Revista Ministerio Publico 02

�Ministerio Público

� Ministerio Público

Dr. Radhamés Jiménez PeñaProcurador General de la República

Ángel Castillo TejadaRodolfo Espiñeira CeballosOctavio Líster HenríquezRoxanna Reyes Acosta

Pedro Féliz Montes De OcaMarisol Tobal

Gladys Checo de AlmonteJulieta Tejada

Fernando QuirozGermán Santiago

EditorGermán Santiago

RedacciónElvis ParedesSilvio CabreraLuisa Matos

CorrecciónFior D’aliza Mejía

CuidadoMaría Mercedes Disla

FotografíaJuan Carlos Reyes Moreno

Víctor Acosta De León

Firmas:Radhamés Jiménez PeñaOctavio Líster Henríquez

Idelfonso ReyesCándido Pumpido Tourón

Jon Nicholas BrookeMaría Hernández García

Danissa Cruz TaverasIngrid Pamela Rijo

Ramón Santana TrinidadPik Kwon Sam

Diseño y DiagramaciónLisandro K Ferreira

Silis, S. A.Tel.: 809 685-0578 Cel. 829-370-8226

ImpresiónEditora Corripio C. Por A.

MInIstERIo PúblICoEs una publicación periódica de la Procuraduría General de la Re-pública.Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65-00 sobre Derecho de Au-tor) y 20-00 de Propiedad Industrial ( en lo que se refiere a registro de marcas de fábricas y nombres comerciales) de Re-pública Dominicana.

15 El MP en SantiagoPresencia, Solidez y Liderazgo

8 La Procuraduría: Institución pública más transparente

24 Ciento once nuevos fiscales graduados en APEC.

26 Un Ministerio Fiscal para una Sociedad Democrática

9 Balance de un año de Gestión

62 Los CCRs Rafey dentro del Nuevo Modelo Penitenciario

Consejo Editorial

5 Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima


En los últimos días hemos tenido muchos motivos para celebrar. Primero, llevamos a cabo el relanzamiento de esta revista y la inauguración de la Galería de Ex-Pro-curadores, en sendos actos muy concurridos y llenos de motivaciones que tuvieron lugar en la víspera de un gran aniversario patrio, la Restauración de la República. Luego, la rendición de cuentas en una ceremonia, en donde pre-sentamos las memorias de nuestro primer año de gestión en la Procuraduría General de la República, institución pujante que cual unívoca figura con el Ministerio Público, tiene la edad de nuestra historia, vale decir, la de la nación dominicana. Surgimos con nuestra primera Constitución, la del 6 de noviembre de 1844, en donde se consagra el cargo de Agente del Ministerio Público como parte del entonces naciente sistema judicial. Es materia obligada, de la cual se hace eco nuestra página Web www.procu-raduria.gov.do, reforzada ahora con los nuevos portales ProCompraNet y el Observatorio Digital que deberán fun-cionar como ventanas abiertas para nuestros ciudadanos. En este año hemos organizado más de 15 eventos inter-nacionales, entre ellos conferencias magistrales de los fis-cales generales del Reino de España, Costa Rica y Colom-bia. Motivaciones nos sobran para sentirnos renovados y comprometidos, ya que la Procuraduría fue seleccionada por el estudio Índice de Transparencia Nacional de Parti-cipación Ciudadana, como la institución más transparente de todo el sector público, quedando con un 78.4 %, muy por encima de las secretarías de Obras Públicas y Comu-nicaciones, Trabajo y Educación, que obtuvieron 66.5%, 48.7% y 46.7%, respectivamente.

En cuanto a los órganos de divulgación y publicacio-nes afines, la Procuraduría vive hoy una etapa floreciente, ya que además de nuestra presencia actualizada en la red, contamos con esta revista y nos aprestamos a ofrecer un espacio televisivo como forma de ampliar nuestro abani-co de proyección y de divulgación, a propósito de nuestro interés y deber de ofrecer a la ciudadanía mayor acceso a nuestras actuaciones e informaciones. Contar con medios de esta naturaleza no es un lujo sino una obligación, el cual cumple el plural cometido de la doble vía como resulta ser una política de comunicación, de propuestas y rendición de cuentas, y aguardar la reacción legítima de la ciudada-nía, vale decir, esperar respuestas para saber cómo anda la percepción de la gente respecto a nuestra presencia pública y lo que hacemos, para conocer y valorar, sobre la marcha, la credibilidad pública con relación a nuestro proceder. Esta revista, cuya segunda entrega relanzada se da a la publicidad hoy en Santiago, en honor a su historia y a su gente, responde en parte a esa aspiración y a un

reconocimiento del trabajo que hacen los funcionarios del Ministerio Público en esta jurisdicción; esta revista, que dicho sea de paso, no ha sido el único medio de divulga-ción que durante sus 164 años de historia ha editado la Procuraduría General de la República. El primer órgano de esa naturaleza se llamó Revista Jurídica Dominicana, creada durante la década del 30 del siglo pasado, vale de-cir en plena tiranía trujillista. De contenido variado rela-cionado con el sistema jurídico, era de salida trimestral y se estuvo publicando hasta el primer centenario de la Re-pública en 1944. En cuanto a Ministerio Público su fecha de aparición es de noviembre de 1997, y tocó el mérito de crearla al doctor Abel Rodríguez del Orbe, en cuya gestión se hicieron dos ediciones semestrales, la última en mar-zo de 1998. Su editor lo era el doctor Ysmael Paniagua, actual director ejecutivo de la Escuela Nacional Peniten-ciaria. Luego, en diciembre de 1999, el doctor César Pina Toribio retomó con esmero su publicación, lográndose que Ministerio Público reapareciera cada dos meses con un diseño moderno. Siguió siendo editada por Paniagua, pero bajo la supervisión del doctor Alejandro Moscoso Segarra, actual Comisionado de Apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, quien a la sazón era abogado ayudante del Procurador.

Al entregar esta edición de Ministerio Público espe-ramos que todos nuestros lectores aprecien su contenido y que al hacerlo, conozcan y a la vez valoren de manera provechosa lo que hacemos hoy desde la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, cuya pu-janza y liderazgo aquí en Santiago son un buen ejemplo y un camino correcto, aunque no sea expedito para seguir avanzando hacia la meta a la que todos aspiramos.

La institución, su historia, sus órganos rjimenez@procuraduría.gov.do

Doctor Radhamés Jiménez PeñaPRoCuRaDoR GEnERal DE la REPúblICa


De todos los seres vivos el más imperfecto es el huma-no y como tal lo es el resultado de su trabajo. A diferencia de otros seres como las plantas (materia biológica), el género humano está habitado por animales antropológi-camente holísticos; los son por su composición de carne y hueso, y por su ciclo de vida diplonte. Aristóteles de-finió al hombre (léase por igual mujer) como un animal político porque tiene cerebro y parte inmaterial que le permite actuar conscientemente, sentir y pensar. Es el único animal pensante que actúa de manera consciente. El otro animal lo hace por instinto, para defenderse, so-brevivir y hacerse prevalecer.

Cual axioma, casi como profecía, la obra humana me-jora con el tiempo, se reinterpreta, se recrea, pero nunca llega a ser perfecta. Esta revista y los que la hacen pueden ser un buen ejemplo, o mejor dicho, desde las páginas de esta publicación hacemos fe y voto de ese principio que equivale a luchar contra todo tipo de dificultades y tropiezos a los fines de ser cada día mejores. La entrega de relanzamiento anterior tiene mucho de común con la presente edición. Pese a las abundantes aguas bautisma-les se parecen en el contenido y en las imperfecciones, y si un factor las diferencia es que con la que ahora el lector recibe, hemos aprendido a arreglar la carga en el camino y a cargar. El perfil, sobre todo de organización interior y de adecuación de secciones, ha sido sustancialmen-te mejorado, pero seguimos siendo imperfectos. Se han agregado nuevas secciones, cada una de las cuales debe-rá aparecer en lo adelante con su logo, y sólo aquellos trabajos que reúnan los méritos aparecerán con la foto y la firma de sus autores. Además de las tres categorías de artículos definidas en la entrega anterior (el noticio-so, el de opinión y el de contenido) hemos agregado un cuarto: el institucional, que se trata de una labor descrita y explicada por un magistrado, funcionario o empleado respecto a áreas, departamentos y funciones de interés público, y que por lo tanto, deben ser del conocimiento de la población. Justo es decir, que esta edición relanza-da está dedicada a Santiago de los Caballeros, en honor a su valor histórico y poblacional, y en reconocimiento al trabajo amplio y tesonero que viene desarrollando el Ministerio Público en esa jurisdicción. En esta oportu-nidad, muy similares a los artículos anteriores de Maura Martínez, Gladys Checo y Berenice Barinas, nuestras pá-ginas traen trabajos institucionales sobre la Representa-

ción Legal de la Víctima, Ley de Protección al Menor y el portal “Observatorio Digital”, preparados por sus propios protagonistas, tales cuales los son María Hernández, El-vis Paredes y Luis Paulino. Se agrega un artículo novedo-so de Idelfonso Reyes, un enfoque sobre el Nuevo Rol de la Dirección Nacional de Prevención y Combate a la Co-rrupción Administrativa (DNPCA), a cargo de su director Octavio de León Líster Henríquez, y un resumen articula-do sobre el primer año de gestión del magistrado Procu-rador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, preparado por María Mercedes Disla y Fior Daliza Mejía. Decir que la Procuraduría sigue tras sus pasos en cuanto a valoración pública es sencillamente presentar los resultados del más reciente estudio sobre Índice de Transparencia de Participación Ciudadana, que seleccio-nó a nuestra institución como la número uno de todo el sector público con un elevado registro de 78.4 por ciento. Hemos hecho esfuerzo para que las secciones cuenten con espacios inviolables e inamovibles, tal como ocurri-rá siempre con la Mancheta, el Editorial y el Mensaje del Procurador que esta vez ofrece datos interesantes de la institución, su historia y sus órganos, a propósito del acto de relanzamiento de Ministerio Público y la inauguración de la Galería de Ex Procuradores. Es un contenido varia-do que esperamos lo disfruten y que haciéndolo, puedan pasar por alto los gajes de oficio y perdonar las imperfec-ciones naturales.

Nuevas secciones, más variedad y haciendo camino


El Servicio Nacional de Repre-sentación Legal de los Dere-chos de la Víctima surge por iniciativa del Procurador

General de la República, doctor Ra-dhamés Jiménez Peña, atendiendo a una necesidad existente en el Sis-tema de Justicia Penal Dominicano que se acrecentó con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, en el cual atribuyó una serie de dere-chos y condiciones a la víctima que el viejo Código de Procedimiento Cri-minal no tomaba en cuenta.

Veamos; el artículo 83 del Código Procesal Penal define a la víctima como: “ 1.- Al ofendido directamente por el hecho punible; 2.- Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre bio-lógico o adoptivo, parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, a los here-deros, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del direc-tamente ofendido; 3.- A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan”.

Del mismo modo, los artículos 27 y 84, de la nueva normativa Procesal Penal, han consagrado una serie de derechos a la víctima, que han he-cho imperativa su representación legal para asegurarle la protección de esos derechos y ponerla en con-diciones de igualdad ante la ley tal y como establece la Constitución de la República, los Tratados Internacio-

nales y el Principio No. 12 del mismo Código Procesal Penal.

Entre los derechos que debemos asegurarle a la víctima se encuen-tran los siguientes: recibir un trato digno y respetuoso; ser respetada en su intimidad; recibir la protección para su seguridad y la de sus familia-res; intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código; recurrir todos los actos que den por terminado el proceso; ser informada de los resultados del pro-cedimiento; ser escuchada antes de cada decisión que implique la extin-ción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

De la definición del artículo 86 del Código Procesal que consagra “que el querellante es representado por un abogado”, es indicativo de la obligatoriedad de que la víctima esté representada por un abogado para constituirse como querellante y actor civil, lo que significa, que al ser obligatorio, las víctimas que no puedan pagar un abogado, no po-drán querellarse ni reclamar sus de-rechos en la justicia penal, lo que la coloca en condiciones de desigual-dad ante la ley.

Esto ocasiona que la víctima, al sentirse desamparada, pierde la fe en la justicia y se sienta tentada ha-cer justicia por sus propias manos, al no entender cómo siendo ella la que ha sufrido el daño, la que no reciba el apoyo legal por parte del Estado.

Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima

MARíA HERNÁNDEz GARCíACoordinadora Nacional del [email protected]

“La oficina fue creada para garantizar a la víctima una defensa pública gratuita, paga-da por el Estado dominicano y asegurarle un juicio en donde prevalezcan sus derechos...”

Nueva modalidad de servicio creada por la Procuraduría


Con la puesta en ejecución de la Ley 76-02 (Código Procesal Penal), la víctima ha pasado a desempeñar un papel activo y dinámico en el proceso penal, que hacen imprescindible que esté representada por un abogado, desde el inicio de la querella y durante todo el proceso, por la razón de que el mismo Código Procesal Penal en el articulo 87, la hace responsable, “cuando falsee los hechos o la prue-ba en que fundamenta su querella o cuando litigue con temeridad”, cons-tituyendo esto, otra de las razones para que la víctima acuda a la justicia penal acompañada de un abogado, lo que da como resultado que aquella que no puedan pagar una representa-ción legal, queda en estado de inde-fensión.

Entonces, si el imputado puede contar con una Defensa Pública o con un Abogado de Oficio gratuito, pa-gado por el Estado dominicano para asegurarle un juicio garantista de sus derechos humanos, del mismo modo, a la víctima también debe proveérsele una defensa gratuita cuando no tenga recursos económicos para proporcio-narse por sí misma, una representa-ción legal que le garantice la protec-ción de sus derechos y la sitúe en condiciones de igualdad ante la Ley.

Es por esa razón que la Procuradu-

ría General de la República para con-tinuar con el proceso de desarrollo y modernización del sistema de justicia dominicano, y sobre todo, para llenar ese vacío que por generaciones ha colocado a la víctima en la República Dominicana en condiciones de inde-fensión, ha creado el Servicio Nacio-nal de Representación Legal de los Derechos de la Víctima, cuyos objeti-vos generales son los de velar por el respeto de sus derechos en el proce-so penal, a través de una represen-tación legal desde los actos iniciales como querellante y actor civil, hasta la obtención de sus pretensiones pena-les y la reparación del daño causado, ejerciendo las actuaciones y gestiones que resulten necesarias, inclusive fue-ra del proceso penal, para proveer la representación y asesoramiento téc-nicos gratuitos a las víctimas que ca-rezcan de recursos económicos para pagar una representación legal, así como también llevar a cabo cualquier acción que, conforme a la política ins-titucional, tienda a asegurar los dere-chos de sus representados.

El Servicio Nacional de Representa-ción Legal de los Derechos de la Vícti-ma inició en el Distrito Nacional, com-puesto por: un Coordinador Nacional, Abogados Representantes Legales, Coordinadores Departamentales,

Abogados Investigadores Judiciales, Trabajadores Sociales y un Personal Administrativo. Programándose su extensión hacia los demás Distrito Judiciales.

Entre los derechos que debe-mos asegurarle a la víctima se encuentran los siguientes: recibir un trato digno y respe-tuoso; ser respetada en su in-timidad; recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares; intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código; re-currir todos los actos que den por terminado el proceso; ser informada de los resultados del procedimiento; ser escu-chada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.


Procuraduría inaugura en Salcedo Unidad de Atención a la Víctima

La Procuraduría General de la República dejó recientemen-te en funcionamiento la Unidad de Atención a Víctimas de Vio-lencia de Género, Intrafamiliar y Abuso Sexual de Salcedo, para sensibilizar a la población sobre el tema y brindar las 24 horas del día asistencia legal, psicológica y preventiva.

La actividad estuvo enca-bezada por el presidente de la República, doctor Leonel Fer-nández, quien hizo el corte de la cinta, y por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña.

El procurador Jiménez Peña, al dirigirse a los presentes en el acto, destacó que con la in-auguración de esta unidad se busca que todos los habitantes del municipio y localidades ad-yacentes no tengan que tras-ladarse a larga distancia para que atiendan judicialmente sus casos.

El procurador agradeció el apoyo ofrecido por las ONGs Centro Jurídico para la Mujer y la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer, en el levantamiento físico y logístico de la oficina.

Este organismo está funcio-nando en la calle Francisca R. Mollins número 98 del munici-pio de Salcedo.

Además participaron en la actividad, el ex vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal; los secretarios de Agricultura, Sa-lud Pública y de la Juventud, Salvador Jiménez, Bautista Ro-jas Gómez, y Manuel Crespo, respectivamente; el director de la Oficina Nacional de los Fon-dos Europeos de Desarrollo (ONFED), doctor Onofre Rojas,

y el director de la Oficina Superviso-ra de Obras del Estado, ingeniero Félix Bautista.

También, el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco, doctor Amado José Rosa; la procuradora para asuntos de la Mujer, doctora Roxanna Reyes; el gobernador y el senador de Salcedo, Vinicio González y Luis René Canaán, respectivamente; el fiscal de Salcedo, Gustavo de Jesús González Guz-mán, así como Dedé y Minou Tavárez Mirabal.

La procuradora de la Mujer y direc-tora de Política Criminal del Ministerio Público, doctora Roxanna Reyes, ex-plicó que la oficina está integrada por un equipo con basta experiencia en la violencia de género, encabezado por la abogada Zoila Rodríguez.

La doctora Reyes agregó además, que Rodríguez será la procuradora fiscal ad-junta y está acompañada de un conjun-

to de profesionales como fiscalizadores, psicólogos, médicos forenses y personal administrativo.

Destacó que la inauguración de la ofi-cina es el inicio de un gran proyecto que tiene en carpeta la Procuraduría Gene-ral de la República, con el que se pre-tende instalar una unidad similar a esta en varios municipios y comunidades del país, con el propósito de disminuir los niveles de violencia intrafamiliar y con-trarrestar el abuso sexual.

“Para nosotros esta oficina tiene una especial significación, porque Salcedo es la cuna de las Hermanas Mirabal, y hemos querido iniciar este proyecto jus-tamente en la tierra de esas heroínas. Con esta iniciativa la Procuraduría Ge-neral de la República reitera su compro-miso de tolerancia cero contra el abuso sexual y la violencia de género”, enfatizó la doctora Reyes, quien además es pro-curadora general adjunta.

El presidente Leonel Fernández corta la cinta para dejar inaugurada la obra. Le acompañan el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el gobernador de Salcedo, Vinicio González; el secre-tario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez; la procuradora general adjunta, Roxanna Reyes; la señora Dedé Mirabal, y otros funcionarios y personalidades.

Con la presencia del presidente Fernández


El estudio índice de Transparencia Nacional (ITN) que patro-cina el movimiento cívico Participación Ciudadana, escogió a la Procuraduría General de la República como la institución de ma-yor transparencia en el sector público.

La institución rectora del Ministerio Público logró un índice de 78.4 por ciento, muy por encima de las demás institucio-nes de la administración pública. En nivel de transparencia, de acuerdo al estudio, le siguen las secretarías de Obras Públicas y Comunicaciones,Trabajo y Educación, con 66.5%, 48.7% y 46.7%, respectivamente.

Según el estudio auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y realizado por José Oviedo, Ramonita Brea e Isis Duarte, la Procuraduría fue seleccionada también como la primera entre las 47 instituciones oficiales que ya habilitaron la Oficina de Acceso a la Información Pública.

El procurador general de la República, doctor Radhamés Ji-ménez Peña, consideró que la elección compromete aún más a la institución que dirige, cuyo trabajo se hace con vocación de servi-cio y moral en alto de cara a la atención ciudadana. Sostuvo que los servicios que hoy se ofrecen desde la Procuraduría General de la República se caracterizan por su fácil acceso y su calidad.

Resaltó que todas las compras y contrataciones de la Procu-raduría se realizan a través de licitaciones públicas, al igual que las obras de ingeniería civil, y que todas las informaciones al res-pecto se ofrecen a través de los sitios en la Web www.procura-duria.gov.do y procompranet.gov.do

“Desde el procurador general de la República, procurado-res adjuntos, procuradores de cortes, fiscales, fiscales adjuntos, fiscalizadores y todo el personal del Misterio Público, estamos comprometidos con el ejercicio de una gestión diáfana, sin ocul-tar la más mínima información”, dijo Jiménez Peña.

El estudio de Participación Ciudadana, tercer informe del ob-servatorio ciudadano a la Ley General de Libre Acceso a la Infor-mación Pública 200-04, revela que la página Web de la Procu-raduría figura entre las que mayor informaciones registran. La Oficina de Acceso a la Información de la Procuraduría ha sido to-mada como modelo para otras instituciones públicas y de paso, ha servido de asesora para la instalación de esos mecanismos de atención y servicio al ciudadano. Entre ellas, se encuentran, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), así como las superintendencias de Salud y Riesgo Laborales, de Bancos y de Valores. También las secretarías de la Juventud, Educación, Sa-lud Pública, Fuerzas Armadas, Finanzas, Medio Ambiente, Traba-jo, Obras Públicas, Turismo, Relaciones Exteriores, el Senado de la República y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

De igual forma, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Con-sejo Nacional de Competitividad, la Cámara de Diputados, la Ofi-cina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunica-ción (OPTIC), la Contraloría General de la República, la Secretaría de Agricultura y la Junta Central Electoral (JCE), entre otras.

El valor máximo que se podría lograr para el índice de trans-

parencia es de 100, y en este caso se hablaría de una institución transparente que obtuvo en el análisis un puntaje máximo en cada variable investigada.

“Así podemos observar que la Procuraduría General de la República en términos de visibilidad y rendición de cuentas ha tenido un mejor desempeño”, expresa el estudio.

Para los fines de cálculos del índice de transparencia se aplicó una ponderación sobre las calificaciones de los factores y sus in-dicadores de la siguiente manera: visibilidad y rendición de cuen-tas 45%, institucionalidad 40%, sanción 15%.

El proceso de transparencia y acceso a la información pública en la República Dominicana se inicia en el 2000, con la conver-gencia de la promulgación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.

El estudio establece diferencias importantes entre institucio-nes cuando se comparan factores similares y se utiliza la medida estadística del promedio como un indicador, ya que los valores que obtuvieron las ocho instituciones muestran una gran varia-ción y dispersión.

En el factor visibilidad y rendición de cuentas la Procuraduría tiene una puntuación de 38.46 (sobre 45 puntos), mientras que Agricultura tiene 8,3; Salud Pública 13,5 y Relaciones Exteriores 7,7.

Con este informe, de enero–julio 2007, Participación Ciudada-na busca aportar al fortalecimiento del sistema democrático en el país, mediante el impulso y el interés de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Procuraduría es institución pública más transparente

Estudio de Participación Ciudadana y USAID revela


Balance de un año de gestión

Un emprendedor espíritu y vo-luntad política se combinan para de-linear acciones que luego de un año revelan resultados que imprimen un notorio adecentamiento y marcan la instauración de una etapa de pros-peridad en el sistema penitenciario y en los procesos judiciales que lleva a cabo el Ministerio Público, involu-crando una inversión aproximada de RD$83.6 millones.

Al presentar las memorias de su gestión, que se inició el 16 de agosto del año pasado, el procurador gene-ral de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, destacó que para res-ponder con efectividad a la reforma de justicia que impera en los sistemas judiciales de Latinoamérica, en el Mi-nisterio Público se han creado depen-

dencias y unidades con el objetivo de garantizar un tratamiento adecuado y una especialización técnica y cien-tífica en su misión de defender el in-terés público.

Entre esas dependencias citó la Oficina de Servicio Nacional de Re-presentación Legal de los Derechos de la Víctima, la Procuraduría Gene-ral Adjunta para Asuntos de la Mujer, la Dirección Legal Administrativa, y el fortalecimiento de la Unidad del Ministerio Público Antilavado de Ac-tivos, entre otras.

El funcionario habló ante un audi-torio que estuvo encabezado por el doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electo-ral (JCE); Roland Bullen, encargado de negocios de la Embajada de los

Estados Unidos; el mayor general Ra-fael Radhamés Ramírez Ferreira, pre-sidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y Mabel Féliz, presidenta del Consejo Nacio-nal de Drogas (CND).

También, estuvieron presentes procuradores generales adjuntos, procuradores generales de cortes, fis-cales, fiscalizadores y periodistas. La actividad se desarrolló el pasado 21 de agosto en el auditorio de la Procu-raduría General de la República.

El máximo representante del Ministerio Público dijo que se han creado dos unidades de atención a víctimas de violencia de género, in-trafamiliar y abuso sexual en las pro-vincias Santo Domingo y Salcedo.

Explicó que la Oficina de Servicio

Acciones y Resultados

�0 Ministerio Público

Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima funciona en el Distrito Nacional, y tiene como misión velar por el fiel cumplimiento de las leyes en el proceso penal domi-nicano, en beneficio de los intereses de la ciudadanía en la presentación de los actos iniciales, como querellante y actor civil, hasta la obtención de sus pretensiones penales y la reparación civil del daño.

Igualmente, dijo que la Procura-duría General de la Mujer, con sus oficinas instaladas en el nuevo edifi-cio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, dirigida por la doctora Roxanna Reyes, es la responsable de ejecutar las políticas integrales con relación a la defensa y protección de las referidas víctimas.

Destacó que la Dirección Legal Administrativa representa la Procu-raduría General de la República ante distintas instituciones gubernamen-tales, con la particular misión de ve-lar por el respeto y apego del ordena-miento jurídico vigente en todos los procesos legales-administrativos.

En torno a la Unidad Antilavado de Activos manifestó que se inauguró la biblioteca especializada en el tema y se ha trabajado en la consolidación de una base de datos que permita el monitoreo efectivo de los casos de la-vado de activos en todas las fiscalías del país.

Para actualizar el sistema automa-tizado de todas las fiscalías del país, la actual gestión ha destinado unos RD$24 millones en la compra de 500 computadoras, lo que garantiza la agilización de los casos de investiga-ción y persecución que se ventilan en esas oficinas.

Sistema penitenciarioAl referirse a este tema, destacó

que dentro del proyecto de implanta-ción del nuevo modelo penitenciario ya se han adaptado nueve centros, donde la vida del interno en esos penales, más que una condena, se ha convertido en un escenario de ca-pacitación y adiestramiento, unido a ejemplares servicios de alimentación, salud, análisis psicológico y el trata-miento espiritual que diariamente reciben.

Este vertiginoso proceso de trans-formación es elogiado por los pro-pios internos y sus familiares, quie-nes han manifestado que su vida en esos recintos ha mejorado satisfacto-

riamente, con los cursos educativos y los diferentes talleres de ebanistería, pintura, repostería, panadería e in-cluso capacitación en programas de informática que se imparten en esos centros, y que le dan la oportunidad de aprender un oficio que le servirá de gran utilidad para insertarse en el mercado laboral luego de cumplir su condena.

A este próspero proyecto ya se suman los centros de corrección y re-habilitación de San Felipe en Puerto Plata, el de Mao, Elías Piña, Dajabón, Najayo-Mujeres en San Cristóbal, Ra-fey-Mujeres y Hombres en Santiago, Haras Nacionales en Santo Domingo y el de Monte Plata.

Gracias a este loable programa, que avanza de manera indetenible hasta involucrar a todos los recintos penitenciarios del país, la Procura-

duría General de la República exhibió con gran éxito un conjunto de artí-culos y productos confeccionados y reparados por internos de los centros penales, que estuvieron disponibles durante una semana en el lobby del nuevo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

La exposición fue el producto de un aplicado trabajo de internos de los centros penitenciarios de Najayo Mujeres y Hombres de San Cristóbal, de Puerto Plata, Mao, Salcedo, La Vic-toria, Monte Plata, Baní, así como Ra-fey Mujeres y Hombres de Santiago. Algunos de estos recintos aún no es-tán dentro del nuevo modelo, lo que demuestra que los internos están ilu-sionados con el proyecto.

Para la incorporación de los refe-ridos recintos al nuevo modelo peni-tenciario, la Procuraduría adjudicó

1.- ACTO ReLANzAMIeNTO De LA RevIsTA MINIsTeRIO PúbLICO. En la mesa principal, desde la derecha, Pedro Féliz Montes De Oca, Roxanna Reyes, Angel Castillo, Radhamés Jiménez Peña, Octavio Líster, Rodolfo Espiñeira, parcialmente oculta Julieta Tejada y Fernando Quiroz. En el podium Germán Santiago, editor de la revista, se dirige a los presentes.2.- Parte del público, se desctacan desde la derecha, Leonel Sosa, procurador de la Corte de Ape-lación de la provincia Santo Domingo, y los procuradores generales adjuntos, Moisés Ferrer Lan-drón, Frank Soto e Idelfonso Reyes, entre otros funcionarios de la Procuraduría.

��Ministerio Público

mediante sorteo y posteriormente a una convocatoria pública, a cinco ingenieros especialista en la cons-trucción de edificaciones, para la remodelación y construcción de los centros de San Francisco de Macorís y Salcedo, obras que se levantarán a un costo superior a los RD$71.8 mi-llones.

Previo a esta actividad, el procura-dor general de la República se trasla-dó a Higüey, junto al director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista, para dejar iniciados los trabajos de construcción del centro de reclusión de esta localidad, por un monto de RD$450 millones.

También, se tienen en proyecto la ampliación de los Centros de Correc-ción y Rehabilitación (CCRs) de Daja-bón y Mao, así como Rafey- Mujeres y Hombres en Santiago.

Como parte del apoyo a los cen-tros penitenciarios, el procurador Jiménez Peña entregó 17 vehículos a diferentes CCRs, entre ellos, camio-netas y minibuses, para ser utilizados en el traslado de los internos a los tri-bunales, así como asuntos propios de los recintos.

A estas denodadas acciones se une el establecimiento de un nuevo Pa-tronato Nacional Penitenciario, inte-grado por conspicuas personalidades del país, con una firmeza moral reco-nocida por toda la ciudadanía, enca-bezado por monseñor Nicolás de Je-sús Cardenal López Rodríguez, quien lo preside, monseñor Antonio Flores; los empresarios José Luís Corripio, José León Asencio, Manuel Estrella, Manuel Arsenio Ureña, Abraham Ha-zoury, Frank Rainieri, Abraham Sel-

man y la señora Rosa Hernández de Grullón.

Además, forman parte de esta or-ganización no gubernamental, los productores de televisión Freddy Be-ras Goico, Huchi Lora y Luisín Mejía. Asimismo, los periodistas Jaime Tho-mas Frías y Altagracia Paulino, así como la doctora Fabiola Medina.

En diciembre del pasado año fue creada mediante la Resolución 09987, la Comisión Nacional de Indultos, in-tegrada por los comunicadores Luis Eduardo Lora (Huchi) y Nuria Piera, así como por el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jiménez Richardson, y el reverendo Manuel Estrella

El procurador Radhamés Jiménez motivó la creación de esta comisión a fin de evitar desconfianza en la selec-ción de las personas a ser favorecidas por la gracia presidencial y garanti-zar los niveles de transparencia que demanda la sociedad.

Con el objetivo de sumar alterna-tivas que arrojen resultados aún más satisfactorios, la Escuela Nacional Pe-nitenciaria (ENAP) de la Procuradu-ría General de la República y el Pro-grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron un seminario conducido por 19 expertos internacionales, donde se discutie-ron, entre otros temas, las prisiones concesionadas y la posibilidad de que se pueda implementar esta mo-dalidad en el país, con la instalación de industrias dentro de los centros penales.

El apoyo de la iglesia ha sido fun-damental en la implementación del nuevo modelo, y para continuar en esa línea, la Pastoral Penitenciaria

junto a la Procuraduría General de la República ha inaugurado cuatro Ca-sas del Redentor, donde ex-reclusos reciben orientación espiritual y so-cial con énfasis en la prevención del delito. En la actualidad funcionan la de Santo Domingo, La Vega, Baní y San Cristóbal.

Nuevo modelo de gestión de fiscalía

A este proyecto ya se han adapta-do las fiscalías de La Romana, Baní, La Vega, Puerto Plata y Elías Piña, lo que incorpora a estas oficinas a un mo-derno proceso de organización para garantizar la investigación y perse-cución penal de una manera ágil y eficiente, con el objetivo de cumplir con las exigencias que reclama la so-ciedad dominicana.

Justicia XXI sirve de herramienta de apoyo en este nuevo proceso de organización de la investigación y persecución penal, donde las fiscalías operan a través de diferentes unida-des de servicio, el correcto procesa-miento de los casos, atención a las víctimas por parte de los fiscales 24 horas al día, y un personal que se en-carga de los procesos de conciliación cuando el caso lo amerite.

Están en avanzado proceso de incorporación a este proyecto, las fiscalías de Moca, Salcedo, Nagua, San Pedro de Macorís y San Juan de la Maguana. En una tercera etapa se involucrarán las oficinas de San Fran-cisco de Macorís, Samaná, el Seibo, Hato Mayor y Azua.

Nuevas graduaciones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) y la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP)

En este renglón es justo destacar que la actual gestión del procurador Radhamés Jiménez Peña ha conti-nuado brindando su apoyo a los programas de capacitación que se implementan en las escuelas Nacio-nal del Ministerio Público (ENMP) y Nacional Penitenciaria (ENAP).

En este último año, la ENMP, en dos promociones, ha graduado 169 magistrados, con especialidad en De-recho Penal y Derecho Procesal Pe-nal, entre otras, dentro del Progra-ma Extraordinario de Formación. En esta lista se inscriben 13 extranjeros que también recibieron certificados,

Parte de los 17 vehículos entregados a los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCRs), para el traslado de los internos.

�� Ministerio Público

provenientes de Panamá, Honduras, El Salvador, Paragüay y la República Bolivariana de Venezuela.

La ENMP en su última graduación en la Universidad APEC, encabezada por el procurador Radhamés Jimé-nez, graduó a 111 miembros del Mi-nisterio Público, con post grado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.

De su lado la ENAP, responsable de capacitar a los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), quienes se encargan de la seguridad de los CCRs, en su última graduación correspondiente a la décima promo-ción, invistieron 96 nuevos agentes y ha impartido 12 cursos de actuali-zación para este personal especiali-zado.

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)

En esta dependencia se crearon el Laboratorio Regional Norte en Santiago, para brindar los servicios de análisis de drogas, balística y de documentos. Además se instaló la regional nordeste en San Francisco de Macorís, que ofrece asistencia en medicina legal (autopsias).

También se construyó la morgue

del cementerio Cristo Redentor en esta capital, y se iniciará la edificación de otro depósito en el camposanto Los Casabes en Santo Domingo Nor-te. Igualmente, se firmó un convenio con la Suprema Corte de Justicia para ofrecer el servicio de pruebas antido-ping a más de 4,000 empleados.

Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa

Es el nuevo nombre del Departa-mento de Prevención de la Corrup-ción, que ahora tiene funciones es-pecíficas para perseguir, investigar, litigar y someter a la justicia a las personas involucradas en los referi-dos actos.

Creación del Observatorio Digital Este es un portal para la publica-

ción de toda la documentación de los procesos de compras y adquisiciones, información administrativa y finan-ciera, así como declaración jurada de bienes, los contratos, las auditorías y denuncias, para transparentar las acciones del Ministerio Público. Este portal puede ser consultado en la di-rección www.observatorio.gov.doLa Dirección de Gestión Humana

En noviembre del pasado año, fue

creada la Dirección de Gestión Huma-na (otrora Departamento de Recursos Humanos), dirigida por la licenciada Rossanna Dalmasí. La nueva oficina forma parte del proceso de reestruc-turación interna a que fue sometida la institución, dentro de su proceso de Estructura Organizacional.

Esta dirección elaboró el primer Manual de Inducción con el objetivo de que los empleados conozcan la historia, visión, misión y principios de la institución, así como sus debe-res y derechos.

Junto con la Dirección Nacional del Ministerio Público trabajó en la clasificación del personal para su in-greso a la carrera administrativa, e inició las acciones para ubicar a las personas en la categoría correspon-diente.

Asimismo, conjuntamente con la Dirección Nacional del Ministerio Pú-blico y el área de Planificación y De-sarrollo se elaboró la categorización de los Departamentos y Distritos Ju-diciales de acuerdo al número de po-blación que atienden.

Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del

Personal secretarial femenino de la Procuraduría General de la República muestra sus nuevos uniformes.


Sistema de Integridad Institucional (SII), se elaboraron los primeros borradores de los manuales de polí-ticas y procedimientos de las áreas de Registro, Control, Reclutamiento y Selección.

También, fueron elaboradas las propuestas de reestructuración del área de Gestión Humana, a fin de adecuarla a las nuevas demandas del (SII), obteniendo la aprobación final de la nueva estructura, así como la contratación del personal requerido y sus facilidades físicas y tecnológi-cas.

Esta dirección está desarrollando además, una amplia labor de capaci-tación del personal de la institución, con la organización de cursos y ta-lleres con el propósito de mejorar el trabajo en equipo y el desarrollo in-tegral de su talento humano.

Propuesta del Ministerio Público a la Reforma Constitucional

La Procuraduría General de la Re-pública a principios del presente año, celebró la Conferencia Nacional del Ministerio Público:“Constitución y Sistema de Justicia”, en la cual presen-tó su propuesta para la reforma a la Constitución dominicana, que inclu-yó un control en la designación del Procurador General de la República mediante una ratificación por parte del Senado, similar a la que se realiza en el caso de los embajadores.

Asimismo, planteó que el Procura-dor General de la República y los de-más adjuntos que no vienen del régi-men de la carrera, sean inamovibles durante el período presidencial en el que sean designados.

La propuesta incluyó además, constitucionalizar los principios rec-

tores del Ministerio Público: legali-dad, objetividad, unidad de actuación, autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, ya que la incorpo-ración de estos principios en la Carta Magna ayudarán a formar la iden-tidad propia de la institución, en un proceso continuo de cambio cultural.

Además, establece el reconoci-miento constitucional de la Carrera, quedando fuera de este régimen las más altas instancias del Ministerio Público, que son las que colaboran directamente con el Presidente de la República en la elaboración de la po-lítica criminal.

La propuesta favorece la partici-pación del Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que actualmente el texto que la crea sólo reconoce la participación del Ministerio Público en la persona del Procurador General de la Repú-blica, en calidad de suplente.

También, propuso el acceso de los miembros del Ministerio Público a la Suprema Corte de Justicia, en virtud de que las igualdades en las posicio-nes del máximo órgano judicial sería un incentivo que ayudaría al creci-miento conjunto de las instituciones de la justicia y permitiría asegurar una composición equilibrada en ese alto tribunal.

Fortalecimiento InstitucionalEs otro paso importante que se

inscribe dentro de los logros de la presente gestión de la Procuraduría, con el fortalecimiento del piloto de transparencia que incluye el rediseño de la página Web, la Oficina de Acceso a la Información Pública, reingeniería del área financiera y administrativa, así como la reestructuración del de-partamento de compras y contrata-

ciones, al amparo de la ley 340-06, entre otros.

Con la reestructuración del depar-tamento de compras y contrataciones cabe destacar la creación del portal ProCompraNet en su página www.procuraduria.gov.do, o directamente www.procompranet.gov.do, en la que las empresas y el público en general pueden enterarse de las licitaciones y compras menores que se convocan para la adquisición de equipos y otros servicios que el Ministerio Público esté interesado en adquirir, para que los suplidores proyecten sus ofertas de ventas.

De igual forma, la Procuraduría puso en servicio tres ventanillas para expedir la Certificación sobre Ante-cedentes Judiciales o Certificación de Buena Conducta a todo el ciuda-dano que así lo solicite, ubicadas en el primer nivel del nuevo edifico del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

Para la instalación de la Oficina de Libre Acceso a la Información Públi-ca, la Procuraduría asistió técnica-mente a la Superintendencia de Va-lores, Banco Central, Tesorería de la Seguridad Social, Archivo General de la Nación, Senado de la República, las secretarías de Agricultura y Trabajo, Instituto Agrario Dominicano, Conse-jo Nacional de Drogas, Instituto Do-minicano de las Telecomunicaciones, Pro Comunidad y el Consejo Nacional de Drogas.

Igualmente, se avanza en la for-mulación de un sistema de integri-dad institucional como respuesta al conjunto de valores, políticas, proce-dimientos y prácticas que garanticen la probidad, transparencia, equidad y buenas prácticas del Ministerio Pú-blico.

Muebles, obras de artes visuales, prendas de vestir y otros artículos creados por los reclusos.


Asimismo, se conformó un comité de licitaciones con su instructivo de funciones, y el relanzamiento de la Revista Ministerio Público como ins-trumento de divulgación para dar a conocer las ejecutorias y avances que se llevan a cabo en la institución con todas sus dependencias.

Concursos Una iniciativa que ha sido ponde-

rada, incluso, por el Colegio Domi-nicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y que sella la transparencia y honestidad que caracteriza la actual gestión del Mi-nisterio Público, son los concursos y licitaciones públicas que se convocan frecuentemente para la compra de bienes y servicios, y la construcción de obras que se levantan en toda la geografía nacional.

En la presente gestión se han realizado tres sorteos, previo a una convocatoria pública, para la cons-trucción y remodelación de centros penitenciarios en todo el país, así como la rehabilitación de oficinas del Instituto Nacional de Ciencias Foren-ses (INACIF), Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y fis-calías municipales.

Otras convocatorias se realizaron a nivel local en las provincias San Pe-dro de Macorís y Puerto Plata para la ejecución de obras en las respectivas localidades.

En la actualidad, la institución tie-ne abierto un proceso de licitación pública para la adquisición de equi-pos de computadoras que se adap-tarán a la plataforma tecnológica del sistema automatizado en las depen-dencias del Ministerio Público a nivel nacional, y que envuelven alrededor de unos RD$15 millones.

Firmas y conveniosLa Procuraduría General de la Re-

pública firmó sendos convenios de colaboración con los institutos Na-cional de Recursos Hidráulicos (IN-DRHI) y Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), para dotar de agua a los 36 centros penitencia-rios del país y mejorar el servicio sa-nitario.

Igualmente, el doctor Radhamés Jiménez Peña y el fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall Anese, firmaron un acuerdo en el que se comprometieron a brindarse la más amplia colaboración académica, cien-

tífica y técnica para la optimización profesional de sus respectivos repre-sentantes en el sistema de justicia.

De igual forma, cabe destacar el protocolo de entendimiento firma-do por el doctor Radhamés Jiménez Peña, y el fiscal general de España, Cándido Conde Pumpido Tourón, para la colaboración e intercambio de información mutua.

Su compromiso abarca la cola-boración de la Fiscalía General del Estado del Reino de España y la Pro-curaduría General de la República Dominicana para fomentar acciones que contribuyan al desarrollo de la justicia en el ámbito de sus compe-tencias.

Además, fue firmado un convenio con la Administración para el Susten-to de Menores del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el establecimien-to de un proyecto piloto en los trámi-tes de pensiones.

Otro de los acuerdos suscrito fue firmado con el laboratorio clínico Lic. Patria Rivas para aplicar un 20% de descuento del costo total de las prue-bas de ADN o de filiación materna o paterna de los niños, siempre y cuan-do el examen sea debidamente solici-tado por el Ministerio Público.

Para ofrecer orientación terapéu-tica a las víctimas de violencia de género intrafamiliar y sexual, el doc-tor Jiménez Peña firmó un convenio con la ingeniera Rosa Hernández de Grullón, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltra-tadas (PACAM) y la licenciada Gilka Meléndez, representante adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Otros convenios para continuar con el fortalecimiento institucional se suscribieron con la Procuraduría General de la Mujer de Puerto Rico, el Consejo Nacional de Drogas, el Des-pacho de la Primera Dama, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la In-formación y Comunicación y el Con-sejo Nacional para la Niñez. Además con el Instituto Postal Dominicano, la Secretaría de la Mujer y el Consejo Presidencial del Sida (COPRESIDA).

Proyecto ÁmbarLa Procuraduría General de la

República conjuntamente con el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Poder Ejecutivo (PRO-REFORMA) y el Secretariado Técnico de la Presidencia de la Repú-blica trabaja en el proyecto AMBAR, que tiene como objetivo principal promover e implementar procesos de mejoramiento continuo, que per-mitan ofrecer de manera eficiente servicios públicos de calidad.

Este programa cuenta con la co-laboración financiera del Banco In-teramericano de Desarrollo (BID) y persigue mejorar los servicios públi-cos que brinda la Procuraduría, como legalización de firmas, tramitación de exequátur para abogados, impe-dimento de salidas, certificación de antecedentes judiciales, registros de asociaciones sin fines de lucro, y autorización de control de alquileres y desahucios. Además, los usuarios tendrán acceso a una infraestructu-ra física adecuada, disminución del tiempo de espera y atención perso-nalizada.

Patria Rivas, presidenta del laboratorio que lleva su nombre, el procurador Radhamés Jiménez Peña y el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso segarra, mientras firmaban el convenio que reduce en 20% las pruebas de ADN.


El Ministerio Público eN SANtiAgOPresencia, Solidez y LiderazgoEn Santiago, capital de la región Norte, el Ministerio Público (MP) ha logrado posicionarse gracias a presencia y tra-bajo al servicio de la población. Decir presente de manera oportuna y dili-gente, no sólo cuando se le reclama, sino y sobre todo, de forma precautoria y anticipada, ha sido el factor que le ha generado crédito, solidez y liderazgo al MP en esa jurisdicción, merced a una política de atención y servicio supervi-sada desde la Procuraduría General de la República. Al frente de ese proceso se destacan la Procuraduría General de la Corte de Apelación y la Procuraduría Fiscal, cuyos titulares respectivos son los ma-gistrados Vielka Calderón y Raúl Mar-tínez.Es una labor que se desarrolla medu-larmente en dos vertientes, ora, de cara a la comunidad para comprometerla y vincularla a las acciones del MP; ora in-vestigando, sometiendo, dando segui-miento y sosteniendo la acusación en los tribunales en aras de hacer valer los derechos de las víctimas y lograr sen-tencias de acuerdo con la ley.Desde la Procuraduría de la Corte y la Fiscalía se trabaja de manera coor-dinada para que las dependencias de la Procuraduría General de la Repú-blica, enclavadas de forma inteligente en Santiago y su radio de gravitación, cumplan con su nuevo rol, tal cual se le faculta a la cada vez más amplia repre-sentación social del Ministerio Público en función de una justicia para el siglo XXI.Otras instancias importantes que se destacan por su trabajo y contactos directos con la población, son la Procu-raduría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales, la Procuraduría de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) y el Abogado del Estado, representados respectivamente, por los magistra-dos Jacinto Mejía, Antia Ninoska Beato y Ramón Vásquez. La Procuradora Fiscal de NNA lo es la magistrada Filomena Miguelina Rodríguez. Dependencias que sobresalen son: el Instituto Nacional de Ciencias Foren-ses (INACIF), que dirige Pik Kwon Sam, y la Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Género Sexual e Intrafamiliar, bajo la coordinación de Luisa Liranzo. Descuellan de igual forma, los Centros de Corrección y Rehabilitación para Internos Rafey-Hombres y Rafey-Mujeres, que forman parte del Nuevo Mo-delo Penitenciario, dirigidos por Hilda Patricia Lagombra Polanco y Ericks-son de Jesús Bobadilla. En Santiago funciona también, como parte de una modalidad nueva en el país creada por la Procuraduría General de la República y la Pastoral Peni-tenciaria, la Casa del Redentor, que en esta demarcación es coordinada por José Antonio Isidor De León.En Santiago, esta modalidad, donde ex-reclusos reciben asistencia pastoral para la prevención del delito, cuenta ya con los servicios de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), formados por la Escuela Na-cional Penitenciaria para garantizar el orden y la seguridad en los centros integrados al nuevo modelo. (GS)


A la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamen-to Judicial de Santiago le ha tocado desarrollar una labor en muchas di-recciones, trabajando con la pasión que sólo la magistrada Vielka Calde-rón sabe hacerlo, siempre de cara a la sociedad santiaguense, y supervi-sando el trabajo que desde la Fiscalía con igual empeño se hace.

A ese doble mérito se unen otros atributos que tienen que ver con el estilo de hacer las cosas, con la res-ponsabilidad, compromiso y orgullo de saber que se ha obrado correcta-mente. Es la forma de ver y hablar de la actual Procuradora de la Corte de Apelación de Santiago.

“Al llegar, lo primero que hicimos fue asumir una política de planifica-ción acerca de las necesidades del departamento, lo cual inicialmente enfocamos en dos puntos esenciales:

1ro. La formación de la comuni-dad acerca del nuevo Código, para que conocieran sus derechos y cómo reclamarlos, y la formación de los Ministerios Públicos.

2do. Las cárceles (Hoy Centros de Corrección y Rehabilitación)

La magistrada explica que para lo-grar la primera parte sostuvo reunio-nes con muchos sectores, inicialmen-te con el rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), doctor Príamo Rodríguez, y los vice-rrectores de esa academia, con el fin de brindarles apoyo a sus estudiantes con charlas y seminarios, para que ellos las reprodujeran en las escuelas, clubes de madres, juntas de vecinos e iglesias. De igual modo, nos reunimos con el director del Centro Universi-

tario Regional de Santiago (CURSA) de la UASD, en procura de que los estudiantes de esa alta casa de estu-dios nos apoyaran en el trabajo de reorganización de Rafey Hombres. Con ello, buscábamos saber cuántos internos teníamos, cuántos estaban definitivos y cuántos condenados. Con renovados propósitos, esta labor fue extendida igualmente a la Pon-tificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), para que sus estu-diantes de psicología pudieran hacer su pasantía en Rafey -Hombres y nos ayudaran”.

Como parte de una política de re-presentación y de contactos directos, la magistrada Calderón afirma que se comenzó a trabajar también de manos con la Policía Nacional y Co-munitaria, con énfasis en los barrios, y con las diferentes juntas de vecinos de Santiago reconocidas por el ayun-tamiento, con una matrícula que ya asciende a trescientas debidamente legalizadas.

Asegura que “el plan persigue que la Procuraduría diga presente en cada uno de los barrios de Santiago y para que cada ciudadano sienta que realmente lo representamo”.

Explica que en la actualidad la Pro-curaduría de la Corte forma parte del Consejo Legal Barrial (CONALBA), cuyo fin es asesorar a las personas en conflicto para conciliarlas en los casos que sea posible, y en caso con-trario, informarles acerca de sus de-rechos y a dónde asistir en el Palacio de Justicia para reclamarlos.

En ese mismo orden, destaca los cursos que se hicieron con el obispa-do de Santiago, las iglesias de base, sacerdotes, diáconos, presidentes de asambleas y cursillistas de cristian-dad, para que conocieran el nuevo Código Procesal Penal y otras leyes.

“Fue un trabajo muy bonito, de mucho compromiso y de acercamien-to que nos permitió apreciar las po-tencialidades, fortalezas y debilida-des, para llevar a cabo una labor que

el trabajo desde la Procuraduría de la Corte

En SAntiAgo

La magistrada Vielka Calderón acompañada del personal femenino integrado por Esperanza Ve-ras, Mabel Fernández, Yoselin Gómez, Heidy Villamil, Miladys Fondeur, Mirtha Bank, Marisol No-lasco, Yesenia Durán, Adilkis Padilla y Awilda Sánchez.


no tiene sentido si no se vincula con las comunidades; si no cuenta con su reconocimiento y apoyo”, apunta.

Sostuvo que igual se ha hecho con la Policía Nacional, con el fin de me-jorar y estrechar sus relaciones con el Ministerio Público. “Lo ideal es que cada quien sepa cuál es su rol, ya que existe una subordinación funcional entre ellos, que debe desarrollarse en el marco del respeto mutuo”, senten-ció.

Trabajo en los CCRs Vielka Calderón resalta el trabajo

realizado para lograr transformar el viejo régimen carcelario por el mo-delo que rige hoy, llamado en el caso

de Santiago, Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey-Mujeres y Rafey-Hombres.

Con relación a esto, señala: “Al lle-gar, estos centros estaban hacinados, no existía respeto a la dignidad y eran centros de corrupción, de drogadic-ción y hasta de muerte. De manera, que nos propusimos cambiar eso, para lo cual conseguimos la autori-zación del Procurador General de la República, de entonces, Francisco Domínguez Brito, y pedimos la ayuda de los bomberos para limpiar e higie-nizar”.

Reconoce que para esa labor se contó con la ayuda de mucha gente y muchos sectores, como el empresa-

riado, que donó pintura, y la comu-nidad educativa y universitaria de donde surgió la idea de darle a la cár-cel un matiz diferente para que pare-ciera una casa de albergue, utilizando los colores verde limón, lila, amarillo anaranjado, etc.

Vielka Calderón puso mucho em-peño en resaltar el trabajo que se realiza en estos centros, de los que dice, “brillan por su limpieza y orga-nización”.

Con relación a los servicios que se ofrecen desde la Procuraduría de la Corte, como legalización de docu-mentos y registro de organizaciones sin fines de lucro, sostuvo que allí se aplica una política de puerta abierta. Dice que en sus archivos actualmente automatizados, hay 58 mil 260 fir-mas de notarios y 200 ONGs, mien-tras que en tres años, más de 5 mil personas han recibido atención y asistencia sobre diferentes asuntos, por lo general relacionados con sus derechos ciudadanos.

“Con ese espíritu trabajamos cada día, y como nuestro deber es servir nunca estamos conformes, y sí a la expectativa de recibir nuevo reclamo de la población, y siempre dispuesto a mejorar”, puntualiza la magistrada Calderón.

Sostiene que: “Todo lo anterior ha permitido que la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago tenga presencia en todos los planes de lucha contra la violencia y la segu-ridad ciudadana”, entre ellos, el Plan de Seguridad Democrática y su pro-grama Barrio Seguro y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

A su juicio, la seriedad con que se hace esa labor ha sido el factor de la solidez del Ministerio Público en Santiago, “lo que de gran manera ha contribuido con la aceptación y apo-yo que nos ofrece la sociedad santia-guense y sus fuerzas vivas organiza-das”.

En SAntiAgo

Una facilitadora de Rafey-Mujeres enseña corte y costura a una interna, mientras otras se ven en pleno aprendizaje en el taller que funciona en ese centro.

Los procuradores adjuntos de la magistrada Vielka Calderón. Secundina Castillo Tejada (sin toga y birrete), Juan Carlos Bircann en el centro, y a los lados José Armando Vidal, Nelly Báez, Wilfredo Almánzar y Alba Rojas.


Logros jurídicos mediante recursos de casación

1.-13 abril 2005. La Corte de Apelación era de criterio que el Há-beas Corpus, aún en el marco de un proceso de liquidación, era una ac-ción autónoma y por tanto se regía por el C.P.P., y no por el CPC. La Su-prema Corte de Justicia (SCJ) acogió la tesis del Ministerio Público de que la aplicable era la Ley de Hábeas Cor-pus de 1914 y no los arts.381-386 del Código Procesal Penal.

2.-26 enero 2007. La Sentencia publicada en el número anterior de la revista Ministerio Público. SCJ ad-mitió los motivos esgrimidos por el Ministerio Público en el sentido de que el juicio es oral, y no se precisa de réplica escrita respecto al recurso incoado por las partes. La Corte Ape-lación excluía a los sujetos procesales que no hacían la réplica.

3.-4 abril 2007. La Corte de Ape-lación bajó el monto de la pena sin dar motivos y sin acoger circunstan-cias atenuantes, la SCJ casó sin envío e impuso la pena originalmente im-puesta (8 años) en lugar de los 6 que impuso la Corte.

4.-06 junio 2007.- La SCJ declara con lugar el Recurso de Casación in-terpuesto por el procurador general adjunto de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Dr. Armando Vidal V., contra la reso-

lución dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este Depar-tamento Judicial, el 30 de noviembre del 2006, casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, para que conozca del recurso de ape-lación interpuesto por la Fiscalía de Santiago.-

5.-25 julio 2007.- La Suprema Corte de Justicia declara con lugar el Recurso de Casación interpuesto por el Procurador General Interino de la Corte de Apelación del Departamen-to Judicial de Santiago, Dr. Armando Vidal V., y la Procuradora Fiscal Ad-junta de este Distrito Judicial, licen-ciada Yeni Berenice Reynoso Gómez, contra la decisión dictada por la Cá-mara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santiago, el 9 de febrero del 2007; casa la deci-sión objeto del recurso de casación y ordena el envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judi-cial de La Vega, para una nueva valo-ración de la admisibilidad del recurso de apelación, interpuesto por la Fis-calía de Santiago.

Recursos Pendientes de Conocimiento:

1.- 4 junio 2007.- Respecto a errónea interpretación y aplicación

del principio Reformatio in Peius (Art.404 CPP). La Corte tiene el cri-terio de que cuando el imputado es el único recurrente, la sentencia a intervenir necesariamente tiene que favorecerlo. (Falso: lo que dice el Có-digo Procesal Penal es que no puede perjudicarlo, pero no necesariamen-te favorecerlo).

2.-13 junio 2007. Idem. 3.-23 agosto 2007. La Corte apli-

ca inferior al mínimo legal en robo con violencia “porque no se trata de un hecho de sangre”. Eso no es lo que prevé el Código Penal, basta (382) que los hechos de violencia dejen si-quiera señales de contusiones o heri-das para que se aplique el máximo de la pena.

4.-27 agosto 2007. Libertad Con-dicional, el Juez sólo tomó en cuenta la conducta del condenado; S.C.J. ha fallado en sentido de que precisa, además, un informe detallado y mi-nucioso respecto al daño social, ejem-plarización, desagravio, etc.

5.-13 septiembre 2007. La Corte no dio respuesta a las conclusiones formales del Ministerio Público ni hizo alusión a los motivos de su dicta-men presentado en audiencia. La SCJ ya ha fallado que el hecho de no hacer un resumen de los medios es señal de que el tribunal no tenía la intención de tomarlos en cuenta. Falta/insufi-ciencia de motivos.

Internas de Rafey-Mujeres participan de una competencia de voleibol en la cancha que funciona en ese centro.

En SAntiAgo


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Una Fiscalía que trabaja por los derechos y la seguridad

Uno de los pilares de la solidez que muestra el Minis-terio Público en Santiago, lo es la Procuraduría Fiscal, que dirige el licenciado Raúl Martínez.

Ha sido un trabajo tesonero que según el magistrado se inició desde el primer día, “con una clara visión de ser una institución que garantice al Estado y la Sociedad un nivel eficiente en la ejecución de acciones que posibiliten la oportuna administración de justicia, seguridad jurídica y respeto a los derechos humanos, promoviendo la trans-parencia y sistematización a los fines de tener un Ministe-rio Público responsable, íntegro y capacitado”.

Martínez considera que ninguna labor profesional y de representación social debe realizarse separada de los va-lores ético-morales y los que utilitariamente se les agre-gan. Señala que en procura de un perfil propio sustentó esa labor desde un principio en una suerte de decálogo y/o valores, entre ellos, la responsabilidad, honestidad, respeto, lealtad, trabajo en equipo, coherencia y calidad. Las acciones

Si complejo y agotador resulta enumerar las acciones con sus resultados desarrolladas por la Fiscalía de San-tiago durante los tres últimos años y meses, explicarlas y destacarlas cubriría decenas de páginas.

Inicialmente, la Fiscalía se propuso y logró involucrar a la comunidad en los asuntos del Ministerio Pùblico, creando el Voluntariado por la Seguridad Pública de San-tiago (VOSES), institución sin fines de lucros que, según el magistrado Martínez, busca estimular la participación de la ciudadanía en la lucha contra la delincuencia.

Luego fue creada la Red Comunitaria de Defensa Social integrada por más de 200 líderes comunitarios, quienes colaboran con el Ministerio Público en la prevención y detección de las actividades ilícitas que acontecen en los sectores donde residen.

La capacitaciónEn cuanto a este aspecto medular, la Fiscalía de Santia-

go no ha tenido respiro ya que sus fiscales adjuntos, fis-calizadores y otros miembros del Ministerio Público, en una labor coordinada con la Procuraduría de la Corte, se han mantenido en constante entrenamiento, sobre todo en materia del Código Procesal Penal.

Raúl Martínez prefiere hablar de reforma en la mate-ria, y destaca los aportes que para la capacitación de los fiscales de Santiago ha hecho la Escuela Nacional del Mi-nisterio Público.

Señala que fruto de lo mucho que se avanzó desde un principio, “en Santiago, de 28 casos conocidos hasta fina-les del mes julio de 2005 al amparo de la nueva norma-tiva procesal, 23 tuvieron una sentencia de condenación, verificándose sólo 5 absoluciones”.

Sostiene que los avances fueron significativos en cuan-to al proceso de liquidación de los casos pendientes de fallo, vale decir, de presos preventivos que para el 2004 llegaban al 89% de la población carcelaria, lográndose en Santiago, para el primer año, una reducción sustancial que rondó en casi un 50 por ciento.

En materia de capacitación destacó el Programa de Formación Sistemática del Cuerpo de Fiscales Adjuntos con el propósito de lograr nuevos estándares de calidad.

Expone que una ciudad segura demanda fiscales bien entrenados, aptos para ejercer efectivamente su función de representar a la sociedad en la persecución judicial de crímenes y delitos.

El programa incluyó diversos cursos y talleres de adiestramiento sobre temas esenciales, así como activi-dades destinadas a los miembros de la Policía Nacional que desempeñan funciones de investigación.

Raúl Martínez dice: “estamos cumpliendo con nuestro deber”.

Raúl Martínez, Procurador Fiscal.


Entre los talleres se pueden citar:

Seminario de Investigación Criminal, con el auspicio de la Fundación Institucionalidad y Justicias (FINJUS), con una va-riedad de expositores nacionales e internacionales.Taller sobre “ Las Vías de Re-cursos en el nuevo Código Pro-cesal Penal”, impartido por el reconocido especialista Pedro Balbuena.Taller sobre “La Ejecución de la Pena” orientado por el connota-do jurista Ramón Núñez.Taller sobre el nuevo Código para el Sistema de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, im-partido por la magistrada Antia Beato y Miguelina Rodríguez.Taller sobre “Las Medidas de Cohersión y la Audiencia Preli-minar”, impartido por los espe-

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cialistas Manuel Ulises Bonelly y Pedro Balbuena.Taller sobre “Los Roles de los actores en el nuevo Proceso Pe-nal“ con la participación del ma-gistrado Pedro Balbuena y dirigi-do a fiscales adjuntos y oficiales de la Policía Nacional.Taller sobre “Técnicas de Litiga-ción Oral” en combinación con jueces y abogados, enseñado por la magistrada Sandra Vega.Taller sobre “Manejo y Control de la Escena del Crimen”, diri-gido a decenas de policías de patrullaje e investigación, impar-tido por Bolívar García y Víctor Liviano, patólogos forenses.

Vida sin violencia:Martínez enumeró como acciones

relevantes del primer año la creación del Movimiento Vida Sin Violencia (MOVIDA) y la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, que llegaron para reforzar la labor de persecución y sanción de la violencia intrafamiliar que se hacía desde otras limitadas instancias.

Se asumió una política activa de protección a la “inocencia femenina”, a los fines de proteger a las niñas; en busca de una comunicación efectiva con la sociedad se creó el programa radial “En Contacto con la Fiscalía”; se creó la página Web de la Fiscalía; y se instaló la Mesa del Diálogo de Na-varrete y Liceo al Medio en procura de la Paz.

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Otro logro del primer año que des-taca el magistrado Martínez, orienta-do a la defensa del ciudadano común, fue la creación del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía, a los fines de que los fiscales sepan que de-ben actuar en función de los valores que se citan anteriormente. Logros del segundo año

Al comenzar el segundo año, la Fiscalía asumió como punto principal de su agenda de trabajo, desterrar la cultura de la impunidad que había minado la confianza ciudadana en el sistema de justicia. En ese sentido, se desarrollaron grandes esfuerzos en procura de la superación cualita-tiva de la acusación penal mediante la implementación de un sistema de control de calidad, la tecnificación y profesionalización de la investigación criminal, y el establecimiento de nue-vos referentes para asegurar la inte-gridad de la cadena de custodia de la evidencia, entre otras medidas.

Acciones importantes: -Relanzamiento de la Política Anti-Narcótico, que incluyó la constitu-ción y puesta en funcionamiento de la Mesa de Coordinación sobre el tema en la provincia de Santiago, integrada por autoridades públicas y privadas; la formación de un equipo especiali-zado de la Policía Nacional contra el micro-tráfico, así como la inhabilita-ción de centros de consumo y distri-bución de estupefacientes.

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-Mesa del diálogo de Navarrete y Liceo Al Medio, en procura de una paz real y verdadera.

-Establecimiento de un nuevo Sistema de Control de Calidad de la Investigación Criminal en aras de erradicar la impunidad.

-Instalación de la Oficina de Con-trol de Evidencia a los fines de supe-rar el desorden que afectaba y ponía en peligro la custodia de la prueba.

-Creación del Programa de Entre-namiento del Personal Técnico a fin ofrecer un servicio de óptima calidad, lo cual incluyó talleres sobre las actas de la investigación en el nuevo Proce-so Penal; el Nuevo Reglamento para la Concesión del Auxilio de la Fuerza Pública; la Atención al Usuario en el Servicio Público; la Acusación en el Nuevo Proceso Penal y sobre Justicia XXI .

-Programa “En Contacto con la Fiscalía” para fortalecer los lazos de la Fiscalía con la sociedad.

-Inauguración del edificio que aloja el Centro de Atención a la Vio-lencia Intrafamiliar, construido por el Ayuntamiento de Santiago, lo cual ha redimensionado los servicios que se ofrecen en la Unidad Integral de Atención sobre ese grave flagelo.

-La representación en Santiago para toda la Región Norte del Institu-to Nacional de Ciencias Forenses.

Al cabo de tres años y dos meses de esa labor, los frutos son evidentes, muy especialmente en los campos de la profesionalización, la moderniza-ción y el desarrollo institucional, lo que para Martínez ha sido posible “gracias a un amplio programa de es-fuerzos y compromisos en el que ha estado involucrada mucha gente: ma-gistrados, funcionarios, empleados y también la ciudadanía a la que nos debemos”.

Sostiene que debido a ello, “cada vez más se percibe la sintonía del Mi-nisterio Público con el papel que le corresponde desempeñar como ór-gano responsable de la persecución judicial de los crímenes y delitos que generan perturbación social, y como encargado de tutelar la política cri-

minal del Estado para enfrentar con eficiencia los malestares producidos por la conducta antisocial”.

Apunta que “esta labor nos ha permitido consolidar el plan de ges-tión que nos propusimos desarrollar cuando empezamos a ejercer esta responsabilidad, a la cual hemos adi-cionado nuevos elementos que per-miten abordar, con mayor posibilidad de éxito, la difícil tarea que nos enco-mienda la ley”.

“Nuestro tercer año de gestión se ha caracterizado por la intensifi-cación de los esfuerzos dirigidos a enfrentar la impunidad, para lo cual pusimos en marcha un amplio pro-grama de trabajo con el objetivo de propiciar la tecnificación de la inves-tigación criminal, el fortalecimiento de nuestro sistema de control de calidad, y asegurar la superación cualitativa de la acusación penal”, subraya el magistrado.

Ha sido una labor compleja, la del tercer año, con acciones nuevas y reforzamientos de las de los años previos, que el magistrado Martínez visualiza y define como “el camino de la consolidación”.

Se destacan entre esas acciones:

-Implementación del programa de prevención infantil “La Aventura de la Vida” en varios centros escolares, dirigidos a niños y niñas entre 8 a 12 años de edad, diseñado en el marco del Plan Provincial de Lucha contra

las Drogas, que incluye el adiestra-miento de más de 400 líderes comu-nitarios en prevención de consumo de drogas; la firma de convenio para la formación de 200 docentes en téc-nicas pedagógicas para la prevención del consumo; el pacto institucional con el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) para ofrecer becas a ex-adictos; apertura del Ho-gar Crea Femenino en Santiago; y la instalación de la Línea de Denuncias sobre Consumo de drogas.

-Renovación de áreas y equipa-miento tecnológico a los fines de ofrecer y que se reciba un servicio más tecnificado y de calidad.

Destaca labor de la Procuradora de la Corte

El procurador fiscal de Santiago, Raúl Martínez, resaltó el trabajo rea-lizado por la Procuraduría General de la Corte de Apelación que dirige la magistrada Vielka Calderón.

Y a manera de recapitulación, el magistrado enfatiza:

“Al concluir nuestro tercer año de gestión, tenemos la plena convic-ción de que hemos tomado la ruta correcta para hacer de la Fiscalía de Santiago una institución moderna y eficiente. Nuestro entusiasmo se mantiene inalterable, debido a que los retos que se divisan en el horizon-te requieren de toda nuestra energía, pasión y compromiso. Tareas como la continuación exitosa del proceso de implementación del Plan Provin-cial de Lucha contra las Drogas, el

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La magistrada Yeni Berenice Reynoso, encargada de Control de Calidad y coordinadora de Litiga-ción Inicial de la Fiscalía, acompañada de una parte de su personal.


avance decisivo del programa de re-novación de nuestras instalaciones, el desarrollo de un amplio esfuer-zo de intervención comunitaria en materia de seguridad ciudadana, el fortalecimiento sostenido de nuestro sistema de control de calidad de la investigación criminal, y la extensión de la cobertura de nuestro sistema de atención al usuario, son prioridades que demandarán de todo nuestro empeño. Miramos hacia el porvenir con optimismo. Seguiremos esfor-zándonos para que Santiago tenga el futuro de justicia y seguridad que merece su gente”.

Decisiones más trascendentes:

1) Proceso seguido a Ángelo Iván Ventura (a) Cloret, Ricardo A. Reyes Martínez, Amaury Germán Tavárez y Francis de Jesús García, por la viola-ción de los artículos 59, 60, 265, 266, 379, 382, 385, 295, y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Vanessa Ramírez Faña. Los acusa-dos fueron condenados a 30, 20, 20 y 5 años, respectivamente, mediante sentencia dictada por el Segundo Tri-bunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, del 21 de mayo del 2007. El Ministerio Público fue representa-do por Jenny Berenice Reynoso. 2) Proceso seguido a Dámaso Novas Peralta, Fausto Aris Pérez Díaz, En-gels Manuel Carela Castro y Adriano Rafael Román, por la violación de los artículos 59, 60, 265, 266, 2, 295, 296 y 302 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Miguelina Llaverías. Los acusados fueron condenados a 30, 20, 20 y 20 años, respectivamen-te, mediante sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Dis-trito Judicial de Santiago, del 24 de mayo 2007. El Ministerio Público fue representado por Jenny Berenice Re-ynoso y Fernando Martínez.

3) Proceso seguido a Andy Marga-rín Hernández y José Juan Francis-co, antiguos miembros de la Policía Nacional, por la violación de los artí-culos 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302 y 302 del Código Penal Dominicano

en perjuicio de Miguel Ángel Pauli-no Reyes (a) Ninani, Yanet Altagra-cia Polanco y Elizabeth Polanco. Los acusados fueron condenados a 30 y 20 años, respectivamente, mediante sentencia dictada por el Primer Tri-bunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, del 20 de junio del 2007. El Ministerio Público fue represen-tado por Jenny Berenice Reynoso y Jenny Liranzo.

4) Proceso seguido a Carlos Infan-te Cabrera, por la violación de los artículos 309-1, 311, 379, y 382 del Código Penal Dominicano, en perjui-cio de Ysa Rodríguez. El acusado fue condenado a 20 años mediante sen-tencia dictada por el Segundo Tribu-nal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, del 5 de junio del 2007. El Ministerio Público fue representado por Isabel Santos.

5) Proceso seguido a Agustín Se-verino Fernández, por la violación de los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, en per-juicio de la niña de 4 años de edad, Crissel Altagracia Díaz Cabrera. El acusado fue condenado a 30 años mediante sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Dis-trito Judicial de Santiago del 21 de febrero del 2007. El Ministerio Pú-

blico fue representado por Fernando Martínez.

6) Proceso seguido a Samuel Gon-zález Villamán (a) el Gacho, por la violación de los artículos 309, 309, 330, 331 y 379 del Código Penal Do-minicano, en perjuicio de Mildred Elizabeth Rodríguez, Robert Lisandro Caba y Sixto Lisandro Caba. El acusa-do fue condenado a 20 años mediante sentencia dictada por el Segundo Tri-bunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago del 5 de junio del 2007. El Ministerio Público fue representa-do por Patricio Rodríguez.

7) Proceso seguido a Carlos Infan-te Cabrera, por la violación de los ar-tículos 309-1, 311, 379, 382 del Có-digo Penal Dominicano, en perjuicio de Ysa María Rodríguez. El acusado fue condenado a 20 años mediante sentencia dictada por el Segundo Tri-bunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, del 5 de junio del 2007. El Ministerio Público fue representa-do por Isabel Santos.

Raúl Martínez asegura que a esas notables decisiones se deben agregar otras directamente relacionadas con el tráfico y posesión de drogas, que han impuesto penas importantes a quienes se dedican a esta perniciosa actividad.

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Rostros de la Fiscalía de santiago: Flavia Ramírez, asistente del fiscal; Martha Pérez, encargada de Gestión Humana; Juanny Diaz, coordinadora administrativa y Erika Rivas, auxiliar de Conta-bilidad.


Directorio institucional del Ministerio Público en el Departamento Judicial de santiagoProcuraduría General de la Corte de ApelaciónPalacio de Justicia Lic. Federico Álvarez, avenida 27 de Febrero, Vielka Calderón, procuradora general de la Corte de apelación [email protected]éfonos:(809)576-6161(809)582-4010 Ext.2297, 2298, 2294(809)533-3522 Ext. 641, 643 Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial Palacio de Justicia Lic. Federico Álvarez, avenida 27 de FebreroRaúl Martínez, procurador fiscal www.fiscaliasantiago.gov.doE-mail: [email protected]éfonos:(809)576-6224(809)582-4010 Ext. 2220, 2221(809)533-3522 Ext. 651 Procuraduría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Palacio de Justicia Lic. Federico Álvarez, avenida 27 de Febrero.Jacinto Mejía, procurador de Medio y ambiente y Recursos [email protected]: (809) 570-2752 (809) 582-4010 Ext. 2226Cel. (809) 256-4547 Dirección Regional Norte del Instituto Nacional de Ciencias ForensesCalle Pedro Francisco Bonó No.33, al lado del hospital doctor José María Cabral y BáezPik Kwon sam Ho, directoraTels: (809) 226-1018 Cel. (809) 315-3631 Abogado del EstadoPalacio de Justicia Lic. Federico Álvarez, avenida 27 de Febrero. Ramón Vásquez, abogado del Estado.Tels: (809) 582-4010 Ext. 2237 (809) 575-6037 Cel.(809) 443-4160

Procuraduría de la Corte de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Calle Sánchez No. 15, Los Pepinesantia ninoska beato abreu, procuradora de la Corte de nnaTel: (809) 581-5308Cel: (809) 443-3755 (809) 851-3456 Procuraduría Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) Calle Sánchez No. 15, Los Pepines, SantiagoFilomena Miguelina Rodríguez, procuradora fiscal de NNATel: (809) 581-5308Cel: (809) 443-3788 (809) 724-2843 Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Género Sexual e IntrafamiliarAve. 27 de Febrero esquina Manuel E., Ensanche Román, al lado del Palacio de Justicia.luisa liranzo, coordinadoraCorreo electrónico: [email protected]: (809) 576-0151Cel: (809) 443-4259 (809) 653-4666 Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-MujeresCalle principal de Rafey, Santiago.Patricia lagombra, directora.Tels: (809) 570-5970 (809) 533-3522 Ext. 782Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-HombresCalle principal de Rafey, SantiagoErickson de Jesús bobadilla, director. Correo electrónico: [email protected]: (809) 575-1821 (809) 533-3522 Ext. 789 Casa del Redentor San Pedro PascualCalle E No.27, American Palma.José antonio Isidor De león, coordinador.Tels: (809) 497-9766 Cel. (809) 575-4249

MaGalIs sanCHEZFiscalizadora del Municipio de LiceyTel.809-580-8625Direc. c/Elías Pacheco, Parque Municipal, Liceo al Medio, carret. Duarte.

lIlIana GuIllEn loPEZFiscalizadora del Municipio de TamborilTel.809-580-6191Direc. Ave. Altagracia No.33, Tamboril, Santiago.

GIssEl aCEVEDo DE JEsusFiscalizadora del Municipio de Pedro GarcíaTel.809-226-7027, Direc. Calle Juan Pablo Duarte No.2-21, Pedro García, Stgo.

HECtoR RaDHaMEs taVERasFiscalizador del Municipio de San José de las MatasTel. 809-578-8839Direc. Ave. Fernando Valerio No.12, Altos, San José de las Matas, Stgo.

ClaRa MaRIa DE JEsus JaVIERFiscalizadora del Municipio de JánicoTel. 809-574-5207Direc. Federico Pichardo No.1, Janico, Stgo.

ClaRa MaRIa DE JEsus JaVIERFiscalizadora del Municipio de Sabana IglesiaTel. 809-587-0244Direc. Ave. Principal Palo Amarillo No.8, Sabana Iglesia, Stgo.

Juan HERIbERto ColonFiscalizador del Municipio de Villa GonzálezTel. 809-580-0574Direc. Calle Salvador Estrella Sadhalá No.3, Villa González.

JosMalY EstHER VaRGasFiscalizadora del Municipio de Navarrete, Villa BisonóTel.809-585-1233 Direc. Calle Arturo Bisonó Toribio, Local 3-A, Navarrete, Villa Bisonó

luCRECIo taVERasFiscalizador del Municipio de Laguna SaladaTel.809-585-9730Direc. Calle 30 de Mayo No.4, Laguna Salada, Mao.

ElIannIERY GERMoso CabRalFiscalizadora del Municipio de Esperanza.Tel.809-585-4813 y 809-585-8176Direc. Calle José Ramón Luciano No.17, Esperanza, Mao.

lIsta DE los FIsCalIZaDoREs, DE los JuZGaDos DE PaZ, DE los MunICIPIos DE santIaGo Y Mao, ValVERDECoMunIDaDEs DonDE Estan DEstaCaDos

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Procuraduría gradúa 111 fiscales en Derecho Penal y Procesal Penal

La Procuraduría General de la Re-pública graduó 111 fiscales en post grado de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, quienes fueron capa-citados en las aulas de la Universidad APEC. La investidura forma parte del programa de fortalecimiento acadé-mico que desarrolla la Escuela Nacio-nal del Ministerio Público (ENMP).

La ceremonia de graduación, que se efectuó en el campus principal de UNAPEC, estuvo presidida por el pro-curador general de la República, doc-tor Radhamés Jiménez Peña; así como el presidente de la junta de directores y el rector en funciones de la referi-da alta casa de estudios, doctor Luís Heredia Bonetti y licenciado Justo Pedro Castellanos, respectivamente; el director de la ENMP, licenciado Ra-món Emilio Núñez, y el comisionado para la Reforma y Modernización de la Justicia, doctor Alejandro Moscoso Segarra, entre otras personalidades.

En ese escenario, el doctor Jimé-nez Peña exhortó a los miembros del Ministerio Público a actuar con res-ponsabilidad y optimismo en aras de fortalecer su prestigio profesional, para que sirvan al pueblo que exige de ellos una conducta en la que pre-

valezca el compromiso social y el res-peto a los derechos fundamentales.

El doctor Jiménez Peña aseguró que la capacitación es un medio idó-neo para que los fiscales realicen su labor con autonomía, “pero la inde-pendencia que ganan de pensamiento y acción implica también, asumir un rol con mayor dignidad y responder por las consecuencias de sus actos”.

Puntualizó que la capacitación de los fiscales, que se ejecuta a través del Programa Extraordinario de For-mación (PEF) de la ENMP, es un logro importante para el sistema de justicia dominicano, que debe exhibirse con orgullo porque garantiza que el rigor y la excelencia académica se aplique en el proceso de investigación y per-secución penal como labores funda-mentales de los fiscales.

De su lado, el licenciado Castella-nos, quien entregó los certificados a los graduandos, destacó la impor-tancia que tiene para UNAPEC esta investidura. “Nos sentimos más que satisfechos, felices, porque en cada egresado se cumple la misión institu-cional, pero hoy es una ocasión espe-cial porque los graduandos son fisca-les y procuradores –guerreros de la

institucionalidad y de la justicia- y la alegría se acrecienta por lo que ellos constituyen para el desarrollo insti-tucional del país”, enfatizó.

La capacitación de los fiscales en las aulas de la Universidad APEC res-ponde a un compromiso asumido por esa alta casa de estudios con la ENMP, dependencia de la Procuraduría Ge-neral de la República.

En nombre de los graduandos ha-bló el doctor Ramón Arístides Made-ra Arias, uno de lo que obtuvo mayor índice académico (3.93 puntos). Sus palabras fueron un gesto de agrade-cimiento a los profesores por haber cumplido, de manera estricta, con su plan académico, y a la doctora Odalys Otero Núñez, coordinadora del Pro-grama Extraordinario de Formación de la ENMP, por su abnegación y en-trega.

Además de Madera, obtuvieron mayores honores con igual índi-ce académico, Félix Álvarez Rivera, Franklin Jorge Amaya Jovane, Sandra Mayra España Castillo, Luz Yurisán Lizbelisse Ceballos Ramírez, Emixse Victoria Soriano Martínez y Jesús Ma-ría Suero Álvarez.

En acto Universidad APEC

Vista parcial de los graduandos.


Cardenal López Rodríguez visita centros penitenciarios

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, presidente del Patrona-to Nacional Penitenciario, visitó re-cientemente el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, y la Cárcel 15 de Azua, en donde comparó dos extremos, espacios dignos y hacinamiento, res-pectivamente, en los que viven reclu-sos del país.

López Rodríguez fue invitado por el procurador general de la Repúbli-ca, doctor Radhamés Jiménez Peña, para que constatara, junto a otros miembros del Patronato, la realidad del sistema penitenciario dominica-no que se han propuesto transformar positivamente.

“Ojalá todas las cárceles del país sean como Najayo- Mujeres”, expresó con satisfacción el purpurado luego de dedicar casi seis horas para el re-corrido de los citados penales.

En Azua observó las necesidades de reclusos y escuchó explicaciones de funcionarios de la Procuraduría para la mejoría de ese penal, que se caracteriza por una sobrepoblación.

En esa cárcel serán construidos pabellones con capacidad para 110 internos, un comedor, habilitación de otro patio para la recreación, un salón multiuso y un área para la seguridad.

“Como Patronato estamos ha-ciendo un esfuerzo por mejorar sus condiciones, las autoridades están diseñando la ampliación de esto acá,

vamos a esperar”, dijo López Rodrí-guez a reclusos de Azua.

El cardenal recibió del capellán Martín Colón una lista con las nece-sidades más urgentes de los reclusos de Azua, entre las que citó mejoría del agua y los alimentos, ambulancia, así como mayor número de médicos.

Próximamente el cardenal, en nombre del Patronato Penitenciario, recibirá planos del estado actual de la cárcel de Azua y el diseño para su ampliación y remodelación. Actual-mente la Cárcel 15 de Azua tiene un promedio de 255 reclusos.

Los demás miembros del Patro-nato Penitenciario que acompañaron al cardenal fueron Manuel Arsenio Ureña, Rosa Hernández de Grullón, Fabiola Medina y fray Arístides Jimé-nez Richardson, director ejecutivo de la entidad.

También, le acompañó el director general de la Escuela Nacional Peni-tenciaria, licenciado Roberto Santa-na.

“Acá está el procurador general de la República”, expresó con satisfac-ción López Rodríguez por los avan-ces alcanzados en Najayo Mujeres.

Desde el 21 de marzo de 2005, el Centro de Corrección y Rehabilita-cíon Najayo Mujeres forma parte del nuevo modelo penitenciario que im-planta la Procuraduría.

La directora del penal, doctora Rosa Flores, hizo una exposición

al cardenal, al procurador y demás acompañantes sobre los avances del centro que alberga 291 internas, 171 condenadas (58.8%), 120 preventi-vas (41.2%), 13 reingresados al siste-ma (4.5%) y una reincidente (0.3%). El 51.9% es por violación a la ley de drogas, 24.7% homicidios, 9.9% ro-bos, 4.1% riñas y 2.1% viajes ilega-les.

El nuevo modelo penitenciario comprende, además de la mejoría de la infraestructura física, la aplicación de programas educativos y médicos para la real rehabilitación del interno y retornarlo productivo a la sociedad.

Asimismo, responde a los más avanzados parámetros para el trata-miento de los internos en conflicto con la ley, y cuenta con todas las faci-lidades que se requieren en un proce-so moderno y actual de regeneración carcelaria.

Los programas formativos inclu-yen cursos de manualidades, idio-mas, informática, panadería, horti-cultura, granja agrícola, teatro, misa y actividades para el reforzamiento espiritual.

Además de Najayo Mujeres, for-man parte del nuevo modelo peniten-ciario, Puerto Plata, Rafey Hombres y Mujeres de Santiago, Monte Plata, Haras Nacionales en Santo Domingo, Mao, Dajabón y Elías Piña.

En compañía de procurador y director de la ENAP

El Cardenal López Rodríguez conversa con internas de Najayo-Mujeres, en su más reciente visita a ese centro, en compañía del procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; el director de la ENAP, Roberto Santana; el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, fray Arístides Jimé-nez Richardson y Rosa Hernández de Grullón, y otros miembros del Patronato Nacional Penintenciario.


Un Ministerio Fiscal para una Sociedad Democrática

Como Fiscal General del Estado del Reino de España, constituye para mí un privilegio responder a una invita-ción que, en lo personal, me está permitiendo conocer de cerca esta tierra espléndida, y disfrutar de la calidez de sus habitantes. Pero, sobre todo, en lo institucional me sirve para avanzar por un camino que inicié desde el mo-mento mismo de mi acceso al cargo que ocupo: un cami-no dirigido a estrechar lazos con los colegas que dedican sus esfuerzos a la Justicia en otros países. Lo que, en el contexto que nos une a los aquí presentes, es tanto como decir el camino del espacio judicial iberoamericano.

Hace poco participé en Santiago de Chile, junto al Procurador General de esta República Dominicana, mi colega y amigo el doctor Radhamés Jiménez Peña, en la Asamblea anual de la Asociación Ibero Americana de Mi-nisterios Públicos. Esta Asociación, como saben, reúne a los representantes de los Ministerios Públicos de todos los Estados del continente americano, más Portugal y Es-paña.

En aquel evento, gracias en muy buena medida a la ac-tiva y generosa intervención del propio doctor Jiménez Peña, la Asamblea decidió por aclamación atribuir a mi país la responsabilidad de ostentar la Vicepresidencia de la Asociación, al tiempo que nos otorga el privilegio de ce-lebrar la próxima reunión en España. A ello añadiré que, por si no fuera suficiente, esa generosidad de su Procu-rador General se manifestó también en la invitación que

ahora me permite disfrutar de esta maravillosa estancia entre ustedes.

Pues bien, con ocasión de ese encuentro citaba yo unas palabras del actual Secretario General de las Cum-bres Iberoamericanas, Enrique Iglesias, pronunciadas al ser designado para dicho cargo. Afirmaba este uruguayo y asturiano ya universal, refiriéndose a la comunidad de naciones iberoamericanas, que:

“Desde nuestra clara identidad podemos colaborar en la construcción de la sociedad internacional practicando un regionalismo abierto, creador de una nueva multila-teralidad”. Esa clara identidad común constituye, decía el propio Iglesias, uno de los mayores activos del Espacio Iberoamericano.

La idea de fortalecer, junto a un espacio político, social y cultural común, un espacio jurídico en el que podamos compartir inquietudes y soluciones, resulta en mi opi-nión, y así se lo hacía ver en Santiago a mis colegas ibero-americanos, una auténtica necesidad, que resulta de la creciente demanda de seguridad, justicia y paz social que nos dirigen los ciudadanos de todos nuestros países.

Cándido Conde Pumpido TourónFiscal General del Reino de Españ[email protected]

“Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”


Conferencia magistral dictada el 4 de enero del corriente año en el auditorio de la Procuraduría General de la República, atendiendo a una invitación del Gobierno dominicano.


Pues bien, la reflexión suscitada en torno a esas ideas, en un momento histórico en que la comunidad ibero-americana profundiza decididamen-te en su vocación de paz, democracia y crecimiento, me lleva a plantearme, y a compartir con todos ustedes, una reflexión relativa, precisamente, al papel que el Ministerio Público pue-de desempeñar en el camino de la consolidación de la democracia y la estabilidad social.

Buscar puntos de coincidencia en-tre los sistemas de nuestro entorno, y, sobre todo, trabajar para que esas coincidencias sean cada vez mayores, homologando nuestros mecanismos de respuesta al delito, son tareas que estimo del máximo interés, y de la mayor utilidad para los ciudadanos de nuestros países.

El objetivo de acercarnos pasa inexcusablemente por la obliga-ción de conocernos mejor; de inter-cambiar nuestros puntos de vista y nuestras experiencias. Debo, en ese sentido, invocar forzosamente la ex-periencia propia.

En el tiempo que vengo desempe-ñando la función de Fiscal General del Estado español, he tenido ocasión de conocer y comparar numerosos sistemas jurídicos, y de analizar el papel que desempeñan instituciones análogas a la que yo dirijo en los dife-rentes países del mundo.

Esa experiencia me ha enseñado a comprender, respetar y valorar una gran diversidad de sistemas. Modelos diferentes de organización institucio-nal, mediante los cuales pretenden las sociedades asumir la defensa de la legalidad y combatir el delito me-diante las armas del Derecho. Pero también me ha enseñado algo mucho más valioso: que hoy en día se produ-ce, en todas las latitudes, mucho más allá, incluso, de nuestro ámbito ibe-roamericano, una significativa y sus-tancial coincidencia. La coincidencia en el propósito de configurar al Mi-nisterio Público como una institución estrechamente comprometida con el fortalecimiento de la democracia.

Hablamos de ello, por ejemplo, en la última cumbre de Ministros de Jus-ticia y Fiscales o Procuradores Gene-rales celebrada en Qatar, en noviem-

bre del año 2005. Varios centenares de representantes de países de todo el mundo, vimos cómo nuestras po-siciones se aproximaban a una idea común. La idea de situar al Ministerio Público en el centro del Estado de De-recho, como garante de la legalidad y defensor de los derechos y libertades públicas.

Una idea que trasciende con mu-cho la clásica y tópica figura del acu-sador implacable, dedicado casi en exclusiva a obtener la condena del acusado.

Se trata, en realidad, de dotar al Estado de una institución cuya mi-sión esencial sea más amplia y más específica a la vez. Tal misión consis-te en asegurar una aplicación impar-cial de la Ley, de manera igual a todos los ciudadanos, velando porque los derechos fundamentales y las liber-tades de éstos sean en todo caso res-petados.

Como digo, la experiencia propia, sin pretender nada más que exponer algunas propuestas básicas acerca de cómo concretar ese propósito, puede ser muy valiosa.

Permítanme por ello invitarles a repasar brevemente, a grandes ras-gos, el modo en que ese objetivo de ubicar al Ministerio Público en el eje del Estado democrático se concibe y se desarrolla en el sistema constitu-cional de mi país, España.

No pretendo, desde luego, soste-ner que dispongamos de un modelo universalmente aplicable, ni mucho menos perfecto. Pero sí creo que, aunque sea con defectos y propues-tas susceptibles de mejora, el sistema español recoge los que en mi opinión pueden entenderse como elementos imprescindibles para poner en pie, con mucho trabajo, mucho tesón, y algo de tiempo todavía, un Ministerio Público verdaderamente dedicado a salvaguardar y fortalecer la democra-cia.

En verdad, el reforzamiento del Estado de Derecho constituye, o de-bería constituir, con carácter general, un efecto consustancial a la acción de un Ministerio Público fuerte, concebi-do como defensor del ordenamiento jurídico frente a la agresión del deli-to. Su lucha contra los fenómenos cri-

minales capaces de poner en riesgo la organización social y la estructura económica del Estado ya constituye, por sí misma, una forma de consoli-dación de las instituciones.

A esa faceta volveré más adelante. Sin embargo, creo que el Fiscal

–como lo denominamos en España- puede desempeñar un papel mucho más amplio e intenso en ese terreno de la consolidación del Estado, como garante de los derechos humanos, las libertades públicas y la seguridad de los ciudadanos.

Para ello es imprescindible dise-ñar una institución dotada de cierta autonomía, conformada por profesio-nales capacitados, responsables de su actuación, exentos de condicionantes externos y protegidos frente a inje-rencias injustificadas de los poderes públicos y de los grupos de presión, en la línea marcada por la Recomen-dación 2000 (19) del Consejo de Eu-ropa sobre el papel del Ministerio Pú-blico en el sistema de justicia penal.

Nuestra experiencia apunta en esa dirección. Desde la ya citada Constitución democrática de 1978, el Ministerio Fiscal español se confi-gura como una institución que actúa mediante órganos propios, integrado con autonomía funcional en el seno del Poder Judicial, y cuyas funciones se definen explícitamente en la pro-pia Carta Magna. Dichas funciones son promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los de-rechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Como pueden ver, se trata de un cometido amplísimo, que va mucho más allá de la concepción estereo-tipada a la que antes me refería, del Fiscal como mero órgano acusador en el proceso penal.

Igualmente por expresa dispo-sición constitucional, y atendiendo precisamente a la trascendencia de las funciones que se le atribuyen, la actuación del Ministerio Público español se rige por el principio de legalidad (característico del sistema jurídico continental) y el de impar-cialidad, lo que excluye en general



los criterios de oportunidad política o económica. Sobre esto, no obstan-te, haré una salvedad más adelante, relativa a la progresiva aproximación que en mi opinión se está producien-do entre el funcionamiento de ambos sistemas, anglosajón y continental o de civil law.

Volviendo por ahora al hilo de mi exposición, me interesa subrayar que la misma Constitución española establece que el Fiscal desempeña su tarea conforme al principio de uni-dad de actuación en todo el territorio nacional. Esa unidad está garantiza-da por el principio de dependencia jerárquica interna, de modo que el Fiscal General del Estado, asistido de determinados órganos técnicos, se sitúa en el vértice superior de un modelo organizativo piramidal, que permite mantener la cohesión de la actividad de todos los miembros del Ministerio Fiscal.

Este régimen de funcionamiento, plasmado en un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal aprobado por ley, aporta la ventaja de una amplia presencia del Fiscal y una gran fle-xibilidad organizativa. Ahí está, en mi opinión, la clave fundamental que hace posible convertir al Ministerio Público en auténtico eje del Estado de Derecho.

En efecto, el Fiscal está presen-te no sólo en el proceso penal, sino en todos los órdenes jurisdicciona-les, interviniendo en todos aque-llos procedimientos en los que está comprometido un interés social que trasciende el ámbito propio del De-recho privado. La protección de los menores o los incapaces, o la protec-ción jurisdiccional del ejercicio de li-bertades públicas como los derechos de reunión, manifestación o huelga son algunos ejemplos. Incluso ante el Tribunal Constitucional, el Fiscal interviene no sólo en los procesos de amparo de los derechos fundamenta-les de los ciudadanos, sino también en las denominadas cuestiones de in-constitucionalidad, que son juicios de constitucionalidad de las leyes cuyo efecto, en caso de declaración de in-constitucionalidad, es la anulación de la norma legal.

No es preciso explicar que esa ca-

pacidad de promover la acción de la Justicia en interés social se traduce así en una función de control de le-galidad y de constitucionalidad que el Ministerio Fiscal español desem-peña a diario ante todos los órganos judiciales del país. Se trata, por tanto, de un elemento clave para la solidez, la unidad, la coherencia y la integra-ción del sistema jurídico, lo que por sí mismo justifica el concepto de “eje del Estado de Derecho” que acabo de emplear.

Lo más importante, a mi juicio, es que esa presencia difusa en todos los órdenes se manifiesta en cada caso mediante la aplicación de unos crite-rios únicos y uniformes, impartidos desde la Fiscalía General del Estado y acatados con arreglo al citado princi-pio de unidad de actuación. De modo que se asegura que la actuación del Ministerio Público, no ya en la perse-cución del delito, sino en la compren-sión e interpretación del conjunto del ordenamiento jurídico, obedezca a razonamientos y a objetivos unita-rios y coherentes.

Por eso, con independencia de que los modelos nacionales puedan extender más o menos la presencia del Ministerio Público en una u otra jurisdicción o rama del Derecho, me gustaría profundizar en la idea ge-neral, que es la que me parece real-mente trascendente. Es decir, en la importancia del principio de unidad de actuación de todos los integrantes de ese Ministerio como elemento de consolidación e integración del orde-namiento jurídico.

La aplicación de la regla de unidad en la actuación del Ministerio Público significa, como he apuntado, que to-dos sus miembros han de aplicar la ley conforme a unos mismos criterios interpretativos. Criterios que son im-partidos a través de una organización jerárquica piramidal, en cuyo vértice superior está el Fiscal General del Es-tado, equivalente, en su caso, al Pro-curador General de la República.

Este sistema permite resolver con éxito dos problemas al mismo tiempo.

En primer lugar, se asegura como digo que en todo el territorio del Es-tado la interpretación y la aplicación

de la ley serán uniformes. Ello implica que el ciudadano verá garantizada la seguridad jurídica, es decir, la previ-sibilidad de la respuesta que el Dere-cho ofrece, dentro del amplio margen que a veces presenta la letra de la ley, en un marco mucho más concreto, como es el de su interpretación para ser aplicada a los supuestos más ha-bituales.

A través de instrucciones genera-les, que se hacen públicas y son acce-sibles para todos los ciudadanos, el Fiscal General del Estado español im-parte los criterios vinculantes -es de-cir, de obligatoria aplicación por parte de todos los miembros del Ministerio Público- para la interpretación de las normas jurídicas, asegurando de este modo esa uniformidad aplicativa.

En este punto me parece conve-niente apuntar un razonamiento que hago con frecuencia, convencido de que resulta absolutamente esencial para entender una de nuestras fun-ciones más importantes como Minis-terios Públicos, en relación con ese objetivo de la construcción y el soste-nimiento del Estado de Derecho.

En democracia los jueces deben ser absolutamente independientes. Si no quedan a salvo de la influencia o la capacidad de presión de los otros poderes del Estado, no es posible asegurar algo inherentemente defini-torio de ese sistema de gobierno: la separación de poderes.

Dicho de otro modo, sólo donde el Juez puede actuar con plena inde-pendencia existe la garantía de que la Ley se aplicará de modo imparcial a todos, por encima del poder, de la influencia o de la posición de cada justiciable, cualquiera que sea su condición política, social o económi-ca. Nadie por encima de la Ley; todos, ciudadanos y poderes públicos, suje-tos a su imperio.

Ahora bien, ese inexcusable requi-sito de independencia de los jueces lleva implícito un efecto que podría-mos denominar centrífugo. Que cada Juez o Tribunal sea independiente significa, y exige, que tenga plena li-bertad para interpretar y aplicar la Ley. Siempre y cuando –claro está- lo haga de manera razonada y conforme a la Constitución y las normas inter-



nacionales que garantizan el respeto a los Derechos Humanos.

Pero ese ejercicio responsable y razonado de la libertad interpreta-tiva y aplicativa de la norma condu-ce, de manera natural e inevitable, a la diversidad. Aunque el sistema de recursos tienda a favorecer la uni-ficación de la doctrina judicial, por ejemplo a través de la actividad de la Corte Suprema o Tribunal Supremo, es evidente que ni todos los asuntos judiciales alcanzan ese grado juris-diccional, ni la intervención de esos órganos de unificación doctrinal pue-de producirse con la inmediatez y generalidad que sería necesaria para compensar esa tendencia a la atomi-zación.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que esa diversidad no es, en modo alguno, negativa. El ordena-miento jurídico es un instrumento de regulación social que está vivo, en la medida en que debe acomodarse a la realidad de la sociedad a la que sirve. Por tanto, el que los Jueces o Tribu-nales se aparten de resoluciones an-teriores, razonen sus discrepancias o introduzcan innovaciones en la doctrina que aplican al resolver de-terminados casos, lejos de constituir un defecto del sistema, es una de sus mayores potencialidades. Permite al Derecho avanzar al paso de la reali-dad.

Ahora bien, ese factor de disper-sión, que he denominado centrífugo,

exige de un mecanismo de compen-sación, que podríamos denominar centrípeto, para evitar que el impulso atomizador se resuelva en una autén-tica desarticulación del sistema. Es preciso que el Estado democrático cuente con mecanismos para, prime-ro, centralizar y coordinar el conoci-miento de esa diversidad interpreta-tiva. Y, segundo, intentar mantener y hacer valer líneas unitarias de inter-pretación de la ley. De modo que, sin perjuicio de esa diversidad necesaria para el avance, el Estado pueda apor-tar a los ciudadanos la mínima segu-ridad jurídica que necesitan para des-envolverse en su actividad cotidiana, civil, económica o institucional.

De este modo, el Ministerio Pú-blico aporta un catalizador inesti-mable a unidad del ordenamiento jurídico. El ciudadano sabe que una institución del Estado, capacitada y legitimada para actuar en un amplio número de procesos, y en cualquier caso en el proceso penal, está en disposición de mantener y sostener, incluso a través de los recursos judi-ciales oportunos, una interpretación unitaria, reflexionada y coherente de una determinada norma jurídica. Si el ciudadano conoce de antemano cuál es esa interpretación, porque existen mecanismos de transparencia para que ese conocimiento sea posible, podrá tomar con mayor confianza las decisiones que atañen a sus negocios, a su vida personal o a sus relaciones

con la Administración Pública.Observen, en este sentido, que esa

función unificadora del ordenamien-to tiene una repercusión de primer orden en el terreno de la consolida-ción institucional, pero también en el de la estabilidad social y económica. Una sociedad que tiene puntos de referencia claros, que cuenta con un margen de previsibilidad suficiente en la aplicación del Derecho, es una sociedad mucho mejor dotada para el crecimiento y el desarrollo. Por-que invertir, comprometerse en una empresa, será siempre más asequi-ble y menos arriesgado si existe un entramado institucional capaz de asegurar que, en caso de conflicto, la Ley se aplicará. Y, sobre todo, que se aplicará en un sentido determinado, de manera que el ciudadano afectado pueda prever cuál será el probable resultado, en el terreno jurídico, de su propia actuación.

Si el Ministerio Público logra, a través del principio de unidad de ac-tuación, producir ese efecto de inte-gración y unidad del ordenamiento jurídico, reforzando la seguridad ju-rídica de manera tan significativa, me parece que nadie podrá discutir que su contribución a la consolidación democrática no deja lugar a dudas. No hay mejor forma de fortalecer la democracia que asegurando que la Ley –esto es, la voluntad popular, expresada a través del Legislador- se aplique, y se aplique además de for-ma razonada, uniforme e igual.

Cándido Conde Pumpido mientras pronunciaba su conferencia. En la mesa de honor desde la derecha, el asesor policial del Poder Ejecutivo, Ber-nardo Santana Páez; la embajadora de España, Almudena Mazarrasa; el presidente de la Suprema Corte Justicia, Jorge Subero Isa y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.



La igualdad de los ciudadanos ante la Ley es una de las señas de identi-dad de los regímenes democráticos, condición esencial de la idea misma de democracia. Por eso, la tarea de igualación que deriva de esa aplica-ción unitaria y uniforme de la Ley es, sin duda alguna, una de las mayores aportaciones que un Ministerio Pú-blico fuerte y bien organizado puede realizar a la sociedad a la que sirve.

En resumen: previsibilidad de la reacción del sistema judicial, segu-ridad jurídica, e igualdad de los ciu-dadanos ante la Ley, se funden así en una misma realidad, que es la reali-dad de una democracia más sólida. Y, como puede comprobarse, en el cen-tro de esa convergencia de vectores de fortalecimiento democrático está –o puede, o debe estar- el Ministerio Público.

Pero la unidad de actuación re-suelve además otro problema, que es el de la legitimación democrática de nuestra actuación como perseguido-res del delito y defensores de la lega-lidad.

Pienso sobre todo en los Estados, como España y la mayoría de los paí-ses de Europa, donde el Ministerio Público recibe en mayor o menor me-dida el tratamiento de magistratu-ra postulante, es decir, se forma por funcionarios públicos con un estatus análogo al de los magistrados del Po-der Judicial. De manera que, al tra-tarse de funcionarios seleccionados por criterios técnicos y con carácter generalmente vitalicio, puede pro-ducirse cierto alejamiento entre esa condición servidor público y la fuente

de legitimación de su actividad, gene-rando síntomas de corporativismo.

Pero también pienso en aquellos otros sistemas, de corte preferente-mente anglosajón, en los que, aun existiendo un mecanismo de legiti-mación inmediata en la selección y la renovación de los miembros del Ministerio Público, incluso por vía de sufragio, los servicios de persecución se organizan en unidades más o me-nos autónomas entre sí (por ejemplo los sistemas federales), sin posibili-dad de asegurar, muchas veces, una verdadera acción uniforme. Es decir, generando fenómenos de dispersión o atomización, en el seno de una mis-ma sociedad, como los que antes des-cribí.

La combinación de estos modelos tan diferentes con la existencia de un margen de oportunidad más o menos amplio a la hora de decidir sobre la aplicación de la Ley, sobre todo en el proceso penal, puede, paradójica-mente, pese a la gran diferencia de sistemas, generar un mismo riesgo de debilidad.

Puede resultar, en efecto, debilita-da la vigencia de esos principios de previsibilidad y seguridad jurídica, e incluso de legalidad, si la decisión de poner en marcha la herramienta pe-nal se hace depender del criterio per-sonal o incluso corporativo de funcio-narios, generalmente incorporados a través de métodos de selección técnicos, basados exclusivamente en el conocimiento del Derecho, y por tanto ajenos a cualquier mecanismo directo de legitimación democrática. Pero también cuando, aun existiendo

como digo ese mecanismo más di-recto de legitimación, la naturaleza difusa de la organización impide o di-ficulta la unificación de criterios.

El hecho de que esos órganos ex-cesivamente corporativizados, o ato-mizados y carentes de mecanismos de coordinación suficiente puedan, a través de su intervención, contra-riar, impedir o restringir la verdadera voluntad del Legislador, generando contradicciones en su actuación y produciendo perplejidad e inseguri-dad a los ciudadanos, constituye una legítima preocupación en el marco de un sistema procesal basado en las de-cisiones de esos servidores públicos.

La aplicación del principio de uni-dad de actuación del Ministerio Pú-blico también resuelve, como digo, este problema, puesto que la organi-zación jerárquica piramidal, o, como mínimo, la existencia de mecanismos de unificación de criterios y coordi-nación de actuaciones entre órganos situados en distintos planos territo-riales, permite extender o transmitir, por capilaridad, a cada uno de esos órganos el mecanismo de legitima-ción del conjunto de la institución, o de su responsable máximo.

Dicho de manera más clara, si-guiendo el modelo de la Constitu-ción Española, que comparte más o menos con otros sistemas europeos, al atribuirse al Gobierno democráti-camente elegido mediante mayoría parlamentaria, la función y la respon-sabilidad de nombrar al Fiscal Ge-neral del Estado, se transmite a éste último la legitimación democrática. Y, a su vez, dicha legitimación se extien-de al conjunto del Ministerio Público que dirige a través, precisamente, de la unidad de actuación. Porque dicho principio de unidad e actuación ga-rantiza que la coordinación y aplica-ción efectiva de la Política Criminal responderá a unas determinadas directrices, inspiradas desde la Jefa-tura suprema del Ministerio Público. En consecuencia, la acción del Minis-terio Público trae causa, a través del Gobierno y el Parlamento, de la re-presentación democrática de la sobe-ranía popular.

De este modo, la interpretación y aplicación unitaria y uniforme de la


Desde la izquierda, el director nacional del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira; el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Alejandro Moscoso Segarra; el presidente de la DNCD, Radhamés Ramírez Ferreira y Cándido Conde Pumpido.


Ley no está en manos, y por tanto no depende de modo más o menos aza-roso, de quienes componen la insti-tución, sino de la institución misma, encarnada, y democráticamente le-gitimada, en quien ostenta su direc-ción.

La constitucionalización de esa función legitimadora resulta tam-bién, en ese sentido, muy importante. Como por ejemplo ocurre, igual que en España, en el sistema de ustedes. Creo, en efecto, que la Constitución de la República Dominicana contem-pla un régimen de designación y re-quisitos del Procurador General de la República claramente orientado a ese propósito legitimador, cuando equipara sus condiciones de nom-bramiento al de los Jueces de la Cor-te Suprema, y reserva sus funciones al posterior desarrollo legislativo. Aproximando así, igual que ocurre en el modelo español, su estatus –y con él, el de toda la institución del Minis-terio Público- a la esfera del Poder Judicial, pero con una autonomía fun-cional diferenciadora, que justamente permite preservar ese espacio para la función centrípeta y unificadora del ordenamiento jurídico.

Ahora bien, el riesgo de que un sistema de legitimación democrá-tica como el que acabo de describir, común a muchos países de nuestro entorno, pueda convertirse en factor de contaminación política, también ha de ser considerado, y combatido, con el fin de evitar que la aplicación

de la Ley se convierta en realidad en un instrumento político al servicio de una política partidista del Gobierno de turno, o en excusa o campo de ba-talla para la confrontación dialéctica entre Gobierno y oposición. Fenóme-no éste último que, por cierto, puede llegar a generar un serio desgaste ins-titucional, por la vía de una excesiva politización de la acción del Ministe-rio Público, que genera desconfianza en los ciudadanos.

Con el propósito de salir al paso de ese riesgo, la Constitución española incluye, junto al principio de unidad de actuación, la exigencia de impar-cialidad en la actuación del Ministe-rio Público.

En realidad, creo personalmente que la idea de imparcialidad va im-plícita en el concepto mismo de Justi-cia, y desde luego en el de Ministerio Público. Que éste, en su condición de parte acusadora en el proceso penal, o en cualquier otra de sus funciones, sea parte en el proceso, no puede, en democracia, entenderse como un cauce una justificación para la par-cialidad, esto es, para la defensa de intereses particulares o sesgados, di-rigidos a vencer la balanza de la Justi-cia a favor de determinados objetivos políticos o partidistas.

Ni siquiera en los sistemas de legi-timación directa que antes mencioné, donde esa frontera entre la política y la función institucional puede ser más tenue, creo que puede omitirse una línea clara de distinción. Una lí-

nea que debe marcar, precisamente, la propia Ley.

En tanto, que institución del Es-tado al servicio de la Ley, como ex-presión de la voluntad popular, el Ministerio Público podrá asignarse prioridades o perseguir objetivos de política criminal, pero lo que no po-drá nunca –insisto, por lo menos en democracia- es burlar el espíritu de la Ley para favorecer intereses in-compatibles con la voluntad popular expresada en ella, ni tampoco con la exigencia de igualdad en su aplica-ción a todos los ciudadanos.

De ahí la idea de imparcialidad, en-tendida como equidistancia, como ex-clusión de cualquier interés personal o de cualquier adhesión interesada a un propósito ajeno a la propia Ley. Tras ese principio de imparcialidad se deja entrever, una vez más, como aca-bo de sugerir, la garantía de igualdad de los ciudadanos ante el Derecho y ante el Estado. El Ministerio Público sólo se ajusta a las exigencias demo-cráticas si es capaz de procurar que se apliquen las normas a todos por igual, y para ello debe despojarse de cualquier dependencia o servidum-bre que no sea la de la Constitución y las Leyes a las que está sujeto.

Así, la exigencia genérica de im-parcialidad se refuerza a través de dos instrumentos: uno, precisamen-te, es el principio de legalidad, como fundamento y límite en todo caso de la actuación de Ministerio Público; y el otro es la afirmación de que el Ministerio Público –tal y como lo ex-presa, por ejemplo, la Constitución española- actuará por medio de órga-nos propios, es decir, la proclamación de su autonomía funcional y orgá-nica, que permita asegurar al Fiscal General del Estado y al conjunto de los miembros de la institución la im-prescindible libertad de criterio para definir su postura frente a cada caso concreto, al margen de las determi-naciones, los intereses o las presio-nes políticas.

En este punto, no sólo es determi-nante el establecimiento de mecanis-mos de garantía o de salvaguarda de la libertad de actuación y la indepen-dencia personal de los miembros de la institución, de manera que no pue-dan verse sometidos a esas presiones externas.


Desde la izquierda, los procuradores generales adjuntos, Maura Martínez, Octavio Líster, Casilda Báez, Guillermo Jiménez, Ángel Castillo e Idelfonso Reyes, delante del público que asistió a la conferencia, en posición solemne escuchando el Himno Nacional.


Es decir, no sólo es importante asegurar a los integrantes del Minis-terio Público un estatus profesional seguro y dotado de recursos para hacer frente a cualquier intento de ataque a la integridad de su función. Entiendo que también es importan-tísima la selección y la formación de los Fiscales. Establecer mecanismos lo más objetivos posible de acceso a la función –sea concebida como ca-rrera funcionarial o como desempe-ño de un empleo público-, valorando méritos, conocimiento jurídico y, en su caso, experiencia profesional, es la base de un posterior desempeño im-parcial de la función.

Al dotar a los miembros del Minis-terio Público de una sólida formación

jurídica e interdisciplinaria, que se actualice permanentemente, se les prepara para hacer frente a su traba-jo con un profundo y amplio conoci-miento de los instrumentos jurídicos de los que disponen. Esa es la verda-dera clave para asegurar la eficacia y la solvencia de la institución. Les diré que en España hemos hecho un esfuerzo espectacular, en los últimos dos años, para multiplicar la partida presupuestaria que se dedica anual-mente a la capacitación continuada de los Fiscales.

Entre otras razones, ese esfuerzo se justifica porque sólo a través de una formación actualizada y sólida, como dije, es posible abordar el gran reto que, en mi opinión, tiene hoy frente a sí el Ministerio Público, cual-quiera que sea el país del mundo del que se trate. Me refiero al reto de la especialización.

Piensen que la sociedad actual,

es decir, la sociedad de la tecnología y la información, avanza a velocidad vertiginosa, y a esa misma velocidad se mueven los fenómenos sociales a los que los Fiscales tenemos que hacer frente. En particular, el delito. Decenas de nuevas formas de activi-dad delictiva de todas clases se suce-den cada día traspasando fronteras e ideando mecanismos de impunidad.

El Ministerio Público no puede desempeñar correctamente sus fun-ciones, es decir, no puede ser útil a la sociedad en su cometido principal de combatir el delito, si no tiene un conocimiento suficiente de esos fenó-menos sociales, de sus instrumentos y de sus cauces, de las nuevas técni-cas delictivas y de los subterfugios y las lagunas del ordenamiento jurídi-co que pueden facilitar esos fenóme-nos de impunidad.

Las organizaciones criminales se extienden rápidamente a nuevos te-rrenos y llevan a cabo su actividad en ámbitos criminales cada vez más dis-pares. Su actuación no sólo comporta modalidades cada vez más complejas de vulneración de la Ley, sino que también incluyen sistemas de de-fensa dotados de grandes recursos económicos. Recursos que les permi-ten obtener los servicios de grandes despachos de abogados en los que se integran especialistas altamente cualificados, que disponen de los me-jores medios. Una institución pública infradotada, formada por individuos cuyo conocimiento de esa realidad y del ordenamiento jurídico no sea suficiente, no puede enfrentarse de ninguna manera, con ninguna posibi-lidad de éxito o de eficacia, a esas tra-mas criminales. Las organizaciones criminales especializadas no pueden combatirse con desorganizaciones institucionales carentes de especia-lización.

Y todos sabemos que la prolife-ración de esos fenómenos atenta directamente contra la democracia. Porque alteran los mercados produ-ciendo interferencias que generan injusticia social, rompen el juego de la libre competencia, atentan en ocasiones de manera directa con la libertad y la dignidad de las perso-nas, generando nuevas formas de

esclavitud, y socavan finalmente el sistema político, generando fenóme-nos de corrupción que cuestionan, de cara a los ciudadanos, la legitimidad de las instituciones y la honestidad de los responsables públicos. Así que combatir estas manifestaciones de criminalidad organizada supone, directamente, fortalecer nuestra de-mocracia.

Por ello, contar con un Ministerio Público bien formado, integrado por servidores públicos que cuenten con una completa formación jurídica, es fundamental, pero lo es sobre todo abrir espacios para la especializa-ción.

En el mundo complejo que acabo de describir, la figura del jurista om-nisciente no sólo no tiene lugar, sino que carece de posibilidad de existir. El nivel cada vez más intenso de tec-nificación jurídica, y la necesidad de ahondar en conocimientos de otras ramas del saber, para poder hacer frente a esos nuevos fenómenos de-lictivos, no ofrecen tregua.

La especialización es esencial. Lo es en la capacitación de los Fiscales. Pero lo es también, como enseguida razonaré, en la propia configuración de la organización y las funciones del Ministerio Público.

Me gustaría abundar de manera algo más precisa en la idea de que al final de ese sendero de especializa-ción, está el objetivo de lo que yo de-nomino utilitarismo democrático.

El Ministerio Público no sólo debe configurarse como una institución acorde con los principios de legali-dad, imparcialidad, seguridad jurídi-ca, igualdad de los ciudadanos ante la Ley.

En el texto de la Constitución es-pañola que al comienzo les cité se contiene un elemento más que en realidad da sentido a ese aspecto institucional: el de que el Ministerio Público ha de actuar aplicando la ley en defensa del interés general. Dicho de otro modo, el Ministerio Público como órgano no puede conformarse con ser una institución democrática; tiene, además, que ser útil a la demo-cracia. Efectivamente útil, esto es, ca-paz de contribuir de modo eficaz a su preservación y su desarrollo.


“El nivel cada vez más intenso de tecnificación jurídica, y la necesidad de ahondar en conoci-mientos de otras ramas del saber, para poder hacer frente a esos nue-vos fenómenos delicti-vos, no ofrecen tregua”.


He tratado de demostrar, al ha-blarles de las amenazas que derivan de los nuevos y grandes fenómenos delictivos que nos rodean, que el gra-do de fortaleza del Ministerio Público como institución del Estado se rela-ciona directamente con el grado de fortaleza del Estado mismo, entendi-do éste como cauce y vía de articula-ción del gobierno democrático.

De esta manera, la concepción utilitarista que defiendo nos lleva directamente a la necesidad de esta-blecer prioridades y de atender, por la expresada vía de la especialización, a aquellas necesidades que la socie-dad, los ciudadanos, perciben como objetivo inexcusable de nuestra in-tervención.

El Derecho Penal, y el conjunto del ordenamiento jurídico, no pue-den quedar enquistados en fórmulas clásicas o en conceptos más o menos asequibles. Tenemos la obligación de empujar la aplicación de la Ley hacia las zonas de sombra, y alumbrar con la luz de la Justicia los rincones en los que se tratan de ocultar esas nuevas formas de criminalidad.

Por ello la aplicación de los recur-sos humanos y materiales, la propia configuración organizativa del Minis-terio Público, debe atender también a esa filosofía de la utilidad democráti-ca. No sólo debemos especializarnos y mejorar como juristas. También, debemos ser capaces de especializar y adecuar la institución misma, de manera que esté en mejores condi-ciones de afrontar esos desafíos. De hacer que la Ley se cumpla, y que los principios que aplicamos sean social-mente efectivos; es decir, sean reali-dades, y no grandes palabras escritas en solemnes textos jurídicos.

Como mero ejemplo de ese esfuer-zo, que por supuesto puede tener otras plasmaciones igualmente váli-das, me permito una vez más remitir-me al modelo que mejor conozco, que es, obviamente, el de mi país.

En el Ministerio Público español, junto a la organización que podría-mos denominar vertical, que atiende los asuntos ordinarios originados en los diferentes niveles territoriales, se superpone otra estructura funcional basada, como he dicho, en el princi-

pio de especialidad por razón de la materia.

El eje principal de esa estructura lo constituyen tres Fiscalías Especia-les con competencia en todo el terri-torio del Estado español:

La primera de esas Fiscalías es la Fiscalía de la Audiencia Nacional, competente en materia de terroris-mo, en el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial de España y en deter-minados delitos de gran complejidad o que atentan contra bienes jurídicos especialmente relevantes.

Me interesa subrayar que tanto la Fiscalía, como el Tribunal ante el que actúa, es decir, la Audiencia Na-cional, se sitúan plenamente dentro de la jurisdicción ordinaria, están in-tegrados por jueces y fiscales profe-sionales y designados con arreglo a la ley, y no suponen ninguna alteración sustancial del régimen de garantías

procesales aplicables a cualquier ciu-dadano. Partimos de la idea de que el terrorismo es una actividad delictiva, no un enfrentamiento militar entre dos bandos que defienden por las armas intereses contrapuestos; y por tanto el Estado debe hacer frente a los terroristas con leyes, con medios y con procedimientos especializados, no excepcionales. La eliminación de la violencia terrorista no puede ob-tenerse renunciando a la libertad, al Derecho y a la seguridad jurídica, precisamente porque esa quiebra del Estado de Derecho es el objetivo que los terroristas buscan. El recurso a métodos excepcionales o a vías de

hecho, termina fortaleciendo y ofre-ciendo apariencia de legitimidad a la acción objetivamente criminal del terrorista.

Pues bien, partiendo de esa pre-misa, el principio de especialización orgánica permite llevar adelante complicados procesos judiciales en plazos normalmente razonables, pero sin reducir o afectar en modo alguno los derechos y garantías constitucio-nales de los ciudadanos, dentro del proceso penal ordinario.

Junto a la Fiscalía de la Audien-cia Nacional contamos, en segundo lugar, con una Fiscalía Especial Anti-corrupción con competencia para la persecución de delitos económicos relacionados con la corrupción de los poderes públicos, o que atentan gravemente contra el orden socio-económico. Esta Fiscalía dispone de Unidades adscritas de Policía y de especialistas procedentes de otros cuerpos de la Administración del Es-tado, que asesoran a los Fiscales en materia económica, contable, tribu-taria y administrativa, lo que, entre otras ventajas, le permite enfrentarse a un nivel aceptable a los importan-tes medios humanos y económicos de los que suelen disponer las defen-sas de esta clase de delincuentes.

En este momento está en trámite parlamentario, además, una reforma legal que ampliará las competencias de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda hacerse cargo de otras for-mas de delincuencia organizada, que afectan a bienes jurídicos primarios, como por ejemplo el tráfico de seres humanos, o la actividad de bandas internacionales dedicadas a la extor-sión o a la perpetración sistemática de delitos contra la propiedad, gene-ralmente con un fuerte componente violento.

En tercer lugar existe una Fiscalía Especial Antidroga, dedicada exclu-sivamente a la persecución del nar-cotráfico y del blanqueo de capitales relacionado con él, igualmente dota-da de unidades policiales adscritas y apoyada externamente por otros servicios del Estado, incluida la auto-ridad aduanera.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía Antidroga cuentan


Si el Ministerio Público logra, a

través del principio de unidad

de actuación, producir ese

efecto de integración y unidad

del ordenamiento jurídico, re-

forzando la seguridad jurídica

de manera tan significativa,

me parece que nadie podrá

discutir que su contribución a

la consolidación democrática

no deja lugar a dudas.


con una red de Fiscales delegados con sede en aquellos territorios del Estado donde se produce una ma-yor incidencia de la actividad delic-tiva que corresponde a su respectiva competencia. De este modo, es posi-ble establecer una acción coordinada y coherente del Ministerio Fiscal en esta materia.

Además de estos órganos de com-petencia estatal, contamos con un se-gundo eje de especialización en otros ámbitos, como la protección y trata-miento de los menores, la lucha con-tra la delincuencia medioambiental o los abusos urbanísticos, la violen-cia contra la mujer, la siniestralidad laboral, la seguridad vial o los pro-blemas relativos a la extranjería y la inmigración.

En este caso la organización se es-tructura mediante redes de fiscales especialistas, radicados en los dife-rentes órganos territoriales (es decir, distribuidos por todo el territorio nacional), que se coordinan a nivel estatal por un Fiscal integrado en la Fiscalía General del Estado. Insisto en que la concreción del modelo es lo de menos, en la medida en que de-pende de las características y del con-texto de cada país. Lo que me importa

destacar es la filosofía que lo inspira. La idea de que la especialización no sólo debe canalizarse a través de la capacitación, del estudio, de los me-dios, sino también de la propia orga-nización y de la forma de trabajar del Ministerio Público.

Y finalmente llego, por este cami-no, al punto de partida. Porque uno de los aspectos en que esa forma de trabajar debe reflejar de modo más claro el empeño de ser eficaces en el sostenimiento de la democracia, es, también, el de la cooperación inter-nacional.

En un mundo en que el delito no tiene fronteras ni conoce distancias, la Ley y el Derecho, la acción de quie-nes asumimos la responsabilidad de procurar y hacer Justicia, no pueden detenerse en las aduanas o en las ori-llas de los océanos. Ni tampoco pue-de ni debe nuestra actuación como juristas permanecer aislada o circu-lar al margen de la trayectoria social, económica o tecnológica de nuestros pueblos. De nada sirve en este mundo global la especialización unilateral o el esfuerzo sectorial. No hay respues-tas locales a problemas globales.

Comencé, como recordarán, ci-tando al Secretario General de la

Cumbres Iberoamericanas, Enrique Iglesias, evocando su llamamiento a un impulso común de los países de nuestra comunidad. Quiero ahora, al hilo de mi argumentación, aventurar que uno de los terrenos en que esa co-munidad de intereses y de objetivos tiene abierta una vía de crecimiento más esperanzadora es éste de la co-operación judicial internacional.

Dicha materia, en particular en el ámbito esencial de la lucha contra la criminalidad organizada, figura de hecho como prioridad para la Cum-bre Judicial Iberoamericana y fue ob-jeto de especial atención en el acta Fi-nal de la última Cumbre de Ministros de Justicia celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

Y, además, la cooperación judicial nos ofrece, ya a fecha de hoy, logros iniciales que sugieren un buen pro-nóstico de futuro. La experiencia de la creación de Iber-RED, es el mejor ejemplo para la actuación en el futu-ro.

Iber-RED es un fruto paradigmáti-co y positivo del esfuerzo común de todos los sujetos protagonistas de la Justicia en el seno de nuestra comu-nidad iberoamericana. Como saben se trata de un sistema de intercam-

el magistrado Jiménez Peña entrega la placa de reconocimiento a Conde Pumpido con la que se le declara Profesor Honorífico de la escuela Nacio-nal del Ministerio Público. Sentado, detrás, parcialmente oculto, se obseva al presidente de la DNCD, Rafael Radhamés Ramírez Ferreira.


bio de información y de colaboración para facilitar la asistencia judicial entre los países de Iberoamérica, España y Portugal. Ya en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Salaman-ca en Octubre de 2005, se formalizó expresamente el “respaldo a la con-solidación de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial para, entre otros aspectos, enfrentar mejor el narcotráfico, la corrupción y la delin-cuencia transnacional organizada”. Y de nuevo este año ha sido objeto de tratamiento en la Cumbre de Monte-video.

Pues bien, Iber-RED ya está de-mostrando su eficacia en nuestro tra-bajo cotidiano, con resultados espec-taculares en algún caso concreto.

Antes de cerrar este capítulo rela-tivo a la cooperación internacional,

y concluir con ello mi intervención, para no cansar más su atención, que-rría añadir un comentario que me parece conveniente repetir cada vez que tengo la ocasión de compartir experiencias o el honor de dirigirme, como en este caso, a colegas de otros países.

A veces tendemos a considerar la existencia de dificultades a la hora de colaborar con las instituciones de otros países, incluso entre Minis-terios Públicos. Dificultades no deri-vadas de la falta de voluntad, o de la desconfianza, sino de la existencia de diferencias estructurales o concep-tuales entre nuestros diversos siste-mas jurídicos. A lo largo de esta inter-vención me he referido a los distintos modelos de common law y civil law, o de sus áreas de influencia, como una de las fuentes de esa dificultad estructural.

Sin embargo, creo que ni siquiera ese obstáculo es tal. Si se observa con objetividad, el desarrollo del Derecho

Penal y Procesal en las últimas déca-das ha sido claramente convergente, precisamente por razón de la necesi-dad de homologar los sistemas para favorecer la cooperación. En particu-lar, entre Ministerios Públicos, cuyas técnicas y procedimientos de trabajo se caracterizan por una menor for-malidad que los propiamente judicia-les, cuya naturaleza intrínsecamente garantista reduce el margen de flexi-bilidad.

De nuevo sin más pretensión que la de ilustrar esta afirmación, diré que la Fiscalía española mantiene estre-chos vínculos de colaboración con los Estados Unidos y Gran Bretaña, prin-cipalmente en materia de terrorismo internacional, y que hasta ahora no hemos encontrado ningún problema que no haya podido resolverse.

Por citar otro ejemplo, les diré

que el pasado mes de agosto asistí en París a la asamblea anual de la Aso-ciación Internacional de Ministerios Públicos. Uno de los temas principa-les que allí se trataron fue el de la lla-mada decisión de perseguir, o, lo que viene a ser lo mismo, el ejercicio de la opción de oportunidad, por parte del Fiscal, a la hora de aplicar sus re-cursos a determinadas prioridades, y en particular la decisión de archivar determinados asuntos. Pues bien, les diré que la conclusión a la que llegué fue que, dentro del sistema español, estrechamente vinculado al principio de legalidad, prácticamente era po-sible dar las mismas respuestas que buscaban los colegas británicos, aus-tralianos o norteamericanos, tal vez incluso con un mayor nivel de garan-tías para los justiciables.

Hay, pues, distancias que recorrer, pero cada vez son menores. Las que nos separan a nosotros, españoles y dominicanos, las llevamos recorrien-do muchos siglos y aparecen notable-

mente acortadas por la identidad de una lengua común, y de una cultura y unos valores en gran medida com-partidos.

La vocación de suma y comple-mentariedad que inspiraba el discur-so de Enrique Iglesias, como divisa de la presencia Iberoamericana en la construcción de una sociedad global más justa, constituye a mi juicio un valor seguro. La República Dominica-na y España están fuertemente impli-cadas en ese esfuerzo, y también en el ámbito bilateral nuestras relacio-nes son excepcionalmente positivas. El empuje y la decisión de su Procu-rador General me ofrecen la máxima confianza, y el convencimiento que nuestra colaboración será –como está siendo- muy fructífera.

Me parece que estamos de acuer-do en lo más importante: en que lo importante es trabajar sin pausa para conseguir esos objetivos comunes, que redundarán en beneficio de la Justicia y, como he tratado demostrar, directamente contribuirán a consoli-dar nuestras democracias.

Esa idea del esfuerzo conjunto y continuado se expresa en una idea que, en la reunión de Chile a la que me referí al inicio, quise plasmar ci-tando al filósofo español José Ortega y Gasset. Quiero poner punto final a mis palabras con esa misma cita, a modo de nueva expresión de mi sin-cero agradecimiento, pero también de invitación a todos los presentes, en su condición de representantes de las más altas instituciones judiciales y del Ministerio Público de la Repú-blica Dominicana: “sólo cabe progre-sar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos”.

Miremos, pues, con esperanza y ambición, hacia el futuro. Confiemos, porque tenemos razones para ello, en que el Ministerio Público de nuestros países sabrá contribuir, desde la de-mocracia, a consolidar la democracia. Trabajemos intensamente, y unidos, para que así sea. Los ciudadanos tie-nen derecho a exigírnoslo; y nos lo reconocerán.

Muchas gracias.

“Las organizaciones criminales se extienden rápidamente a nuevos

terrenos y llevan a cabo su actividad en ámbitos criminales cada vez

más dispares. Su actuación no sólo comporta modalidades cada vez

más complejas de vulneración de la Ley, sino que también incluyen

sistemas de defensa dotados de grandes recursos económicos”


Al conjunto de las leyes laborales y de seguridad social se les llama fre-cuentemente el Derecho Social. Un área del derecho soslayada incluso por prestigiosas oficinas de abogados de nuestro país, por muchos años. Sin embargo, a partir de dos gran-des acontecimientos, el primero la promulgación del Código de Trabajo en 1992, y el otro que no es precisa-mente la promulgación de la Ley 87-01 sino los aprestos de su entrada en vigencia, han despertado un marcado interés de parte de los grandes capi-tales financieros de nuestro país, y naturalmente, de parte de las oficinas de abogados que tradicionalmente los representan.

Todo esto ha hecho recordar aque-lla proverbial viña de Nabot, motivo de la envidia del Rey Acab y de su es-posa, y origen de su propia ruina.

El Sistema Dominicano de Segu-ridad Social tiene dos disposiciones cuyo contenido guarda una gran si-militud entre ellas, una está en los pá-rrafos II y III del artículo 31 de la Ley 87-01, y la otra lo constituye la Reso-lución 00112-2007 dada por la Super-intendecia de Riesgos Laborales. Am-bos mandatos legales estipulan que los empleados públicos se inscribirán exclusivamente en la Aseguradora de Riesgos de Salud SENASA, que perte-nece al Estado dominicano.

No es casual que ambas disposi-ciones hayan sido objeto de acciones tendentes a su declaratoria de nuli-dad, ni es raro que los abogados en ambos casos hayan sido los mismos, lo que sí es raro es que una de esas ac-ciones haya logrado su objetivo. Me refiero a la muy comentada decisión, que en materia de amparo emitió el Tribunal Contencioso Tributario y Ad-ministrativo el día 31 de julio del 2007, en la cual le dio ganancia de causa a ASODEMU, la asociación que agrupa a los empleados de la Universidad Au-

tónoma de Santo Domingo.Una y otra tenían los mismos fun-

damentos, conforme al criterio de los recurrentes. El hecho de que los empleados privados puedan elegir la ARS de su preferencia, mientras que los empleados públicos estén limita-dos a sólo estar afiliados a seNAsA, constituía una violación al principio constitucional de igualdad de todos ante la ley.

No compartimos en lo absoluto ese criterio por varias razones. La primera es que la misma Constitu-ción dominicana, en el numeral 11 del artículo 8, le atribuye a los poderes públicos competentes la facultad de reglamentar “los seguros sociales” y “todas las providencias de protec-ción y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean manuales o in-telectuales”.

La segunda razón es que el nume-ral 17 del mismo artículo de la Cons-titución reza de la siguiente forma: “el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de

manera que toda persona llegue a go-zar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la inca-pacidad y la vejez”, y el hecho de que diga que el desarrollo de la seguridad social será progresivo, evidencia que el legislador no pretendió que todas las conquistas en favor de los trabaja-dores dominicanos se lograrán como un gran acto de magia propio de Cooperfield, sino agotando todo un proceso gradual que le den firmeza a esas conquistas.

Si analizamos cuidadosamente el contenido de ambos artículos de la Constitución, podemos concluir que cuando el Estado dominicano emite una ley desde el Congreso de la Repú-blica o una Resolución a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL), con el objetivo de organizar el Sistema Dominicano de Seguridad Social, está cumpliendo con el mandato constitucional que lo obliga a tomar todas las providencias de protección y asistencia en prove-cho de los integrantes de esta nación, sean éstos servidores públicos o tra-bajadores del sector privado, y en vez de quebrantar la igualdad entre ellos, más bien contribuye a que ella sea una realidad tangible, y no una simple expectativa.

Y para finalizar, es importante des-tacar que así como los abogados de ambas acciones recurrieron al dere-cho comparado para fundamentar-las, si nosotros aplicamos el mismo método, descubriríamos que países como Costa Rica, que en muchas otros aspectos del derecho, como el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal Penal, ha empezado a ser una referencia para nuestro país, no tienen Administradoras de Riesgos de Salud de capital privado, sólo exis-te una y ésta pertenece al Estado cos-tarricense.

el Sistema Dominicano de Seguridad Social, La Nueva Viña de NabotPor: Ramón santana trinidad

Abogado asistente de la Procuradurí[email protected]


El Sistema Dominicano de Se-guridad Social tiene dos dispo-siciones cuyo contenido guar-da una gran similitud entre ellas, una está en los párrafos II y III del artículo 31 de la Ley 87-01, y la otra lo constituye la Re-solución 00112-2007 dada por la Superintendecia de Riesgos Laborales. Ambos mandatos legales estipulan que los em-pleados públicos se inscribirán exclusivamente en la Asegura-dora de Riesgos de Salud SE-NASA, que pertenece al Estado Dominicano.


Justicia XXi en el Distrito Judicial de La Romana

Justicia XXI es un sistema digital a tiempo real que se uti-liza como una técnica de apoyo para los Fiscales. En febrero del año 2007, la Fiscalía del Distrito Judicial de La Romana adopta este sistema como un mecanismo para garantizar el rápido acceso a la información en las investigaciones realiza-das por esta Fiscalía, y de esta manera lograr que los Fiscales podamos tener un efectivo control de los casos que estamos trabajando.

Para la implementación de Justicia XXI, en este Distrito Judicial de La Romana, previamente logramos la adecuación de esta oficina al Modelo de Gestión de Fiscalías, el cual nos permitió crear las infraestructuras necesarias para poder dar el gran paso hacia Justicia XXI, lo que ha requerido una amplia tarea de preparación tanto a nivel de los equipos que se ne-cesitan como del entrenamiento de cada una de las personas de esta Fiscalía, para lograr el alto nivel de comprensión de las ventajas del sistema que hoy en día tenemos.

Este sistema tiene como uno de sus objetivos principales garantizar la transparencia y la eficiencia en las actuaciones de los Fiscales a través del monitoreo constante que se puede realizar, ya que todas las actuaciones son introducidas en el sistema y se puede tener acceso a ellas de forma sencilla y rápida.

Justicia XXI permite que a cada caso desde su recepción (denuncia o querella), se le genere un número único (código de barras) con el cual lo manejaremos desde el inicio de la in-vestigación hasta la ejecución de la sentencia o la realización de cualquier otro acto conclusivo que el Ministerio Público, utilizando los criterios de legalidad y objetividad, decida to-mar en un caso determinado.

Con este nuevo sistema de apoyo a los Fiscales se ha podi-do eficientizar el manejo de los sujetos involucrados en cada caso, expresando su participación en el mismo, y cuál es la norma legal violentada aplicándole luego, mediante la opción de actuaciones, los actos del procedimiento a los que son so-metidos y las decisiones que se tomen en los mismos.

Este es un sistema realmente completo y útil que nos per-mite programar nuestras audiencias e introducir al sistema el resultado de las mismas, para que de esta forma se puedan generar los plazos a los que está sometido cada caso, y mos-trarlo como una alerta al Fiscal a través del sistema de esta-dísticas de las audiencias.

Creemos que Justicia XXI es realmente un sistema de apo-yo al Fiscal porque genera todas las plantillas que podemos necesitar, sólo teniendo acceso a la opción correcta y con todos los datos que el sistema tiene introducidos previamen-te de una forma rápida; genera el documento que queda registrado en la opción de documentos de ese caso, y que podremos visualizar y modificar en la medida que el caso lo requiera.

El sistema Justicia XXI en su opción actuaciones tiene dife-rentes ciclos, los cuales, nosotros los Fiscales, utilizamos en

la toma de nuestras decisiones, como son: actos conclusivos, audiencia preliminar, juicio, aplicación de criterios de oportu-nidad, suspensión condicional del procedimiento, recusacio-nes, terminación del proceso, peritaje, medidas de coerción, manejo de evidencias, rebeldía, archivos y los distintos re-cursos; y accediendo a cada uno de éstos podremos ver una gama de opciones para cada necesidad específica del caso.

Otro aspecto positivo de Justicia XXI es que mantiene co-nectadas todas las áreas de la Fiscalía desde el área de recep-ción de denuncias y querellas hasta las solicitudes de órdenes de arresto que se puedan realizar, lo mismo que las órdenes de libertad que deben hacerse a través del sistema para que de esta forma quede de inmediato registrado dentro de los documentos de ese caso.

en fin, Justicia XXI es una forma más de expresarle a todo la sociedad dominicana que los Miembros del Ministerio Pú-blico estamos dispuestos a que nuestro trabajo sea evaluado de forma continua, que cada una de nuestras actuaciones puedan ser visualizadas, y que en las mismas se traduzcan los más altos principios de rectitud, honestidad, legalidad, ob-jetividad y sobre todo de transparencia.

Ingrid Pamela Rijo CaraballoFiscalizadora del Distrito Judicial

de La [email protected]

Este sistema tiene como uno de sus objeti-vos principales garantizar la transparencia y la eficiencia en las actuaciones de los Fiscales a través del monitoreo constante que se puede realizar, ya que todas las actuaciones son in-troducidas en el sistema y se puede tener acceso a ellas de forma sencilla y rápida.

Justicia XXI permite que a cada caso, des-de su recepción (denuncia o querella), se le genere un número único (código de barras) con el cual lo manejaremos desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sen-tencia o la realización de cualquier otro acto conclusivo que el Ministerio Público utilizando los criterios de legalidad y objetividad, decida tomar en un caso determinado.



institucionalización y transparencia del Sistema Administrativo y Financiero de la Procuraduría general de la República

Buenas tardes, señoras y señores

El motivo que nos reúne en esta ocasión es el de la ce-lebración de la Semana por la Transparencia. En tiempos donde se hace cada vez más necesario el reencuentro con los valores que forjaron nuestra patria, no hay término más adecuado que éste. La Transparencia nos evoca la eficiencia en la gestión gubernamental, el buen manejo de los fondos públicos y la rendición de cuentas.

Ya en nuestra primera Constitución estaban los funda-mentos de lo que hoy en día constituye un derecho funda-mental de tercera generación. Estaba el fundamento de lo que hoy en día se conoce como derecho a saber: derecho de acceder a la información pública. Y es a través del ar-tículo 8, inciso 10 de nuestra Carta Magna, que incorpo-ramos el principio universalmente reconocido en varias convenciones internacionales, que consagra el derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones, opiniones y a difundirlas.

Este derecho de los individuos a investigar y recibir informaciones en poder de la administración nos condu-ce necesariamente a la regulación del acceso a los docu-mentos gubernamentales. Esta regulación vino dada de manos de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Informa-ción Pública y su Reglamento de Aplicación, el Decreto 130-05, que reconoce, en su artículo primero el derecho de información y de acceso a los expedientes y actas de carácter administrativo.

En la Procuraduría General de la República creemos que el acceso a la información pública no es sólo un de-recho de los individuos, sino que es un componente del desarrollo y del crecimiento de un país. Como bien dice el premio Nóbel de Economía George Akerlof: “la falta de información, la información distorsionada o la asimetría de información, altera los precios y beneficia la especula-ción” a lo que yo agregaría: la falta de información veraz, completa y oportuna entorpece el funcionamiento de la

democracia y atenta contra el bienestar general.Es por esto, que comprometidos con la gestión de una

administración transparente nos embarcamos en la con-formación de un Proyecto Piloto de Transparencia que incluiría no sólo el acceso a la información pública y el tema de las compras y contrataciones, sino también una reforma integral del área administrativa y financiera, a los fines de adecuarla a los máximos estándares de efi-ciencia institucional.

Nuestro primer logro fue la implementación de la Pri-mera Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI), conformada con todas las características que la ley 200-04 establece en sus artículos 3, 4, 5 y 7; así como en los artículos 9, 12 y 21 de su reglamento de aplicación.

De tal manera, nuestra Oficina de Acceso a la Infor-mación Pública (OAI) cumple cabalmente con su misión, la cual se traduce en el deber de garantizar el libre acce-so a la información y dar publicidad de los actos de la institución, ofreciendo a la vez un servicio permanente y actualizado de facilitar la información de los expedientes

Conferencia del doctor Radhamés Jiménez Peña, procurador de la República, durante la celebración de la Semana por la transparencia, miércoles �� de agosto de �00�, Auditorio de la PgR.



y actos de carácter administrativo.Esta misión ha sido sólo posible

porque fue dotada con estructura organizacional adecuada y con ma-nuales de organización y de procedi-mientos; manuales que hoy en día, son la base sobre la cual se realiza la estandarización a nivel nacional del servicio de acceso a las informacio-nes públicas en las demás institucio-nes gubernamentales.

Centrados en el concepto de la ad-ministración transparente, la Oficina de Acceso a la Información Pública consta de una plataforma tecnológi-ca que contiene permanentemente, a través de enlaces activos, informa-ción relativa al Marco Legal, al Plan Estratégico, Presupuesto, a nuestra nómina, la cual puede ser consultada tanto íntegramente como por depen-dencia, departamento o por nombre del empleado o funcionario.

El portal también pone a disposi-ción del público información sobre las vacantes, lo que facilita que el ciudadano pueda concursar pública-mente para una posición.

Asimismo está colocada en el portal, información sobre todos los proyectos en ejecución con fondos internacionales. Existe además, un vínculo especial de finanzas donde el ciudadano podrá encontrar: los in-gresos y egresos de la Procuraduría; las auditorias independientes; los desembolsos por cuenta bancarias; una consulta del inventario en alma-cén; la cuenta por pagar a suplidores,

con el desglose de factura, boucher, y fechas.

De igual manera, se puede consul-tar en otro enlace, la relación de los activos; el listado de los beneficiarios de programas asistenciales; estadís-ticas; informaciones sobre los servi-cios que ofrecemos... y un apartado especial al que denominamos: Ofici-na Virtual de Acceso a la Información Pública, a través de la cual se puede colocar la solicitud de acceso a la in-formación en línea, de tal manera que ya no es necesario trasladarse física-mente a nuestras instalaciones sino que desde cualquier lugar remoto, un ciudadano interesado en plantear alguna solicitud puede, sorteando los horarios laborales y la distancia, co-locar la misma, a través del portal de transparencia.

Por considerarlo de especial in-terés para la ciudadanía, tenemos también habilitado en nuestro por-tal, una consulta a las declaraciones juradas, las mismas pueden ser bus-cadas tanto por funciones, como por funcionario.

Creo firmemente en que la trans-parencia y el acceso a la información son factores que acrecientan la credi-bilidad de las instituciones; conside-ro además, que son los instrumentos por excelencia para la participación de la ciudadanía en el control de ac-tos perjudiciales que se pudiesen co-meter en el ejercicio de las funciones públicas.

Para fortalecer aún más la trans-

parencia en el manejo de los fondos públicos, nuestro país cuenta desde el año 2006 con la Ley 340-06 y sus modificaciones; esta ley nos dota de una legislación moderna en materia de compras y las contrataciones de bienes, servicios, obras y concesio-nes, acorde con los estándares inter-nacionalmente aceptados.

Ustedes se preguntarán por qué, siendo las compras y contrataciones un tema medular de transparencia no les había hablado sobre ellas. No lo había hecho precisamente por su importancia, y porque a ellas me voy a referir muy especialmente en este momento:

Siento un gran orgullo y una enor-me satisfacción al hablar del tema de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios; y esto es así porque el pasado 12 de junio lanzamos el portal ProCompraNet.

Este portal permite el manejo de manera electrónica de las licitaciones públicas de bienes y servicios.

ProCompraNet es una iniciativa dirigida a dar cumplimiento al ar-tículo 2 párrafo IV, de la ley 340-06 que establece que toda información relacionada con el objeto de la ley de compras y contrataciones será de li-bre acceso al público, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pú-blica.

Nuestro portal de compras y con-trataciones fue diseñado precisamen-te, con miras a fortalecer el acceso a la


vista del movimiento que se sucita en la primera planta de la Procuraduría, donde funciona la Oficina de Acceso a la Información Pública.


información, de tal manera que tanto la ciudadanía, como los posibles ofe-rentes, tienen toda la información re-ferente a las licitaciones actuales, las licitaciones en curso y las licitaciones históricas. Cuenta igualmente con información acerca de las próximas convocatorias de licitaciones.

De esta forma toda persona puede fácilmente verificar todo el expedien-te de licitación, y puede a su vez, en el caso de que esté interesado en par-ticipar, descargar todos los requisitos exigidos para concursar.

Como vemos, la implementación progresiva en el Estado del uso de la tecnología, no debe ser vista sola-mente como una herramienta de la acción administrativa interna, sino que además se trata de un medio para organizarse mejor a los fines de eficacia y de transparencia.

En ese sentido sería pertinente preguntarse: ¿Cuál es la ventaja que aporta ProCompraNet?

La ventaja viene dada por la mayor difusión a los proyectos de compras y contrataciones, lo cual necesaria-mente se traduce en mayor equidad para todos. Esto es así porque una vez realizada la convocatoria pública en un medio de circulación nacional, en ProCompraNet aparecerán los avisos de la convocatoria a licitación públi-ca, así como las bases del concurso.

A partir de ese momento Procom-pranet se convierte en una ventana abierta al proceso de compras y con-trataciones de los bienes, servicios y

obras. Ventana a través de la cual no sólo los interesados sino, sobre todo, cualquier ciudadano común, podrá ver y conocer cada una de las actas y demás documentos que se generen.

Como han podido observar este nuevo portal, concreta de manera efi-caz el especial interés que se ha pues-to en la Procuraduría, de actualizar los procedimientos; modernizarlos mediante la tecnología de la informa-ción y sobre todo a través de eficien-tes técnicas de gestión financiera, enmarcándose dentro de estrictos valores institucionales, de transpa-rencia y democracia.

Por otro lado, como parte del mis-mo proceso de modernización en el tema de compras y contrataciones, es preciso señalar que luego de un pro-ceso de trabajo con los representan-tes del Proyecto de Administración Financiera Integrada (PAFI) de la Se-

cretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República logró su in-tegración al módulo de compras del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Nuestro enlace al SIGEF no sólo implica que todas nuestras operacio-nes de compras y contrataciones se registran en forma simultánea en el sistema administrado centralmente por la Secretaría de Hacienda, sino que implica además, que utilizamos para todas nuestras necesidades de suministro de bienes y servicios el Registro Nacional de Proveedores y el Catálogo de Bienes y Servicios. De esta manera la Procuraduria ofrece a todos los posibles proveedores al-tas oportunidades de participación y competencia.

Sobre la contratación de obras nos sentimos en el compromiso de co-municarles, aunque sé que debe ser ya de su conocimiento, a través de la prensa y otros medios de comunica-ción, que todas las obras realizadas por la Procuraduría han sido adjudi-cadas a través de Sorteos públicos.

La Procuraduría avanza día a día hacia la institucionalización. Esto lo hacemos porque tenemos un solo compromiso y es el de adecuar cada proceso a normas estandarizadas y bien conocidas por todos, no solo por la ciudadanía, sino también, y so-bre todo, por los funcionarios.

Las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios son un tema fundamental en el buen desempeño de la función pública, porque permite maximizar aquello que podemos ha-cer en beneficio de la ciudadanía. Es


Procuradores generales adjuntos, invitados, funcionarios y empleados de la Procuraduría que asistieron a la conferencia. Se destacan, Mabel Feliz, presidenta del CND; Maura Martínez, Idelfo-so Reyes y Víctor Robustiano Peña, entre otros.

Empleados de la Procuraduría ofrecen atención a ciudadanos.


por eso que hemos llevado a cabo el proyecto al que denominamos “Siste-ma de Integridad Institucional”. Uno de los desafíos de este proyecto será la institucionalización del Área Fi-nanciera y Administrativa, que con-lleva una reingeniería del área, la cual ahora se rige por normas descritas, validadas y estandarizadas a través del Manual de Organización y Proce-dimientos de la Dirección Adminis-trativa y Financiera.

Hoy en día avanzamos hacia una Dirección Financiera y Administra-tiva moderna y sistematizada, en la cual las áreas de contratación se centralizan en lo que denominamos “Departamento de Compras y Con-trataciones de bienes, obras y servi-cios”. Con esto no solo eficientizamos todo el tema de las compras y contra-taciones, sino que también creamos y operamos un sistema institucional, donde no se deja nada al azar porque cada paso del proceso está debida-mente descrito.

Finalmente, quiero dejar en el espíritu de todos ustedes, nuestro constante compromiso con una ges-tión pública transparente a través de la implementación de reglas de juego claras y precisas, y la implantación de procedimientos con los más altos estándares nacionales e internacio-nales.

Quiero también agradecer, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por haber financiado a través de “Justicia y Gobernabilidad”, estos dos proyectos que son hoy una realidad: el Piloto de Transparencia y Procom-pranet.

Esperamos que todos estos avan-ces institucionales que hoy mostra-mos no se limiten tan sólo a la Procu-raduría General de la República, sino que el mismo sirva de estímulo para que todas las demás instituciones se motiven a organizar estructuras si-milares que avalen la transparencia en el accionar gubernamental.

Para tales fines, he dispuesto me-diante resolución, facilitar todos los recursos disponibles en materia de transparencia, para invitar a las demás instituciones del Gobierno Central, de las instituciones no cen-

tralizadas y del Estado en sentido ge-neral, a ser partícipes de una nueva iniciativa que toma la Procuraduría, en su visión de avanzar y trascender más allá de nuestro propio espacio.

Hoy, quiero aprovechar esta dig-na ocasión en la semana de la Trans-parencia, para lanzar el Portal del “OBSERVATORIO DIGITAL”, una ven-tana abierta hacia la ciudadanía, para observar todo lo concerniente a la transparencia institucional, no solo de la Procuraduría sino de todas las demás instituciones públicas que de manera voluntaria deseen ser partí-cipes de transparentar todos sus pro-cesos.

A este portal podrá accederse en la dirección electrónica www.obser-vatorio.gov.do. En el mismo, usted podrá consultar información rele-vante sobre las compras, los cheques emitidos, la nómina de personal, los contratos, los estados financieros, las auditorías y la declaración jurada de bienes. Además, podrán colocar cualquier tipo de denuncia que con-sidere pertinente presentar, con el debido seguimiento que usted podrá darle a su denuncia en línea. El Ob-servatorio Digital, por ende, será un excelente instrumento que ponemos

en manos de la ciudadanía para reali-zar una verdadera auditoria social.

Lo novedoso de este portal con-siste en que usted podrá consultar estas informaciones tanto de la Pro-curaduría como de otras institucio-nes públicas. En este sentido, despe-gamos el Observatorio Digital con el acompañamiento de dos distinguidas instituciones.

Quiero felicitar al doctor Jose Ra-fael Vargas, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunica-ciones (INDOTEL) y de igual mane-ra al Lic. Enrique Ramírez, director de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual (ONAPI), por haberse au-nado a este esfuerzo de manera tan diligente y oportuna, involucrándo-se en lo inmediato en respaldar esta iniciativa.

Hoy, damos un paso más de avan-ce, asumiendo nuestro liderazgo en materia de transparencia. Invitamos a las demás instituciones públicas, a ser partícipes de este encomiable esfuerzo, que de seguro la ciudada-nía aplaudirá y dará su respaldo ab-soluto.

Muchas gracias!



Al suscribir la Convención Interamericana Contra la Co-rrupción, el Estado dominicano convino en aplicar medi-das preventivas, entre las cuales cabe destacar la creación de un órgano de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas; es por esta razón, que el doctor Leonel Fernández, mediante el Decreto No. 322-97 de fecha 24 de julio del año 1997, asumiendo ese compro-miso hemisférico, crea el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, como una dependencia de la Procuraduría General de la República.Cabe destacar que en sus inicios, el Departamento reali-zaba labores principalmente de prevención de la corrup-ción, formación y organización de los Comités de Ética Pública en las diferentes instituciones gubernamentales, practicaba auditorías en las instituciones públicas, a fin de proponer y hacer las recomendaciones pertinentes en cada caso, y realizaba investigaciones de casos de corrup-ción; en tal sentido, era un departamento con criterio de prevención e investigación, nunca se litigaban ni soste-nían los casos que eran objeto de investigación por ante los tribunales; ni siquiera se hacía el sometimiento direc-to, por el contrario, el informe final de una investigación era remitido al Procurador General de la República quien tomaba la decisión de qué hacer con el mismo, y cuando la decisión era someterlo a la justicia, lo hacía a través de la Fiscalía correspondiente; por tanto, la ganancia o pérdida de un caso no le era atribuible al DPCA.Al inicio de esta gestión en el año 2004, con la entrada en vigencia del Estatuto del Ministerio Público y el Có-digo Procesal Penal, el DPCA amplía su marco funcional y en consecuencia, ya no sólo previene e investiga, sino que también se vuelve más activo en la búsqueda y per-secución de los casos de corrupción administrativa, so-metiéndolos directamente cuando existen los elementos probatorios que comprometen la responsabilidad del in-vestigado, asumiendo la función de litigar ante los tribu-nales de la República todos sus procesos, esto es, hasta las últimas consecuencias y en todas las instancias.Todo lo anterior podemos comprobarlo con sólo citar los artículos siguientes: 16, 20 y 47, numerales 7, 16, 17 y 19 de la Ley No. 78-03, que instituye el Estatuto del Ministerio Público, en los cuales se señala, de manera expresa, las atribuciones del Ministerio Público, así como su interven-ción en los procesos penales por ante cualquier tribunal y de investigar en cualquier lugar del territorio nacional.En lo que respecta al Código Procesal Penal, los artículos 88 y 89 son lo suficientemente claros en lo referente a

las funciones, la unidad y jerarquía del Ministerio Público, como único e indivisible, corroborando lo antes señalado en el Estatuto.Al mismo tiempo que íbamos experimentando una pro-funda metamorfosis funcional, orientada a la investiga-ción, persecución, litigación y sostenimiento de los casos de corrupción administrativa, en esa misma medida, en el área de la prevención y particularmente de todo lo rela-tivo a la ética, íbamos perdiendo el espacio, en razón de que dichas funciones fueron asumidas de manera pau-latina por la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, organismo de más reciente creación y con un espectro más amplio dentro de las diferentes institucio-nes que interactúan en esta última. Frente a la situación anteriormente planteada, en una re-unión del Pleno de la Comisión Nacional de Ética y Comba-te a la Corrupción, se discute la necesidad de redefinir el rol del DPCA, y se toma la decisión unánime de solicitar al Poder Ejecutivo la emisión de un decreto en tal sentido, petición que se materializa mediante el Decreto No. 324 de fecha 3 de julio del año 2007, en el cual se establece que el Departamento de Prevención de la Corrupción Ad-ministrativa se denominará en lo adelante Dirección Na-cional de Persecución de la Corrupción Administrativa.

¿Acaso se trata de una simple denominación o un cam-bio de nombre, como señalan algunos neófitos?, todo lo contrario, es una verdadera redefinición de su rol, como consecuencia del marco legal supra indicado, y por la exis-tencia de otras instituciones encargadas de velar por la prevención.Con la firma del Decreto No. 324-07, la DPCA continúa siendo una dependencia de la Procuraduría General de la República, como constitucional y legalmente debe ser; sin embargo, nuestra misión es ser la encargada del manejo de la investigación, persecución, presentación y sosteni-miento de la acción penal pública en los casos o hechos

el Nuevo Rol de la DNPCAoctavio líster HenríquezDirector Nacional de Prevención de la Corrupción [email protected]

“Al inicio de esta gestión en el año 2004, con la en-

trada en vigencia del Estatuto del Ministerio Pú-

blico y el Código Procesal Penal, el DNPCA amplía

su marco funcional y en consecuencia, ya no sólo

previene e investiga, sino que también se vuelve

más activo en la búsqueda y persecución de los

casos de corrupción administrativa”


que involucren acciones de corrup-ción administrativa en la República Dominicana.Al mismo tiempo, todas las funciones relativas al fomento de la ética, la for-mulación de políticas de transparen-cia y el diseño de estrategias de pre-vención en la administración pública pasaron a ser parte de las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), conforme lo establece el párrafo del artículo 2 del referido de-creto. Conforme al artículo 3 del indicado decreto, se reitera la competencia de la DPCA, contenida en los textos lega-les precitados, al atribuirle tener juris-dicción nacional y desempeño como órgano central de la coordinación entre todos los miembros del Ministe-rio Público que tengan a su cargo in-vestigaciones de actos de corrupción administrativa, o que inicien o hayan iniciado la persecución y sometimien-to de expedientes por actos de co-rrupción ante las instancias judiciales correspondientes.Es importante señalar, que para al-canzar los objetivos planteados, se

hace necesario tener una indepen-dencia funcional, y poder manejar directamente las partidas presupues-tarias que nos sean asignadas anual-mente dentro del presupuesto de la Procuraduría General de la República, tal como lo establece el artículo 5 del decreto ya mencionado; y esta aspi-ración estamos seguros de poder lo-grarla con el respaldo decidido, com-prometido y solidario del Honorable

Magistrado Procurador General de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña.Sin embargo, no sólo se trata de re-cursos económicos sino también de cooperación; en tal sentido, el artícu-lo 8 ordena “al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, al Secretario de Estado de Interior y Policía, al Jefe de la Policía Nacional, al Director del Departamento Nacional de Investiga-ciones (DNI), al Contralor General de la República, y a cualquier otra autori-dad del gobierno central, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa”.Con esta nueva normativa, estamos convencidos que la DPCA saldrá for-talecida, y por ende, la persecución de la corrupción, siempre y cuando suplamos nuestras necesidades de tecnificación, adquiramos modernos equipos de investigación, reforcemos el personal de investigación y litiga-ción; además, que logremos percibir salarios dignos, justos y acordes con las delicadas funciones que desempe-ñamos.

Con esta nueva normativa, estamos convencidos que la DPCA saldrá fortalecida, y por ende, la persecución de la co-rrupción, siempre y cuando su-plamos nuestras necesidades de tecnificación, adquiramos modernos equipos de investi-gación, reforcemos el personal de investigación y litigación; además, que logremos percibir salarios dignos, justos y acor-des con las delicadas funciones que desempeñamos.

el fiscal capitalino, José Manuel Hernández Peguero; el director de Presupuesto, Luis Hernández; el director ejecutivo de Participacion Ciudadana, Javier Cabreja; la profesora y magistrada Sonia Vargas; el Fiscal de La Romana, José Antonio Polanco y otras personalidades se destacan entre el público que asistió al acto de oficialización de la Direc-

ción Nacional de Prevención de la Corrupción Administrativa.


Jon Nicholas BrookeExperto del Consejo EuropeoMiembro de la Organización Internacional de Prisiones y CCRs

A prison service is a key component of the criminal justice system of all countries. “In a democratic society work in prison is a public service. Prisons are places which should be run by the civil power with the objective of contribut-ing to the public good.” (Coyle) “If one wishes to know a country one should see its prisons” (Mandela). Prisons do not exist in a vacuum, they exist because society wants them to exist, as a sanction for the courts, as protection for the public.Prisons, and the manner in which the prisoners within them are treated are a reflection of the society which cre-ates them. They are demonstrations of the application of Human Rights within a society and are seen by other coun-tries as a measure by which a democratic society may be judged.The Government of the Dominican Republic has taken a major decision to reform its prison system and service. There has been a recognition that the prisons of the past, whilst generally physically secure did not allow for the application of accepted standards of human rights treat-ment of prisoners, contributed little to the rehabilitation of those contained within them and were generally only places of incarceration where the influence of staff was at best minimal, indeed the majority of staff were just guards. Any positive work in the field of rehabilitation was carried out by either volunteers or by prisoners themselves. The lack of a properly trained prison staff and management meant that there was scope for corruption, that condi-tions for prisoners ranged from the reasonable (for those with access to money) to the appalling, with poor living conditions, overcrowding, a poor diet and little to do all day, every day, except survive; control of the inside of the prisons was frequently in the hands of the most powerful and wealthy prisoners.The decision to change the prison system could not be implemented overnight, the implementation of such a change required planning, foresight, energy and commit-ment. The process started with one prison, in Puerto Plata in the north, where a small establishment was taken over, physically remodelled, staffed with a group of newly re-cruited and properly trained VTPs and a group of prisoners transferred in. This was all new. The staff had not worked in a prison before, they had been trained by a group of committed individuals from a variety of backgrounds, involving the Law, Academia, Prison Management, but above all a belief that the system could change, that there was no going back and that a civilian but uniformed ser-vice of properly trained staff could make a difference. Most people see prisons as a physical entity, with walls, wire, guard towers, closed main gates, but they are actu-ally much more than that, they are about people, the pris-

oners and the staff, about the interactions between these two groups. The conditions prisoners live in are also the

Prison Reform in the Dominican Republic;the Development of the New Model System

Perfil Jon Nicholas Brooke

Entró a trabajar en el Servicio Presidiario de Su Majestad, la Reina Isabel, en 1969.Servicio en Prisiones Locales, Institución para Jóvenes, Prisión de Entrenamiento Masculino, Establecimiento de Máxima Seguridad.Gobernación de tres establecimientos en Inglaterra; Medomsley 1986; Northallerton 1987-1993; Onley 1993-1999.Apoyo a la Fuerza Policial de North Yorkshire: Jefe Super-intendente (Ag), Personal y Entrenamiento (seis meses en 1993).Director de la Fuerza Policial de Su Majestad en Nor-thward, Islas Caimanes 1999-2000.Inspector, Departamento de Inspección de Su Majestad, la Reina Isabel. 2000 – 2001.Comisión para la Equidad Racial, Consejero de Prisiones, Investigaciones formales ante alegatos de discriminación racial en el Servicio de Prisiones de Su Majestad. 2001-2003.Desde 2001 Consejero de Prisiones para el Equipo de Ca-ribe, para la Oficina de Relaciones exteriores y Manco-munidad.Trabajando en una reforma del sistema penitenciario y en el desarrollo de proyectos en la parte este del Caribe, a tiempo completo desde sept.2003. Dentro de este pro-yecto he trabajado en los servicios de prisiones de Anti-gua y Barbuda; St. Kitts & Nevis; Dominica; St. Lucia; St. Vincent y las Granadinas; Barbados; Granada; evaluando las condiciones de las prisiones, apadrinando Superin-tendentes, negociando con Ministros y Oficiales Guber-namentales, organizando y coordinando programas de entrenamiento para personal penitenciario.Experto del Consejo Europeo, trabajando en temas de prisiones en países como la República Checa, Polonia, Ru-sia y Azerbaijan.Miembro de la Organización Internacional de Prisiones y Centros de Corrección.Miembro de comité de entrenamiento.Participante de las conferencias en Hungría 2000, Países Bajos 2002, Miami, USA 2003.Asesor permanente de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) de la Procuraduría Generla dela Republica desde el año 2003.Es autor de la frase “Educamos personas que trabajan para la libertad”, acogida como lema de la Escuela Nacio-nal Penitenciaria.

Versión en inglés

Continúa en la página 46


Reforma Penitenciaria en la República Dominicana; el Desarrollo del Sistema del Nuevo Modelo

Un servicio penitenciario es un componente clave del siste-ma de justicia criminal de todos los países. “En una sociedad democrática, el trabajo de prisiones es un servicio público. Las prisiones son lugares que deben de ser administrados por el poder civil con el objetivo de contribuir al bienestar público”. (Coyle). “Si uno desea conocer un país, uno debe ver sus prisiones” (Mandela). Las prisiones no existen en un vacío, ellas existen porque la sociedad desea que ellas existan, como una sanción de los tribunales, como protec-ción para el público.Las prisiones, y la manera en que los prisioneros dentro de ellas son tratados son un reflejo de la sociedad que los crea. Ellas son demostraciones de la aplicación de los Dere-chos Humanos en una sociedad, y son vistas por otros países como una medida por medio de la cual una sociedad democrática puede ser juzgada. El Gobierno de la República Dominicana ha tomado una alta decisión de reformar su sistema y servicio penitenciario. Ha habido un reconocimiento de que las prisiones del pasado, aunque por lo general, físicamente son seguras, no eran aptas para la aplicación de estándares aceptados de tratamiento de los derechos humanos de los internos, contribuían poco a la rehabilitación de aquellos contenidos dentro de ellas, y eran generalmente solo lugares de en-carcelación donde la influencia del personal era mínima, en verdad la mayoría del personal eran militares. Cualquier trabajo positivo en el campo de rehabilitación era ejecuta-do tanto por voluntarios como por los internos mismos. La falta de gerencia y de un personal penitenciario adecua-damente entrenado significó que hubo oportunidad para la corrupción, que las condiciones de los internos oscila-ba entre lo razonable (para aquellos que poseían dinero) hasta lo horroroso, y aquellos con precarias condiciones de vida, hacinamiento, una dieta pobre y con pocas cosas que hacer al día.- excepto sobrevivir y el control interior de las prisiones estaba frecuentemente en manos de los internos más poderosos y adinerados.La decisión de cambiar el sistema penitenciario hacia un nuevo modelo no podría ser implementado de repente, la implementación de un cambio de tal magnitud requería de planificación, previsión, energía y ejecutorias. el pro-ceso empezó con una prisión, en la ciudad de Puerto Plata, en el Norte del país, donde un establecimiento fue recu-perado, se le hizo una remodelación física, fue dotado de agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP’s) reclutados especialmente a tales fines y adecuadamente entrenados, a donde fue transferido un grupo de internos. Este centro vino a ser nuevo en su totalidad. El personal no había trabajado en las prisiones tradicionales antes (el vie-jo modelo) ellos fueron entrenados por un grupo de per-sonas comprometidas, con un background (antecedentes) diversos, que involucra el derecho, la academia, manejo de prisión, pero sobre todo una convicción de que el sistema

podía cambiar, de que no había lugar al retroceso y de que un servicio civil, pero con uniforme, formado por un per-sonal debidamente entrenado, podía marcar la diferencia. La mayoría de las personas ven las prisiones como una en-tidad física, con paredes, alambres, torres de seguridad, puertas principales cerradas, pero actualmente ellas son mucho más que eso, ellas contienen personas, los internos y el personal, aluden a las interacciones entre estos dos gru-pos. Las condiciones en que los internos viven son también las condiciones en que el personal trabaja. Si el personal va a ser respetado y valorado no sólo por sus líderes sino por la sociedad en general, entonces, ellos deben de tener condiciones razonables para el desempeño de sus funcio-nes. La creación del Centro de Puerto Plata demostró jus-tamente que buenas condiciones de trabajo implicaba que el trabajo profesional positivo fuera hecho gustosamente por miembros de un personal entusiasta. El proceso de cambio no es fácil y siempre habrá alguna gente que necesite estar convencida de los beneficios del cambio, pueden ser resistentes al cambio, a la nueva fi-losofía de la organización, quizás porque se sienten cómo-dos y seguros con el viejo modelo. Esta es una razón por la cual el Sistema del Nuevo Modelo no se nutre de personas que fueron parte del viejo modelo y por lo que es necesa-rio llevar a cabo trabajo de reparación y reconstrucción en las cárcel que están siendo convertidas en centros de cor-rección y rehabilitación del nuevo modelo. Muy pocas, si es que alguna, de las viejas cárceles eran adecuadas para los nuevos métodos con que debe gestionarse una prisión, pero se pudo dar el paso hacia la conversión al nuevo mod-elo. El proceso de reconstrucción física conlleva tanto dinero como tiempo, razón por la cual el ritmo del desar-rollo ha sido contínuo en lugar de rápido, sin embargo, los cambios han sido positivos con arquitectos, ingenieros y un personal penitenciario aprendiendo con cada nuevo proyecto. Todos los internos transferidos hacia los centros penitenciarios del nuevo modelo se han beneficiado y han comenzado a solicitar ellos mismos nuevas oportunidades

Versión en español

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Jon Nicholas Brooke

Versión en español proporcionada por la Supervisión Nacional de Cárceles, que dirige el doctor Henry Garrido.


conditions the staff work in. If prison staff are to be respected and valued not just by their leaders but by soci-ety in general they should have rea-sonable conditions to work in. The re modelling of Puerto Plata demon-strated just that, good conditions for work meant that positive professional work was done willingly by enthusias-tic staff members.The process of change is not easy and there will always be some people who need to be convinced of the benefits of change, they can be resistant to change, to the new philosophy of the organisation, perhaps because they feel comfortable and certain with the old model. This is one reason why the New Model System does not recruit people who were part of the old sys-tem and why it is necessary to carry out repair and reconstruction work in the prisons which are being converted to the new model. Very few, if any, of the old prisons were suitable for the new methods of operating a prison, but they could be converted. The pro-cess of physical reconstruction takes both time and money, which is why the rate of progress has been steady rather than rapid, however the chang-es have been positive with architects, engineers and prison staff learning with each new project. All prisoners transferred into the new model pris-ons have benefited and started to ap-ply themselves to the new opportuni-ties for work and education which are now available to them.Changing a prison system requires more than just re modelled buildings, it requires professionally trained staff who have the right ethos and val-ues to operate the new system. It is possible to train staff, with commit-ted trainers and tutors in a variety of buildings, not all designed as places of learning. The acquisition of El Cerro in san Cristobal was a significant de-velopment, here was the opportunity to create a professional training acad-emy for prison staff, not just vTPs, but all groups of staff who would work in the prison service, a venue for confer-ences and seminars, a college which could function as a regional centre, as a centre of excellence, and so it has proved, with participants on courses from various countries in the region, both Spanish and English speaking, all working together.A new prison system is not just an im-provement of the old one, the new

service has to be capable of meeting the needs of both prisoners and the expectations of society. No society wishes prisoners to return to them as bad if not worse than when they were first sentenced, this is a waste of money and time. Society hopes that prisoners will return as ex crimi-nals, able to hold a job, look after their families and not return to crime. Providing prisoners with the opportu-nities to change their behaviour and outlook, takes time and there have to be the facilities for them to make a positive change. The majority of prisoners have very low reading and writing skills, indeed many are func-tionally illiterate. In today’s world it is difficult to get a job if you are illiter-ate, and so prisons are now providing proper education classes, prisoners are learning computer skills, they are learning trades and useful, employ-able skills, which whilst of benefit to them will also contribute to the pris-ons budget, thus reducing the overall cost to the state. The creation of the “Open” or mini-mum security prison at Haras Nacio-nales, has demonstrated that agricul-ture, is both a useful skill for prisoners on release but one which makes a clear contribution to the running costs of the prison. Not all prisoners are suitable for such an establishment and several have had to be returned to more secure prisons. As the pro-cess of assessment of prisoners, their behaviour and the level of risk they present becomes more sophisticated so they will also learn that they have to earn the opportunity to be in such a prison. Indeed this is the philoso-phy behind the whole new system of increased privileges, they have to be earned, achieved, not bought.A new prison system requires a new management, both individuals and processes. What served the past is unlikely to serve the future in an ef-fective manner. It is to the credit of the Attorney Generals office that this process of developing a management system to not only strategically man-age the new service but also to pro-vide the elements of leadership so necessary for the motivation of staff, the application of the principles of Human Rights and show the way for-ward in the process of change, is now under way.There remain twenty eight prisons op-

erating in the old manner, but four of these (San Francisco de Macoris, Sal-cedo, Higuey and Najayo Males) will transfer to the new system in the next twelve months. The need to make further progress is clear, but a gov-ernment can not spend all its capital funds on prisons alone. To meet the requirement for the further expan-sion of the new model system the law on concessions provides an opportu-nity; to build and have financed new prisons, either on the site of existing prisons or to replace the worst of the old. The concession can provide the buildings and the finance, or can also include the maintenance of the build-ings, the provision of Health Care, Education, Workshops, a whole range of services. It is for the Government to decide exactly what is required and to establish a Dominican method of achieving this, there is no fixed pro-cess, each contract or concession is unique.The process of change in the Prison Service of the Dominican Republic is just over three years old and the rate of progress has not just been impres-sive, it has been well founded, with all aspects of the reform and develop-ment process being addressed, even to the extent of having an Inspector General, whose role is to report upon the state of prisons, as he finds them, to the Attorney General. This level of independent inspection ensures that issues surrounding the human rights of prisoners and staff are ob-jectively reported upon. The work of the Prison Service is supported by the Patronatos, both at individual prison level by the local groups, but also at a national level by the “Grand Patro-natos” and it is significant that the President himself is part of that level of support, a level of support and en-couragement which ensures that the process of change is inexorable.Several years ago it was recognised that the prisons of the Dominican Re-public were not fit for purpose, they were failing to deliver that which a democratic society needed. Today, the New Model System prisons are recognised, within the region, indeed internationally, as examples to oth-ers, showing countries in the region and beyond what can be achieved by people of good will and determina-tion with a clear vision of the future.


de trabajo y educación las cuales aho-ra están disponibles para ellos. Cambiar un sistema penitenciario re-quiere más que edificios remodela-dos, esto requiere personal profesion-almente entrenado, quienes tengan el correcto ethos y los valores humanos idóneos para operar el nuevo sistema. Es posible entrenar un personal, con tutores y entrenadores comprometi-dos, en una variedad de edificios, no todos diseñados como lugares de aprendizaje. La adquisición de El Cerro en san Cristóbal fue un avance signifi-cativo, aquí fue la oportunidad para crear una academia profesional de en-trenamiento para el personal peniten-ciario, no solamente para VTPs, sino también para todos los grupos multi-disciplinarios llamados a trabajar en el sistema penitenciario, un lugar para conferencias y seminarios, un colegio en el cual podría funcionar como un centro para la región del Caribe, como un centro de excelencia, y así lo ha demostrado, con participantes en cur-sos desde varios países en la región, tanto de habla inglesa como española, todos trabajando juntos. Un nuevo sistema penitenciario no es solo implica un mejoramiento del sistema viejo, el nuevo servicio tiene que ser capaz de satisfacer tanto las necesidades de los internos como las expectativas de la sociedad. Ninguna sociedad desea que los prisioneros re-tornen a ella como malos sino peores que cuando fueron sentenciados, esto es una perdida de dinero y de tiempo. La sociedad espera que las prisiones (internos o privados de libertad) re-tornen como ex criminales, capaces de desarrollar un trabajo, de sostener sus familias y no volver al crimen. Ofrecer a los prisioneros las oportunidades de cambiar su conducta y actitud, toma tiempo y tiene que existir las instala-ciones donde que les permitan a ellos hacer un cambio positivo. La mayoría de los internos tienen muy bajo nivel de destreza en lectura y escritura, en verdad, muchos son funcionalmente analfabetos. En el mundo de hoy es difícil conseguir un trabajo si uno es analfabeto, y por eso las prisiones (del nuevo modelo) están ahora ofre-ciendo clases de educación, los inter-nos están aprendiendo las técnicas de informática, ellos están aprendiendo habilidades útiles para ser emplead-os, lo cual además de proporcionarles beneficios a ellos, también contribuirá con el presupuesto de los internos, de este modo reduciendo el costo gen-

eral del Estado. La creación del centro penitenciario “Abierto” o de mínima seguridad en Haras Nacionales, ha demostrado que la agricultura es una práctica útil para los internos en vía de libertad, pero al mismo tiempo hace una clara contri-bución a los costos operacionales de la prisión. No todos los internos califican para ingresar a tal establecimiento y varios han tenido que ser regresados a cárceles de mayor seguridad. En vis-ta de que el proceso de evaluación de los internos, su conducta y el nivel de riesgo que ellos presentan se hacen más sofisticados, entonces ellos de-ben también aprender que tienen que ganarse la oportunidad de estar en tal centro. en verdad esta es la filosofía detrás de todo el nuevo modelo de beneficios u oportunidades. estos beneficios tienen que ser ganados, preservados, pero no comprados. Un nuevo sistema penitenciario requi-ere una nueva gerencia en los indi-viduos como en los procesos. Lo que servía en el pasado es poco probable que sirva en el futuro en una manera efectiva. Debe dársele el crédito al despacho del Procurador General de la República de que este proceso de desarrollar un sistema de gestión, di-rigido no solamente hacia gestionar estratégicamente el nuevo servicio, sino también para ofrecer los elemen-tos de liderazgo que sean necesarios para la motivación del personal, para la aplicación de los principios de los Derechos Humanos y para demostrar la manera en que el proceso de cam-bio, ahora está marchando. Veintisiete prisiones permanecen ope-rando bajo el viejo modelo, pero cu-atro de estas (Salcedo, San Francisco de Macorís, Higuey, Najayo Hombres) pasarán al nuevo modelo en los próxi-mos doce meses, según program-ación de la Procuraduría General de la Republica. La necesidad de avanzar está clara, pero un gobierno no puede gastar todos sus fondos de capital sol-amente en prisiones. Para satisfacer los requerimientos de la expansión contemplada hacia el nuevo modelo, la ley de concesiones ofrece una opor-tunidad para construir y obtener nue-vas prisiones financiadas, ya sea en el lugar donde existen las prisiones o

bien para reemplazar lo peor de lo vie-jo. Por medio de la concesión, el conc-esionario puede obtener los edificios y el financiamiento aportados por el concesionante, también el manten-imiento de los edificios, la provisión de cuidado de salud, de educación, talleres, y una completa variedad de servicios. Es al Gobierno a quien cor-responde decidir con exactitud cuáles son sus prioridades y establecer un método dominicano para lograr esto. No existe ningún proceso que haya que aceptar como imposición, cada contrato o concesión es único.El proceso de cambio en el servicio de prisión en la República Dominicana ya lleva más de tres años, y el índice de progreso todavía no ha sido impresion-ante, ha estado bien fundamentado, con todos los aspectos de la reforma y con atención en el proceso de desar-rollo, hasta llega a tener un Supervi-sor General de Prisiones, cuyo rol es reportar al Procurador General, el es-tado de las prisiones, en la manera en que él lo encuentre. Este nivel de su-pervisión o inspección independiente asegura que los temas concernientes a los derechos humanos de los priva-dos de libertad y al personal de prisio-nes sean objetivamente reportados. El trabajo del servicio penitenciario está apoyado por patrocinadores, por grupos del lugar donde funcionan las prisiones, pero también a nivel nacio-nal por un gran patronato, y es signifi-cativo que el propio Presidente de la República, él mismo ha sido parte de ese nivel de apoyo, un nivel de apoyo y de motivación que asegura que el proceso de cambio es inexorable. Hace varios años se reconocía que las prisiones de República Dominicana no estaban listas para ese propósito, no podían ofrecer lo que una sociedad democrática necesitaba. Hoy, los cen-tros de Corrección y Rehabilitación del Nuevo Modelo Penitenciario son reconocidos, dentro de la región de El Caribe, en verdad, internacional-mente, como ejemplos para otros, mostrando a los países de la región y de más allá lo que puede lograrse por gente de buena voluntad y buena de-terminación, con una visión clara del futuro.

1 el ethos de una profesión “es el conjunto de aquellas actitudes, normas éticas especificas, y maneras de juzgar las conductas morales, que la caracterizan como grupo sociológico”. El “ethos” es, simultáneamente, el conjun-to de actitudes vividas por los profesionales, y la tradición propia de interpretación de cual es la forma correcta de comportarse en la relación profesional con las personas”. (Omar Fraca-Tarrago. Ética para Psicólogos, Intro-ducción a la Psicoetica. Ed. Desclee de Brouwer, S.A., 1996. Bilbao. Págs. 17-18). (Nota del Traductor).


El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana dio a conocer los resultado de su última evaluación, se-gún la cual la tasa de cri-minalidad calculada sobre 100,000 habitantes, ha po-dido ser reducida de 25.2% en el año 2004, a 20.2% en los primeros siete meses de este año 2007.

Los miembros del Con-sejo, coordinados por el secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Al-meyda Rancier, y del que forma parte el Procurador General de la República, doctor Radhamés Jimé-nez Peña, se reunieron en la sede de esa institución donde dieron a conocer un documento con los resulta-dos de la evaluación.

Con la puesta en mar-cha del Plan de Seguridad Democrática, iniciativa del presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, se ha logrado bajar los índices de criminalidad

en el país. En la reunión del Conse-

jo de Seguridad Democrá-tica participaron además del secretario de Interior y el procurador general de la República, los secretarios de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino García, y de Salud

Pública, doctor Bautista Rojas Gómez.

También, de Educación, licenciada Alejandrina Ger-mán; de Cultura, José Rafael Lantigua y de Deportes, Fe-lipe Payano.

Además, el jefe de la Po-licía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín; el presidente de la Direc-ción Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rafael Radhamés Ramírez Ferreira; la presi-denta del Consejo Nacional de Drogas (CND), Mabel Féliz Báez; y el vicealmi-rante Sigfrido Pared Pérez, quien preside la Dirección Nacional de Investigacio-nes (DNI).

El secretario de Interior dijo que con ese encuentro

reiteran las características del plan integral y del Esta-do en el que participan 41 instituciones, con efectivos resultados en contra de la delincuencia y la violencia.

En el Consejo de Seguri-dad Ciudadana celebrado recientemente en el Pala cio Nacional, encabezado por el presidente Fernán-dez, acordaron ir dando re-sultados de las acciones.

Estos resultados revelan que un 77.2% en el Distrito Nacional se sintió seguro, y que con el programa Barrio Seguro el 64% se sintió más confiado. Almeyda anunció que próximamente amplia-rán el Programa Barrio Se-guro a 10 sectores de San-tiago y a 19 puntos de la provincia Santo Domingo.

El presidente Leonel Fernández encabeza un encuentro con la cúpula del Plan de Seguridad Democrática, en el Palacio Nacional.

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda; la directora del INVI, Alma Fernández, y el administrador de la Lotería Nacional, Ramón Rivas en un acto de reconocimiento a ciudadanos que colaboran con el Plan de Seguridad Democrática, en la parte alta de la capital.

Plan de Seguridad Democrática:

Disminuye criminalidad en el paísLlevarán programa Barrio Seguro a diez sectores de Santiago


Por Idelfonso ReyesProcurador General [email protected]

Primacía de la Constitución y los tratados

Nuestra Constitución al igual que la de casi todos los países democráticos, tiene primacía sobre los tratados internacionales. En la República Dominicana, los tratados tienen rango constitu-cional, siempre que se le haya dado cumplimiento al artículo 55 numerales 6, 14 y 36, establecidos en la Constitución domini-cana.

Nuestro Código Procesal Penal (CPP) en su artículo primero establece la primacía de la Constitución y los Tratados, corrobo-rando los 27 artículos subsiguientes y conocidos como el bloque de la constitucionalidad.

Resulta que contrario al artículo primero del CPP, el artículo 400 del mismo texto legal, hace una excepción, al establecer de manera expresa “la competencia del tribunal que conoce un recurso, para revisar las cuestiones de índole constitucional, aun cuando no hayan sido impugnadas por quien presentó el recur-so”, atando al juzgador para poder emitir otra decisión en cues-tiones relacionadas con los tratados, si las mismas previamente no han sido impugnadas.

Ahora, qué sucedería cuando haya contradicción entre la aplicación de la Constitución y un Tratado

Los españoles tienen este problema resuelto desde la refor-ma a la Constitución en 1978, ya que en su artículo 95, numeral 1, establece que cuando un tratado internacional contenga esti-pulaciones contrarias a la Constitución, exigirá la previa revisión constitucional. Y en los Estados Unidos desde el 1803, con la fa-mosa decisión del juez John Marshall, del caso Marbury Vs. Madi-son, en virtud de que los Tratados se convierten en Ley, cuando son aprobados por el Congreso.

¿Y qué sucede entonces en la República Dominicana?, ya que en nuestra Constitución este tema no está muy claro, aunque existen algunos artículos que se refieren al tema, como son el artículo tercero de nuestra Ley Sustantiva, que establece que la República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus pode-res públicos las hayan adoptado; además el artículo 10 expresa que la enumeración contenida en los artículos 8 y 9 no es limita-tiva y por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza.

Sin embargo, de los artículos de la Constitución dominicana y del Código Procesal Penal que hemos analizado precedentemen-te, ninguno establece qué debe hacer el juzgador, cuando un tra-tado internacional contenga estipulaciones contrarias a nuestra Constitución, tampoco la doctrina se refiere al tema y cuando lo hace, se refiere más al control difuso y al concentrado reestable-cido en la reforma a la Constitución del 1994, en su articulo 67. Es mediante la jurisprudencia que el Pleno de la Honorable Su-prema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, en fecha 14 de diciembre de 2005, expresó que el hecho de ser la Constitución la norma suprema de un Estado, no la hace sus-ceptible de interpretación; y fundamenta aún más su decisión al

establecer que “Considerando, que es muy cierto, como aducen los impetrantes, que a los términos del artículo 8 numerales 5 y 100 de la Constitución, la igualdad de todos ante la Ley constitu-ye un principio cardinal del ordenamiento jurídico dominicano, recalcado en los artículos 2.1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, a cuyo tenor, respectivamente: “toda persona tiene todos los derechos y liber-tades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-miento o cualquier otra (Art.2.1)”, y mas adelante la Suprema Corte de Justicia, para dejar claro la supremacía de la Constitu-ción, estableció lo siguiente “y, por tanto, no puede justificar su entrada y permanencia en la República Dominicana, de lo que resulta que la situación de los hijos (as) de extranjeros nacidos en el país en las circunstancias apuntadas en la primera parte del articulo 11 de la Constitución, no es producto de consideraciones de raza, color, creencias u origen, sino del mandato expreso con-tenido en el señalado texto fundamental”.

Es con esta Sentencia del Pleno de la Honorable Suprema Cor-te de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, de fecha 14 de diciembre del 2005, donde por primera vez de manera clara y concisa se establece la supremacía de la Constitución, y que si bien es cierto que los tratados tienen rango constitucional, este alcance es limitado, cuando son contrarios a nuestra carta sus-tantiva.

Nuestra Constitución al igual que la de casi todos los países demo-cráticos, tiene primacía sobre los tratados internacionales. En la Republica Dominicana, los tratados tienen rango constitucional, siempre que se les haya dado cumplimiento a los artículos 55 nu-meral 6 y 36 numeral 14, ambos de la Constitución.


luisa liranzo sánchezFiscal Adjunta, directorade la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliarde [email protected]

Desde la promulgación de la Ley 24-97 hasta la fecha se han ido creando y reforzando redes y ONG´s que trabajan el tema de la Violencia de Género e Intrafamiliar, tratando de coordinar accio-nes positivas y buenas prácticas para mejorar el funcionamiento de los sistemas de justicia con respecto a este tema.Instituciones diversas de la ciudad de Santiago de los Caballeros, proyectan el compromiso de la creación de un sistema operativo que entiende la violencia doméstica y basada en género como la forma más abierta y significativa del control que ejerce el hom-bre hacia la mujer para mostrar su poder y subordinarla.

La Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Gé-nero, Sexual e Intrafamiliar de Santiago, resulta ser el producto de los esfuerzos coordinados de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Fiscal de Santiago, la Suprema Corte de Justicia y la Sindicatura Municipal de Santiago, sirviendo como centro de atención integral que desde la justicia reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos hu-manos, independientemente del ámbito en el cual ocurra.

Bajo este criterio, desde el 25 de noviembre de 2005, la Uni-dad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Santiago, se constituye para brindar servicios con un equipo multidisciplinario que abarca desde Fiscales Ad-juntas, Abogadas Asistentes, Médicos y Médicas Forenses, En-fermeras, Sicólogas, Sicólogos y Trabajadora Social, así como un personal auxiliar administrativo con capacitación para atención a víctimas sobrevivientes de violencia. Dicho equipo se rige por un protocolo de funcionamiento para la indicada unidad, presenta-do por el Movimiento Vida Sin Violencia (MOVIDA) y es por igual el documento que establece los perfiles mínimos que debe llenar cada persona que labore en la unidad, resultando de ello, que por haber una dificultad de reconocimiento a la sobreviviente que su-fre violencia, es obligación de todo y toda prestador y prestadora de servicios, tratar a la víctima con respeto y proporcionarle una atención integral con seguridad física y emocional.

Al inicio de la creación de la Unidad Modelo de Atención Inte-gral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Santiago; se contaba con tres fiscales adjuntas, dos abogadas asistentes, una secretaria, dos conserjes, una trabajadora social, dos mé-dicas forenses, una enfermera, dos sicólogas, un sicólogo y un mensajero.

Desde el ámbito legal, este equipo funciona en la investiga-ción y persecución de hechos de violencia, así como brindando asesoria legal, mediación para casos de violencia cuando la víc-tima así lo requiera, y solicitud de medidas precautorias en los juzgados de la instrucción: órdenes de protección.

En el campo de la salud mental y emocional, la Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafami-liar de Santiago cuenta con dos sicólogas especializadas en inter-vención en crisis y referenciación de víctimas sobrevivientes, que recogen los diagnósticos que fundamentan las pericias forenses para la presentación del caso. En lo que respecta al seguimiento

a los agresores, el sicólogo clínico de la unidad ofrece en la mis-ma un programa dirigido a la Desarticulación de la Masculinidad Violenta, entendiéndose que el trabajo desde la justicia no sólo involucra la persecución del hecho punible, sino también la orien-tación en fines de prevención sobre el sujeto activo del delito.La operatividad llevada a cabo en la Unidad Modelo de Atención In-tegral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Santiago, con la adecuada perspectiva de género, nos compromete cada día a mejorar nuestros servicios. De ahí, que se hayan vencido desafíos y se hayan alcanzado logros que benefician a la pobla-ción que nos visita. Entre los logros más recientes podemos citar la incorporación de dos fiscales adjuntas, sumadas al sistema de atención a víctimas, lo cual permite designar de manera exclu-siva para la presentación de los casos en litigación. Igualmente, el sistema de atención a víctimas se beneficia de contar con una abogada asistente más, teniéndose para ello en total la cantidad de tres abogadas asistentes.

El resultado obtenido por los grupos masculinos sobre Des-articulación de la masculinidad violenta nos ha permitido desa-rrollar grupos de terapia orientados a trabajar la dependencia alcohólica y narcótica de los agresores.

Dada la naturaleza de la infracción y la condición de subor-dinación económica de la víctima con respecto al imputado, se ha instituido un sistema de arrestos desde la Unidad Modelo de Atención Integral a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar de Santiago, por lo que en la actualidad, disponemos de un vehí-culo para la ejecución inmediata de las órdenes de arresto.

Las Unidades de Atención Integral desde la Justicia, forman parte del Modelo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, basada Género y Sexual, por lo que en tal sentido cada día aumenta más nuestro compromiso como ope-radoras del sistema de justicia, con la promoción de una cultura de paz y convivencia respetuosa, por lo que concluimos diciendo que “nada justifica la violencia”.

Unidad de Atención a la Violencia de género, Sexual e intrafamiliar

Desde la izquierda, Luisa Liranzo Sánchez, María Rosalba Díaz e Inocen-cia Tapia, fiscales al servicio de la unidad.

“Luisa Liranzo, fue la primera mujer galardonada con el Premio a la Excelencia en la 4ta. Promoción del Programa Extraordinario de Formacion de la ENMP”.

En SAntiAgo


La Procuraduría General de la República lanzó su por-tal “OBSERVATORIO DIGITAL”, una ventana abierta hacia la ciudadanía, para observar todo lo concer-niente a la transparencia institucional, no sólo de la Procuraduría sino de todas las demás instituciones públicas que de manera voluntaria deseen ser partíci-pes de transparentar todos sus procesos. Este portal podrá accederse en la dirección electrónica www.ob-servatorio.gov.do. En el mismo, usted podrá consultar información relacionadas a las compras, los cheques emitidos, la nomina de personal, los contratos, los estados financieros, las auditorías y la declaración jurada de bienes. Además, podrán colocar cualquier tipo de denuncia que considere pertinente presentar; con el debido seguimiento que usted podrá darle a su denuncia en línea. El Observatorio Digital, es en este sentido, un excelente instrumento que ponemos en mano de la ciudadanía para realizar una verdadera au-ditoría social. Con esta iniciativa, damos un paso más de avance, asumiendo nuestro liderazgo en materia de transpa-rencia. Invitamos a las demás instituciones públicas a ser particípes de este encomiable esfuerzo, que de seguro la ciudadanía aplaudirá y dará su respaldo ab-soluto. Usted puede acceder a todas las instituciones que par-ticipan en el observatorio. Solo debe seleccionar en la lista de instituciones, las disponibles. Desde cualquier lugar del portal, podrá seleccionar la institución y con-sultar las informaciones transparentadas.

ChequesConsulta de todos los pagos realizados a beneficiarios tales como proveedores y contratados. Esta informa-ción está delimitada por fechas o valores.

nómina:Consulta de pagos realizados a empleados. Puede ve-rificar el nivel de detalle del salario y sus deducciones.

ComprasEsta consulta le provee de información sobre las com-pras realizadas, las ofertas presentadas y el detalle de las órdenes de compra.ContratosDetalle de los contratos contraídos con la institución con cualquier persona física o moral ajena a la institu-ción. Se presentan las entidades contratadas, la cuan-tía, vigencia y términos del contrato.

Procuraduría lanza portal “Observatorio Digital”Será una ventana abierta a la ciudadanía

luis PaulinoDirector del Departamento de Informática de la Procuraduría

[email protected]


Estados financierosReporte de los estados financieros y la ejecución presupuestaria en base a la contabilidad gubernamental. Informe sobre ingresos y egresos, desembol-sos por cuenta bancaria, inventario en almacén y cuentas por pagar.

auditoríasConsulta de todos los pagos realiza-dos a beneficiarios, tales como pro-veedores y contratados. Esta infor-mación está delimitada por fechas o valores.

Declaraciones juradas de bienesRendición de cuentas del patrimonio de los funcionarios públicos como indicador para detectar posibles si-tuaciones de conflictos de intereses y enriquecimiento ilícito.

DenunciasRecibir las denuncias o querellas que se origenen por hechos posiblemente constitutivos de delito en materia de corrupción.

REsoluCIÓn

PRIMERo: Se crea el Observatorio Di-gital, un portal de la Procuraduría Ge-neral de la República que dependerá del despacho del Procurador General de la República. sEGunDo: El portal Observatorio Digital realizará las siguientes funcio-nes: 1. Cumplir a cabalidad con los

principios jurídicos y sociales, relati-vos al libre Acceso a la Información y la Transparencia en la Gestión Pública, así como también con lo dispuesto al respecto por la Constitución de la República y las Convenciones Interna-cionales que versan sobre Derechos Humanos, que se encuentren debi-damente ratificadas por el Congreso Nacional y nuestra legislación vigen-te. 2. Publicar Información relativa a la transparencia (recursos humanos, nómina, finanzas), contratos y conve-nios firmados por la institución, audi-torías realizadas, declaración jurada de bienes, denuncias y noticias refe-rentes a la labor que realiza la Procu-raduría General de la República a nivel nacional. tERCERo: Este portal informático contará con varios enlaces adicionales como los de marco legal de la institu-ción, entidades de vigilancia y control del Estado y rendición de cuentas. CuaRto: En su página de inicio, el portal presentará un listado de las instituciones que forman parte del sistema, así como la misión de dicha institución. Debajo de esta lista con-tará con los siguientes enlaces prin-cipales: a) CHEQUES. b) NOMINA. c) COMPRAS. d) CONTRATOS. e) ESTADOS FINANCIEROS. f) AUDITO-RIAS. g) DECLARARACION JURADA. h) DENUNCIAS. PARRAFO: Debajo de los enlaces antes citados, la página inicial también contará con un enlace

denominado “noticias”, en el que se presentará información referente a las actividades recientes y campañas fomentadas por la institución, las po-líticas y términos de uso. QuInto: Con el objeto de fomentar la aplicación del principio de transpa-rencia en el uso de los fondos públi-cos, se invita a todas las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, así como a los demás Poderes del Estado a integrarse a este portal informático implementado por la Procuraduría General de la República, para lo cual podrán utilizar dicha plataforma tec-nológica. sEXto: La implementación y manteni-miento del portal Observatorio Digital será responsabilidad de un Coordina-dor Técnico designado por el Procura-dor General de la República. El Coor-dinador Técnico junto a la Oficina de Acceso a la Información, la DNPCA y la Dirección de Informática serán los en-tes encargados de conocer y resolver las controversias, opiniones y suge-rencias en torno al portal informático Observatorio Digital. Todas las depen-dencias de la Procuraduría General de la República deberán garantizar el flu-jo eficaz de información al portal, con la excepción de las reservas que la Ley No. 200-04 del 28 de julio de año 2004 de Libre Acceso a la Información Pú-blica y su Reglamento de Aplicación No. 130-05, la consagran.

Genara Marte Ron-dón, periodista del equipo de redacción de esta revista, quien acaba de graduarse de abogada y poste-riormente juramen-tada por la Suprema Corte de Justicia.Sus compañeros la felicitamos y le desea-mos éxitos.



Para bob sutcliffe, autor de la obra “Nacido en otra parte”; salvo en algunos lugares de África, todas las poblaciones mundiales ac-tuales son resultado de alguna migración del pasado. Sin embar-go, es notorio que existen muchas diferencias entre los distintos países en cuanto a su inmigración, sus actuales habitantes o sus antepasados. Toda la especie humana o somos inmigrantes o so-mos descendientes de inmigrantes.

Esto nos lleva pues a luchar contra la idea de que la migración es algo que se inventó hace 2 ó 3 días, y que vivimos por primera vez en la época de la migración.

Muchas personas y muchos gobiernos dedican una gran can-tidad de recursos a la restricción de la migración. el clima filo-sófico y político es cada vez más anti-migración y, la figura del inmigrante es cada vez más despreciada por los medios de co-municación, los dirigentes políticos y los intelectuales.

Estas observaciones históricas no pretenden ser una historia de la migración sino más bien un recuerdo de que negar la va-lidez de la migración es negar una parte de la naturaleza social humana.

En este artículo, quiero poner sobre el tapete, al gran ausente en las teorías sobre la migración: la Ley.

Digo esto pues, porque la mayoría de los textos teóricos so-bre migración están escritos como si no existiera ninguna Ley que la restrinja.

Pero los incentivos, las presiones y los costes de la migración están todos profundamente influidos por las leyes vigentes en los países de destino. Y durante los últimos años, las Leyes que se ocupan de los inmigrantes han cambiado en casi todos los países desarrollados de destino. Los directivos del cambio han ido, más o menos, en el siguiente tenor: algunos favorables y una mayoría desfavorable para la inmigración.

a. En Estados Unidos, Canadá y Australia se ha producido una reducción decisiva en el contenido racista de las Leyes de inmigración durante la década de los 60`s, con la supre-sión de las cuotas basadas en el origen nacional de la pobla-ción blanca; b. En los países de la Unión Europea se ha introducido el libre movimiento y residencia (en principio) entre países miembros; mientras que todas ellas han fortalecido las res-tricciones contra la inmigración, desde fuera de la Unión; c. se ha dificultado en casi todos los países de destino, el acceso al derecho de asilo político, aunque solamente una minoría de los solicitantes rechazados son expulsados de la práctica; d. En la mayoría de los países hay una prohibición casi ab-soluta contra la inmigración de obreros/as no calificados/as salvo de forma temporal en grupos contratados. e. En la mayoría de los países los miembros de la familia inmediata de los residentes legales pueden inmigrar legal-mente; f. En muchos lugares ha habido un aumento en el “Inmi-grant Shopping” (compra de inmigrantes), o sea, dejando vía libre a la inmigración para ciertos tipos de obreros alta-mente calificados o para individuos que traen una cantidad determinada de capital consigo; g. Se han dedicado más recursos al control y detención de los inmigrantes ilegales.h. Hay una tendencia creciente en las leyes a castigar no

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solamente el inmigrante ilegal sino también a quien le ofre-ce ayuda o empleo; i. En algunos países se ha reducido el derecho a la ciuda-danía que se adquiría al haber nacido en el país (Jus Solis);

Queda evidenciado que las modificaciones recientes de la ley

han cambiado mucho la forma de inmigración a los países desa-rrollados de destino.

Sin embargo, es menos claro si la ley consigue controlar la cantidad total de inmigración. Tras grandes debates en los países de acogida existen varios supuestos sobre la oferta de inmigran-tes. Las posiciones más opuestas a la inmigración supone que existe una oferta casi infinita de mano de obra para ir a trabajar a los países ricos.

Se asume que la emigración es producto de las diferencias de ingresos por habitantes entre países pobres y ricos.

También debemos añadir, que no es solamente esta diferen-cia actual la que produce la migración, sino también las diferen-cias previsibles en las tablas de crecimientos (por ejemplo, se teme que la continuación de la desastrosa dinámica económica de los países sub-desarrollados de la última década, tenga como efecto un aumento masivo del deseo de los miembros de países pobres de emigrar hacia los países ricos).

Por otro lado, pero en el mismo contexto, en un ámbito teó-rico, casi todo el mundo acepta los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta declaración, sin embargo, mantiene un silencio casi total sobre la cuestión de la migración internacional. Sobre el movi-miento y la migración en general, la Declaración contiene el de-recho de ciudadanía de algún país, de libertad de movimiento en el territorio nacional del país de ciudadanía, y de libertad de salir libremente de ese país.

Asimismo, hay un derecho de asilo en otro país en caso de estar en peligro de persecución o muerte en el país de ciudada-nía. Pero, no hay ni una palabra sobre la entrada en otros países cuando no se trata de persecución política.

Existe el derecho a salir pero no a entrar. Este silencio equivale al derecho de cada país a regular la en-

trada de extranjeros como le parece conveniente. Esto es, en el mundo actual, la inmigración como una cuestión sobre la que no existe ninguna guía ideológica compartida.

Basándonos en la experiencia de otros derechos humanos reconocidos, no es posible decir que la existencia del derecho al libre movimiento resolvería todos los problemas de los emigran-tes, pero parece evidente que su inexistencia es un factor que permite el hecho de que una persona pierda tantos derechos y tanta protección al acercarse a una frontera internacional.

Sin embargo, lo importante de este debate no es investigar cómo frenar la migración, ni cómo sustituir la migración por el desarrollo, sino cómo hacer de la migración una experiencia me-jor de lo que muchas veces es, y cómo combinar de forma más efectiva un nivel mayor de inmigración países pobres–ricos, con el objetivo de desarrollo de los países nuestros, tercermundis-tas, y con objetivos sociales y económicos dignos e igualitarios dentro de los países desarrollados; y esto, solo lo lograremos si existe la voluntad política de los Estados de implantar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos.

9.

Danissa a. Cruz taverasAbogada asistente del

Procurador General de la Repú[email protected]

inmigración: ¿existe el Derecho a Migrar?


Fiscalías barriales: mediadoras por excelencia de conflictos e intereses comunes

Más del 65 por ciento de los casos que se presentan en las fiscalías ba-rriales de la provincia Santo Domingo se resuelven de manera conciliada, sin la necesidad de que lleguen a los tribunales e impere de por medio una sentencia que casi siempre divide a las partes, que en la mayoría de los casos, tienen derechos encontrados e intereses comunes.

El trabajo de conciliación estable-cido en el nuevo Código Procesal Pe-nal no sólo permite que los tribunales trabajen con más flexibilidad y sol-tura, en vista de que reciben menos casos, sino que también por esa vía se resuelven los conflictos sin la ne-cesidad de una sentencia judicial que beneficia a uno y perjudica al otro.

Bajo el criterio “ganaste tú, ganó él y gané yo”, las fiscalías barriales de la provincia Santo Domingo trabajan en procura de que haya conciliación y las partes vuelvan satisfechas a sus actividades ordinarias, conformes y conscientes de que se les escuchó y se les respetaron sus derechos e in-tereses.

Cuando hay conciliación, “gana el querellante, gana él o los acusados y gana la fiscalía”. Es por ello, que al criterio de la conciliación se le de-nomina como el “ganaste tú, ganó él y gané yo”, vale decir, “ganamos to-dos” y bajo ese parámetro muy actual trabajan las Fiscalías Barriales que responden a un ambicioso y actual proyecto de resolución de conflictos, que en una primera etapa el Ministe-rio Público acaricia y se esfuerza por llevar a todos los sectores populares del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago de los Ca-balleros.

Una modalidad de servicio rápido y asequible

Las Fiscalías Barriales son una

modalidad implementada por la Pro-curaduría General de la República, que busca acercar sus servicios a la población de manera más eficiente y rápida, para conocer asuntos de dis-tintas materias, tales como: violencia de género, intrafamiliar, conflictos menores entre vecinos y denuncias de todo de tipo.

La Procuraduría Fiscal de la pro-vincia Santo Domingo encabezada por el doctor Perfecto Acosta se ha sumado a esta modalidad, por enten-der que la misma beneficia a la po-blación. El objetivo es descentralizar los servicios de su sede principal, así como dar un mejor servicio a los usuarios.

Desde su llegada a la posición que encabeza a partir del l6 de agosto de 2004 a la fecha, Acosta ha dejado in-auguradas tres Fiscalías Barriales. La primera ubicada en la calle Primera No.20, del barrio Los Guaricanos, del municipio Santo Domingo Norte; la segunda en la calle Manuel Pumarol No.56 en Guerra, municipio Santo Domingo Este; y la tercera en la calle

37 No.2, del sector Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos del municipio Santo Domingo Oeste.

En la actualidad el Perfecto Acosta tiene en carpeta la instalación de una nueva sucursal de Fiscalía Barrial, esta vez en la comunidad de La Victo-ria, tomando en cuenta que esta zona de la provincia amerita de los servi-cios del Ministerio Público por las si-tuaciones de conflictos que a menudo allí se generan.

Ya se ha adquirido un local que se está preparando para alojar en él las nuevas oficinas, en procura de impartir justicia rápida a favor de la población. En los sectores de la pro-vincia en donde hasta el momento no han sido conformadas Fiscalías Barriales, Acosta ha colocado Procu-radores Fiscales Adjuntos en los dis-tintos destacamentos que existen en esta demarcación territorial.

Los fiscales adjuntos operan en los destacamentos de los sectores de Las Caobas, ensanche Ozama, Invivienda, Los Mina, Manoguayabo y Villa Duar-te, entre otros barrios.

A esto se suma la unidad de Aten-ción y Prevención de Violencia de Género y Abuso Sexual, ubicada en la calle Ramón Marrero Aristy No.3 del ensanche Ozama, en donde se atien-den los casos relativos a hombres y mujeres de todas las edades que son abusados sexual, verbal y físicamen-te. Esta unidad cuenta con psicólogos que realizan experticias médicas y terapias a las víctimas cuando lo re-quieren

También la Fiscalía Santo Domin-go cuenta con la Unidad de Violen-cia contra la Mujer, ubicada en la calle Puerto Rico No.10, del sector Alma Rosa Primero, lugar en donde se atienden los casos relacionados con la violencia conyugal entre las parejas.

En provincia Santo Domingo

Perfecto Acosta, procurador fiscal de la pro-vincia de Santo Domingo.


Lo que dicen las estadísticasDurante los primeros 6 meses del

corriente año, vale decir desde el pri-mero de enero al 30 de junio, las Fis-calías Barriales de la provincia Santo Domingo, adjunto a las destacadas,

en los recintos policiales, manejaron cerca de 17 mil casos, la mayoría de los cuales terminaron en una conci-liación de las partes, como fue el caso de la fiscalía del ensanche Felicidad, mejor conocido como Los Mina, en

donde de 773 casos que se conocie-ron, 525, vale decir, el 67 por ciento, fueron felizmente conciliados gracias a la mediación de los magistrados.

Otros sectores de gran frecuencia son Los Guaricanos, Los Alcarrizos e Invivienda, en donde se conocieron 3,535; 3,299 y 1, 847 casos respecti-vamente, entre querellas, citaciones, sometimientos, medidas de coerción y órdenes de diferentes naturaleza, habiendo logrado, sus magistrados, conciliación en la gran mayoría de los casos.

La Fiscalía Amigo y Protección de la Mujer manejó 4 mil 931 conflic-tos de géneros y de parejas, como agresión verbal y física, amenaza de muerte y presión psicológica, habien-do logrado 16 medidas de coerción, y conciliado 3,849 casos, para un 80%. En el caso de las fiscalías especializa-das (abuso sexual y violencia de gé-nero), la mayoría de los casos se ma-nejaron con un sentido de protección a las víctimas y de conciliación entre las partes.

Ministerio Público se complace en presentar al joven Luis Eduardo Matos Lajara como el empleado meritorio de la Pro-curaduría General de la República. Nuestro seleccionado se desempeña como encargado de la División de Activos Fijos del Departamento de Contabilidad de la PGR.Nativo de la capital, el joven tiene 31 años de edad, 12 de los cuales los lleva laborando en la Procuraduría, en don-de ingresó el día 3 de marzo de 1995, destacándose por su puntualidad, disposición, honradez y carácter amistoso. Sus compañeros lo definen como una persona frugal, solidaria y decente. Cursa el décimo semestre de Ingeniería en Sistema en la Universidad Organización y Método (O&M), y es ser-vidor de carrera. Su bachillerato lo hizo en Ciencias Físicas y Matemáticas en el Colegio Alpha y Beta del Distrito Nacio-nal y como parte de su capacitación que mucho le ha servido para desempeñar su labor en la Procuraduría, ha realizado varios cursos en áreas como Prevención y Detección de Frau-de y programas de informática.Luis Matos está casado con la señora Patricia de la Cruz con la que ha procreado al niño Luis Rafael Matos de la Cruz, a quien dice trata de transmitirle las enseñanzas en valores

Luis Eduardo Matos Lajara

que recibió de sus padres Claudio José Matos Espaillat y Patria Isabel Lajara, nativos de la capital. Luis Matos aspira a una sociedad dominicana justa, moderna y desarrollada pero basamentada en los va-lores morales, sin los cuales, asegura, “no hay realiza-ción humana que valga y perdure”.


El derecho de acceso a la información pública es un derecho hu-mano y como tal universal. El mismo está consagrado en el artí-culo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dice que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opi-nión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Como derecho universal tal como lo establece el Pacto Interna-cional de los Derechos Civiles y Políticos en su Parte II, Numeral 2, “cada Estado se compromete a adoptar, con arreglo a sus proce-dimientos constitucionales y a las disposiciones del mismo Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en él, y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. En ese senti-do los Estados precisan e incorporan en su legislación adjetiva ciertos principios y estándares internacionales, a los fines del efectivo reconocimiento y aplicación de derecho de acceso a la información pública.Estos estándares internacionales se encuentran explícitamente citados en nuestra legislación. De esta manera nuestra Ley Gene-ral 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP) y su Reglamento de Aplicación, el Decreto 130-05 (RLGLAIP), reco-nocen que “el acceso a la información es un derecho de todos”: Artículo 1 LGLAIP: “Toda persona tiene derecho a solicitar y a re-cibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cual-quier órgano del Estado dominicano, y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal”. El artículo 1 también consagra en sus lite-rales a) al h) el principio que dice que “el derecho se aplica a toda institución estatal”, incluyendo entre las entidades obligadas a los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No obstante esto, el espíritu de nuestra legislación va un poco más allá al abarcar en su artículo 4, que todo aquel que reciba fondos públicos, “la obligación de rendir información a quien la solicite, se extiende a todo organismo legalmente constituido o en for-mación, que sea destinatario de fondos públicos, incluyendo los partidos políticos constituidos o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo”.Otro estándar fundamental es el que reza: “el acceso es la regla, el secreto es la excepción”. Artículo 17, literales a) al l) LGLAIP: “Se establecen con carácter taxativo las siguientes limitaciones y excepciones a la obligación de informar del Estado (…)”. De igual modo, “toda negativa debe ser justificada”: Artículo 23 RL-GLAIP: “las máximas autoridades ejecutivas de cada uno de los organismos, instituciones y entidades descritos en el Artículo 1 y en el Artículo 4, párrafo único, de la LGLAIP serán las respon-

sables de clasificar la información que elabore, posea, guarde o administre dicho organismo, institución o entidad a su cargo, así como de denegar el acceso a la información. Tanto la clasificación como la denegación deben hacerse efectivas a través de acto ad-ministrativo, debidamente fundado exclusiva y restrictivamente en los límites y excepciones establecidos por la LGLAIP u otras leyes específicas de regulación en materias reservadas, que será registrado y archivado en la respectiva OAI”.Un aspecto importante es la simplicidad de los procedimientos: “hacer una solicitud debe ser simple, rápido y gratuito”, asimis-mo, la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) “debe asistir a los solicitantes”. Estos dos estándares internacionales se encuentran entre otros artículos en el 7, 8 y 14 de la LGLAIP, los cuales versan sobre los requisitos de la solicitud, los plazos y el principio de la gratuidad, respectivamente. Por su lado, el artículo 14 y siguientes del RLGLAIP nos instruye sobre la asistencia de esta manera: “En caso de que el solicitante no sepa escribir, la OAI deberá llenar por él el formulario de so-licitud, debiendo aquél suscribirlo con alguna señal que lo iden-tifique”.La base de la eficiencia del sistema reside en la proactividad de la administración. Así “las instituciones públicas deben ser pro-activas en el suministro sencillo, accesible, actualizado y per-manente de información pública”. Este principio estandarizado internacionalmente está contenido en el artículo 3 de la LGLAIP y 21 del RLGLAIP al hablar de la publicidad y del servicio de infor-mación pública, consecuentemente: “El Estado dominicano en su conjunto (…) debe poner a disposición y difundir de oficio información referida a (…)”.Finalmente, existe un estándar que debe ser reconocido en toda legislación, y es el derecho de toda persona a “apelar una deci-sión que le sea adversa”. Siendo consonantes, los artículos 26 y siguientes de la LGLAIP, dotan al solicitante de recursos tanto administrativos como jurisdiccionales: Artículo 27 LGLAIP: “En todos los casos en que el solicitante no esté conforme con la de-cisión adoptada por el organismo o la persona a quien se le haya solicitado la información, podrá recurrir esta decisión por ante la autoridad jerárquica superior del ente u órgano que se trate (…)”. Con la entrada en vigencia de la Ley 13-07, el agotamiento de la vía administrativa es facultativo para la interposición de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos administrativos dictados por los órganos y enti-dades de la administración pública; por lo tanto, el solicitante in-satisfecho podrá obviar el Recurso Jerárquico e ir directamente al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo.íntimamente relacionado al derecho de apelar una decisión ad-versa, está el principio de que el derecho de informacion, debe ser garantizado por un órgano independiente. Esta es la gran laguna de nuestra legislación. Este aspecto es importante no sólo para la construcción de una nueva cultura de transparencia y rendición de cuentas, sino también para reforzar la resolución de los conflictos, revisiones e inconformidades por la vía admi-nistrativa, garantizando de esta manera procesos más cortos y gratuitos para todos.

estándares internacionales del Acceso a la información Pública

berenice barinasenc. Oficina de Acceso a la Informació[email protected] base de la eficiencia del sistema reside en la pro-

actividad de la administración. Así “las institucio-

nes públicas deben ser proactivas en el suministro

sencillo, accesible, actualizado y permanente de

información pública”


el trabajo de la Procuraduríadesde la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes

Creada bajo el amparo de la Ley 136-03 que instituyó el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Coordinación Nacio-nal de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República ha desarrollado una intensa labor en defensa de este im-portante y sensible sector de la socie-dad dominicana.

Desde su nacimiento, este órgano coordinador ha estado bajo la con-ducción de la procuradora general adjunta, Marisol Tobal, quien no ha desdeñado esfuerzos para que aque-llos, que serán el futuro de la Nación dominicana, no sean maltratados o mancillados, ni física ni espiritual-mente.

Es de esa manera que desde sus inicios, la Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia -NNA- recibió el apoyo incondicional del entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y actualmente del doctor Ra-dhamés Jiménez Peña, quien no ha escatimado esfuerzos para que el Mi-nisterio Público, como representante de la sociedad, cumpla con su deber.

La Coordinación Nacional de Ni-ños, Niñas, Adolescentes y Familia es un órgano ejecutor y fiscalizador, en lo relativo a la responsabilidad que tiene la Procuraduría General de la República en el sector de la sociedad dominicana.

En tanto que la Procuradora Ge-neral Adjunta, experta en la materia, representa la Coordinación Nacional -NNA- y Familia, frente a las institu-ciones públicas y privadas, en lo que

respecta a políticas y proyectos en beneficio de los Niños, Niñas, Adoles-centes y Familia.

El Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03

Objeto del Código: Tiene por obje-to, garantizar a todos los Niños, Niñas y Adolescentes que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus dere-chos fundamentales.

Para tales fines, este Código defi-ne y establece la protección integral de estos derechos, regulando el papel y relación del Estado, la sociedad, la familia y los individuos, como suje-tos de derecho, desde su nacimiento, hasta cumplir los l8 años de edad.

¿Quiénes son niños, niñas y adolescentes?

Se considera niño o niña a toda persona, desde su nacimiento hasta cumplir los doce años de edad inclu-sive, y adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la mayoría de edad.

Obligaciones del Estado con los niños, niñas y adolescentes

El Estado, como representante de la sociedad, tiene la obligación inde-clinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judi-ciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efec-tivamente de sus derechos.

Es importante resaltar que la Ley 136-03 del Código para el Sistema

Disposiciones del Código que la crea,obligaciones de la sociedad, la familiay la Policía Especializada

Marisol Tobal, procuradora general adjunta, encargada de NNA.


de Protección y los Derechos Funda-mentales de los Niños, Niñas y Ado-lescentes, establece de manera clara y concisa, que el Estado dominicano no podrá alegar limitaciones presu-puestarias para incumplir las obliga-ciones establecidas.

Obligaciones de la familia frente a sus hijos

De acuerdo al Código para el Sis-tema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la familia es responsa-ble, en primer término, de asegurar que éstos tengan un ejercicio y disfru-te pleno y efectivo de sus derechos.

El padre y la madre tienen respon-sabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo, educación y protección integral de sus hijos e hijas.

Participación de la sociedadLa sociedad y sus organizaciones

deben y tienen derecho a participar activamente en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de todos los Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana.

Es por ello, que este código esta-blece que el Estado debe crear for-mas para la participación directa y activa de las instituciones Guberna-mentales y No Gubernamentales, en la definición, ejecución y control de políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes.

Deberes de los niños, niñas y adolescentes frente a su familia y la sociedad

El Estado a través de sus institu-ciones, los medios de comunicación, la familia y la comunidad en sentido general, promoverán el fomento de valores y principios sanos y empren-dedores, a fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan cumplir con los siguientes deberes:

A.-Honrar a la patria, respetando sus símbolos, héroes y heroínas.B.-Valorar y respetar la familia como núcleo social, honrando y obedeciendo a sus padres o tu-tores, quienes, a su vez, deben aceptar y respetar sus derechos.C.-Actuar con apego a los prin-cipios de la convivencia demo-crática, de solidaridad social y

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humana.D.-Respetar la libertad y diversi-dad de conciencia, pensamiento, religión y cultura.E.-Cumplir con sus obligaciones escolares, familiares y comuni-tarios.F.-Contribuir a la preservación del medio ambiente, respetan-do, cuidando y defendiendo los espacios de la comunidad que habita.

Disposiciones generales establecidas por el Código o Ley 136-03

Definición. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos Fun-damentales de los Niños, Niñas y Adolescentes es el conjunto de ins-tituciones, organismos y entidades, tanto Gubernamentales como No Gu-bernamentales, que formulan, coor-dinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas, programas y acciones que a nivel nacional, regio-nal y municipal se llevan a cabo para una protección integral de los dere-chos de éstos.

Finalidad. Este Sistema Nacional de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes tiene por finalidad ga-rantizar que la niñez y la adolescencia tengan un desarrollo sano e integral, al tiempo que se promueve su desa-rrollo integral, mediante la coordina-ción de políticas y acciones intersec-toriales e interinstitucionales.

Papel del Ministerio Público Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes, -Arts.256-258 Ley 136-03

El Ministerio Público que se en-carga de la defensa de los derechos y de la integridad física de los niños,

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niñas y adolescentes en la Repúbli-ca Dominicana, es un órgano creado por la Ley 136-03, el cual conoce en la fase de conciliación, todo lo rela-cionado con el sistema de guarda, re-gulación de visitas de los padres y las madres de sus hijos menores de edad, así como todo lo relativo a pensiones alimenticias, además de todo lo rela-cionado con los menores infractores de la ley.

¿Cuáles son sus funciones?Todos los integrantes del Minis-

terio Público Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes deben velar por el cumplimiento de la Ley 136-03.

Están en el deber de recibir las denuncias o querellas donde se esta-blezcan maltratos físicos o mentales contra cualquier niño, niña o adoles-cente residente en el país.

Denunciar las violaciones de la Ley 136-03, que se cometan en per-juicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la acción penal contra aquellos o aque-llas que hayan violado estas disposi-ciones legales.

Todos los integrantes del Minis-terio Público Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes están obligados a solicitar el estudio psico-social del niño, niña o adolescente afectado o violado en sus derechos, así como realizar y dirigir las investigaciones pertinentes, a fin de que él o la infrac-tora sea debidamente castigada.

El o la representante del Ministe-rio Público Especializado de Niños, Niñas y Adolescentes debe solicitar también, las prácticas de experticios, recolección de indicios y aportar las pruebas suficientes y necesarias para que él o los culpables sean debida-mente castigados.

Personal de la sede de la coordinación de la NNA trabajando.


Este representante de la sociedad también debe solicitar la cesación, modificación o sustitución de aque-llas medidas cautelares que hayan sido dispuestas por el Juzgado Espe-cial de NNA para proteger, en su mo-mento, la integridad física y moral de él o los afectados.

Este representante de la sociedad, en sus funciones especializadas, debe además, dirigir el trabajo que realiza la Policía Judicial Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el marco de sus funciones, el Ministerio Público Especializado de NNA también está en el deber de facilitar la comunicación de los abo-gados defensores y los adolescentes infractores de la ley, así como brindar asistencia a todos aquellos que hayan sido víctimas de abuso.

AccionesTodos los miembros del Minis-

terio Público Especializado de NNA deben dar fiel cumplimiento a las sentencias emitidas por el juez, en particular aquellas relativas a los abusos cometidos contra los niños, niñas y adolescentes.

También, deben hacer cumplir aquellas sentencias relativas a la guarda, alimentos, conciliación, ré-gimen de visitas y acción penal de aquel adolescente acusado de violen-tar la ley, así como ofrecer su opinión y protección.

Qué es la Policía Judicial Es-pecializada de Niños, Niñas y Adolescentes -NNA- Arts. 259-263, Ley 136-03

La Policía Judicial Especializada para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes fue creada como un departamento de apoyo al Sistema Penal del Adolescente.

Es un órgano técnico especializa-do en la investigación y persecución de los hechos delictivos, que presu-miblemente hayan sido cometidos por adolescentes, actuando como auxiliar del Ministerio Público de Ni-ños, Niñas y Adolescentes.

AtribucionesA.-Acompañar al Ministerio Pú-blico Especializado en NNA, en todas las investigaciones y re-colección de pruebas del hecho delictuoso.B.-Acompañarlos en los descen-sos.C.-Apoyar al Ministerio Público Especializado en NNA en la ci-tación o aprehensión de él o los adolescentes, a los cuales se les hayan imputado los hechos de-nunciados.D.-Apoyar al Ministerio Públi-co Especializado en NNA en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables.

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Funciones de la PolicíaJudicial Especializada de NNA

A.-Apoyar, bajo la dirección del Ministerio Público especializado de Niños, Niñas y Adolescentes, la investigación de el o los deli-tos.B.-Individualizar los autores y participantes en un hecho delic-tivo.C.-Reunir los elementos de prue-bas útiles para fundamentar la acusación.D.-Cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes.E.-Conducir, de acuerdo con las instrucciones de los Jueces Es-pecializados de Niños, Niñas y Adolescentes, a las personas que éstos indiquen.F.-Garantizar en todo momento los derechos fundamentales de la persona adolescente en con-flicto con la Ley Penal.G.-Las demás funciones que les sean asignadas.

Desde su creación, la Policía Judi-cial Especializada ha sido dirigida por el general de brigada de la Policía Na-cional, Crescencio Jáquez Hernández, teniendo su sede central en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional.

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La procuradora adjunta Marisol Tobal al centro, junto a su equipo de trabajo, integrado por la magistrada Patria Turbí, Carmen Gil, Johanni Parra, Amarfi Marte, Livio Comas, Jacqueline santos, Juneiryd Reynoso, bladimir Camacho y Andrés Fabían. Falta la magistrada Magdalena eugenio, asis-tente de la titular.


Directorio de la Coordinacion Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la

Procuraduría General de la República

Procuraduría General de la República (Sede Central)Av. Jiménez De Moya Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo

809-533-3522 exts. 201 / 268

Departamento Dirección Teléfonos

Procuraduría General de la Corte de NNA C/ Pedro Livio Cedeño casi esq. Duarte 809- 681-5090 ext. 222Procuraduría Fiscal de NNA de Villa Juana C/ Mauricio Báez no. 28 809-682-5651Fiscalia de NNA de Cristo Rey C/ Ortega y Gassett No.96-A (809) 472-7220 (809)472-7009 Al lado de la Clínica Cruz Jiminián Procuraduría de Corte y Fiscalia de NNA C/ Masonería No. 59, Ens. Ozama 809-592-7022de la Provincia de Santo DomingoProcuraduría Fiscal de NNA de Monte Plata C/ Duarte esq. Altagracia 809-551-6330Procuraduría de Corte y Fiscalia de NNA C/ Luperón No. 19, de San Cristóbal 809- 288-2981 EXT. 227Fiscalia de NNA Haina C/ De Monte y Tejeda No. 31 altos 809-957-1229Procuraduría Fiscal de NNA de Barahona C/ Duvergé No. 3 809-524-5472Procuraduría Fiscal de NNA de Neiba Av. 27 de Febrero esq. San Bartolomé, anexo de la Gobernación Procuraduría Fiscal de NNA de Bani C/ José Valera y Álvarez No. 12, 809-522-2177 (frente a la pescadería China)Procuraduría Fiscal de NNA C/ Diego de Velásquez No. 122 809-557-2122 San Juan de la Maguana Procuraduría Fiscal de NNA C/ Ramón Matías Mella esq. Hermana Nanita 809-588-6415 Azua de Compostela Procuraduría de Corte de NNA de La Vega C/ Comandante Jiménez Moya No. 3, La Vega 809-242-0429 / 809-242-0110Procuraduría Fiscal de NNA Av. Libertad No. 51, 809-525-2384 Monseñor Nouel- Bonao (Entrando por la cooperativa cofacando)Procuraduría Fiscal de NNA C/ Valentín Michelle No. 14, Espaillat, Moca 809-577-7111Procuraduría Fiscal de NNA de Constanza C/Salome Ureña No. 40, Cubículo No. 3 809-858-5126Procuraduría de Corte y Fiscalia de NNA Los Pepines C/ Sánchez No. 15, Santiago 809-581-5308Procuraduría Fiscal de NNA de Puerto Plata C/ Beler No. 55 (altos) 809-320-0388Procuraduría Fiscal de NNA de Valverde Mao C/ Prolongación San Antonio No. 1 809-572-5433Procuraduría Fiscal y de Corte de NNA C/ Rivas No. 58, frente a Inemed, 809-588-6415 San Fco. de Macorís Procuraduría Fiscal de NNA C/Sánchez No. 9, Cotuì, Sánchez Ramírez 809-585-3777Procuraduría Fiscal de NNA C/ Salome Ureña No. 11, 809-584-1349 Maria Trinidad Sánchez, Nagua (Detrás del Palacio de Justicia) Procuraduría Fiscal de NNA de Salcedo C/ Prolongación Hnas. Mirabal, Edificio S/N, 809-577-2238 salida a MocaProcuraduría Fiscal de NNA de Samaná Av. Fco. del Rosario Sánchez No. 17 altos 809-538-2256 Procuraduría Fiscal y de Corte de NNA C/ Sánchez No. 25 esq. Antonio Molano, 809-526-7111 Sector Miramar, San Pedro de Macorís Procuraduría Fiscal de NNA C/Altagracia No. 83, Frente al Obelisco, Higuey 809-554-5921Procuraduría Fiscal de NNA C/ Dr. Teófilo Ferri No. 130, La Romana 809-556-3225Procuraduría Fiscal de NNA del Seybo Av. Manuela Diez Jiménez No.1 809-552-2585Procuraduría Fiscal de NNA de Montecristi C/Vicente Llobar esq. Las Mercedes S/N 809-579-2115Procuraduría Fiscal de NNA de Dajabón C/ Beler esq. Emilio Batista No.58 809-579-7313Policía Judicial Especializada de NNA C/ Mauricio Báez No.28 809-682-5651 exts. 24-28


Procuraduría reduce impuestos de legalización de documentos para variados fines

La Procuraduría General de la Re-pública anunció a toda la ciudadanía la reducción de impuestos en el cos-to de la legalización de documentos emitidos por el Poder Judicial, actos notariales y traducciones legales.

Las reducciones se aplican por la entrada en vigencia de la Ley 173-07 del Poder Ejecutivo de fecha 17 de julio de 2007 sobre Eficiencia Recau-datoria, donde se deroga el cobro de algunos impuestos.

El Ministerio Público explicó que el sistema automatizado de la insti-tución ya fue actualizado para que los actos certificados por abogados notarios como ventas de inmuebles y otro tipo de transacciones, así como el poder para autorización de salida del país de un menor de edad que antes se legalizaba por un monto de RD$522.00 ahora cuesta RD$350.00.

De igual forma, las traducciones

legales que antes tenían un valor de 390 pesos ahora tienen un precio de RD$330.00, lo que implica una re-ducción de RD$60.00.

Las sentencias de rectificación de nombres, certificaciones y otros do-cumentos emitidos por la Suprema Corte de Justicia que antes debían pa-gar un impuesto de RD$390.00, aho-ra tendrán un costo de RD$330.00. Las sentencias de divorcio continúan con el mismo precio de RD$300.00.

Otro logro de la eNAP:Los VtPs a Casas del Redentor

La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), dependencia de la Procura-duría General de la República, dejó formalmente instalado el servicio de los Agentes de Vigilancia y Trata-miento Penitenciario a las Casas del Redentor, donde ex-reclusos reciben asistencia pastoral y social con énfa-sis en la prevención del delito.

Los centros funcionan en Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, La Vega y Santiago, y son coordinados por la Pastoral Penitenciaria que preside fray Arístides Jiménez Richardson, quien destacó el trabajo que se hace a favor de los reclusos y de aquellos que, cumplidas las penas, buscan una mejor forma de vida.

Sostuvo que es una decisión de la Procuraduría General de la Repúbli-ca extender el trabajo educativo y psicológico que se desarrolla en los centros de reclusión, una vez los in-ternos salgan de la prisión luego de cumplir su condena.

La actividad estuvo encabezada por el procurador general de la Re-pública, doctor Radhamés Jiménez y el director de la ENAP, licenciado Roberto Santana.

Integraron también la mesa de honor, los señores Eduardo Durán y Alejandro Jiménez, asesor y direc-

tor de la Gendarmería de Chile, res-pectivamente, así como el director ejecutivo de la ENAP, doctor Ysmael Paniagua, y el supervisor general de Prisiones, doctor Henry Garrido.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del Procurador General de la República, seguidas por las del di-rector general de la ENAP, quien dijo que los VTPs que se integran a las Casas del Redentor fueron capacita-dos para trabajar conjuntamente con la Pastoral Penitenciaria en el trata-miento religioso a los ex -reclusos.

La actividad también sirvió de

escenario para colocar nuevas insig-nias a los VTPs, quienes fueron as-cendidos en sus cargos por las altas calificaciones que han obtenido en los programas de actualización que implementa la ENAP.

Fueron ascendidos a superviso-res de seguridad y de servicios de la ENAP, Edward Antonio Tapia Pérez, Yadira de los Santos y Nathanael De la Cruz Pérez; también como encar-gados de área, Dariana Alexandra De los Santos Ruiz, Juana Bautista Te-jeda y Amado García Cabrera, entre otros.


VTPs en plena capacitación.


El año 2004 representó un gran reto para el poder judicial en la Repúbli-ca Dominicana, ya que en el mes de septiembre nos abocamos al cam-bio en el modelo procesal penal que durante más de un siglo usamos.El Ministerio Público del país, recién designado, se encontró de cara a este reto, y para el Ministerio Públi-co de NNA resultó ser un doble reto, ya que no sólo debía actuar de cara a un nuevo modelo procesal penal, sino también con un nuevo código para el sistema de protección de los derechos de los NNA.Ya han transcurrido tres años desde ese momento y de la evaluación que podemos hacer de nosotros como actores del sistema, se pueden des-tacar los siguientes elementos:-Acoplamiento del MP especializado a su papel de sólo acusador y garan-tor de los derechos de los NNA, ya que con la ley 14-94 jugaba un doble rol: acusador y defensor.-Ha sido dotado el MP de las herra-mientas logísticas que nos permiten efectuar nuestra labor diaria: un ve-hículo para transportar los adoles-centes en conflicto con la ley y los padres que han violado su respon-sabilidad alimenticia, un motor que permite al mensajero realizar sus ac-tividades con la celeridad requerida, dos computadoras que permiten al personal realizar sus labores, y la co-locación de una línea telefónica en la Procuraduría de la Corte.-Se nos designó dos policías espe-cializados, en consecuencia los ado-lescentes en conflicto con la ley re-ciben el tratamiento adecuado a su

situación jurídica, como la ley 136-03 lo prevé.-Se ha desarrollado la sinergia ade-cuada con el MP ordinario que tra-bajan materias símiles a las nues-tras, evitándoles a los usuarios del sistema, que la ruta crítica sea más crítica por los funcionarios que brin-dan el servicio.-Hemos logrado en los casos en que presentamos acusaciones más del 80% de sentencias condenato-rias, aunque no necesariamente obtengamos una sanción privativa de libertad, sino también medidas socioeducativas, o someterse a pro-gramas de desintoxicación en los casos que así se amerite.-Se han desarrollado ciclos de char-las en las escuelas, colegios, clubes y cualquier institución que lo solici-te, dando a conocer el alcance de la ley, logrando así que los usuarios se empoderen conociendo sus dere-chos y puedan reclamar el respeto de los mismos.

-Participación activa con sectores de la sociedad civil (Núcleo de Apoyo a la Mujer, Acción Callejera, Niños con una Esperanza, MOVIDA) que traba-jan el tema de la niñez y la violación de sus derechos fundamentales, así también con la Organización Inter-nacional del Trabajo y la Secretaría de Trabajo. El Despacho de la Primera Dama en concurso con la Procuraduría Ge-neral de la República, habilitaron la línea 700, donde se reciben las denuncias de violación de los de-rechos de los NNA. En la parte que corresponde a las denuncias desde Santiago, se le han dado respuesta al 95% de las mismas. Y el reto que tenemos hacia el futu-ro es la apertura de un centro en la ciudad de Santiago, que albergará a los adolescentes en conflicto con la ley penal que sean privados de libertad, con una capacidad para 33 adolescentes. Este centro será construido para responder a los requerimientos exigidos por la ley 136-03, ya que se pretende no solo su reinserción social, sino también su educación. La jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes como tal existe a par-tir de la ley 14-94, sin embargo, es en esta administración gubernamental que la misma ha recibido el apoyo que requiere para ofrecer el servicio adecuado no solo a las víctimas de los actos reñidos con la ley donde participan adolescentes, sino tam-bién a los mismos adolescentes en conflicto con la ley penal.

La Procuraduría de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes

antia ninoska beato abreuProcuradora de la Corte NNA [email protected]

La magistrada Antia Ninoska Beato acompaña-da de las procuradoras fiscales adjuntas, Raidi-ris García y María Dolores Rojas, así como del equipo de apoyo administrativo y los Policías Especializados de Niñas, Niños y Adolescen-tes.

En SAntiAgo


INAUGURAN

GALERÍA DE

EXPROCURADORES

La Procuraduría General de la República inauguró su galería de ex procuradores, donde se exhiben las fotografías de los 34 magistrados que ocuparon esa función desde el año 1961 hasta el 2006.

El procurador general de la Repú-blica, doctor Radhamés Jiménez Peña, al pronunciar el discurso central de la actividad, resaltó el trabajo realizado por sus antecesores, el cual calificó de arduo, incansable e indeleble.

Dijo que los ex magistrados tra-bajaron por la preservación de los valores, a través de la aplicación de las leyes y el respeto de los derechos humanos, con una justa representa-ción social y legal que marcaron una buena administración de justicia.

El magistrado Radhamés Jiménez dijo que el Ministerio Público, con estatuto propio y respetuoso de las atribuciones de la judicatura, en estos días sólo pide que las leyes se cum-plan y que los derechos prevalezcan.

Destacó que es con la ley número 485, del 10 de noviembre de 1964, que comienza la etapa más relevante de la Procuraduría, ya que mediante esa disposición del gobierno provi-sional de Donald Reid Cabral, se su-prime la otrora Secretaría de Estado de Justicia y se pasan sus atribucio-nes a la Procuraduría General de la República.

Las fotografías están expuestas en una pared de 36 metros cuadrados, trabajada en técnica de estucado va-

lenciano, justo en la antesala del au-ditorio de la Procuraduría, ubicado en el segundo nivel del nuevo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

Las tres secciones de fotografías están acompañadas en sendos extre-mos con una imagen de 61X46.5 pul-gadas del patricio Juan Pablo Duarte, y la otra con la misión y visión de la Procuraduría General de la Repúbli-ca como institución responsable de ejercer la acción penal pública, llevar a cabo la investigación de los hechos punibles y vigilar por el fiel cumpli-miento de las normas del debido pro-ceso penal, entre otras.

El área tiene una delimitación de balaustres en cedro enlazados con

Mesa principal con los ex procuradores generales de la República, Víctor Céspedes Martínez, Juan Demóstenes Cotes Morales, Pura Luz Núñez Pérez, Mariano Germán, Virgilio Bello Rosa, Francisco Domínguez Brito, Radhamés Jiménez Peña, César Pina Toribio, Abel Rodríguez del Orbe, Semiramis Olivo de Pichardo, Ramón Pina Acevedo, Manuel Ramón Morel Cerda y Juan Arístides Taveras Guzmán.


cordones de pana, y pintados en color caoba para armonizar con los demás cuadros y ambientación de la sala, trabajo coordinado por la in-geniera Sonia Merán, encargada de mantenimiento de la edificación de la Procuraduría, y el diseño de inte-riores fue realizado por las licencia-das Kaila Marcano y Karina Antonia Hernández.

La actividad estuvo encabezada además por los ex procuradores, quienes asistieron acompañados de sus familiares, entre ellos, estuvieron presentes Mariano Germán Mejía, Abel Rodríguez Del Orbe, Virgilio Be-llo Rosa, Víctor Céspedes Martínez, Manuel Ramón Morel Cerda, Luís Nelson Pantaleón, Juan Demóstenes Cotes Morales, Ramón Pina Acevedo Martínez, Pura Luz Núñez y Semira-mís Olivo de Pichardo.

Además estuvieron presentes, fa-miliares de los ex magistrados falleci-dos, como los de Julio César Castaños Espaillat y Antonio Grullón Chávez.

El acto contó también con la par-ticipación de los fiscales del Distrito Nacional y de la provincia Santo Do-mingo, doctores José Manuel Her-nández Peguero y Perfecto Acosta, respectivamente, y los miembros del Patronato Nacional Penitenciario, José Luís Corripio y Fabiola Medina, entre otras personalidades.

Con un tamaño de 8x10 pulgadas, enmarcadas en cornisa y madera oscura, se presentan las fotogra-fías en orden ascendente de los ex-magistrados José Manuel Machado (1961), Porfirio Néstor Basora Puello

(1961-1962), Eduardo Antonio Gar-cía Vásquez (1962-1963), Osvaldo Soto (1963), Fernando Chalas Valdez (1964-1965), Manuel Ramón Morel Cerda (1965), Gustavo Gómez Ceara (1965-1966), y Manuel Rafael García Lizardo (1963-1964) (1966-1968) (1990-1992).

Igualmente, Carlos Rafael Goico Morales (1968-1969), Marino Ariza Hernández (1970), Anaiboní Guerre-ro Báez (1970) (1975-1976), Anto-nio Grullón Chávez (1971), Juan Arís-tides Taveras Guzmán (1971-1973), Fabio Fiallo Cáceres (1973-1975), Miguel Ángel Luna Morales (1976-1978), Caonabo Fernández Naranjo (1978-1979), Flavio Darío Espinal Hued (1979), Bienvenido Mejía y Me-

jía (1979-1982), y Antonio Rosario (1982-1984).

También las imágenes de Américo Espinal Hued (1984-1986), Julio Cé-sar Castaños Espaillat (1986), Ramón González Hardy (1986-1987), Pura Luz Núñez Pérez (1987-1988), Semi-ramis Olivo de Pichardo (1988-1990), Efraín Reyes Duluc (1992-1995), Juan Demóstenes Cotes Morales (1995), Luís Nelson Pantaleón González (1995-1996), Ramón Pina Acevedo Martínez (1996), Abel Rodríguez Del Orbe (1996-1998), Mariano Germán Mejía (1998-1999), César Pina Tori-bio (1999-2000), Virgilio Bello Rosa (2000-2003), Víctor Céspedes Martí-nez (2003-2004) y Francisco Domín-guez Brito (2004-2006).

Familiares de exprocuradores. Se destacan en el centro los hermanos, Servio Tulio, Julio César y Julio Amado Castaños Guzmán, reconocidas figuras públicas hijos del extinto Julio César Casta-ños Espaillat.

Ex-procuradores junto a sus familiares observan la galería. El empresario José Luís Corripio (Pepín), quien asistió a la actividad, observa la galería de los exprocuradores junto a otras personalidades.


La Procuraduría General de la Re-pública firmó los contratos de com-pras con las empresas que suplirán equipos de computadoras y otros elementos a esta institución, previa licitación pública nacional.

En esta ocasión la Procuraría Ge-neral de la República realizará una inversión de RD$16,339,123.69 para la compra de equipos de computado-ras, servidores y teléfonos IP.

Las compañías que proveerán a la institución de estos equipos de com-putadora fueron escogidas a través de una licitación pública nacional (PGR/LPN-01-2007) realizada el pasado seis de agosto, de las cuales cinco compañías resultaron electas luego de que fueron debidamente evaluadas por el comité de licitación de compras de esta institución.

La Procuraduría General de la República adquirirá cuatro soportes para servidor de aplicaciones, 200 computadoras personales, 50 im-presoras láser-jet, 400 sistemas de energía continua, 12 computadoras portátiles (Laptop) y un proyector portátil.

También serán adquiridos disco duros, teléfonos IP, power adapter y partes para servidores y reemplazo.

En licitación pública nacional PGR7LPN- 01-2007, participaron un total de 13 compañías distribuidoras de equipos de computación de los cuales fueron escogidas seis previo evaluación del Comité de Compras de la Procuraduría General de la Re-pública.

Las empresas que reunieron los requisitos fueron Prodacom, S.A, Pro-

ductive Business Solutions, Distribui-dora Universal, Micro Mini Computa-doras S.A,. y Sinergia.S.A.

La selección de estas compañías se llevó a cabo ante la presencia del notario público, Nelson Castillo Ogando, quien verificó que la valo-ración de las ofertas presentadas por los participantes se hizo de confor-midad a lo que dispone la Ley de Compras y Contrataciones del sec-tor público 340-06.

El Procurador General de la Re-pública, doctor Radhamés Jiménez Peña al realizar la firma del contra-to, dijo que la firma da un mensaje de transparencia al país, ya que la institución que dirige esta llamada a velar por el cumplimiento de la ley en la República Dominicana.

Procuraduría firma contratos con empresas que proveerán equipos y tecnología

Previa licitación pública

El procurador Radhamés Jiménez Peña en compañía de la miembro del Comité de Licitaciones de la Procuraduría, Maricela Vargas (vestida de mo-rado) preside el acto de firma de convenios con las empresas Prodacom, s.A., Productive business solutions, Distribuidora Universal, Micro Mini Computadoras, S.A. y Sinergía, S.A.


REunIDosDe una parte, el Dr. Mario Iguarán, Fiscal General de la Na-

ción de la República de Colombia,Y de la otra, el Dr. Radhamés Jiménez Peña, Procurador

General de la República Dominicana.Ambos en virtud de la representación que ostentan y en el

ejercicio de sus respectivas funciones;

EXPonEnLas partes firmantes están conscientes de la importancia

de fomentar el desarrollo de la justicia, sobre la base del com-promiso de contribuir a la consideración de un servicio públi-co de justicia moderno y eficaz, como uno de los pilares de la sociedad y como una necesidad constante y permanente de un Estado Social y Democrático de Derecho en el que la jus-ticia se identifica como uno de los cuatros valores superiores del ordenamiento jurídico junto con la libertad, la igualdad y el pluralismo político.

Asimismo, reconocen que en el momento actual, marcado por la globalización e intercomunicación de las sociedades modernas más allá de sus fronteras, la necesidad de coope-ración y el incremento de los vínculos en el ámbito de la Justi-cia, además de resultar incuestionable y necesaria, redundará en el desarrollo de ambos pueblos, máxime en el caso de la sociedad dominicana, si se tienen en cuenta las especiales cir-cunstancias históricas que vinculan a la misma con la Repúbli-ca de Colombia, y la amistad recíproca que tradicionalmente han sellado las relaciones entre ambos pueblos y grupos so-ciales representativos de ambos países.

A tales efectos, los suscribientes desean hacer manifesta-ción expresa de su intención de colaboración e intercambio, partiendo de las distintas experiencias obtenidas en sus res-pectivas áreas de actuación.

Por cuanto procede, las partes acuerdan suscribir el pre-sente PROTOCOLO DE INTENCION DE COLABORACION E IN-

TERCAMBIO DE INFORMACION, que se sujetará a las siguien-tes líneas programáticas de actuación:PRIMERA:

Las partes se comprometen a articular y promover la cola-boración de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia y la Procuraduría General de la República Domini-cana, respectivamente en orden al fomento de acciones que contribuyan al desarrollo de la Justicia en el ámbito de sus competencias.SEGUNDA:

Las materias objeto de desarrollo en el ámbito de la justi-cia serán definidas con posterioridad a la firma de este Proto-colo, por la Comisión Técnica Mixta que se creará al efecto.TERCERA:

Con el objeto de garantizar el seguimiento del desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente Protocolo se acuerda constituir una Comisión Técnica Mixta, que estará compuesta por dos representantes de las instituciones firmantes, que se reunirán al menos una vez al año y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

Definir las materias en el ámbito de la justicia que serán objeto del presente Protocolo de Intención de Colaboración;

Promover el desarrollo de actividades sobre las materias objeto del presente Protocolo de Intención de Colaboración;

La aportación y elaboración de los informes técnicos, así como de aquella documentación que se considere oportuna, relativa a dichas materias;

Seguimiento y evaluación de las actividades, cuyas conclu-siones servirán para mejorar el contenido del mismo;

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado el presente Protocolo en el lugar y fecha arriba expresados.

En Santo Domingo, República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año 2007.

Los magistrados Radhamés Jiménez Peña y Mario Iguarán firman el Protocolo.

Dr. Mario IguaránFiscal General de la República de Colombia

Dr. Radhamés Jiménez PeñaProcurador General de la República Domicana

Colombia y República Dominicana firman protocolo de intercambio de información

Para asistirse judicialmente


Llamados con propiedad, de acuerdo a la nomenclatura especia-lizada del Nuevo Modelo Penitencia-rio: Centros de Corrección y Reha-bilitación Rafey, tanto para mujeres como para hombres, estos internados funcionan en la vieja pero hoy re-modelada cárcel ubicada en la calle principal del sector del mismo nom-bre, en Santiago. Ambos recintos, cuales gemelos salidos de un mismo óvulo funcionan de Este a Oeste, uno al frente del otro.

Sólo para mujeresResulta impresionante apreciar de

cerca lo que ocurre en Rafey-Mujeres dirigido por Hilda Patricia Lagombra Polanco, una joven abogada, que pese a sus 25 años de edad se maneja con madurez y templanza.

“No te dejes llevar por las aparien-cias, en este sistema es mucho más complicado lidiar con mujeres que con hombres”, responde de entrada ante una primera pregunta sobre el comportamiento de las internas, para luego agregar que sin embargo, “las mujeres son más honestas en reco-nocer sus errores, incluso de índoles delictuales, y más responsables para afrontarlos”.

Hilda Patricia nos habla en su ca-lidad de persona con experiencia en otras cárceles, en especial del viejo sistema, trabajando en Puerto Plata, de donde es oriunda y después en Moca, para convertirse luego en pio-nera del nuevo modelo en Baní.

Lo cierto es, que cuando se llega a este centro, la impresión siempre po-sitiva no sólo la reciben quienes al-guna vez sufrieron el impacto casi ho-rroroso del viejo régimen carcelario, con su hacinamiento, promiscuidad y maltrato, sino los que visitan por pri-

mera vez un reclusorio para personas condenadas y en conflicto con la ley.

A no ser por los agentes uniforma-dos que cumplen estrictamente con las normas, la primera idea que surge, inmediatamente se ingresa al recinto, es que se está dentro de un lugar de retiro, recreación y esparcimiento.

A Víctor Acosta de León, fotógrafo del Ministerio Público, el lugar se le pareció a un hotel y lo dijo con una frase típica del dominicano: “Ojalá muchos hoteles puedan tener las con-diciones de este centro”.

CCRs Rafey dicen presentes dentro del Nuevo Modelo Penitenciario

Este cuadro, réplica de una pintura colonial, fue creado por el interno Ruddy Polanco.

Hilda Patricia Lagombra Polanco, directora Rafey-Mujeres.

en la sala digital figuran las internas Luz del Alba Rodríguez, verónica Reyes, Jennifer Ureña, Mi-lagros Jácquez, Henrieta Afua (de Ghana) Dulce García y Neris Tiburcio.

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Olivo Casilla, de 60 años y quien dice haber conducido un tanque de guerra en la gesta patria de abril de 1965, reaccionó de otra manera: “Pa-rece que es mejor estar preso que suelto, porque aquí hay de todo y en la calle hay que aguantar pela”, sostu-vo.

Quien escribe, por su parte, pensó estar en un convento para aspirantes a monjas en condiciones de excep-ción.

Orden, organización, higiene, res-peto, solidaridad y compartimiento son las primeras imágenes que preva-lecen, y si no fuera por las indumenta-rias diferentes, sobre todo, las de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), se dirían que todo el que se encuentra en el lugar goza de las mismas condiciones, los mismos deberes e iguales derechos.

Ante la observación de que todas las internas estaban pasadas de li-bras, una protestó y dijo: “Yo vine aqui como tú me ves, gorda”. Luego apareció la primera delgada, sonrien-te, quien según sus compañeras, en forma de broma, “no engorda porque la conciencia no la deja tranquila”.

Con una voz pausada y dulce, que en parte contrasta con su notable es-tatura, Hilda Patricia, la directora de Rafey-Mujeres, afirma que de eso es lo que se trata, de un centro de huma-nización, no sólo en el trato entre los que permanecen allí, sino en su rela-ción con los encargados de la direc-ción, la vigilancia y el orden.

“Al margen de las atribuciones de cada quien, aquí todas somos iguales y no es cuestión de poses. La directo-ra y los agentes ingerimos los mismos

alimentos que se les suministran a las internas, y en las horas de recreación jugamos voleibol y dominó todas jun-tas”, afirma Hilda Patricia.

Asegura que con las internas se trabaja mucho sobre la responsabi-lidad compartida y la autoestima, lo que junto a los programas formati-vos y de educación, les ayuda a vivir el presente con entusiasmo y ver el futuro con optimismo.

Rafey-HombresEn Rafey-Hombres dirigido por

Erickson de Jesús Bobadilla se res-pira un ambiente similar, con la dife-rencia de que el calor humano entre hombres es más áspero.

De los dos, fue el último en insta-larse y su inauguración, por parte de la Procuraduría General de la Repú-blica, se produjo el 31 de julio de 2006. Tiene capacidad para albergar 700 internos en condiciones dignas

de un ser humano. “Si hay una palabra que sirve para

describir lo que se hace aquí, para me-dir sus resultados, yo prefiero hablar de humanización. De no ser por los uniformes y los instrumentos, y que aquí, al igual que del otro lado, traba-jamos mujeres y hombres, se creería que no existen diferencias entre los internos con los agentes que lo vigi-lan y el personal de apoyo”, explica Bobadilla con un carácter bonachón de muchacho grande.

Aunque prevalece el chequeo, la vigilancia y la disciplina, Bobadilla, con apellido de sacerdote de origen español, nos hace ver la ausencia de aparataje y de nerviosismo, ambiente un tanto acogedor que tiene mucho que ver con los rostros candorosos y alegres en lugar del otrora espectro militar y la escasa exhibición de ar-mamento.

En ambos centros se imparten cursos en diferentes manualidades, para lo cual se dispone de instruc-tores e instructoras de reconocidos centros de educación técnica y espe-cializada del país, como el INFOTEP y el INAGUJA. Erickson Bobadilla nos llevó a varios de los talleres, en donde instructores llegados de la capital y Santiago, enseñaban confundiéndose con sus aprendices.

Mientras en Rafey-Mujeres se en-seña y se aprende de todo lo que se estila entre mujeres, como bordado, costura, belleza, etc; y entre los hom-bres se aprende ebanistería, herrería, plomería, entre otros oficios de gran demanda en la sociedad moderna.

Ejemplo de una internaUna interna beneficiada con la

libertad condicional de la pena por buena conducta, de nombre Luz del Alba Rodríguez, declaró muy orgullo-sa que: “Aquí llegué triste, emocional-mente destruida y sin saber de nada, y ahora volveré a la sociedad con 16 diplomas. Pienso trabajar en puntos de cruz (bordado) con mi hermano en un negocio que vamos a poner”.

Hilda Patricia dice estar segura que Luz del Alba no volverá a delin-quir, como deberá ocurrir con otras internas cuyos cambios, sostuvo, “son evidentes”.

Los internos Nelson Antonio Fernández (Instructor) y Radhamés Cabrera, muestran lo aprendido en el taller de soldadura y herrería. Obseva el director del centro, Erickson Bobadilla.

Erickson de Jesús Bobadilla, director Rafey-Hombres.

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Además de los talleres y escuelas variadas, Rafey-Mujeres y Hombres cuentan con sendos centros digitales instalados por el Instituto Domini-cano de la Telecomunicaciones (IN-DOTEL). Cada uno tiene unas diez computadoras, en donde las internas e internos reciben entrenamiento.

A un año y siete mesesRafey-Mujeres lleva apenas un año

y nueve meses y los resultados están a la vista. Fue inaugurado el seis de febrero del año 2006 con la misión, según su directora, “de proporcio-nar las herramientas necesarias a los fines de que una persona privada de libertad pueda rehabilitarse y luego reinsertarse a la sociedad ofrecién-dole fundamentalmente un trato hu-mano”.

Tiene capacidad para 69 internas y cuenta con dos pabellones de 11 y 12 celdas de tres camas cada una, sa-lón multiuso, comedor, cocina, cancha de voleibol, aula de alfabetización, aula de informática, taller de costura y taller de belleza, economato, área administrativa, una pequeña aula de lectura, tres celdas de reflexión, re-cepción y área de lavado.

Hilda Patricia dice que como es lógico, también se proveen los servi-cios de asistencia jurídica, educación, psicológica, médica, servicio social y transportación.

Revela que en el corto tiempo que lleva funcionando se han capacitado un total de 213 internas en las áreas y asignaturas de alfabetización, mate-mática básica, costura, pintura sobre tela, manejador de paquete de oficina, peluquería, confección de sandalias, inglés y bordado en punto de cruz.

Explica que en la actualidad están cursando los talleres de lencería, ve-lones, alfabetización, costura, colchas,

auxiliar de belleza, alfabetización y computadora, para un total de 90 in-ternas que se graduarán en el mes de diciembre de este año.

Además del INFOTEP, los cur-sos son impartidos por el Instituto Nacional de la Aguja (INAGUJA), el Instituto Dominicano de las Teleco-municaciones (INDOTEL), la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica, el Hospital Dr. José María Cabral y Báez, y las secretarías de la Mujer y de Educación.

Ayuda de ambos ladosHilda Patricia dice que Rafey-Mu-

jeres recibe la asistencia del Centro de Corrección y Rehabilitación Ra-fey-Hombres, “cuyos internos nos reparan las tuberías, fallas eléctricas, jardinería, entre otras necesidades”.

Destaca la solidaridad recibida del director de Rafey-Hombres, Erickson de Jesús Bobadilla, “quien siempre está dispuesto a ayudarnos en cual-quiera necesidad”.

Elogios tuvo igualmente para la sociedad santiaguense, “la cual cree en nuestro objetivo y misión, estan-do dispuesta siempre ayudar”.

Los VTPsTanto Patricia como Erickson re-

conocen el valor de los VTPs, “quie-nes son la columna vertebral de este sistema penitenciario, ya que ellos son el cuerpo idóneo para dar el tra-tamiento a los privados y privadas de libertad”, sostienen.

Los agentes son formados y pro-porcionados por la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) que dirige Ro-berto Santana, y sobre ellos, Hilda Patricia Lagombra puntualizó que su preparación para el trato y la se-guridad va acorde con su pulcritud y honestidad.

En el caso de Rafey-Mujeres, se cuenta con una encargada de segu-ridad, tres supervisoras de servicios, diez encargados de área y 34 agen-tes.

Los deportes En ambos centros se les da una

gran importancia a las actividades deportivas, con la práctica de varias disciplinas y con equipos, entre ellos de dominó y voleibol con los que se realizan intercambios entre sí, con universidades de Santiago y otros centros y cárceles del país.

La profesora Josefina Aybar de INFOTeP, junto a la directora del centro Hilda Patricia, ofrece explicaciones en el taller de costura.

El profesor José Rolando Cedeño Vólquez de Infotep ofrece clases de ebanistería en un aula del centro Rafey-Hombres.

Luz del Alba Rodríguez, veneficiada con la libertad condicional por su buena conducta, figura junto a otras compañeras en el taller de costura.

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el iNACiF trabajando para la Región Norte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) es un órgano crea-do por la Procuraduría General de la República, que funciona desde enero de 2006, el cual se ha convertido en parte determinante para la solución de crímenes mediante el análisis de evidencias de manera coherente e imparcial.

El instituto cuenta con una sede central en Santo Domingo y cuatro Regionales: Norte, en Santiago; Nor-deste, en San Francisco de Macorís (próxima apertura); Este, en San Pe-dro de Macorís; y Sur, en Azua.

La Regional Norte tiene su direc-ción administrativa ubicada en la Av. Estrella Sadhalá #25, Sector La Esme-ralda. Fue inaugurada el 14 de agosto de 2006 y cuenta con las secciones de Balística, Documentoscopía y Análisis de Drogas y Sustancias Controladas. En el Hospital Regional Universita-rio José María Cabral y Báez se en-cuentra la sub-dirección de Medicina Forense, la cual brinda los servicios de levantamiento de cadáveres, au-topsias, exhumaciones, odontología, evaluaciones de lesiones personales, entre otros.

Actualmente ofrecemos servicio a todas las provincias de la Región Norte del País, que abarcan: Daja-bón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco de Maco-rís, Samaná, Espaillat, María Trinidad

Sánchez, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Contamos con equipos, métodos y procedimientos avanzados y aproba-dos por la Comunidad Científica Fo-rense para la identificación de drogas y sustancias controladas, análisis de documentos dudosos y la compara-ción de casquillos y proyectiles, per-mitiendo que el Sistema de Adminis-tración de Justicia fundamente sus decisiones apoyándose en nuestras experticias.

La Sección de Balística está des-tinado a la evaluación del funciona-miento de las armas de fuego, análisis de casquillos y proyectiles, trayecto-ria de disparos y residuos de pólvo-ra. A la fecha hemos completado 30 casos.

La Sección de Documentoscopía se encarga de los análisis detallados de firmas, documentos públicos y privados, y billetes (papel moneda) envueltos en litigios judiciales; ofre-cemos este servicio desde noviembre de 2006 y hemos analizado 52 casos hasta el momento.

La Sección de Sustancias Controla-das realiza el análisis e identificación de las diferentes sustancias sospe-chosas confiscadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, para determinar si son controladas o prohibidas por las leyes de nuestro país. Esta área opera desde junio de 2007 y a la fecha he-

mos completado más de 1,200 casos.Contamos con la Sección de Pro-

piedad Intelectual y Derecho de Au-tor, donde realizamos peritajes para verificar la autenticidad del Tabaco.

En adición, tramitamos todas las solicitudes de experticias realizadas por la sede central que aun no son realizadas en nuestras facilidades tales como: toxicología, serología, incendios premeditados, evidencia digital, dactiloscopía.

En el área de Medicina Forense contamos con la adición a nuestro equipo de un Ginecólogo Forense al departamento adscrito en la Unidad de Violencia Intrafamiliar de la Pro-curaduría Fiscal de Santiago.

Pik Kwon Sam, directora del INACIF en Santiago.

Una especialista del INACIF ofrece explicaciones sobre análisis e identificación de sustancias controladas. Observa Pick Kwan Sam y Germán Santiagao, edi-tor de esta revista.

Pik Kwan Sam acompañada del personal. Figuran Eduardo Herrera, Tamara Santos, Annie García, Miladys Pichardo, Domingo Frías, Yaridy Saint Hilaire Ya-haira Castro, Judith Castillo y el alfere de fragata Gregorio Peña.

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Pik Kwon sam HoDirectora del INACIF en [email protected]


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Revista Ministerio Publico 02

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