Siglo xix tema 6 la restauración

Hª ESPAÑA 2º BACH. A Prof. Ana Sánchez

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III. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN: REINADO DE

ALFONSO XII Y REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1875-1902)

Por Restauración, en la historia de España, se entiende tanto el hecho concreto

del restablecimiento de la monarquía en la figura de Alfonso XII, como, en un sentido

más amplio, el periodo comprendido entre 1874 y 1931, en el que la Corona se mantuvo

sustentada en un peculiar sistema político.

En este tema, nos centraremos en exclusiva en la etapa correspondiente al siglo

XIX, que coincidió con el breve reinado de Alfonso XII y la regencia de su viuda, María

Cristina de Habsburgo.


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De la experiencia democrática del Sexenio se pasó a una solución conservadora,

que en muchos aspectos recuerda a la monarquía de Isabel II. El artífice del cambio fue

Cánovas del Castillo, quién preparó la vuelta del rey y estructuró el nuevo régimen.

Pero la verdadera protagonista fue la burguesía, ahora conservadora, que prefirió

sacrificar la democracia si con ello se evitaba la radicalización social. El sistema

político de la Restauración se convirtió en una farsa, que empezaba con cambios de

Gobierno pactados y terminaba en elecciones fraudulentas cuyos resultados estaban

decididos de antemano.

Por último, el siglo XIX finalizó con el desastre colonial de 1898 y todas sus

secuelas, en especial de orden moral y psicológico.

6. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN. CARACTERÍSTICAS Y

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CANOVISTA

CONTEXTO INTERNACIONAL (1874-1902)

La Restauración española se enmarca cronológicamente, a nivel internacional,

entre los años 1871, fecha de la proclamación del Imperio alemán, y 1904, año que

marcó el fin del aislamiento internacional al que había sido sometida Francia, treinta

años que dieron lugar a un nuevo y tenso equilibrio continental en el que los sistemas de

alianzas jugaron un papel decisivo. Fueron los llamados años de la “paz armada”, una

paz inestable, salpicada de antagonismos nacionales, rivalidades económicas, fricciones

coloniales y crisis internacionales, hechos que explican por sí solos la frenética carrera

armamentística emprendida por todos los estados europeos, a pesar incluso de los

esfuerzos en contra realizados por los movimientos pacifistas.

Este es el contexto que acompaña la Restauración de la monarquía española en

la persona de Alfonso XII poco antes de concluir el año 1874. De ahí el interés de

realizar en este momento una aproximación al mismo.

El imperio alemán, protagonista de las relaciones internacionales durante el

último tercio del siglo, tras dos décadas centrado en la cohesión y fortalecimiento

internos, inició en 1890 una política de claro intervencionismo mundial. En ese mismo


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período, Francia y Gran Bretaña conformaron sus respectivos imperios coloniales. El

imperio Austro-húngaro centró su atención en los Balcanes, donde continuaba su

desmoronamiento el Imperio Turco. Rusia, por su parte, prolongó la extensión de su

imperio en Asia. Mientras tanto, Japón fortalecía su poder militar en Extremo Oriente y

Estados Unidos, inmerso en un intenso proceso de industrialización, ponía sus ojos en

los últimos residuos del imperio español: Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas

en el Pacifico.

Durante estos treinta años, España vivió su experiencia como país ajeno a las

alianzas inspiradas y materializadas por el canciller alemán Otto von Bismarck. La

tardía inclusión en los tratados sobre el Mediterráneo (1887) no cambió la situación, de

tal modo que, cuando en 1898 se enfrentó al poderío militar norteamericano, lo hizo en

solitario asegurando así una derrota inevitable.

CAUSAS Y ORÍGENES DE LA RESTAURACIÓN

La inestabilidad del Sexenio Democrático provocó un viraje de la burguesía

hacia posiciones conservadoras: el fracaso de la fórmula republicana había despertado

en amplias capas sociales el anhelo de una restauración monárquica sobre nuevas bases

políticas que restableciesen el orden y garantizasen la estabilidad.

Antonio Cánovas del Castillo fue el gran protagonista político del momento, así

como el artífice de la Restauración, ya que preparó el retorno a España y al trono de

Alfonso XII, hijo de Isabel II.

Durante esos años, los partidarios de la restauración borbónica habían

emprendido una activa labor diplomática con el objetivo de lograr apoyos

internacionales para el nuevo monarca, en especial ante el Vaticano, que había

rechazado abiertamente la política hostil hacia la Iglesia emprendida en el Sexenio.

Pero los monárquicos se encontraban divididos en distintos grupos, según el

candidato al que apoyaran – el príncipe Alfonso, Isabel II, Antonio María de Orleans

(duque de Montpensier) o incluso, Carlos VII-, por lo que Cánovas volcó todos sus

esfuerzos en presentar al príncipe Alfonso como único candidato idóneo al trono, no

solamente para los monárquicos, sino también para el más amplio espectro político

posible.


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De hecho, la intención de Cánovas era que la restauración borbónica se

impusiera como resultado de un estado de opinión y no mediante un nuevo

pronunciamiento militar. Para ello, había redactado y hecho firmar al príncipe Alfonso

el Manifiesto de Sandhurst –nombre de la localidad inglesa donde estudiaba-, en el

que exponía al pueblo español sus ideales religiosos y sus propósitos conciliadores.

Pero los militares se adelantaron una vez más y el desencadenante de la

Restauración fue el pronunciamiento en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, del

general Martínez Campos, que proclamó rey de España a Alfonso XII. Cánovas se vio

obligado a admitirlo, aunque argumentaría después – y no sin razón- que la

Restauración no fue obra militar, ya que dos batallones no lo habrían conseguido de no

existir un estado de opinión predispuesto a ella.

El 9 de enero de 1875 el nuevo monarca llegaba a Barcelona y cinco días

después entraba triunfalmente en Madrid. El nuevo rey no defraudó a nadie, por su

juventud, actitud comprensiva e inteligencia, pronto se ganó la simpatía popular y de la

clase política, favoreciendo el éxito del nuevo sistema de la Restauración y

convirtiéndose en uno de sus símbolos.

LAS BASES DEL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN

En 1875 se produjo la Restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II, tras el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (Valencia, 29 de diciembre de 1874). En 1870, al abdicar Isabel II en el exilio, había heredado los derechos de sucesión a la Corona de España. El nuevo monarca se adaptó al papel que Cánovas había diseñado para él. Su instauración fue posible por la combinación de tres factores:

• Deseo de pacificación del país. • Reconocimiento internacional del príncipe Alfonso.

• Aceptación de la monarquía por la opinión pública.

En este sentido resultó decisiva la labor de Antonio Cánovas del Castillo, que, el 1 de diciembre de 1874, hizo firmar al príncipe Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas, por el que el heredero de la Corona se comprometía a respetar el constitucionalismo, el liberalismo y la religión católica. Este documento se publicó en España pocos días antes del citado golpe de Martínez Campos. En él se afirmaba que la única solución para los problemas de España “desde las clases obreras hasta las más elevadas”, residía en el restablecimiento de la monarquía tradicional.


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Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que sólo el restablecimiento de la Monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España.

...Afortunadamente, la Monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuantas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la conveniencia de la nación. No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente; sin Cortes no resolvieron negocios arduos los Príncipes españoles allá en los antiguos tiempos de la Monarquía, y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente, y cuando todos los españoles estén habituados a los procedimientos parlamentarios. Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados buen católico, ni como hombre del siglo verdaderamente liberal.

Manifiesto de Alfonso XII en Sandhurst (1 de diciembre de 1874)

El verdadero artífice del nuevo sistema fue Cánovas del Castillo, historiador y político pragmático que había militado en la Unión Liberal y dirigido el partido Alfonsino durante el Sexenio democrático. Tras la Restauración de Alfonso XII consiguió atraerse a las élites políticas y sociales contrarias tanto a los excesos de la democracia como al desorden de la república.

Con él se inauguró una época presidida por la Constitución de 1876 y por la implantación de un régimen monárquico estable y de un sistema parlamentario equilibrado, basado en el turno de partidos. La época de la restauración se extiende hasta 1931.No obstante, en sentido estricto, este término suele referirse al reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, es decir, hasta el año 1902. Por restaurar se entendía estrictamente restablecer la dinastía borbónica y crear las condiciones necesarias para mantenerla, lo cual suponía la vuelta al más puro moderantismo liberal, pero con modificaciones externas.

El modelo político y social de la Restauración se caracterizó por un extremado conservadurismo: una reducida oligarquía controlaba los resortes del poder económico y político en todas las esferas. Sin embargo, lentamente se fueron desarrollando una serie de elementos que acabarían por romper ese estrecho marco: el movimiento obrero, las fuerzas políticas democráticas, los nacionalismos periféricos y los conflictos coloniales fueron factores que- ya entrado el siglo XX- darían al traste con un sistema basado en la corrupción y el caciquismo.

LOS FUNDAMENTOS POLÍTICOS DEL SISTEMA CANOVISTA

Después del pronunciamiento de Sagunto, tras el cual el Gobierno de Serrano dimitió, Cánovas formó un gabinete de regencia, que buscó la concordia y participación de diversas personalidades del arco político, y proclamó a Alfonso como nuevo rey de España.


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Como hombre pragmático y moderado aspiraba a construir un sistema político estable y sólido, que permitiera superar definitivamente la confusión y el desorden que habían caracterizado la política española durante la mayor parte del siglo XIX.

Su fuente de inspiración era el modelo inglés cuya estabilidad, en su opinión, se basaba en la alternancia en el Gobierno de dos grandes partidos y en la consolidación histórica de dos instituciones fundamentales, la monarquía y el Parlamento, que hacia innecesaria la elaboración de una Constitución escrita. Se trataba, en definitiva, de aplicar la doctrina inglesa de la balanza de poderes, según la cual la estabilidad se basaba en el equilibrio de fuerzas opuestas de igual poder: Corona y Parlamento; partido gobernante y partido en la oposición.

De este modo, pues, el proyecto político de Cánovas tenía tres vértices: el rey y las Cortes, como instituciones fundamentales legitimadas por la historia; el bipartidismo , como sistema idóneo de alternancia en el poder, y una Constitución moderada, como marco jurídico del sistema.

Los grupos más interesados en conseguirlo se arrimaron al partido Alfonsino, y más específicamente a su líder, Antonio Cánovas del Castillo. En concreto, hombres de negocios que representaban los grandes intereses económicos de la alta burguesía y de la nobleza, y altos mandos del Ejército, muy valorados ahora por su participación en los diversos conflictos en los que estaba inmerso el país. Todos ellos compartían unos intereses y una visión comunes. El objetivo del partido alfonsino, a instancias de Cánovas, se concretó en:

• El asentamiento de la monarquía, como institución consustancial con la historia de España.

• El afianzamiento de la doctrina liberal decidida a conjugar la defensa de la propiedad y el orden social tradicional.

• El equilibrio entre orden y libertad, que ya había sido objetivo preferente de los moderados y los hombres del Sexenio.

Con ello se intentaba salvar la tradición, pero con un ropaje nuevo:

TRADICIÓN

ISABEL II ALFONSO XII MODERNIDAD

Partido Moderado frente a Partido Unionista

Liberal- conservador frente a Liberal-constitucional.

Pronunciamientos Sistema de turnos Constitución de 1845 y Constitución de 1869

Constitución de 1876

El apoyo de los hombres de negocios reflejó la importancia de los intereses económicos en la configuración del nuevo sistema. La burguesía de las diferentes regiones y los representantes de los intereses coloniales con sus respectivas conexiones


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peninsulares decidieron apoyar a la monarquía como garantía para salvaguardar sus intereses económicos ultramarinos y peninsulares.

El Ejército había sido el detonante del cambio al llevar adelante el pronunciamiento que instauró la monarquía. Este modo de actuar, a pesar de la coincidencia de intereses con Cánovas, chocó con su propósito de asentar la monarquía por medios constitucionales u pacíficos, frente a la costumbre adquirida por los militares de impulsar con las armas los cambios políticos.

Para Cánovas, la monarquía y las Cortes eran los dos pilares básicos de la historia de España. Adoptó el viejo ideario jovellanista, según el cual existía en España, desde tiempo inmemorial, un Constitución no escrita o interna, por la que la soberanía residía conjuntamente en las Cortes con el rey. Ambas instituciones representaban los principios de autoridad y libertad, el rey por la historia y las cortes por las elecciones generales. Se trataba, por tanto, de una concepción ecléctica.

La Monarquía constitucional debía acoger todas las tendencias liberales. Esta decisión dejaba fuera a los carlistas-que no aceptaban el liberalismo-y a los republicanos-antimonárquicos por definición. Se intentaba implantar un sistema que resultase válido para los antiguos moderados, los unionistas, los progresistas y los demócratas, con la única condición de aceptar la monarquía y la alternancia en el Gobierno. Se pretendía un marco político que permitiese a los partidos turnarse pacíficamente en el Gobierno, con una Constitución que perdurase y que pusiera término al pronunciamiento como vía de acceder al poder. Cánovas tuvo especial preocupación por que el Ejército respetase el marco constitucional y el marco de la vida política. En este sentido, fue decisivo el papel del rey Alfonso XII, “el rey soldado”, con formación militar: sus visitas al frente durante la guerra carlista le consiguieron apoyos en los cuarteles y permitió a Cánovas edificar un sistema político exclusivamente civil.

Cánovas se inspiró en el modelo del parlamentarismo británico. Este se basaba en la existencia de dos grandes partidos que aceptaban turnarse en el poder. Ambos debían pasar a la oposición en caso de perder la confianza del rey y del parlamento, y respetar la obra legislativa de sus predecesores. De acuerdo con esta premisa, era necesario agrupar todas las fuerzas políticas que aceptasen este marco en torno a dos bloques: uno conservador y otro liberal. Los partidos del turno aceptaban un doble compromiso: el arbitraje de la Corona para su sustitución y la necesidad de agrupar bajo su disciplina a todas las tendencias dentro de cada uno.

El régimen de la Restauración fue muy conservador a nivel político, y sobre todo en materia económica y social. Fue posible por la pacificación del país, la redacción de una nueva Constitución y la creación de dos partidos para alternarse en el Gobierno.


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a) La pacificación interna y externa

El primer objetivo del Gobierno de la Restauración fue la pacificación del país, tanto a nivel interno como en las Antillas. El movimiento cantonalista había sido sometido por la república, pero, a comienzos del reinado de Alfonso XII persistían la Guerra Carlista y la Guerra de Cuba.

La tercera guerra carlista concluyó con la rendición de la zona carlista catalana y más tarde del núcleo vasco-navarro. En marzo de 1876 se produjo la capitulación de los últimos núcleos carlistas – Manifiesto de Somorrostro-. A pesar de su derrota, se mantuvieron muchos problemas asociados al carlismo. Aunque el País Vasco conservó la autonomía fiscal establecida en los conciertos económicos (1878), la supresión de sus fueros e instituciones (1876) aumentó el nacionalismo reivindicativo. Tampoco desapareció el movimiento católico ultraconservador y nacionalista.

El final de la guerra carlista permitió enviar mayores refuerzos a la isla de Cuba, cuyo conflicto se alargaba desde 1868. Allí se envió al general Martínez Campos. El conflicto-conocido como Guerra de los Diez Años- terminó con la Paz de El Zanjón en 1878, que incluía una amplia amnistía, la libertad de los esclavos de origen asiático, y reformas de carácter político cuyo incumplimiento posterior por el Gobierno de España provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.

b) La Constitución de 1876

La Constitución de 1876 fue el documento jurídico fundamental del periodo y la de mayor longevidad hasta la actualidad. Permaneció en vigor hasta 1931, aunque fue vulnerada y suspendida en varias ocasiones. Para su elaboración se reunió una Asamblea de notables. El intento de restaurar la Constitución de 1845 y el deseo, por parte de otros grupos, de adoptar la democrática de 1869 obligaron a Cánovas a actuar como mediador. Él propuso la redacción de un texto nuevo, amplio y flexible, ecléctico y capaz de dar cabida a cuantos optasen por aceptar los objetivos recogidos en el Manifiesto de Sandhurst y la doctrina de la Constitución interna.

Las Cortes, que finalmente aprobarían la Constitución, fueron convocadas por sufragio universal. El proceso para su elección fue manipulado con el propósito de que una mayoría próxima al Gobierno aprobase casi sin enmiendas el texto constitucional. En las primeras elecciones, convocadas en enero de 1876, un 90% de los diputados elegidos lo fueron de su partido liberal-conservador. Con esa mayoría, los artículos fueron aprobados en breve tiempo y con pocos debates, si se exceptúan los que afectaban a la cuestión religiosa, llegándose a una fórmula ecléctica, que pretendía satisfacer tanto a los defensores de la unidad católica como a los partidarios de la tolerancia dentro de la línea de la Constitución de 1869.

La Constitución elaborada en 1876 es una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las


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Cortes y el rey. La breve Constitución de 1876, de solo 89 artículos, mantuvo la tradición constitucional española iniciada en Cádiz. Está inspirada en la Constitución moderada de 1845 y, en menor medida, en la más progresista de 1869. También se observan influencias de la de 1837. Su tono es doctrinario y conservador. Fue promulgada el 30 de junio de 1876.

Su gran ventaja radicaba en su elasticidad; es decir, su articulado poco preciso era compatible con Gobiernos de muy distinto signo político. Así, podrían variar las leyes ordinarias sin tener que cambiar la Constitución, lo que ofrecía estabilidad al sistema político. Precisamente, uno de los factores de inestabilidad del liberalismo español había sido la rigidez de las Constituciones anteriores.

Sus principales características eran las siguientes:

• Establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. • Monarquía parlamentaria

• La declaración de derechos era semejante en apariencia a la de 1869, pero se limitaba a reconocerlos con carácter general y dejaba la regulación concreta de su ejercicio a las leyes ordinarias que, en general tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión. Esto permitía al gobernante de turno limitar o anular cualquier derecho con una nueva ley.

• La cuestión religiosa fue objeto de un duro debate, pero se impuso la postura de Cánovas: se declaraba el catolicismo como religión oficial del Estado y se prohibían las manifestaciones públicas de cualquier otra religión, aunque se reconocía la libertad individual de culto. En consecuencia, se restableció el presupuesto del culto y clero para financiar a la Iglesia.

• Aumentaron las prerrogativas del rey, según la tradición moderada: mantenía el poder ejecutivo, nombraba y separaba libremente a los ministros, sancionaba y promulgaba las leyes, convocaba, disolvía y suspendía las Cortes, era el mando supremo de las fuerzas armadas.

• En cambio, se limitó el poder de las Cortes, que eran bicamerales. o El Senado tenía un carácter sumamente elitista y conservador, a juzgar

por los tres grupos que lo integraban: senadores vitalicios por derecho propio, senadores vitalicios nombrados por el rey, y senadores elegidos por los mayores contribuyentes y las Corporaciones, para lo cual debían poseer un nivel de fortuna muy elevado o haber desempeñado altos cargos políticos.

o El Congreso era electivo, pero la Constitución no definía el tipo de sufragio, lo que permitía que por ley se estableciera en cada momento el que interesaba al partido en el poder.

La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino.


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La Constitución de 1876

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España; (...) sabed: Que en unión y de acuerdo con las Cortes del Reino actualmente reunidas, hemos venido en decretar y sancionar la siguiente Constitución (...)

Art. 11.- La religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral católica. No se permitirán, sin embargo, otras manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.

Art. 13.- Todo español tiene derecho:

De emitir libremente sus ideas y opiniones

De reunirse pacíficamente

De asociarse para los fines de la vida humana

Art.18.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art.19.- Las Cortes se componen de dos Cuerpos Colegisladores, iguales en facultades; el Senado y el Congreso de los Diputados.

Art. 20.- El Senado se compone: 1º. De senadores por derecho propio. 2º. De senadores vitalicios nombrados por la Corona. 3º. De senadores elegidos por las corporaciones del Estado y mayores contribuyentes en la forma que determine la ley.

Art. 27.- El Congreso de los Diputados se compondrá de los que nombren las juntas electorales, en la forma que determine la ley.

Art. 50. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey

Art. 51.- El Rey sanciona y promulga las leyes

Art. 52. - Tiene el mando supremo del Ejército y Armada (…)

c) La creación de los partidos políticos y la práctica del sistema: el turno pacífico y el caciquismo

Otro de los pilares fundamentales de la Restauración, además de la instauración de Alfonso XII y la Constitución de 1876, fue la puesta en funcionamiento de dos partidos políticos: el conservador y el liberal. Ambos se turnaron en el poder entre 1875 y 1898: los conservadores hasta 1881, para dar paso, cada dos o tres años, a los liberales. De este modo se consagraba el bipartidismo . Estos dos partidos tenían en común ser partidos de notables, es decir, se componían por diversos grupos encabezados cada uno por su líder. En la práctica, resultaba más importante la personalidad del líder que sus planteamientos ideológicos. Se organizaban en comités locales, provinciales y nacionales, con un jefe en cada localidad. Y, por último, eran partidarios parlamentarios, o lo que es lo mismo, la carrera política de sus miembros


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dependía de la actividad parlamentaria. No eran partidos de masas, en ellos solo participaba una pequeña parte de la población. Sus actuaciones estaban determinadas más por intereses personales que por grandes principios o planteamientos políticos nacionales.

Se aceptaba que habría un turno pacifico de partidos que aseguraría la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política. El ejército, que constituía uno de los grandes pilares del régimen, quedó subordinado al poder civil. El turno pacifico eliminó del panorama político de la Restauración el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos y en la vida política española, que habían caracterizado la época de Isabel II.

A ambos partidos les correspondía la tarea de aunar a los diferentes grupos y facciones, con el único requisito de aceptar la monarquía Alfonsina y la alternancia en el poder. Por este motivo, se les conocía como partidos dinásticos.

El Partido Liberal Conservador o Partido Conservador se fue configurando, desde el Sexenio revolucionario, en torno a Cánovas del Castillo y el movimiento alfonsista. Los conservadores representaban a la derecha moderada. El partido conservador aglutinó a antiguos miembros de la Unión Liberal (el propio Cánovas), a moderados -se produjeron tensiones por su pretensión de volver a la Constitución de 1845- a progresistas (Francisco Romero Robledo) e incluso a tradicionalistas de la Unión Católica (Alejandro Pidal).Se apoyaba este partido en las clases altas.

El Partido Liberal Fusionista o Partido Liberal se fundó en 1880. Su líder fue Práxedes Mateo Sagasta, uno de los promotores de la revolución de 1868. Este partido representó a la izquierda liberal. El núcleo del Partido Liberal de la Restauración fue el Partido Constitucional de Sagasta y de Serrano, que se había formado en 1871 tras la escisión de los progresistas que siguió a la muerte de Prim. Consiguió aglutinar a


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algunos conservadores –Martínez Campos-, a antiguos demócratas y progresistas del Sexenio democrático (Montero Ríos, Moret, Martos), e incluso a republicanos como Castelar que, aunque no llegaron a integrarse en el Partido Liberal, colaboraron con él. Este partido estuvo sostenido por la burguesía industrial y por las clases medias urbanas.

Cánovas y Sagasta se entendieron perfectamente entre sí, y ambos con los reyes, don Alfonso y doña María Cristina, siempre respetuosos con la Constitución. Ello les valió muchos seguidores: si Cánovas aglutinó a los moderados y a los unionistas de antaño, Sagasta integró a la antigua izquierda progresista.

Al margen del sistema quedaron los carlistas, los nacionalistas (catalanes y vascos) y, posteriormente, los partidos obreros y los republicanos.

La práctica del sistema: el turno pacifico y el caciquismo

IDEARIO Y

PRINCIPIOS

P. Liberal Conservador

•sufragio censitario.

•exclusividad religión

católica

•restricciones a la

libertad de cátedra

•censura en prensa

•proteccionismo

económico

P. Liberal Fusionista

• sufragio universal

masculino

• libertad de cultos

• libertad de cátedra y

prensa

• librecambismo


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La constitución de 1876 garantizaba la alternancia política de los dos grandes partidos dinásticos, el Conservador y el Liberal, mediante el ejercicio pacífico del sufragio, para alejar la tentación del pronunciamiento militar como forma de alcanzar el poder. Este sistema se denominó turnismo (Sistema por el que los dos partidos se alternan en las tareas de Gobierno. Exige tres condiciones: la existencia de dos partidos fuertes, un régimen parlamentario, y que las diferencias entre los grandes partidos no sean fundamentales). Cada partido debía respetar la gestión gubernamental del otro -tanto desde la oposición como desde el poder- y la unidad de todos y cada unos de los grupos que integraban cada partido. Cuando la oposición consideraba que se habían incumplido las reglas, el rey podía llamar al otro partido, proceder a disolver el parlamento y convocar elecciones, que eran ganadas por el partido que estaba en la oposición.

En todo este proceso, el recién nombrado Ministerio de la Gobernación -actual Ministerio de Interior-“fabricaba” los resultados electorales mediante el encasillado (Designación por el Ministerio de la Gobernación de los nombres que habrían de ser elegidos en el proceso electoral. Exigía el acuerdo previo entre conservadores y liberales) y el control de las elecciones, a través de los gobernadores civiles y de las personalidades locales.

A continuación, para garantizar la victoria en las urnas, cada grupo se aseguraba la manipulación de las elecciones. El fraude electoral sancionaba, con un aparente apoyo popular, la decisión del rey de relevar al Gobierno. Ninguno de los dos partidos denunciaba las irregularidades del adversario pues el sistema le beneficiaría más adelante. Aceptar la falsificación permanente implicaba estar de acuerdo, además de con lo irrenunciable –la Corona y la Constitución-, con unos planteamientos económicos y sociales; esto era, con la defensa del sistema de producción capitalista y la propiedad privada, y la existencia de un sistema político que debía funcionar de arriba abajo.

Cada partido se comprometía a esperar su turno para acceder al poder. El fraude era posible porque cada partido contaba con una amplia red de relaciones clientelares o amigos políticos, que les apoyaba a cambio de favores. Cuando el partido del turno llegaba al poder, premiaba estos apoyos con concesiones, privilegios (favores fiscales) y reparto de cargos entre sus clientes.

Era muy frecuente que cada dirigente controlase una circunscripción política, a la que estaba vinculada por razones familiares o propiedades. Cuando se convocaban elecciones, movilizaba a sus clientes para obtener el máximo número de votos en la demarcación, a través de la compra del voto o la presión a los electores y poderes locales (guardia civil, juez, gobernador), manipulación de los resultados obtenidos o falseamiento de listas, entre otros. Todas estas prácticas fraudulentas recibieron el nombre de pucherazo (fraude electoral consentido por los partidos dominantes por el que se alteraban los resultados del escrutinio de los votos, aparecían más votos que electores contando votos de “crucificados o lázaros”, o sea, votando en nombre de los vecinos muertos), y caciques (originariamente, nombre que daban los indios en


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América a sus jefes. Por extensión se aplicó en España a las oligarquías locales, generalmente en el medio rural, o personas que ejercían una gran influencia política) a los que las llevaban a cabo -de ahí que el sistema fuese conocido como caciquismo-.

El caciquismo fue un hecho sociopolítico que se manifestó en España desde mediados del S.XIX hasta cumplirse el primer tercio del S.XX, consistente en el control del poder en determinadas zonas, sobre todo rurales, por personas de gran influencia y prestigio social. Los caciques eran, en principio, miembros de una élite local o comarcal caracterizada por su arraigo en un medio geográfico, económico y social concreto; su predominio personal en esa sociedad cerrada; y su función de intermediario de esta última ante el Estado. Los caciques constituyeron en realidad un poder paralelo al Estado. Actuaban como correa de transmisión de los partidos consiguiendo que buena parte de las clases populares no acudiese a votar. Tuvieron mayor eficacia en el medio rural, apolítico y desmovilizado, que en el urbano, donde existía una opinión pública más preparada, y también en las zonas en que había partidos al margen del juego electoral de la Restauración. A partir de 1907, en muchas circunscripciones rurales, los candidatos únicos se designaban automáticamente, sin votación alguna, cuando no se presentaba ninguna alternativa.

En resumen, con esta estructura se organizaba el fraude electoral de arriba abajo, bajo la coordinación del propio ministro de la Gobernación:

1. Desde Madrid los oligarcas trasmitían las instrucciones a los gobernadores civiles de cada provincia.

2. Los gobernadores civiles elaboraban la lista de los candidatos que habían de salir elegidos en cada localidad-los encasillados-, y daban las instrucciones necesarias a los caciques locales.

3. Los caciques locales constituían el último eslabón de la cadena y se encargaban de la manipulación directa de los resultados electorales por los más variopintos procedimientos: desde actitudes paternalistas y protectoras hacia los electores, hasta el simple pucherazo (retirada de las urnas por la


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policía antes del recuento, cambio de urnas, añadido de votos falsos, etc), pasando por las amenazas y extorsiones (despidos del trabajo, etc).

LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA RESTAURACIÓN

Fijadas las reglas de funcionamiento del sistema canovista, el régimen implantado durante la restauración borbónica comenzó su rodaje. En el periodo de la Restauración podemos distinguir dos fases:

• Reinado de Alfonso XII (1875-1885) • Regencia de su esposa, María Cristina (1885-1902)

EVOLUCIÓN POLÍTICA DURANTE EL REINADO DE ALFONSO XI I

Durante el reinado de Alfonso XII, se pusieron en práctica los principios fundamentales previstos por Cánovas. Se sucedieron en el poder, de modo pacífico, los conservadores y los liberales. Su reinado, interrumpido por su temprana muerte a los 28 años de edad, representa la fase de construcción y consolidación del sistema político canovista.

PARTIDOS 1876 1879 1881 1884 Conservador 333 293 39 318 Liberal 32 63 297 67 Republicano 1 7 32 5 Otros 19 26 24 2

• Los gobiernos conservadores (1875-1881)

Asentada la paz en el país tras la finalización de las guerras carlistas y cubana, el partido de Cánovas ejerció el poder ininterrumpidamente hasta 1881, momento en que el Partido Liberal aceptó la Constitución de 1876 y, por tanto, inició su participación en el sistema de turno. Esta etapa se conoce como “dictadura de Cánovas” debido a su control del partido y del ordenamiento del Estado. Se aplicó la legislación complementaria de la Constitución recién aprobada, desde un sentido liberal conservador, y de acuerdo con los intereses de la clase política que controlaba el poder. Las medidas del Gobierno conservador tendieron a consolidar el nuevo régimen mediante la defensa del orden social, de la monarquía y de la propiedad.

Una de las primeras disposiciones, de acuerdo con las exigencias del texto constitucional, fue la abolición de los fueros vascos, cuyo objetivo era conseguir una plena uniformidad jurídica y política. Desde entonces las provincias vascas quedaron obligadas a contribuir con contingentes al servicio militar y a pagar contribuciones. No obstante, esto no significó la anulación de algunas de sus particularidades, como la


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posibilidad de mantener conciertos económicos, dando pie así a una vía de reconciliación.

Cánovas acentuó la política de restricción de libertades, iniciada antes de la Constitución. Entre las disposiciones aprobadas se encuentran:

• Ley electoral de 1878 que restringía el número de electores por establecer un sufragio censitario muy restringido (en torno a un 5 por ciento de la población).

• Regulación de las libertades de reunión y asociación en sentido limitado, permaneciendo prohibidos los sindicatos obreros.

• Ley de imprenta de 1879, que consideraba delito cualquier crítica a la monarquía o al sistema de la Restauración. Originó el cierre de algunos periódicos e, incluso, el estallido de una segunda cuestión universitaria a causa de la dimisión de varios profesores de universidad, entre ellos Castelar, por negarse a aceptar los criterios del ministro Orovio en torno a la libertad de cátedra. Este suceso dio lugar al nacimiento de la Institución Libre de Enseñanza. Fundada en 1876 por un grupo de catedráticos separados de la Universidad Central de Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a adoptar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o moral. Su idea esencial era la mejora del ser humano por medio de la educación. Defendían los principios de tolerancia, enseñanza laica, secularización y libertad de cátedra y de ciencia.

Las disposiciones de Cánovas se completaron con leyes para reforzar el centralismo político-administrativo: Ley de Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos (1876), que atribuía a los gobernadores civiles la potestad de aprobar presupuestos municipales, y al monarca el nombramiento de los alcaldes de las poblaciones que sobrepasaban los 30.000 habitantes.

En el aspecto económico, los conservadores intentaron poner orden en algunos asuntos urgentes, como la deuda pública, que no había dejado de crecer desde el Sexenio y en los primeros años de la Restauración a causa de la reanudación de la guerra carlista. De algún modo se consiguieron ciertas mejoras gracias a la política de apertura al comercio exterior, lo que se tradujo en una evolución favorable de la balanza comercial (aumento en la exportación del vino).

En política exterior, se procuró evitar tanto el aislamiento como el compromiso (política de recogimiento).

• Los gobiernos liberales (1881-1884)

Hasta 1880, debido a su difícil configuración y heterogeneidad, no se fundó el Partido Fusionista, poco después llamado Partido Liberal. En 1881 accedió al poder y, de este modo, se llevó a la práctica el turnismo.

La etapa liberal comenzó con un gobierno presidido por Práxedes Mateo Sagasta. Sus primeras disposiciones fueron consecuentes con su significación liberal:


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autorización a los republicanos para celebrar actos conmemorativos con ocasión del aniversario de la Primera República, promesa de amnistía a los emigrados políticos, y determinados pasos encaminados a la restauración de la libertad de imprenta y el respeto a la libertad de cátedra. La actividad más destacada la protagonizó el ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho, que presentó proyectos para la supresión del impuesto de la sal y de los portazgos, la reducción de tarifas y la reforma de la contribución industrial. No obstante, el incremento de las tarifas de fábricas y comercios para apoyar a las industrias suscitó numerosas protestas en Madrid, Barcelona y otras ciudades, que coincidieron con las manifestaciones y huelgas organizadas a iniciativa del Partido Socialista, fundado en 1879, por los tipógrafos.

En el verano de 1883, dos sucesos deterioraron la situación política: en primer lugar varias intentonas republicanas en Badajoz, Santo Domingo de la Calzada y Seo de Urgel, urdidas desde la Asociación Republicana Militar, que fueron sofocadas con dureza; y en segundo lugar, el deterioro en las relaciones diplomáticas franco-españolas provocado por la visita de Alfonso XII a Alemania. A ellos se unieron los desórdenes en el campo andaluz atribuidos, supuestamente, a la anarquista Mano Negra. Presunta organización anarquista secreta y de carácter violento que actuó en Andalucía en el último cuarto del siglo XIX a la que se atribuyeron varios asesinatos y diversos sabotajes. Según informes de la policía, inventados o magnificados, se proponía asesinar a todos los terratenientes. Sirvió de pretexto para la condena indiscriminada de los jefes anarquistas de la región.

Estos sucesos, y la oposición dentro de su partido, obligaron a Sagasta a dimitir y dar paso a un efímero gobierno presidido por José Posada Herrera, de Izquierda Dinástica (opositores de Sagasta, antiguos radicales y constitucionalistas descontentos). De su breve labor resultó significativa la creación de una Comisión de Reformas Sociales (1883) por el ministro de la Gobernación, Segismundo Moret, para atender las cuestiones relativas al bienestar de las clases trabajadoras.

• El último gobierno del reinado de Alfonso XII

En enero de 1884 el rey optó por llamar nuevamente a Cánovas para ocupar la presidencia. Lo más significativo del nuevo gobierno conservador fue la incorporación de Alejandro Pidal y Mon en el ministerio de Fomento, que significaba la ampliación por la derecha de la base del partido y la integración en el régimen de una parte del electorado carlista. Se incrementó la represión gubernamental mediante un mayor control de la prensa y de las elecciones, a través de la acción del ministro de la Gobernación, Francisco Romero Robledo. También contribuyó a desgastar al Gobierno la extensión de una epidemia de cólera en 1885 y la cuestión de las Carolinas. Un pequeño archipiélago de la Micronesia perteneciente a España, pero sobre el que no tenía una posesión efectiva. En 1885, en el contexto de la carrera imperialista abierta en la Conferencia de Berlín de ese mismo año, Alemania reclamó su dominio después de tomar posesión de una de sus islas. Tras la enérgica protesta del Gobierno español y una exaltada reacción popular, se llegó a un acuerdo entre ambos, gracias a la mediación de


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León XIII, por el que España conservaría la soberanía de aquellas islas-administradas desde Filipinas- y la Alemania de Bismarck obtendría la libertad de comercio deseada.

EVOLUCIÓN POLÍTICA DURANTE LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1885-1902)

PARTIDOS 1886 1891 1893 1895 1898 1899 Conservador 67 261 61 279 84 236 Liberal 288 83 281 88 266 122 Republicano 22 31 47 1 14 18 Otros 15 23 11 33 37 25

En noviembre de 1885 se produjo la muerte de Alfonso XII. Inmediatamente se hizo cargo de la regencia su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo (1885-1902), embarazada de su tercer hijo, que duraría hasta 1902, fecha en que accedió al trono, con dieciséis años, el hijo póstumo de Alfonso XII. A lo largo de estos años se mantuvo la alternancia entre los dos grandes partidos dinásticos: canovistas y sagastinos, conservadores y liberales, se turnaron pacíficamente en el gobierno. La reina Regente mantuvo un claro equilibrio institucional, pero todos los testimonios señalan una especial confianza con Sagasta, cuyas reformas alentó y apoyó.

La necesidad de garantizar la estabilidad del régimen durante una larga regencia llevó a los dos líderes principales, Cánovas y Sagasta, a establecer el acuerdo conocido


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como Pacto de El Pardo en 1885 (sede de la presidencia del Consejo). Por él, se comprometieron a sostener la regencia, a facilitar el relevo en el Gobierno y a respetar la legislación que cada uno de ellos aprobase en el ejercicio del poder. Por este pacto, Cánovas se comprometió a apoyar un Gobierno liberal presidido por Sagasta.

• El Parlamento largo de Sagasta (1886-1890): aplicación programa liberal

La llamada al poder llegó en un buen momento para los liberales. Unos meses antes, los fusionistas y los izquierdistas habían constituido un único partido bajo la dirección de Sagasta. Este período de Gobierno liberal o “parlamento largo”, supuso la etapa de mayor duración de la época de la Restauración y se caracterizó por la consolidación del partido y la aplicación del programa liberal, mediante la aprobación de una serie de leyes trascendentales:

♣ Ley de Asociaciones de 1887: se legalizaron las asociaciones obreras, que desde 1871 se mantenían en la clandestinidad o en la semitolerancia. Como consecuencia, en 1888 surgieron públicamente el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y la UGT (Unión General de Trabajadores). Igualmente, se regularizó la situación de múltiples congregaciones religiosas fundadas durante la Restauración. Aunque ahora no quedaron legalizadas, recurrirían a esta ley para hacerlo en el futuro.

♣ Ley del Jurado (1888): su implantación, tras larga tramitación parlamentaria, colmó una de las aspiraciones clásicas del progresismo decimonónico, al igual que la libertad de imprenta.

♣ Código Civil de 1889: factor decisivo de la configuración del Estado liberal. Fue determinante la aportación de Alonso Martínez. El Código Civil consagraba legalmente un orden social fundamentado en la primacía del derecho y de la propiedad privada. Planteaba la coexistencia legal del matrimonio canónico y el civil.

♣ Ley Electoral (1890): seguramente la más importante de las aprobadas durante el “parlamento largo”. Tras muchas controversias, finalmente se aprobó un sufragio universal sometido a muchas restricciones: solo para los varones mayores de 25 años, y para vecinos de un municipio con al menos dos años de residencia, entre otros.

♣ Otras medidas fueron encaminadas a racionalizar y modernizar el Estado y la Administración, tales como las del ministro de Hacienda, Camacho, o las leyes sobre la Jurisdicción de lo Contencioso –Administrativo (1888) y la de Procedimiento Administrativo (1889).

No fue fácil para Sagasta mantener la unidad de un partido tan heterogéneo. Surgieron divergencias en su seno, como la de Cristino Martos y el general Cassola, que trató sin éxito de sacar adelante un paquete de reformas militares (servicio militar obligatorio sin redención en metálico), y las de Segismundo Moret (librecambista) y Germán Gamazo (defensor de los intereses del proteccionismo del trigo del campo castellano). El Partido Liberal pudo superar estas tensiones manteniendo la unidad, a


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diferencia del conservador, que en estos años experimentó la escisión de un Partido Reformista, liderado por Romero Robledo. Por otro lado, Sagasta consiguió atraer a sus filas a los republicanos de Castelar.

En política exterior los liberales expresaron la voluntad de intensificar la presencia española en el panorama internacional, especialmente en Marruecos, el Mediterráneo y América. Lo más notable de su gestión fue la vinculación a la Triple Alianza a través de un acuerdo con Italia (1887) para la defensa de los intereses comunes en el Mediterráneo.

• El giro proteccionista de los conservadores (1890-1892)

En julio de 1890 el Partido Conservador de Cánovas regresó al Gobierno. Lo más característico de esta etapa fue la aplicación del sufragio universal (obtuvieron una mayor representación los republicanos, los nacionalistas catalanes y los carlistas); y sobre todo, el giro proteccionista, tras la crisis de 1890. En 1891 se impuso un arancel con el que el Gobierno de Cánovas intentaba responder a la vez a las demandas proteccionistas de los trigueros y a las librecambistas de los viticultores. Esta época se vio alterada por las actuaciones del movimiento obrero, aún minoritario pero con gran fuerza propagandística (manifestaciones del primero de mayo), los atentados anarquistas de Barcelona y ciertas huelgas especialmente virulentas (1892, Bilbao). Junto a esto, la vuelta de Romero Robledo a las filas del Partido Conservador agudizó la tensión con Francisco Silvela en el seno del partido y del Gobierno, que dio lugar, finalmente, al acceso de los liberales de Sagasta en diciembre de 1892.

• La difícil unidad de los liberales (1892-1895)

El gabinete constituido por Sagasta fue llamado de Notables porque incluía a las personalidades más destacadas del Partido Liberal. Los liberales volvieron a gobernar con un programa moderado y prudente de reformas. En política exterior, este gobierno hizo frente a la guerra de Melilla, en 1893, que concluyó con el Tratado de Marraquech.

La aplicación del programa de gobierno, sobre todo la política arancelaria, promovida por Germán Gamazo en Hacienda, y las reformas en Ultramar, de Antonio Maura, demostraron la heterogeneidad del Partido Liberal, y los intereses contrapuestos de las clientelas particulares que apoyaban a cada uno de sus notables. Dos crisis de Gobierno en 1894 pusieron de manifiesto el fracaso de la conciliación. En 1895 se produjo la crisis definitiva. Cánovas volvió a hacerse cargo del Gobierno con la Guerra de Cuba recién iniciada.

Pero en 1897, el régimen sufrió un duro golpe cuando el entonces jefe de Gobierno, Cánovas del Castillo, murió victima de un atentado anarquista. Sin embargo, la verdadera crisis se produjo a raíz de la pérdida de las últimas colonias en el año 1898.


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LA OPOSICIÓN AL SISTEMA

El éxito de la fórmula canovista de la Restauración fue también consecuencia de la debilidad de la oposición. Esta estuvo constituida por un heterogéneo grupo de formaciones. Algunas de ellas tenían ya una trayectoria considerable en el siglo XIX, como el carlismo o el republicanismo, otras surgieron y se desarrollaron durante los años de la Restauración, basando su proyecto de articulación política en una idea muy distinta de la centralista consensuada por los hombres de la Restauración: fueron los regionalismos y los nacionalismos. Otro tipo de oposición, surgida también entonces, provino del modo de entender la resolución de los problemas sociales-en concreto, la regulación de las condiciones de trabajo-por parte del movimiento obrero: anarquistas, socialistas y movimientos sociales católicos.

Por tanto, los grandes movimientos sociales, como el movimiento obrero y campesino, por un lado, y los regionalismos y nacionalismos, por otro, quedaron fuera del sistema político de la Restauración y acabaron destruyéndolo debido a su incapacidad para integrarlos.

CARLISTAS Y REPUBLICANOS

Promulgada la Constitución de 1876, una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Cánovas del Castillo fue establecer la distinción entre los partidos políticos que estaban dentro o fuera del sistema, en función de la aceptación o no de la monarquía restaurada y su dinastía. Esto condujo a la inacción a partidos que entonces estaban en franco deterioro: por un lado, a los carlistas, que aceptaban el régimen de monarquía pero no aceptaban la dinastía y estaban vencidos militarmente, y por otro, a los partidos republicanos. El gobierno de Sagasta de 1881, devolvió la legalidad a los partidos de la oposición carlista y republicana y permitió que volvieran a salir a la calle algunos de sus periódicos suprimidos.

Carlistas y republicanos eran dos partidos antidinásticos considerados inicialmente ilegales porque no aceptaban la monarquía constitucional unos, los carlistas, por su carácter constitucional, otros, los republicanos, por monárquica.

Los carlistas

Después de la derrota del carlismo en 1876 muchos de sus combatientes partieron al exilio con dirección a Francia, desde donde esperaron la posibilidad de volver a sublevarse; no obstante, la mayoría de ellos regresó a la Península acogiéndose a la posibilidad del indulto decretado por el Gobierno. Durante la Restauración, el carlismo acentuó su carácter regional y minoritario. Regional porque tuvo asiento electoral en Navarra y las provincias vascongadas (apenas existieron diputados carlistas fuera de esta zona); y minoritaria porque la solución canovista a la cuestión religiosa -unidad


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católica con tolerancia al ejercicio privado de otros credos- satisfizo a la jerarquía eclesiástica y al Vaticano.

Sin embargo, en el seno del partido tomó fuerza la disputa religiosa. Una parte del partido acusó a Carlos VII y a los principales dirigentes de no apoyar suficientemente la política católica impulsada por el papado contra el liberalismo, y culparon a don Carlos de “cesarismo”, es decir, de dar prioridad a la cuestión dinástica por encima de la religiosa. El líder de esa corriente fue Ramón Nocedal, hijo del líder carlista Cándido Nocedal, que protagonizó una escisión en 1888 y fundó el Partido Católico Nacional, que dejó de reconocer como rey a don Carlos y se convirtió simplemente en un partido católico integrista.

El Partido Carlista no olvidó completamente su tradición insurreccional y promovió algunos intentos fracasados en 1889 y 1900, aunque sus principales dirigentes optaron por la vía política. También continuó manteniendo las jerarquías militares ligadas al recuerdo de la última guerra y fundó una milicia, el Requeté, que adquirió importancia en la década de 1930.

Otras fuerzas políticas

De los grandes partidos dinásticos se desgajaron en estos años algunos movimientos disidentes. Aunque el régimen declaraba la religión católica como la oficial del Estado, la “cuestión católica” dio lugar a la aparición de algún nuevo grupo político. El nuevo espíritu del papa León XIII, favorable a la participación de los católicos en la política liberal, supuso el fin del apoyo que una parte de la jerarquía católica española había dado al carlismo. En esta nueva dirección, en 1881 se fundó la Unión Católica, liderada por Alejandro Pidal. Se trataba de un partido conservador y católico, claramente diferenciado de los carlistas, pero critico con los conservadores a los que acusaban de excesivas connivencias con el reformismo liberal.

Los liberales también conocieron disidencias en su seno y, en 1881, Segismundo Moret fundó el Partido Democrático-Monárquico, una escisión por la izquierda de los fusionistas de Sagasta a la que se afiliaron hombres que habían sido adictos a la revolución de 1868, como Montero Ríos y Cristino Martos, quienes reivindicaban principios democráticos de la Constitución de 1869. En 1882, el general Serrano creó otro grupo llamado Izquierda Dinástica. Sin embargo, nadie pudo desbancar a Sagasta del liderazgo de los liberales y los nuevos partidos tuvieron escaso apoyo electoral.

Los republicanos

Desde 1868 el republicanismo se convirtió en una fuerza activa en la vida de la política española. Antes de esa fecha, sus partidarios o bien habían permanecido en la clandestinidad de las sociedades secretas o integrados en el liberalismo radical y en el Partido Demócrata.


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Su rasgo más característico fue la división, que se inició como consecuencia de la desintegración del Partido Federal, tras la intervención del general Pavía en el Congreso de la Primera República en 1874.Tras el fracaso de la experiencia del Sexenio Democrático, el republicanismo tuvo que hacer frente al desencanto de parte de sus seguidores y a la represión de los gobiernos monárquicos. Además, los republicanos se hallaban fuertemente divididos en diversas tendencias y en continua reorganización de fuerzas, que restaron eficacia y apoyo electoral a su programa político.

LOS REPUBLICANOS A FINALES DEL SIGLO XIX Posibilistas de Castelar: defiende una democracia conservadora que no comprometiera ni la unidad nacional ni el orden social.

Partido progresista-demócrata de Ruiz Zorrilla : pretenden el cambio de régimen por medio de las acciones subversivas.

Republicanos centralistas de Salmerón

Republicanos federalistas de Pi y Margall: buscan un reformismo social que armonizara los intereses del capital y del trabajo.

La adaptación más rápida a las nuevas condiciones la protagonizó el viejo dirigente republicano Emilio Castelar que evolucionó hacia posturas cada vez más moderadas. Convencido de la pérdida de fuerza de sus ideales y de que la Restauración garantizaría el orden social, consideró “posible” que la monarquía asumiese algunos de los principios democráticos y creó el Partido Republicano Posibilista. Un caso contrario fue el del político progresista Ruiz Zorrilla , quien viró hacia un republicanismo radical que no descartaba la acción violenta contra la monarquía: fundó el Partido Republicano Progresista, que llegó a tener influencia entre algunos militares y, en 1883, protagonizó un fracasado intento de alzamiento. Las prácticas insurreccionales provocaron la ruptura de Salmerón con el partido de Ruiz Zorrilla y la creación del Partido Republicano Centralista (1887). El republicanismo con más adeptos y más fiel a su ideario inicial fue el Partido Republicano Federal, que seguía teniendo como líder a Pi y Margall y contaba con el apoyo de una parte importante de las clases populares.

La segmentación del republicanismo les dificultó llegar a la ciudadanía, sin embargo, en la década de los noventa mejoraron sus resultados electorales gracias a la implantación del sufragio universal. El sufragio universal masculino comportó una cierta revitalización del republicanismo y estimuló la formación de alianzas electorales (Unión Republicana) en 1893 y 1901, que agrupaban las distintas familias republicanas a excepción de los posibilistas. Entre 1875 y 1890 fueron elegidos algunos diputados republicanos que debían hablar en el Congreso en su nombre propio, sin mencionar partido alguno. El ejemplo de líder de estas convocatorias entre silencios fue Castelar. La representación republicana en las Cortes durante todo el periodo fue escasa. El máximo número de diputados que llegaron a obtener fue de 32 en las elecciones de 1881 y 47 en las de 1893, sobre un total de unos 400 (obtuvieron mayorías electorales


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en Valencia, Barcelona y Madrid en 1893). Pero las intervenciones republicanas en la cámara hicieron que los liberales de Sagasta se vieran obligados a intentar hacer democrático el sistema canovista.

A pesar de que las alianzas permitieron aumentar los escaños parlamentarios, el republicanismo perdió parte de sus antiguas bases sociales y tuvo que luchar por los votos populares en competencia con el nuevo obrerismo representado por el PSOE.

REGIONALISMO Y NACIONALISMO

Regionalismos y nacionalismos surgieron como oposiciones nuevas al sistema de la Restauración. El regionalismo -doctrina política según la cual en el gobierno de un Estado debe atenderse especialmente al modo de ser y a las aspiraciones de cada región- pretendía un cierto nivel de autogobierno en una región determinada, estableciendo como límite lo que afectase a la soberanía de España como Estado.

Se emplea “nacionalismo” -ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituir una entidad autónoma o un Estado independiente- cuando se desborda este límite, aunque no significa necesariamente independentismo, ya que el ejercicio de la soberanía puede llevar a un pueblo a optar libremente por integrarse en España. Hasta la Restauración, las reivindicaciones de carácter foralista o regionalista se habían canalizado a través del republicanismo federal, si era progresista, y del carlismo, cuando era conservador. Una vez que ambas corrientes habían quedado debilitadas, surgieron movimientos que reivindicaban los derechos históricos de catalanes y vascos, y en menor medida, de gallegos y valencianos.

Bases de los nacionalismos periféricos

Siempre se ha afirmado que el movimiento regionalista y nacionalista inicialmente fue burgués. Sin embargo, es preciso puntualizar de qué burguesía se trataba. La gran burguesía industrial y financiera en la vida política de la Restauración, aunque de distintas regiones (Cataluña, Euskadi o Castilla), estuvo plenamente vinculada a los intereses de la política oficial y colaboró con su poder económico en hacer o deshacer gobiernos. Proporcionó poder a Madrid, al dominar las redes clientelares en sus respectivos lugares, y Madrid, devolvió el favor otorgando un proteccionismo especial a sus negocios.

Los regionalismos periféricos fueron originariamente manifestaciones de las medianas y pequeñas burguesías. A medida que el fenómeno fue ampliando sus bases y haciéndose interclasista, es innegable que a él también se adhirieron las burguesías dirigentes, y lo supieron esgrimir como arma política frente a Madrid para obtener determinadas ventajas, especialmente en el terreno económico.

El movimiento regionalista fue más vigoroso y temprano en Cataluña y País Vasco porque en estos territorios existía una burguesía desarrollada con arraigados intereses y


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una diferenciación lingüística que cimentó este sentimiento nacional. Entre los factores que propiciaron el nacionalismo se pueden citar:

• Los movimientos culturales que rescataban la riqueza de las lenguas vernáculas y de las costumbres autóctonas –fomentados por el romanticismo-, reivindicaban su memoria colectiva de un modo más o menos idealizado, y criticaban el centralismo uniformador del Estado liberal.

• Las diferencias económicas por las repercusiones de la industrialización entre algunas regiones afectaron a su relación con el resto del territorio.

La burguesía de las regiones periféricas reivindicó el proteccionismo como vía para defender sus intereses, frente a la filosofía librecambista del Gobierno de Madrid. El desarrollo de los nacionalismos coincidió igualmente en Europa con un importante auge nacionalista.

El nacionalismo catalán

El desarrollo socioeconómico de Cataluña coincidió con un notable renacimiento de la cultura catalana y una expansión del uso de su lengua vernácula, el catalán. Durante buena parte del siglo XIX, y sobre todo en las últimas décadas, se fueron poniendo lentamente las bases ideológicas y culturales del regionalismo catalán. La primera conciencia regionalista-nacionalista se expresó con el desarrollo de un movimiento intelectual-Renaixença- en el que destacaron Jacinto Verdaguer y Ángel Guimerá, utilizando como instrumento la lengua vernácula. En este movimiento se fueron reuniendo los diversos intereses de la burguesía: industriales, forales, descentralizadores, románticos o incluso religiosos.

De este modo, el catalanismo surgió de la conjunción del progreso económico y el renacimiento cultural o, como se dijo en aquel tiempo, de la unión del arancel y la poesía.

Por otro lado, en la década de 1880 se desarrolló el catalanismo político, que tuvo varias corrientes. Una de ellas estuvo basada en el tradicionalismo y tuvo en el obispo Torres y Bages – La Tradició Catalana, 1892- su máximo representante. Otra era de carácter progresista, base popular y principios federalistas y estuvo alentada por Valentí Almirall- Lo Catalanisme, 1886-, considerado como el padre del catalanismo político. Almirall fundó en 1882 el Centre Catalá, que empezó a defender la autonomía de Cataluña, como quedó de manifiesto en el Memorial de Greuges (agravios) del año 1885 a Alfonso XII, que además solicitaba una política proteccionista contra un acuerdo comercial con el Reino Unido.

Su planteamiento era regenerador autonomista y no independentista, de modo que la unidad de los pueblos dentro del Estado no debía ser impuesta a la fuerza desde el centro, sino que debía ser consecuencia del desarrollo industrial y comercial. La propuesta, más idealista que real, era una Cataluña capitalista y europea que debía estar


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dirigida por una burguesía urbana e industrial dispuesta a derrocar el burocratismo centralista y agrario, y a transformar el Estado español a su modo y semejanza.

Cuando Almirall fundó, en 1882, el Centre Catalá, pensado como una entidad patriótica que estuviera por encima de los partidos existentes y que sirviera de nexo de unión entre la burguesía federal y la conservadora, se encontró con la resistencia de esta última, que, en cuanto pudo, procedió a formar su propia asociación. En 1887, los conservadores fundaron la Lliga de Catalunya.

En 1891 volvieron a encontrarse el Centre y la Lliga gracias al esfuerzo conciliador de Enric Prat de la Riba – Compendi de la doctrina nacionalista, 1896- y el resultado fue una nueva organización: la Unió Catalanista. Su ideario se recogió en las Bases de Manresa (1892), documento en el que se planteaba una solución federal de autogobierno para Cataluña, concretada en reivindicaciones como una administración, derecho civil y lenguas propios, y en la defensa de los intereses de la industria y del comercio catalanes. En ningún caso se planteó la separación del Estado español. El regionalismo pasó entonces a convertirse en verdadero nacionalismo.

El catalanismo como opción política alcanzaría su mayor desarrollo después de 1898, con la fundación de la Lliga Regionalista (1901) de Enric Prat de la Riba y de Francesc Cambó. El nuevo partido aspiraba a participar activamente en la política y a tener representantes en las instituciones que defendiesen los intereses del catalanismo. El éxito electoral convertiría a la Liga en el principal partido de Cataluña durante primer tercio del siglo XIX.

El nacionalismo vasco

El nacionalismo del País Vasco, aunque surgió en un clima compartido de defensa de los fueros, tuvo peculiaridades distintas del catalán y, desde luego, no se formó desde una burguesía supuestamente moderna. La ley que derogaba sus fueros históricos, en 1876, aportó dos tipos de reacciones y filosofías que iban a entrar en el siglo XX: la de los que, transigiendo, supieron rentabilizar perfectamente la situación para transformar la pérdida en conciertos económicos con Madrid en provecho propio, y la de los que, apelando al tradicionalismo, defendieron la recuperación íntegra de los fueros. Estos últimos no eran los burgueses industriales transigentes, sino los perdedores de la guerra carlista. Eran los que se aferraban a un País Vasco tradicionalmente agrario, contrario al fenómeno urbano y su industria, para quienes la defensa de los fueros totales equivalía a defender la esencia de “lo vasco”, de forma que la ley abolitoria se convirtió en el agravio por antonomasia por parte del gobierno central.

Por tanto, la aparición del nacionalismo vasco se debió a la rápida industrialización de Vizcaya, como consecuencia del desarrollo de la industria siderometalúrgica; y a la abolición de sus fueros históricos tras la última guerra carlista (1876). Pero también el desarrollo de una corriente cultural en defensa de la lengua vasca, el euskera, que dio lugar a la creación del movimiento de los euskaros, con un importante componente religioso y de defensa de las tradiciones.


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El nacionalismo vasco nació más tardíamente que el catalán, pero evolucionó más rápidamente. La figura fundamental fue Sabino Arana, que junto a su hermano había vivido una temporada en Barcelona, donde recibió influencias del Centre Escolar Catalanista. Tras su regreso al País Vasco en 1888, Arana configuró su pensamiento, de base tradicionalista y fondo carlista y foralista, aunque con planteamientos radicalmente distintos. Criticó la industrialización porque fracturaba la sociedad tradicional vasca, y defendió el catolicismo antiliberal, concretado en el lema Dios y ley vieja; la raza vasca frente a los inmigrantes o maketos -término con el que se designa en el País Vasco a los habitantes de aquel territorio cuyos orígenes se encuentran en otras tierras peninsulares-, señalados como culpables de su degeneración a causa del mestizaje (antiespañolismo); y la reivindicación de los fueros y la independencia para Euskalerría. Arana intentó difundir sus ideas a través de varias publicaciones y el establecimiento en 1894 de un primer centro de reunión-batzoki-, que daría lugar después a la Euskeldun Batzokija, Junta Política, germen del Partido Nacionalista Vasco. El pensamiento de Sabino Arana evolucionó desde el independentismo radical hasta su integración autónoma en el Estado español, mediante una Liga de vascos españolistas.

El 31 de julio de 1895 se fundó el primer Partido Nacionalista Vasco con una solemne declaración antiespañola y con una voluntad de restaurar en el territorio el orden jurídico tradicional. Pero el partido no fue capaz de conseguir nada mientras se mantuvo en la órbita de los primeros seguidores de Arana- la pequeña burguesía bilbaína tradicionalista-, por lo que se vio obligado a ampliar sus bases hacia una burguesía más moderna e industrial. Fue entonces cuando apareció la tensión interna entre los defensores de la independencia y los que buscaban, como objetivo más viable y práctico, la autonomía dentro del Estado español.

Estos últimos, urbanos, industriales y con dinero imprescindible para el partido, se impusieron en el control del PNV-con el armador De la Sota a su cabeza- y entraron en una línea autonomista “catalana”, copiando la idea de “rehacer España” desde, en este caso, el País Vasco.

De este modo, y con la mezcla de ambas posturas -las ideas de los de la “primera hora” y las de “los de después”- el partido encontró un relativo equilibrio que iba a permanecer durante décadas: entre una dirección que presionaba a los gobiernos centrales, con el argumento de la radicalidad de las bases que lo sustentaban, y unas bases independentistas que aceptaban la política moderada de su dirección ante Madrid como una vía gradual que podía acabar en la independencia.

Otros regionalismos periféricos

El resto de regionalismos del periodo fueron más débiles y tardíos. Tuvieron su desarrollo fundamental en los albores del Siglo XX.

El regionalismo gallego tuvo un importante componente cultural o Rexurdimiento (Rosalía de Castro) y surgió como reacción al atraso y marginación del territorio con


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respecto a otras regiones. Sus teóricos más importantes fueron Alfredo Brañas y Manuel Martínez Murguía, que demandaron una descentralización administrativa y el uso de la lengua gallega. Con todo, este galleguismo no pretendía alcanzar un Estado independiente, ni siquiera un federalismo, sino un modelo jurídico-político de descentralización designado con el término de autonomía.

En 1892 se redactaron las Bases generales del regionalismo y su aplicación a Galicia que, influenciadas por las Bases de Manresa, diseñaron un modelo de descentralización político-administrativa para la región. En 1906 se fundó la Academia Gallega, que Murguía presidiría hasta su muerte. Más tarde fue importante la figura de Vicente Risco, que en la segunda década del siglo XX se convertiría en el gran teórico y líder del nacionalismo gallego.

El regionalismo andaluz, de raíces históricas y políticas discutidas, tuvo su punto de partida en el movimiento cantonal de 1873, destacando en su formación Blas Infante. Para Blas Infante esta fecha fue fundamental para la formación de la conciencia andaluza en el marco de una República Federal. El primer acto andalucista clave fue en Antequera en 1883-décimo aniversario de I República-, donde se proclamó la Constitución Federalista Andaluza y se solicitó expresamente una “Andalucía soberana y autónoma”. Sin embargo, no se alcanzó la consolidación de un partido andalucista burgués, posiblemente por la vinculación de la propia burguesía andaluza con el poder central o por la derivación del movimiento obrero andaluz hacia el anarquismo, contrario a todo pacto con la burguesía.

En 1915, Blas Infante publicó el Ideal Andaluz y en 1916 fundó el primer Centro Andaluz en Sevilla con la intención de ser un órgano expresivo de la realidad cultural y social de Andalucía. Más adelante participó en la primera asamblea regionalista andaluza celebrada en Ronda en 1918, que estableció las bases del particularismo andaluz y propuso la autonomía, además, adoptó ya una bandera y un himno andaluces como expresión de una identidad regional diferenciada. Durante la Segunda República, el movimiento andalucista abordó por primera vez la redacción de un proyecto de Estatuto de Autonomía, que fue elaborado por una asamblea de municipios sevillanos. Sin embargo, esta iniciativa logró escaso respaldo popular y tuvo que esperar hasta el fin del franquismo para encontrar un sentimiento andalucista con arraigo popular que defendiera la autonomía.

El aragonismo surgió, en la segunda mitad del siglo XIX, en el seno de una incipiente burguesía que impulsó la defensa del Derecho Civil aragonés, la reivindicación de valores culturales particularistas y la recuperación romántica de los orígenes del reino y de sus instituciones medievales. A estos factores se añadió, aunque marginalmente, el arraigo aragonés de Joaquín Costa, que aunque no fue nacionalista en modo alguno, reclamó insistentemente en sus escritos los derechos del mundo campesino aragonés. Sin embargo, hasta la Segunda República no aparecieron las primeras formulaciones políticas autonomistas de distintos signos, en unos casos, o de mera descentralización administrativa, en otros.


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Por último, el regionalismo valenciano, también partió de una especie de renacimiento cultural –Renaixença-, donde destacó la acción de la asociación Lo Rat Penat y el escritor Costantí Llombart, y se caracterizó por su rechazo tanto del centralismo del Estado español como del nacionalismo catalán, que consideraba a los valencianos integrantes de la misma comunidad lingüística y cultural. El nacimiento del valencianismo político hay que situarlo a principios del siglo XX, con la creación de la organización Valencia Nova (1904), que promovió la Primera Asamblea Regionalista Valenciana con la finalidad de comprometer a todos los partidos políticos en la creación de un proyecto valencianista.

EL MOVIMIENTO OBRERO

Mientras que el republicanismo ejerció una oposición exclusivamente política al régimen de la Restauración, el movimiento obrero -entendido como la actividad política y social de los obreros y los campesinos para mejorar su situación y defender sus derechos dentro de una sociedad regida por la propiedad- se opuso frontalmente a todo el sistema. Por tanto, el movimiento obrero, surgido a raíz de la revolución de 1868 también supuso una forma de oposición al sistema de la Restauración. Hasta finales del siglo los trabajadores estuvieron desmovilizados.

Desde 1874, tras la prohibición de Serrano, las asociaciones obreras se desarrollaban en la clandestinidad o camufladas bajo asociaciones con otros fines declarados, como la madrileña Asociación General del Arte de Imprimir, presidida por Pablo Iglesias.

Desde 1881, con el primer Gobierno liberal de Sagasta, el clima se distendió y las organizaciones obreras empezaron a salir a la luz, hasta su legalización definitiva en 1887.

Al mismo tiempo, con la progresiva industrialización y la consolidación del capitalismo, creció la importancia social y numérica de la clase obrera.

Por su parte, en sintonía con la división del movimiento obrero internacional, en España los socialistas y los anarquistas se fueron organizando por separado. Y, a partir de 1879, aparecieron también las organizaciones católicas, canalizadas por los jesuitas.

El obrerismo estuvo dividido en dos grandes tendencias: el anarquismo y el socialismo.

La penetración en España de las diferentes corrientes del pensamiento socialista se inició con la aparición de los primeros brotes del socialismo utópico. Las ideas de Forier son las primeras que aparecen, entre 1835 y 1838, en las páginas de El Vapor de Barcelona. Sin embargo, será en Cádiz y las poblaciones de su entorno donde alcancen mayor eco, gracias a la intensa labor desarrollada en la zona por Joaquín Abreu. Desde Andalucía, el fourierismo llegó a Madrid. Por los mismos años llegan a Barcelona las


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ideas comunistas de Cabet. A partir de mediados de siglo, se introduce el republicanismo como un nuevo elemento en la marcha del movimiento obrero español.

El periodo revolucionario entre 1868 y 1874 representó para el movimiento obrero español una fase decisiva. Por un lado, la revolución de septiembre le reconoció el derecho de reunión y asociación y, por otro, es entonces cuando tienen lugar los primeros contactos con la Primera Internacional, creada en Londres, en 1864.

A continuación analizaremos las dos corrientes de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) creada en 1864, citadas anteriormente: anarquistas y socialistas, difundidas en España desde 1868 de la mano de Giuseppe Fanelli, miembro de la AIT enviado por el anarquista Mijaíl Bakunin. En 1872 se produjo la escisión de la AIT, después de un enfrentamiento entre las tendencias representadas por Karl Marx y Bakunin. El primero defendía que la clase obrera se tenía que organizar en un partido propio para conquistar el poder del Estado e implantar una sociedad igualitaria; mientras que el segundo rechazaba cualquier participación política y recomendaba la destrucción directa del Estado, de la propiedad y de cualquier forma de autoridad, al mismo tiempo que postulaba una nueva organización social mediante una federación de comunas libres. Esto dio lugar a la división de la AIT en dos corrientes: la socialista o marxista y la anarquista o bakunista. La división se trasplantó a España. Los socialistas predominaron en Madrid, Bilbao, Cantabria y Asturias, mientras que los anarquistas lo hicieron en Cataluña, Valencia, Andalucía y Aragón.

Durante la Primera República el movimiento obrero conservó un importante protagonismo y el Sexenio supuso una etapa clara de toma de conciencia política y organizativa y de asimilación de las principales ideologías existentes en el mundo obrero: anarquismo y socialismo. Sin embargo, durante los primeros años de la Restauración el movimiento obrero se vio obligado a vivir en la clandestinidad. Esta fue su situación hasta 1881, cuando Sagasta hizo que el anarquismo retornara a la legalidad.

El anarquismo

El anarquismo fue la corriente mayoritaria dentro del movimiento obrero español. Sus principales focos estaban en el campo andaluz y en el proletariado urbano catalán. Era contrario a la participación política por vía parlamentaria, pero además, dentro de sus filas, empezó a ganar adeptos, tanto entre los campesinos como entre los obreros, la táctica propuesta por Kropotkin, partidario de la violencia terrorista o de la “propaganda por el hecho”. Los años noventa fueron ricos en esta práctica, dentro de un círculo vicioso: atentado, represión con fusilamientos, nuevo atentado como represalia anarquista y nueva represión.

Los anarquistas, tras ser prohibidos y permanecer en la clandestinidad y ser rehabilitados nuevamente con la Ley de Asociaciones de 1887, fueron reprimidos duramente en Andalucía, por su supuesta vinculación con los atentados de la Mano Negra, y en Cataluña, donde acabaron con la vida de más de 20 personas tras la explosión de una bomba en el Liceo de Barcelona (1893) y de otras seis en la procesión


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del Corpus Christi (1896) de la ciudad condal. El propio Cánovas del Castillo, entonces jefe de gobierno, fue asesinado por un anarquista en el balneario de Santa Águeda en 1897.

Los anarquistas se organizaron, desde 1881, con la fundación de la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). En ella las organizaciones andaluzas, partidarias de la acción violenta directa, adquirieron una enorme influencia frente a los representantes de las asociaciones catalanas. Fue en este contexto cuando surgieron en Andalucía occidental sociedades secretas, como la Mano Negra, a la que se atribuyeron atentados y acciones criminales contra los patronos. La dura represión contra esta organización y la división interna del movimiento anarquista concluyeron con la extinción de la FTRE en 1888.

La desaparición de la organización y la preponderancia de nuevas ideas como la “propaganda por el hecho” o de “acción directa” llevó a algunos sectores anarquistas a practicar el terrorismo. En Barcelona, en los años noventa, el movimiento anarquista se inclinó por estos métodos: atentados contra el general Martínez Campos (1893), y otros ya citados como el del Liceo de Barcelona o el asesinato de Cánovas del Castillo.

La consecuencia fue el endurecimiento de la legislación española contra el anarquismo. En 1896 se llegaron a crear cuerpos especiales de policía, bajo mando militar, para actuar contra sus miembros en Barcelona y Madrid.

El socialismo

En 1874 esta tendencia se limitaba a unos reducidos núcleos de seguidores de las ideas de Marx, para quienes la Asociación del Arte de Imprimir, convertida en sociedad de resistencia al entrar en la clandestinidad, servía de refugio. Un pequeño grupo de obreros de Madrid, que había sido expulsado de la Federación Regional Española, dirigido por el tipógrafo Pablo Iglesias creó una célula de inspiración socialista marxista que en 1879 dio lugar al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Marx, al disolverse la Internacional, había aconsejado la fundación de partidos marxistas que actuasen con independencia en cada país. Fue inscrito oficialmente en 1881 después de haber sido aprobada la nueva ley de asociaciones del gobierno liberal de Sagasta.

Su primer programa se basó en tres objetivos fundamentales:

• Abolición de las clases y la emancipación de los trabajadores. • Transformación de la propiedad privada en propiedad colectiva. • Conquista del poder político por la clase obrera.

El PSOE tuvo su propio periódico: El Socialista (1886), participó en la creación de la Segunda Internacional (1889), liderada por socialdemócratas, que excluyó a los anarquistas y rechazó la colaboración con partidos políticos burgueses, incluso los republicanos. De esta época también data la creación de Casas del Pueblo, centros de reunión con finalidades doctrinales, culturales y formativas.


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En 1888 se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), sindicato de inspiración socialista, que se nutrió de obreros cualificados y urbanos. La UGT era una entidad independiente pero subordinada al PSOE, con la que compartía alguno de sus dirigentes (Pablo Iglesias, Antonio García Quejido), a imitación del modelo socialdemócrata alemán. Aunque intentó propagarse en Barcelona, finalmente arraigó en Madrid. También se expandió entre los núcleos mineros y metalúrgicos del norte. Su fin era puramente económico: la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros, y los medios para obtener las reivindicaciones precisas serian la negociación, las demandas al poder político y la huelga.

A partir de 1891 el PSOE concentró sus esfuerzos en la política electoral y no admitió ninguna alianza con los partidos burgueses. El Partido Socialista obtuvo cuatro concejales en las grandes ciudades en las elecciones municipales de 1891 por primera vez. Las guerras coloniales de fin de siglo afianzaron su posición por la denuncia de la guerra como imperialista y por su disconformidad con el sistema de redención en metálico del servicio militar (Sistema que permitía a los jóvenes eludir el servicio militar a cambio del pago de una cantidad en metálico: 2000 pesetas hasta 1882, en que se rebajó a 1500).

El primer diputado socialista en el Congreso de los Diputados fue Pablo Iglesias, que no fue elegido hasta 1910, a pesar de la existencia del sufragio universal para los obreros. La persistente imposibilidad de una acción en común con los anarquistas se consuma cuando en 1911 éstos fundan la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT).

En cualquier caso, tanto el PSOE como UGT fueron hasta inicios del siglo XX grupos minoritarios, en comparación con los anarquistas.

El sindicalismo católico

En el último cuarto del siglo XIX también se intentó organizar un movimiento obrero de inspiración católica, apareciendo los primeros círculos obreros católicos en 1879 fundados por el jesuita Antonio Vincent, sin embargo, no llegaron a ser auténticos sindicatos y ejercieron un escaso papel reivindicativo. El sindicalismo confesional tuvo mayor desarrollo durante el primer tercio del S.XX.

En el año 1891 el papa León XIII publicó la encíclica Rerum novarum, como respuesta de la Iglesia ante el auge del movimiento obrero internacional. En ella, todas las organizaciones católicas encontraron una carta de derechos sociales así como la posición de la Iglesia ante las nuevas realidades planteadas por la industrialización.

La Iglesia quiso ofrecer un cariz sindical a los círculos y en 1895 se constituyó en Madrid el Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras, que agrupaba a círculos, cooperativas y patronatos de inspiración católica.


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Pero su implantación fue muy escasa debido sobre todo a su “amarillismo” - término derivado del color de la bandera del Vaticano-, es decir, su actitud colaboracionista hacia los patronos y opuesta a los sindicatos obreros reivindicativos.

El movimiento obrero y las mujeres

La integración de las mujeres en el trabajo industrial fue muy temprana. En conjunto, la tasa de actividad femenina era del 17% en 1877. Los sindicatos se mostraban recelosos ante el trabajo remunerado de las mujeres. A pesar de ello, surgieron dirigentes femeninas en el movimiento obrero, como Teresa Claramunt.

SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN LA ESPAÑA DE LA RESTAURACIÓN

El sistema económico y social español en la época de la Restauración presentaba una sociedad dual en la que convivían dos mundos muy diferenciados: unas pocas áreas industrializadas y un inmenso interior agrario, con formas de vida y subsistencia muy atrasadas, con una escasa interrelación de una y otra.

Las bajísimas rentas de la mayor parte de la población no permitían ni el consumo ni el ahorro, lo que dificultó el desarrollo industrial. Además, la política económica, centrada en dar una buena imagen al exterior olvidó atender las necesidades de la mayor parte de la población.

Áreas de la economía española

Un análisis detallado nos permite identificar tres grandes áreas económicas en la España de fin de siglo:

• Áreas agrarias del interior, dedicadas a cultivos extensivos de productos de gran consumo, principalmente cereales, con muy bajos rendimientos: resistían a la competencia extranjera gracias a un rígido proteccionismo.

• Áreas periféricas industriales -Cataluña, País Vasco y zonas del Cantábrico-, que producían principalmente para el mercado nacional, puesto que sus altos costes y baja productividad les impedían competir en los mercados internacionales, por tanto, necesitaban también una fuerte y progresiva protección.

• Áreas periféricas mediterráneas, que consumían del interior, a precios altos, productos protegidos y, en cambio, vendían parte de sus productos al exterior posibilitando así importaciones de materias primas y bienes de equipo necesarios para la producción industrial.

El bloque de poder estaba constituido por una oligarquía burguesa que formaba el triángulo de siderúrgicos vascos, textiles catalanes y cerealistas castellanos, que regía la vida política y económica del país-el llamado eje Bilbao-Barcelona-Valladolid-.El régimen no hizo nada para romper el contraste entre la España interior, campesina y profunda, y la moderna y capitalista de la periferia.


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Proteccionismo y librecambio

La economía española se encontraba ante el gran dilema del proteccionismo o el librecambio. Durante todo el siglo XIX, la economía había estado fuertemente protegida por altos aranceles aduaneros que encarecían las importaciones y posibilitaban así una reserva del mercado nacional.

Tras la revolución de 1868, Laureano Figuerola estableció un nuevo arancel en 1869 que pretendía abrir la economía española al exterior como forma de promover el desarrollo económico. Este arancel establecía una desprotección selectiva, manteniendo momentáneamente una fuerte protección para los productos agrarios y rebajando la de los productos industriales. De este modo se pretendía promover la expansión industrial. El arancel Figuerola no acabó por implantarse totalmente y, con motivo de la crisis mundial del comercio agrario en la década de los años ochenta, el gobierno de Cánovas lo suprimió y estableció un nuevo arancel proteccionista en 1891.

La agricultura

Había una España agraria que se debatía entre una agricultura moderna que satisfacía la demanda tanto interior como exterior de cereales, aceites y vinos, dispuesta a arriesgarse con las innovaciones técnicas, y una agricultura tradicional al servicio de la primera, a la que prestaba mano de obra abundante y barata. En conjunto, seguía condicionada por la desigual calidad de las tierras y la diversidad climática, por formas de cultivo plurales y por una desequilibrada distribución de la propiedad que iba desde la excesiva concentración -latifundismo-, hasta la también excesiva dispersión -minifundismo-.

En el último cuarto de siglo, este sector agrario ofrecía una reducida y muy pudiente oligarquía agraria, compuesta por grandes terratenientes; unas clases medias bajas, formadas por propietarios medianos, arrendatarios, aparceros, etc., y un proletariado jornalero sometido a salarios de temporada, al que se unía una multitud de propietarios muy pequeños, semi-proletarios o empobrecidos de todas las regiones que tenían que ponerse a trabajar por cuenta ajena por no ser suficientes sus tierras para vivir.

Los problemas nunca resueltos, la mala distribución de la propiedad y su ilusión de conseguir una justicia simple -la del reparto de las tierras- o la mucha hambre condujeron en determinados momentos a cohesionadas reacciones violentas, que atemorizaban a los terratenientes y a las autoridades. Esta realidad explica el proceso de emigración para salir de la pobreza hacia Argelia o hacia las Antillas y el sur de América, y el de concentración urbana, que se empezó a notar a partir de 1880 y fue manifiesto entre 1900 y 1920.

La minería


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Pero, en contraste con esta España agraria, la minería y la industria crecieron con rapidez entre 1875 y 1900.La clave para el aumento en la extracción de minerales estuvo en la Ley de Minas de 1869, que concedía minas a perpetuidad a cambio de una modesta tributación pública. Tal ley despertó una notable especulación registradora y la consiguiente expansión de las explotaciones de todo género de minerales, más o menos abundantes. Compañías internacionales ya formadas, del exterior y del interior, aprovecharon la cobertura que les proporcionaba la liberal legislación para explotar minas y exportar minerales en bruto a los países industrializados con costes bajos y muy altos beneficios. Hasta principios del S.XX se exportó hierro, plomo, cobre y cinc, en cantidades próximas al 90% de lo extraído.

La presencia del capital extranjero -particularmente el inglés- en el desarrollo de la minería andaluza fue en aumento a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. El mineral andaluz llegó a constituir a finales de siglo prácticamente la mitad del total de las exportaciones españolas. Caso diferente fue lo ocurrido en el País Vasco.

Sin embargo, el carbón, de mala calidad y de cara explotación, quedó casi por completo en manos españolas. Era un mineral que no podía competir ni en precios ni en calidad con el foráneo. De ahí que la única salida para los carbones asturianos estuviera en la protección arancelaria del Estado (completada con exenciones fiscales y otros privilegios).

La industria vizcaína y catalana

La hegemonía de Vizcaya, de Santander y Asturias, que constituían una zona de preponderancia industrial siderúrgica se explica por la concentración de la riqueza de los yacimientos mineros orientados a la exportación, lo que permitió una importante capitalización. Es decir, la inyección monetaria que constituyó la venta del mineral de hierro al extranjero fue la base del capitalismo vasco y, por extensión, de todo el capitalismo industrial de España.

En 1876, con el fin de la guerra carlista, se inició una etapa nueva con una rapidísima expansión de la producción de mineral destinado a la exportación. Se fundaron compañías extranjeras y vascas para explotar el subsuelo, y el mineral vizcaíno, de elevada ley metálica y de bajo precio, comenzó a ser el más demandado por las siderurgias de Europa occidental. A raíz de ello, entre 1889 y 1900, se exportó cerca del 90% de su producción.

La reinversión del capital obtenido por la venta del mineral en la construcción de altos hornos supuso un salto cuantitativo y cualitativo de enorme importancia para el despegue de la siderurgia vizcaína. Este despegue lo protagonizaron dos sociedades constituidas en 1882: la de los Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao. En 1902, ambas sociedades se fusionaron, para dar origen a Altos Hornos de Vizcaya, que iba a ser, durante décadas, la empresa emblemática de la siderurgia vasca, dominante en el protegido mercado interno.


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De la actividad minera salió el capital necesario para el desarrollo siderúrgico y para todo el desarrollo industrial vizcaíno: compañías navieras, empresas auxiliares metalúrgicas, cementeras y de instalaciones de infraestructuras para las explotaciones mineras, como cargaderos, etc. Puede calcularse que el total de los beneficios obtenidos por la explotación del hierro hasta 1900, el 45% fue a parar a compañías extranjeras y el 55% restante fue reinvertido en la financiación de la industria vizcaína, y dio lugar a una burguesía pujante que, como apoyo, contaba con la banca más próspera del país.

La industria textil catalana, hacia 1860, dominaba el mercado nacional. Sus textiles de algodón representaban cerca del 90% de la oferta española, que abastecía, a su vez, casi por completo la demanda interior. Para entonces, la región reunía una cuarta parte de la producción industrial total del país, lo cual representaba, en relación con su población, un nivel de industrialización casi dos veces y media superior al de la media general. Sin embargo carecía de las dos materias primas esenciales para esta industria: algodón y carbón mineral.

Las razones del éxito catalán, además del empuje de su burguesía comercial, dinámica y emprendedora, deben buscarse en la conquista, auxiliada desde los gobiernos, del mercado español, tal y como le sucedió a la siderurgia vasca. Por ello, a pesar de los altos costes de producción, pudo desarrollarse notablemente, al sentirse protegida por una sólida barrera arancelaria y preferente ante los mercados añadidos de Cuba y Puerto Rico.

Durante la primera etapa de la Restauración, la industria textil catalana conoció la culminación de su proceso de mecanización, y sus importaciones de algodón se triplicaron entre 1876 y 1900. Al absorber Cataluña la inmensa mayoría de la producción textil, el desequilibrio económico con respecto a las demás regiones fue considerable en ese período. Sin embargo, el beneficio obtenido de su monopolio textil no se tradujo en la creación de un capital financiero nacional (banca), al modo del capital vasco, sino en la reinversión en otras actividades industriales catalanas, de manera que la región se encontró mucho mejor preparada para hacer frente a la Segunda Revolución Industrial. Así pudo abordar con gran antelación el plan de fuentes de energía eléctrica y aprovechamientos hidráulicos en la cuenca pirenaica. Todo ello hizo posible que Barcelona y sus alrededores se convirtieran en la zona más prospera y mejor desarrollada de todo el país.

Desde el punto de vista industrial, la época de la Restauración ofrece, pues, la consagración definitiva del País Vasco y Cataluña como los núcleos fundamentales de la industrialización española; mientras que las demás regiones, a excepción de Madrid, quedarían irreversiblemente retrasadas hasta la segunda mitad del siglo XX. En definitiva, en la franja mediterránea, desde Girona a Murcia, se acabaron agrupando prácticamente todas las industrias textiles, fijando una verdadera frontera productiva entre el litoral y el resto del país.


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Pero no hay que olvidarse de la industrialización parcial de la cornisa cantábrica. En cuanto al resto de subsectores industriales, se localizaban en Castilla las más importantes industrias harineras y otras alimentarias como la de vinos, aceites o conservas en Andalucía y Levante.

El desarrollo financiero

A lo largo del siglo XIX la presencia de inversores extranjeros fue determinante en la creación de un sistema bancario español. Conviene destacar dos aspectos: por un lado, la creación de una nueva moneda nacional, la peseta, en 1868, que tuvo una situación peculiar frente a las demás monedas europeas ya que se fundaba en las reservas y en el patrón de plata. Sin embargo, su devaluación desde el primer momento, la llevó a ser, de hecho, una moneda fiduciaria, cuyo valor intrínseco estaba por debajo de su valor nominal. Por otro lado, en 1872 fue creado el Banco Hipotecario, al que siguieron otros de menor importancia. Con el cambio de siglo aparecieron varios de los grandes bancos de la historia económica de España: Hispano-Americano en 1900; Español de Crédito en 1902, etc.

En cuanto a la Hacienda Pública, España contaba con un sistema fiscal aquejado por dos problemas: era absolutamente insuficiente, ya que no recaudaba para cubrir los gastos del Estado, por lo que el déficit era crónico y un 25% del presupuesto se iba en deuda pública. Por otra parte, era un sistema tributario injusto y desequilibrado, ya que un 80% de la recaudación provenía de impuestos indirectos, es decir, gravados sobre el consumo, y no existía impuesto sobre las rentas del capital y del trabajo. España tenía pues, un sistema fiscal aquejado por el fraude, el ocultamiento y la exención de las grandes fortunas y propiedades. En estas condiciones, el Estado solucionaba su déficit emitiendo deuda, que adquiría y distribuía el Banco de España, que era autorizado para emitir billetes en compensación.

La demografía. El crecimiento urbano.

La población española creció en el último tercio del siglo XIX de 16 a 18 millones de habitantes. Un crecimiento lento, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad y por epidemias masivas (cólera). La esperanza de vida seguía siendo muy baja, y no sobrepasaba los 35 años de media en 1900. Estamos, pues, ante una transición demográfica muy retrasada en la que las tasas de natalidad y mortalidad irían descendiendo lentamente.

En el último tercio del S.XIX, el proceso de urbanización en España se aceleró de manera notable, aunque desigual. Crecieron espectacularmente ciudades como Bilbao, Barcelona y Valencia. La estructura de la ciudad se quedaba pequeña, y se hacía necesario un ensanche destinado a dar alojamiento a los nuevos pobladores llegados del campo.


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Siglo xix tema 6 la restauración

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