de formación de un Estado Social, de

características inéditas en el tercer mundo a inicios del siglo XX.

iii) En 1958 comienza la crisis del modelo de desarrollo por sustitución

de importaciones (Panizza, 1990) que había dado sustento al Estado

Social uruguayo, determinada por el fin de la Segunda Guerra

Mundial y, posteriormente, el fin de la Guerra de Corea. La

reagregación del bloque dominante genera un equilibrio catastrófico

que se resuelve con la clásica coerción pura (Coutinho, 1992: 122):

primero con el pachequismo y posteriormente con la dictadura

militar.

iv) El proceso de “restauración democrática” iniciado en la mitad de la

década del 80.

v) La crisis que en 2002 envía a miles de uruguayos a la exclusión

social amenaza con marcar el fin de una reagregación del bloque en

el poder y se constituye en un punto de inflexión en esta

periodización.

Los procesos sociohistóricos presentados suponen una cierta

concepción hegemónica de cuestión social que les es característica y que

configurará un proyecto de intervención propio en cada período señalado.

100

IV. 1. Consolidación del Estado Uruguayo.

La consolidación del Estado uruguayo como un Estado moderno se

procesa a fines del siglo XIX e inicios del XX. En este período el Estado se

consolida tanto en su acepción marxista -un Estado que sustituye todas las

formas de coerción y coacción por la pura coerción económica103 - como en

la weberiana (Weber, 1986, 112) -donde el Estado se define a partir del

ejercicio exclusivo de la violencia legítima en el territorio nacional.

Este proceso supone la búsqueda de resolución del viejo conflicto

entre la ciudad y el campo presentado como el conflicto entre “civilización

y barbarie” (Barrán, 1994). La imposición autoritaria fue el camino por el

cual se comenzó a transitar hacia la civilización.

“El `militarismo´ (1875-1890) consolidó la propiedad

privada de la tierra y con esto `liberó´ la fuerza de

trabajo de la sujeción a la tierra, quedando disponible

para ingresar en la relación salarial.” (Acosta, 2006:

34)

La consolidación del Estado moderno fue comandada por una

burguesía urbana que, en buena medida, tenía sus negocios en el campo y

visualizaba la pacificación de la campaña como vital para alcanzar el

óptimo de rentabilidad en sus negocios.

Ello suponía varias tareas simultáneas: (i) la pacificación de la

campaña, que imponía como necesidad la sustitución de la dominación

carismática del caudillo por la dominación legal racional (Weber, 1997),

103 “Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarnada, directa y brutal.” (Marx y Engels, 1986: 113)

101

eliminando, de esta forma, las periódicas guerras civiles104, (ii) la

racionalización de la producción agraria, (iii) el garantizar la propiedad

privada de la tierras y ganados,105 (iv) la consolidación de la unidad de la

nación106 que exigía, necesariamente, extender una sensibilidad que

incluyera la idea de nación (Barrán y Nahum, 1978).

Se destacan, junto con la racionalización de la producción

agropecuaria, con el alambramiento de los campos y la introducción del

merino (“cuando la campaña se tiñó de blanco”), los procesos civilizatorios

que tuvieron como eje la construcción de una conciencia nacional: el papel

central de este proceso lo tuvo la universalización de la Escuela pública con

la reforma vareliana107 (Faraone, S/D)

Tiene un papel relevante la construcción mítica del “padre de la

patria”, José Gervasio Artigas (cf. Vázquez Franco, S/D), como una figura 104 Como señala Mena Segarra citando a Acevedo Díaz, del papel del caudillo se desprende una dualidad de poder que ponía en cuestión la unidad del Estado Nación, en tanto el caudillo era el lider político que comandaba los levantamientos armados contra el gobierno de turno “El caudillo en la guerra los civiles en la paz” (S/D: 133). Puede leerse en el mismo texto: “Según un documento impreso distribuido en 1904 y redactado posiblemente por Javier de Viana: `La revolución se considera el gobierno, ocupa su puesto y tiene todas las facultades de un gobierno constituido [...] Para nosotros el gobierno colorado no existe, el gobierno del país somos nosotros. Cobramos las contribuciones legales [...] para emplearlas en el servicio de la noble causa que defendemos. Con el dinero que recolectamos, le hacemos al país el más hermoso de los regalos: la libertad´.” (118)105 “A ello también contribuyó `la revolución del alambrado´. El cercamiento de los campos fue parte esencial de la conversión de la estancia en empresa, o sea, de su modernización. Si el primer paso en el camino había sido la introducción del ovino, el segundo fue el alambrado, que trajo consigo la afirmación de la propiedad privada. (Nahum, 1999: 58. Énfasis del autor)106 “Los principistas – escribe Pivel Devoto – creían, pues, en la posibilidad de una nueva prédica política. Se equivocaban. Latorre no había de permitir ningún movimiento de opinión pública. No quería ni un partido, ni un programa. Quería la consolidación del orden, de la autoridad, de la situación que había creado. Latorre fue formando ese núcleo con hombres de todos los grupos. [...] agrupación accidental, sin nombre definido, ni programa estructurado, tenía en su seno a los hombres prácticos que buscaban la solución de los grandes problemas vinculados al progreso material del país” (Castellanos, S/D: 126) 107 “En el plano cultural, la obra mayor la realizó José Pedro Varela al impulsar la reforma escolar (1877). Tres tipos de influencias coincidieron en respaldarla: el realismo político del régimen militar; el deseo de tecnificar la explotación rural pecuaria impulsada por el sector moderno de la clase rural, representada en la Asociación Rural; y el positivismo filosófico que empezaba a predominar en la élite intelectual urbana. Varela innovó con un sistema educativo que iba desde los métodos de enseñanza hasta la formación de maestros. Con visión de futuro, lo consideró el instrumento para eliminar la ignorancia y el primitivismo rural, y fundar una vida democrática que impidiera la emergencia de otros gobiernos militares.” (Nahum, 1999: 57. Énfasis del autor)

102

que es colocada por encima de los Partidos Blanco y Colorado

contribuyendo así a la constitución de la identidad nacional.

“También hubo una política deliberada del Estado de

afirmación de la conciencia nacional, uruguaya. Se

estimuló la obra de poetas (Juan Zorrilla de San

Martín), pintores (Juan Manuel Blanes) e

historiadores (Francisco Bauzá) para exaltar el

sentimiento nacionalista y comenzar la defensa de

Artigas como precursor de la independencia uruguaya

y figura que se hallaba por encima de las divisiones

partidarias.” (Nahum, 1999: 62. Énfasis del autor)

Todo este proceso, que coincide con la emergencia del capitalismo

de los monopolios en las economías centrales y que, sin duda, contribuyó a

modelarlo, se caracterizó por la incorporación de valores conservadores que

hicieron un fuerte hincapié en la integración social en el marco del Estado

Nación.

“Escuela, Iglesia y Policía fomentaron, en realidad, y

para poner límites a sus influencias, lo que las

transformaciones económicas imponían si se quería

seguir viviendo dentro de la comunidad y no como

marginados: la eficacia, el trabajo, el estudio, la

seriedad de la vida, en felices palabras de un

historiador ruso.” (Barrán, 1994: 19)

La consolidación del Estado uruguayo es el resultado de un largo

proceso de superación de lo que Barrán (1993) denomina como “La cultura

`bárbara´”. En este período, las crecientes exigencias de modernización de

los procesos de producción por parte de una burguesía incipiente ya nacen

con fuerte tonalidad blanca. El conflicto entre la ciudad y el campo,

103

constitutivo de la sociedad burguesa, se presenta en el Uruguay

configurando una “cuestión social” de contornos particulares.

No se trata simplemente de un campesinado expropiado de la tierra

que debía adaptarse a un nuevo modo de producción, habituado al trabajo y

a las penurias de una vida en el límite donde la “precariedad de la existencia

era parte de la condición de todos” (Castel, 1997: 39). Se trata de una

población inequívocamente denominada como bárbara que exigía

particulares esfuerzos tendientes a su incorporación al nuevo modelo. El

gaucho era visto, probablemente con razón, como un personaje peligroso:

“el gaucho no es un asesino en potencia, sino en esencia.” (Burton Apud

Morás, 2000: 7)

En este contexto, la cuestión social se constituyó con la tarea,

estrictamente conservadora, de procesar el disciplinamiento de las

poblaciones acostumbradas al goce y al disfrute sin límites:

“Digámoslo desde otro ángulo, desde el positivo: el

cuerpo se gozaba placenteramente porque la ropa

permitía los movimientos: las reglas de urbanidad

eran escasas y elementales (exigían el saludo

protocolar pero permitían desperezarse y aún orinar

en público, por ejemplo); las convenciones, en una

sociedad sin tradiciones y poco jerarquizada, eran

débiles; el trabajo variado, se realizaba

mayoritariamente a cielo abierto y exigía destreza

precisamente física (...).” (Barrán, 1993: 100)

En una suerte de inversión de los términos, la consolidación de un

Estado liberal burgués precisa, antes que nada, la construcción de los

cuerpos disciplinados pasibles de ser “sujetos” de explotación.

104

“Todos los indicios coinciden: el mundo del dinero y

el trabajo se presentó como incompatible con el

mundo de la risa y el juego. La sensibilidad había

reorientado sus aceptaciones y sus rechazos, sus

amores y sus repugnancias, de acuerdo a un nuevo

esquema que, en parte, ella misma había

consolidado.” (Barrán, 1995: 239)

Retomando nuestra metáfora cromática, la imposición del azul de la

libertad burguesa solo puede alcanzarse una vez superada la libertad de los

cuerpos gozosos de la barbarie. En este contexto que combina, en forma

clásica, el blanco de la legalidad y el azul de la libertad de mercado, el único

rojo que ondea no es el del gorro frigio108 sino el rojo de la sangre de las

faenas y las guerras civiles, el rojo de la “`tierra purpúrea´ (...) colorida

referencia al resultado cromático de mezclar tierra con sangre” (Morás,

2000, refiriéndose al conocido libro de W. Hudson).

IV. 2. El batllismo y la conjura de la Cuestión Social

El primer gobierno de Batlle (1903-1907) se inicia dando por

culminada la consolidación del Estado Nación con la derrota y muerte de

Aparicio Saravia109 a manos del ejército profesional gubernamental,

organizado racionalmente.

108 De cualquier forma los procesos de disciplinamiento nunca son univocos, la contradicción siempre está presente. Como señala Morás: “La instrucción podía representar un factor contribuyente a la domesticación de impulsos (...) Podía tanto disciplinarlos para la producción industrial (...) como sugerirles ideas de derechos y garantías como las, todavía por ese entonces, revolucionarias de `igualdad, libertad y fraternidad´” (2000: 107)109 “En el caso uruguayo, el desarrollo de la situación de equilibrio catastrófico, en que se debatió la formación social uruguaya, durante la mayor parte del siglo XIX, culmina, en el año 1904, con la derrota del último levantamiento armado y la muerte de su líder, el caudillo Aparicio Saravia, en la manos del ejército bajo un gobierno civil, afincándose la política de cooparticipación entre los dos partidos tradicionales. El jefe de este gobierno civil, José Batlle y Ordoñez, marca toda una época en la historia uruguaya, dando lugar al `batllismo´(1903-1931) que según algunos autores constituye una forma de `populismo´, es decir, un cesarismo `progresivo´ que, diríamos en la perspectiva gramsciana, promueve cambios moleculares (cuantitativos).” (Acosta, 2006: 34)

105

“Disponiendo de los recursos financieros del Estado,

reclutó hombres (un ejército de 30.000 personas),

compró armas modernas (cañones Krupp,

ametralladoras Maxim), empleó el telégrafo y el

ferrocarril para enviar órdenes y tropas donde fuera

necesario, y puso la técnica moderna y la capacidad

administrativa del Estado al servicio de la

legalidad.”(Barrán y Nahum, 1978: 81)

La derrota de Saravia por parte de José Batlle y Ordoñez tiene varios

significados. Por un lado, la derrota del último caudillo permitía avanzar en

la consolidación definitiva del Estado Nación en el sentido del monopolio

del ejercicio legítimo de la fuerza en el territorio nacional. Como fuera

dicho, el caudillismo representaba una suerte de dualidad de poderes en el

Estado Nación pero supuso, también, la derrota y, por tanto, la supremacía

de la ciudad sobre el campo. En tal sentido, el cesarismo progresista

mencionado por Acosta (2006: 34) es resultado de la superación definitiva

de este equilibrio catastrófico entre la ciudad y el campo, los caudillos y los

doctores.

Probablemente esto haya sido causa de la emergencia de un

liderazgo que permitió a Batlle sentar la bases sobre la que se construyó el

Estado Social que es, sin duda, lo que le da identidad y constituye la fuerza

mítica del batllismo para toda la sociedad uruguaya, es decir, la

incorporación de las demandas obreras que tempranamente se desarrollaron

en el país (Cf. Vanger, 2009).

De algún modo, ya sea como “concesiones arrancadas a los poderes

dominantes (...)” o por “razones de carácter moral, por mandato ético para

con los `humildes´” (Caetano y Rilla, 1994: 116), el proceso de

incorporación a la cuestión social hegemónica de la perspectiva social

106

comienza a procesarse en este período, y modelarán el Estado Social

uruguayo hasta su crisis. (Filgueira y Filgueira, 1995)

“Negando que la violencia de las luchas sociales que

había visto en la vieja Europa tuviera que

reproducirse en el joven Uruguay, creyó que había

que anticiparse a su estallido mediante la intervención

del Estado, árbitro y componedor de las disputas

sociales. Pero un Estado como juez inclinado hacia

los más débiles: el obrero (jornada de 8 horas); el

anciano (pensiones a la vejez); el niño (educación

extendida); el enfermo (asistencia pública gratuita y

laica); la mujer (divorcio por su sola voluntad). En

suma, hacia `los oprimidos del taller o del

hogar¨” (Nahum, 1999: 85)

El modelo de país que permitió la construcción de un Estado Social

y su desarrollo hasta fines de los años cincuenta, donde se inicia su crisis,

fue diseñado en sus trazos fundamentales por el batllismo, que hacía

profesión de fe en que la industrialización era la única garantía para colocar

al país en la carrera del progreso110.

Esta “profesión de fe” incluía, por lo menos, un presupuesto

fundamental: la convicción de que la ciudad era el espacio privilegiado para

la construcción de la sociedad, lo que equivale a considerar a la ciudad

como el espacio de la libertad111 (cf. Caetano y Rilla, 1999; Nahum, 1984).

110 “Para Batlle y Ordóñez la industria era fundamental en la tarea de disminuir la dependencia del comercio exterior del país, mitigando los lazos que ataban al Uruguay principalmente a Gran Bretaña. Pero también cumplía una función de estabilidad social, creando las fuentes de ocupación e ingresos para los habitantes del país, que emigraban del medio rural como consecuencia de los avances en la modernización.” (Jacob, 1981: 80)111 “Así como Aparicio es por excelencia el hombre de campo (...) Don Pepe es el hombre de la ciudad, específicamente de la ciudad puerto. La campaña le desagradaba y nunca sintió gusto por ella (...).” (Mena Segarra, S/D: 152)

107

Esta convicción, como era de esperar, encontró una fuerte oposición,

por un lado, de la confesión católica que, a diferencia de la protestante muy

escasa en el Uruguay, se caracteriza por una fuerte tradición de pensamiento

conservador que valora fuertemente la “comunidad” por sobre la

“sociedad”112

“Los católicos hacen limosna a los que son católicos,

a los de su grey, a los que se arrodillan ante sus

ídolos. Para ellos, el que no es católico no merece

protección. Para nosotros, en cambio, la protección

social debe alcanzar a todos los que la requieren o

necesitan (...) Por eso propiciamos la ley de ocho

horas y las pensiones a la vejez, no con palabras, sino

con leyes sociales eficaces y prácticas. Y por eso

mismo, los católicos se oponen a estas leyes

humanitarias y justicieras.” (José Batlle y Ordóñez

apud Vanger, 2009: 96)

Y por el otro, el de los fuertes intereses oligárquicos que fueron

claramente afectados por los mecanismos de protección a la industria, que

en todo el proceso fueron subvencionados por los excedentes surgidos de las

exportaciones agro-ganaderas (cf. Nahum, 1994).

“Asimismo, los hacendados, no demandaban de fuerza

de trabajo calificada en abundancia; aún más, en su

mayoría fueron opositores firmes (a partir de la

fundación de la Asociación Rural del Uruguay)

respecto a empresas de solidaridad social

desmesuradas. Máxime cuando eran ellos quienes -en

buena medida- pagarían sus costos

financieros.” (Morás, 2000: 11)

112 En el sentido en que Weber define comunidad y sociedad (Weber, 1997: 289 y sig.)

108

El proceso de industrialización se produce, entonces, de forma

artificial, en el sentido de que no existía una clase burguesa con la fuerza

para comandar este proceso. De ahí la necesidad de constituir un Estado

fuerte, de tipo bismarkiano, con la finalidad y misión de comandar dicho

proceso.

Para desarrollar tal misión, el Estado debía neutralizar el potencial

revolucionario de la clase trabajadora113 que comenzaba a organizarse

comandada por la inmigración114 - fundamentalmente anarquista- generando

lo que puede llamarse un mecanismo anticipatorio de concesiones115 (cf.

Acosta, 2006: 31).

De acuerdo con Filgueira (1995), el proceso de consolidación de los

derechos sociales se basó en cuatro pilares que modelaron todo el desarrollo

del Estado social:

i) Creación de la Asistencia Pública en 1919, cuya finalidad ha sido

la administración de las instalaciones de beneficencia existentes

(instituciones hospitalarias, vinculadas a la salud pero también al alivio y

control de enfermedades infecto contagiosas, la locura y la indigencia). La

113 “Las políticas sociales, y en particular la política previsional, no fueron simplemente medidas adoptadas por un Estado que en un momento de su desarrollo histórico dejaba de ser liberal para transformarse en intervencionista. Fueron adoptadas por un Estado débilmente institucionalizado que buscaba reforzarse en el proceso mismo de desarrollo de las políticas en cuestión” (Papadópulus, 1992: 29). 114 “Estas luchas caracterizan una `situación de equilibrio catastrófico´, en el cual se debatió la naciente formación social uruguaya y que desembocó en la solución `cesarista´: la conformación de un Estado fuertemente intervencionista, por tanto `arbitral´, es decir, `bonapartista´, que impulsa la proletarización de la fuerza de trabajo y la industrialización por sustitución de importaciones de la producción. Este mismo camino prusiano llevó también a la constitución del padrón de protección social “bismarkiano” o meritocrático-particularista, que caracterizó al Estado uruguayo en la primera mitad del siglo XX.”(Acosta, 2006: 31)115 Esto, por supuesto, resulta de una simplificación un tanto grosera ya que se comparte con Pastorini que: “Las políticas sociales no pueden ser pensadas como producto de una relación unilineal, donde el movimiento parta del Estado para la sociedad civil (`concesión´), o viceversa, de la sociedad civil para el Estado (`conquista´), sino por el contrario esa relación debe ser vista como proceso dialéctico, contradictorio y de lucha entre diferentes sectores sociales” (2000: 227)

109

asistencia pública seguía la forma secular y republicana del concepto de

caridad, siguiendo la modalidad instituida en Francia a fines el siglo XIX.

ii) Profundización de la Instrucción Pública, orientada por los

principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad a partir del gobierno de

Lorenzo Latorre, a través de su expansión notoriamente expresada tanto en

el nivel de gastos como en la extensión de sus servicios. De un 5% del

presupuesto de la Administración Central en 1904 pasó a un 20% en 1932.

Se creó una enseñanza secundaria pública, también laica, y se reformuló la

enseñanza universitaria. En 1912 se crearon liceos en las 18 capitales

departamentales del interior. En 1921 se crea una Universidad de Mujeres

(liceo femenino). En 1916 se reformula la enseñanza de oficios.

“La educación se orientaba en varios sentidos: contar

con mano de obra instruida mínimamente; buscar la

integración social, sobre todo de los inmigrantes;

desarrollar mecanismos de control social; eliminar la

barbarie para llegar a la civilización (impulsados por

Varela y Sarmiento); crear las bases para la ciudadanía

en un futuro estado liberal.” (Filgueira 1995: 82)

iii) Las llamadas leyes obreras, que apuntaron a regular el mercado

laboral: la jornada de ocho horas, la semana laboral de seis días en la

industria y de cinco y medio en el comercio, la regulación del trabajo

femenino e infantil. Estas leyes se vieron plasmadas sobre todo en el

segundo período de gobierno de Batlle y Ordóñez (Cf. también Vanger,

2009).

La simpatía y defensa de los derechos de reunión y de huelga,

reconocidas en la figura de Batlle y Ordóñez, deben ligarse más a su disputa

con las empresas privadas extranjeras que a la defensa de los intereses

sindicales (Cf. también con Caetano y Rilla, 1991). La primera disposición

110

de salarios mínimos fue para los trabajadores rurales en 1923, para los

empleados públicos en 1925 y para los trabajadores industriales en 1943.

iv) El desarrollo de la Seguridad Social. En 1896 ya existía una caja

para maestros, en 1904 se creó la Caja Civil para los funcionarios públicos y

la universalización de los Seguros Sociales se consolida a partir de 1919,

con la creación de la Caja de Industria, Comercio y Servicios y con la

aprobación de las concesiones de pensiones a la vejez al alcanzar los 70

años de edad y no disponer de medios para la subsistencia. También se crea

un servicio de pensiones para oficiales. En 1919 se establece por ley la

obligación de la cobertura estatal por causa de vejez, invalidez y muerte a la

categoría de “indigentes”116.

La constitución del Estado Social uruguayo fue consecuencia directa

de un Estado fuertemente protector de la industria nacional, a tal punto de

que la industria uruguaya y, con ella la frágil garantía de pleno empleo, sólo

era posible por el permanente auxilio de estos mecanismos de protección,

mecanismos que no solo fueron resistidos, como adelantamos, por los

intereses oligárquicos117 sino que también tuvieron fuerte oposición por

parte del Imperio Británico:

“El tercer actor relevante en el medio uruguayo por

esa fecha, los intereses vinculados al Imperio

Británico, siempre mostraron su firme oposición al

contenido sospechosamente `socializante´ de las

reformas, y en especial, a partir del nuevo siglo con el

116 “Cuando la vía de transición al capitalismo es la liberal-burguesa o democrática (de `abajo para arriba´), las políticas sociales tienden a encuadrarse dentro de un patrón de protección social de tipo residual (modalidad de la asistencia social); en tanto que a la `revolución pasiva¨ (modernización conservadora) le va a corresponder un patrón meritocrático-particularista (modalidad del seguro social) o `bismarkiano´ (Fleury, 1992). En esta vía de transición, el Estado no tiene el impedimento liberal para intervenir en la sociedad; por el contrario, su intervención está legitimada.” (Acosta, 2006: 36)117 “La peculiaridad del desarrollo político-institucional de la formación social uruguaya, contribuyó para que la clase propietaria de la tierra, a partir de cuya rentabilidad la industrialización es financiada, estuviera fuera de la administración directa del Estado.” (Acosta, 2006: 49)

111

ascenso al poder del batllismo. El periódico The

Montevideo Times expresaba con claridad en 1916 su

oposición a las `avanzadas leyes económicas y

sociales recientemente sancionadas´.” (Morás, 2000:

11)

Es posible suponer que este modelo no hubiera resistido sin la

proverbial coyuntura generada por la Crisis del 29118, en un primer

momento, y luego, por los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que

generaron las condiciones de posibilidad para el desarrollo del denominado

proceso de sustitución de importaciones119.

La crisis del 29 tuvo un fuerte impacto en la economía uruguaya,

generando una fuerte contracción en la industria de la construcción120. Como

consecuencia se registró un aumento de la desocupación alcanzando a

40.800 desempleados hacia 1933 y un incremento de la pobreza con un 33%

de los trabajadores de la industria que no alcanzaba con su salario a cubrir

los costos de su subsistencia y un 65 % que no alcanzaba a mantener un

hogar con sus ingresos (Nahum et. All, 1998: 45).

En 1933, frente a la conflictividad sindical y la crisis política, el

presidente electo constitucionalmente, Gabriel Terra, de origen batllista, da

un golpe de estado apoyado por los grupos económicos dominantes

representados en la “alta clase rural, banqueros, empresas extranjeras” que

presionaban para poner límites a las reformas sociales promovidas por el

batllismo. No obstante esto, como demostración del fuerte apoyo popular

118 “Durante la década del 20 se había producido un aumento sostenido del número de trabajadores de la industria. El personal ocupado en Montevideo, según el Censo de 1926, alcanzaba a 53.431 personas. El Censo industrial de 1930 marcaba que la cifra había pasado a 78.671 trabajadores (...) Seis años más tarde, en 1936, se constataba un nuevo crecimiento: 75.747 obreros y 9.844 empleados de la industria. (Nahum et all, 1998: 66) 119 Corresponde señalar que el proceso de industrialización sólo alcanzó a producir a nivel de la industria liviana. (Acosta, 2006: 39)120 “Para la industria de la construcción, a diferencia del sector manufacturero, la depresión marco un profundo retroceso. En 1935 experimentó una caída del 61% respecto a las actividades de 1930. Esto acarrea consecuencias sociales muy serias, ya que ocupaba a más del 16% de los trabajadores del sector secundario.” (Nahum et all, 1998: 66)

112

que estas reformas tenían, el freno que se impuso a las mismas sólo

consiguió enlentecerlas sin afectar su potencia (Nahum et All, 1998: 45).

“(...) el gobierno de Terra aplicó diversas medidas que

permitieran superar el inmovilismo laboral. La

construcción de la represa hidroeléctrica de Rincón

del Bonete, así como el fomento de otras obras

públicas (...) Se produjo un aumento significativo del

funcionariado público.” (Nahum et All, 1998: 45)

También se fijaron precios a los artículos de primera necesidad,

recurriendo incluso al subsidio en algunos casos, se desarrolló una política

de vivienda, con la compra de viviendas económicas para ser vendidas o

alquiladas a sectores de bajos ingresos y se habilitaron “comedores

populares” (Nahum et. All, 1998: 65).

Superada la crisis y restaurado el régimen democrático, el desarrollo

del Estado Social recuperó el ímpetu de las décadas anteriores. En 1943 se

promulga la ley de creación de los Consejos de Salarios; en 1946, el

Estatuto del Peón Rural que fijaba pautas de remuneración y condiciones de

trabajo y amparo a su familia y se creó el Consejo Nacional de Subsistencia

con la misión de controlar los precios de los productos de primera

necesidad:

“Según Luis Batlle, la acción redistributiva del

ingreso a desplegar por el Estado, no se limitaba a

razones de solidarismo e igualitarismo social. El

Estado debía `adelantarse´ a los reclamos como forma

de evitar luchas sociales; debía representar el papel

de árbitro en la sociedad. Esta política contribuía

además, a elevar el poder adquisitivo de la población

y, consecuentemente, a ensanchar el mercado interno,

113

prácticamente el único consumidor de la industria

nacional.” (Nahum et all, 1998: 109)

El Estado Social batllista, tanto en el período clásico como en el

neobatllismo, desarrolló un sistema de protección social que generó la

ilusión de conjura de la cuestión social, constituyendo una especie de

Ginebra rousseauniana o “Suiza de América”121 donde eran posible la

igualdad, la fraternidad y la libertad.

La sociedad hiperintegrada de la que nos habla Rama (1987) era

también una sociedad hiperadaptada y, tal como sucede en la naturaleza, la

hiperadaptación es siempre una adaptación riesgosa dado que todo cambio

en el contexto adquiere un carácter catastrófico. La crisis del modelo de

industrialización por sustitución de importaciones supuso para el Uruguay

el inicio de una crisis más profunda de la que no ha logrado recuperarse

satisfactoriamente hasta nuestros días.

IV. 3. Crisis del Estado batllista y sustitución del bloque en el

poder

Con el fin de la Guerra de Corea a principios de los años cincuenta,

Uruguay empieza una crisis de la que ya no se recuperará122. Los analistas

(Rama, 1987; Solari, 1964; Real de Azúa, 1984) coinciden en describir una

121 “ (...) la hoy olvidada `Suiza de América Latina´ y su única democracia verdadera: el Uruguay.” (Hobsbawm, 1995: 115)122 “A partir de la mitad de los años cincuenta, el Uruguay pasa por un largo período de crisis socio-económica, así como del sistema político basado en la co-participación en el gobierno de los dos partidos políticos tradicionales, después que el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, impulsado por el `segundo batllismo´ (1947-1958), llega a su límite. Entre las causas de esta situación, se identifican la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, el reordenamiento de la economía internacional de pos-guerra, con la creación de organismos internacionales (...) la caída de los precios en el mercado internacional de la carne y de la lana y el aumento de los precios de los productos importados (deterioro de los términos de intercambio); así como, la permanencia de una estructura productiva rural basada en la explotación extensiva del latifundio heredada de la época colonial y que fue desarrollada durante la transición al capitalismo.” (Acosta, 2006: 71,72)

114

sociedad que había construido su auto-representación en base a la

convicción de que el Uruguay era una democracia única en América Latina,

una sociedad que, como fuera dicho, parecía haber conjurado la “cuestión

social” en toda su dimensión.

“La hendidura económica que se inicia en 1955 cierra

un tiempo y abre otro dentro del proceso general que

vemos: de una situación en que todavía la inviabilidad

del sistema no era flagrante, quedaba disimulada

cuando no justificaba ocasionales apologías — ese fue

el tiempo del slogan `Como el Uruguay no hay´— se

pasa a otro en que su insuficiencia se hace notoria y

es primero atribuida a los gobernantes, luego a los

partidos, por último reconocida en la estructura del

sistema. Es entonces que se acomete su impostergable

sustitución apelando a diversas vías.” (Rama, 1972:

20)

El sueño de la revolución francesa había sido, en la imaginación del

los uruguayos, logrado finalmente en este pequeño país, que tenía la

fórmula a disposición para compartir con el resto del mundo: era “el

Uruguay feliz”, “la tacita de plata”, “la Suiza de América”123.

La cuestión social, adormecida durante décadas, emerge devastadora

tal y como la describe Castel (1997). En Uruguay se presenta

descarnadamente como una sociedad que directamente se pregunta si es

viable como nación (Methol Ferré, 1971).

123 “Los uruguayos han tenido en el pasado, y tienen todavía, una fuerte tendencia a confundir la marginalidad que es su característica con una supuesta superioridad sobre el resto de América Latina y ligarla, con la ilusión de un papel rector en el mundo. La insistencia con que se habla del papel que el Uruguay ha tenido en las relaciones internacionales mundiales, la ingenua seriedad con que los diarios uruguayos enseñaban al Presidente Kennedy y a sus asesores cuáles son las verdaderas maneras de no sucumbir frente al avance del comunismo, son exteriorizaciones de una visión desarraigada del mundo que se traduce en una superioridad imaginaria.” (Solari, 1964: 169)

115

El éxito económico del Uruguay se sostuvo en la combinación de

buenos precios para los productos agroganaderos, fundamentalmente la

carne y el trigo, y una industria manufacturera subvencionada, concentrada

fundamentalmente en el mercado interno. La coyuntura internacional

favorable que había propiciado este éxito económico se revirtió

dramáticamente.

“A mediados de 1953 se ponía fin a la guerra de

Corea. El armisticio alejaba el peligro de una

confrontación directa entre superpotencias, a la vez

que desaparecía el estimulo exterior a nuestros

productos de exportación y sus buenos

precios.” (Nahum et all, 1998: 112)

La crisis puso fin al Uruguay batllista y a 93 años de gobiernos

colorados. El significado de la derrota electoral - precisamente por el sector

más conservador y vinculado más inmediatamente a los intereses

oligárquicos del Partido Nacional -el Ruralismo- representa un

acontecimiento mucho más complejo que una simple rotación de los

partidos en el poder.

“Con el triunfo del Partido Nacional en las elecciones

de 1958, el Uruguay ingresó (y hubo inmediata

conciencia de ello) en otra etapa política. Ello no

ocurrió sólo porque un partido que hacía cerca de un

siglo no ganaba la titularidad del Poder Ejecutivo lo

hiciera entonces. Harto mayor importancia posee,

fuera de duda, el hecho de que no obstante las

diferencias en el modo de su instauración: la vía del

cambio legal respecto al primero; su considerable

duración respecto al segundo, la secuencia política

iniciada no difirió sustancialmente de las reacciones

116

antipopulistas que representaron el levantamiento

militar argentino contra Perón, en 1955 y el mando

presidencial de Janio Quadros, en el Brasil, durante

nueve meses de 1961.” (Real de Azúa, 1984: 66)

El triunfo del Partido Nacional representa el comienzo de una

reagregación del bloque en el poder que supone un proceso de ruptura

unilateral del pacto inter clases (Przeworski, 1995) que caracterizó al Estado

Social uruguayo. Desde nuestra perspectiva, utilizando el instrumental

conceptual construido para comprender la cuestión social, esto supone una

alianza entre la perspectiva conservadora y la neoliberal para

desembarazarse de la perspectiva de ampliación de la ciudadanía124.

La formación social del Uruguay se desarrolla a través de un proceso

de revolución pasiva o revolución restauración; la vía prusiana supone

concesiones a las clases subalternas y esto fue configurando todo el

desarrollo del Estado Social uruguayo. De esta forma, se procesó el pasaje

de un tipo de sociedad oriental a un tipo de sociedad occidental.125

Como fuera señalado, el Estado Social uruguayo significó el triunfo

de los intereses de la ciudad sobre los del campo. Esta supremacía se

expresaba en el desarrollo y consolidación de una industria por sustitución

de importaciones, articulada con un programa social de “construcción de

ciudadanía” sostenido por subvenciones financiadas por los excedentes

surgidos de las exportaciones agro-ganaderas.

124 “Creemos que es más sencillo pensar la historia del Estado uruguayo en el siglo XX distinguiendo sólo dos grandes etapas. Una primera etapa de expansión (1904-1958), presidida por un fuerte optimismo en cuanto a la capacidad del Estado para regular el mercado, incorporar la sociedad e impulsar el desarrollo del país. Una segunda etapa (1959-2000), en la que nuestras elites primero, nuestros grupos sociales después y nuestros ciudadanos finalmente fueron plasmando en el Estado la idea de que los mercados y la sociedad civil deben adquirir un mayor protagonismo en el desarrollo nacional.” (Filgueira et all, 2003: 73)125 Un desarrollo solvente y con una aplicación pertinente para el caso brasileño de las categorías revolución pasiva, revolución restauración, sociedad oriental y occidental pueden leerse en Coutinho, 1992.

117

Esta particular forma de articulación del bloque en el poder

comienza su proceso de derrota histórica con el triunfo del ruralismo que

dará inicio a una rearticulación del bloque en el poder126:

“Aquí vale la pena también subrayar la importancia

de esa transición indecisa que representaron los dos

períodos de gobierno colegiado nacionalista

(1959-1967). Durante ellos, se debe decir, todas las

pragmáticas económicas del neoliberalismo fueron

puestas en práctica o por lo menos intentadas. Fuerte

apoyo a la producción rural a través de los

mecanismos monetario y cambiario, reordenación

`realista´ de estos últimos, desmontaje -si bien

titubeante- del sistema de tasas, subsidios y `precios

políticos´: todo eso, además de siempre voceados y

poco cumplidos propósitos de redimensionar el Estado

y podar la burocracia se cumplió o trató de

cumplir.” (Real de Azúa, 1984: 71)

El fuerte apoyo a la producción rural que menciona Real de Azúa

fue desarrollado mediante la promoción de la concentración de la tierra127 y

generando un proceso sostenido de empobrecimiento de los medianos y

pequeños productores. Orientada por la ganadería extensiva, la producción

en el medio rural generó el comienzo de un proceso de emigración del

126 Habiendo dimitido así de esta función arbitral o de compromiso social en cierto modo “neo bonapartista”, si el aparato no sufrió un radical dimensionamiento de formato dejó, en cambio, de promover esa corriente de asignaciones hacia los niveles bajos de la sociedad que ya, bajo las formas particularistas del “patronato”, ya bajo las más generales de la “justicia social”, tendían a amortizar las inequidades del sistema y mantener y acrecentar el apoyo político que recibía el equipo gobernante. Ahora, directa o indirectamente, toda la política económica y financiera de corte neoclásico u ortodoxo tendió a hacer difícil sino imposible esta función (Real de Azúa, 1984: 69)127 El nacionalismo dominante es también el tiempo de la quiebra económica, con soluciones que agravan la situación del país como las que aplican los gobiernos del Partido Nacional ransfiriendo la riqueza a los propietarios rurales, devaluando la moneda, adhiriendo a los principios fondomonetaristas, endeudando el Estado a la banca extranjera. (Rama, 1972: 26)

118

campo a la ciudad128 que, obviamente, dado el nuevo patrón de desarrollo no

tenía condiciones de incorporar esta fuerza de trabajo expulsada del medio

rural. El desarrollo sin precedentes en el Uruguay de la marginación no fue

consecuencia del Estado Social, como pretende explicarla el Consenso de

Washington, sino de la ofensiva en su contra129.

Este proceso de rearticulación del bloque en el poder fue

profundamente resistido por las clases subalternas. La conflictividad

sindical, el movimiento estudiantil en la calle y el comienzo de la violencia

política no se hicieron esperar; la respuesta represiva tampoco se hizo

esperar, aunque no tendrá la virulencia que cobrará en el periodo siguiente.

Los fenómenos que denunciaban esta imposibilidad de vivir como

nación a la que refiere Methol Ferré (1971), se disparan simultáneamente:

El “cantegril” como injuriosa denuncia de la incapacidad de integrar

a sus ciudadanos.

La conflictividad sindical, expresada en su momento “egoísta

pasional”130 (Gramsci, 1985: 400), con su contracara, la

irresponsabilidad de un empresariado incapaz también de

constituirse en clase dirigente.131

128 “En términos ocupacionales, en el período 1961-1970 la población rural trabajadora disminuyó a una tasa de 1,67%, siendo esencialmente importante la disminución registrada entre 1961 y 1966 en que la tasa de disminución es de 1,91%.” (Nahum et all, 1998: 158)129 “En Montevideo los `cantegriles´ - ranchos de lata, sin saneamiento ni electricidad construidos en zonas suburbanas de la ciudad – se multiplicaron y las centenarias viviendas declaradas en estado `ruinoso´ ubicadas en la Ciudad Vieja sirvieron de refugio a los `sin techo´ que obligados a desocuparlas, reocupaban otras iniciando un largo camino de constantes desalojos.” (Nahum et all, 1998: 158)130 “La sociedad uruguaya tan moderada políticamente, es a menudo extremista desde el punto de vista gremial. Los gremios, a menudo de funcionarios públicos, en defensa de sus derechos son capaces de recurrir a medidas muy fuertes del tipo que las teorías de principios del siglo consideraban como preludio a la acción revolucionaria con objeto de lograr la toma del poder total. Pero esas medidas ni son el producto de una acción coordinada de toda la clase obrera ni van más allá de ser un instrumento para obtener un aumento de las remuneraciones. Los que las toman no piensan ni desean una efectiva transformación estructural, buscan simplemente una mejor posición, o evitar una disminución de su posición en las estructuras existentes.” (Solari, 1964: 165) 131 “Las organizaciones gremiales obreras se manifestaron permanentemente dispuestas al diálogo y probablemente hasta a aceptar ciertas formas de sacrificio, procurando así no sólo coparticipar en una política anti-inflacionaria sino también conservar el esquema

119

La violencia política (Gatto, 2004; Lessa, 2003), que además de

expresar palmariamente que el Uruguay hiperintegrado -que había

sido el sueño de la siesta uruguaya- había llegado a su fin

irremediablemente, traía la noticia de que esa fantasía se había

alimentado de su ceguera frente al sufrimiento de la sociedad rural

donde nunca se había alcanzado la ciudadanía en ninguna de sus

dimensiones: ni civil, ni política, ni social132

Se inaugura así el comienzo de la expulsión de la perspectiva de la

ampliación de la ciudadanía en la configuración hegemónica de la cuestión

social. Como fuera dicho, esta expulsión no se transita pacíficamente. El

“colapso del transformismo”(Panizza, 1990: 204) dará lugar a un nuevo

“equilibrio catastrófico”. De manera clásica el “equilibrio catastrófico” se

resuelve a través del cesarismo. Primero con el pachequismo, un cesarismo

con un césar y, posteriormente, el cesarismo se procesó con el golpe de

estado a partir de la derrota de la reforma constitucional que posibilitaba la

reelección y el triunfo de Bordaberry, un cesarismo sin cesar. El recurso al

autoritarismo fue la respuesta frente a la crisis de hegemonía del bloque en

el poder133.

Este proceso empieza claramente a partir de la muerte del presidente

Gral. Oscar Gestido -quien ya había impreso un fuerte contenido autoritario

a una gestión cada vez más centrada en el Poder Ejecutivo gracias a la

reforma constitucional conocida como la reforma naranja (Nahum et all,

distributivo y las formas sociales de relación tradicionales. La clase capitalista, por el contrario, continuó e intensificó la actividad especulativa a todos los niveles: remarque de precios, stockamiento, empuje persistente sobre el mercado de cambios. Este comportamiento fue factor decisivo, según se ha visto, para que el nivel de precios se incrementara en un 100% en sólo ocho meses.” (Instituto de Economia, 1969: 364)132 “las primeras acciones de masas [del MLN Tupamaros] se realizaron con trabajadores agrícolas del extremo norte del país sujetos a una explotación cuya realidad sorprendió al Montevideo movilizado, aunque no fuera inferior a la condición de los minifundistas agrícolas del sur. Así se introdujo el olvidado tema de la lucha por la tierra” (Rama, 1987: 160)133 La interpretación puede buscarse en Gramsci con el concepto de “cesarismo” que: “expresa siempre la solución `arbitral´ confiada a una gran personalidad, de una situación histórico-política caracterizada por un equilibrio de fuerzas con una perspectiva catastrófica (...)” (Gramsci, 1993: 125)

120

1998A: 54)- y la asunción de su vicepresidente Jorge Pacheco Areco. Este

hecho es presentado por Real de Azúa (1974: 72) como

“(....) el verdadero salto cualitativo, el ingreso a un

período diverso y plenamente identificable que

abrieron en 1967 -a poco del fallecimiento del

Presidente Gestido y del acceso de su Vice al mando-

las clausuras de periódicos y la disolución de algún

partido y varios movimientos políticos. Pero aun más

agudamente marcaron ese tránsito los decretos de

congelación de salarios y precios y la nueva vigencia

de medidas de seguridad (de seguridad ininterrumpida

hasta el presente) en junio de 1968.”

En las elecciones de 1971, la reforma constitucional que propiciaba

la reelección del presidente Jorge Pacheco Areco es derrotada. Si bien su

sector gana las elecciones, el ejecutivo es asumido por el Sr. Juan María

Bordaberry. Su figura no tenía el carácter carismático de su antecesor y no

logró sostener el tipo de liderazgo autoritario de aquel134 desembocando

rápidamente en el Golpe de Estado de 1973. Si bien en aquel momento hubo

alguna expectativa de que dicho fenómeno fuera expresión de sectores

peruanistas dentro del ejército135, el carácter del cesarismo fue regresivo

tanto en el momento clásico como en el Golpe de Estado136.

134 “(...) el gobierno del señor Bordaberry agregó algo que al período pachequista, por lo menos en su forma más eruptiva no había mostrado. Ello fue el menudo regateo entre partidos y subpartidos y la puja entre gentes de la más inverificada idoneidad por el nuevo lote de cargos a término. Tal vez alguien pueda haberlo considerado el precio por la reemergencia del trámite político, tan descuidado y soslayado durante el mesiánico autocratismo del predecesor.” (Real de Azúa, 1974: 86) 135 “En febrero comenzó a calificarse de `peruanista´ esta creciente presencia. Es de suponer que con el designante se quiere identificar procesos en los que el Ejército y las otras armas, corporativa o institucionalmente, reemplazan de modo formal el personal político representativo (Perú) o lo someten a su vigilancia y regulación (Uruguay).” (Real de Azúa, 1984: 180)136 “(...) es regresivo cuando su intervención ayuda a triunfar a las fuerzas regresivas (...) en la dialéctica `revolución-restauración´ prevalece (...) el elemento restauración.” (Gramsci, 1993: 125)

121

La dictadura condensó los intereses más reaccionarios del entramado

social. La represión, como es tradicional, se concentró sobre aquellas

organizaciones que representaban los intereses de las clases subordinadas.

Los intereses representados por la dictadura eran aquellos que reivindicaban

la necesidad de liberalización del mercado:

"Un día antes del golpe, un grupo de empresarios e

inversores extranjeros de Business International había

mantenido una 'reunión de trabajo' con representantes

de las FF.AA. (...) planteándoles la necesidad de

'terminar con las huelgas, despolitizar a los obreros y

privatizar el sector público'” (Caetano y Rilla, 1991:

24)

En síntesis, podemos decir que las condiciones para la imposición

del modelo neoliberal fueron creadas por la dictadura. Uno de los primeros

actos de la dictadura militar fue la proscripción de la Central de

Trabajadores, proscripción que le valió el aplauso de las asociaciones

empresariales137. En materia económica, la dictadura puso en práctica el

Plan Nacional de Desarrollo diseñado por la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto para el periodo 73-77. Se trató de un programa ultraliberal,

profundizándolo con el nombramiento del Ing. Vegh Villegas como

Ministro de Economía138.

Liberado de la oposición sindical, el modelo fundamentalista fue

aplicado en su totalidad. Como consecuencia se registró un proceso de

137 "(...) se llegó incluso a proponer un llamado 'Anteproyecto de Ley de Garantía del Trabajo" verdadero proyecto de reglamentación sindical con muy fuertes restricciones. La suerte de todas estas gestiones fue prácticamente nula, obteniendo solo el respaldo de una diminuta 'Confederación Uruguaya de Trabajadores' (que por otra parte ya había saludado el golpe de estado) y de los sectores patronales." (Caetano y Rilla,1991: 26)138 “El remedio consistía, entonces, en detener la intervención del Estado en la economía, y estimular la de los agentes privados, que forman el mercado, ya que cada uno, al buscar su conveniencia y enriquecimiento, en conjunto enriquecerían a la sociedad entera. (...) Ya que el sector agropecuario era el único con ventajas comparativas en términos internacionales, debía privilegiarse su producción y exportación.” (Nahum, 1999: 180)

122

empobrecimiento generalizado de los trabajadores y, finalmente, hacia el

año 82 también la pérdida del apoyo empresarial, el cual se vio afectado por

una fuerte crisis que solo favoreció al capital financiero (Caetano y Rilla,

1991).

El régimen dictatorial no realizó cambios sustanciales en la

institucionalidad del Estado Social, pero sí en su estilo de aplicación se

modificaron los montos y la asignación de recursos en lo que se refiere al

gasto público. El gasto público social, que alcanzó al 16% del PBI en 1964,

comenzó a descender al 14% en 1975, al 13.6% en 1984, siendo la masa de

ese gasto absorbida por los jubilados y pensionistas (aunque descendió de

13% en 1972 al 10,5 en 1975 y 1980, pero la masa de jubilados y

pensionistas aumentó considerablemente, lo que redujo las prestaciones).

(Filgueira y Filgueira, 1995). La educación pública pasó del 3% del PBI en

1964 al 1,5% en 1984, a lo que hay que agregar el aumento de las

matrículas, sobre todo en la enseñanza media y superior. El gasto en salud

pública de 1965 era 1,5% del PBI, llega a 0,4% en 1972 y al 1% entre 1975

y 1984, a pesar de que también aumentó la demanda por servicios (Filgueira

y Filgueira, 1995).

La salida de la dictadura marcó un fuerte conflicto en el frente

democrático. Poco explicitado, dicho conflicto se traducía en una lucha por

la hegemonía entre las organizaciones sociales y los partidos políticos. El

año 83 marcó una fuerte iniciativa por parte de los movimientos sociales,

fundamentalmente las organizaciones de los trabajadores nucleadas en el

PIT y los estudiantes organizados en ASCEEP. Dicha iniciativa se

presentaba amenazante para los partidos políticos -y en especial para el

Partido Colorado- que contrarrestaron la iniciativa popular con la opción

por una salida pactada (Caetano y Rilla, 1991).

Más allá de la discusión, imposible de saldar, sobre la posibilidad de

una "rendición incondicional" de la dictadura o no, lo cierto es que la salida

123

pactada dejó fuera a las organizaciones sociales que perdieron la

oportunidad de recuperar la fuerza previa al golpe139. Esto trajo como

principal consecuencia que la salida democrática pudiese realizarse sin

modificaciones sustanciales en la política económica y social.

IV. 4. La transición democrática. El arribo del “Consenso de

Washington” y su adopción moderada

La salida de la dictadura parece mostrar el alto grado de

recomposición de la sociedad uruguaya, en especial en lo que se refiere a

sus mecanismos amortiguadores (Real de Azúa, 1984) tan irritantes para los

impacientes tanto de derecha como de izquierda. Estos mecanismos

amortiguadores son expresión de una sociedad civil constituida por

delicados equilibrios que dificultan, obstaculizan e incluso impiden

cualquier cambio radical que se pretenda realizar.

El primer gobierno democrático se concentró en las tareas que

imponía el proceso de transición140. Una de estas tareas estuvo centrada en

la necesidad del nuevo gobierno de demostrar que, si bien el movimiento

social había tenido un papel sustantivo en la derrota de la dictadura, eso no 139 “Exactamente la misma situación se repitió en 1984. La izquierda se transformó en el fiel de la balanza (y lo hizo honestamente): si el gobierno hubiera impuesto condiciones que sobrepasaran su última línea de negociación, violentando sus principios, entonces no existía acuerdo, porque el Partido Nacional estaba en una posición aún más dura.” (González, 1985: 114) “En Uruguay, las piezas claves de la organización de la transición son los partidos políticos (y ello sin que se minimice el papel de las movilizaciones populares anti-régimen). La transición es un affaire de las élites políticas y de los militares. Esta culminó en un pacto institucional cívico-militar, definido como un `cambio en paz´, sin confrontación ni represión, fruto de la automoderación de las partes, de su `realismo´ (Líber Seregni, inhabilitado aún como candidato del Frente Amplio calificó a la solución de `salida realista´” (de Riz, 1985 : 133)140 “La verdadera transición democrática se inició, a nuestro juicio, con la asunción de las autoridades constitucionales electas en los recortados comicios de 1984 (con personas y partidos proscriptos). Esta faena, que incluía una amplia agenda de temas (amnistía para los presos políticos, investigación y despacho a la justicia sobre la autoría y responsabilidades de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, restitución o compensación a los funcionarios públicos destituidos, regularización en el funcionamiento de las instituciones dentro de un Estado de derecho pleno, etcétera), terminó siendo sin duda la principal tarea que debió enfrentar el primer gobierno democrático posdictatorial.” (Caetano, 2005: 19)

124

iba a darle un protagonismo en la sociedad democrática. En ese sentido, el

fortalecimiento del movimiento sindical, sobre todo, significaba una

amenaza respecto al progreso de las reformas que se pretendían llevar

adelante por los siguientes gobiernos:

“Dejando rápidamente atrás lo acordado en la

Concertación Nacional Programática (CONAPRO)

por los partidos y los principales actores sociales, el

nuevo gobierno liderado por el presidente Sanguinetti

estableció lo que dio en llamarse un gobierno de

entonación nacional, con el establecimiento de un

acuerdo limitado (pero operativo) con el Partido

Nacional, liderado entonces por Wilson Ferreira

Aldunate.” (Caetano, 2005: 19)

Los tres gobiernos141 que se sucedieron a la salida de la dictadura y,

sobre todo el segundo, expresaron su voluntad de cumplir con los deberes

impuestos en la región por las agencias internacionales: ajuste fiscal,

contención del gasto público y reforma del Estado.

“las elecciones de 1989 (...) impulsaron una nueva

agenda reformista de corte netamente liberal,

dominada por temas como la reducción del déficit

fiscal como camino prioritario para abatir la

inflación, una fuerte apertura de la economía, la

desregulación del mercado laboral, la reforma del

Estado a través del instrumento de las privatizaciones,

el otorgamiento de mayores espacios para la iniciativa

privada y para que el mercado se convirtiera en el

141 “El proceso de apertura de la economía mantuvo un ritmo persistente y continuado, a pesar de la renovación del gobierno. A lo largo del período iniciado en 1985 se mantuvo el cumplimiento de los compromisos de la deuda externa; así fue que el Uruguay alcanzó el `investment grade´ en 1997 lo que permitió bajar la carga de los pagos por el descenso del `riesgo país´ y facilitó el ingreso de capitales.” (Demasi et all, 2004: 26)

125

gran asignador de costos y beneficios, etcétera. En

realidad se trataba de la llegada al Uruguay de las

reformas de primera generación del llamado

Consenso de Washington.” (Caetano, 2005: 22, el

énfasis es nuestro)

Pero es evidente que, para el caso uruguayo, el arribo de estas

propuestas de reforma tuvo ciertas particularidades que explican por qué el

resultado no fue el mismo que en el resto de la región. En este sentido,

pareciera que los mecanismos amortiguadores recuperaron gran parte de su

capacidad (cf. Moreira, 2001).

Los procesos de reforma del Estado se iniciaron en Uruguay a través

de mecanismos tales como el retiro incentivado de funcionarios públicos y

el pasaje al sector privado de funciones antes sólo estatales. De este modo,

se logró reducir la plantilla de empleados públicos de 26,6% en 1984 a

20,2% en 1995. Estos impulsos reformistas se vieron enlentecidos ante la

resistencia que provocaban en gran parte de la población. Es así que en

1992, la población se manifestó mayoritariamente en un plebiscito que

congeló la privatización de Antel, la principal empresa pública que

administra las telecomunicaciones en el país142 (Nahum, 1999).

La contención del gasto público tuvo un fuerte impacto en las

políticas sociales. Sin embargo, nuevamente la población expresó su

rechazo ante el camino emprendido por el gobierno. En las elecciones de

noviembre de 1989 se aprobó una reforma, con carácter constitucional, que

vinculaba la suba de las pasividades al Índice de Precios al Consumo.

142 “Donde el gobierno presidido por Lacalle encontró sus principales frenos fue en dos proyectos que juzgaba como decisivos: la Ley de Empresas Públicas y la reforma de la seguridad social. En el primer caso, las fuerzas del gobierno pudieron obtener la sanción de la citada ley, cuyo principal contenido radicaba en la habilitación de ANTEL. para la asociación con capitales privados, pero la norma fue luego impugnada por sectores y partidos, así como por organizaciones sociales opuestas a su contenido. Cumplidos los requisitos legales para someterla al recurso del referéndum popular en la segunda instancia de ratificación, este finalmente se celebró el 13 de diciembre de 1992 y la ley resultó derogada por cifras concluyentes: 71,58% contra 27,19%.” (Caetano, 2005: 25)

126

“También quedó a la vista que una iniciativa popular

como fue la reforma constitucional que ligaba las

jubilaciones con el IPC podía ser apoyada por un 80%

del electorado, aunque los sectores mayoritarios de

los lemas tradicionales la enfrentaran con una

campaña que describía una tenebrosa perspectiva de

caos financiero y de inflación descontrolada si llegaba

a aprobarse.” (Demasi et all, 2004: 24)

Esta reforma, que garantizaba una importante recuperación de las

pasividades, llevaba implícito un importante freno a la reducción del gasto

público, en un país en el que el 70,8 % del gasto público corresponde a las

pasividades. Esta reforma tuvo, por otro lado, un indudable papel - debido a

la fuerte presencia de jubilados en las familias uruguayas - en los

indicadores positivos en la distribución del ingreso.

De todos modos, durante el gobierno de Lacalle se desarrolló, dentro

de los límites que le fueron impuestos, una política decididamente

neoliberal. En el período se registra un fuerte incremento de la inversión y

del crecimiento del PBI, sin que esto se tradujera en una mejora de los

niveles de vida de la población:

“En todo este período se percibe un fuerte crecimiento

del producto (el más importante registrado desde

mediados de los años ’50), impulsado principalmente

por la inversión externa (...) los índices

macroeconómicos no reflejaban todo el panorama: el

desempleo estructural era muy elevado y se mantenía

aún en un contexto de crecimiento del PBI. Por otro

lado, la pobreza y la marginalidad crecieron a la vez

que lo hacía el impulso general de la economía. Sin

127

duda, el modelo económico que se estaba aplicando

no habilitaba una participación medianamente

equitativa de la población.” (Demasi et all, 2004: 24)

Si bien el primer gobierno de Sanguinetti realiza un proceso de

rearticulación del Estado Social batllista143, sobre el final de su mandato se

registra un progresivo proceso de adopción de los postulados del “Consenso

de Washington”. De todos modos, las reformas neoliberales que se van a

desarrollar fuertemente en el gobierno de Lacalle se verán amortiguadas en

el segundo gobierno de Sanguinetti144:

“Estos resultados frenaron el vigoroso impulso con

que el gobierno de Lacalle había encarado la agenda

propuesta por el `Consenso de Washington´, y que

tuvo menos continuidad en el segundo gobierno de

Julio María Sanguinetti: en parte por los magros

resultados obtenidos por su antecesor, pero también

por la recesión que comenzaba a asomar en la región

y por el propio talante de un político que prefiere

presentarse como `gradualista´ antes que como un

impulsor de reformas rápidas.” (Demasi et all, 2004:

31)

143 “La política económica de corto plazo del primer gobierno democrático posterior a la dictadura no introdujo cambios de entidad y procuró evitar la agudización de los desequilibrios macroeconómicos y alcanzar cierta reactivación de la economía. No obstante, en materia de política de ingresos se promovió la realización de negociaciones tripartitas (trabajadores, empresarios y gobierno) para la fijación de los salarios del sector privado.” (Antía, 2001: 132)144 “En lo que refiere a la reforma del Estado, se acotaron sus alcances y se optó por una orientación igualmente distante de las posturas extremistas de estatistas y `neoliberales´. De ese modo se produjo una reorientación en las propuestas caracterizada por el énfasis en contenidos como focalización, gerencia descentralizada, flexibilidad en las provisiones, impulso de la competitividad y productividad, entre otros. También en este campo se continuó incentivando (con resultados visibles) la reducción de la plantilla de funcionarios públicos: según las investigaciones de Narbondo y Ramos, estos descendieron un 23% entre 1995 y 1999.” (Caetano, 2005: 25)

128

No obstante el gradualismo, el fuerte peso de las pasividades sobre

el gasto público hizo que en el período de gobierno de 1995 - 2000 se

llevara adelante una reforma de la Seguridad Social. Tal reforma significó la

instalación de un sistema mixto

"que combinaba el régimen universal provisto por el

Banco de Previsión Social con un sistema

complementario de ahorro y capitalización individual.

Pese a la oposición de la izquierda y de un amplio

espectro de organizaciones sociales, en esta ocasión

no pudo cumplirse con los requerimientos para

someter la ley a un recurso de referéndum, por lo que

la reforma quedó vigente.” (Caetano Apud Nahum,

1999: 194)

En el terreno de las políticas sociales se registra, como apunta

Filgueira (1998), un pasaje de políticas universales, sectoriales y

centralizadas a políticas focalizadas, integrales y descentralizadas. Una de

las características relevantes de estas políticas fue que su financiamiento se

sustentó a través de préstamos del exterior, por lo cual, las posibilidad de su

sustentabilidad en el tiempo nunca fue clara (Midaglia, 1993).

También en el campo social se promovió la reforma educativa que

trajo innovaciones tales como la extensión de servicios de educación inicial

a la población infantil de 4 y 5 años, la apertura de centros con prestaciones

de tiempo completo dirigido a los niños pobres, la ampliación de la

cobertura en alimentación gratuita para los escolares, la introducción de la

enseñanza de computación e inglés y promovió el diseño y entrega de libros

de textos para escolares y liceales del sistema público (Nahum, 1999). Este

proceso de reforma contó con el apoyo de buena parte de la izquierda, pero

tuvo la fuerte oposición de los gremios de la educación y, sobre todo, del

movimiento estudiantil de secundaria:

129

“Desde gran parte de la izquierda política se apoyó a

la Reforma Educativa, sobre todo en sus etapas

iniciales; intelectuales originariamente

frenteamplistas ocuparon cargos en el nuevo elenco

dirigido por Rama. Los estudiantes de Secundaria, en

cambio, fueron quienes con sus ocupaciones `hirieron

de muerte´ al marketing de la naciente Reforma, que

era - y sus restos todavía son- el pragmatismo

gubernamental de los contratos de obra y el gran

endeudamiento público con consecuencias menores en

asistencia social.” (Demasi et all, 2004: 30)

De todos modos, la reforma estructural moderada llevada adelante

por los gobiernos democráticos pos 80, no fue suficiente para procesar una

transformación en la matriz de protección social del Uruguay. Las políticas

implementadas se orientaron por los principios y criterios promovidos por el

Consenso de Washington que, al decir de José Miguel Candia (1998: 121):

“responden a postulados teóricos similares y a

intenciones políticas enfocadas hacia una misma

dirección: desactivar los conflictos sociales más

graves y generar consenso en aquellos segmentos de

la fuerza laboral que tienen una inserción débil en el

mercado de trabajo (empleo precario, subocupación,

informalidad urbana, pequeños productores, etc.)

para que actúen como base social de apoyo al modelo

neoliberal.”

Los límites para procesar la reforma del sistema de protección social

de manera radical, se concentraban en razones presupuestales

fundamentalmente, pero también en un sentido común que no había sido

130

ganado aún por el pensamiento neoliberal manteniendo una alta estima

acerca del valor de la intervención del Estado en los asuntos vinculados al

bienestar general de la sociedad. Ambos aspectos están claramente

relacionados. De este modo, la cuestión social de la época se configuraba de

manera contradictoria en la medida en que aceptaba y permitía una reforma

moderada del sistema de protección social en tanto mantuviera vivas las

estructuras agonizantes del Estado Social.

Como fuera establecido páginas atrás, el Estado Social tenía sentido

en tanto combinaba dos aspectos sustantivos que le daban su razón de ser, i)

un sistema de protección social basado en políticas universales, donde el

seguro social era central y se articulaba con la asistencia para los

inhabilitados para el trabajo (Cf. Castel, 1997) y ii) una política estatal que

garantizaba el pleno empleo, combinando la clásica industrialización por

sustitución de importaciones con obra pública y ampliación de la plantilla

de empleados públicos en los períodos de crisis.

El crecimiento logrado en estos años respondía a una estrategia

económica que abandonaba la garantía del pleno empleo. Destruidas las

bases mismas de la industrialización por sustitución de importaciones145, el

crecimiento se basaba en la inversión externa, concentrada sobre todo “en

ramas tales como los servicios y las agroindustrias” (Demasi et all, 2004:

24)

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones era

reemplazado por el modelo Liberal, Aperturista, Concentrador y Excluyente

(LASE), de acuerdo con la denominación dada por Olesker (2001). El

145 “Como fue señalado, la liberalización y la apertura financiera de la economía uruguaya ocurrieron en la segunda mitad de la década de los setenta, durante la dictadura militar. En el período que nos ocupa se preservó aquel marco de funcionamiento financiero y se profundizó la apertura comercial. Los aranceles aduaneros se redujeron gradualmente en la segunda mitad de la década de los ochenta y aceleradamente en la primera mitad de los noventa. Concomitantemente, se produjo una pronunciada reducción de las barreras no arancelarias. Asimismo, entre 1991 y 1999 tuvo lugar un acentuado abatimiento de los aranceles al interior del MERCOSUR, al punto que a partir del 1° de enero de 2000 se eliminaron virtualmente los aranceles para el comercio intrarregional.” (Antía, 2001: 133)

131

modelo anterior tenía como complemento ideal el sistema de protección

social que permitía la participación de la perspectiva de la ampliación de la

ciudadanía. En el nuevo modelo ésta se volvía un lastre insoportable y se

necesitaba desmontar ese sistema de protección social para construir otro

que atendiera la sobrevivencia de los desplazados.

El “estado del alma”, de acuerdo con la denominación del

posteriormente electo Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, refiere a

“lo-que-se-puede-hacer-y-lo-que-no-se-puede-hacer” (Caetano, 2005: 32)

en una sociedad. En aquel momento, ese “estado del alma” toleraba la

imposición del “LASE” pero no el desmonte del sistema de protección

anterior generando la imposibilidad de la financiación del nuevo modelo146:

el freno a las privatizaciones, el plebiscito de los jubilados, la necesidad de

que la reforma de la seguridad social fuera a través de un sistema mixto y no

decididamente privado147.

Los límites colocados por la sociedad uruguaya a la imposición

completa del nuevo modelo marcan claramente lo que no se pudo hacer en

aquella época y limitaron fuertemente la construcción de un nuevo modelo

de protección social.

“El fin del Uruguay de la abundancia marca el fin del

Estado expansionista y el inicio de su repliegue y

racionalización. El nuevo modelo económico mundial

que hace su ingreso en la escena global ya a partir de

los setenta da nuevos impulsos a la agenda liberal, y

en Uruguay, el Estado verá plasmados estos impulsos

en la última década. El Estado social se mercantiliza,

el Estado empresario se terceriza y el Estado

regulador acepta crecientemente el libre juego del 146 Este es el motivo fundamental de que los nuevos programas sociales debían sostenerse con préstamos internacionales colocando en riesgo su sutentabilidad.147 “La reforma en Uruguay reservó un papel más importante para el Estado en comparación con otros países.” (Banco Mundial, 2006: 49)

132

mercado. Aún, este Estado está lejos del Estado

privatizado y minimalista que tantos países en la

región han abrazado.” (Filgueira et all., 2003: 175)

Esta estrategia de un Estado con vocación aperturista, que acepta el

libre juego del mercado y que tendencialmente mercantiliza la protección

social, no logra ser exitosa en la construcción del Estado Asistencial

focalizado, apropiado a esta nueva configuración. Los restos de la

perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, que resisten la privatización,

y la reducción de un Estado que había sido su garantía en el pasado, no

logran minimizar los procesos de marginalidad y exclusión que, a pesar del

crecimiento económico, se mantuvieron e incluso aumentaron durante todo

el proceso148:

“Por más de veinte años, en dictadura o en

democracia, el país no ha podido superar una

situación social en la que se combinan pobreza,

indigencia y marginalidad, reproduciéndose por

generaciones un `círculo de pobreza´ que sedimenta

una `cultura de la pobreza´. Es decir, la consolidación

de grupos de población cada vez más numerosos y en

el que se combinan varias generaciones de uruguayos,

que rompen vínculos con el mercado laboral y el

sistema educativo, que se segregan espacialmente

habitando en asentamientos irregulares, que debilitan

las formas de interacción y convivencia con otros

sectores sociales y que van combinando formas

148 “Los veinte años transcurridos desde la restitución del gobierno democrático constituyen un plazo muy breve para los tiempos demográficos. Sin embargo, Uruguay cambió mucho en ese lapso: la desigualdad aumentó, y aquella sociedad hiperintegrada — usando la terminología de Germán Rama— dio paso a una sociedad crecientemente fragmentada. En ese lapso aparecieron o se agudizaron muchos de los fenómenos demográficos que constituyen el telón de fondo de la sociedad contemporánea.” (Calvo y Pellegrino, 2005: 252)

133

legales e ilegales de sobrevivencia

cotidiana.” (Caetano, 2005: 28) 149

Las denominadas en la época como nuevas políticas sociales

(Filgueira, 1998), que combinaban la focalización con la participación de

las organizaciones de la sociedad civil, se concentraron, sobre todo, en el

Instituto Nacional del Menor (INAME), hoy Instituto del Niño y

Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Alimentación

(INDA) y curiosamente, en la Intendencia Municipal de Montevideo, bajo

gobierno frenteamplista150 (Midaglia, 2000).

Una de las grandes apuestas para enfrentar la creciente exclusión

social, que en el período se desdoblaba en un proceso creciente de

infantilización y feminización de la pobreza, fue el Plan de Centros de

Atención a la Infancia y la Familia (Plan CAIF), programa paradigmático en

tanto articulaba la focalización y la participación de la “sociedad civil

organizada”151. El Plan CAIF comenzó a funcionar en 1988, primer período

149 Las razones son aportadas por el mismo autor al señalar que: “Las razones son varias: se llegó a un núcleo duro de la población pobre con zonas de marginalidad muy fuerte sobre el cual era muy difícil operar con eficacia, aun desde políticas sociales orientadas o focalizadas; el propio desarrollo económico destruyó o precarizó empleos no calificados, lo que afectó a los sectores menos educados, que tienden a ser los más pobres; mientras tanto, se produjo también un incremento en el diferencial de ingresos entre los sectores más y menos educados.” (Caetano, 2005: 28)150 Esto no resulta tan curioso si tomamos en cuenta el proceso de “actualización ideológica” de la izquierda en Uruguay señalado por Garce y Yaffé: “De igual forma, se confirma la resignificación del rol de la Sociedad Civil y sus organizaciones y su rearticulación con el Estado en la elaboración e implementación de las políticas públicas, en particular las políticas sociales. Esta resignificación parte del reconocimiento de que `se ha desarrollado una nueva área de trabajo a nivel de la sociedad que no pertenece a la órbita estatal ni a la de las empresa capitalista, sino a la del conjunto de instituciones y emprendimientos sociales con fines públicos o privados y sin fines de lucro´ y del señalamiento de la complementariedad del Estado con este `tercer sector´ por lo cual `el relacionamiento del Estado con esta área debe ser asumido con creatividad desde una lógica progresista y transformadora ´.” (Garce y Yaffé, 2004: 72)151 “Uruguay no ha logrado aún transferir adecuadamente sus riquezas, y de allí que el hecho mayor y más notorio de vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia tiene que ver con la pobreza y los efectos de la misma: deserción escolar (un 40% de los niños no cumple con los 10 años de enseñanza obligatoria); repetición (por lo general el 20% de los niños repiten el primer año de escuela, cifra que alcanza el 40% en algunas barrios más pobres); niños en situación de calle (el Plan CAIF pasará a dar una cobertura de 20 a 40 mil niños en las zonas pobres); etc.” (Demasi et all, 2004: 43)

134

democrático, mediante el desarrollo de un convenio entre UNICEF y el

Estado uruguayo.

“Su surgimiento está asociado a la constatación de

elevados índices de pobreza en determinados sectores

de la población, particularmente en grupos menores

de catorce años, y a la ineficiencia relativa del gasto

social en diversos programas dirigidos a combatir

estas situaciones (Síntesis de las conclusiones y

recomendaciones del Seminario hacia una propuesta

educativa del Plan CAIF, 1996).” (Midaglia, 2000:

62)

También durante este periodo se ensayaron las primeras formas de

transferencia de ingresos “focalizadas” a través de las tradicionales

“asignaciones familiares”, una política de transferencia de ingresos con

anclaje en el trabajo formal y que en 1999 amplía su cobertura habilitando

su cobro a los desempleados con hijos152.

Sin embargo, como fuera apuntado, estas reformas no lograron

evitar los procesos de exclusión social que se van a desarrollar a lo largo de

todo el periodo. Uno de los fenómenos más palmarios de las dificultades de

integración producidas por la implementación del nuevo modelo de

desarrollo es el de los llamados “nuevos asentamientos irregulares”, forma

contemporánea en que se expresa la segregación territorial.

“Actualmente, viven en Montevideo entre 190 y 240

mil personas en 364 asentamientos irregulares,

proyectándose que esa situación involucrará hacia el

año 2006, unas 300 mil personas (...) En la capital,

152 “En 1999, se tomaron las primeras medidas para lograr la inclusión de hogares sin trabajadores formales dentro del programa de asignaciones familiares.” (Banco Mundial, 2006: 46)

135

unos 8 mil clasificadores de residuos representan

alrededor de 50 mil personas integrantes de sus

núcleos familiares.” (Demasi et all, 2004: 37)

El fenómeno de la segregación territorial no es nuevo en el Uruguay.

Los años 50 – con el agotamiento del modelo de industrialización por

sustitución de importaciones - marcaron la emergencia de lo que en aquellos

años, irónicamente, fue llamado "cantegril", similar a los procesos de

segregación territorial del resto de América Latina (Callampa, Villa Miseria,

Favela, etc.). El fenómeno respondía directamente a las dificultades de

integración consecuencia del modelo de desarrollo ante la emigración del

campo a la ciudad (Grassi et al, 1994).

Los años ochenta marcan la emergencia de un nuevo proceso de

segregación territorial que comienza a sumarse al fenómeno del "cantegril".

Era de recibo identificar al "cantegril" como una consecuencia de la

emigración de la ciudad al campo, fenómeno que se empezaba a gestar en

los llamados "pueblo de ratas". Es evidente que esta explicación ha perdido

toda capacidad de aportar luz sobre el fenómeno tal como comienza a

manifestarse en los años ochenta. Es así que los nuevos asentamientos son

entendidos como una consecuencia directa de las transformaciones operadas

en el mundo del trabajo, en las características de la intervención estatal y en

el esquema de protección social153 y se presenta así como un fenómeno

peculiar que se manifiesta de forma diferente al viejo “cantegril”. En un

mismo sentido, Merklen (1999: 12 ) señala que:

"(...) llegados los 80, Buenos Aires primero y

Montevideo algo después, irían a conocer una nueva

modalidad de ocupación ilegal de tierras: el

asentamiento, sobrino apenas de su antecesora."

153 Dichas transformaciones coinciden (¿casualmente?) con el momento en que “la Guerra a la pobreza (...) fue reemplazada por la guerra a la seguridad social” (Katz apud Wacquant: 2001: 37)

136

Los viejos asentamientos fueron el resultado de la incapacidad de la

industria de sustitución de importaciones en crisis de incorporar a los

trabajadores expulsados del medio rural. Los nuevos asentamientos son

expresión del nuevo modelo y dan cuenta de una estrategia de reproducción

de la fuerza de trabajo precarizada. El “LACE” (Olesker 2001) produjo una

fuerza de trabajo excedentaria con dificultades de inserción en el mercado

laboral o con una inserción precaria, episódica y flexible. El asentamiento es

el espacio “ideal” para la reproducción de esa fuerza de trabajo pues reduce

los costos de reproducción -no se paga luz, agua, impuestos, alquiler- y

permite sobrevivir en la crisis, al tiempo que las viviendas logran ser

mejoradas en los periodos de esplendor.

"En efecto, los asentamientos se nutren de familias

jóvenes provenientes de la misma ciudad, en general

hijos de obreros o empleados que por una mezcla

perversa de fragilidad en la inserción profesional,

liberalización del mercado inmobiliario, restricción de

las políticas públicas e imposibilidad de acceder al

crédito, no pueden alcanzar a una vivienda que ellos

llaman digna." (Merklen, 1999: 13).

En síntesis, la salida de la dictadura significó la reanimación de la

agonizante perspectiva de la ampliación de la ciudadanía. Una importante

mejora de la situación económica asociada a la participación del

movimiento social en la derrota a la dictadura se coaligaron posibilitando

esta reanimación. Es así que el primer gobierno electo democráticamente

después de 11 años de dictadura recuperó una institución paradigmática del

Estado Social, los Consejos de Salarios, que no se convocaban desde el

comienzo del autoritarismo en el gobierno de Pacheco Areco154.154 “De todos modos, se consiguió avanzar (...) creció el PBI, se logró un aumento efectivo en el salario real, se impulsó el retorno de la negociación colectiva tripartita al ámbito privado, descendió levemente y con altibajos la inflación, se obtuvieron mejorías importantes en los indicadores sociales más relevantes (...)” (Caetano, 2005: 22)

137

Sin embargo, las bases de esta reanimación eran frágiles. Ya fue

indicado que la articulación del Estado Social, que permitía a la perspectiva

de ampliación de la ciudadanía una presencia vigorosa en el sentido común

prevalente en el Estado Social, era el resultado de un sistema estructural que

fue minado a partir de la crisis de mediados de los años 50. En ese sentido,

el primer gobierno de Sanguinetti ya mostraba que no había intención de

reconstituir este sistema estructural155.

El gobierno de Lacalle no sólo confirma esta sospecha sino que

continúa y profundiza una política económica que dejaba fuera de la

configuración hegemónica de cuestión social a la perspectiva de la

ampliación de la ciudadanía. La política de los noventa en Uruguay, similar

a la región aunque amortiguada, da impulso a una política económica,

definitivamente neoliberal, que no tolera ninguna concesión ante cualquier

pretensión de garantizar derechos sociales156.

La configuración hegemónica en todo el periodo se había

consolidado como una clásica articulación azul-neoliberal / blanco-

conservadora. De todos modos, la perspectiva de ampliación de la

ciudadanía, en una entonación rojo pálido, conservaba su vitalidad -

expulsada del poder - en la oposición política y social que mantenía la

155 “A la salida de la dictadura, entre los años ’80 y ’90 del siglo pasado, como producto de la recesión económica, la desindustrialización del país y el repliegue del Estado en la regulación de la convivencia entre orientales, se acelera el proceso iniciado en los años ’70: el desplazamiento de los sectores sociales más pobres hacia las áreas periféricas, acentuando la `satelización´ de la ciudad.” (Demasi et all, 2004: 37)156 “Otro ejemplo de cambio obtenido pese a las dificultades de la herida coincidencia nacional fue la fuerte inflexión generada a partir de 1991 con la desregulación del mercado laboral a través de una iniciativa que venía a cambiar una práctica de 50 años de negociación colectiva (básicamente desde el modelo de la Ley de Consejo de Salarios de 1943, con los altibajos de las modificaciones políticas de signo autoritario aplicadas desde 1968 y en especial con la dictadura cívico-militar iniciada en 1973), la negociación colectiva no se inhabilitaba pero ya no resultaría general; solo valdría para aquellas empresas afiliadas a las cámaras, por lo que la mayoría quedaría fuera.” (Caetano, 2005: 25)

138

resistencia a la imposición del modelo y fue la que atemperó el contenido de

las reformas procesadas durante todo el periodo.157

IV. 5. Crisis del 2002 y triunfo de la izquierda política

Tal como fue afirmado, el 2002 aparece como otro punto de

inflexión de esta periodización, donde la crisis que coloca a miles de

uruguayos en una situación de exclusión social se torna una amenaza a la

reagregación del bloque en el poder158.

El significado de la crisis permite, a grandes rasgos, dos órdenes de

explicaciones:

i) El modelo de desarrollo propiciado por el Consenso de

Washington tiene falencias, propias de su aplicación gradual de tipo ensayo

- error y necesita, entonces, ajustes: el pos Consenso de Washington159 será

el portador de la receta para la implementación de estos ajustes160.

157 “(...) el `tira y afloje´ entre gobierno, izquierda y sindicatos (incluyendo otras organizaciones sociales) sobre temas vinculados a la reforma del Estado, que hizo de Uruguay el país de América Latina donde más se utilizaron los mecanismos de democracia directa, en especial, aquellos que `desde abajo´ supusieron una consulta popular para aprobar o reprobar actos de gobierno.” (Moreira, 2004: 59)158 “Luego de la crisis económica del 2002, el Producto Bruto Interno (PBI) del Uruguay disminuyó un 19.2%, el desempleo fue cercano al 20% de la Población Económicamente Activa, el número de pobres se duplicó, uno de cada tres uruguayos adultos (32.6% de la población) y dos de cada tres niños (60% de la población infantil menor de 5 años) pasaron a estar en situación de pobreza, se consolidaron los porcentajes de población en pobreza estructural vulnerables a la indigencia (dos de cada tres de ellos menores de treinta años) e incluso de indigencia directa (3.5% de la población), los niveles de salud y educación mostraban un estancamiento significativo y los niveles de desigualdad alcanzaban sus máximos históricos con una distribución del ingreso visiblemente más desigual que tres décadas atrás. En síntesis, el proceso de consolidación del Uruguay neoliberal, iniciado a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, había dejado atrás definitivamente al Uruguay Batllista y mostraba algunos de sus aspectos sociales más dramáticos.” (Moreira, 2007: 13)159 “A pesar de esas nuevas aportaciones sobre los cambios a introducir en los procesos de ajuste y reforma en los países en desarrollo, el llamado `post-Consenso de Washington´ no deja de ser, por ahora, una revisión del todavía dominante `Consenso de Washington´.”(Cairo, 2003: 14)160 “Aunque desde distintas perspectivas, la apuesta de lo que se ha venido llamando `nueva agenda´ pretende corregir las principales distorsiones y errores derivados de las medidas hasta ahora implementadas, así como incorporar nuevas políticas capaces de

139

En primer lugar, la crisis se explica por una excesiva liberalización

del sistema financiero. Se impone la necesidad de un control más férreo por

parte del Estado y, más concretamente, por los Bancos Centrales y se

mantiene la desconfianza sobre la política comprendida como un factor

distorsionante ante lo cual se promueve que sean los Bancos Centrales los

responsables de la regulación del sistema financiero manteniendo

independencia técnica respecto al gobierno.161

En segundo lugar, frente a los brutales efectos de la crisis sobre la

población se entendió necesario darle a la reforma una “cara más humana y

eficiente”(Serna, 2008). La propuesta, en su forma pura, combina el

llamado “universalismo básico” y un sistema asistencial focalizado con

capacidad de atender a los desplazados por el sistema y con la flexibilidad

suficiente como para articular políticas de emergencia cuando sea

necesario162.

(ii) El segundo orden de explicaciones buscará establecer una crítica

de fondo al modelo de desarrollo. Este orden de explicaciones sustentará

que la crisis no es más que un episodio agudo de un camino inexorable de

agudización de la dependencia de las economías periféricas, a partir de la

sujeción a una profundización de la división del trabajo a nivel

internacional, que condena a las economías de la periferia a desarrollar su

papel de surtidores de materia prima a las economías centrales. El resultado

estimular el crecimiento y cubrir aquellos vacíos que la política económica del ajuste no incorporaba.” (Cairo, 2003: 13)161 “A la vista de los acontecimientos financieros del último lustro ya pocos dudan de los peligrosos y perniciosos efectos de la liberalización a ultranza de los mercados. De ahí que, desde una postura reformista, se empiece a plantear la necesidad de `regular´ y no tanto de `liberalizar´, de forma que bajo la premisa de que la competencia es y debe ser el principio rector de los mercados, la preocupación debe centrarse más bien en la regulación de los mercados financieros, más que en su liberalización.” (Cairo, 2003: 13)162 “En este caso se trataría de ampliar la noción de desarrollo a la esfera política –el papel de la democracia y las instituciones-, a la social –la preocupación por la equidad y el nivel de bienestar de las personas- y la ecológica –la incorporación de la sostenibilidad medioambiental.” (Cairo, 2003: 18)

140

es la desindustrialización y, su correlato, la marginación creciente de

amplios sectores de la población163.

Como en el 58, esta situación busca resolverse con la alternancia de

los partidos en el gobierno. La salida se deposita en el Frente Amplio

rompiendo un ciclo de 150 años de sucesión en el gobierno de los Partidos

Nacional y Colorado. La expectativa colocada sobre el Frente Amplio,

como esperanza de resolver los problemas sociales que los partidos

tradicionales no habían resuelto, comenzó a construirse a partir de la salida

de la dictadura y la alternancia de los partidos tradicionales Colorado y

Blanco que habían dado continuidad a la política económica:

“En el Uruguay posdictadura se configuró, en las

condiciones del contexto económico y social y en la

estructura de la competencia política una oportunidad

para la izquierda. La reestructura operada durante la

dictadura y profundizada por efecto de las reformas

liberales implementadas por los gobiernos

democráticos, aumentó el número de perdedores y por

tanto de ciudadanos disconformes con los partidos

tradicionales.” (Yaffé, 2005: 185)

Incluso Moreira (2004) concluye que la crisis del 2002 disolvió al

Partido Colorado pero benefició más al Partido Nacional que al Frente

Amplio. En otras palabras, el triunfo del Frente Amplio fue resultado de un

proceso de disconformidad creciente con las políticas que venían

aplicándose más que una simple reacción a una crisis episódica que, al

momento del triunfo frenteamplista, estaba siendo superada.

163 Los origenes de este nuevo modelo de desarrollo deben buscarse en las dictaduras que sentaron las bases para “la afirmación de un patrón de desarrollo económico asociado subalternamente a los intereses imperialistas, con una nueva integración, más dependiente, al sistema capitalista; la articulación de estructuras políticas garantizadoras de la exclusión de protagonistas comprometidos con proyectos nacional-populares y democráticos.” (Netto, 1994: 17)

141

El Frente Amplio nació como producto de la unidad de todos los

partidos de izquierda durante el período del autoritarismo y, ya en sus

orígenes, se presentaba como una alternativa que proponía cambios

radicales164. Si bien en los últimos años el Frente Amplio había iniciado un

fuerte y explícito proceso de moderación en su práctica y discursos

políticos165, para buena parte del imaginario popular continuaba

representando la promesa de transformaciones radicales frente a las

reformas neoliberales que, aunque amortiguadas, venían aplicándose desde

el comienzo del autoritarismo. Y, pese a la “actualización

ideológica” (Yaffé, 2005) de la izquierda política, el Frente Amplio

continuó alimentando esta promesa con la permanente acusación al

gobierno de “liberal, aperturista, concentrador y excluyente” (Olesker,

2001).

En definitiva, la interrogante que se abrió con la crisis del 2002 fue,

como se señaló al inicio de este apartado, cuál sería el diagnóstico que se

tornaría hegemónico para explicar la crisis y, en consecuencia, cómo se la

enfrentaría. Señalan Filgueira et all (2003: 203) que las crisis en Uruguay,

como es lógico, fueron puntos de apoyo para procesar cambios de fondo en

la política uruguaya: del mismo modo en que el equilibrio catastrófico de

fines del siglo XIX se resolvió con el inicio del Estado Social, la crisis de

164 “La agudización de la lucha de clases conduce progresivamente a la unificación de las fuerzas de izquierda, las cuales conforman, en el año 1971, el Frente Amplio, que se autodefine como una fuerza política vocacionada para la `acción política permanente´ y no solamente para la disputa electoral. También esta fuerza política adopta, en esencia, el programa del Congreso del Pueblo (...) Esta fuerza política se define como de orientación democrática, progresista y anti-imperialista, proponiendo aplicar, en el año 1971, cuatro medidas fundamentales (Aguirre, 1985): reforma agraria, nacionalización de la banca privada, nacionalización del comercio exterior, política industrial, incluida la nacionalización de la industria frigorífica.” (Acosta, 2006: 95-96)165 “La moderación ideológica y programática avanzó lentamente en la primera mitad de los años noventa. El punto de inflexión entre la izquierda frentista y el progresismo estuvo dado por la creación del EP [Encuentro Progresista] en 1994. Desde entonces, y en particular desde que en 1997 se inició el proceso de `actualización ideológica´ dentro del FA, la izquierda renovó más fuertemente sus ideas y moderó notoriamente sus propuestas programáticas. El socialismo, la revolución, la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la reforma agraria, la nacionalización del comercio exterior, la estatización de la banca, el rechazo de la deuda externa y de los organismos financieros internacionales fueron quedando atrás.” (Yaffé, 2005: 186)

142

los años 50 abrió paso al Estado Liberal, por ejemplo. En concordancia con

lo afirmado y con lo señalado por nosotros, se pregunta:

“Teniendo en cuenta estos precedentes, cabe

preguntarse cuál será el impacto de la crisis actual

(1999-2002) en la historia del Estado uruguayo:

¿ratificará el rumbo liberal prevaleciente o será el

punto de partida de un nuevo ciclo de expansión del

Estado?.” (Filgueira et all, 2003: 203)

Pensando en los términos propuestos en este trabajo cabe

preguntarse si el triunfo de la izquierda marca el comienzo de un cambio en

la cuestión social. Es decir, cabe interrogarse sobre la posibilidad de que la

perspectiva de la ampliación de la ciudadanía recupere su vitalidad

volviendo a ser parte de la configuración de la cuestión social hegemónica

o, si el nuevo gobierno asumirá el diagnóstico que establece la necesidad de

hacer ajustes al Estado Liberal manteniendo así a esta perspectiva en el

estado de agonía a la que fue condenada en la configuración de la cuestión

social hegemónica consagrada a partir de 1958.

La bandera del Frente Amplio – la bandera del general artiguista

Fernando Otorgués – roja, azul y blanca representa la pretensión de articular

los valores de la revolución francesa: ¿augura el triunfo del Frente Amplio

que el rojo del gorro frigio vuelva a ocupar el lugar que tuvo en el Estado

Social166 y que fuera ejemplo para el mundo y orgullo para los uruguayos?.

166 “Era notable que Don Pepe llamara al periodista `amigo´ y no compañero. Estaba respondiendo como amigo de los Socialistas pero no como un camarada Socialista. Arena, en su propia entrevista con `La Vanguardia´ fue más allá: `Somos los revolucionarios de arriba, contra los privilegios, contra el oscurantismo, contra la explotación (...) Somos socialistas sin programa.” (Vanger, 2009:84)

143

V. EL TRIUNFO DE LA IZQUIERDA POLÍTICA: ¿UNA

NUEVA CONFIGURACIÓN DE LA CUESTIÓN SOCIAL?

En octubre de 2004, el Encuentro Progresista - Frente Amplio gana

en primera vuelta las elecciones nacionales. La victoria era el resultado de

un largo camino que se inició en 1958 con el comienzo de una crisis que

para el imaginario nacional ponía en cuestión las bases mismas de la nación

cuestionando su viabilidad (Nahum, 1984). Ese año, 1958, marcó el inicio

del “largo adiós al país modelo” (Filgueira y Filgueira, 1995).

Más allá del carácter mítico de esta percepción sobre el “país

modelo”, “hiperintegrado”, o “laboratorio social”, etc. la misma constituye

una carga valorativa del pasado, con un tinte romántico, que dificulta la

construcción de legitimidad para cualquier gobierno que lleve adelante un

proyecto nacional que se aparte de una fuerte presencia del Estado en la

regulación de la economía y que no se proponga articular un modelo de

crecimiento que, sin apartarse del capitalismo, i) mantenga una lógica de

libre mercado razonable y (ii) logre incorporar niveles crecientes de

integración y iii) bienestar social167.

El triunfo del Frente Amplio ha sido el resultado de una larga

historia de descontentos frente a gobiernos168 que, sin haber hecho un mal

papel si uno compara con la región169 (Caetano, 2005), nunca lograron que 167 En otros términos, una equilibrada articulación de las tres perspectivas de cuestión social construidas por nosotros.168 “(...) el EP-FA [Encuentro Progresista – Frente Amplio] siguió experimentando un contínuo proceso de crecimiento electoral y político: sobrepasó el 40% en 1994 y registra desde entonces, año tras año, una adhesión creciente en la intención de voto que registran las empresas de opinión pública, hasta acariciar la mayoría absoluta desde fines de 2003. Indudablemente, este fenómeno resulta del descontento que se ha ido acumulando respecto de los partidos `tradicionales´ y sus elencos de gobierno, pero también es producto de una estrategia que buscó capitalizar política y electoralmente ese descontento.” (Garcé y Yaffé, 2004: 69)169 “(....) resulta indispensable reiterar que después de la debacle social con que terminó la dictadura, del ajuste recesivo de 1983-84 y de una pauperización muy grave de la población, hubo una mejora fuerte de la economía al retornar los gobiernos democráticos, que supieron combinar crecimiento económico con abatimiento de la pobreza.” (Caetano, 2005: 31)

144

la sociedad uruguaya reconstruyera una autopercepción satisfactoria (Perelli

y Rial 1985). Dicho de otra forma, el nuevo bloque en el poder, consolidado

a partir de fines del año 50, nunca logró procesar exitosamente una “reforma

intelectual y moral” (Gramsci, 1993: 69).

Como el primer gobierno blanco del siglo XX -en el comienzo de la

crisis del 58-, como la dictadura militar -cuando esa crisis cobra su

dimensión más dramática- el nuevo gobierno debía asumir con un discurso a

la altura de las circunstancias posicionándose, al menos, con una retórica

fundacional.

En ese contexto, el novel presidente Tabaré Vázquez - de profesión

oncólogo convenientemente para los juegos metafóricos – define las cinco

dimensiones del nuevo Uruguay: social, productivo, innovador, democrático

e inserto en la región.

En el apartado anterior colocábamos la gran interrogante que se

planteaba frente a la posibilidad de un triunfo del Frente Amplio: ¿cuál sería

el diagnóstico y la propuesta de la izquierda? ¿Sería necesario realizar

pequeños ajustes al modelo anterior y continuar con un “LACE” (Olesker

2001) con rostro humano y algunos controles a la especulación financiera? o

¿el modelo debía ser transformado sustantivamente y el Frente Amplio

debía partir “de donde Batlle y Ordóñez y sus herederos quedaron” (Vanger,

2009: 266)?

En cierto sentido, en la definición establecida por el incipiente

gobierno de Tabaré Vázquez acerca de las cinco dimensiones antes

mencionadas, ya era posible identificar algunos contenidos que indicaban

que el segundo camino no había sido el elegido. Un país pequeño no puede

ambicionar su inserción en la región y en el mundo y simultáneamente

intervenir decididamente en el mercado con el objetivo de generar pleno

empleo y una protección social generalizada. Por el contrario, para

145

mantener la ambición de insertarse en la región y en el mundo debe ser

competitivo y por tanto innovador y la respuesta, obviamente, no está en la

sustitución de importaciones, la inversión estatal y la protección de los

derechos del trabajo.

“El régimen angloamericano tiene pleno empleo, pero

pocas restricciones políticas a la desigualdad de

ingresos, mientras que los sistemas de los Estados de

bienestar del modelo renano, más sensibles a los

problemas de los trabajadores, son un obstáculo a la

creación de empleo. El mal que escogemos depende

del bien que persigamos.” (Sennett, 2000: 56)

No se pretende aquí afirmar que el Uruguay cuente con la

posibilidad de optar libremente y sin constreñimientos acerca de su

inserción en la región y en el mundo. Sin embargo, sí se pretende señalar

que el anuncio en el momento de la asunción del nuevo gobierno adquiere

un claro signo ideológico. El camino a seguir se anuncia como una opción y

no como un imperativo de modo tal que participar de la globalización y la

flexibilización del trabajo, que se traduce en precarización, desregulación y

pérdida de derechos laborales, se presenta entonces como un proyecto y no

como una imposición inevitable170.

Como señalan Gallardo et all (2009) la política económica fue

diseñada por un grupo de expertos, entre los que se destaca el Ministro de

Economía, Cr. Danilo Astori171. Resulta difícil coincidir con los autores en

su planteo acerca de que el triunfo de una perspectiva económica con un

fuerte componente neoclásico responda apenas a una alianza entre el

presidente y el Cr. Danilo Astori. Lo que es claro es que esta política 170 Es bueno recordar que los procesos de ajuste estructural fueron implementados por la derecha argumentando el carácter inevitable de estas reformas.171 “Esta red de economistas desempeña un papel fundamental en múltiples políticas públicas en diversos ministerios. Seguramente ha sido la comunidad epistémica más influyente de las que actuaron en el período comprendido en esta investigación.” (Gallardo et all, 2009: 23)

146

llevada adelante por una fuerza de izquierda no podía desarrollarse sin

oposición: a este grupo de expertos se contrapone duramente la llamada

“Red de economistas de izquierda”.

“Por ejemplo, la `Red de economistas de izquierda´,

integrada por economistas que tienen un

posicionamiento crítico con el gobierno, cuestionó

severamente la reforma tributaria preparada por el

equipo económico.” (Gallardo et all, 2009: 24)

La reforma tributaria fue la mayor reforma económica llevada

adelante por el gobierno, presentada a la opinión pública como la más

ambiciosa apuesta del gobierno en pos del objetivo de la redistribución. El

slogan “que paguen más los que tienen más”172 es señalado por la “Red de

Economistas de izquierda” como la prueba de que el gobierno sigue los

principios neoliberales de grabar al trabajo anclado en el país para poder

reducir impuestos al capital de manera de captar inversión trasnacional173.172 “Que paguen más los que tienen más” se ha cansado de repetir el presidente de la República. Sin embargo ese es un axioma ideal, que se convierte en simples palabras cuando advertimos que en este país paga más la clase media, los trabajadores que están en planilla y los jubilados , por un impuesto en que descansa esa recaudación para ampliar los insaciables gastos del Estado, que quienes están llevándose la gran tajada de la torta del crecimiento, o sea los exportadores e importadores, los frigoríficos, algunos empresarios y unos cuantos productores que están vinculados a cadenas de comercialización privilegiadas, en general todos sectores insuflados con capital proveniente del extranjero.” (Bitácora, suplemento semanal del diario la República, 20 de junio de 2010). Disponible en: http://www.bitacora.com.uy/noticia_1543_1.html, Consulta: 28/06/2010.173 “La recaudación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sería de 350 millones de dólares; lo que se paga por el IRP actualmente son 150 millones de dólares (135 los trabajadores y 15 los pasivos). La carga del IRPF se distribuirían de la siguiente forma: - rentas del capital 33 millones (9%): - honorarios profesionales 39 millones (11%),

- ingresos por la venta de fuerza de trabajo, salarios, 220 millones (63 %); - ingresos por pasividades 59 millones (17%). Un simple cálculo aritmético muestra que la reforma tributaria castiga a los trabajadores activos aumentando la carga impositiva en 85 millones de dólares y a los pasivos en 45 millones. c) Los empresarios, en cambio, ganan con la reforma. Se eliminan, entre otros, el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (410 millones de dólares) y el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (48 millones) y pasan a pagar el Impuesto a la Renta de las actividades empresariales (394 millones de dólares). Van a pagar 64 millones de dólares menos por los dos conceptos anteriores, pero se eliminan además impuestos directos al capital por otros 25 millones. Debe considerarse, además, que la mayor parte de los 33 millones que pagarían los capitalistas por IRPF recaería en arrendamientos de propiedades, que no estaban gravados anteriormente.” Extraído de: Sistema Tributario y reforma: el desencanto uruguayo. Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Disponible en:

147

Como fuera señalado, la perspectiva de cuestión social construida en

la primera mitad del siglo XX lograba una articulación de las tres

perspectivas tipológicas construidas para este trabajo. Al respecto señalaban

los expertos de la CIDE174:

“La movilidad social; el acceso a las formas más

elevadas de la educación y la cultura; la cobertura de

los riesgos de salud, vejez y otras necesidades

conexas; y el acceso a determinados bienes físicos de

consumo y viviendas, constituyen para el habitante

uruguayo — como ente consumidor— un verdadero

`derecho adquirido´ y no una mera

aspiración.” (CIDE, 1966: 47)

Esta concepción de ciudadanía no es compatible con una perspectiva

que considera que el mercado es el principal y más perfecto asignador de

recursos. En ese sentido mucho más conveniente parece la posición

manifestada por el Cr. Danilo Astori:

“Ser de izquierda es crear condiciones de justicia en

la sociedad para quienes tienen una posición de

mucha inequidad en el acceso a las oportunidades de

la vida en materia de salud, educación y vivienda. Y al

mismo tiempo, en el acceso a los frutos del

crecimiento. Ser de izquierda es trabajar para que eso

mejore, como objetivo fundamental del gobierno.”175

http://www.rediu .org/Documentos/reforma_tributaria.html . Consulta: 23/08/2008. 174 La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) fue creada por el colegiado nacionalista (1958-62) dirigida por el Cr. Enrique Igleisas. Se proponía coordinar los esfuerzos de los mejores técnicos del país para diseñar e implementar un plan de desarrollo del país a largo plazo (cf. Garcé, 2002).175 Entrevista realizada en La Diaria con fecha 23/06/2010. Más adelante, el Cr. Danilo Astori, agrega lo siguiente, aclarando quiénes son los opositores a esta concepción de cuestión social: “Nos puede estar faltando, a veces, tener claro qué queremos lograr. - ¿por ejemplo? - Cuando se defienden cosas que sólo benefician a un grupo organizado de

148

El planteo del Cr. Danilo Astori resulta toda una definición de

cuestión social: la búsqueda de justicia se restringe a la población que tiene

una situación de “mucha inequidad” y la intervención del Estado se

restringe a atender esta población. Coincidentemente, en las cinco

dimensiones definidas por el presidente Tabaré Vázquez ya se anunciaba

que aquella referida a lo social se limitaba a la atención de estos sectores de

población. Es así que, más allá de la supuesta y ciertamente lógica

“concatenación” de estas dimensiones, la que interesa en este trabajo es

sobre todo la dimensión social. Para el Frente Amplio, la prolongada crisis

del Uruguay había generado una emergencia social que debía ser atendida

sin más demora. Es así que el Frente Amplio comienza a hablar de

emergencia social en el año 1999 presentando al entonces gobierno de Jorge

Batlle una serie de propuestas para su atención:

“El Frente empieza a pensar en la emergencia en el

99, en el 2000 se le presenta una propuesta al

gobierno de Batlle y en el Senado se presentan en las

distintas leyes ómnibus algunas de las propuestas que

lo componían. En el 2002/3 se vuelve a plantear como

un paquete.” (Entrevista Ministra de Desarrollo

Social)

Como es lógico, el gobierno de aquel momento, que aún no sufría la

deslegitimación que en 2002 prácticamente disolvería al Partido

Colorado176, negó la existencia de tal emergencia y no aceptó ninguna de las

personas y perjudican a la gran mayoría, no creo que esté en un rumbo de izquierda. Es lo que solemos llamar una actitud corporativa, y se encuentran muchos ejemplos en el país. Muchas veces son compañeros frenteamplistas los que levantan esas banderas.”176 La historia uruguaya, un país con una sensibilidad que se reconoce como sobria y racional es, sin embargo, rica en acontecimientos apropiados para una novelación propia del realismo mágico: el Partido Colorado inaugura su hegemonía casi absoluta a principios del siglo XX con un Batlle: José Batlle y Ordoñez. Pierde el gobierno por primera vez en el comienzo de la crisis con un Batlle: Luis Batlle Berres y cierra el siglo con una crisis estrepitosa, que pone en cuestión la propia existencia del Partido “la crisis acabó por rematar al Partido Colorado” (Moreira, 2004: 69), con un Batlle: Jorge Batlle Ibáñez, sobrino nieto de José Batlle y Ordoñez. Como en el XIX Brumario (Marx: 1986) “el

149

propuestas presentadas y tampoco lo hará en 2002/3, aunque ya no se podía

negar la emergencia.

Finalmente, en diciembre de 2004, cinco años después de su anuncio

y ya conocido su triunfo electoral, el Frente Amplio comienza a diseñar la

implementación de lo que sería su Plan de Emergencia Social.

Pocos años atrás, en la década del noventa, comienzan a

implementarse en el Uruguay las primeras “políticas sociales de segunda

generación”, “focalizadas, integrales y descentralizadas” (Filgueira, 1998).

Tales políticas fueron administradas por la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, dependiente directamente del Poder Ejecutivo, y a través de

dos organismos creados a tal fin: el Fondo de Inversión Social de

Emergencia (FISE) y el Fondo de Fortalecimiento del Área Social (FAS)

(Midaglia, 1993).

En el discurso de uno de nuestros entrevistados puede verse la mala

prensa que estas instituciones y su forma de administración tenían dentro de

la izquierda:

“Nosotros veníamos de un programa que funcionaba

dentro de presidencia. Su existencia, igual que el

PIAI177, se puede tomar como indicador de un

problema existente en las políticas sociales en

Uruguay: la famosa fragmentación y descoordinación

del sistema. La solución que le daban los gobiernos

anteriores era, tengo un problema en el INAU178 con

los niños y la respuesta era by-passear los problemas”

sobrino nieto es la caricatura del tío abuelo”.177 Programa de Integración de Asentamientos Irregulares178 Instituto de la Niñez y de la Adolescencia del Uruguay

150

El mecanismo del by-pass al que se refiere el entrevistado es tomado

de Midaglia (1993) y designa la particular forma que asumió la

implementación de los “nuevos programas sociales” por fuera de las

instituciones públicas que tradicionalmente han intervenido sobre

determinado campo de problemas (salud, educación, etc.). Con el

argumento de la “integralidad” de los nuevos programas focalizados, éstos

se implementaban desde oficinas dependientes directamente de Presidencia

de la República salteándose, de este modo, la estructura burocrática

tradicional.

Por otro lado, en tanto eran implementadas a través de préstamos

internacionales y no se incorporaban al presupuesto nacional quedaba

cuestionada la viabilidad de los mismos luego de finalizado el crédito. La

respuesta del nuevo gobierno apunta a resolver este problema:

“Nosotros hacemos dos movimientos: el primero es

institucional que es que Infamilia179 pasa para el

MIDES y deja de depender de Presidencia de la

República. De esa manera, cambió la identidad de

algo creado tipo by-pass, y la meta en el lugar de

coordinación de todas las políticas sociales y lo que

hicimos fue, dejar de pensar en los sectores, salud,

educación (…) para pensar en problemas y desde los

sectores a los individuos.” (Entrevista a director

político del MIDES)

La mala prensa referida es, posiblemente, una de las razones por la

cuales Tabaré Vázquez decidiera la creación del Ministerio de Desarrollo

Social para la administración del Plan de Emergencia. La resolución del

debate sobre la forma institucional que da lugar a la creación del Ministerio

de Desarrollo Social es relatada por la Ministra Marina Arismendi:

179 Programa de Infancia y Familia en situación de riesgo social

151

“Se procesa en el correr del mes de diciembre de

2004, a partir de un debate político y técnico

internacional que discute Ministerio sí o no. El equipo

que está en el Ministerio, directores etc. es gente que

venía trabajando a nivel programático en las políticas

de infancia, sectoriales, plan de emergencia, etc y que,

salvo aquellos que por elección personal o sectorial

pasan a trabajar en otros sectores, quedan trabajando

en aquello que habían trabajado programáticamente.”

(Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

Todo este debate se resuelve finalmente a través de la intervención

del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, y el relato de la

Ministra parece estar dando algunas indicaciones del estilo de liderazgo del

presidente:

“El presidente de un plumazo resuelve todo el debate

académico y político creando el Ministerio. Nosotros

no estábamos de acuerdo, pero después la realidad le

dio la razón, ya que un programa que debía atar a

todos los pagos, que debía coordinar desde un plan de

emergencia todos los sectores que administran

políticas sociales: Ministerios, Entes, Intendencias, no

podía ser una comisión que no tendría la potencia que

podía tener un Ministerio. Al principio se pensó que

sería un Plan de Atención a la Emergencia Social pero

la ley de creación del Ministerio le da una función

mucho más difícil que la de un plan: establece que

debe desarrollar la articulación, diseño, impulso y

control de todas las políticas sociales que el Estado en

152

su conjunto, en el sentido más amplio de Estado, lleva

adelante” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

El Ministerio de Desarrollo Social se crea a partir de la aprobación

de la Ley Nº 17.866 180del 21 de marzo de 2005. El cometido del Ministerio

es la articulación y control de todas las políticas sociales desarrolladas por

el Estado181.

La decisión de construir un nuevo ministerio para la administración

de políticas sociales no resulta adjetivo en nuestra indagación. El triunfo del

Frente Amplio representa un punto de inflexión significativo en la historia

uruguaya; el creciente descontento que iba quitando progresivamente

legitimidad a los partidos “tradicionales” era expresión de la confrontación

entre dos modelos de país: “el país real” y la duda, nunca resuelta, sobre la

posibilidad de recuperar “el país del pasado”. El Frente Amplio tenía la

oportunidad histórica de responder esta pregunta.

La decisión de crear un ministerio para administrar políticas

asistenciales, focalizadas, gestionadas por la “sociedad civil organizada”

parece estar respondiendo que la exclusión social es sub producto

inevitable de la política de desarrollo “posible” a implementar, que la

búsqueda de la igualdad y que la nostalgia del Uruguay mesocrático, no son

otra cosa que un lastre del pasado del que es necesario desembarazarse para

ponerse a construir el Uruguay del futuro.

180 Disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17866&Anchor=. Consulta: 12/6/2007181 De acuerdo con el texto de la ley al Ministerio de Desarrollo Social le compete: “A) Asesorar al Poder Ejecutivo y proponer las políticas nacionales en las materias de su competencia. B) Sin perjuicio de las competencias de otros Ministerios y organismos formular, ejecutar, supervisar, coordinar, programar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y planes en las áreas de juventud, mujer y familia, adultos mayores, discapacitados y desarrollo social en general. C) Coordinar las acciones, planes y programas intersectoriales, implementados por el Poder Ejecutivo para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales a la alimentación, a la educación, a la salud, a la vivienda, al disfrute de un medio ambiente sano, al trabajo, a la seguridad social y a la no discriminación.”

153

V. 1. MIDES: una estrategia de combate a la pobreza extrema

El primer cometido del Ministerio de Desarrollo Social fue la

administración del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social

(PANES). El PANES estaba constituido por siete componentes centrales

orientados a atender a la población en situación de “extrema pobreza”:

ingreso ciudadano (transferencia de ingresos a hogares), alimentación,

participación social y laboral, mejoramiento del hábitat, a los que se

agregaron poco después el Programa de Alfabetización de Adultos y el de

Salud Ocular” 182

“No se puede pensar en un Uruguay democrático si uno

tiene personas y hogares viviendo bajo la indigencia

más extrema. Es a partir de las cifras del INE183 del

momento que se hablaba de 100 mil indigentes (...) pero

llegamos a 71 mil hogares, a 330 mil personas de los

100 mil que hablábamos, donde más del 60 % son niños

y adolescentes y donde la mayoría de los jefes de hogar

son jefas.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

La creación del Ministerio de Desarrollo Social implicó el desarrollo

de toda una batería de programas para atender, central y fundamentalmente,

a esta población: los indigentes, llamados paradójicamente “protagonistas”

en los documentos institucionales del MIDES y en las entrevistas realizadas.

Al respecto la Ley de creación del MIDES establece que:

“Al Ministerio de Desarrollo Social le compete: (...)

D) Diseñar, organizar y operar un sistema de

información social con indicadores relevantes sobre

182 De la Emergencia a la Equidad. Las Políticas sociales del Gobierno Nacional 2005-2009: 16, Ministerio de Desarrollo Social.183 Instituto Nacional de Estadística.

154

los grupos poblacionales en situaciones de

vulnerabilidad, que permita una adecuada

focalización del conjunto de políticas y programas

sociales nacionales (....) F) Implementar, ejecutar y

coordinar Programas de Atención a la Emergencia

Social, mediante la cobertura de las necesidades

básicas de quienes se hallan en situación de

indigencia y de extrema pobreza, buscando el

mejoramiento de sus condiciones de vida y su

integración social. G) Proporcionar información y

asesoramiento sobre los programas disponibles para

quienes se encuentran en situación de indigencia o

extrema pobreza.”

Uno de los aspectos que llama la atención cuando uno se aproxima

al Ministerio de Desarrollo Social, lo que sin duda acompaña el carácter

fundacional del discurso presidencial, son los aspectos semánticos de los

que da cuenta Serna (2006, 15). Tal vez anecdóticos y adjetivos, los

aspectos semánticos no pueden ser dejados de lado en un análisis que

pretende rastrear los contenidos ideológicos legitimadores de la política

social.

En primer lugar, el cambio semántico no lo hace quien quiere sino

quien puede. En ese sentido, no hay duda que buena parte de este cambio

semántico no habría sido acompañado por la izquierda -no sólo la izquierda

política- si hubiera sido realizado por otro gobierno. Hablar de ciudadanos,

de protagonistas, de rutas de salida, etc. refiriéndose a la población

indigente, probablemente habría sido denunciado, con indignación, como

una muestra de cinismo.

En nuestro análisis, el llamar protagonistas a la población indigente

atendida por el MIDES es revelador de un contenido ideológico, por el cual

155

se le atribuye a esta población la capacidad de operar sobre sí y sobre sus

condiciones de vida. Difícilmente alguien puede concebir el carácter de

protagonista de quienes no logran acceder siquiera a los bienes necesarios

para su sobrevivencia biológica.

En el mismo sentido, es contradictoria la atribución de protagonismo

a una población en el mismo momento en que se la infantiliza desde las

propuestas y programas de intervención, en tanto es visualizada y tratada

como una población que precisa ser controlada, vigilada y a la que se le

debe exigir contrapartidas por los recursos que se le entregan184.

En general, el argumento esgrimido, que pretende superar la critica

apuntada, refiere a que las contrapartidas son compromisos que el

“protagonista” asume “vinculados con el ejercicio de sus propios

derechos”185 y de sus familias. Sin colocar en tela de juicio las buenas

intenciones de los propulsores de estas iniciativas, es posible entrever cierta

infantilización de la población atendida donde la figura de una madre

abnegada le dice al niño: “te obligo a hacer esto porque es por tu propio

bien”. Pero en términos positivos, la denominación protagonista refiere a

184 “Contrapartidas. Para la percepción del Ingreso Ciudadano se requerirán los siguientes compromisos: a) inscripción y asistencia regular de los menores al sistema educativo formal y obligatorio (artículo 70 de la Constitución de la República), incluyendo Educación Primaria, Secundaria y Técnico Pofesional conforme a los requerimientos de las respectivas autoridades, ejerciéndose los controles pertinentes por el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con ANEP y Ministerio de Educación y Cultura, según corresponda. b) controles médicos periódicos a menores de edad, adolescentes y mujeres embarazadas, sin perjuicio del seguimiento permanente que dispongan las autoridades sanitarias, según las patologías, cuya ejecución y control estará a cargo del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social en este último caso. c) participación de los miembros del hogar en actividades comunitarias, entendiéndose por tales, entre otras, aquellas tareas transitorias, que sin constituir un empleo fijo y en atención a las condiciones personales de quien las brinda (edad, estado sanitario, etc.) redunden en beneficio de la sociedad. d) actividades específicas de formación o que permitan adecuar el nivel formativo o las competencias profesionales a las exigencias del mercado laboral. e) otras acciones que faciliten la inserción social y laboral de los miembros del hogar, requeridas por los distintos Programas que integran el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.” Decreto Nº 176/005 creación del Ingreso Ciudadano. Disponible en: http://www.elderechodigital.com.uy/acceso1/legisla/decretos/d0500176.html. Consulta: 16/3/08. 185 Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 20/8/2008.

156

un proceso de transferencia de responsabilidad al individuo y la

consiguiente desresponsabilización del Estado.

La población en situación de “indigencia” se compone, según indica

la Ministra de Desarrollo Social, de una mayoría de niños y mujeres, dando

cuenta de los fenómenos de feminización y, sobre todo, de infantilización de

la pobreza, a los que también refieren las investigaciones sobre distribución

de la pobreza en el Uruguay186.

Esta composición poblacional hace que, incluso desde las

perspectivas más ortodoxamente liberales, la intervención asistencial no

presente demasiadas objeciones.

“La pobreza, e incluso la indigencia completa, no

otorgan títulos suficientes para beneficiarse con la

asistencia. Son principalmente objeto de la ayuda

quienes no pueden subvenir a sus propias necesidades

porque son incapaces de trabajar. La desventaja o

minusvalía en sentido amplio (defecto o lesión física,

la enfermedad, pero también vejez, infancia

abandonada, viudez con pesadas cargas familiares,

etcétera).” (Castel, 1997: 63, el énfasis es nuestro)

Como fuera dicho, el Plan de Atención Nacional a la Emergencia

Social (PANES) fue el programa central llevado adelante por el MIDES en

sus años fundacionales. Si bien no es posible desconocer la resonancia

186 “En suma, la evolución de la pobreza los últimos veinte años puede ser descrita como la sucesión de tres períodos: el primero, entre 1986 y 1994, estuvo pautado por la pronunciada caída de la pobreza (del 46,2 al 15,3%), en particular entre los adultos mayores (del 32,6 al 4,2%); el segundo, entre 1994 y 1999, se caracterizó por el estancamiento de la tasa general de pobreza y por un leve aumento de esta entre los menores de seis años; el último, desde 1999 a 2004, estuvo signado por el crecimiento significativo de la pobreza en todas las franjas de edad. Entre los niños más pequeños (O a 5 años) el balance de los últimos dos decenios resulta preocupante: en el último trimestre del 2002 — tras la devaluación y la escalada inflacionaria— el porcentaje de pobreza fue similar al de 1986: respectivamente, 60% y 63,2%.” (De Armas, 2005: 277, el énfasis es nuestro)

157

bíblica de la sigla, no se hará un análisis en este sentido dado que no se

cuenta con información sobre la casualidad o intencionalidad de este detalle.

El principal componente de este programa ha sido el “ingreso ciudadano”

que implicó una enorme campaña de relevamiento para establecer en

términos exactos cuál era la población legítimamente beneficiaria:

“A nosotros nos tocó lo más difícil que es elegir entre

los más pobres. Teníamos que decirle usted está en una

situación muy difícil, no tiene qué comer, no tiene

trabajo pero es un privilegiado porque no es indigente.

Esta selección no la hicimos nosotros sino en

coordinación con la Universidad de la República,

Facultad de Economía, de Ciencias Sociales y Ciesu,

equipos que no seleccionamos nosotros sino la

Universidad de la República que creó las herramientas

que permitió determinar quién está en la indigencia y

quién no. Se nos dijo por qué no usábamos los datos

existentes y demostramos que los datos existentes

estaban mal (...) El objetivo era trabajar sobre la

emergencia y trabajar juntos, construir juntos

herramientas para salir de la emergencia, y estaban los

que se sentían indigentes y no lo eran por sus ingresos

(...) estaban pero no les correspondía y así llegamos al

millón. Visitamos más de 200 mil hogares, que eran

muy pobres pero no indigentes, que te decían la

educación no me la puedo comer, los ladrillos no me

los puedo comer, los electrodomésticos no me los puedo

comer y había que decirles bueno pero usted tiene un

techo, tiene una cama y una frazada, porque nosotros

encontramos otras cosas mucho más

terribles.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

158

Los procesos de selección de los beneficiarios del PANES, esas más

de 200 mil visitas a las que se refiere la entrevistada, fueron desarrolladas

en los llamados “desembarcos”, donde mayoritariamente jóvenes

universitarios, ya sea contratados como becarios y/o en carácter de

voluntarios, visitaron las familias que se habían inscripto en el Banco de

Previsión Social (BPS) para acceder al beneficio. Del discurso se desprende

la permanente preocupación por los mecanismos más eficientes y eficaces

para realizar las operaciones de focalización, aspecto que será retomado más

adelante.

El siguiente cuadro presenta información detallada sobre la

cobertura alacanzada por el PANES:

Cobertura del PANES 187

Acumulado a Diciembre de 2007 Cantidad de hogares % de hogares del paísTotal de hogares evaluados para acceder al beneficio

246.681 23,42%

Total de solicitudes denegadas por exceder ingresos

58.010

Total de hogares visitados 188.671 17,91%

Total de solicitudes aprobadas

102.353 9,72%

Total de hogares beneficiados en promedio mensual

63.736 6,05%

Total de egresos del PANES

18.524

Máximo de hogares beneficiarios al mismo tiempo

88.600

Total de hogares beneficiados al cierre

68.546 6,51%

Fuente: BPS, DINEM, Fase I del censo 2004 (INE).

187 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES 2005 – 2007). Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2200/1/PLAN%20DE%20ATENCI%D3N%20NACIONAL%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SOCIAL.pdf . Consulta: 22/10/08

159

El universo total de la población PANES corresponde a un total de

102.353 beneficiarios distribuidos en 76.991 hogares, que se traducen en

337.240 personas a lo largo de todo el territorio nacional.

“En primer lugar, se observa que más de 1 de cada 4

personas integradas al PANES reside en Montevideo

(26%). En segundo lugar, aunque en una proporción

menor, el 14%, es decir, casi 1 de cada 6 personas,

pertenece al departamento de Canelones. Le siguen en

proporción, un pequeño grupo conformado por Salto y

Rivera que alcanza un 6%; y Paysandú, Cerro Largo y

Artigas con un 5%. La incidencia del PANES a nivel

de las personas se estima en 10,4% del total para todo

el territorio nacional.”188

Tal como se afirmó anteriormente, el Ingreso Ciudadano fue el

componente más relevante del PANES por tratarse de una política de

transferencia de ingresos. Es conocido el impacto que estas transferencias de

ingresos tiene sobre los números de la indigencia, lo que fácilmente se

observa al analizar las estadísticas sobre la evolución de la pobreza medida a

través del ingreso, tal como se muestra en la siguiente tabla189 :

Evolución de la pobreza y la indigencia desde el 2004 al primer semestre del 2008

Años % Personas pobres (LP2002) Loc + 5000

% Personas indigentes (LI2002) loc. + 5000 hab.

2004 31,9 3,9

2005 29,8 3,4

2006 26,8 2,1

2007 25,5 2

188 Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4318/1/mides_2006.pdf, Consulta: 23/5/2008.189 Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES 2005 – 2007). Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/2200/1/PLAN%20DE%20ATENCI%D3N%20NACIONAL%20A%20LA%20EMERGENCIA%20SOCIAL.pdf . Consulta: 22/10/08

160

Primer semestre de 2008 21,4 1,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

La población PANES accedía al ingreso ciudadano y asumía

compromisos en relación a sí mismo y su familia como contrapartida a la

transferencia monetaria190. Además de la transferencia de ingresos como uno

de los componentes centrales del PANES, el MIDES también desplegó un

conjunto de dispositivos socioeducativos desarrollados en convenio con

ONGs. La participación en dichos programas también se encontraba

delimitada a la “población PANES”, es decir, a la indigencia:

“(...) forma parte de un gran proyecto nacional que

tiene como objetivo trabajar por una sociedad más

justa y equitativa, atendiendo la indigencia, la

extrema pobreza, que no sólo se determina por la

carencia de ingresos económicos sino por los procesos

asociados de exclusión social: imposibilidad de

acceso -por múltiples factores- a servicios sociales en

áreas claves: salud, seguridad social, educación,

hábitat saludable, falta de oportunidades y en los

núcleos de mayor vulnerabilidad, estar expuestos a

situaciones críticas y de alto riesgo, como llegar al

límite de vivir en la calle, en climas de alta violencia

familiar y vecinal, maltrato, abuso, entre otros.”191

El ingreso ciudadano se acompaña de una transferencia para la

compra de alimentos a través del otorgamiento de una tarjeta magnética:190 “(...) asume compromisos vinculados con el ejercicio de sus propios derechos: realizar los controles médicos del núcleo familiar, asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo y la realización de actividades comunitarias en la construcción de las rutas de salida. A diciembre de 2006, 76.000 hogares cobran el ingreso ciudadano, lo que representan aproximadamente 327.000 personas.” (Página Oficial de Presidencia de la República, visitada el 30 de abril de 2007) Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 22/8/2008.191 Disponible en: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/file/4318/1/mides_2006.pdf, Consulta: 23/5/2008.

161

“Transferencias económicas para la adquisición de

alimentos, a través de una tarjeta magnética, cuyo

emisor es el BROU y una empresa adjudicataria de

pliego licitatorio que está brindando tecnología a los

puntos de venta adheridos, llamados `Comercios

Solidarios´. Hoy, más de 60.000 hogares están

recibiendo esta transferencia cuyo monto mensual

varía de $ 300 a $ 800 según la cantidad de menores de

18 años o embarazadas que haya en el hogar y las

compras las realizan en más de 480 comercios

distribuidos en todo el territorio nacional. El uso de la

tarjeta supone libertad al elegir dónde y qué comprar.

Asimismo, permite el seguimiento al detalle de las

compras realizadas por cada familia y en cada

localidad (trazabilidad). Esta información nos permite

concluir que los hogares consumen alimentos

mayoritariamente no perecederos y también alimentos

frescos.” 192

El mecanismo de la tarjeta alimentaria vuelve a colocar la tensión no

resuelta entre la infantilización de la población asistida y su reconocimiento

como “protagonista”, es decir, como individuos “libres” y capaces de tomar

sus propias “decisiones” y ser responsables por sus opciones. La libertad para

elegir qué y dónde comprar aparece vigilada mediante el seguimiento del tipo

de consumo priorizado por el beneficiario.

Por otro lado, es necesario llamar la atención acerca del hecho que, si

bien la población asistida aparece como legítimamente merecedora de la

asistencia, en tanto se trata de mujeres solas y niños en su mayor parte, y la

indigencia es delimitada por un criterio estrictamente económico, la asistencia

192 Disponible en: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2006/03/2006032401.htm. Consulta: 31/3/2009.

162

se vea reducida a un monto preestablecido en dinero y un monto asimismo

previamente determinado para la compra mediante el uso de la tarjeta de

alimentos.

Es decir, si se quiere eliminar la indigencia, y no hay límites éticos

para asistir a esta población, alcanzaba con establecer un límite admisible de

pobreza al que se pretende que acceda esta población y delimitar la asistencia

en función de este límite, asignando a cada familia no un monto

preestablecido sino el monto necesario para que cada familia indigente

superara la indigencia.

Tal vez este extremo tenga un contenido voluntarista, ya que

implicaría una intervención con operadores que se aproximaran a las familias,

establecieran los montos necesarios para sacarlos de la indigencia, etc. Pero el

voluntarismo se concentró en visitar a todas las familias para evitar que

ninguna que no le correspondiera tuviera acceso a este beneficio que como la

propia Ministra establece se trata de: “para decirlo en forma académica: 1.600

pesos de m......” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social).

Lo que parece ocurrir es que el límite de la transferencia de ingresos

está colocado en la preocupación liberal de no interferir con el mercado y, en

este caso, con el mercado laboral. Cualquier transferencia de ingresos por

sobre el límite de la indigencia estaría disolviendo la amenaza de la

indigencia como castigo a la vagancia.

Los operadores políticos insisten en que el ingreso ciudadano no ha

sido el único componente ni el más importante. Tal vez la falta de contenidos

de transformaciones de fondo, que es probablemente la expectativa respecto

a un gobierno de izquierda, hizo que se implementara toda una serie de

programas con perfil de género o de reconocimiento a las “minorías” donde,

el evidente contenido testimonial, revela el carácter conservador de los

mismos:

163

“Por consiguiente, Nancy Frasser tenía razón cuando

protestaba contra el `difundido desvinculamiento entre

la política cultural de la diferencia y la política social

de la igualdad´, e insistía en que `hoy la justicia

requiere tanto redistribución como reconocimiento

´” (Bauman, 2005: 92)

Este grupo de programas se administran desde la Dirección Nacional

de Desarrollo Ciudadano:

“La Dirección Nacional de Desarrollo Ciudadano se

propone contribuir al desarrollo de escenarios de

participación social con la más amplia convocatoria

de actores sociales que permitan el fortalecimiento de

la ciudadanía activa de las y los uruguayos entendida

ésta, como reconocimiento y ejercicio de sus derechos

económicos, sociales, culturales y políticos.”193

Estos programas, desde el punto de vista concreto de la transferencia

de recursos, han sido absolutamente marginales reduciéndose a prácticas de

marketing social, políticas de “concientización”, talleres que apuntan al

“empoderamiento”, etc. revelando que su función es puramente simbólico -

ideológica. Constituyen un aspecto de la propuesta donde se apunta a

incorporar contenidos ideológicos asociados, aunque remotamente, al

principio de igualdad.

193 “Los programas desarrollados en 2007 se refieren a dos ejes principales: la participación social y las iniciativas locales.

• Transversalidad de género en las políticas públicas. Se contribuyó a fortalecer los mecanismos ya existentes para la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas (...) Fortalecimiento a la Justicia en materia de Violencia Doméstica”, el Instituto Nacional de las Mujeres es quien tiene la responsabilidad de dirigir dicho proyecto (...) Asesoría Para Asuntos Afrodescendientes (...)”.

(Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/02/08.

164

En última instancia, estas iniciativas junto con los programas de

transferencia de activos, son reveladores de una concepción que demuestra

una tendencial individualización de lo social, mientras que tiempo atrás el

discurso tradicional de la izquierda responsabilizaba al sistema por ser

excluyente. Tal como lo establecía un economista, actual operador tecno -

político del gobierno:

“La acumulación genera un excedente de mano de

obra, pero a la vez precisa de él para continuar la

acumulación. Por ello decimos que la reserva de mano

de obra es causa y condición de la acumulación

capitalista.” (Olesker, 2001: 20)

Esta nueva concepción establece que el problema está en los

individuos que por distintos motivos han quedado fuera del sistema. La

respuesta escogida ha sido la transferencia de contenidos simbólicos para

volver a integrarlos; en otras palabras, si la culpa no es de ellos, sí lo es la

causa.

Otro grupo de programas es administrado por la Dirección Nacional

de Políticas Sociales. Este paquete de programas apunta a la transferencia de

“activos” con la finalidad de reincorporar a los beneficiarios al mercado.

“La Dirección Nacional de Políticas Sociales tiene

entre sus responsabilidades directas el diseño,

formulación y ejecución de dos componentes del Plan

de Emergencia Social, el Programa `Proyectos de

Opción Productiva´ (POP) y el Programa

`Construyendo Rutas de Salida´. Por otra parte y

como parte de sus competencias y funciones

esenciales, desarrolla otras líneas y programas

específicos, algunos de los cuales constituyen los

165

elementos fundamentales del MIDES, especialmente

en lo concerniente a la articulación y coordinación de

políticas sociales.”194

Como fue dicho, este tipo de políticas tienden a reforzar los procesos

de individualización de lo social: el problema no es atribuido a un sistema

que “excluye” sino más bien a la falta de cualidades en los “excluidos”.

“El nuevo régimen de protección orientado a `los

dejados de lado de las protecciones clásicas´ (Castel,

2004) reposa y refuerza el proceso de

individualización de las protecciones sociales

vinculando las prestaciones a la situación específica y

conducta del beneficiario. Las prestaciones sociales se

vinculan cada vez más a los comportamientos

individuales (estilos de vida) y menos a clasificaciones

de orden estructural.” (Ortega et Vecinday, 2009: 17)

Bajo estas premisas, los programas apuntan al alcanzar

transformaciones en los comportamientos de la población beneficiaria con la

finalidad de mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado, espacio

éste que aparece naturalizado como escenario donde se procesa la verdadera

integración social:

“La salida de la pobreza reside en mejorar las

capacidades económicas del eslabón más débil de la

194 Los proyectos de opción productiva (POP) consistieron en iniciativas productivas que fueron “analizadas por el Equipo Técnico del Programa en el marco de un estudio de prefactibilidad con la finalidad de proporcionar a mediano plazo una fuente de ingresos estables. De ser aprobado el emprendimiento, se otorga apoyo económico y seguimiento durante once meses y el 6 de diciembre de 2006 se firmaron los primeros 65 convenios que permiten materializar el estudio de viabilidad a cada uno de los proyectos”. Por otro lado, el programa “Construyendo Rutas de Salida” pretendió “recuperar la capacidad de la lecto-escritura, capacitación y la autoestima (...) Se alcanza a alrededor de 58.000 personas, 265 convenios con organizaciones de la sociedad civil, el trabajo con 13.475 jefas y jefes de hogar, lo que implica un 15,8% de la población acogida al PANES.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/02/08.

166

cadena, los propios pobres. Para ello, se propone la

potenciación de los recursos del capital social y activos

humanos de las familias pobres, generar capacidades de

realización de emprendimientos microempresariales. La

mejora en capital social y humano contribuiría para

que los propios pobres manejen mejor los riesgos

imprevistos (como crisis económicas, desastres

naturales, epidemias, etc.), se reinserten en la economía

y se beneficien de las oportunidades del mercado.”

(Serna, 2007: 4-5)

Con respecto a las situaciones más extremas de la vivencia agónica de

la miseria, las condiciones de hacinamiento, viviendas precarias o

directamente la situación de calle, la política del MIDES ha sido

decididamente prescindente y, a lo sumo, ha pretendido amortiguar los

efectos barbarizantes de las condiciones más extremas a través de programas

que, finalmente, acaban por naturalizar estas situaciones.

Estas iniciativas aportan remedios insuficientes o indignos como

promover la autoconstrucción, legitimando desde el Estado la irregularidad

de los asentamientos o directamente operando con refugios nocturnos, sin

ofrecer una salida civilizada a esta situación, incluso cuando las víctimas de

esta situación extrema sean niños, ancianos o enfermos mentales crónicos:

•“Mejoramiento del hábitat. El Ministerio de

Desarrollo Social aportará los recursos económicos

para la compra de los materiales de construcción y, en

los lugares donde fuere necesario, para el pago de los

recursos humanos que constituirán los equipos

técnicos (Arquitectos, Trabajadores Sociales y

personal idóneo) para trabajar como soporte.

167

•Programa de Atención a los Sin Techo (PAST) Es

un programa a nivel nacional, que tiene como objetivo

contribuir a la reinserción sociocultural y laboral de

las personas en situación de calle.

•Atención a los niños en situación de calle. El INAU e

Infamilia trabajan en 12 zonas de Montevideo y el

Área Metropolitana con el objetivo de reducir el

tiempo de permanencia en calle de los niños y

adolescentes, logrando además que concurran

regularmente a enseñanza formal, que reciban

atención en salud de acuerdo a sus necesidades y

aumenten sus espacios de socialización fuera de la

calle”.195

Los procesos de exclusión barbarizante se naturalizan al punto que la

respuesta ofrecida se vuelve equivalente a la caridad, o sea a “la comida y el

lecho en el granero” (Castel, 1997: 60), que retorna al escenario, pero ahora

ofrecida como componente de una política de Estado:

“Debido a los intensos fríos, el Ministerio de

Desarrollo Social (MIDES) ha reforzado su

programa de Atención a los Sin Techo (PAST). La

directora de la Dirección Nacional de Asistencia

Crítica y Alertas Tempranas del MIDES, Bertha

Sanseverino, dijo que además de renovar el stock de

camas se están realizando salidas casi todas las

noches para proporcionar bebidas calientes y abrigo

a quienes permanecen en las calles de Montevideo.

En total, el plan atiende a 1.800 personas, 180 de ellas

menores de edad. Doce refugios reciben a las

personas que viven en situación de calle durante el

195 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008.

168

invierno. Además de ofrecer frazadas y bebidas

calientes a las personas en situación de calle, el

equipo móvil del MIDES ofrece información acerca de

los refugios y, en caso de que las personas acepten

ingresar a uno, ellos mismos los conducen hacia lo

que llaman `la puerta de entrada´, el local desde

donde se deriva a las personas a los distintos

refugios196. A pesar de las bajas temperaturas de lo

días pasados, y contrariamente a lo esperado, se han

registrado muy pocos ingresos recientes, según

informaron funcionarios del PAST.”197

También se han desarrollado programas para la atención de

situaciones en el campo de la salud tales como patologías odontológicas y

dificultades visuales o ceguera por cataratas. La fundamentación de tales

programas transita desde un humanitarismo básico, hacia la mejora en la

presentación de la persona para aumentar su empleabilidad:

•Emergencia Sanitaria. Tiene como objetivo

garantizar la cobertura de atención a la salud a sus

protagonistas. Cuba operación milagro: más de 1329

pacientes. Salud ocular: Convenio IMM-MSP-CEP-

MIDES-Visión Echagüe en el marco de Verano

Solidario, para atender a escolares. Salud bucal: se

está dando solución a las personas incorporadas en

Trabajo por Uruguay: arreglos y colocación de

196 La vida en un refugio nocturno no difiere de la que cualquier ciudadano sensible puede sospechar. Al respecto, el técnico de una ONG vinculado a estos programas relataba lo siguiente: “los refugios son un infierno, esto se les ha ido de las manos, un padre de familia me rogaba una solución distinta, decía que a su hijo lo habían manoseado en el baño, una mujer no quiere ir porque dice que han hecho orificios en las paredes del baño para verlas desnudas, es un hervidero de piojos y mugre (...).”197 Nota publicada en el diario La República. Disponibe en: http://www.larepublica.com.uy/comunidad ) Consulta: 12/08/08

169

prótesis y, para la atención de niños mejorar el acceso

de alimentos de los hogares incluidos en el PANES.”198

Establece Serna (2006: 15) que se observa la preocupación por parte

de los gobiernos “progresistas” de realizar lo que denomina como “cambio

semántico” en el campo de las políticas sociales, tal como fue analizado en

relación a la denominación de los beneficiarios como protagonistas. Esto

puede verse, en un extremo casi caricaturesco, en las políticas de

identificación y control de la población. La construcción de sistemas

informáticos se realiza con la finalidad de controlar a los beneficiarios en el

cumplimiento de las contrapartidas y evitar que reciban beneficios

duplicados199.

“Nosotros tomamos la madre de todos los sistemas,

que va a ser, porque aún no está inventado, el Sistema

Integrado para el área social. Proyecto en el que está

metido el BPS, el MSP y el MIDES, proyecto del

Banco Mundial para armar esto. Tenemos que partir

de lo que existe para armar una estructura

compatible. Infamilia apostó por reestructurar el SIPI

(Sistema de Información para la Infancia) y eso está

pronto el mes que viene. También construiremos el

SINIA (Sistema Integral Nacional de Infancia y

Adolescencia). Había una necesidad, pues con el

PANES no pudimos controlar las contrapartidas.

Armamos un equipo, BPS, ANEP, MIDES, y armamos

198 Disponible en: www.mides.gub.uy Consulta: 15/2/ 2008 199 Establece la ley de creación del MIDES: “E) Diseñar, organizar y administrar un sistema de identificación, selección y registro único de los núcleos familiares o individuos habilitados para acceder a los programas sociales, sujeto a criterios de objetividad, transparencia, selectividad, temporalidad, y respetando el derecho a la privacidad en los datos que así lo requieran.” Se establece asimismo en el Decreto Nº 176/005 que reglamenta la ley que declara la situación de Emergencia Social y prevé la aplicación del Programa de Ingreso Ciudadano: “ART. 7º.- (Perceptor del Ingreso Ciudadano). El pago se realizará al miembro del hogar que sus componentes hayan seleccionado al momento de efectuarse la verificación, quien, necesariamente, deberá exhibir su cédula de identidad.“ (los énfasis son nuestros)

170

un sistema que permita unir las bases de datos, para

entre otras cosas controlar las contrapartidas. Otro

sistema que estamos armando es un sistema de gestión

en el territorio denominado SIGES.” (Entrevista a

director político del MIDES)

El registro en todo este sistema de control es la cédula de identidad,

elemento central de una política de identificación civil que fuera denunciada

en el pasado por la izquierda como una política policíaca de control de la

población y que el MIDES redimensiona en su función actual. En una

indudable resignificación semántica, el instrumento es presentado como

“Derecho a la Identidad”.

•Campaña por el Derecho a la Identidad. Para la

promoción del derecho a la identidad se implementan

mecanismos de acceso de los ciudadanos a la

documentación básica -partidas de Nacimiento y

Cédula de Identidad-, en coordinación con el Registro

Civil, con Identificación Civil, los Juzgados de Paz del

interior del país, las oficinas departamentales del

MIDES, de INFAMILIA, las instituciones educativas

locales y con el apoyo de UNICEF.” 200

Otro componente central de la política del MIDES son los

programas de “workfare” y donde claramente se observa el contenido

disciplinador y de control social de la política progresista:

•“Trabajo por Uruguay: dirigido a protagonistas del

PANES, experiencia sociolaboral que amplíe

oportunidades educativas y promueva el desarrollo de

estrategias personales y sociales para la construcción

200 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008

171

de rutas de salida, priorizando al trabajo como

herramienta de inclusión social.”201

El carácter disciplinador de este tipo de programas queda explicitado

en la reflexión de Britos y Caro (2006: 7):

“Los efectos de disciplinamiento de la fuerza de

trabajo pueden considerarse desde dos perspectivas:

se produce un efecto de disciplinamiento por el

trabajo a los desempleados incorporados bajo

relaciones mercantiles temporarias, y al mismo

tiempo, un efecto de disciplinamiento como amenaza

de pérdida del trabajo a los empleados cuyos puestos

pueden ser ocupados por los trabajadores

subsidiados. En este contexto, la utilización intensiva

de la fuerza de trabajo en condiciones poco favorables

al control y regulación tanto sindical como estatal,

revelan con una inusitada transparencia la asimetría

estructural de la relación laboral.”

De modo de ilustrar sobre este tópico, véase los contenidos de las

observaciones de una ONG en relación al desarrollo de una experiencia de

este tipo:

“El grupo de trabajo está consolidado; el trabajo en

el barrio Peñarol es y fue heroico. Desbrozaron ocho

cuadras desde Coronel Raíz a Watt por Casavalle (...)

La capacidad de trabajo es increíble. Los principales

problemas de desempeño son la puntualidad y la

continuidad en la asistencia y no el trabajo en sí que

saben y quieren hacerlo. Han perdido esos dos hábitos

201 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008

172

que son vitales para conseguir y mantenerse en un

trabajo. Se trabaja el tema abiertamente con ellos y

se logra mejorar lentamente. Y ello desde distintas

estrategias: descuentos, charlas personales y en

algunos casos advertencia de salida del programa.” 202

Se implementan programas donde se busca incorporar algún

contenido de racionalidad mercantil a las viejas estrategias de supervivencia

de los sectores de pobreza extrema, legitimándolas como forma de actividad

humana para la obtención de un ingreso:

“Uruguay Clasifica. Este programa está destinado a

apoyar a aquellos hogares que tienen a la

clasificación artesanal de los residuos sólidos urbanos

como una de sus principales fuentes de ingresos

económicos.” 203

Por último se identifican programas que son la continuidad de

iniciativas generadas por gobiernos anteriores, todas ellas y más claramente

las dos últimas, focalizadas en la pobreza: Los Centros de Información a la

202 Evaluación del Plenario de Mujeres del Uruguay PLEMUU, setiembre de 2005. En: Ministerio de Desarrollo Social, “Mano con Mano. Somos Protagonistas” - 2006, el énfasis es nuestro.203 Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008

173

Juventud (CIJ) 204, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia205, y el

Programa de Maestros Comunitarios206.

Una primera aproximación analítica a este listado de los programas

del novel Ministerio de Desarrollo Social, permite afirmar que la nueva

política social del gobierno progresista no parece diferenciarse en sustancia

de las políticas sociales propuestas por los organismos internacionales, tanto

siguiendo las recomendaciones del llamado Consenso de Washington207 como

en su formulación en versión “Pos”208, tal como es advertido por Moreira

(2007: 14):

“Un primer acercamiento a este Programa Social

permite detectar que era una prolongación inercial de

la fase neoliberal anterior. Si bien significó un adecuado

204 “El CIJ, tiene como responsabilidad fundamental difundir información actualizada que refiere a la educación, empleo, salud, tiempo libre y otros temas que puedan surgir de interés para los jóvenes. Es nuestra misión identificar las necesidades, responder con eficacia brindando asesoramiento a nuestros consultantes, para que optimicen la utilización de los recursos institucionales y comunitarios a escala nacional. Llamado a becas 2006: se realizó en marzo, por quinto año consecutivo un llamado a becas de estudios. Este año se publicitaron 750 becas divididas en 250 becas 100 % y 500 parciales de 50 y 75 %. Se presentaron 1500 jóvenes.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 205 “120 Centros CAIF, de la llamada `modalidad semanal´ donde se brinda atención a niños, sus familias y además, a embarazadas. Esta intervención contribuye a la construcción de una cultura del cuidado de los hijos por parte de los padres, a través del trabajo sistemático con el niño y la familia en sus hogares, procurando mejorar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los niños.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 206 “Programa de Maestros Comunitarios: 250 escuelas de todo el país atendidas por Infamilia para reducir la repetición y deserción en 15.000 escolares, para lo cual fueron capacitados 430 docentes de Educación Primaria.” Disponible en: www.mides.gub.uy. Consulta: 15/2/2008 207 Las recomendaciones del “Consenso de Washington” se orientaron a promover economías de mercado abiertas al mundo, argumentando que el proteccionismo estatal ha sido causa del “desastre” de las economías latinoamericanas. Se promovieron políticas para controlar el gasto público, reorientar el gasto en áreas estratégicas (atención primaria en salud, educación básica e infraestructura), reformar la estructura tributaria, liberalización financiera, apertura comercial, privatización de las empresas estatales, establecimiento de garantías a la libre compentencia y a la propiedad.208 El “pos – Consenso de Washington” es producto de la preocupación por los efectos “indeseables” de las reformas implementadas. Las propuestas de políticas refieren a la modernización/tecnificación de las funciones del Estado, control del gasto público, desarrollo de procesos descentralizadores, reforma del servicio civil, modernización del poder judicial, atender los problemas de seguridad, establecimiento de relaciones entre empresarios y trabajadores de forma de amortiguar los conflictos, reestructuración de los ministerios “sociales”, e insiste más en la necesidad de regular que de liberalizar.

174

registro (y ampliación) del número de beneficiarios y de

las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la

situación de los sectores pobres, no implicó una ruptura

o una novedad sino una continuidad con las políticas

focalizadas de la fase tardía del neoliberalismo. Existen

además otros elementos que presumiblemente incidirán

en el mediano plazo contra la eficiencia de esta política.

Un análisis más detenido de su implementación, permite

observar que por diversas razones se ha afectado el

cumplimiento de las metas, y por ende, si bien la

pobreza se reduce, lo hace a un ritmo inferior al

esperado y los objetivos de desarrollo y justicia social

comienzan a parecer francamente inalcanzables al

menos en un período de gobierno”.

La búsqueda de diferenciación con las políticas sociales del

momento anterior parece concentrarse en un énfasis en las ineficiencias de

aquellas administraciones y, por tanto, en la necesidad de gastar mejor, no

superponer programas, coordinar, etc. En otras palabras, el problema de la

atención a la indigencia y la pobreza es reducido a un problema de carácter

pura y exclusivamente técnico.

“El MIDES es un actor más, pero tiene un papel que

otros no tienen en las políticas sociales. La propia Ley le

mandata entre sus competencias la de articulación y

coordinación de las políticas sociales del Estado, y este

rol no lo tienen otros. Acaso la OPP209 puede estar

compartiendo alguna zona común. La propia Ley le da

un aspecto diferencial en cuanto a otros Ministerios del

área social o del campo social (...) Desde un primer

momento nosotros encontramos necesaria la

209 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

175

articulación de las políticas sociales, porque partíamos

de un diagnóstico de hace ya varios años, de una

fragmentación, dispersión, atomización, casi de una

feudalización de las intervenciones público estatales,

que lo hacían ineficiente y operaban en sentido

contrario al uso óptimo de los recursos públicos, y a la

vez dejaba lagunas o zonas descubiertas. (Entrevista a

director político del MIDES)

La propuesta “novedosa” consiste en una apuesta a la articulación

de todos los programas sociales a fin de evitar superposiciones, experiencia

que, según relata un entrevistado, había sido ensayada sin éxito en el

pasado:

“A partir de este diagnóstico vimos como una de las

posibilidades construir un espacio legitimado

políticamente, formalmente instalado e instituido como

el ámbito de coordinación de políticas sociales

sectoriales, para lo cual gracias al acuerdo de todos los

Ministros y el Presidente se crea el Gabinete Social, que

tú recordarás que hubo algunas experiencias en el

gobierno de Lacalle con una vida muy efímera, muy

decorativa.” (Entrevista a director político del MIDES)

Nuevamente es la especial intervención del Presidente de la

República lo que permite resolver este asunto que en el pasado no había

resultado. Se crea así el gabinete social mediante decreto presidencial. Está

conformado por:

“los Ministros y Ministras de la política social más

clásica, salud, educación, trabajo y seguridad social,

vivienda, obviamente el MIDES al cual se agrega, la

176

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Congreso de

Intendentes (en carácter de invitado) y un representante

del Ministerio de Economía y Finanzas y más adelante

el Ministerio de Turismo y Deportes, (más adelante en la

entrevista agrega al INE, al CODICEN, y al BPS). Ese

es el gabinete social y tiene un funcionamiento no tan

regular ni sistemático como lo tiene el Consejo

Nacional. En el mismo decreto se crea el Consejo. Tiene

una alineación política. No es un organismo técnico,

pero depende del Gabinete Social y asiste y apoya al

Gabinete. Mientras el Gabinete es presidido por la

Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, el

Consejo es presidido por el Director Nacional de

Políticas Sociales. El Consejo se reúne regularmente.

Primero mensualmente, luego al año quincenal y en este

último período todos los lunes, en algunos casos con

sesiones extraordinarias por el trabajo que llevó el Plan

de Equidad y porque dicho Plan es un producto de este

Consejo.” (Entrevista a director político del MIDES)

Se reedita la ya vieja preocupación por la coordinación

interinstitucional y la “innecesaria” superposición de servicios. Mediante

acciones sobre este asunto se busca que ningún individuo acceda a beneficios

por duplicado, evitando así aquello que para el pensamiento neoliberal es “el

infierno tan temido”: que alguien pueda utilizar recursos extramercado de

forma estratégica.

“También es importante que estos programas sean

consistentes, asegurando que su diseño, focalización y

estructuras institucionales no presenten

superposiciones no intencionales que puedan resultar

en ineficiencias (...) Además, los programas deben ser

177

consistentes con el desarrollo del mercado de trabajo,

promoviendo el desarrollo de mecanismos de

sostenimiento autónomo por parte de los beneficiarios,

proveyendo incentivos y apoyando el acceso a empleos

formales.” (Banco Mundial, 2006: 12)

Pero en realidad, más allá de los intentos de imprimir aspectos

novedosos en la implementación de la política, gran parte de estos programas

y proyectos se desarrolló con un alto grado de voluntarismo en su

implementación. El voluntariado210 ha sido promovido por la política

institucional del MIDES. Valga a título de ejemplo, el siguiente fragmento

extraído de material de folletería institucional:

“(...) Por momentos salía un sol que nos dejaba

sedientos y sin muchas posibilidades de protegernos;

en otros momentos, se ocultaba y aparecía un viento

helado que penetraba los huesos. Sin embargo, el

calor y las ganas de contacto y escucha de la gente

parecían ser una constante (...) Son casi las 5 de la

tarde del primer día. Estoy exhausta. Los gurises

(estudiantes) tienen una polenta impresionante; le

meten con todo y eso me renueva las energías. Lo de

hoy es como estar viviendo en un universo paralelo,

donde la bandera de la solidaridad está en todas

partes.”211

Se observa un permanente apelo a la solidaridad y la responsabilidad

compartida por parte del Estado y la sociedad civil de los problemas

sociales, lo que en el fondo esconde cierta desresponsabilización del Estado.

En síntesis, se trata fundamentalmente de programas testimoniales, más bien

característicos de la acción social filantrópica, no logrando el estatuto que 210 Sobre este tema se vuelve a partir de la página 171.211 Testimonio de un voluntario extraído de: Ministerio de Desarrollo Social, “Mano con Mano. Somos protagonistas”, IDES, 2007.

178

debieran tener los programas estatales dirigidos al combate de la pobreza.

En definitiva, como establece Serna (2007: 15):

“(...) más allá de virtudes y defectos, los planes

sociales se han enfrentado con importantes limitantes

estructurales. El manejo cauteloso y austero del gasto

público social de los gobiernos no ha quebrado el

carácter subsidiario de las políticas sociales con

respecto al desempeño económico. El costo

Programas Sociales de Transferencia de Renta (como

% del PBI) es marginal con valores bastante

inferiores al 1%. Las políticas contra la pobreza

tienen un magro impacto en la reducción cuantitativa

de la pobreza y la desigualdad económica.”

Este repertorio de programas parece confirmar que la política social

del gobierno progresista buscó establecer diferencias sustanciales con las

políticas llevadas adelante por los gobiernos anteriores, pero en sustancia

estas diferencias se agotaron en una nueva organización semántica de las

(ya) viejas políticas focalizadas, residuales, asistencialistas y, en suma, sin

capacidad de generar transformaciones de fondo y sustentables en la vida de

la población en situación de miseria.

Se mantiene una férrea vigilancia de tonalidad neoliberal, buscando

que la política social no sustituya los mecanismos familiares o comunitarios

de ayuda (De Martino, 1998) cuando la integración al mercado no se

consigue.

El principio básico es que los problemas sociales se resuelven en el

mercado y cuando esto no se consigue, la familia o la comunidad son las

primeras responsables del fracaso. Y sólo, en última instancia, cuando lo

extremo de la situación demuestra que es inevitable su atención, la

intervención del Estado se vuelve legitima.

179

Lo que agrega la intervención del nuevo gobierno es una mística

herencia de un pasado de lucha y sacrificio que permite convocar a un

voluntariado dispuesto a dejar todo en la intervención.

“Nuestros sueños comenzaron hace décadas. Los

trajeron los trabajadores emigrantes en sus morrales,

los forjaron los primeros que se sindicalizaron, los

acuñaron los estudiantes y sus compañeros, los regó

la sangre por las calles (...)” 212

No sólo el nuevo voluntariado convocado por la izquierda sino

también el voluntariado que venía operando en las ONGs recobra todo el

entusiasmo que los anteriores gobiernos no conseguían imprimirle.

Una primera aproximación al MIDES arroja algunas situaciones

desde nuestro punto de vista paradójicas con rendimientos para un análisis,

en principio superficial pero no por ello desdeñable. Se observa, junto con

Serna (2007), un cambio semántico en los discursos desplegados. Como

vimos, a la “población PANES” -así nombrada por los operadores- se la

denomina como “protagonistas”, denominación fundada en una retórica

construida que apela a los derechos de ciudadanía como elemento central.

Sin embargo y pese a esta retórica, cuando uno se aproxima al edificio

donde funciona el MDES, alejado del hábitat de la población que atiende, se

enfrenta a una edificación cuyas escalinatas están rodeadas por un enrejado

de unos dos metros de altura y al ingresar a las instalaciones se debe dejar el

documento de identidad a cambio de una tarjeta que indica el sector del

edificio al que se accederá.

Ambos aspectos son un tanto paradójicos y contradictorios con la

nueva estructura discursiva; las prácticas también hablan y dicen más que

212 Palabras de la Ministra de Desarrollo Social saliente, Marina Arismendi, en Infomides, Ministerio de Desarrollo Social, marzo de 2010.

180

las palabras. El enrejado de las escalinatas se realizó a los pocos meses de

funcionamiento del MIDES en ese edificio, que anteriormente pertenecía al

Banco de Crédito, cerrado durante la crisis financiera de 2002. Las

escalinatas estaban sirviendo de “protección” para quienes vivían en

situación de calle. El enrejado cumplió la función de “resolver” esta

situación que simbólicamente representaba, ante la mirada de los

ciudadanos que recorrían nuestra avenida principal, la ineficacia de las

políticas del MIDES para atender la indigencia.

En relación a esta curiosa política de seguridad, que exige dejar la

identificación al ingresar al Ministerio, caben algunas consideraciones. En

la entrevista realizada a la Ministra de Desarrollo Social manifestaba su

malestar por la estigmatización que sufre la población con la que trabaja. Al

respecto señalaba lo siguiente:

“fue una hipótesis de trabajo y que se demostró: la

gente quiere salir con trabajo, no quiere salir con que

se le dé nada, hay un sector como en todos lados. Yo

siempre digo yo estoy sentada en un banco213 robado

y no fueron indigentes los que lo robaron.”

No obstante esta apreciación, el Ministerio realiza una política de

seguridad que solo se puede encontrar en instituciones que pueden

justificarla por su vinculación a la defensa nacional tales como el Ministerio

de Defensa, el edificio de Aduanas, etc. Con la paradoja extra de que la

población con la que trabaja el PANES, presenta históricamente problemas

de documentación que justificaron la Campaña por el Derecho a la

Identidad.

213 El MIDES funciona en el edificio del ex Banco de Crédito, uno de los bancos por los cuales fueron procesados con prisión los hermanos Peirano luego de la crisis financiera del año 2002.

181

Resulta difícil entender esta política de seguridad, sin apelar a la

histórica estigmatización de que es objeto la población indigente: ¿qué

documentación clasificada se busca proteger?, ¿qué valores se pretende

resguardar? El mismo Banco de Crédito, cuando funcionaba no tenía estos

mecanismos, pues claro está que al banco no iban los indigentes.

Podría argumentarse que en las oficinas del Ministerio hay

documentación privada de los “protagonistas”. Sin embargo, la exigencia de

identificación también recae sobre la población que concurre para ser

atendida en el hall central por parte de los técnicos del área social.

En relación a aspectos más de fondo - sustantivos a una política que

apunta a realizar procesos socioeducativos que buscan la integración de la

población atendida – se registra una fuerte debilidad institucional en dos

sentidos.

i) Por un lado, la propia estructura del MIDES es débil en el diseño

de sus aspectos técnico – administrativos. El reclutamiento de sus

funcionarios técnicos y administrativos se apoyó en pases en comisión, no

necesariamente desde instituciones vinculadas a la protección social,

contratos a término, sistemas de becas, acuerdos con el sector de las ONGs,

etc.

“nos quedaba un poco grande, en el sentido de que

éramos nuevos y el Ministerio no tenía la

infraestructura, no tenía presupuesto, y a veces no

teníamos tampoco la capacidad como para llamar a

licitaciones y realizar las tareas que se nos habían

encomendado por ley” (Entrevista director político

del MIDES)

182

Se apunta a resolver esta fragilidad apelando, como ya fue señalado,

al voluntarismo de los funcionarios:

“Empezamos a los ponchazos, empezamos con cuatro

técnicos que habían, y en base a eso a los convenios,

al trabajo voluntario de otro montón de gente, a la

camiseta, en definitiva, porque como yo siempre digo

este es un Ministerio con mucha transpiración. Acá lo

que no se puede hacer demoramos un poco más en

hacerlo, la idea siempre es pasar del posibilismo, lo

que se puede es el piso y vamos por más, por lo que

no se puede.” (Entrevista director político del MIDES)

ii) Por otro lado, es necesario referirse a la estructura organizativa de

la “sociedad civil organizada”. Como señala Midaglia (2000), desde los

años noventa se constata en el Uruguay un desarrollo y consolidación de

organizaciones no gubernamentales con capacidades diversas que participan

en la ejecución de programas sociales en convenio con el Estado, pero la

masividad de los requerimientos del MIDES, superan ampliamente el

repertorio de ONGs con trayectoria y experiencia para una gestión solvente

de proyectos socioeducativos:

“El programa tiene dos patas y se basa en un equipo

técnico que hace los talleres y un equipo que hace la

parte de la operativa en el trabajo. Allí fuimos muy

libres, algunas organizaciones trabajan de manera

integrada, otras no lo logran, está disociado. Por un

lado, una suerte de capataz que es el que organiza el

trabajo y, por allá, por otro, los talleres; y queda todo

disociado, hay algunas que trabajan muy bien como

Gurises,214 otras bueno, en fin, no tanto, muchas son

214 Se refiere a Gurises Unidos, una ONG que trabaja en Uruguay desde los años ochenta.

183

nuevas y no tienen experiencia.” (Entrevista a técnico

del MIDES)

Esto se suma a las dificultades de control del trabajo de las ONGs

que tiene el Ministerio o, por ponerlo en positivo, del “respeto a la

experiencia de la sociedad civil organizada”, de acuerdo a las palabras de un

entrevistado. De este modo, se generaban situaciones en las que era posible

que un “estudiante avanzado”, con un contrato como becario, realizara la

supervisión del trabajo técnico realizado por una ONG donde su interlocutor

era un profesional de larga experiencia y trayectoria y con un salario muy

superior al suyo.

Al respecto resulta revelador el relato de un técnico vinculado a un

Centro Comunal Zonal de la Intendencia Municipal de Montevideo:

“Llegó al comunal un joven visiblemente preocupado

y me plantea que lo citaron del MIDES para

integrarse a un taller con la ONG XXXXX y cuando

se presenta en la dirección de referencia, en un

Núcleo Básico Evolutivo215 encuentra a un señor

haciendo tortas fritas que no sabía de lo que le

hablaba. Me manifestó su temor a perder el Ingreso

Ciudadano, así que llamé al MIDES. Luego de largo

rato me atienden y me dan el teléfono de la ONG

XXXX. Llamé varias veces y me atendía un

contestador que ofrecía clases particulares para

liceales y escolares. No pude volver a comunicarme

con el MIDES y le dije al muchacho que no era su

culpa y seguro no iba a tener problema (...). A la ONG

nunca la había oído nombrar y yo hace 15 años que

trabajo en la zona.”

215 Solución de vivienda para sectores pobres realizada en los noventa

184

Si bien resultaría ingenuo aceptar en todos sus términos el discurso

acerca de la no subordinación de la política social a la política económica216,

sobre todo cuando nos referimos a la esfera asistencial de la política social,

se observa la debilidad y precariedad de los recursos tecnopolíticos y

técnicos con los que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social, lo que vuelve

innecesaria su comparación con los recursos humanos reclutados en otras

esferas y, sobre todo, en el Ministerio de Economía y Finanzas217

Parafraseando a Lo Vuolo (1999) uno podría plantearse que más que ante

“la pobreza de las políticas contra la pobreza”, estamos ante “la miseria de

las políticas contra la miseria”.

Esta debilidad puede también identificarse en las estrategias

desplegadas por el Ministerio. Siguiendo al autor parafraseado, un claro

exponente académico de la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía,

esta debilidad no sólo responde a lo señalado párrafos atrás respecto a las

organizaciones convocadas para desarrollar las estrategias socioeducativas,

sino que se funda en las características de la propia estrategia propuesta:

“Por lo tanto, una acción estratégica contra la

pobreza no puede sustentarse en la mera `reparación´

de estos daños ni mucho menos se puede plantear

simplemente su `alivio´ o `compensación´. (....) Por lo

216 “En segundo lugar, la necesidad de tener una visión de conjunto de todo el gobierno, de las políticas sociales, las públicas y las económicas. Imbricar la política económica con la social y dejar de hacer subsidiaria la política social de la económica.” (Entrevista Director Político del MIDES)217 Al respecto apunta una reciente investigación: “Es probable que nunca antes en la historia de la política económica los economistas hayan desempeñado un papel tan importante en el gobierno. Las tres principales figuras del equipo económico son tres economistas muy reconocidos: Danilo Astori, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, es el Ministro; Mario Bergara, PhD de Berkeley (EEUU), es el subsecretario; Fernando Lorenzo, PhD de la Universidad Carlos III (España) y ex director de CINVE, comanda la influyente área de Macroeconomía del MEF.” En relación al MIDES se establece: “Sin embargo, es de orden aclarar que el MIDES ha realizado llamados abiertos a instituciones para desarrollar políticas sociales. Las instituciones o personas que, finalmente, no participan de los procesos pueden pensar que esta elección es equivocada y que es expresión de la baja capacidad técnica del elenco gobernante.” (Gallardo et all, 2009: 23)

185

mismo, tampoco tiene sentido la discriminación

habitual entre pobres `merecedores´ y `no

merecedores´ de asistencia (...) Una política efectiva

contra la pobreza no puede discriminar entre los

propios pobres sino que debe asumir la segregación

social que manifiesta la pobreza.” (Lo Vuolo et all,

1999: 290)

En términos estrictos, la perspectiva de la ampliación de la

ciudadanía va a cuestionar duramente a las políticas focalizadas y

administradas por la sociedad civil organizada, pues en tanto no se

constituyen en derechos sociales son esenciales al pensamiento neoliberal y

representan procesos de “refilantropización” en la atención de los problemas

sociales.

La perspectiva neoliberal se estructura en base a la convicción de

que la sociedad, inevitablemente, genera procesos de exclusión social que

pueden atribuirse a aspectos intrínsecos a la dinámica de mercado o a

incapacidades “morales” o “estratégicas” de los individuos, pero en

cualquier caso se los reconoce como inevitables.

La focalización tiene parámetros extremadamente exigentes para

evitar que los individuos hagan un uso estratégico de la asistencia y

obtengan recursos diferenciales para competir en el mercado. De este modo,

se exige que la población atendida se encuentre por fuera de la lógica de

mercado218.

218 “Se plantean difíciles cuestiones acerca del nivel preciso que de esa manera debe asegurar; hay, en particular, la importante cuestión de saber si aquellos que así dependerán de la comunidad deberán gozar indefinidamente de las mismas libertades que los demás. Una consideración imprudente en estas cuestiones puede causar serios y hasta peligrosos problemas políticos; pero es indudable que un mínimo de alimento, albergue y vestido, suficiente para preservar la salud y la capacidad de trabajo puede asegurarse a todos.” (Hayek, 2006: 158, énfasis nuestro)

186

“La lucha contra la pobreza extrema es parte integral

del neoliberalismo, no es un adorno ni un acto externo

al modelo, está en su esencia misma (...) Esto da una

idea más clara del papel del Estado en la ideología

neoliberal. Es decir, salvo en el `estado policía´,

prácticamente desaparecido, la pobreza extrema es la

gran excepción a la regla de `no intervención´ del

Estado en el juego de la economía.” (Boltvinik Apud

Danani, 2008: 43)

Un elemento central del nuevo repertorio de políticas sociales

vinculadas al pensamiento neoconservador o neoliberal, es una permanente

vigilancia sobre los dispositivos de protección social a fin de evitar que se

generen grupos de presión asociados a esos mecanismos de protección, ya

sean sus beneficiarios directos o las propias burocracias que los administran.

Para esta perspectiva allí deben buscarse las causas de la crisis

procesada en el Estado de Bienestar. Las burocracias y los propios

beneficiarios presionaban al Estado para ampliar los beneficios recibidos. El

objetivo es, entonces, que las políticas atiendan si y solo si a aquellas

personas que se encuentran expulsadas del mercado y tengan en riesgo su

sobrevivencia y la destrucción de su capacidad de trabajo, y deben detenerse

indefectiblemente en el instante en que el individuo está en condiciones de

retornar al mercado.219

219 Como establece el Decreto Nº 176/005 que reglamenta la ley que declara la situación de Emergencia Social y prevé la aplicación del Programa de Ingreso Ciudadano: “ART. 10.-(Suspensión del Ingreso Ciudadano). El pago del Ingreso Ciudadano podrá ser suspendido temporalmente, previa audiencia del interesado, mediante resolución fundada del Ministerio de Desarrollo Social, por las causas siguientes: a) Constatación de la inexistencia del impedimento invocado para justificar el incumplimiento de cualesquiera de las contrapartidas requeridas por la ley. b) Cuando, sea en forma transitoria u ocasional, se incremente el ingreso promedio por persona de los integrantes del hogar, superando el mínimo vigente a la fecha en que se produzca la modificación. c) Por la percepción de nuevos ingresos derivados de la incorporación de cualquiera de los miembros del hogar al Programa de Empleo Transitorio incluido dentro del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. La suspensión se efectivizará a partir del primer día del mes siguiente al que se adopte la correspondiente resolución administrativa. Comprobado el decaimiento de los motivos que determinaron la suspensión del pago del Ingreso Ciudadano, éste se reiniciará al mes siguiente de dictado el correspondiente acto administrativo.”

187

En el mismo sentido, el desarrollo de las llamadas organizaciones no

gubernamentales y su refuncionalización como organizaciones para

gubernamentales es esencial en la implementación de las políticas

focalizadas y tiene varias funcionalidades:

1. No es necesario generar una burocracia de funcionarios públicos

para la administración de los programas sociales, ya que se puede

recurrir a estas organizaciones cuando se las precisa a través de

contratos por programa. Las organizaciones no gubernamentales se

manejan con el derecho privado por tanto son mucho más flexibles y

pueden manejar su dimensión en función de la demanda. Los

funcionarios permanentes son muchos menos y generan una relación

de fidelidad a la organización lo que aminora, si no elimina,

cualquier tipo de conflictividad sindical.

2. Se opera una dinámica de cuasi mercado entre las distintas

organizaciones a las que se las convoca por distintos medios:

concursos, licitaciones, etc. Esto, sumado al aspecto apuntado de la

baja sindicalización, reduce enormemente los costos en mano de

obra.

3. Constituyen un colchón entre la población y el Estado y en el caso

que se generen relaciones clientelares son mucho más inocuas del

Estado con estas organizaciones.

4. Estas organizaciones operan con distintas místicas, confesionales o

no, que consiguen operacionalizar mucho más eficientemente el

voluntariado tanto de sus cuadros asalariados como de voluntarios

puros (cf. Morales, 1998: 84-85).

Los organismos multinacionales de crédito han sido los más celosos

vigilantes y han condicionado el crédito a esta condición. Al respecto

veamos la interesante adhesión a estos principios de un operador

188

tecnopolítico del MIDES en su respuesta a por qué el PANES se propuso

culminar en dos años y cumplió estrictamente con ese plazo220:

“¿Por qué dos años?, porque a partir de los dos años

es donde empiezan los conflictos políticos y los

amiguismos, donde empieza la falta de transparencia

en la aplicación de la política. Es una cosa que nos

valora el Banco Mundial que lo hayamos hecho así y

nos evalúa como uno de los más transparentes de los

países que lo desarrollaron y nos catalogan como el

mejor focalizado.” (Entrevista director político del

MIDES)

En síntesis, el MIDES despliega un repertorio de programas que

pueden agruparse en tres tipos:

1) Un primer grupo de programas no ofrece mayores dificultades en

su instrumentación, involucran pocos recursos materiales y tienen un

impacto residual o en todo caso difícil de evaluar. Se trata de las políticas de

afirmación de identidades o de reconocimiento de minorías o de género.

Estas políticas tampoco tienen dificultades en lo que a legitimidad refiere

pues, salvo posturas extremistas, machistas o racistas, desde ninguna

perspectiva son cuestionables.

2) El segundo grupo de programas refiere a políticas de

transferencia de ingresos, recursos materiales, servicios, etc. Este grupo de

programas significó el diseñó de un elaborado dispositivo de focalización.

Los denominados “desembarcos”, ya populares en Uruguay, convocaron a

voluntarios, estudiantes universitarios y militantes sociales imprimiéndole a

220 En el mismo sentido dice otro entrevistado: “Además fuimos felicitados por muchos organismos internacionales, por la transparencia, no nos salimos del libreto mas allá de la presión, significaba mucho” (Entrevista director político del MIDES)

189

todo el proceso un tono salvacionista y de refundación nacional221. A través

de un sofisticado instrumental econométrico, “el algoritmo”222, los

voluntarios evaluaban quiénes accedían al beneficio y quiénes no. Estas

políticas de transferencia de ingresos focalizadas complementan el

repertorio de políticas sociales que venían aplicándose en el Uruguay

durante los gobiernos anteriores.

3) Un grupo de programas de tipo socioeducativo complementa los

programas de transferencia de ingresos. Estos programas son realizados en

convenio con ONGs223. Amplían el universo de organizaciones de la

sociedad civil que ya se venía desarrollando desde la salida de la dictadura y

complementan las políticas de transferencia de activos.

Se percibe claramente una línea de continuidad y profundización del

ya no tan nuevo modelo de prestaciones sociales focalizadas,

descentralizadas y con participación de las organizaciones de la sociedad

civil (Filgueira, 1998). Tal profundización puede verse en dos aspectos

fundamentales.

221 “El promedio de edad es de 30 años en el MIDES. Había gente que no sostenía el ritmo de trabajo. Hay algunos voluntarios que juegan a favor. El voluntariado tuvo un papel importante. También lo estamos manejando en función de darle mayor utilidad ya que la afluencia nos sobre paso mucha gente quería trabajar, comprometerse en el proceso y aportar desde distintos lugares” (Entrevista director político del MIDES)222 “Como con las viejas y queridas barriadas se salió con los desembarcos, que resultó una metodología interesante para aplicar desde el gobierno y se aplicó una encuesta parecida a la encuesta del Instituto Nacional de Estadistica. El problema fue que, por la inexperiencia de algunos tomadores de datos, algunos campos no se llenaron, lo que nos obligó a utilizar técnicas econométricas para reconstruir cuestiones como la regresión discontínua y otros, definir un punto de corte que permitiera definir quién entra, lo que llevó al famoso algoritmo que muchos no lo entendimos hasta después de bastante tiempo.” (Entrevista director político del MIDES)223 Un segundo grupo de organizaciones obtienen la mayor parte de sus recursos a través de la venta de servicios a distintas agencias del Estado (a nivel nacional o municipal). Esta situación es común en las ONGs especializadas en políticas sociales (como "El Abrojo"). Frecuentemente, el actual gobierno ha recurrido a las ONGs para ejecutar políticas diseñadas por los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social. Pero algunos centros de investigación privados (como CIEDUR) también han pasado a obtener una parte muy importante de su presupuesto a través de la venta de informes sobre problemas específicos. De acuerdo al testimonio de CIEDUR, "En los dos últimos años se incrementaron significativamente los fondos estatales por la realización de proyectos vinculados a la emergencia social por impulso del Ministerio de Desarrollo Social". (Gallardo et all, 2009: 5)

190

En primer lugar, las políticas de transferencia de ingresos

cuidadosamente focalizadas, tienen una función central y eficiente en la

reducción de la pobreza extrema aunque tal reducción tenga un carácter

epidérmico. La propia construcción discursiva del MIDES llama la atención

acerca de que la pobreza extrema tiene un contenido “más profundo” que no

se limita a un problema de ingresos224. No obstante, la selección de los

beneficiarios se basa centralmente en un despistaje basado en la medición

de la indigencia a partir del ingreso. De este modo, la transferencia directa

de ingresos logra reducir de forma inmediata el porcentaje de población en

situación de indigencia.

“Mientras las asignaciones familiares y el ingreso

ciudadano son claramente los programas mejor

focalizados, su impacto sobre la pobreza es menor,

debido al monto de sus beneficios (...) El impacto en

términos de equidad es similar, y sólo cuando se

considera el impacto en la indigencia, el Ingreso

Ciudadano se torna relevante.” (Banco Mundial,

2006: 16)

El segundo aspecto es el recurso masivo a las ONGs en la gestión

de los programas socioeducativos. El desarrollo de las ONGs en Uruguay

tiene un fuerte impulso desde fines de la dictadura, pero sobre todo, el foco

de atención de los programas llevados adelante por la ONGs estuvo

centrado en el trabajo con niños y adolescentes mientras que el trabajo sobre

la población adulta estaba referido en su carácter de familiares o referentes

224 Sobre este tópico se afirma que “(...) hay cosas que es parte del trabajo protegido del plan de equidad aunque tengamos la varita magica y todo el trabajo del mundo hay gente nuestra que no accedía porque no sabía poner su nombre, porque no sabe hacer un curriculum, porque no tenía dientes, porque nunca trabajó formalmente, porque tiene una capacitación que no la puede acreditar y se puede hacer una lista de cuáles son las razones” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social). Y se sigue que; “(...) hay que construir una estrategia de desarrollo humano que tiene manifestaciones en el campo económico, social, cultural, y no es nada sencillo(...) regenerar estructuras vinculares, estructuras de soporte, redes solidarias, que están destruídas y degradadas (....) porque integración no es decirle al pobre veni que te voy a integrar, no, es mucho más complejo.” (Entrevista director político del MIDES)

191

de los niños y adolescentes atendidos. Los programas del MIDES,

supusieron, como fuera indicado, un enorme desarrollo de las ONGs. Lo

novedoso es que, por primera vez en Uruguay, se despliega todo un

dispositivo organizativo para operar con la población adulta:

“Construyendo Rutas de Salida centraba su atención

en población adulta de extrema pobreza y estuvo

dirigido a recuperar la capacidad de lecto-escritura,

autoestima, en el conocimiento de los derechos de los

protagonistas del Plan a través de la realización de

actividades. Participaron cerca de 17.000 jefes y jefas

de familia casi 800 grupos en todo el país.”225

Estos programas, centrados en los aspectos “subjetivos” que inciden

sobre la pobreza extrema y que en el Programa Construyendo Rutas de

Salida tuvieron un carácter obligatorio para la “población PANES”, prevén

su continuidad y ampliación en el Programa Uruguay Integra:

“A partir del año 2008 y en el marco del Plan de

Equidad, Uruguay Integra amplía su población

objetivo, dirigiéndose, ya no sólo a adultos en

situación de pobreza extrema y/o en condiciones de

vulnerabilidad social, sino incorporando

eventualmente de otra condición socio económica. La

participación de las personas en la actividades se

realiza de manera voluntaria, a diferencia de lo que

ocurría en Construyendo Rutas de Salida donde las

personas que cobraban el ingreso ciudadano debían

asistir a los talleres como contrapartida al ingreso

percibido.”226

225 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 117.226 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 117.

192

De alguno modo, parece razonable establecer que lo que procesó la

izquierda en el gobierno fue un significativo cambio en términos de cuestión

social. Es decir, la salida de la dictadura marcó la llegada al Uruguay de las

políticas del “Consenso de Washington” pero la acogida a estas políticas fue

procesada sin entusiasmo, no logrando articular una nueva construcción

mítica contrapuesta a la de los años previos a la crisis del Estado Social

(Perelli y Rial, 1986: 36). En ese sentido destacamos que uno de los

elementos centrales de la política social del MIDES se corresponde con

contenidos característicos de una perspectiva neoconservadora y neoliberal

sobre la cuestión social, tal como es entendida en este trabajo: la cuidadosa

y casi obsesiva focalización y el recurso a las ONGs en la administración de

los programas sociales227. El éxito de esta nueva construcción mítica está

asociada al cambio semántico señalado y su éxito tiene como indicador,

entre otros aspectos, la capacidad del MIDES para comprometer a la

Universidad de la República, importante estructura en la construcción de

formación de opinión en el Uruguay228.

Sobre el papel de la Ciencias Sociales en la construcción de una

concepción hegemónica de cuestión social o, en otros términos, la

construcción de un sentido común con relación a los problemas sociales que

merecen la intervención social, escribe Grassi (2004: 10-11):

:

227 “Apelar a las `iniciativas de la sociedad civil´ - tomada abstractamente, supra-clasistamente -, recubriendo la desresponsabilización del Estado frente a las secuelas de la cuestión social mediante el recurso de `parcerias´, es perfectamente compatible con el vaciamiento de la `ciudadanía´: en el mismo andamiaje en que se `desregulan´y se `flexibilizan´ derechos sociales consagrados constitucionalmente, la ciudadanía sirve como palabra-de-orden para causionar desde reivindicación de saneamiento a la exigencia de protesis dentarias” (Netto, 1996:122228 En Uruguay el carácter simbólico de la participación de la Universidad de la República en un proyecto no es nada menor. Como señalan Pirelli y Rial (1986: 36): “El mito del país de culturosos será el que más resista. Titular un editorial como `La Universidad es el país´, quizás fue el epítome de tal actitud. Obviamente no lo era, pero el mito resistía y la versión contracultural implicaba hiperrealizar el país de los culturosos. Era tan importante el país de los culturosos, que se ponía por encima de todo a la Universidad y a las instituciones educativas, aún por sobre las posibilidades que podía tener un pequeño país acosado por una crisis económica y política.”

193

“De lo dicho se desprende la estrecha relación entre

los campos de las ciencias sociales y de la política

(social en este caso) y de su imbricación en los

procesos culturales, entendidos como manifestación/

constitución significativa de las relaciones sociales.

(...) lo que quiere destacarse es la naturaleza

eminentemente política (ahora en su sentido amplio de

constitución del poder) de aquella producción que

cualquier proceso de transformación socio–política.

Dicha política deberá ser parte (porque lo requiere y

lo impulsa al mismo tiempo) de una disputa cultural

por la conquista de un nuevo sentido común.”

Recordemos que el principal instrumento de focalización, “el

algoritmo”, fue construido por docentes de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de la República; los desembarcos fueron

llevados adelante, fundamentalmente, por estudiantes universitarios

supervisados por docentes de la Facultad de Ciencias Sociales229. El

siguiente testimonio de uno de los entrevistados ofrece pistas para

comprender cómo es concebido el papel de la Universidad de la República

por parte del nuevo gobierno:

“La Unidad de Evaluación y Monitoreo trabaja en

convenio con la Universidad de la República. También

por definición política nosotros pensamos que estamos

229 “Había buenas razones para pensar que durante el gobierno del Frente Amplio iba a verificarse una importante ampliación de la zona de cooperación entre la intelectualidad y el poder político, (...) Existe un amplio acuerdo en que la UdelaR ha sido la institución más solicitada por el actual gobierno. La Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ciencias Económicas han sido protagonistas destacadas en algunas de las iniciativas emblemáticas de la nueva administración como el Plan de Emergencia (PANES). En palabras del director de uno de los institutos universitarios más demandados: `Ante el cambio de gobierno se incrementó el relacionamiento profesional entre el gobierno y la Universidad, con mayores demandas desde el primero hacia los equipos de investigación de la UdelaR. El movimiento de cuadros académicos a la órbita de gobierno también implicó un relacionamiento novedoso entre gobierno y Universidad´.”(Gallardo et all, 2009:12,13)

194

cumpliendo una función de gobierno, una función

política y que el Uruguay tiene, por historia, un lugar

donde se construye conocimiento que es la

Universidad de la República. Esa construcción de

conocimiento nosotros la queremos asociada a la

resolución de los problemas de la gente, entonces

juntamos la capacidad política de tomar decisiones

con la capacidad de investigación para tomar mejores

decisiones.” (Entrevista director político del MIDES)

El carácter instrumental de la producción de conocimiento resulta

bastante claro en las palabras del entrevistado. Veamos entonces, un

ejemplo de esa instrumentalización operando:

“(...) hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias

Sociales, con el Departamento de Sociología (...), con

el Departamento de Economía de la Facultad de

Economía y el marco muestral lo hicimos con el

Instituto de Estudios Sociales, pero no es decirle yo

quiero que me hagan tal cosa a unos y a otros (....) nos

sentamos los cuatro actores en una misma mesa y

conformamos un equipo de trabajo (....) la cabeza es

la dirección de evaluación y monitoreo del MIDES,

armamos equipo en estas condiciones, todos sabíamos

lo que estábamos haciendo todos y todos podíamos

decir por qué no haces esto así, porque no haces esto

asá. Así fuimos trabajando con el Equipo que en

noviembre del año pasado presentó públicamente el

primer análisis de la evaluación del PANES y ahora

en diciembre vamos a presentar el informe final de la

evaluación.”

195

En resumidas cuentas, la conformación del Frente Amplio como el

partido de oposición emergente de la crisis estructural del Estado Social, le

ha permitido, un vez en el gobierno, contar con condiciones privilegiadas

para la construcción de una nueva cuestión social hegemónica,

constituyendo de tal suerte un nuevo sentido común dotado de una fuerza

mítica que los gobiernos anteriores no habían conseguido instalar.

Del mismo modo, el actual gobierno del presidente José Mujica

parece estar dando continuidad y profundizando esta construcción

reforzando contenidos reveladores de una creciente refilantropización de la

cuestión social, con una fuerte apelación al voluntarismo y el voluntariado

para la implementación del nuevo buque insignia: “el plan de impacto

habitacional”. El novel presidente abre una cuenta bancaria donde deposita

parte de su salario en carácter de donación y convoca a la ciudadanía a

hacer lo propio, apelando asimismo a voluntarios a participar en este

proyecto, que busca financiarse con aportes de la ciudadanía en dinero y

trabajo voluntario sin afectar las arcas del Estado230.

Veamos en el siguiente capítulo la particular construcción discursiva

que irá constituyendo esta nueva estructura de la cuestión social,

preocupada más por los equilibrios macro económicos y por los aspectos

“morales” de la población asistida que por la igualdad y los derechos de

ciudadanía231.230 Al respecto ver el diario La República del 8 de marzo de 2010 bajo el título “Impacto social. El presidente de la República, José Mujica, hará un llamado a la sociedad para sumarse a esta iniciativa”. Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/politica/402356-el-plan-de-impacto-habitacional-tiene-dia-y-hora-arranca-en-segundo-semestre, Consulta: 5/6/2010. El decreto de creación del Plan de Emergencia habitacional establece que es necesario: "promover e impulsar la participación solidaria de la sociedad" en el plan. El decreto señala que hay "miles de habitantes" del país "que viven en condiciones de precariedad crítica". Disponible en: http://www.mides.gub.uy/mides/colgado.jsp?contentid=8283&site=1&channel=mides. Consulta: 5/6/2010.231 Al respecto resulta elocuente el “sueño” del actual presidente José Mujica. Bajo el íítulo “Ladrillo a ladrillo. El Presidente volvió a emocionarse con la reforma del Estado” refiere la nota acerca de la falta de respuestas a los ingentes problemas de vivienda de la población PANES. El sueño del presidente es ahorrar un 10 % del gasto del Estado para destinarlosal plan de vivienda: "Si logramos ahorrarnos el 10% anualmente, tenemos financiado el plan de vivienda agresivo para los más humildes, porque sencillamente 200 millones de dólares posibles por año de ahorro, es mucha plata en un quinquenio" En relación a los funcionarios públicos estableció que: "Yo no responsabilizo a los que están, son hijos de un

196

VI. DIMENSIONES PARA EL ANÁLISIS DEL DISCURSO

Con el objetivo de analizar el discurso procesado por el MIDES para

legitimar su intervención, - discurso que fue recogido fundamentalmente de

los documentos institucionales relevados y de las entrevistas realizadas a

técnicos y operadores tecnopolíticos – se construyen seis dimensiones para

su análisis: i) qué tipo de intervención se considera legítima, ii) cuál es el

valor central que legitima la intervención, iii) cuál es la fuente de justicia

que orienta la intervención, iv) qué concepción de ciudadanía expresa, v)

cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal, y vi) cuál es el papel

que se le asigna al trabajo.

Entendemos que estas seis interrogantes y sus posibles formas de

respuesta logran representar o, más exactamente, expresar los contenidos

ideológicos presentes en las propuestas de intervención. A través de su

identificación y análisis se vuelve legible la construcción de sentido que

orienta las acciones de gobierno y que sintetiza su forma particular de

entender la cuestión social.

Recordemos que, en las primeras páginas de este trabajo, se afirmó

que la cuestión social es entendida como forma de interpretar los problemas

llamados sociales y también es una propuesta de respuesta a tales

problemas. Y es en este marco de análisis que se afirma que la cuestión

social no es una situación objetiva sino que se trata de una construcción de

sentido.

Esta construcción de sentido refiere a qué tipo de intervención se

considera legítima. En la respuesta a este punto se encuentran contenidos

acerca de la construcción de los problemas sociales y definiciones sobre

proceso, son nuestros compatriotas. Cualquiera de nosotros en la misma situación hubiera hecho lo mismo". Disponible en: http://www.larepublica.com.uy/2010/05/22 Consulta: 20/6/2010.

197

cuáles de estos problemas es legítimo intervenir, lo que equivale a

establecer dónde está el límite entre lo público y lo privado, entre lo

individual y lo político. En definitiva, se delimita cuál es el espacio legítimo

de la intervención, y por lo tanto, cuáles son sus límites.

Esta intervención se encuentra balizada por un valor central.

Preguntarse sobre cuál es el valor central que legitima la intervención

permite identificar cuál es el valor que se pretende imponer: libertad,

igualdad, solidaridad.

Asimismo, ese valor refiere a un principio en que se asienta la

justicia. De este modo, cabe preguntarse cuál es la fuente de justicia que

orienta la intervención El principio de justicia puede reposar en la

comunidad, como una fuente natural originaria, o en el mercado, como una

construcción humana perfecta, o en la propia historia, es decir la justicia

tiene como principio las luchas históricas de la humanidad.

A partir de la construcción de “cuestión social” emerge qué

concepción de ciudadanía expresa el tipo de intervención que se propone.

También es dable establecer que toda intervención tiene como

objetivo apuntar a la construcción de un tipo ideal de hombre, por lo que es

posible determinar cómo se representa un ideal de hombre u hombre ideal.

Por último, por tratarse de una categoría llave, la categoría central en

la construcción de la sociedad, cada perspectiva le atribuye al trabajo un

papel. Por lo que la última dimensión a analizar es cuál es el papel que se le

asigna al trabajo.

VI. 1. ¿Qué tipo de intervención se considera legítima?

198

Esta dimensión es central en el proceso de demarcación entre las

perspectivas de cuestión social construidas para los efectos de este estudio,

pues permite establecer sobre qué aspectos de la vida social se considera

legítimo intervenir y cuál es el tipo de intervención privilegiada.

En cierto sentido, la intervención considerada legítima define la

cuestión social o, en otras palabras, define precisamente qué problemas son

sociales dado que su génesis y superación trasciende la responsabilidad

individual y, por lo tanto, se vuelve legítimo e incluso imperativo intervenir

socialmente sobre ellos y también define qué tipo de intervención es la

legítima o, en otros términos, cuáles son los límites colocados en esta

intervención.

A partir de estas consideraciones es posible establecer con cierta

precisión cuál es la intervención legítima del Estado para cada una de las

perspectivas de cuestión social reseñadas.

Para la perspectiva conservadora, la intervención legítima del Estado

es la que recae sobre lo “social”, esfera independiente de la economía,

donde se procesa la solidaridad. La integración social da cuenta de los

valores y las normas que nos constituyen como sociedad y se está integrado

si se comparten los valores centrales, dominantes, hegemónicos y los

comportamientos individuales son orientados en función de ellos.

Es ya clásico el recorrido que realiza Durkheim (1995A) en El

Suicidio buscando mostrar la especificidad de lo social. Diferenciado de lo

psicológico y de la economía, lo social es una esfera sobre la que es

legítimo e imperativo intervenir para garantizar la integración social de los

ciudadanos que precisan de instancias superiores de las cuales formar parte.

Del mismo modo, en La División del Trabajo Social (1995) buscará

demostrar que la división del trabajo tiene una función moral más que

199

económica. Este movimiento busca una articulación entre el pensamiento

conservador y el pensamiento liberal en tanto lo social tiene una

especificidad que amerita una intervención y busca diferenciarse de la

economía donde reina el pensamiento liberal.

Para esta perspectiva está claro que la intervención legítima es sobre

“lo social” y lo social está construido por la moral que constituye la

solidaridad; vale decir, lo social refiere a las relaciones existentes entre los

individuos y sobre esto es legítimo e imperativo intervenir:

“En suma, nuestro primer deber actualmente es crear

una moral. Tal obra no podría ser improvisada en el

silencio del gabinete; ella sólo se puede erguir por sí

misma, poco a poco, bajo la presión de las causas

internas que la tornan necesaria. Pero la reflexión

puede y debe servir para señalar el objetivo que se

debe alcanzar.” (Durkheim, 1995: 432)

Para la perspectiva neoliberal, la intervención estatal debe garantizar

reglas civilizadas de competencia sin interferir con las leyes sustantivas del

mercado. En tal sentido, la responsabilidad individual avanza sobre la

responsabilidad social limitándola fuertemente. En otros términos, es

posible afirmar que, tendencialmente, la cuestión social neoliberal

despolitiza los problemas sociales a través del mecanismo clásico de

individualizarlos.

En su forma clásica, incluso en su conformación más simple - el

contractualismo - se niega la propia existencia de los problemas sociales.

Aquello que se concebía como problema era precisamente lo contrario, es

decir, la construcción artificial de sistemas de poder que limitaban la

libertad del individuo. Una vez destruidos éstos, el individuo libre competía

200

en el mercado y, tanto su éxito como su fracaso eran de exclusiva

responsabilidad individual.

De este modo, fuera de la intervención clásica, policial y de

administración de justicia, se debe intervenir sólo para garantizar la vida de

los individuos y a través de mecanismos que no interfieran con el mercado.

De ahí que, fuera de los mecanismos que garantizan reglas civilizadas de

competencia, vale decir, aquellos que garantizan la propiedad privada y el

cumplimiento de los contratos, sólo sea legítima la intervención sobre la

indigencia. Esto puede ser comprobado en la propia obra central de Hayek

“Camino de Servidumbre” (2006: 158).

En tanto la responsabilización individual de los problemas no cede,

los individuos que no operan adecuadamente, es decir, exitosamente en el

mercado poniendo en riesgo su propia supervivencia son deslegitimados

como ciudadanos y ello justifica la pérdida de su libertad y su consecuente

infantilización.: “(...) Benjamin Franklin expresó (...) `Aquellos que

cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal

no merecen ni libertad ni seguridad´” (Hayek, 2006: 172).

La legitimidad de la intervención sobre la indigencia está sostenida

por la idea de que la población indigente es aquella que se encuentra en una

situación desmercantilizada y no consigue operar en el mercado ni como

productora ni como consumidora. En este sentido, la intervención debe

cesar cuando el indigente deja de serlo, o sea, cuando el individuo se integra

a los mecanismos del mercado232.

232 “El modelo `asistencial-privatista´ tiene como base la fragmentación social, clasificando a los ciudadanos poseedores de derechos en diferentes categorias. En un primer grado se localizan los ciudadanos consumidores, aquellos que compran en el mercado los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades. En un segundo lugar estarían los ciudadanos trabajadores, que por estar integrados al mercado formal de trabajo serán protegidos por las políticas sociales, cada vez más reducidas y degradadas, como forma de fomentar la compra de servicios en el mercado. Finalmente, en un tercer grado estarían los ciudadanos pobres, población blanco de las políticas de asistencia y, principalmente, los programas asistenciales, emergenciales y paliativos, basados en la caridad, filantropia, voluntariado etc. sin reconocimiento de derechos de ciudadanía, donde la asistencia en la mayoria de las veces queda reducida a una acción voluntaria y caritativa, pensada como

201

La articulación entre el pensamiento neoliberal y el pensamiento

conservador habilita la diversificación en la distribución de bienes y

servicios, permitiendo la combinación de una creciente mercantilización con

la precarización de los servicios públicos ofrecidos a aquellos que no

pueden acceder al mercado:

“El sistema de protección social se desdobla: para

aquellos segmentos poblacionales que disponen de

alguna renta, la privatización/mercantilización de los

servicios a los que pueden recurrir; para los

segmentos más pauperizados, los servicios públicos de

baja calidad. La política dirigida a la pobreza es

prioritariamente emergencial, focalizada y, en

general, reducida a la dimensión asistencial.” (Netto,

2006: 22)

Para la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía existe una

totalidad sobre la que es legítimo intervenir desde el Estado. Esta totalidad

incluye la relación capital - trabajo, siendo el proceso de

desmercantilización (Esping-Andersen, 1990) creciente de todas las esferas

de la vida la contracara del pensamiento liberal (cf. Coutinho, 1994: 42 y

sig.).

“Obligado a negociar para obtener legitimidad, el

Estado capitalista `ampliado´ - al depender de la

correlación de fuerzas existente en la `sociedad civil´-

puede atender importantes reivindicaciones de las

masas trabajadoras organizadas. El avance de la

democratización política es, al mismo tiempo,

condición y resultado de un proceso de

benevolencia y/o deber moral de ayuda al prójimo.” (Pastorini, 2002)

202

transformaciones también en las esferas económica y

social.” (Coutinho, 2000: 39-49)

Esta perspectiva, como fue consignado, tiene en sus orígenes un

universo ideopolítico esencialmente antisistémico. De este modo, los límites

a la intervención del Estado son, por momentos, inexistentes. En una suerte

de reformismo radical – si se nos permite la contradicción de los términos –

la búsqueda de procesos emancipatorios en un contexto donde la

dominación y la explotación son esenciales al funcionamiento del sistema

hace que esta perspectiva aparezca como un riesgo para la gobernabilidad.

“En el plano económico, el límite del reformismo

social-demócrata reside en el hecho de que la

ampliación creciente de los derechos sociales es, a

largo plazo, incompatible con la lógica de la

acumulación capitalista.” (Coutinho, 2000: 44)

Luego de esta breve reseña acerca del carácter legítimo de la

intervención sobre “lo social” para cada una de las perspectivas

identificadas sobre la cuestión social, se propone analizar los elementos

emergentes en los discursos de los entrevistados y en los documentos

institucionales que permiten legitimar la intervención en el caso que nos

ocupa. El gobierno debió articular un discurso homogéneo y monolítico

para justificar y legitimar su propuesta de intervención desde el anuncio de

la aplicación del Plan de Emergencia.

El primer aspecto que surge para el análisis es la referencia a la idea

de emergencia social: se comienza a hablar de emergencia en 1999 y se

continúa hasta el 2004 para aplicar el Plan de Emergencia en el 2005. Tal

como fue citado páginas atrás, en palabras de la Ministra de Desarrollo

Social, el Frente Amplio comienza a reflexionar sobre el problema de la

emergencia social en el año 1999 presentando distintas iniciativas para su

203

atención, las que fueron desechadas por el gobierno de la época. En el año

2002 se reitera la presentación de un paquete de medidas tendientes a

abordar la emergencia social, siendo finalmente el triunfo del gobierno del

Frente Amplio el momento en el que se desarrollan las iniciativas que se

habían elaborado.

Esto ya aporta algunas pistas, en el sentido de que se justifica la

intervención como respuesta a una emergencia, emergencia que dejó a miles

de uruguayos excluidos, viviendo en situación de indigencia, por fuera del

mercado como productores y como consumidores. Las crisis concebidas

como catástrofes extra-mercado, sin importar si por razones naturales o

naturalizadas como terremotos, sequias, incidencia de la economía mundial

en la economía nacional, malos gobiernos, etc. permiten legitimar

intervenciones extraordinarias. Es la emergencia lo que justifica el

despliegue de un conjunto de intervenciones especiales y la vigilancia

neoliberal será la responsable de recordar el riesgo de que estas

intervenciones extraordinarias se prolonguen más allá del período de crisis.

En último análisis se podría argumentar, de acuerdo con los

parámetros neoliberales, que la crisis del treinta configuró intervenciones

legitimadas por la crisis y su continuidad más allá de ésta desencadenó la

emergencia y consolidación de los Estados de Bienestar. De ahí se deriva la

permanente insistencia y exigencia de que las medidas extraordinarias

deben diseñarse estableciendo claramente el tiempo de finalización de la

intervención.

“Desde el paradigma de la economía neoclásica la

transitoriedad de las políticas sociales está justificada

como fenómenos derivados de fluctuaciones

`anormales´, `desviadas´ o `disfuncionales´ de la

economía.” (Serna, 2006: 4)

204

En primer lugar, se visualiza una naturalización de la crisis que es

presentada como un fenómeno “meteorológico”, sin considerar la paradoja

de referir a la crisis y a la emergencia en 1999 y mantener los mismos

términos seis años después. De algún modo, la diferencia parece ser que, si

bien la crisis está referida a aspectos supra sistema, los efectos de ésta sobre

la población solo serán resueltos a partir de la aplicación del “Plan de

Emergencia” por parte del nuevo gobierno.

Es decir, en la medida en que no se plantean transformaciones de

fondo ni en la política económica ni en los sistemas de protección social

vigentes, la crisis aparece en los discursos como algo que nos ocurrió y

sobre lo que no teníamos mayor control: “fiebre aftosa”, “coyuntura

internacional”, etc. se convirtieron en los factores de explicación del

fenómeno. Lo que faltó entonces fue un gobierno con sensibilidad social

que aplicara un “Plan de Emergencia” para terminar de resolver sus efectos.

Esto es consistente con la crítica a la gestión de los anteriores

gobiernos por su incompetencia en la definición de una estrategia de

superación de la crisis en sus aspectos sociales:

“Yo llegué a una conclusión en esto de coordinar las

políticas sociales: el problema de la fragmentación no

es la causa de la ineficiencia sino la consecuencia de

una ausencia de estrategia. Sin estrategia de

desarrollo no podes coordinar nada con

nada.” (Entrevista a director político del MIDES)

De este modo, el diagnóstico acerca del fracaso de los anteriores

gobiernos parece referir más a razones de orden técnico que político:

“El posicionamiento institucional incide en la

posibilidad de abonar a ese proceso. El problema no

es la sectorialidad sino la falta de coordinación

205

intersectorial. Ministerios de Trabajo, Salud y

Educación va a haber siempre en cualquier parte del

mundo. Coordinar es una cédula de identidad del

gobierno. Hay tres organismos que por sus posiciones

y su misión tienen la posibilidad de mirar la cancha,

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el MIDES y

el Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestra

preocupación es de lo que no se pueden preocupar los

otros, ver el conjunto sin la presión de la ejecución, y

gastar nuestro tiempo en idear mecanismos que

conecten.” (Entrevista a director político del MIDES)

Son dos los aspectos identificados que limitan claramente la

configuración de la intervención considerada legítima: i) el tiempo de la

intervención y ii) la población objeto de intervención. Ambos aspectos

emergen de un principio estrictamente neoliberal por el cual la intervención

no debe interferir en los mecanismos del libre mercado. Como ya fue

indicado, se tolera la intervención siempre que se restrinja a esferas que se

encuentran fuera del mercado y que no genere distorsiones en sus

mecanismos.

(i) En relación al tiempo de la intervención, el análisis permite

diferenciar dos principios:

A) Un principio neoliberal que concibe que, en tanto la emergencia

habilita la intervención, ésta debe auto limitarse en el tiempo; la asistencia

no puede prolongarse más allá de un período predeterminado, por el mismo

principio de que la predisposición a continuar interviniendo no juegue en

contra haciendo emerger al factor humano. Dado que la emergencia permite

legitimar la intervención, ésta no debe prolongarse más allá de un período

razonable en que se supone serían revertidos los efectos de la crisis. De ahí

el énfasis en la insistencia en que el Plan de Emergencia debía durar dos

206

años y “ni un día más”. El supuesto es que aquellos que están dispuestos a

salir de su situación lo harán en el tiempo prefijado, al tiempo que se impide

que la población asistida se vuelva dependiente de la asistencia.

“(...) comenzamos a trabajar en ese gran objetivo que

era un Plan de Emergencia a dos años, que tenía una

dotación de 200 millones de dólares.” (Entrevista a

Directora Política del MIDES)

“De lo que se trataba era de construir herramientas

para salir y a dónde salir (...).” (Entrevista Ministra

de Desarrollo Social)

B) El otro principio es claramente conservador. Como establece Real

de Azúa (1984), el pensamiento conservador contiene la expectativa de que

la población mantenga un comportamiento moral más allá de sus

condiciones de reproducción social.

En este sentido, se hace hincapié en que la población asistida no

opuso resistencia de ningún tipo a la finalización del “Plan de Emergencia”

porque desde el inicio se había planteado claramente que su duración era de

dos años y, por tanto, la población, que respeta los acuerdos cuando le son

planteados claramente, no reaccionó cuando se les quitó el recurso.

“ahí la comunicación anduvo muy bien, tenemos un

buen ingreso en la puerta, se atendieron 500 personas

por día, es un punto de referencia, en todas las

entrevistas y los materiales de difusión se les fue

diciendo claramente: el plan se terminará (....)

Además fuimos felicitados por muchos organismos

internacionales, por la transparencia, no salirnos del

207

libreto mas allá de la presión, y eso significaba

mucho.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)

Llama la atención que las corporaciones son sospechadas de

presionar constantemente para ampliar sus beneficios legitima e

ilegítimamente, los empresarios de una rama de actividad son sospechados y

acusados de exigir la intervención del Estado para mejorar la

competitividad, etc. y los indigentes ¿son “el reservorio moral de occidente”

dispuestos a renunciar a un subsidio sin protestar porque el acuerdo fue

claro?

(ii) En relación a la población a atender se recogió un discurso

monolítico y homogéneo del conjunto de entrevistados que permite

identificar claramente cuál era la población que merecía la intervención. La

población beneficiaria debía ser aquella sin ningún activo para operar en el

mercado.

El mecanismo de demarcación para su adecuada identificación fue

prefijado y aplicado con disciplina espartana a fin de evitar que elementos

humanos distorsionaran su aplicación (compasión, simpatía)233. Se debía

intervenir, al menos a través de programas de transferencia de ingresos,

sobre “la población PANES”, es decir, sobre la pobreza extrema, sobre la

indigencia. En palabras de la Ministra de Desarrollo Social, la población en

situación de pobreza se consideraba en situación de “privilegio” al no

formar parte de la categoría “indigente”, si bien planteaba dificultades en

áreas clave como la alimentación o el trabajo.

“Ahí trabajamos con el algoritmo que nos elaboraron

técnicos de la Universidad de la República, de la

Facultad de Ciencias Económicas y con un formulario

233 “A nosotros nos tocó lo más difícil que es elegir entre los más pobres. Teníamos que decirle usted está en una situación muy difícil, no tiene que comer, no tiene trabajo pero es un privilegiado porque no es indigente.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

208

y un sistema informático que nos elaboró el Banco de

Previsión Social. Nosotros habíamos decidido que

íbamos a visitar a todos los hogares, y se visitaron

231 mil hogares del Plan de Emergencia. Hubo un

problema de comunicación nuestra, pues, se

asociaba aquella cifra de un millón de pobres a los

100 mil hogares en indigencia. Inclusive la palabra

indigencia no era muy bien entendida, hablamos de

pobreza extrema, y por esto cuando se abrieron las

oficinas del BPS para la inscripción al Plan fueron el

millón, 231 mil hogares multiplicado por sus

integrantes, nos da un millón.”

Detenerse en esta apreciación de la entrevistada permite establecer

algunas consideraciones sobre el tratamiento dado a las categorías de

pobreza e indigencia. Estas categorías no son más que elaboraciones

técnicas relativamente arbitrarias y construidas a los efectos de medir,

diagnosticar, comparar distintas poblaciones, etc. Ahora bien, en la

reflexión de la entrevistada se opera una naturalización tan extrema de estas

categorías que parecen ser “reificadas” al punto en que la población puede

ubicarse a sí misma dentro de una u otra y, si el mensaje hubiera sido claro,

los pobres, que saben que son pobres pero no indigentes, no se habrían

inscripto, mientras que sólo los miserables, que saben que sí lo son, sí lo

habrían hecho. A lo sumo habría que ir a buscar a aquellos tan miserables

que ni siquiera saben que lo son o que desconocen su derecho por su

condición de miserables.

“Esa cifra nos sobrepasaba, pues ustedes saben cómo

funciona el algoritmo: es una suma de dinero más

las condiciones críticas, y si superaba el ingreso de

1300 pesos por persona por mes, ese hogar no

ingresaba al Plan. Así fue que por BPS, ya quedaron

209

descartados 40 o 50 mil hogares pues tenían empleo

formal, y nosotros visitamos 190 mil hogares, que

eran los que, en principio, por ingreso, contemplaba

la ley que les correspondía el Plan, y luego de visitar y

ver que algunas declaraciones no se correspondían

con la realidad, es decir, declaraban un ingreso de

500 pesos y uno veía en la visita que era imposible

que solo ingresaran 500 pesos, así fue que en los dos

años del Plan ingresaron 90 mil.” (Entrevista

Directora Política del MIDES)

Nuevamente aparece la naturalización, en este caso del algoritmo

que parece tener, al menos para esta entrevistada, una relación esencial con

la realidad. La indigencia es una categoría reificada a tal punto que si la

persona declaró un ingreso que la ubica como indigente pero luego “el

algoritmo” la descarta es la presunción de engaño lo que explica el

desajuste, lo que confirma la eterna sospecha sobre los pobres. Es la

aplicación de la fórmula establecida lo que define al individuo como

indigente, pobre o no pobre. Lo que la fórmula no mide es si la persona

obtuvo cierto confort en las condiciones del hogar gracias a un pasado

reciente de integración al mercado laboral y efectivamente está percibiendo

ese ingreso al perder o precarizar sus vínculos con el trabajo: “es imposible

que solo ingresaran 500 pesos”.

“Entonces definimos un algoritmo que midiera, no

sólo el ingreso, sino otras dimensiones, nivel

educativo, la vivienda, medir la exclusión mas allá de

los ingresos (…) entonces hubo gente que se atendió

por otras cosas, pero con el PANES no.” (Entrevista

Director Político del MIDES)

210

Es posible visualizar que se incorporan dimensiones más allá del

ingreso para analizar la “exclusión”. Sin embargo, este análisis no resulta en

una ampliación de la población beneficiaria sino, valga la redundancia, en

una exclusión producto del establecimiento de límites más precisos y

abarcativos: si la familia alcanzaba un ingreso superior a 1300 pesos por

integrante quedaba fuera de la prestación sin importar si esos ingresos eran

obtenidos de un empleo formal, del ejercicio de la prostitución o de la

recolección de residuos o el trabajo infantil.

En estos casos, tampoco importó donde vivían ni cómo lo hacían. La

exclusión tiene otras dimensiones sí, pero para ingresar al PANES, solo una

de ellas ha sido excluyente prima facie. Asimismo, las otras dimensiones

consideradas también operaron como forma de limitar el universo de

población asistida, tal como lo vimos en la situación anterior: por ingresos

correspondía el beneficio pero los niveles alcanzados en educación o

equipamiento del hogar los excluían del mismo.

De igual modo y en forma complementaria, el monto de inversión

prevista para el Plan de Emergencia fue establecido antes de tomar contacto

con la población. De ahí que la entrevistada planteara “esa cifra nos

sobrepasaba”, había 200 millones para el PANES y ni un peso más, si la

indigencia era mayor a lo previsto se ajustaba el criterio de ingreso.

Como señalamos, los programas de transferencia de ingresos se

dirigen a quienes están excluidos de cualquier relación mercantil. La

prestación fue dirigida a aquellos que no accedían a estas formas de

relación. De este modo, el énfasis se colocó en la necesidad de no dotar de

recursos materiales a quienes no estuvieran en dicha situación, ya que de

este modo, se incidiría en las relaciones mercantiles de la población, lo cual

debe ser impedido.

211

En definitiva, fue necesario demostrar que la población beneficiaria

no poseía recursos que le permitieran participar del mercado para así

acceder a una transferencia monetaria. De lo contrario podría participar de

otros programas cuyos objetivos estuvieran centrados en la transferencia de

herramientas capacitadoras, destinadas a mejorar su rendimiento en el

mercado, lo cual fue llevado adelante a través de programas de formación

socioeducativos con un fuerte componente normativo. Estos programas

fueron obligatorios para la población PANES y optativos para el resto de la

población.

En un mismo sentido, es posible afirmar que los montos a transferir

no debían competir, en calidad o en cantidad, con los que se podrían obtener

participando en el mercado. O, expresado en otros términos, la prestación

monetaria no puede, en ningún caso, superar los montos que se pueden

obtener como salario de forma de no desestimular para el trabajo:

“En materia de asignaciones familiares nosotros

operamos transformaciones importantes. ¿Podríamos

haber incrementado más?, sí, también fue tema fuerte

de debate las escalas. Yo creo que el tema era no

generar una suerte de dependencia a través de las

asignaciones familiares y un des-incentivo a la

búsqueda de empleo o, mejor dicho, un incentivo a la

pasividad en la búsqueda de empleo [Este argumento

lo escuché también para fijar el ingreso ciudadano234].

Sí, es verdad que ese tema también estuvo presente en

ese debate.” (Entrevista a Director Político del

MIDES)

Del mismo modo, los recursos ofrecidos para mejorar situaciones

deficitarias en materia de vivienda fueron cuidadosamente pensados con el

234 Intervención del entrevistador.

212

objetivo de no aportar una mercancía sino un producto que se agotara en su

valor de uso. El programa Mejora del Hábitat aportaba materiales para la

auto-construcción y, en caso que ésta no fuera posible, se contemplaba

algún apoyo bajo la forma de asesoramiento técnico para la construcción.

“Ahora lo hablábamos con el Instituto de Economía

que no hubo impacto en la mejora de la vivienda. Yo

estoy de acuerdo con ello. Se hizo un grupo de control

con familias que entraron y familias que no entraron

`por un centésimo´. Es lógico que no se lograran

impactos significativos porque de acuerdo a los

criterios de lo que es una vivienda digna no mejoraron

nada. Pero el hacinamiento sí se ha atacado: la

persona se hizo una pieza o cambió las chapas del

techo que antes las había encontrado en un basural, y

ahora claro, eso no da impacto en la vivienda pero,

de acuerdo a como las encontramos, constituye cierta

mejora.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

La intervención del Estado en la construcción de vivienda e

infraestructura de interés social es quizá la intervención más típicamente

keynesiana, reclamada históricamente por la perspectiva de la ampliación de

la ciudadanía. Los efectos de una forma keynesiana de intervención estatal

son doblemente “distorsionadores” de las reglas del libre mercado. Por un

lado, porque se interviene fuertemente en el mercado laboral a través de la

generación de empleo y contribuyendo al alza de los salarios. Por otro lado,

porque tal tipo de intervención pública en el campo de la vivienda genera

fuertes efectos en el mercado inmobiliario: reducción en el precio de los

inmuebles, baja en el monto de los alquileres y, en última instancia y

llevado a un extremo, tiene un fuerte efecto desmercantilizador sobre la

vivienda al constituirla en un derecho de ciudadanía.

213

En este sentido, las acciones contenidas en el Programa de Mejora

del Hábitat no tienen ningún tipo de incidencia en ninguna de las dos esferas

señaladas, es decir, ni en el mercado laboral, ni en el mercado inmobiliario:

“Dábamos canasta de materiales para autoreparación

asistida. Teníamos un convenio con la Asociación de

Asistentes Sociales del Uruguay, con el Sindicato

Único de la Construcción y Afines y un convenio con

la Sociedad de Arquitectos para formar equipos en el

diseño de eso que nosotros llamábamos un baño y un

poco más. En general, era el baño y el arreglo de una

pieza. Teníamos el apoyo de los obreros de la

construcción para aquellos casos en que la

autoconstrucción no era posible.” (Entrevista a

Director Político del MIDES)

En relación al mercado laboral, es evidente la preocupación de no

interferir desarrollando intervenciones mínimas e indispensables: se apuesta

a la autoconstrucción, y a lo sumo, sólo en aquellos casos en que ésta no

fuera posible, se prevé un apoyo en mano de obra semi - calificada.

En relación a la vivienda como mercancía, se garantiza su resguardo

en tanto la intervención es apenas remedial sobre construcciones irregulares

y en pésimas condiciones. Estas iniciativas convierten al Estado en un

promotor de construcciones totalmente irregulares, sin aportes a la

seguridad social ni regulación municipal. Las pésimas viviendas así

mejoradas solo tienen un dudoso valor de uso y si efectivamente alcanzan

algún valor de cambio lo es en el mercado informal de los propios

indigentes, que es lo mismo que decir que no participan del mercado formal.

Se visualiza un proceso que puede ser leído como de reificación

(Cf., Lukàcs, 1978: 97) donde mercado y sociedad son equiparables. Se

214

concibe la integración en tanto se está integrado a la sociedad por el hecho

de compartir normas, valores, etc. pero la garantía de que el individuo está

integrado y que comparte este universo de normas, valores, etc. es su

integración al mercado: se está integrado en la medida en que se participa

del mercado ya sea como productor o como consumidor.

En otros términos, lo que hace operar la intervención y la legítima es

la constatación de que el individuo no está integrado al mercado, sobre todo

como productor, vale decir al mercado de empleo, pero no solo, pues estar

desocupado no alcanza si el individuo es propietario de mercancías pasibles

de ser intercambiadas en el mercado. Esta posesión lo inhabilita como

asistido. Recuérdese que el “algoritmo” fue aplicado para definir los

beneficiarios de la asistencia; el “algoritmo” establecía quién era indigente a

partir de aspectos culturales (nivel educativo) y socioeconómicos (condición

y características de la vivienda, presencia de electrodomésticos, etc).

La constatación de que el individuo no participa del mercado lo

deslegitima como ciudadano y habilita la intervención normativa –

moralizante del Estado junto a sus operadores: las ONGs. Es decir, la

intervención se torna legítima por razones esencialmente económicas, pero

la intervención legítima es sobre aspectos esencialmente morales.

Valga, a modo de ilustración, el siguiente fragmento de la entrevista

realizada a una directora política del MIDES donde puede visualizarse el

particular desdoblamiento que se realiza entre el mercado laboral y lo social

en sentido amplio:

“El eje vector de este programa, y sobre todo de esta

población de extrema pobreza, es el vector de lo

colectivo, es la promoción a incluirse a espacios

colectivos, incorporarles argumento o sea pretexto,

que se vayan a un espacio colectivo, en este caso las

215

dos incorporaciones son: el trabajo, físicamente que

se vayan a trabajar a un organismo público y la

incorporación de habilidades transversales que le

sirvan para la vida no específica y eso es, de acuerdo

con nuestro marco teórico, en lo que más

insistimos.”

Desde este “marco teórico”, expresado en el material de entrevistas

y en los documentos institucionales235, se desdoblan dos esferas a tener en

cuenta para la intervención. Una secundaria, el mercado de trabajo,

instrumental para que el individuo se pueda integrar a él y otra central, “en

lo que más insistimos”: la vida no específica, lo social en sentido amplio.

“Entonces, no es un programa de empleo, pero

impacta en la empleabilidad. No siempre impacta en

la mejora del empleo pero sí en el nivel de

empleabilidad como un producto secundario, porque

impacta en su inserción, en su autoestima o en su

cariño por sí mismo o en su utilidad social o llámenle

como quieran, pero lo más popular es el impacto en

la autoestima, porque se siente mejor. Primero,

porque siente que pertenece a algo que, en principio,

es un grupo y, segundo, porque se siente útil, porque

hace cosas y eso los legitima. Por eso el vector es lo

colectivo. Entonces con distintas herramientas lo que

hago es que la gente vuelva a creer que puede

incluirse desde otro lugar en la sociedad.”

235 Véase, por ejemplo, las palabras de la Directora Nacional de Desarrollo Ciudadano del MIDES, consistente con este “marco teórico”: “Mejorar las habilidades y destrezas en oficios, mejorar el nivel de escolaridad (...) son sin duda aportes sustantivos para alcanzar la inclusión en el mercado de trabajo y mejorar las estrategias de generación de ingreos. -Pero también se atienden otros problemas (....) el acompañamiento y la orientación para resolver problemas vinculados a la dinámica personal o familiar: violencia doméstica, adicciones, carencia en la documentación, entre otros.” (Mazzotti, 2009: 5)

216

El “argumento” que se pretende incorporar, permite establecer cuál

es el sentido de la intervención. Este puede identificarse en dos vías

estrechamente vinculadas entre sí:

•Una de estas vías refiere a la necesidad de “incorporar argumento”, es

decir, a la necesidad de que el sujeto integre ciertas habilidades y destrezas

que lo vuelvan un individuo capaz de vender su fuerza de trabajo y

volverse útil.

Una segunda vía, fundamental para esta concepción, “en la que más

insistimos”, refiere a la necesidad de “incorporar argumento”, es decir, a la

necesidad de transferir ciertos contenidos de carácter moral de forma tal que

el individuo se sienta parte de lo social y se integre a la comunidad a partir

de una incorporación moral.

Los argumentos que legitiman la intervención están determinados en

la búsqueda de la integración social en sus dos espacios posibles: el

mercado o la comunidad. Esta búsqueda se desarrolla a través de

mecanismos “naturales” o promoviendo la construcción de caminos

“artificiales” o de inserción, como dirá Castel (1997).

Delimita la intervención sobre los individuos en tanto se les

“incorpora argumento”, se mejoran sus “habilidades y destrezas” para

incorporarse al mercado laboral, pero no se interfiere con el mercado

laboral. El programa “no es un programa de empleo”, es un programa que

apunta a

“revertir las barreras que dificultan la inclusión al

mercado de trabajo y que refuerzan situaciones de

exclusión social. Aspectos vinculados a la socialidad,

al desarrollo de vínculos y a la integración a redes

217

sociales son especialmente atendidos (...)” (Mazzotti,

2009: 5)

Pero, sobre todo, se interviene sobre “la vida especifica” (¿otra

forma de referirse a lo social?) en tanto operar sobre aspectos normativo-

morales es legítimo cuando la población no logra manejarse sola en el

mercado; si recurrieron a la asistencia entonces es “natural” pensar que son

violentos, tienen problemas de drogas, etc. y por tanto desarrollar “el

acompañamiento y la orientación para resolver problemas vinculados a la

dinámica personal o familiar: la violencia doméstica, adicciones,

carencia de documentación, entre otros.” (Mazzotti, 2006: 5)

El pensamiento neoliberal -que respeta la libertad de los individuos,

su privacidad y la no interferencia del Estado – se articula con el

pensamiento conservador y tolera la sospecha sobre la integridad de

aquellos que aceptan su incapacidad para manejarse en el mercado y habilita

la intervención, incluso coercitiva, sobre ellos. De este modo los asistidos,

“los protagonistas”, intercambian su libertad por asistencia. El pensamiento

conservador sin límites puede desarrollar libremente su práctica moralizante

sospechando sobre la inmoralidad de aquellos infantilizados por no saber

participar adecuadamente en el mercado.

Al respecto sorprende la claridad con la que uno de los entrevistados

describió cómo se construye un sistema desdoblado de integración social: el

consumo, para aquellos integrados “naturalmente” o automáticamente, y la

participación (obligatoria) para aquellos que no acceden al consumo:

“La izquierda promueve un modelo, donde los

pobres, se integren mediante la participación y el

control, porque las clases medias nos integramos por

el consumo y no vamos a ninguna asamblea, y

nosotros, que nos integramos por el consumo, somos

218

los que promovemos la participación activa de otros,

les pedimos que gasten tiempo suyo para participar;

la gente también resuelve sus problemas por medio de

la participación, es decir, cobra, tiene una devolución

del servicio.” (Entrevista a director político del

MIDES)

El otro aspecto de legitimación, complementario con el anterior,

emerge de principios netamente conservadores y el discurso lo dice

claramente: estamos operando sobre “pobres merecedores” (Castel, 1997),

es decir, sobre sectores de población que se encuentran en esa situación por

elementos ajenos a su voluntad (en este caso, la emergencia). La pobreza se

categoriza en pobres merecedores de ayuda donde moralmente no surgen

resistencias legítimas para la intervención y aquellos pobres que no tienen

valores morales, hábitos de trabajo y, por tanto, es dudosa la legitimidad de

la asistencia.

“Vos tenés una población con grandes deseos de

cambiar, porque hubiera sido terrible que nadie se

hubiera anotado para trabajar. El problema de la

exclusión hubiera sido más grande, la calidad de la

exclusión y de los que viven fuera del sistema es tal

que te deja tranquila que se anotaron 15 mil. Pero si

hubiera habido cupos para 45 mil se hubieran

anotado 45 mil. Trabajo, con apoyo, con

capacitación, con odontología, oftalmología, paso a

ser un tema de mucha convocatoria, te muestra la

voluntad de la gente de cambiar.” (Entrevista a

Directora Política del MIDES)

Se observa un giro discursivo, no menor dentro de la tradición de la

izquierda uruguaya: las víctimas de las políticas neoliberales (Olesker,

219

2001) son ahora individuos que pueden integrarse si tienen voluntad de

cambiar. Por ende, no es la sociedad la que debe ser transformada – o al

menos no hay que esperar a la gran transformación social – sino que son los

individuos los que necesitan cambios para integrarse a ella. Paradójicamente

se implementa una batería de dispositivos socioeducativos tendiente a

“generar hábitos de trabajo” y “disciplinar” a esta población que de acuerdo

al propio discurso institucional, está dispuesta a trabajar con el objetivo de

duplicar el monto del ingreso ciudadano que le es otorgado sin necesidad de

hacerlo.

Esta aparente contradicción en el discurso se resuelve cuando

recurrimos al concepto de crisis adelantado en páginas anteriores. La

exclusión extrema de la población atendida aparece como resultado de la

crisis y no como producto de problemas estructurales de tipo moral de esta

población, entonces, resuelta la crisis por un gobierno responsable y serio,

el mercado vuelve a operar en forma adecuada y por tanto esta población

podrá, más tarde o más temprano, incorporarse a él sin problemas.

“La situación socioeconómica regional y nacional en

el año 2005, cuando el actual gobierno accedió a la

administración nacional, era extremadamente crítica,

debido principalmente a la crisis económica que

afectó a la región entre los años 1999 a 2002. En el

caso uruguayo la crisis tuvo consecuencias sociales

profundas (....) La respuesta inmediata a las

situaciones de mayor vulnerabilidad que posibilitó la

instrumentación del PANES abrió paso al diseño y

puesta en práctica de una estrategia de acción de

naturaleza distinta a la anterior, el denominado Plan

de Equidad (...) un sistema de protección moderno y

ajustado a las nuevas necesidades sociales (...)”236

236 De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005 – 2009) Uruguay Social. Consejo Nacional de Políticas Sociales. Montevideo 2009: 11, 16).

220

En síntesis, la intervención es legítima para el MIDES como

intervención moralizante, normativa. Se interviene para construir sociedad

donde no la hay, para construir solidaridad y para incorporar a los excluidos

a la sociedad en sus dos esferas posibles: el mercado o la comunidad.

Y es legítima porque no interfiere sobre el mercado. La garantía está

dada en que se interviene moralizando a aquellos que lo necesitan, es decir,

aquellos que están excluidos y no participan del mercado: los indigentes.

La prestación material es menor a la que se puede obtener en el

mercado y logra legitimarse como acción humanitaria de rescate ante la

“emergencia” como catástrofe: “(...) el procedimiento ideológico por

excelencia es reducir la crisis a un suceso externo, contingente en definitiva,

y descuidar, por lo tanto, la lógica inherente al sistema que engendra la

crisis.” (Zîzêk, 2010: 10)

Pero, sobre todo, está la garantía del efecto moralizante en tanto es

contrapartida de alguna exigencia normativa: mandar a los niños a la

escuela, vacunarlos, participar de las actividades del programa “Rutas de

Salida”, controlar el embarazo, etc.

La intervención se detiene instantáneamente en cuanto el individuo

ingresa al mercado. Frente a la integración del individuo al mundo del

trabajo formal con su correspondiente inscripción en el Banco de Previsión

Social, o frente a denuncias de “abuso” realizadas por vecinos u operadores

técnicos, se despliegan mecanismos de control con la participación de

asistentes sociales, vía convenio con la Asociación de Asistentes Sociales

del Uruguay (ADASU), cuyo resultado puede significar la interrupción de

la prestación.

221

De todos modos, la prestación igualmente se interrumpe después de

un plazo predefinido donde se puede suponer que si el indigente no se

integró es porque no logró apropiarse de las herramientas brindadas.

La articulación entre la intervención legítima para el pensamiento

conservador y los límites establecidos por la perspectiva neoliberal está

garantizada de manera pulcra: se interviene sobre aquellos individuos

deslegitimados para ejercer la libertad porque perdieron en el mercado y ese

fracaso legitima que la intervención asuma un carácter moralizante.

Un elemento que resulta interesante y sobre el cual queremos

detenernos es el que refiere a la clásica preocupación neoliberal que

establece que la intervención del Estado sobre el mercado, aunque sea con

las mejores intenciones, genera distorsiones que producirán, más tarde o

más temprano, peores males que los que se quiso evitar. Entonces la

intervención tiene que tener limitaciones externas a los individuos, que,

como fue indicado, pueden estar tentados, por simpatía, compasión o

flaqueza, a extralimitarse en la intervención. Entonces ¿quién es el

encargado de limitar esta intervención?, ¿es el propio Estado, quien es

precisamente al que se quiere limitar?

Aparece entonces un actor relevante: la tecnocracia “objetiva”. Los

técnicos ¿son objetivos?, ¿están capacitados para construir dispositivos

técnicos objetivos capaces de superar cualquier limitación humana?, ¿se

encuentran por encima de cualquier posición de clase, política, etc.?

Parecería que esto no resiste la menor crítica. Lo que parece estar

emergiendo es el papel de los organismos internacionales legitimando los

límites autoimpuestos, con criterios tecnocráticos. Acá el término

tecnocrático tiene su más perfecta acepción: gobiernan por encima de los

gobiernos imponiéndoles límites estructurales a la intervención tales como

el algoritmo, el límite a la intervención en dos años, etc. Responde a

“criterios técnicos” supuestamente objetivos. No deja de ser tentador

222

realizar un paralelismo entre la “infantilización” de la población objetivo

del PANES, y la de los operadores tecno-políticos del MIDES, regocijados

por las felicitaciones del Banco Mundial por que los programas del MIDES

fueron los más eficientes, los mejor focalizados, los que menos incurrieron

en dejarse sensibilizar por las exigencias de una población que se sentía

miserable, y que por obra de los criterios técnicos no lo era aunque no

tuviera qué comer.

VI. 2. ¿Cuál es el valor central que legitima la intervención?

Como ya fue adelantado, la intervención legítima se desprende de un

valor central que se quiere, mantener,237 preservar238 o conquistar239. De tal

forma los valores se estructuran en un orden prioritario de acuerdo a cada

perspectiva en el que a partir de un valor central se derivan los demás.

En tal sentido:

Para la perspectiva conservadora, el valor central que se busca

mantener a través de la intervención es la integración social y se

237 Si bien para el pensamiento conservador la integración social es constitutiva de lo social es preciso una acción social decidida para que la moral se mantenga. “Lo que motivó y determinó el desarrollo de la sociología (...) fue, por tanto, la percepción de la crisis en la cuestiones de la sociedad burguesa, la conciencia de la necesidad de hacer algo para evitar su desintegración o transformación en tipos diferentes de sociedad sin duda menos deseables.” (Hobsbawm, 1988: 380)238 Para el pensamiento liberal, la libertad, que es individual, es preexistente al Estado e incluso a la sociedad por lo que debe ser resguardada de ésta y sobre todo del Estado. La libertad es escencialmente propiedad privada (cf.Macpherson, 1979) de la que se derivan los demás valores. Veamos al respecto un bello pasaje del Capital: “¡Libertad!, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. ¡Igualdad!, porque sólo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías. ¡Propiedad!, porque cada uno dispone solo de lo suyo. ¡Bentham!, porque cada uno de los dos se ocupa solo de si mismo” (Marx, 2002: 214). En fina ironía Marx sustituye la fraternidad por Bentham (Jeremy), padre del utilitarismo.239 La igualdad como posibilidad es el resultado de la lucha histórica de la humanidad y sus fuerzas progresistas. “Tal como en el caso de los derechos civiles y politicos, pero de modo aún más intenso, lo que se presenta como tarea fundamental en lo que se refiere a los derechos sociales no es el simple reconocimiento legal-positivo de los mismos, sino la lucha para tornarlos efectivos.” (Coutinho, 2002: 63)

223

garantiza a través de la participación entendida como el ser parte de

la comunidad y de los valores morales que ella contiene.

Para la perspectiva neoliberal, el valor supremo que limita las

intervenciones es la libertad, la cual está garantizada en el mercado

entendido como una instancia con leyes propias que regulan su

funcionamiento.

Para la perspectiva social o de la ampliación de la ciudadanía, el

valor supremo que guía las intervenciones es la conquista de la

igualdad y debe estar asegurada por el Estado en tanto contraparte

que garantiza el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

De las entrevistas realizadas emergen claramente contenidos

vinculados a dos valores que asumen centralidad en los discursos

desplegados: la libertad y la solidaridad.

La prestación monetaria y la tarjeta de alimentos son solidarias con

la idea de libertad para operar como consumidor en el mercado de forma

más o menos libre (pues expresamente no se permite la compra de refrescos

ni bebidas alcohólicas). El pensamiento conservador acepta una

subordinación ante los principios liberales y se articulan de modo tal que la

integración, entonces, se despliega como posibilidad, siempre y cuando ésta

sea realizada en el mercado. Es decir, los valores conservadores participan

controlando y disciplinando a esta población siempre que el objetivo sea la

integración al mercado.

“Te encontras con un hogar donde el nivel educativo

es primero o segundo de escuela cuando lo hay, gente

que hace muchos años que no tiene trabajo formal o

nunca tuvo, claro que de algo vive, se rebuscan pero

hace años que no tiene trabajo formal.” (Entrevista a

Directora Política del MIDES)

224

El problema detectado es claramente de integración: falta de

integración en el sistema educativo, falta de integración al trabajo formal e

incluso una sospecha: “de algo viven”. La resolución apunta a integrar,

integrar al mercado, habilitar niveles controlados de libertad para que el

individuo la utilice y se integre progresivamente de la mano de la libertad

que da el dinero:

“Por eso peleamos tanto por la tarjeta porque la

familia tenía que hacer horas de cola para acceder a

una canasta que no es una canasta, es una bolsa

donde alguien decidió lo que tenía que comer a una

tarjeta donde la persona decide qué es lo que quiere y

sólo tiene prohibido comprar cigarros, alcohol y

bebidas cola, y tu lo ves porque nosotros entramos y

vemos lo que compra la gente, y de pronto vemos que

compró las cosas para un cumpleaños, lo que

compran es alimentos perecederos,

yerba.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

Libertad limitada, “prohibido comprar cigarros, alcohol y bebidas

cola”. Los niños se educan así brindándoles crecientes niveles de libertad y

también, como con los niños, mediante una libertad controlada: “nosotros

entramos y vemos qué compra la gente”; se destaca la compra de “cosas

para un cumpleaños (...) yerba”. Fruición del pensamiento conservador:

“están integrados”, comparten valores del resto de la sociedad (“festejan los

cumpleaños”), comparten la identidad nacional (compran “yerba”, toman

mate como buenos uruguayos que son).

Resulta interesante hacer un rodeo para pensar el mecanismo de la

transferencia de ingresos a través del ingreso ciudadano: ¿por qué una

prestación en dinero? El dinero posee una simbología que dificulta

225

enormemente su legitimación como prestación y esto no se resuelve

satisfactoriamente ni siquiera acompañado de la exigencia de

contraprestaciones. La frase que se escuchaba desde el sentido común a

nivel popular, “les están regalando dinero”, resulta devastadora. No es lo

mismo decir “tienen hambre y les están dando comida” o “tienen frio y los

están abrigando”.

El propio Marx señalaba que, en esencia, el dinero de regalo

responde a la propia lógica de la reproducción de la miseria. Recordemos

que lumpem no es otra cosa que miserable: “Obtener dinero regalado y

prestado: a eso se limita la economía política del

lumpemproletariado.” (Marx, 1986A: 447)

En primer lugar emerge una explicación de carácter ideológico. El

dinero no es otra cosa que la esencia de la libertad burguesa, decía Borges

en el Zahir:240

“El dinero es abstracto, repetí, el dinero es tiempo

futuro. Puede ser una tarde en las afueras, puede ser

música de Brahms, puede ser mapas, puede ser

ajedrez, puede ser café, puede ser las palabras de

Epicteto, que enseñan el desprecio del oro (...) una

moneda simboliza nuestro libre albedrío.”

Si el dinero es el símbolo de la libertad burguesa es porque en tanto

su presente revela todo sus futuros posibles oculta su único pasado posible;

el dinero no es otra cosa que trabajo condensado, oculta su verdadera

esencia escondida en su pasado: explotación y esclavitud:

“El otrora poseedor de dinero abre la marcha como

capitalista; el poseedor de fuerza de trabajo lo sigue 240 Disponible en: http://www.literatura.us/borges/elzahir.html Consulta: 22/1/08.

226

como su obrero; el uno, significativamente, sonríe con

ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo,

reluctante, como el que ha llevado al mercado su

propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que

se lo curtan.” (Marx, 2002: 214)

De aquí se desprende otro orden de explicaciones, mucho más

pragmático: el dinero es trabajo condensado, su valor ya se expresó y

representa a todas las mercancías en tanto puede comprarlas. De este modo,

cualquier otra mercancía resulta en trabajo presente, es decir asistir con

cualquier otra mercancía (alimentos, vivienda, etc.) supone una interferencia

en el mercado. Hay que comprar esa mercancía, almacenarla, preservarla,

distribuirla, controlar su entrega, etc.

Es inevitable la interferencia en el mercado pues se benefician

empresas, se genera empleo y, sobre todo, aumentan enormemente los

costos para el Estado. La burguesía descubrió tempranamente que la

esclavitud era disfuncional y que es más barato pagar un salario que hacerse

cargo de la reproducción de la vida del trabajador. Luego que entrego el

salario me desentiendo si ese salario alcanza para comprar comida

adecuada, pagar viviendas confortables, etc. ya que el salario es justo pues:

“La esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de

cuyos límites se efectúa la compra y venta de la fuerza de trabajo, era, en

realidad un verdadero Edén de los derechos humanos innatos.” (Marx,

2002: 214)

La libertad como valor a preservar también se revela cuando los

programas apuestan al emprendedurismo. “Construyendo Rutas de Salida”

pretende convertir a los pobres – no sólo a los indigentes, aunque éstos

tenían su participación obligada como forma de libertad limitada - en

“empresarios”. La propia Ministra revelaba su asombro, al tiempo que

aportaba una pista más para el análisis: “yo si tengo que salir a hacer un

227

emprendimiento me muero de hambre pero Economía nos dijo….”,

haciendo referencia a las exigencias del Ministerio de Economía y Finanzas.

La pista orienta el análisis hacia la forma en que opera el valor

libertad en los discursos y la prácticas del Ministerio que parecen estar

diciendo “la libertad es importante, eso nos dijeron, pero nuestra

preocupación es integrar a los excluidos que carecen de normas y valores”.

La libertad es ante todo la libertad del mercado, respetar el libre

juego de la oferta y la demanda, no es la libertad de los “protagonistas” que

mal operan en el mercado. La mayor parte de los principios rectores que

regulan las prácticas del MIDES les fueron impuestos, son previos a la

intervención, son preconstruidos e, incluso, así como la Ministra dejaba

entrever su descreimiento en las posibilidades del emprendedurismo, otros

operadores simplemente confesaban que no entendían cómo funcionaba el

algoritmo.

En verdad la preocupación más convincentemente presentada por los

operadores tecno-políticos y por los técnicos del MIDES es una

preocupación moral, característica del pensamiento conservador, que se

expresa como preocupación por la comunidad entendida como refugio de

este valor, como espacio en donde el individuo se encuentra integrado y

participa de una instancia superior que lo integra y lo constituye en un ser

moral, con “autoestima”.

“La exclusión es precisamente la imposibilidad de

participar. La participación, en principio, para ser

efectiva y mantenerse en el tiempo tiene que ser

voluntaria. Partimos entonces de mecanismos para

promover y facilitar la participación, algunos con

determinado tipo de obligaciones: tenemos grupos que

trabajan en lo socioeducativo en el programa

228

Construyendo Rutas de Salida. En el programa

Mejoramiento del Hábitat también se promueve cierta

participación. Cerca de treinta mil hogares pasaron

por Rutas de Salida y Mejoramiento del Hábitat, la

participación fue buena. (Entrevista a Director

Político del MIDES)

De nuevo aparece el tema de la libertad limitada; la participación es

esencialmente voluntaria “para ser efectiva y mantenerse en el tiempo” pero

la libertad tiene límites pues recordemos que la participación de los

“protagonistas” es obligatoria como contrapartida del Ingreso Ciudadano.

“La participación en su barrio, vamos a hacerlo más

práctico, o en su casa, y sentir que ese lugar de

familia jodida o de barrio jodido, todos los espacios

colectivos, creer de vuelta que puede ser útil y pensar

que puede de vuelta significar distinto todos los

espacios colectivos. Para mi ese es el eje, cualquier

espacio colectivo tiene efectos terapéuticos, efectos de

mejora.” (Entrevista a Director Político del MIDES)

Curiosa concepción que remite a la idea de cierta patologización de

la pobreza: el espacio colectivo “tiene efectos terapéuticos”. La esencia del

pensamiento conservador está en que no importa si la familia es “jodida” o

si el barrio es “jodido” dado que lo relevante es la percepción que se tiene

de ellos. Por lo tanto, se vuelve necesario trabajar sobre la “autoestima”, es

decir, resignificar: lo material se vuelve secundario cuando la moral se

mantiene en alto.

Los valores que a través de los discursos analizados legitiman la

intervención y que, asimismo, deben ser promovidos por ésta son

fundamentalmente la libertad y la solidaridad en tanto garante de la

229

integración social, mientras que la igualdad solo aparece marginalmente y

desprovista de cualquier arista socialista. El problema es, a lo sumo, la

riqueza excesiva y la pobreza extrema. La igualdad no aparece como un

valor que cuente con soportes materiales para su promoción:

“Nosotros desde acá es una bandera de la cual no nos

vamos a desprender: la pobreza existe porque hay una

concentración excesiva de la riqueza y no hay una

distribución, no sólo de ingresos sino de la riqueza.

Riqueza entendida no sólo en términos monetarios sino

también de recursos, de cultura y todo lo que conlleva

eso, acceso a la salud y educación, educación

permanente, y no sólo la formal sino también la

educación social. Si no cambiamos los roles de unos no

cambiaremos los roles de los otros, mientras haya

excesiva concentración de riqueza va a haber pobreza

extrema. ” (Entrevista a Director Político del MIDES)

El carácter ingenuo del planteo se observa en su pretensión de

alcanzar la igualdad a partir de la “educación social” por la cual los roles de

unos y otros se verían transformados y expresa así un valor esencialmente

conservador, por el que la acumulación capitalista es vista como un

problema moral pasible de ser resuelto a través de la educación social. La

primera alusión a la distribución de la riqueza entre nuestros entrevistados

aparece con un envase ingenuamente conservador.

La igualdad como valor se presenta claramente como una

orientación apenas residual y esencialmente semántica. Aparece señalada en

los discursos de algunos operadores, pero los límites a su incidencia son

precisos y quedan desnudos en la propia construcción discursiva de los

pocos que mencionan este valor.

230

Estos límites pueden organizarse en dos complementarios y, si bien,

ambos son ideológicos, uno aparece revestido de una racionalidad técnica

férrea. El primero de estos límites, puramente ideológico, lo

denominaremos como el espacio ideológico. El segundo, tan ideológico

como el anterior pero revestido de una racionalidad discursiva tecnocrática,

es definido como el “espacio fiscal”.

i) El espacio ideológico existente para una propuesta que apunte a

generar igualdad se expresa en la propia autocensura del proponente, que es

consciente de que la cuestión social hegemónica deja poco margen, poco

espacio ideológico a una propuesta que apunte a la igualdad.

“Nosotros queremos ir hacia un enfoque universal. Es

más en el Plan de Equidad se define la focalización

como algo complementario. La idea es que todos

tengan las mismas oportunidades y derechos. Esa

universalidad de las políticas sociales para nosotros

es central.” (Entrevista a Director Político del

MIDES)

Esa centralidad de la política universal se presenta rápidamente

como una aspiración del entrevistado que reconoce el poco espacio

ideológico con que cuenta para su concreción:

“Porque en realidad, yo creo que si vos aseguras, un

piso, un patamar como se dice en Brasil, mil pesos

para comprar comida, lo demás tiene que conseguirlo

a través de un empleo, pero si usted consigue el

empleo, no se lo vamos a descontar, no va a perder.

Pero usted quiere mejorar su nivel de vida, salir de

vacaciones, comprarse calzado, consiga un empleo,

pero esto no lo pierde. Por supuesto, la discusión de

231

siempre, ah! se lo vas a dar a los ricos también, pero,

bueno, se supone que con el IRPF241 me lo va a

devolver. Me va a dar más de lo que va a

recibir.” (Entrevista a Director Político del MIDES)

Los límites son claros: mil pesos, algo así como cuarenta dólares, “la

posibilidad de comprar comida”, muy por debajo del límite de la indigencia.

El planteo del operador apunta a lograr mínimos niveles de intervención del

Estado en la búsqueda de la igualdad pero reconoce y es consciente de

contar con poco margen para pasar los filtros ideológicos colocados por una

cuestión social ganada por el pensamiento conservador y neoliberal.

Y ni siquiera esta modesta propuesta de universalizar un ingreso

mínimo logró imponerse y la intervención se mantiene focalizada y siempre

dentro de parámetros muy estrechos.

“Para el régimen de Asignación Familiar, nosotros

hoy estamos cubriendo 230 mil niños en el nuevo

régimen, al cabo del año vamos a llegar 330 mil

niños. Para el 2009 la proyección es de 500 mil niños,

200 mil más. Lo mismo pasa con todas las demás

medidas, quiere decir que son costos incrementales

sobre la rendición de cuentas aprobada en el 2008. Y

esto es producto de la nueva atención. La meta es

llegar a todos los hogares que están por debajo del

umbral de la pobreza, no de la indigencia”.

(Entrevista a Director Político del MIDES)

Más allá de si la intervención es sobre la indigencia o la pobreza es

la focalización lo que se presenta como un claro límite que continúa

operando. Asimismo, estos programas focalizados se articulan fuertemente

241 Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

232

con las perspectivas neoliberal y conservadora. La Asignación Familiar es

una tradicional prestación monetaria destinada a los niños que concurren al

sistema educativo formal y esta suerte de focalización sobre los niños

pobres que asisten al sistema educativo formal es doblemente legítima para

ambas perspectivas.

Es legítima para la perspectiva liberal que concibe la igualdad solo

como punto de partida (cf. Hobsbawm, 1994: 77) y la educación básica

como derecho es legítima pues es lo que garantiza para esta perspectiva la

igualdad como punto de partida, tal como lo afirmó el propio economista

liberal Alfred Marshall que legitimaba la obligatoriedad de la educación en

una sociedad civilizada (cf. Marshall, 1963).

Y es, indudablemente, legítima para la perspectiva conservadora, en

la que la educación es conditio sine qua non para la integración social en las

sociedades modernas.

Asimismo, la legitimidad, indudable para cualquier perspectiva, está

dada porque los destinatarios de la prestación son los niños, es decir,

población que no debe trabajar y tiene como condición su incorporación al

sistema educativo formal. La asignación familiar atiende a niños ya no bajo

la línea de indigencia sino también a aquellos en situación de pobreza.

Como ya vimos, la asistencia a los niños no ofrece ningún reparo para

ninguna perspectiva. Cabe señalar que esta prestación sólo está dirigida a la

infancia y deja sin cobertura a la población adulta, incluso si se encuentra en

situación de indigencia, que antes recibía las prestaciones del Plan de

Emergencia.

Como vimos, el espacio ideológico para la incorporación del valor

igualdad es realmente muy estrecho y queda reducido a su expresión apenas

semántica.

233

ii) El espacio fiscal acaba siendo la tan difundida imbricación de la

política social con la política económica donde, históricamente, la primera

ha sido subordinada a la segunda:

“En segundo lugar, la necesidad de tener un visión de

conjunto de todo el gobierno, las políticas sociales, las

públicas y las económicas. Imbricar la política

económica con la social y dejar de hacer subsidiaria

la política social de la económica o tratar de romper

ese paradigma de política social compensatoria. No

puede ser el remiendo de los impactos de la política

económica.” (Entrevista a Director Político del

MIDES)

Pero esta imbricación se define claramente cuando las políticas

sociales desarrolladas lo son en función del espacio fiscal existente para su

financiación y no a partir de las necesidades concretas de la población o de

la necesidad de garantizar el ejercicio de derechos, quedando claro que la

política social permanece subsidiaria o, al menos, dependiente y

subordinada a la política económica:

“Con economía tuvimos una fatigosa discusión,

principalmente al cerrar los números para el Plan de

Equidad. Con el Plan de Emergencia no, porque

Tabaré ya había dispuesto un fondo global de

doscientos millones de dólares que terminaron siendo

doscientos veinte millones ejecutados.” (Entrevista

Director Político del MIDES)

Como fue dicho, el Plan de Emergencia ya tenía definido su

presupuesto antes de tomar contacto con la población, los recursos ya

estaban definidos. Pero el Plan de Equidad debe negociar con el Ministerio

234

de Economía cuál va a ser el gasto en adelante, los límites a la “equidad”

son claramente impuestos:

“Con el Plan de Equidad se dio una discusión muy

franca, la Ministra y nosotros mismos tuvimos varias

reuniones (...) la reforma de equidad tiene dos grandes

pilares, el de las reformas estructurales y el de la red

de asistencia transformada, donde básicamente están

las asignaciones familiares, la asistencia a la vejez,

etc. Y teníamos proyectado ciento cuarenta y cuatro

millones de dólares y terminamos en ochenta y cinco

millones. Claro, vos decís, ¿cuánto te lleva el Plan de

Equidad en el 2008? ¿Te cuesta ochenta y cinco

millones?, no te cuesta setenta millones más, que

implica la primera etapa de la reforma de la salud, y

yo tengo que sumar que por el Sistema Nacional

Integrado de Salud se va a beneficiar a capas pobres,

entonces ahí sí cierro ciento cincuenta millones. De

todas maneras hubo un recorte si no hubieran sido

más de doscientos millones. Lo que pasa es que el

espacio fiscal, más allá de nuestras diferencias, pues

lo entendimos, no daba para hacer un aumento de la

red de asistencia de doscientos millones de dólares

por año. De todas maneras, y está a texto expreso en

la Ley de rendición de cuentas, que este Plan de

Equidad en su componente Red de Asistencia va a

tener criterios de progresividad y

gradualidad.” (Entrevista a Director Político del

MIDES)

La expresión “espacio fiscal” revela inmediatamente su origen

ideológico. La disciplina fiscal rigurosa fue el principal argumento de los

235

organismos internacionales para imponer en América Latina las reformas

estructurales neoliberales (cf. Grassi et all, 1994), tal como lo establece el

gurú de estas reformas procesadas en los ochenta y noventa en América

Latina:

“Aunque la década de los años ochenta representó

una década perdida para América Latina en cuanto al

mejoramiento del nivel de vida de la población,

constituyó en cambio un decenio sumamente

productivo en cuanto al progreso de las ideas. No sólo

fue una década en que el régimen democrático, en

general, quedó arraigado, sino que en ella se produjo,

además, una evolución decisiva hacia la aceptación de

formas modernas de organización económica, que

incluyó sistemas económicos orientados hacia el

exterior, liberalizados, en cuyo marco se llevaron a la

práctica programas macroeconómicos

prudentes.” (Williamson, 1993: 175)

El progreso de las ideas a las que refiere Williamson logró un

arraigo tal que la propia izquierda, abanderada en la lucha ideológica contra

el neoliberalismo, mantiene un respeto inesperado por los “programas

macroeconómicos prudentes” cuando accede al gobierno.

El pensamiento neoliberal es derecho-fóbico, vigila para que las

políticas sociales sean estrictamente focalizadas y respeta los programas

macroeconómicos prudentes. La expectativa del entrevistado en relación al

crecimiento del gasto ya en la propia manifestación esconde el límite: el

crecimiento va a ser a través de la “progresividad y gradualidad”. La

libertad es para el pensamiento neoliberal opuesta a la seguridad. El gasto,

por tanto, no está calculado en relación a los riesgos que se quiere prevenir

sino a la disponibilidad fiscal.

236

El gasto social siempre está sujeto a evaluación, nunca genera

seguridad, nunca genera derechos, y la posibilidad de recorte es paradójica

pues responde al “espacio fiscal” y lo paradójico está dado porque cuando

más se necesita es cuando el “espacio fiscal” es más estrecho. La

“progresividad y gradualidad” habla de un “espacio fiscal” que se amplía

porque se aleja de la crisis que es cuando más se necesita la asistencia y

entonces, cuando nos apartamos de la crisis, el recorte es posible porque la

población a ser asistida se reduce, la pobreza extrema cede con la mejora de

la economía, hay “espacio fiscal” pero la población empobrecida se reduce.

El “espacio fiscal” es el dispositivo neoliberal más perfecto pues siempre

brinda argumentos para reducir la intervención del Estado.

VI. 3. ¿A través de qué principio de justicia se orienta la

intervención?

La conformación de un “orden intelectual y moral” (Gramsci, 1995:

145) supone procesos de construcción de hegemonía por parte del grupo

dominante. Los intelectuales cumplen la función de dar coherencia a esta

construcción:

“Los intelectuales son los `comisarios´ del grupo

dominante para el ejercicio de las funciones

subalternas de la hegemonía social y del gobierno

político, esto supone: 1) el consenso `espontáneo´

dado por las granes masas de la población a la

orientación impresa por el grupo fundamental

dominante a la vida social (...) 2) el aparato de

coerción estatal que asegura `legalmente´ la

disciplina de los que no `consienten´, ni activa ni

pasivamente (...)”

237

Es claro que en esta construcción los intelectuales deben presentarse

como intérpretes de alguna instancia superior y, en tal sentido,

“La más típica de estas categorías de intelectuales es

la de los sacerdotes, que monopolizaron durante

mucho tiempo (en una entera fase histórica que es

parcialmente caracterizada por este monopolio)

algunos servicios importantes: la ideología religiosa,

es decir, la filosofía y la ciencia de la época, a través

de la escuela, de la instrucción, de la moral, de la

justicia, de la beneficencia, de la asistencia,

etc.” (Gramsci, 1995: 5)

La referencia es inequívoca: el principio rector es divino y el

sacerdote es apenas un intérprete de sus designios.

El orden feudal tenía garantizada la integración social a través de

una hegemonía férrea e incuestionable, donde de acuerdo con Durkheim

(1995), la solidaridad se construía a través de la igualdad de la conciencias,

conciencia individual y conciencia colectiva se confundían y la religión era

constitutiva del orden social.

Como fue dicho, la revolución burguesa dinamiza el pensamiento

sobre lo social, sea por el proceso de secularización o por el pasaje de las

sociedades de solidaridad mecánica a sociedades de solidaridad orgánica.

Los cierto es que la búsqueda de legitimidad para fundar la hegemonía debe

buscar otras referencias,

“Las dos tendencias filosóficas dominantes se

subordinaban, ellas mismas, a la ciencia: el

positivismo francés, asociado a la escuela del curioso

238

Augusto Comte, y el empirismo inglés, asociado a

John Stuart Mill (...).” (Hobsbawm, 1996: 350)

La referencia deja entonces de ser a la religión para construir un

nuevo principio de justicia que debe ser buscado en la naturaleza; descubrir

las leyes de la naturaleza es el papel de la ciencia y estas leyes deben ser

respetadas.

Los procesos de naturalización de la justicia se dividen en

conservadora y liberal; en ambos casos la fuente de justicia se encuentra

garantizada por esferas que la han construido históricamente y deben ser

respetadas: “la comunidad” y “el mercado”. En el caso del pensamiento

conservador, la posición de Durkheim es indudable. Las leyes que regulan

la vida social, leyes inmutables que deben ser respetadas, son naturales,

sociedad y naturaleza son equivalentes dado que la sociedad es parte de la

naturaleza y en tanto tal funciona con las mismas leyes,

“Pero interpretar de esta manera una teoría

sociológica del conocimiento es olvidarse que, si la

sociedad es una realidad específica, no es entretanto

un imperio dentro de un imperio; ella forma parte de

la naturaleza, es su más alta manifestación.” (1973:

520)

Del otro lado, el pensamiento liberal va a establecer la existencia de

leyes, también naturales, que fueron obstaculizadas en su funcionamiento

por las viejas tutelas y sujeciones. Precisamente la “comunidad”, tan

preciada para el pensamiento conservador, aprisionaba al hombre

potencialmente libre no permitiéndole desarrollar sus capacidades,

“La guerra declarada a la comunidad se lanzó en

nombre de la liberación del individuo de la inercia de

239

la masa. Pero la finalidad genuina, aunque no

manifiesta, de esa guerra era en extremo opuesta a su

objetivo declarado: desmontar los poderes

comunitarios creadores de pautas y roles, de tal modo

que las unidades humanas despojadas de su

individualidad pudieran condensarse en la masa

trabajadora.” (Bauman, 2005: 36)

En tal sentido, las esferas de construcción del principio de justicia

son dos: la comunidad y la sociedad. Cada una de estas esferas es expresión

de valores contrapuestos, pero de algún modo complementarios.

La comunidad es la esfera del reconocimiento y de la protección,

pero también de las tutelas y el control moral. Es el espacio del trabajo con

sentido y la cooperación. La sociedad es la esfera del anonimato, el

individualismo y la libertad, la competencia y la exigencia de productividad

en el trabajo. De acuerdo con Weber (1997: 33) :

“Llamamos comunidad a una relación social cuando y

en la medida en que la actitud en la acción social – en

el caso particular, por término medio o en el tipo puro

– se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o

tradicional) de los partícipes de constituir un todo.

Llamamos sociedad a una relación social cuando y en

la medida en que la actitud en la acción social se

inspira en una compensación de interés por motivos

racionales (...) Los tipos más puros de `sociedad´ son:

a) el cambio estrictamente racional con arreglo a

fines y libremente pactado en el mercado: un

compromiso real entre interesados contrapuestos que,

sin embargo se complementan.”

240

El principio de justicia en el mercado es inequívoco, es la esfera de

la construcción e intercambio de valores:

“No cabe duda que uno de los principales fines de la

política deberá ser la adecuada seguridad contra las

grandes privaciones y la reducción de las causas

evitables de la mala orientación de los esfuerzos y los

consiguientes fracasos. Pero si esta acción ha de tener

éxito y no se quiere que destruya la libertad

individual, la seguridad tiene que proporcionarse

fuera del mercado y debe dejarse que la competencia

funcione sin obstrucciones (...) y que Benjamin

Franklin expresó (...) `Aquellos que cederían la

libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad

temporal no merecen ni libertad ni seguridad

´” (Hayek, 2006: 172)

En oposición, la comunidad es la esfera de las protecciones, al decir

de Castel (1997: 36), de la “protección cercana”,

“Estas comunidades tendían así a funcionar como los

sistemas autorregulados u homeostáticos, que

recomponen su equilibrio movilizando sus propios

recursos. Se realizaba la reafiliación sin cambiar el

marco de referencia (...) Era posible que por esta

asistencia hubiera que pagar un precio muy alto,

soportar una superexplotación, pequeñas

persecuciones o un pesado desprecio. La vida del

idiota de la aldea, por ejemplo, tolerado y en parte

sostenido por su comunidad, no era sin embargo

paradisíaca.”

241

Los procesos de naturalización como garantía de la dominación

fueron detectados en Bourdieu como constitutivos de la doxa:

“A eso me refiero con doxa: hay muchas cosas que la

gente acepta sin saberlo. Le voy a dar un ejemplo

tomado de nuestra sociedad. Si usted toma un grupo

de personas y les pregunta cuáles son los factores

principales de éxito en los estudios, cuanto más baje

en la escala social encontrará más personas que creen

en el talento natural o la aptitud, más creen que son

estúpidos, y dicen: `Yo no era bueno en lengua, no

servía para inglés, no era bueno en matemáticas

´” (2008: 299)

En concordancia con esto, la lucha histórica de la perspectiva social

o de ampliación de la ciudadanía, va a ser, precisamente la

desnaturalización de las fuentes de la justicia, la exigencia de justicia social,

vale decir: social, construida socialmente y no natural.

Es claro que esta lucha no deja de apelar a construcciones un tanto

abstractas tales como vivienda digna o incluso directamente absurdas como

salario justo. Pero, en última instancia, la desnaturalización significa

precisamente eso: desligar la idea de justicia de cualquier fuente

naturalizada.

En definitiva, como señala Bobbio (1995: 77), esta es la diferencia

entre derecha e izquierda. De un lado, la sacralización de lo existente y, del

otro, la profanación y la exigencia de transformación:

“La distinción entre derecha e izquierda se resuelve

en última instancia en la distinción entre sacro y

profano, en el interior de la cual encuentra su puesto

242

otras diferencias, como aquella entre orden jerárquico

y orden igualitaria y aquella entre postura

tradicionalista favorable a la continuidad y postura

abierta a lo nuevo o progresista, favorable a la

ruptura, a la discontinuidad.”

Lo que se percibe en la construcción discursiva que realiza el

MIDES, es precisamente lo contrario a esta desnaturalización de las fuentes

de justicia. Se destaca a partir del análisis una clásica construcción dual,

donde comparecen, como las esferas naturales de construcción de la justicia,

el mercado y la comunidad y esto es parte constitutiva de los procesos de

desresponsabilización del Estado frente a los problemas entendidos como

sociales.

Se visualizan de un lado, claros procesos de refilantropización de la

atención a lo social, ya clásicos en la ofensiva neoliberal,

“Las políticas sociales se articulan también con las

reformas económicas neoliberales por medio de la

privatización de las políticas públicas sociales

mediante la tercerización y mercantilización de los

servicios de asistencia (...) La privatización de

servicios es funcional como mecanismo para aliviar

presiones fiscales y la descentralización para delegar

parte de la responsabilidad de las políticas sociales

hacia agencias gubernamentales menores u Ongs. de

la sociedad civil. Así pues, compensación social y

privatización de las redes de seguridad van

acompañadas de un cierto desplazamiento de

responsabilidades de protección hacia la sociedad

civil y la familia.” (Serna, 2007: 3)

243

El argumento de fondo, fuertemente ideológico, va a establecer que

son las organizaciones de la sociedad civil las que tienen un conocimiento

inmediato de la problemática de los sectores excluidos. Esto se

complementa con un proceso de desprofesionalización de la atención a los

problemas sociales, al punto que el MIDES envió al parlamento el proyecto

de Ley No. 17.885 para permitir la participación de voluntarios en los

programas sociales,

“Ley Nº 17.885 VOLUNTARIADO SOCIAL:

Artículo 1º. (Objeto de la ley).- La presente ley tiene

por objeto reconocer, definir, regular, promover y

facilitar la participación solidaria de los particulares

en actuaciones de voluntariado en instituciones

públicas, directamente o a través de organizaciones

privadas sin fines de lucro, nacionales o extranjeras.

Artículo 2º. (Definición del término voluntario

social).- Se considera voluntario social a la persona

física que por su libre elección ofrece su tiempo, su

trabajo y sus competencias, de forma ocasional o

periódica, con fines de bien público, individualmente o

dentro del marco de organizaciones no

gubernamentales sin ánimo de lucro, oficialmente

reconocidas o no, o de entidades públicas nacionales

o internacionales, sin percibir remuneración alguna a

cambio.”242

Si bien la expectativa está siempre centrada en la reducción de la

pobreza, en alcanzar una distribución más justa de los ingresos, etc., surge

como diferencia el dónde debe encontrarse el principio de justicia que

garantice estos valores. No se concibe como legítimo que una mejor

distribución de la renta sea producto de una intervención decidida desde el

242 Disponible en: www.parlamento.gub.uy. Consulta: 23/2/2009.

244

Estado, ya que la justicia debe surgir de aquellas esferas naturalizadas que

son el “mercado” o la moral en su reservorio natural, o sea, la “comunidad”.

Esto permite comprender por qué la preocupación central del

MIDES se orienta a transferir componentes educativos que permitan al

individuo una mejor interacción allí donde se administra la justicia: el

mercado o la comunidad. En tal sentido, los componentes a incorporar

deben ser buscados allí mismo, en la comunidad, recuperando el espíritu de

la caridad y la filantropía que derivan precisamente de la comunidad.

Por eso la creación de una Ley de Voluntariado Social: los

voluntarios tuvieron un papel importante en el momento de administración

de la justicia, es decir, en el momento en que se determinaba quiénes eran

los legítimos beneficiarios del PANES. Los verdaderos protagonistas de

todo este proceso fueron los voluntarios que junto a los estudiantes

participaron de toda esa enorme puesta en escena que fueron los

desembarcos:

“De los cuarenta y un hogares previstos se hicieron

más. En la Estanzuela había una estación de trenes

bellísima que debió tener sus años mozos y enaltecer y

embellecer el lugar, que ahora ha pasado a ser una

especie de pueblo fantasma. Aquí apareció un

fenómeno alucinante: los vecinos nos buscaban por

donde andábamos para llevarnos directamente a los

hogares que sabían que estaban con problemas

económicos importantes.”243

Del mismo modo, las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil

son las encargadas de transmitir valores, conocimientos, etc. sin mayor

243 Testimonio de un voluntario en “Mano con mano. Somos Protagonistas”, Ministerio de Desarrollo Social, Marzo 2007.

245

control desde el MIDES que confía que los contenidos surgen de la propia

comunidad organizada:

“Hay que tender puentes de todos lados. Nosotros

somos muy vigilantes en lo que hacen las

organizaciones sociales, también respetamos las

autonomías y ciertas metodologías, porque hay una

riqueza formidable. El MIDES podría haber llamado a

concurso y armar 50 equipos técnicos, era muy difícil,

pero además, seguimos creyendo igual que la mayoría

de los que trabajamos acá, de que el trabajo con la

sociedad civil es muy importante.” (Entrevista a

Director Político del MIDES)

Los procesos que naturalizan la fuente de la justicia justifican la

tendencia hacia la desprofesionalización de la administración terminal de las

políticas sociales. Los componentes centrales a administrar son valores que

están contenidos en la propia comunidad o la sociedad y las organizaciones

que se han dado “naturalmente” en estas esferas: las empresas y las

organizaciones de la sociedad civil. La profesionalización en la

administración terminal de las políticas sociales supone la idea de derecho

social. La administración profesional implica una relación burocrática

donde se realiza la “administración imparcial (...) sine ira et studio, `sin

resentimiento ni prejuicio´, él [el burócrata] administrara su cargo” (Weber,

1982: 116). El voluntario es empujado a la acción por sus valores y

convicciones, estos valores se encuentra más próximos de la caridad y la

filantropía que de la gris y rutinaria noción de derecho.

246

VI. 4. ¿Qué concepción de ciudadanía expresa?

Ciudadanía es el concepto opuesto al de cuestión social. Una

sociedad de ciudadanos es aquella que garantiza a sus integrantes libertad,

integración en tanto participación activa en la construcción de la sociedad e

igualdad, que equivale a afirmar, en otros términos, la posesión de derechos

civiles, políticos y sociales.

Ya la formulación revela el carácter burgués del concepto - por tanto

concepto y no categoría – procesando la ya clásica ruptura entre lo social, lo

político y lo económico. La contradicción se revela tan solo recordando que

sociedad no es más que la traducción latina de polis. El propio Marshall

(1963: 61) dará cuenta de esta ruptura:

“Tras separarse, los tres elementos de la ciudadanía

en seguida perdieron el contacto, por decirlo

coloquialmente. El divorcio entre ellos se consumó

hasta tal punto que, sin forzar demasiado la precisión

histórica, es posible asignar el período formativo en la

vida de cada uno de ellos a un siglo diferente.”

Para rastrear los orígenes del concepto es preciso, como en la

mayoría de los conceptos políticos, remitirse al pensamiento clásico griego

(cf. Bobbio, 1992). Pero en su forma moderna, vale decir, con pretensión

universal - no hay que olvidar que la política griega era reservada a los

ciudadanos, quedando excluidos las mujeres, los extranjeros y los esclavos

- la referencia obligada es Kant:

“Los miembros de tal sociedad (societs civilis), es

decir, de un Estado, que están unidos para el fin de

elaborar leyes, son llamados ciudadanos (cives). Tres

son los atributos jurídicos inseparablemente

247

vinculados a la naturaleza del ciudadano como tal:

primero, la libertad legal de obedecer solamente a la

ley a la cual él dio su consentimiento; segundo la

igualdad civil, que consiste en no tener, entre sus

conciudadanos, ninguno superior a él, sino solamente

otra persona, poseyendo él la facultad moral de

obligarla jurídicamente tanto cuanto ella puede

obligarlo; tercero, el atributo de la independencia

civil, por cual el ciudadano debe su existencia y

sustento no al arbitrio de otra persona, sino a sus

propios derechos y poderes como un miembro de la

república.” (Kant in Weffort, 1995: 79)

Claro que el carácter universal, con Kant, se presenta como

posibilidad y no como realidad concreta,

“De hecho, establecida la sociedad de acuerdo con el

derecho, no todos sus miembros califican para la

actuación política a través del voto, o sea para la

ciudadanía activa. No califican los que viven bajo la

protección o bajo las órdenes de otros, como los

empleados, los menores y las mujeres; esos son

ciudadanos pasivos.” (Castro Andrade in Weffort.,

1995: 62)

La ciudadanía como posibilidad concreta y universal de todos los

integrantes de una sociedad tendrá su primera expresión en los Estados de

Bienestar europeos.

No es casual que la recuperación del concepto sea desarrollada por

Thomas Humpherey Marshall (1963: 302 -303) en su conocida conferencia

248

en homenaje a su homónimo economista Alfred en 1949, estableciendo que

su concreción es reciente.

“Llamaré a estas tres partes, o elementos, civil,

política y social. El elemento civil consiste en los

derechos necesarios para la libertad individual

-libertad de la persona, libertad de expresión, de

pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad a

cerrar contratos válidos y el derecho a la justicia (...)

las instituciones asociadas más directamente con los

derechos civiles son los tribunales. Con el elemento

político me refiero al derecho a participar en el

ejercicio del poder político como miembro de un

cuerpo investido de autoridad política, o como elector

de los miembros de tal cuerpo. Las instituciones

correspondientes son el parlamento y los concejos de

gobierno local. Con el elemento social me refiero a

todo el espectro desde el derecho a un mínimo de

bienestar económico y seguridad al derecho de

participar del patrimonio social y a vivir la vida de un

ser civilizado conforme a los estándares corrientes en

la sociedad. Las instituciones más estrechamente

conectadas con estos derechos son el sistema

educativo y los servicios sociales”.

En el desarrollo histórico de la ciudadanía esbozado por Marshall

para Inglaterra, los derechos van consolidándose linealmente (Coutinho,

2000: 55): primero los civiles (vitales para la emergencia del orden

burgués), luego los derechos políticos y, por último, los sociales: “los

derechos civiles al siglo XVIII, los políticos al siglo XIX, y los sociales al

siglo XX” (Marshall, 1963: 304).

249

La vinculación entre los derechos de referencia y los valores que

surgen con la revolución francesa es cristalina.

− Los derechos civiles están asociados a la libertad burguesa.

Los derechos políticos, si bien son vitales para la lucha política que

consolidará los derechos sociales, están vinculados directamente a la

fraternidad.

Los derechos sociales indudablemente aparecen vinculados a la

igualdad.

En tal sentido, las perspectivas reseñadas realizarán una valoración

especial por cada una de las esferas de la ciudadanía y tendrán una

construcción “ideal” de ciudadano.

La perspectiva liberal realizará una valoración especial y central de

los derechos civiles y una construcción ideal de ciudadano: el ciudadano es

aquel hombre libre dispuesto a enfrentar los riesgos de operar en el

mercado.

“Si hemos fracasado en el primer intento de crear un

mundo de hombres libres tenemos que intentarlo de

nuevo. El principio rector que afirma no existir otra

política realmente progresiva que la fundada en la

libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero

como lo fue en el siglo XIX.” (Hayek, 2006: 287)

La perspectiva conservadora establecerá la centralidad en los

derechos políticos244 y su construcción de ciudadanía establecerá que el 244 Si bien los derechos políticos son centrales para entender el proceso de emergencia y ampliación de los derechos sociales, la valoración que la perspectiva social hace de la “legalidad burguesa” o, en otras palabras, de la “democracia formal” es al menos contradictoria (cf. Coutinho, 2000: 17 y sig.).

250

ciudadano es el individuo moral, unido por lazos de solidaridad al resto de

la sociedad y consciente de estos lazos.

“Pero, si la división del trabajo produce la

solidaridad, no es apenas porque ella hace de cada

individuo un `integrante del mercado´ como dicen los

economistas; es porque ella crea entre los hombres

todo un sistema de derechos y deberes que los ligan

unos a otros de manera duradera.” (Durkheim, 1995:

429)

La perspectiva social o de ampliación de la ciudadanía hará una

valoración especial de los derechos sociales estableciendo que es ciudadano

aquel individuo que vive en una sociedad que garantiza la igualdad entre sus

integrantes.

“Ciudadanía es la capacidad conquistada por algunos

individuos, o en el caso de una democracia efectiva

por todos los individuos, de la apropiación de los

bienes socialmente creados.” (Coutinho, 2000: 146).

Los procesos de transformación en el mundo del trabajo a partir de

la crisis de los años setenta, desencadenaron una fuerte ofensiva del capital

sobre el trabajo (Netto, 1996; Antunes, 1995). El discurso legitimador de

esta ofensiva recuperó los discursos liberales (neoliberalismo) y

conservadores (neoconservadores) (cf. VV.AA. 1995). La tendencia

significó una reconceptualización de los discursos sobre la ciudadanía,

desvistiéndola de los derechos sociales, para reconstruir un discurso donde

la libertad de mercado se articulaba con los discursos conservadores, que

hacen de la participación y la responsabilidad los nuevos componentes de la

ciudadanía.

251

El proceso discursivo legitima la progresiva pérdida de derechos

sociales (cf. Netto: 2006). Como señala Estela Grassi (2003: 305), el gran

éxito del neoliberalismo fue el de lograr un proceso de “transformación

socio-cultural” construyendo un nuevo “universo de sentido”.

De este modo, el concepto de ciudadanía queda desvestido de

cualquier, incluso retórica, sobre los derechos sociales y los derechos civiles

y políticos cobran, paradójicamente incluso para la izquierda, un sentido

hegemónico.

En relación al concepto de ciudadanía, la política asistencial del

MIDES es puntillosamente respetuosa de los preceptos neoliberales,

observando que el elemento determinante consiste en una prestación de

carácter esencialmente monetario. Como vimos, el dinero es el símbolo de

la libertad burguesa, puede ser transformado en cualquier cosa que se

quiera, es la mercancía que compra todas las mercancías incluida la

mercancía que produce valor: el trabajo abstracto (Marx, 2002: 10 y sig.).

El dinero, por otro lado, integra al mercado, la verdadera integración

para el pensamiento neoliberal.

“Yo fui muy crítica del INDA245, que asume muchas

responsabilidades que no le corresponden. El Estado

no tiene que estar repartiendo alimentos con un

camioncito, que no es transparente, y que sitúa al

indigente en un mismo lugar, nunca se incorpora otra

dimensión. A la luz de esto dijimos no. Y el ticket de

alimentación que se brindaba antes tenía un tinte

perverso, de comercialización, y unas organizaciones

judías que habían trabajado en Buenos Aires, y tenían

la idea de la tarjeta la usaron con personas mayores

245 Instituto Nacional de Alimentación.

252

judías. Nosotros empezamos a llevar adelante esta

idea que nos costó mucho, negociaciones con BROU

con CAMBADU246, que le entregabas al jefe del hogar,

donde hubiera jefas embarazadas, o niños menores de

18 años, muy acotada entre 300 y 800 pesos, [entre U

$S 12 y U$S 32] donde hubiera 4 o más niños. Se

negoció con CAMBADU, y eso disparó un

relacionamiento muy fuerte con los comercios que se

formalizaron, ANTEL247, 70 u 80 mil pesos entraba por

tarjeta al comercio y le daba la libertad al que

compraba de comprar lo que quisiera. No solo

resolvía el tema de la comida sino higiene personal y

del lugar, le das otro marco ciudadano.” (Entrevista a

Directora Política del MIDES)

Resulta revelador que se destaque el papel integrador del mercado

dado por el programa en tanto otorga libertad de comprar y revitaliza al

mercado formalizándolo. El componente conservador también se visualiza

en la preocupación por la higiene y la preocupación (“tinte perverso”) por la

comercialización de los alimentos por parte del beneficiario. Como fue

dicho el dinero es el símbolo de la libertad burguesa, puede ser

intercambiado por cualquier cosa, sin embargo las políticas que hacen

prestaciones no monetarias siempre revelan la profunda desconfianza hacia

los pobres, propia (ver supra) del pensamiento neoliberal. La presunción de

que los alimentos, los tiquets o las chapas se venden está siempre presente,

no quedando nunca claro el contenido “perverso” del simple hecho de

vender una mercancía para poder comprar otra que puede ser más

indispensable. Lo sorprendente es que se pretenda resolver el problema

simplemente dando dinero o su equivalente: la tarjeta magnética de

alimentación.

246 Cámara de baristas y almaceneros del Uruguay.247 Administración Nacional de Telecomunicaciones.

253

“Te dice que es la única tarjeta que puedo tener. Los

celulares por ejemplo me parecen maravillosos, se

comunican con otro y además para las changas lo

pueden llamar, si todos nos comunicamos porque éste

no va a tenerlo también. Es parte de la inclusión, y si

se compra un nintendo que me parece horrible porque

no lo va a hacer si todo les dice que si no lo tiene no

existe. Ahora salen, antes decían que sólo se

relacionaban con el vecino y sólo para saludarlo. Le

pone puertas a la casa que le da seguridad, es en el

único lugar donde me siento más o menos firme. Me

dice suerte que viene el maestro comunitario porque

yo a la escuela no voy más porque me hacen firmar y

me da vergüenza porque no sé y ahora va a la

escuela.”(Entrevista a Directora Política del MIDES)

Se destacan aspectos que hacen a la integración, las posibilidades de

comunicación con los otros integrantes de la comunidad, el sentirse parte de

algo mayor que habilita el poder comunicarnos con otros, pero sobre todo el

compartir valores del resto de la sociedad. Como establece Merton (1965),

la adaptación social surge de compartir los medios y los fines impuestos por

la sociedad y el planteo de la Ministra parece directamente inspirado en su

pensamiento:

“si todos nos comunicamos ¿por qué éste no va a

tenerlo?, también es parte de la inclusión, y si se

compra un nintendo, que me parece horrible, ¿por qué

no lo va a hacer?, si todo les dice que si no lo tiene no

existe”.

Un elemento recurrente en los discursos es la preocupación por la

integración social, la participación en la comunidad como un elemento de

254

“construcción de ciudadanía” donde evidentemente el contenido

conservador es inocultable.

Se suma a esto que la integración deviene de una característica que

se le aporta al individuo; no es una sociedad que integra sino un individuo

con voluntad de integrarse. La individualización de lo social es evidente en

un discurso que acaba responsabilizando, aunque no culpando, al individuo

que debe recibir asistencia terapéutica para reconstruir su autoestima, ya que

lo que impide su integración es, no una sociedad que excluye, sino su falta

de autoestima:

“El eje vector de este programa, y sobre todo de esta

población de extrema pobreza, es el vector de lo

colectivo, es la promoción a incluirse a espacios

colectivos, incorporarles argumento o sea pretexto,

que se vayan a un espacio colectivo (...) impacto en la

autoestima, porque se siente mejor, primero porque

siente que pertenece a algo que en principio es un

grupo (...) para mi ese es el eje, cualquier espacio

colectivo tiene efectos terapéuticos, efectos de

mejora” (Entrevista a Directora Político del MIDES)

La ciudadanía es algo que debe ser construido en el otro, una forma

de individualización de lo social en la que el individuo es responsable de su

propia ciudadanía.

“La noción de individualización social remite a la

percepción y definición de los problemas sociales

como si fuesen problemas individuales, por medio de

mecanismos que promueven la biografización y

familiarización de lo social, esto es, la

responsabilización creciente del individuo y de la

255

familia en la construcción de sus trayectorias sociales.

Este tipo de proceso se ha convertido en objeto de

estudio privilegiado de las ciencias sociales en

períodos recientes, principalmente en el marco de

interpretaciones que asocian su emergencia al

debilitamiento del Estado y de las instancias

colectivas de acción social.” (Mitjavila Apud Ortega,

2008: 14).

Los programas sociales producen ciudadanía en los individuos (prot-

agonistas), no construyen garantías de ciudadanía, se le incorpora al

individuo “dimensiones de ciudadanía”.

Parece innecesario referirse al monto de las prestaciones, que no

garantiza, ni pretende hacerlo, trasponer el umbral de la indigencia ni

siquiera hasta la condición de pobre. No garantiza una alimentación mínima

una prestación que oscila entre U$S 12 y U$S 32 según la cantidad de hijos

y siempre y cuando haya presencia de hijos.

La vivienda es un elemento que para Marshall (1963: 330) es central

en la construcción de ciudadanía,

“No obstante, la obligación general del Estado hacia

la sociedad en relación con la vivienda es una de las

más pesadas que tiene que soportar. Las políticas

públicas han creado inequívocamente en el ciudadano

la expectativa legítima de una vivienda adecuada para

habitarla con su familia, y la promesa no se limita

ahora a los héroes”

Los problemas de habitación son atendidos con estrategias

absolutamente remediales aceptando, no solo como inevitable la

256

irregularidad de las viviendas y su construcción, sino cooperando con esta

irregularidad aportando desde el Estado materiales de construcción para que

las personas mejoren sus precarias viviendas a través de la

autoconstrucción.

Pero el elemento central que permite capturar la concepción de

ciudadanía con que opera el MIDES es la estricta focalización de los

programas de transferencia de renta.

“ahí trabajamos con el algoritmo que nos elaboraron

técnicos de la Universidad, de Economía y con un

formulario y un sistema informático que nos elaboró

el BPS. Nosotros habíamos decidido que íbamos a

visitar a todos los hogares, se visitaron 231 mil

hogares del Plan de Emergencia, y hubo un problema

de comunicación nuestra, pues, se asociaba aquella

cifra de un millón de pobres a los 100 mil hogares en

indigencia.” (Entrevista Ministra De Desarrollo

Social)

Y no solamente por el hecho de que está más que tematizado en la

bibliografía especializada que las políticas de asistencia focalizadas no

producen ciudadanía.

“Si bien es persistentemente señalado en la literatura

sobre este campo que las políticas de asistencia no

generan derechos, resulta menos visible que algunas

de las intervenciones más importantes realizadas en

los últimos años no sólo no aportan en dicha dirección

sino que, particularmente en el caso de los programas

de promoción del empleo mercantil y de subsidio por

desempleo con contraprestación laboral (workfare),

257

directamente han aportado a la creación de un

consenso social contrario a la afirmación de derechos

sociales.” (Britos et Caro, 2002: 4)

Ni porque el carácter remedial de estas políticas no genera ningún

tipo de derecho social, ni permite ningún tipo de integración digna,

“La política social asume un papel subsidiario de la

economía, pierde capacidad de integración e inclusión

social generalizada, restringiéndose a asistir a las

“víctimas” en peor situación de la exclusión, pero no

para emanciparlas, sólo para evitar que se hundan

más (Vilas, 1997, 935). La preocupación central de la

política de la pobreza es la “compensación” y

“contención” hacia los sectores más vulnerables, la

corrección de las disfuncionalidades sociales

provocadas por la economía.” (Serna, 2007: 2)

Sino, y fundamentalmente, porque la política asistencial hace un

hincapié esencial en:

No generar derecho en ningún caso, ya que la política asistencial

hace énfasis en que la prestación dura dos años con independencia a

la situación en que se encuentre el beneficiario pasado los dos años.

Para ingresar se debe constatar de manera indudable que el potencial

beneficiario no sólo no participa del mercado sino que no tiene

condiciones objetivas para poder hacerlo – esto refiere a que 1) no

tiene que poseer mercancías pasibles de ser vendidas en el mercado:

vivienda, electrodomésticos, etc., 2) no tiene que tener capacidades

pasibles de generar empleo al beneficiario, el nivel educativo es

descalificador y, por supuesto, 3) sus ingresos deben estar por

258

debajo del límite de la indigencia. Y la prestación que se realiza es

inferior en cualquier caso a la que se puede obtener a través de la

participación en un empleo formal:

“Teníamos que decirle usted está en una situación

muy difícil, no tiene qué comer, no tiene trabajo pero

es un privilegiado porque no es indigente. (...) Que te

decían la educación no me la puedo comer, los

ladrillos no me los puedo comer, los electrodomésticos

no me los puedo comer y había que decirles bueno

pero usted tiene un techo, tiene una cama y una

frazada.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

Lo que se constata es que, con relación a la ciudadanía en tanto la

concepción de Marshall, a lo sumo lo que puede establecerse es i) o un

cambio discursivo, una retórica que busca legitimar una intervención

remedial:

“Además, se constata una reconceptualización

discursiva del sujeto destinatario como ciudadano y

no mero consumidor carente. Los programas adoptan

un enfoque de derechos ciudadanos y humanos en

tanto fundamentación de la garantía de ejercicio de

derechos básicos.” (Serna, 2007: 2)

o ii) que el MIDES ha asumido acríticamente las concepciones más

conservadoras y neoliberales de ciudadanía, donde lo que resalta es la

participación en el mercado como consumidor o productor como la única

ciudadanía posible y la dimensión moralizante y disciplinadora para

aquellos que no lo consiguen.

259

VI. 5. ¿Cómo se representa un ideal de hombre u hombre

ideal?

Todas las concepciones ideológicas tienen un hombre ideal al que la

humanidad debe tender. Es conocida la mítica construcción que hace la

revolución cubana del “hombre nuevo” (cf. Hobsbawm, 1995) o cuando

Weber (1996: 31) extrae de los apuntes de Benjamín Franklin, “la

peculiaridad de esta filosofía de avaricia [que] parece ser el ideal de un

hombre honesto”.

En este caso, el concepto de ideal cobra su doble acepción. De un

lado, es pasible de ser reconstruido como típico ideal (Weber, 1997) y, del

otro, su acepción vulgar en tanto es ideal desde el punto de vista valorativo,

es normativamente bueno, es un modelo a seguir.

Como es lógico, un ideal de hombre supone, en último análisis, una

concepción heroica del hombre sometido a situaciones extremas. Ese

hombre ideal sólo se confirma como válido en la medida en que mantiene

sus características en cualquier circunstancia, incluso cuando es sometido a

situaciones extremas.

En nuestra construcción tipológica es posible extraer los elementos

característicos que permiten diseñar una tipología de hombre ideal. Es así

que:

− La perspectiva conservadora aspira a construir un INDIVIDUO

SOLIDARIO. La emergencia del individuo en las sociedades modernas

es inevitable e incluso saludable, siempre y cuando existan las formas de

sujeción que lo conviertan en un individuo solidario, moral, integrado a

la sociedad con lazos de interdependencia. La felicidad, el bienestar, el

deseo y su satisfacción son situaciones pasajeras, evanescentes en la

narrativa individual, lo esencial es que el individuo encuentre instancias

260

superiores que normaticen su vida y lo contengan como instancias que

lo superan. Es el hombre solidario, moral, con independencia de sus

condiciones materiales de reproducción, es el pobre que se mantiene

honrado, apegado a las sociedades que lo contienen y trascienden: la

familia, la comunidad etc. Las políticas sociales siempre tienen un

componente moralizador que apunta a sostener este comportamiento en

las poblaciones a las que están dirigidas.

− La perspectiva liberal aspira a producir un hombre libre. La constitución

de un hombre libre para esta concepción está asociada inevitablemente a

la idea de propiedad privada que incluye también la propiedad de sí

mismo. El hombre es libre en tanto es dueño de sí mismo, incluso la

participación política está sujeta a no depender de otros en tanto no se es

dueño de sí mismo. Esta perspectiva entonces aspira a construir un

INDIVIDUO POSESIVO. Es el hombre emprendedor, capaz de superar

las situaciones adversas a partir de su disposición a asumir riesgos

individuales, que reconoce la situación en que se encuentra como

resultado de sus errores estratégicos y se dispone a identificar las

oportunidades que le permitirán diseñar una estrategia para superar su

situación. Todas las políticas sociales implementadas en América Latina

a partir del “ajuste estructural” (Grassi et all, 1994) están orientadas en

ese sentido.

− Para la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía, el ideal de

individuo es resultado de la lucha política. Los derechos, lejos de ser

naturales, son sociales o lo que es igual políticos, conquistas históricas

que deben sostenerse y ampliarse ilimitadamente con la lucha política.

En tal sentido, esta perspectiva aspira a construir un INDIVIDUO

POLITICO. El ideal es el luchador social que frente a la adversidad

logra promover la organización de sus iguales para luchar por sus

derechos. La llamada militancia social con sensibilidad de izquierda

apunta siempre a promover la organización entre los sectores

“excluidos” y es conocido el desprecio que sienten los sectores

261

organizados, fundamentalmente el movimiento sindical, por el

“lumpem” que mantiene una relación pasiva con su situación sin lograr

organizarse y luchar por superarla.

La política social del MIDES parece legitimarse en la búsqueda de

un hombre ideal que articula fuertemente componentes liberales con

conservadores: la promoción de emprendimientos productivos, donde

aparece claramente expresada la fantasía de que de la pobreza extrema se

puede salir como empresario; el programa “Rutas de Salida” está imbuido

de esta mistificación donde parece que se estuviera diciendo: se trata de

trazar rutas de salida para que los “protagonistas” que tienen voluntad

puedan tomarlas y así salir de la indigencia:

“(...) no puedo pretender que alguien que sale de la

exclusión más profunda se vuelva emprendedora (...)

economía [Ministerio de Economía y Finanzas] nos

dijo: no, nosotros podemos armar circuitos ya que son

volúmenes muy pequeñitos y no molestamos a ningún

empresario, la gente no puede producir y vender y

entonces esos circuitos no interfieren con el mercado y

con la ley de cooperativas sociales que no tributan,

entonces, el despegue, que para la microempresa es

muy duro, se lo resolvemos porque no tienen que

aportar.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

Tal como surge de las afirmaciones de la Ministra, el mandato

impuesto por el Ministerio de Economía es claro: esas Rutas de Salida no

deben interferir en el mercado, ningún empresario genuino debe verse

molestado. De lo que se trata es de promover las microempresas y las

cooperativas, las que luego que despeguen podrán competir en el mercado

con la libertad merecida.

262

Como fue dicho, este hombre ideal debe demostrar que puede salir

de las condiciones más adversas balizado por el valor central de la

concepción. Esto tiene un enorme potencial legitimador para cualquiera de

las perspectivas, ya que si uno solo logra salir de la indigencia a través del

emprendedurismo o logra mantenerse como un ser moral a pesar de vivir en

la miseria, está demostrando que es posible y, por tanto, quienes no lo

logran se convierten en responsables de su condición.

Los planteos que hacen referencia a los contenidos morales de los

asistidos son permanentes: es población que quiere trabajar, que está

dispuesta al sacrificio, que trabaja más aún de lo esperado, etc. y que

cuando se le da una oportunidad la aprovecha.

“Con el fondo Uruguay - Venezuela trabajamos con los

emprendimientos productivos, lo que nosotros llamamos

iniciativas locales son con población que no es PANES,

no es población de indigencia, es población de la

pobreza y que tuvo un emprendimiento o que tiene una

capacitación. El primer piloto lo hicimos cociendo.

Hicimos cincuenta mil túnicas para las escuelas de

contexto crítico de primaria, lo hicimos con mujeres de

Montevideo, Canelones, Florida trabajando en el

Centro de Desarrollo Local de la Intendencia en

Casavalle donde se les dio un trabajo de capacitación.

Seleccionamos mujeres que alguna vez habían cocido o

que tenían alguna idea o eran buenas

cociendo.” (Entrevista Ministra de Desarrollo Social)

Lo que se percibe es la articulación de valores, en algún sentido

contrapuestos e incluso contradictorios. De un lado, el hombre ideal del

pensamiento liberal, emprendedor, que utiliza las oportunidades que le

263

ofrece el mercado para salir adelante en el mundo de la competencia de

todos contra todos. Del otro, el individuo solidario, que encuentra sentido

participando de instancias superiores y que se realiza en el encuentro con

los otros. Esta contradicción puede encontrarse incluso en un programa que

apuesta a producir emprendedores, como si se quisiera construir un

empresario con rostro humano, preocupado con la cultura y la participación

social.

“Nosotros financiamos producción, servicios y una

cuota de emprendimiento cultural: hay algún periódico,

títeres, radio comunitaria, diferentes cosas, teatro,

Radios en la Web. Damos dinero y capacitación. Es

gente que quedó en el borde del plan y es asociativo con

gente que está mejor o peor. Es asociativo, puede ser

familiar o de vecinos, gente que sale de Trabajo por

Uruguay y sale con un proyecto.” (Entrevista Ministra

de Desarrollo Social)

Y siempre el espíritu de sacrificio, la abnegación propia del

pensamiento conservador, el individuo solidario que se siente parte de algo

trascendente está dispuesto al sacrificio, a trabajar más de la cuenta.

“Nos mataron porque fueron muchísimo más rápidas.

Para nosotros fue un aprendizaje y para ellas una

frustración porque cobraron menos meses, mucho mejor

que si trabajaban a destajo para empresas como

trabajaron pero también se capacitaron. Nosotros

tenemos un emprendimiento productivo con el fondo, de

una mujer desesperada, joven que tenía cuatro hijos y no

entraba al plan por distintos valores. No sabía ni cortar

y entró a esa experiencia y hoy tiene un emprendimiento

de vestimenta. Se hace un estudio de viabilidad y se

264

transfiere dinero para materia prima, maquinaria,

depende del estudio. Ahora en Rutas de Salida

presentamos tres proyectos y los ganamos en un fondo

del MERCOSUR.” (Entrevista Ministra de Desarrollo

Social)

De las palabras de la Ministra surgen otros aspectos variados y

reveladores. Uno de ellos refiere al valor que el Ministerio se atribuye a la

competencia. El propio Ministerio se comporta como una ONG que disputa

recursos a través de proyectos, para financiar emprendimientos cuyo

impacto se agota en una casuística, que lo único que aporta son elementos

reveladores del ideal de hombre que se propone.

También se revela el valor que se da a la capacidad del individuo de

ser emprendedor. Casi en una utopía liberal se nos dice que el esfuerzo, el

trabajo duro, atreverse a competir, tener éxito se constituye en una Ruta de

Salida de la “exclusión”. Alcanza con formular por la negativa el

razonamiento para llegar a la conclusión inevitable de que la pobreza es

resultado de la pereza, la falta de entusiasmo y no atreverse a competir en el

mercado.

En tal sentido, el proceso de trasmutación ideológica es prístino. En

los debates académicos y políticos, la izquierda no dudaba en

responsabilizar al “sistema” y no al individuo. Veamos, por ejemplo, el

argumento del Ministro de Economía del gobierno de Vázquez, actual

vicepresidente:

“(...) la marginalidad es lo que se gesta en estas

condiciones de excedente de trabajo. Es la

consecuencia necesaria de esta lógica de

funcionamiento de la economía. Es el conjunto de

condiciones de vida que van asociados a la presencia

265

de esta reserva sobrante de trabajadores que el

sistema origina para encarar su contradicción básica

entre salario y ganancia. Y que se resuelve creando de

la manera ya vista en nuestros países periféricos.

Creando periferias internas a las propias periferias.

Es en este contexto que surge la marginalidad

asociada a situaciones de desocupación y

subocupación.” (Astori, 1986: 23)

En resumidas cuentas, lo que antes era visto como un problema

estructural ahora es atribuido a problemas de los individuos. Posiblemente

la intervención sobre esta determinación estructural no pueda resolverse

desde un gobierno y, mucho menos en un periodo, pero no es ese el

argumento, el argumento remite a los individuos y sus capacidades y la

lógica de la intervención está decididamente inclinada en este sentido.

Cuando el argumento apunta sobre los individuos, su incapacidad

moral (falta de valores, anomia etc.) o instrumental (incapacidad para

competir en el mercado) el hombre ideal que emerge lo hace balizado por

valores conservadores o neoliberales, desarticulando cualquier perspectiva

social o de ampliación de la ciudadanía, donde la responsabilidad social del

sistema es determinante en la configuración de los problemas sociales.

VI. 6. ¿Cuál es el papel que se le asigna al trabajo?

La centralidad del trabajo, en tanto categoría llave, ha sido discutida

ampliamente en las ciencias sociales contemporáneas (cf. Antunes, 1995;

Gorz, 1982). Para el pensamiento clásico liberal, esta centralidad no tiene

dudas en tanto el elemento esencial en la producción de la riqueza, desde

Locke (cf. Weffort, 1996) hasta Smith (Marx, 2002). Para el pensamiento

conservador, la centralidad del trabajo está dada en su capacidad de integrar

266

a los individuos a la sociedad (Durkheim, 1995). Y ya fue consignada la

centralidad del trabajo como totalidad para la tradición marxista (Lukács,

1979: 16; Marx, 1977: 110).

En el primer tomo de El Capital, Marx desarrolla el proceso de

extrañamiento del trabajo en la sociedad burguesa en la que el trabajo sufre

un proceso de transmutación expresándose en un carácter dual: i) el trabajo

concreto, categoría central de cualquier sociabilidad humana, productor de

valores de uso, relación ontológica del hombre con la naturaleza y ii) el

trabajo abstracto, particular del orden burgués, esencial a una sociedad

mercantilizada, produce mercancías: valor de cambio.

El MIDES parece realizar una transmutación extraña y meramente

ideológica del trabajo. El objetivo de esta transmutación es satisfacer los

principios liberales que anatemizan cualquier intervención estatal sobre el

mercado. Allí (en el mercado) el trabajo debe constituirse como “empleo

genuino”, esto es a través de su capacidad de producir valor de cambio; el

trabajo abstracto reina en el mercado y en tanto mercancía el Estado no debe

intervenir ya que de hacerlo modificaría las reglas de juego beneficiando a

unos en desmedro de otros.

“Porque no genera empleo genuino, [se refiere al

programa Trabajo por Uruguay) porque impacta en el

nivel de empleabilidad, si la gente mejora su

autoestima sale con mejores condiciones a buscar

empleo, con mejores herramientas: técnicas de

búsqueda de empleo, derechos laborales, un sin fin, y

aparte porque internamente las incorpora y se apropia

de modo distinto de su búsqueda de

empleo.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)

267

“Hay cosas que es parte del trabajo protegido del

Plan de Equidad. Aunque tengamos la varita mágica y

todo el trabajo del mundo hay gente nuestra que no

accedía porque no sabía poner su nombre, porque no

sabe hacer curriculum, porque no tenía dientes,

porque nunca tuvo trabajo formal, porque tiene una

capacitación que no la puede acreditar y se puede

hacer una lista de cuáles son las razones por las

cuales no se integra al mercado laboral.” (Entrevista

Ministra de Desarrollo Social)

“Tenemos una población de mediana edad, incluso

joven, con dificultades enormes de inserción laboral.

Tenemos una fuerza productiva, que el país no puede

utilizar por efecto del juego del mercado. Hoy tenemos

una tasa del 8 % de desempleo, bajamos del 14 al 8, y

es realmente formidable. Pero hay trabajadoras/es

desocupados de larga duración que tienen problemas

estructurales, que arrastran para una inserción digna

y decente al mercado, sobre todo porque sus

competencias laborales no se adecuan a los

requerimientos de la demanda de empleo, y fueron los

protagonistas del PANES. Trabajaban en el sector

informal y sobrevivían como podían, y que hoy tiene

dificultades de acceder al mercado”. (Entrevista a

Director Político del MIDES)

Nuevamente parece entreverse un mecanismo de individualización

de lo social en el que el mercado es una instancia, que como fue dicho, se

reifica. Es la realidad a la cual deben adaptarse los individuos que no logran

integrarse y, por tanto, el problema no es del mercado sino de las personas

que no logran integrarse a él.

268

“¿Qué resultados estaríamos esperando? Cambios en

la composición del hogar; cambios en la distribución

de las tareas al interior del hogar respecto a las

relaciones de género e intergeneracionales; cambios

en el cuidado de la salud; cambios en la actitud a la

hora de la búsqueda de trabajo; motivos, averiguar,

indagar un poco los motivos por lo que no busca

trabajo para aquellos que no lo estén haciendo; y

cambios en las acciones de búsqueda del trabajo, es

decir nosotros relevamos de qué manera buscaba

trabajo cuando comenzaba y volvemos a preguntar a

la salida del programa y tiempo más tarde qué

acciones ha incorporado o modificado en esta misma

línea, es decir buscando trabajo; también cambios en

las redes, en las redes vinculares y de apoyo tanto de

familiares como de amigos, las redes locales, todo lo

que tenga también anclaje territorial.”248

Ahora bien, la perspectiva conservadora precisa del trabajo, de su

capacidad disciplinadora, de su papel moral y de la legitimidad ofrecida por

la ética del sacrificio a fin que el individuo despliegue su capacidad de

constituirse en un ciudadano respetable (Castel, 1997).

“La gente quiere ir a laburar, hemos tenido infinidad

de problemas, pero en el 90 % de las evaluaciones

tenemos que todo el mundo trabaja, todos trabajan,

les quedará mejor o peor pintada la pared pero todos

trabajan. Y esto es doblemente valioso en las mujeres,

porque todas tienen muchos hijos, porque no es decir

248 Intervenciones de las encargadas institucionales de la implementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES, realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OLSUR el día 16 de junio de 2005.

269

me anoto y trabajo, primero hay que ver qué hago con

los niños, supone toda una movida familiar para ver

quién se hace cargo de los niños, es doble compromiso

con la tarea, después habrá que enseñarles muchas

cosas sobre el código del trabajo, sin duda pero la

motivación está. Por más que vos armes grupos

obligatorios vas a ir en contra de la desmotivación de

la gente, lo demás que le pongas potencia lo que ya

viene con las ganas de la gente.” (Entrevista a

Directora Política del MIDES)

“Ahora de lo que estoy convencida y lo puedo

demostrar fue una hipótesis de trabajo y que se

demostró: la gente quiere salir con trabajo, no quiere

salir con que se le dé nada, aunque siempre hay un

sector que no como en todos lados.” (Entrevista

Ministra de Desarrollo Social)

Pero el trabajo protegido no debe sustituir trabajo real, trabajo

abstracto: “Después que identificamos esas necesidades, esas demandas de

tareas sencillas que no tengan que ver con la identidad del organismo

público, que no sustituyan la función pública del organismo (...)”249.

Sin embargo, el trabajo solo es trabajo si tiene utilidad social, si

produce valor, generando una contradicción irresoluble. Las tareas

realizadas no sustituyen el trabajo de los funcionarios públicos pero es

necesario realizarlo por tanto sustituye trabajo que debería ser realizado por

alguien.

249 Intervenciones de las encargadas institucionales de la imprementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OBSUR el día 16 de junio de 2005.

270

“(...) las personas no hacen como que trabajan sino

que trabajan y trabajan en tareas que resultan

imprescindibles para los organismos públicos a los

que se dedica esa tarea (...) se ha demostrado que

estas personas que no solamente quieren trabajar,

trabajan bien, cumplen y tienen eficacia y eficiencia y

por lo tanto realizan tareas que durante años de años

no se hacían en estos organismos públicos. Entonces

en este momento efectivamente tenemos una lluvia de

demandas porque los organismos públicos no tenían

con quíen cubrir estas necesidades.”250

Esto supone una suerte de descomposición ideológica del trabajo, en

tanto el trabajo se descompone, como si fuera posible, retirando los aspectos

económicos (trabajo abstracto) y dejando los aspectos esenciales

(ontológicos): capacidad de integración, posibilidades de gratificar, etc.

“Nosotros tenemos varios criterios que en realidad

son uno, y es la parte más difícil del programa en lo

que refiere a negociar con el otro el encuadre de la

tarea, la idea es que la tarea tenga un carácter social,

un impacto en lo local, que haya como una vuelta a la

comunidad: liceo, escuela, etc. Que no sea una tarea

que sustituya labor pública, sin duda, y a su vez sea

una tarea que ofrezca gratificación y formación a

quien la realiza.” (Entrevista Supervisora de Trabajo

por Uruguay)

De esta forma, emerge la construcción ideológica que permite la

alianza solidaria entre las perspectivas liberal y conservadora. Por un lado,

250 Intervenciones de las encargadas institucionales de la imprementación del programa Trabajo por Uruguay del MIDES realizadas en el seminario coorganizado por el MIDES y OBSUR el día 16 de junio de 2005.

271

aparece la comunidad como un espacio mítico donde las relaciones sociales

son solidarias, donde el individuo logra relaciones auténticas, es valorado

por sus aportes, eleva su autoestima, en fin, es una instancia curadora, “el

corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de una situación carente de

espíritu.” (Marx, 1991: 106)

“Todo el mundo quería trabajar en las escuelas. La

Escuela es un referente como la policlínica, no es lo

mismo trabajar en la Intendencia, en la escuela hay

mucha más pertenencia, eso está marcado a fuego,

escuelas y policlínicas del interior del país es divino

verlo, acá también, pero en el interior hay menos

anonimato, la tarea adentro de una escuela o una

policlínica es maravillosa, es donde la gente se siente

más útil.” (Entrevista a Directora Política del

MIDES)

Se expresa claramente: anonimato es lo contrario que

reconocimiento, pertenencia es la vivencia contraria a sentirse excluido,

sentirse útil es lo contrario a la vivencia de la alienación. Por eso el trabajo

no alienado supone requisitos, debe dejar la sensación de que se hizo algo

útil, debe hacer que el sujeto se sienta parte de algo mayor, una instancia

superior que lo contiene, implica el reconocimiento por parte de los otros:

“En Trabajo por Uruguay no aceptamos trabajos que

no dejen algo en que la gente se sienta realizada, no

cortar pasto que después crece, reparar plazas para

que la persona eleve la auto estima. Nos criticaron el

uniforme, que era para hacer propaganda y eso

estigmatiza y todos salimos con el uniforme. Eso no

excluye sino que incluye porque la gente se identifica

que va a trabajar y dice esa escuela la hice yo, esa

272

plaza la hice yo. Yo fui a la escuela y pregunté a ver

quién es hijo de los que pintaron tan lindo este local y

levantaban las manos contentos.” (Entrevista Ministra

de Desarrollo Social)

Pero el verdadero trabajo se obtiene en el mercado de trabajo formal

y para eso hay que procesar cambios en esta población para adaptarla a los

requerimientos de este espacio. La política revela entonces su verdadera

cara. Es preciso disciplinar a esta población para adaptarla al mercado,

entonces a ese espacio ideal donde el individuo se siente útil, integrado, etc.

deben, artificialmente, incorporarle las características del mundo real.

“Que vas a enseñar con 20 a 30 horas, el viejo

problema de la UTU que enseñan con un torno viejo y

después se vuelve obsoleto. Sin embargo las

transversales le quedan para toda la vida, trascienden

la intervención: si le enseño a trabajar, si le marco

que si llega tarde en un empleo formal le descuentan y

al tercer día tiene una observación y al cuarto una

suspensión, le marco lo que es la vida real del

mercado de trabajo a través del trabajo, después lo

retrabajo en un taller colectivo: cómo se sintieron la

primera semana de trabajo, cómo bancaron las

jerarquías aunque no le gustaran, cómo se llevaron

con el de al lado, todo lo actitudinal del trabajo, eso le

va a quedar.” (Entrevista a Directora Política del

MIDES)

Pero esta población, que es responsabilizada por su situación, debe

tener, para incorporarse al mercado laboral, capacidades pasibles de ser

mercantilizadas. El taller y la fábrica deben recibir la mano de obra no solo

disciplinada sino también capacitada:

273

“Un paréntesis, nosotros hicimos una experiencia el año

pasado con la UTU, firmamos un convenio MIDES-

UTU. Y convocamos a protagonistas mayores de 30

años, promedio 40, desempleados, para realizar cursos

de capacitación que dio la UTU en 4 escuelas del

interior, en distintos rubros o áreas, albañilería,

jardinería, gastronomía-hotelera, y confección de

prendas. Se inscribieron 103 en los 4 departamentos y

finalizaron 101. Los 2 que no finalizaron fue que uno se

había ido del país y el otro se enfermó y no pudo

continuar con los cursos. Ese curso de 4 meses les

acreditó capacitación. Por su nivel de escolarización no

podían ingresar a la UTU. Se permitió que hicieran un

curso acreditado de 4 meses, y además, que pudieran

hoy inscribirse en otros cursos de UTU. Teniendo como

bagaje estos 4 meses y pudiendo ampliar sus

competencias en nuevos cursos. Si no lo haces, los

trabajadores desocupados iban a tener escasas

posibilidades de acceso al mercado de

trabajo.” (Entrevista a Director Político del MIDES)

“También fueron cambiando las propuestas de qué

hacer desde las instituciones públicas. Al principio

decían “barrer las calles”, pero eso no genera

capacidades, no genera conocimiento, o deseos de

aprender cosas, y luego todos empezaron a valorar,

bueno, si soy de ANEP, a mi me sirve que me arreglen

los jardines de la escuela o que me pintaran la fachada

de la escuela y así…y salud pública que fue el que

mejor se posicionó se dijo, bueno, vamos a pintar todas

las rejas de todos los hospitales, y arreglar veredas,

274

pero, cuántos cubrimos, 15000, y siempre se anotó más

gente de los cupos que había y eso tiraba abajo ese

concepto de que la gente no quería

trabajar.” (Entrevista a Directora Política del MIDES)

Queda claro entonces que la gente quiere trabajar pero no se pone en

cuestión si el trabajo es un derecho o un privilegio. En cualquier caso, lo

que queda claro, es que lo que en ningún momento se cuestiona es que no es

responsabilidad del Estado garantizar ese derecho:

“En Trabajo por Uruguay, quedó demostrado que la

gente ha ganado el doble del ingreso ciudadano, la

gente quería trabajar. Vos tenés una población con

grandes deseos de cambiar, porque hubiera sido terrible

que nadie se hubiera anotado para trabajar, el problema

de la exclusión hubiera sido más grande, la calidad de

la exclusión y de los que viven fuera del sistema es tal, te

deja tranquila que se anotaron 15, pero si hubiera

habido cupos para 45 mil se hubieran anotado 45 mil.

Trabajo con apoyo, con capacitación, con odontología,

oftalmología, pasó a ser un tema de mucha

convocatoria, te muestra la voluntad de la gente de

cambiar, y que hay un sector impermeable.” (Entrevista

a Directora Política del MIDES)

Para visualizar el valor que se le otorga al trabajo por parte del

MIDES resulta ilustrativo pasar revista a la publicación mensual de esta

institución dedicada al trabajo. Allí pueden leerse títulos que no dejan lugar

a dudas de que el valor atribuido al trabajo está centrado en su papel

integrador y normatizador. Ya desde el título de esta publicación se pregona

“El trabajo produce solidaridad y riqueza”, formulación que parece extraída

275

textualmente de “La división del trabajo social” de Durkheim (1995) donde

la principal función del trabajo es precisamente generar solidaridad.

Otro título sugestivo es el que luce el primer artículo de la

publicación: “Apoyo económico. Ese pequeño gran empujoncito”,

afirmando a continuación: “Desde el año 2005 la Dirección Nacional de

Desarrollo Ciudadano del MIDES ha impulsado a miles de trabajadores a

través del Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos.” No deja de

ser elocuente que un gobierno que se auto proclama de izquierda establezca

que la forma de promover ciudadanía sea a través del apoyo a

emprendimientos productivos.

Otro título parece expresar la utopía de la superación de la

alienación y la enajenación: “Trabajar de lo que uno quiere y no tener jefes”

pero no es más que el relato de un emprendimiento productivo exitoso:

“XXXX es un taller metalúrgico que fue impulsado por

el Programa de Apoyo a Emprendimientos Productivos

del MIDES, xxxx y xxxx eran cuñados y decidieron

asociarse para trabajar cada uno en lo que sabía: ella

en el área de la administración y él en la metalúrgica y

la construcción. Al comienzo se dedicaron

exclusivamente a fabricar puertas y aberturas, pero

actualmente lograron progresar y, además de contratar

más personal, se asociaron con otras personas para

brindar `soluciones integrales´ en sanitaria,

electricidad, aluminio, yeso y vidrio, entre otros.”

No es menos elocuente cuando titula “Pregonar con el ejemplo” y

agrega:

276

“Nuevos funcionarios: personas con discapacidad. Más

de 200 postulantes se presentaron a un llamado laboral

del MIDES para personas con discapacidad. Las ganas

de trabajar y la capacidad de adaptación fueron

características destacadas por los integrantes del

tribunal”.

La abnegación, la capacidad de adaptarse a situaciones adversas, el

espíritu de sacrificio son evidentemente ejemplos que el pensamiento

conservador siempre ha considerado fundamentales para que la sociedad

funcione armónicamente.

“Estas estrategias se contraponen a la

desmercantilización, concepto que permite especificar

los derechos de ciudadanía. La transición hacia un

régimen de bienestar liberal- residual a partir de un

régimen conservador, parece constituirse en clave

explicativa de esta inversión de la relación trabajo

asalariado- protección social. En nuestro contexto,

aún la asistencia social requiere los “méritos” del

trabajo. La tensión entre políticas de

remercantilización administrativa (complementadas

con propuestas de workfare como formas

complementarias de gestión de la fuerza de trabajo) y

procesos de desmercantilización (como mecanismos

de protección fuera del mercado de trabajo), pone de

relieve las dificultades que se presentan en las

opciones de política social: como señala Offe,

debemos `...poder enjuiciar como algo regresivo el

retroceso hacia modelos ‘preburgueses’ de

aprovechamiento de la fuerza de trabajo –ya sea en la

dirección del trabajo forzado o en la del trabajo

277

‘comunitario’ de subsistencia dentro del rígido marco

de agrupaciones familiares o de asentamiento

´” (Britos et Caro, 2002: 1- 2)

Tal vez sea en el papel que se le atribuye al trabajo donde se vea más

claramente la particular configuración ideológica que baliza la intervención

del MIDES. La articulación entre el pensamiento liberal y el conservador

tienen una particular formulación que la tornan compatible con cierta

tradición del pensamiento de izquierdas: el anticapitalismo romántico.

El “anticapitalismo romántico” tal y como lo ha conceptualizado in

extenso Lukács (1973: 206, 1992: 140 y sig.), a diferencia del pensamiento

conservador expresado en la obra de Durkheim, realiza un crítica radical de

la división del trabajo, identifica claramente el carácter alienado y

fragmentador del hombre y del trabajo en esta configuración histórica pero,

a diferencia de la tradición marxista, esta crítica y el carácter romántico así

lo expresa, se manifiesta como nostalgia y no identifica la división del

trabajo como un estadio necesario y momento a ser superado por la crítica

revolucionaria251 El anticapitalismo romántico, en tanto no visualiza

posibilidades de superación del orden burgués, identifica dentro del orden

espacios donde desarrollar las posibilidades del desarrollo del “hombre

completo”. Dicotomiza el trabajo i) como “maldición bíblica”

inevitablemente fragmentador y fuente de alienación, como expresión de

una sociedad crecientemente mercantilizada, donde reina la racionalidad

instrumental. El hombre allí es necesariamente instrumentalizado y

explotado y ii) como fuente de solidaridad, encuentro y protección, la

comunidad es el refugio del hombre trascendente, el trabajo allí es fuente de

reconocimiento y superación de la alienación.

251 “Si situábamos en el centro, como general necesidad social, la nostalgia de totalidad e integridad del hombre, ahora tenemos que distanciarnos tajantemente – como otras veces – de la crítica romántico-anticapitalista de la división del trabajo. Esta crítica no ve en la división del trabajo más que lo negativo, la fragmentación y la amputación del hombre, sin tener en cuenta que se trata sólo de un escalón necesario de la evolución de la humanidad hacia más alto (...)” (Lukács: 1972, 206)

278

El anticapitalismo romántico, configuración que analizaremos en el

capitulo siguiente, resulta una solución de compromiso entre un

pensamiento que pretende continuar de izquierda, con la administración de

la sociedad, sin procesar una discontinuidad con las administraciones

anteriores.

279

VII. CONCLUSIONES. UN NUEVO PACTO DE DOMINACIÓN: ANTI CAPITALISMO ROMÁNTICO Y ASISTENCIA, UNA EMANCIPACIÓN ILUSORIA

El estudio de la sociedad uruguaya supone enfrentarse a la

particularidad de un Estado que, tempranamente - sin duda en relación a la

región pero también al mundo - consolidó un Estado Social que incorporó e

incluso anticipó un conjunto de demandas de las clases subalternas.

El Estado Social uruguayo se desarrolla y profundiza a lo largo de la

primera mitad del siglo veinte. De acuerdo con la construcción tipológica

realizada para este estudio, es posible afirmar que en la primera mitad del

siglo veinte, el Estado uruguayo logra legitimidad a través de la

construcción de una cuestión social que articulaba equilibradamente las tres

perspectivas ideales de cuestión social.

Es posible establecer que la formación del Estado uruguayo se

consolidó en el momento de resolución de un equilibrio catastrófico que

configuró, a partir de un “cesarismo progresista” (Gramsci, 1993: 125), un

“bloque en el poder” que durante la primera mitad del siglo veinte

articulaba una débil burguesía nacional con un incipiente proletariado en

oposición al imperio británico y la oligarquía nacional (cf. Acosta, 2006).

La alternancia de los partidos tradicionales en el gobierno, que se

procesa con la crisis del 58, marca en verdad un cambio en el bloque en el

poder el cual se vuelve a configurar con una fuerte hegemonía oligárquica

que desplazó a la perspectiva de la ampliación de la ciudadanía al aplicar un

programa inspirado en el neoliberalismo (Rama, 1972: 26; Real de Azúa,

1984: 71).

El nuevo bloque en el poder presenta enormes dificultades para

lograr legitimidad; es posible establecer que la perspectiva conservadora de

280

la cuestión social no lograba desarrollar su papel satisfactoriamente, no sólo

por la creciente crisis de integración social signada por la marginalidad

(Nahum et all, 1998: 158) y la exclusión social (De Armas, 2005: 277) sino

por las importantes dificultades para generar adhesión a un proyecto

nacional - que debió ser impuesto por una dictadura sangrienta - que nunca

logró generar entusiasmo y adhesión en la población. Esta mantuvo un

permanente descontento252 el cual se manifestaba, por ejemplo, con una

permanente emigración de los sectores mejor formados del país.253

Es así que la formación del Frente Amplio ha estado asociada a una

fuerte crisis de hegemonía que puso en cuestión la legitimidad de los

tradicionales partidos Blanco y Colorado. Esta crisis tiene un contenido de

clase siendo la participación de los partidos Comunista y Socialista en el

Frente Amplio expresión de este contenido.

Pero también tiene un fuerte contenido generacional. En ese sentido,

la categoría gramsciana de transformismo ofrece un marco explicativo

adecuado para comprender este proceso de crisis en el que los partidos

tradicionales pierden la capacidad de “educación de los jóvenes” sin que,

“los `jóvenes´ (o una parte sustancial de ellos) de la

clase dirigente (entendida en el sentido más amplio,

no sólo económico, sino también político-moral) se

revelen y pasen a la clase progresiva, que se ha hecho 252 “El desencanto y la frustración comenzaron a ganar ciertas capas mesocráticas de formación intelectual. El discurso de éstas, que anteriormente se emitía desde la segura posición de uruguayos a un mundo en lucha por la constitución de las naciones, la democracia y un socialismo opuesto a la explotación y el imperialismo, cambió de tono y expresó su alarma ante la crisis de la sociedad uruguaya.” (Rama, 1987: 100)253 “Los veinte años transcurridos desde la restitución del gobierno democrático constituyen un plazo muy breve para los tiempos demográficos. Sin embargo, Uruguay cambió mucho en ese lapso: la desigualdad aumentó, y aquella sociedad hiperintegrada — usando la terminología de Germán Rama— dio paso a una sociedad crecientemente fragmentada. En ese lapso aparecieron o se agudizaron muchos de los fenómenos demográficos que constituyen el telón de fondo de la sociedad contemporánea. (...) El impacto de la emigración internacional se hizo patente en faltantes de población, visibles en ciertos tramos de edad por ahuecamientos en la pirámide (en particular, en las personas de entre 25 y 49 años de edad, y más notorios en los hombres que en las mujeres).” (Calvo y Pellegrino, 2005: 252, 258)

281

históricamente capaz de tomar el poder;

(...)” (Gramsci, 1985: 274)

Cuando en la lucha política y militar no se logra procesar esta

posibilidad, cuando la clase “progresiva” no consigue constituirse en clase

dirigente, el conflicto generacional no logra resolverse generándose una

situación de crisis que no se supera adecuadamente,

“Cuando el fenómeno toma un carácter al que suele

llamarse `nacional´, o sea, cuando no aparece

abiertamente la interferencia de clase, la cuestión se

complica y se hace caótica. Los `jóvenes´ se

encuentran en estado de rebelión permanente, porque

persisten las causas profundas de la misma sin que

estén permitidos el análisis, la crítica y la superación

(no conceptual y abstracta, sino histórica y real); los

`viejos´ dominan de hecho, pero... après moi le dèluge,

no consiguen educar a los jóvenes, prepararlos para

la sucesión.” (Gramsci, 1985: 274)

La crisis del Estado de Bienestar y la implosión de la Unión

Soviética generan una crisis importante en el componente clasista del Frente

Amplio. En verdad, esta crisis es expresión de procesos de una enorme

complejidad que impactan en la propia conformación del “sujeto histórico”

que daba concretud a la izquierda254.

254 “Vivimos en la actualidad la experiencia de la crisis (¿terminal?) de un determinado sujeto revolucionario. Las transformaciones en la esfera de la producción de valor (el pos-fordismo), las sucesivas derrotas de los sindicatos, el colapso del ``socialismo real´', la crisis de los paradigmas en el campo de las ciencias sociales, indican que vivimos una época de profunda desorientación, de pérdida de sentido, que se expresa en la desorganización de los movimientos sociales. Indagar sobre los orígenes de esta situación significa investigar el período 67-74, como un momento terminal de los ``años dorados´', y por esta misma razón, un momento inicial de aquello que constituye nuestra contemporaneidad: acumulación flexible, nueva derecha, pos-modernidad.” (Acosta, 2006)

282

A pesar de que el Partido Comunista del Uruguay había logrado

constituirse en un partido de masas, con la caída de la Unión Sovietica, más

tarde o más temprano, sigue la suerte de todos los partidos comunistas del

“mundo occidental”255. Como en el resto del mundo, la crisis del partido

comunista no es más que un síntoma del estado de la lucha de clases.

El Frente Amplio, sin la fuerza de gravedad de sus componentes

clasistas atravesará, como es lógico, una alteración en la correlación de las

fuerzas que lo componen, dando lugar en su interior a una nueva

hegemonía.

Esta nueva hegemonía combina componentes tecnocráticos -ganados

por el pensamiento neoclásico- y componentes conservadores presentes

históricamente en toda la izquierda latinoamericana256. Se desarrolla

entonces el proceso clásico de transformismo:

“El transformismo `clásico´ es el fenómeno por el cual

se unificaron los partidos del Risorgimento. Ese

transformismo pone de manifiesto el contraste entre la

cultura, la ideología, etc. y la fuerza de clase. La

burguesía no consigue educar a sus jóvenes (lucha de

generaciones); los jóvenes se dejan entonces atraer

culturalmente por los obreros y hasta intentan o

consiguen convertirse en jefes de los obreros (lo cual

255 “Pero en ese contexto tan novedoso, la particular dinámica interna de la política uruguaya no fue sensible al impacto de los cambios que llegaban del exterior: ni la caída del muro de Berlín ni la crisis del bloque socialista fueron obstáculo para que el sublema que apoyaba el Partido Comunista (Democracia Avanzada) obtuviera la más alta votación de su historia y se transformara en el sector mayoritario del Frente Amplio. El resultado no dejó de sorprender a los analistas, que lo atribuyeron a la tardía reacción de los electores uruguayos (los acontecimientos en Europa oriental se desencadenaron a principios de noviembre) y principalmente al enfoque “posmoderno” de la publicidad electoral del sector. Sin embargo, parecía claro que en un futuro inmediato, el PCU -siempre muy sensible a las variaciones de la política del PCUS- iba a sentir los efectos de cambios tan importantes.” (Demasi et all, 1995: 25)256 En ese sentido, el denominado “anticapitalismo romántico” (Luckács, 1992) aporta elementos para comprender esta nueva hegemonía, y se volverá sobre este punto para tratarlo con mayor profundidad.

283

es un deseo `inconsciente´ de realizar la hegemonía de

su clase sobre el pueblo); pero en las crisis históricas

vuelven al redil.” (Gramsci, 1985: 315)

De acuerdo al análisis desarrollado a lo largo de estas páginas es

posible afirmar que la propuesta de intervención sobre “lo social” llevada

adelante por la izquierda expresa una perspectiva acerca de la cuestión

social que sustenta un pacto de dominación social que supone una alianza

entre el conservadurismo y el pensamiento neoliberal. En este sentido, el

conservadurismo ha estado incrustado en la conformación típica de la

izquierda latinoamericana y de la que el Frente Amplio no ha permanecido

ajeno. Asimismo, el pensamiento neoliberal en el Frente Amplio se

desprende y se observa en los procesos de transformismo de sectores de la

dirigencia frenteamplista que, en su conformación como “intelectuales” (cf.

Gallardo et all, 2009), hoy son capturados por el pensamiento único,

neoliberal, propiciado por los organismos internacionales257.

A lo largo de las entrevistas y de la lectura de la documentación

institucional se visualiza que el nuevo gobierno parece haberse auto

impuesto límites muy precisos a su intervención, al menos en términos

discursivos, y a los efectos de esta investigación el discurso es central. En

ese sentido, los discursos no refieren a la existencia de elementos externos

que determinaran estos límites actuando como constreñimientos colocados

sobre la intervención en lo social.

257 “Las políticas hacia pobres y trabajadores de la administración frenteamplista inaugurada el 1º de marzo de 2005 pretendieron ser el cemento de una precaria unidad nacional que apoyara la gestión del nuevo gobierno. A través de ellas los sujetos centrales de una eventual conflictividad social fueron cuidadosamente divididos y controlados. Por un lado, los pobres, a partir de un programa de asistencia social que en base a la entrega de dinero y a la exigencia de contraprestaciones equivalentes de trabajo significaba asignarles un nuevo papel como sujetos integrados e incluso garantes del funcionamiento equilibrado del sistema social. Por otro lado, los trabajadores, disciplinados a partir de la restauración de la negociación colectiva entendida como una serie de arreglos cuyo objetivo era que postergaran sus reclamos redistributivos hacia un futuro indefinido, legitimando la gestión oficial al convertirse en pieza angular de un mecanismo presentado como la quintaesencia del progresismo uruguayo.” (Moreira, 2007: 17-18)

284

Este aspecto puede parecer adjetivo pues, en términos estrictos,

podría demostrarse, sin muchas complicaciones, que existen elementos

estructurales que determinan muy precisamente el campo de lo posible. Se

trata de una economía periférica y dependiente en la cual los

condicionamientos materiales258 y los límites impuestos en un contexto de

globalización son muy precisos. Sin embargo, los límites estructurales

impuestos a la acción no emergen en ningún momento, ni en las entrevistas,

ni en los documentos institucionales, ni en las declaraciones a la prensa.

Para un estudio que entiende que la cuestión social es una construcción de

sentido o, en otras palabras, es la construcción social de los problemas

sociales que balizan la intervención del Estado, este aspecto es sustantivo.

En los discursos analizados es recurrente la afirmación de que lo que

se hace es lo que hay que hacer. Se argumenta que la intervención es y tiene

que ser la que se está realizando y se construyen dispositivos institucionales

muy precisos para garantizar que se haga lo que se argumentó que hay que

hacer.

Del mismo modo, cabe señalar que el gobierno ha gozado de

mayorías parlamentarias que actuaron como un soporte relevante para el

desarrollo de sus propuestas y, por lo tanto, pierde sentido su análisis como

un límite posible para la acción de gobierno. Por otro lado, tampoco los

discursos analizados refieren a condicionamientos políticos provenientes de

258 De todos modos, cabe señalar la relatividad de los posibles condicionamientos materiales ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de reducir la carga tributaria en situación de eventual bonanza de las cuentas públicas, cuando se podría pensar en la ampliación del sistema de protección social. En esta línea, recientemente se aumentó el mínímo no imponible del IRPF y se está planteando reducir dos puntos de IVA, al tiempo que el nuevo programa de emergencia habitacional se estaría financiado, básica y fundamentalmente, con aportes voluntarios. “`La rebaja del IVA no es una prioridad del ministerio, es una prioridad del gobierno. Hicimos campaña con eso¨ recordó Pereyra [diputada del MPP, grupo mayoritario del Frente Amplio]” (La Diaria, 29/06/2010). El planteo de la diputada surge a partir de disconformidades surgidas en el seno del Frente Amplio que señalan contradicciones de este tipo planteando, por ejemplo, que “La demora en la implementación del plan habitacional (...) se explica por la falta de recursos. Es `vergonzoso´, comentó una fuente frenteamplista a Brecha, que el presidente tenga que salir a hacer una colecta para poder comenzar a instrumentar dicho plan.” (Semanario Brecha, 18/06/2010)

285

los organismos internacionales sino que, por el contrario, se afirma

enfáticamente lo siguiente:

“Transición de cambio de gobierno, pero además,

renegociación con el BID que era el que ponía los

`chanchos´. Al BID se le dijo, miren, desde los 90

hubo una forma de hacer políticas sociales basada en

el Consenso de Washington. Yo hice un cuadro en

donde les mostraba lo relevante en aquella forma de

hacer políticas sociales y lo que este gobierno

pretendía (...) nosotros vamos a trabajar con este

nuevo enfoque. Si al Banco le interesa este nuevo

enfoque, bueno, entonces ese préstamo de 40 millones

de dólares, que la peculiaridad que tenía era que se

había subejecutado y solo se había pago los sueldos

de los que trabajaban. Es más, Uruguay pagó 120 mil

dólares de multa por no ejecutar. En la peor crisis del

Uruguay, en la peor crisis de la infancia, nos

endeudamos y pagamos multa por no ejecutar.

Entonces si no les interesa este nuevo enfoque, yo

estoy en condiciones en nombre del gobierno de

decirles que no queremos el préstamo. Ese fue el

primer párate. Si vos no tenés una estrategia a nivel

internacional con gran capacidad de maniobra, vas a

morir, porque los organismos internacionales van a

tratar de meter la de ellos. Ahora si te haces respetar,

los tipos son bancos que les sirve prestar plata y

hacer negocio. Ustedes son un banco y yo soy un

cliente y el cliente tiene que estar conforme, si no

ustedes van a dejar de prestar y no van a ganar. Y me

dijeron que ellos son un banco con sensibilidad social,

que lo forman los gobiernos. Y definidas las reglas de

286

juego empezamos el proceso de reforma.” (Entrevista

a Director Político del MIDES)

Estos límites auto impuestos pueden ser leídos como emergentes de

criterios rectores que enmarcan la intervención social del gobierno y que

derivan de las perspectivas liberal y conservadora o, más exactamente, de su

combinación. De este modo, aparece configurada la perspectiva de cuestión

social para el gobierno de izquierda y que, sintéticamente, puede ser

expresada como la articulación de criterios liberales y conservadores:

1) Criterios orientadores definidos desde la perspectiva liberal:

− La política social debe ser estrictamente focalizada, siendo el criterio de

focalización fundamental a fin de no transferir recursos a aquella

población apta para ingresar al mercado laboral, minimizando la

posibilidad de un manejo estratégico de dichos recursos

(desmercantilización en los términos planteados por Esping-Andersen,

1990).

− Las prestaciones nunca deben constituirse en derechos, estando siempre

sujetas a evaluación.

− Las prestaciones deben ser inferiores (en cantidad y calidad) a los

recursos que se pueden obtener en el mercado con la pretensión de no

desestimular para el trabajo. En ningún caso la intervención debe

distorsionar las leyes del mercado.

2) Criterios orientadores definidos desde la perspectiva conservadora:

− El acceso a cualquier beneficio supone, por parte del beneficiario, una

contrapartida de carácter “educativo-disciplinador”.

− El contenido educativo no es evaluado en términos de calidad ya que lo

que se busca es el efecto moralizador del mismo, lo cual es solidario con

el creciente proceso de mercantilización de la educación.

287

− El trabajo como contrapartida se evalúa en su componente de potencial

integrador y no en su capacidad de producir valor.

Importa retomar aquí que, como fuera dicho, cada perspectiva de

cuestión social tiene una construcción mítica de un hombre ideal, una figura

heroica a la cual tender. Las intervenciones desplegadas por el MIDES, en

concordancia con esto, han desarrollado dos espacios que buscan ser

escenario para la actuación de este hombre ideal: las políticas dirigidas a

promover el “emprendedurismo” y las políticas que promueven la

participación social. El primer espacio se articula a los valores liberales que

hacen de la capacidad de construir empresas competitivas el valor central; el

segundo, sin duda, representa el valor central en la perspectiva

conservadora, para la cual la participación es un prerrequisito de la

integración social.

En un primer análisis no parece absurda la impresión de que estos

principios regulatorios son ajenos al pensamiento de izquierda. Es incluso

pertinente argumentar que el pensamiento neoliberal y el pensamiento

conservador pertenecen al horizonte ídeo-cultural de la derecha y, por tanto,

corresponde entonces recuperar aquí la interrogante que nos formulábamos

al principio de este trabajo: ¿cómo la izquierda política logra legitimidad

para llevar adelante reformas que, en principio, parecen ajenas a su sistema

de convicciones?, ¿es pertinente establecer que la izquierda política

uruguaya renunció a su sistema de valores y se ha constituido en otro

partido de centro derecha?

Creemos que la respuesta es negativa e, incluso, una relectura de

nuestras fuentes parece confirmar esta respuesta. En definitiva, la respuesta

debe buscarse por otro lado.

La izquierda política ha renunciado a la revolución, es decir, a

superar el orden burgués. Esto no es, de ninguna forma, una novedad. La

288

búsqueda del centro como estrategia electoral por parte del Frente Amplio,

su conformación en un partido catch-all esta más que tematizada en la

literatura especializada (ver por ejemplo: Yaffé, 2005; Garcé, 2009).

La construcción del discurso ideológico de la izquierda en el

gobierno no debe, entonces, buscarse en Marx, ni en otras versiones del

pensamiento socialista. Ni el observador más ingenuo mantendría

expectativas en este sentido.

Sí, tal vez, no hubiera sido tan ingenuo esperar un proceso de

reforma en otro sentido: la reconstrucción de los sistemas de protección del

Estado Social uruguayo, la búsqueda del pleno empleo a través de una

intervención decidida del Estado, la inversión en infraestructura de interés

social y la construcción de viviendas generando empleo y mejorando las

condiciones de vida de las clases subalternas, etc259.

En el reinado del pensamiento único, este tipo de intervención del

Estado - apenas vinculada al pensamiento socialdemócrata, simplemente

reformista y asociado a lo que nosotros llamamos la perspectiva de

ampliación de la ciudadanía – son vividas como transformaciones

revolucionarias. Ante reclamos de intervenciones de este tipo los militantes

del Frente Amplio dicen: “sólo ganamos el gobierno, no hicimos la

revolución”260.

No obstante el gobierno y sus militantes continúan de izquierda y

vuelven a ganar las elecciones con esta convicción. ¿Cómo se es de

izquierda sin ser socialista o socialdemócrata?

259 “Una coalición de izquierda gobierna y considera que está partiendo de donde Batlle y Ordoñez y sus herederos quedaron. Leí recientemente un artículo del diario El País (9 de marzo de 2009) que bien pudo ser escrito por el propio Juan Andrés Ramírez en su Diario del Plata: `El gobierno del Frente Amplio representa la continuidad del proyecto batllista. Con sus éxitos y fracasos, es innegable que nuestro gobierno tiene los mismos prejuicios contra la empresa extranjera, las mismas sospechas sobre quienes tienen éxito, etc., que caracterizaron nuestro siglo XX.´” (Vanger, 2009: 266)260 La frase no es nuestra, fue dicha, sin ironía, por un militante frenteamplista.

289

La respuesta asoma en uno de los ejercicios de “honestidad brutal”

del actual Presidente de la República José Mujica en la campaña electoral

por las internas: “vamos a hacer una política económica de derecha para

poder hacer una política social de izquierda”261. La frase no tiene nada de

incoherente e indica dónde debe buscarse la nueva configuración ideológica

del Frente Amplio en el gobierno.

En nuestra construcción tipológica recurríamos a Durkheim y la

tradición positivista para delinear la perspectiva conservadora acerca de la

cuestión social. Esta tradición logra una articulación inmejorable con el

pensamiento liberal aportándole un componente de reforma sin abandonar

en ningún punto la apología de la sociedad burguesa (cf. Hobsbawm, 1996 :

156).

Pero el pensamiento conservador no se agota en el pensamiento

apologético de la sociedad burguesa. Tiene también una expresión

anticapitalista, tematizada por Lukács (1992: 140 y sig.) como

“anticapitalismo romántico”.

Decíamos, unos párrafos atrás, que la izquierda política renunció a la

revolución y agregamos que de ningún modo renunció a la utopía; “la

utopía realmente existente” se encuentra allí mismo, al alcance de la mano,

“la reserva moral”, “el refugio de una sociedad sin corazón”: la

comunidad262.

La demonización del Estado de Bienestar por parte del pensamiento

de derecha, conservador y neoclásico, en su conformación neoliberal está

suficientemente trabajado en la literatura especializada (cf. por ejemplo:

Grassi, 2003; Grassi et all, 1994; Hobsbawm, 1995; Netto, 1996; VV.AA., 261 Puede leerse en el Semanario Brecha del 22/4/2009.262 “La comunidad realmente existente se sentirá como una fortaleza asediada que es continuamente bombardeada por enemigos externos (muchas veces invisibles) mientras que, una y otra vez, es desgarrada por la discordía interna; quienes busquen el calor comunal, el sentimiento de hogar y la tranquilidad comunitarias tendrán que pasar la mayor parte de su tiempo en murallas y baluartes.” (Bauman, 2005: 21)

290

1995). Tal vez no está suficientemente tematizada la relación de la “nueva

izquierda”, protagonista del “mayo francés”, en dicha critica y la

funcionalidad de esta critica a la posterior constitución de la hegemonía

neoliberal263.

La caída de la Unión Soviética y la crisis de los Estados de Bienestar

inauguran el triunfo transitorio de la hegemonía neoliberal. Su

transitoriedad no hace que este triunfo sea menos desalentador para las

pretensiones alternativas a este modelo. Como suele ocurrir, las

pretensiones anticapitalistas buscarán refugio en espacios alternativos,

pretendidamente fuera de las relaciones capitalistas de producción: “la

sociedad civil organizada”, el mundo de las ONGs, el trabajo en la

comunidad, etc. serán los espacios ideales para la actividad de estas

vertientes herederas de esta nueva izquierda “radical”264.

“Bolivia es uno de los países más pobres del

hemisferio occidental, junto con Haití. Sin embargo,

la fortaleza del vínculo social permitió a sus

habitantes ser la vanguardia continental en la

resistencia al neoliberalismo (...) es el único país que

marcha hacia la construcción de otra economía,

basada en otras relaciones de poder para refundar el

263 “La cuestión de la legitimidad del Estado adquirió el status de problema relevante para el pensamiento político y social cuando una solución transitoria al problema – la forma conocida como Estado Benefactor, Estado Social o Estado de Bienestar keynesiano – se halló en el centro de la crítica social y del malestar cultural que, en una primigenia manifestación, hizo eclosión en el `mayo francés”. En las décadas siguientes, dicha crítica terminó orientada por el pensamiento político conservador y los teóricos neoclásicos de la economía (….) En América Latina, el proceso atravesó por las dictaduras más sangrientas y culminó (…) en los proyectos orientados por un pensamiento sin matices que se reconoce como el `neoliberalismo´” (Grassi, 2003: 15 - 16) 264 “Se asistirá a un florecimiento de vertientes aparentemente radicales, abiertamente descalificadoras de la teorización sistemática y de la investigación rigurosa, fundadas ya sea en un anticapitalismo romántico de inspiración católica (la glorificación del `saber popular´, del `pueblo´, apelando a valores de `solidaridad´) o en el rechazo anarcoide al universalismo de la modernidad (la entronización abstracta del `protagonismo de la sociedad civil´, la desconsideración del Estado. El anti institucionalismo vulgar, la reificación de las diferencias), ya sea en el irracionalismo abierto (la validación de las `racionalidades alternativas´) o en el relativismo más primario (con la ecualización de todas las formas de socialidad).” (Netto, 1996: 127)

291

Estado heredado de la colonia. La fuerza motriz es la

potencia del vínculo social, o sea de la

comunidad.” (Raúl Zibechi comentando las palabras

de la actual Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana

Vignoli265)

La extraña frase del actual presidente cobra ahora sentido. Se es de

izquierda en la comunidad, donde se desarrolla la Kultur: “el arte, la

filosofía, la vida interior del hombre”, y se es de derecha en la sociedad,

donde se desarrolla la Zivilisation: “la evolución técnica y económica”

(Lukàcs, 1992: 141).

Esta construcción antitética, “objetivamente falsa y engañosa”

(Lukàcs, 1992: 141) encuentra su más sofisticado constructor en Ferdinand

Tönnies y su obra “Comunidad y asociación” (1979). La construcción

típico ideal desarrollada por el autor establece dos esferas del desarrollo de

la voluntad humana, una que es esencial o natural (Wesenwille) que se

desarrolla en la comunidad; la segunda, arbitraria, instrumental o racional

(Kürwille) que se desarrolla en la sociedad (Tönnies, 1979: 115).

A la inversa que en Durkheim (1995), la comunidad es una

formación orgánica y la sociedad una formación mecánica (Tönnies, 1979:

29). En la comunidad se dan las relaciones humanas esenciales, las

relaciones primarias de proximidad, de cuidado y afecto, es la esfera de la

vida verdadera, del trabajo con sentido.

La sociedad, por el contrario, es una construcción arbitraria, es el

mundo de la racionalidad instrumental (Tönnies, 1979: 155), del egoísmo en

que todos se tornan comerciantes preocupados por su interés individual

(Tönnies, 1979: 80) y es, en definitiva, la esfera del trabajo alienado y

enajenado (Tönnies, 1979: 90).

265 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.

292

Como fue establecido páginas atrás, para Durkheim la “solidaridad

orgánica”, propia de las sociedades modernas, establece un vinculo más

férreo entre los individuos, los torna dependientes unos de otros. Para

Tönnies, por el contrario, la sociedad genera un vínculo débil, apenas

ilusorio y la comunidad es donde la unidad entre los individuos es esencial

y verdadera:

“La teoría de la Gesellschaft o asociación trata de la

construcción artificial de una amalgama de seres

humanos que en la superficie se asemeja a la

Gemeinschaft o comunidad en la que los individuos

conviven pacíficamente. Sin embargo, en la comunidad

permanecen unidos a pesar de todos los factores que

tienden a separarlos, mientras que en la Gesellschaft

permanecen esencialmente separados a pesar de todos

los factores tendentes a su unificación.” (1979: 67)

Lo esencial en el pensamiento de Tönnies, que al decir de Lukàcs

(1992: 142) no deja de ser un liberal266, resulta en esta mirada dicotómica

que articula el pensamiento conservador, regulando la vida comunitaria,

esfera de los valores de solidaridad y encuentro, y la sociedad, que exige un

Estado Hobbesiano267 que regule la vida:

“Ello nos da una descripción general de la `sociedad

civil´ o `asociación general de intercambio´, cuya

naturaleza y movimientos de la economía legislativa

conviene entender. Ésta es la situación en que, según

expresión de Adam Smith, `todo hombre... se convierte 266 “Tönnies describe la sociedad con los colores grises de la filosofía del derecho de Hobbes, presentándolo como una situación donde todos son enemigos de todos y solamente la ley es capaz de mantener un orden exterior.” (Lukàcs, 1992: 142)267 Los acuerdos entre Tönnies y Hobbes en la comprensión de la sociedad y las exigencias para su regulación pueden leerse en Tönnies 1979 (144 -146): “El esfuerzo por la fortuna, la suerte y el poder”.

293

en cierta medida en un comerciante...´.” (Tönnies, 1979:

80)

Es de esta forma que se estructura ideológicamente el proyecto

frenteamplista del “Uruguay Productivo” que “(...) conduce, pues,

forzosamente, a la división de la sociedad en dos partes, (...)” (Marx, 1986:

8). Una parte es la base del verdadero Uruguay profundo. Allí se expresa la

verdadera esencia humana, la economía social268, la esfera del propio

cuidado y del cuidado de los débiles269. Allí el trabajo se manifiesta en su

verdadera dimensión, desalienado, expresa toda su esencia, el esfuerzo no es

recompensado materialmente, allí no se producen mercancías sino que

espiritualmente se reconstituye la autoestima, el reconocimiento de los

otros, procesándose, de este modo, la verdadera integración social. Veamos,

a modo de ilustración, los testimonios recogidos en material de difusión del

MIDES:

“Estoy sudando la gota gorda para levantar una

pared de mi casa que estaba por caerse y el grupo me

ayudó. Estoy muy contenta de tener una pared en buen

estado que no se va a caer y el techo reparado que no

se llueve. Aprendí a compartir y ayudar a los demás.

Como dice un refrán: uno para todos y todos para

uno.”

O unas páginas más adelante, en el mismo material se relata que:268 “En la economía social, y supongo que buena parte de ustedes conocen el tema, se trata con frecuencia de experiencias muy interesantes pero que se desenvuelven en los márgenes o en los intersticios del mercado. Son personas que se las arreglan para producir formas de economía no mercantil pero me parece que eso no es una alternativa global a la cuestión que debemos enfrentar. El mercado no se domesticará por algo que pasa por fuera de él. Si es posible domesticar al mercado eso solamente podrá hacerse con nuevas formas de organización colectiva del trabajo y con el rol del Estado como garante de esas protecciones. Ahora bien, las personas que proponen la economía social son -con frecuencia- quizás un poco ingenuas. No quieren comprender la importancia fundamental del Estado, y también se corre el riesgo de no comprender la importancia del mercado.” (Castel, 2007: 5)269 Como reza una publicación del MIDES “Invierno: cuidarse y cuidar a los más débiles” (Infomides, junio de 2009).

294

“Ya hemos arreglado los techos y las paredes que

traspasa humedad de las casas, nos parecía lo más

urgente antes de que llegara el invierno. Cada cual

aporta los materiales que pudo conseguir, todos

somos mano de obra, y los voluntarios ponemos el

portland, el hidrófugo, las varillas de hierro y las

chapas con dinero que nos aporta la gente de afuera.

No llega a 4.000 pesos lo que nosotros hemos gastado.

¡Para resolver las humedades de siete casas! ¡Cuánto

se puede hacer cuando juntamos gente y esfuerzos

para resolver las cosas!”270

Cuando la izquierda redacta una ley para promover y regular el

trabajo voluntario establece que:

“Tratándose de menores, deberá constar en el mismo

el consentimiento expreso de los representantes

legales de los niños, las niñas o los adolescentes

quienes siempre deberán tener más de 13 (trece) años

de edad (...) La jornada diaria no podrá superar las

seis horas en el caso de servicio voluntario realizado

por los niños, las niñas y los adolescentes referidos en

el inciso segundo del artículo 5 de la presente ley.”271

Cuando un niño debe trabajar tiene por ley que solicitar permiso de

menor en el Instituto Niño y el Adolecente del Uruguay quien establecerá a

tal efecto si el trabajo a realizar es adecuado para un niño. Sin embargo, en

lo referente al trabajo voluntario se establece que alcanza con la

autorización de los padres y la jornada no podrá superar las seis horas

270 Mano con mano. Plan de Emergencia. Ministerio de Desarrollo Social. Diciembre de 2006.271 Ley Nº 17.885. Disponible en: www.parlamento.gub.uy Consulta: 12/11/09

295

diarias. De algún modo, se dice sin decir que el trabajo voluntario, aquel

que se realiza en la comunidad, nunca es perjudicial pues no existe la

alienación ni la explotación al tratarse de la esfera de la solidaridad y el bien

común.

Esta esfera debe ser cuidadosamente reconstituida cuidando a los

que allí se encuentran y propiciando el reencuentro con aquellos que han

perdido el camino a casa, siendo esa la función central que ha desarrollado

el MIDES con sus propuestas de intervención social.

“INGRESO CIUDADANO: consiste en una

transferencia económica dirigida a jefas y jefes de

hogar donde el protagonista asume compromisos

vinculados con el ejercicio de sus propios derechos:

realizar los controles médicos del núcleo familiar,

asegurar la permanencia de niñas y niños en el

sistema educativo y la realización de actividades

comunitarias.

Por actividades comunitarias deben entenderse

aquellas que propendan a la integración,

promoviendo una auténtica modificación cultural,

democrática y de justicia social.

Se entiende que en el concepto de actividades

comunitarias, deben comprenderse tanto aquellas

derivadas del aporte a la integración social realizada

por la participación en programas educativos, tales

como las actividades comunitarias de integración

social a través de las cuales se realizan tareas de

mejora del entorno barrial. Ambos mecanismos

pueden y deben concebirse interrelacionados.

Para la realización de estas tareas se hizo un llamado

a organizaciones educativas y sociales. La

296

metodología que sustenta este programa se apoya en

la conformación de grupos de no más de 25 personas,

en el involucramiento de las familias y un trabajo

que fortalezca la interrelación entre las comunidades

barriales con los hogares en situación de exclusión

social.”272

Operar en la comunidad supone un cuidadoso trabajo de

articulación, retejer esa telaraña de vínculos y relaciones de reconocimiento

y afecto, de sostén y protección, pero también de exigencia y control para

que se constituya la verdadera ciudadanía o, en otras palabras, se trata de

lograr que: “el protagonista asuma compromisos vinculados con el

ejercicio de sus propios derechos”.

Para esta perspectiva es allí en la comunidad donde se procesa la

verdadera transformación. La verdadera estructura a transformar está

contenida allí que es donde se procesan los cambios de fondo. De este

modo, se comprende que por “actividades comunitarias deben

entenderse aquellas que propendan a la integración, promoviendo una

auténtica modificación cultural, democrática y de justicia social.”

Claro que el Estado, ese aparato pesado, burocrático y esencialmente

represivo poco puede hacer en el campo de la protección, cuidado y

promoción de una ciudadanía responsable273. Por eso “para la realización

de estas tareas se hizo un llamado a organizaciones educativas y

sociales.”

272 Mano con mano. Plan de Emergencia. El Urugauy somos tú y yo. Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay 2005: 12-13.273 “De poco valdría mejorar la vivienda si después no le damos seguimiento al acontecer humano. Esto implica asegurar la militancia social. De alguna manera, los estados pueden `raspar´ recursos, apelar a diversos caminos, pero lo que no se puede dar es amor. Y en este caso el amor a la humanidad sólo lo puede dar la gente” (palabras del actual Presidente de la República, José Mujica, a La Diaria “Pero con flores. Entre el voluntariado y los voluntariosos”, 22/03/2010)

297

En suma, la comunidad es de por sí terapéutica, curadora, y el

objetivo último no es otro que “el involucramiento de las familias y un

trabajo que fortalezca la interrelación entre las comunidades barriales

con los hogares en situación de exclusión social.”

En tanto la sociedad es plana, sin matices ni profundidad, la

comunidad es profunda, llena de sentidos, siendo allí donde se da la

verdadera vida con toda su complejidad274. En el mismo sentido, cuando se

rompen los lazos con la comunidad, la respuesta no debe buscarse en la

pérdida del empleo o la ruptura de los sistemas de protección social, sino en

que los problemas tienen un carácter más profundo y la cura esta allí mismo

en la comunidad:

“Atención a los sin techo (PAST): (...) La situación de

calle es a veces el resultado directo de la falta de

empleo, pero en otras oportunidades es un síntoma de

algo mucho más profundo. Las mismas condiciones en

que tienen que sobrevivir, dejan huellas tan hondas en

su ánimo, esperanza y autoestima que es imposible

diferenciar si se trata de una causa o de un efecto, por

lo que es necesario contribuir a la solución de estos

problemas en el marco de un enfoque integral y

personalizado (...) Es importante señalar que

activamente se busca aumentar la participación y el

aporte al programa de los propios protagonistas.

Consideramos que esa participación y ese aporte

274 La presentación dicotómica entre comunidad y sociedad en la sociedad burguesa puede leerse también en Heller (2002: 155): “Así como el individualista burgués, que niega toda comunidad, hincha sus exigencias particulares considerándolas como las únicas genéricas, así el particular que se identifica incondicionadamente con su comunidad abandona todos sus afectos particulares que la comunidad dada le promueve a abandonar y desarrolla aquellos que pueden prosperar libremente a pesar de la identificación con la comunidad o, quizá, precisamete a través suyo. Es especialmente evidente la simbiosis entre la identificación y la particularidad en la sociedad burguesa, donde la escisión antes latente se convierte en un abismo en la contradicción, ya examinada, entre bourgeois y citoyen.”

298

hacen a un proceso de construcción de ciudadanía

imprescindible.”275

En definitiva la voluntad humana esencial se encuentra en la

comunidad (Tönnies, 1979: 27). Allí el esfuerzo desinteresado es posible,

tiene sentido y vale la pena:

“`Al comenzar sus actividades el Ministerio se

encontró con graves problemas de recursos tanto

físicos como humanos (...) no se contaba con una

plantilla de personal propio, debiendo acudir a

diversos mecanismos de reclutamiento de personal (...)

a pesar de las limitaciones descritas, la ejecución del

PANES se logró de buena manera´. Así dice un

informe de dos consultores externos al MIDES (...)

quienes agregan que ese resultado probablemente se

deba, entre otras cosas, `a que el PANES en particular

cuenta en su haber con una especial fuerza de

voluntad y un alto nivel motivacional del personal´

simple decirlo, titánico lograrlo.”276

Este tipo de mirada donde la sociedad y el Estado aparecen como

construcciones burguesas que finalmente se desmoronan por su propio peso

y donde los verdaderos procesos de transformación ocurren allí donde se da

la vida esencial es bastante típica en ciertas perspectivas del pensamiento de

izquierda. De algún modo es como si se procesara una nueva inversión en la

dialéctica para volverla a poner sobre sus pies: la vida espiritual de los

hombres humildes. Veamos las palabras del líder del Movimiento de

Liberación Nacional (MLN - Tupamaros) recogidas por Adolfo Garcé

(2009):

275 Mano con mano Plan de Emergencia. El Uruguay somos tú y yo. Ministerio de Desarrollo Social. Uruguay, 2005: 22.276 Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social in Infomides, julio de 2008: 2.

299

“La línea política permitió un desarrollo diferente. No

fue sólo el Pepe277. No fue fácil, acá adentro se

discutió mucho. Hasta ahora no sabemos que no es

una claudicación. Estamos haciendo un experimento.

Vamos a ver cómo funciona (...) Ahora, el gobierno

nacional que haga lo que quiera. Yo creo que se puede

hacer mucho más en el gobierno departamental,

haciendo una experiencia real de participación

popular. Esto es estratégico y no táctico. Vamos a ver

si ganamos a la gente que está alrededor nuestro para

estas ideas.”

En cierto sentido, las palabras recogidas por Vanger (2009: 266) (ver

nota 124) cobran su verdadero sentido: “El gobierno del Frente Amplio

representa la continuidad del proyecto batllista” pero solo en cuanto a que el

Frente Amplio continúa con “los mismos prejuicios contra la empresa

extranjera, las mismas sospechas sobre quienes tienen éxito, etc.”. Pero esa

sospecha es ahora tan radical que el resultado es que allí no se puede hacer

nada; la sociedad, el mundo de las empresas y los consumidores, el egoísmo

y el interés privado no puede ser reformado. En esa esfera solo es posible

garantizar las reglas del juego y al igual que para Tönnies, la sociedad

precisa para ser regulada de un estado liberal leviatánico.

Esa sospecha es, entonces, referida no sólo a la empresa, no sólo al

capital sino que remite a todos quienes allí operan siendo tratados con la

misma desconfianza. No hay diferencias, en tal sentido, entre el capital y el

trabajo278. 277 Se refiere a José Mujica, actual Presidente de la República.278 En la entrevista ya referida el actual Vicepresidente de la República, Cr. Danilo Astori, denostaba la “actitud corporativista” que atribuye no sólo a los sindicatos: “Sin duda, pero no solo. Hay profesionales que no integran un sindicato y defienden propuestas que sólo están inspiradas por la defensa de sus intereses, a veces identificándose como frenteamplistas (recuerdo discusiones sobre el impuesto a la renta). Ésa no es una actitud de izquierda. Ser de izquierda es defener la transformación de toda la sociedad al servicio de los más débiles y los más humildes” (Entrevista realizada en La Diaria, 23/06/2010)

300

De esta manera, el proyecto del Frente Amplio puede establecer, sin

escándalo, que sus modelos son Nueva Zelandia279 y el Brasil de Lula280, es

decir, un país que ha desarrollado exitosamente el modelo neoliberal y otro

que se ha destacado por su proyecto de atención a la pobreza extrema.

Los procesos de transformación del capitalismo iniciados con la

crisis de los años setenta acaban configurando una situación mundial donde

parece que nada se puede hacer, que la política es impotente frente al poder

del capital desterritorializado.

El pensamiento único, el neoliberalismo, se presenta, no ya como

una perspectiva ideológica a la cual adherir o combatir, sino que se presenta

como una realidad incuestionable, como un dato, un “hecho social” diría

Durkheim. En este contexto, la política o, más exactamente, el mundo de las

opiniones políticas, se restringe a la administración de aquellas esferas que

quedaron fuera, en los márgenes de los procesos de producción.

Como señala Sennett (2000. 143), si lo que se quiere es “captar

capitales” entonces la soberanía no puede ser ejercida:

“Hoy, los lugares, las ciudades o las naciones temen

que si ejercitan su soberanía, imponiendo, por

ejemplo, cargas fiscales o restringiendo los despidos

sumarios, una empresa pueda encontrar sin mayores 279 “El presidente José Mujica viajó a Nueva Zelanda en noviembre de 2007 invitado por el Ministro de Ganadería de ese país, en uno de los pocos viajes que realizó al exterior. En aquel tiempo era Ministro de Ganadería y recorrió tambos, se reunió con autoridades oficiales y con empresarios, además de participar de las reuniones de gobierno en las que estuvo su antecesor, Tabaré Vázquez. Retornó al Uruguay deslumbrado por los avances en materia económica, productiva y social y por la reforma del Estado aplicada por el gobierno isleño.” Disponible en: http://causaabierta.blogia.com/2010/030418-expertos-de-nueva-zelanda-comandaran-reforma-del-estado-en-uruguay.php. Consulta: 15/5/2010280 Para tener una interpretación de las palabras del Presidente José Mujica, “Nuestro modelo son Neozelandia y el Brasil de Lula”, ver entrevista realizada en Radio El Espectador por Emiliano Cotelo a la politóloga - y senadora del sector del presidente dentro del Frente Amplio - Constanza Moreira, el 9/11/09 y reproducida en el Diario El País ese mismo día.

301

problemas otra isla en la red, una fábrica en el

Canadá, si no la encuentran en México, o una oficina

en Boston en lugar de Manhattan.”

Imaginemos, si la situación es presentada en estos términos para las

economías centrales, con qué radicalidad es vivida esta sensación de

impotencia en las economías periféricas.

Es este contexto que hace emerger la comunidad como un refugio,

un lugar de reencuentro, una esfera donde la política cobra un nuevo

sentido. El viejo discurso de confrontación y lucha de clases es entonces

sustituido por otro, ajeno hasta ahora a la retórica de la izquierda, que habla

de amor y solidaridad, de afecto y pertenencia:

“Los jóvenes se van buscando una mejora económica

pero también porque no encuentran lugares. A veces

uno puede sentirse motivado y querido por la sociedad

sin importar tanto el nivel salarial. Sentirse querido es

lo más importante” (Ministra de Desarrollo Social,

A.S. Ana Vignoli281)

Las palabras de la nueva Ministra son esclarecedoras de la

discursividad actual de la izquierda en el gobierno. El testimonio

reproducido no exige demasiado aliento teórico para su análisis, pero

retomemos los aportes de Sennett (2000: 145) que parecen hechos a medida

para el análisis de estas palabras que sorprenden si se toma en cuenta que la

Ministra de Desarrollo Social, al igual que su antecesora, es militante del

Partido Comunista del Uruguay.

“Todas estas situaciones impulsan a la gente a buscar

otra escena de cariño y profundidad. Hoy, en el nuevo

281 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.

302

régimen, el uso de la palabra `nosotros´ se ha vuelto

un acto de autoprotección. El deseo de comunidad es

defensivo (...).”

Si se planteara a un observador, informado y relativamente

imparcial, que alguien compara a Uruguay con Bolivia, posiblemente el

observador argumentara que esa comparación es, probablemente, parte de

un ataque al gobierno por parte de un opositor con mala fe.

Si se le aclarara que la comparación fue realizada por un miembro

del gobierno, y más exactamente por un Ministro, el observador podría

seguir sosteniendo la presunción de mala fe, en el entendido de que es muy

fácil compararse con el más débil y así salir con ventaja.

Lo que seguramente dejaría del todo perplejo al observador es que

Bolivia es tomada como modelo a seguir y desde ahí se realiza la

comparación. Veamos un fragmento de la entrevista de Raúl Zibechi, citada

páginas atrás, a la Ministra de Desarrollo Social:

“- Cuando usted sueña o imagina erradicar la

indigencia y disminuir la pobreza ¿cuáles serían sus

referencias en América Latina o en el mundo, aquellos

procesos que la motivan?

- Bolivia, porque es una referencia de participación y

de inclusión de todos los sectores sociales en un

proyecto de cambio. Evo Morales surge de las

organizaciones sociales, de toda esa trayectoria que

fue muy difícil pero ahora está dando sus

frutos.” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana

Vignoli282)

282 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.

303

La añoranza de un pasado, idealizado, la América indígena,

campesina, comunitaria, es propia del anticapitalismo romántico, que vive

al capitalismo, ingenuamente, con la vivencia agónica que opone al

progreso la añoranza de una esfera donde el “nosotros” es posible (Sennett,

2000: 143)

“La sociedad está imbuida de una cultura

individualista que a través de los años no hemos

podido modificar, porque nos tenemos miedo los unos

a los otros, y con el tiempo eso se ha convertido en

cultura” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana

Vignoli283)

La cultura a que refiere la Ministra puede fácilmente ecualizarse con

la sociedad de mercado donde los individuos compiten unos contra otros y,

por tanto, el otro es un potencial agresor. Veamos lo que dice Tönnies

(1977: 67) al respecto:

“(...) nadie quiere conceder ni producir nada en

función de otro individuo, ni tampoco se encuentra

dispuesto a darle nada siquiera de mala gana como no

sea mediante el intercambio de una dádiva o un

trabajo equivalente que considere igual por lo menos

a lo ofrecido. Hasta es necesario que esto último sea

más deseable para él que aquello que había sido

capaz de retener; pues sólo se sentirá movido a

proporcionar algún tipo de bienes si recibe algo que

considera mejor.”

En tanto la sociedad no puede ser transformada, mucho menos

revolucionada, la propuesta se restringe a la búsqueda de una comunidad

283 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.

304

participativa, solidaria y la integración se procesa allí. En esta esfera

idealizada, el argumento de que la pobreza es un problema de todos284

equivale a decir que no es un problema de nadie en particular y, por tanto,

no es un problema del Estado.

El anticapitalismo romántico queda preso de una concepción

idealizada del Estado. En tanto la sociedad es el mundo de individuos

egoístas, el Estado aparece como una instancia despolitizada que busca la

conciliación entre los hombres, “el hombre que vive en el mundo real de la

`sociedad civil´ (el bourgeois) solo conoce intereses privados y

particularistas” (Coutinho, 1994: 18), necesita de un “Estado como

encarnación de la Razón universal” con una “burocracia como `clase

general´” que promueva el compromiso de todos en relación a los

problemas sociales, la reconstrucción de un “nosotros”285 - por encima de

las clases sociales - responsables de la pobreza:

“- ¿Eso quiere decir que no aspira a que la gente

delegue en el Estado sino que se implique en las

políticas sociales? - La apuesta es que el Estado y la

sociedad puedan lograr efectos de gestión mejores que

los que tenemos. Esa es la idea que está detrás del

plan de vivienda que propuso el Presidente. - La

pobreza no es entonces sólo una cuestión de ingresos.

- Apostar a la inclusión supone reconstruir vínculos, y

eso pasa porque la gente se involucre en los

proyectos, que entienda hacia dónde queremos ir y

que todos seamos responsables por la sociedad que

construimos, porque la pobreza es un problema de

284 “(...) apostar a la inclusión supone resonstruir vínculos, y eso pasa por que la gente se involucre en los proyectos que estamos planteando, que entienda hacia dónde queremos ir y que todos seamos responsables por la sociedad que construímos, porque la pobreza es un problema de todos” (Ministra de Desarrollo Social)285 “Nosotros” en el sentido que le atribuye Sennett (2000: 143)

305

todos.” (Ministra de Desarrollo Social, A.S. Ana

Vignoli286)

El Estado queda limitado, fuera de una función moral abstracta,

propia del pensamiento conservador, a la función añorada por el

pensamiento liberal, es decir, al control policíaco de los territorios, el

garante de la protección de los individuos honestos de la amenaza de los

sospechosos de siempre.287

El retorno del liberalismo decimonono en su presentación neoliberal,

pregonado por los organismos internacionales e incorporado por los

sectores tecnocráticos del gobierno progresista, supone un principio

innegociable: la intervención sobre lo social no debe interferir en el

mercado por lo que debe ser focalizada, es decir, no debe transferir recursos

de negociación a los individuos que están integrados al mercado. En los

términos de Esping-Andersen (1990), se debe evitar la desmercantilización

que es un recurso de la clase trabajadora para negociar en mejores

condiciones con el capital.

La comunidad entonces es creada como una esfera

desmercantilizada que funciona en paralelo al mercado, no interfiere con sus

leyes y donde la práctica moralizante de los sectores neoconservadores

opera con autorización del pensamiento liberal.

La participación social es entendida no como conformación de

grupos de presión sino en sus formas de autoayuda, autoconstrucción,

autoempleo, agricultura para el autoconsumo, etc.

286 Entrevista realizada por Raúl Zibechi y publicada en el Semanario Brecha, 19 de marzo de 2010.287 “El control polícial del territorio administrado es la única función que se deja enteramente en manos de los gobiernos estatales; el estado y sus órganos han abdicado de otras funciones ortodoxas, o han llegado a compartirlas y por tanto sólo las controlan parcialmente, sin autonomía.” (Bauman, 2005: 117)

306

Estas propuestas apuntan a promover trabajo concreto no

mercantilizable: autoconstrucción, agricultura para el autoconsumo, por

ejemplo. Se trata de iniciativas que tienen una alta valoración para las

perspectivas conservadoras (anticapitalismo romántico) y resultan

beneficiosas para el capital en tanto generan una población pasible de ser

utilizada por salarios inferiores en tanto reducen los costos de reproducción

de la fuerza de trabajo. Esto es señalado por Castel (1997: 146) como un

elemento que jugó en los primordios del capitalismo:

“Ciertas formas bosquejadas de concentración

industrial (las minas, las fraguas, las fábricas de

papel...) solían instalarse en el campo. (....)

Reclutaban su personal subalterno en el ambiente

rural, y este semiproletariado conservaba un vínculo

sólido con la tierra. Seguían cultivando su parcela y

participando en las tareas del campo en el momento

de la cosecha o la vendimia. Esta situación mixta

presentaba ventajas para el empleador: los salarios

podían ser particularmente bajos, puesto que el

obrero contaba con ingresos adicionales.”

Para el pensamiento conservador estas propuestas de inserción, a

pesar de ser insustentables desde un punto de vista mercantil (y

precisamente por esto), se tornan especies de falansterios de una nueva

sociedad fraternal y comunitaria. Por su parte, para el pensamiento liberal,

estas propuestas no ofrecen mayor reparo ya que no interfieren con el

mercado y si lo hacen es de manera beneficiosa para el capital.

Esta alianza no presenta problemas en tanto el pensamiento

conservador realiza un claro menoscabo del elemento material a favor del

espiritual o moral. Como dice la recordada sentencia del nuevo testamento

“al César lo que es del César”.

307

El menoscabo mencionado abre un muy conveniente voluntarismo

en la administración de las nuevas políticas sociales que, como fue dicho,

retoman el proyecto moralizador y neohigienista.

Entre tanto, en la regulación general se adhiere a un radical realismo

que realiza una evaluación implacablemente mercantil de la sustentabilidad

de los proyectos planteados, lo que puede ilustrarse con frases antológicas

tal como “con la ideología no comemos” (frase con un contenido ideológico

innegable). Es la lógica propia de un sistema de regulación que apuesta a la

mercantilización creciente de todas las esferas de la vida.

Del otro lado parece decirse lo opuesto, “no importa si comemos en

tanto tengamos ideología”, ya que lo preponderante en la política social es

crecientemente la ideología. Ocurre que cuando se mercantilizan todas las

esferas de la vida lo que resta para la política social es lo que efectivamente

no puede mercantilizarse.

Esta alianza de perspectivas es clásica; el tratamiento clásico de la

“cuestión social” la supone en último análisis. El Estado en el capitalismo

competitivo suponía la caridad y la filantropía como la cara humana de un

mundo despiadado.

De un lado, la radicalización de la racionalidad instrumental, donde

se concibe al sujeto como un homo economicus que solo opera con una

racionalidad instrumental egoísta, como “individuo posesivo” (Macpherson,

1979: 276)

“Ya que el individuo solo es humano en la medida en

que es libre, es libre sólo en la medida en que es

propietario de sí mismo, la sociedad humana solo

puede ser una serie de relaciones entre propietarios

308

exclusivos, o sea, de una serie de relaciones de

mercado.”

Del otro, el voluntarismo más estéril, donde se intenta construir un

individuo moral despojado de egoísmo y condenado cuando realiza un

posicionamiento estratégico que es solo legítimo en el mercado. Si el

individuo no es exitoso en el mercado pierde la legitimidad para

posicionarse estratégicamente en la “esfera social” despolitizada.

Es claro que la política social tiene una racionalidad estrictamente

instrumental, que se le exige la maximización de los recursos en forma

extrema, pero esta racionalización le es impuesta desde fuera. Porque los

recursos que administra y las prioridades le son fijadas desde fuera, desde el

marco general que establece qué recursos va a administrar, sea por parte de

los organismos internacionales o por parte del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Esta alianza se sustenta y es posible a partir de un proceso de

deseconomización de la cuestión social por el que la pobreza deja de ser un

problema económico (aunque se mide a partir de parámetros económicos)

para convertirse en un problema esencialmente moral. Más que combatir la

pobreza como insuficiencia de ingresos, se observa una fuerte preocupación

por sus consecuencias: inmoralidad, violencia, déficits educativos, etc.

De algún modo, este proceso de bivalencia del sistema de

protección/integración social fue señalado por Pierre Rosanvallon (1995),

estableciendo claramente cómo de un lado,

i) el ciudadano pleno, respetado en su privacidad, es protegido e

integrado a partir de una institucionalidad que lo reconoce como titular de

derechos y, por tanto, no condiciona la protección:

309

“Desde el momento en que se lo universaliza (por la

obligación), el seguro se vuelve verdaderamente

social. Cumple entonces el papel de una especie de

transformador moral y social. El seguro social

funciona como una mano invisible que produce

seguridad y solidaridad sin que intervenga la buena

voluntad de los hombres.” (1995: 26)

ii) Del otro, la propia descalificación operada desde el poder, que en

la medida en que individualiza la incapacidad de desempeñarse en el

mercado, justifica la ruptura del derecho y la indiscreción apoyada en

argumentos instrumentales que establecen que es preciso conocer para

auxiliar:

“Por otra parte, más allá de los procedimientos

estandarizados tradicionales, es preciso igualmente

que el Estado providencia pueda personalizar sus

medios, para adaptarse a la especificidad de las

situaciones: en materia de desocupación de larga

duración y de exclusión, no hay, en efecto, sino

situaciones particulares.” (Rosanvallon, 1995: 11)

La moralización es inmediata, no precisa de (o no cuenta con) las

mediaciones de un sistema social complejo; el retorno a la comunidad en la

retórica de las nuevas políticas sociales es prístina al análisis.

En síntesis, es posible identificar una alianza entre la perspectiva

liberal y la conservadora con una supremacía de la primera sobre la segunda

y una “división del trabajo” entre ambas.

La regulación social predominante es liberal, la vigilancia está en

manos del Ministerio de Economía que mantiene la tendencial

310

mercantilización de todas las esferas de la vida, regula las relaciones

capital-trabajo, los criterios de gasto, etc. El elemento rector es el trabajo

abstracto y su capacidad de generar valor de cambio.

Tal como señalan Britos y Caro (2002), la inversión de la relación

trabajo asalariado – protección social es el eje que permite comprender el

pasaje hacia un régimen de bienestar liberal – residual a partir de un

régimen conservador, en donde la propia intervención asistencial exige los

méritos del trabajo.

Subordinada a esta regulación se encuentra la regulación sobre la

población en situación de pobreza e indigencia. Desde el Ministerio de

Desarrollo se controla el uso que la población hace de las prestaciones

transferidas, procurando que la intervención no interfiera sobre las leyes del

mercado. El elemento rector es el trabajo concreto: el valor de uso es su

capacidad de disciplinamiento.

La intervención sobre lo social es aceptada por la perspectiva

neoliberal, en tanto la misma se restrinja a una población previamente

desacreditada y, por tanto, no calificados para ejercer su ciudadanía por

haber fracasado en el mercado.

“Estas dos clases de seguridad son: la primera la

seguridad contra una privación material grave, la

certidumbre de un determinado sustento mínimo para

todos, y la segunda, la seguridad de un determinado

nivel de vida o de la posición que una persona o grupo

disfruta en comparación con otros. O, dicho

brevemente, la seguridad de un ingreso mínimo y la

seguridad de aquel ingreso concreto que se supone

merecido por una persona (...) No hay motivo para

que una sociedad que ha alcanzado un nivel general

311

de riqueza como el de la nuestra, no pueda garantizar

a todos esa primera clase de seguridad sin poner en

peligro la libertad general. Se plantean difíciles

cuestiones acerca del nivel preciso que de esa manera

debe asegurar; hay, en particular, la importante

cuestión de saber si aquellos que así dependerán de

la comunidad deberán gozar indefinidamente de las

mismas libertades que los demás. Una consideración

imprudente es estas cuestiones puede causar serios y

hasta peligrosos problemas políticos; pero es

indudable que un mínimo de alimento, albergue y

vestido, suficiente para preservar la salud y la

capacidad de trabajo puede asegurarse a

todos.” (Hayek, 2006: 158, énfasis nuestro)

Esta desacreditación habilita a la perspectiva conservadora a operar

moralmente sobre esta población.

Un elemento ejemplar de la funcionalidad de esta alianza es la

política de documentación de los usuarios de la política social asociado a un

sistema computarizado de control de esta población a través del documento

de identidad. Combina el afán de control moral de la población, propio de la

perspectiva conservadora, con el afán de evitar un uso especulativo por

parte de la población de recursos obtenidos extra mercado, característico de

la perspectiva liberal.

Si pensamos en los términos planteados por Foucault en “Seguridad,

territorio y población” (2006), en esta regulación sobre la población se

busca como objetivo común fundamental que la “población” no se convierta

en “pueblo” o, en términos gramscianos, “lograr que las grandes masas de la

población se mantengan esencialmente pasivas” (1986: 246).

312

Esta configuración se torna altamente operativa para obtener

gobernancia en el nuevo contexto. Los anteriores gobiernos intentaron su

legitimidad combinando las medidas de “estabilización” y las de “ajuste” o

“reforma estructural”, donde se buscaba superar el modelo de sustitución de

importaciones impulsado por el Estado. En su lugar, se imponía una

reforma con “orientación al mercado” y consiguiente reducción del Estado,

privatizaciones, desregulación, y apertura externa (Calame y Talmant,

2001).

Todo este proceso se vio tensionado con la oposición política de la

izquierda que amortiguó las reformas (Moreira, 2001). La izquierda política

llega al gobierno con la legitimidad necesaria para llevar adelante los

procesos de reforma que los anteriores gobiernos no consiguieron culminar,

y el componente conservador que le agrega la izquierda a la reforma liberal

le otorga credibilidad y eficacia.

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