DE LOS DIARIOS MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE OAXACA

Miércoles 18 18 de Febrero de 2015

Desde

Puerto Escondido

Oaxaca

México

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HAY 6 PROPUESTAS MÁS QUE LA DEL MAGISTERIO

Consensan ley educativa diputados y Sección 22

ESCUCHAN LEGISLADORES EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY DE LOS PROFESORES

RACIEL MARTINEZ/Foto: CARLOS HERNÁNDEZ

Una comisión plural de diputados locales acordó promover una reunión con todos los integrantes de la LXII Legislatura para escuchar la exposición de la iniciativa de Ley Estatal de Educación propuesta por la Sección 22 del SNTE, antes de tomar una determinación.

Del suceso realizado la mañana de ayer en el Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Estatal, Félix Antonio Serrano Toledo, explicó que fue una reunión de respeto con la dirigencia del magisterio.

No dejamos de señalarles, dijo, que tenemos un gran rezago en materia legislativa.

Se aceptó ante la representación magisterial que aún no tenemos un dictamen, comentó a las y los reporteros al concluir la reunión.

"El tema sigue en análisis y discusión en las comisiones respectivas, son siete propuestas que deben ser consensadas y homologar una sola respuesta que llegue al pleno donde 42 diputados y diputadas debemos de emitir un voto, sea a favor o en contra. El interés es que dicha legislación lleve la carga necesaria para beneficio de la niñez", reiteró.

El acuerdo alcanzado, remarcó, es significativo ya que estábamos entrampados porque a las mesas de negociación política con la Secretaría de Gobernación se ha llevado el aspecto legislativo que le corresponde a la LXII Legislatura.

--¿Se sintieron amagados?

--Ellos dicen que se apruebe las que presentaron, nosotros aclaramos que hay siete iniciativas y que tendrá que aprobarse una. No debemos olvidar que hay una ley federal vigente.

Lo importante, asentó Serrano Toledo, es un paso dado con la disponibilidad de la diputada del PRI quien mostró su voluntad para sumarse al debate y tener la mejor ley.

Entre las y los legisladores asistentes: Leslie Jiménez Valencia, Natividad Díaz Jiménez, Zonia López Cruz, Itaisa López Galván, María Luisa Matus Fuentes, Sergio López Sánchez, Ericel Gómez Nucamendi, Rafael Arrellanes Caballero y Serrano Toledo.

La reunión estaría agendada para el próximo miércoles 25 de febrero.

EL INTERÉS ES EL BENEFICIO A LA NIÑEZ

"El tema sigue en análisis y discusión en las comisiones respectivas, son siete propuestas que deben ser consensadas y homologar una sola respuesta que llegue al pleno donde 42 diputados y diputadas debemos de emitir un voto, sea a favor o en contra. El interés es que dicha legislación lleve la carga necesaria para beneficio de la niñez".

FÉLIX ANTONIO SERRANO TOLEDO, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA LXII LEGISLATURA ESTATAL

ANTEPONER INTERESES DE LOS NIÑOS

"Existe la mejor disposición de seguir trabajando para armonizar la Ley de educación, anteponiendo la enseñanza de las y los infantes".

ANTONIA NATIVIDAD DÍAZ JIMÉNEZ, INTEGRANTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

PEDIMOS SE NOS INFORME AVANCES DE LA LEY

"Nosotros somos tolerantes y siempre tenemos voluntad política para generar las condiciones de diálogo, es por ello que se realizó este encuentro, donde pedimos que se nos informe cuales son los avances que existen en cuanto a la Ley estatal de Educación".

RUBÉN NÚÑEZ GINÉS, SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 22

Impide IEEPO a la SEP aplicar sanciones a mentores faltistas

CITLALLI LÓPEZ VELÁZQUEZ

Ante el desacato del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a la aplicación de sanciones establecidas en la Ley General de Servicio Profesional Docente a los maestros paristas de Oaxaca, el director general del IEEPO, Moisés Robles Cruz, adoptó la política del avestruz.

El funcionario rechazó hacer declaración sobre los motivos del incumplimiento a la presentación de informes a la SEP para que ésta haga efectivas las sanciones correspondientes.

En lo que va del año los mentores pararon dos días en la segunda quincena de enero y tres de la primera quincena de febrero; sin embargo, cobraron su sueldo de manera íntegra.

La reforma educativa, que modificó los Artículos 3 y 73 de la Constitución y creó la Ley General de Servicio Profesional Docente, establece que tres días de inasistencias sin justificación son causa de despido para los maestros.

Durante la primera quincena de febrero, los maestros asestaron tres días de paro de labores. Así, un millón 300 mil alumnos se quedó sin clases los días 9, 10 y 11 de febrero. Sin embargo, el pasado 15 de febrero cobraron su quincena de manera normal.

El titular del IEEPO presuntamente ha falseado información para proteger a los mentores de la Sección 22 del SNTE, en tanto que ha retenido sueldos a los maestros de la Sección 59, y ya prepara más sanciones en su contra.

El lunes el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor, adelantó que alista una reforma para obligar a los estados a cumplir con su responsabilidad educativa porque consideró que es urgente modificar la ley para fijar controles a los estados.

De esta manera, señaló, los gobiernos locales estarán obligados a entregar de inmediato la información que requiera la Secretaría de Educación Pública para obligar al magisterio a trabajar o aplicar en tiempo las reformas en educación.

"La idea es no solo descentralizar facultades, sino también establecer controles, para que quien recibe esas facultades rinda absolutamente cuentas de cómo las ejerce", señaló.

Y fue más allá al señalar que "en un estado como el de Oaxaca, por ejemplo, queremos que la educación se mantenga de manera regular y que el estado, aquí vendría un control, nos dé la información cuando se la pedimos, de ninguna manera en forma discrecional. Es decir, fijar una obligación, que si no es cumplida, recibe una sanción", expuso.

NO DESCARTAN LA RECUPERACIÓN VIOLENTA

Continúan 180 escuelas en poder de la 59: Sección 22

HAY 32 INMUEBLES EDUCATIVOS TOMADOS EN LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES

LIZETTE MENDOZA ALAVEZ

El secretario general de la Delegación D-I-159 de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Germán Salinas Castillejos, indicó que tan sólo en la región de los Valles Centrales se tienen registradas 32 escuelas en poder de la gremial disidente, la 59.

Detalló que de un total de 180 casos en todo el estado, se tienen como casos prioritarios y focos rojos los casos de las escuelas de la colonia Los Ángeles, la primaria de San Pedro Apóstol y las de Mitla, donde, incluso padres de familia y maestros se han enfrentado en diversas ocasiones.

Ante esta situación, aseguró que la Sección 22 agotará los procesos legales, sin embargo, ante la falta de respuesta iniciarán la recuperación de escuelas de la forma que sea, sin descartar el uso de la fuerza o las manifestaciones violentas.

En el caso de las tres escuelas de educación básica de la colonia Los Ángeles, Salinas Castillejos precisó que la Sección 22 estará a la espera de la sentencia que el juez del Tribunal del Poder Judicial de la Federación emita el próximo jueves, fecha hasta la que se mantendrán respetuosos de los tiempos.

Conociendo la sentencia, indicó que será en la próxima Asamblea Estatal en la que se valore la forma de accionar.

Por su parte la representante regional de Valles Centrales, Norma Cruz Vázquez, destacó que además de estas escuelas en San Pedro Mártir y Guadalupe Etla, también hay inmuebles educativos "secuestrados" por la Sección 59.

Por ello, consideró que con la protesta que los padres de familia y alumnos que realizaron ayer en el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, demostraron que la legalidad está de lado de la Sección 22, ya que en el caso de las escuelas de la colonia Los Ángeles, cuentan con un amparo que les da la razón.

Precisó que para evitar una confrontación con los padres de familia, se han interpuesto otros 30 amparos correspondientes a diferentes escuelas, en las que los alumnos han tenido que tomar clases en sedes alternas, como casas habitación o galeras.

Ya basta que los espurios sigan engañando a nuestra gente, que en forma amañada tengan en sus manos los planteles educativos que como Sección 22 nos corresponden.

"Vamos a seguir luchando porque se nos regresen esos espacios, porque nos pertenecen y no son capricho de la Sección 22; no podemos seguir esperando a que los devuelvan cuando quieran", agregó.

En este marco, recordó que el 25 de Octubre un grupo de padres de familia de diversas localidades de la entidad presentó un total 14 amparos ante la autoridad federal, para exigir que se respete el derecho a la educación de sus hijos, de recibir instrucción en los planteles donde originalmente se inscribieron y que ahora están en poder de la Sección 59.

PIDEN LANZAR A MAESTROS DE LA SECCIÓN 59

Reclaman padres 3 escuelas para la S-22

EXIGEN A LAS AUTORIDADES ESTATALES ACATAR MANDATO FEDERAL

LIZETTE MENDOZA ALAVEZ

Padres de familia de la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", de la colonia Los Ángeles, de San Jacinto Amilpas, dieron un plazo de tres días a partir de hoy, para que las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) les devuelva a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los tres inmuebles educativos que mantiene en su poder desde el 2013.

Como una forma para presionar al gobierno estatal, profesores y alumnos, tomaron ayer clases afuera del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, donde además realizaron actividades deportivas y tomaron su desayuno.

Al respecto, el abogado de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22, Leonel López García dijo que ante la falta del cumplimiento de la sentencia a favor del amparo interpuesto por la gremial en el Tribunal Superior de Justicia de la Federación (TSJF), en el que ordenó al IEEPO la entrega de las instalaciones de la primaria a la gremial que dirige Rubén Núñez Ginez, también exigen la inhabilitación de Moisés Robles Cruz como funcionario estatal, por no acatar una resolución federal.

"Las madres de familia, pero principalmente los alumnos, demandamos que el caso sea retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se garantice el respeto a su derecho a la educación en un inmueble en buenas condiciones", indicó.

En tanto, el representante de la Comisión Jurídica de Derechos Humanos del Sindicato de trabajadores de la educación, Julio Cesar Velasco García, explicó que las autoridades del IEEPO ha incurrido en graves violaciones a los artículos primero, tercero y cuarto de la Constitución mexicana, y de la Ley General de Educación, por no haber impedido la toma de la primaria, toda vez, que no se está cumpliendo con el compromiso del Estado de garantizar la calidad en la educación con infraestructura educativa idónea.

Precisó, que además las autoridades del IEEPO se hicieron acreedoras al proceso de inhabilitación de su titular, el cual fue emitido por el juzgado tercero de distrito, la cual se notificará en los próximos días, incluso este jueves se llevará a cabo una audiencia en la que se dará a conocer la sentencia sobre el incumplimiento de la resolución del amparo emitida el 22 de julio del 2014.

Además, conforme a la Ley General de Víctimas, se buscará una reparación del daño, para que los niños y profesores que resultaron afectados al ser despojados de su escuela formen parte del registro nacional de víctimas y puedan obtener una indemnización.

Por su parte los padres de familia, indicaron que no están dispuestos a dar ningún plazo más al IEEPO, por los que si este jueves no les devuelven las instalaciones de la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", el Preescolar "Donají" y la Secundaría Técnica 236, las recuperarán con el uso de la fuerza.

En tanto la representante del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 236, Juana Alávez Pérez denunció que los alumnos que actualmente reciben sus clases en las instalaciones de la secundaria no son originario de Los Ángeles, sino viven en otras colonias.

LA DISPUTA

La pelea por la escuela primaria "Hermanos Flores Magón" comenzó al inicio del ciclo escolar 2013-2014, cuando el presidente de la colonia, el ex diputado local priísta, Adrián Méndez Cruz, promovió la ocupación del centro escolar por maestros de la Sección 59, en represalia por la participación de los profesores de la Sección 22 del SNTE, en la jornada de lucha en contra de la reforma educativa..

Esta situación ha dividido y roto el tejido social en la colonia Los Ángeles, el respaldo o la simpatía a la Sección 22 del SNTE o a la Sección 59 han generado enemistad y violencia, demostrada en al menos tres enfrentamientos por estas escuelas.

2013 fue el año en que se desató el conflicto.

El 23 de febrero del 2013 se interpuso el Amparo 181/2014, en el TSJF

El 22 de julio del 2014 se resolvió la sentencia a favor.

Taquilleros de la Sección 22 siguen operando en vía pública sin permiso febrero 18, 2015 | Autor admin

Agencia JM

En completa impunidad siguen operando los taquilleros frente al edificio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, quienes ofertan viajes a la Ciudad de México hasta por 200 pesos.

Con carpas improvisadas y vociferando las ofertas, las personas promueven viajes al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, facilitando, pero no asegurando, la llegada de los pasajeros; también se da el descuento a algunos profesores para rebajar el precio del boleto.

Este desafío a las autoridades estatales se presenta después de que el año pasado inspectores del municipio de Oaxaca de Juárez retiraron las taquillas de la vía pública al no contar con permisos para ofrecer servicios.

Las carpas invaden las banquetas y provocan que los transeúntes tengan que bajar de la banqueta para caminar por la zona, arriesgándose a ser víctimas de algún accidente automovilístico.

Los empresarios de este ramo se han quejado en múltiples ocasiones por la competencia desleal que representa este servicio ilegal que se ofrece en pleno Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Negocio ilícito y peligroso

El negocio se consolidó con la orden de los líderes de marchar y dormir en la Ciudad de México para garantizar la ejecución de sus acciones de protesta.

Así se firmó el compromiso extraoficial de los líderes seccionales y los dueños de los camiones, para que fuera a través de ellos como se trasladaran los profesores de Oaxaca a la capital de la república.

Lo que inicialmente se manejó como un apoyo a los profesores, por el bajo costo del transporte, se ha convertido en un lucrat ivo negocio, porque los transportistas ilegales no pagan seguros de vida, los camiones son viejos y, además, tampoco cubren el servicio de una terminal de autobuses.

Para la venta del boletaje, basta con un encargado, una mesa y una silla, donde se entrega un trozo de papel especificando la hora y el día de la salida, y señalando con el dedo el lugar donde se encuentra ubicado el autobús.

El boleto, por la precariedad de las condiciones del viaje y la ilegalidad con que operan, es realmente barato: el sencillo cuesta 230 pesos y el viaje redondo 560 pesos, mientras que en la empresa Autobuses de Oriente (ADO) tiene un costo de 522 pesos el pasaje sencillo.

Policías de Oaxaca terminan paro de labores Los uniformados dijeron que este miércoles entregarán el cuartel y el gobierno estatal acordó que será al mediodía.

Los policías pidieron disculpas a la población por los días que los privaron del servicio. (Óscar Rodríguez) ÓSCAR RODRÍGUEZ17/02/2015 10:48 PM

Oaxaca Los elementos de la Policía estatal que se encontraban amotinados desde hace 17 días en el cuartel de Santa María Coyotepec concluyeron con el paro de labores y anunciaron que este miércoles entregarán las instalaciones.

En conferencia de prensa, Jeyco Pérez, vocero de los uniformados, dijo que como parte de un compromiso con el pueblo de Oaxaca decidieron regresar inmediatamente a sus funciones y devolver las instalaciones que mantienen bajo su control.

El vocero de los policías inconformes pidió disculpas por la toma de las instalaciones policiacas y por la suspensión de las actividades que afectaron la seguridad de los oaxaqueños.

Reiteró su compromiso con el gobierno de Oaxaca, al que agradecieron su interés por mejorar sus condiciones de trabajo.

"El gobierno no ha ofrecido que no habrá represión, pero queremos que se nos garantice nuestro pago y que las actas administrativas integradas no procedan. Dejamos estos dos puntos a consideración del gobierno, porque tenemos familias que mantener", dijo el vocero de los policías.

El vocero del gobierno de Oaxaca, Miguel Ángel Muñoz, dijo que este miércoles al mediodía el secretario de Seguridad Pública interino, Víctor Alonso, acompañado de mandos medios y superiores, así como el comandante de esa corporación acudirán a la entrega del cuartel.

Dijo que se hará un acto solemne de ratificación de lealtades y después se procederá a la integración de comisiones especiales.

La primera será de entrega-recepción de las instalaciones y la cual se encargará de hacer una auditoría física y administrativa del cuartel, mientras que la otra será revisora y tendrá como función resolver el tema de las sanciones administrativas y penales y el tema de pagos de salarios.

Fin a la rebelión policíaca; devuelven el cuartel

Se apaga el fuego

Prevén sanciones, descuento de la quincena aunque evitarían represalias del gobierno

Christian Jiménez

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Tras 17 días de paro, elementos de la Policía Estatal anunciaron la noche de este martes que están en completa disposición de retomar sus labores; hoy entregarán el cuartel ubicado en Santa María Coyotepec.

Frente a los más de dos mil elementos que permanecían en posición de firmes, enmarcando las palabras, "lealtad, valor, justicia", emblema inscrito en el patio central del edificio corporativo, el representante del movimiento policiaco, Jeyco Pérez Morales, expresó: "hacemos pública nuestra disposición de incorporarnos de inmediato a nuestras labores".

Acto seguido, indicó que los manifestantes deberán aguardar a que existan los mecanismos necesarios para volver a laborar, es decir, que los altos mandos de la PE se reincorporen para regularizar paulatinamente el funcionamiento de todos los destacamentos.

Pérez Morales, quien fue identificado como uno de los líderes del movimiento durante el paro recién finalizado y el efectuado en septiembre de 2014, puntualizó que los acuerdos con el gobierno del estado se alcanzaron por la vía del diálogo y ponderó que el ejecutivo estatal siempre tuvo disposición de atender las demandas de los uniformados inconformes para mejorar sus condiciones de trabajo.

"Pedimos una disculpa a la ciudadanía y reiteramos nuestra subordinación a los mandos superiores y ante el gobierno que finalmente ha puesto los ojos en esta secretaría... hemos concluido con una lucha pacífica y estamos dispuestos a entregar como se debe este cuartel", añadió.

Precisó que hasta que haya un acercamiento con autoridades estatales y altos mandos de la corporación, los policías que participaron en el paro continuarán en posesión del cuartel general.

LOS ACUERDOS

El representante de los uniformados detalló que como parte de los acuerdos alcanzados para finalizar el paro, se encuentra el incremento salarial de 10% que se hará efectivo a partir de la primera quincena del mes de mayo; posteriormente se negociará otro 3%.

No obstante, hasta hoy, el pago de la primera quincena de febrero no es un hecho. "Lo dejamos a consideración del gobierno; sabemos que debe haber una sanción, pero confiamos en la buena voluntad de las autoridades y les recordamos que de esos pagos depende el bienestar de nuestras familias", resaltó Jeyco Morales Pérez.

SIN REPRESALIAS

El dirigente aseguró que el gobierno estatal se comprometió a no tomar represalias en contra de los paristas y agregó que pese a la disposición de las autoridades estatales, se sabe que se levantaron una serie de actas administrativas durante el transcurso de las semanas de protesta, pero insistió en que los integrantes del cuerpo de seguridad asumirán las consecuencias.

"Necesitamos generar las condiciones para retomar nuestras labores y reactivar los enlaces de la Secretaría de Seguridad Pública, seguimos en diálogo con el gobierno y refrendamos nuestro compromiso para proteger a la ciudadanía", finalizó.

Abandonan paro 200 policías en Oaxaca; comisionado contempla nuevo

desalojo

IVÁN FLORES NORIEGA @noriegajoins13

El comisionado de la Policía Estatal, Víctor Amado Alonso Altamirano señaló que desde la noche de ayer lunes, decenas de elementos de la Policía Estatal Preventiva que estaban en paro comenzaron a reintegrarse a la corporación.

En entrevista en la explanada del estadio Benito Juárez, el comisionado detalló que hasta el primer corte tienen un registro de 200 elementos reincorporados en las ocho regiones del estado.

Mientras se realizaba el pase de lista en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía del Camino, Alonso Altamirano recalcó que a las 14:00 horas realizarán el corte definitivo de los elementos que decidan regresar a laborar y para quienes decidan permanecer en paro se aplicarán sanciones administrativas.

El comisionado no descartó el uso de la Policía Federal para un nuevo operativo para tratar de recuperar el Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca,

sin embargo aclaró que esa instancia no le corresponde directamente.

Finalmente, el comisionado que está como encargado de la SSP, ante la ausencia de un secretario tras la salida de Alberto Esteva Salinas, recalcó que los policías que regresen a trabajar serán valorados -sin especificar la forma- antes de reincorporarse normalmente a su rutina.

Policía Estatal se amarra a un poste; “queremos nuestro pago de quincena y no represión”, piden al Gobierno de Cué

Por: Eugenio GONZÁLEZ

Oaxaca, México; 17 de febrero, 2015.—Alrededor de las 13:45

horas, un policía parista salió del cuartel de la Secretaría de

Seguridad Pública y, con apoyo de sus compañeros, se amarró a un

poste para exigir al Gobierno del Estado su pago de quincena y no a

la represión.

Lo anterior, se realiza en el marco de la reunión que aún sostiene el

Gobierno del Estado con los Policías Estatales que activaron un paro

de labores desde hace unas semanas.

El Policía Estatal que se amarró pide, además, que dentro de las

negociaciones, el Gobierno del Estado suspenda las sanciones en

contra de los uniformados que participan en la protesta.

Hasta el momento, el paro de policías continúa y se espera que en

próximas horas se determine cuál es la acción a seguir: si se

mantienen en huelga, o reactivan labores.

Exigen replantear proyecto del Centro de Convenciones Integrantes de Pro-Oax y del Colegio de Urbanistas de Oaxaca exigieron a la Secretaría de Turismo y Desarrollo

Económico (STyDE) replantear el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones que se pretende realizar en las

faldas del Cerro del Fortín

por Andrés Carrera Pineda el Miércoles 18 de febrero de 2015 - 05:00:03

Integrantes de Pro-Oax y del Colegio de Urbanistas de Oaxaca exigieron a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) replantear el proyecto del Centro

Cultural y de Convenciones que se pretende realizar en las faldas del Cerro del Fortín.

Después de conocer y analizar el proyecto, y la zona donde se pretende realizar la mega obra que tendrían una inversión cercana a los 600 millones de pesos, técnicos y

especialistas en temas de urbanización aseguraron que violenta el área natural protegida.

Señalaron que la certificación notarial que expusieron supuestos ambientalistas y autoridades gubernamentales fue sólo un intento de sorprender a la opinión pública, pues

la zona está considerada como un área de amortiguamiento del Cerro del Fortín.

El arquitecto José Márquez, del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca (Pro-Oax), dio a conocer que esta zona de

amortiguamiento está dentro del Programa de Manejo de Parque Estatal del Cerro del Fortín, que fue elaborado por el entonces Instituto Estatal de Ecología del Gobierno

del Estado y cuyo resumen se publicó en el periódico oficial número 19, el 8 de mayo de 2008.

Esta zona de amortiguamiento fue ratificada por las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, a través de una sesión de cabildo que se realizó el 29 de mayo de 2014,

asentada en el documento “Instrumento en Materia de Desarrollo Urbano con Actualización de Vialidades, Uso de Suelo, Densidades, Estacionamientos y Rescates de

Espacios Públicos del Gobierno de Oaxaca de Juárez”.

Alberto Siordia Torres, presidente de la Agrupación Colegiada de Profesionales de Urbanismo, anunció que en los próximos días realizarán una serie de foros para dar a

conocer y analizar los documentos que fueron proporcionados por la STyDE.

“No nos oponemos a la construcción de un centro de Convenciones. Oaxaca lo requiere, pero el proyecto ha tenido un proceso viciado desde su origen, en el cual se trata

de construir en un sitio inadecuado, con lo que a claras luces se trata de imponer una obra con nula planeación”, externó.

Añadió que los supuestos estudios de impacto ambiental y viabilidad que realizó una empresa foránea coincide exactamente con los mismos textos, lo que hace dudar la

autenticidad de los procedimientos con que se realizaron.

“Se han tirado a la basura 32 millones de pesos en estudios en un proyecto que traerá problemas ambientales, viales y urbanos; como también quizás un sobrecosto del 70

u 80 por ciento sobre los 600 millones que se tienen planeados”, expuso.

Indicó que por el momento el proyecto sólo cuenta con permisos de tres meses para iniciar con trabajos de limpieza en la zona donde quedaría un estacionamiento con 600

cajones. Sin embargo, en días recientes esta primera etapa fue frenada por vecinos de la colonia Guelaguetza.

El especialista coincidió con los integrantes de Pro-Oax al pedir a las autoridades un replanteamiento del proyecto.

“México vive un momento histórico en tema de presupuesto, Oaxaca vive un momento de tensión por el tema de los maestros y el paro de policías, entonces este tipo de

obras sólo va generar más tensión entre la ciudadanía”, señaló.

Dijo que las autoridades estatales primero deben atender obras pendientes como el polideportivo, el estadio de futbol, entre otras, y después iniciar con el Centro de

Convenciones “que seguramente no concluirá en este sexenio”.

Además resaltó que este tipo de obras sólo beneficia un sector de la población, como lo es el sector turístico y daña severamente la imagen de Oaxaca como Patrimonio

Mundial de la Humanidad.

Denuncian venta de certificados en el IEEA Dieron a conocer que dos personas, una originaria de Juchitán y otra del poblado de Álvaro Obregón, le mostraron

pruebas de que habían comprado un certificado por 5 mil pesos por Diana Manzo el Miércoles 18 de febrero de 2015 - 05:00:04

Juchitán.- El regidor de Educación de Juchitán, Francisco Vásquez Pérez, denunció públicamente al Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), por la venta

de certificados de primaria y secundaria.

Asimismo, lamentó que el director estatal del organismo, José Manuel Bermúdez Hernández, haga caso omiso al problema.

Vásquez Pérez informó que dos personas, una originaria de Juchitán y otra del poblado de Álvaro Obregón, le mostraron pruebas de que habían comprado un certificado

por 5 mil pesos.

El funcionario municipal refirió que Soraida Díaz de la Cruz y Moisés Ramos López, los informantes, acusaron al líder sindical Roberto Orozco Castillo y al técnico

docente Manuel Morgan Hernández, ambos trabajadores del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, de la venta de los certificados.

Puntualizó que al conocer el caso le informó al director estatal del IEEA, mediante un documento expedido el 8 de enero, que ambas personas estaban cometiendo

arbitrariedades y anomalías dentro de esta institución, pero que en lugar de removerlos de su cargo los premió con un puesto en la coordinación de la zona 2017, con sede

en Juchitán.

Detalló que no es posible que la autoridad estatal del IEEA premie a personas que trafican con certificados, en lugar de castigarlos o removerlos de inmediato en su cargo,

acciones que –consideró- serían lógicas y legales.

“Cuando nos enteramos que habían beneficiado a ambos personajes con la coordinación de la zona, nos molestamos porque nosotros denunciamos que ellos venden plazas

y hacían su negocio personal no sólo de ahora, sino de hace más de 15 años, que es lo que nos estamos enterando, que a muchas personas les vendieron sus certificados

por 5 mil pesos”, puntualizó.

Dijo que al conocer la decisión del director estatal del IEEA respecto a la denuncia enviada, se exige también su remoción del cargo, por ser una persona a la que no le

interesa el avance educativo y social de Oaxaca.

“En la Ley Orgánica del estado de Oaxaca, como regidor de Educación, tengo facultades para supervisar que el servicio público se preste con eficiencia, por eso estoy

haciendo esta denuncia.

“No podemos tolerar que a la sociedad se le exija pagar 5 mil pesos para obtener su certificado de primaria o secundaria en el IEEA, mejor que se vayan los malos

funcionarios, aquellos que corrompen el servicio público”, concluyó.

Asesinan en Oaxaca a precandidato a diputado del PRD PEDRO MATÍAS

18 DE FEBRERO DE 2015

DESTACADO

El perredista Carlos Martínez Villavicencio. Fotografía de ADN Sureste.

OAXACA, Oax. (apro).- El exdiputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Martínez Villavicencio, el integrante de la dirección estatal de dicho instituto político

Ernesto Fidel López Nelio y el chofer Bernardo Bautista fueron asesinados en una emboscada en la región mixteca, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El atentado ocurrió a las 23:44 horas de ayer martes, en el tramo conocido como “Curva del comedor”, en la agencia municipal de Nuxaño, cerca del municipio de Santiago

Juxtlahuaca.

La dependencia indicó que las víctimas fueron emboscadas cuando viajaban a bordo de una camioneta marca Mazda color negro de modelo reciente, con placas de circulación

443 ZVN del Distrito Federal.

Al lugar se trasladó el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, y del Subprocurador de la Mixteca, Víctor Fernando Méndez Ruiz,

además de un grupo de técnicos periciales y una unidad de la agencia del Ministerio Público para coordinar las diligencias ministeriales.

A la 01:40 horas de este miércoles, la autoridad ministerial ordenó el levantamiento de los cadáveres de Carlos Martínez Villavicencio –quien también fungió como presidente

municipal de Santiago Juxtlahuaca en el trienio 2009 2011 y era precandidato del PRD a una diputación federal- y de Ernesto Fidel López Nelio, quien se encontraban en el interior

de la camioneta.

El cuerpo del chofer Bernardo Bautista fue localizado entre la maleza, a 50 metros del vehículo. En el lugar fueron recogidos casquillos percutidos calibre 7.62.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro municipal para realizar la necropsia de ley, en tanto que el vehículo fue remolcado al encierro oficial.

Bloquean matiaromerenses la carretera Transístmica Exigen que de manera inmediata se le pague 1,500 pesos que le adeuda el municipio por concepto de “Empleo

Temporal” por Diana Manzo el Miércoles 18 de febrero de 2015 - 05:00:04

MATÍAS ROMERO.- Unas 150 personas, beneficiarias del programa federal “empleo temporal”, bloquearon la carretera federal Transístmica en el kilómetro 198, que

comunica a Matías Romero con el estado de Veracruz, exigen pagos de mil 500 pesos.

Por segundo día, los beneficiarios exigen a la autoridad municipal que encabeza Etelberto Bernardino Rodríguez Terán, el pago por haber realizado los trabajos de

limpieza en espacios públicos en esta ciudad.

Los inconformes colocaron palos, piedras, llantas y algunas ramas, además de un cordón de hule sobre la carretera para impedir que los transportistas y automovilistas

pudieran transitar.

Los manifestantes señalaron que el contrato firmado con la autoridad municipal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), concluyó hace una semana, y desde

entonces ambas autoridades se han desentendido del pago de cada uno.

Los empleados realizaron durante quince días acciones de limpieza en la unidad deportiva ferrocarrilera, calles, avenidas y arterias principales del centro de Matías

Romero, debido a que el próximo 24 de febrero comienza las fiestas titulares en este municipio.

“El presidente municipal nos dijo que de inmediato nos liquidaría el pago, ahora se hace el desentendido, asimismo los supervisores de Sedesol, no quieren darnos la cara,

somos 100 personas que contrataron, entre jóvenes, mujeres y adultos mayores, y ahora nos quieren dejar solos, por eso estamos tomando estas acciones”, puntualizaron.

Añadieron que si no hay respuesta de ambas autoridades, se trasladarán a los módulos de Sedesol, tanto en el Istmo de Tehuantepec como en la capital oaxaqueña, pero

que no dejarán al olvido su trabajo.

“Nos contrataron para limpiar las calles, fueron casa por casa a las colonias más pobres, ahí donde nosotros vivimos, ahora se desentienden, supongo que el presidente

municipal quiere quedarse con el dinero o recortarlo como siempre hacen”, expresó María Cruz Salinas, beneficiaría.

El bloqueo impidió que transportistas y automovilistas pudieran circular hacia el estado de Veracruz y viceversa, creándose una gran fila, lo cual también causó molestia

entre los ciudadanos, quienes bajo el sol caminaban entre 20 y 30 minutos.

Aspirante de Morena viene al DF a reunirse con

AMLO Lorenzo Lavariega es señalado de tener vínculos con el crimen, incluso su primo, que fue su jefe de la policía, ya está en la carcel acusado de servir al cártel de los Beltrán Leyva.

En Oaxaca, López Obrador había afirmado que las acusaciones contra Lavariega eran falsas. (Especial)

ILICH VALDÉS Y ÓSCAR RODRÍGUEZ18/02/2015 04:41 AM

México y Oaxaca Luego de que durante su presentación como precandidato de Morena a diputado federal por el distrito 10 con sede en Miahuatlán, Oaxaca, fue acusado por tener vínculos con la delincuencia organizada, este martes Lorenzo Lavariega se trasladó a la Ciudad de México para desvirtuar esas acusaciones ante el CEN de ese partido.

Lavariega viajó al DF para entrevistarse con los dirigentes de Morena: Martí Batres y Andrés Manuel López Obrador para continuar con su candidatura e incluso afianzarla y negar las acusaciones hechas por Julián Zarate del Comité Ciudadano por la Transparencia, y de otros dos precandidatos también de Morena.

El ex presidente municipal de Huatulco fue vinculado con el crimen organizado, luego de que dos de las personas que trabajaron en su administración fueron detenidas y acusadas por delincuencia organizada y también investigados por homicidios ocurridos en el ayuntamiento.

Hace una semana, un grupo de ciudadanos protestó con pancartas durante el registro del ex presidente municipal de Santa María Huatulco Lorenzo Lavariega como candidato del partido Morena a la diputación federal, lo acusan de tener vínculos con el crimen organizado y lo señalan de cometer presuntos actos de corrupción.

Los inconformes, encabezados por Julián Zárate, del Comité Ciudadano por la Transparencia, advierten que el ex alcalde está involucrado en la ejecución de personas, además de que su primo, que era el director de la policía municipal, está preso por servir a una banda criminal.

Recuerdan que en septiembre de 2013, Jorge Lavariega y Fernando Ayala, director y subdirector de seguridad pública de Huatulco, respectivamente, fueron detenidos por fuerzas federales y estatales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, así como por estar relacionados con varios homicidios ocurridos en la zona.

Lavariega, como presidente municipal de Huatulco, nombró a su primo Jorge como director de la policía municipal durante el trienio 2011-2014.

Jorge Lavariega y Fernando Ayala, junto con seis policías, fueron investigados y detenidos al ser señalados por diversos testigos, incluidos los familiares de las víctimas, como responsables de los más de 15 asesinatos de jóvenes con presunto historial delictivo, a quienes los policías detenían y entregaban a sicarios de bandas contrarias para que éstos los eliminaran, con el pleno consentimiento de los dos funcionarios involucrados, vinculados al cártel de los Beltrán Leyva.

Ante estas detenciones, Lorenzo Lavariega consideró, en 2013, que las autoridades buscaban debilitar su gobierno por ser de oposición.

Lavariega militó en el PRI y despues en el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) y hoy forma parte de Morena.

Sobre la acusaciones que hay en contra del ex munícipe y candidato de Morena en Huatulco, Andrés Manuel López Obrador dijo que se trataba de una provocación de sus adversarios políticos, por el "avance" que ha tenido su partido en ese distrito.

Los otros dos precandidatos de Morena por ese mismo distrito, Leonel García, de Huatulco, y Jaime Dahir Arista Hernández, de Pochutla, reprochan al equipo de López Obrador la postulación de un ex priista tan cuestionado como Lavariega.

Durante su administración, Lorenzo fue señalado por el ex candidato a la presidencia municipal del PRI Édgar Hernández García por un presunto atentado en su contra, cuando su camioneta fue embestida y lanzada a una barranca en el tramo Pluma Hidalgo-Santa María Huatulco.

Además, se le cuestionó por un desalojo violento de colonos que hizo la policía municipal y también hubo críticas a su gestión por haber suprimido las minifaldas entre las mujeres que laboraban en el ayuntamiento.

Al Margen 17/02/2015 Escrito Por Adrián Ortiz Romero Cuevas

+ Federación, impasible ante problemas periféricos del magisterio

+ Derechos de los oaxaqueños, pisoteados impunemente por todos

El gobierno federal se ufana de haber logrado, en menos de una semana, conseguir que los profesores de la Sección 22 del SNTE regresaran del Distrito Federal

a Oaxaca. Lo que no dijo es cómo lo consiguió, y mucho menos que la condición para su retiro de la capital del país, fue el sostenimiento, en Oaxaca, de sus

acciones de protesta que, al final, no hacen sino continuar lastimando de forma estéril los derechos comunes y personales de los oaxaqueños.

En efecto, la semana pasada fue de locos en la Ciudad de México por las protestas del magisterio oaxaqueño. Durante tres días, la capital del país fue asediada

por profesores de la Sección 22 del SNTE, que fueron a exigir a la Secretaría de Gobernación el cumplimiento de diversas demandas relacionadas con sus

salarios y las condiciones en que realizan su trabajo. Concretamente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le interesaba ir a la capital a

continuar negociando la capitulación, en su favor, de la reforma educativa que habría de ser implementada por el gobierno federal.

Al final, la Coordinadora y la Sección 22 consiguieron una victoria aplastante sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Desde el segundo día de

actividades de la Coordinadora en la Ciudad de México, la comisión negociadora de la Sección 22 y las autoridades federales, así como el gobernador de

Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, acordaron que la federación regularizaría los pagos a los profesores oaxaqueños que aún no habían cobrado sus quincenas.

Y sólo después de que el gobierno federal acordó negociar con la 22 otros temas, éstos decidieron regresar a Oaxaca. ¿Qué temas quedaron pendientes?

Entre éstos se encontraban nada menos que los temas de la ley educativa de Oaxaca, así como de las 45 escuelas que aún permanecen en poder de la —

disidente de la disidente—Sección 59, así como la posibilidad de abrir un diálogo para exigir la liberación de los profesores Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano

Grijalva y Leonel Manzano Sosa, así como de los activistas Damián Gallardo Martínez, Sara Altamirano y José Ambrosio Martínez, acusados del secuestro de los

hijos del empresario Juan José Álvarez Candiani. No obstante, el acuerdo más importante que alcanzaron los profesores oaxaqueños con el gobierno federal —y

que no se quedó en expectativa, como otros temas— fue el de no permitir la evaluación que contempla la nueva legislación educativa para los trabajadores de la

educación.

Esto, como lo apuntamos en líneas anteriores, constituye la capitulación —la rendición total— del gobierno federal en favor de la Coordinadora y la Sección 22

del SNTE. El triunfo total se lo llevaron los maestros porque lograron la parte del acuerdo que hacía falta, primero para que les reintegraran su salario a todos los

profesores a los que aún no les transfiere el pago íntegro de sus quincenas el gobierno federal —hasta hoy, a nadie le ha descontado por inasistencias—; y

segundo para dejar claro que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca en los términos que establece la ley, sino en los que negociaron los maestros y el

gobierno federal.

La victoria parcial —si es que se le puede llamar victoria— que se llevó el gobierno federal… fue simplemente la de conseguir que la ciudadanía de la capital de

la república no se irritara más de lo que ya estaba, logrando que los maestros oaxaqueños volvieran a Oaxaca lo antes posible, así fuera al costo de entregarles

todo lo que se supone que les habían quitado con la reforma constitucional en materia educativa aprobada en 2013, y que se supone que como uno de sus

asuntos torales, eliminaría el control del sindicato sobre los trabajadores de la educación.

LOS DERECHOS, PISOTEADOS

En ese contexto, los profesores acordaron que se irían de la Ciudad de México y ya a nadie más le interesó saber y conocer el plan de acción que trazaron para

los días de la pos-protesta en la capital del país. Y resulta que los maestros de Oaxaca resolvieron venir a seguir protestando aquí en Oaxaca.

Seguirán con sus paros intermitentes, con sus marchas de protesta y, sobre todo, con sus acciones beligerantes cada que tengan algún tema nuevo que abordar

frente al gobierno del estado o el federal. Esencialmente, decidieron mantener el plantón que tienen desde el mes de julio del año pasado en el zócalo de la

capital oaxaqueña, independientemente de que éste ya no tenga ninguna razón de ser.

De eso no se interesó el gobierno federal, como tampoco de que como un accesorio del plantón en el primer cuadro de la capital oaxaqueña los profesores

insistan en llevar vendedores ambulantes que son cobijados por cobradores de piso y extorsionadores profesionales; al gobierno federal no le interesó que el

primer cuadro de la ciudad —su comercio, su actividad turística y, sobre todo, los derechos de la ciudadanía— se vean trastocados gravemente.

Para el gobierno federal, con el solo hecho de que ya no estén a la vista parece suficiente, sin importarles que lo que no se vive en la capital del país se viene a

reflejar en Oaxaca, y que lo justo sería que los maestros se fueran definitivamente a seguir trabajando, en lugar de sostener protestas supuestamente

preventivas.

¿Quién se preocupa, entonces, porque la ciudadanía —los oaxaqueños, los habitantes, los que caminamos día a día en esas calles ocupadas; los que no

podemos hacer nuestras labores cotidianas porque la ciudad es un caos, los que han perdido su trabajo por la falta de actividad económica, los que están a punto

de perder sus inversiones y cerrar sus comercios— podamos tener a salvo nuestros derechos mínimos a vivir con tranquilidad y paz, y a disfrutar de los espacios

públicos que, por ese solo hecho, son de todos y no únicamente de los maestros?

El gobierno federal no se ocupa de nada de eso. No se ocupa del ambulantaje, de la inseguridad, y de todos los problemas que trae aparejado el hecho de que

ellos hayan enviado de regreso a los maestros a Oaxaca para que, con su victoria, continúen presionando hasta conseguir lo poco que aún les hace falta por

ganar.

COCHUPOS

¿De verdad era tan necesario que Freddy Gil le diera un librazo a José Zorrilla durante su comparecencia? ¿A quién le convenía más que éstas se suspendieran

indefinidamente? Con el paso de los días, lo que se deja ver es que la supuesta agresión no fue más que un montaje para terminar anticipadamente la

“evaluación anual” de los funcionarios estatales.

con Mayúsculas 17/02/2015 Escrito Por Juan Diego

*.- También trabajadores de los SSO se amotinan, ¿pura coincidencia?

*.- Pese a campañas en contra, conserva el PRI preferencia electoral

MOTINES ¿FORTUITOS?- Pues no son sólo los tecolotes quienes están amotinados, también anda con sus locuras un grupo acelerado de los SSO,

comandados por un tal Saúl Ulises Cortés Maldonado. Estos “motines” no son fortuitos. En año electoral debiera parecernos normal, lo que ocurre es que en

Oaxaca todos los años son electorales. O sea, la canija grilla es la que reina, el trabajo fecundo y creador puede esperar. Y el tal Ulises amenaza con que el paro

indefinido que inició, se incrementará gacho. Este monito encabeza el sindicato independiente de trabajadores, asociado al FPR, y por quítame estas pajas arma

despiporre cada que se le antoja... Mantuvo cerrada la primera de J.P. García por una semana y sin ser el titular del contrato colectivo de trabajo, se pone más

perro que María Félix con sus exigencias. Acusa a lo cañón: Que en los SSO hay cuatro bandas internas que se pelean el recurso del sector: la del Dr. Pacquiao

y Samuel Julio Jiménez González, la de Quico Correa y sus socios (Rubén Portillo, Marco Antonio Fuentes del Toro y Roberto Carlos), la tercera banda de Tito

Rangel y sus hermanos y la cuarta, la Sección 35. Manejan, dice, una nómina secreta de 500 melones, en la que tienen a sus familys. ¿Qué tal?

TRICOLOR, FIRME.- Para que se preocupen los demócratas de ocasión: El partido en el gobierno, el PRI, pese a las campañas de desprestigio, cuenta con 32

puntos de preferencia electoral, como la primera fuerza política del país. Acción Nacional se ubica seis puntos por debajo con 26% y se consolida como la

segunda fuerza electoral. La izquierda, representada por el PRD, goza de 13 puntos de la preferencia electoral, seguido del Partido Verde que ya rebasa el

mínimo de dos dígitos con 11 por ciento de preferencia. Morena se mantiene fuerte con 9 puntos. De las restantes cinco fuerzas electorales sólo Movimiento

Ciudadano obtendría registro. Eso dice Parametría; vayan vosotros a saber si es real, pero puede ser indicador… Refiere: A diferencia de una elección de

ejecutivos –presidente o gobernador– las elecciones intermedias federales suelen ser menos volátiles y la preferencia electoral menos personalizada (no hay

candidatos) y más abstracta: se vota por un partido. Lo más probable es que esta elección esté entre 15 y 20 puntos por debajo de nuestra última elección

presidencial. Un número alrededor de 45 por ciento si atendemos la tendencia histórica. Con este nivel de participación bajan los votantes independientes, es

decir, aquellos que no expresan ningún apego a una fuerza política en particular. Os lo cuento para teneros informados.

LAS PLURIS.- Todo parece indicar que la pretensión del carnal Marcelo de obtener fuero y con ello impunidad por lo del fraude de la línea 12 del Metro, no se le

va hacer. Al menos por el PRD que lo dejó, junto con René Bejarano, el Señor de las Ligas, fuera de los que en automático podrán ser diputados en septiembre

próximo. Según esto, que fue el Consejo el que lo marginó, pero madres. Los canijos chuchos no quieren competencia. Así que no se sorprendan si aparece al

rato este cuate con la casaca de los “morenos”, ya ven que el Peje con tal de pasar por demócrata, podría vestirlo, pero quién sabe si le convenga… En esta

capital se maneja con insistencia la posibilidad de que quien destapó un caño muy cañón de Liconsa, pudiera ir como plurinominal del MC por la circunscripción

que le corresponde a Oaxaca. Benjamín Rojas Bolaños es ave de tempestades y los que ya tienen candidato se la van a hacer de tos, así que lo más seguro es

que quién sabe… Por lo que toca al PRD, el que ya chole es Eloí Vásquez López. El ex ruckero no ha querido sentarse desde que bailó la primera vez y siempre

anda en la nómina perrediana, desde donde se ha dedicado a buscarles chamba a sus carnales.

LAS CANTERAS TAMBIÉN.- Al margen de si tienen o no razón los vecinos del Cerro del Fortín, de la zona donde pretenden instalar el Centro de Convenciones,

hay que decir que si es real la preocupación por el espacio de esparcimiento que pelean los compas, algo deberán idear los genios de las construcciones porque,

por no hacerlo, le dan en la torre a sitios que ya tenían un destino. En el Fortín, dicen, les quitarán un lugar en el que además de sombras fenomenales, permitían

a sus chavales áreas de juego y recreación. Y eso, nada más por lo que al estacionamiento se refiere, pero si abarcan todo, les arriman un buen mazazo y sin

reposición… Algo similar les va a pasar aquí en las Canteras de Ixcotel. Si se recuerdan, en esa zona, anexa al estadio de futbol, idearon una pista de

acondicionamiento físico. Un área arbolada chida, con prados preciosos en los que se antojaba a cualquier hora del día oxigenarse los pulmones. Bueno, pues

con eso de las donaciones y los comodatos a presuntos filántropos, le van a reventar su madrecita. De un plumazo se van a la goma. ¿Quieren

acondicionamiento físico? Jálenle a los gimnasios, las áreas verdes son para cubrirlas con cemento. Esto equivale a desvestir algunos santos para vestir otros,

¿no os parece?

LAS DEL ESTRIBO.- No es por minimizar el asunto de los polis, pero son unos cuantos changos los del despiporre; me informan que algunos están taloneando,

o sea. Hay vigilancia federal, hay del Ejército y cosa es de no llegar a los trancazos con los acelerados que rechazan los aumentos, que no son malos,

concedidos a tochos morochos… Y que los taxistas herederos de Juan Luis siguen de la greña. Los del Sindicato Libertad quemaron dos taxis de la CNP en San

Sebastián Tutla. El motivo, ya sábanas, las famosas invasiones de rutas, a las que el Libretón no les va a entrar sino hasta que reciba línea de quien manda en el

sector, que es ni más ni menos que Dirty Face… Por su parte, los pelotones del Cártel 22, sucursal Costa, se lanzaron a la caseta de peaje de Huitzo, a lo que

van todos, a refaccionarse pues con unas cuantas horas que dejen pasar carros sin pago de su peaje y atracándolos ellos, se levantan una buena piscacha. Los

federales de caminos, de puro adorno… Dos tesoreros en sólo un año lleva Rosa Nadie Villalobos, la presi de Salina Cruz. Óscar Reyes Estrada fue el último, no

le soportó a la edil sus majaderías y le renunció con palabras impublicables, me reporta mi corresponsal en la zona. Habrá que enseñarle buenos modales a la

tipa… ABUR.

Reforma y resistencia Carlos Ornelas 18/02/2015 00:37

No sólo retrocedemos, también vamos para atrás.

Catón

Recuerdo la frase de Catón porque parece que ilustra el tránsito político de la Reforma Educativa, en especial los desvaríos del gobierno.

Unas pequeñas tramas me ayudarán a sustentar el punto.

1. El dirigente de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, en entrevista con Adela Micha rechazó haber abandonado a alumnos en

Oaxaca, para plantarse durante tres días en el Distrito Federal, al señalar que “dejamos actividades con los padres de familia”. Pues bien

les pudieran dejar tareas para todo el año.

2. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró en Mérida el 12 de febrero: “No es una opción si se aplica o no —

la Reforma Educativa—, es un mandato constitucional” ¡Bravo! Pero luego agregó: “Hemos privilegiado el diálogo —con la CNTE—,

los acuerdos, los encuentros antes que los desencuentros” (en eluniversal.com.mx). En esos diálogos la Segob otorgó a la S22 más de

ocho mil plazas por encima de la ley. ¿Creerá el secretario de Gobernación que la opinión pública confía en sus palabras?

3. Ante la denuncia de que el dueño de la Sección 20 del SNTE, Liberato Montenegro, no trabaja en ninguna de sus cuatro plazas —a

quien se las juntaron en una sola percepción— ordenó que cambiaran la oficina de la supervisión de la que es titular a su domicilio

particular. ¿Supone ese señor —y el gobernador de Nayarit, por añadidura— que así la gente pensará que sí trabaja? Nada más falta que

le cobre renta a la Secretaría de Educación nayarita.

4. Los columnistas Jorge Fernández Menéndez, en Excélsior, y Raymundo Rivapalacio, en El Financiero, señalan que el subsecretario de

Gobernación, Luis Enrique Miranda, tiene al exgobernador de Oaxaca, José Murat, como asesor para los asuntos que tienen que ver con

la CNTE. Si es así, ¿dónde está la inteligencia del grupo gobernante?

El credo del señor Núñez pone a todos los maestros de la S22 como si fueran superfluos, aunque sigan cobrando. El problema mayor, sin

embargo, reside en el gobierno.

En la reforma al artículo 3 quedó asentado el principio del mérito: “El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones

de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de

oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Los encuentros con la CNTE a los que hizo

referencia el secretario Osorio Chong son una violación flagrante a este principio.

La figura que utilizó el secretario de que no es opcional la aplicación de la reforma es un recurso retórico, los hechos lo contradicen. La

legitimidad de un régimen descansa en la acción política y en obras que generan credibilidad. La oratoria, por el contrario, la desgasta.

La misma reforma a la Constitución estableció que el INEGI realizaría “un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la

autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo”. El INEGI cumplió, pero las

irregularidades continúan. Losaviadores siguen cobrando y los puestos de trabajo ilegítimos se legalizaron con la complicidad de los

gobernadores en la “conciliación de las plazas” durante 2014.

Los herederos de Elba Esther Gordillo también utilizaron el chantaje y la amenaza —dos instrumentos del neocorporativismo, según Luis

Rubio y Edna Jaime—, pero sin estridencia. El caso de Liberato Montenegro es paradigmático, mas no el único. Los gobernadores no

necesitaron de grandes presiones para hacer las conciliaciones a modo del SNTE, no tienen ningún incentivo para apoyar la reforma que

les quita recursos, tampoco interés en la educación. Las secretarías de Hacienda y de Educación Pública supieron de esas transas y no las

frenaron. El gobierno recula en sus pactos con las organizaciones corporativas.

En una entrevista para su programa de televisión, Ricardo Alemán me preguntó qué podemos hacer para que la Reforma Educativa no se

hunda. No me gusta dar consejos, mas pienso que nuestra obligación como ciudadanos interesados en la educación es criticar al gobierno

por sus pactos ilegales con los grupos corporativos y exigirle que cumpla con la promesa constitucional. De otra manera, seguiremos

avanzando… para atrás.

*Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana

Carlos.Ornelas10@gmail.com

“No pudo atraer”, “no existen protocolos”, “no se

considera omisión”: respuestas de EPN sobre el caso

Ayotzinapa El Ejecutivo federal responde a las 42 preguntas, sobre diferentes temas, formuladas por la Cámara de Diputados el

pasado 6 de noviembre, con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

Gustavo Sánchez B

“¿Por qué el gobierno tardó más de nueve días en intervenir en la investigación de los hechos, de quién dependió esa decisión; ¿por qué a pesar de que desde el inicio de las investigaciones y los primeros indicios, para tipificar el delito de desaparición forzada, las investigaciones de la

Procuraduría General de la República se centraron en el delito de secuestro?; ¿cuáles eran las funciones que desempeñaba la 27 Zona Militar en el municipio de Iguala?”, fueron algunas de las preguntas que diputados del PAN y PRD hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, en relación con el Segundo Informe de Gobierno.

El titular del Ejecutivo respondió, en un documento que se dio a conocer el martes:

“En cuanto a las investigaciones por el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, respetando el Pacto Federal, la Procuraduría General de la República no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado“, indicó.

“Actualmente, debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. Por lo tanto no se considera que exista omisión alguna.

“Por lo que hace al inicio de las investigaciones y primeros indicios, resulta importante destacar que en la indagatoria relativa al evento ocurrido el día 26 de septiembre de 2014 en el que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, se arribó a la conclusión de que se trataba de un caso de desaparición forzada, esto porque se advertía la probable participación de elementos de seguridad pública municipal durante la detención de los normalistas. Ante este único y primer alarmante dato, diversos medios de comunicación y líderes de opinión pública difundieron y generalizaron que el evento se trataba de desaparición forzada, sin que hasta ese momento existiera ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación.

“En la integración de la indagatoria de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público de la Federación realizó el juicio de reproche por el delito de Desaparición Forzada cometido en agravio de los 43 estudiantes normalistas ante la autoridad jurisdiccional, quien consideró que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal de Desaparición Forzada, sin embargo, fue el mismo órgano jurisdiccional quien estimó que se reunían los elementos del tipo penal de secuestro con distintas agravantes, por lo que respecta al estudiante normalista ya identificado…

“No obstante, la Procuraduría General de la República, no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de Desaparición Forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada en contra de 5 policías municipales”, apuntó.

“…Es al Juez de Distrito al que corresponde establecer, determinar y fijar la tipificación de los hechos que le consigna el Ministerio Público. Se insiste en que no se considera una omisión en virtud de que la autoridad judicial determinó que los hechos por los que ejerció acción penal el Ministerio Público de la Federación fueron constitutivos del delito de Secuestro y no de Desaparición Forzada, destacando que al no compartir el criterio jurisprudencial se interpuso recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión por el delito de Desaparición Forzada”, abundó.

Además, sostuvo que la 27 Zona Militar “no tiene responsabilidad” en Iguala, pues es la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, la que está a cargo de ese municipio.

Aquí todas las respuestas del Ejecutivo, sobre diferentes asuntos:

Cámara de Diputados by Aristegui Noticias

Presidencia excusa al Ejército: La 27 Zona Militar no tiene “responsabilidad” en Iguala

Por Redacción / Sin Embargo febrero 18, 2015 - 10:52h 0 Comentarios

Peña Nieto excusó al Ejército en sus respuestas por su Segundo Informe de Gobierno. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob),

respondió a las preguntas realizadas por los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados con motivo de su Segundo Informe de

Gobierno donde excusó al Ejército Mexicano de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Presidencia de la República refirió que “la 27/a. Zona Militar no tiene responsabilidad en el municipio de Iguala”, esto en relación al

cuestionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre cuáles eran las funciones que

desempeñaba ese destacamento castrense.

“La actuación de las dependencias en materia de seguridad pública es acorde al ámbito de competencia de cada una,

siendo la del personal militar en coadyuvancia de las autoridades civiles que tienen a su cargo esta función, ponderando

la actuación conjunta de las fuerzas en todas las operaciones que se efectúen”, detalló el Ejecutivo federal en su

respuesta a los diputados.

Recordó que de conformidad con la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte Justicia de la Nación: “Ejército, Fuerza Aérea y Armada, si

bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías,

ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la

Constitución y a las leyes”.

Precisó que de igual forma el Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza en vigor,

en su artículo 68 establece para el Comandante de Zona Militar los deberes y atribuciones siguientes: “’Adoptar las medidas adecuadas de

conformidad con los preceptos legales y disposiciones que sobre el particular existan, en los casos de alteración del orden dentro de su

jurisdicción y coadyuvar con las autoridades civiles en su restablecimiento’, lo que es coincidente con la tesis jurisprudencial señalada”.

Ante la pregunta de “¿Por qué a pesar de que desde el inicio de las investigaciones y los primeros indicios, para tipificar el delito de

desaparición forzada, las investigaciones de la Procuraduría General de la República se centraron en el delito de secuestro?”, Presidencia

negó que se hubiera actuado de manera omisa.

Dijo que se llegó a la conclusión de que se trataba de un caso de desaparición forzada porque se advertía la probable participación de

elementos de seguridad pública municipal durante la detención de los normalistas.

“Ante este único y primer alarmante dato, diversos medios de comunicación y líderes de opinión pública difundieron y generalizaron que

el evento se trataba de 46 desaparición forzada, sin que hasta ese momento existiera ningún medio de prueba suficientemente sólido que

justificara dicha afirmación”, respondió Presidencia.

Dijo que el Juez de la causa ha valorado en su totalidad el caudal probatorio y actualmente se cuenta con 74 personas “sujetas a proceso

por el secuestro de los 43 estudiantes normalistas”. No obstante, indicó, la Procuraduría General de la República (PGR), no ha cesado en

su intención de acreditar el ilícito de Desaparición Forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito

librada en contra de 5 policías municipales.

Presidencia de la República insistió a lo largo de sus respuestas que lo ocurrido en Iguala fuer “realizado por el crimen organizado en

colusión con autoridades locales”. Dijo que desde entonces se ha desplegado un importante operativo a cargo de la Policía Federal y la

PGR para la búsqueda de los estudiantes e investigar los hechos.

“Ante ello, el Gobierno de la República comparte la exigencia de justicia y se ha dado a la tarea de redoblar esfuerzos para garantizar la

plena vigencia del Estado de Derecho en todo el país”, dijo Presidencia al cuestionamiento de Movimiento Ciudadano sobre “qué medidas

Implementará el Gobierno Federal para que dejen de suceder acontecimientos como este”.

Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”, desaparecidos forzadamente el pasado

26 de septiembre en Iguala, Guerrero, han exigido al gobierno mexicano que se les permita el ingreso a cuarteles militares para buscar a

sus hijos.

De acuerdo con testimonios de los normalistas que estuvieron la noche de la desaparición, elementos del Ejército mexicano estuvieron

presentes al momento en que ocurrieron los hechos y no intervinieron. Al respecto, grupos civiles como Amnistía Internacional y como

Human Right Watch han criticado la decisión del Procurador Jesús Murillo Karam de dejar lado a las fuerzas armadas.

“La participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad [...]. Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de

familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y

desprestigio, agresiones físicas e intimidación, y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del

Gobierno Federal”, dijeron las organizaciones en un comunicado.

Senado aprueba la reforma para poner topes a la deuda de estados y municipios La reforma fue enviada a los Congresos estatales con el fun de que sea aprobada por 17 de los congresos.

FEBRERO 17, 2015Redacción Animal Político

Foto: Cuartoscuro.Los senadores aprobaron la reforma este 17 de febrero.

El pleno del Senado avaló la reforma constitucional para acotar y reglamentar la deuda de los estados, facultar al Congreso

en materia de deuda pública y establecer una comisión bicameral legislativa que analice la estrategia de ajuste para

fortalecer las finanzas públicas en las entidades.

Con 87 votos a favor y siete en contra, los senadores aprobaron la reforma, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir

leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación,

entidades y municipios.

Después de la aprobación, la reforma fue turnada a los Congresos estatales con el fin de que sea avalado por el constituyente

permanente, por lo que tendrá que lograr la aprobación de la mitad más uno de esos congresos, por tratarse de una reforma constitucional.

La reforma aprobada este martes 17 de febrero por el Senado se dio luego de que la deuda de las entidades federativas y municipios

del país se duplicó en los últimos años al pasar de 186 mil 470 millones de pesos, en 2007, a 482 mil 807.2 millones al

cierre de 2013, su mayor nivel desde que se tiene registro.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de la deuda local al cierre de 2013 representó 2.6 veces

más que el monto de 2007 o un incremento nominal de 158.91 por ciento durante la pasada administración.

Historias de reportero | Carlos Loret de Mola

Gobiernos robaron casi lo que recortó Hacienda

Nació en Mérida, Yucatán, México. Es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Es conductor del ...

Más de Carlos Loret de Mola

Si en México no hubiera malversación de fondos, la secretaría de Hacienda no hubiera tenido que realizar un recorte

de tal tamaño al presupuesto por la caída de los precios del petróleo

Un gobernador en la cárcel por desviar recursos, un financiero prófugo por defraudar a sus clientes, una caja de ahorro sospechosa de lavar dinero, un gobernador acusado de embolsarse 300 millones de pesos, un par de candidatos bajo sospecha de favorecer a empresarios irregulares, un presidente en jaque por conflicto de interés.

¿Es bueno que estén saliendo al fin estas cosas porque gana la transparencia? ¿Desalienta constatarlo porque sucede a todos los niveles, en todos los partidos, por todos los lugares?

Ha llovido. Y la tormenta está lejos de irse.

En unas horas, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le pondrá número a la sospecha de desvío de recursos del presupuesto durante el año 2013. Presentará ante el Congreso sus observaciones a la cuenta pública correspondiente a ese año.

Según la información que tengo, su exposición desatará una reflexión automática: si en México no hubiera malversación de fondos, la secretaría de Hacienda no hubiera tenido que realizar un recorte de tal tamaño al presupuesto por la caída de los precios del petróleo. Con ahorrarse la corrupción alcanzaría para amortiguar el golpe.

De acuerdo con fuentes de primera fila, el grueso de los presuntos desvíos se detectaron en los rubros de Seguro Popular y Educación (la nómina de maestros, como principal fuente de gasto discrecional para los gobernadores).

Entre los estados señalados por la Auditoría Superior de la Federación como los más sospechosos figurarán Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua. Una pesadilla para los gobernadores priístas Javier Duarte, Egidio Torre Cantú y César Duarte, respectivamente.

El mecanismo que pone en situación de vulnerabilidad al manejo de recursos y abre la puerta para supuestas transas tiene apodo. Le dicen la licuadora. Consiste en que una Secretaría de Finanzas estatal deposita en una misma cuenta concentradora todos los recursos federales y locales a su alcance; en esa cuenta se diluyen los orígenes y destinos planeados para ese dinero, y sencillamente se va retirando lo que se va necesitando: lo mismo pagar los sueldos de los doctores y maestros que adquirir nuevas camionetas para el “jefe” o comprar votos.

La discrecionalidad es peligrosa y los contrapesos son endebles:

Hasta ahora hemos mencionado al dinero federal. Pero en la mayoría de los casos, el dinero estatal no es supervisado seriamente por nadie. Como sucedía con muchos Institutos Electorales de los estados, las Auditorías Superiores estatales suelen estar al servicio del gobernador. Quizá haga falta una reforma constitucional para nombrar fiscalizaciones reales donde no las haya y hasta permitir que las auditorías —federal y estatales— no tengan que esperar todo un año para emitir sus resultados, sino que los divulguen conforme estén concluidos.

Nos ahorraríamos mucho dinero. Se lo quitaríamos a los rateros disfrazados de políticos.

El gobierno cumple 231 días en crisis por falta de transparencia, pero el IFAI se lava las manos

Por Redacción / Sin Embargo febrero 18, 2015 - 00:04h 3 Comentarios

El 3 de febrero pasado, el Presidente nombró a Virgilio Andrade como Secretario de la Función Pública para investigar casos de conflicto

de interés. Foto: Cuartoscuro

Por Juliana Fregoso y Sergio Rincón

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Desde que el 30 de junio de 2014, elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 22

personas en Tlatlaya, Estado de México, el gobierno federal se puso en la mira de la prensa nacional e internacional por diversos hechos:

violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles a manos de elementos de la seguridad del Estado, casos de corrupción y

conflictos de interés. Desde entonces, han transcurrido 231 días en los que se ha reclamado a la administración del Presidente Enrique

Peña Nieto y a las instituciones respectivas cambios radicales para combatir la falta de transparencia, la opacidad y la corrupción.

Laura del Alizall Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad

Iztapalapa, advirtió que este panorama no sólo afecta a la imagen de los mexicanos en el extranjero sino que también se convierte en un

caldo de cultivo para que en el país surjan “movimientos más radicalizados”, ante la inacción y “cinismo” de las autoridades y de la clase

política mexicana.

Ayer, los siete comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se lavaron las manos respecto

a la Ley General de Transparencia y dijeron que acatarán “cabal y fielmente” lo que se vote en el Senado de la República, incluso el

polémico punto de la “excepción de reserva” para los casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La cadena de irregularidades denunciadas en la prensa nacional y extranjera, y que protagonizan políticos y funcionarios de la actual

administración, han abonado al crecimiento de la desconfianza en el Estado mexicano, dijo Del Allizal Arriaga.

A Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre

del año pasado, le siguieron el escándalo “casa blanca” de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado; los conflictos de interés del

Presidente y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quienes compraron casas a contratistas del gobierno; las revelaciones del

diario The New York Times sobre las propiedades del ex Gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, en Estados Unidos, y la aparición de

una serie de empresarios y políticos relacionados con transacciones ilegales del Banco HSBC en Suiza, el llamado Swiss Leaks.

El martes pasado, el nombre de México se volvió a relacionar con la corrupción y la falta de transparencia. Luis Videgaray Caso, titular

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció, en una entrevista con el diario británico The Financial Times, que el

gobierno mexicano pasa por una crisis de confianza. “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no

[sólo] la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza”, dijo el encargado de las finanzas públicas.

Al ser cuestionado sobre si todo el gobierno de Enrique Peña Nieto está igual de comprometido en la necesidad de darle prioridad al

Estado de Derecho, Videgaray dijo: “Creo que sí”.

A más de 200 días de lo que ya se denomina como la “crisis del gobierno mexicano”, muchos frentes siguen abiertos: el gobierno del

Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dijeron y desdijeron sobre el caso Tlatlaya, incluso se trató de

ocultar la información reservándola, mientras los 43 normalistas siguen desaparecidos y hasta ahora toda la culpa ha recaído sobre el ex

Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Las contradicciones sobre el destino de los jóvenes mantienen a sus padres con

la duda de si están o no vivos.

El 3 de febrero, el Presidente Peña Nieto nombró a un amigo del Secretario de Hacienda y ex asesor de su campaña, Virgilio Andrade

Martínez como Secretario de la Función Pública (SFP) y lo instruyó a investigar el caso de su esposa, el de Videgaray Caso e, incluso, a

él mismo y a todos los contratos de obra pública que se habían entregado durante su administración, que inició el 1 de diciembre de 2012.

Las primeras declaraciones de Andrade Martínez fueron en el sentido de que en el caso del Presidente, la casa que compró a la familia

San Román, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, fue durante su época como mandatario de esa entidad y la SFP sólo está facultada

para investigar a funcionarios federales. “No es competencia de la Secretaría de la Función Pública (sino de) las contralorías estatales o de

las auditorías superiores estatales”, explicó.

Sobre la investigación que pidió Peña Nieto para su esposa Angélica Rivera y para el titular de la SGCP, Andrade dijo que “lo que se va a

investigar, específicamente (…) es si estos particulares (las empresas de Grupo Higa) que vendieron (a Angélica Rivera y a Luis

Videgaray) las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos”.

El 8 de febrero, el diario The New York Times, como parte de una investigación sobre las propiedades de lujo que poseen personajes

públicos en Estados Unidos, reveló que el ex Gobernador de Oaxaca y su hijo Alejandro, actual director general del Instituto Nacional de

Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), poseía seis departamentos en ese país. Murat reconoció solamente dos

propiedades, mientras que su hijo atribuyó la posesión de algunos inmuebles a su esposa y a su familia política, pero en México nadie

investiga el hecho.

Un día después, el diario francés Le Monde publicó parte de una investigación realizada en 42 países sobre figuras renombradas que

habían manejado cuentas irregulares en Suiza en el banco HSBC. En la lista están mil 642 mexicanos, entre los que salieron a relucir los

nombres de los empresarios Jaime Camil Garza y Carlos Hank Rhon.

El caso llamado Swiss Leaks puso en los reflectores a ex funcionarios federales, entre los que se ubican el ex director de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y Luis Téllez Kuenzler, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ex

Secretario de Energía en el sexenio del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y ex titular de la Secretaría de

Comunicación y Transportes (SCT) en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

A diferencia de Murat Casab, en este caso el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció que investigará a todos los mexicanos

presuntamente involucrados. Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT, informó en entrevista radiofónica que la dependencia tardará

dos años en investigarlos.

EL CALDO DE CULTIVO

El surgimiento de las autodefensas en diversas entidades es una muestra de la inconformidad ciudadana, coinciden analistas. Foto:

Humberto Padgett, SinEmbargo

Laura del Alizall Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad

Iztapalapa, advirtió que todos los casos citados muestran dos cosas: primero que la inseguridad y la impunidad con la que operan los

criminales en México, sumados a la corrupción y el hartazgo ciudadano, pueden dar pie al surgimiento de “movimientos mas

radicalizados o armados”. Según la investigadora, los grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero fueron sólo un antecedente de la

manera en la que se pueden radicalizar los movimientos civiles.

El segundo tema es el “cinismo” de la clase política y que alienta la “impunidad con la que actúan los delincuentes:

“Hemos visto que parte del mantenimiento de esta actitud tiene que ver con la ausencia de sanciones. Es la impunidad,

porque al igual que sucede con la inseguridad, la impunidad de la que gozan los criminales comunes afecta el

comportamiento de los políticos que no ven ninguna sanción. Hay casos de un cinismo impresionante, como un

candidato a Alcalde de Nayarit, que ya había sido Presidente Municipal, y dijo en la campaña que había robado poquito

porque no había mucho. Este tipo de cosas hacen reír a mucha gente pero nos deben preocupar. Los políticos no han

entendido que las cosas tienen que cambiar”.

Estos casos, afirmó la investigadora, también marcan a los ciudadanos. Todo lo que se ha manejado sobre el país en la prensa

internacional deja la imagen de que el mexicano “está cada vez más vinculado a la corrupción. Recuerdo a los políticos mexicanos que

decían que en Francia y en otros lados los políticos roban para las elecciones, el problema en México es que se lo roban para su bolsillos”.

¿Y EL IFAI?

Patricia Kurzcyn, Comisionada del IFAI, aseguró que el Presidente no está obligado a rendir cuentas.

Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

En medio de la crisis de transparencia y corrupción por la que atraviesa el país, los siete comisionados del

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) coincidieron que la Ley

General de Transparencia está sólo a cargo del Poder Legislativo por tal motivo “son respetuosos” y su

decálogo, el cual propone puntos clave como la “excepción de reserva” en casos de violaciones a derechos

humanos o delitos de lesa humanidad, podría ser tomado en cuenta o no por el Senado de la República. Si

la Cámara Alta emite una ley sin sus recomendaciones, aseguraron que de igual modo será aceptada

“cabal y fielmente” por la comisión.

La iniciativa de Ley, cuyas modificaciones se encuentran actualmente en discusión, es resultado de un

trabajo conjunto del Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil, que presentaron una propuesta el pasado 2 de

diciembre de 2014.

La comisionada presidente Ximena Puente de la Mora dijo que las recomendaciones no son artículos, sino temas a atender, por ello

esperan que el Senado saque una “ley a la altura de las circunstancias que vive México”. Además, agregó, “no habrá retroceso”, pero que

la Comisión estará al pendiente del proceso legislativo para sumar sus propuestas.

Por sus parte, María Patricia Kurczyn Villalobos, quien la semana pasada dijo a SinEmbargo que Enrique Peña Nieto no está obligado a

entregar datos “porque es el Presidente”, aseveró que la ley que está por surgir no puede ser contraria al decálogo porque sólo hay

“diferencias muy ligeras” entre las recomendaciones y los avances de los senadores, por tanto no visualiza una ley contraria a sus

propuestas.

“El Senado tendrá que tomar la decisión y en el momento que el Senado nos entregue una Ley, nosotros, los siete

comisionados, estaremos en la mejor disposición de cumplir cabal y fielmente, la legislación”, dijo la comisionada

Kurczyn Villalobos.

Desde el pasado lunes, los comisionados pusieron sobre la mesa 10 puntos que a su parecer eran los más graves. Entre lar

recomendaciones que hicieron a la comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, pidieron a los legisladores precisar los

conceptos y las causales de reserva por “seguridad nacional” y “estabilidad financiera, económica o monetaria”.

El Sabueso: ¿Tres millones de mexicanos comen mejor? Este miércoles, Animal Político presenta su proyecto de verificación del discurso llamado El Sabueso, con el cual estableceremos, con datos

duros, si las frases de los políticos son ciertas o falsas. Para saber más de este proyecto, haz click en nuestra columna invitada.

ENERO 28, 2015Tania L. Montalvo (@tanlmont)

Frase a revisión: “3.1 millones de mexicanos ya no pasan hambre”.

Autor: Enrique Peña Nieto, presidente de la República.

Lugar y fecha: Entrega del Almacén Granelero de Atlacomulco en el Estado de México. 26 de enero de 2015.

Calificación de El Sabueso:

3.1 millones de mexicanos con carencia alimentaria, ¿ya no pasan hambre?

Dos años después del lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente Enrique Peña Nieto asegura que 3.1 millones de

mexicanos “ya no pasan hambre (y) tienen garantizada su alimentación cotidiana”. Su fuente son las cifras de la Secretaría de

Desarrollo Social (Sedesol) que presume que, gracias ese programa —el más importante de la política social del gobierno federal— tal cifra de

mexicanos ya come mejor.

¿Pero qué significa comer mejor o, como dice el presidente, que 3.1 millones ya no pasen hambre? En realidad, no hay hasta ahora una

evaluación objetiva que lo explique y la única evidencia que ofrece el gobierno federal es que esa cantidad de ciudadanos ahora

son parte de un programa social.

Según los datos de Sedesol, “son 3 millones 130 mil 294 (mexicanos) en condición de pobreza extrema multidimensional con carencia por

acceso a la alimentación o pobreza extrema de alimentación (…) que se tiene certeza que han sido atendidas al menos por un programa que les

ayuda a comer mejor”. Estos datos fueron obtenidos por El Sabueso mediante una solicitud de información respondida el pasado 14 de

octubre de 2014.

Los programas sociales que ayudan a que estos mexicanos “ya no pasen por hambre”, como dice Peña Nieto, son Prospera, Apoyo

Alimentario, Abasto Social de Leche y el de Apoyo de Adultos Mayores, pues, según la Cruzada, les proveen de herramientas que garantizan su

acceso a los alimentos.

El Secretario Técnico de la Cruzada, Omar Garfias, lo explicó así en una entrevista con El Sabueso el pasado 21 de enero:

“Asumimos que son beneficiarias —a partir de la Cruzada— de algún programa que les da una transferencia económica y entonces ellos, a

partir de ese recurso pueden comprar y mejorar su alimentación. O bien, (asumimos) que son personas que a partir de la Cruzada reciben

algún alimento en especie; o personas que reciben algún apoyo para mejorar su producción y entonces pueden producir más alimentos para

su autoconsumo o un excedente para venta”.

Para el gobierno federal, que 3.1 millones de mexicanos antes no tuvieran acceso a un programa social y ahora sí, implica que tienen

garantizado acceso a alimentos.

“No es una inferencia, es una lógica”. “Si lo dijéramos así sería muy técnico: mejoraron su acceso físico o económico a los alimentos. Mucha

gente nos diría ¿y eso qué es? Entonces el fraseo corto es: comen mejor”, que es el que se utiliza en eventos públicos, dijo el secretario

técnico de la Cruzada.

Según Garfias, en el caso de los beneficiarios de leche o que tienen acceso a comedores comunitarios “está sencillo saber que comen mejor” y

para los que reciben un apoyo económico, la Cruzada tiene encuestas que indican que utilizan el 70% de sus recursos para alimentación y el

resto para medicinas.

“Y aún ese 30% también es indirectamente para alimentación porque permite el aprovechamiento de los alimentos. Entendemos que las

personas cuando están enfermas no pueden aprovechar el alimento, entonces (ese 30%) también les sirve para su condición alimenticia”.

Pese a todos los dichos del Secretario Técnico, Sedesol confirmó, en la misma solicitud de información, que corresponde al Consejo Nacional

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) evaluar —con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) —

los avances de la implementación de la Cruzada. Lo anterior todavía no ocurre, pues los primeros resultados se darán a conocer hasta el

segundo semestre de este año. Por tanto, aún no se puede hacer una afirmación tan contundente como la que han hecho los funcionarios.

Hasta ahora, el Coneval sólo se ha pronunciado respecto a la Cruzada sobre la forma de comunicar los logros, pues en su Informe de

Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 publicado en diciembre pasado, concluye que el gobierno federal no los comunica de

manera clara y justamente se refiere a la afirmación “más de tres millones de personas están comiendo mejor”.

Sin los datos de evaluación de Coneval disponibles hasta ahora, especialistas en políticas y programas sociales consideran que la

afirmación de que 3.1 millones comen mejor o ya no pasan por hambre carece de sustento.

Imagen: ConevalObservaciones del Coneval a la Cruzada.

“Una afirmación de ese tipo tiene que tener una base sólida para fundamentarse. Si yo le regalo comida a una persona que toca la puerta de mi

casa entonces es evidente que esa persona probablemente comió mejor que el día anterior, pero eso no implica que su condición haya

cambiado a comer mejor”.

“Yo no puedo saber si por una acción eso mejora la condición inicial por la que comenzó el proceso de atención. La afirmación de Sedesol no

está basada en una evaluación; ésta corresponde única y exclusivamente a Coneval”, dijo en entrevista Julio Boltvinik, profesor investigador

del Colegio de México, especialista en pobreza y programas sociales.

“La afirmación carece de sustento, no sabemos si es verdadera o falsa, simplemente carece de sustento. La afirmación ‘comen mejor’ es

bastante discutible y al mismo tiempo tan genérica que si tienen dos pesos más comen mejor. Pero no pueden estar seguros de que comen

mejor o ya no pasan por hambre porque dicen que están en diferentes programas sociales. Es (una afirmación) insuficiente y se presta a

equívocos”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, experto internacional en programas sociales.

Para los objetivos de la Cruzada, el hambre se define como “la situación que enfrenta una persona al encontrarse en pobreza extrema y con

carencia alimentaria. Esta definición de hambre considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo

de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia de acceso a la alimentación, que se

basa en el concepto de inseguridad alimentaria”.

Según lo dicho por Peña Nieto el lunes 26 de enero, de los 7 millones de mexicanos que se detectaron en condición de pobreza extrema y

carencia alimentaria al arrancar con la Cruzada, 3.1 millones ya superaron esa condición, pues ya no pasan hambre; pero al no existir una

evaluación y datos al respecto, El Sabueso concluye que es una afirmación engañosa.

Hay crisis, pero el gobierno no da su brazo a torcer

Por Redacción / Sin Embargo febrero 18, 2015 - 00:00h 1 Comentario

Dos hechos confirman que, aun cuando un parte del gobierno federal reconoce que ha perdido la confianza de los ciudadanos en México,

y de la opinión pública, inversionistas e incluso la de algunos gobiernos en el extranjero, otros más no darán su brazo a torcer o, lo que es

lo mismo, no cambiarán ni un milímetro las políticas públicas que lo mantienen en el hoyo… y cavando.

Primero, en una entrevista con el prestigiado diario Financial Times,Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público (SHCP) y protagonista de un reciente caso de conflicto de interés que no ha sido suficientemente aclarado, aceptó que la actual

administración no es confiable para la sociedad en México: “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que

es no [sólo] la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza”, dijo el encargado de las finanzas públicas del

país.

Videgaray Caso es el primer funcionario federal que abiertamente reconoce esta crisis. En un acto casi casi de contrición, el hombre al

que se le se le señala por haber adquirido una residencia de descanso con un financiamiento a modo por parte de Grupo Higa, empresa

deJuan Armando Hinojosa Cantú, que ha sido favorecida con contratos multimillonarios por parte de las administraciones de Enrique

Peña Nieto en el Estado de México y ahora desde la federal, expuso las reformas no deberían ser las únicas prioridades de un gobierno al

que le quedan casi cuatro años más. “No sólo se trata de reformar, reformar, reformar”, dijo.

“Podríamos llevar a cabo diez reformas energéticas, pero si no le sumamos la confianza, no abarcaremos todo el potencial de la economía

mexicana”, reconoció Luis Videgaray quien, según comentarios del propio diario británico, ha estado en medio del escándalo por las

“embarazosas” compras de casas de un prominente contratista del gobierno.

Por si fuera poco, viniendo estas declaraciones de uno de los funcionarios más cercanos al Presidente de la República, también reconoció

que México requiere de instituciones creíbles, justicia y transparencia para lograr una expansión económica sostenible. Además, a la

pregunta de si cree que Peña Nieto está comprometido con la necesidad de darle prioridad al Estado de Derecho, respondió: “Creo que

sí”.

Sin embargo, pese a este reconocimiento oficial, en otro escenario, el de su respuesta a las fuertes críticas del Comité de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, el gobierno federal actuó conforme al guión que ha mantenido en 26

meses: con una profunda arrogancia, y sin reconocer por un momento que se ha equivocado en más de un sentido.

El viernes pasado, el Comité de la ONU, en sus observaciones finales sobre el caso México, determinó que las desapariciones forzadas

son generalizadas y la mayoría quedan impunes, por lo que instó al actual gobierno federal a tomar medidas para prevenirlas y resolver

los casos pendientes.

En respuesta, el gobierno mexicano expuso que las recomendaciones del Comité de la ONU “no reflejan adecuadamente la información

presentada por México, ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar

los retos mencionados”.

Ayer, Amnistía Internacional (AI) planteó su preocupación por esa respuesta pues, expuso, revela que el gobierno no quiere reconocer la

gravedad de la crisis de derechos humanos que vive el país y sus fallidas estrategias de seguridad: “El gobierno mexicano no parece

dispuesto a reconocer la gravedad de la crisis, y su posición en relación con estas recomendaciones puede indicar que va a ignorar

cualquier crítica a sus estrategias fallidas en materia de seguridad pública. Esta decisión es extremadamente alarmante en el frágil

contexto de derechos humanos que enfrenta el país”.

Además, la Organización No Gubernamental (ONG) con presencia en prácticamente todo el orbe, planteó: “Amnistía Internacional está

profundamente preocupada de que la declaración del gobierno implique un rechazo de las recomendaciones del CED. Con más de 23 mil

casos no resueltos de desapariciones, muchos de ellos, casos de desapariciones forzadas cometidas por la policía y las fuerzas militares,

las autoridades deberían aceptar asistencia especializada y constructiva proporcionada por los expertos de la ONU”.

Lo anterior resume que, por un lado, el gobierno de Peña Nieto está sintiendo una fuerte presión nacional e internacional por los escasos

resultados e incluso fracasos en diversos rubros de su administración, lo que se ha agudizado por los grandes escándalos que involucran al

Presidente, a su esposa, a sus funcionarios más cercanos y a sus amigos empresarios en conflictos de interés.

Pero por otro, ese mismo gobierno, o gran parte de quienes ahora lo conforman, se resisten a reconocer el descalabro y la enorme

decepción que han significado para la mayoría de la sociedad e incluso para la comunidad internacional.

La negación, además, ha sido la bandera favorita de este gobierno priista, o de esa parte de sus operadores que se niega al cambio. Negar

crímenes por parte de autoridades del Estado –como los de Ejército, por ejemplo–, negar que la economía se estancó a partir de su llegada

a Los Pinos, negar que hay crisis de derechos humanos en México, negar que las desapariciones forzadas son una epidemia, negar que

hay corrupción y opacidad en todos los niveles de la administración pública, negar que la inseguridad y la violencia se han extendido en el

país por la impunidad y la falta de aplicación de la ley, negar que no pueden con el paquete… negar, negar, negar.

Y mientras esa estrategia se mantenga, el país no tendrá reposo. Peor aún, gracias a esos que ahora se niegan a dar un golpe de timón y a

reconocer los errores, se seguirá cavando en el pozo del descrédito y la desconfianza, con el riesgo de aumentar la inestabilidad social.

61 países etiquetan uso de transgénicos y herbicidas, y México no; ¿por qué?: ONGs Por Daniela Barragán febrero 18, 2015 - 00:05h 9 Comentarios

Organizaciones civiles presentaron evidencias científicas del contenido tóxico de alimentos transgénicos que se consumen en México.

Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Representantes de organizaciones civiles en defensa de la calidad de la alimentación,

urgieron al Gobierno federal y a las dependencias competentes a agilizar el etiquetado de productos transgénicos, en especial el maíz que

es importado y comercializado en México. De acuerdo con las investigaciones más recientes en la materia, expertos detectaron una alta

presencia de tóxicos herbicidas cancerígenos y alteradores del desarrollo normal del ser humano.

En la actualidad, 61 países ya cuentan con esta medida y con las evidencias científicas de que el etiquetado de estos productos resulta

urgente para respetar el derecho a la información de los consumidores.

Ante este escenario negativo, Alejandro Calvillo Unna, de El Poder del Consumidor, destacó que esta acción obedece al derecho de los

mexicanos a estar informados y decidir sobre su consumo: “Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho es

violado por el Gobierno mexicano, que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al

consumidor”.

Incluso, agregó Calvillo, desde 2011 no hay impedimentos comerciales que puedan afectar a los productos transgénicos, por lo que no

hay argumentos que el Gobierno pueda utilizar para continuar con el rechazo a etiquetar a los alimentos transgénicos. “La Organización

Mundial de Comercio (OMC) hacía 20 años se oponía a la posibilidad de etiquetar los alimentos, argumentando que era una barrera al

libre comercio. En 2011, Estados Unidos, que era el principal opositor al etiquetado, apoyando a las grandes empresas como Monsanto, lo

aceptó […] ya no existe ningún argumento comercial para impedir su aplicación”, afirmó el experto.

LA COFEPRIS

Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, aseguró que los mexicanos tienen derecho a estar

informados a través de las etiquetas en los alimentos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

El Poder del Consumidor, junto con la Alianza por la Salud Alimentaria, Semillas de Vida y El Poder

del Consumidor, denunciaron la actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios (Cofepris) ya que al día de hoy, ha autorizado 135 líneas de transgénicos para consumo

humano, de los cuales un porcentaje alto son de maíz tolerante al glifosato, químico herbicida que

puede provocar daños hepáticos, renales y es causa de malformaciones.

Elena Álvarez-Buylla, experta en genética molecular del Instituto de Ecología de la Universidad

Nacional Autónoma de México (UNAM), planteó que la Cofepris aprobó las nuevas variedades de

maíz transgénico sin ninguna discusión previa, y copiando la regulación de Estados Unidos. Calificó

esta decisión como un atentado a la salud pública de los mexicanos, sin sustento científico y en la que

están de por medio algunos conflictos de intereses. “Por eso, solicitamos que se prohíba el uso de

esos transgénicos y de los tóxicos asociados con el glifosato para alimentos y de manera muy

específica del maíz y por la evidencia científica, exigimos el etiquetado de todos los alimentos en

tanto su contenido de transgénicos y la posible presencia de estos tóxicos”, dijo.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es parte de la Secretaría de Salud y

actualmente es presidida por el Mikel Andoni Arriola Peñalosa. Dentro de sus atribuciones está la prevención y control de los factores

ambientales que puedan ser nocivos a la salud de los ciudadanos, de la sanidad, del control sanitario de productos y de la publicidad de

éstos.

En conferencia de prensa, señalaron que la Cofepris ha evidenciado su incapacidad

para investigar estos alimentos. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

De acuerdo con la información de la investigadora de la UNAM, los cultivos de

maíz, de los que se derivan importantes alimentos de consumo masivo en México,

son rociados con cantidades exorbitantes de tóxicos, sobre todo de herbicidas; éstos

penetran en las plantas ya que están diseñados para matar a las malas hierbas.

Sin embargo, los cultivos transgénicos son tolerantes a estos tóxicos y los mismos

penetran a todas las células de los cultivos, incluyendo frutas y semillas.

Los transgénicos tolerantes a herbicidas producidos por Estados Unidos y exportados a todo el mundo, contienen cantidades exorbitantes

de estos tóxicos que son mayores a las permitidas en el resto del mundo, según los representantes de las distintas organizaciones.

“El glisofato, que es el herbicida más común, está en prácticamente 9 de cada 10 variedades de cultivos transgénicos en

el mundo. Su presencia está aumentando y está correlacionada a niveles altísimos de enfermedades como daños

hepáticos, daños en riñón, diferentes tipos de cáncer, enfermedades degenerativas e incluso, enfermedades

neuropsiquiatricas […] Más de 20 enfermedades están asociadas de manera clara con el aumento de glifosato, y por lo

tanto, con el consumo derivado de productos transgénicos”, explicó Álvarez-Buylla. Actualmente se importan 10 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos y de acuerdo con los representantes de las organizaciones,

no hay seguridad de éste y sus agrotóxicos no estén llegando a los alimentos derivados como el algodón o soya.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, precisó que el 50 por ciento de las calorías diarias que consumimos los

mexicanos provienen del maíz, al igual que el 39 por ciento de la dieta proteica. “[Eso] nos convierte en un experimento, es fatal dados

los índices de consumo que tenemos de maíz. Nos están violando un derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de

calidad y es evidente que los transgénicos no lo cumplen. Cada vez hay más países que lo rechazan y resulta que la Cofepris da las

autorizaciones sin ningún estudio de profundidad”, dijo.

San Vicente ahondó en que el maíz importado es de baja calidad ya que está cultivado para alimentar al ganado, por lo que tiene alto

contenido de almidones y azúcares, por lo que aumenta el riesgo de padecer obesidad y diabetes.

“El maíz que se produce en México es de mucha mejor calidad porque contiene fibras y productos como antioxidantes en los granos

azules y rojos, incluso previenen ciertas enfermedades […] Está uno de buena calidad y otro de pésima calidad que estamos importando y

que a la Cofepris no le interesa, los autoriza y no sabemos qué intereses pueda haber”, planteó.

Los cuates del Presidente

Por Adela Navarro Bello febrero 18, 2015 - 00:00h 1 Comentario

En ningún recoveco de la Ley dice que para obtener un cargo de esos que requieren sabiduría, las personas que aspiran a la posición

deben tener experiencia en la materia, carrera en el sector y edad suficiente para –en caso de haberse esforzado profesional, cultural y

socialmente- tener sapiencia.

Se habla de “buena fama en el concepto público” pero no se especifican los valores esenciales que debería de tener todo servidor de la

nación, como son la probada ética, la ejercida honestidad y los respetados principios en pensamiento y conducta.

Los requisitos legales para llegar a una posición son laxos, se refieren en términos generales a una “solvencia” social que puede traducirse

con vivir, estar, residir, estudiar y ser. No más, no exigen el detalle de la conducta, la preparación, la experiencia y la capacidad.

Ahí tiene que el presidente Enrique Peña Nieto, tan necesitado de aplausos quiere hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el

refugio de sus cuates –los que sí le aplauden-. El Poder Judicial, el tercer poder luego del Ejecutivo y del Legislativo, debería ser

representado por hombres y mujeres con carrera en el sector judicial, alejados de los gobiernos y de las cámaras, con intereses exclusivos

en la defensa de la Ley y el imperio del Estado de Derecho.

Así cómo el Senado de la República debería ser ocupado por los viejos con experiencia y servicios y como el último acto de servicio a la

nación, en lugar de ser semillero de gobernadores, antro de negociaciones y acuerdos, y entretenimiento de cabilderos y vende patrias, la

Suprema Corte exige personas imparciales, justas, apegadas al derecho, con criterio independiente al resto de los poderes.

Pero no. Enrique Peña Nieto primero propuso a través de Felipe Calderón en los últimos días de éste en el Gobierno de la República al

joven abogado fiscalista Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a quien sacó del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin ninguna experiencia en el ejercicio del derecho, la abogacía, o en el colegio judicial, pero sí con intereses del litigio privado y la

Hacienda Pública, Gutiérrez Ortiz Mena llegó a la Corte.

Después de la muerte en diciembre 2014 del Ministro Sergio Armando Valls Hernández, ayer el presidente de la República como es su

facultad, envío una terna para la selección de una persona que ocupe el lugar del Ministro Valls en la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

Valls sirvió al Poder Judicial diez años de 2004 a 2014 y la carrera la inició como Agente del Ministerio Público, pasando por algunas

Magistraturas, Consejerías Jurídicas, Consejería de la Judicatura, algún cargo público hasta llegar a la máxima posición en la carrera

judicial como Ministro.

Entre las propuestas de Peña para suplir al Maestro Valls, se encuentran dos abogados de carrera, con experiencia en el Poder Judicial y

con posiciones en lo que debería ser la antesala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alguna Magistratura federal o estatal. De

hecho en los estados en los Tribunales Superiores de las entidades que integran la República Mexicana, es mucho más frecuente encontrar

que quienes llegan a Magistrados, son hombres y mujeres que antes de ello fueron Jueces, Consejeros de la Judicatura o Jurídicos de

algún departamento relacionado con el Poder Judicial. Es como debería ser la carrera natural en ascenso del Poder Judicial: Agente del

Ministerio Público, Actuario, Secretario de Acuerdos, Juez, Consejero de la Judicatura, Magistrado en el Estado, Magistrado Federal,

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, Peña propuso a dos hombres que a la fecha sirven como Magistrados.

Al abogado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, actual Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que

tiene en su hoja de vida la licenciatura en la UNAM, Juez de Distrito, Secretario de estudios y cuenta de la Suprema Corte, Juez de

Distrito, Magistrado de Circuito.

También al licenciado en derecho Horacio Armando Hernández Orozco, quien se desempeña como Magistrado del Quinto Tribunal

Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, y que después de salir de la Libre de Derecho y dar cátedra, fue Secretario de Juzgado de

Distrito, Secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, Juez Primero de Distrito, Magistrado de Circuito y hoy es el Magistrado Presidente

del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (el que conoció de los amparos de la maestra Elba Esther Gordillo).

El tercer hombre propuesto por Enrique Peña Nieto a la Cámara Alta para ocupar la silla del Ministro Sergio Valls en la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, es su cuate. Amigo y protector hasta de los intereses personales, y el servicio público también, de Peña Nieto. Se

trata del Embajador de México en los Estados Unidos, Eduardo Medina Mora Icaza.

Medina Mora nunca ha sido Juez, ni civil ni penal, ni federal de distrito. Mucho menos Magistrado de Circuito o de Tribunal estatal,

federal o electoral alguno. Mucho menos Consejero de la Judicatura. No. Eduardo Medina Mora hizo carrera en el gabinete federal de

gobiernos de la República encabezados por panistas, desde donde dicen, fue el enlace entre los peñistas y los calderonistas. El celestino

político entre los del Estado de México y los de Michoacán.

Procurador General de la República en tiempos de Felipe Calderón, Medina Mora fue sacado de esa Fiscalía y enviado como Embajador

de México ante el Reino Unidos, sin experiencia alguna en el Servicio Exterior Mexicano, sin haber cursado la escuela Matías Romero,

sin haber sido Cónsul o agregado en alguna representación diplomática.

Al triunfo de Enrique Peña Nieto y la posterior y tropezada toma de posesión, el presidente nombró a Eduardo Medina Mora, Embajador

de México ante los Estados Unidos, de dónde lo quiere sacar para enviarlo en calidad de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.

Entonces resulta que como las Embajadas, a la Suprema Corte de Justicia la quieren convertir los priístas de Los Pinos, en un abultado

premio político, irrespetando la calidad de Máxima Casa del Poder Judicial. Pues Medina Mora ha hecho carrera pero en el Poder

Ejecutivo, donde electos panistas como Vicente Fox le confiaron la Dirección del CISEN –cuando a pesar de las escuchas en celdas de

centros penitenciarios se les escapó Joaquín “El Chapo” Guzmán-, la Secretaría de Seguridad Pública, y luego con Calderón la

Procuraduría General de la República, la Embajada.

Con un Poder Legislativo que responde más a los ánimos del Presidente Peña y en menor medida a las necesidades de la sociedad y del

sistema para el ejercicio de un pleno estado de derecho, es probable que como le hicieron con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, elegirán al

de menor experiencia en el sector, pero de mayor cercanía con el Ejecutivo. A menos claro que Peña haya incluido el nombre del

Embajador Medina Mora en la terna para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un afán de alejar las miradas auscultadoras de los

dos Magistrados en referencia, cuyos apellidos no escapan a denuncias internas del Poder Judicial.

En 2013 ya con el gobierno federal en manos del PRI, un diputado panista, el guerrerense Gabriel de Jesús Cárdenas Güizar, propuso

reformar entre otras cuestiones, el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se detallan los

requisitos para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Que se agregara al requisito de una antigüedad mínima de diez años como profesional de licenciado en derecho, tener “un posgrado

expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello”. Además al apartado que requiere “no haber sido secretario de estado,

procurador general de la República o de justicia del Distrito Federal” en el año previo al nombramiento como Ministro, modificarle a siete

años la distancia del último cargo en el Poder Ejecutivo. Pero la Cámara controlada por el PRI, no permitió endurecer un poco -con la

solicitud de un posgrado y la lejanía de los intereses del gobierno federal-, los requisitos para ser Ministro.

Pero pues así es ese PRI, el que gobierna México desde Los Pinos, el que tergiversa el fin de las instituciones para beneficio de los

intereses. La otra pues, es esperar a la Legislatura que viene, y proponer un cambio en la selección de los Ministros, pues mientras el resto

de los Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo son electos por el pueblo, el Poder Judicial son propuestos por el primero y seleccionado por

el segundo. Como quien dice, los Ministros son hijos del Ejecutivo y compadres del Legislativo… por ponerlo de una manera elegante.

A ver qué pasa con la Corte. Si llegan los de carrera, o llegan los cuates del Presidente.