Revista Izquierda No. 51 - Marzo 2015

Conflicto y solucin poltica Respuestas a una letana:A propsito del momento actual del proceso de paz Paz, justicia y constituyente Una justicia ms all del derecho Neoliberalismo rampante HSBC:Finanzas,lavadodeactivos yevasin fiscal Izquierda en debate La contienda poltica por la alcalda de Bogot: Un paso adelante y dos atrs? Nuestra Amrica Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento crucial de la revolucin bolivariana Capitalismo en crisis Tras la victoria electoral de SYRIZA: El fin de la troika y la continuacin de la poltica de austeridad Editorial La crisis de la justicia: Una razn ms para la Constituyente

N 51 MARZO / 2015 BOGOT, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de redaccin

lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin

Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332N 51, Marzo de 2015. Bogot, Colombia

Todo el contenido de esta publicacin puede

reproducirse libremente, conservando sus crditos.

Conflicto y solucin poltica

4Respuestas a una letana:A propsito del momento actual del proceso de pazVctor Manuel Moncayo C.

14 Paz, justicia y constituyenteRicardo Snchez ngel

20 Una justicia ms all del derechoSergio De Zubira Samper

Neoliberalismo rampante

26HSBC:Finanzas,lavadodeactivos yevasin fiscalDaniel Libreros Caicedo

Izquierda en debate

34La contienda poltica por la alcalda de Bogot: Un paso adelante y dos atrs?Santos Alonso Beltrn Beltrn

Nuestra Amrica

40

Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento crucial de la revolucin bolivarianaJorge Gantiva Silva

Capitalismo en crisis

48

Tras la victoria electoral de SYRIZA: El fin de la troika y la continuacin de la poltica de austeridadAaron Tauss

Editorial

54La crisis de la justicia: Una razn ms para la ConstituyenteJairo Estrada lvarez

Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Respuestas a una letana: A propsito del momento actual del proceso de paz

Vctor Manuel Moncayo C.

Profesor emrito Ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia

El proceso de paz se ha visto obligado a repetir o a contestar una letana: verdad, justicia, reparacin y no repeticin, casi que con el mismo sentido de las oraciones religiosas de ese carcter. Pero muy poco se discute sobre la significacin de sus trminos, pues simplemente se repiten hasta el cansancio como ocurre con las splicas o invitaciones latinas de la liturgia cristiana. Tratemos de avanzar en su comprensin desde una perspectiva poltica, para contribuir a su enten-dimiento, as sea de manera preliminar y provisional, sobre todo para aportar al necesario debate de nuestra actual coyuntura.

Cul es la verdad?Empecemos por la verdad que se afirma como requisito ineludible

de la paz. La verdad reside en una narracin de lo que aconteci? Es eso satisfactorio? Existen mltiples narraciones. Entre ellas las de las vctimas, sin duda determinadas por sus circunstancias particulares, por

Christe, elison. Christe, elison Kyrie, elison. Kyrie, elison

Christe, udi nos. Christe, udi nos Christe, exudi nos. Christe, exudi nos

_4 Volver a contenido


sus sentimientos de dolor, por sus posiciones polticas as sean tcitas, por sus entendimientos inmediatos y espontneos, por las influencias de los medios de comunicacin y de la opinin comn en general. Sus testimonios son importantes y pueden aportar a la verdad, pero no son la verdad, o al menos no pue-den representar la verdad del conflicto en todas sus dimensiones.

Ser acaso la verdad rendirle culto al empirismo y considerar que est representada por la identificacin, recoleccin y sistematizacin de todos los hechos y circunstancias, incluidos los listados de victimarios y vctimas individuales? Aun cuando se trata de ele-mentos esenciales, por s mismos no nos dicen en qu ha consistido y qu es el conflicto. Lo mismo pode-mos decir de las descripciones de los daos y efectos causados por la violencia del conflicto. Aportan sin duda a la estadstica del desastre, pero nada signifi-can en trminos de una explicacin que permita una aproximacin a la verdad.

Para muchos, para la opinin generalizada y tambin para cierta opinin calificada, la verdad nos la deben suministrar quienes con una autoridad relativa, atribuida por el Estado, dictaminen sobre los sujetos responsables de los mltiples hechos del conflicto. Es la verdad judicial que se encontrara en las decisiones penales que contrastan conductas con las tipicidades delictivas, o en las de otro corte que imponen consecuencias retributivas de orden econmico o simblico? Es una verdad limitada por la naturaleza de la funcin jurisdiccional, que no ve ms all de las responsabilidades individuales?

Ms all de esas alternativas, la verdad es esquiva, es difcil de obtener. No es slo un ejercicio acad-mico. Es necesariamente un entendimiento poltico, que siempre ser controversial. Pero, es una respon-sabilidad de ambas partes en el dilogo llegar a un acuerdo mnimo sobre cul es la verdad o sobre los

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475

N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido

elementos principales de esa verdad. Sin ese acuerdo es imposible avan-zar en soluciones para el fin del conflicto.

Por consiguiente, para las partes es ineludible afrontar un debate recientemente planteado por la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas: es necesaria una remisin a una causalidad sistmica, o basta con entender el problema como el encuentro de actores y procesos deter-minados por mltiples factores?

En otras palabras, partimos de la aceptacin simplista de que esta es una sociedad como cualquier otra, en la cual se puede coexistir bajo ciertas reglas de debate y de discusin, pero en la cual algunos se han salido de esas reglas y por decisin individual o grupal se han apartado de ellas y han optado por la violencia, quizs con determinaciones muy personales o por razones altruistas o sociales?

O, por el contrario, aceptamos que esta no es una sociedad cual-quiera, sino que tiene un sistema de organizacin social determinado (capitalismo), que produce unos efectos lesivos sobre amplios sectores de la sociedad (los explotados, los excluidos, los subalternos, los domi-nados, etc.)? Como tal, por lo tanto, explica y justifica la insurgencia, la subversin. En este reconocimiento puede encontrarse la raz de la verdad del conflicto.

Siendo ello as, la naturaleza especfica de nuestra sociedad con sus contradicciones y efectos negativos sobre la mayora de la colectividad, sera la principal victimaria. Los sujetos (individuales o grupales), aun-que aparezcan desligados de esa determinacin societaria, son los actores de todos los procesos que ocurren en esa sociedad incluidos los de resis-tencia/contrainsurgencia.

Obviamente, a partir de esa determinacin o causalidad societaria, hay factores intermediarios que pueden apreciarse y ponderarse de dife-rente forma como explicativos de la verdad, y sobre ellos tambin puede llegarse a entendimiento compartido.

En sntesis, es absolutamente ineludible partir de un acuerdo bsico sobre una verdad del conflicto, es decir, de un entendimiento poltico del conflicto violento, o al menos de algunos de sus elementos esenciales. Y es responsabilidad de las partes llegar a un acuerdo de comprensin en esa materia, como fundamento bsico de las decisiones y soluciones que acuerden.

La sociedad con su naturaleza particular es victimaria, pero en su interior los procesos y sus actores en segundo grado tienen responsa-bilidades que, aunque en cierta manera sean subjetivas, siempre estn encadenas a la determinacin sistmica.



http://www.nuestramirada.org/photo/carcel-de-mujeres-6?context=user


Por qu se alude en la letana a la justicia?Habitualmente cuando se habla de justicia se hace

referencia a la derivada de la funcin judicial del Es-tado. Es la justicia impartida por el Estado a travs de mltiples formas, que pueden ser aquellas normales o las excepcionales que para situaciones especficas disee el mismo Estado, o l mismo autorice con cier-tas particularidades, como ocurre cuando se asignan atribuciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales a las llamadas Comisiones de la Verdad.

En tal sentido, si se trata de la justicia as enten-dida, siempre ser una justicia del Estado y, por lo tanto, si l es parte esencial de la organizacin sis-tmica de la sociedad, el Estado sera al tiempo juez y parte. Cualquiera que sea la justicia que se decida aplicar, va a juzgar al propio sistema del cual forma parte y nunca podr versar sobre la responsabilidad sistmica, sino sobre la de los actores, considerados independientemente, en trminos siempre subjetivos, como es propio de toda victimologa.

Cuando el Estado busca encontrar una justicia especial, como la que se viene llamando desde hace algn tiempo transicional, se justifica diciendo que esa alternativa permite sacrificar un cierto grado de justicia en favor de otro valor que se considera supe-rior, como sera la paz. Se admite as que la justicia no debe ser plena, no puede ser completa, que tratndose de las medidas punitivas debe ser distinta, en otras palabras que se admite renunciar al poder jurisdic-cional del Estado.

Pero, por qu se procede de esa manera? Por qu se acepta que la justicia no sea plena, que se adece a ciertas circunstancias renunciando en todo o parte a lo que representa como poder soberano? Indudable-mente porque han ocurrido o se presentan cierto tipo de hechos o de circunstancias de tal significacin, que el Estado reconoce que exigen una alteracin de la justicia como dimensin especifica de la organizacin estatal. De alguna manera, el Estado est aceptan-do una responsabilidad sistmica y por ello admite

Es absolutamente ineludible partir de un acuerdo bsico sobre una verdad

del conflicto, es decir, de un entendimiento

poltico del conflicto violento,

o al menos de algunos de sus elementos

esenciales. Y es responsabilidad de

las partes llegar a un acuerdo de comprensin en

esa materia, como fundamento bsico

de las decisiones y soluciones que

acuerden.



renunciar total o parcialmente a una de sus misiones bsicas: la justicia, ntimamente relacionada con el monopolio de la fuerza, pues no sobra recordar que la vigencia de la ley est siempre respaldada por la ltima ratio de la violencia legtima por ser estatal. Es como si el Estado dijera: el sistema del cual formo parte ha fallado en su funcionamiento por mi propia responsabilidad, lo cual me obliga a dejar de lado temporalmente uno de mis rasgos esenciales: la justicia estatal.

Siendo ello as, resulta claro que ese reconocimiento estatal conduce a que si bien la justicia especial va a funcionar, ya no ser la misma, pues los procesos y actores que van a ser juzgados no podrn ser considerados plenamente como subjetivos, pues se acepta que su tratamiento distinto tiene una explicacin sistmica. Esto es fundamental en el caso de la in-surgencia, pues si existe ese reconocimiento sistmico, es ineludible ad-mitir, por consiguiente, su carcter poltico con todas sus consecuencias, en particular las que en materia penal se consideran como conexidades; es decir, que lo dominante es lo poltico de la subversin, que subsume todas las dems conductas asociadas a ella comunicndoles la misma naturaleza.

Obviamente, esto plantea serias dificultades a la lgica de funciona-miento de la dimensin estatal, pues tanto en el orden jurdico interno como en el internacional (incorporado como parte del denominado bloque de constitucionalidad) pueden existir limitaciones para que la justicia especial o transicional pueda admitir ese reconocimiento y sobre todo sus consecuencias polticas. Sin embargo, como se trata no de una decisin jurdica sino precisamente poltica, quienes obran en repre-sentacin del Estado, segn los condicionantes existentes y las exigencias que a la justicia imponen otros valores que se quieren alcanzar (como la paz), tiene que aceptar ese reconocimiento y acudir a frmulas de inter-pretacin que le sirvan para ese propsito, como, por ejemplo, las que se ha utilizado por Cortes internacionales (europea e interamericana), para plantear en esta materia un margen de apreciacin nacional que justi-fique la admisibilidad de rasgos muy heterodoxos de justicia. Ese es uno de los retos principales que debe enfrentar el acuerdo entre partes que actualmente se debate en La Habana: cmo llegar a un acuerdo poltico sobre la modificacin de la justicia estatal que recoja la especificidad del conflicto colombiano, a partir de un reconocimiento no slo recproco sino mltiple de la responsabilidad sistmica.

Esa definicin no tiene referentes que deban respetarse, como gene-ralmente se afirma al hablar de estndares internacionales, pues lo que evidentemente existe son casos precedentes que no constituyen camisa


de fuerza para la solucin propia, en el marco de la apreciacin nacio-nal. La respuesta frente a un caso muy especfico como el colombiano tiene que ser lo suficientemente novedosa e imaginativa y, sobre todo, tiene que tener el valor de desprenderse de los conceptos y frmulas que los discursos jurdicos quieren erigir como inamovibles. Lo excepcional puede incluso llegar hasta admitir una forma de justicia no estatal o cuasiestatal, en la medida en que no nace como ocurre normalmente por decisin de los aparatos institucionales establecidos, sino en virtud de un acuerdo de quienes se han reconocido explcitamente como parte principales del conflicto que ha conducido a plantear una frmula de justicia diferente.

Ahora bien, tratndose de la justicia, existe otra dimensin distinta que est ms all de los mecanismos formales de naturaleza judicial, de la funcin tpica de la organizacin estatal que hasta aqu se ha consi-derado. Nos referimos a condiciones sociales y econmicas de justicia como valor superior al cual pretenden llegar las colectividades humanas. En estos trminos, la misma consideracin sistmica nos remite a un orden social vigente cargado de relaciones inequidad, desigualdad e injusticia que todos, de una manera u otra, reconocen, ms all de las particulares formas de entendimiento de la realidad nacional y global. Frente a ellas, la frmula que se repite como letana, tambin podra dar paso a considerar la justicia con esta otra connotacin y, por lo tan-to, a plantear la superacin de las condiciones negativas y lesivas del orden social vigente, como condicin insoslayable de la paz anhelada. Se estara no ya ante una modalidad judicial de justicia, si la expresin se admite, sino de encontrar alternativas o soluciones que permitan ir ms all del orden social vigente, en una transicin hacia otro orden donde puedan germinar y crecer condiciones para una vida individual y colectiva digna. No una justicia transicional, sino una transicin hacia la justicia social.




Cmo plantear la reparacin?Otro eslabn de la sucesin de trminos bajo la cual se aprecian las

circunstancias de un acuerdo poltico es la denominada reparacin, cuyo alcance tambin es de mltiple significacin.

El sentido ms inmediato de la expresin hace relacin a una especie de satisfaccin que hay que brindar a las vctimas del conflicto. En este sentido tiene tambin un componente subjetivo muy elevado, como el que tambin se encuentra al hablar de la verdad y la justicia. En pocas palabras, la cuestin se plantea en trminos de sujetos que han causado determinados efectos lesivos, que deben o estn obligados a aportar solu-ciones que de alguna manera restauren a otros sujetos afectados.

La clsica y tradicional reparacin est representada por el valor representado por la sancin, proveniente de la imposicin de ella por autoridades que encarnan la justicia estatal. Las vctimas con la sancin pueden tener una especie de respuesta reparativa, pues el sujeto respon-sable paga de alguna manera con la restriccin de su libertad, con el cumplimiento de rdenes de contenido econmico, o con el simbolismo mismo de la condena, el dao que ha causado. Lo mismo puede ocurrir cuando el responsable, sin la mediacin de la justicia, admite participa-cin e igualmente concurre a algn tipo de restauracin, que tambin puede revestir la naturaleza simblica.

Pero, si una vez ms encadenamos el conflicto a sus races sistmicas, la reparacin deja de ser individual para erigirse en una accin colectiva, social. En esta direccin, la responsabilidad asociada al castigo, a la pena, pasa primero por un reconocimiento previo sobre la responsabilidad real del conflicto, que est sin duda asociada al mismo reconocimiento que tiene que hacerse en materia de verdad. No se trata, sin embargo, de la solucin simplista de que hay muchos responsables o de que todos son responsables, de manera tal que la reparacin tenga que ser compartida por todos los actores. No, la cuestin es ms compleja, pues remite a una causalidad sistmica, a la explicacin histrica de un orden social


vigente, que tiene que ser admitida y reconocida por los actores de los procesos que ese orden ha desencade-nado. No hay en esta dimensin lugar a confesiones, arrepentimientos o perdones individuales, grupales o colectivos, sino al reconocimiento de la verdad del conflicto con todas sus consecuencias.

En ese escenario, el Estado, en el sentido de una dimensin esencial del orden social vigente, y no slo como aparatos y autoridades, no es un actor ms del conflicto, sino parte esencial del orden vigente que lo explica. Como tal no es, para utilizar palabras de ciertas frmulas que estn en discusin, un mximo responsable, sino el supremo responsable. La conse-cuencia es obvia: si ello es as, tambin tiene la carga principal de la reparacin, sin que en esta forma se deba pensar en que sea sujeto de condena o de au-tosancin, sino que su reconocimiento implicar consecuencias de reparacin a las vctimas tanto en el orden econmico-social como en el simblico. De alguna manera quienes representan o actan en nombre del Estado as lo vienen admitiendo. Sus acciones legislativas o ejecutivas orientadas a aportar respuestas reparativas (restitucin de tierras, atencin a los desplazados, subsidios monetarios, programas sociales, etc.) as lo evidencian. Y lo que es ms significativo, en muchos momentos, como el actual escenificado en La Habana, se ha reconocido tambin que hay un conflicto que est ms all de los comportamientos o conductas individuales, y que hay mltiples actores de procesos derivados del mismo, a quienes se les acepta como interlocutores sin que importen las objeciones de criminalidad.

De esta manera, puede empezar a configurarse una nueva categora para encarar el conflicto: el reco-nocimiento de que no slo se puede predicar respecto a la verdad o a la necesidad de otra justicia, sino a la necesaria reparacin. Es un reconocimiento poltico y no jurdico de la realidad del conflicto asociado al orden social vigente, que tiene mltiples efectos.

El Estado, en el sentido de una

dimensin esencial del orden social

vigente, y no slo como aparatos y autoridades, no es un actor ms

del conflicto, sino parte esencial del

orden vigente que lo explica. Como tal

no es, para utilizar palabras de ciertas

frmulas que estn en discusin,

un mximo responsable,

sino el supremo responsable. La consecuencia es obvia: si ello es

as, tambin tiene la carga principal de la reparacin.



En materia de reparacin, por lo tanto, la suprema responsabilidad es del Estado como dimensin del orden social vigente. Cuestin muy distinta son otras responsabilidades derivadas que inclusive podran tener consecuencias de reparacin que podran individualizarse, tanto en el orden econmico-social como en el de la realizacin de ciertas conductas o en el de las expresiones simblicas.

Y, finalmente, la no repeticinY cuando se exclama para concluir la cadena de expresiones que se re-

quiere un compromiso de no repeticin, a qu se est haciendo alusin? Qu es lo que se quiere que no se repita?

La respuesta obvia y casi que espontnea es: se quiere que el conflicto en la modalidad violenta no vuelva a presentarse. Pero, de all a las condi-ciones de posibilidad hay una enorme distancia. Podra decirse que basta con que quienes han sido sus actores asuman un compromiso de com-portamiento en la direccin de no rehacer lo que se acuerda terminar. Sera una manifestacin conjunta de las partes, pues si recprocamente se identifican como actores, son ellas las que deben pactar esa promesa.

Pero, la promesa en principio no vincula sino a las partes actualmen-te en dilogo y es imposible que se comunique a quienes no participan. Hay otros actores no presentes y, adems, en el devenir histrico, nadie puede garantizar que renazcan condiciones que reactiven el conflicto bajo la modalidad violenta.

Esto fija lmites a la posibilidades de la exigencia. Uno insoslayable: slo compromete a quienes lleguen a acuerdo sobre ella. Pero, hay otro ms importante: si el conflicto no es exclusivamente subjetivo, sino sistmico, son las condiciones del orden social vigente las que deben variar para que no existan circunstancias de renacimiento del conflicto armado. Es una dimensin mayscula que un acuerdo como el que est en ciernes no puede resolver, pero s contribuir a que existan vas adecua-das para recorrer ese camino, en medio de la naturaleza particular de la sociedad en la cual vivimos.

Una vez ms, el papel del Estado es fundamental. Hay otro recono-cimiento que corresponde a sus voceros, labrando an ms esa categora de la solucin. La terminacin del conflicto en la forma armada como se ha expresado, no es el fin del conflicto que supone el tipo de sociedad vigente, sino el comienzo de un sendero que contenga elementos positi-vos para su superacin.


Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Paz, justicia y Constituyente

Ricardo Snchez ngel Doctor en Historia Decano Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

El momento poltico en Colombia est signado por el avance de los dilogos en La Habana entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC.

Hasta el momento, febrero de 2015, el gobierno y las FARC han logrado acuerdos en varios de los puntos de la agenda: desarrollo agrario integral, participacin poltica, cultivos ilcitos, narcotrfico, vctimas, y resta por definirse el de fin del conflicto, as como el mecanismo de refrendacin de los acuerdos.

Al respecto, se destaca el hecho de que se haya instalado en La Ha-bana una subcomisin tcnica, con presencia de militares activos, que tratar los temas de alto al fuego y hostilidades y de dejacin de armas, asuntos que hacen parte del punto correspondiente al fin del conflicto. Tambin se instal una subcomisin histrica del conflicto la cual hizo entrega de los resultados de su investigacin el pasado 12 de febrero, al igual que una subcomisin de gnero.

A todo ello se suma la reanudacin de los dilogos despus de reali-zarse la devolucin por parte de las FARC del brigadier general Rubn Daro Alzate y el cese al fuego, unilateral e indefinido, decretado por las FARC a finales de diciembre de 2014. Asimismo, se tiene previsto avan-zar en la discusin de medidas para reducir las hostilidades, el llamado



desescalamiento del conflicto, por la humanizacin de la guerra con la aplicacin de las normas del dere-cho internacional1.

No obstante, en los puntos acordados se dejaron asuntos pendientes por cerrar, los cuales se discu-tirn ms adelante en la mesa, siempre teniendo en cuenta el principio de que nada est acordado hasta que todo est acordado.

La ConstituyenteLa salida constitucional a lo que se acuerde, para

que tenga legitimidad, ha sido puesto sobre la mesa por las FARC, que proponen una Asamblea Nacional Constituyente. Sera esta institucin la que decida sobre el rumbo, para darle aplicacin a lo acordado. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos fue que se hara una consulta va referendo. Dos maneras de concebir la salida institucional, las cuales merecen unas reflexiones que lleven a la mejor alternativa.

Descartar de entrada la propuesta de la Cons-tituyente como lo hizo el Gobierno, como si fuese un llamado a la debacle, olvida que tal propuesta es constitucionalmente legtima, al igual que el re-ferendo. No obstante, el plebiscito, el referendo y la consulta, tal como estn diseados, son instituciones de origen bonapartista que dejan la iniciativa en el presidencialismo y restringen el escenario de la deli-beracin democrtica, de la accin comunicativa en la sociedad, acerca de los temas a decidir.

La pieza maestra, no slo de la validacin de los acuerdos sino de la necesaria Reforma Poltica en Co-lombia, es la lucha por una Asamblea Nacional Cons-tituyente de claro signo democrtico y popular, con

1 La instalacin de la Subcomisin Tcnica desat la crtica de la oposicin de derecha del Uribato. La medida, en cambio, debe ser vista en forma positiva. Aqu es bueno recordar a Alberto Lleras, quien en sus Memorias (Bogot: Banco de la Repblica/El Ancora Editores, 1997) cita al epi-gramista Carrasquilla en la clebre cuarteta: En Colombia, que es la tierra de las cosas singulares, dan la paz los mili-tares y los civiles dan la guerra. pp. 40-41.


http://www.frontlinedefenders.org/node/20969

David Ravelo Crespo es economista, defensor de derechos humanos y miembro fundador de la Corporacin Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Detenido desde 2010.

plenos poderes para cambiar no slo lo que a temas constitucionales se refiera, sino tambin leyes con carcter de aplicacin urgente en materia de reforma agraria y urbana, de trabajo masivo justo y digno, de organizacin financiera (deuda externa, banca cen-tral) y de un nuevo orden poltico-regional, una ley por la Nueva Educacin Pblica y Cultural Edu-cultura, al igual que definir sobre nuevas materias centrales: paz, poltica exterior, Fuerzas Armadas La Asamblea Constituyente Popular y Democrtica viene a ser la forma ms avanzada de la democracia, posible de adelantarse en las condiciones del pas como poder alternativo para lograr soluciones ade-cuadas y justas.

La institucin de la Asamblea Constituyente tiene una larga historia en la democracia de Occidente y en el desarrollo del constitucionalismo. Las grandes revoluciones, como la francesa y la de Estados Uni-dos, y entre nosotros la revolucin de independencia, fundaron, reformaron y expidieron, una y otra vez, enmiendas o nuevas constituciones2. Fueron sali-das supraconstitucionales o extra-constitucionales, producto de necesidades urgentes en el devenir de la Repblica, como concretar acuerdos de paz, por ejemplo. La valoracin de cada momento constitu-yente hay que realizarla en su contexto histrico.

Para el caso de la constituyente del ao 1991, lo que se logr fue desbloquear las salidas extraordina-rias que se hacan necesarias para el logro de altos in-tereses de la nacin. La Constitucin que result fue hbrida en materia de poder constituyente. Combin lo autoritario de arriba hacia abajo, el plebiscito con lo democrtico y la Asamblea Constituyente3.

2 Para un estudio del poder constituyente en la revolucin democrtica, vase Negri, A. El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Espaa: Libertarias/Prodhufi.Negri, 1994.

3 He realizado en su oportunidad este escrutinio para el pe-rodo comprendido entre 1886 y 1991, en Snchez ngel, R. Poltica y Constitucin. Bogot: Fundacin Universidad Cen-tral, 1998. Cap. El poder y las constituyentes en la historia

La Constituyente como nuevo poder

transitorio viene a ser este tipo

de herramienta jurdica legtima,

en que el derecho es camino para la paz. Se trata

de un escenario de lucha que ser

decidido por la opinin nacional.

Tal perspectiva no cancela la

autoorganizacin y la movilizacin permanente de los de abajo, de los trabajadores,

hacia formas decisorias de poder

dual, hacia el Estado Comuna. La ecuacin va a cambiar: no es la revolucin la que

hace posible la paz, sino que a travs de la paz

se puede avanzar hacia la reforma y la revolucin.



No se entiende, que si la Constitucin ha sufrido numerosas reformas, no se pueda hacer ahora una gran reforma a la misma, conservando lo esencial en materia de derechos. El Gobierno no puede oponerse a que la cuestin agraria, la crisis humanitaria, la soberana frente a las multinacionales, el derecho pleno a la vida, la democracia poltica y la justicia social se discutan con carcter decisorio en un escenario de poder distinto al del Congreso, que representa los intereses de las clases altas, el clientelismo y la corrupcin, y es un apn-dice del presidencialismo bonapartista.

Los propios resultados de estas elecciones, con cambios cualitativos o no en la situacin poltica, pueden favorecer a las FARC, igual puede que no, por lo menos en la apuesta de ser mayora en la Asamblea. Este es un asunto que no est decidido de antemano. Adems, el Gobierno podra obtener la mayora.

El argumento de que las fuerzas de la derecha, con el protagonismo del expresidente lvaro Uribe, podran alzarse con un triunfo decisivo, es interesante. Ello puede suceder o no, y slo la democracia debe dar la solucin. Invalidar la conveniencia de una Asamblea Constituyente porque puedan ganar las FARC o el Centro Democrtico no es vlido en lo conceptual republicano.

Digamos que las FARC, como fuerza poltica que aspira al protagonismo y al poder, estn haciendo una apuesta. Aspiracin legtima que puede resultar al revs, y ese es un clculo que habrn hecho al presentar su propuesta. Estn confiados en el deshielo de lo establecido y en la fluidez de las aguas de la democracia.

colombiana 1886-1991. pp. 35-63.

https://www.betazeta.com/tag/protesta/


Es de prever otro escenario, posible y deseable. El que la Constituyente sea pluralista, con mayoras y minoras, pero con una representacin que evite hegemonas y unanimismos. Sera un escenario de acuerdos sobre los poderes, sobre su reparto, sobre los modelos econmicos, la soberana y el mundo de los derechos. Expedira una Constitucin y unas medi-das legtimas. Sera un pacto de paz.

Hay que ir hacia un gobierno de unidad nacio-nal por la paz, lo cual significa que tiene que ser de amplia coalicin, con ese programa como ncleo duro, intransigente, sin concesiones para el logro de ese propsito. Ese gobierno comienza por darle re-construccin simblica, social y poltica al Estado, y acompaa la Asamblea Nacional Constituyente, a lo que se suma una comisin de la verdad. Estaramos en un perodo de transicin4.

El debate que necesita Colombia debe ser en paz, absolutamente libre, sin cortapisas para nadie, en el que compitan todos los programas sobre la sociedad. All tendr su oportunidad la democracia.

La Constituyente como nuevo poder transitorio viene a ser este tipo de herramienta jurdica legtima, en que el derecho es camino para la paz. Se trata de un escenario de lucha que ser decidido por la opi-nin nacional. Tal perspectiva no cancela la autoor-ganizacin y la movilizacin permanente de los de abajo, de los trabajadores, hacia formas decisorias de poder dual, hacia el Estado Comuna. La ecuacin va a cambiar: no es la revolucin la que hace posible la paz, sino que a travs de la paz se puede avanzar hacia la reforma y la revolucin.

4 Vase Un gobierno de transicin hacia la paz, entrevista realizada a Ricardo Snchez ngel por Jess Ortiz Nieves, que se encuentra compilada en Snchez ngel, R. Crtica y alternativa. Las izquierdas en Colombia Bogot: Editorial La Rosa Roja, 2001. 2 edicin.

El Gobierno no puede oponerse

a que la cuestin agraria, la crisis humanitaria, la

soberana frente a las multinacionales,

el derecho pleno a la vida, la

democracia poltica y la justicia social

se discutan con carcter decisorio

en un escenario de poder distinto al del Congreso, que representa los intereses de

las clases altas, el clientelismo y la corrupcin, y es un apndice del presidencialismo

bonapartista.



El valor supremo de la pazEn el debate sobre la aplicacin de la jus-ticia transicional surgen los desacuerdos entre justicia y paz: por un lado, los que exigen mayor completa justicia como castigo, demandando que los delitos de lesa humanidad no queden impunes; y los que exigen la paz sin condiciones, que ven en la justicia un obstculo para el logro de la paz. La contradiccin entre paz y justicia, as planteada, no se resuelve con unos criterios de equilibrios, de mnimos aproximativos, sino a partir de un nuevo concepto de pers-pectiva histrica concreta. Por ello digo, que al argumento de que la paz sin justicia genera impunidad, hay que sealar que la peor impunidad es continuar la guerra y la violencia y la peor injusticia es la falta de paz. Se debilita la soberana de la Consti-tucin, se acorrala el orden republicano y se violan sistemticamente los derechos humanos.

Con este criterio de realismo histrico y de una tica prctica, se debe desplazar el anlisis a lo necesario y lo posible. Cru-damente, las relaciones entre guerra y paz requieren de las evaluaciones concretas. Es-tablecer las ecuaciones de tica y eficacia en los resultados, a travs del derecho, fruto de acuerdos nacionales, que son los que con-cretan la paz. De ninguna manera puede ser

la paz de los vencedores, a la manera de la Pax Americana, pero disfrazada5.

El murmullo y el rizo de la opinin pblica autnoma y deliberante, en aldeas, pueblos, calles, cafs, ciudades, universida-des, salas de redaccin, concilibulos de ju-ristas, mdicos, cientficos, humanistas, esa que se constituye en un intelectual gene-ral, de hombres y mujeres, demanda la paz como propsito nacional, al igual que la co-munidad internacional y poltica. Este es el desafo sociolgico para unir a la Repblica, a la nacin, dividida profundamente por los odios, los rencores, la venganza, la ordala por doquier, que acompaa las injusticias de todo orden. Esta perspectiva histrica le da ms fuerza a la verdad, propicia la eficacia de la restauracin, hace efectivos los dere-chos de las vctimas y permite ticamente el perdn recproco sin olvido.

Los colombianos, y en especial las colombianas, no creen en propsitos me-diticos manipuladores ni en continuar la guerra con su tragedia a cuestas. Por ello, demandan, con voz altiva y paso erguido, que se cancele la confrontacin armada, cese la violencia y se acuerde la paz.

5 Referentes histricos fundamentales se en-cuentran en Kelsen, H. La paz por medio del derecho. Madrid: Trotta, 2008. 2 edicin; Zolo, D. La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. Madrid: Trotta, 2007. Ferrajoli, L. Razo-nes jurdicas del pacifismo. Madrid: Trotta, 2004.

http://www.traspasalosmuros.net/


Confl

icto

y s

oluc

in

polt

ica

Una justicia ms all del derecho

Sergio De Zubira Samper

Profesor Asociado Departamento de FilosofaUniversidad de los Andes

La profundizacin de las negociaciones en La Habana y la en-trega del Informe de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas - CHCV, han desatado importantes debates conceptuales sobre la idea de justicia, las responsabilidades en el conflicto armado interno y los caminos aconsejables para el fin de este conflicto histrico. El tipo de justicia que exige un profundo proceso de paz y la forma de enfrentar las responsabilidades se ha convertido en un asunto ineludible para su adecuada terminacin.

El presente ensayo intenta centrarse en ciertas nociones filosficas de justicia, partiendo de un conjunto de premisas tericas que es conve-niente hacer explcitas. Consideramos que una teora de la justicia tiene mayores potencialidades para la vida humana y la paz, si toma su punto de partida en la filosofa y no en el derecho. La primera premisa, siguien-do el camino de pensadores como Nietzsche y Benjamin, es reiterar que una justicia limitada al derecho o al orden jurdico existente culmina

Si la justicia llegare a desaparecer,no tendra ms valor la vida del

hombre sobre la tierra.Inmanuel Kant



incrementando el ciclo infinito de la violencia. Por tal motivo, la historia concreta del derecho ha sido la simplificacin de la justicia. La segunda sera postular que estas polmicas tienen una larga trayectoria en el pensamiento filosfico occidental, hasta tal punto que la reduccin de la justicia a simple obedecer leyes niega el espritu de la propia filosofa en Occidente. La tercera es sostener que el sentido autntico del derecho es ponerse al servicio de la justicia, y no al contrario; una justicia domesticada por el ordenamiento jurdico es su propia negacin.

Meditaciones filosficasLos nombres con que la antigedad clsica design

la justicia fueron Themis, Dike y Dikaiosyne. Las dos primeras son figuras femeninas de la mitologa griega que representan el buen consejo en las asambleas (Themis) y el orden de la comunidad poltica (Dike). Dikaiosyne ser el trmino que la define como la virtud que exigen los nuevos tiempos por su carcter fundamental y general1. Herclito elabora la primera reflexin filosfica sobre su significado, al sostener en sus Fragmentos que no conoceramos el nombre de la justicia si estas cosas, las injusticias, con toda probabi-lidad no existieran. Es partiendo de la conciencia de las injusticias que descubrimos la experiencia real de la justicia, y su realizacin exige la lucha, la dificultad y el conflicto.

En los Dilogos de Platn, especialmente en La Re-pblica, el tema central es la naturaleza y concrecin sociopoltica de la justicia. El filsofo toma distancia de definiciones de justicia tales como el inters del ms fuerte; detentar el poder en inters propio; gobierno constituido; dar a cada uno lo que le conviene. Esta toma de distancia de aquellas visiones toscas de justicia solo es posible a travs de la educa-cin (paideia), porque la construccin de una polys o sociedad justa est siempre unida a una educacin para

1 Gmez Robledo, Antonio. Meditacin sobre la justicia. Mxi-co: F. C.E., 1982. pp. 12-17.

http://www.eltiempo.com/multimedia/infogra-fias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475


e injusto, del que no las respeta. Mientras, en el segundo caso, denominamos justo al que observa la igualdad e injusto al que no la observa. La justicia que le preocupa ms al filsofo es esta ltima, porque es la que bus-camos. La mdula de la justicia es la nocin de igualdad. La primera ya est establecida por las normas jurdicas; la segunda es la permanente bsqueda del ser humano. Para el estagirita, el problema central de la justicia particular es ante todo la consecucin de la igualdad. Pero reconoce que esta nocin de igualdad es bastante compleja y por ello distingue dos tipos de justicia particular o de relaciones con la igualdad. La justicia distributiva que se aplica en la reparticin del honor, de la riqueza y de otros bienes di-visibles entre los miembros de la comunidad poltica2, para que a cada uno le toque de todo aquello una porcin correspondiente a su mrito y dignidad. Esta justicia distribu-tiva caracteriza las relaciones entre la polys y sus ciudadanos en asuntos de igualdad, entre el todo (polys) y las partes (ciudadanos). La justicia conmutativa, reguladora, correctiva, reparadora, involucra a todas las relaciones voluntarias e involuntarias entre los miem-

2 Aristteles. tica Nicomaquea. 1130 b 30.

Consideramos que una teora de la justicia tiene mayores potencialidades para la vida humana y la paz, si toma su punto de

partida en la filosofa y no en el derecho. No se trata

de una justicia para la transicin, sino una justicia

para la memoria ms all del derecho, que siembre

las semillas de la paz.

la justicia. Con Platn, podemos afirmar que el fin ltimo de la educacin es formar en justicia y consolidar sociedades justas. La justicia es aquella virtud social que posibilita a todos los estamentos o grupos de la polys hacer lo suyo, no por constriccin exterior sino por la virtud que en cada grupo debe estar presente.

Aristteles comienza por hacer la distin-cin entre justicia legal y justicia particu-lar. Lo cual establece tambin una diferencia entre lo legal y lo igual. Dcese justo, en el primer caso, del que obedece las leyes,



bros de la comunidad poltica, en asuntos de igualdad. Aspira a tener siempre en cuenta el caso concreto y el individuo concreto; la relacin entre las partes. Existen tres clases de interacciones entre los miembros de esa comunidad: acciones infortunadas, errores de clculo y acciones injustas.

La complejidad de la justicia como igualdad obliga a Aristteles a formular la necesidad de concurrir en una justicia pol-tica, en la equidad y la amistad. La justicia poltica no es otra especie de la justicia, sino la encarnacin de las anteriores. Constitu-ye la necesidad de que la justicia se realice en la polys, como aquella comunidad de individuos libres e iguales, cuyo fin es la au-tosuficiencia colectiva. En una comunidad poltica con estas caractersticas pueden los seres humanos potenciar de manera arm-nica todas sus facultades. Aunque lo justo y lo equitativo pertenecen a la misma red de nociones ticas, para Aristteles equi-tativo es superior a justo. El sentido de esa superioridad se deriva de las dificultades que se presentan cuando es necesario aplicar criterios de justicia en los casos particulares, porque aparecen circunstancias singulares que nunca hubieran podido ser anticipadas en el nivel de las normas. En consecuencia,

La primera premisa, siguiendo el camino de pensadores como Nietzsche y Benjamin, es reiterar que una justicia limitada al derecho o al orden jurdico existente culmina incrementando el ciclo infinito de la violencia. Por tal motivo, la historia concreta del derecho ha sido la simplificacin de la justicia.

en el momento de la aplicacin a casos particulares se muestra que la equidad es superior al simple sentido de justicia, ya que puede enmendar la norma, suplir sus naturales deficiencias y recurrir a principios universales superiores a la norma escrita. Lo que caracteriza al ser humano equitativo es su capacidad intelectual de juzgar de acuer-do con principios generales, tambin en los casos particulares. La equidad participa de ese elemento que es ajeno al derecho: la indulgencia, que permite corregir en ciertos



Reflexiones contemporneasEn el destacado ensayo de Kant, Sobre

la Paz Perpetua (1795), las reflexiones sobre la justicia se ubican en el horizonte de sus complejas relaciones con la tica y la poltica. Para este inmenso filsofo, la justicia es ob-jetiva, igualitaria y universal; como tambin la justicia solo ser posible en un estado de paz universal y perpetua. Es el positivismo jurdico el que simplifica la justicia moderna a mera aplicacin de normas y castigo.

El filsofo hispanoparlante Luis Villoro3 postula la existencia contempornea de dos visiones contrapuestas de justicia. Una es la perspectiva terica que parte de la idea de un consenso racional entre sujetos iguales que establecen relaciones entre s, en trminos que reproducen los rasgos de una democra-cia bien ordenada. A esta concepcin perte-necen visiones liberales y socialdemcratas, como las postuladas por Rawls, Habermas, Sen, Nussbaum, etc. Y otra orientacin te-rica que, en lugar de suponer un consenso racional para fundar la justicia, parte de su ausencia y, desde la percepcin de esa injus-ticia real, proyecta lo que podra remediar esa situacin de injusticia. Se inspiran en Benjamin, Adorno, Derrida, Lyotard, Fraser, Honneth, Todorov, Mate, etc. Estas dos co-rrientes abordan la justicia desde perspectivas divergentes: como consenso racional o como respuesta a la injusticia y las desigualdades. Sus divergencias se van profundizando al desarrollar sus enfoque tericos. El primer modelo es, podemos afirmar, la autosuficien-cia cognitiva de la teora; el segundo modelo es la interpelacin y escucha de los otros.

3 Villoro, Luis. Los retos de la sociedad por venir. Mxico: F.C.E., 2007.

La segunda premisa sera postular que estas

polmicas tienen una larga trayectoria en el

pensamiento filosfico occidental, hasta tal

punto que la reduccin de la justicia a simple

obedecer leyes niega el espritu de la propia filosofa en Occidente.

casos el rigorismo de la norma jurdica. La equidad resulta siempre mejor que el derecho y constituye la justicia del caso concreto. No obstante reconociendo su ex-celencia, para Aristteles, la justicia necesita de la amistad para cumplir su funcin plena de solidaridad social. Hace falta otra dispo-sicin de nimo que transforme la igualdad en vibracin ntima a travs de la amistad. Es una obra del corazn y la amistad, es lo ms necesario en la vida. Frente a la frialdad del derecho, la justicia evoca polticas de la amistad para realizarse.

La sabidura filosfica clsica concibe la justicia como virtud, idea, accin, mxima, valor, pero nunca exclusivamente como de-recho. La naturaleza de la justicia siempre introduce los asuntos de la igualdad y las injusticias, que no pueden reducirse nunca a normas legales. La incondicional rendi-cin al derecho positivo, siempre culmina en la negacin de la justicia.



Para la primera posicin, hay que conocer de antemano la esencia de la justicia para poder identificar la situacin justa o injusta. Desde una teora autosuficiente juzgamos el mundo concreto y lo determinante es el res-peto al procedimiento acordado para llegar al consenso racional (que sean todos los afec-tados los que decidan). A nadie se le escapa que esta forma de abordar la justicia poco o nada tiene que ver con la de los antiguos: en primer lugar, se pone el acento en la libertad y no en el pan, es decir, se asocia lo justo a decidir con el mismo grado de libertad e independencia y no a la reparacin del dao causado; por otro, se sustituye al otro por el nosotros, es decir, en lugar de relacionar la justicia con la respuesta a la pregunta de quin ha sufrido injusticia, colocamos la decisin colectiva como el eje de la justicia: en vez de la creacin del bien comn, su reparto, es de-cir, desaparece el concepto de justicia general en provecho de la justicia distributiva4. Sus defectos principales se notan en el traslape de la justicia por la libertad, el abandono de la igualdad material, el excesivo peso del proce-dimentalismo que confunde sufrimiento con decisin colectiva y la reduccin de la justicia general slo a justicia distributiva.

Para la segunda mirada, es la experiencia real de la injusticia la que obliga a construir teoras tentativas de la justicia desde la injus-ticia. La experiencia de la injusticia no puede perderse nunca de vista en la elaboracin terica, es decir, lo determinante es estar siempre abiertos al sufrimiento de otros seres humanos, porque la justicia es memoria re-dimida de todas las injusticias y de cada caso de injusticias. La injusticia es primera tanto

4 Mate, Reyes. Tratado de la injusticia. Barcelona: Anthropos, 2011. p. 15.

La tercera premisa es sostener que el sentido autntico del derecho es ponerse al servicio de la justicia, y no al contrario; una justicia domesticada por el ordenamiento jurdico es su propia negacin.

histrica como lgicamente. El sentimiento moral de indignacin y la capacidad de inter-pelar toda forma de injusticia son condicio-nes de toda justicia. Podemos denominarla una justicia como memoria, reparadora, reconstructiva o restauradora. La experiencia de la injusticia es el lugar filosfico privile-giado para una posible teora de la justica y la memoria el escenario determinante de la injusticia. Esta justicia como memoria o reparadora toma distancia de los defectos de la justicia liberal. A los intentos de reducir la justicia a la libertad los interpela exigiendo la reparacin plena del dao; a la igualdad abs-tracta le opone la igualdad material; al proce-dimentalismo le opone la ambiciosa mxima moral de que nada se pierda en la memoria de todas las injusticias (Benjamin); y, a la justicia solamente distributiva, le recuerda la necesidad de una justicia general como bien comn. No se trata de una justicia para la transicin, sino una justicia para la memoria ms all del derecho, que siembre las semillas de la paz.


Neo

liber

alis

mo

Ram

pant

e

HSBC: Finanzas, lavado de activos y evasin fiscal

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de DerechoUniversidad Nacional de Colombia

Los antecedentes histricos del HSBC

Desde su fundacin por parte del comerciante escocs Tho-mas Sutherland hacia 1865, el banco HSBC, cuyas siglas significan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, ha estado vinculado con el lavado de dinero asociado al trfico de drogas. En efec-to, el HSBC fue fundado despus de que finalizaron las dos guerras del opio (1839-1842 y 1856-1860) con las que los ingleses, con el apoyo de Washington y Francia, obligaron a China a aceptar las importaciones de opio provenientes de la India, que haca parte del imperio britnico, e impusieron dominio colonial sobre Hong Kong que para la poca reci-ba el 70% aproximado de su flete martimo en opio.

Un siglo y medio despus, en 2014, el HSBC que actualmente funciona como un gran grupo financiero transnacional que emplea a 260.000 trabajadores y cuenta con 54 millones de clientes en un radio de accin que incluye a 75 pases1, preserva la tradicin de asociarse con el negocio de la droga, lo que ha sido reconocido por las agencias gubernamentales norteamericanas, entre ellas la OCC - Office of the Comptroller of the Currency, la cual document que en aos recientes

1 Datos tomados de su pgina web oficial en:http://www.hsbc.com/about-hsbc


Neoliberalismo Rampante

el HSBC haba abierto ventanillas en Mxico para realizar lavado de activos2.

Ms an: HSBC ha confesado pblicamente sus vnculos con el narcotrfico. En el propio parlamen-to norteamericano fue registrado este hecho como antecedente para cuestionar la ausencia de sanciones gubernamentales por este tipo de prcticas fraudu-lentas. Efectivamente, hacia mediados del 2013, la senadora del Partido Demcrata Elizabeth Warren, en debate desarrollado en comisin parlamentaria, increp a David Cohen, quien oficiaba como vocero del Ministerio de Finanzas dado su cargo de subse-cretario responsable de la lucha contra el terrorismo y el espionaje financiero, a propsito de la ausencia de sanciones para una entidad, diciendo que En di-ciembre de 2012 ... HSBC confes haber blanqueado 881 millones de dlares procedentes de los crteles mexicanos y colombianos de la droga, y el banco ha admitido tambin haber violado las sanciones. HSBC no lo ha hecho solo una vez, sino de forma reiterada. HSBC ha pagado una multa pero ningn individuo ha sido expulsado de la profesin bancaria y no se ha odo hablar de un posible cierre de las actividades de HSBC en Estados Unidos. Querra que nos res-pondiera a la siguiente pregunta: Cuantos miles de millones de dlares debe blanquear un banco antes de que se considere la posibilidad de cerrarlo?...3. Sin embargo, despus de todas estas denuncias el HSBC recibi en diciembre pasado una multa de US$1,9 billones, monto que puede recuperar en tan solo una semana de ganancias operativas. La impunidad,

2 Matt Taibbi, Gangster Bankers: Too Big to Jail. How HSBC hooked up with drug traffickers and terrorists. And got away with it, Revista Rolling Stone (14/02/2013): http://www.rollingstone.com/politic. Citado por Eric Toussaint en Los Barones de la banca y la droga, 11 de Febrero del 2015, en http://cadtm.org/rubrique1

3 Ibd.



resultado de la capacidad de soborno de los grupos financieros sobre los gobiernos, es una de las caractersticas de la globalizacin neoliberal.

La sucursal de HSBC en Suiza: un gran paraso fiscal

La sucursal de HSBC en Ginebra vena ofreciendo a sus clientes el servicio de esconder capitales en un pas reconocido como paraso fiscal. En marzo de 2008, Herv Falcia-ni, exfuncionario de esta sucursal, entreg informacin que recolect confidencialmente durante los aos 2006 y 2007 que involucraba a 106.000 clientes en 200 pases, quienes administraban en sus cuentas 180,6 millardos de euros4.

Falciani viaj en primer lugar a Libia al ser requerido por las autoridades suizas por ha-ber violado el secreto bancario y luego se instal en Espaa en donde se ha involucrado con Podemos. La informacin fue recogida, en primer lugar, por funcionarios gubernamentales y autoridades judiciales de Francia y Alemania. En el caso de Francia, la entonces Ministra de Defensa, Michle Alliot Marie, intent eliminar la evidencia dando rdenes al fiscal

4 El cuadro reseado anteriormente fue tomado del peridico Le Monde del 15 de febrero y muestra por pases el nmero de clientes ms representativos.



de Niza, Eric de Montgolfier, para que la retornara a Suiza, y el fiscal se opuso5. Posteriormente, Falciani entreg los datos confidenciales al diario francs Le Monde y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ), los cuales realizaron una investi-gacin detallada en cada pas, publicitndola a princi-pios de este ao y confirmando con nombres propios lo que ya es suficientemente conocido a propsito de lo que representan los parasos fiscales, espacios des-regulados del capital globalizado, autorizados por la legislacin financiera, por donde circulan dineros de las mafias de la droga, de los vendedores de armas, de los sobornos a polticos y los ingresos no declarados de empresarios y banqueros transnacionales.

El listado Colombia del HSBC-Suiza La plataforma del periodismo latinoamericano

Connectas que es parte de ICIJ se asoci con Se-mana, El Espectador y Noticias Uno para investigar a los 286 clientes incluidos en la lista Falciani. Las con-clusiones del estudio fueron publicadas en la prensa escrita el 1 de marzo pasado mediante una resea ge-neral que deja lagunas informativas. Estas conclusio-nes reconocen que entre los clientes se encontraron narcotraficantes, lavadores, pero tambin familias de industriales, banqueros, amas de casa, profesionales de la salud, estudiantes y hasta un desempleado6. La resea periodstica cita en primer lugar a la Cor-poracin Andina de Fomento (CAF), la cual registra el saldo ms alto: 57 millones de dlares a travs de

5 Le Monde, 11 de enero, Operacin Chocolate. Esta Minis-tra ha sido un personaje importante de la derecha francesa. En febrero de 2011, cuando oficiaba de Canciller del gobier-no de Sarkosy, debi renunciar a causa del escndalo que signific haber aceptado unas vacaciones pagadas por un magnate tunecino asociado al entonces dictador de Tnez, Zine El Abidine Ben Ali, escndalo que eclips su carrera poltica.

6 Revista Semana, La Lista HSBC en Colombia, 1 de marzo de 2015.



siete depsitos a nombre de cuatro ejecutivos residen-tes en Colombia7, y aade para intentar justificar a esta entidad que Enrique Garca, su Presidente, ya ha aclarado que como se trata de dineros para la inversin y de carcter supranacional estn exentos de impuestos. Como si los recursos de una entidad que financia proyectos para la Comunidad Andina y que cuenta con instituciones aprobadas mediante convenios multilaterales puedan ser invertidos en parasos fiscales que sirven al lavado de activos y al fraude fiscal, sin ninguna responsabilidad! Luego aaden: Dentro de la investigacin periodstica se descartaron 103 nombres porque sus cuentas apare-cen en ceros, entre ellos extraditados, clanes vincula-dos con el paramilitarismo, empresarios investigados en Estados Unidos por compra ilegal de dlares y protagonistas del escndalo burstiles8. El hecho de que las cuentas se encuentren en ceros en el lapso en que Falciani obtuvo la informacin no significa que no hayan utilizado los servicios del HSBC-Suiza. Por qu entonces no divulgan los nombres?

Posteriormente, la informacin periodstica en cuestin gira hacia personajes involucrados en lavado de dinero que ya haban reconocido tener cuentas en HSBC. Es el caso de Gustavo Durn Bautista, nar-cotraficante que fue detenido en el 2007 en Uruguay con 500 kilos de cocana. Adiciona la crnica que uno de sus hombres de confianza fue detenido en Francia un ao atrs y confes que tena 10 cuentas en el HSBC-Suiza por 3 millones de dlares. Cita a Andrs Piedrahita, quien estuvo involucrado en el fraude Madoff y que tambin haba reconocido tener depsitos en HSBC. Igualmente a Salvador Erieri Gallo, promotor inmobiliario que fue acusado en el 2010 por uno de sus socios de lavado de dinero con el objetivo de comprar ttulos de PVDSA y vender

7 Ibd., 1 de marzo de 2015.

8 Ibd., 1 de marzo de 2015.

El HSBC, que actualmente

funciona como un gran grupo

financiero transnacional que

emplea a 260.000 trabajadores y cuenta con

54 millones de clientes en un

radio de accin que incluye a 75 pases, preserva

la tradicin de asociarse con el

negocio de la droga, lo que ha sido reconocido por las agencias

gubernamentales norteamericanas, entre ellas la OCC

- Office of the Comptroller of the

Currency, la cual document que

en aos recientes el HSBC haba

abierto ventanillas en Mxico para realizar lavado

de activos.



https://roblesmaloof.files.wordpress.com


dlares en el mercado negro. Para lograr este objetivo movi 20 millones de dlares en el HSBC9.

Llama la atencin que en las conclusiones informativas presentadas ante la opinin pblica no haya ningn comentario sobre Salomn Kassin, a pesar de que figura en el listado-Falciani10 y de que ha estado involucrado en los recientes escndalos financieros de Inter Bolsa, Easy Fly y la Bolsa Mercantil, en los que aparece implicado como banquero de inversin. Se trata del mismo personaje que en 1997, en el peridico El Tiempo fue denunciado por el actual presidente Santos como res-ponsable de haber utilizado testaferros para que el fondo de inversin Electric City Fund Inc. adquiriera a Termocartagena. El mismo que apareci como miembro de la Junta Directiva de West-Sphere, fondo de inversin estadounidense con capitales diseminados por toda Amrica Latina, que en el caso de Colombia utiliz la representacin del Banco del Pacfico, entidad financiera de ingrata recordacin por sus opera-ciones fraudulentas en las que los funcionarios cercanos al gobierno de Andrs Pastrana tuvieron un papel protagnico11.

Incluye la resea periodstica a Frank Giustra, multimillonario de origen canadiense y accionista de Blues Pacific, Pacific Rubiales y la ma-derera Prima Gran Colombia Gold. Complementa el acervo informativo con estos datos: abri una cuenta en HSBC en el 2002 con una cantidad que super los 10 millones de dlares. Giustra es uno de los grandes donantes de la fundacin Clinton y segn investig The New York Ti-mes acompa al expresidente de Estados Unidos a Kazajstn a comprar una compaa estatal de explotacin de uranio. The Wall Street Journal tambin denunci que en 2008 Clinton acord con el seor Giustra un encuentro con el Presidente colombiano lvaro Uribe y que esta reunin

9 Sobre los grupos empresariales internos el Informe dice: En total esta investiga-cin identific 31 clanes, de estos 17 grupos familiares concentran 179 de los 276 millones de dlares asociados a Colombia. Grupo familiar de los Steuer Gutirrez con empresas de fachada en Bahamas. Por otra parte los Scarpetta Geneco, em-presarios del Valle del Cauca, que abrieron siete empresas diferentes, gran parte domiciliadas en Trtola, la capital de las Islas Vrgenes britnicas. Siete miembros de las familias fueron clientes de HSBC Ibd., 1 de marzo de 2015.

10 En la anotacin respectiva de la lista dice: Kassin Tesone Rafael/Textiles y Pls-ticos Safra muriHermano Salomn. Efectivamente Rafael Kassin muri hace varios aos.

11 Adems, Por hacer inversiones en Latinoamrica este fondo reciba dinero del presupuesto de los Estados Unidos a travs de la agencia pblica OPIC que tiene que ver con la proteccin de inversiones. Germn Castro Caycedo en el libro Sin Tregua, en el que describe en detalle los fraudes del Banco del Pacfico apoyado en los debates parlamentarios de Gustavo Petro.



permiti que Pacific Rubiales lograra un arreglo con Ecopetrol para hacerse a un campo petrolero12.

Los colombianos hemos quedado notificados de cmo acta Pacific Rubiales para obtener concesiones petroleras y del papel de intermediarios de negocios privados de Bill Clinton y lvaro Uribe. Pero hemos recibido una notificacin adicional cual es la de que parte de las ganancias que obtiene Pacific Rubiales destruyendo territorios en el pas deben estar circu-lando en los depsitos secretos del HSBC, evadiendo impuestos. Mientras tanto y con la justificacin de la cada de los precios internacionales de los hidrocarburos el gobierno de Santos, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, acaba de instalar una comisin tcnica que redactar una propuesta de reforma tributaria para presentar al Congreso en el segundo semestre de este ao, comisin que segn las declaraciones de algunos de sus integrantes terminar por aumentar el IVA. Como si fuera poco y con el mismo argumento de la reduc-cin de los precios de los hidrocarburos, el Plan de Desarrollo, elaborado por los tcnicos gubernamentales y que actualmente se discute en el Congreso, propone la renegociacin de los contratos petroleros en favor de las empresas multinacionales, incluyendo rebajas tribu-tarias. Tienen estas mismas empresas patente de corso para despedir masivamente a los trabajadores del sector. Desde los inicios de 2015 se calcula que el nmero de despedidos en la industria petrolera llega a aproximadamente 20.000 contratistas.

A ello se suma la quiebra de ECOPETROL causada por el fracaso de la poltica energtica oficial que ha producido el despido de cerca de 10.000 contratistas. En consecuencia, la huel-ga que ha votado la USO para los prximos das tiene una gran legitimidad social.

12 Ibdem, 1 de marzo de 2015.



Izqu

ierd

a en

deb

ate

La contienda poltica por la alcalda de Bogot:Un paso adelante y dos atrs?

Santos Alonso Beltrn Beltrn

Profesor Universidad Nacional ESAP

La lucha electoral en Colombia ha sido un campo de batalla en el que se han dado cita los mas disimiles contendores. En al-gunos momentos de la historia nacional han convergido al ruedo repre-sentantes de corrientes polticas con posiciones alternativas enfrentados a los partidos tradicionales que histricamente, y bajo diversos ropajes, han acaparado la vida poltica nacional. En esta disputa democrtica, casi ininterrumpida, por el poder en nuestro pas, han campeado las practicas ms aberradas en materia electoral, aqu hemos tenido desde el clientelismo poltico tradicional que se ha enseoreado de la admi-nistracin pblica nacional desde mediados del siglo XX, la compra de votos en las regiones que aprovecha la situacin precaria en la que viven grandes sectores de la poblacin nacional, hasta el clientelismo armado de grupos paramilitares que han presionado a los electores para elegir a mandatarios locales que secunden su acciones ilegales de apropiacin de los recursos pblicos. Por supuesto se presentan otras prcticas co-rruptas: el nepotismo que ha perpetuado a familias enteras, y por gene-raciones, en el poder poltico, la participacin abierta de funcionarios pblicos en ejercicio favoreciendo a partidos y aspirantes, la financiacin de actores privados a candidatos para que una vez elegidos favorezcan los intereses de las firmas o empresas que los patrocinaron. En fin, la de-mocracia colombiana aunque parece ostentar el ttulo de la ms antigua de Amrica Latina no es precisamente la ms garantista y transparente, y si bien comparte sus vicios con la mayora de procesos democrticos


Izquierda en debate

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_mill

en el mundo, las dimensiones de la corrupcin y los delitos que se cometen contra las prcticas electorales aqu son de unas dimensiones que distan mucho de lo acaecido en otros pases del vecindario.

Por el uso de estas prcticas, la contienda electoral entre derecha e izquierda poltica en el pas, ha estado artificiosamente inclinada a favor de la derecha. Los partidos tradicionales y sus mltiples expresiones regionales, que se presentan como microempresas electorales, han logrado usar en su provecho esta ba-tera de acciones ilegales para quedarse con el poder, y no han escatimado esfuerzo alguno para eliminar la posibilidad de ascenso de opciones alternativas. El recetario utilizado para este fin por los partidos tradicionales ha sido variado y ha llegado a usar la cooptacin poltica, el sealamiento y el acoso me-ditico, pero, an mas all, han emprendido acciones de violencia sistemtica contra las expresiones de izquierda, llegando, incluso, a eliminar colectivida-des polticas completas, asesinar lderes o condenar a la oposicin armada a importantes sectores de la sociedad nacional, todo ello sin experimentar el mas mnimo empacho moral. As no es raro que se tenga la idea de que este pas es mayoritariamente de dere-cha o por lo menos de centro derecha.

Sin embargo, en los ltimos tiempos la Alcalda Mayor de Bogot ha estado por tres periodos con-secutivos en manos de partidos de izquierda. Esta situacin parecera demostrar que en la capital de la Republica existe una dinmica electoral menos some-tida a la presin de los vicios y prcticas corruptas que campean en la poltica regional. Sea esta una ocasin para reflexionar sobre la prxima contienda electoral en Bogot y sus implicaciones para una Colombia que se prepara para una sociedad en paz.

Izquierda en Bogot: Cul izquierda?La izquierda poltica en la capital ha estado en el poder por tres periodos consecutivos. Como se re-cuerda, inici con la administracin de Luis Eduardo

http://derechodelpueblo.blogspot.com/2013_01_20_archive.html


Lucho Garzn, continu en la Administracin de Samuel Moreno, que, luego de la destitucin del al-calde, termina Clara Lpez, y se extiende hasta ahora con la alcalda de Gustavo Petro.

La primera reflexin que nos debe ocupar en el caso de las ltimas administraciones de Bogot, es su verdadera extraccin poltica. Las dos primeras provinieron del PDA, un partido que ha representa-do a un sector importante de la izquierda nacional y que en la capital haba mantenido un importante bastin electoral. Sin embargo, no se debe olvidar ni el destino final de los dos alcaldes ni su procedencia poltica. En el caso de Moreno Rojas, el destituido alcalde era miembro de un partido que se supone re-coga las banderas del movimiento populista de cen-tro derecha que fundara su abuelo hacia los aos 70 en Colombia, y luego afiliado al PDA en la dinmica de la confluencia de un frente amplio; su procedencia de izquierda es ms que dudosa. En relacin a Lu-cho Garzn, es un antiguo dirigente sindical que se desmarc rpidamente de la lucha obrera y termin representando a amplios sectores de la izquierda democrtica que desde el principio desconfiaron de su tendencia a actuar de manera solitaria y megal-mana; su inicial procedencia obrera queda rebatida por los coqueteos que desde el principio realiz con la derecha ms recalcitrante. En cuanto a su destino final, nada puede ser ms emblemtico para sealar la extraa trayectoria poltica de estos dos alcaldes del PDA: Moreno Rojas, en la crcel por corrupcin, y Garzn, en las toldas de la administracin de derecha del presidente actual. En cuanto a la administracin de Petro, el mandatario perteneci en algn momen-to al M-19 pero sin ser parte activa de las estructuras armadas de comandancia o direccin, y luego, am-nistiado, inici una ascendente carrera poltica que lo llev, de la mano del PDA, a ocupar en varias ocasiones un escao en el Congreso de la Repblica. Sin embargo, la actitud displicente con el partido y las posiciones polticas abiertamente contrarias a

Estas administracio-nes han entendido el problema de la

pobreza como una situacin estructural

que demanda la intervencin del

Estado distrital par-tiendo de la atencin y solucin de necesi-dades bsicas insatis-fechas, pero tambin de la transformacin

estructural de sus condiciones mate-

riales de vida ligadas al bajo desarrollo

institucional y a la baja presencia del Estado en dichas

comunidades.


Izquierda en debate

los direccionamientos polticos de la colectividad relegaron a Petro de la accin poltica partidista, por lo que lleg a la Alcalda avalado por una colectividad poltica conformada por antiguos sectores del mismo M-19, algunas expresiones de centro derecha y polticos alternativos independientes de centro; enemistado con la izquierda histrica del pas y avanzando con una agenda propia ms cercana al centro, su extraccin de izquierda es tambin un punto discutible.

Otro factor importante que cuestiona la procedencia de izquierda de estas administraciones, es el lamentable tinte de corrupcin admi-nistrativa que ha teido sus logros en materia de poltica pblica. Sin embargo, la memoria selectiva de la opinin nacional olvida con facili-dad procesos de corrupcin rampantes ocurridos en administraciones de antao, como en los casos de Andrs Pastrana y Juan Martn Caicedo Ferrer, o que los carteles de la contratacin actuaron no solamente en las ltimas administraciones de la capital sino que han operado desde muchos antes en todo el pas, y que en la escala nacional la capacidad de corrupcin de estas mafias ha sido ostensiblemente ms grande.

En los tres casos es claro que los mandatarios han abandonado los lineamientos polticos-organizativos que los llevaron al poder. Tal vez por ello, esa extraccin de izquierda parece verse rebatida. Sin embargo, aun en su distancia con la oficialidad de izquierda, sus administraciones han desarrollado procesos importantes de inclusin social y sus medidas

http://anarkismo.net/attachments/aug2013/huber_ballesteros.jpg


han cambiado de manera positiva la forma en que la ciudadana entiende el gobierno de la capital, en la lnea de un nuevo sentido de lo pblico que rei-vindica la garanta de los derechos de las poblaciones vulnerables, la eliminacin de la segregacin y la construccin de un espacio urbano ms amigable con los ciudadanos y ms sostenible en trminos econ-micos y ambientales. Al final, han mantenido una posicin que si bien no se puede caracterizar como perteneciente a la oficialidad de la izquierda nacional, s ha logrado mantener un cariz alternativo que des-marca a estos gobiernos de otros orientados por una imagen restrictiva de la vida ciudadana, imbuidos en la transformacin urbanstica pero sin una imagen acertada de la situacin de pobreza o exclusin, o simplemente conectados con las clientelas del orden nacional con el propsito de favorecer los intereses de castas polticas que han administrado la ciudad durante dcadas.

Izquierda o derecha: continuidad, replanteamiento o ruptura?

En cada periodo los errores cometidos por cada mandatario han sido gigantes. Las prcticas corrup-tas, que permean el sistema de contratacin pblica y que en muchas ocasiones estn tan enquistadas que ningn mandatario puede garantizar la transparen-cia absoluta en la asignacin y ejecucin de las obras y presupuestos, han golpeado la imagen de la izquierda como alternativa poltica en la capital. El caso de la administracin Moreno Rojas es, como se deca, por antonomasia, el mejor ejemplo de la corrupcin galopante que carcomi las bases de la legitimidad de las opciones alternativas de poder en Bogot. Sin em-bargo deben considerarse dos hechos indiscutibles: el primero, que la ciudad y las dinmicas de gobierno han tomado perspectivas diferentes y positivas frente a las anteriores formas de administrar la capital; y, la segunda, que el electorado bogotano an sigue

Las tres ltimas administraciones

de Bogot han desarrollado

procesos importantes de inclusin social y sus medidas

han cambiado de manera positiva la forma en que

la ciudadana entiende el

gobierno de la capital, en

la lnea de un nuevo sentido de lo pblico

que reivindica la garanta de

los derechos de las poblaciones vulnerables, la

eliminacin de la segregacin y la construccin de

un espacio urbano ms amigable con

los ciudadanos y ms sostenible

en trminos econmicos y ambientales.


Izquierda en debate

manifestndose a favor de opciones de poder alternativas a las planteadas por los partidos tradicionales.

En el primer punto, es claro que la ciudad ha tomado rumbos diferentes y positivos en muchos aspectos. Uno de los ms importantes tiene que ver con la construccin de acciones de poltica p-blica orientadas a la desmarginalizacin, la inclusin positiva y el desarrollo social de importantes sectores de poblacin en esta-do de vulnerabilidad econmica y social. Estas administraciones han entendido el problema de la pobreza como una situacin estructural que demanda la intervencin del Estado distrital partiendo de la atencin y solucin de necesidades bsicas insatis-fechas, pero tambin de la transformacin estructural de sus condiciones materiales de vida ligadas al bajo desarrollo institucional y a la baja presencia del Estado en dichas comunidades. En materia de seguridad, se ha transitado de una visin peligrosista y restrictiva a una orientada a la reduccin de las condiciones sociales que producen las situaciones de inseguridad y que, a su vez, reproducen la inclinacin de grupos sociales a delinquir. La seguridad ciudadana se ve ahora desde una perspectiva ms humana conectada de manera directa con la auto-rregulacin, la convivencia, la solidaridad y la corresponsabilidad. Otras acciones y perspectivas podran dar cuenta del impor-tante giro que la administracin distrital ha venido desarrollando, pero tal vez estos dos aspectos sean parte de lo ms representativo de los nuevos y positivos planteamientos en materia de gobierno de la ciudad que han venido gestndose en los ltimos tiempos.

El segundo punto es tambin un impor-tante aspecto para entender la continuidad de la izquierda en Bogot. La dinmica democrtica y electoral en la capital de la Repblica es muy diferente de los procesos desarrollados en la Colombia profunda, donde los electores estn ms sometidos a las presiones de la corrupcin, y donde las autoridades locales pueden utilizar en su fa-vor los vicios de los que adolece la democra-cia colombiana. Esta observacin es certera en Bogot, que aun durante la obnubilacin que sufri el pas ante la personalidad auto-ritaria en los mandatos de Uribe, mantuvo su independencia eligiendo mandatarios separados de la tendencia de la seguridad democrtica y en abierta oposicin a ella. El electorado capitalino est ms dispuesto a la reflexin crtica y a la valoracin indepen-diente de las propuestas de los candidatos, adems parece estar hastiado de la perpe-tuacin de las castas polticas en el pas. A los bogotanos de a pie, ni el abolengo ni la pertenencia a los partidos tradicionales les generan ahora mayor respeto; en su lugar experimentan con opciones diferentes y no-vedosas que por su extraccin alternativa y de izquierda no han tenido la oportunidad de administrar la ciudad.

De cualquier manera, las prximas elecciones en Bogot nos pueden mostrar si tenemos un pas tolerante y abierto a la accin poltica de tendencias alternativas de izquierda que puedan plantear formas diferentes de administrar el gobierno, o si por el contrario las prcticas corruptas y los vicios electorales que iniciaron la violencia en Colombia se seguirn reproduciendo como una plaga que se niega a morir.


Izqu

ierd

a en

deb

ate

Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento crucial de la revolucin bolivariana

Jorge Gantiva Silva

Profesor TitularUniversidad del Tolima

La contrarrevolucin en accin

Chvez recordaba la sentencia de Marx segn la cual las verdaderas revoluciones necesitan del ltigo de la contra-rrevolucin para avanzar. Como crtico de la fatalidad y la resignacin, el araero Chvez hablaba de estrategia, estudio, organizacin, mo-vilizacin y solidaridad para enfrentar los duros embates de la derecha nacional e internacional. Admiti que las fuerzas del imperio-capital eran poderosas y la capacidad destructiva del enemigo era enorme. Nun-ca despreci la accin estratgica de las fuerzas regresivas del capitalismo que se niegan a desaparecer. Saba que las clases sociales y los poderes dominantes no desparecen de la historia por voluntad propia, y como

Y vienen con todo, y nosotros vamos con todo!Todo golpe tendr siempre su

contragolpe revolucionario!Hugo Chvez


Nuestra Amrica

fieras heridas de muerte lanzan los ataques ms fero-ces, aferradas al poder, a las riquezas, a los privilegios.

En el lapso de 15 aos la reaccin venezolana e internacional no ha perdonado a Venezuela tomar un camino rebelde, autnomo y libre del imperio-capital. Ya desde 2001 los Estado Unidos haban ordenado derrocar al presidente constitucional Hugo Rafael Chvez Fras, lo cual se concreta en abril de 2002 cuando un grupo de militares golpistas apoya-dos por la CIA impuso un gobierno de facto durante 72 horas, violando todos los principios democrticos y constitucionales. Fallido el golpe tras la moviliza-cin popular, contino el asedio a travs del paro petrolero (2002) y la guerra sucia y la violencia. Al mismo tiempo, alent la serie de provocaciones blicas auspiciadas por el gobierno de Uribe Vlez, promovi la infiltracin del paramilitarismo, alent la guerra sucia interna, organiz varios intentos de magnicidio contra el presidente Chvez, extendi el modelo del golpe suave, vincul al Gobierno y a la cpula revolucionaria con el negocio del narcotrfi-co, instal una estrategia de subversin permanen-te contra la institucionalidad democrtica, tom medidas sancionatorias contra destacados funcio-narios venezolanos por violaciones a los Derechos Humanos, desat la guerra econmica global (es-casez, sabotajes, desabastecimiento, acaparamiento), suscit la violencia mediante guarimbas, saboteos y homicidios, y recientemente remat con el putsch terrorista la operacin Jeric, que buscaba ase-sinar al presidente constitucional, Nicols Maduro, bombardear oficinas del alto Gobierno, Telesur y destruir importantes objetivos gubernamentales, mi-litares y econmicos. (Vase los estudios y las pruebas documentales del gobierno bolivariano, los trabajos de Eva Golinger, Atilio Born, www.rebelion.org).

El silencio al respecto de Washington, Madrid y Bogot ha sido elocuente. La felona siempre juega con la mentira y la cobarda. Ahora los verdugos apa-recen, vctimas inocentes de la ya conocida cantinela



de rgimen dictatorial. Al tiempo que la oposicin golpista venezolana e internacional recurriendo a la mentira ha salido a gritar a los cuatro vientos: violacin a los Derechos Humanos! La derecha no descansa ni un instante para hacer desaparecer la re-volucin bonita y destruir el liderazgo de Venezuela y la figura liberadora de Hugo Chvez del espectro internacional y del imaginario de los pueblos. Vene-zuela no ha tenido respiro ni descanso para construir su propio proyecto histrico. El golpismo, el neointer-vencionismo norteamericano, la guerra meditica y la guerra econmica han sido, entre otras, estrategias del imperio-capital para liquidar esta experiencia re-volucionaria. El capital repudia cualquier alternativa emancipadora. Segn los documentos y las pruebas que present el presidente Maduro fue evidente que en la planificacin del golpismo contra Venezuela participaron activamente los Estados Unidos y sus embajadas en Caracas y Bogot. El gobierno boliva-riano revel las comunicaciones entre el embajador yanqui en Colombia y Mara Corina Machado, lder opositora, en la que muestra el importante financia-miento para romper los anillos de seguridad del presidente Maduro y otros lderes revolucionarios.

Los Estados Unidos han utilizado muchas formas para subvertir el orden constitucional en Venezuela. Mediante los institutos de los partidos demcrata y republicano, la USAID (agencia para el desarrollo), la NED, el ataque meditico a travs de los expresi-dentes lvaro Uribe, Sebastin Piera, Andrs Pas-trana y Felipe Caldern para montar una cortina de humo sobre la violacin de los Derechos Humanos y la crisis en Venezuela, apan la accin golpista. Lo propio hacen los legisladores cubano-estadunidenses Ileana Ross Lehtinen, Mario Daz Balart, Marcos Rubio y Robert Menndez, todos promotores de la contrarrevolucin en Venezuela y en Cuba. Con la intencin de crear una situacin de angustia y zozo-bra, estas campaas mediticas, acciones encubiertas y gestiones humanitarias, buscan socavar la moral

El imperio no descansar.

Estamos nosotros en el epicentro de un huracn.

La extrema derecha nunca abandonar la

carta del golpismo. Su naturaleza es

el fascismo, el odio cada da ms grande en contra

de nuestro pueblo y sus lderes. El

imperialismo no nos dejar en

paz. La burguesa venezolana,

pitiyanqui, no nos dejar en

paz; as que acostumbrmonos

a vivir en un conflicto

permanente. (Hugo Chvez)


Nuestra Amrica

del Gobierno y la estabilidad institucional, crear la anarqua, desatar una ola de violencia y generar una suerte de gobierno fallido que allane el camino para una intervencin directa de los Estados Unidos.

De la guerra econmica a la guerra mediticaEl eje del neointervencionismo norteamericano y de la accin golpista se centra en

la guerra econmica, la guerra meditica y la transicin democrtica, todo un libreto confeccionado en los focos de la reaccin internacional, cuyos lderes, Antonio Ledezma, Mara Corina Machado, Leopoldo Lpez y Hernando Capriles, operan como jefes de una estrategia destructiva del gobierno constitucional de Nicols Maduro en asocio con la derecha internacional de Madrid, Washington y Bogot. Este programa reaccionario se encuentra en su fase de ejecucin, con altibajos y parcialmente develado por el gobierno bolivariano. La burguesa y el capital internacional pretenden recuperar el poder de la renta petrolera, en un escenario de la cada de los precios del crudo, cuyo socio imperial y sus aliados en la regin necesitan estas reservas consideradas las ms grandes del mundo. El mundo est en guerra, por lo menos as lo anuncian los seores Biden y Kerry; y muy difcilmente se vislumbra un pacto de paz entre los grandes poderes imperiales. Los nuevos bloques de poder, la decadencia de los Estados Unidos y la crisis global del capitalismo hacen prever que el petrleo, principal fuente de energa fsil, as como el agua, se tornen en el eje central de la disputa por la hegemona mundial.

Venezuela vive una situacin crtica en virtud de la especulacin y la inflacin. El r-gimen capitalista no ha sido superado. La burguesa venezolana e internacional repudia el control de cambio: necesita el mercado libre, negro, la especulacin, los negocios ilcitos



para retornar a las grandes ganancias. La demanda de dlares a una tasa preferencial fijada por el Estado venezolano para importar productos, es una operacin a la que la burguesa recurre para vender los productos hasta 10 veces por encima de su valor; en su desesperacin porque la cuota de ganancia es limitada, busca acaparar e inflar artificialmente los precios, atacando directamente las necesidades de la poblacin. Tambin recurre al contrabando con Colombia. Segn clculos de la presidenta del Banco Central de Venezuela, Edme Betancourt, 20.000 millones de dlares fueron obtenidos a tasa preferencial en 2012 por empresas de maletn, cifra que el presidente Maduro estima que ha triplicado su valor a lo largo de los ltimos aos. Regularmente, estos mismos dlares tornaron al mercado negro, multiplicando de manera exponencial las ganancias de una burguesa parasitaria. Las recientes medidas tomadas por el Gobierno buscan detener la maniobra de los especuladores para unificar bandas cambiarias a travs del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).

De otro lado, Venezuela pierde cada ao aproximadamente 12.500 millones de dlares por la poltica de subsidio del precio del petrleo, vendiendo a 0.07 bolvares el litro que a PDVSA le cuesta producir 2.7 bs. La rabia de la burguesa parasitaria radica en la poca participacin de la cuota de ganancia. La presin internacional de las empresas trans-nacionales es muy grande. Entre tanto, el Estado asume la carga del subsidio y las demandas sociales. El imperio-capital se ve constreido, y desata el ms feroz ataque contra la revolucin bolivariana, mediante el acaparamiento, la escasez y la especulacin. An los medios de pro-duccin no estn manos de la revolucin. Cmo podr solventarse esta situacin asimtrica? Hasta ahora ha predominado el asistencialismo y una suerte de neodesarrollismo. Cmo encarar los desafos de un nuevo modelo productivo? Puede el extractivismo seguir como fundamento de un modelo alternativo? Son preguntas que la derecha internacional asume por el retorno de la va imperial-capitalista. El ao 2014 fue el espectculo de la manipulacin por parte de las grandes corporaciones mediticas que va desde el hambre, los saqueos, hasta la libreta cuba-na, el empobrecimeinto y la desolacin. El punto se centr en auspiciar el golpe de Estado, desestabilizar el gobierno del presidente Maduro y desbaratar la integracin latinoamericana.


Nuestra Amrica



Revista Izquierda No. 51 - Marzo 2015

Documents

Transcript of Revista Izquierda No. 51 - Marzo 2015