Revista Izquierda N° 51, marzo de 2015

8/9/2019 Revista Izquierda N° 51, marzo de 2015

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Conflicto y solución política Respuestas a una letanía:A propósitodel momento actual del proceso depaz · Paz, justicia y constituyente· Una justicia más allá del derechoNeoliberalismo rampante HSBC: Finanzas, lavado de activosy evasión fiscal Izquierda endebate La contienda política porla alcaldía de Bogotá: ¿Un paso

adelante y dos atrás? NuestraAmérica Bajo el látigo de lacontrarrevolución Momentocrucial de la revolución bolivarianaCapitalismo en crisis Tras lavictoria electoral de SYRIZA: El finde la troika y la continuación de lapolítica de austeridad Editorial

La crisis de la justicia: Una razónmás para la Constituyente

Nº 51 MARZO / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332


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Jairo Estrada Álvarez Director Jesús Gualdrón Sandova l Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo,Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña,Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel,Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen

al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios

www.espaciocrit ico.com

ISSN-2215-8332Nº 51, Marzo de 2015. Bogotá, Colombia

Todo el contenido deesta publicación puede

reproducirse libremente,conservando sus créditos.


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Conflicto y solución política

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Respuestas a una letanía:A propósito

del momento actual del proceso de paz

Víctor Manuel Moncayo C.

14Paz, justicia y constituyenteRicardo Sánchez Ángel

20Una justicia más allá del derechoSergio De Zubiría Samper

Neoliberalismo rampante

26

HSBC: Finanzas, lavado de activos

y evasión fiscalDaniel Libreros Caicedo

Izquierda en debate

34

La contienda política por la alcaldía de

Bogotá: ¿Un paso adelante y dos atrás?Santos Alonso Beltrán Beltrán

Nuestra América

40

Bajo el látigo de la

contrarrevolución Momento crucial

de la revolución bolivariana Jorge Gantiva Silva

Capitalismo en crisis

48

Tras la victoria electoral de SYRIZA:

El fin de la troika y la continuación

de la política de austeridad Aaron Tauss

Editorial

54

La crisis de la justicia: Una razón

más para la Constituyente Jairo Estrada Álvarez


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C o n fl i c t o y s o l u c i ó

n p o l í t i c a

Respuestas a una letanía:

A propósito del momentoactual del proceso de paz

Víctor Manuel Moncayo C.

Profesor eméritoEx Rector de la Universidad Nacional de Colombia

El proceso de paz se ha visto obligado a repetir o a contestaruna letanía: verdad, justicia, reparación y no repetición, casique con el mismo sentido de las oraciones religiosas de ese carácter.Pero muy poco se discute sobre la significación de sus términos, puessimplemente se repiten hasta el cansancio como ocurre con las súplicaso invitaciones latinas de la liturgia cristiana. ratemos de avanzar en sucomprensión desde una perspectiva política, para contribuir a su enten-dimiento, así sea de manera preliminar y provisional, sobre todo paraaportar al necesario debate de nuestra actual coyuntura.

¿Cuál es la verdad?Empecemos por la verdad que se afirma como requisito ineludible

de la paz. ¿La verdad reside en una narración de lo que aconteció? ¿Eseso satisfactorio? Existen múltiples narraciones. Entre ellas las de lasvíctimas, sin duda determinadas por sus circunstancias particulares, por

Christe, eléison. Christe, eléison Kyrie, eléison. Kyrie, eléison

Christe, áudi nos. Christe, áudi nos Christe, exáudi nos. Christe, exáudi nos

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sus sentimientos de dolor, por sus posiciones políticasasí sean tácitas, por sus entendimientos inmediatosy espontáneos, por las influencias de los medios de

comunicación y de la opinión común en general. Sustestimonios son importantes y pueden aportar a laverdad, pero no son la verdad, o al menos no pue-den representar la verdad del conflicto en todas susdimensiones.

¿Será acaso la verdad rendirle culto al empirismo yconsiderar que está representada por la identificación,recolección y sistematización de todos los hechos ycircunstancias, incluidos los listados de victimarios

y víctimas individuales? Aun cuando se trata de ele-mentos esenciales, por sí mismos no nos dicen en quéha consistido y qué es el conflicto. Lo mismo pode-mos decir de las descripciones de los daños y efectoscausados por la violencia del conflicto. Aportan sinduda a la estadística del desastre, pero nada signifi-can en términos de una explicación que permita unaaproximación a la verdad.

Para muchos, para la opinión generalizada y

también para cierta opinión calificada, la verdadnos la deben suministrar quienes con una autoridadrelativa, atribuida por el Estado, dictaminen sobrelos sujetos responsables de los múltiples hechos delconflicto. ¿Es la verdad judicial que se encontraríaen las decisiones penales que contrastan conductascon las tipicidades delictivas, o en las de otro corteque imponen consecuencias retributivas de ordeneconómico o simbólico? ¿Es una verdad limitada porla naturaleza de la función jurisdiccional, que no vemás allá de las responsabilidades individuales?

Más allá de esas alternativas, la verdad es esquiva,es difícil de obtener. No es sólo un ejercicio acadé-mico. Es necesariamente un entendimiento político,que siempre será controversial. Pero, es una respon-sabilidad de ambas partes en el diálogo llegar a unacuerdo mínimo sobre cuál es la verdad o sobre los

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carceles-y-presos-de-colombia/14739475

Nº 51, Marzo de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido


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elementos principales de esa verdad. Sin ese acuerdo es imposible avan-zar en soluciones para el fin del conflicto.

Por consiguiente, para las partes es ineludible afrontar un debate

recientemente planteado por la Comisión Histórica del Conflicto y susVíctimas: ¿es necesaria una remisión a una causalidad sistémica, o bastacon entender el problema como el encuentro de actores y procesos deter-minados por múltiples factores?

En otras palabras, ¿partimos de la aceptación simplista de que estaes una sociedad como cualquier otra, en la cual se puede coexistir bajociertas reglas de debate y de discusión, pero en la cual algunos se hansalido de esas reglas y por decisión individual o grupal se han apartadode ellas y han optado por la violencia, quizás con determinaciones muy

personales o por razones altruistas o sociales?O, por el contrario, ¿aceptamos que esta no es una sociedad cual-

quiera, sino que tiene un sistema de organización social determinado(capitalismo), que produce unos efectos lesivos sobre amplios sectoresde la sociedad (los explotados, los excluidos, los subalternos, los domi-nados, etc.)? Como tal, por lo tanto, explica y justifica la insurgencia,la subversión. En este reconocimiento puede encontrarse la raíz de laverdad del conflicto.

Siendo ello así, la naturaleza específica de nuestra sociedad con sus

contradicciones y efectos negativos sobre la mayoría de la colectividad,sería la principal victimaria. Los sujetos (individuales o grupales), aun-que aparezcan desligados de esa determinación societaria, son los actoresde todos los procesos que ocurren en esa sociedad incluidos los de resis-tencia/contrainsurgencia.

Obviamente, a partir de esa determinación o causalidad societaria,hay factores intermediarios que pueden apreciarse y ponderarse de dife-rente forma como explicativos de la verdad, y sobre ellos también puedellegarse a entendimiento compartido.

En síntesis, es absolutamente ineludible partir de un acuerdo básico sobre una verdad del conflicto, es decir, de un entendimiento político del

conflicto violento, o al menos de algunos de sus elementos esenciales . Yes responsabilidad de las partes llegar a un acuerdo de comprensión enesa materia, como fundamento básico de las decisiones y soluciones queacuerden.

La sociedad con su naturaleza particular es victimaria, pero en suinterior los procesos y sus actores en segundo grado tienen responsa-bilidades que, aunque en cierta manera sean subjetivas, siempre estánencadenas a la determinación sistémica.



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¿Por qué se alude en la letanía a la justicia?Habitualmente cuando se habla de justicia se hace

referencia a la derivada de la función judicial del Es-

tado. Es la justicia impartida por el Estado a través demúltiples formas, que pueden ser aquellas “normales”o las excepcionales que para situaciones específicasdiseñe el mismo Estado, o él mismo autorice con cier-tas particularidades, como ocurre cuando se asignanatribuciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales alas llamadas Comisiones de la Verdad.

En tal sentido, si se trata de la justicia así enten-dida, siempre será una justicia del Estado y, por lo

tanto, si él es parte esencial de la organización sis-témica de la sociedad, el Estado sería al tiempo juezy parte. Cualquiera que sea la justicia que se decidaaplicar, va a juzgar al propio sistema del cual formaparte y nunca podrá versar sobre la responsabilidadsistémica, sino sobre la de los actores, consideradosindependientemente, en términos siempre subjetivos,como es propio de toda victimología.

Cuando el Estado busca encontrar una justicia

especial, como la que se viene llamando desde hacealgún tiempo “transicional”, se justifica diciendo queesa alternativa permite sacrificar un cierto grado de

justicia en favor de otro valor que se considera supe-rior, como sería la paz. Se admite así que la justicia nodebe ser plena, no puede ser completa, que tratándosede las medidas punitivas debe ser distinta, en otraspalabras que se admite renunciar al poder jurisdic-cional del Estado.

Pero, ¿por qué se procede de esa manera? ¿Por quése acepta que la justicia no sea plena, que se adecúe aciertas circunstancias renunciando en todo o parte alo que representa como poder soberano? Indudable-mente porque han ocurrido o se presentan cierto tipode hechos o de circunstancias de tal significación, queel Estado reconoce que exigen una alteración de la

justicia como dimensión especifica de la organizaciónestatal. De alguna manera, el Estado está aceptan-do una responsabilidad sistémica y por ello admite

Es absolutamenteineludible partir de

un acuerdo básicosobre una verdad

del conflicto,es decir, de unentendimiento

político delconflicto violento,

o al menos

de algunos desus elementos

esenciales. Y esresponsabilidad de

las partes llegara un acuerdo decomprensión en

esa materia, comofundamento básico

de las decisionesy soluciones que

acuerden.



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renunciar total o parcialmente a una de sus misiones básicas: la justicia,íntimamente relacionada con el monopolio de la fuerza, pues no sobrarecordar que la vigencia de la ley está siempre respaldada por la última

ratio de la violencia legítima por ser estatal. Es como si el Estado dijera:el sistema del cual formo parte ha fallado en su funcionamiento por mipropia responsabilidad, lo cual me obliga a dejar de lado temporalmenteuno de mis rasgos esenciales: la justicia estatal.

Siendo ello así, resulta claro que ese reconocimiento estatal conducea que si bien la justicia especial va a funcionar, ya no será la misma, pueslos procesos y actores que van a ser juzgados no podrán ser consideradosplenamente como subjetivos, pues se acepta que su tratamiento distintotiene una explicación sistémica. Esto es fundamental en el caso de la in-

surgencia, pues si existe ese reconocimiento sistémico, es ineludible ad-mitir, por consiguiente, su carácter político con todas sus consecuencias,en particular las que en materia penal se consideran como conexidades;es decir, que lo dominante es lo político de la subversión, que subsumetodas las demás conductas asociadas a ella comunicándoles la mismanaturaleza.

Obviamente, esto plantea serias dificultades a la lógica de funciona-miento de la dimensión estatal, pues tanto en el orden jurídico internocomo en el internacional (incorporado como parte del denominado

“bloque de constitucionalidad”) pueden existir limitaciones para quela justicia especial o “transicional” pueda admitir ese reconocimiento ysobre todo sus consecuencias políticas. Sin embargo, como se trata no deuna decisión jurídica sino precisamente política, quienes obran en repre-sentación del Estado, según los condicionantes existentes y las exigenciasque a la justicia imponen otros valores que se quieren alcanzar (como lapaz), tiene que aceptar ese reconocimiento y acudir a fórmulas de inter-pretación que le sirvan para ese propósito, como, por ejemplo, las que seha utilizado por Cortes internacionales (europea e interamericana), paraplantear en esta materia un “margen de apreciación nacional” que justi-fique la admisibilidad de rasgos muy heterodoxos de justicia. Ese es unode los retos principales que debe enfrentar el acuerdo entre partes queactualmente se debate en La Habana: cómo llegar a un acuerdo políticosobre la modificación de la justicia estatal que recoja la especificidad delconflicto colombiano, a partir de un reconocimiento no sólo recíprocosino múltiple de la responsabilidad sistémica.

Esa definición no tiene referentes que deban respetarse, como gene-ralmente se afirma al hablar de estándares internacionales, pues lo queevidentemente existe son casos precedentes que no constituyen camisa



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de fuerza para la solución propia, en el marco de la “apreciación nacio-nal”. La respuesta frente a un caso muy específico como el colombianotiene que ser lo suficientemente novedosa e imaginativa y, sobre todo,tiene que tener el valor de desprenderse de los conceptos y fórmulas que

los discursos jurídicos quieren erigir como inamovibles. Lo excepcionalpuede incluso llegar hasta admitir una forma de justicia no estatal ocuasiestatal, en la medida en que no nace como ocurre normalmentepor decisión de los aparatos institucionales establecidos, sino en virtudde un acuerdo de quienes se han reconocido explícitamente como parteprincipales del conflicto que ha conducido a plantear una fórmula de

justicia diferente. Ahora bien, tratándose de la justicia, existe otra dimensión distinta

que está más allá de los mecanismos formales de naturaleza judicial, de

la función típica de la organización estatal que hasta aquí se ha consi-derado. Nos referimos a condiciones sociales y económicas de justiciacomo valor superior al cual pretenden llegar las colectividades humanas.En estos términos, la misma consideración sistémica nos remite a unorden social vigente cargado de relaciones inequidad, desigualdad einjusticia que todos, de una manera u otra, reconocen, más allá de lasparticulares formas de entendimiento de la realidad nacional y global.Frente a ellas, la fórmula que se repite como letanía, también podríadar paso a considerar la justicia con esta otra connotación y, por lo tan-to, a plantear la superación de las condiciones negativas y lesivas delorden social vigente, como condición insoslayable de la paz anhelada.Se estaría no ya ante una modalidad judicial de justicia, si la expresiónse admite, sino de encontrar alternativas o soluciones que permitan irmás allá del orden social vigente, en una transición hacia otro ordendonde puedan germinar y crecer condiciones para una vida individual ycolectiva digna. No una justicia transicional, sino una transición haciala justicia social.

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¿Cómo plantear la reparación?Otro eslabón de la sucesión de términos bajo la cual se aprecian las

circunstancias de un acuerdo político es la denominada reparación, cuyo

alcance también es de múltiple significación.El sentido más inmediato de la expresión hace relación a una especie

de satisfacción que hay que brindar a las víctimas del conflicto. En estesentido tiene también un componente subjetivo muy elevado, como elque también se encuentra al hablar de la verdad y la justicia. En pocaspalabras, la cuestión se plantea en términos de sujetos que han causadodeterminados efectos lesivos, que deben o están obligados a aportar solu-ciones que de alguna manera restauren a otros sujetos afectados.

La clásica y tradicional reparación está representada por el valor

representado por la sanción, proveniente de la imposición de ella porautoridades que encarnan la justicia estatal. Las víctimas con la sanciónpueden tener una especie de respuesta reparativa, pues el sujeto respon-sable paga de alguna manera con la restricción de su libertad, con elcumplimiento de órdenes de contenido económico, o con el simbolismomismo de la condena, el daño que ha causado. Lo mismo puede ocurrircuando el responsable, sin la mediación de la justicia, admite participa-ción e igualmente concurre a algún tipo de restauración, que tambiénpuede revestir la naturaleza simbólica.

Pero, si una vez más encadenamos el conflicto a sus raíces sistémicas,la reparación deja de ser individual para erigirse en una acción colectiva,social. En esta dirección, la responsabilidad asociada al castigo, a la pena,pasa primero por un reconocimiento previo sobre la responsabilidad realdel conflicto, que está sin duda asociada al mismo reconocimiento quetiene que hacerse en materia de verdad. No se trata, sin embargo, de lasolución simplista de que hay muchos responsables o de que todos sonresponsables, de manera tal que la reparación tenga que ser compartidapor todos los actores. No, la cuestión es más compleja, pues remite auna causalidad sistémica, a la explicación histórica de un orden social



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vigente, que tiene que ser admitida y reconocida porlos actores de los procesos que ese orden ha desencade-nado. No hay en esta dimensión lugar a confesiones,

arrepentimientos o perdones individuales, grupales ocolectivos, sino al reconocimiento de la verdad delconflicto con todas sus consecuencias.

En ese escenario, el Estado, en el sentido de unadimensión esencial del orden social vigente, y no sólocomo aparatos y autoridades, no es un actor más delconflicto, sino parte esencial del orden vigente quelo explica. Como tal no es, para utilizar palabras deciertas fórmulas que están en discusión, un máximo

responsable, sino el supremo responsable. La conse-cuencia es obvia: si ello es así, también tiene la cargaprincipal de la reparación, sin que en esta forma sedeba pensar en que sea sujeto de condena o de au-tosanción, sino que su reconocimiento implicaráconsecuencias de reparación a las víctimas tanto enel orden económico-social como en el simbólico.De alguna manera quienes representan o actúanen nombre del Estado así lo vienen admitiendo.

Sus acciones legislativas o ejecutivas orientadas aaportar respuestas reparativas (restitución de tierras,atención a los desplazados, subsidios monetarios,programas sociales, etc.) así lo evidencian. Y lo quees más significativo, en muchos momentos, como elactual escenificado en La Habana, se ha reconocidotambién que hay un conflicto que está más allá delos comportamientos o conductas individuales, yque hay múltiples actores de procesos derivados delmismo, a quienes se les acepta como interlocutoressin que importen las objeciones de criminalidad.

De esta manera, puede empezar a configurarseuna nueva categoría para encarar el conflicto: el reco-nocimiento de que no sólo se puede predicar respectoa la verdad o a la necesidad de otra justicia, sino a lanecesaria reparación. Es un reconocimiento políticoy no jurídico de la realidad del conflicto asociado alorden social vigente, que tiene múltiples efectos.

El Estado, en elsentido de una

dimensión esencialdel orden social

vigente, y no sólocomo aparatos yautoridades, noes un actor más

del conflicto, sinoparte esencial del

orden vigente quelo explica. Como tal

no es, para utilizarpalabras de ciertas

fórmulas queestán en discusión,

un máximoresponsable,

sino el supremoresponsable. Laconsecuencia esobvia: si ello es

así, también tienela carga principalde la reparación.



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En materia de reparación, por lo tanto, la suprema responsabilidades del Estado como dimensión del orden social vigente. Cuestión muydistinta son otras responsabilidades derivadas que inclusive podrían

tener consecuencias de reparación que podrían individualizarse, tantoen el orden económico-social como en el de la realización de ciertasconductas o en el de las expresiones simbólicas.

Y, finalmente, la no repetición Y cuando se exclama para concluir la cadena de expresiones que se re-

quiere un compromiso de no repetición, ¿a qué se está haciendo alusión?¿Qué es lo que se quiere que no se repita?

La respuesta obvia y casi que espontánea es: se quiere que el conflicto

en la modalidad violenta no vuelva a presentarse. Pero, de allí a las condi-ciones de posibilidad hay una enorme distancia. Podría decirse que bastacon que quienes han sido sus actores asuman un compromiso de com-portamiento en la dirección de no rehacer lo que se acuerda terminar.Sería una manifestación conjunta de las partes, pues si recíprocamentese identifican como actores, son ellas las que deben pactar esa promesa.

Pero, la promesa en principio no vincula sino a las partes actualmen-te en diálogo y es imposible que se comunique a quienes no participan.Hay otros actores no presentes y, además, en el devenir histórico, nadie

puede garantizar que renazcan condiciones que reactiven el conflictobajo la modalidad violenta.

Esto fija límites a la posibilidades de la exigencia. Uno insoslayable:sólo compromete a quienes lleguen a acuerdo sobre ella. Pero, hay otromás importante: si el conflicto no es exclusivamente subjetivo, sinosistémico, son las condiciones del orden social vigente las que debenvariar para que no existan circunstancias de renacimiento del conflictoarmado. Es una dimensión mayúscula que un acuerdo como el que estáen ciernes no puede resolver, pero sí contribuir a que existan vías adecua-das para recorrer ese camino, en medio de la naturaleza particular de lasociedad en la cual vivimos.

Una vez más, el papel del Estado es fundamental. Hay otro recono-cimiento que corresponde a sus voceros, labrando aún más esa categoríade la solución. La terminación del conflicto en la forma armada comose ha expresado, no es el fin del conflicto que supone el tipo de sociedadvigente, sino el comienzo de un sendero que contenga elementos positi-vos para su superación.



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n p o l í t i c a

Paz, justicia yConstituyente

Ricardo Sánchez ÁngelDoctor en HistoriaDecano Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

El momento político en Colombia está signado por el avancede los diálogos en La Habana entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la insurgencia armada de las FARC.

Hasta el momento, febrero de 2015, el gobierno y las FARC han

logrado acuerdos en varios de los puntos de la agenda: desarrollo agrariointegral, participación política, cultivos ilícitos, narcotráfico, víctimas,y resta por definirse el de fin del conflicto, así como el mecanismo derefrendación de los acuerdos.

Al respecto, se destaca el hecho de que se haya instalado en La Ha-bana una subcomisión técnica, con presencia de militares activos, quetratará los temas de alto al fuego y hostilidades y de dejación de armas,asuntos que hacen parte del punto correspondiente al fin del conflicto.ambién se instaló una subcomisión histórica del conflicto –la cual hizoentrega de los resultados de su investigación el pasado 12 de febrero–, aligual que una subcomisión de género.

A todo ello se suma la reanudación de los diálogos después de reali-zarse la devolución por parte de las FARC del brigadier general RubénDarío Alzate y el cese al fuego, unilateral e indefinido, decretado por lasFARC a finales de diciembre de 2014. Asimismo, se tiene previsto avan-zar en la discusión de medidas para reducir las hostilidades, el llamado



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“desescalamiento del conflicto”, por la humanizaciónde la guerra con la aplicación de las normas del dere-cho internacional1.

No obstante, en los puntos acordados se dejaronasuntos pendientes por cerrar, los cuales “se discu-tirán más adelante en la mesa, siempre teniendo encuenta el principio de que nada está acordado hastaque todo esté acordado”.

La ConstituyenteLa salida constitucional a lo que se acuerde, para

que tenga legitimidad, ha sido puesto sobre la mesa

por las FARC, que proponen una Asamblea NacionalConstituyente. Sería esta institución la que decidasobre el rumbo, para darle aplicación a lo acordado.La respuesta del presidente Juan Manuel Santos fueque se haría una consulta vía referendo. Dos manerasde concebir la salida institucional, las cuales merecenunas reflexiones que lleven a la mejor alternativa.

Descartar de entrada la propuesta de la Cons-tituyente como lo hizo el Gobierno, como si fuese

un llamado a la debacle, olvida que tal propuestaes constitucionalmente legítima, al igual que el re-ferendo. No obstante, el plebiscito, el referendo y laconsulta, tal como están diseñados, son institucionesde origen bonapartista que dejan la iniciativa en elpresidencialismo y restringen el escenario de la deli-beración democrática, de la acción comunicativa enla sociedad, acerca de los temas a decidir.

La pieza maestra, no sólo de la validación de losacuerdos sino de la necesaria Reforma Política en Co-lombia, es la lucha por una Asamblea Nacional Cons-tituyente de claro signo democrático y popular, con

1 La instalación de la Subcomisión Técnica desató la críticade la oposición de derecha del “Uribato”. La medida, encambio, debe ser vista en forma positiva. Aquí es buenorecordar a Alberto Lleras, quien en sus Memorias (Bogotá:Banco de la República/El Ancora Editores, 1997) cita al epi-gramista Carrasquilla en la célebre cuarteta: “En Colombia,que es la tierra de las cosas singulares, dan la paz los mili-tares y los civiles dan la guerra”. pp. 40-41.


http://www.frontlinedefenders.org/node/20969

David Ravelo Crespo es economista,

defensor de derechos humanos y miembro

fundador de la Corporación Regional para

la Defensa de los Derechos Humanos

(Credhos). Detenido desde 2010.


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plenos poderes para cambiar no sólo lo que a temasconstitucionales se refiera, sino también leyes concarácter de aplicación urgente en materia de reforma

agraria y urbana, de trabajo masivo justo y digno, deorganización financiera (deuda externa, banca cen-tral…) y de un nuevo orden político-regional, unaley por la Nueva Educación Pública y Cultural –Edu-cultura–, al igual que definir sobre nuevas materiascentrales: paz, política exterior, Fuerzas Armadas…La Asamblea Constituyente Popular y Democráticaviene a ser la forma más avanzada de la democracia,posible de adelantarse en las condiciones del país

como poder alternativo para lograr soluciones ade-cuadas y justas.

La institución de la Asamblea Constituyente tieneuna larga historia en la democracia de Occidente yen el desarrollo del constitucionalismo. Las grandesrevoluciones, como la francesa y la de Estados Uni-dos, y entre nosotros la revolución de independencia,fundaron, reformaron y expidieron, una y otra vez,enmiendas o nuevas constituciones2. Fueron sali-

das supraconstitucionales o extra-constitucionales,producto de necesidades urgentes en el devenir dela República, como concretar acuerdos de paz, porejemplo. La valoración de cada momento constitu-yente hay que realizarla en su contexto histórico.

Para el caso de la constituyente del año 1991, loque se logró fue desbloquear las salidas extraordina-rias que se hacían necesarias para el logro de altos in-tereses de la nación. La Constitución que resultó fuehíbrida en materia de poder constituyente. Combinólo autoritario de arriba hacia abajo, el plebiscito conlo democrático y la Asamblea Constituyente3.

2 Para un estudio del poder constituyente en la revolucióndemocrática, véase Negri, A. El poder constituyente. Ensayosobre las alternativas de la modernidad. España: Libertarias/Prodhufi.Negri, 1994.

3 He realizado en su oportunidad este escrutinio para el pe-ríodo comprendido entre 1886 y 1991, en Sánchez Ángel, R.Política y Constitución . Bogotá: Fundación Universidad Cen-tral, 1998. Cap. “El poder y las constituyentes en la historia

La Constituyentecomo nuevo poder

transitorio vienea ser este tipo

de herramienta jurídica legítima,

en que el derechoes camino parala paz. Se trata

de un escenario

de lucha que serádecidido por la

opinión nacional.Tal perspectiva

no cancela laautoorganizacióny la movilizaciónpermanente delos de abajo, delos trabajadores,

hacia formasdecisorias de poder

dual, hacia elEstado Comuna.La ecuación va a

cambiar: no es larevolución la quehace posible lapaz, sino que através de la paz

se puede avanzarhacia la reformay la revolución.



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No se entiende, que si la Constitución ha sufrido numerosas reformas, no se puedahacer ahora una gran reforma a la misma, conservando lo esencial en materia de derechos.El Gobierno no puede oponerse a que la cuestión agraria, la crisis humanitaria, la soberaníafrente a las multinacionales, el derecho pleno a la vida, la democracia política y la justicia

social se discutan con carácter decisorio en un escenario de poder distinto al del Congreso,que representa los intereses de las clases altas, el clientelismo y la corrupción, y es un apén-dice del presidencialismo bonapartista.

Los propios resultados de estas elecciones, con cambios cualitativos o no en la situaciónpolítica, pueden favorecer a las FARC, igual puede que no, por lo menos en la apuesta deser mayoría en la Asamblea. Este es un asunto que no está decidido de antemano. Además,el Gobierno podría obtener la mayoría.

El argumento de que las fuerzas de la derecha, con el protagonismo del expresidente Álvaro Uribe, podrían alzarse con un triunfo decisivo, es interesante. Ello puede suceder ono, y sólo la democracia debe dar la solución. Invalidar la conveniencia de una AsambleaConstituyente porque puedan ganar las FARC o el “Centro Democrático” no es válido enlo conceptual republicano.

Digamos que las FARC, como fuerza política que aspira al protagonismo y al poder,están haciendo una apuesta. Aspiración legítima que puede resultar al revés, y ese es uncálculo que habrán hecho al presentar su propuesta. Están confiados en el deshielo de loestablecido y en la fluidez de las aguas de la democracia.

colombiana 1886-1991”. pp. 35-63.

https://www.betazeta.com/tag/protesta/



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Es de prever otro escenario, posible y deseable.El que la Constituyente sea pluralista, con mayoríasy minorías, pero con una representación que evite

hegemonías y unanimismos. Sería un escenario deacuerdos sobre los poderes, sobre su reparto, sobre losmodelos económicos, la soberanía y el mundo de losderechos. Expediría una Constitución y unas medi-das legítimas. Sería un pacto de paz.

Hay que ir hacia un gobierno de unidad nacio-nal por la paz, lo cual significa que tiene que ser deamplia coalición, con ese programa como núcleoduro, intransigente, sin concesiones para el logro de

ese propósito. Ese gobierno comienza por darle re-construcción simbólica, social y política al Estado, yacompaña la Asamblea Nacional Constituyente, a loque se suma una comisión de la verdad. Estaríamosen un período de transición4.

El debate que necesita Colombia debe ser en paz,absolutamente libre, sin cortapisas para nadie, en elque compitan todos los programas sobre la sociedad.

Allí tendrá su oportunidad la democracia.

La Constituyente como nuevo poder transitorioviene a ser este tipo de herramienta jurídica legítima,en que el derecho es camino para la paz. Se trata deun escenario de lucha que será decidido por la opi-nión nacional. al perspectiva no cancela la autoor-ganización y la movilización permanente de los deabajo, de los trabajadores, hacia formas decisorias depoder dual, hacia el Estado Comuna. La ecuación vaa cambiar: no es la revolución la que hace posible lapaz, sino que a través de la paz se puede avanzar haciala reforma y la revolución.

4 Véase “Un gobierno de transición hacia la paz”, entrevistarealizada a Ricardo Sánchez Ángel por Jesús Ortiz Nieves,que se encuentra compilada en Sánchez Ángel, R. Crítica yalternativa. Las izquierdas en Colombia Bogotá: Editorial LaRosa Roja, 2001. 2ª edición.

El Gobierno nopuede oponerse

a que la cuestiónagraria, la crisishumanitaria, la

soberanía frente alas multinacionales,

el derecho plenoa la vida, la

democracia política

y la justicia socialse discutan con

carácter decisorioen un escenario

de poder distintoal del Congreso,que representalos intereses de

las clases altas, elclientelismo y lacorrupción, y esun apéndice delpresidencialismo

bonapartista.



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El valor supremo de la pazEn el debate sobre la aplicación de la jus-ticia transicional surgen los desacuerdos

entre justicia y paz: por un lado, los queexigen mayor –completa– justicia comocastigo, demandando que los delitos de lesahumanidad no queden impunes; y los queexigen la paz sin condiciones, que ven en la

justicia un obstáculo para el logro de la paz.La contradicción entre paz y justicia, asíplanteada, no se resuelve con unos criteriosde equilibrios, de mínimos aproximativos,

sino a partir de un nuevo concepto de pers-pectiva histórica concreta. Por ello digo,que al argumento de que la paz sin justiciagenera impunidad, hay que señalar que la peor impunidad es continuar la guerra y la

violencia y la peor injusticia es la falta de

paz. Se debilita la soberanía de la Consti-tución, se acorrala el orden republicano yse violan sistemáticamente los derechoshumanos.

Con este criterio de realismo históricoy de una ética práctica, se debe desplazarel análisis a lo necesario y lo posible. Cru-damente, las relaciones entre guerra y pazrequieren de las evaluaciones concretas. Es-tablecer las ecuaciones de ética y eficacia enlos resultados, a través del derecho, fruto deacuerdos nacionales, que son los que con-cretan la paz. De ninguna manera puede ser

la paz de los vencedores, a la manera de laPax Americana, pero disfrazada 5.

El murmullo y el rizo de la opiniónpública autónoma y deliberante, en aldeas,

pueblos, calles, cafés, ciudades, universida-des, salas de redacción, conciliábulos de ju-ristas, médicos, científicos, humanistas…,esa que se constituye en un intelectual gene-ral, de hombres y mujeres, demanda la pazcomo propósito nacional, al igual que la co-munidad internacional y política. Este es eldesafío sociológico para unir a la República,a la nación, dividida profundamente por los

odios, los rencores, la venganza, la ordalíapor doquier, que acompaña las injusticias detodo orden. Esta perspectiva histórica le damás fuerza a la verdad, propicia la eficaciade la restauración, hace efectivos los dere-chos de las víctimas y permite éticamente elperdón recíproco sin olvido.

Los colombianos, y en especial lascolombianas, no creen en propósitos me-diáticos manipuladores ni en continuar laguerra con su tragedia a cuestas. Por ello,demandan, con voz altiva y paso erguido,que se cancele la confrontación armada,cese la violencia y se acuerde la paz.

5 Referentes históricos fundamentales se en-cuentran en Kelsen, H. La paz por medio delderecho . Madrid: Trotta, 2008. 2ª edición; Zolo,D. La justicia de los vencedores. De Nuremberg aBagdad. Madrid: Trotta, 2007. Ferrajoli, L. Razo- nes jurídicas del pacifismo. Madrid: Trotta, 2004.

http://www.traspasalosmuros.net/



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n p o l í t i c a

Una justicia másallá del derecho

Sergio De Zubiría Samper

Profesor AsociadoDepartamento de FilosofíaUniversidad de los Andes

La profundización de las negociaciones en La Habana y la en-trega del Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y susVíctimas - CHCV, han desatado importantes debates conceptuales sobrela idea de justicia, las responsabilidades en el conflicto armado internoy los caminos aconsejables para el fin de este conflicto histórico. El tipode justicia que exige un profundo proceso de paz y la forma de enfrentarlas responsabilidades se ha convertido en un asunto ineludible para suadecuada terminación.

El presente ensayo intenta centrarse en ciertas nociones filosóficas de justicia, partiendo de un conjunto de premisas teóricas que es conve-niente hacer explícitas. Consideramos que una teoría de la justicia tienemayores potencialidades para la vida humana y la paz, si toma su puntode partida en la filosofía y no en el derecho. La primera premisa, siguien-do el camino de pensadores como Nietzsche y Benjamin, es reiterar queuna “justicia” limitada al derecho o al orden jurídico existente culmina

Si la justicia llegare a desaparecer,no tendría más valor la vida del

hombre sobre la tierra.

Inmanuel Kant



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incrementando el ciclo infinito de la violencia. Portal motivo, la historia concreta del derecho ha sido lasimplificación de la justicia. La segunda sería postular

que estas polémicas tienen una larga trayectoria en elpensamiento filosófico occidental, hasta tal punto quela reducción de la justicia a simple “obedecer leyes”niega el espíritu de la propia filosofía en Occidente. Latercera es sostener que el sentido auténtico del derechoes ponerse al servicio de la justicia, y no al contrario;una justicia domesticada por el ordenamiento jurídicoes su propia negación.

Meditaciones filosóficasLos nombres con que la antigüedad clásica designó

la justicia fueron Temis, Dike y Dikaiosyne. Las dosprimeras son figuras femeninas de la mitología griegaque representan el “buen consejo en las asambleas”(Temis) y el “orden de la comunidad política” (Dike).Dikaiosyne será el término que la define como lavirtud que exigen los nuevos tiempos por su carácterfundamental y general1. Heráclito elabora la primera

reflexión filosófica sobre su significado, al sostener ensus Fragmentos que “no conoceríamos el nombre de la

justicia si estas cosas, las injusticias, con toda probabi-lidad no existieran”. Es partiendo de la conciencia delas injusticias que descubrimos la experiencia real de la

justicia, y su realización exige la lucha, la dificultad yel conflicto.

En los Diálogos de Platón, especialmente en La Re- pública, el tema central es la naturaleza y concreciónsociopolítica de la justicia. El filósofo toma distanciade definiciones de justicia tales como “el interés delmás fuerte”; “detentar el poder en interés propio”;“gobierno constituido”; “dar a cada uno lo que leconviene”. Esta toma de distancia de aquellas visionestoscas de justicia solo es posible a través de la educa-ción ( paideia), porque la construcción de una polys osociedad justa está siempre unida a una educación para

1 Gómez Robledo, Antonio. Meditación sobre la justicia . Méxi-co: F. C.E., 1982. pp. 12-17.

http://www.eltiempo.com/multimedia/infogra-

fias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475



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e injusto, del que no las respeta. Mientras,

en el segundo caso, denominamos justo alque observa la igualdad e injusto al que nola observa. La justicia que le preocupa más alfilósofo es esta última, porque es la que bus-camos. La médula de la justicia es la nociónde igualdad. La primera ya está establecidapor las normas jurídicas; la segunda es lapermanente búsqueda del ser humano. Parael estagirita, el problema central de la justicia

particular es ante todo la consecución dela igualdad. Pero reconoce que esta nociónde igualdad es bastante compleja y por ellodistingue dos tipos de justicia particularo de relaciones con la igualdad. La justicia“distributiva” que se aplica en la “reparticióndel honor, de la riqueza y de otros bienes di-visibles entre los miembros de la comunidadpolítica”2, para que a cada uno le toque detodo aquello una porción correspondiente asu mérito y dignidad. Esta justicia distribu-tiva caracteriza las relaciones entre la polys ysus ciudadanos en asuntos de igualdad, entreel todo ( polys) y las partes (ciudadanos). La

justicia “conmutativa, reguladora, correctiva,reparadora”, involucra a todas las relacionesvoluntarias e involuntarias entre los miem-

2 Aristóteles. Ética Nicomaquea. 1130 b 30.

Consideramos que unateoría de la justicia tienemayores potencialidadespara la vida humana y lapaz, si toma su punto de

partida en la filosofía y noen el derecho. No se trata

de una justicia para la

transición, sino una justiciapara la memoria más alládel derecho, que siembre

las semillas de la paz.

la justicia. Con Platón, podemos afirmar queel fin último de la educación es formar en

justicia y consolidar sociedades justas. La justicia es aquella virtud social que posibilitaa todos los estamentos o grupos de la polys “hacer lo suyo”, no por constricción exteriorsino por la virtud que en cada grupo debeestar presente.

Aristóteles comienza por hacer la distin-ción entre “justicia legal” y “justicia particu-lar”. Lo cual establece también una diferenciaentre lo “legal” y lo “igual”. Dícese “justo”,en el primer caso, del que obedece las leyes,



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bros de la comunidad política, en asuntos de

igualdad. Aspira a tener siempre en cuentael caso concreto y el individuo concreto; larelación entre las partes. Existen tres clasesde interacciones entre los miembros de esacomunidad: acciones infortunadas, erroresde cálculo y acciones injustas.

La complejidad de la justicia comoigualdad obliga a Aristóteles a formular lanecesidad de concurrir en una justicia polí-

tica, en la equidad y la amistad. La justiciapolítica no es otra especie de la justicia, sinola encarnación de las anteriores. Constitu-ye la necesidad de que la justicia se realiceen la polys, como aquella comunidad deindividuos libres e iguales, cuyo fin es la au-tosuficiencia colectiva. En una comunidadpolítica con estas características pueden losseres humanos potenciar de manera armó-nica todas sus facultades. Aunque lo justoy lo equitativo pertenecen a la misma redde nociones éticas, para Aristóteles “equi-tativo” es superior a “justo”. El sentido deesa superioridad se deriva de las dificultadesque se presentan cuando es necesario aplicarcriterios de justicia en los casos particulares,porque aparecen circunstancias singularesque nunca hubieran podido ser anticipadasen el nivel de las normas. En consecuencia,

La primera premisa,siguiendo el caminode pensadores comoNietzsche y Benjamin,es reiterar que una“justicia” limitada alderecho o al orden jurídico existente culmina

incrementando el cicloinfinito de la violencia.Por tal motivo, la historiaconcreta del derechoha sido la simplificaciónde la justicia.

en el momento de la aplicación a casosparticulares se muestra que la equidad essuperior al simple sentido de justicia, yaque puede enmendar la norma, suplir susnaturales deficiencias y recurrir a principiosuniversales superiores a la norma escrita. Loque caracteriza al ser humano equitativo essu capacidad intelectual de juzgar de acuer-do con principios generales, también en loscasos particulares. La equidad participade ese elemento que es ajeno al derecho: laindulgencia, que permite corregir en ciertos

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475



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Reflexiones contemporáneasEn el destacado ensayo de Kant, Sobre

la Paz Perpetua (1795), las reflexiones sobre

la justicia se ubican en el horizonte de suscomplejas relaciones con la ética y la política.Para este inmenso filósofo, la justicia es ob-

jetiva, igualitaria y universal; como tambiénla justicia solo será posible en un estado depaz universal y perpetua. Es el positivismo

jurídico el que simplifica la justicia modernaa mera aplicación de normas y castigo.

El filósofo hispanoparlante Luis Villoro3

postula la existencia contemporánea de dosvisiones contrapuestas de justicia. Una es laperspectiva teórica que parte de la idea de unconsenso racional entre sujetos iguales queestablecen relaciones entre sí, en términosque reproducen los rasgos de una democra-cia bien ordenada. A esta concepción perte-necen visiones liberales y socialdemócratas,como las postuladas por Rawls, Habermas,

Sen, Nussbaum, etc. Y otra orientación teó-rica que, en lugar de suponer un consensoracional para fundar la justicia, parte de suausencia y, desde la percepción de esa injus-ticia real, proyecta lo que podría remediaresa situación de injusticia. Se inspiran enBenjamin, Adorno, Derrida, Lyotard, Fraser,Honneth, odorov, Mate, etc. Estas dos co-rrientes abordan la justicia desde perspectivasdivergentes: como consenso racional o comorespuesta a la injusticia y las desigualdades.Sus divergencias se van profundizando aldesarrollar sus enfoque teóricos. El primermodelo es, podemos afirmar, la autosuficien-cia cognitiva de la teoría; el segundo modeloes la interpelación y escucha de los otros.

3 Villoro, Luis. Los retos de la sociedad por venir .México: F.C.E., 2007.

La segunda premisa

sería postular que estaspolémicas tienen unalarga trayectoria en el

pensamiento filosóficooccidental, hasta tal

punto que la reducciónde la justicia a simple

“obedecer leyes” niega

el espíritu de la propiafilosofía en Occidente.

casos el rigorismo de la norma jurídica.La equidad resulta siempre mejor que elderecho y constituye la justicia del casoconcreto. No obstante reconociendo su ex-

celencia, para Aristóteles, la justicia necesitade la amistad para cumplir su función plenade solidaridad social. Hace falta otra dispo-sición de ánimo que transforme la igualdaden vibración íntima a través de la amistad.Es una obra del corazón y la amistad, es lomás necesario en la vida. Frente a la frialdaddel derecho, la justicia evoca políticas de laamistad para realizarse.

La sabiduría filosófica clásica concibe la justicia como virtud, idea, acción, máxima,valor, pero nunca exclusivamente como de-recho. La naturaleza de la justicia siempreintroduce los asuntos de la igualdad y lasinjusticias, que no pueden reducirse nuncaa normas legales. La incondicional rendi-ción al derecho positivo, siempre culminaen la negación de la justicia.



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Para la primera posición, hay que conocerde antemano la esencia de la justicia parapoder identificar la situación justa o injusta.

Desde una teoría autosuficiente juzgamos elmundo concreto y lo determinante es el res-peto al procedimiento acordado para llegaral consenso racional (que sean todos los afec-tados los que decidan). “A nadie se le escapaque esta forma de abordar la justicia poco onada tiene que ver con la de los antiguos: enprimer lugar, se pone el acento en la libertady no en el pan, es decir, se asocia lo justo a

decidir con el mismo grado de libertad eindependencia y no a la reparación del dañocausado; por otro, se sustituye al otro por elnosotros, es decir, en lugar de relacionar la

justicia con la respuesta a la pregunta de quiénha sufrido injusticia, colocamos la decisióncolectiva como el eje de la justicia: en vez dela creación del bien común, su reparto, es de-cir, desaparece el concepto de justicia general

en provecho de la justicia distributiva”4. Susdefectos principales se notan en el traslape dela justicia por la libertad, el abandono de laigualdad material, el excesivo peso del proce-dimentalismo que confunde sufrimiento condecisión colectiva y la reducción de la justiciageneral sólo a justicia distributiva.

Para la segunda mirada, es la experienciareal de la injusticia la que obliga a construirteorías tentativas de la justicia desde la injus-ticia. La experiencia de la injusticia no puedeperderse nunca de vista en la elaboraciónteórica, es decir, lo determinante es estarsiempre abiertos al sufrimiento de otros sereshumanos, porque la justicia es memoria re-dimida de todas las injusticias y de cada casode injusticias. La injusticia es primera tanto

4 Mate, Reyes. Tratado de la injusticia . Barcelona:Anthropos, 2011. p. 15.

La tercera premisa essostener que el sentidoauténtico del derechoes ponerse al serviciode la justicia, y no alcontrario; una justiciadomesticada por elordenamiento jurídico

es su propia negación.

histórica como lógicamente. El sentimientomoral de indignación y la capacidad de inter-pelar toda forma de injusticia son condicio-

nes de toda justicia. Podemos denominarlauna justicia como memoria, reparadora,reconstructiva o restauradora. La experienciade la injusticia es el lugar filosófico privile-giado para una posible teoría de la justicay la memoria el escenario determinante dela injusticia. Esta justicia como memoria oreparadora toma distancia de los defectos dela justicia liberal. A los intentos de reducir la

justicia a la libertad los interpela exigiendo lareparación plena del daño; a la igualdad abs-tracta le opone la igualdad material; al proce-dimentalismo le opone la ambiciosa máximamoral de que “nada se pierda” en la memoriade todas las injusticias (Benjamin); y, a la

justicia solamente distributiva, le recuerda lanecesidad de una justicia general como biencomún. No se trata de una justicia para la

transición, sino una justicia para la memoriamás allá del derecho, que siembre las semillasde la paz.



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N e

o l i b e r a l i s m o R a

m p a n t e

HSBC: Finanzas,

lavado de activosy evasión fiscal

Daniel Libreros Caicedo

Profesor del Departamento de DerechoUniversidad Nacional de Colombia

Los antecedentes históricos del HSBC

Desde su fundación por parte del comerciante escocés To-

mas Sutherland hacia 1865, el banco HSBC, cuyas siglassignifican “Hong Kong and Shanghai Banking Corporation”, ha estadovinculado con el lavado de dinero asociado al tráfico de drogas. En efec-to, el HSBC fue fundado después de que finalizaron las dos “guerras delopio” (1839-1842 y 1856-1860) con las que los ingleses, con el apoyo de

Washington y Francia, obligaron a China a aceptar las importaciones deopio provenientes de la India, que hacía parte del imperio británico, eimpusieron dominio colonial sobre Hong Kong que para la época reci-bía el 70% aproximado de su flete marítimo en opio.

Un siglo y medio después, en 2014, el HSBC que actualmentefunciona como un gran grupo financiero transnacional que emplea a260.000 trabajadores y cuenta con 54 millones de clientes en un radiode acción que incluye a 75 países1, preserva la tradición de asociarsecon el negocio de la droga, lo que ha sido reconocido por las agenciasgubernamentales norteamericanas, entre ellas la OCC - Office of theComptroller of the Currency, la cual documentó que en años recientes

1 Datos tomados de su página web oficial en: http://www.hsbc.com/about-hsbc


http://www.hsbc.com/about-hsbchttp://www.hsbc.com/about-hsbc


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Neoliberalismo Rampante

el HSBC había abierto ventanillas en México pararealizar lavado de activos2.

Más aún: HSBC ha confesado públicamente sus

vínculos con el narcotráfico. En el propio parlamen-to norteamericano fue registrado este hecho comoantecedente para cuestionar la ausencia de sancionesgubernamentales por este tipo de prácticas fraudu-lentas. Efectivamente, hacia mediados del 2013, lasenadora del Partido Demócrata Elizabeth Warren,en debate desarrollado en comisión parlamentaria,increpó a David Cohen, quien oficiaba como vocerodel Ministerio de Finanzas dado su cargo de subse-

cretario responsable de la lucha contra el terrorismoy el espionaje financiero, a propósito de la ausenciade sanciones para una entidad, diciendo que “En di-ciembre de 2012 ... HSBC confesó haber blanqueado881 millones de dólares procedentes de los cártelesmexicanos y colombianos de la droga, y el banco haadmitido también haber violado las sanciones. HSBCno lo ha hecho solo una vez, sino de forma reiterada.HSBC ha pagado una multa pero ningún individuo

ha sido expulsado de la profesión bancaria y no seha oído hablar de un posible cierre de las actividadesde HSBC en Estados Unidos. Querría que nos res-pondiera a la siguiente pregunta: ¿Cuantos miles demillones de dólares debe blanquear un banco antesde que se considere la posibilidad de cerrarlo?...”3. Sinembargo, después de todas estas denuncias el HSBCrecibió en diciembre pasado una multa de US$1,9billones, monto que puede recuperar en tan solouna semana de ganancias operativas. La impunidad,

2 Matt Taibbi, “Gangster Bankers: Too Big to Jail. HowHSBC hooked up with drug traffickers and terrorists. Andgot away with it”, Revista Rolling Stone (14/02/2013):http://www.rollingstone.com/politic. Citado por EricToussaint en “Los Barones de la banca y la droga”,11 de Febrero del 2015, en http://cadtm.org/rubrique1

3 Ibíd.




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resultado de la capacidad de soborno de los grupos financieros sobre los gobiernos, es unade las características de la globalización neoliberal.

La sucursal de HSBC en Suiza: un gran paraíso fiscal

La sucursal de HSBC en Ginebra venía ofreciendo a sus clientes el servicio de escondercapitales en un país reconocido como paraíso fiscal. En marzo de 2008, Hervé Falcia-ni, exfuncionario de esta sucursal, entregó información que recolectó confidencialmentedurante los años 2006 y 2007 que involucraba a 106.000 clientes en 200 países, quienesadministraban en sus cuentas 180,6 millardos de euros4.

Falciani viajó en primer lugar a Libia al ser requerido por las autoridades suizas por ha-ber violado el secreto bancario y luego se instaló en España en donde se ha involucrado conPodemos. La información fue recogida, en primer lugar, por funcionarios gubernamentalesy autoridades judiciales de Francia y Alemania. En el caso de Francia, la entonces Ministrade Defensa, Michèle Alliot Marie, intentó eliminar la evidencia dando órdenes al fiscal

4 El cuadro reseñado anteriormente fue tomado del periódico Le Monde del 15 de febrero y muestra por paísesel número de clientes más representativos.



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de Niza, Eric de Montgolfier, para que la retornara aSuiza, y el fiscal se opuso5. Posteriormente, Falcianientregó los datos confidenciales al diario francés Le

Monde y al Consorcio Internacional de Periodistas deInvestigación (ICIJ), los cuales realizaron una investi-gación detallada en cada país, publicitándola a princi-pios de este año y confirmando con nombres propioslo que ya es suficientemente conocido a propósito delo que representan los paraísos fiscales, espacios des-regulados del capital globalizado, autorizados por lalegislación financiera, por donde circulan dineros delas mafias de la droga, de los vendedores de armas, de

los sobornos a políticos y los ingresos no declarados deempresarios y banqueros transnacionales.

El listado Colombia del HSBC-Suiza La plataforma del periodismo latinoamericano

Connectas –que es parte de ICIJ– se asoció con Se-mana, El Espectador y Noticias Uno para investigar alos 286 clientes incluidos en la lista Falciani. Las con-

clusiones del estudio fueron publicadas en la prensaescrita el 1 de marzo pasado mediante una reseña ge-neral que deja lagunas informativas. Estas conclusio-nes reconocen que “entre los clientes se encontraronnarcotraficantes, lavadores, pero también familias deindustriales, banqueros, amas de casa, profesionalesde la salud, estudiantes y hasta un desempleado…”6.La reseña periodística cita en primer lugar a la Cor-poración Andina de Fomento (CAF), la cual “registrael saldo más alto: 57 millones de dólares a través de

5 Le Monde , 11 de enero, “Operación Chocolate”. Esta Minis-tra ha sido un personaje importante de la derecha francesa.En febrero de 2011, cuando oficiaba de Canciller del gobier-no de Sarkosy, debió renunciar a causa del escándalo quesignificó haber aceptado unas vacaciones pagadas por unmagnate tunecino asociado al entonces dictador de Túnez,Zine El Abidine Ben Ali”, escándalo que eclipsó su carrerapolítica.

6 Revista Semana , “La Lista HSBC en Colombia”, 1 de marzode 2015.




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siete depósitos a nombre de cuatro ejecutivos residen-tes en Colombia…”7, y añade para intentar justificara esta entidad que Enrique García, su Presidente,

ya ha aclarado que como se trata de dineros para lainversión y de carácter supranacional están exentosde impuestos. ¡Como si los recursos de una entidadque financia proyectos para la Comunidad Andinay que cuenta con instituciones aprobadas medianteconvenios multilaterales puedan ser invertidos enparaísos fiscales que sirven al lavado de activos y alfraude fiscal, sin ninguna responsabilidad! Luegoañaden: “Dentro de la investigación periodística se

descartaron 103 nombres porque sus cuentas apare-cen en ceros, entre ellos extraditados, clanes vincula-dos con el paramilitarismo, empresarios investigadosen Estados Unidos por compra ilegal de dólares yprotagonistas del escándalo bursátiles…”8. El hechode que las cuentas se encuentren en ceros en el lapsoen que Falciani obtuvo la información no significaque no hayan utilizado los servicios del HSBC-Suiza.¿Por qué entonces no divulgan los nombres?

Posteriormente, la información periodística encuestión gira hacia personajes involucrados en lavadode dinero que ya habían reconocido tener cuentas enHSBC. Es el caso de Gustavo Durán Bautista, nar-cotraficante que fue detenido en el 2007 en Uruguaycon 500 kilos de cocaína. Adiciona la crónica queuno de sus hombres de confianza fue detenido enFrancia un año atrás y confesó que tenía 10 cuentasen el HSBC-Suiza por 3 millones de dólares. Citaa Andrés Piedrahita, quien estuvo involucrado en elfraude Madoff y que también había reconocido tenerdepósitos en HSBC. Igualmente a Salvador ErieriGallo, promotor inmobiliario que fue acusado en el2010 por uno de sus socios de lavado de dinero conel objetivo de comprar títulos de PVDSA y vender

7 Ibíd., 1 de marzo de 2015.8 Ibíd., 1 de marzo de 2015.

El HSBC, queactualmente

funciona comoun gran grupo

financierotransnacional que

emplea a 260.000trabajadoresy cuenta con

54 millones declientes en unradio de acción

que incluye a 75países, preserva

la tradición deasociarse con el

negocio de la

droga, lo que hasido reconocidopor las agencias

gubernamentalesnorteamericanas,entre ellas la OCC

- Office of theComptroller of the

Currency, la cualdocumentó que

en años recientesel HSBC había

abierto ventanillasen México pararealizar lavado

de activos.



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https://roblesmaloof.files.wordpress.com



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dólares en el mercado negro. Para lograr este objetivo movió 20 millonesde dólares en el HSBC9.

Llama la atención que en las conclusiones informativas presentadas

ante la opinión pública no haya ningún comentario sobre SalomónKassin, a pesar de que figura en el listado-Falciani10 y de que ha estadoinvolucrado en los recientes escándalos financieros de Inter Bolsa, EasyFly y la Bolsa Mercantil, en los que aparece implicado como banquerode inversión. Se trata del mismo personaje que en 1997, en el periódicoEl iempo fue denunciado por el actual presidente Santos como res-ponsable de haber utilizado testaferros para que el fondo de inversiónElectric City Fund Inc. adquiriera a ermocartagena. El mismo queapareció como miembro de la Junta Directiva de West-Sphere, fondo de

inversión estadounidense con capitales diseminados por toda AméricaLatina, que en el caso de Colombia utilizó la representación del Bancodel Pacífico, entidad financiera de ingrata recordación por sus opera-ciones fraudulentas en las que los funcionarios cercanos al gobierno de

Andrés Pastrana tuvieron un papel protagónico11.Incluye la reseña periodística a Frank Giustra, multimillonario de

origen canadiense y accionista de Blues Pacific, Pacific Rubiales y la ma-derera Prima Gran Colombia Gold. Complementa el acervo informativocon estos datos: “abrió una cuenta en HSBC en el 2002 con una cantidad

que superó los 10 millones de dólares. Giustra es uno de los grandesdonantes de la fundación Clinton y según investigó Te New York i-mes acompañó al expresidente de Estados Unidos a Kazajstán a compraruna compañía estatal de explotación de uranio. Te Wall Street Journaltambién denunció que en 2008 Clinton acordó con el señor Giustra unencuentro con el Presidente colombiano Álvaro Uribe y que esta reunión

9 Sobre los grupos empresariales internos el Informe dice: “En total esta investiga-ción identificó 31 clanes, de estos 17 grupos familiares concentran 179 de los 276

millones de dólares asociados a Colombia. Grupo familiar de los Steuer Gutiérrezcon empresas de fachada en Bahamas. Por otra parte los Scarpetta Geneco, em-presarios del Valle del Cauca, que abrieron siete empresas diferentes, gran partedomiciliadas en Tórtola, la capital de las Islas Vírgenes británicas. Siete miembrosde las familias fueron clientes de HSBC…” Ibíd., 1 de marzo de 2015.

10 En la anotación respectiva de la lista dice: “Kassin Tesone Rafael/Textiles y Plás-ticos Safra –murió–Hermano Salomón. Efectivamente Rafael Kassin murió hacevarios años”.

11 Además, “Por hacer inversiones en Latinoamérica este fondo recibía dinero delpresupuesto de los Estados Unidos a través de la agencia pública OPIC que tieneque ver con la protección de inversiones”. Germán Castro Caycedo en el libro “SinTregua”, en el que describe en detalle los fraudes del Banco del Pacífico apoyado enlos debates parlamentarios de Gustavo Petro.



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permitió que Pacific Rubiales lograra un arreglo con Ecopetrol para hacerse a un campopetrolero…”12.

Los colombianos hemos quedado notificados de cómo actúa Pacific Rubiales para obtenerconcesiones petroleras y del papel de intermediarios de negocios privados de Bill Clinton y

Álvaro Uribe. Pero hemos recibido una notificación adicional cual es la de que parte de lasganancias que obtiene Pacific Rubiales destruyendo territorios en el país deben estar circu-lando en los depósitos secretos del HSBC, evadiendo impuestos. Mientras tanto –y con la

justificación de la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos– el gobierno deSantos, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, acaba de instalar una comisión técnicaque redactará una propuesta de reforma tributaria para presentar al Congreso en el segundosemestre de este año, comisión que según las declaraciones de algunos de sus integrantesterminará por aumentar el IVA. Como si fuera poco –y con el mismo argumento de la reduc-ción de los precios de los hidrocarburos–, el Plan de Desarrollo, elaborado por los técnicosgubernamentales y que actualmente se discute en el Congreso, propone la renegociación delos contratos petroleros en favor de las empresas multinacionales, incluyendo rebajas tribu-tarias. ienen estas mismas empresas “patente de corso” para despedir masivamente a lostrabajadores del sector. Desde los inicios de 2015 se calcula que el número de despedidos enla industria petrolera llega a aproximadamente 20.000 contratistas.

A ello se suma la quiebra de ECOPEROL causada por el fracaso de la política energéticaoficial que ha producido el despido de cerca de 10.000 contratistas. En consecuencia, la huel-ga que ha votado la USO para los próximos días tiene una gran legitimidad social.

12 Ibídem, 1 de marzo de 2015.




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I z q

u i e r d a e n d e b a t e

La contienda política por

la alcaldía de Bogotá:¿Un paso adelante y dos atrás?

Santos Alonso Beltrán Beltrán

Profesor Universidad Nacional – ESAP

La lucha electoral en Colombia ha sido un campo de batalla enel que se han dado cita los mas disimiles contendores. En al-gunos momentos de la historia nacional han convergido al ruedo repre-sentantes de corrientes políticas con posiciones alternativas enfrentados

a los partidos tradicionales que históricamente, y bajo diversos ropajes,han acaparado la vida política nacional. En esta disputa democrática,casi ininterrumpida, por el poder en nuestro país, han campeado laspracticas más aberradas en materia electoral, aquí hemos tenido desdeel clientelismo político tradicional que se ha enseñoreado de la admi-nistración pública nacional desde mediados del siglo XX, la compra devotos en las regiones que aprovecha la situación precaria en la que vivengrandes sectores de la población nacional, hasta el clientelismo armadode grupos paramilitares que han presionado a los electores para elegira mandatarios locales que secunden su acciones ilegales de apropiaciónde los recursos públicos. Por supuesto se presentan otras prácticas co-rruptas: el nepotismo que ha perpetuado a familias enteras, y por gene-raciones, en el poder político, la participación abierta de funcionariospúblicos en ejercicio favoreciendo a partidos y aspirantes, la financiaciónde actores privados a candidatos para que una vez elegidos favorezcanlos intereses de las firmas o empresas que los patrocinaron. En fin, la de-mocracia colombiana aunque parece ostentar el título de la más antiguade América Latina no es precisamente la más garantista y transparente,y si bien comparte sus vicios con la mayoría de procesos democráticos



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Izquierda en debate

http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_mill

en el mundo, las dimensiones de la corrupción y losdelitos que se cometen contra las prácticas electoralesaquí son de unas dimensiones que distan mucho de

lo acaecido en otros países del vecindario.Por el uso de estas prácticas, la contienda electoral

entre derecha e izquierda política en el país, ha estadoartificiosamente inclinada a favor de la derecha. Lospartidos tradicionales y sus múltiples expresionesregionales, que se presentan como microempresaselectorales, han logrado usar en su provecho esta ba-tería de acciones ilegales para quedarse con el poder,y no han escatimado esfuerzo alguno para eliminar

la posibilidad de ascenso de opciones alternativas.El recetario utilizado para este fin por los partidostradicionales ha sido variado y ha llegado a usar lacooptación política, el señalamiento y el acoso me-diático, pero, aún mas allá, han emprendido accionesde violencia sistemática contra las expresiones deizquierda, llegando, incluso, a eliminar colectivida-des políticas completas, asesinar líderes o condenara la oposición armada a importantes sectores de la

sociedad nacional, todo ello sin experimentar el masmínimo empacho moral. Así no es raro que se tengala idea de que este país es mayoritariamente de dere-cha o por lo menos de centro derecha.

Sin embargo, en los últimos tiempos la AlcaldíaMayor de Bogotá ha estado por tres periodos con-secutivos en manos de partidos de izquierda. Estasituación parecería demostrar que en la capital de laRepublica existe una dinámica electoral menos some-tida a la presión de los vicios y prácticas corruptas quecampean en la política regional. Sea esta una ocasiónpara reflexionar sobre la próxima contienda electoralen Bogotá y sus implicaciones para una Colombiaque se prepara para una sociedad en paz.

Izquierda en Bogotá: ¿Cuál izquierda?La izquierda política en la capital ha estado en elpoder por tres periodos consecutivos. Como se re-cuerda, inició con la administración de Luis Eduardo

http://derechodelpueblo.blogspot.com/2013_01_20_archive.html



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“Lucho” Garzón, continuó en la Administración deSamuel Moreno, que, luego de la destitución del al-calde, termina Clara López, y se extiende hasta ahora

con la alcaldía de Gustavo Petro.La primera reflexión que nos debe ocupar en el

caso de las últimas administraciones de Bogotá, essu verdadera extracción política. Las dos primerasprovinieron del PDA, un partido que ha representa-do a un sector importante de la izquierda nacionaly que en la capital había mantenido un importantebastión electoral. Sin embargo, no se debe olvidar niel destino final de los dos alcaldes ni su procedencia

política. En el caso de Moreno Rojas, el destituidoalcalde era miembro de un partido que se supone re-cogía las banderas del movimiento populista de cen-tro derecha que fundara su abuelo hacia los años 70en Colombia, y luego afiliado al PDA en la dinámicade la confluencia de un frente amplio; su procedenciade izquierda es más que dudosa. En relación a “Lu-cho” Garzón, es un antiguo dirigente sindical que sedesmarcó rápidamente de la lucha obrera y terminó

representando a amplios sectores de la izquierdademocrática que desde el principio desconfiaron desu tendencia a actuar de manera solitaria y megaló-mana; su inicial procedencia obrera queda rebatidapor los coqueteos que desde el principio realizó conla derecha más recalcitrante. En cuanto a su destinofinal, nada puede ser más emblemático para señalarla extraña trayectoria política de estos dos alcaldes delPDA: Moreno Rojas, en la cárcel por corrupción, yGarzón, en las toldas de la administración de derechadel presidente actual. En cuanto a la administraciónde Petro, el mandatario perteneció en algún momen-to al M-19 pero sin ser parte activa de las estructurasarmadas de comandancia o dirección, y luego, am-nistiado, inició una ascendente carrera política quelo llevó, de la mano del PDA, a ocupar en variasocasiones un escaño en el Congreso de la República.Sin embargo, la actitud displicente con el partidoy las posiciones políticas abiertamente contrarias a

Estas administracio-nes han entendido

el problema de lapobreza como una

situación estructuralque demanda laintervención del

Estado distrital par-tiendo de la atencióny solución de necesi-

dades básicas insatis-fechas, pero tambiénde la transformación

estructural de suscondiciones mate-

riales de vida ligadasal bajo desarrollo

institucional y a labaja presencia delEstado en dichas

comunidades.



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los direccionamientos políticos de la colectividad relegaron a Petro dela acción política partidista, por lo que llegó a la Alcaldía avalado poruna colectividad política conformada por antiguos sectores del mismo

M-19, algunas expresiones de centro derecha y políticos alternativosindependientes de centro; enemistado con la izquierda histórica del paísy avanzando con una agenda propia más cercana al centro, su extracciónde izquierda es también un punto discutible.

Otro factor importante que cuestiona la procedencia de izquierdade estas administraciones, es el lamentable tinte de corrupción admi-nistrativa que ha teñido sus logros en materia de política pública. Sinembargo, la memoria selectiva de la opinión nacional olvida con facili-dad procesos de corrupción rampantes ocurridos en administraciones deantaño, como en los casos de Andrés Pastrana y Juan Martín CaicedoFerrer, o que los carteles de la contratación actuaron no solamente enlas últimas administraciones de la capital sino que han operado desdemuchos antes en todo el país, y que en la escala nacional la capacidad decorrupción de estas mafias ha sido ostensiblemente más grande.

En los tres casos es claro que los mandatarios han abandonado loslineamientos políticos-organizativos que los llevaron al poder. al vezpor ello, esa extracción de izquierda parece verse rebatida. Sin embargo,aun en su distancia con la oficialidad de izquierda, sus administracioneshan desarrollado procesos importantes de inclusión social y sus medidas

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han cambiado de manera positiva la forma en quela ciudadanía entiende el gobierno de la capital, enla línea de un nuevo sentido de lo público que rei-

vindica la garantía de los derechos de las poblacionesvulnerables, la eliminación de la segregación y laconstrucción de un espacio urbano más amigable conlos ciudadanos y más sostenible en términos econó-micos y ambientales. Al final, han mantenido unaposición que si bien no se puede caracterizar comoperteneciente a la oficialidad de la izquierda nacional,sí ha logrado mantener un cariz alternativo que des-marca a estos gobiernos de otros orientados por una

imagen restrictiva de la vida ciudadana, imbuidos enla transformación urbanística pero sin una imagenacertada de la situación de pobreza o exclusión, osimplemente conectados con las clientelas del ordennacional con el propósito de favorecer los interesesde castas políticas que han administrado la ciudaddurante décadas.

Izquierda o derecha: ¿continuidad,

replanteamiento o ruptura?En cada periodo los errores cometidos por cada

mandatario han sido gigantes. Las prácticas corrup-tas, que permean el sistema de contratación públicay que en muchas ocasiones están tan enquistadas queningún mandatario puede garantizar la transparen-cia absoluta en la asignación y ejecución de las obras ypresupuestos, han golpeado la imagen de la izquierdacomo alternativa política en la capital. El caso dela administración Moreno Rojas es, como se decía,por antonomasia, el mejor ejemplo de la corrupcióngalopante que carcomió las bases de la legitimidad delas opciones alternativas de poder en Bogotá. Sin em-bargo deben considerarse dos hechos indiscutibles: elprimero, que la ciudad y las dinámicas de gobiernohan tomado perspectivas diferentes y positivas frentea las anteriores formas de administrar la capital; y,la segunda, que el electorado bogotano aún sigue

Las tres últimasadministraciones

de Bogotá handesarrollado

procesosimportantes deinclusión socialy sus medidas

han cambiado demanera positiva

la forma en quela ciudadanía

entiende elgobierno dela capital, en

la línea de unnuevo sentidode lo público

que reivindicala garantía de

los derechos delas poblacionesvulnerables, la

eliminación de lasegregación y la

construcción deun espacio urbanomás amigable con

los ciudadanosy más sostenible

en términoseconómicos yambientales.



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manifestándose a favor de opciones depoder alternativas a las planteadas por lospartidos tradicionales.

En el primer punto, es claro que laciudad ha tomado rumbos diferentes ypositivos en muchos aspectos. Uno delos más importantes tiene que ver con laconstrucción de acciones de política pú-blica orientadas a la desmarginalización, lainclusión positiva y el desarrollo social deimportantes sectores de población en esta-do de vulnerabilidad económica y social.

Estas administraciones han entendido elproblema de la pobreza como una situaciónestructural que demanda la intervencióndel Estado distrital partiendo de la atencióny solución de necesidades básicas insatis-fechas, pero también de la transformaciónestructural de sus condiciones materiales devida ligadas al bajo desarrollo institucionaly a la baja presencia del Estado en dichas

comunidades. En materia de seguridad, seha transitado de una visión peligrosista yrestrictiva a una orientada a la reducciónde las condiciones sociales que producen lassituaciones de inseguridad y que, a su vez,reproducen la inclinación de grupos socialesa delinquir. La seguridad ciudadana se veahora desde una perspectiva más humanaconectada de manera directa con la auto-rregulación, la convivencia, la solidaridady la corresponsabilidad. Otras acciones yperspectivas podrían dar cuenta del impor-tante giro que la administración distrital havenido desarrollando, pero tal vez estos dosaspectos sean parte de lo más representativode los nuevos y positivos planteamientos enmateria de gobierno de la ciudad que hanvenido gestándose en los últimos tiempos.

El segundo punto es también un impor-tante aspecto para entender la continuidadde la izquierda en Bogotá. La dinámica

democrática y electoral en la capital de laRepública es muy diferente de los procesosdesarrollados en la Colombia profunda,donde los electores están más sometidos alas presiones de la corrupción, y donde lasautoridades locales pueden utilizar en su fa-vor los vicios de los que adolece la democra-cia colombiana. Esta observación es certeraen Bogotá, que aun durante la obnubilación

que sufrió el país ante la personalidad auto-ritaria en los mandatos de Uribe, mantuvosu independencia eligiendo mandatariosseparados de la tendencia de la seguridaddemocrática y en abierta oposición a ella. Elelectorado capitalino está más dispuesto a lareflexión crítica y a la valoración indepen-diente de las propuestas de los candidatos,además parece estar hastiado de la perpe-

tuación de las castas políticas en el país. Alos bogotanos de a pie, ni el abolengo ni lapertenencia a los partidos tradicionales lesgeneran ahora mayor respeto; en su lugarexperimentan con opciones diferentes y no-vedosas que por su extracción alternativa yde izquierda no han tenido la oportunidadde administrar la ciudad.

De cualquier manera, las próximaselecciones en Bogotá nos pueden mostrarsi tenemos un país tolerante y abierto a laacción política de tendencias alternativasde izquierda que puedan plantear formasdiferentes de administrar el gobierno, o sipor el contrario las prácticas corruptas y losvicios electorales que iniciaron la violenciaen Colombia se seguirán reproduciendocomo una plaga que se niega a morir.



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N u

e s t r a A m é r i c a

Bajo el látigo de lacontrarrevoluciónMomento crucial de la revolución bolivariana

Jorge Gantiva Silva

Profesor TitularUniversidad del Tolima

La contrarrevolución en acción

Chávez recordaba la sentencia de Marx según la cual lasverdaderas revoluciones necesitan del látigo de la contra-

rrevolución para avanzar. Como crítico de la fatalidad y la resignación,el “arañero” Chávez hablaba de estrategia, estudio, organización, mo-vilización y solidaridad para enfrentar los duros embates de la derechanacional e internacional. Admitió que las fuerzas del imperio-capitaleran poderosas y la capacidad destructiva del enemigo era enorme. Nun-ca despreció la acción estratégica de las fuerzas regresivas del capitalismoque se niegan a desaparecer. Sabía que las clases sociales y los poderesdominantes no desparecen de la historia por voluntad propia, y como

¡Y vienen con todo, y nosotros vamos con todo! ¡Todo golpe tendrá siempre su

contragolpe revolucionario! Hugo Chávez



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Nuestra América

fieras heridas de muerte lanzan los ataques más fero-ces, aferradas al poder, a las riquezas, a los privilegios.

En el lapso de 15 años la reacción venezolana e

internacional no ha perdonado a Venezuela tomarun camino rebelde, autónomo y libre del imperio-capital. Ya desde 2001 los Estado Unidos habíanordenado derrocar al presidente constitucional HugoRafael Chávez Frías, lo cual se concreta en abril de2002 cuando un grupo de militares golpistas apoya-dos por la CIA impuso un gobierno de facto durante72 horas, violando todos los principios democráticosy constitucionales. Fallido el golpe tras la moviliza-

ción popular, continúo el asedio a través del paropetrolero (2002) y la “guerra sucia” y la violencia.

Al mismo tiempo, alentó la serie de provocacionesbélicas auspiciadas por el gobierno de Uribe Vélez,promovió la infiltración del paramilitarismo, alentóla “guerra sucia” interna, organizó varios intentos demagnicidio contra el presidente Chávez, extendió elmodelo del “golpe suave”, vinculó al Gobierno y a lacúpula revolucionaria con el negocio del narcotráfi-

co, instaló una estrategia de “subversión permanen-te” contra la institucionalidad democrática, tomómedidas sancionatorias contra destacados funcio-narios venezolanos por “violaciones a los DerechosHumanos”, desató la guerra económica global (es-casez, sabotajes, desabastecimiento, acaparamiento),suscitó la violencia mediante “guarimbas”, saboteosy homicidios, y recientemente remató con el putsch terrorista –la “operación Jericó”–, que buscaba ase-sinar al presidente constitucional, Nicolás Maduro,bombardear oficinas del alto Gobierno, elesur ydestruir importantes objetivos gubernamentales, mi-litares y económicos. (Véase los estudios y las pruebasdocumentales del gobierno bolivariano, los trabajosde Eva Golinger, Atilio Borón, www.rebelion.org ).

El silencio al respecto de Washington, Madrid yBogotá ha sido elocuente. La felonía siempre juegacon la mentira y la cobardía. Ahora los verdugos apa-recen, víctimas inocentes de la ya conocida cantinela

http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/

carceles-y-presos-de-colombia/14739475

Nº 51, Marzo de 2015 · Bogotá,

Revista Izquierda N° 51, marzo de 2015

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