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Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Primer año de labores, período: 17/VII/2009 al 16/VII/2010

Propuesta de Informe (1)

1

I. Estadísticas.

El artículo 174 de la Constitución inciso segundo señala: “La Sala de lo Constitucional

estará integrada por cinco Magistrados designados por la Asamblea Legislativa. Su presidente

será elegido por la misma en cada ocasión en que le corresponda elegir Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, el cual será el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano

Judicial”.

En cumplimiento de esta disposición, por Decreto número 71 de fecha 16/VII/2009, la

Asamblea Legislativa eligió como Magistrados Propietarios de la Sala de lo Constitucional, para

el período que va desde 16/VII/2009 hasta el 15/VII/2018, a los siguientes profesionales del

Derecho: 1) Doctor José Belarmino Jaime, designado como Presidente de la Sala de lo

Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Órgano Judicial; 2) Doctor Florentín

Meléndez Padilla, designado como Primer Vocal; 3) Licenciado Sidney Blanco Reyes, designado

como Tercer Vocal; 4) Licenciado Ernesto González Bonilla, designado como Cuarto Vocal.

Para la citada fecha, el licenciado José Néstor Mauricio Castaneda Soto, por designación de la

Asamblea Legislativa ya se encontraba en funciones como Segundo Vocal de la Sala de lo

Constitucional

Así, al momento de conformarse la actual Sala de lo Constitucional, para el día

17/VII/2009 se encontraban 959 procesos constitucionales activos, dicho número en detalle era

conformado por 346 hábeas corpus, 110 inconstitucionalidades y 503 amparos.

En el dato señalado figuraban procesos iniciados en el año 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,

2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; en específico, los procesos constitucionales activos

pertenecientes al año 1999 hasta el año 2008 eran 599 y del año 2009 eran 360 procesos.

En el primer año de labores de la actual Sala de lo Constitucional, es decir 17/VII/2009 al

16/VII/2010, ingresaron 1133 procesos, en detalle, 248 hábeas corpus, 84 inconstitucionalidades

y 801 amparos. Asimismo, egresaron 880 procesos, de estos 261 hábeas corpus, 64

inconstitucionalidades, 555 amparos.



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En el número de egresos señalados, en el citado período, se reporta la finalización de 262

procesos constitucionales pertenecientes al año 1999 hasta el 2008; de manera que el número de

procesos activos de esos años, encontrados al momento de configurarse la actual Sala de lo

Constitucional, se redujo en un 44%, quedando activo un 56% equivalente a 337 expedientes de

esos años.

En relación con el año 2009 y 2010 se egresaron 618 procesos constitucionales, quedando

activos únicamente 825 procesos de los años 2009 y 2010; en consecuencia, se egresó un 43% de

procesos pertenecientes a dichos años, quedando activos únicamente el 57%.

En cuanto al número de resoluciones de admisión y trámite, en el primer año de labores se

produjo en total 2520 resoluciones; en detalle, en relación al proceso de hábeas corpus se

emitieron 163 nombramientos de juez ejecutor y 305 autos de mero trámite; en amparo se

produjeron 215 admisiones y 1713 de mero trámite, y en inconstitucionalidad se proveyeron 48

admisiones y 76 de mero trámite.

Así, en el primero año de labores de la actual Sala de lo Constitucional, la relación

porcentual entre número de ingresos -1133- y egresos de procesos constitucionales -880- equivale

al 77.67%.

Ahora bien, específicamente en relación con el primer semestre del año 2010,

concretamente hasta el 16/VII/2010, la relación porcentual entre número de ingresos -570- y

egresos -612- , equivale al 107.37%.

A continuación, se reporta en detalle los datos expuestos.



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1. Reporte de procesos activos al 17/VII/2009.

Tipo de Proceso Número de Procesos Activos Hábeas Corpus 346

Inconstitucionalidades 110 Amparos 503

Total 959

2. Número de procesos activos por tipo de proceso constitucional y año de antigüedad.

Año Hábeas Corpus

Amparos Inconstitucionalidad Total

1999 0 1 0 1 2000 0 1 0 1 2001 0 0 1 1 2002 0 13 0 13 2003 0 8 7 15 2004 1 10 1 12 2005 2 14 14 30 2006 8 38 15 61 2007 64 59 37 160 2008 120 164 21 305 2009 151 195 14 360 Total 346 503 110 959



4

3. Ingresos de procesos constitucionales desde VII/2009 al 16/VII/2010.

Tipo de Proceso Número de Ingresos Hábeas Corpus 248

Inconstitucionalidades 92 Amparos 801

Total 1141



5

julio agosto sept octubre nov dic enero febrero marzo abril mayo junio julio TOTAL

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

1.1 Recibidos

a) Demanda 16 16 25 27 19 21 13 20 19 14 21 13 9 233

b) Revisión 1 1 1 1 4 1 1 3 2 15

Total Ingresos: 16 17 26 28 19 22 17 21 19 15 24 15 9 248

1.2 Trámite

a) Nombramiento Juez Ejecuto 0 28 4 12 11 19 17 11 11 19 8 20 3 163

b) Otras 1 9 19 20 20 11 26 53 50 35 25 21 15 305

Total Trámite: 1 37 23 32 31 30 43 64 61 54 33 41 18 468

1.3 Terminaciones de procesos

1.3.1 Anormales

a) Inadmisible 6 4 3 7 8 2 3 1 4 38

b) Improcedente 3 2 2 1 4 1 3 8 8 3 5 6 4 50

c) Sobreseimiento 5 2 5 4 2 4 16 10 5 6 2 12 73

1.3.2 Normales a) Se estima 3 5 2 1 1 2 3 4 4 1 26

b) Se desestima 8 3 7 4 3 1 3 3 7 5 11 8 11 74

Total egresos: 19 12 16 10 16 6 13 34 35 18 29 21 32 261

1. PROCESO DE HÁBEAS CORPUS


2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

2.1 Recibidos

a) Demanda 81 65 86 65 48 48 86 93 70 44 56 39 20 801

Total Ingresos: 81 65 86 65 48 48 86 93 70 44 56 39 20 801

2.2 Trámite

a) Se admite la demanda 1 5 7 16 14 11 44 12 9 9 37 30 20 215

b) Otras 78 124 118 142 90 8 122 140 143 98 174 284 192 1713

Total Trámite: 79 129 125 158 104 19 166 152 152 107 211 314 212 1928


2.3.1 Anormales

a) Inadmisible 2 17 20 21 25 4 4 5 6 10 20 19 153

b) Improcedente 6 6 6 18 16 46 27 42 65 24 15 271

c) Sobreseimiento 2 2 1 1 3 4 22 3 8 3 7 1 57

2.3.2 Normales

a) Se estima 3 2 1 4 3 2 6 0 6 7 4 8 1 47

b) Se desestima 1 1 1 1 1 3 0 4 5 6 3 1 27

Total egresos: 6 7 25 32 34 46 33 72 45 68 88 62 37 555

2. PROCESOS DE AMPARO

4. Reporte de ingresos, resoluciones de trámite, admisiones, nombramiento de Juez Ejecutor, inadmisibilidades, improcedencias, sobreseimientos y sentencias estimatorias y desestimatorias, desde VII/2009 al 16/VII/2010, por proceso constitucional.

A. Hábeas Corpus.

B. Amparos



6

C. Inconstitucionalidades


2009 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

3.1 Recibidos

a) Demanda 22 0 3 5 10 2 7 11 11 2 6 2 3 84

Total Ingresos: 22 0 3 5 10 2 7 11 11 2 6 2 3 84

3.2 Trámite

a) Se admite la demanda 10 6 2 6 2 1 3 1 11 2 4 48

b) Otras 17 6 8 4 7 4 8 15 5 2 76

Total Trámite: 27 12 10 6 6 1 10 4 1 19 17 9 2 124


3.3.1 Anormales

a) Inadmisible 3 3 1 2 9

b) Improcedente 5 1 1 2 4 1 1 2 8 25

c) Sobreseimiento 1 1 1 3

3.3.2 Normales

a) Se estima 8 3 1 5 2 1 20

b) Se desestima 3 2 2 7

Total egresos: 19 6 2 2 5 5 5 1 1 2 2 1 13 64

3. PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD



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5. Detalle de número de egresos y tipo de resolución desde VII/2009 al 16/VII/2010.

A. Los tres procesos constitucionales.

Tipo de Proceso Número

de Egresos

Porcentaje

Amparos 555 63% Hábeas Corpus 261 30%

Inconstitucionalidades 64 7% Total 880 100%



8

B. Por proceso constitucional.

Hábeas Corpus

Hábeas Corpus Tipo de Resolución Número

de Egresos

Porcentaje

Inadmisible 38 15% Improcedente 50 19% Sobreseimiento 73 28% Se estima 26 10% Se desestima 74 28% Total 261 100%



9

Amparos.

Amparos Tipo de Resolución Número

de Egresos

Porcentaje




10

Inconstitucionalidad.

Inconstitucionalidad Tipo de Resolución Número

de Egresos

Porcentaje




11

6. Detalle de resoluciones de admisión y trámite desde VII/2009 al 16/VII/2010.


Tipo de Proceso Número de Resoluciones

Porcentaje

Amparos 1928 76% Hábeas Corpus 468 19% Inconstitucionalidades 124 5% Total 2520 100%



12

B. Por Proceso Constitucional.

Hábeas Corpus.

Hábeas Corpus Resolución Número Porcentaje

Nombramiento de Juez Ejecutor

163 35%

Otras 305 65% Total 468 100%



13

Amparos Resolución Número Porcentaje

Admisión de la demanda 215 11% Otras 1713 89% Total 1928 100%



14

Inconstitucionalidades Resolución Número PorcentajeAdmisión de la demanda 48 39% Otras 76 61% Total 124 100%



15

7. Detalle de número de egresos y tipo de resolución en el primer semestre de 2010, al 16/VII/2010.


Proceso Número de

Egresos

Porcentaje

Amparos 405 66% Hábeas Corpus 182 30% Inconstitucionalidades 25 4% Total 612 100%



16


Hábeas Corpus

Hábeas Corpus Tipo de resolución Número

de Egresos

Porcentaje




17

Amparos

Amparos Tipo de resolución Número

de Egresos

Porcentaje




18


Inconstitucionalidad Tipo de resolución Número

de Egresos

Porcentaje




19

8. Detalle de resoluciones de admisión y trámite en el primer semestre de 2010, al 16/VII/2010.


Tipo de Proceso Número PorcentajeAmparos 1314 78% Hábeas Corpus 314 18% Inconstitucionalidades 62 4% Total 1690 100%



20


Hábeas Corpus.

Hábeas Corpus Resolución. Número PorcentajeNombramiento de Juez Ejecutor.

89 28%

Otras 225 72% Total 314 100%



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Amparos

Amparos Resolución. Número PorcentajeAdmisión de la demanda 161 12% Otras 1153 88% Total 1314 100%



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Inconstitucionalidades Resolución. Número PorcentajeAdmisión de la demanda 21 34% Otras 41 66% Total 62 100%



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9. Verificación de egresos de procesos antiguos.

A. Hábeas Corpus.

Procesos activos de hábeas corpus de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 17/VII/ 2009.

Procesos activos de hábeas corpus de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 16/VII/ 2010.



24

B. Amparos.

Procesos activos de amparos de los años 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 17/VII/ 2009.

Procesos activos de amparos de los años 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 16/VII/ 2010.



25

C. Inconstitucionalidad.

Procesos activos de inconstitucionalidad de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 17/VII/ 2009.

Procesos activos de inconstitucionalidad de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 16/VII/ 2010.



26

D. Procesos Constitucionales.

Procesos activos de Procesos Constitucionales de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 17/VII/ 2009.

Procesos activos de Procesos Constitucionales de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 al 16/VII/ 2010.



27

10. Número de procesos antiguos fenecidos y activos.

11. Número de procesos fenecidos y activos de los años 2009 y 2010.



28

12. Relación entre número de Ingresos y Egresos, periodo del VII/2009 al

16/VII/2010.

Por los tres procesos constitucionales Número Ingresos 1133 Egresos 880 Relación porcentual 77.67%



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Proceso de Amparo Número Ingresos 801



30

Egresos 555 Relación porcentual 69.23% Proceso de Hábeas Corpus Número de procesos



31

Ingresos 248 Egresos 261 Relación porcentual 105.24%



32

13. Relación entre número de Ingresos y Egresos, primer semestre de 2010 (al 16/VII/2010).

Proceso de Inconstitucionalidad Número Ingresos 84 Egresos 64 Relación porcentual 76.19%



33

Por los tres procesos constitucionales Número Ingresos 570 Egresos 612 Relación porcentual 107.37%



34

Proceso de Amparo Número Ingresos 408 Egresos 405 Relación porcentual 99.27%



35

.

Proceso de Hábeas Corpus Número de procesos Ingresos 120 Egresos 182 Relación porcentual 151.67%



36

.

II. Casos relevantes en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, a título

ejemplificativo:

Conforme con el artículo 174 inciso primero de la Constitución, entre las competencias de

la Sala de lo Constitucional se encuentran conocer y resolver las demandas de

Proceso de Inconstitucionalidad Número Ingresos 42 Egresos 25 Relación porcentual 59.52%



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inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus. En atención a este deber constitucional, los

Magistrados que componen la Sala de lo Constitucional, tal como se verificó en los datos

estadísticos, en su primer año de gestión han emitido tres mil cuatrocientos proveídos

jurisdiccionales, referidos tanto a resoluciones que admiten la demanda, ponen fin al proceso y

autos de sustanciación.

En la emisión de esos proveídos, diversos han sido los casos resueltos en cada uno de los

procesos constitucionales, cuya relevancia estriba desde su antigüedad y la necesidad de dar

pronta resolución, el replanteamiento de líneas jurisprudenciales, la reafirmación de dictamen de

medidas cautelares innovadoras, el contenido otorgado a derechos fundamentales no

profundizados por la jurisprudencia constitucional, la invocación del derecho internacional de los

derechos humanos y la reorientación procesal dirigida a otorgar efectiva oportunidad de

incorporación de prueba y su inmediación con los señores Magistrados.

Así, cada uno de los procesos constitucionales tramitados y resueltos constituyen casos de

relevancia para la jurisprudencia constitucional; en consecuencia, los que se citan a continuación

únicamente constituyen una muestra ejemplificativa de casos de relevancia.

1. Proceso de Amparo.

A. Amparo.

Proceso de amparo con referencia 166-2009

Resoluciones Fechas: 18-XI-2009 y 12-V-2010.

Tipos: Admisión con suspensión de los actos reclamados e

interlocutoria en la que se declaró sin lugar el sobreseimiento.

Parte Actora A.A.V.C.

Parte

Demandada

Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y

Jefe del Departamento de Farmacoterapia del ISSS.

Relevancia

En la primera resolución se admitió la demanda para controlar la constitucionalidad



38

de la denegatoria de tratamiento médico específico a un paciente con VIH; con lo

cual se vulneraría presumiblemente los derechos fundamentales a la vida y a la salud,

por el riesgo inminente de pérdida del primero y la afectación actual del segundo.

En dicho proveído se hizo alusión a que: “… los tribunales locales deben actuar con

diligencia especial en el trámite y resolución de las demandas presentadas por

reclamantes que viven con el VIH/SIDA…”, ideas que con anterioridad habían sido

planteadas en la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos –

sentencia de fecha 31‐III‐1992, pronunciada en el caso “X” contra Francia–, la cual, a

su vez, fue retomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su

informe de fondo No. 27/09, emitido en el caso 12.249 (Jorge Odir Miranda Cortez y

otros contra el Estado de El Salvador).

El presente es un caso relevante porque en virtud de él se adoptó una medida

cautelar innovadora, en el sentido que, durante la tramitación de este amparo, las

autoridades del ISSS deberían otorgar al peticionario el medicamento idóneo de

resistencia al VIH, pues de lo contrario, se pondría en grave riesgo su estado de salud,

situación que podría derivar en último término en la pérdida de su vida.

En el contexto del mismo proceso, fue realizada una solicitud de sobreseimiento en

virtud de que las autoridades demandadas habían comenzado a otorgar el

medicamento solicitado al peticionario. No obstante ello, tal petición fue

desestimada en la interlocutoria de fecha 12‐V‐2010, debido a que el otorgamiento

del tratamiento médico no había estado verificándose de forma regular.


Resolución Fecha: 3-II-2010.

Tipo: Improcedencia.

Parte Actora Ricardo José Fisher, en calidad de Gerente de Registro e



39

Incorporaciones y Asesor Legal de la Dirección Nacional de

Educación Superior del Ministerio de Educación.

Parte

Demandada

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de

Justicia.

Relevancia

En el presente caso se determinó que el propósito principal del funcionario

demandante era obtener una especie de tutela respecto de las potestades

institucionales que este desarrollaba como Gerente de Registro e Incorporaciones y

Asesor Legal de la Dirección Nacional de Educación Superior del Ministerio de

Educación, puesto que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Suprema de Justicia declaró ilegales las resoluciones mediante las cuales el

peticionario denegó la inscripción de un título académico.

Tal reclamo resulta improcedente, pues conocer de este implicaría una alteración en

el sentido del proceso constitucional de amparo y, consecuentemente, privaría de

todo fundamento a la legitimación institucional reconocida al Fiscal General de la

República en nuestro ordenamiento jurídico.

En ese sentido, en dicha resolución se subrayó que, ante algún supuesto de presunta afectación a los intereses del Estado, a quien le corresponde la potestad

constitucional para promover un proceso de esta naturaleza es al Fiscal General de

la República, en los términos regulados tanto en el artículo 193 ordinal 2° de la

Constitución, como en el artículo 18 letras a) y b) de la Ley Orgánica de la Fiscalía

General de la República.

En razón de ello, el presente auto subraya la relevancia del rol de garante del

respeto de los derechos humanos y las garantías institucionales que la Constitución

de la República y las leyes secundarias otorgan al Fiscal General de la República y,

por consecuencia, el estado actual de la jurisprudencia constitucional con respecto

a este tema, pretende dar continuidad a las bases que han sido sentadas para la

construcción de una línea jurisprudencial que desarrolle la legitimación ya



40

mencionada y que, entre otros aspectos, defina su alcance e ilustre sobre la

integración de las disposiciones constitucionales e infra constitucionales que la

posibilitan.


Resolución Fecha: 3-II-2010.

Tipo: Improcedencia.

Parte Actora Alianza Republicana Nacionalista.

Parte

Demandada

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador.

Relevancia

En ese caso se determinó que este Tribunal no se encuentra habilitado para revisar la

forma en la que la Asamblea Legislativa asigna o estructura los cargos en su Junta

Directiva y en sus comisiones, puesto que ello implicaría interpretar y aplicar la

normativa legal y reglamentaria que establece la configuración interna y

administrativa de los entes que componen la Asamblea Legislativa.

En dicha resolución se subrayó que de conformidad con el artículo 125 de la

Constitución y la sentencia pronunciada en el amparo con referencia 34‐A‐96, los

Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato

imperativo, por lo que estos, una vez han sido elegidos, no pueden estar sujetos a los

intereses o lineamientos de un determinado partido o grupo político.

En ese sentido, si en algún caso determinados parlamentarios se separan de un

instituto político, ello no implica la pérdida de su calidad de Diputados o que no

puedan conformar un grupo dentro de la Asamblea Legislativa, ni que estos no



41

tengan la posibilidad de acceder a puestos dentro de la Junta Directiva o a integrar

las comisiones que la componen, ya que, una vez se ha elegido a un Diputado

propuesto por un partido político, aquél ya no es un representante de este último,

sino un miembro de la Asamblea Legislativa, en tanto que es un delegado del pueblo

en general.


Resolución Fecha: 7-V-2010.

Tipo: Improcedencia y admisión de la demanda con suspensión del

acto reclamado.

Parte Actora

Carlos Arístides Mejía, Claudia María Evangelista Ramos, Rosa

Cristina Urquía de Mejía y Patricio Guardado Díaz.

Parte

Demandada

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Relevancia

En este caso los actores pretendían incoar un amparo contra ley heteroaplicativa,

debido a que la Ley del Medio Ambiente y su Reglamento General no contemplaba

un procedimiento para garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos de

audiencia y defensa de los gobernados que podían ser afectados por el otorgamiento

de un permiso ambiental. Sin embargo, no se planteó amparo contra alguna norma

jurídica –ya sea de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo–, sino contra un vacío

legislativo y reglamentario en el procedimiento para el otorgamiento de permisos

ambientales, situación que constituye un asunto que debería conocerse en un

proceso de inconstitucionalidad por omisión parcial.



42

En ese sentido, se aclaró que el amparo contra ley no es el mecanismo procesal

idóneo para invocar en abstracto la supuesta inconstitucionalidad por omisión parcial

de un cuerpo normativo, es decir, para verificar el incumplimiento de un mandato

constitucional por parte del legislador o el ente emisor de la norma.

Por ende, si bien se declaró la improcedencia del reclamo realizado en lo referente al

amparo contra ley heteroaplicativa que se formuló respecto de la Ley del Medio

Ambiente y su Reglamento General, se admitió la demanda incoada en virtud de que

aparentemente los demandantes no habían sido notificados de la autorización

concedida a una sociedad mercantil para la instalación de una planta eléctrica, no

obstante que habían solicitado, en el escrito de observaciones y de oposición al

estudio de impacto ambiental, ser informados de los resultados de los trámites para

su obtención.

Procesos de amparo con referencias 83-2010, 84-2010, 85-2010 y 86-2010

Resoluciones Fechas: 2-VII-2010

Tipo: Admisión de las demandas sin suspensión de la normativa

impugnada.

Partes Actoras

a) Sociedad Licores de Centroamérica, Sociedad Anónima.

b) Sociedad Inversiones Montecarlo, Sociedad Anónima de Capital

Variable.

c) Sociedad Liza, Sociedad Anónima de Capital Variable.

d) La sociedad Distribuidora de Licores, Sociedad Anónima de

Capital Variable.

Parte

Demandada




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Relevancia

Se admitieron las demandas incoadas para controlar la constitucionalidad del Decreto

Legislativo número doscientos treinta y nueve, de fecha 17-XII-2009, mediante el cual

se reformó el artículo 43 de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización

del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, disposición en la cual se establecieron

alícuotas en concepto de impuesto sobre el contenido alcohólico de las bebidas

alcohólicas

En estos procesos se declaró sin lugar la suspensión de los efectos de la disposición

legal impugnada en virtud que no concurrieron los presupuestos básicos para su

adopción preliminar, específicamente, la apariencia de buen derecho en su vertiente

negativa y el peligro en la demora. Lo anterior puesto que se estableció la

concurrencia de otros intereses públicos o generales que pueden resultar afectados

por la adopción de una medida de esa naturaleza, específicamente la incidencia

negativa que pudiese tener en las finanzas públicas el decretar una medida cautelar

que impidiera la recaudación de fondos que el Estado preveía recibir para sufragar

sus compromisos financieros y para satisfacer las necesidades de la población.

Además, los argumentos expresados por los apoderados de las sociedades actoras

dirigidos a fundamentar el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso,

fueron meramente especulativos.

Procesos de amparo con referencias 525-2004 y 535-2004

Resoluciones Fechas: 28-VIII-2009 y 20-VIII-2009.

Tipos: Sentencias favorables declarativas.

Partes Actoras

Juan José Martell y otros, ex integrantes de la terna propuesta por

el instituto político CDU para la elección de miembro al Tribunal



44

Supremo Electoral.

Alfonso Arístides Alvarenga y otros, ex integrantes de la terna

propuesta por el instituto político PDC para la elección de

miembro al Tribunal Supremo Electoral.

Parte

Demandada

Asamblea Legislativa.

Relevancia

Los actores reclamaron contra el hecho de no haber sido considerados por la

Asamblea Legislativa para que cualquiera de ellos formara parte del Tribunal

Supremo Electoral, como magistrados titulares.

Se emitieron sentencias favorables declarativas, pues se advirtió que la autoridad

demandada obvió el mandato contenido en el artículo 208 de la Constitución sobre la

integración del TSE.


Resolución Fecha: 2-X-2009.

Tipo: Sentencia favorable declarativa.

Parte Actora Schafik Jorge Hándal Hándal

Parte

Demandada

Fiscal General de la República

Relevancia

Se reclamó contra la omisión del funcionario demandado consistente en negarle el

derecho de petición, pues pasó un tiempo considerable desde que presentó acusaciones

contra los señores Menjívar y Urbina en sede fiscal sin que el Fiscal General actuara,

dejando que transcurriera la campaña política con el daño a su imagen como

candidato. Eventualmente, se emitió una sentencia favorable declarativa al advertirse

que la autoridad demandada no cumplió con celeridad su mandato de investigar las



45

denuncias del actor.

En atención al presente caso, se llevó a cabo un análisis de derecho comparado y se

determinó que el derecho de acceso a la jurisdicción podía complementarse a la luz

de lo establecido en los tratados internaciones ratificados por El Salvador, ello como

una consecuencia de la fuerza normativa que el artículo 144 de la misma norma

primaria otorga a los mencionados instrumentos. Así, se retomó lo descrito por el

artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente

sobre el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas garantías y

dentro de un plazo razonable, por ser considerado el derecho de acceso a la justicia

una garantía procesal fundamental del debido proceso, además de un derecho

fundamental de carácter inderogable.

De igual manera, en la sentencia pronunciada se retoma lo establecido en el número

2 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas

de Delitos y del Abuso de Poder y se amplía el concepto de víctima dentro de los

procesos constitucionales y, consecuentemente, se determinó que el resarcimiento

por una vulneración a los derechos fundamentales procedía tanto a favor de las

víctimas como de sus familiares.


Resolución Fecha: 21-III-2010.

Tipo: Sentencia favorable.

Parte Actora Partido Nacional Liberal.

Parte

Demandada

Tribunal Supremo Electoral.

Relevancia



46

Se reclamaba contra la cancelación del Partido Nacional Liberal por no haber

alcanzado el mínimo de votos válidos pese a que esta Sala declaró inconstitucional el

antiguo porcentaje requerido.

Se emitió una sentencia favorable pero condicionada a que el PNL cumpla lo

establecido en el ordenamiento tal cual quedó vigente luego de la sentencia de

inconstitucionalidad relacionada.


Resolución Fecha: 9-XII-2009.


Parte Actora Universidad de El Salvador.

Parte

Demandada

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Relevancia

Se trata de un caso de intereses difusos: la UES reclamaba contra el permiso ambiental

otorgado por el MARN, a “Jordan S.A. de C.V.”, para construir el “Club de Golf &

Villas en las Veraneras” porque, según la impetrante, la zona de la construcción es

hábitat de numerosas especies y está enmarcada en el complejo de arrecifes “Los

Cóbanos”, pero pese a ello, el MARN no ponderó la oposición presentada por la UES,

y tampoco realizó las consultas públicas que la ley le ordena.

Se emitió una sentencia favorable, pues no constaba que, efectivamente, el MARN

hubiera ponderado la oposición de la UES al proyecto turístico.

Dicha sentencia reitera la posibilidad de que mediante un amparo se tutelen intereses

supra individuales, sean estos colectivos o difusos, jurisprudencia establecida con

anterioridad en la resolución de fecha 2-XII-1998 proveída en el amparo 104-98 y

acumulados. En segundo lugar, el presente caso retoma, en lo pertinente, el precedente



47

jurisprudencial pronunciado en virtud de la sentencia de amparo 242-2001 del 26-VI-

2003 –que a su vez se remite a la sentencia de Inc. 5-93 de fecha 2-VII-98–, en virtud

de la cual se estableció que "si bien nuestra Constitución no enuncia expresamente

dentro del catálogo de derechos fundamentales el derecho a un medio ambiente sano,

es imprescindible reconocer que las obligaciones prescritas en el art. 117 y otras

disposiciones de la Ley Suprema importan un contenido prestacional en favor de de

las personas que conforman la colectividad. Asimismo, con el presente caso se retoma la jurisprudencia constitucional que

reconoció que el inciso segundo del art. 117 Cn. asegura la protección estatal de los

bienes ambientales, mediante la vinculación de los poderes públicos a los principios

ambientales y a la garantía de la utilización racional de aquellos, encontrándose esta

última vinculada estrechamente con el desarrollo sostenible. Así, el caso en mención

es importante porque trae a cuento el debate ecológico contemporáneo ceñido, en gran

parte, al señalamiento de los límites de un aprovechamiento económico de los recursos

que sea compatible con la adecuación del entorno para el goce de las personas, es

decir, un "aprovechamiento racional (...) de los recursos naturales".

En otras palabras, este caso ejemplifica precisamente la oposición que se puede

presentar entre protección del medio ambiente y el desarrollo económico, ambos

reconocidos bienes constitucionales. Es, además, un referente en el que se establece la

necesidad de coordinar dichos bienes mediante la ponderación, la cual debe ser

decidida, tanto por el legislador al equilibrar el uso de la propiedad y la protección al

medio ambiente, como por el mismo aplicador del derecho al resolver un conflicto

entre ambos bienes jurídicos.

Finalmente, el caso citado reviste singular trascendencia porque pone de manifiesto

cómo la tendencia jurisprudencial actual es proclive a tomar en consideración los

preceptos establecidos en los tratados internaciones ratificados por El Salvador; por

ejemplo, en este caso, el artículo 117 de nuestra ley fundamental se interpreta

complementariamente a la luz de lo contemplado por el artículo 11 del Protocolo

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de



48

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece que: "Toda persona

tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos

básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento

del medio ambiente" (resaltado suprimido).


Resolución Fecha: 9-XII-2009.


Parte Actora José Francisco García.

Parte

Demandada

Jefe del Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de

Lucro del Ministerio de Gobernación.

Relevancia

El actor reclamaba contra la denegatoria de la inscripción y otorgamiento de

personalidad jurídica a la “Asociación para la Libertad Sexual El Nombre de la Rosa”

–de la cual el impetrante es socio fundador y secretario de Junta Directiva–,

fundamentada en supuestas razones discriminatorias por tratarse de una

asociación de homosexuales travestis. La autoridad demandada aceptó haber

denegado la inscripción solicitada, y centró su defensa, esencialmente, en que la

ley vigente al momento le impedía autorizar la inscripción de una asociación que

conllevara propósitos contrarios a la moral, el orden público y las buenas

costumbres.

En virtud de este amparo se reiteró que la verdadera democracia no puede relevar

de la obligación de respetar a las minorías, que no por serlo pasan a estar

integradas por ciudadanos de segunda categoría; asimismo, que para toda

sociedad democrática es esencial la tolerancia y el pluralismo en todas sus



49

versiones, entre las cuales —para lo que al caso citado interesa— se encuentra el

pluralismo asociativo.

El fallo en cuestión alude al constitucionalismo comparado y al artículo 16.2 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos para ilustrar en qué consisten los

límites al derecho a la libre asociación. Además, toma con antecedente

jurisprudencial la sentencia de fecha 23‐III‐2001, proveída en la Inc. 8‐97, en la que

se dijo que el entendimiento del límite inherente "objeto lícito" debe hacerse a

partir del derecho general de libertad. Con base en lo anotado, la sentencia en

análisis puntualiza que debido al carácter democrático y pluralista de la libertad de

asociación el Estado sólo puede determinar, con carácter excepcional, razonable y

proporcional, los fines que no pueden perseguir las asociaciones, especialmente

aquellos que se den lugar a actividades delictivas.

Asimismo, la sentencia ratifica la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional

pronunciada con respecto a la moral, el orden público y las buenas costumbres, así

como los lineamientos esbozados sobre este tema por la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 0C‐5/85 del 13‐XI‐1985 y en la OC‐

6/86 del 9‐V‐1986 para, finalmente, concluir que ningún funcionario puede invocar

el derecho natural para producir actos jurídico‐estatales, como en el presente

caso, la negativa de inscripción de la asociación en cuestión.

Finalmente, la sentencia concluye que toda exclusión del goce de los derechos

fundamentales basada en motivos discriminatorios por razones de la preferencia u

orientación sexual, resulta inadmisible desde el punto de vista constitucional y

respalda tal aseveración, interpretando la prohibición de discriminación contenida

en el artículo 3 de la Constitución, a la luz del artículo 1.1 de la Convención

Americana y el art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

respecto del cual, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha

destacado que la prohibición contra la discriminación por motivos de sexo



50

contenida en tal artículo, comprende también la discriminación basada en la

orientación sexual.


Resolución Fecha: 11-VIII-2009.

Tipo: Sobreseimiento.

Parte Actora Dutriz Hermanos, S.A. de .C.V

Parte

Demandada

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia

Relevancia

La sociedad actora expresó que la señora Blanca Estela Renderos de Estupinián siguió

un proceso mercantil en su contra reclamándole el pago de un premio (de 10

millones de colones) en el marco de un concurso de pronósticos del mundial “Francia

1998”, juicio en el cual la sentencia pronunciada en segunda instancia, fue

desfavorable a tales pretensiones. En virtud de lo anterior, la mencionada ciudadana

interpuso un recurso de explicación que fue declarado sin lugar por la Cámara

respectiva, y con posterioridad a ello, presentó casación para ante la Sala de lo Civil

de esta Corte, la cual casó la sentencia recurrida, favoreciendo a la señora Renderos

de Estupinián. Según la parte actora, dicho recurso, fue interpuesto de manera

extemporánea, pero la Sala de lo Civil hizo caso omiso de dicha circunstancia

atendiendo a una interpretación errónea de lo preceptuado en el artículo 436 del

Código de Procedimientos Civiles.

Se pronunció un sobreseimiento, por constituir la pretensión planteada un asunto de

mera legalidad.




51


Tipo: Sentencia desfavorable.

Parte Actora Delta Ingenieros S.A. de C.V.

Parte

Demandada

Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro.

Relevancia

Se reclamó contra el auto dictado por la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera

Sección del Centro el 19-XI-1999, mediante el cual declaró la nulidad de la sentencia

dictada en el proceso sumario de liquidación de daños y perjuicios número 75-S-98,

así como todo lo actuado en el mismo a partir del auto del 23-X-1998 a efecto de que

el Juez Tercero de lo Civil se pronunciara respecto a la manifiesta improponibilidad de

la demanda, dejando salvo el derecho a la referida sociedad para iniciar el proceso

conforme a derecho por la vía ordinaria y no la sumaria.

Se emitió sentencia desfavorable, debido a que se advirtió que la sociedad

demandante asumió, bajo su propia responsabilidad, el cumplimiento de la sentencia

–que ahora estimaba le causa agravio– a fin de obtener la indemnización que

reclama a la entidad aludida por la vía ordinaria y no sumaria.


Resolución Fecha: 16-VI-2010.

Tipo: Sentencia estimatoria.

Parte Actora Maclobia América Orellana de Hompanera.

Parte

Demandada

Concejo Municipal de Lolotiquillo.



52

Relevancia

Se reclamó contra la destitución de la actora del cargo que desempeñaba como

Secretaria Municipal en la localidad de Lolotiquillo, hecho atribuido al Concejo

demandado y supuestamente acecido a principios de mayo de 2006.

Se estimó la pretensión, en virtud de que se observó que, si bien es cierto –como lo

anotó la parte demandada– que el cargo de Secretaria Municipal es de evidente

confianza, la peticionaria se encontraba embarazada cuando fue separada de su

cargo. Además, no obstante existía prueba contrapuesta (dos testigos decían que

había abandono de labores y otros dos que era destitución, asimismo la autoridad

negaba haber despedido a la actora) se decidió declarar ha lugar el amparo, debido a

que la duda no fue desvirtuada plenamente, tomando en consideración el carácter

objetivo de la protección reforzada a la mujer en estado de gravidez.

En virtud del presente caso, entonces, se refleja que la tendencia actual en relación

con este punto ha sido la de entender que las mujeres que se encuentran

embarazadas o que gozan de descanso post parto no pueden ser desmejoradas en su

cargo, ni despedidas, excepto cuando la causa que motiva a ambas medidas haya

sido anterior al embarazo y, aún así, sus efectos no deberán tener lugar hasta

después de concluido el descanso post natal.

En ese sentido, se reitera la línea jurisprudencial ya emitida por la Sala de lo

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, verbigracia en la resolución con fecha

3‐VI‐2005, pronunciada dentro del proceso de amparo clasificado bajo la referencia

879‐2003, en el sentido que este “derecho implica que aun cuando existan causas

legales para despedir a una mujer embarazada, ésta debe conservar su trabajo o

empleo, hasta que finalice el descanso que le corresponde después del parto, o sea

que, finalizado dicho descanso se podrá hacer efectiva la separación de su cargo,

respetándole el derecho de audiencia cuando éste sea un requisito previo a la

separación. De tal forma que, toda mujer sea funcionaria, empleada o trabajadora, a



53

quien se le haya vulnerado el derecho de estabilidad laboral específicamente

señalado, puede incoar proceso de amparo por tal motivo”.

Procesos de amparo con referencias 678-2005, 679-2005, 680-2005, 133-2006, 135-2006, 136-

2006, 139-2006, 140-2006, 141-2006, 585-2006, 587-2006, 588-2006, 612-2006, 613-2006, 617-

2006, 628-2006 y 682-2006.

Resoluciones Fechas: pronunciados entre las fechas 29-I-2010 y 09-IV-2010.

Tipos: Sobreseimientos.

Parte Actora Fiscal General de la República

Parte

Demandada

Cámara Segunda de lo Laboral de la ciudad de San Salvador y

Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia

Relevancia

Se alegó la vulneración del derecho al juez natural, ya que se consideró que las

autoridades demandadas no tenían competencia para conocer las demandas incoadas

en su contra en sede ordinaria. Además, en conexión con ese derecho se invocó la

vulneración del derecho de propiedad, en relación al detrimento del patrimonio de los

demandantes, al haber sido condenados al pago de cierta cantidad de dinero en esas

sedes.

Sin embargo, se aclaró que el derecho al juez natural no es otra cosa que el derecho a

ser enjuiciado por un juez ordinario predeterminado por la ley, que se encuentra

regulado en nuestra Constitución dirigido a evitar que se juzgue a un individuo por

“órganos jurisdiccionales de excepción” o por comisiones especiales creadas al efecto,

cualquiera sea su denominación. Así se exige, en primer lugar, que quien juzgue sea

un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional y se garantiza la prohibición de

ser enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisión especial creada ex profeso



54

para desarrollar funciones jurisdiccionales o, incluso que dicho juzgamiento pueda

realizarse por comisión o delegación.

En el presente caso se advirtió que existía una sustancial diferencia entre el derecho

al juez natural y el derecho a un juez competente, en el sentido que lo que garantiza

el derecho al juez natural es básicamente que una persona sea juzgada por un

tribunal creado previamente y no se extiende a garantizar que un determinado caso

sea conocido por uno u otro juez; lo contrario implicaría que la Sala se atribuyera la

facultad de fiscalizar vía amparo cualquier norma de atribución de competencia lo

que la convertiría en una especie de tribunal de tercera instancia.


Resolución Fecha: 02-IX-2009.

Tipo: Sentencia desestimatoria.

Parte Actora Ángel Isaac Ábrego Sánchez.

Parte

Demandada

Tribunal de Ética del partido político FMLN.

Relevancia

Es un proceso iniciado desde el año 2004.

De la certificación de las actuaciones efectuadas en el procedimiento de mérito, se

advierte que el señor Ábrego Sánchez, una vez rendida su declaración y contestada las

aludidas denuncias, mostró una actitud pasiva e inactiva en la tramitación del referido

procedimiento, pues no incorporó medio probatorio alguno, ni controvirtió la prueba

presentada por su contraparte.

Así, se colige de los informes y la documentación incorporados por la autoridad

demandada en este proceso, que el peticionario optó por no hacer uso de los



55

mecanismos franqueados en el Reglamento Disciplinario del FMLN para ejercer su

defensa, ya sea incorporando medios probatorios para apoyar su posición,

controvirtiendo las pruebas agregadas por su contraparte, o simplemente oponiéndose

a los argumentos con base en los cuales se solicitó su expulsión, por lo que resulta

incoherente que –en este proceso– alegue transgredido su derecho de defensa.

En relación a la falta de motivación se observa, además, que en la misma resolución

se analiza la prueba documental y testimonial que fue incorporada al proceso, con base

en la cual el Tribunal de Ética determinó la existencia de las infracciones y sancionó al

señor Ábrego Sánchez con la expulsión del referido instituto político, de acuerdo al

artículo 8 letra e) del mencionado Reglamento.

Proceso de amparo con referencia 101-2004.

Resolución Fecha: 19-V-2010


Parte Actora Nelson Giovani Morán Granados.

Parte

Demandada

Presidente de la República, en su carácter de Comandante General de

la Fuerza Armada.

Relevancia

El proceso quedó en estado de pronunciar sentencia en el año 2005, emitiéndose

sentencia estimatoria 5 años después por la presente Sala, al considerar que el

Presidente de la República había destituido de forma ilegal al peticionario.





56


Parte Actora Reina Guadalupe Berríos García.

Parte

Demandada

Ministra de Educación.

Relevancia

Se retoma que el derecho de petición incorpora la obligación de emitir respuesta en

un plazo razonable; asimismo, se considera que a pesar de realizar las gestiones

derivadas de la petición planteada, es necesario brindar una respuesta expresa a la

misma.


Resolución Fecha: 14-IV-2010.


Parte Actora

Gilberto Orellana Serpas, por medio de su apoderado general

judicial, Henri Paul Fino Solórzano.

Parte

Demandada

Tribunal de Servicio Civil.

Relevancia

El fallo arriba relacionado parte de las líneas jurisprudenciales concretas que se

detallan a continuación: i) la relativa al derecho de audiencia –sentencias de Amparo

265‐2007 Considerando III 1, 98‐2006 Considerando II 1 C, 226‐2004 Considerando

IV, entre otras–, en virtud de la cual se ha determinado que este es un concepto

amplio en cuya virtud se exige que, antes de proceder a limitar la esfera jurídica de



57

una persona o a privársele por completo de un derecho, debe ser oída y vencida con

arreglo a las leyes; ii) la referida al derecho a la estabilidad laboral, en atención a la

cual se ha sostenido –Sentencias de Amparo Ref. 299‐2002 Considerando II 1 A, Ref.

226‐2004 Considerando IV, entre otras– que este implica el derecho de conservar un

trabajo o empleo, el cual puede invocarse cuando concurran a su favor circunstancias

como las siguientes: que subsista el puesto de trabajo, que el trabajador no pierda su

capacidad física o mental para desempeñar el cargo, que éste se desempeñe con

eficiencia, que no se cometa falta grave que la ley considere como causal de despido,

que subsista la institución para la cual se presta el servicio y que, además, el puesto o

cargo no sea de aquellos que requieran de confianza, ya sea personal o política; y iii)

la que concierne a la estabilidad laboral de las personas que se encuentran

vinculadas al Estado por medio de un contrato de trabajo, mediante la cual se ha

sustentado –Sentencia de Amparo 148‐2000 Considerando III a, Improcedencia 781‐

2008 Considerando II B, entre otras– que son titulares de dicho derecho fundamental

en virtud de encontrarse dentro de una relación de supra subordinación de carácter

público, así como por las funciones que desempeñan, que son propias de la actividad

estatal, sin embargo, se ha establecido que en estos casos dicha estabilidad está

sujeta además a la vigencia de plazo de dicho contrato.

Partiendo de los antecedentes jurisprudenciales transcritos, el aporte novedoso que

la sentencia en análisis incorpora a la jurisprudencia constitucional radica en la

importante distinción que es menester formular entre la renovación y la prórroga de

un contrato laboral. Así, el fallo apuntado sostiene que las renovaciones de los

contratos implican la formación de una nueva relación jurídica entre las partes que la

acuerdan, es decir, que la primera u originaria relación se extingue y debe realizarse

una nueva de la misma naturaleza; mientras que la prórroga de aquellos, implica que

la relación jurídica es la misma, sólo que se ha extendido el plazo de vigencia y,

consecuentemente, se ha postergado su vencimiento.



58




Parte Actora

Ciro Arturo Ruiz Torres, por medio de sus apoderados Enrique

Hayem Moreno y Rodolfo Antonio Revelo Vaquero.

Parte

Demandada

Junta Directiva del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria

(ISTA).

Relevancia

El proceso quedó en estado para pronunciar sentencia el 22‐V‐2001, emitiéndose

sentencia desestimatoria 9 años después por la presente Sala, al considerar que la

supuesta omisión de la autoridad demandada, consistente en no indemnizar al actor

por la expropiación sufrida, es inexistente.




Parte Actora

Jorge Antonio Meléndez López.

Parte

Demandada

Tribunal Supremo Electoral.

Relevancia

Se concluyó que, la decisión plasmada en la resolución del Tribunal Supremo

Electoral de fecha 06/XI/2007, en la cual se negó la autorización para realizar

actividades de proselitismo, fue tomada de manera arbitraria y en desconocimiento del



59

proceso legalmente establecido, ya que el tribunal en mención debió resolver la

solicitud presentada teniendo como presupuesto, únicamente, el efectivo cumplimiento

de los requisitos exigidos en el artículo 151 del Código Electoral, por lo tanto, la

justificación basada en la indeterminación legislativa resulta incongruente con lo

solicitado por el demandante.

2. Proceso de Hábeas Corpus.

Proceso de hábeas corpus con referencia 124-2004.

Resolución Fecha: 18-12-2009.

Tipo: Sobreseimiento y sentencia definitiva estimatoria.

Parte Actora

Joaquín Eduardo Zacapa Astacio.

Parte

Demandada

Juez Tercero de lo Penal ahora de Instrucción de San Salvador,

Cámara Primera de lo Penal de la primera Sección del Centro.

Relevancia

Mediante esta resolución se resolvió el caso de mayor antigüedad en los

registros de la Sala en materia de hábeas corpus, cuya iniciación data desde el



60

año 2004. No obstante, la conformación de la presente Sala resuelve dicho caso

a solo cinco meses de su instauración.

En la resolución en comento, la actual Sala se pronuncia, entre otros temas,

sobre el derecho de defensa y la aplicación de las leyes en el tiempo.



Tipo: Sentencia definitiva estimatoria.

Parte Actora

Juan José Arana Tobar

Parte

Demandada

Director de la Policía Nacional Civil y Ministro de Gobernación,

para entonces, Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Relevancia

Se da una configuración particular sobre el hábeas corpus preventivo,

admitiendo un nuevo supuesto de amenaza al derecho de libertad personal.

Se reconoce la existencia de exceso e injerencia por parte de la PNC y el

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, respectivamente, en las atribuciones

de investigación del delito a partir del uso de afiches con ofrecimiento de

recompensas.

Se teoriza sobre el derecho a la propia imagen.





61

Tipo: Sobreseimiento.

Parte Actora

Edwar Francisco Contreras Bonifacio.

Parte

Demandada

Policía Nacional Civil.

Relevancia

Mediante esta resolución se estableció un supuesto de actuación no sujeto a

control por la Sala sobre reclamos vinculados a la práctica de desaparición

forzada: ausencia probatoria.



Tipo: Resolución interlocutoria.

Parte Actora

Julio César Cañas Martínez.

Parte

Demandada

Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República.

Relevancia

Mediante esta resolución se instaura jurisprudencialmente el plazo probatorio en

el supuesto de vulneraciones al derecho de libertad por actos de acoso por parte

de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, pese a que ello

no está previsto en la Ley de Procedimientos Constitucionales.




62



Parte Actora

Bertrnad Alfred Evéquoz

Parte

Demandada

Dirección General de Migración y Extranjería.

Relevancia

Se ratifican importantes consideraciones sobre la regulación legal en torno a la

restricción en el derecho de libertad de extranjeros durante su proceso de expulsión

del país.

En el fallo se ordena dar cumplimiento al artículo 271 de la Constitución a fin de que

se armonice dicha normativa con la ley especial de la materia.




Parte Actora

María de los Ángeles Mejía Ortega c/p María de los Ángeles

Mejía.

Parte

Demandada

Miembros de la Fuerza Armada, Batallón Atlacatl.

Relevancia

En esta sentencia se adoptan mecanismos de control a efecto de garantizar la

ejecución del fallo que reconoce la vulneración al derecho de libertad personal

de la favorecida por haberse establecido su desaparición forzada.



63

Proceso de hábeas corpus con referencia 145-2008R.



Parte Actora

Cruz Marín.

Parte

Demandada

Juzgado Segundo de Instrucción de San Vicente.

Relevancia

En esta resolución se instaura el principio de proporcionalidad como fundamento

en la adopción de la medida cautelar de detención provisional.




Parte Actora

Estela Nataly Flores Vanegas.

Parte

Demandada

Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana.

Relevancia

En esta sentencia se da un pronunciamiento sobre los efectos materiales de la

decisión distintos a la restitución en el ejercicio del derecho de libertad.

Se reconocen violaciones constitucionales por la tardanza para emitir y notificar

la sentencia definitiva condenatoria.



64



Tipo: Sobreseimiento y sentencia definitiva desestimatoria.

Parte Actora

Moisés Estrada Ramírez.

Parte

Demandada

Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la

Pena de San Salvador.

Relevancia

En esta resolución se determina la imposibilidad de aplicación en el tiempo de

normas relativas a la conversión de días de detención provisional en los

cómputos de penas.




Parte Actora

Sonia Margarita Albanés de Pérez, a favor del señor Junior

Rolando Pérez.

Parte

Demandada

Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Relevancia

Mediante esta resolución se posibilita, vía jurisprudencia, una mejor y efectiva



65

defensa de las autoridades demandadas en hábeas corpus, ello porque en

aplicación analógica de las reglas previstas en la Ley de Procedimientos

Constitucionales para el proceso de amparo, se pide informe a la autoridad

demandada respecto de la violación alegada por la parte actora.

Asimismo, se dan las justificaciones legales para los requerimientos de la Sala

de lo Constitucional en el diligenciamiento del proceso de hábeas corpus.

De igual modo, se refiere la colaboración que otras autoridades deben prestar a

la Sala a fin de efectivizar la tutela del derecho de libertad personal.



Tipo: Sobreseimiento y sentencia definitiva estimatoria.

Parte Actora

TJAR FAAR (menores de edad).

Parte

Demandada

Director General del Hospital Nacional de Maternidad, Director

del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y

la Adolescencia y la Jefa del departamento de Atención Inmediata

del ISNA.

Relevancia

En esta sentencia la Sala analiza por primera vez el supuesto referido a la

ejecución de una medida de colocación institucional de menores de edad sin

haber de por medio resolución escrita emitida por la autoridad competente.



66

Proceso de hábeas corpus con referencia 244-2009R.



Parte Actora

Moisés Ernesto García Sigüenza.

Parte

Demandada

Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.

Relevancia

En esta resolución se alude a la interpretación garantista en el recurso de

revisión.




Parte Actora

Miriam Olivia López Urbina.

Parte

Demandada

Juzgados Primeros de Paz e Instrucción de Santa Ana y Cámara de

lo Penal de la Primera Sección de Occidente.

Relevancia

En esta sentencia se trataron aspectos referidos al derecho a recurrir de los

imputados y se desarrollan requisitos importantes sobre la realización de

audiencia de revisión de medidas cautelares.



67

Se fijan también efectos materiales de la decisión distintos a la restitución en el

ejercicio del derecho de libertad.




Parte Actora

Chaterine Jeanne Fontaine de Deprez y otras.

Parte

Demandada

Juzgados especializados de Instrucción de San Salvador y de Santa

Ana, Cámara especializada de lo Penal de San Salvador y Fiscalía

General de la República.

Relevancia

En esta resolución, por primera vez se hacen consideraciones sobre el derecho de

asistencia consular en relación con los derechos de audiencia y defensa.




Parte Actora

Jorge Baganie.

Parte Dirección General de Migración y Extranjería.



68

Demandada

Relevancia

Se efectúan consideraciones sobre la figura del Juez Ejecutor y respecto de la

obligación de las autoridades demandadas de coadyuvar en la función del

mismo.




Parte Actora

Eleuterio Iglesias Díaz.

Parte

Demandada

Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera y Sala de lo Penal

de la Corte Suprema de Justicia.

Relevancia

Con esta resolución se implementa la posibilidad de decidir preliminarmente los

aspectos respecto de los cuales el Juez Ejecutor realizará su diligenciamiento.

Asimismo, se habilita la circunstancia de concluir el proceso respecto de los

aspectos viciados de la pretensión, y, no obstante, decretar auto de exhibición

personal en relación con los argumentos que han superado el examen liminar.

3. Proceso de Inconstitucionalidad.

Proceso de Inconstitucionalidad 23-2003 y acumuladas.



69

Resoluciones Fechas: 18-XII-2009

Tipos: Sentencia Definitiva

Parte Actora

Brenda Lissette Alvarado Guandique y otros.

Parte

Demandada


Relevancia

El proceso se encontraba para dictar sentencia desde el año 2006, la cual fue dictada

sino hasta el 18‐XII‐2009.

Se abordan temas de suma importancia para el Derecho Procesal: a) principio de

exclusividad e independencia de la jurisdicción; b) el derecho a la protección

jurisdiccional; c) el derecho de igualdad, d) la libertad de configuración del legislador

en materia procesal, e) la figura de la rebeldía en el proceso civil, y f) los sistemas de

valoración de la prueba, con énfasis en el sistema de prueba tasado.

Se declaran inconstitucionales los artículos 381 y 532 del Código de Procedimiento

Civiles. El primero por vulnerar el derecho de defensa al no permitir que el abogado

de la parte que absolvía posiciones estuviera presente en la práctica de dicha

diligencia probatoria, y el segundo, por vulnerar el derecho de audiencia y a recurrir

al establecer que luego de la notificación de la declaratoria de rebeldía no se le

harían más notificaciones al demandado. Con lo anterior se modifica ‐radicalmente‐

la forma en la que se realizaban dichos actos procesales ajustándolos al texto

constitucional.

Proceso de inconstitucionalidad con referencia 11-2005



70

Resoluciones Fecha: 6-V-2005 y 9-XII-2009.

Tipo: Prevención y Admisión Parcial.

Parte Actora

María Silvia Guillén, Abraham Atilio Ábrego Hasbún, Danilo

Ernesto Flores López, Ligia Verónica Guevara Ventura, Gerbert

Marcelo Marquelli Canales y Ruth Estela Valenzuela de García

Parte demandada Asamblea Legislativa.

Relevancia

En la primera resolución se aclararan los motivos de impugnación del D. L. nº

586/2005 que habilita a los partidos políticos que no alcanzaron los porcentajes

regulados en el art. 182 ords. 3º y 7º del Código Electoral, a inscribirse nuevamente y

se les excluye de la aplicación de la disposición mencionada (Decreto 586/2005),

respecto de la supuesta violación al art. 86 Cn., especificando si solicitan la

inconstitucionalidad por violación al principio de legalidad o por violación al principio

de separación de poderes.

Sobre lo expuesto en el escrito de subsanación, y relacionado con la supuesta

violación al art. 185 Cn., se dijo que la incompatibilidad planteada en la pretensión de

inconstitucionalidad requiere determinación del sentido del parámetro y del objeto

de control y que en principio, la interpretación que el actor realiza sobre los

elementos del control, constituye su opinión particular sobre el significado de ambos;

pero para conocimiento jurisdiccional, la interpretación propuesta debe ser por lo

menos aceptable jurídicamente y con cierto grado de objetividad.

Los demandantes plantearon que la Asamblea Legislativa se autoatribuye potestades

que están fuera de su competencia vulnerando el artículo 185 Cn.; sin embargo,

entender que la Asamblea está “inaplicando” disposiciones por inconstitucionalidad,

y usurpando atribuciones propias del Órgano Judicial, es una interpretación de los

elementos de control que dista de ser razonable, por lo que dicha interpretación se

consideró irrazonable.



71

Sobre los motivos de inconstitucionalidad alegados por los demandantes que no

fueron objeto de prevención; en cuanto a la supuesta violación al art. 21 Cn., los

demandantes sostuvieron que nuestra Constitución dispone como norma general

que ninguna ley puede tener efecto retroactivo, salvo cuando se trate de orden

público y, en materia penal, cuando la nueva ley sea favorable al delincuente y el

decreto impugnado no hace referencia a un asunto de materia penal, ni tampoco a

un asunto de orden público.

En relación con la supuesta violación a la seguridad jurídica, los demandantes

sostuvieron el mismo argumento sobre la irretroactividad de las leyes

Al respecto, se determinó que ambos motivos de impugnación planteaban la misma

violación al art. 21 Cn., pues existe un denominador común en los argumentos

señalados que reconduce el motivo de impugnación hacia la supuesta violación al

principio de irretroactividad de las leyes, en tanto que el decreto impugnado

pretende surtir efectos sobre situaciones pasadas; por lo que ante la invocación

simultánea de preceptos constitucionales genéricos y otros más concretos, resulta de

mayor pertinencia para el fallo dar preferencia a estas últimas.

Proceso de inconstitucionalidad 127-2007.


Tipo: Interlocutorio.

Parte Actora

Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de

Justicia

Parte

Demandada

Presidente de la República.

Relevancia

El proceso se refiere a disposiciones del Reglamento de Estupefacientes,

Psicotrópicos, Precursores, Sustancias y Productos Químicos y Agregados.



72

La Sala replantea el alcance del principio dispositivo en el proceso de

inconstitucionalidad originado en una inaplicación, debiendo entenderse que en

este, dicho principio se ve atenuado en cuanto a la delimitación del objeto y el

parámetro de control; pero este tribunal seguiría inhibido para efectuar

prevenciones al juez requirente o para sobreseer el proceso, pues ello frustraría la

finalidad del Título V L. Pr. Cn.; por lo que debía encontrar vías procesales

alternas para lograr un equilibrio entre la prohibición de oficiosidad y la finalidad

de unificar los criterios jurisdiccionales respecto a la constitucionalidad de las

leyes.

Asimismo, la Sala reiteró el criterio de que todo señalamiento de una supuesta

violación a la reserva de ley –derive de una demanda o de la certificación de la

resolución de una autoridad jurisdiccional–, para ser adecuadamente estudiada,

debe incorporar dentro de su objeto de control todas las fuentes del Derecho

involucradas en la observancia o inobservancia de la reserva de ley, ya que no

puede prejuzgarse en cuál de dichas fuentes se encuentra el presunto vicio de

inconstitucionalidad.

Finalmente, la Sala determinó que en el caso particular, la autoridad emisora del

cuerpo normativo sometido a control –que era un reglamento– había alegado en su

defensa una normativa que no fue producida por ella misma –determinados

artículos del Código de Salud– y respecto de la cual, para emitir un adecuado

pronunciamiento sobre la supuesta violación a la reserva de ley, era indispensable

extender el enjuiciamiento constitucional; no obstante tal normativa no formaba

parte del objeto de decisión delimitado originalmente en el auto inicial. Así, la Sala

concluyó que, de conformidad con el art. 9 L. Pr. Cn., a fin de evitar la frustración

del proceso y arribar a un pronunciamiento de fondo, era necesaria la práctica de

ciertas diligencias, concretamente, solicitarle a la Asamblea Legislativa rendir

informe sobre la constitucionalidad de los preceptos legales aludidos por la

autoridad demandada.



73

Proceso de Inconstitucionalidad 130-2007/22-2008

Resoluciones Fechas: 13-I-2010

Tipos: Sentencia Definitiva

Parte Actora

Jueza Tercero de lo Mercantil de San Salvador

Parte

Demandada


Relevancia

Se aborda con detalle la dimensión constitucional de la fase de ejecución en un

proceso constitucional y, en concreto, la fase de ejecución en un proceso

ejecutivo según el Código de Procedimientos Civiles.

Se declara que en el art. 639 inciso 1° del Código de Procedimientos Civiles no existe

la inconstitucionalidad alegada, en cuanto a la supuesta vulneración al principio de

igualdad pues no se trata de una diferenciación o privilegio injustificado a favor del

acreedor ejecutante ya que éste accede a la subasta en igualdad de condiciones a otros

postores, y en caso de no existir éstos, aquél puede pedir la adjudicación del bien por

un valor base o mínimo de las dos terceras partes del valúo.

Se declara, además, que no existe la inconstitucionalidad alegada, sobre la supuesta

violación al derecho de propiedad puesto que deberá entenderse que cuando el art.

639 inciso primero Pr.C. prevé la adjudicación en pago del bien al acreedor

ejecutante ‐ante la falta de postores a la venta en pública subasta‐ podrá hacerse no

sólo por las dos terceras partes del valúo, sino que también por la totalidad del valúo

del bien, si con éste porcentaje, se alcanza a cubrir lo adeudado, intereses y costas ‐o

una buena parte de ello‐; con lo cual se ajusta su contenido a lo exigido

constitucionalmente.



74

Dicha sentencia se constituye en un claro ejemplo de sentencias aditivas, y las cuales

son resultado del examen realizado por la Sala o Tribunal Constitucional de una

disposición cuya redacción cuenta con un contenido normativo “menor” del exigible

constitucionalmente. Y es que, la oposición con la Constitución no resulta, por tanto,

de lo que el precepto dice, sino de lo que no dice, de una omisión relativa o parcial del

legislador, y aquí radica precisamente el problema que suscita el restablecimiento del

orden constitucional perturbado en estos supuestos.

Proceso de inconstitucionalidad con referencia 13-2009/14-2009

Resolución Fechas: 14-VII-2010.

Tipos: Sentencia desestimatoria.

Parte Actora

Juez Décimo Primero de Paz suplente de San Salvador

Parte

Demandada


Relevancia

La resolución en comento, pone fin a las diferencias suscitadas entre tribunales y

la Fiscalía General de la República a raíz de que la Asamblea Legislativa no elegía

al Fiscal General de la República y tal situación generaba que se permitiera que el

Fiscal Adjunto –elegido por el anterior Fiscal General– fungiera como suplente

durante el período que la Asamblea no había elegido al titular de la institución.

Se explicó que el Estado es un ente con personalidad jurídica que por su extensión

y complejidad necesita expresar su voluntad unitaria a través de la multiplicidad

de elementos que lo integran.

En dicho proveído se estipuló que los funcionarios públicos –órgano persona– y la

entidad de la que forman parte –órgano institución– son una sola persona jurídica

y la voluntad individual de un sujeto es relevante si se encuentra dentro de la



75

normatividad de la Administración y la imputación de los actos de los funcionarios

públicos al ente al que pertenecen debe reunir ciertos requisitos y que la realidad

dinámica de la Administración Pública encara irregularidades que deben ser

resueltas a través de soluciones amparadas en la Constitución y las leyes.

También se determinó que, la doctrina del funcionario de hecho presenta una

solución válida para la preservar la seguridad jurídica y la continuidad del servicio

público ante situaciones de urgencia o necesidad en las cuales no se ha elegido a

los funcionarios legalmente establecidos y que el funcionario de hecho es un

verdadero funcionario aunque con ciertas.

Asimismo se dijo que la función de hecho debe reunir ciertas características para

ser admisible: existencia de investidura admisible o plausible a partir de una

cobertura legal; el cargo debe tener existencia de iure; que el funcionario debe

encontrarse en posesión de un cargo reconocido por la ley; de manera pacífica,

pública, continua y de buena fe; y el cargo debe ejercerse bajo apariencia de

legitimidad del título.

Se determinó que, bajo la figura del funcionario de hecho existe un interés

legítimo de la Administración Pública de preservar la continuidad del servicio

público, por razones de seguridad jurídica.

Se afirmó que el art. 193 ord. 11 Cn. atribuye competencia al Fiscal General de la

República para nombrar al Fiscal General Adjunto quien puede suplirlo cuando el

primero ha finalizado el período para el que fue elegido.

Se estableció que, la legitimidad de la suplencia que efectúa el Fiscal Adjunto se

pondera desde la culminación del plazo previsto para el desempeño del cargo por

parte del titular. Así, una vez finalizado dicho periodo, la envestidura original

puede adolecer de irregularidad y nos lleva a la teoría del funcionario de hecho.

Se dejó claro que el Fiscal Adjunto no es el titular de la Fiscalía General de la

República, ni un funcionario de elección de segundo grado y la ley no lo considera



76

tal, sino un suplente, por lo tanto, no le es exigible legitimidad democrática y

además, reúne los requisitos exigidos al funcionario de hecho amparado en la Cn.

y en la ley.

En este punto se concluyó que la suplencia que el Fiscal Adjunto hace del Fiscal

General de la República es constitucional, pues los arts. 191 y 193 ord. 11° Cn.

habilitan la regulación legal del referido funcionario; no es el titular de la Fiscalía

General de la República por lo que no requiere la legitimidad democrática; y se

enmarca en la doctrina del funcionario de hecho para proteger la seguridad

jurídica.

Finalmente se establecieron aspectos relevantes sobre la razonabilidad del plazo

para la elección del titular de la Fiscalía General de la República y la suplencia que

el Fiscal Adjunto hace del primero en tales casos, y que el Estado debe garantizar

la continuidad de sus instituciones con la finalidad de que la situación jurídica y los

derechos de los administrados no se encuentren en un estado de indeterminación

que permita vulneraciones a los mismos.

De lo anterior se derivó que la prolongación de la elección por sí sola, no es

indicativa de una vulneración automática a la Constitución, pero el retraso

arbitrario sin razón válida que justifique la dilación podría derivar en una

vulneración Constitucional y se hizo alusión a los aspectos que concurren en la

razonabilidad del plazo respecto del Órgano Legislativo para efectuar tareas

delegadas constitucionalmente:


Resolución Fecha: 9-VII-2010.

Tipo: Sentencia parcialmente estimatoria.

Parte Actora Orlando René Ayala Salgado.



77

Parte

Demandada


Relevancia

Se ordena y sistematiza la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional (cuyos

antecedentes son las Sentencias de 6‐IX‐1999 y 14‐I‐2003, Incs. 23‐98 y 23‐99

respectivamente) en torno a los límites constitucionales (formales y materiales) al

poder tributario del Estado, en especial, lo relativo al principio de equidad tributaria

(art. 131 ord. 6° Cn.).

Se sistematiza la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional relativa al “juicio de

razonabilidad”, detallándose los tres supuestos en los que el mismo se efectúa.

Se aclara cómo se manifiesta el principio de capacidad económica en los distintos

tipos de tributos. Se pone énfasis en el “principio de beneficio” que rige a las tasas.

Se desarrolla el tema de la múltiple imposición, particularmente la doble imposición,

aplicándose a un caso concreto –siendo éste precisamente el motivo principal de

impugnación–.


Resolución Fecha: 24-III-2010.

Tipo: Admisión parcial debido a la existencia de vicios

insubsanables en la pretensión.

Parte Actora

Ramiro Peña Marín y Wilmer Humberto Marín Sánchez

Parte

Demandada


Relevancia

En relación con la vulneración que los arts. 2 y 6 de la Ley del Presupuesto para el



78

ejercicio financiero fiscal 2010 y el art. 45 de la Ley Orgánica de la Administración

Financiera del Estado (LOAFI) generan a los arts. 227 y 1 de la Cn. se afirmó el último

es un parámetro de control demasiado general y los argumentos que sostienen la

confrontación normativa pueden reconducirse a un parámetro de control más

específico: el principio de legalidad presupuestaria –art. 131 ord. 8° de la Cn.– y se

explicó que dicho principio implica que los gastos de la Administración Pública sólo

pueden disponerse según lo contemplado en la norma presupuestaria y que

cualquier modificación en el destino de los fondos, debe cumplir con tal principio.

Sobre el art. 85 de la Cn. que según los demandantes establece la forma de Gobierno

y el sistema político que rige al Estado y lo vinculan con la indelegabilidad de

funciones de los Órganos del Estado –arts. 86 y 87 de la Cn.–; se indicó que la

Constitución es un cuerpo normativo armónico y que sus disposiciones se interpretan

de manera lógico‐sistemática e integrada; pero hay casos en los que el contenido de

una disposición no guarda una relación directa con la vulneración alegada; así, se

determinó había un error en la invocación del parámetro de control, pues el art. 85

Cn. no hace referencia a la indelegabilidad de funciones o reserva de ley sobre las

competencias de cada Órganos del Estado en materia presupuestaria.

Al referirse a los arts. 121 y 125 de la Cn. los pretensores plantearon que la Asamblea

Legislativa y los diputados son representantes del pueblo y que la Constitución asigna

a la Asamblea Legislativa atribuciones y competencias que evidencian el ejercicio del

poder público estatal como emanación popular. Así, dicho Órgano tiene como

potestad exclusiva legislar, y las modificaciones o reformas al presupuesto

únicamente pueden efectuarse a través de una ley.

Se advirtió, que el art. 121 de la Cn., describe la composición de la Asamblea

Legislativa, la forma de elección de los Diputados y su competencia fundamental; así,

los alegatos sobre la vulneración al art. 121 de la Cn. fueron reconducidos a otro

parámetro más concreto; el principio de reserva de ley en materia presupuestaria,



79

que determina que por la teoría de la separación de poderes y en atención al

principio de la soberanía popular, que se establezcan relaciones de contraposición

entre Legislativo y Ejecutivo; y que la aprobación del Presupuesto no es una función

parlamentaria puramente formal por lo que como acto compartido no atribuible en

exclusiva a ningún poder estipula que su preparación carezca de fuerza ejecutiva si

no se produce su posterior por el Órgano Legislativo

El art. 125 Cn. establece el carácter representativo de la Asamblea legislativa, su

desvinculación de cualquier mandato imperativo, la inviolabilidad de los diputados y

la falta responsabilidad por las opiniones o votos que emitan, por lo que se identificó

un error en la invocación del parámetro de control, pues el contenido sugerido no se

relaciona con la vulneración alegada; el art. 125 de la Cn, en cuanto a la potestad

exclusiva de la Asamblea Legislativa de determinar, reformar o modificar el destino

de las asignaciones presupuestarias

Los pretensores afirmaron que la Asamblea Legislativa, violó la prohibición

establecida en el art. 87 inc. 3° de la Cn. y toda la constelación que forman los

artículos de la misma ya relacionados, inclusive el la supremacía de la Cn. sobre todo

el ordenamiento jurídico –art. 246 de la Cn. –

Respecto del art. 87 inc. 3° de la Cn., este Tribunal consideró constituía un parámetro

de control demasiado general y que podía reconducirse al principio de legalidad

presupuestaria –arts. 227 y 229 de la Cn. y se determinó que la violación a la

supremacía de la Constitución es una consecuencia que deriva de la confrontación

entre el parámetro y el objeto de control, en tanto que, cualquier violación a normas

constitucionales genera una contradicción al art. 246 de la Constitución.


Resolución Fechas: 10-II-2010.



80

Tipo: Admisión.

Parte Actora

Miguel Ángel Flores Durel, Lidia María Elena Ferman Flores y

Roberto Carlos Ferman

Parte

Demandada


Relevancia

La pretensión fue planteada adecuadamente, pero se hicieron precisiones en cuanto

al planteamiento de la vulneración al derecho a la protección jurisdiccional en la

conservación y defensa de los derechos y al contenido de la potestad jurisdiccional,

en su manifestación de protección de los derechos fundamentales –arts. 2 y 172 de la

Cn.–, en tanto que la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización

Compleja permite que sea el Fiscal el que autorice las operaciones encubiertas.

Se determinó que el derecho a la protección en la conservación y defensa del resto

de derechos –Art. 2 Inc. 1° Cn.–, se ha instaurado con la finalidad de darle vida a

todas las categorías jurídicas subjetivas integrantes de la esfera jurídica del individuo,

al poder válidamente reclamar frente a actos particulares y estatales que atenten

contra tales categoría pues, la disposición constitucional obliga al Estado dar

protección jurisdiccional integral a todo, frente a actos arbitrarios e ilegales que

afecten la esfera jurídica de los mismos, y a través del cualquier proceso.

Los demandantes alegaban también una vulneración autónoma e independiente al

art. 172 de la Cn. –contenido de la potestad jurisdiccional, en su manifestación de

protección de los derechos fundamentales–, pero se aclaró que ambas disposiciones

se encuentran directamente vinculadas de lo cual se deriva la protección

jurisdiccional de todos los derechos, en todos los grados de conocimiento.

Se admitió la demanda de inconstitucionalidad, por las supuestas violaciones al

principio de igualdad en la formulación de la ley –art. 3 de la Cn.–, por ausencia de

razonabilidad de la diferenciación orgánica jurisdiccional y procedimental que



81

constituye el objeto esencial de la ley; al derecho al juez natural –art. 15 de la Cn. –,

por ausencia de establecimiento previo por la ley del juez competente –art. 1

LECODREC–; a la protección jurisdiccional en la conservación y defensa de los

derechos –arts. 2 y 172 de la Cn.–, al permitir que sea el Fiscal el que autorice el

desarrollo de operaciones encubiertas –art. 5 LECODREC–; al derecho a la presunción

de inocencia –art. 12 de la Cn.–, al permitir la incorporación por lectura de las

diligencias policiales en general a la vista pública con lo que se vacía el contenido de

la garantía de “prueba en juicio” como requisito indispensable de una condena

respetuosa del estado de inocencia de la persona –art. 6 inc. 3° LECODREC–; y al

derecho a la igualdad procesal y del derecho de defensa –art. 3 y 12 de la Cn.–, al

excluir las posibilidades de intervención de la defensa técnica durante la etapa de

investigación, lo que origina una ventaja irrazonable en la acusación –arts. 16 y 18

Cn.‐

Proceso de inconstitucionalidad 11-2010.


Tipo: Admisión e improcedencia.

Parte Actora

Guillermo Alexander Parada Gámez

Parte

Demandada


Relevancia

El proceso hace referencia a disposiciones de Ley de Mediación Conciliación y

Arbitraje y de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración

Pública.

La Sala determinó que no pueden examinarse supuestas inconstitucionalidades

basadas en hechos hipotéticos que no plantean una confrontación internormativa



82

en abstracto con disposiciones de la Constitución.

También se estableció que la facultad de finalizar una actividad económica

mediante la vía arbitral no puede considerarse incluida dentro del contenido

esencial de la libertad económica; y la posibilidad de resolver asuntos a través del

arbitramiento constituye un derecho constitucional autónomo.

Se señaló asimismo que no es viable alegar la inconstitucionalidad de un precepto

legal por la supuesta alteración normativa ocasionada dentro de la ley que lo

contiene, pues el contenido normativo del parámetro de control no puede

determinarse haciendo alusión a la legislación ordinaria que, según el actor, le

desarrolle.

Proceso de Inconstitucionalidad 22-2010

Resoluciones Fechas: 14-VII-2010

Tipos: Auto de Improcedencia

Parte Actora

Roberto Bukele Siman, conocido por Roberto Bukele y Roberto

Jorge Bukele

Parte

Demandada


Relevancia

Se abordan los siguientes temas: a) prestación de un servicio público por parte de un

ente privado, específicamente del servicio de energía eléctrica, b) el derecho a un

proceso constitucionalmente configurado o debido proceso y c) sobre la adecuada

configuración de la pretensión de inconstitucionalidad.

Se acotó en dicho auto de improcedencia que la suspensión del servicio no se

constituye como una sanción administrativa, es decir, como un acto restrictivo de la



83

esfera jurídica del administrado; sino que dicho corte no es más que una

consecuencia del incumplimiento del usuario a su obligación de abonar el precio o

tarifa del servicio prestado en virtud del contrato de suministro al que alude el art. 75

LGE.

En ese sentido, y en tanto que no se constituye como una sanción, no se exige que

deba ir precedida de un procedimiento o proceso jurisdiccional previo. Sin embargo,

cabe aclarar que en cumplimiento del deber de protección de los derechos en su

vertiente no jurisdiccional, el legislador ha previsto –en el art. 84 de la LGE- que los

conflictos surgidos entre los entes comercializadores y distribuidores de energía

eléctrica y los usuarios finales pueda ser resueltos administrativamente por la SIGET y

cuya resolución final podrá ser impugnada a través del recurso de revisión, como

último acto administrativo, que podrá ser sometido a conocimiento de la jurisdicción

contencioso-administrativa garantizando al usuario el acceso a la jurisdicción.

Razones por las cuales se advirtió que el actor le atribuía un contenido

manifiestamente inadecuado a la disposición impugnada -art. 83 letras a) y b) de la

Ley General de Electricidad (LGE)-, al alegar que se trata de una sanción

administrativa, sin tener en cuenta que el contexto de dicha disposición, es decir, que

la suspensión del servicio no es más que una consecuencia derivada del

incumplimiento del usuario al pago del servicio de energía eléctrica.



84

III) Capacitaciones.

A partir de julio del año dos mil nueve la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia proyectó la ejecución de programas de capacitación continua, con la ayuda de diversas

entidades: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia

y Proyecto de Modernización del Órgano Judicial.

Asimismo, con la intervención directa de Magistrados de la Sala de lo Constitucional se

realizaron enlaces personales con ponentes de reconocida trayectoria internacional; a través de

esos enlaces, de forma gratuita, diversos juristas de alto nivel impartieron conferencias

especializadas.

Simultáneamente, los Magistrados de la Sala de lo Constitucional directamente ejecutan el

proyecto denominado “Divulgación de la Constitución”, conforme con el cual se proporciona el

texto constitucional y se pretende, en términos generales, dar a conocer su contenido a la

población salvadoreña, comunicándoles, entre muchos otros aspectos, la importancia como



85

norma suprema del ordenamiento jurídico, a la cual está sometida toda autoridad estatal y los

particulares, así como el reconocimiento y contenido de los derechos fundamentales y las

garantías procesales constitucionales que pueden utilizarse ante su vulneración.

En esa perspectiva trazada, las actividades ejecutadas desde julio dos mil nueve al dieciséis de

julio de dos mil diez, orientadas a la capacitación fueron las siguientes:

Segundo Taller Jurisprudencial, del 28 al 29 de septiembre de 2009.

“Jurisprudencia Constitucional sobre los fines de la pena”.

Capacitador: Martín Martínez Osorio.

Fecha: 28 de septiembre de 2009.

"El derecho al juez predeterminado por la ley y los conflictos de competencia según la jurisprudencia constitucional de amparo".

Capacitador: Sandra Elizabeth Santos García.


"El agotamiento previo de los recursos como requisito de procedencia del amparo".

Capacitador: José Máximo Palacios Bonilla.


“Novedades Jurisprudenciales”.

Capacitador: Maribel Xochilt Flores Larios.


Curso especializado: "Intervención de las Comunicaciones".

Capacitador: Francisco Montijano Serrano (español).



86

Fecha: 5 al 9 de octubre de 2010.

Consultoría: "Diagnóstico y diseño de procesos de mejora de la calidad de las Sentencias Constitucionales".

Capacitador: Rafael Pérez Nieto (español).

Fecha: 16 al 27 de noviembre de 2009.

Conferencia: "Panorámica de la política legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI".

Capacitador: José Luis Díez Ripolles (español).

Fecha: 27 de noviembre de 2009.

Celebración del XXVI Aniversario de la Constitución de la República de El Salvador.

Conferencia: "Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad".

Capacitador: Néstor Pedro Sagüés (argentino).

Fecha: 16 de diciembre de 2009.

Conferencia: "Las reparaciones conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana".

Capacitador: Sergio García Amado (argentino).

Fecha: 16 de diciembre de 2009.

"Proyecto de Divulgación de la Constitución."

Lugares visitados: Municipios de Candelaria, Depto. de Cuscatlán; Santa Cruz Michapa, Depto. de Cuscatlán; San Antonio del Mosco, Depto. De de San Miguel; San Esteban Catarina, Depto. de San Vicente; Ciudad Corinto, Depto. de Morazán; Izalco, Depto. de Sonsonate; Alegría, Depto. de Usulután; Santa Tecla,



87

Depto. de La Libertad y Carolina, Depto. de San Miguel.

Curso especializado: "Excepciones a la exclusión de la prueba ilícita".

Capacitador: Michel Dibán Qanawati (chileno).

Fecha: 18 al 22 de enero de 2010.

Conferencia "Tendencias actuales del Derecho Penal y las urgencias latinoamericanas"

Capacitador: Raúl Zafaronni (argentino)

Fecha: 19 de enero de 2010.

Conferencia: "Los crímenes de lesa humanidad".

Capacitador: Raúl Zafaronni (argentino).

Fecha: 19 de enero de 2010.

Curso especializado: "Argumentación e interpretación constitucional".

Capacitador: Juan Antonio García Amado (español).

Fecha: 22 al 26 de febrero de 2010.

Curso especializado: "Expresión Escrita".

Capacitador: Edurne Muñoz Muñoz (española).

Fecha: 15 al 19 de marzo de 2010.



88

Curso especializado: "La sentencia en los procesos constitucionales".

Capacitador: María Sofía Sagüés (argentina).

Fecha: 22 al 26 de marzo de 2010.

Conferencia: "La libertad de expresión en la jurisprudencia del Sistema Interamericano".

Capacitador: Catalina Botero (colombiana).

Fecha: 21 de abril de 2010.

Curso especializado: "Investigación penal y proporcionalidad".

Capacitador: Juan José Pereña Muñoz y Enrique Stern Briones (españoles).

Fecha: 17 al 21 de mayo de 2010.

Curso especializado: "Técnicas del razonamiento crítico".

Capacitador: Josep Aguiló Regla (español).

Fecha: 24 al 28 de mayo de 2010.

Conferencia "El Amparo ambiental: Estudio del caso Matanza Riachuelo".

Capacitador: María Alejandra Cousido (argentina).

Fecha: 25 de mayo de 2010.

Curso especializado: "Victimología, sistema penal y justicia reparadora".



89

Capacitador: Josep Tamarit Sumalla (español).

Fecha: 28 de junio al 2 de julio de 2010.

Curso especializado: "Control constitucional sobre la aplicación judicial de medidas restrictivas a la libertad personal".

Capacitador: Eduardo de Porres Ortiz de Urbina (español).

Fecha: 12 al 16 de julio de 2010.

En total se han realizado: un taller jurisprudencial, nueve cursos especializados, siete

conferencias y una consultoría; además del proyecto de divulgación de la Constitución que

continúa en ejecución.

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