Suplemento Otra Mirada 14

8/8/2019 Suplemento Otra Mirada 14

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14 Ao 2 Octu

A n l i s i s y p r o p u e s t a s d e p o l t i c a

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decentePARA Un PeR MOdeRnO

Todos tenemos derecho al trabajo, as como a trabajar en condiciones decentes. En el Per, sinembargo, este derecho fundamental ha sido olvidado por nuestros gobernantes. En las ltimas dcadas,las leyes instauradas por el fujimorismo y las polticas econmicas neoliberales mantenidas por Toledo yGarca han precarizado las condiciones de empleo hasta lmites insostenibles. Es ms, muchos polticos,empresarios y medios de comunicacin defensores del modelo neoliberal asumen los derechos laboraleerrneamente y sin pruebas como elementos contrarios a la productividad y al crecimiento econmicoEn este encarte proponemos que el empleo decente no slo debe ser un objetivo explcito de nuestraspolticas econmicas y sociales, sino que constituye un factor fundamental del desarrollo humano de cadaciudadano y garanta de un pas que avanza a la modernidad.

tRAbAjO


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As

El empleo, derecho humanofundamental para el desarrollo

La crisis financiera global que se inici en 2008ha puesto nuevamente al tema del empleo enel centro de la atencin mundial. Debido a susconsecuencias, actualmente tenemos el mayornmero de desempleados registrado en la his-

toria aproximadamente 210 millones segn cifras de laOIT. Ms an, en una reciente reunin de alto nivel con-vocada por la OIT y el FMI se calific la crisis del empleocomo la mayor crisis que enfrenta el mundo actualmente.

A puertas de un proceso electoral nacional, es impor-tante retomar el debate pblico sobre el empleo en nues-tro pas. A pesar de ser parte de convenios internaciona-les que protegen el trabajo, desde los aos noventa seha insistido con polticas laborales que impiden alcanzarestndares aceptables de empleo. Esto se da en el marcode un modelo de desarrollo econmico y social que nopromueve la generacin de mejores empleos ni garantizacondiciones de empleo adecuadas para un sector impor-tante de trabajadores.

Sin embargo, el trabajo en condiciones dignas es fun-damental para que las sociedades e individuos alcancensus objetivos de desarrollo. En principio, porque el dere-cho al trabajo es un derecho humano incluido en la Cartade los Derechos Humanos de las NN.UU. que nuestro pasdebera defender. De acuerdo a este instrumento inter-nacional ratificado por el Per, todos tenemos derecho altrabajo, lo que incluye el derecho a trabajar en condicio-nes decentes, con niveles de remuneracin y proteccinsocial adecuados.

En este sentido, el concepto de trabajo decente queacu la OIT en 1998 se ha convertido en un referenteimportante para las polticas pblicas, objetivo prioritariode la comunidad internacional y uno de los principalesObjetivos de Desarrollo del Milenio. La formulacin delempleo decente plantea lineamientos generales sobre loque implica el empleo adecuado y especifica un conjuntode objetivos estratgicos orientados a su consecucin:

(a) la promocin de empleos productivos;

(b) la proteccin de los derechos fundamentales enel trabajo;

(c) el establecimiento de una remuneracin adecuaday una debida proteccin social para los trabajadores;

(d) la promocin del dilogo social.

El cumplimiento de cada uno de estos lineamientosposibilitara que las sociedades cumplan sus aspiracionesindividuales y colectivas a travs del trabajo. El accesoa un trabajo decente ampliara las oportunidades de

La fexibilizacin

laboral en elgobierno de Fujimorimell totalmente

los derechos delos trabajadoresperuanos.

desarrollo; el disfrute de derechos laborales; el reconoci-miento del trabajo como productor de valor; la estabilidadfamiliar y el desarrollo personal; as como la justicia eigualdad de gnero en la distribucin del ingreso.

En el Per, mientras tanto, se viene perpetuando unmodelo exportador basado en industrias extractivascon escaso valor agregado que no favorece el trabajodecente. Este modelo prioriza la exportacin de mate-rias primas en desmedro de la industria nacional y deldesarrollo de los mercados internos, actividades quepromoveran ms y mejores empleos.

Paradjicamente, la discusin sobre mejoras en lascondiciones laborales ha sido reducida al tema de lossobrecostos. Bajo este argumento, algunos sectoresvenden como receta para mejorar la competitividad yproductividad seguir flexibilizando la regulacin laboral,argumentando que cumplir con la obligacin de garan-tizar derechos y beneficios sociales encarecera el costodel empleo e inhibira la generacin de nuevos empleos,perpetuando la informalidad laboral.

Sin embargo, organismos internacionales como el BIDy la OIT, as como expertos nacionales, han sealado quela flexibilizacin no es una solucin para la falta de empleoo la informalidad laboral. Las reformas normativas queflexibilizaron los mercados laborales latinoamericanosen los aos noventa provocaron que el empleo crecieraa una tasa menor a la alcanzada en dcadas anteriores.Y si bien aumentaron los salarios (especficamente los delos trabajadores calificados), creci tambin el desempleoy se expandi el sector informal.

Hay 210 millones

de desempleadosen el mundo segncifras de OIT.


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Existe un gran dficit de trabajo decente en elPer. Contra lo que nos quieren hacer creerlos grupos de poder, ello no es resultado delcumplimiento de las obligaciones y derechoslaborales que tienen los trabajadores.

Est relacionado, por el contrario, con un conjuntode condiciones estructurales de larga data como elcrecimiento demogrfico, la debilidad institucional delEstado y el dficit de calificaciones laborales que sesuman a otras vinculadas con las polticas econmicasadoptadas por los ltimos gobiernos.

Principalmente, es resultado del carcter del modeloeconmico aplicado desde los aos noventa por la dic-tadura de Fujimori y Montesinos, quienes aprovecharonel golpe de Estado de 1992 para cambiar la legisla-cin laboral. Tras una dcada de crecimiento, tres decada cuatro peruanos sigue trabajando en condicionesde informalidad, es decir, no recibe los beneficios quecaracterizan el trabajo decente.

La continuacin del modelo neoliberal impide la trans-formacin de la estructura ocupacional del pas, ya quelas actividades con mayor capacidad para generar valoragregado como la industria manufacturera y la agricul-tura emplean segmentos reducidos de la poblacin yno existen polticas claras para promoverlos. El modeloeconmico vigente se basa, por el contrario, en activi-dades que demandan menor mano de obra como laminera, que emplea a menos del 1% de la PoblacinEconmicamente Activa (PEA).

En tal sentido, el crecimiento econmico sostenidode los ltimos aos no ha sido lo suficientemente fuerteni bien orientado como para absorber la mano de obraofertada por el mercado laboral. Por el contrario, las pol-ticas primario-exportadoras han profundizado nuestra

condicin de abastecedores de materias primamano de obra barata a los mercados mundiales

El concepto de Trabajo Decente identifica cuatrponentes esenciales para garantizar trabajos de cempleo e ingresos adecuados; acceso a seguro d(uno de cada cinco peruanos cuentan con cobersalud) y pensiones (poco ms de 15% tiene unde pensiones); dilogo social y no discriminaciempleo. En el Per persisten las deficiencias enestos campos y nos encontramos lejos de alcanestndares internacionales de Trabajo Decente.

En cuanto a empleo e ingresos adecuados, dque una alta proporcin de la PEA no recibe benlaborales, incluyendo un 35% que son trabajindependientes y 16% de trabajadores familiaremunerados. En una economa como la nuestra,terizada por la informalidad y escasa asistenclos desempleados, la precariedad del empleoadecuadamente medida por el concepto de deseque se encuentra por debajo del promedio re(7%). El problema clave es, ms bien, el subeque se caracteriza por el deseo de los trabajadolaborar ms horas, por estar disponibles para hacpor haber trabajado un nmero reducido de horasemanas anteriores a la medicin. Segn datos da nivel nacional el subempleo llega a 52% de la

El empleo informal, a su vez, asciende a cerca dEsto significa que este sector de la PEA no accede abeneficio laboral. Las altas tasas de trabajo no regse explican en gran medida por la gran cantimicroempresas y pequeas empresas con trabajasalariados sin contrato alguno. Un porcentaje impde estos trabajadores cumple jornada laborales ma las 48 horas establecidas por ley.

El Per es el segundo

pas con mayores quejassobre libertad sindical

ante la OIT. Entre elperiodo 1990-2009 se

presentaron 80 quejaspor violaciones a la

libertad sindical.diasio

Tres de cadacuatro peruanosson informales

La evolucin positiva del PBI en las ltimas dcadasla mala situacin de los salarios desde que se instaumodelo neoliberal. En el perodo de mayor crecimi(del 2002 al 2008), los salarios no aumentaron. Es mentre 1991-2009 su participacin en el PBI ha empeodel 30.1% en 1991 hasta 22% en el 2009. En comparen todos los pases medianos latinoamericanos laparticipacin salarial oscila entre 30 y 35%, mientraen Europa y EEUU supera el 50%.

Mientras tanto, los excedentes de explotacin (Eque incluyen intereses, regalas y utilidades as comremuneraciones a los empresarios) han subido desel 52.7% del PBI en 1991 hasta el 62.8% en el 2009.Puede decirse, entonces, que lo que han perdido loasalariados lo han ganado los pocos que se dividen principalmente utilidades de empresas. Grficamela direccin contraria de estos dos elementos se asea una tijera abierta, o lo que el economista HumbertCampodnico ha llamado la boca del cocodrilo, lmisma que sigue bien abierta en la actualidad.

LOS SALARIOS ENLA BOCA DE COCODRILO


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El modelo econmico que seguimos desde losaos noventa determina en gran medida eldficit de trabajo decente que hoy obser-vamos en el Per. Sin embargo, tambinenfrentamos un marco institucional y nor-

mativo incluso a nivel constitucional, que no permite unequilibrio de poder entre trabajadores y empleadores,sino que claramente favorece a los empleadores y enparticular al gran capital nacional y extranjero. El ladoancho para unos, el ms angosto para otros.

En los debates recientes sobre modelo econmico,condiciones de empleo o remuneraciones, el traba-jador peruano ha brillado por su ausencia ya que lasreformas neoliberales lo convirtieron en un actor sinprotagonismo poltico, individual o colectivamente.Por ejemplo, el tema del salario mnimo ha quedadoprcticamente a voluntad del Estado y los gruposempresariales, y no responde a procesos de nego-ciacin como en otros pases democrticos. Comoresultado, el salario mnimo real continua siendobajo (ni siquiera hemos recuperado los niveles realesde los aos 70 y 80) y no se ha elevado de maneraproporcional al fuerte crecimiento de la economa enla ltima dcada.

El marco jurdico vigente para los temas laboralestiene su origen fundamental en una etapa de rompi-miento del orden constitucional con el golpe de Estadode 1992, una reforma laboral flexibilizadora producidaen los aos noventa que est sustentada en la Constitu-cin de 1993 y las normas vigentes sobre relaciones indi-viduales y colectivas de trabajo. El Decreto LegislativoN 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral)y la Ley 25593 (Ley de Relaciones Colectivas) permitie-ron, junto con otras medidas, el despido arbitrario, losceses colectivos, y la desaparicin de garantas para lalibertad sindical, entre otros aspectos que mellaron losderechos laborales de los peruanos como si estos atro-pellos fueran necesarios para aumentar la productividady competitividad.

La reforma laboral del gobierno de Fujimori fue unade las ms radicales de Amrica Latina y ampli lasmodalidades de contratacin, facilit y flexibiliz el des-pido y redujo el rol del Estado como protector de losderechos de los trabajadores. El DL 728 flexibiliz sig-nificativamente las relaciones individuales de trabajo,creando adems diversos regmenes especiales dondeera posible una extrema flexibilizacin de las obligacio-nes y derechos ms all de una aplicacin temporal oextraordinaria. En este mismo perodo se derog la Leyde Estabilidad Laboral (Ley 24514) y en la Constitucinrrita de 1993 se plasm, en el Artculo 27, el despidoarbitrario.

Los gobiernos posteriores han seguido optando porla flexibilizacin laboral e incluso se han establecidonumerosos regmenes laborales especiales que per-miten recortar los derechos y obligaciones en sectorescomo la agroindustria y las microempresas, entre otros.En el actual gobierno, en el marco de las negociacionesy adecuaciones a los TLC, se implement un marconormativo que deba promover a las MYPES pero en laprctica reduce ms an los derechos sociales de cercade 80% de la PEA laboral, quienes ya no estn reguladospor la Ley 728. Ms an, nunca se lleg a aprobar la LeyGeneral del Trabajo (existente en casi todos los paseslatinoamericanos) ni la del Empleo Pblico, a pesar deser dos acuerdos alcanzados durante la transicin demo-crtica de 2000 y 2001.

La Ley del Embudo contrael trabajador

Los trabajadores rurales representan un sector muy particular y sensible de la fuerzalaboral. Son el 37% del total nacional y la incidencia de la pobreza entre ellos es de55%. La mayora se dedica a la agricultura y otras actividades primarias, siendojustamente los que se dedican a la agricultura los ms afectados por la pobreza. Enel caso de los asalariados rurales, ms de tres cuartas partes ni siquiera recibenla remuneracin mnima vital. La escasa disponibilidad de tierras, los bajosrendimientos y el poco acceso a servicios bsicos para la produccin son factores quecontribuyen a la situacin de pobreza de la pequea agricultura.

Actualmente el trabajo rural est regulado por el rgimen laboral agrario creadopor la Ley de Promocin del Sector Agrario, Ley N 27360 del ao 2000, la cualestablece condiciones especiales que han sido consideradas injustas en la medida enque los beneficios laborales del sector agrario son reducidos y discriminatorios. Porejemplo, no gozan de CTS ni gratificaciones del rgimen comn. Ya se ha presentadodesde la sociedad civil una accin de inconstitucionalidad de la Ley 27360 y se hanpresentado desde las bancadas de oposicin proyectos de ley para derogarla. A todasluces, es preciso iniciar un debate participativo para regular, justa y adecuadamente, aeste sector de la fuerza laboral con una nueva Ley General del Trabajo.

LOS TRABAJADORES RURALES, LTIMOS DE LA FILA

El salario mnimoha pasado de 398 a550 soles entre 2000

y 2008. Sin embargo,en trminos realesapenas subi de

403 a 462 soles endicho perodo. Fuereajustado por ltimavez en enero de 2008.

NO HAY DERECHONo ms del 5% de los asalariados en el sectorprivado estn cubiertos por la negociacin colectiva


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neracin mnima y la implementacin de un Plan bajo Decente.

Como parte del proceso de una nueva Constes preciso ante todo recuperar el Estado como gde los derechos de los ciudadanos, tanto de los deindividuales y polticos como de los derechos soculturales y solidarios que se consideran en su cocomo derechos fundamentales. Como en los demses de la regin el despido arbitrario debe dejaruna figura protegida constitucionalmente.

Precisamos de una Ley General de Trabajo qfique los excesivos regmenes especiales y que consensos amplios. El Congreso debe retomar el sobre el proyecto existente. El proceso de dilogaprobar dicha ley se inici en 2002 y an no ha rfrutos. Se requiere de voluntad poltica desde el nivalto para que esta norma consensuada pueda disy aprobarse en el Congreso a pesar de los lobbiesrosos que se oponen y que buscan perpetuar elactual que favorece claramente a los empleadcosta del trabajo decente. Esta ley debe reunir de mcoherente la legislacin laboral sobre relacionesduales y colectivas, repotenciar la organizacin siracionalizar las maneras distintas en que los emplepueden organizar el trabajo.

La nueva Ley General de Trabajo debe acabaexcesiva cantidad de regmenes laborales. Actuase permite una multiplicidad de contratos fletemporales, de corta duracin e intermitentemismo, se debe fortalecer la promocin de la necin colectiva, a los actores relevantes y al desde la sindicalizacin. La nueva legislacin tambiser clara en lo referente a formacin y capacitreferirse explcitamente al aumento de la proddad. De igual manera, es preciso perfeccionar elnormativo que rige al sector pblico, haciendo lotes necesarios a la Ley Marco del Empleo Pblicque sea promotora del trabajo decente. Tambel sector pblico existen regmenes especialrecortan los derechos laborales de los trabajy deben ser revisados, como el Rgimen EspeContratacin Administrativa de Servicios (CAS) cre en 2008 para cumplir con requerimientos dcon Estados Unidos pero no ha representado un en materia de derechos laborales para los contrbajo esta modalidad.

Finalmente, es necesario reconocer que ade las polticas econmicas adecuadas y los mnormativos, se requiere de instituciones que pvelar por el cumplimiento de las normas y poSigue siendo insuficiente la dotacin presupefectivamente asignada para garantizar la aplde los dispositivos legales.

Se observa una insuficiencia de las funcionescalizacin, lo cual es principalmente responsabilidMTPE. El poco inters real del gobierno actual en asel empleo adecuado se refleja en el escaso presuasignado al MTPE para cumplir con su rol promotocalizador: menos del 1% del Presupuesto Genera

Propusa

El despidoarbitrario debedejar de estar

protegido por laConstitucin.

La reforma tantasveces postergada

Las inspecciones enresguardo de la seguridad

y salud ocupacional

slo aumentarontemporalmente a 700en 2008, mientras se

negociaba un TLC con

los Estados Unidos, parabajar a menos de la mitad

en el 2009.Apesar del crecimiento econmico y las gran-des utilidades de las empresas, persiste lapobreza, la informalidad, los salarios bajosy el subempleo, as como una gran preca-riedad incluso en el empleo formal. Por ello,

requerimos urgentemente llevar a cabo una serie dereformas institucionales y normativas cuya elaboracininvolucre al Estado, sector privado y trabajadores y quenos acerquen a condiciones de trabajo decente paratodos.

AMPlIAR lA bASeEn primer lugar, las normas que rigen el empleo debendejar de ser producto nicamente del Poder Ejecutivo,como es el caso de los Decretos Leyes y Decretos Legis-lativos. Debe institucionalizarse la participacin del PoderLegislativo y, sobre todo, de las organizaciones de tra-bajadores y empleadores. Para ello, es fundamentalfortalecer la legitimidad del Consejo Nacional de Trabajoy Promocin del Empleo como espacio para el dilogoentre el Estado, los trabajadores y los empleadores conmiras a lograr acuerdos que luego se reflejen en normasque promuevan el trabajo decente.

En la actualidad, el dilogo ha quedado en suspensodada la negativa del Estado de aumentar la remunera-cin mnima en aplicacin del mecanismo de reajusteacordado en forma consensuada. Es necesario que seaborde nuevamente el tema del incremento de la remu-


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Adems de restablecer los derechos laboralesconculcados desde el fujimorismo, es pre-ciso realizar un cambio de fondo al modeloeconmico vigente. Vale decir, se requierede nuevas y mejores polticas de desarrollo

econmico para que puedan rendir frutos las medidasque apuntan directamente al campo laboral. Con ello,se dara sustento a medidas clave como la promocinde la sindicalizacin y la negociacin colectiva, inclusopor rama de actividad; y la recuperacin de una pol-tica salarial activa con aumentos en el salario mnimo.Adems, el establecimiento de un nuevo sistema deseguridad social integral, basado en la solidaridad, querealmente proteja a los trabajadores y sus familias,entre otras medidas.

El modelo neoliberal, asentado en la reduccin de losderechos de los trabajadores y la extraccin de materiasprimas para la exportacin, perpeta una estructuraocupacional insostenible para el bienestar de la pobla-cin. Nuestra insercin a la globalizacin econmicadinamiz los mercados laborales, pero profundiz almismo tiempo los niveles de desigualdad econmica ysocial en la poblacin en general y entre regiones. Anteello, la labor del Estado en materia econmica para alen-tar el empleo decente debe ir mucho ms all de revisarnormas o reducir sobrecostos para crecer.

Un eStAdO FUeRteEl Estado debe asumir un papel activo en la reorienta-cin de nuestro aparato productivo, sin afectar la com-petitividad y principalmente a travs de la promocin dela inversin, hacia actividades con mayor valor agregadonacional que la explotacin y exportacin de materiasprimas, actividades que demanden mayor mano deobra. Existen sectores que son intensivos en el uso demano de obra y en los que la generacin de puestos detrabajo tiene un costo bajo, en especial la agricultura, laagroindustria, la industria manufacturera y el turismo.

Debemos fomentar la industria nacional. Esta reorien-tacin involucra fortalecer la planificacin a nivel nacio-nal y regional, as como estar dispuestos a retomar elpapel empresarial del Estado en sectores clave. Un claroejemplo es el de establecer una industria petroqumicaque permita agregar valor al gas natural, que ahorase vende a precios menores en el extranjero que en elmercado peruano.

De la mano de mejoras significativas en la educaciny salud en todos los niveles para mejorar la calidad dela fuerza laboral, otro factor clave para la competitivi-dad y productividad del pas es la inversin en ciencia ytecnologa, la cual ha sido gravemente descuidada. Lascapacidades en ciencia y tecnologa pueden traducirse en

mayor desarrollo industrial y crecimiento econmico pero,mientras que los pases desarrollados destinan entre1,5 y casi 4% del PBI a la investigacin y el desarrollocientfico y tecnolgico, en el Per se invierte 0,15% delPBI en ciencia y tecnologa. Pases como Chile y Mxicohasta cuadruplican este monto. Adems de promover lainversin privada en investigacin y desarrollo e involu-crar a las empresas y universidades en estos objetivos,el Estado debe jugar directamente un papel importantecomo ha ocurrido en pases como los del Sudeste Asitico.

MS MeRcAdO InteRnOEl desarrollo del mercado interno y la descentralizacineconmica y productiva son tambin objetivos clave aseguir. El xito del actual modelo depende excesiva-mente de factores externos como la demanda por nues-tros productos primarios, sobre la cuales no tenemosningn control. En ese sentido, es necesaria mayor infra-estructura y sobre todo capital humano que promuevauna mayor articulacin con nuestro mercado interno,reduciendo nuestro grado de exposicin al contextointernacional para obtener un tipo de crecimiento msautosostenido. Esto debe ir acompaado de un plan deformalizacin, capacitacin y asesora para Mypes yPYMES y de la promocin de la formacin de encadena-mientos regionales, entre otros objetivos en los que elEstado debe jugar un papel decisivo.

Propusa

Informalessin derechos.

Esta es lasituacin de

la mayora detrabajadores.

Un nuevo modelo econmicopara un mejor empleoLos desafos en el

empleo tienen unadimension de gnero:

la tasa de ocupacinfemenina es muy inferiora la masculina, y el

desempleo femenino(8.7%) es bastante mayoral masculino (6.1%).


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cavs para promovr raao

leA Y cOMente en:www.oramiraa.p

Para mayor informacin sobre trabajo decenvisite http://www.plades.org.pe/

Es urgente que el gobierno nacional que asuma sus funciones en 2011 retome la implementacin de un Plan Nacional de Trabajo Decentealinee las polticas pblicas hacia dicho objetivo. Este compromiso fue asumido por el gobierno de Alejandro Toledo pero no fue cumpligobierno de Alan Garca tampoco ha avanzado en esta direccin, a pesar de que en 2007 suscribi un memorando de entendimiento co

OIT al respecto. En l se comprometi a dar prioridad, en el marco de un Programa Nacional de Trabajo Decente, al crecimiento econcon empleo, al respeto efectivo de los principios y derechos laborales fundamentales, a la mayor eficiencia y cobertura de la protecciny a la progresiva institucionalizacin, a diferentes niveles, del dilogo social.

Con el apoyo de la OIT, el Per present a fines de 2003 una Propuesta de Programa Nacional de Trabajo Decente, 2004-2006 cuyosaspectos fundamentales mantienen vigencia y que, irnicamente, ha estado disponible en el portal del MTPE a pesar de no haber sido pen prctica. Esta propuesta debe ser revisada y actualizada, pero incluye los siguientes ejes de polticas pblicas que siguen siendo clavpara el trabajo decente y que aqu enriquecemos con propuestas de OtraMirada en diversas lneas:

1 Un nuevoenfoque de Polticamacroeconmica yempleo, como partede un cambio delmodelo econmiconeoliberal. Se requerir

implementar una nuevaestrategia que privilegiela creacin de empleos yla formacin profesional,el mejoramiento de losingresos y la reduccinde la desigualdad, elaumento de la coberturade la proteccin social y delos riesgos en el trabajo,reduciendo la pobreza.Esto implica privilegiarsectores competitivos conalta demanda de mano deobra y donde la generacinde empleos tenga un costo

bajo.

3 Diseo e implementacin deunPlan integral de empleo ymejoramiento de ingresosqueinvolucrar a diversos sectores y empiecepor el fortalecimiento institucional delMinisterio de Trabajo y Promocin delEmpleo como principal promotor. Debearticular componentes de polticas depoblacin y migraciones, promocin dela inversin privada, poltica de inversinpblica intensiva en empleo, mejoras enel impacto de los programas de empleo y

los programas sociales, entre otros.

5 Consolidacindel dilogo sociay la negociacincolectiva. Sefortalecer elConsejo Nacional dTrabajo y Promoci

del Empleo parala definicin ypreparacin dela agenda y parala formulacinde propuestas.Se promueveninstancias de dilogentre el Estado,trabajadores ysector privadoen las regiones yprovincias; y sefortalecen lasorganizacionesde empleadores y

trabajadores.

6 Promocin de polticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se adecuar la legislacin a los conveniosratificados y la institucionalidad laboral para promover la igualdad de gnero.

4 Extensin de la proteccinsocial.Empezar por llevar acabo las reformas integralesnecesarias para alcanzarniveles adecuados de calidady equidad tanto en pensiones(asegurando el derecho de todosa una vejez digna medianteun sistema solidario) como ensalud (estableciendo un SistemaNacional que garantice el accesode todos a servicios gratuitos y de

calidad).

2 Promocin de los derechos y relaciones laborales.Se proteger lalibertad sindical y la negociacin colectiva y se promover el fortalecimientoinstitucional de las organizaciones de trabajadores. Se buscar abolir eldespido arbitrario e institucionalizar los aumentos en el salario mnimo.Se debe mejorar la fiscalizacin de la aplicacin de normas, para lo que seadecuar la legislacin a estndares internacionales e incluir la reduccinsustancial de las numerosas observaciones al cumplimiento de convenios por

parte del Per (en temas clave como la libertad sindical, por ejemplo).

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