Situación Mundial Primeros pasosDICIEMBRE DE 2007 En este número Situación Mundial El sistema...

REVISTA MENSUAL

DICIEMBRE DE 2007

AÑO VI • Nº 90

2 PESOS

ISSN 1669-9122

Situación Mundial

Primeros pasos de la “Nueva Europa”

América Latina

Tensión de fuerzas en Bolivia anuncia ruptura en el nuevo "Estado Social Comunitario"

Argentina

De cara al pacto social, contradicciones cada vez más profundas

REVISTA MENSUAL DICIEMBRE DE 2007

AÑO VI • Nº 90 ISSN 1669- 9122

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Inés Van Peteghem, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz. Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12) Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected]

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En este número

Situación Mundial El sistema capitalista precisa, cada vez más imperiosamente, sacudirse todas aquellas superfluosidades que afectan la permanente reducción del tiempo en el cuál el capital se reproduce. “Time is money” reza el adagio que, desde la aparición de la necesidad de medirlo y segmentarlo, no dejó de ganar vigencia. Pero lo que es norma para el conjunto, en este caso, no lo es para todas sus partes. La reducción del tiempo utilizado en la reproducción de la vida social, que debería traer en su seno la semilla de la emancipación humana de la dureza, la rutina y todas las cualidades negativas del trabajo en su forma actual, no encuentra un cauce eficiente de optimización. El resultado es que el conflicto desatado por su reparto resulta, en sí mismo, en su desperdicio y dilapidación. Sólo un accionar cada vez más consciente de las masas permite que se reduzca este contrasentido, quizás partiendo de una perfectible redistribución más amplia de ese patrimonio de la humanidad toda. 4 Primeros pasos de la “Nueva Europa” 6 Condición necesaria: el eje “París-Berlín-¿Londres?” 10 Condición suficiente: la grasa de las capitales (Madrid-Roma-Varsovia) 13 EE.UU., de la crisis a la salida

América Latina La región sigue desandando a su modo, y cada cual según su propio paso, los años de la hegemonía neoliberal. Las crisis y las luchas sociales que florecieron en cada país complejizaron un mapa político antes monocolor. Conviven conflictivamente todo un arco de estrategiaas quizá sintetizables como distintas opciones para la integración regional: mediante el librecomercio (el difunto ALCA y los TLCs como herederos), mediante principios de solidaridad (el ALBA), o bien combinando contradictoriamente elementos de ambos. Los sucesos en Bolivia, en torno a la aprobación de la nueva constitución, muestran el choque entre las estrategias opuestas, bajo la forma de dos modelos de país diferentes sostenidos por dos regiones que van en dirección a un enfrentamiento armado abierto. También la 17º Cumbre Iberoamericana nos mostró ese mismo choque bajo otras formas. 16 Bolivia: El “ir hacia atrás” de la oposición en el camino del cambio. O “el caminar” con la unidad de Indígenas, Campesinos y Obreros. 20 Los efectos de la XVII Cumbre Iberoamericana en la esfera regional: algunos cami-nos anunciados cada vez más pronunciados

Argentina Se inicia un nuevo período de gobierno para el oficialismo. El personal político electo ha convocado a un pacto social que acuerde la profundización del esquema de política económica oficial. Los invitados son los representantes de los intereses del capital y, muy significativamente, las expresiones del movimiento obrero organizado. Mientras un sector del capital requiere disponer de la renta agraria para acrecentar su acumulación y ser, en teoría, competitivos, los trabajadores exigen, en alianza con un sector de los pequeños capitales del campo y la industria, la realización de una constituyente social que en rigor instaure un nuevo esquema general de distribución de la riqueza. Ahora bien, el profundo grado de polarización y tensión existente en la sociedad, en el marco de la irresuelta crisis política desatada de manera furiosa en 2001, pone en duda la pretensión oficial de pactar. 25 La difícil tarea de constituirse en oposición única 27 En torno al pacto social: entre el peor de los mundos y la distribución de las riquezas 32 Defensa: el doble movimiento de desguace y redefinición estratégica

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Situación Mundial

La crisis financiera aún no se ha diluido completamente. Los pronósticos predominantes pre-anuncian una posible recesión para el 2008 en las principales economías del mundo. Explícita-mente, hablan de que las disrupciones en el sistema financiero podrían llegar a afectar, final-mente, a la “economía real”. Así y todo, siempre existen mecanismos de reanimación desde la esfera monetaria, pero al parecer aún no es el momento de implementarlos: en caso de hacerlo, se corre el riesgo de incrementar la “exhuberancia irracional” sin cambiar las condiciones de re-parto de esa masa artificial. Por ende, las consecuencias pueden ser las mismas que se buscaban resolver pero en un grado incrementado. El momento álgido de la crisis parece haber pasado, y aunque los mercados aún no han retomado el ritmo normal, ya se ha efectuado el balance de los efectos principales de la misma. Se ha transparentado la situación financiera, antesala necesaria para el reparto de los costos. En el número anterior, establecimos la relación entre esa crisis y el esquema productivo global analizando principalmente a EE.UU. y China, y suponiendo a La Unión Europea como parte del primero. Sin embargo, en rigor, la confluencia de intereses no es unívoca, aún cuando en términos generales estén guiados por las mismas necesidades. Dedi-caremos este Análisis... a Europa, vacilante entre la integración atlantista y la creación de condi-ciones para moverse con relativa autonomía. Intentaremos extraer algunas conclusiones acerca de cómo la UE se plantea la resolución de la reciente crisis, que no es otra cosa que sentar las bases que regirán el ciclo ascendente. Dicho ciclo aguarda esas mismas condiciones para co-menzar a transcurrir, aunque, por supuesto, el tiempo de espera es limitado. En ese sentido, el bloque europeo debe salir de su letargo para poder usufructuarlo de mejor manera, al ritmo de decisión actual es probable que la próxima crisis lo encuentre muy poco preparado para evitar absorber una parte importante de las consecuencias de los desequilibrios intrínsecos del siste-ma.

Primeros pasos de la “Nueva Europa” En el Análisis... Nº 84 abordamos la situación política

europea y las perspectivas políticas en EE.UU. Descri-bimos la persistencia del electorado del viejo continente a elegir gobiernos identificados con la centro-derecha o inclusive con la derecha. Del análisis de los gobiernos de los 27 países que integran la UE, 15 pertenecen a ese signo, 7 son de coalición entre centro-izquierda y cen-tro-derecha y los restantes 5 se identifican con la cen-tro-izquierda. Asimismo, entre estos últimos se encuen-tra el Reino Unido, cuyo laborismo es una formación política un tanto excepcional como para incluirla en ese grupo, e Italia, donde la perenne fragilidad de los go-biernos otorga a la coalición centroizquierdista poco margen de maniobra. En los escasos 6 meses transcu-rridos desde ese momento, la UE parece haber salido del letargo en que había entrado luego del fracaso en la aprobación de la Constitución Europea. El punto de quiebre fue, al parecer, la asunción de Sarkozy en Fran-cia. A tal punto ha llegado el envión, que en octubre se logró un acuerdo intergubernamental para impulsar el Tratado de Lisboa, una especie de constitución atenua-da. Cabe preguntarse cuáles son las implicancias de un acuerdo semejante en un momento de predominio de la centro derecha en los gobiernos que componen el blo-

que. Analizaremos lo acontecido en Lisboa, para luego centrarnos en la situación de algunos países que resulta importante describir.

Lisboa: nueva estrategia para alcanzar la Europa del Capital

La Constitución Europea que fuera diseñada para ser aprobada por los estados miembros, fue abandonada como proyecto para la UE luego de la rotunda derrota de los plebiscitos en Francia y Holanda. En junio de 2005, quince días después de que el No se impusiera en esos países, las autoridades de Bruselas decretaban una pausa para reflexionar acerca del camino a seguir para conformar un gobierno. La constitución era una táctica para imponer en bloque, uniformemente, directivas congruentes con la Ronda de Doha: una Europa dise-ñada en función de las necesidades primordiales del ca-pital. La misma establecía las formas que adoptaría un “megaestado” (bandera, himno, Carta de derechos, y, fundamentalmente, la noción de que el ordenamiento legal de cada uno de los estados debía subordinarse a la legislación europea).

El fracaso en Francia, estado del cual suele provenir el impulso político del bloque, paralizó la iniciativa. Re-

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cién este año, las crisis financieras que afectaron en buena medida al continente por su dependencia de los mercados e instrumentos financieros norteamericanos, sacudió la modorra de las autoridades europeas. La in-tervención del Banco Central Europeo para resolver el problema de liquidez financiera puso nuevamente sobre el tapete el accionar de las instituciones del bloque sin un soporte normativo unificado y coherente. Las rela-ciones de fuerza entre 27 países diluye la capacidad real de intervención de los países de más peso. “Entre los Veintisiete (…) hay cuestiones internas europeas que dividen a los miembros, como qué debe hacer el Banco Central Europeo, la reforma de la Política Agrícola Común, las negociaciones comer-ciales de la Ronda Doha y el nuevo proteccionismo, o la seguridad energética, pues, pese a las buenas palabras, una política común de energía no va a ver la luz en un futuro previsible. Cada cual pone, sin disimulo alguno, el interés nacional por delante del euro-peo. Aunque avanza calladamente la Europa militar, la política -lo que se dice política- europea falta y en ese vacío surge esa na-cionalización que, previsiblemente, no dará resultados, pues nin-guno de estos países se basta ya por sí sólo para pesar en el mun-do” (EP 22/10). Ante el estancamiento de la Ronda Doha y el fracaso de los intentos por conquistar merca-dos mediante negociaciones bilaterales (UE-Mercosur), se impone la necesidad de insistir en la consolidación de un “mercado europeo”. De cualquier modo, la consoli-dación de la UE a esta altura pasa a ser una condición que mejora las probabilidades de articular con éxito la expansión del libre comercio antes mencionada.

Pero el punto de partida toma nota de la lección (o la paliza) propinada por el electorado francés. La cons-trucción europea “a diferentes velocidades” – que la ini-ciativa se cristalice mediante acuerdos limitados a los es-tados supuestamente más comprometidos con el proyecto pan-europeo -preconizada por Chirac luego de la derrota, es retomada. Paradójicamente es el gobierno francés el que aparece en este momento como la gran esperanza reformadora, aunque luego del esfuerzo reali-zado para alcanzar un acuerdo por parte de la presiden-cia alemana de la UE, que finalizó a mediados de este año. El 18 y 19 de noviembre se alcanzaron los acuer-dos preliminares para la firma del Tratado de Lisboa, cuya firma los gobiernos fijaron para el 13 de diciembre. El tratado deberá ser ratificado por los países a más tar-dar para fines de 2008.

La elaboración del tratado fue a nivel de cúpulas, en una Conferencia Intergubernamental, dejando afuera de su elaboración tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales. Salvo Irlanda (e Inglaterra si prosperan los intentos de los conservadores y un grupo de laboristas) ningún gobierno prevé someter su apro-bación a plebiscito. Es decir, ante el trauma del fracaso constitucional, los gobiernos de la UE han optado por excluir a las poblaciones del debate. Es muy probable que eso no haga más que acentuar la creciente deslegi-timación de la UE.

El menú de la “cocina” de Lisboa El texto no es una constitución, sino un simple trata-

do que subsume y modifica los tratados precedentes. No hay referencias a los símbolos del “megaestado” (bandera, himno), pero conserva todas las estipulacio-nes refrentes a la construcción de la “Europa del Capi-tal” (entre sus objetivos figura el asegurar una “competen-cia libre y no falseada” y la “circulación ilimitada de capitales y servicios”). Mientras la Constitución presentaba a la UE como “Unión de estados y ciudadanos”, en el tratado el término “ciudadanos” ha desaparecido. Aparece una vaga mención a la tan publicitada “Carta de derechos fundamentales”, aunque sus disposiciones no se men-cionan. Esto responde a concesiones necesarias que in-volucran a diversos países, entre ellos dos que aborda-remos luego: Polonia e Inglaterra. El primero, porque se opone a la ley de divorcio y a los derechos para las mi-norías sexuales. El segundo, para que pueda continuar con sus acciones antiterroristas e inmigratorias sin tener que ejercer explícitamente su excepción.

Entre las principales medidas que incluye interesa re-saltar las siguientes: • Medidas para conformar un “ejecutivo” estable:

habrá un presidente del Consejo Europeo, con mandato de 30 meses, renovable por un período. En política extranjera, la UE tendrá un “Alto Re-presentante”, que será vicepresidente de la Comi-sión del Ejecutivo y tendría los medios para actuar. Se otorga mayor peso al Eurogrupo, foro informal de coordinación de políticas económicas de los miembros del euro. Entre otras cuestiones, podrá dirigir sus advertencias a los Estados que no se sus-criban a los señalamientos establecidos.

• Criterio de aprobación de las decisiones que se to-man en el Consejo Europeo: el voto de la mayoría cualificada (55% de los Estados miembros que re-presenten al menos el 65% de la población de la UE y provengan de al menos 14 Estados miem-bros) reemplazará el voto por unanimidad que hasta el momento actuó como bloqueo. Pero se establece una “salida de emergencia”, mediante la cuál los es-tados se reservan el derecho a no aplicar temporal-mente la legislación europea. Además, Las propues-tas legislativas serán transmitidas a los Parlamentos nacionales, que podrán contestarlas. Es decir, no están obligados a aceptarlas. Esta cláusula fue im-puesta para que Inglaterra y Polonia acepten firmar el tratado “Para responder al problema de Polonia, los 27 jefes de Estado y de Gobierno debieron agregar al tratado una declaración que detalla el mecanismo que permite a pe-queños grupos de estados postergar decisiones de la UE, juz-gadas como contrarias a sus intereses vitales. Se ha pre-visto en la declaración que esta decisión sólo podrá ser revocada por un llamado unánime de los Esta-dos miembros” (AFP 19/11).

Es evidente que el Tratado no hace más que consa-grar las relaciones de fuerza como el mecanismo que di-rimirá los conflictos entre los estados miembros de la

6 Condición necesaria: el eje “París-Berlín-¿Londres?”

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UE. La flexibilidad se justifica: “La opacidad del nuevo tra-tado no es un accidente, es su razón de ser. No habiendo podido persuadir a los votantes mediante consignas de una sinceridad in-usual (la constitución original declaraba que las leyes de la UE tenían primacía por sobre las nacionales), los líderes europeos in-virtieron su estrategia: abarrotar con una larga lista de innovacio-nes y de enmiendas un texto legal ilegible. El objetivo fue elaborar un documento que se podía presentar como apenas otro tratado de la UE, enmendando los anteriores. Lo que permite que se consi-dere conveniente para su rápida ratificación, la decisión de los par-lamentos nacionales (se ha establecido el principio de 2009 como plazo tope), sin la necesidad de riesgosos referéndums” (TE 25/10). Observando las situaciones particulares, tene-mos a Italia, que obtuvo un asiento más en el Parlamen-to y a Polonia que se le permitió conservar hasta 2014 los otorgados en el Acuerdo de Niza. Pero aún más des-tacados son los casos de España e Inglaterra.

El primero, si bien deja de recibir los fondos de com-pensación, “el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, concluyó el Consejo de ayer doblemente satisfecho. En primer lugar, porque los 27 habían aprobado el Tratado reforma-do que sacará a la UE del punto muerto provocado por el fracaso de la Constitución europea. Pero también, ‘muy especialmente’, porque España ‘va a ganar cuatro europarlamentarios’ en el nue-vo reparto de escaños acordado en Lisboa. ‘En Niza, fuimos los

que más perdimos y ahora España es el país que más gana’, cons-tató el presidente del Gobierno. Zapatero añadió que este resulta-do enmienda, al menos en parte, la situación que dejó su predece-sor en La Moncloa, José María Aznar, cuando, el año 2000 en Niza, renunció a 14 euroescaños, luego reducidos a 10, para ob-tener más votos en el Consejo Europeo” (EP 20/10).

Inglaterra, por su parte, siempre mantiene un pie afuera de la unión: “La excepción británica la constituye el propio Gabinete de Gordon Brown y de todos los que lo precedie-ron desde el ingreso de Londres en la comunidad, a los que Bruse-las ha consentido la negociación de cláusulas conocidas en inglés como opting-out o quedarse fuera. La excepción británica es, por ello, su capacidad de bloquear el progreso de Europa hacia la uni-ficación, y la mansedumbre con que los Ejecutivos de Bruselas han recibido una bofetada tras otra. La cuestión que plantea la excep-ción británica es por todo ello crucial para el futuro de la comuni-dad europea. Sin el Reino Unido no está completa Europa, y con el Reino Unido está más incompleta todavía” (EP 24/10).

La firma del Tratado permite a los gobiernos de la UE sortear la parálisis, ahora bien: ¿están los gobiernos de los países más poblados y económicamente podero-sos de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) en condiciones de impulsar los cambios que se consideran necesarios para el proyecto de la Europa del capital? Veamos.

Condición necesaria: el eje “París-Berlín-¿Londres?” Sarkozy en su “momento Thatcher”

En un artículo titulado, sugestivamente, “El momento Thatcher de Sarkozy: porqué Nicolás Sarkozy no puede permi-tirse rendirse a los huelguistas franceses” (TE 15/11), el se-manario británico The Economist pone en claro el im-pacto político y simbólico que puede tener el primer enfrentamiento del recientemente asumido presidente francés contra los huelguistas del transporte y otros ser-vicios públicos. “Sarkozy enfrenta una prueba clave en su país esta semana, en tanto sus iniciativas de reforma económica han provocado una ola de grandes huelgas, comenzando con las de tra-bajadores del transporte y de la energía, y seguidas en rápido orden por otras de trabajadores de servicios públicos, maestros y aún jue-ces. Por esta razón se habla del ‘momento Thatcher’ de Sarkozy (…) En este momento, Sarkozy está siendo observado con aten-ción en otros países europeos del continente, en los cuales las re-formas parecen haberse descolorido (los obreros alemanes del ferro-carril también entraron en huelga en estos días). Está en juego más que el futuro de Francia” (TE 15/11).

En este sentido, las iniciativas de Sarkozy parecen operar como vanguardia para la ofensiva del gran capital europeo contra los trabajadores, pero los paralelismos con Thatcher acaban aquí. Si en el caso de la famosa huelga de los mineros (1984-1985), la ex Primer Minis-tro británica se enfrentaba a reclamos en general senti-dos como justos por la población, Sarkozy eligió inau-gurar su programa de reformas confrontando contra las jubilaciones especiales de que goza una parte minorita-ria de los empleados públicos franceses –y aún más mi-noritaria en relación con el total del proletariado fran-

cés–, lo cual le permite al gobierno presentar a sus antagonistas como defensores de “privilegios”. Los tra-bajadores ferroviarios, de subterráneos y del sector energético, que encabezaron las huelgas iniciadas a me-diados de noviembre –y que representan el 10% de los trabajadores en actividad en el sector público– se jubilan en promedio a los 55 años gracias a que bastan para ello con 37,5 años de aportes. El gobierno pretende homo-logar este régimen con el del resto de los trabajadores, llevando a 40 años el mínimo exigido de aportes. Inter-esa agregar que en el proyecto de reforma del sistema de pensiones se propone elevar los aportes requeridos a 41 años a partir de 2009, medida que perjudicaría en corto plazo aún a los trabajadores “no privilegiados”.

En 1995, el gobierno de centro-derecha entonces comandado por Chirac intentó acometer contra el ré-gimen de pensiones especiales, pero debió ceder ante una ola de huelgas que le costaría el puesto al entonces primer ministro Alain Juppé. Pero, si en ese entonces, un 60 % de la población consideraba justa la oposición de los huelguistas, un porcentaje similar de franceses encuestados manifestaba, en los primeros días de la huelga de noviembre último, su acuerdo con la posición del gobierno, lo que concitaba el entusiasmo de la pren-sa burguesa. “Desde hace años diversos gobiernos intentan re-formar las regulaciones especiales en las jubilaciones. (…) Los franceses han cambiado, han madurado. Saben que ya no pueden huir de la realidad que sus vecinos han acometido ya. Que Sar-kozy está dispuesto a llevar a cabo reformas estuvo claro desde el comienzo mismo. Pero las reacciones a la huelga demuestran tam-bién que Francia está dispuesta a dejarse reformar” (LF 14/11).


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La misma prensa, previsiblemente, destacaba el carácter presuntamente “privilegiado” del régimen de pensiones que se pretendía abolir, aún a costa de evidentes ana-cronismos: “Las pensiones de privilegio fueron dadas por Luis XIV a los trabajadores de la Ópera de París, en 1698” (LF 15/11).

Así las cosas, sorprendió el grado de acatamiento y la persistencia del movimiento de fuerza, que virtualmente paralizó Francia y contó con el apoyo de las cuatro cen-trales sindicales (CGT, CFDT, FO y CFE-CGC), y a pesar de, a instancias de la central “reformista” (CFDT), fracasó el intento de coordinar las medidas de fuerza de los trabajadores del transporte y energía con los de otros gremios estatales. Mas allá de las bravatas del pre-sidente francés (“no nos detendrán, no retrocederemos”, LF 17-11), el movimiento no dio señales de debilitarse con el paso de los días, y el gobierno se encontró en una si-tuación difícil cuando una semana más tarde de iniciada la huelga de ferroviarios y empleados de electricidad, varios gremios estatales iniciaron sus propias medidas de fuerza, en este caso en rechazo al proyecto de reduc-ción de empleados del estado –se prevé no reemplazar uno de cada tres estatales que se jubilen a partir de 2008– y en reclamo de la recuperación de los salarios en el sector público –que han perdido un 6% de su poder de compra desde 2000. A esto se sumó un movimiento de toma de universidades en respuesta a otro proyecto tendiente a recortar la autonomía universitaria.

Cuando a principios de la última semana de noviem-bre las encuestas señalaban que la popularidad del pre-sidente bajaba del 63 al 58% (LF 23/11), el gobierno decidió olvidar su pretensión inicial de no formar parte de las negociaciones entre las empresas involucradas y los sindicatos –evidentemente porque no se mostraba dispuesto a discutir la reforma en sí– iniciando una ron-da de negociaciones tripartitas, e incluso ofertando dis-poner de una suma cercana a los 100 millones de euros para “compensar” a los trabajadores perjudicados por la pretendida reforma. Solo así logró que los distintos co-mités de huelga aceptaran la suspensión del movimiento de fuerza, que podría no obstante retomarse en diciem-bre si los sindicatos no consideran aceptables las condi-ciones a que se llegue.

De modo que el resultado ha sido, en el mejor de los casos, una victoria pírrica, lograda sin embargo ante el flanco más débil del adversario, lo que se trasluce de las intervenciones algo decepcionadas de los portavoces de la burguesía francesa. Luego de resumir los puntos cen-trales del consenso del capital acerca de las medidas que permitirían “situar a Francia en el mundo” (“reducción del sector público, liberalización del derecho laboral y autonomía uni-versitaria”), el propagandista Guy Sorman expresa su de-cepción por los resultados de la huelga de transportes (respuesta a lo que califica de “proyecto insignificante”) y sus dudas en cuanto al éxito del proceso: “A los seis meses de su elección, tenemos derecho a inquietarnos por las verda-deras intenciones de Sarkozy y la capacidad de resistencia de la burocracia. Sarkozy se contenta demasiado fácilmente con victo-

rias simbólicas. Ha hecho aprobar una ley de autonomía universi-taria sin contenido concreto. No obstante, anuncia con orgullo que las universidades francesas son tan autónomas como las norteame-ricanas. Los profesores y los estudiantes se rebelan contra esta ley hueca, como el toro frente a un trapo rojo. Nos hallamos así en la peor situación posible: un discurso liberal desencadena la rebelión social, pero ni siquiera tenemos una reforma. Cosechamos tan sólo una revuelta. Las huelgas en el sector público acaban del mismo modo. El Gobierno se declara vencedor, pero seguimos agobiados por el mismo sistema previsional de reparto, financiado por los contribuyentes, cuando deberíamos habernos encaminado, franca-mente, hacia el sistema de capitalización, financiado por los asala-riados” (LN 28/11). Paralelamente, el periódico Le Figa-ro cambiaba la tesitura para inquietarse ante “el estilo confrontativo de Sarkozy, que divide a los franceses” (LF 2/12).

Lo más inquietante es que la batea de medidas refor-mistas anunciadas por Sarkozy en su campaña electoral, y que le permitió a la centro-derecha obtener su mayor triunfo electoral en décadas, fueron avaladas por una mayoría de franceses a quienes se convenció de que las reformas producirían una oleada de riqueza que inevita-blemente derramaría sobre los hogares de los trabajado-res. En términos del actual presidente francés, se trataba de “trabajar más para ganar más” (algunos de los trabaja-dores estatales que se movilizaron el 20 de noviembre en oposición al recorte en el plantel de empleados pú-blicos portaban pancartas que decían “que se cumplan las promesas: si trabajamos más, queremos ganar más”, LM 21-11). Hasta el momento, y mientras los obstáculos para la liberalización del mercado de trabajo parecen sólidos, el gobierno no acierta a formular una serie de medidas coherentes para elevar el poder adquisitivo de la mayo-ría de los franceses. Las medidas anunciadas por Sarko-zy el 28 de noviembre para mejorar el poder adquisitivo parecen tímidas e inconexas: posibilidad de trabajar los domingos por doble remuneración; que las empresas puedan exonerarse de las 35 horas a cambio de aumen-tar los salarios a los trabajadores; actualizar los alquileres con arreglo al índice general y no al de la construcción, y que se rebaje de dos a un mes el importe de la garan-tía. Sarkozy adelantó también que buscará una rebaja de los precios de inmuebles y que celebrará a mediados de diciembre una gran conferencia sobre la agenda social de 2008. “Comprendo la situación de los ciudadanos, pero yo no puedo decidir aumentos generales: los franceses no esperarán que distribuya regalos para Navidad” (LF 29/11). Nuevamente, las encuestas parecen evidenciar cierto malhumor popu-lar en torno a los esperados beneficios de la Francia “inserta en el mundo”: “El 51% de los franceses aprueban totalmente o en parte su gestión; un 44 % lo desaprueba (…) Sin embargo, casi dos tercios opina que no está siendo lo suficientemen-te activo en el tema del poder adquisitivo y en las rebeliones de los suburbios” (LF 2/12).

Justamente fue allí donde se inauguró un nuevo fren-te de conflicto, en las banlieues. Luego del fallecimiento de dos jóvenes en manos de la policía, se desataron dis-turbios en Villiers-le-Bel y otras comunidades vecinas, que obligaron a Sarkozy a anunciar que presentará un

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plan al respecto el 22 de enero. Recordemos que duran-te su campaña, Sarkozy prometió poner en marcha un “plan Marshall” (sic), que se traduciría en “servicios y transportes públicos, así como comercios de proximidad que volve-rán a abrir en las barriadas”. Por el momento, su única respuesta ha sido movilizar un millar de policías para que patrullen las calles de Villiers-le-Bel, incluidos agen-tes del grupo de elite RAID, reconocidos francotirado-res. “Para el presidente francés, las algaradas no son muestra de una ‘crisis social’, sino fruto de la ‘gamberrocracia1’. Además, dijo que encontrará ‘uno a uno’ a ‘todos’ los que dispararon co-ntra los agentes en los disturbios de esta semana en el extrarradio de París y ha prometido una mayor ‘severidad’ contra los ‘gam-berros, desequilibrados y traficantes’. Francia ‘ha cerrado los ojos durante décadas’ a los suburbios problemáticos, continuó Sarko-zy, que aseguró que ha llegado la hora de ‘ser más severo contra esta ínfima minoría” (EP 29/11). En su libro “Testimo-nios” de 2006, Sarkozy opinaba que los desórdenes en la banlieues son “fruto de una política de inmigración descontro-lada”.

Alemania: Merkel se pierde, los sabios se enervan, los socialistas vuelven a las fuentes

El gobierno de Merkel está cercado desde la derecha y desde la izquierda. En el primer caso, porque le resulta políticamente imposible profundizar el camino de las reformas (recordemos que, formalmente, se trata de un gobierno de coalición entre demócratas cristianos y so-cialdemócratas) y paradójicamente, el trabajo sucio pa-recen haberlo hecho los socialistas. Durante su gobier-no, el ex canciller socialdemócrata Schroeder impulsó la llamada “Agenda 2010”, mediante la cual introdujo una serie de reformas en el mercado laboral: reducción de los subsidios al desempleo a un máximo de un año (ampliable a 18 meses para mayores de 55 años) en lu-gar del tope de los 32 meses vigente en 2004; reducción de los montos que el estado destina a subsidiar la vesti-menta y la educación de los hijos de desempleados; obligación del desempleado de aceptar cualquier empleo que le ofrezca la agencia gubernamental, aunque no se corresponda con su calificación; reducción de la cober-tura médica para desocupados y jubilados; extensión de la edad para jubilarse (de 60 a 65 años para los hom-bres). Todas estas medidas son ley desde 2005.

A pesar de que Alemania está en un momento de re-punte de su economía (crecimiento del 2,9% en 2006, su nivel más fuerte desde el 2000, baja del desempleo de un 10 a un 8,7% en octubre), los gurúes de la derecha atacan a Merkel por no profundizar las reformas. “El panel de asesores económicos del Gobierno alemán (los ‘cinco sa-bios’) advirtió a la gran coalición de la canciller Angela Merkel no poner en juego los avances económicos recientes, con la marcha atrás en el camino de las reformas. En un reporte sobre las eco-nomías de Alemania y del mundo, los denominados ‘sabios’ pro-yectaron un crecimiento doméstico de un 2,6% este año y de un 1,9% en el 2008, al decir que la reactivación económica del país

1 Gamberro: inculto, incivilizado, libertino, etc.

continuará, aunque a un ritmo más lento. Pero el reporte de 627 páginas, llamado ‘No se debe poner en juego lo que se ha logrado’, también advirtió a Merkel sobre cierta percepción de retroceso en las reformas y pidió a su Gobierno que adopte una estrategia eco-nómica más clara. ‘Desafortunadamente, en contraste con el últi-mo período legislativo, falta una dirección clara’, dijo el informe. ‘En cambio, hay riesgos de que se impidan o incluso se anulen re-formas que eran correctas y de avanzada’” (FT 7/11). Así como la prensa burguesa europea observa a Sarkozy como un faro para las reformas en el resto del continen-te, no oculta su fastidio por la aparente parálisis que sume al gobierno alemán: “El presidente Sarkozy ataca frontalmente a los sindicatos. Ha reconocido cuáles son los verda-deros problemas de Francia —un Estado inflado y leyes de bien-estar social inmovilizadoras— y los acomete. Pero mientras Sar-kozy casi goza ensuciándose las manos, la canciller Angela Merkel está obsesionada con mantener limpias las suyas. Su es-trategia es continuar siendo popular, lo que intenta manteniéndose a distancia de las grescas dentro de la propia coalición de Gobier-no. El resultado es un enredo. Si Merkel no se baja de su torre de marfil y hace entrar en razones a los que pelean en el seno de la coalición, poco se adelantará” (Daily Telegraph, 15-11). “La Canciller alemana no ha cumplido su promesa de ser una refor-madora. Casi no ha peleado mientras sus socios de coalición so-cial-demócratas giran a la izquierda y exigen revocar reformas claves a la seguridad social (…) Jürgen Thumann, presidente de la Federación de la Industria Alemana, es normalmente un hom-bre suave en palabras, cuya conducta es tan digna como su apa-riencia. Pero esta vez su gente logró convencerlo de adoptar un tono diferente. Le dijeron que la única manera de llamar la atención de la canciller alemana Angela Merkel es hablándole duro. “Esti-mados representantes de la gran coalición”, señaló Thumann en un encuentro de medianos empresarios en Berlín. “¡No más conce-siones a los populistas de izquierda! ¡Mantengamos las proporcio-nes! ¡Y conservemos el rumbo! Aumentar los beneficios por desem-pleo no ayudará a nadie a conseguir un trabajo” (Der Spiegel, 10-11). En octubre, el semanario estadounidense Newsweek le dedicó a Merkel su tapa, con el título La líder perdida.

Estas exhortaciones dirigidas a Merkel son innecesa-rias. La línea que sostiene la primera mandataria es clara en pos de introducir las reformas – en vísperas de las huelgas en Francia, envió un telegrama de apoyo a Sar-kozy (LF 13-11). Merkel continúa insistiendo con su idea de ampliar aún más la edad para jubilarse (la quiere llevar a 67 años), pero carece de las herramientas para obtener apoyo para lograrlo. Más aún teniendo en cuen-ta que su “socio” en el gobierno afronta un período de “regreso a las fuentes”. En octubre la línea interna que encarna Kurt Beck se impuso en el congreso interno del partido socialdemócrata en Hamburgo, derrotando al hasta hace unos días vicecanciller y ministro de Trabajo, Franz Müntefering. Beck es muy crítico de la política de Schroeder (y obviamente de la de Merkel) y propone revocar parte de la legislación laboral aprobada durante el gobierno de este último. Por ejemplo, propone pro-longar el período de subsidio al desempleo para los ma-yores de 50 años. Beck se niega además a secundar la


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iniciativa de Merkel de reducir las cotizaciones patrona-les al seguro de desempleo. Esta oposición ya amenaza la continuidad del gobierno de coalición: tras la renuncia de Müntefering al gobierno, Beck se negó a ocupar el cargo de vicecanciller, que se suponía le estaba destina-do por ser el presidente del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), y anunció que se dedicará a hacer opo-sición. Aparentemente, apunta a recuperar los votos perdidos por el SPD y que fueron en las últimas elec-ciones a la Alternativa Electoral por el Trabajo y la Justicia Social (WASG) que preside Oskar Lafontaine, el ex líder del SPD que rechaza el sesgo procapitalista del partido. Las encuestas dan a la WASG una proyección de votos del 10 %, cifra que supera levemente la que separa a Merkel de Beck en la carrera por la cancillería alemana. Todo esto tiene lugar en un contexto de conflictos labo-rales. En noviembre se produjo en Alemania una pro-longada – y exitosa - huelga ferroviaria, de casi tres días, cuando maquinistas de la estatal ferroviaria Deutsche Bahn (pronta a privatizarse) pararon para exigir un nue-vo convenio.

Reino Unido: atlantismo de bajo perfil A fines de junio de 2007, Gordon Brown reemplazó a

Tony Blair como Primer Ministro de Inglaterra. Luego de 10 años al frente del gobierno, Blair dejaba en manos de su Ministro de Hacienda las riendas del gobierno. Su sucesor cargaba con la pesada responsabilidad de conti-nuar guiando al Laborismo en el gobierno luego de su exitoso decenio. Independientemente de lo que poda-mos considerar acerca de las políticas implementadas por Blair, no caben dudas que su carisma otorgó al go-bierno del Reino Unido ciertas características propias que el propio electorado avaló. La renuncia de Blair tu-vo una sincronización perfecta con la asunción de Sar-kozy. El bajo perfil que Brown adoptó, principalmente en materia de política exterior, fue compensado con un activo y exultante Sarkozy, que siguió las pisadas que Blair había dejado en el camino a la Casa Blanca, en sus habituales visitas.

Ciertamente, Brown se enfrentó apenas asumido con la crisis financiera que se pronosticaba desde hacia va-rios meses, confidencialmente y con sigilo, en los cen-tros financieros “hermanos”: New York y Londres. El bajo perfil era, entonces, muy pertinente. La economía se sostenía por el “crédito barato que la alimentaba. En caso de reducirse, una recesión aparece más probable que en cualquier momento de la década pasada” (TE 15/11). A tal punto se dedicó a temas domésticos, que el primer pronuncia-miento referido a política exterior lo realizó el 12 de noviembre, en el tradicional discurso de Mansion Hou-se (que refiere principalmente a ese tema). Si bien re-afirmó sus credenciales atlantistas, puso cierta distancia tanto respecto de Washington como de Bruselas. “Luego de las burlas dirigidas a Blair –‘mascota de Bush’– era política-

mente conveniente poner distancias. Brown fue visiblemente frío hacia Bush en su visita a Camp David en julio. Su secretario, Douglas Alexander, criticó a EE.UU. en un discurso ese mismo mes (...) Pero al declarar que la ‘relación bilateral más importan-te’ sigue siendo EE.UU., Brown parece reconocer que Washing-ton puede no entenderlo como una postura inocua para agradar a su audiencia doméstica. Más aún ahora que EE.UU. no precisa buscar nuevos aliados. Sarkozy y Merkel están mejorando sus re-laciones con Washington (...) Sus referencias respecto a Europa también fueron escasas (...) esa posición respecto a las relaciones exteriores tiene sus ventajas (...) el electorado estará más compla-cido de que se dedique a cuestiones más cotidianas. Blair era él mismo su Ministro de Relaciones Exteriores, más que cualquier Primer Ministro desde Winston Churchill, mientras que Brown está convencido de delegar esa función en David Miliband. Y aunque Blair tenía ideas claras y audaces al respecto, la política exterior contribuyó a su caída” (TE 15/11).

Pero el bajo perfil no significó una alteración de los principios básicos que guían al gobierno británico en la materia. Sin grandilocuencia, la agenda de gobierno en torno a la inmigración y la lucha contra el terrorismo parece no haber cambiado un ápice, lo cuál permite considerar que las diferencias con la derecha británica, los conservadores, son menores a lo que se supone. David Cameron, líder conservador, afirmó en su primer discurso acerca del tema inmigratorio que “crearía una po-licía inmigratoria con atribuciones para expulsar inmigrantes. Limitaría la inmigración de miembros futuros de la UE y esta-blecería cupos para extracomunitarios, balanceando las demandas en infraestructura necesaria para recibirlos con los beneficios eco-nómicos generados. Las esposas no europeas de residentes británi-cos deberían esperar a cumplir 21 para poder juntarse con sus cónyuges (...) Algunas promesas fueron implementadas por el La-borismo (...) Una razón de ello es que el crecimiento de la inmi-gración (...) Quizás 600.000 trabajadores de los 10 países que se unieron a la UE en 2004 arribaron al país ese año, más de 20 veces las predicciones. Pero el número es posible que no sea exac-to” (TE 1/11).

En alguna medida, el hecho de haber sido reemplaza-do como enlace con Washington por Sarkozy resulta un alivio para Inglaterra. El contrapunto respecto de su an-tecesor en este aspecto probablemente le otorgue mejo-res condiciones para la continuidad del laborismo en el poder sin abandonar una perspectiva europea singular. Es decir, despegarse de EE.UU. hace que las iniciativas del gobierno aparezcan como más autónomas, sin acer-carse tampoco a la UE. En el caso británico, las refor-mas fueron implementadas hace tiempo, por lo que su agenda se relaciona más con su forma de inserción en el continente, que incluye tanto cuestiones de ampliación de mercados como la aplicación de una política exterior común. Respecto de esta última, Londres está particu-larmente interesado en influir sobre las relaciones de Rusia con Europa.

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Condición suficiente: la grasa de las capitales (Madrid-Roma-Varsovia) España: la conexión latinoamericana

El gobierno de Rodríguez Zapatero ganó las eleccio-nes sobre Mariano Rajoy el 14 de marzo de 2004, tres días después de los ataques terroristas de Atocha en Madrid. Apenas iniciado su gobierno, desandó gran parte del rumbo en el que se encontraba España con Aznar. Una de sus primeras medidas fue la retirada de tropas de Irak, como parte de una estrategia más amplia de acercamiento a lo que en ese momento se denomi-naba la “Vieja Europa”: Chirac y Schröeder completa-ban el núcleo de mandatarios de la UE que se oponían a la intervención norteamericana. El mandatario ibérico se convirtió así en uno de los más fervientes impulsores de la constitución europea y España en uno de los paí-ses que primero la aprobaron y por un amplio margen: 76,5% votaron por el sí (aunque la abstención alcanzó el 57%) (EP 21/02/05). En relación con el resto de las políticas impulsadas, en su momento la prensa madrile-ña sintetizaba: “Tanto sonríe el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y tanto predica la siempre bienvenida cortesía, que quie-nes no saben ni entienden de buenos modales lo apodaron ‘El Ri-sitas’. Varias cuestiones viscerales -consideradas ‘intocables’ du-rante el anterior gobierno, del derechista Partido Popular (PP)- están ahora abiertas al debate. Por caso: el tabú de la conflictiva relación entre poder central y autonomías; la anunciada reforma de la Constitución; un giro de 180 grados en política exterior; la redefinición de los conceptos sociales de matrimonio y familia; la educación; el dogma del equilibrio fiscal, la política migratoria. La relación con la Iglesia Católica es (por ahora) la última caja de Pandora que se suma al listado revisionista que impulsa al go-bierno de la sonrisa” (EP 25/09/04). De ese listado nos interesa observar con mayor detenimiento la política exterior, la inmigratoria y la relación con la Iglesia Cató-lica.

La modificación de las relaciones internacionales de España con Zapatero pasaron por dos ejes fundamen-tales: el afianzamiento de las relaciones con la UE y con América Latina. Respecto del primer aspecto, la voca-ción europeísta del PSOE quedó claramente establecida desde la misma campaña electoral. La confrontación con Bush por la retirada de tropas de Irak fue en gran medida expresión de ello. Eran otra UE la que se bus-caba construir, y para ello una posición independiente de Washington en materia de política exterior era con-siderada como un elemento fundante de la consolida-ción del bloque. El fracaso de la sanción de la Constitu-ción puso en suspenso esa construcción, dando paso a un período de transición hacia una Europa diferente. En su momento, no era necesariamente la “Nueva Eu-ropa” actual. Ese impasse dio pie para que Zapatero se dedique con especial atención a reconstituir los lazos con América Latina, que había sufrido los embates del anterior diseño económico global. Pero justamente los efectos socioeconómicos del mundo guiado por el

“Consenso de Washington” habían cristalizado en la región en proyectos políticos antagónicos en diversa medida al neoliberalismo. Para que esos países volvie-ran al redil, se hacía necesaria una delicada combinación de coerción y consenso, lo suficiente para aislar las ten-dencias más radicalizadas y suavizar aquellas menos an-tagónicas.

El contexto internacional contribuía a realzar el papel ya peculiar de España (por sus lazos históricos, políti-cos y económicos con la región): EE.UU. había des-considerado a la región desde el ascenso de Bush y el resto de Europa no atinaba a desarrollar una posición clara más allá de las exhortaciones consignistas (lo que llevó a muchas empresas a retirar sus inversiones de la región). Para Madrid era imposible seguir al resto del bloque en esa posición. Actualmente, esa decisión de Zapatero constituye un as en la manga para negociar condiciones al interior de la UE. Para ésta última, la di-plomacia ibérica constituye una herramienta casi única para acercarse a la región y poder impulsar la Ronda de Doha. Obviamente, este impulso automáticamente su-pone fisurar las contradictorias alianzas que atraviesan a Latinoamérica, en donde bloques y países se superpo-nen. Otro tanto sucede con EE.UU., que admite su fra-caso para mantener su influjo en la región con prácti-camente cada política que implementa hacia ella, muchas veces abiertamente hostiles y encaminadas a producir rupturas en las relaciones, ya de por sí frágiles en muchos casos.

Esa posición privilegiada para impulsar la Ronda de Doha en su región de influencia (Iberoamérica) consti-tuye para España una ventaja, o un perjuicio. Existe compatibilidad de su accionar respecto de las políticas de Bruselas en términos generales, como principios li-brecambistas. En su discurso ante el europarlamento en el que exhortó a construir una UE “ambiciosa” (en el sentido de que avance en la integración política y en la apertura de la economía del bloque), “el presidente ibérico destacó la importancia de ‘multiplicar’ las relaciones de la UE con América latina y de ‘impulsar’ las negociaciones de acuerdos de asociación con el Mercosur, la Comunidad Andina de Nacio-nes (CAN) y Centroamérica. ‘Demos ejemplo en la promoción del comercio internacional’, dijo en referencia a las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC), instando también a promover ‘empleo estable y digno’ para los trabajadores europeos” (EP 28/11). Pero indagando en las políticas concretas con mayor detalle vemos que hay algunos contrapuntos que marcan diferentes rum-bos. Un buen ejemplo de ello fue el intento de compra de empresa eléctrica española Endesa por parte del gru-po alemán EOn, que fue sistemáticamente bloqueado por el gobierno español, interesado en favorecer la oferta hostil de la española Gas Natural. El caso, inicia-do en septiembre de 2005, finalizó a principios de oc-


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tubre de este año, cuando el grupo español Acciona y la italiana Enel se hicieron con el control de la empresa. Durante dos años, Zapatero revocó sus credenciales fervientemente europeístas, poniendo en tensión la re-lación de España con las autoridades europeas.

Pero el aspecto que mejor ilustra no sólo la diferente velocidad de la integración europea que lleva España sino el disímil rumbo que tienen, es la política inmigra-toria. Al respecto, y aquí hay que poner en considera-ción la dimensión que tiene la política exterior hacia América Latina, la posición del gobierno de Zapatero desde el comienzo fue la regularización de los extranje-ros. Si bien no propone una incorporación masiva e irrestricta, como solicita Izquierda Unida, impulsó me-didas que permitieron a una parte de la fuerza de traba-jo incorporarse al mercado español. En el mismo dis-curso antes señalado, “Zapatero subrayó la importancia de ‘fortalecer la política europea’ en el área, tras destacar el ‘potencial positivo’ de ese fenómeno, y pidió al mismo tiempo ‘actuar sobre las causas que empujan a emigrar’, despertando los aplausos de los eurodiputados” (EP 28/11). La iniciativa, que en 2005 produjo ostensibles encontronazos con Bruselas –la Comisión argüía que alentaba a la inmigración ilegal– sigue aún hoy siendo objeto de ataques significativa-mente coordinados por los principales referentes de la derecha “popular” europea. En su reciente visita al Par-lamento Europeo, Zapatero debió escuchar las críticas a su política inmigratoria no sólo por parte de los repre-sentantes del Partido Popular español, sino también del sarkozista francés Jacques Toubon y del democristiano alemán Manfred Weber (EM 27-11).

Es evidente que España resulta un aliado necesario pero incómodo para el rumbo predominante que los es-tados miembros desean para la UE. El panorama espa-ñol se presenta como una situación en que las relacio-nes se tensionan pero no llegan al punto de ruptura. De un lado, el gobierno se ve traccionado por una oposi-ción interna que gana cohesión en varios puntos. El frágil entendimiento con ETA (y por extensión con los sectores más radicalizados del resto de los movimientos regionales autonomistas) se cayó definitivamente cuan-do el gobierno ordenó la captura de los miembros de su brazo político, Herri Batasuna, cuando aún no habían fenecido las conversaciones totalmente, puso en guar-dia a ese frente opositor. Por otro lado, el PP ajustó su estrategia para golpear al gobierno, recibiendo el apoyo inestimable de la Iglesia Católica española. Respecto a esta última, los problemas con el gobierno del PSOE comenzaron apenas iniciado el mandato, cuando se fil-tró que el gobierno barajaba la posibilidad de modificar la relación entre Iglesia y Estado (EP 25/09/04). El impulso a la ley de reparación histórica, el retiro de símbolos franquistas y toda una serie de medidas lleva-ron a la derecha a lanzar cuestionamientos a la monar-quía desde la Radio Cadena COPE, que controla el Episcopado español. Fue una advertencia dirigida a

provocar fisuras en el actual gobierno: el Rey segura-mente se vería inclinado a pedir un “enfriamiento” a Zapatero. Pero una vez lanzada al ruedo opositor, la Iglesia difícilmente retrocede. Así, a fines de octubre, lanzó una señal muy clara de manera orgánica (ya no se trata de la jerarquía eclesiástica española únicamente): con un timing impresionante, el Vaticano realizó una ceremonia de beatificación de 498 religiosos muertos durante la Guerra Civil, todos a manos del bando repu-blicano (EP 29/10).

Por el otro, el escándalo de la Cumbre Iberoamérica-na entre Chávez y el Rey Juan Carlos, expresión de las dificultades de controlar los aliados que componen la heterogénea alianza iberoamericana. Esta cuestión, que será tratada en la sección correspondiente a América Latina, suscitó críticas muy duras y unánimes de la prensa española: “Fernando Onega, analista de La Van-guardia, en una nota titulada ‘El rey en el patio de los gambe-rros’ se preguntó ‘qué hace España en un grupo de países donde priman los demonios del populismo, la intransigencia ideológica y el infantilismo’. E invitó luego a abrir un período de reflexión po-lítica. ‘No se puede mantener con ellos una relación normal. Un período de cautela económica: nuestras empresas deben replantear sus inversiones donde es dudosa la seguridad jurídica. Y una eta-pa de cautela diplomática: ¿es de recibo que en ningún lugar del mundo España tenga tantos problemas como en sus países her-manos de sangre, cultura y lengua? No, no es de recibo’, añadió Onega, en su muy comentada lectura de los hechos. Lejos de esos extremos, el gobierno de Rodríguez Zapatero está convencido de que el incidente no afectará el fondo de su apuesta por la región. Lo más contundente fue la creación de un organismo que, lejos de diluirla, consolida la existencia y la continuidad de las cumbres, que ahora aparecen entre signos de interrogación. Se trata de la Secretaría General Iberoamericana (Sigeb), que funciona en esta capital [Madrid], con un presupuesto cercano a los ocho millones de euros anuales -próximo al de la Casa Real- y cuyo financia-miento se cubre, en mucho más del 50%, con lo que aportan Es-paña y Portugal” (EP 12/11). El oficialismo, que buscaba calmar la situación, y la oposición, encantada con el conflicto diplomático, continuaron atizando la escena. “‘El gobierno de España desea tener una buena relación con el de Venezuela y por eso seguirá haciendo todos los esfuerzos para lo-grarlo’, concluyó el canciller del presidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero. El opositor Partido Popular (PP, de-recha) objetó seriamente la política exterior de Zapatero, no sólo por su ‘debilidad’ sino porque, además, ‘hace lo del avestruz: mete la cabeza en un agujero y se convence de que los problemas no existen’, según sostuvo su líder y candidato a la presidencia, Ma-riano Rajoy” (EP 15/11).

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Italia El gobierno enfrenta más de un año de parálisis legis-

lativa, ya que “cualquier moción de tercer orden puede acabar con el gobierno” (EP 27/09). Hay que tener en cuenta que en Italia el gabinete se desprende de la mayoría en el Parlamento, y una simple moción de retiro de confianza basta para tumbarlo. Eso hace que el empuje de las ini-ciativas esté sumamente condicionado: el problema no es sólo la oposición (en situación de “empate técnico” en el Senado, por ejemplo), sino adentro de la propia alianza gubernamental. La coalición incluye 14 partidos; de centro (ex democristianos: Unión Democrática Eu-ropea, Margarita), de “centro izquierda” (Demócratas de izquierda, ex PCI) y de “izquierda radical” (Refunda-ción Comunista, Partido de los Comunistas Italianos, Verdes). El resto son agrupamientos minúsculos. Más que un proyecto común, lo que los une es el espanto frente a la centroderecha que aún lidera Berlusconi. Al interior de la alianza gobernante existen dos posturas predominantes. Una es la encarnada por el mismo Pro-di y su ministro de economía Padoa-Schioppa. Cuenta con el apoyo de la Confindustria (la gran corporación patronal de la industria italiana) que en 2006 le retiró el apoyo a Berlusconi. Esta línea está en sintonía con las directivas de la Comisión Europea que exige a Italia ajustar su déficit por debajo del 3% (de acuerdo al Pac-to de Estabilidad de la UE) y reducir su deuda pública (que supera el 100% del PBI). Prodi plantea un objetivo de déficit del 2,2%, para el cual se elaboró un presu-puesto fiscal 2008 que supone un recorte de un tercio respecto al del año anterior. A más largo plazo, la pro-puesta de Prodi es profundizar las reformas iniciadas por Berlusconi del sistema de pensiones y las ayudas sociales.

Por otra parte, la “izquierda radical” reclama un “giro social” en la política del gobierno y, muy especialmente, una política más activa frente a la precarización del tra-bajo. El 20 de octubre, cerca de un millón de personas manifestaron en Roma con estas consignas, convoca-dos por Refundación, los Verdes y los comunistas ita-lianos. La CGIL (la CGT italiana) no apoyó oficialmen-te el acto, pero sí el sindicato metalúrgico, la FIOM.

La aprobación del presupuesto implicó un tira y aflo-je entre estos dos alineamientos internos: fue necesario que el gobierno reformara el plan inicial, y que junto a la baja de impuestos patronales incluyera la desgrava-ción de alquileres y recortes en el impuesto sobre la vi-vienda, y que elevara del 12 al 20% el impuesto sobre los activos financieros. Solo así la izquierda prometió secundar la iniciativa legislativa que acaba de ser apro-bada en diputados y pasaría a senadores para su trata-miento. Vale recordar que en 1998 el gabinete de Prodi cayó cuando una escisión de Refundación se negó a darle sus votos en el Parlamento.

Pero si en materia de reformas el gobierno “de iz-quierdas” parece mantener un rumbo errático, sus ini-

ciativas en materia de inmigración se encaminan clara-mente a alinearse en sintonía con el núcleo más duro de los “atlantistas”, e incluso con las de su mortal adversa-rio, la coalición de fuerzas de derecha que lidera Berlus-coni. Un ejemplo de ello son las redadas a que son ob-jeto los inmigrantes de origen rumano – el grupo de inmigrantes más numeroso de la península, que suma medio millón de personas -, cuyo potencial criminal ha sido instalado por los medios italianos a partir del ase-sinato de la esposa de un alto oficial de la marina, a fi-nes de octubre. El marco legal de las razzias a sido dado por un decreto del mismo Prodi, según el cual, el Go-bierno de Prodi es lícito extender a los ciudadanos co-munitarios peligrosos las condiciones de expulsión de los extracomunitarios.

Polonia: demasiado a la derecha para el proyecto europeo

El gobierno de los gemelos Lech y Jaroslaw Kac-zynski (presidente y primer ministro) debió llamar a elecciones dos años antes de lo previsto para elegir primer ministro, luego de que el Congreso fuera disuel-to por el escándalo de corrupción en el gobierno que puso en crisis la coalición parlamentaria que lo sostenía. Ley y Justicia (PiS), el partido conservador que ganó las elecciones parlamentarias en 2005, logró la mayoría par-lamentaria gracias al apoyo de dos partidos ultraconser-vadores controvertidos, el LPR (Liga por las Familias Polacas) y el Samoobrona (Autodefensa), a pesar de que durante la campaña electoral Jarosław Kaczyński declaró que nunca cooperaría con Lepper (líder de Sa-moobrona y ahora ministro dimitido por acusaciones de corrupción). Los objetivos propuestos por la coali-ción incluían “restaurar la moral”, la “purificación”, la “descomunización”, “luchar contra la corrupción”, pe-ro, sobre todo, contra lo que el partido denominaba el “contubernio”. Su intención era “crear la IV Repúbli-ca”, una república nueva y mejor, más liberada de los comunistas.

El gobierno había recibido acusaciones ante el Tri-bunal Constitucional sobre fugas de información del Instituto de Memoria Nacional (IPN) referida a opo-nentes políticos comunistas y de utilización de cargos públicos, en los que era habitual el nombramiento de funcionarios inocultablemente incompetentes como la ministra de deportes Elżbieta Jakubiak. Pero la crisis sobrevino por un caso de corrupción que implicó el desmantelamiento del “pacto contra el contubernio”. Se le intentó tender una trampa al Viceprimer Ministro Andrzej Lepper mediante un soborno para que modifi-case la clasificación de unas tierras. Alertado por Zbig-niew Ziobro, Ministro de Justicia y mano derecha del Primer Ministro, el gobierno intentó encontrar otro culpable, desencadenando la mayor crisis política desde la caída del comunismo, la disolución del Sejm (congre-so) y el adelanto de las elecciones. Janusz Kaczmarek, Ministro del Interior y Administraciones Públicas -y


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persona de confianza del Presidente, del Primer Minis-tro y del Ministro de Justicia- se convirtió en el princi-pal inculpado por las fugas de información, quien se encontraba de vacaciones. Por supuesto, éste se defen-dió acusando al Gobierno de usar métodos de espiona-je y de utilizar la fiscalía, la Agencia de Seguridad Inter-ior (ABW) y la Oficina Central de Anticorrupción (CBA) para fines políticos.

El fiscal y la ABW ordenaron el arresto de altos car-gos ministeriales, entre ellos el Ministro del Interior y Administraciones Públicas –puesto en libertad más tar-de porque el tribunal consideró que se trataba de un arresto injustificado–, el Comandante general de la po-licía, el presidente de la mayor empresa aseguradora po-laca, PZU S.A., y uno de los empresarios más impor-tantes de Polonia. Un par de semanas antes, todas ellas eran personas de confianza del Presidente y del Primer Ministro, y el empresario era el único hombre de nego-cios considerado “bueno y honrado”.

La Plataforma Cívica, el partido liberal de centro-derecha ganó cómodamente las elecciones parlamenta-rias del 21 de octubre y gracias a la alianza con el mode-rado Partido Campesino alcanzó la mayoría en la Cá-mara baja del Parlamento, lo que le permite sortear los inevitables vetos legislativos que seguramente intentará el presidente Jan Kaczynski. El flamante Primer Minis-tro Donald Tusk aseguró que “quiere poner en marcha una política exterior que devuelva el país al corazón de la UE. Var-sovia se acercará a Bruselas y parece que se alejará de Washing-ton. La prioridad en política exterior será ratificar el nuevo Tra-tado de la Unión acordado en la cumbre de Lisboa, según afirmaron dirigentes de la Plataforma Cívica, por delante de las negociaciones que mantiene Polonia con EE.UU. para situar elementos de su escudo antimisiles en el antiguo país comunista.

‘Somos miembros de la UE, no de EE.UU.’, dijo ayer Bronis-law Komorowski, que apunta a ministro de Exteriores” (EP 23/10).

Bruselas y, especialmente, Berlín recibieron con alivio la noticia. Este último más aún teniendo en cuenta que es un paso obligado de la energía rusa. A mediados de noviembre, ante el Parlamento, presentó su programa de gobierno que confirmó la vuelta al redil de Polonia, luego de haberse acercado demasiado peligrosamente a EE.UU. “Polonia ‘consultará con Estados Unidos, la OTAN y con los países vecinos la instalación de Escudo Antimisiles’, que Washington pretende desplegar en suelo polaco y que contaba con el entusiasta apoyo de los gemelos Kaczynski. El primer ministro insistió en que ‘el diálogo y el consenso serán las nuevas armas de la diplomacia polaca’, que buscará desde el principio normalizar las relaciones con Rusia y apoyar a Ucrania en sus aspiraciones europeas” (EM 23/11). Estas declaraciones tuvieron un doble propósito, en primer lugar tranquilizar a Moscú, y en segundo lugar, minimizar los recelos entre la pobla-ción polaca que en su mayoría está en contra de los pla-nes armamentistas de Washington.

Sin dudas para la UE se trata de un giro altamente positivo, puesto que obtiene un aliado en sus perma-nentes disputas con Rusia. Para ésta, por el contrario, las declaraciones de intenciones deben demostrar en la práctica su sinceridad, ya que “por ejemplo en lo que se refie-re a Ucrania, Tusk prometió ‘apoyar en todo lo posible a Kiev en sus aspiraciones de integrarse a Europa’. No tanto a la integra-ción a la UE (que Bruselas ha descartado rotunda a mediano y corto plazo) sino la incorporación de Ucrania a la OTAN y de paso, arrastrar también a Georgia. Al recordar que las relaciones ruso-polacas tienen escollos en el aspecto energético, Tusk también dijo que, Varsovia puede ‘corregir su postura en cuanto a los su-ministros de petróleo y gas’” (Ria Novosti 28/11).

EE.UU., de la crisis a la salida Durante la campaña electoral de 1992, el candidato

demócrata Bill Clinton, acuño el slogan que contribuyó a catapultarlo a la Casa Blanca: “es la economía, estúpido”. Era la manera de contrastar con el entonces Presidente George H.W. Bush, quien para conseguir su reelección basaba su discurso en resaltar los logros obtenidos en materia de política exterior, en particular el triunfo so-bre Saddam Hussein en la Guerra del Golfo de 1991. En ese momento, servía como síntesis del pulso del electorado: la opinión pública se encontraba preocupa-da por el desempleo y la recesión. La política exterior ya no incidía en ella de la misma manera, en tanto la per-cepción que predominaba era que había sido exitosa-mente resuelta o conjurados sus principales riesgos. Ac-tualmente hay numerosas cuestiones dignas de comparación, empezando quizás con la filiación fami-liar de los protagonistas, el hijo y la esposa de los con-tendientes de aquél momento son actores de primer orden en la confrontación política actual.

Aún cuando George W. Bush está inhabilitado cons-titucionalmente para perseguir un tercer mandato, el electorado tiene muy en cuenta lo que sucede actual-mente a la hora de decidir votar por un candidato de su partido. De hecho, en enero de 2008 comienzan las primarias (elecciones internas para designar candidatos presidenciales para las elecciones de noviembre de ese año) y un aspecto importante de ella es el posiciona-miento respecto de las medidas y actitudes del actual gobierno. Hoy como ayer, los temas principales son la política exterior y la economía. Luego de haber gozado de un apoyo mayoritario acerca de ambas cuestiones durante el primer mandato, en el segundo se registró un deterioro en los resultados en ambas esferas. Primero fue el descalabro en Irak y luego, a partir de mediados del 2006, comenzaron a aparecer síntomas preocupan-tes en la economía, que terminaron de manifestarse como crisis durante este año (ver Análisis... Nº 82, 87 y 89). Es probable que el electorado esté aún más con-fundido actualmente en torno al orden de prelación de

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ambos temas, en función de la incapacidad de distinguir cual de ellos registra peor performance. Estas circuns-tancias dan la pauta que el régimen político en EE.UU. se encuentra actualmente en un período de transición con resultado incierto. Es por ello que cada facción, partido y alianza social realiza movimientos para erigir-se como ganador al final del mismo. La fecha en que, en teoría, se cerraría el período coincide con la de las elecciones presidenciales de noviembre de 2008. Como veremos, es un tiempo bastante largo, casi dos años, en el cuál el accionar responde principalmente al interés del estado. Quizás sólo en cuestiones marginales es po-sible implementar medidas que responden al del go-bierno de turno, en este caso Bush y sus acólitos. Por esa razón, la capacidad del gobierno de EE.UU. de im-plementar medidas en materia de política internacional se ve ralentizada, pero la necesidad de hacerlo va mu-cho más rápido y se hace preciso que alguien tome la tarea. En este contexto, la UE es la única que puede hacerlo puesto comparte con Washington la necesidad que lo justifica. El deber llama aunque el bloque no se encuentre en óptimas condiciones para ello.

En los Análisis... citados señalamos cómo había sido el proceso previo que derivó en las crisis financieras de este año. Partiendo del hecho que todas las crisis en la fase actual del capitalismo se manifiestan financiera-mente, pero tienen su origen en el movimiento de la economía mundial, entender su génesis nos responde por qué el estallido se desarrolló en ese momento y lu-gar en particular. Repasemos rápidamente. En julio de 2006 venció el Fast Track, es decir, la autorización del Congreso norteamericano a la Casa Blanca para nego-ciar libremente acuerdos de libre comercio, es decir, el Poder Legislativo sólo podía aprobarlos o desecharlos, y no introducir modificaciones. Pese a algunas exhorta-ciones de los centros financieros en ese sentido, no hubo ningún interés en prorrogarlo por parte de los le-gisladores. Se aguardaba para ello el veredicto de las ur-nas en las elecciones legislativas de noviembre de ese año. El resultado en ellas fue catastrófico para el oficia-lismo, que perdió la mayoría en ambas cámaras. Fue la confirmación de lo acertado del principio que regula la relaciones entre los poderes, puesto que al cambiar las mayorías no es razonable tener una autorización para hacer algo que muy probablemente sea rechazado. Una cuestión de economía, de fondos y de tiempo. A partir de la asunción del nuevo Congreso en enero de 2008, la relación entre el ejecutivo y el legislativo pasó a estar dominada por el tironeo. El inicio de la campaña presi-dencial del 2008, la más prematura en mucho tiempo, actuó como trasfondo condicionante. Simultáneamente, comenzó una sistemática retirada de importantes fun-cionarios políticos de Bush.

Paralelamente a ello, en diciembre pasado, el Depar-tamento del Tesoro, en una iniciativa inédita, propició un Diálogo Estratégico con China, que repitió en mayo

de 2007. Los pocos resultados alcanzados en la misma se tradujeron en que las relaciones económicas interna-cionales continuaban sin modificaciones. Recordemos que el persistente déficit comercial estadounidense tiene como contracara el formidable superávit comercial chi-no. Los pronósticos que fueron llevados a esas reunio-nes indicaban que el esquema continuaría profundizán-dose. Lógicamente, era el tema central de las mismas. En este punto, es fundamental tener presente que este ordenamiento productivo tuvo su mojón fundamental en la incorporación de China a la OMC, allá por di-ciembre de 2001. Luego del ataque a las Torres Geme-las, la llamada Ronda de Doha de la OMC fue el único encuentro internacional que Bush no suspendió. Fue realizada en noviembre de 2001, pues era fundamental articular la agenda previamente al ingreso de Pekín. La liberalización global del comercio que fue aprobada te-nía como objetivo levantar todas aquellas barreras “arti-ficiales” al proceso de producción capitalista. Pero las crisis financieras que azotaron a la periferia durante la década del ’90 no dejaron un sustrato propicio para in-troducir esas directivas. El esquema pasó a quedar cen-trado en negociaciones bilaterales, en donde jugaban un rol central los políticos de los respectivos regímenes más que los tecnócratas, muchos de ellos provenientes de desprestigiados organismos internacionales.

Reordenando la política internacional El diseño productivo que se consolidó luego del año

2000, momento en el cuál finalizó el auge de las empre-sas tecnológicas y hubo un recambio político en EE.UU., fue el resultado de las transformaciones inter-nas de las formaciones económico-sociales que en dife-rente medida influyeron en las interrelaciones globales. Pero algunas de ellas tuvieron una incidencia mayor a la que su escala hubiera permitido suponer. La manifesta-ción más clara de ello fue la paralización de la Ronda de Doha, que era de mayor interés de los países más des-arrollados. La oposición a la misma provino de una coalición de países liderada por un puñado de ellos con desarrollo económico medio (entre ellos India, Argen-tina, Brasil, China, México y Sudáfrica), justamente aquellos que más se beneficiaron en los últimos años. La incorporación completa de China (y la profundiza-ción de la de India) tuvo como principal beneficiario a las grandes empresas multinacionales que pudieron trasladar la producción a esos países. El fenomenal aba-ratamiento de los productos allí elaborados brindó una ganancia extraordinaria y redundó en un beneficio para el conjunto de la economía al reducir el costo de repro-ducción de la fuerza de trabajo en los países centrales. Asimismo, les permitió reponer el capital consumido en la producción deslocalizada e inclusive incrementarlo, gracias al consumo interno en esos países. A medida que la deslocalización se iba ampliando en número de unidades y a nuevas ramas, crecía una especie de “acu-mulación originaria” de capital propio en esos países.


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Es decir, los regímenes políticos garantizaban que la forma de organización de la producción incluyese esta formación de capital. Aprendieron la lección de lo que sucedió en los ’90 en el Sudeste Asiático, donde al ser inversiones más volátiles y sin restricciones, cuando aparecieron síntomas de agotamiento del ciclo (que an-ticiparon el estallido de la burbuja tecnológica) se retira-ron masivamente. El crecimiento del capital acumulado permitió el desarrollo de un mercado interno expandido y una mayor incidencia de la reproducción endógena que complementaba la basada en el comercio exterior. Este despegue, asimismo, benefició al resto de los paí-ses que producían materias primas y bienes de consumo que precisaban los países asiáticos (China, India y sus abastecedores de la región). De esta manera, se con-formó un bloque económico ad hoc, que aunque de-pendía de las exportaciones asiáticas a los países más desarrollados, se había diversificado hasta lograr cierta “autonomía”.

Los beneficios extraordinarios que amasaban las multinacionales sirvieron durante un tiempo para que en los mercados internos de los países centrales se re-produjeran los capitales medios. Acompañando con medidas financieras que incentivaban el consumo, la población vivió un desenfrenado período que marcaba la salida de la crisis del 2000. Vimos cómo ese esquema comenzó a mostrar signos de agotamiento este año y asistimos a la incapacidad de cambiarlo por medio de la negociación, cuyos resultados no fueron completamen-te desalentadores puesto que finalmente el esquema be-neficia al capital financiero más concentrado a escala global. Es por ello que la rama bancaria aceptó asumir una menor ganancia, en un reparto de pérdidas que in-cluye al conjunto de la sociedad. Lleva implícita esta aceptación la irreversibilidad de las transformaciones. Pero los regímenes políticos de los países centrales to-

maron nota de que es posible la repetición ad eternum de esta forma de crisis como resolución y quieren amorti-guar sus efectos en el propio país. Inevitablemente eso implica transferirlos a otro.

La posición confrontativa que puede funcionar con sectores de Medio Oriente, gracias a que se corrompe lisa y llanamente al resto de la región, demostró ser ino-cua para las relaciones con el resto de los bloques, que actualmente cobraron una importancia mayor: América Latina, el resto de Asia y Rusia. En ese sentido, el co-rrimiento de Bush (y del británico Brown) de la escena en ciertas relaciones conflictivas (y no tanto) fue susti-tuido por nuevos personeros. Así se comprende la me-diación de Sarkozy en Colombia y la reciente aparición de Tusk para lidiar con Rusia y sus satélites, pero tam-bién las recientes amenazas europeas a Teherán. El caso de España tiene sus peculiaridades que la sitúan en con-flicto con el rumbo que la UE desea en materia de polí-tica exterior. Cabe preguntarse si dichos disensos inter-nos no neutralizarían, ulteriormente, cualquier avance en torno a la agenda de Doha. En este punto, el bino-mio UE-EE.UU. (nótese que ahora, para el caso de po-lítica exterior, invertimos el orden de los términos de la relación) tiene un andamiaje más precario para impulsar la “reforma del mercado mundial”. La necesidad de sal-dar programáticamente la cohesión interna entra en un doble conflicto: al interior de cada país y entre los dife-rentes países. Esto es necesario porque los restantes bloques precisan mucho más que señales de que lo que se predica es ley, para la UE en conjunto y para cada uno de sus miembros en particular. En este sentido, la llamada centro izquierda europea y los demócratas pa-recen mejor preparados para impulsar el libre comercio global. Aunque, paradójicamente, sea la centro derecha la que se encuentra más urgida en hacerlo.

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América Latina Nos concentramos este mes en la situación política de Bolivia y en la lucha política en torno a la san-ción –ya definitiva al cierre de esta edición– de la nueva constitución, cuyo artículo 1º dice“Estado Uni-tario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, independiente, soberano, demo-crático e intercultural”, que se funda “en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”. Con sólo leer este artículo podemos imaginar todo el escenario des-atado en relación al nuevo orden jurídico que el gobierno de Evo Morales, con el apoyo de los movi-mientos sociales con centro en la región andina, aspira a imponer sobre la totalidad de Bolivia. Justa-mente la zona de la media luna –como se denomina geográficamente a las regiones opositoras al gobierno central–, que reclaman autonomía y poco se identifica con los intereses de las comunidades originarias, son fuertes opositoras al cambio propuesto y en el devenir de la pelea por la reforma cons-titucional tomaron la vía del enfrentamiento armado contra las fuerzas que responden al gobierno cen-tral y con el propio pueblo. Por otra parte, trabajamos el episodio ocurrido en la XVII Cumbre Ibe-roamericana en la que el Rey Juan Carlos mandó a callar al presidente de Venezuela Hugo Chávez. Este hecho marcó nuevos límites en el cambiante mapa político latinoamericano y evidencia que la preocupación de algunos ex presidentes –conservadores unos, socialdemócratas otros– por el proceso que se desarrolla en Venezuela y el alineamiento político de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y por supues-to Cuba, Chávez es mayor a la que se cree.

Bolivia: El “ir hacia atrás” de la oposición en el camino del cambio. O “el caminar” con la unidad de Indígenas, Campesinos y Obreros.

En el Análisis… Nº 87, trabajamos los problemas que impiden avanzar a la Asamblea Constituyente en Boli-via. En cuanto a la propiedad de la tierra, el Movimiento al Socialismo plantea darle el carácter obligatorio de función económico-social. A las que no cumplan con esto se les aplicaría la reversión de los predios al Estado. La oposición –Poder Democrático y Social– lo aceptaría previa indemnización; no así la idea de propiedad co-munitaria.

Sobre las autonomías departamentales no hay acuer-do. El MAS propone, en el marco de respetar a las “36 naciones indígenas”, cuatro niveles autonómicos: De-partamental, Regional, Indígena, Municipal; comple-mentarios uno del otro, mientras que Podemos jerar-quiza la subordinación del primero al último. Esta comisión de trabajo acordó 11 competencias a los de-partamentos, pero la oposición exige 36.

Estas fuerzas en pugna coinciden en la titularidad del Estado sobre los recursos naturales, pero difieren en la explotación y la consideración de licitaciones interna-cionales. También el desacuerdo se presenta en la posi-bilidad de reelección presidencial y el planteo de fusio-nar las cámaras en un parlamento unicameral.

Vencido el plazo de la Constituyente –la prorroga termina el 14 de diciembre–, se dispuso lo que el oficia-lismo entiende “como una nueva traba de la oligarquía”, según la calificación de la presidenta del cónclave, Silvia Lazarte (ver Análisis… Nº87), esta vez incorporando a la discusión retrotraer la Capitalidad Plena de los pode-res del Estado a la ciudad de Sucre. Recordemos que luego de una breve guerra civil en 1899, La Paz alberga al poder Ejecutivo y al bicameral Legislativo. El poder judicial siguió residiendo en Sucre.

En la voz del “podemista” Angel Villacorta, cuarto vicepresidente de la Asamblea, se sincera el objetivo de

la acción opositora: “Si el tema autonómico se resuelve, el resto de los problemas de la Constituyente también lo hará por efecto dominó” (LTC 17/10). El complejo andamiaje institucional que permite seguir discutiendo.

Meses atrás el alcalde de La Paz, Juan del Granado, llamaba la atención a la parte chuquisaqueña y los invi-taba a pensar en la totalidad: “Compartimos plenamente con Sucre (ciudad) y chuquisaca (departamento) sus deseos y sus reivindicaciones de desarrollo, de progresos; pero que no puede ser a costa de La Paz, que no puede ser a costa de la unidad nacio-nal, no puede ser a costa del proceso de cambio de la Asamblea Constituyente” (LTC 4/9)

En los últimos tres meses, las repetidas movilizacio-nes por la capitalidad –fundamentalmente sostenidas por universitarios, enfrentados a los que sostienen el proceso de cambio, donde los campesinos e indígenas tienen el protagonismo– impidieron las sesiones en pla-zo suplementario. Dos caminos se plantearon: el cierre temporal hasta agotar el tema de la capitalidad y el tras-lado de departamento. Declarando que no haría caso a la resolución de la Corte Superior de Justicia de Chuqui-saca, que anuló la resolución que retiró del debate cons-tituyente el tema de la capitalidad, la directiva de la Asamblea optó por declarar una pausa de 30 días que intente allanar los conflictos. Silvia Lazarte argumenta-ba: “No queremos que nos impongan la capitalidad, ni queremos pelear entre constituyentes. No queremos masacre aunque ellos quieren” (LTC 11/9).

En este receso, 12 de las 16 fuerzas políticas que par-ticipan en la Asamblea acordaron formar una Superco-misión para la concertación de temas de fondo y para que se garantice la culminación del debate. A esta ins-tancia no se sumó Podemos. El Vicepresidente del go-

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bierno del Estado, Álvaro García Linera, fue reconoci-do como “facilitador” del diálogo en este espacio. Espe-ranzado, dijo: “Existe la posición absoluta, la voluntad de re-lanzar la Asamblea Constituyente como el gran escenario de pactos estructurales de la sociedad boliviana para resolver los pro-blemas que tenemos como estado desde la estructuración del país” (LTC 20/9). Acto seguido, esas fuerzas –el MAS, los tra-dicionales Unidad Nacional (UN), el Movimiento Nacio-nalista revolucionario (MNR), el Movimiento de la Iz-quierda Revolucionaria- Nueva Mayoría (MIR-NM) y 8 partidos menores y agrupaciones ciudadanas– firmaron un “Gran Acuerdo Nacional” para viabilizar la Asam-blea.2

Lo más destacado de este Acuerdo fue la confirma-ción en la forma de votar: la aprobación en grande del proyecto de nueva Carta Magna demanda solamente la mayoría absoluta de los votos, es decir por lo menos 128 de los 255 constituyentes, mientras que su aproba-ción en detalle requiere de dos tercios, o sea unos 170 constituyentes. Los artículos que no logren acuerdo se dirimen por referéndum. También crea un Comité Es-pecial de Diálogos y Consensos que dirime los aspectos más conflictivos entre oficialismo y oposición. Recor-demos que desde julio funciona un espacio similar que no llegó a ningún puerto.

El Acuerdo también legitimaba las funciones de la “Supraconstituyente” (supercomisión), de su “facilita-dor” y de los representantes de las 16 fuerzas (en el proceso se sumó la oposición) que actúan en la Asam-blea. La tarea del Comité fue la de elaborar una agenda mínima con la sola atribución de “sugerir”. Mientras que en paralelo actuó la Comisión de Concertación con la función de recibir lo trabajado por el Comité, resolver y remitir a la plenaria de la Asamblea. Todo este des-pliegue institucional está previsto en el reglamento del Foro Legislativo, que precisamente contempla estos an-damiajes operativos. Por fuera, la Supraconstituyente se planteó como una instancia política de decisiones. Todo esto fue calificado por García Linera como “uno de los úl-timos escenarios que tiene la Constituyente para intentar relan-zarse” (LTC 2/10). Se anuncia el final o el comienzo del fin

Los días que siguieron fueron de puro entusiasmo, el vocero “masista” Marco Carrillo apostaba a los futuros consensos con la oposición, aprobando la decisión de darse hasta fines de octubre para lograr esto: entonces, “cuando vuelvan las sesiones plenarias a Sucre habrá muchas sor-presas, porque el MAS tendrá dos tercios de apoyo en grande, de-talle y revisión” (LTC 4/10). La oposición, en tanto, pro-ponía otra realidad, anunciando su retiro de los espacios recientemente creados, disconforme con el nuevo re-traso de reunión plenaria. Su justificación apuntaba a “la total subordinación y dependencia ante el vicepresidente de la Re-pública y la incapacidad de diálogo de la actual presidenta de la Asamblea Constituyente, a fin de evitar errores históricos es que

2 Todos los puntos del Acuerdo se hallan en el diario Los Tiempos de Cochabamba del 21/9/07.

Podemos se retira” (LTC 9/10). Al día siguiente, la banca-da del MAS le presentaba al presidente de la República la propuesta final de lo que para ellos sería la nueva Constitución Política del Estado: los alcances de las Au-tonomías no contemplaban los pedidos de la oposición y la capitalidad ni aparecía. Por otro lado, en las instan-cias antes descritas se lograba un “Acuerdo sobre visión país y caracterización de Estado”, que definía a Bolivia como un Estado Unitario Social de Derecho Plurina-cional Comunitario. Este Estado se funda en la plurali-dad y en el pluralismo político, económico, jurídico, cul-tural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Estos alcances consensuales eran rebatidos por la opo-sición: “Cuando se anuncian acuerdos, al mismo tiempo se hace notar que solamente siete u ocho de las 16 fuerzas están logrando este acuerdo. Si ocho de las 16 fuerzas no están participando, por supuesto que no es acuerdo, es más bien un desacuerdo” (LTC 22/10).

El momento del Estado. Un mes después, el sus-penso se sostenía y el decir de la oposición se cumplía, sin acuerdos y con un clima de enfrentamiento callejero en ascenso entre universitarios sucrenses (pidiendo la capitalidad) y campesinos e indígenas venidos de tierra adentro (a defender la Asamblea). Estos hechos se pro-ducían ante cada encuentro de los múltiples espacios institucionales. El Vicepresidente del gobierno del Es-tado caracterizaba ante un público académico la situa-ción actual: “Todo estado tiene un momento. Inicialmente habíamos creído que era posible la construcción del estado median-te mecanismos dialógicos y de hecho seguimos apostando a ello, pe-ro la lógica de la razón y de la historia me hacen pensar que más bien se habrá de llegar a un momento de tensionamiento de fuer-zas, a un punto de bifurcación”. Y cerraba: “En el caso de Bo-livia ese momento está más cerca de lo que parece” (LTC 21/11).

En el colegio militar de Sucre. Con la amenaza del MAS de sesionar en Oruro si la oposición no bajaba los decibeles en sus reclamos, se propuso la reunión en un liceo militar o cuartel, cosa que por su apariencia dicta-torial fue descartado y porque constitucionalmente está prohibido. Sin embargo, la directiva de la Asamblea convocó a sesiones en un colegio militar de las afueras de Sucre en día sábado. La justificación fue que desde mediados de agosto fracasaron los nueve llamados a plenaria por el asedio de manifestantes al espacio oficial, el teatro Gran Mariscal. En el transcurso de unas jorna-das violentas –dos días de enfrentamientos callejeros, 3 muertos (por perforación con plomo) y 100 heridos– los asambleístas del MAS aprobaron “en grande”, con 136 votos y 2 abstenciones, el nuevo texto de la Consti-tución Política del Estado (CPE). En sus 408 artículos y 13 disposiciones3 adicionales al texto, consagra el dere-cho de los 36 pueblos originarios de Bolivia4 a “que sus 3 Los fragmentos publicados son extraoficiales aún. 4 El mayor pueblo originario de Bolivia es el quechua, con 2,6 millones de personas que viven en los valles centrales. El pueblo aimara cuenta con 1,5 millones de personas instaladas en el altiplano andino. Las demás etnias –tupi guaraníes, chi-

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saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados”.

La orientación hacia los derechos de los originarios está desde el comienzo, en el artículo 1, que defina a Bolivia como “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacio-nal Comunitario, libre, autonómico y descentralizado, indepen-diente, soberano, democrático e intercultural”, que se funda “en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.

Como limite al proyecto autonómico de la oposición, la CPE dice: “Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición y a la delimitación y consolidación legal del territorio que les corres-ponda”. Sobre estos territorios prima “la gestión territorial indígena autónoma y el uso y aprovechamiento exclusivo de los re-cursos naturales renovables existentes en sus territorios” (LTC 27/11). La CPE también garantiza la participación pro-porcional de “estas naciones originarias” en lo que será la futura cámara única, la Asamblea Legislativa Plurina-cional, según reza lo aprobado en la sesión. Los enfrentamientos. Campesinos e Indígenas vs Universitarios. La dirigencia obrera se distancia

Al tiempo que se trababa el proceso de la Constitu-yente, los campesinos, indígenas y representantes de or-ganizaciones sociales de Bolivia afines al gobierno jura-ban ofrendar sus vidas para defender la Asamblea. En una cumbre social realizada en Sucre, el secretario eje-cutivo de la Confederación Sindical Única de Trabaja-dores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Adolfo Chá-vez, advertía: “Desenvainaremos el arco y la flecha y arremeteremos contra quien se cruce en el camino y busque frenar la Asamblea” (LTC 11/9). De aquí en más, las vigilias y movilizaciones campesinas se multiplicaron, aunque no así su número, que promedió las 10 mil voluntades con-cientes.

El mes de noviembre se inició con enfrentamientos callejeros y con voces que caracterizaban la situación y el devenir. El vicepresidente Linera advertía una modi-ficación radical de la propiedad privada, proponiendo como respuesta a la oposición: “Este boicot libera a la ma-yoría para que en los siguientes días, en las siguientes semanas, pueda tomar decisiones aún más radicales en cuanto a democracia y distribución de la riqueza. Y estas minorías intransigentes, las que hoy boicotean la Asamblea Constituyente, no tienen autori-dad moral para reclamar a la mayoría escenarios de encuentro, porque fue la minoría la que bloqueó el escenario del encuentro” (LTC 7/11). A esto, la pregunta del ex presidente boli-viano y líder de la oposición Podemos, Jorge Quiroga, mostró sus limitaciones analíticas: ¿Van a empezar a to-

quitanos, mojeños, chapacos, vallunos, yuracarés, chipayas, muratos, etc– suman 100 mil personas. Resta decir que en el último censo de 2001 de los casi 9 millones de habitantes (hoy ya casi 10) que tiene el país, dos tercios se identificaban con alguna de las 36 etnias originarias.

mar casas, van a quitar vehículos, qué es lo que van a hacer? (LTC 7/11).

Al día siguiente, el Vicepresidente depositaba nueva-mente (ver Análisis…Nº87) en los movimientos sociales la defensa del camino hacia el cambio que se proyecta en la Asamblea: “Si tenemos sindicatos y federaciones que se re-pliegan a la vida cotidiana, ya no habrá continuación del proceso, lo que habrá es una sustentación del proceso, pero no así un in-cremento o un enriquecimiento del proceso, eso dependerá de la movilización de las personas” (LTC 12/11). De esta manera le respondía también a la actitud de la Confederación Obrera Boliviana (COB), que en los días anteriores había rechazado la propuesta del Ejecutivo de confor-mar una alianza “estratégica táctico política” entre indí-genas y trabajadores. El ministro de Trabajo Walter Delgadillo aseguró que esta propuesta será igualmente implementada: “Nuestra convicción es que el proyecto político que lleva adelante el presidente Morales converge con la COB des-de una perspectiva indígena. Lo que estamos pidiendo es que en esta matriz indígena se incorpore la clase trabajadora”. Por su lado, la COB –que en una Cumbre de trabajadores dio por muerta a la Asamblea, “porque fue un fracaso, porque fue instalada bajo el juego de los politiqueros y porque las organiza-ciones sociales no están insertas” (LTC 3/10)–, en el auge del conflicto aclaraba que no hace alianzas con partidos po-líticos. Su secretario de Seguridad Social, Sócimo Pania-gua, explicaba en referencia al pliego único, que el go-bierno aún no respondió a sus reivindicaciones: “No puede haber una alianza o acuerdo entre partes con alguien que no cumple”, mientras ampliaba la distancia: “No todos so-mos indígenas yo me considero mestizo” (LTC 9/11).

En cambio, al llamado de Linera, la Csutcb respondió incondicionalmente y se instaló en la periferia del foro. En tanto, dirigentes del Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq) y organizaciones alte-ñas decían que un 60% de la población apoyaría la pro-puesta. Pero Elías Quelca Mamani, miembro de la siempre crítica Federación de Juntas Vecinales del Alto (Fejuve) y concejal de esa ciudad, condicionó ese apoyo a la radicalidad de la propuesta del gobierno en lo que hace a propiedad y riqueza, “no como ocurrió con la falsa na-cionalización de hidrocarburos” (LTC 8/11). La Conamaq, en la voz de su Apu Malku, Quelca Mamani, también condicionó su apoyo, sólo si las estrategias de lucha gi-ran en torno a la restitución de las tierras comunitarias de origen.

En los días que siguieron, el movimiento campesino se fortalecía al establecer una alianza con el Ejército del estado y ser reconocidos como “guardianes del cambio por Bolivia”. El director de Planificación del Ejército, Roberto Siles, se atajaba a posibles críticas: “Es inconcebi-ble que no pueda existir una reunión real entre el ejército y su pueblo, para que exista un desarrollo armónico y cohesionado, re-afirmando la unidad nacional que debe partir de la verdadera in-tegración con el pueblo, que proteja al Estado y a los recursos na-turales” (LTC 12/11).

Los que de armónicos tienen poco. Las fisuras en la unidad la anunciaba meses antes el presidente inter-

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ino del comité Pro Santa Cruz, Luis Nuñes, quien –con la Asamblea aún sin sesionar– decía: “El mandato del ca-bildo de diciembre es claro. Nos vamos a declarar en una región autonómica bajo los principios del mandato y la legalidad que to-mó el pueblo. Lo haremos les guste o no y aunque nos traten de separatistas o sediciosos. El pueblo sabe que con este sistema que-remos la unidad del pueblo de Bolivia” (LTC 12/9). Un mes más tarde el ejército intervino la infraestructura aérea y desalojó la Administración Desconcentrada de Aero-puertos y Servicios Auxiliares a la Navegación, el moti-vo fue que las fuerzas cívicas del Departamento se resis-tían en estas dependencias, tomadas luego de que el Poder Ejecutivo Nacional prohibiera el cobro de un impuesto “regional” a las empresas internacionales de aviación.

Por otro lado, los enfrentamientos mostraban la vin-culación de las fuerzas de Santa Cruz y de toda la “me-dia luna” con el Comité Cívico de Chuquisaca, funda-mentalmente expresada en la acción de sus bases: el hostigamiento a las movilizaciones por la reanudación de la Asamblea, llevado a cabo por los universitarios de Chuquisaca.

Las palabras del ministro de Gobierno Alfredo Rada decían de ellos: “Hay una especie de asedio que se está ejercien-do para interrumpir la Constituyente. Se detectó que hay jóvenes enardecidos con armas de fuego y dinamita” (LTC 25/11). Luego de los incidentes que causaron perdidas huma-nas, estos manifestantes saquearon y quemaron las ins-talaciones policiales, incendiaron también numerosos vehículos, hecho que produjo la retirada de las fuerzas de la ciudad de Sucre. Estas acciones son semejantes a las que viene realizando históricamente la Unión Juvenil Cruceñista5, que recientemente se enfrentó con campe-sinos de Punata (Cochabamba) en la disputa por la pro-piedad de un espacio territorial. Allí falleció un campe-sino y otro se encuentra desaparecido.

Profundizar la lucha frente a la CPE. Indignados con el fallecimiento de las 3 personas –entre las que se ha identificado a Gonzalo Carrazana, abogado, 29 años e integrante del “bando opositor al gobierno”–, los pre-fectos de 6 de los 9 Departamentos llamaron a “paro cívico con manifestaciones”. Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, suman el 80% de la economía del país, cuentan con el 58% de los habitantes y suman dos tercios del territorio. En esta jornada anunciaron desconocer la nueva Constitución Política del Estado, exigieron la Capitalidad Plena para Sucre y se pronunciaron también contra el recorte de las rentas petroleras regionales. Este último reclamo remite a la ley aprobada por el Congreso, que habilita un bono para la vejez (26 dólares mensuales a mayores de 65 años),

5 Formado el 7 de octubre de 1957, el grupo fue conformado por estudiantes universitarios que salieron a las calles a luchar contra el gobierno del MNR, que pretendía desconocer la Ley Bush, del 15 de Julio de 1938, referida al porcentaje de las re-galías. Su fundador, Carlos Valverde Barbery, los invita a re-definir su postura al verlos participar en actos de desestabili-zación. (LTC 8/10)

resultante de un Impuesto Directo a los Hidrocarburos que usufructúan los departamentos. En la misma sesión, el MAS aprobó –junto a diputados suplentes de la opo-sición– la reforma a la Ley de Convocatoria a la Asam-blea. Así la habilitó a sesionar en cualquier espacio terri-torial de Bolivia. Los diputados titulares no pudieron entrar por el cerco campesino.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, el empresario Branco Marinkovic, denunció al Primer Mandatario de incentivar la confrontación con esta me-didas y arriesgó: “Bolivia sabe que el gobierno de Morales se ha alejado de la democracia” (LTC 28/11). El Primer Mandatario “Quiero aprovechar esta oportunidad para convocar y ratificar la convocatoria a los prefectos y al sector productivo y empresarial” (…) “Somos de la cultura del diálogo y hemos convocado a los prefectos al diálogo” (LTC 29/12).

Morales contestaba así al presidente de la Confedera-ción de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ro-berto Mustafá, que días antes mostraba su preocupación por la aprobación por mayoría simple de la CPE. Tam-bién se quejaba de no contar ésta con las propuestas económicas que la Confederación acercó a la Asamblea: “Planteamos un proyecto de inclusión en base a producción, pero ellos quieren un mandato con ideologías fuertes” (LTC 24/11).

Sin oír, los prefectos por su parte se fueron a Was-hington, allí los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; Tarija, Mario Cossío; Cochabamba, Manfred Reyes Villa; y Beni, Ernesto Suárez, denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA,) los “atropellos” a la democracia cometidos por Morales y su partido en la Asamblea Constituyente y el Congreso. También pidieron a este organismo una misión media-dora. Los gobernadores opositores, al cierre de esta edi-ción planteaban entrevistarse con autoridades del De-partamento de Estado norteamericano y viajar hacia Nueva York para hacer las mismas denuncias ante la ONU.

Un mes antes el presidente decía: “Ellos han formado una alianza con el embajador de Estados Unidos en Bolivia y con paramilitares colombianos que utilizan suelo boliviano, con el propósito de terminar con el gobierno que lucha por la igualdad, la solidaridad y por el bienestar de todos los bolivianos” (LTC 5/11). Al caracterizar el viaje, y enviar una contracomi-tiva, el mandatario insistió en que el objetivo de los pre-fectos ya no es el tema de la renta a la vejez ni la Consti-tución, sino que él deje su cargo. Como demostración de fuerza, días antes a este decir ordenaba iniciar la ex-propiación de 180 mil hectáreas de tierra para entregar-las a los indígenas guaraníes del sur de Bolivia.

Al cierre de esta edición, el mandatario jugaba una carta arriesgada, ultimando la presentación de un pro-yecto de ley para la revocatoria de los mandatos de pre-sidente y de los nueve gobernadores si obtienen un voto menos que en las elecciones celebradas en diciembre de 2005: “Si el pueblo dice ‘se va Evo’, no tengo ningún problema, soy más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio” (LTC 6/12).

20 Los efectos de la XVII Cumbre Iberoamericana en la esfera regional

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Los efectos de la XVII Cumbre Iberoamericana en la esfera regional: algunos caminos anunciados cada vez más pronunciados La Cumbre Iberomaericana

Hace algo más de 15 años, en el contexto de la finali-zación de la guerra fría (pos caída del muro y desapari-ción de la URSS) y de la llegada de la “globalización”, las relaciones políticas al interior de la región y para fue-ra de ella sufrían un profundo cambio. Por un lado, el alineamiento con las políticas del Consenso de Was-hington y las relaciones carnales de algunos países espe-cíficamente como Argentina y Perú, anunciaban la lle-gada definitiva del neoliberalismo. Por otro lado, en ese nuevo contexto mundial, también Europa avanzaba en su unión actual y no perdía pisada sobre un territorio que, algunos países como España y Portugal, otrora habían tenido un dominio colonial. Así, “y en el marco de la conmemoración de los 500 años del “encuentro” entre dos mundos, “España planteó la iniciativa de convocar una Cumbre Iberoamericana. México acogió con gran interés esa iniciativa y propuso dar a la Cumbre un sentido político, con vistas a identifi-car espacios comunes para lograr una mayor coordinación y coope-ración entre los países iberoamericanos”, (sitio web oficial de la cumbre www.cumbre-iberoamericana.org). México ofició de anfitrión de la primera reunión, en la ciudad de Guadalajara, y junto con España y Brasil promovieron los encuentros restantes de esta nueva iniciativa. Así, todos los años se reúnen los Jefes de Estado y de Go-bierno de los 22 países de América Latina y Europa de lengua hispana y portuguesa. Dichos países forman par-te de la Conferencia Iberoamericana de naciones, un fo-ro privilegiado de consulta y concertación política cuyo propósito es reflexionar sobre los desafíos del entorno internacional, así como impulsar la cooperación, coor-dinación y solidaridad regionales (ver también sitio ofi-cial).

Siempre remarcamos que lo que sucede en este tipo de eventos (cumbres, pactos, reuniones) es reflejo del momento que están transitando las relaciones políticas. Y que, entre el formalismo del texto de la convocatoria y el mismo formalismo de los documentos finales, aflo-ran reuniones secretas, negociaciones, acercamientos entre países, peleas y tensiones que son muestra del es-cenario del momento. Así como muchas cumbres ibe-roamericanas pasaron desapercibidas, y algunas otras fueron el escenario propicio para que los presidentes la-tinoamericanos cerraran grandes negocios con el capital español, en los últimos años la agenda de la Cumbre Iberoamericana empezó a estar teñida de los conflictos regionales actuales. Por ejemplo en la XIII Cumbre de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el año 2003, la agen-da formal se cambiaba por una agenda real que tenía que con la situación política de por aquél entonces de Bolivia. También, en Santa Cruz de la Sierra, se empe-zaba a discutir el “ALCA flexible” o el “ALCA a dos niveles” entre algunos presidentes de la región en reu-niones paralelas a las –muchas veces aburridas– confe-

rencias oficiales de la cumbre. Otro ejemplo lo constitu-ye también la XV Cumbre Iberoamericana en Salamanca, España, en el año 2005, con ingredientes importantes para el futuro del ALCA (poco tiempo después se desarrollaría en Mar del Plata, Argentina, la Cumbre de las Américas, donde fracasaba el proyecto del ALCA lanzado por EE.UU.) y con posicionamien-tos claves que jugaron luego en la relación entre EE.UU. y la región. Uno de ellos fue que en Salamanca se acordaba, por primera vez entre los países de la re-gión, que la Ley Helms Burton impulsada por EE.UU para perjudicar económicamente a Cuba tiene la carac-terísticas de “Bloqueo” y ya no sólo de embargo, gene-rando un gran descontento en la Casa Blanca, que tenía otros ingredientes como el pedido de condena y castigo para los responsables del atentado terrorista contra Cu-bana de Aviación en 1976 a manos del anticastrismo de Miami.

Así, podemos pensar que en torno al episodio suce-dido entre el Rey Juan Carlos y el presidente Hugo Chá-vez tenemos una región que cada vez exige más posi-ciones firmes para aquellos que dubitan o muestran algunas dudas sobre los cambios políticos de los últimos años.

Una cruzada antipopulista como antecedente a la Cumbre

Lo ocurrido en la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile tiene algunos antecedentes que ponen a Chávez y a los gobiernos que se encaminan en el socia-lismo del siglo XXI como el eje de un nuevo populismo que tiene como principal opositor, además de EE.UU, a una larga lista de ex presidentes iberoamericanos que se encargan de demonizar dichos procesos políticos. De la cruzada forman parte activamente los ex presidentes, Vicente Fox de México, Alejandro Toledo de Perú, y –no casualmente– el ex presidente de España, José María Aznar, quienes a comienzos de año empezaron a dise-ñar estrategias para poder arremeter contra la cada vez mayor fuerte presencia de Hugo Chávez en la política regional. Tiempo después se sumó al convite “antipo-puliusta”, el ex presidente de Chile Ricardo Lagos quien participó de algunas reuniones.

Los ataques de Aznar contra el socialismo del sigo XXI consistieron en identificar a dichos procesos como tota-litarios: “América Latina es parte esencial de Occidente, no po-demos permitirnos el lujo de dejarla en manos de regimenes totali-tarios (…) El objetivo común de derrotar el 'socialismo del siglo XXI' requiere tener sentido de responsabilidad” (LJM 27/4). Por otro lado, terció en la relación de la región con EE.UU afirmando que “estoy en favor de que América Lati-na establezca lazos más fuertes con los Estados Unidos. También estoy en favor del libre comercio entre América y Europa” (LJM 27/4). Esto trajo como respuestas cruces muy fuertes de parte de Chávez con esos ex mandatarios, a quienes

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calificó como “babosos que se arrastran del imperio” (LJM 27/04).

En el Centro Fox, la fundación del ex presidente de México, se desarrollaron reuniones y se elaboraron do-cumentos con el objetivo de señalar como negativo los procesos que EE.UU califica de “populistas” y que tie-nen como meta el socialismo del siglo XXI. En el mes de junio, Aznar y Fox mantuvieron otra reunión en la hacienda del mexicano con el objetivo de seguir aren-gando contra Chávez (LN 20/9). En el mes de sep-tiembre Alejandro Toledo y Vicente Fox públicamente se lanzaron contra el presidente Chávez afirmando que “la única forma de detener a Chávez es no darle un terreno fértil para el populismo y reducir la pobreza y la desigualdad con inclu-sión social”, dice el documento elaborado desde el Centro Fox. El mismo Toledo se encargó de sumar a la cruzada antichavista a los ex presidentes de Brasil y Chile, Fer-nando Henrique Cardozo y Ricardo Lagos respectiva-mente, demarcando caminos de otros presidentes lati-noamericanos que se podráin ubicar en la centroizquierda o en el progresismo. Así, declaró que “tengo mucho respeto por la izquierda en América Latina como para pensar que son de izquierda” en alusión a Chávez, Or-tega y Correa (LN 20/9).

En este marco llegamos a la XVII Cumbre Iberoame-ricana donde quedaron bien plasmadas las diferencias entre algunos países de la región y, sobre todo, la posi-ción de algunos gobiernos que, si bien han cambiado de signo político, en momentos de tensión política marcan límites precisos acerca de cómo jugar.

Por qué no te callas Y de alguna forma la situación de tensión regional se

iba a disparar. Esta vez se dio a través de la XVII Cum-bre Iberoamericana, realizada en Santiago de Chile a comienzos de noviembre. En la misma, como es sabido, mantuvieron un intercambio de palabras poco habitual en este tipo de eventos el presidente español José Ro-dríguez Zapatero, el Rey de España Juan Carlos y el presidente de Venezuela Hugo Chávez. El conocido episodio en realidad está evidenciando algunas cuestio-nes que seguimos de cerca desde hace tiempo. El hecho cruzó a Chávez con Zapatero en relación al rol de Az-nar en aquella cruzada antipopulista que se remonta a los momentos del golpe de estado contra Chávez en abril de 2002, que fue apoyado por Aznar, actitud que Chávez sacó a relucir, tildándolo de fascista. Al día si-guiente, en el momento de conferencias finales de la Cumbre, la defensa de Aznar por parte de Zapatero (no por el posicionamiento de aquél ante el golpe, aparen-temente, sino por sentir que se estaba ofendiendo a un presidente democrático que había sido producto de la voluntad popular) generó un entredicho con Chávez en el que el Rey intercedió como todos conocemos. A par-tir de aquí una sucesión de declaraciones y posiciona-mientos se sucedieron que no hacen otra cosa que mar-car algunas situaciones en la región.

Una de ellas radica en que el panorama político de la región está cada vez más fragmentado entre los países más cercanos a EE.UU. y los países que más se oponen al mismo y que se encaminan en ese socialismo del siglo XXI que tanto irrita a los ex presidentes mencionados anteriormente. En el medio algunos procesos políticos como los de Argentina y Brasil cruzados por las dos di-recciones. Pero ante este hecho se agrega otra situación que no es menor: el (histórico) interés de España en la región y la preocupación acerca de que algunos proce-sos políticos afecten sus intereses e inversiones por es-tas tierras. Con un gobierno socialdemócrata que, si bien ha cambiado algunas cuestiones de la política re-ciente exterior española, se acaba de posicionar de for-ma no muy distinta a la que lo hubiese hecho Aznar. Recorremos algunos posicionamientos en la región so-bre el episodio mencionado.

Las repercusiones y los posicionamientos: dos caminos bien marcados

Por un lado encontramos a los que de fondo critican el “populismo” de Chávez y salieron a pasarle la factura de la actitud del Rey. Algunos de ellos en forma directa, en general los que más se oponen en la región, es decir, los principales escuderos de EE.UU, Colombia y Perú. En el mismo camino, otros gobiernos que si bien sus presidentes tienen buena diplomacia con Venezuela, sus ex presidentes se encargan de marcar la estrategia para con el socialismo del siglo XXI, estamos hablando de Chile y México, y podemos ubicar también a España aquí. Por otro lado, en una sintonía más cercana a Venezuela, tenemos a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Brasil, Argentina y Uruguay, en una posición más intermedia, demostrada exclusivamente por no posicionarse ni a favor ni en contra de Chávez, ante este hecho.

Colombia. Dentro de la Cumbre, tenemos, por un lado, las opiniones vertidas por Uribe a El Mercurio an-tes del resonante hecho, que reflejaron bien una estrate-gia que sigue considerando– como parte del ideario neoliberal al que adscribe– la atracción de inversiones externas como la clave para dar respuesta a los proble-mas sociales y económicos latinoamericanos. Así, Uribe se diferenciaba de las novedades políticas de la región en los últimos años: “Nosotros tenemos tres objetivos principa-les en nuestro gobierno: consolidar la estabilidad democrática, con-solidar la confianza inversionista y avanzar hacia la cohesión so-cial. (…) En Colombia no hay vocación de estatismo, en Colombia tenemos toda la disposición de albergar la inversión, la creatividad, el emprendimiento y la responsabilidad social. Enton-ces esa visión política cuando hay tanto estatismo en el continente, también ayuda a que el empresariado tenga confianza, nosotros lo entendemos como un buen camino a la generación de empleo de ca-lidad con afiliación a la seguridad social y un camino a la supera-ción de la pobreza y a la construcción de equidad y para lograr es-to es que necesitamos el incentivo tributario”. “En Colombia los accionistas no pagan el impuesto a la renta. Hemos eliminado el impuesto a las remesas de utilidades en el exterior. Una empresa


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puede convertirse en zona franca y no paga arancel ni impuesto al valor agregado por sus equipos y materias primas”. (EM 11-11)

Por otro lado, en un gesto más que elocuente, casi inmediatamente después de la cumbre, Aznar visitaba Colombia durante dos días y presentaba allí “América Latina, una agenda de libertad”, un informe elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que él preside. El informe enumera los riesgos que enfrenta la región: el socialismo del siglo XXI, el caudillismo, la demagogia, el populismo (retomando los posicionamientos de la cruzada mencionada). Un dato no menor fue que el presidente colombiano participó del evento y pudo escuchar de boca de Aznar la defensa de cada punto de su política y el ataque a la “creciente amenaza populista” con sus “fórmulas que sólo conducen al fra-caso”. (El Tiempo de Colombia 14-11).

Agreguemos que apenas una semana después, tuvi-mos la repentina aunque quizá no sorpresiva suspensión del rol mediador de Chávez en el diálogo con las FARC en búsqueda de lograr el intercambio humanitario. (para ver la dinámica que tuvo hasta fines de octubre la me-diación de Chávez, verAnálisis… Nº 89)

Perú. El presidente Alan García habló por teléfono con el Rey para expresarle personalmente su apoyo en cuanto regresó a Perú tras participar en la Cumbre, (El Comercio 10-11).

México. Rememoremos que México viene de nor-malizar hace poco las relaciones diplomáticas con Ve-nezuela, nombrándose hace unas semanas los represen-tantes de las sedes diplomáticas en México y en Venezuela. (Tratamos este regreso a la región en el Análisis Nº 87) Estaba agendado en esta cumbre un encuentro personal entre los presidentes Calderón y Chávez que sellara esto, pero los desastres naturales ocurridos en el sur de México retuvieron a Calderón en su país. Así, la reunión quedó a cargo de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano. (LJ 10-11). Dicha funcionaria tomó partido en la cuestión de la cohesión social asegurando que para México la cohesión social es “un componente fundamental en la formula-ción y ejecución de las políticas públicas nacionales, pero también de la cooperación iberoamericana”. (LJ 10-11)

Quizá tratando de que no se viera afectada la reciente normalización de relaciones, el que salió a explicar y de-fender el exabrupto real, fue el ex-presidente Vicente Fox. En una entrevista con la cadena CNN justificó al rey porque Chávez “estaba ofendiendo a un ex presidente elec-to democráticamente, pero además a España misma, porque esos comentarios no se hacen”. Y agregó: “Yo comprendo al rey de España. Comprendo que cuando se trata de España, cuando se trata de las instituciones españolas, (el rey) haya salido en defen-sa”. (LJ 13-11)

Chile. En el país anfitrión de la Cumbre y que tiene a un gobierno que mientras su presidenta intenta estable-cer posturas conciliadoras en la política latinoamericana, el ex presidente Lagos y otros actuales funcionarios de su gobierno manifiestan claramente un posicionamiento muy antichavista. Las reacciones de las principales figu-

ras políticas chilenas siguieron en términos generales las divisiones que ya habíamos referido en torno a la Jorna-da Nacional de Movilización y Acción Sindical que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizó el pasado 29 de agosto (Ver El Chile irreal…en el Análisis 88)

Así, se lanzaron críticas a Chávez desde los partidos de la derechista Alianza por Chile (Unión Democrática Independiente –UDI– y Renovación Nacional –RN). Así, el líder de RN, Carlos Larraín acusó a Chávez de creer “que porque se pasea por el mundo regalando la plata de los pobres venezolanos tiene derecho a irrumpir en los países, soca-var las instituciones con su tesis bolivariana.” Y el líder de la UDI, Hernán Larraín, reveló sus esperanzas de que América Latina no siguiera contando con este tipo de mandatarios. “A nosotros nos gustan gobernantes solidarios, que están dispuestos a trabajar por sus pueblos y no gente prepo-tente...”.

Igual que a fines de agosto, la Democracia Cristiana se alineó con la Alianza. Así, el senador Jorge Pizarro declaró que “lamentablemente la retórica, la locuacidad, la falta de pluralismo y la prepotencia de algunos develaron el totalitaris-mo que no se condice con lo que estamos viviendo en el siglo XXI”. (EM 11-11)

Quien sentó posición desde el gobierno fue el canci-ller Alejandro Foxley, contraponiéndose a Chávez: “Fue una escena muy lamentable. Se puede discrepar pero sin descalifi-car. El Rey de España es una gran figura de la democracia espa-ñola. (…) Por eso yo quiero expresar una solidaridad muy pro-funda con el rey, con el presidente Rodríguez Zapatero y también con el ex presidente Aznar”. Pero más allá de la escena, Foxley declaró que el modelo español es un ejemplo pa-ra Chile, “y por lo tanto vamos a estar con ellos”. Y desafió abiertamente a Chávez y a los que creen que “cohesión social” no es un concepto clave a “que vengan a Chile. Comparemos lo que Chile ha logrado en transformación social en los últimos 15 a 20 años, y comparémoslo con alguna expe-riencia seudo revolucionaria o con estas experiencias que buscan un atajo. ¿Quién tiene mejores indicadores?”. También rechazó fuertemente el ofrecimiento de Chávez a subsi-diar el Transantiago e invitó a que, en vez de ofrecer y distribuir subsidios por todos lados, fueran a la OPEP y propusieran rebajar los precios. “Eso es verdaderamente so-lidario”. (EM 12-11) Ciertamente es solidario, ¡pero también lo es con el sostenimiento del consumo energé-tico de los más ricos! Foxley propuso algo que está más atrás de lo que Venezuela está haciendo al vender petró-leo a precios menores a naciones del Caribe y de Cen-troamérica, solidariamente con quienes no pueden pa-gar.

Profundizando estas posiciones, Foxley declaró que “Con España firmamos un acuerdo específico cuando la Presiden-ta Bachelet estuvo allí, de asociación estratégica, de cooperación en planos múltiples (...) tenemos un acuerdo de libre comercio con ellos, es un grado más alto de alianza”, al mismo tiempo que aseguraba que con Venezuela Chile tiene muy buenas relaciones y se seguirán teniendo. (EM 13-11)

El problema fueron sus propias declaraciones previas, como le señalaba el senador del Partidos Socialista Ale-

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jandro Navarro –que también apoyó en agosto la jorna-da de la CUT: “Es impresentable esperar a que se fuera (el can-ciller) Nicolás Maduro para tildar de ‘seudo revolución’ al proceso bolivariano. Si a esta democracia Maduro la hubiera declarado ‘seudo democracia’, estaríamos muchos chilenos indignados, y yo también”. “Le debemos una disculpa al pueblo venezolano”. En posición intermedia, el senador del Partido Radical So-cial Demócrata, Nelson Ávila, comparó las críticas del canciller a Chávez con el intento del Rey de hacer callar al venezolano y calificó a Foxley como un “plebeyo que in-tenta imitar al monarca”,(EM 13-11).

Aquellas declaraciones de Foxley provocaron la res-puesta del vicecanciller de Venezuela Rodolfo Sanz dijo ayer que llamaba “a la sensatez del canciller chileno en procura de un diálogo de altura entre nuestras representaciones diplomáti-cas” y dijo que éste “se suma a la matriz mediática que han pretendido sembrar en torno a la respuesta que el Presidente Hugo Chávez dio al ex Presidente del gobierno español José María Az-nar, quien desde hace tiempo se ha dedicado a ofender y difamar al pueblo venezolano”, (EM 14-11).

Por otro lado, las relaciones chilenas con Venezuela también fueron afectadas por legisladores opositores y algunos oficialistas (de la DC). El 14 de noviembre los senadores Sergio Romero (RN), Hosaín Sabaj (DC), Juan Antonio Coloma (UDI) y Roberto Muñoz Barra (PPD) presentaron una declaración que establecía que los dichos y actos de Chávez constituyen “un agravio para el pueblo chileno, al ensombrecer todo el esfuerzo de su gobierno para destacar y avanzar en aspectos concretos, que lleven a conso-lidar nuestras democracias y sociedades más justas y desarrolla-das”. Poco después, Diputados aprobó un pronuncia-miento que acusó a Chávez de tratar de “boicotear” la cita y de “intervenir indebidamente en asuntos bilaterales”, por pe-dir públicamente mar para Bolivia. Además del respaldo de la totalidad de los parlamentarios de oposición, el documento contó para su aprobación con el apoyo de tres de la DC. (EM 25-11)

Por otro lado, el canciller Foxley adelantó que el go-bierno chileno subiría al apuesta en torno a la cuestión de la cohesión social: “la Presidenta Bachelet va a ir a Mer-cosur a reiterar exactamente el planteamiento que hizo en la Cumbre Iberoamericana, a poner el tema de cohesión social como el tema fundamental que estos países debemos priorizar como un punto de convergencia de los modelos de desarrollo que hay en la región”. “Esperamos que esta postura sea ampliamente comparti-da en la región”. “Vamos a validar, una vez más, que la política exterior de Chile pone en el primer lugar el tema de la cohesión so-cial porque es la forma de estabilizar las democracias”. (EM 26-11) Justo asume esto el gobierno concertacionista que enfrenta las mayores protestas sociales desde el fin de la dictadura de Pinochet. (véase El Chile… en el Análisis Nº 88).

España. En octubre de 2004, ya con el nuevo gobierno socialista en funciones, el propio ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, reconoció públicamente la participación de Aznar en el golpe contra Chávez. Sus palabras textuales fueron: “En el

anterior gobierno, cosa inédita en la diplomacia española, el embajador español recibió instrucciones de apoyar el golpe (contra Chávez en Venezuela), cosa que no se va a repetir en el futuro. Eso no se va a reproducir, porque nosotros respetamos la voluntad popular”. (LJ 13-11). Según el propio Miguel Ángel Moratinos, más que gestos de protesta, como reclama con insistencia la oposición española, son necesarias gestiones para reconstruir la relación con Venezuela y por ello “lo último que debe hacerse” es llamar a consultas al embajador. En este contexto cabe recordar que tras cuatro años de congelamiento, Cuba y España normalizaron sus relaciones bilaterales en abril pasado, reanudaron los programas de cooperación y pactaron un mecanismo de diálogo sobre derechos humanos, cuya segunda sesión se realizará este mes en Madrid, confirmó en la víspera el canciller español Miguel Angel Moratinos. España es el tercer socio comercial de Cuba, después de Venezuela y China. Y en este contexto, si las relaciones entre España y Venezuela sufren mayores turbulencias, la normalización con Cuba podría verse afectada.

Por otra parte, según Moratinos, los empresarios es-pañoles pidieron al gobierno de Madrid que actúe. En este sentido Gerardo Díaz Ferrán., el dirigente de la Confederación Española de Organizaciones Empresa-riales amenazó a los países de América Latina que de continuar esta situación de “inseguridad jurídica” podrían plantear la posibilidad irse de la región. Díaz Ferrán acusó a Hugo Chávez de pretender ser “el líder de las em-presas españolas; se quiere convertir en el Fidel Castro de Améri-ca Latina” (14/11).

El presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Durao Barroso (Partido Social Demócrata, que en Portugal es de tendencia derechista): “Si Chávez quiere respeto tiene que respetar a los demás y no hacer descalifica-ciones (…) el populismo no es buena solución para los problemas que hay en América Latina”.

Por el lado de la Iglesia, el presidente de la Conferen-cia Episcopal de España, Antonio Cañizares, se refirió en términos elogiosos al intento del monarca de callar a Chávez, al señalar que “uno siente mucho gozo cuando un rey, cuando un jefe de Estado protege y defiende a la nación”, (LN 17-11).

Con respecto a otros sectores políticos, Willy Meyer, responsable de política exterior de Izquierda Unida (IU), señaló que “la Constitución impide que el rey mande ca-llar no sólo al presidente del gobierno, sino tampoco puede hacerlo con un presidente autonómico o con un alcalde, así que lo que no puede hacer aquí, tampoco debe hacerlo en ningún foro internacio-nal con presidentes elegidos democráticamente”. (LJ 13-11). En el mismo camino, el líder de la UI, Gaspar Llamazares, afirmó “que lo que hace Chávez es decir la verdad” en torno a rol de Aznar en el golpe de estado de abril de 2002.


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Venezuela. Con respecto al episodio donde el Rey quiso callar a Chávez, el presidente venezolano declaró: “Nosotros no queremos para nada que este lamentable incidente, en el cual un jefe de estado, Juan Carlos de Borbón, airado, ame-nazante, iracundo, pretende que otro jefe de estado se calle de ma-nera irrespetuosa, afecte las relaciones. Lo que no entiendo es la defensa de Zapatero a Aznar. (…) Creo que el grito del Rey fue-ron 500 años de prepotencia. Hay que recordarle al Rey de Es-paña que aquí somos libres (…), que bastante sangre corrió aquí para cortar cadenas de 300 años de monarquía española. Parece que en un segundo de desespero se olvidó el Rey que no somos sus súbditos” (LN 14/11). Luego el presidente de Venezuela repitió, “¿Zapatero defendiendo a Aznar? ¿Y pidiendo que res-pete a Aznar porque es un presidente electo? A Hitler lo eligieron los alemanes, ¿eso significa que nadie puede atacar a Hitler? Qué cosa más absurda y con esa absurdidad salió Zapatero”. “No me voy a callar ni me callaré porque por mi boca no hablo yo, por mi boca hablan millones, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaicaipu-ro (líder indígena que encabezó la resistencia antiespaño-la en el siglo XVI), de José Leonardo Chirinos (independen-tista venezolano del siglo XVIII, hijo de negro e indígena) y de Tupac Amaru (rebelde peruano del siglo XVIII), a quienes explotaron y mataron los españoles”, “Señor Juan Carlos, si yo me callara gritarían las piedras de los pueblos de América Latina”.

Con respecto a los intereses económicos de España en Venezuela Chávez fue categórico “España tiene aquí bastantes inversiones, empresas privadas, nosotros no queremos dañar eso. Ahora, si se daña se daña. No es si se daña se daña. No es imprescindible para nosotros la inversión española en Ve-nezuela: que si el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Santander”. Se estima que las empresas españolas han invertido en Venezuela durante el gobierno de Chávez unos 2380 millones de dólares (LN 13-11). Según el mandatario venezolano el incidente “podría alterar” las relaciones di-plomáticas con países como Chile y El Salvador.

Cohesión social. “Son las clases ricas las que quieren mantener su cohesión social”, y preguntó “cómo vamos a cohe-sionar estas sociedades” con el grado de miseria, de pobreza existente. Esto último está en relación con que la Cum-bre trató como uno de sus temas principales la cohesión social, por el cual los representantes de los 22 países asistentes a la cumbre aprobaron ayer impulsar el desa-rrollo de un sistema de cohesión social panamericano que beneficie sobre todo a los seis millones de emigran-tes de Iberoamérica. El venezolano refirió que su país contribuye al desarrollo de América Latina vendiendo petróleo a precios menores a naciones del Caribe y de Centroamérica, defendió su vía socialista, festejó la creación del Banco del Sur y cuestionó que las reservas internacionales de la región estén en las naciones ricas.

Ecuador. En esta dirección, sobre la cohesión social, el presidente Correa indicó en una entrevista que en América Latina “se puede encontrar más pobres que en África y Asia, y ricos más ricos que en Suiza. Mientras haya esas dife-rencias sociales insultantes y abismales (dijo), ¿de qué cohesión social vamos a hablar?”.

Nicaragua. El presidente, Daniel Ortega, rápida-mente salió a jugar en defensa de Chávez (a quién le ce-dió su palabra para que éste le conteste a Zapatero) re-cordando que “los antisandinistas se reunían en la embajada de España”. Una vez terminada la Cumbre, afirmó que la misma marca el inicio de un “diálogo franco” que “pone en el tapete la agenda de los pueblos”, (LJM 13/11).

Cuba. El vicepresidente Carlos Lage fue uno de los primeros en defender a Chávez destacando “el derecho a defenderse (…) producto de que Aznar ha atacado la dignidad de Venezuela en reiteradas ocasiones” (EP 10/11). Luego se re-firió a que Cuba es ejemplo de cohesión social y que és-ta nunca será alcanzada en otros países si no se enfren-tan a las oligarquías y a “la política criminal” del gobierno estadounidense de George W. Bush, y asentó que tal cohesión social “es fruto directo de la obra histórica del presi-dente Fidel (Castro) y una conquista irrenunciable del pueblo cu-bano”.

El presidente de Cuba, Fidel Castro, se pronunció también al respecto: “Vino la Cumbre Iberoamericana, y allí ardió Troya. El discurso adicional, invertebrado e inoportuno de Zapatero, su defensa de Aznar, la orden abrupta del Rey de Es-paña y la respuesta dignísima del Presidente de Venezuela, que por causas técnicas ni siquiera pudo oír con precisión lo que el Rey dijo, aportaron pruebas irrebatibles de las conductas y los métodos genocidas del imperio, sus cómplices y las anestesiadas víctimas del Tercer Mundo”, (LJM 16/11). En su columna habitual del diario Granma publicó, “Che era un hombre de ideas. Con dolor profundo escucharía los discursos que desde posiciones tradi-cionales de izquierda se pronunciaron en la Cumbre Iberoameri-cana en Santiago de Chile. Los de la derecha asumieron las posi-ciones igualmente tradicionales haciendo inteligentes concesiones a la supuesta izquierda. Orgullo sentiría por los pronunciamientos de varios líderes, revolucionarios y valientes, con independencia de la poca o mucha experiencia política de cualquiera de ellos. La experiencia es la madre de la ciencia y de las ideas. De las bata-llas libradas por un puñado de combatientes cubanos en un frag-mento de la Sierra Maestra contra fuerzas extraordinariamente superiores en número y en armas, elaboró el Che las ideas que después sintetizó en su libro La guerra de guerrillas. La crítica de Chávez a Europa fue demoledora. La Europa que precisamente pretendió dar lecciones de rectoría en esa Cumbre Iberoamericana. En las palabras de Daniel (Ortega) y Evo (Morales) se escu-charon las voces de Sandino y de las culturas milenarias de este hemisferio”, (P12 14/11).

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Argentina

Tras el amplio triunfo electoral del Gobierno, la oposición comienza su recomposición atrave-sada por fracturas y reagrupamientos de signo político diverso, al tiempo que la presidenta elec-ta Cristina Fernández de Kirchner convoca a un pacto social del cual, en el mes de noviembre, tuvimos sugestivos anticipos. Estos nos permiten analizar los posibles escenarios que nos depa-rará el año entrante.

La difícil tarea de constituirse en oposición única Rebelión en la granja del ARI y reagrupamientos por “izquierda” y “derecha”

Finalmente fueron 8.650.990 votos los que respalda-ron la apuesta presidencial oficialista, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner. El doble que lo obtenido por su inmediata perseguidora, Elisa Carrió, quien intentará ponerse al frente de la oposición. Pero no es sólo una diferencia cuantitativa, abismal, por cierto, lo que separa a Carrió de la Casa de Gobierno.

A tan sólo cuatro días de los comicios, y con la auto-postulación como jefa de la oposición aún resonando, el diputado Carlos Raimundi, del ARI, se negó a integrar el interbloque que Carrió planteó junto al socialismo. A continuación, ocho diputados electos también por el ARI, se plantaron ante la decisión de su jefa política: “Queremos que ARI tenga autonomía, como la tiene el socialis-mo, y nos preocupa el rumbo que ha tomado la coalición”, señaló Eduardo Macaluse, explicando la decisión de los ocho

“rebeldes”. La respuesta de la nueva líder de las “capas medias altas y altas de la sociedad”, como a ella misma le gusta definirse actualmente, no tardó en llegar: “El 95 por ciento de los diputados se va a coaligar en torno de los contra-tos moral, republicano y de distribución del ingreso. El otro 5 por ciento, no me interesa”, dijo Carrió (LN 3/11).

Tres días más tarde, la disputa se agudizaba: “No nos sentimos representados por la mesa nacional de la Coalición Cívi-ca. (…) No queremos un bloque de diputados manejado a control remoto”, insistía Macaluse.

Pero la rebelión no venía sólo desde dentro. El electo gobernador de Santa Fe por el socialismo, Hermes Bin-ner, le ponía paños fríos al entramado opositor que Ca-rrió pretende liderar: “El juego de la democracia está dado por presentar proyectos que superen lo que está haciendo el Gobierno. Esto no se logra simplemente con declaraciones. En nuestro país, tenemos una gran carencia de propuestas”. Y respecto a las elecciones, agregaba: “Hubo un claro triunfador y hay una gran dispersión de la oposición” (C 8/11).

26 En torno al pacto social: entre el peor de los mundos y la distribución de las riquezas

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A este distanciamiento se sumaba el intendente electo de Rosario, el también socialista Miguel Lifschitz: “El socialismo tendrá bloque propio en el Congreso porque apuesta a métodos de construcción más democráticos” (LN 13/11).

Todavía no había pasado un mes de las elecciones, cuando los “rebeldes” de ARI anunciaron la creación, aun antes de asumir, de un bloque propio en la Cámara baja denominado “ARI autónomo”. La misma actitud era seguida por los dos senadores de Tierra del Fuego también electos por el mismo partido. “Creemos que la po-lítica de alianzas debió ser discutida democráticamente en el seno de ARI, pero eso jamás se dio” (LN 17/11), explicaba Ma-caluse, al tiempo que anunciaba la creación del bloque autónomo junto a Carlos Raimundi, Marta Maffei, Ma-ría América González, Emilio García Méndez, Leonar-do Gorbacz, Lidia Nain y Delia Bisutti.

Con esta tensión se llegó a un Congreso del ARI en el cual, luego de profundas discusiones, se aprobó respal-dar la estrategia de alianzas planteada por Carrió: que el ARI continuará conformando la Coalición Cívica y, so-bre todo, que quienes estén fuera de la misma no po-drán usar el nombre del ARI, en clara alusión al grupo autonomista. La moción de estos últimos, respecto de no aprobar la permanencia de ARI en la Coalición Cívi-ca, obtuvo un tercio de los votos, entre ellos los de los congresales de Tierra del Fuego, única provincia gober-nada por el ARI, a través de la figura de Fabiana Ríos.

Las conclusiones de Carrió al respecto fueron claras: “Los árboles tienen que ser podados para dar frutos. Fueron cor-tados en tiempo y cantidad justa”. Y las proyecciones, aun-que contradictorias con lo prometido en cuanto a no ser más candidata a presidente en caso de no triunfar en las elecciones pasadas, también: “Tomé la decisión de no irme, de quedarme… a todo. A todo… lo que sea necesario. Mi única tentación es la libertad, pero mi deber es construir la nueva mayo-ría y lo voy a hacer” (LN 27/11).

Por otro lado, la UCR “oficial”, es decir, la que apoyó la candidatura de Roberto Lavagna, quien resultó terce-ro en las presidenciales de octubre, también sufre frac-turas internas importantes. Recordemos que un segun-do sector del radicalismo, conducido por Margarita Stolbizer, apoyó a Carrió, y un tercero se alineó detrás de la candidatura a vicepresidente del mendocino Julio Cobos, acompañando a la candidata del Frente para la Victoria Cristina Kirchner. En forma bien gráfica expli-caba la situación el ex candidato a vicepresidente de La-vagna, y presidente del comité nacional del partido, el jujeño Gerardo Morales: “El radicalismo está partido en tres, y esto tiene que ver con nuestra crisis y la del sistema de partidos. Se está profundizando la democracia de candidatos. Hay dirigen-tes que tienen buena llegada y construyen proyectos personales.

Contra eso, el desafío es fortalecer el sistema. (…) Tiene que haber sanciones ejemplificadoras para que, en el futuro, la gente que forme parte de nuestra organización respete sus reglas, tenga disciplina, tenga conducta. Hoy cualquiera hace cualquier cosa, como los gobernadores que no tienen límites para el pragmatismo. (…) La oposición ha quedado muy disminuida. Es muy fuerte la presencia del Gobierno. Tenemos que establecer formas de diálogo para discutir una agenda en común, fundamental para la trans-parencia. El partido tiene que estar totalmente abierto a constituir un gran frente opositor” (LN 18/11).

Claro que toda acción implica también su respectiva reacción y, por tanto, todas estas fracturas contienen potenciales reagrupamientos.

Por un lado, sobre el final del mes se anunció el acer-camiento entre los legisladores que responden a López Murphy (Recrear), Macri (Pro), Rodríguez Saá (pero-nismo disidente), Jorge Sobisch (MPN) y Luis Patti, to-dos coordinados por el ex agente de la SIDE Juan José Álvarez, para redactar una “carta fundacional” de un in-terbloque legislativo que los convierte en la principal fuerza de oposición en el Parlamento, quitándole este lugar a la Coalición Cívica de Carrió, y asegurándose así la vicepresidencia segunda de la cámara baja. El legisla-dor puntano Luquiño, hombre de los Rodríguez Saá en Diputados, explicaba: “Está hecho el acuerdo para hacer un interbloque programático, vamos a tener nuestra acta constitutiva y la idea es que hasta el 2010 nadie hable de nada que entorpez-ca la tarea parlamentaria ni de ninguna candidatura presiden-cial” (P12 28/11).

Por otro lado, la implosión en el ARI también tuvo sobre el fin de noviembre sus primeras consecuencias parlamentarias. Los diputados Claudio Lozano (CTA), Eduardo Macaluse (ARI autónomo), Pablo Zancada (Socialista), el ex legislador Mario Cafiero y el ex candi-dato presidencial Fernando “Pino” Solanas se presenta-ron juntos públicamente para pedir un “cambio de la estra-tegia diplomática de la Cancillería argentina con Gran Bretaña” respecto a la soberanía territorial marítima (P12 28/11). Más allá de la coyuntura puntual en la que estas fuerzas aparecen juntas, lo cierto es que podría hablarnos de cierta tendencia de cómo actuarán en el futuro inmedia-to.

Y mientras este es el panorama en la oposición, con-tinúan delimitándose los dos proyectos de país, que to-do indica se enfrentarán tozudamente durante los próximos años. Quizá los límites que muestra la oposi-ción política en articular discursos, prácticas y consen-sos sea una de las razones centrales para entender por qué otros actores comienzan a jugar de manera más ex-plícita en la política cotidiana.

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En torno al pacto social: entre el peor de los mundos y la distribución de las riquezas La voz externa y sus ecos locales

Después de las elecciones y en el marco de la prepa-ración del pacto social convocado por la presidenta electa, Cristina Kirchner, las expresiones del capital más con-centrado a escala mundial se posicionaron de manera coligada en oposición a los ejes centrales del esquema de política económica oficial, exigiendo, al mismo tiem-po, la aplicación de medidas que garanticen las mejores condiciones para sus negocios.

De visita en la Argentina, la ex secretaria de Estado de EE.UU., Madeleine Albright, pieza clave en el go-bierno de Clinton, representó la voz de los capitales de ese país afirmando sobre la política económica de Kirchner que “ha habido dudas sobre invertir aquí. Tienen que ver con algunas regulaciones arbitrarias y con temas sobre la con-fianza en las estadísticas y la transparencia” (LN 3/11).

El mismo día, el flamante director del Fondo Mone-tario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Khan, se sumaba a las presiones internacionales, reclamando a la Argentina el acuerdo de un plan de trabajo con el orga-nismo que preside: “Me alegro si la Argentina no necesita al Fondo. Pero aún hay algunos problemas en la deuda externa. To-dos estarían muy felices si la incógnita del Club de París puede ser resuelta tan rápido como sea posible porque es una condición para que la Argentina reciba inversión extranjera, que a su vez es muy importante para el crecimiento” (LN 3/11).

En el mismo sentido intervino el ministro de Eco-nomía de Alemania, Michael Glos, advirtiendo que sin acuerdo con los organismos multilaterales de crédito permanecerán cerradas las vías de préstamos: “La Argen-tina debería acercarse lo más rápido posible al Club de París. Damos la bienvenida al hecho de que existan discusiones sobre es-tos temas entre el gobierno argentino y el FMI. Es crucial que la Argentina, con el nuevo gobierno, tome el camino correcto en polí-ticas económicas y financieras, y esto incluye un acuerdo exitoso de la deuda del país” (LN 22/11).

Por su parte, el presidente de la poderosa Confedera-ción Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Días Ferrán, exigió -en nombre de los capitales más concentrados de España, con gruesos negocios en la Argentina- la imposición de dos condi-ciones fundamentales: “la primera preocupación de las empre-sas que están allá es la paz social; la segunda, sin dudas, son las tarifas. Sin las dos cosas es imposible funcionar. Y las tarifas tie-nen que tener revisiones periódicas que vayan en consonancia con la suba de los costos. Oiga, las empresas tienen que tener benefi-cios, porque sin beneficios no pueden amortizar sus inversiones” (LN 5/11).

Hemos visto los principales puntos exigidos por los representantes de los capitales más concentrados a esca-la mundial. Sintéticamente se podrían agrupar en el si-guiente esquema:

• suspensión de las regulaciones estatales en materia de precios y exportaciones, que garantice el au-mento de los precios internos y las tarifas;

• acuerdo de un programa con el FMI (reducción del gasto, disminución de impuestos al gran capital, reducción de la emisión de moneda, revaluación del peso, aumento de las tasas de interés);

• ejecución de los pagos a los deudores externos; • represión del conflicto y control social (“garantizar

la paz social”). La aplicación de este cuerpo de medidas es la condi-

ción que los centros financieros internacionales exigen a la Argentina a cambio de volver a asignarle financia-miento.

Estas exigencias se reprodujeron a nivel interno, par-ticularmente el mes pasado en las áreas aeroportuaria y energética.

El presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernes-to Gutiérrez, reclamó un aumento en las tarifas lamen-tando: “Pasamos un año que fue dramático para la Argentina, el 2001. Y el sector aeronáutico quedó con su estructura de costos en dólares y sus ingresos en pesos. Necesitamos un sistema que permita que la ecuación de las empresas sea rentable” (LN 7/11).

En cuanto a la situación tarifaria de las privatizadas en general y en defensa de la política de privatización, el consultor privado Francisco Mezzadri estimó que “las tarifas deberían subir un 100% en promedio. Las Enarsa de nuestro mercado lo que hacen es retrasar el progreso” (C 10/11).

En esta materia fueron las compañías petroleras quie-nes, a principios de mes, pasaron “del dicho al hecho”. Las empresas Shell, Esso, Repsol y Petrobras aplicaron sin mediaciones un aumento en los precios de los com-bustibles líquidos del orden del 5% y 8% en promedio.

Por esos días, en el 43er Coloquio de IDEA, varias expresiones del capital presionaron fuertemente po-niendo la cuestión energética en la mesa de discusión e hicieron lobby exigiendo subas de precios a cambio de inversiones productivas. Carlos Pierro, miembro del Consejo Mundial de Energía dijo: “Se limitó el gas en in-vierno porque ya no alcaza para todos, siguen bajando las reservas de petróleo y gas, no alcanza la producción de gasoil propio, se in-crementa la generación con fuel oil, que se hace con máquinas ob-soletas. Estamos mal en seguridad energética” (C10/11).

También el diario Clarín se hacía eco de estas deman-das. Desde su línea editorial argumentaba: “La próxima administración nacional y varias provinciales tendrán que hacer ajustes en variables económicas sensibles, corrigiendo desajustes admitidos por razones electorales (…), para consolidar la con-fianza de los inversores locales y externos, precisamente cuando otra necesidad acuciante es aumentar la inversión” (C 4/11).


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“El peor de los mundos” y las migas de la renta agraria

A las intervenciones en contra de las medidas oficiales de control de precios y exportaciones, el Gobierno sor-prendió respondiendo con un aumento en las retencio-nes de entre el 5% y el 10% para la exportación de gra-nos, harinas y aceites de soja, trigo, maíz y girasol; la aplicación de un riguroso precio máximo a la exporta-ción de petróleo y combustibles; y la reorganización de la jugosa cuota Hilton (cortes de carne de calidad vendi-das al exterior).

Profundizando algunos ejes centrales de su política económica general, y como réplica a la presión de las petroleras vista recién, el Gobierno aplicó un duro lími-te de precios a la exportación del petróleo y las naf-tas. Este nuevo esquema de precios máximos fija un “valor de corte” del barril de crudo de 42 dólares. La di-ferencia entre este “valor de corte” y el precio interna-cional (que rozó en noviembre los 100 dólares) quedará en manos del Estado. Para la nafta el precio mínimo se-rá de 78 dólares. Esto supone un fuerte incremento en las retenciones que pagan las compañías petroleras.

En la resolución que daba cuenta de la medida, publi-cada en el Boletín Oficial, se justificaba: “El Estado debe procurar captar las rentas extraordinarias que se generan en dife-rentes sectores, en especial cuando se trata de recursos naturales no renovables” (C 17/11).

El apoyo abierto a la medida oficial llegó por parte de la Asociación de Estaciones de Servicio Independientes, donde argumentaron que la misma “es una forma de poner algún freno a la fiebre exportadora de las petroleras” (C 17/11).

También desde el grupo Moreno su vicepresidente, Gustavo Calleja, celebró: “Esto mejora el sistema de retencio-nes de Lavagna. Si producir un barril les cuesta a la petroleras 5 dólares, con 42 ganan igual. Las naftas están faltando y las manda para afuera” (LN 16/11).

Por otro lado, el Gobierno comunicó su pretensión de avanzar en el control estatal del 20% de la compañía Aerolíneas Argentinas. Hasta hoy el estado nacional es dueño tan solo de un 5% de la empresa.

Pero sin duda, el hecho más significativo fue el au-mento en las retenciones a los productos agrícolas. Esto precipitó el enojo de las entidades que representan a los terratenientes, ganaderos y grandes arrendatarios y logró sumar a los pequeños propietarios y pequeños arrenda-tarios: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confedera-ciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federa-ción Agraria Argentina (FAA) expresaron coligadas su categórica oposición a lo que consideraron “una medida unilateral que, con una actitud recaudatoria, perjudica a los pro-ductores, a todos los pueblos del interior y a las economías provin-ciales” (LN 8/11).

Un día antes del anuncio oficial, la SRA y la CRA ya habían reprobado la decisión que, a esa altura, era un “secreto a voces”. El presidente de la primera, Luciano Miguens, hacía números: “En principio me parece un error. El campo ha contribuido en esta última cosecha con derechos de exportación agrícola por 4.200 millones de dólares. Con eso ya

iban a tener un aumento. Me parece que no es oportuno en este momento. Esta medida afecta, sin ninguna duda, a la produc-ción”. Mientras tanto, Mario Llambías, titular de CRA advertía que “sería una mala noticia un aumento, porque el va-lor de los insumos sigue subiendo y esto baja la rentabilidad” (C 7/11).

En Coninagro, entidad que nuclea a los grandes co-mercializadores del negocio agropecuario, también se manifestaron en contra de la decisión oficial: “Parece una afrenta, parece una postura donde la comprensión y el entendi-miento resultan escasos. El campo ha sido nuevamente agredido” (LN 8/11).

Desde la dura entidad regional Confederación de Asociaciones Rurales de Bs.As. y La Pampa (Carbap), integrada a CRA, se publicó un comunicado que afir-maba “su total rechazo a la inoportuna y desacertada suba de alícuotas a las retenciones de granos y oleaginosas. El abusivo e incorrecto gasto que realiza el Poder Ejecutivo es el causante de la inflación que el ministro quiere cortar de lleno asfixiando a los productores, quitándoles una porción de la rentabilidad” (LN 8/11).

La reacción de los terratenientes y de la gran burgue-sía vinculada al campo contra la política económica ofi-cial no es una novedad. Basta recordar, por una parte, la dura exigencia realizada por Miguens en la apertura de la última Exposición Rural, en el mes de agosto, en la cual dijera: “Ha llegado la hora de eliminar totalmente las retencio-nes. Ha llegado la hora de liberar las exportaciones” (LN 5/8, citado en el Análisis… Nº 86), así como también los su-cesivos lock out desplegados en los últimos años por las entidades agrícolaganaderas.

También como expresión de los intereses de la pro-piedad más concentrada en el país intervino el diario La Nación. En un editorial titulado “Gasta el Estado, paga el campo” sintetizaba la línea crítica esbozada por esos días desde las entidades agrícolaganaderas: hay un excesivo gasto público en materia económica mantenido con una parte de la renta agraria.

“La nueva gabela se incorpora cuando las siembras ya fueron realizadas y los productores no tienen ninguna capacidad de modi-ficar sus decisiones. Este es el peor de los mundos para cualquier actividad empresarial. Un comportamiento oficial de este tipo au-menta notablemente la percepción de riesgo para cualquier inver-sión, en momentos en que el desafío es recuperar la confianza para revitalizar las inversiones y crecer genuinamente.

Cuando la estructura de precios internos se desvía artificialmen-te de la internacional, se inducen decisiones empresariales inade-cuadas para la productividad, la competitividad y el futuro del pa-ís. A la larga, se afecta al crecimiento y el salario real. Desde el punto de vista del interés general es claramente más conveniente y equitativo sostener programas de ayuda alimentaria y planes socia-les a las familias de menores ingresos” (LN 10/11).

Por razones que tienen que ver con la defensa de los pequeños y medianos propietarios, la FAA también cri-ticó la medida oficial. Aunque su presidente, Eduardo Buzzi, más que impugnar el aumento de las retenciones en sí, propuso un sistema de defensa para los pequeños empresarios del campo: “Hay gran preocupación porque un

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incremento de las retenciones afectaría sobre todo a los productores más chicos. Por lo tanto, se impone la necesidad de un mecanismo de reintegros de exportación a los productores más vulnerables” (LN 7/11). De hecho, como desde varios meses atrás, Buzzi denunció la fortísima concentración de la propie-dad de la tierra y de los negocios en la Argentina: “hoy el 4% de los productores más grandes concentra el 60% del volumen total de soja. Y el incremento anunciado no hace más que favorecer a esos actores más concentrados del sector; que hace años se vienen apropiando del grueso de la renta agraria. Ya que, concebidas sin ningún tipo de segmentación, las retenciones al agro seguirán im-pactando con más fuerza sobre los miles de productores de menor escala” (LN 8/11).

De todas maneras, es relevante que la Federación Agraria actúe alineada con las otras entidades agrícola-ganaderas en la oposición a la decisión oficial.

Desde las representaciones políticas, el gobernador de Córdoba, José De la Sota, intervino también pública-mente como expresión de los intereses agrícolaganade-ros: “Siempre he estado en contra de las retenciones, que es un impuesto recesivo. Con esto Córdoba pierde cientos de millones” (C 10/11).

De manera más significativa, por su carácter de diri-gente nacional, la líder del ARI y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se colocó inmediatamente a la cabeza del reclamo de los terratenientes. Anunció el armado de un grupo parlamentario que trabajará “en defensa del campo” (C 14/11) y publicó, junto a otro integrante de la CC, Andrés Domínguez, una nota en La Nación cuya matriz teórica es idéntica a la línea editorial de dicho diario y a los argumentos de las entidades agrícolaganaderas cita-das.

“La transición entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández se ve marcada con un nuevo golpe, lleno de resentimientos y prejui-cios, contra el verdadero motor y punta de lanza de la economía argentina: el sector agroindustrial. El fuerte aumento de las reten-ciones agropecuarias nos muestra que el Gobierno decide redoblar su apuesta de enfrentamiento con el campo, mientras que, a la vez, lo utiliza de caja política para saciar sus necesidades fiscales y re-solver el rojo de las cuentas públicas”, firma Carrió.

En el intento desesperado por lograr consenso en la sociedad, Lilita se plegaba a la construcción de un nuevo mito sobre las veleidades del campo, una nueva “histo-ria rosa” apologista de los terratenientes, totalmente a contrapelo de los datos presentados por la FAA, más arriba citados: “Mucho antes de las elecciones, durante la cam-paña presidencial, y hoy más que nunca, siempre defendemos al campo. Terminemos de una vez con el equivocado fantasma de la “oligarquía”. La realidad es que la mayoría de las explotaciones agropecuarias hoy son resultado de divisiones por herencia o por compra de tierra de personas que decidieron invertir sus ahorros en el sector. La mayoría de los productores viven en las ciudades del interior y con su actividad dan vida a sus regiones” (LN 17/11).

La polémica reorganización de la cuota Hilton En el contexto de medidas recién analizadas, el Go-

bierno también avanzó en la reorganización de la de-nominada “cuota Hilton”, que es la porción de cortes de carne de calidad, de alto valor, que se tiene asignada en el mercado europeo.

La “cuota” –28.000 toneladas de carne valuadas en cerca de 400 millones de dólares– estuvo históricamente en manos de los frigoríficos más grandes, de capital in-ternacional. A fines de octubre, desde el oficialismo, se propuso cambiar los criterios en la asignación de dicho negocio. La iniciativa, redactada por el diputado kirch-nerista cordobés Alberto Cantero y acompañada por su par de bancada Mercedes Marcó del Pont, establece que, en principio, será condición para acceder a la cuota ser una empresa de capital nacional, es decir, aquella en la que “el 51 por ciento de las acciones está en manos de empre-sarios locales”, según las palabras del propio Cantero (LN 25/10). De esta manera quedan afuera del reparto los frigoríficos recientemente adquiridos por capitales ex-tranjeros, puntualmente por los grupos brasileños JBS-Friboi y Marfrig, y los más históricos norteamericanos Cargill y Tyson Foods.

En segundo lugar, el proyecto busca distribuir territo-rialmente la cuota entre las provincias con mayor stock ganadero.

Cabe recordar el avance de los capitales brasileños más concentrados que han venido absorbiendo, entre otras ramas estratégicas de la industria nacional (cemen-teras, petroleras, siderúrgicas, alimenticias), a los grandes frigoríficos locales.

Conocida la iniciativa oficial, Mario Ravetino, presi-dente del Consorcio de Exportadores de Carne ABC, que nuclea a los frigoríficos de capital más concentrado, impugnó con vehemencia el plan pergeñado por los le-gisladores K: “la condición de ser de capital nacional va a crear otra iniquidad porque el productor que le venda a una empresa de capitales internacionales se va a ver perjudicado en los precios que reciba y los trabajadores van a tener menos posibilidad de empleo” (LN 25/10).

Del otro lado, los frigoríficos locales se manifestaron a favor de la propuesta oficial. Jorge Torelli, gerente de Mattievich -uno de los más grandes grupos frigoríficos de capital nacional- y presidente de la Federación de In-dustrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), afir-mó con claridad: “es muy bueno plantear el debate de la distri-bución de la cuota Hilton en el contexto del nuevo escenario que se da a partir de la compra, por parte de grupos brasileños, de frigo-ríficos argentinos. Y sobre todo debatir si las empresas extranjeras deben tener el mismo trato que las argentinas en el reparto de un bien que se otorga al Estado nacional”.

También el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), Miguel Schiaritti, manifestó su conformidad: “Obviamente comparto plenamente que el beneficio para la Argentina generado por la cuota Hilton, que busca compensar la pérdida de ventas de otros productos tiene que quedar entre las empresas nacionales”.


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Lo mismo dijo Gustavo Valsangiácomo, presidente de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), entidad que agrupa solamente a firmas de capital nacio-nal: “Es un cambio muy grande de las reglas de juego y queremos tomarnos un tiempo para analizarlo. Está claro que el espíritu que prima es que la Hilton es del país y no de los frigoríficos”.

Como no podía ser de otra manera, la FAA adhirió a la defensa de los intereses de los pequeños capitales de origen local. “Con la nacionalización de la cuota o por lo menos con poner claras trabas para las empresas extranjeras estamos ab-solutamente de acuerdo; la cuota es para nuestro país y no puede terminar siendo de capitales extranjeros.”, afirmó Eduardo Buzzi.

Dada su histórica hermandad con los capitales extran-jeros, la SRA intervino de manera sumamente moderada al respecto, en la voz del ya citado Miguens: “Es un sis-tema realmente novedoso, cambia de raíz algunos temas que esta-ban incorporados a la historia de la cuota. Nos parece positivo el aumento del 15 % del cupo para los productores, entre los que hay grupos que han trabajado muy bien, pero no me atrevo a decir si la iniciativa es buena o mala” (todas las citas en LN 26/10).

Pero la verdadera opinión de la oligarquía terratenien-te organizada en la SRA aparecería pocos días después en un editorial del diario La Nación. Allí pudo leerse una crítica exhaustiva al proyecto oficial y una exalta-ción de los capitales internacionales impulsados a hacer jugosísimos negocios en la Argentina: “El sistema distribu-tivo que se propone ahora introduce numerosas e improcedentes modificaciones, algunas de las cuales se oponen al interés general, mientras que otras violan directamente la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales. Un tema central, que muy probable-mente haya sido el disparador de la propuesta, consiste en requerir para la asignación de gran parte de la cuota la condición de ‘em-presa local de capital nacional’, con lo cual se excluiría virtual-mente del sistema a empresas en las que se registraron recientemen-te inversiones de capital brasileño y estadounidense.

“Varias razones se oponen a tal discriminación, comenzando por el sentido común, dado que si nuestro país necesita importan-tes inversiones extranjeras, como el Gobierno y los buenos conseje-ros reiteran con frecuencia, nada peor que implantar en un vital sector una discriminación nada propicia para un desarrollo normal de los negocios” (LN 3/11).

Hemos visto hasta aquí cómo el Gobierno, habiendo ganado las elecciones, encara el próximo período. La profundización del esquema de política económica ge-neral ha tenido más bien una lógica cuántica: aumento de las retenciones, aumento del nivel de los precios máximos, etc. Medidas que se aplican fundamentalmen-te al negocio agrícolaganadero por ser éste el sector realmente competitivo a escala mundial. Pero hasta aquí se ha dejado intacta la estructura (y su marco legal) de la propiedad agrícola fuertemente concentrada. Tal es el límite que muchos avizoran de cara a la realización del pacto social convocado desde el propio gobierno nacional.

Constituyendo el Pacto Social: discusión salarial “responsable” o distribución de la riqueza

El personal político electo, que tomará funciones el 10 de diciembre de este año, lanzó como base para el gobierno una convocatoria a las expresiones del capital y a las del movimiento obrero para acordar los ejes del pacto social. Dicha convocatoria reconoce a unos y otros como actores fundamentales para la organización del esquema político económico a realizarse a partir de 2008. Esquema que tendrá, en lo fundamental, mucho de continuidad en relación con las políticas centrales implementadas por el gobierno de Néstor Kirchner desde 2003. De hecho, tal y como hemos visto más arriba, parecen profundizarse algunos lineamientos de la política oficial en materia del control de una porción de la renta agraria e hidrocarburífera.

Así, las organizaciones del capital en el país y del mo-vimiento obrero organizado se lanzaron a definir los puntos centrales de la agenda que debería contener el pacto social.

En la Unión Industrial Argentina (UIA), su titular Juan Lascurain manifestó que “el acuerdo social no es sola-mente precios y salarios”. Para la entidad, el mismo debería incluir la búsqueda de “mayores inversiones y financiamiento a largo plazo”. En rigor, Lascurain defendió la idea de crear un Banco de Desarrollo que otorgue créditos flexibles y baratos a los industriales (C 4/11).

Desde la CGT, los 67 gremios que se alinean con el gastronómico Luis Barrionuevo firmaron una solicitada donde se advertía que el espíritu de diálogo y concerta-ción “no puede ser coartado por pactos sociales cuyo único objetivo sea el de sofocar los legítimos reclamos del pueblo trabajador. Nin-gún pacto social será exitoso si sirve sólo de disfraz para un ajuste sobre los que menos tienen”. Los barrionuevistas propusie-ron participar de la convocatoria oficial “con una agenda amplia y responsable que permita discutir condiciones de trabajo, el sistema jubilatorio, las amenazas que se ciernen sobre el sistema de salud y la recuperación del salario, en especial en el sector públi-co” (C 5/11).

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (Uticra) publicó una solicitada en donde se ponderaba: “Las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno nacional, que permitieron regular las importaciones y combatir la competencia desleal que representa la explotación de mano de obra esclava, han significado un claro aliciente a la producción nacional, permitiendo no sólo la plena ocupación de la capacidad instalada existente, sino la radicación de inversión extranjera que hoy susti-tuye la importación por manufactura local.

“Los trabajadores hemos contribuido generosamente a la recu-peración. Los empresarios del sector, lamentablemente, parecen no haber comprendido el desafío de estos tiempos. Han quedado afe-rrados a una cultura de miras muy cortas” (C 12/11). El do-cumento de la Uticra finalizaba con un reclamo a sus patrones: regularización de los trabajadores precarizados y en condiciones de informalidad y recomposición sala-rial general.

Por otro lado, los trabajadores de las entidades depor-tivas y civiles nucleados en UTEDyC también expresa-

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ron en una solicitada su posición de cara al pacto social: “manifestamos nuestro beneplácito por el triunfo de la compañera Cristina Fernández de Kirchner (…). Los trabajadores discuti-remos los salarios en forma responsable con el convencimiento de que el país ha avanzado y debe ser afianzado y consolidado. ¿Se-rán capaces los empresarios, nuestros empleadores, y los demás ac-tores de la economía de adaptar y de compartir su rentabilidad po-sibilitando una distribución más justa de la riqueza? Este es el desafío al que nos enfrentamos los trabajadores y trabajadoras ar-gentinas” (C 14/11).

El titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, sostuvo que el pacto “no debe limitarse a un simple acuerdo de precios y salarios, ya que el sector empresario luego no lo cum-ple. Ese pacto social debe orientarse al pleno empleo, proyectar el crecimiento en el mediano plazo, fijar metas de redistribución del ingreso y condiciones y formas de control de precios” (C 6/11).

Finalmente, la CTA en la voz de su titular, Hugo Yasky, también exigió que el proyecto oficial “no sea una especie de pacto con cables de alta tensión que pasan por arriba de la cabeza en la mayoría de los trabajadores”. Con esto Yasky propuso “una posición que apunte a constituir un nuevo modelo de distribución de la riqueza y otro modelo productivo”.

En este contexto se desplegaron distintos conflictos laborales. Varios gremios se lanzaron al paro, como por ejemplo los pilotos de Aerolíneas Argentinas, los traba-jadores de empresas productoras de gas, los trabajado-res del gremio de la Sanidad y los docentes. Todos ellos estructurados en torno al reclamo por aumentos salaria-les.

En síntesis, mientras algunas expresiones gremiales ponen el eje en la discusión salarial “responsable”, otros actores (tanto expresiones del capital como del trabajo) plantean que el pacto social debe superar la antinomia “precios/salarios” para discutir la profundización o no de un nuevo esquema de distribución de la riqueza.

En esto coincidieron tanto la UIA como la CTA y al-gunos gremios como los bancarios. En rigor, la falta de competitividad en términos internacionales y regionales por parte de los capitales medios y pequeños en la Ar-gentina no les permite a estos aplicar aumentos salariales afines a los reclamos sindicales. Es un hecho que la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas se han sos-tenido desde 2002 a costa de una profunda devaluación que se tradujo en la reducción del salario real de la gran mayoría de los trabajadores. Por esto, ante una situación de polarización social y de potencial conflicto creciente (dada la crisis política que se hizo visible en 2001 y que no fue resuelta aún), una fracción del capital (los menos concentrados) y del movimiento obrero han puesto so-bre la mesa de discusión la necesidad de constituir un nuevo modelo de redistribución de la riqueza social.

En este sentido, fue significativo el acto organizado en Ferro por la CTA al que asistieron algunas entidades de la pequeña burguesía como FAA y ApyME en donde la consigna principal fue la realización de una “constitu-yente social” en la cual la política de precios y salarios de-venga de ese nuevo esquema de reparto de la riqueza.

Como voz oficial el jefe de Gabinete, Alberto Fer-nández, anunció la disputa fundamental que se viene: “La concertación no es una discusión de cuáles son los salarios y

los precios. Los precios son marcados por el mercado y los salarios por acuerdos sectoriales, y eso seguirá igual. Si queremos alcanzar el objetivo de llegar al Bicentenario con una desocupación menor al 5 % y la pobreza en el 10 %, hablaba con la presidenta que de-bemos mejorar la productividad” (LN 15/11).

Podemos advertir aquí que mientras una fracción del capital y del movimiento obrero coinciden en profundi-zar la política de control de la renta agraria, al mismo tiempo se polarizan las posiciones en torno a la distri-bución de la misma. O constituyente social con profundas reformas en función de un nuevo esquema de distribu-ción, o aumento de la explotación laboral (aumento de la productividad) y apropiación del grueso de la renta agrícola por parte de los capitales medios y grandes de la industria.

Finalmente, los terratenientes y grandes capitales vin-culados al negocio agrícola ganadero, sintiéndose los convidados de piedra del mentado acuerdo social, im-pugnaron la forma y los contenidos del mismo. En este sentido, La Nación alentaba la división interna de la alianza social en el gobierno: “Se han hecho conocer las aspi-raciones concretas de aumentos salariales, que obviamente superan los límites que previsiblemente tratará de imponer el Gobierno (…) Por el lado empresarial, la UIA se ha ubicado como la enti-dad de mayor peso en las negociaciones que se avecinan. La afini-dad ideológica y programática con el Gobierno la han convertido en su interlocutor preferido. Pero esta situación no significa que en las proximidades de un pacto social no haya tensiones y movimien-tos en los sectores empresariales. El tiempo alienta la aparición de divergencias y aumenta la dificultad de avanzar ese acuerdo.

“Los acuerdos de salarios y condiciones de trabajo deberían ser objeto de negociaciones en el nivel de empresa, para permitir la op-timización y convergencia de los intereses de cada parte” (LN 17/11).

Un día más tarde, otro editorial de La Nación agrega-ba: “Nadie, ni en el oficialismo, ni en la oposición, habla del pac-to político que necesita la sociedad argentina para reconstruir un sistema institucional arrasado por la desconfianza ciudadana en su dirigencia, por la virtual desaparición de los partidos y por la corrupción en el sector público.

A varios años de una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de nuestra historia, que desembocó en ataques contra ban-cos, comercios y edificios públicos, en cacerolazos y en el recordado lema Que se vayan todos, la necesidad de buscar la transparencia pública, de prestigiar la actividad política y la función administra-tiva, y de luchar contra la corrupción debería ser el objetivo central de cualquier gobierno” (LN 18/11).

Repudiando el esquema de pacto social diseñado por el Gobierno que se propone reunir a las representacio-nes del capital y del movimiento obrero, La Nación exi-ge un marco de acuerdo entre los partidos políticos que supere la crisis política irresuelta desde el 2001.

Por un lado, dichos actores políticos fueron repudia-dos masivamente por la población dada su complicidad con el proceso de confiscación de los capitales medios y pequeños y del conjunto de los trabajadores por parte de los grandes capitales. Pero además el editorial citado invierte los términos reales del proceso: los confiscados pasan a ser los victimarios, los confiscadores sus vícti-mas.

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DICIEMBRE DE 2007

Defensa: el doble movimiento de desguace y redefinición estratégica Dos años de Nilda Garré al frente del ministerio de Defensa

Uno de los territorios de la política en los que las in-tervenciones sean quizás más difíciles de seguir en lo que a coyuntura y relaciones de fuerza se refiere, es el de las Fuerzas Armadas. Ello se debe a que, excepto en momentos en los que las mismas intervienen directa-mente en política, sus diferentes líneas internas se en-cuentran ocultas en los cuarteles, distantes en apariencia de la cotidianidad política. Es por ello que su seguimien-to no tiene la aparición mensual, en lo que respecta a nuestra publicación, que sí tienen otros temas. Sin em-bargo, algunos hechos que ocurren no muy a menudo permiten observar tendencias, a partir del análisis de lo relevado pacientemente durante meses. Al mismo tiem-po, cada vez que ello ocurre, se hace necesario también un cierto raconto, si bien no muy lejano en el tiempo, sí lo suficiente como para poder observar periodos más prolongados.

En noviembre, y como uno de sus últimos actos en la dirección gubernamental, el presidente Néstor Kirchner decidió desplazar y pasar a retiro al jefe de Inteligencia del Ejército, general de Brigada Osvaldo César Monte-ro. Los trascendidos periodísticos señalan que Montero fue la cara visible de una operación desde dentro de la fuerza militar para lograr el alejamiento de Nilda Garré de la conducción del ministerio de Defensa. La movida no sólo no lograba su cometido, sino que, por el contra-rio, la ministra fue ratificada en su cargo más allá del re-cambio presidencial del próximo 10 de diciembre.

El hecho nos permite repasar el pasado inmediato en el área de Defensa, remontándonos, justamente, dos años atrás, cuando en diciembre de 2005 se anunciaban diversos cambios en el gabinete ministerial de Néstor Kirchner, causando la principal sorpresa el desembarco de Nilda Garré, quien fuera hasta entonces embajadora en Venezuela, al frente del Ministerio de Defensa.

En menos de un mes eran pasados a retiro más de ochenta coroneles y un general de brigada, continuando con la política de depuración de los altos mandos de las fuerzas armadas de la gestión Kirchner, la cual había comenzado ni bien asumido éste con el reemplazo de toda la cúpula castrense.

Al mismo tiempo, Garré anunciaba cuál era su visión estratégica para el sector: “cooperación regional para generar una política de defensa de América del Sur” (LN 14/12/2005).6

Unos meses más tarde, a mitad de 2006, la ministra anunciaba más cambios en la cúpula castrense, señalan-do el objetivo de los mismos: “extirpar los focos de infección que se puedan apegar a fantasías antidemocráticas o a reivindica-ciones de planes criminales condenados por la Justicia y la sociedad argentina” (LN 6/6/2006). La depuración tomaba tras- 6 Se puede ver al respecto Análisis de Coyuntura Nº 67, enero de 2006.

cendencia pública cada vez que un grupo de militares intentaba reivindicar lo actuado por las fuerzas durante la última dictadura. Y nuevamente, como tras cada de-puración, se avanzaba en una política estratégica de De-fensa distinta a la que predominó en las últimas décadas. Esta vez se trataba de la centralización de las Fuerzas Armadas bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto, quedando los militares bajo mayor control civil y ratifi-cándose así la imposibilidad de su actuación en el plano interno.

Un mes más tarde también era redefinido el sistema de inteligencia militar, tras conocerse tareas de espionaje ilegal a civiles que se realizaban desde una base naval.

Dos semanas más tarde era reformado también el Código de Justicia Militar, destacándose el traslado a la justicia civil de aquellas causas en las que se encontrasen involucrados militares, los cuales hasta el momento eran juzgados por tribunales castrenses.7

Durante el año 2007, se avanzó en la definición de la nueva doctrina militar diseñada desde el despacho de Garré, dándose a conocer un documento titulado “La guerra por los recursos”, en el que las hipótesis de con-flicto para el adiestramiento de las tropas dejaban de es-tar en el enfrentamiento con fuerzas de países limítrofes y situaciones de conflictividad social para pasar a ser el ataque de fuerzas externas superiores en tecnología, cantidad de tropas y poder de fuego. Por si faltaran más referencias, se aclaraba en el documento oficial que en caso de tener que enfrentarse a una potencia de estas características se prevén respuestas defensivas que in-cluyen la guerra de guerrillas para hostigar al enemigo. A su vez, los cambios introducidos incluyeron modifica-ciones en las normas de combate, ubicación de los co-mandos del Ejército y la creación de unidades menores. El nuevo planteo incorporaba también la integración de las fuerzas propias con la población: “Será necesario prever durante la paz todos los aspectos relativos a la coordinación e inte-gración entre fuerzas militares y la población local para oponerse al enemigo con mayor eficacia (...). El enemigo deberá tener clara conciencia de que la conquista, ocupación y mantenimiento de obje-tivos con núcleos poblacionales importantes requerirán un gran es-fuerzo de tropas. De tal manera se obtendrá un efecto preventivo. Por eso se menciona ´la organización de la resistencia civil´” (LN 25/2/2007).8

Como vemos, la política del gobierno de Néstor Kirchner respecto a las fuerzas armadas implica un do-ble movimiento. Por un lado, un lento y a veces tedioso desguace del aparato represivo montado en la Argentina en las últimas cuatro décadas. Para ello, las herramientas son tanto el lento avance en los juicios a quienes parti-

7 Los detalles de todos estos cambios y los posicionamientos que provocaron de diferentes sectores pueden buscarse en Análisis de Coyuntura Nº 76, octubre de 2006. 8 El análisis pormenorizado de lo señalado puede hallarse en Análisis de Coyuntura Nº 82, abril de 2007.

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ciparon del genocidio desarrollado durante la década del ´70, como la depuración de las fuerzas del personal vin-culado a dichas tareas o que reivindique las mismas y cuestione los cambios en política de defensa que veni-mos reseñando. Por otro lado, la definición estratégica en cuanto al rol de las fuerzas armadas, el cual podre-mos ir definiendo según los cambios observados. Ello nos permitirá analizar dicha política a partir de lo hecho y no meramente de lo deseado.

El primer movimiento: desguace del aparato represivo

En este aspecto, la novedad fue la esperada declara-ción de la Corte Suprema de la inconstitucionalidad de los indultos decretados por el ex presidente Carlos Me-nem. Los posicionamientos contrarios a esta medida provinieron, obviamente, de sectores internos a las fuerzas que reivindican lo actuado durante la última dic-tadura. Entre otros, del entonces candidato a Presidente por Recrear Ricardo López Murphy: “Donde hay cosa juz-gada, no se puede volver a juzgar”; del ex presidente Menem: “hacía falta cerrar una etapa de odios y mirar adelante, pensando en la concordia y la reconstrucción nacional (…). Desde que asu-mió, ha desplegado una política de revisión sesgada del pasado que no hace más que reavivar odios. Se trata de una revisión parcial, unilateral, más parecida a una venganza que a una actitud ecuá-nime y ponderada” (LN 14/7); y del matutino de la familia Mitre, La Nación, en su columna editorial: “Frente a la decisión política, refrendada por la Corte Suprema de Justicia, de reabrir las causas judiciales vinculadas con el terrorismo de Esta-do, y a nuestra incapacidad para transitar un camino hacia la re-conciliación nacional sin olvidar todo lo ocurrido en los años 70, corresponde que el análisis de nuestro pasado trágico sea hecho de manera integral” (LN 17/7).

Al mismo tiempo, también se avanzaba en los juicios contra aquellos civiles que participaron, de una u otra manera, en las tareas de represión. Como caso ejemplar se enjuicio y condenó por crímenes de lesa humanidad al cura Von Wernich.

Ya en noviembre cobraba trascendencia la decisión presidencial de impulsar la búsqueda de los restos de Mario Roberto Santucho, jefe del Ejército Revoluciona-rio del Pueblo (ERP), cuyo cuerpo continúa desapareci-do desde 1976 luego de haber sido exhibido como “tro-feo de guerra” en el “museo de la subversión”.

El mismo mes, la Cámara Nacional de Casación Pe-nal destrabó la mega causa de la ESMA, al dictaminar que las leyes exculpatorias, tal como lo había resuelto la Corte, son inconstitucionales. Por lo tanto, nadie puede ampararse en ellas para evitar ser investigado por los crímenes del terrorismo de Estado.

También como caso ejemplificador, el ex comisario y ex candidato a gobernador en las últimas elecciones pa-ra la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, era detenido por los delitos cometidos durante la dictadura.

Aun en lo que refiere a este primer movimiento, de-bemos agregar una aspecto también jurídico: el procu-rador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a

todos los fiscales para que sólo considerasen delitos de lesa humanidad los cometidos desde el aparato del Es-tado, descartando igualar la situación de las acciones cometidas por organizaciones armadas en los ´70, tal como había solicitado el fiscal general de Rosario, Clau-dio Palacín (P12 2/12).

La posición del diario La Nación respecto a todo lo realizado en esta materia en la gestión Kirchner la en-contramos en otro de sus editoriales, el cual merece ser citado en extenso: “Desde el comienzo de su gestión, y con cre-ciente intensidad, el presidente Néstor Kirchner ha efectuado una distinción tajante entre quienes sufrieron los excesos de la represión contra el terrorismo en los años 70 y quienes cayeron como conse-cuencia de la acción subversiva. El primer mandatario ha distin-guido, estrechado vínculos y subsidiado a las diversas organizacio-nes no gubernamentales que reúnen a los ascendientes o descendientes de las víctimas de la represión. En cambio, respecto de los integrantes de las fuerzas que reprimieron al terrorismo, exhibió una posición diametralmente opuesta: no sólo expresó jui-cios lapidarios que englobaron no pocas veces a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sino que jamás hizo pública su solida-ridad hacia los deudos de las víctimas del terrorismo y hasta con-sideró como actos casi hostiles a las manifestaciones en las que se procuraba recordarlas y honrarlas. Este tratamiento disímil ha sido asumido por el Poder Judicial. En sucesivos fallos, nuestro más alto tribunal ha considerado que no son prescriptibles los deli-tos de lesa humanidad cometidos por quienes desempeñan funcio-nes gubernamentales, en tanto que sí prescriben los crímenes de las mismas características cometidos por terroristas sin conexión con el Estado (…). Es sabido que los civiles que ocuparon cargos en el gobierno militar no quedaron involucrados en la lucha contra el te-rrorismo, según se desprende de las profundas investigaciones judi-ciales llevadas a cabo cuando se restauró la democracia con el pro-pósito de esclarecer todas las violaciones a los derechos humanos acaecidas en aquel período. Tampoco en las desarrolladas por or-ganismos como la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conadep). Pretender involucrar ahora a algunos civiles a instan-cias de quienes fueron protagonistas del conflicto setentista, sobre la base de dudosos testimonios o por el solo hecho de haber desem-peñado funciones en el gobierno militar, puede abrir una nueva instancia de consecuencias imprevisibles. No debe olvidarse que fueron millares los civiles que desempeñaron funciones durante el gobierno militar, tanto en los poderes ejecutivos nacional y provin-ciales como en la justicia federal o local. Buena parte de los jueces de corta edad que aún continúan en funciones o que han sido obje-to de ascensos o nuevas designaciones se desempeñaron en la Justi-cia en la década del 70. De hecho, la mitad de los integrantes de nuestro máximo tribunal fueron funcionarios judiciales en ese pe-ríodo. El rencor, el resentimiento, el espíritu de venganza no deben inspirar las decisiones gubernamentales. Cuando ello ocurre, se ge-neran nuevos resentimientos que posteriormente procurarán encau-sarse en nuevas decisiones gubernamentales de signo opuesto. De la misma manera, no resulta posible tratar en forma desigual críme-nes similares. Aquellos “jóvenes idealistas” que fueron terroristas y cometieron delitos de lesa humanidad no pueden hoy instigar o fomentar, bajo un manto de impunidad y a veces desde cargos pú-blicos, la persecución de sus adversarios de antaño. Así no se cica-

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trizarán las traumáticas heridas que los argentinos aún padece-mos” (LN 9/9).

El último aspecto que debemos mencionar se refiere al control de la “caja” de las FF.AA. Se trata del pase a control civil del sustento de los militares retirados, equiparando a estos últimos con el conjunto de los jubi-lados. Son 170.000 personas que, según el propio presi-dente Kirchner, a partir de ahora “recibirán un aumento só-lo cuando también lo consigan los jubilados” (LN 3/8). Lo propio sucedía con otra importante fuente de financia-miento que hasta entonces se encontraba en manos mi-litares, el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF). El organismo, que maneja un presupuesto de 2.800 millones de pesos anuales para el pago de salarios a retirados, y que hasta entonces era autárquico, fue virtualmente intervenido pasando a ser controlado por un funcionario a cargo de la ministra Garré (LN 16/11).

El segundo movimiento: definición estratégica de Defensa nacional

En este segundo apartado debemos observar el desa-rrollo que tuvo en los últimos meses la nueva estrategia de defensa ya descrita, en torno a los recursos naturales.

Hacia fines del mes de mayo, se anunció una profun-da reforma de la educación militar, incorporando mate-rias humanísticas a cargo de docentes de universidades nacionales. Además, la iniciativa ponía especial énfasis en la formación en materia de relaciones internaciona-les, orientándola a la unidad latinoamericana, según ex-plicó quien está cargo de los cambios en la instrucción militar, Martín Gras, secuestrado en la ESMA durante la dictadura.

Dos meses más tarde, se ordenó a los jefes de cada fuerza que “revisen la normativa, reglamentación o criterios de ingreso vigentes en el ámbito de las fuerzas, a fin de dejar sin efec-to las regulaciones que exigen declaraciones respecto de la religión del personal militar o de quienes aspiren a integrar dichas institu-ciones” (LN 26/7).

Otro aspecto del proyecto oficial de defensa nacional tiene que ver con el desarrollo de ciencia y tecnología en la materia. En tal sentido, se ha venido desplegando un programa de largo plazo denominado Plan Espacial Nacional 2004-2015, el cual era explicado por Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y presidente de la Comisión In-ternacional de Actividades Espaciales (Conae) en los si-guientes términos: “El plan espacial argentino tiene tres gran-des objetivos, detallables de la manera siguiente:

Generar, por medio de satélites propios y de terceros, informa-ción sobre el territorio nacional que permita optimizar las activi-dades socioeconómicas y sanitarias.

Promover el uso masivo de la información espacial para su aplicación en actividades de interés ciudadano.

Desarrollar medios de acceso al espacio, diseñando y fabricando lanzadores que permitan colocar satélites en órbita que provean la información y los servicios necesarios.

(…) Hasta el momento, la responsabilidad de la colocación en órbita de nuestros satélites ha sido confiada a nuestros socios in-ternacionales. Alcanzar los medios de acceso al espacio es un obje-tivo que implica un estadio de desarrollo científico importante” (LN 23/8).

En este sentido, catorce años después de haber desac-tivado el misil Cóndor II debido a las presiones públicas realizadas por el gobierno de los Estados Unidos, la Ar-gentina probó en agosto nuevamente un cohete, el Tro-nador. El proyecto se encuentra a cargo de la Conae, con la participación del Instituto Balseiro, el Instituto Aeronáutico Argentino, el Instituto de Investigaciones Técnicas y Científicas de las Fuerzas Armadas (Citefa), convergiendo en la empresa de capitales públicos y pri-vados VENG, controlada por la Conae (LN 5/8).

Al mismo tiempo, fue renegociado el contrato con la empresa norteamericana Lockheed Martin, habilitando así la recuperación en diciembre de 2009 de la ex Fábri-ca Militar de Aviones ubicada en Córdoba. Esta empre-sa es un tentáculo directo del Pentágono, órgano máxi-mo de Defensa estadounidense, y está establecida en el país a partir de los contratos que consiguió en el año 1994 (LN 24/10).

La “continuidad del cambio”, también en Defensa

Como dijimos al comienzo del apartado, con el pase a retiro de Montero culmina el primer ciclo de la gestión de Nilda Garré en el ministerio, siendo ratificada en el nuevo gabinete bajo las órdenes de Cristina Kirchner.

Con esto, el gobierno decidió no agitar más las aguas castrenses, anunciando que con la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia no habrá nuevos cambios en la cúpula militar. Debemos recordar al respecto que por el orden de promociones militares un oficial en funcio-nes no puede tener un superior egresado de una pro-moción posterior a la propia, por lo que los ascensos al alto mando implican también una importante cantidad de retiros.

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