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Sólo ensayo Antología de jóvenes escritores

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Sólo ensayoAntología de

jóvenes escritores

Sólo ensayo Antología de jóvenes escritores

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Sólo ensayo Antología de jóvenes escritores

Xicoténcatl Martínez Ruiz COORDINADOR

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Sólo ensayo. Antología de jóvenes escritores

Xicoténcatl Martínez Ruiz, coordinador

Primera edición: 2016D.R. ©2016 Instituto Politécnico NacionalAv. Luis Enrique Erro s/nUnidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco,Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07738, Ciudad de México

Coordinación Editorial de la Secretaría Académica Secretaría Académica, 1er. Piso, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Zacatenco,Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México

Diseño y formación: Quinta del Agua Ediciones, S.A. de C.V.Cuidado de la edición: Diana Gutiérrez

ISBN: 978-607-414-527-4

Impreso en México / Printed in Mexico

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Índice

Introducción.Sólo ensayo o las palabras para ver y decir 9

Xicoténcatl Martínez Ruiz

Libertad y expresión a contraluz (ensayo fotográfico) 15Juan Jesús Sánchez Marín

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I. La importancia de la enseñanza científica en la sociedad de la información y la comunicación Dante Virgilio Gómez

II. El conflicto de la dualidad: la fotografía en el arte y la cienciaCarlos Ferreira Palma

III. La riqueza de la argumentaciónClaudia Vianney Islas Díaz

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IV. Análisis de la construcción de argumentos en una actividad experimental en clase de ciencias en primaria 77Diana Berenice López Tavares

V. Un acercamiento a la ciberciudadanía mexicana 93Fermín Ernesto Flores Quiroz

VI. El paradigma de los regímenes democráticos: transición a la democracia sucesiva 115Héctor Alexis Viveros Sánchez

Semblanzas 135

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VIEl paradigma de los regímenes democráticos: transición a la

democracia sucesiva

Héctor Alexis Viveros SánchezEscuela Superior de Comercio y Administración (ESCA)-Tepepan,

Instituto Politécnico Nacional

INTRODUCCIÓN

L˚˚˚˚˚os regímenes democráticos son relativamente jóve- ˚˚˚nes. Después de la Revolución Francesa del 14 de ju-lio de 1789, Francia durante el siglo XIX, regresó a la mo-

narquía bajo el mando de la sucesión Bonapartista. El país de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen —en la que se re-conocen los derechos a la propiedad, igualdad y libertad entre los hombres— pronto tuvo un retroceso.

El siglo XX estuvo marcado por el retorno de los gobiernos autoritarios, despóticos y dictatoriales; el nacionalismo de Adolf Hitler en Alemania, la Italia de Benito Mussolini y España con Francisco Franco, son algunos ejemplos del terror que puede lle-gar a ocasionar la concentración del poder en manos de un solo hombre.

Esta serie de fenómenos, recurrentes a lo largo del mundo, tiene origen en las concepciones sobre el funcionamiento de la democracia,

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como factor de desarrollo social; creando ideas generalizadas o paradigmas que, si bien, han generado mejoras en ciertos grupos poblacionales, a otros los ha conducido a la decadencia.

El término “paradigma” fue acuñado por el científico esta-dounidense Thomas Kuhn y se utiliza para designar los cambios ideológicos por los que ha atravesado la humanidad a lo largo del tiempo. Un paradigma es una idea o concepción aceptada de ma-nera general en una época o espacio determinado.

En este ensayo se plantea la existencia de dos paradigmas acer-ca de la democracia en los regímenes del mundo contemporáneo, para explicar la realidad que se vive en torno a ella, y plantear una propuesta que permita la participación de los jóvenes, quienes son el grupo poblacional determinante para alcanzarla.

Los regímenes democráticos logran este estatus al materializar los derechos y al construir una ciudadanía participativa, con capa-cidad para argumentar e intervenir en los debates públicos. El gran reto en América Latina y México está en construir una ciudadanía que impulse la transformación sucesiva de los sistemas democráti-cos y que sea encabezado por los jóvenes.

VISIÓN PARADIGMÁTICA DE LA DEMOCRACIA:

DIFERIR PARA POSTERGAR

La democracia, como término filosófico y jurídico, fue acuñado en la antigua Grecia, y deriva de los vocablos, demos que significa pue-blo, y kratia, autoridad, que en conjunto dan origen a la definición convencional de la palabra: gobierno del pueblo. Por democracia se entiende al poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

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El paradigma que prevalece en la época contemporánea es el de la democracia diferida: un conjunto de actos que tienen como ob-jetivo aplazar la ejecución de la democracia; ya sea porque limitan el ejercicio de los ciudadanos en los diversos ámbitos donde tie-nen competencia o propician la formación de personas que viven, como lo dice Denise Dresser (2012, p. 27), “esperando la próxima dádiva del próximo político. Esperando la próxima entrega de lo que Octavio Paz llamó ‘el ogro filantrópico’”.

Los regímenes democráticos contemporáneos, como señala Miguel Carbonell (2013, p. 9), se caracterizan por ser “democra-cias constitucionales”, establecidas a partir de una norma rectora o Constitución Política, donde se plasman las decisiones básicas de una comunidad.

La construcción democrática, sin embargo, se ha asociado a la participación de los ciudadanos en los procesos electorales: el ejer-cicio del voto libre y directo. La categoría de ciudadano ha cambia-do a lo largo de la Historia y no siempre ha sido aplicable a todas las personas.

En Atenas durante el siglo V a. C., ejemplifica el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen (2004, p. 14), las mujeres y esclavos eran considerados no ciudadanos, por lo tanto, no podían ejercer el voto. En México, este derecho del género femenino se recono- ció el 17 de octubre de 1953; en esta lógica, hablamos de demo- cracia sólo para la mitad de la población.

Los regímenes contemporáneos deben reflexionar en torno al siguiente cuestionamiento: ¿el acto de materialización del derecho al voto construye la democracia?

Pensar que el voto es el constructor de la democracia, es imagi-narla desde la visión de Amartya Sen (2004, p. 9):

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Como un camino estrecho y restrictivo. [...] En realidad el voto es sólo un medio –aunque ciertamente un medio muy impor-tante– para hacer efectivo el debate público, siempre y cuando la oportunidad de votar se combine con la oportunidad de ha-blar y escuchar sin temor alguno.

El ejercicio del voto es sólo una pieza en la construcción de las bases democráticas sobre las que deben coexistir las naciones en el siglo XXI. El voto no es el único elemento fundacional de la demo-cracia. Pensar que el sufragio la garantiza nos acerca a la errónea conclusión de que los regímenes autoritarios son democráticos por el solo hecho de haber sido electos a través del voto popular.

Desde la perspectiva finalista de los derechos, se considera al ejercicio de las prerrogativas de los ciudadanos como objetivos o fi-nes a los que debe aspirar un régimen u ordenamiento, es decir, su teleología. Estima a los derechos como principios intrínsecamente valiosos que deben ser promovidos como metas (Sen, 2001).

La teleología de los regímenes democráticos del siglo XXI debe-ría de ser la construcción de una sociedad, instituciones y organiza-ciones cada vez más democráticas. La meta del sistema: la creación de una democracia de cuerpo entero. Este fin debe de acompañarse por un conjunto de derechos que sean valiosos para la comunidad, en la medida en que contribuyan al logro de las metas establecidas: un régimen capaz de respetar los derechos humanos y propiciar la creación de una ciudadanía participativa.

El derecho al voto debe de vincularse con otros derechos, por ejemplo: libertad de expresión, manifestación de ideas, reunión para tratar temas relacionados a la vida política del país, derecho a educación de calidad, procesos legales debidamente establecidos,

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formas de participación ciudadana, entre otros reconocidos en convenciones internacionales y promovidos por la Organización de las Naciones Unidas.

En suma, la democracia se robustece en la medida en que las naciones reconocen los derechos humanos, establecen garantías para su protección y se construyen foros para el debate o lo que John Rawls denomina “el ejercicio de la razón pública”. Al respecto, el propio Rawls (1994, pp. 5-6) señala:

La razón pública es característica de un pueblo democrático: es la razón de sus ciudadanos, de quienes comparten una posición de igual ciudadanía. El objeto de su razón es el bien público: aquello que la concepción política de la justicia exige a la es-tructura institucional básica de la sociedad y a los propósitos y fines que las instituciones han de servir.

El ejercicio a través del cual un ciudadano explica una serie de ra-zones o fundamentos que sostienen las acciones realizadas es lo que se denomina en forma técnica como argumentación (Weston, 1999). La argumentación como forma de vida del ciudadano lo transforma en un ser capaz de explicar y entender las razones que dan lugar a los actos propios y los de los otros.

En ese contexto, argumentación y razón pública se constituyen en términos inseparables para la construcción de sociedades y re-gímenes democráticos. La amalgama entre la razón pública, enten-dida como el ejercicio de múltiples derechos, y la argumentación, como un mecanismo para establecer razonamientos, es lo que da origen a la ciudadanía: conjunto de competencias que desarrolla una persona y dispone en beneficio de la colectividad.

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La ciudadanía, por lo tanto, se construye. En diversos países del mundo se han emprendido importantes esfuerzos para construir ciudadanía y favorecer las bases democráticas de regímenes, donde la transición política se está viviendo o aconteció con la llegada del nuevo milenio.

La idea de construcción de ciudadanía tiene una lógica que debe de ser vista desde dos ópticas; desde una mirada pragmática, los re-gímenes en los que la democracia se convirtió en forma de gobierno han logrado una mayor estabilidad institucional, aumento en el cre-cimiento económico y combate eficiente a la corrupción. Por otro lado, desde una visión dogmática, la democracia debe de ser ob-servada como una forma de gobierno encumbrada por la mayoría.

Ambos panoramas pueden observarse en América Latina y Mé-xico, sociedades emergentes, donde la construcción de ciudadanía se ha focalizado en la población juvenil. Los jóvenes latinoamerica-nos son el grupo preponderante, por lo que se han posicionado no sólo como el futuro de los regímenes, sino también el presente, y en cierta medida, el pasado.

La construcción de ciudadanía depende de una serie de facto-res que se relacionan con dos elementos básicos: una determinada autonomía de las personas y la integración de éstas a la comunidad política. Como señala Sandoval Moya (2003, p. 33): “la ciudadanía se construiría en tanto categoría conceptual, a partir de significa-dos, narrativas y discursos que se proponen estabilizar o transfor-mar su significado en los distintos momentos históricos”.

La autonomía, en tanto categoría conceptual, se entiende como la capacidad ciudadana de gestión para establecer, por medio de organizaciones, los intereses de determinada comunidad política. Esta autonomía debe de ser acompañada por una narrativa que es-

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timule las capacidades de los ciudadanos y garantice la libertad de participación social.

La autonomía es un elemento fundamental en las organizacio-nes políticas, ya que propicia el crecimiento de los ciudadanos, de-sarrolla competencias con significado en la comunidad y establece los medios para propiciar el desarrollo social. El carácter autónomo de la ciudadanía debe lograrse en un marco de libertades que per-mitan al individuo participar en las actividades sociales y políticas, dando origen al debate público de la razón.

La integración de los ciudadanos a una comunidad política, como categoría conceptual, genera un sentido de pertenencia, esto es, la existencia de un sistema incluyente para todas las personas que la conforman, sobre la base de la igualdad y equidad. La narra-tiva discursiva, en esta categoría, se sustenta en la existencia de un modelo de derechos y obligaciones capaz de brindar protección a las personas.

El modelo para construir ciudadanía en las sociedades moder-nas, según Marshall, integra tres tipos de derechos: civiles, políticos y sociales. Dentro de los derechos civiles se encuentra el conjunto de facultades que tienen los miembros de la comunidad política, por ejemplo: libertad de expresión, asociación, pensamiento o de-recho de propiedad. (Sandoval Moya, 2003).

Los derechos políticos, en cambio, se vinculan a la facultad de ser electo y elegir representantes populares, es decir, participar en las decisiones políticas de la comunidad. Finalmente, los derechos sociales, contemplan la capacidad del modelo de garantizar seguri-dad y bienestar económico, logrando la integración social.

La categoría conceptual y narrativa de ciudadanía tendría que estar garantizada por la autonomía para ser capaz de lograr la

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integración ciudadana. La integración como forma de participa-ción debe de plantear en la ciudadanía la capacidad para poner a disposición de la comunidad política el conjunto de competencias que ha desarrollado a lo largo de la vida y para la vida.

En la medida en que los ciudadanos se integren a la comunidad política, bajo un modelo esencial de derechos y obligaciones que brinden la protección y garantías de libre participación, la socie-dad podrá abrir los foros o escenarios que permitan el debate de la razón pública. Asimismo, en este modelo de autonomía e integra-ción, la comunidad podrá interrelacionarse, dando lugar a mejores condiciones de vida.

Por consiguiente, cuando se habla de fomentar o propiciar la construcción de ciudadanía en los jóvenes contemporáneos, debe-mos antes realizar un análisis de la situación a la que se enfrentan en la actualidad, a partir de criterios de autonomía o integración en la comunidad política.

En México, las cifras establecen la predominancia de la comu-nidad juvenil:

De acuerdo a las Proyecciones de Población 2010–2050 del Consejo Nacional de Población, actualizadas en abril del pre-sente año, en México viven 37.9 millones de jóvenes, cifra su-perior en 1.8 millones a la registrada por el Censo de Población y Vivienda 2010 (Instituto Mexicano de la Juventud, 2013).

El informe “Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México”, elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud (2013), arroja datos que son de utilidad para este análisis, en relación a tres indi-cadores: empleo, estudio y participación política.

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ӽ Respecto al empleo, el informe señala que la proporción de jóvenes trabajadores, en relación con el total de empleados disminuyó de 34.6% a 30.7%, es decir hubo una caída de casi 4 puntos porcentuales en los últimos ocho años.

ӽ La cantidad estimada de jóvenes que ni estudian ni trabajan, cita el informe a la Encuesta Nacional de Juventud 2010, es de 7.8 millones, es decir, dos de cada diez jóvenes entre 12 y 29 años. Cabe destacar que tres de cada cuatro son mujeres (5.9 millones), de éstas el 57% realiza quehaceres domésticos y reciben manutención por parte de su pareja.

ӽ En las conclusiones del informe se resaltan los resultados de la Encuesta Nacional de Valores Juveniles, donde el 86% de los encuestados manifestaron interesarse “poco o nada” en la política; el 45.2% no se identifica con partido polí- tico alguno; el 26% participa en política “cuando es obliga-ción”, mientras que el 20.3% “cuando se tiene información y responsabilidad”.

ӽ Se señala la inexistencia de mecanismos que permitan eva-luar de manera objetiva la calidad de la educación recibida por los jóvenes mexicanos; lo que implica revisar los planes y programas educativos, para satisfacer la demanda del mer-cado laboral.

La interpretación de los resultados citados plantea un panorama desolador. En México el empleo para los jóvenes se ha reducido en los últimos ocho años; el 20% de los jóvenes no tiene empleo o ha abandonado los estudios, y de esta cantidad, el 75% son mujeres. Una sociedad que no ha logrado integrar a los jóvenes a la diná-mica del país.

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Es posible que la desintegración de la juventud en la comunidad justifique la convicción existente respecto a la política, los parti-dos políticos y el sistema electoral. Sólo este sentimiento puede ser causa del pesimismo persistente: la mayoría desinteresada en la po-lítica, dejando en manos de los políticos lo que a ellos les corres-ponde construir.

La desintegración, y sólo ello, hace razonable para los jóvenes en México identificar a la participación política como una obliga-ción. Mientras que la participación en la construcción democrática no la asocian con un derecho fundamental, una idea por la cual han muerto y luchado tantos, una prerrogativa que no debemos dejar de gozar.

Existe un indicador de suma importancia que permite entender, justificar y transformar todo este panorama, logrando la autono-mía e integración de los jóvenes a la democracia y la construcción de una ciudadanía participativa, ese indicador es la educación. El sistema educativo debe fortalecerse, a partir de la elaboración de políticas públicas, en las que la autoridad gubernamental desarrolle planes de estudio y reformas de fondo, que sacudan el modelo edu-cativo y lo perfeccionen. Un modelo educativo capaz de construir la clase de jóvenes que el país necesita, en el que se aplique lo conside-rado por Jean Piaget como el objetivo principal de la educación: la formación de personas críticas, capaces de crear cosas nuevas.

El panorama planteado no es exclusivo de México, el fenóme-no se repite en proporciones semejantes en toda América Latina; el número de jóvenes es cada día mayor, pero también, estos se encuentran cada vez más desinteresados en los acontecimientos públicos, desvinculados de lo que sucede en las comunidades a las que pertenecen.

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Estos indicadores son una muestra de que el enfoque sobre la democracia en América Latina y México es erróneo; existe la ne-cesidad de transitar hacia un nuevo paradigma, el cual debe po-sibilitar la inclusión de los jóvenes a la comunidad política, cuya teleología sea alcanzar un sistema de derechos.

TRANSICIÓN HACIA LA MATERIALIZACIÓN DE DERECHOS:

DEMOCRACIA SUCESIVA

El paradigma que se propone es la democracia sucesiva, el cual emplearé para referirme a ésta como un proceso constructivo, in-tegrado por un catálogo de derechos fundamentales y garantías, capaces de materializarse en niveles para la construcción del debate público.

La democracia sucesiva implica, para los regímenes democráti-cos, establecer como teleología ciertos niveles de progresividad que permitan alcanzar el conjunto de derechos: materializando realida-des universales para los ciudadanos. Las bases para el logro de una democracia sucesiva son: la suma entre derechos fundamentales y garantías para su protección, establecidos en la Constitución Política.

El término de democracia sucesiva establece una construcción paulatina o por niveles; las razones lógicas que sostienen esta pos-tura, se fundamentan en la concepción finalista del sistema jurídico nacional: convertir a través de la democracia derechos constitucio-nales en realidades tangibles. Ésta sólo puede alcanzarse en la me-dida en que el catálogo de derechos coexista materializado en la creación de una ciudadanía capaz de realizar debates públicos, sin temor a la manifestación de argumentaciones.

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Los países cuyas democracias son incipientes o están en periodo de fortalecimiento han cometido el error de creer en la democra-cia como una consecuencia de establecer normas constitucionales, donde se reconoce la existencia de un régimen o poder de mando democrático.

Esta idea errónea ha creado democracias diferidas, cuya ideolo-gía institucional propicia el estancamiento del régimen, es decir, el statu quo; en este sistema nada cambia porque se está mejor que en el autoritarismo, el despotismo o la monarquía.

Es necesario transformar los paradigmas relacionados con los procesos democráticos y adoptar la democracia sucesiva. Este plan-teamiento resulta la forma más viable para que los países aspirantes a transformar la democracia en una realidad puedan alcanzarla.

Los fines establecidos en la Constitución Política por los ciu-dadanos deben analizarse con base en criterios o indicadores, que permitan la medición de la materialización del catálogo de dere-chos constitucionales. Por ejemplo, en regímenes democráticos en los que el derecho humano a la salud es reconocido como derecho constitucional, éste debe de medirse a partir de los siguientes indi-cadores: número de pobladores con acceso a los servicios médicos, número de hospitales en determinado terreno geográfico y nivel de calidad en los servicios ofertados a los usuarios, entre otros.

El derecho a la educación es un ejemplo más ilustrativo, consi-derado por López y Gentile (2008, pág. 8) como un “ingrediente central para que los individuos puedan desarrollar todo su poten-cial, sus capacidades y habilidades, se espera así que sea el vehículo que facilite la movilidad social”.

La importancia de materializar el derecho a la educación es evi-dente; debe de ser medido con base en indicadores que consideren:

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índice de analfabetismo, tasa de matrículas en la educación básica, media superior y superior, incremento en el grado de escolaridad promedio, producción de conocimiento científico, pertinencia y cobertura, entre otros.

Si un país inicia en “A”, entendida como el establecimiento de un régimen autodenominado democrático, debe de transitar por “B” y “C”, considerados como un conjunto de derechos materializa-dos, para poder llegar a “D”, es decir, para lograr la democracia. Al proceso que sucede entre el punto “A” y “D”, es lo que denomino: democracia sucesiva (véase figura 1).

El eje central del paradigma de la democracia sucesiva se en-cuentra en la materialización de los derechos fundamentales reco-nocidos en la Constitución política; ésta debe de ser progresiva, lo que significa ampliar la gama de derechos, momento a momento.

En mi propuesta, la materialización de los derechos en una democracia sucesiva se realiza en cinco niveles que consideran: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento

Derechos y garantías para la protección

(Constitución Política)FASE A

Régimen democrático por autodenominación,

garante de Derechos Humanos.

La ciudadanía logra la materialización

de derechos FASE B

Derechos logrados de tipo civil, políticos y sociales. Deben ser

progresivos.

Medición de �nes constitucionales

FASE CMedición a través de

indicadores del grado en que los �nes y metas constitucionales se han

logrado materializar. Deben ser continuos.

DemocraciaFASE D

Establecimiento del régimen democrático, máxima cobertura de

derechos, medidos mediante indicadores de desempeño social, económico y cultural.

Figura 1. Estructura de la democracia sucesiva. (Elaboración propia)

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y autorrealización. Para tal fin, he realizado una adaptación a la pirámide propuesta por Abraham Maslow (véase figura 2), en la que se resumen la necesidades humanas y su vinculación con los sistemas democráticos, con tal de garantizar la aplicabilidad y la materialización de los derechos.

El primero de los cinco niveles corresponde a las necesidades fisiológicas, consideradas básicas para el desarrollo de la vida hu-mana, y se relaciona con la materialización de derechos como: ali-mentación, vivienda digna, salud y empleo. El conjunto de derechos necesarios para salvaguardar la vida como bien jurídico tutelado.

Las necesidades de seguridad corresponden al segundo nivel, y se vinculan con las garantías de seguridad jurídica, mismas que obligan a la autoridad ante el ciudadano; se materializan a través de

Determina-ción de niveles

de desempeño y competencia (indicadores).

Autorrealización

Propuesta argumentativa y participación ciudadana

como actores protagónicos.Necesidad de reconocimiento

Construcción de una ciudadanía participativa y activa

en los debates de la razón pública.Necesidades sociales

Satisfacción de necesidades básicas en los miembros de la comunidad política,

alimentación, vivienda, vestido, calzado, salud, etc.Necesidades �siológicas

Creación y mantenimiento del orden dentro de la comunidad; tribunales judiciales, procedimientos establecidos, mecanismos de protección;

derecho a educación de calidad, derechos políticos, etc.Necesidades de seguridad

Figura 2. Adaptación de la pirámide de necesidades humanas propuesta por Maslow. (Elaboración propia)

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tribunales de justicia eficientes, el respeto al debido proceso legal, normas expedidas con anterioridad mediante el proceso legislativo; así como educación de calidad, derechos políticos, entre otros.

El tercer nivel corresponde a las necesidades sociales e implica la participación de los miembros del grupo social y la creación de ciudadanía. Este hecho convierte a los ciudadanos en sujetos par- ticipativos, creadores de la democracia y no en exclusivos especta-dores de la partidocracia.

El cuarto nivel corresponde a las necesidades de reconocimien-to, lo que llamo participación con sentido. Los ciudadanos se con-vierten en sujetos protagonistas del debate público, a través de pro-puestas argumentativas, se incrementa el nivel de participación y se logra reconocimiento social.

Finalmente, el quinto nivel incluye las necesidades de autorrea-lización, que representan para los ciudadanos la democracia en sí; medida a través de indicadores de desempeño y competencia. Esta evaluación podrá señalar las áreas de oportunidad que favorezcan la participación ciudadana y el mejoramiento en las condiciones de vida para la comunidad.

La democracia sucesiva tiene una gran utilidad en los regímenes que están en la transición política o con democracias incipientes, de-bido a dos razones. En primer lugar, los regímenes democráticos deben de crear ciudadanía y ésta surge a través de un proceso en el que intervienen diversos derechos fundamentales que son medidos por indicadores de desempeño. En segundo lugar, el establecimien-to de metas, obliga a la rendición de cuentas de los funcionarios de gobierno, lo que constituye un ejercicio esencial en la democracia.

Los jóvenes deben de tener una participación preponderante en la construcción de un modelo democrático sucesivo; porque la

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democracia se convierte en un fin alcanzable bajo este paradigma y el propio proceso para la construcción de ciudadanía exige un crecimiento gradual.

El primer factor que influye en la construcción de ciudadanía en los jóvenes es la capacidad del Estado para garantizar los me-dios de subsistencia: la satisfacción de las necesidades fisiológicas. En el siguiente nivel, donde se analiza la materialización del dere-cho a educación de calidad, en América Latina y México, surge un gran problema; los sistemas educativos no cumplen con los pará-metros de cobertura y pertinencia, además de que existe una gran cantidad de analfabetas funcionales.

Al respecto, los países latinoamericanos deben de implementar una reforma educativa que reestructure el modelo de enseñanza, capacite a la planta docente y realice una revisión exhaustiva de los programas de estudio. Ésta surge sobre la base de los cuatro pilares de la educación que la UNESCO acuñó en la obra de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro: aprender a conocer, aprender a ha-cer, aprender a ser y aprender a convivir.

La educación de calidad propicia en los jóvenes el pensamiento crítico: acto reflexivo sobre el que se duda de la existencia de verdades absolutas y se busca llegar a la parte central de los proble-mas. Sólo mediante este ejercicio intelectual, la juventud contem-poránea puede identificar la relevancia de participar y contribuir en el desarrollo comunitario.

La tendencia educativa en la actualidad es la Educación Basada en Competencias (EBC), consistente en el desarrollo de un conjunto de competencias que permite la realización de una persona en los diversos ámbitos de su vida. La EBC es parte fundamental de la re-forma educativa en los países de América Latina, no sólo en la letra,

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sino también en la implementación. Aunque este modelo educativo se ha impulsado en México desde la primera década de este siglo, no ha logrado materializarse del todo en las aulas de clase, pese a la utilidad que pudiera tener en la construcción de ciudadanía.

En el modelo educativo basado en competencias, los jóvenes pueden reflexionar sobre la función de una Constitución Política dentro de su país, los acontecimientos en lo que puede ser de uti-lidad y la importancia de conocerla. En México, los jóvenes des-conocen la Constitución Política, y, como es evidente, no pueden exigir el cumplimiento de lo que ignoran.

Los ciudadanos sólo pueden ver materializados los derechos hu-manos y las garantías, en la misma proporción que son partícipes del debate de la razón pública; la participación, entonces, les exige conocer sus derechos y ser capaces de construir argumentos para sustentar la exigencia del cumplimiento.

¿Cómo pueden exigir los jóvenes algo que desconocen?, sirva esta pregunta retórica para señalar el despropósito de quienes pien-san que la ciudadanía puede florecer en la ignorancia. La relación ciudadano-gobierno se equipara a la existente entre el alumno-pro-fesor. ¿Cómo puede el alumno exigir al profesor una calificación aprobatoria en determinada materia?: al demostrar el dominio del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores reque-ridos en ésta.

¿Qué es aquello que necesita conocer un ciudadano?: la Consti-tución Política que da origen al régimen, el pacto donde se estable-cen el conjunto de intereses, valores, principios y derechos que une a la comunidad política.

En una encuesta realizada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco durante el 2007, aplicada a una muestra conformada en su mayoría

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por estudiantes de licenciatura, en la que se pretendió medir el ni-vel de conocimiento sobre la Constitución Política de México, se demostró que “no conocían en casi un ochenta por ciento la Cons-titución” (Covarrubias Dueñas, 2010).

Dentro de los resultados de este estudio, destaca que el 74% de los encuestados dijo conocer la Constitución, pero sólo el 33% acer-tó en señalar que contiene 136 artículos. Asimismo, el 36% mani- festó conocer la parte dogmática (derechos y garantías), pero otro porcentaje mayor al 20% enunció derechos fundamentales, mismos que en estricto sentido, constituyen el capítulo dogmático. Final-mente, respecto a las razones del incumplimiento de la Constitución, el 22% señala que se debe a la cultura de incumplir con las normas, mientras que otro 20% lo asocia a la corrupción.

La Constitución Política es el acta de nacimiento del Estado de-mocrático; el contenido que la conforma debe de ser conocido y entendido por los ciudadanos, para que estén en posibilidades de cumplirlo; porque sólo en el conocimiento se puede desarrollar el debate de la razón pública.

La educación es un elemento fundamental en el crecimiento de las democracias sucesivas porque a mayor desarrollo educativo se incrementa la participación ciudadana en ejercicios o debates pú-blicos, impactando el grado en que sus argumentaciones pueden exigir la rendición de cuentas.

La democracia es una puerta que se abre con múltiples llaves, algunas de éstas son: conocimiento crítico, argumentación basada en la razón, inclusión de los jóvenes en el mercado laboral, perte-nencia a sistemas educativos de calidad, creación de espacios para desarrollo de potencialidades. Por lo tanto, la democracia es un pa-raje donde se protegen todos los aspectos de la vida.

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¿Qué descuida el Estado cuando ignora a los jóvenes?: descuida al régimen, porque al menos en América Latina y México, el Es- tado son los jóvenes: pasado, presente y futuro. La misión de los regímenes contemporáneos es transitar hacia una democracia suce-siva, para que las juventudes de América puedan alcanzar el pleno desarrollo y la felicidad… ¿Acaso no es la felicidad de los ciudada-nos la razón de ser de los regímenes democráticos? Y más aún... ¿No debería de ser la facultad real de participación de los ciudada-nos a base de los regímenes democráticos?

La democracia no es una receta mágica que cambia a los países, es un mecanismo para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Los países en el mundo tienen frente a sí dos opciones: poster- gar los problemas o convertir en realidad los derechos fundamen-tales. En esa decisión radica el futuro y la riqueza de las naciones.

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Sólo ensayo. Antología de jóvenes escritoresImpreso por Drokerz Impresiones de México.Se utilizaron tipos Minion Pro, Andale Mono,

Myriad Pro y Snell Roundhand. 500 ejemplares, mayo de 2016.

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