Revista Izquierda N° 59, noviembre de 2015

Conflicto y solución política Acelerar en Colombia para imponer en La Habana: Un rumbo equivocado · El Consejo Gremial ante el proceso de paz: Retiñendo “la

línea roja” · Una negociación política realista: La justicia transaccional Capitalismo en crisis La próxima recesión Derechas en la mira Nuevos populismos y xenofobia: El amenazador avance de la extrema derecha en Europa Nuestra

América A 10 años del ALCA: ¡La lucha continúa! · Bolivia: Los notables avances económicos y sociales de los últimos años Editorial La toma del Palacio de Justicia

A 30 años de un holocausto que no termina

Nº 59 NOVIEMBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Jairo Estrada Álvarez DirectorJesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción

Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial

Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional

Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista.

Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación

Espacio Crítico EdicionesPublicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudioswww.espaciocritico.com

ISSN-2215-8332Nº 59, Noviembre de 2015. Bogotá, Colombia

Todo el contenido de esta publicación puede

reproducirse libremente, conservando sus créditos.

Conflicto y solución política

4Acelerar en Colombia para imponer en La Habana: Un rumbo equivocadoJairo Estrada Álvarez

14El Consejo Gremial ante el proceso de paz: Retiñendo “la línea roja”José Honorio Martínez

20Una negociación política realista: La justicia transaccionalRicardo Sánchez Ángel

Capitalismo en crisis

28 La próxima recesiónMichael Roberts

Derechas en la mira

38

Nuevos populismos y xenofobia: El amenazador avance de la extrema derecha en EuropaMarcello Musto

Nuestra América

46 A 10 años del ALCA: ¡La lucha continúa!Julio C. Gambina

54Bolivia: Los notables avances económicos y sociales de los últimos añosJosé Luis Rodríguez

Editorial

60La toma del Palacio de JusticiaA 30 años de un holocausto que no terminaJesús Gualdrón

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Acelerar en Colombia para imponer en La Habana:Un rumbo equivocado

Jairo Estrada Álvarez

Profesor del Departamento de Ciencia PolíticaUniversidad Nacional de Colombia

Todo parece indicar que el camino escogido por el Gobierno de Santos para avanzar en la búsqueda de un acuerdo final

con la guerrilla de las FARC-EP, en lugar de fundamentarse en lo esta-blecido en el Comunicado conjunto No. 55 del 12 de julio del presente año “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”, ha tomado un rumbo equivocado que bien puede calificarse como la decisión unilate-ral de “acelerar en Colombia para imponer en La Habana”.

De esa forma, el proceso de diálogos y negociación se verá envuelto por innecesarios y desgastantes debates que en lo esencial harán mucho más compleja y difícil la tarea que se han trazado las Partes de construir un acuerdo sólido y consistente en un tiempo que, visto desde la distan-cia de quienes hacemos seguimiento con juicio y rigor al proceso, es de por sí arriesgado y, cuando menos, problemático. Me refiero al término de seis meses anunciado en La Habana verbalmente y por separado por el Presidente Santos y el Comandante Timochenko el pasado 23 de septiembre. Entre tanto, ha quedado incluso en evidencia que ese lapso se contabiliza con relojes distintos, en la medida en que mientras no se produzca el cierre definitivo del “Acuerdo sobre la Jurisdicción especial para la paz” el reloj de las FARC-EP estará detenido, según se ha sabido por los comunicados guerrilleros.

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Efectos previsibles de la unilateralidad como pretensión de sometimiento

El trámite de proyecto de Acto legislativo, co-nocido el “Acto legislativo para la paz” (por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del “Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y Duradera”), así como el anuncio de tramitar con mensaje de urgencia una reforma a la figura del plebiscito para posibilitar un “Plebiscito para la paz” que refrende los acuerdos pactados, re-presentan una línea de continuidaden la estrategia de negociación del Gobierno que se sustenta en la idea equivocada de que se está frente a un proceso de so-metimiento guerrillero y no de una negociación para diseñar en forma concertada un acuerdo por cuenta de las partes intervinientes.

En el momento en el que se encuentra la negocia-ción, desde luego que son válidos todos los esfuerzos en la búsqueda creativa de soluciones que permitan transitar hacia un Acuerdo final. Asimismo, es rele-vante que se evidencien los límites de las facultades que tiene la Delegación gubernamental en la Mesa, pues es casi de sentido común advertir que cualquier tratado de paz para que sea exitoso, además incorpo-rar los acuerdos sobre las transformaciones necesarias para construirla, debe comprometer al Estado en su conjunto, a todos los poderes públicos, incluidas las fuerzas militares y de policía; y, desde luego, contar con la debida legitimidad política y social. Y eso pasa por el necesario desarrollo normativo de los acuerdos para que adquieran la fuerza jurídica (constitucional, legal o reglamentaria) a fin de hacerlos susceptibles de implementación y que no queden en el cenagoso terreno de la mera confianza o de la declaración de buenas intenciones. Igualmente pasa por la defini-ción del mecanismo de refrendación popular.

El meollo de estos asuntos de tan grueso calibre consiste en que la búsqueda de una “solución jurídica”

Palacio de Justicia de Colombia, 1985.

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Nº 59, Noviembre de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

Quienes mejor pueden desarrollar

normativamente los acuerdos, son

precisamente quienes los han pactado. Así es

que el escenario obvio para tales

desarrollos es la propia Mesa de La Habana.

Proceder en contrario equivale a pretender “ponerle

un conejo” a lo pactado para

que un tercero lo desarrolle,

negando de facto lo construido

por las Partes.

no puede ser el resultado de una “negociación” entre el Ejecutivo y el Congreso para que los menciona-dos poderes públicos predeterminen, por una parte, cómo se distribuye la tarea del desarrollo normati-vo de los acuerdos entre la Presidencia (a través de facultades extraordinarias) y la comisión legislativa especial surgida del Congreso, tal y como reza en el ya mencionado proyecto de acto legislativo. Y, por la otra, para que establezcan a priori el mecanismo de refrendación, como ocurre con el anunciado propósito de un “Plebiscito para la paz”. Si así fuera, estaríamos frente un intento de raponazo de lo acor-dado en La Habana, que a juzgar por lo que ha sido la dinámica de las negociaciones no tiene posibilidad de prosperar.

La muerte anunciada del “Marco jurídico para la paz” como solución de justicia transicional de sometimiento, o el apresurado y torpe andar del “Referendo para la paz”, son ejemplares demostra-ciones de que el camino de la unilateralidad no es en absoluto recomendable, así se pretenda producir el impacto mediático de una solución muy debatida o, incluso amparado en ello y en la fuerza normativa nacida de la acción unilateral, querer (im)presionar a la contraparte guerrillera, prefigurándole el tablero de la negociación en puntos tan decisivos, con el argumento adicional de los tiempos fatales en pleno desenvolvimiento.

Al efecto inicial de una “opinión pública” dis-cutiendo asuntos de tanta trascendencia como los señalados, le seguirá muy seguramente la consta-tación de la relativa inutilidad de tales discusiones (desde luego sin desconocer su valor académico o su impacto sobre la formación política de la colectividad social), cuestión que a la postre sirve de aliento para las derechas y los sectores militaristas que se oponen a las negociaciones, y para desprestigiar la indiscu-tible y demostrada voluntad de paz de la guerrilla. Lo cual, al sumarse a las permanentes amenazas contra el cese unilateral guerrillero y a la persistencia



http://confidencialcolombia.com/es/1/actualidad/18959/Aparecen-restos-de-tres-desaparecidos-del-Palacio-de-Justicia-palacio-de-justicia-m-19-desaparecidos-hallazgo.htm

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/carlos-augusto-rodriguez-salio-vida-del-palacio-de-just-articulo-532386


del paramilitarismo, podría llevar el proceso a una indeseable situación crítica. Así es que con iniciativas gubernamentales unilaterales de ese tipo se está propiciando un juego indebido que en lugar de fortalecer el proceso, más bien lo debilita y desprestigia. Y todo por la advertida pretensión de prefigurar los escenarios de negociación de los puntos aún pendientes en la Agenda.

Como ya se dijo, la curtida Delegación de las FARC-EP ha demos-trado no sobrecogerse por estas estrategias de negociación. Hasta ahora no han valido los plazos fatales; tampoco las decisiones unilaterales (lo único unilateral que ha funcionado ha sido el cese de fuegos guerrilleros). Y a esta altura de la partida, nada indica que pueda ocurrir lo contrario.

Retornar a la construcción bilateral de acuerdosEn ese orden de ideas, lo más sensato para la buena salud del proceso

sería, a juicio de quienes tenemos la aspiración del pronto logro de un Acuerdo final, desandar el camino de la unilateralidad y centrarse orde-nadamente en el abordaje de los puntos que restan de la Agenda. Asimis-mo, las Partes deberían considerar el establecimiento de cronogramas de referencia según temáticas específicas, en el entendido ‒en todo caso‒ de que lo que concierne al Punto 3 “Fin del conflicto”, demanda una tra-tamiento integral y simultáneo, como dice el texto de la propia Agenda. De la misma forma debería procederse con los componentes del Punto 6 “Implementación, Verificación y Refrendación”, teniendo en cuenta además su estrecha interrelación con el Punto 3. No pareciera ser posible el acuerdo sobre este punto, sin que previamente estuviesen resueltos los asuntos del Punto 6, al menos en sus criterios generales y lineamientos básicos.

Razón tiene el Gobierno cuando manifiesta su preocupación por los desarrollos normativos para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo final, pero se equivoca ‒como ya se dijo‒ con la forma de cons-truir los instrumentos jurídicos a través del señalado proyecto de Acto legislativo. Quienes mejor pueden desarrollar normativamente los acuer-dos, son precisamente quienes los han pactado. Así es que el escenario obvio para tales desarrollos es la propia Mesa de La Habana. Proceder en contrario equivale a pretender “ponerle un conejo” a lo pactado para que un tercero lo desarrolle, negando de facto lo construido por las Partes.

Otra cosa, que también tendrá que pactarse entre el Gobierno y las FARC-EP, consiste en definir cómo se incorporará todo ello en el ordenamiento jurídico. Lo cual es asunto distinto a la cuestión de la refrendación, que tendrá que referirse no sólo al Acuerdo final, sino



también a los desarrollos normativos (cons-titucionales, legales, reglamentarios) de los acuerdos específicos contentivos de ese acuerdo final. De lo que se trata es de sentar bases sólidas para lo que se viene en período del posacuerdo. Ellas empiezan por la ne-cesaria seguridad jurídica del conjunto de lo pactado, en un país caracterizado por la exacerbación del fetichismo de lo jurídico, pero en el que al mismo tiempo las normas están hechas para los de ruana y su reiterada contravención o incumplimiento por parte incluso del propio Estado.

La muy cercana experiencia de los pro-blemas de interpretación del acuerdo sobre “Jurisdicción especial para la paz”, que a casi dos meses de su anuncio solemne no parecen resolverse, además de sembrar ine-vitablemente desconfianza entre las Partes, llama en forma mayúscula la atención sobre los debates que sobrevendrán al momento del desarrollo normativo de ese acuerdo. Y ello es válido para todos y cada uno de los demás temas convenidos. De paso reafirma la tesis expuesta en este escrito acerca de que esa es una tarea que le compete en primerí-sima instancia a las propias Delegaciones de las Partes.

Límites del orden vigente y perspectiva constituyente

Ya va siendo hora de que se comprenda que la negociación para la terminación del conflicto armado ha convertido la Mesa de La Habana en un órgano de producción de nuevo derecho. Y eso puede definirse como una anormalidad a la luz de ordenamiento jurídico vigente en el país. Pero de lo que se trata justamente es que para resolver la “excepcionalidad permanente” que asumió

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la confrontación armada, se requieren recursos también excepcionales. Si hasta ahora la mayor parte de los acuerdos no parecían comprometer el orden constitu-cional vigente, la negociación entró con la “Jurisdicción especial para la paz” en un te-rreno en el que los límites de dicho orden se tornan evidentes. Y los asuntos pendientes del Punto del “Fin del Conflicto” y de la “Implementación, Verificación y Refrenda-ción” los hacen protuberantes.

Así es que el empeño en salvar la ins-titucionalidad vigente resulta infructuoso, si en verdad existe la voluntad y sobre todo la decisión política de llegar a la firma un acuerdo definitivo. Por eso aseveré en otro texto que había llegado la hora de “desatar a Ulises en la búsqueda de un Acuerdo final”1. En efecto, más que sentencias im-propias, sean éstas presidenciales o de otros altos funcionarios públicos, lo que requiere el proceso en su momento actual es máxima disposición y creatividad de las Partes para producir los acuerdos políticos y las conse-cuentes soluciones jurídicas.

Y en ese empeño se hace necesaria la apertura a consideraciones para subvertir el orden constitucional vigente desde el propio orden, pues es claro que la construcción de la solución político-jurídica tiene esa premisa. Para ello se requerirá superar mezquindades y sobre todo exhibir mucha grandeza, par-ticularmente por parte del Congreso y de la Corte Constitucional, poderes públicos por los cuales deberá transitar el acuerdo político-jurídico alcanzado en la Mesa a fin de que la palabra y el texto pactados sean

1 Véase mi artículo “Desatar a Ulises en la bús-queda de un Acuerdo final”, UN Periódico, Uni-versidad Nacional de Colombia, 12.09.2015.

Ya va siendo hora de que se comprenda que la negociación para la

terminación del conflicto armado ha convertido la

Mesa de La Habana en un órgano de producción de

nuevo derecho. Si hasta ahora la mayor parte de

los acuerdos no parecían comprometer el orden

constitucional vigente, la negociación entró con la

“Jurisdicción especial para la paz” en un terreno

en el que los límites de dicho orden se tornan

evidentes. Y los asuntos pendientes del Punto

del “Fin del Conflicto” y de la “Implementación,

Verificación y Refrendación” los

hacen protuberantes.



http://www.eltiempo.com


dotados con el ropaje normativo requerido para hacer viable el Acuerdo final y su implementación, y con ello el tránsito hacia una nueva normalidad, que es la de la regulación y el trámite de los conflictos a través del recurso exclusivo de la política. O si se prefiere para iniciar el proceso hacia la paz estable y duradera.

Más allá de la filigrana jurídica que deberá diseñar-se con el debido cuidado para hacer realidad ese pro-pósito, si se quiere estar a la altura del acontecimiento más importante de nuestra historia reciente, cual es la terminación de la rebelión armada y su tránsito a la política abierta, debe considerarse que el mejor cierre que puede ofrecer la sociedad colombiana al conflicto en su expresión armada, a quienes han defendido el orden social vigente combinando todas las formas y recursos posibles (incluso los de la ilegalidad con-trainsurgente), así como a quienes lo han combatido con las armas en la mano, es un verdadero tratado de paz, entendido éste como un nuevo contrato social. Y ello solo es posible dándole rienda suelta a un proceso constituyente a sellarse con una estación necesaria: la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La cons-trucción de la verdadera paz, democrática y con justicia social, sin que se agote desde luego en él, demanda un nuevo marco normativo constitucional. Lo que está en trance de ocurrir posee unas dimensiones sobre las cuales solo la historia y las generaciones futuras darán su dictamen.

En las condiciones actuales del país y del proceso de diálogos y negociación, la iniciativa de la ANC trasciende la cuestión de la refrendación de los acuer-dos. Aunque su sola convocatoria podría considerarse como la oportunidad para la refrendación, la cele-bración de la Asamblea permitiría la incorporación expedita de lo acordado ya refrendado que tenga alcance constitucional en el nuevo ordenamiento; la solución de los pendientes y de las salvedades a través de la intervención del constituyente primario, ofre-ciendo un salida política y con legitimidad a lo que no pudieron resolver las Partes. Y además, abordar

Si nos atenemos al preámbulo del Acuerdo que dio origen al proceso

de diálogos y negociación de

La Habana en el sentido de que “la construcción de la paz es un asunto

de la sociedad en su conjunto que requiere la

participación de todos, sin

distinción, incluidas otras

organizaciones guerrilleras (…)”, es necesario que

en desarrollo de ese espíritu se considere el imperativo de

un gran acuerdo político nacional

que haga viable la perspectiva de la

Asamblea Nacional Constituyente.



temas sensibles en el debate público nacional no tratados en la Mesa de La Habana pero que de diversas maneras evidencian preocupantes signos de crisis nacional y de diseños institucionales.

Si nos atenemos al preámbulo del Acuerdo que dio origen al proceso de diálogos y negociación de La Habana en el sentido de que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras (…)”, es necesario que en desarrollo de ese espíritu se considere el imperativo de un gran acuerdo político nacional que haga viable la perspectiva de la ANC. Trabajar en dirección a concretar esa posibilidad es un asunto que le compete al campo popular en su conjunto, que –como ocurre con la sociedad en su conjunto– no alcanza aún a percibir el significado de la firma de un Acuerdo final y, sobre todo, los escenarios propios del posacuerdo, con todas sus con-flictividades.

Adenda: Seguimos a la expectativa del inicio de los diálogos con el ELN. Con ello se concretaría la aspiración guerrillera sobre “dos mesas de diálogos y un solo proceso de paz”.

http://www.semana.com/nacion/articulo/edgar-villamizar-testigo-clave-del-palacio-de-justicia-fallecio/431507-3


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El Consejo Gremial ante el proceso de paz: Retiñendo “la línea roja”*

José Honorio Martínez

Profesor Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia

El pasado 19 de octubre el Consejo Gremial1 en el que conver-gen los principales gremios del país emitió una declaración

planteando su posición respecto a los diálogos de paz2. La misma es muy significativa políticamente por cuanto expresa los intereses de la clase dominante respecto a la búsqueda de salidas al conflicto armado. La declaración que, por esos artilugios del poder, fue presentada como un espaldarazo a “la política de paz” del gobierno de Santos3, es, en reali-dad, manifiestamente opuesta a la solución política negociada del con-flicto armado. En el comunicado dado a conocer, los gremios formulan fuertes cuestionamientos a la condición de las partes en la negociación,

* El término, utilizado por los empresarios en el comunicado, es una traducción de “Red line”, noción usualmente empleada por el Complejo Militar Industrial nortea-mericano en el despliegue de su geopolítica.

1 El Consejo Gremial Nacional fue constituido por los gremios más poderosos del país en 1991.

2 Las frases que en el presente artículo aparecen entrecomilladas sin nota a pie de página, corresponden al documento titulado: “Reflexiones del Consejo Gremial so-bre el proceso de negociación con las FARC en La Habana”.

3 Inicialmente, el comunicado glosa la muletilla constitucional sobre la paz, expresa su respaldo a la negociación que se adelanta con las FARC-EP y cataloga como valiosos los resultados alcanzados hasta el momento. A partir de allí los gremios se distienden en señalar numerosos reparos y críticas, que acaban por dar al texto en su conjunto un carácter opuesto al que le otorgaron los monopolios mediáticos durante la jornada en que fue presentado.



adversan los posibles alcances de los acuerdos en ma-teria territorial, agraria y de justicia e insisten en la tesis negacionista de la genealogía y el desarrollo del conflicto armado, señalando que: “las razones que dieron origen a la creación de comisiones de la ver-dad en países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no se encuentran presentes en Colombia”, donde según estos, siempre ha primado la democracia, la libertad y el Estado de derecho.

En el presente artículo se analizará el comunicado gremial enfatizando en las principales críticas formu-ladas por el Consejo y sus implicaciones.

¿Por qué y cómo negociar?Sobre la primera de estas dos cuestiones el dis-

curso empresarial es falaz y en cuanto a la segunda insidioso. La falacia reside en vindicar como justifica-ción de las negociaciones “razones humanitarias” que históricamente y hasta el presente son extrañas a la clase dominante, pues si de veras ellas tuviesen cabida hace mucho tiempo se hubiera transitado el camino de la solución política negociada. Cabe preguntar ¿por qué solamente luego de seis décadas de guerra le surgen a este importante sector de la clase dominante razones humanitarias? ¿Porqué dicho humanitarismo no se pone en práctica transformando las condiciones laborales de sobreexplotación4 impuestas por ellos sobre los trabajadores?

Lo que se muestra más cierto en la respuesta gre-mial es su desasosiego por el profundo debilitamiento de su posición en la dirección de “la economía na-cional”. Y no es para menos, pues luego de 25 años de neoliberalismo la existencia de algunos gremios, como el de los industriales, es más bien espectral. Ello como resultado del avance de las tendencias mo-nopólicas del capitalismo, y fundamentalmente de

4 La sobreexplotación de la fuerza de trabajo es el funda-mento de la dependencia latinoamericana. Los trabajos de Ruy Mauro Marini, y más recientemente de Jaime Osorio, desarrollan ampliamente esta tesis.

Belisario Betancur, Presidente de la República 1982 - 1986.


la tradicional condición de sumisión de la burguesía “nacional” ante el capitalismo metropolitano.

Durante las últimas décadas los únicos negocios boyantes en el país han sido el extractivismo minero-energético, la actividad financiera especulativa, el rentismo inmobiliario y la “industria” de guerra, por ello no resulta extraño el tránsito de dirigentes gremiales como Luis Carlos Villegas de la presidencia de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) a la dirección del Ministerio de Defensa.

En cuanto a cómo negociar, los empresarios sientan una posición que de aceptarse pondría la Mesa de Conversaciones patas arriba, devolviendo los diálogos a la fase preparatoria. Según ellos: “la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Go-bierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país (…) la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus precep-tos”. Esta aseveración no solo contraría la posición gubernamental, la cual ha partido de reconocer que el origen y existencia de la insurgencia responde a la ilegitimidad del Estado y que la negociación se pro-duce entre partes en igual condición en la Mesa, sino que apuesta a desandar el trayecto caminado para situar las negociaciones en los marcos de un proceso jurídico de sometimiento que de entrada negaría las posibilidades para que la insurgencia tenga un lugar activo en el ejercicio de la política legal.

La intocable estructura agrariaEl punto al que mayor cuidado dedican los em-

presarios es el que tiene que ver con la estructura agraria, siendo el latifundio y el modelo de desarro-llo agrario las cuestiones sobre las que concentran su atención. En estas materias los gremios llaman a reteñir lo que denominan “la línea roja de la no negociabilidad”. Para los gremios, los instrumentos jurídicos existentes5 con los cuales puede afectarse la

5 La expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública y la extinción administrativa de dominio por incum-

La declaración que, por esos artilugios

del poder, fue presentada como

un espaldarazo a “la política de

paz” del gobierno de Santos, es,

en realidad, manifiestamente

opuesta a la solución política

negociada del conflicto armado. En el comunicado

dado a conocer, los gremios

formulan fuertes cuestionamientos

a la condición de las partes en la negociación,

adversan los posibles alcances

de los acuerdos en materia territorial,

agraria y de justicia e insisten en la

tesis negacionista de la genealogía

y el desarrollo del conflicto armado.



propiedad territorial “deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa6 de los propietarios legales de la tierra”. Es decir, antes que propiciar condiciones para la democratización de la tierra, lo que el Consejo reclama es el blin-daje jurídico del latifundio.

En cuanto a la defensa del modelo de desarrollo, los gremios reiteran la defensa de “la empresarización y asociatividad como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados”, señalando que “no se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre criterios y políticas excluyentes entre pequeños, me-dianos o grandes productores, sino sobre la consolidación de una clase empresarial en sus diferentes tamaños y modelos (…)”. Lo que ratifican los gremios, en particular los vinculados con los intereses terrate-nientes y agroindustriales (Fedegan, SAC, Fedepalma y Asocaña), es su aristocrático rechazo a que las políticas agrarias puedan conllevar algún beneficio para el campesi-nado y los trabajadores rurales. La posición

plimiento de la función social y ecológica de la propiedad. El primero ha sido bastante em-pleado para legalizar el despojo territorial de las comunidades rurales para abrir paso a la valorización adelantada por los megaproyectos primario-exportadores.

6 “La expresión “legítima defensa” fue utilizada por primera vez por Aquilino Villegas en el año 38 –gobierno de Eduardo Santos– y se convir-tió, junto con el “atentado personal”, en pieza doctrinaria estratégica del Partido Conserva-dor para “hacer invivible la República Liberal”, consigna dada por Laureano Gómez para derro-tar la Ley 200, la de la función social de la pro-piedad”. Molano, Alfredo, “Marcos y Dianas”, El Espectador, octubre 31 de 2015.

empresarial se orienta a la defensa de los aspectos centrales del modelo de desarrollo en curso, como son la legalización de los baldíos usurpados al campesinado en las dos últimas décadas, la defensa de la polí-tica agraria en función de los monocultivos de agrocarburantes y la consolidación de la precarización laboral disimulada en la eufe-místicas “alianzas productivas”.

Justicia: ¡No para los empresarios, y menos si son norteamericanos!

El Consejo gremial reacciona igualmen-te con bastante inquietud ante el alcance que puede tener el acuerdo logrado sobre el punto de justicia. Dicen los empresarios: “La posibilidad de responsabilidades indi-rectas nos genera preocupaciones. (…) la ju-risdicción de paz es universal; no reconoce inmunidades ni fueros. Esto significa que funcionarios dotados de fuero de acuerdo con la Constitución y la Ley podrían ser procesados en ese Tribunal. Si así fuere, no

http://www.vanguardia.com/historico/81358-indulto-al-m-19-por-la-toma-del-palacio-quedo-sin-validez


sería una opción adecuada para aclimatar la paz. Un grado tal de generalidad conduciría, además, a que puedan ser llamados por el Tribunal personas de cualquier nacionalidad distinta a la colombiana, que podrían, de una u otra manera, haber estado involucrados en el conflicto colombiano”, sosteniendo líneas más adelante, en contravía de lo dicho, que “cualquier persona que haya cometido crí-menes relacionados con el conflicto armado, deberá responder ante la justicia”.

Lo que explicitan estos contradicto-rios enunciados es la negativa a reconocer las hondas responsabilidades de la clase propietaria en el origen, desarrollo y pro-longación del conflicto armado. A pesar de que el carácter contrainsurgente del Estado colombiano ha tenido como fundamento la defensa de los privilegios de las clases aco-modadas y el aseguramiento de la depen-dencia, las mismas consideran que la guerra no ha sido asunto suyo ni de sus “socios” extranjeros. La insistencia en dejar fuera del alcance de la jurisdicción para la paz a los extranjeros revela el profundo carácter co-lonial y subalterno del empresariado. Éstos, que en su mayoría son norteamericanos, con un arraigado compromiso en el desarrollo de la guerra en Colombia, resultan siendo para los gremios intocables por parte de los tribunales de la jurisdicción especial de paz.

Contrario a lo que piensa el Consejo la construcción de la paz pasa precisamente por desmontar los privilegios de los cuales han gozado ciertos sectores sociales a la hora de aplicar justicia. Mientras se siga asumiendo que la justicia es sólo para los de abajo, la paz continuará siendo una quimera.

Lo que ratifican los gremios, en particular los vinculados con los

intereses terratenientes y agroindustriales (Fedegan,

SAC, Fedepalma y Asocaña), es su

aristocrático rechazo a que las políticas agrarias

puedan conllevar algún beneficio para el campesinado y los

trabajadores rurales. La posición empresarial se orienta a la defensa de

los aspectos centrales del modelo de desarrollo

en curso, como son la legalización de los baldíos

usurpados al campesinado en las dos últimas

décadas, la defensa de la política agraria en función

de los monocultivos de agrocarburantes y la consolidación de la precarización laboral

disimulada en la eufemísticas “alianzas

productivas”.



ConclusiónEl comunicado del Consejo gremial permite inferir varias cuestiones: la primera, que

existen posiciones divididas al interior del bloque gremial, como lo evidencian las afirma-ciones encontradas en torno a las negociaciones de paz; la segunda, que al interior del Con-sejo priman las posiciones contrarias a las reglas acordadas para la negociación (Acuerdo general) y a las implicaciones de los acuerdos alcanzados en los puntos 1, 2, 47 y 5; la tercera, que dado el poder de las transnacionales en el control del aparato productivo, los gremios tienden a convertirse en abogados de oficio –con jerga castrense– de sus intereses, y, cuarta, que persiste la tesis negacionista del conflicto armado a partir de la cual se legitiman el terror y la violencia ejercidas por el Estado durante décadas.

En una coyuntura particularmente difícil de los diálogos de paz, marcada por la ne-gativa gubernamental a divulgar íntegramente el Acuerdo sobre la jurisdicción especial de paz, la declaración de los gremios conlleva un mensaje bastante negativo para el avance y culminación satisfactoria de los mismos. Aunque la declaración denota ciertas ambivalen-cias que parecen favorecer el desarrollo del proceso de paz, lo que se resalta en ella es el enorme peso que ostentan las posiciones reaccionarias8 contrarias a cualquier modificación en la atrasada estructura agraria del país, al establecimiento de una jurisdicción especial de paz y, en últimas, a la solución política al conflicto armado.

7 Sobre los acuerdos del punto 4, los gremios insisten en el mantenimiento de la política de erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito.

8 En 1985, en el marco de los diálogos de paz del gobierno de Belisario Betancur, las concepciones reaccionarias orientaron la postura de los gremios, los cuales manifestaron en un comunicado: “necesitamos un despertar de las consciencias frente a estos peligros representados en la pretensión de algunos grupos, que al amparo de los acuerdos y la apertura política que se está buscando, aspiran a darle el zarpazo final a nuestras institu-ciones para abrir paso a la anarquía y el totalitarismo”. Alerta de los gremios frente a la paz, El Tiempo, mayo 1 de 1985. Por esa época, las denominadas “consciencias” efectivamente “despertaron”, y se recrudeció el terrorismo de Estado.

http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=211387


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Una negociación política realista: La justicia transaccional*

Ricardo Sánchez Ángel

Doctor en Historia Decano Facultad de Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia

El 23 de septiembre de 2015 se firmó en La Habana el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz entre

el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez. Constituye un avance sustancial en el proceso y puede ser la senda correcta para acordar el final de la guerra. No obstante, el camino sigue siendo culebrero, como lo muestran las reacciones e interpretaciones diversas que han surgido desde el mismo gobierno, el Congreso, los medios de comunicación y la opinión pública respecto a dicho acuerdo. Sin embargo, el apoyo nacional e internacio-nal ha sido unánime, con la excepción del Centro Democrático, con su jefe el senador Álvaro Uribe, que se opone a rajatabla.

Luigi Ferrajoli, destacado jurista italiano, en entrevista con Cristina Castro, editora de la Revista Semana, ante la pregunta: “Esta semana se anunció el acuerdo de justicia con las FARC. ¿Cómo se resuelve ese dile-ma de lograr cesar la guerra pero no tener impunidad? ¿Cuánta justicia cree usted que soporta una paz como la que queremos firmar?”, sostuvo:

* Durante este año de gracia de 2015 escribí “Cinco tesis sobre el Derecho a la Paz en Colombia”, documento que fue publicado como Separata en el No. 54 de la Revista Izquierda (junio de 2015). Ante la buena nueva del acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, decidí escribir esta, que denomino sexta tesis, como corolario lógico de las cinco anteriores. Esto, con el propósito de participar en el debate sobre la vigencia de la paz, con criterios que contribuyan a enriquecer la controversia.



Yo no creo que exista ese dilema. La paz es un valor supremo. Sin paz no hay justicia, no hay democracia, no se puede garantizar ningún derecho fundamental. Desde Thomas Hob-bes, la paz ha sido teorizada como la finalidad misma del contrato social. La salida del Estado de guerra al Estado civil se hace con la instru-mentalización del derecho al servicio de la paz. En este sentido no hay ninguna contradicción entre paz y justicia. La paz es un presupuesto de la justicia1.

El apoyo de esta respuesta, en lo conceptual, a la justeza de principios éticos, es notable.

De mi parte, conviene señalar que se trata de un acuerdo que reconoce el conflicto histórico en su dimensión política. Confirma que las FARC no han sido vencidas, a pesar de los duros golpes recibidos, militares y políticos, al igual que las Fuerzas Armadas tampoco. Asimismo, que la revolución no se abrió paso por la vía de las armas, mientras el establecimiento ha mantenido un orden injusto. Este reconocimiento entre las partes es lo sensato y permite que se allane el entendimiento en torno a la justicia transaccional bajo el primado del Derecho a la Paz. Se trata de un acuerdo con políticos alzados en armas.

Escribí desde los primeros momentos del diálogo entre el gobierno y las FARC que el acuerdo al que se llegue entre las partes es la decisión política que hay que apoyar, porque son los actores supremos de la guerra los que pueden establecer la confianza necesaria para este propósito. Se evitan así los desencuentros.

El presidente de la República ejerce de manera di-recta el poder político para negociar y acordar la paz conforme lo establece la Constitución. El régimen

1 En: “No tiene ningún sentido condicionar la justicia tran-sicional a la cárcel”. Semana.com. Septiembre 30 de 2015. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/pena-lista-luigi-ferrajoli-analiza-los-acuerdos-de-paz-con-las-farc-en-la-habana/444451-3

http://www.elheraldo.co


de la República presidencial le entrega mandato al gobernante para este propósito. Así, lo firmado el 23 de septiembre refrenda los acuerdos alcanzados hasta ahora: 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. 2. Participación política: Apertura democrática para construir la Paz. 3. So-lución al problema de las drogas ilícitas. Se confirma la creación de un Sistema Integral, con primacía de las víctimas, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Ahora bien, se abandona la idea acariciada por muchos de los dominadores y formulada en un tipo de justicia transicional como justicia de los vencedo-res. Se le da la primacía al Derecho a la Paz sobre el derecho penal con su cortejo de cárcel y humillación. Para ello, se anuncia, y llama la atención el giro del lenguaje utilizado: “En cuanto al componente de jus-ticia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz”. Resulta claro que es un pacto político que expresa una voluntad de poder entre las partes cuyo vínculo es igualitario en la decisión. El Tribunal es la concreción del Derecho a la Paz que aplicará una justicia de paz, que es lo derivativo, formulada como justicia restauradora y reparadora. En palabras del Acuerdo: “La función esencial de las Salas y el Tribu-nal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, ga-rantizando la no repetición”2. Se recupera el concepto de delito político en su acepción democrática y por ello se otorgará la amnistía más amplia por delitos políticos y conexos. Se excluyen los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra,

2 “Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de Crea-ción de una Jurisdicción Especial para la Paz” En: http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2015/Septiembre/Paginas/20150923_03-Comunicado-conjunto-N-60-sobre-el-Acuerdo-de-creacion-de-una-Jurisdiccion-Especial-para-la-Paz.aspx

Se abandona la idea acariciada por muchos de

los dominadores y formulada en

un tipo de justicia transicional como

justicia de los vencedores. Se le da la primacía al Derecho a la Paz sobre el derecho

penal con su cortejo de cárcel y humillación. Para ello, se anuncia:

“En cuanto al componente de justicia, hemos

acordado crear una Jurisdicción Especial

para la Paz”. Resulta claro que

es un pacto político que expresa una

voluntad de poder entre las partes cuyo vínculo es

igualitario en la decisión.



http://internacional.elpais.com/internacional/2015/11/05/colombia/1446686430_711084.html


“entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forza-da, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”3.

En unas condiciones de justicia transaccional como la pactada se aplica el lema popular: “O todos en la cama o todos en el suelo”. Se trata de superar los privilegios que generan impunidad. El Gobierno firmó lo que con claridad se expresa en el numeral 5: “La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos”4. Las FARC también lo firmaron, como una apuesta al funcionamiento de una justicia excepcional pero republicana, como justicia de Paz.

Sobre este punto, que garantiza la igualdad de las partes frente a las responsabilidades y en justicia, se toma distancia por parte del Gobierno. Se alborotó el hemiciclo parlamentario y los diarios, la televisión y la radio están en contra. A su vez, los empresarios manifiestan su desacuerdo con esta clausula de igualdad.

Conviene ilustrar el alcance de todo esto con una opinión sensata del Ministro de Justicia, Yesid Reyes, en entrevista con la periodista Cecilia Orozco Tascón:

C.O.T.: En la jurisdicción especial para paz caben guerrilleros, militares y civiles con delitos en el conflicto. ¿Se incluye, también, a ministros y presidentes?

3 Ibídem.

4 Ibídem.

La justicia restauradora y reparadora recupera la dignidad de las víctimas al consagrar la verdad como el eje articulador

de todo el proceso. Es lo que permite la no impunidad, sella el cese al fuego y consolida la no repetición.



YESID REYES: Quedan excluidos de esa jurisdicción quienes hayan ocupado la Presidencia de la República, pues para ellos existe un procedimiento constitucional.

C.O.T: Es decir que el fuero que tienen los expresidentes Betancur, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, sigue intacto y que si alguno fuere acusado de la comisión de delitos dentro del conflicto, no podría ser investigado por el tribunal especial?

Y.R: Dado el origen y la investidura del cargo, la Constitución ha previsto que la responsabilidad de los presidentes merece análisis del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia. Esta especial protección para los jefes de Estado no se va a mo-dificar.

C.O.T: Y ¿por qué o pensando en quién se hizo explícita esa salvedad?

Y.R: En el texto acordado no está hecha la salvedad. Esa es mi interpretación de los alcances que debería tener la jurisdicción especial para la paz. El texto acordado dice, simplemente, que tal jurisdicción juzgará a todos los que hayan cometido delitos



durante y con ocasión del conflicto. Y esa generalidad es lo que ha abierto la discusión5.

La justicia restauradora y reparadora recupera la dignidad de las víc-timas al consagrar la verdad como el eje articulador de todo el proceso. Es lo que permite la no impunidad, sella el cese al fuego y consolida la no repetición. Cuando se trata de delitos gravísimos, los jefes y actores principales tendrán sanción privativa de la libertad bajo condiciones especiales. Si no confiesan y colaboran a plenitud, tendrán cárcel hasta por 20 años.

El Tribunal de Paz conocerá todo el acerbo investigado por la Fiscalía General sobre estos delitos. A esta justicia pueden llegar los condenados del conflicto, los militares de rangos superiores o no, al igual que para-militares, terratenientes y empresarios que decidan colaborar con la paz en forma efectiva y veraz, con reparación y garantías de no repetición.

En una entrevista que esclarece la postura de las Fuerzas Armadas al explicar su participación y compromiso en este acuerdo, el general Jorge Enrique Mora, quien forma parte de la comisión negociadora del Gobierno en los diálogos de paz en La Habana, responde a Yamid Amat:

Y.A.: ¿Usted cree que las Farc van a cumplir el acuerdo?

JORGE ENRIQUE MORA: Llevo tres años en la mesa de negocia-ciones viéndolos y escuchando sus discursos, opiniones y hasta sus diatribas. He sido testigo de sus cambios en cuanto a las prioridades que durante 50 años animaron la toma del poder por las armas. Hoy ese concepto está totalmente revaluado por sus aspiraciones políticas, mas no por la renuncia a sus objetivos. Eso me permite decir que estoy convencido de que las Farc han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto. Se lo digo con convicción.

[…] Y.A: ¿Incluyendo las Fuerzas Militares?

J.E.M: Sí, señor, incluyendo las Fuerza Militares. El documento se estructuró con el señor Ministro de Defensa, con el señor Ministro

5 “Los condenados del conflicto podrán beneficiarse”. Reportaje de Cecilia Orozco Tascón al Ministro de Justicia, Yesid Reyes. En: El Espectador. Septiembre 27 de 2015. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/los-condenados-del-conflicto-podran-beneficiarse-articulo-588930.



de Justicia y con los mandos milita-res, quienes estuvieron enterados6.

Se espera un documento más amplio en que las partes precisen detalles sobre lo acor-dado, con el criterio que es para cumplirlo y la revisión con cambios debe ser acordada entre las partes. Mientras tanto, el proceso continúa con el anuncio de un compromiso entre el gobierno y las FARC de atender la gran exigencia humanitaria de encontrar a los desaparecidos. Este acuerdo requiere, para su validez y eficacia, que al final, cuan-do se acuerde todo lo que está acordado, las FARC dejen las armas.

Finalmente, hay que resaltar el punto 10 del acuerdo, a manera de conclusión: “La transformación de las FARC-EP en un mo-vimiento político legal es un objetivo com-partido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden”7. Esto constituye un reconocimiento de que el llamado Marco Jurídico para la Paz, tal como lo estableció la reforma constitucional criticada en mi primera tesis, se dejará a un lado, será suprimido, para facilitar el tránsito de las armas a la política.

6 “El acuerdo tiene el aval de todos los militares”. Reportaje de Yamid Amat al general (r) Jorge Enrique Mora. En: El Tiempo. Septiembre 26 de 2015. Disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/entrevista-con-el-general-jorge-enrique-mora/16388125

7 “Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”. Op. Cit.

http://liturgiassinsentido.tumblr.com/post/132626044909/el-holocausto-toma-al-palacio-de-justicia-30#


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La próxima recesión

Michael Roberts

Economista marxista británico

El verano pasado había una creciente preocupación de que la economía mundial, con la recuperación más débil desde la

recesión más profunda de producción e inversión desde 1945, se está desacelerando. De hecho, ahora parece que la horrible posibilidad de otra recesión, que es como los economistas llaman a una contracción de la producción, los ingresos y el gasto, es una posibilidad seria en pocos años o incluso antes. El FMI establece la probabilidad de recesión en las llamadas ‘economías emergentes’ de América Latina, China, Asia y el resto del mundo en un 50%.


Capitalismo en Crisis

La desaceleración de las economías emergentes ha comenzado por la significativa desaceleración de la poderosa economía china, que ha caído de un crecimiento real del PIB de dos dígitos apenas hace algunos años a menos del 7% actual según las cifras oficiales (muchos “expertos” creen que el crecimiento del PIB real es mucho menor que el oficial). A medida que China frenaba, su demanda inexorable de ener-gía, materias primas y otros bienes de exportación provenientes de otras economías, se redujo. Otras economías emergentes grandes cayeron también en recesión (Brasil, Rusia, Sudáfrica).

De hecho, como he señalado anteriormente, antes de la crisis el comercio mundial tendía a crecer casi dos veces más rápido que el PIB mundial, pero desde 2012 el crecimiento del comercio sólo ha igualado al del PIB.

La economía global está peligrosamente cerca del abismo, ha señalado David Stockton, analista sénior del derechista y ortodoxo Instituto Peterson de Eco-nomía Internacional. La economía no es una ciencia exacta como la fabricación de cohetes, e incluso los cohetes con frecuencia caen a tierra en el lugar equi-vocado o explotan en el aire, escribió Willem Buiter, economista jefe global de Citigroup, que ha estimado

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-30-anos-toma-palacio-justicia-colombia-asi-van-investigaciones-20151106082932.html


que hay una probabilidad del 55% de que el año que viene tenga lugar una contracción mundial moderada o severa.

Esta preocupación ha llevado incluso a la Reserva Federal de Estados Unidos a retrasar el planeado y muy esperado aumento de su tipo de in-terés básico, que afecta al coste de los créditos de dólares en los EE.UU. y en el mundo. Si las economías emergentes se desploman, sería un mal momento para frenar el gasto de los hogares y la inversión empresarial.

Sin embargo, los optimistas entre los economistas ortodoxos des-cartan estos pronósticos. Las economías emergentes pueden estar ra-lentizándose y algunas pueden haberse contraído directamente, pero las principales economías avanzadas no van mal y Europa parece recuperar-se un poco de su depresión de 2010-13. Por lo tanto, no va a haber una recesión económica mundial.

Pero ahora estamos conociendo los datos de crecimiento económico real del tercer trimestre (T3) de 2015 (de junio a septiembre) de las prin-cipales economías avanzadas, y no son buenas noticias para el escenario optimista. La desaceleración de la actividad económica en China y en la mayoría de las economías emergentes se está contagiando a las econo-mías avanzadas.

La economía de Estados Unidos es la más grande en el mundo y hasta ahora se ha estado recuperando relativamente mejor que las otras grandes economías de Europa y Japón. En el T3, la economía estadou-nidense se expandió, pero sólo a un ritmo anualizado del 1,5%, por debajo del 3,9% del segundo trimestre. Eso significaba que la economía estadounidense se expandió en términos reales en los últimos 12 meses sólo un 2%, frente al 2,7% en el trimestre 2 (T2).



Esta tasa de crecimiento del 2% se ha convertido en la norma para los EE.UU. desde el fin de la Gran Recesión. No parece que haya posibilidad de un retorno a la tendencia de crecimiento anterior y eso significa que se ha producido una pérdida permanente de valor para la gente en EE.UU. desde la Gran Recesión.

http://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-que-paso-son-los-desaparecidos/407989-3


En el T3, la inversión empresarial de Estados Unidos se desaceleró a su tasa interanual más baja desde hace más de dos años. La inversión empresarial creció más lentamente, representando sólo una tasa anual del 2,1%, en comparación con el 4,1% en el T2. La inversión en nue-vas plantas en realidad se redujo un 4%, mientras que la inversión en software y similares aumentó al ritmo más lento desde 2013. Y, como porcentaje del PIB, la inversión se mantiene por debajo de los niveles previos a la crisis.

La desaceleración de las economías emergentes ha comenzado por la significativa desaceleración de la

poderosa economía china, que ha caído de un crecimiento real del PIB de dos dígitos apenas hace algunos años a menos del 7% actual según las cifras oficiales (muchos

“expertos” creen que el crecimiento del PIB real es mucho menor que el oficial). A medida que China frenaba, su

demanda inexorable de energía, materias primas y otros bienes de exportación provenientes de otras economías,

se redujo. Otras economías emergentes grandes cayeron también en recesión (Brasil, Rusia, Sudáfrica).



Algunos han venido defendiendo que la inversión empresarial en plantas, maquinaria y equipo es menos necesaria dadas las nuevas “tecnologías de punta” de Internet, software, algoritmos, etc., que no requieren estructuras tangibles. Así que la inversión se lleva a cabo, pero ahora cuesta mucho menos y no se refleja realmente en los datos.

Por ejemplo, McKinsey sostiene que la economía estadounidense se ha desplazado hacia las empresas basadas en la propiedad intelectual. Las empresas que producen dispositivos médicos, productos farmacéuticos y tecnología aumentaron su participación en los beneficios empresariales hasta el 32% en 2014, desde un 13% en 1989. Dado que la tasa de crecimiento y la rentabilidad del capital de una empresa determinan cuánto necesitan invertir, estas y otras empresas de alta rentabilidad pueden invertir menos capital y aún así lograr el mismo crecimiento de los beneficios que las empresas con rendimientos más bajos. (McKinsey- US – Are share buybacks jeopardizing future growth)

O dicho de otra manera: (…) mientras que el gasto de capital ha superado el crecimiento del PIB por poco, las inversiones en investigación, desarrollo y propiedad intelectual han aumentado mucho más rápido. En cifras ajustadas a la inflación, las inversiones en propie-dad intelectual han crecido a más del doble de la tasa de crecimiento del PIB, un 5,4% al año frente al 2,4%. En 2014, estas inversiones ascendieron a 690 mil millones de dólares. McKinsey concluye: Ciertamente, algunas empresas concretas están probablemente gastando demasiado poco en crecimiento, del mismo modo que otras demasiado. Pero en conjunto, es difícil defender en general que la inversión sea insuficiente.

Sin duda hay algo de verdad en esto. Pero incluso si la inversión es cada vez más en “pro-piedad intelectual” y no en fábricas y robots (¿en serio?), incluso en el primer caso, parece haber habido una desaceleración en los EE.UU. La inversión en software ya no es superior a la inversión en hardware.

http://www.periodismosinfronteras.org/los-acusadores-se-quedaron-sin-desaparecidos.html


El gasto de los hogares en Estados Unidos aumentó un 3.2% este trimestre. El impuesto sobre la renta disponible de las personas se redu-jo, por lo que el ingreso fiscal sobre la renta disponible de las personas aumentó un 4,8% en comparación con el 3,4% en el T2. Y con la infla-ción general cerca de cero, el ingreso personal disponible real aumentó. Por eso aumentó el gasto de los hogares. Pero si bien es cierto que la tasa de desempleo de EE.UU. sigue cayendo, el ritmo de esa mejora se está reduciendo.



La desaceleración del crecimiento de la economía de EE.UU. tam-bién ha tenido lugar en el Reino Unido, la única otra economía avan-zada importante que ha experimentado un crecimiento del PIB real por encima del 2% en el último año. El PIB real aumentó sólo un 0,5% en el tercer trimestre de 2015, de modo que el PIB real es ahora un 2,3% mayor que hace un año, frente a una tasa de crecimiento del 2,4% interanual en el T2. Aunque el PIB real del Reino Unido es ahora un 6,4% superior a su punto máximo a principios de 2008 (antes de la Gran Recesión), hace casi siete años, una vez que se tiene en cuenta el aumento de la población (unos 3 millones, en parte por la inmigración neta), el PIB real per capita apenas ha alcanzado el nivel de 2008.

Al igual que en los EE.UU., el crecimiento en el reino Unido se ha restringido casi totalmente a los “servicios”. De hecho, el sector manu-facturero y construcción se han contraído. Dentro de los servicios, la principal contribución ha sido del sector inmobiliario y las finanzas, los sectores “improductivos” de la economía.

En 2008, la industria manufacturera representó casi el 10% del PIB y el sector inmobiliario el 8,5%. Ahora el sector manufacturero supone el 8,6% y el sector inmobiliario el 10,4%. Este último ha aumentado más de un 20% desde 2008, mientras que el sector manufacturero se ha contraído cerca de un 7%. De hecho, en el Reino Unido, la industria pesada, como el acero, está siendo aplastado por la caída de los precios de las materias primas, el débil crecimiento económico en Europa y el

http://www.semana.com/nacion/articulo/palacio-de-justicia-que-paso-son-los-desaparecidos/407989-3


dumping del acero chino en los mercados mundiales. Esa es la naturaleza del creci-miento económico del Reino Unido: im-productivo e inflado a base de crédito.

En cuanto a las otras economías del G7, la desaceleración es aún peor. Canadá se encuentra en una “recesión técnica”, dos trimestres consecutivos de contracción del PIB real.

Japón está al borde de una recesión. Y justo hoy, el Banco de Japón (BoJ) ha reducido su pronóstico de crecimiento eco-nómico real hasta 2018. El BoJ prevé ahora un crecimiento anual hasta abril de 2016 de sólo un 1,2%, por debajo del 1,7%. Hasta marzo de 2017, el Banco espera un creci-miento anualizado del 1,4%, por debajo de la previsión del 1,5% en julio. Y para el mismo período de 2018, el prevé un creci-miento de sólo el ¡0,3%!

Las otras economías del G7 están en la zona euro. Alemania ha mantenido una tasa de crecimiento muy modesta en los últimos años de alrededor de un 1,0% a 1,5%; Francia tiene un crecimiento aún menor cada año, e Italia se ha estancado

(a pesar de que parece estar finalmente experimentando una leve recuperación en los últimos dos trimestres). Sabremos más cuando se publiquen las cifras del PIB del T3. Pero es probable que Alemania registre un crecimiento más lento en la medida que las exportaciones a Asia y China han caído.

España ha sido la economía con un crecimiento más rápido de la zona euro en el último año, después de haber sufri-do mucho en la Gran Recesión con un colapso de la construcción y un aumento masivo del desempleo. Pero la recuperación iniciada en 2013 parece haber terminado. Las cifras dadas a conocer para el T3 de 2015 del crecimiento real del PIB muestran una desaceleración del 0,8% ese trimestre, en comparación con el 1% en el trimestre anterior. La tasa interanual aumentó hasta el 3,4%, aunque en comparación con 3,1% del T2. Pero podría haber acabado ahí.

Así que la recuperación de las principa-les economías avanzadas se está desacele-rando en paralelo con una fuerte caída del crecimiento del PIB en las economías emer-gentes. De hecho, Taiwán, una economía industrial asiática clave, acaba de anunciar que su PIB real en el T3 se redujo en un 1% respecto al año anterior, la primera contrac-ción en seis años.

Desde la Segunda Guerra Mundial, las recesiones han ocurrido a intervalos regulares, entre 6-10 años. La expansión actual dura más de seis años, desde julio de 2009. La economía ortodoxa ha fracasado rotundamente a la hora de predecirlas. Por ejemplo, en la primavera de 2001, la eco-nomía de Estados Unidos se enfrentó a un débil crecimiento en el extranjero y a las consecuencias del estallido de la burbuja



La economía global está peligrosamente cerca del abismo, ha señalado David Stockton, analista sénior del derechista y ortodoxo Instituto Peterson de Economía Internacional. La economía no es una ciencia exacta como la fabricación de cohetes, e incluso los cohetes con frecuencia caen a tierra en el lugar equivocado o explotan en el aire, escribió Willem Buiter, economista jefe global de Citigroup, que ha estimado que hay una probabilidad del 55% de que el año que viene tenga lugar una contracción mundial moderada o severa.

de las empresas punto com, pero sólo el 15% de los economistas encuestados creía ese verano que había comenzado una recesión. Sin embargo, la economía se encontraba ya en medio de una recesión que duró nueve meses. En cuanto a la Gran Recesión, el fracaso de casi todos los economistas ortodoxos y de las prin-cipales instituciones internacionales, como el FMI y la OCDE, para predecir la gravedad de la crisis que se avecinaba está bien estudiado. (The causes of the Great Recession).

La próxima recesión planteará grandes problemas a los responsables de las políticas económicas de los principales países. La política monetaria de flexibili-zación cuantitativa (con tasas de interés cero) ha sido prácticamente agotada (aparte de ser bastante ineficaz de todos modos a la hora de impulsar la “economía real” a diferencia de los mercados de valores y los bancos). Hasta ahora se ha frenado o rechazado hacer uso del gasto público, como sugieren los keynesianos, porque los niveles de deuda del sector público son muy altos y la rentabilidad de las empresas muy baja.

Hay quienes, como Ben Bernanke, el ex jefe de la Fed o Andy Haldane, actual economista jefe del Banco de Inglaterra, que defienden que los bancos centrales han salvado a las principales economías de una Gran Depresión y aún se puede hacer más imprimiendo dinero para dárselo directamente a los hogares o con unas tasas de interés negativas para evitar una nueva recesión.

Y los keynesianos como Paul Krugman, Larry Summers, SimonWren-Lewis y muchos otros conti-núan presionando para que aumente el gasto público y los déficits presupuestarios para ‘cebar la bomba’ de la economía. Pero es probable que ello reduzca aun más la rentabilidad y la inversión del sector capitalista en vez de salvarlo.

No se podrá evitar la próxima recesión, y no está muy lejos.


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Nuevos populismos y xenofobia:El amenazador avance de la extrema derecha en Europa

Marcello Musto*

Profesor de Sociología teórica York University de Toronto, Canadá

El sexto país en número de habitantes de la Unión Europea ha girado a la derecha. Después de haberse impuesto en las

presidenciales de mayo, el partido populista Ley y Justicia ha ganado las elecciones polacas, adjudicándose más del 39% de los votos y la mayoría absoluta de los escaños. Se sanciona así la derrota de la Plataforma Cívica, los liberal-conservadores –pero europeístas– en el gobierno desde 2007.

A diferencia de las llamadas al nacionalismo y la consigna “Los pola-cos, primero”, las reivindicaciones en materia económica de Ley y Justicia se han centrado en la promesa de aumentar los gastos sociales, mejorar el nivel salarial y bajar la edad de jubilación. Un programa de izquierda en un país en el que la izquierda ha defendido el neoliberalismo y ocupa hoy una posición del todo marginal. Un cambio, este último, que se ha repetido también en otras partes del continente.

En los últimos veinte años en Europa el poder de decisión ha pasa-do cada vez más de la esfera política a la económica. La economía se ha convertido en un ámbito separado e inmodificable que asume opciones decisivas, situadas fuera del control democrático.

La substancial uniformidad de las decisiones tomadas por los gobier-nos de muchos países y, más en general, la creciente hostilidad de buena

* Entre sus libros, publicados en numerosos idiomas, se encuentran: Tras las huellas de un fantasma: La actualidad de Karl Marx (México, D.F.: Siglo XXI, 2011); Workers Unite! The International 150 Years Later (New York: Bloomsbury, 2014); y De regreso a Marx. Nuevas lecturas y vigencias en el mundo actual (Buenos Aires: Octubre, 2015).


Derechas en la mira

parte de la opinión pública hacia la tecnocracia de Bruselas ha contribuido a producir un gran cambio en el escenario europeo.

El viento populistaPor doquier en el “viejo continente”, se ha desarro-

llado una oleada de antipolítica que no ha exceptuado a las fuerzas de la izquierda, consideradas responsables del progresivo abandono de las instancias reformado-ras. Han hecho implosión bipartidismos consolidados como el español y el griego, países en los cuales, tras el final de sus dictaduras, la suma de las fuerzas socia-listas y del centro-derecha alcanzaba constantemente cerca de tres cuartos del electorado. Una suerte no muy distinta parece la reservada al bipolarismo italiano y al francés, por efecto de los cuales se verificaba puntual-mente una división de los votos entre formaciones de centro-derecha y de centro-izquierda.

El panorama político europeo se ha visto modi-ficado –amén de la alternativa al neoliberalismo que suponen Syriza y Podemos, que merece una reflexión aparte– por el fuerte incremento del abstencionismo, por el nacimiento de partidos populistas y por el sig-nificativo avance de las fuerzas de la extrema derecha.

El primero de estos fenómenos se ha manifestado con ocasión de las elecciones legislativas de casi todos los estados europeos, y de aquella por el Parlamento de Estrasburgo. El segundo, en cambio, nació cabal-gando la ola antieuropeísta. En los últimos años han aparecido nuevos movimientos políticos, que se han declarado “post-ideológicos”, que han tenido como ideas guía la denuncia genérica de la corrupción del sistema, el mito de la democracia online o el euroes-cepticismo.

En 2006, sobre la base de estos principios, se fun-daron en Suecia y Alemania, de modo casi simultáneo, el Partido Pirata, y en 2009 el Movimiento 5 Estrellas en Italia, al que dio vida en 2009 el cómico Beppe Grillo y que se convirtió en las primeras elecciones generales a las que se presentó en la primera fuerza

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/firme-condena-contra-general-r-arias-cabrales-desaparec-articulo-524504


política italiana, con el 25,5% de los votos. En 2013, nació en Berlín Alternativa por Alemania (7% en las últimas elecciones europeas). En 2014, fue el turno de El Río (To Potami) en Grecia, que cosechó un 6,6% en las elecciones europeas y un 4,1% en sucesivas elec-ciones políticas, y del desarrollo a escala nacional, de Ciudadanos (C’s) ‒movimiento fundado en Cataluña en 2006‒, con un 3,2% en las europeas, velozmente doblado en las municipales del 2015, con el 6,6% de las preferencias totales. Además, en mayo pasado, el cantante ‒y populista de derecha‒ Pawel Kukiz obtu-vo el 21,3% en las elecciones presidenciales de Polonia, y su movimiento ha devenido la tercera fuerza política polaca en las elecciones de octubre.

En el mismo periodo, se han consolidado en plata-formas políticas análogas, formaciones que ya venían existiendo desde hacía tiempo. El caso más llamativo ha sido el del Partido para la Independencia del Reino Unido (UKIP), convertido, con el 26,6%, en la prime-ra fuerza en las últimas elecciones europeas al otro lado del Canal de la Mancha.

El “nuevo” rostro de la derechaCuando los efectos de la crisis económica han co-

menzado a dejarse sentir de modo gravoso, partidos xenófobos, nacionalistas o neofascistas han visto crecer enormemente su aprobación.

En algunos casos, estos han cambiado su discurso político, substituyendo la clásica división entre dere-cha e izquierda con el conflicto “entre arriba y abajo”. En esta nueva polarización, se han presentado como candidatos para representar a esta última parte, el pueblo, contra el establishment, es decir, las fuerzas que se alternan en el gobierno, favoreciendo el poder omnímodo del libre mercado.

La implantación ideológica de estos movimientos se ha transformado. El componente racista ha queda-do en muchos casos en segundo plano respecto a la temática económica. La oposición a las políticas sobre inmigración, ya ciegas y restrictivas, aplicadas por la

El avance de la extrema derecha en Europa sigue

siendo una epidemia muy

preocupante, a la cual no se puede responder desde

luego sin combatir el virus que la

ha generado: la letanía neoliberal tan en boga hoy

en Bruselas.


Derechas en la mira

Unión Europea se ha reforzado apelando a la guerra contra los pobres, antes incluso que sobre la discriminación basada en el color de la piel o el credo religioso. En un contexto de desempleo masivo y de grave conflicto social, la xenofobia se fermenta a través de una propaganda que ha presen-tado a los migrantes como principales responsables de los problemas en materia de empleo, servicios sociales y derechos.

Este cambio de rumbo ha influido seguramente en el resultado del Frente Nacional en Francia, el cual, bajo la guía de Marine Le Pen, ha alcanzado un 25,2% en las administrativas de 2015. La coalición, en sede europea, con la Liga Norte, se ha convertido en las elecciones locales de 2015 en el primer partido del centro-derecha italiano, superando a Forza Italia, y ha permitido el nacimiento, en junio, del grupo Europa de las Naciones y de la Libertad en el europarlamento de Bruselas. De él forman parte otras fuerzas políticas consolidadas que piden, desde hace tiempo, la salida del euro, la revisión de los tratados sobre inmigración y el retorno a la soberanía nacional. Entre ellas, las más representativas son el Partido de la Libertad Austriaco, que ha conseguido el 20,5% en las elecciones generales de 2013, y el Partido por la Libertad holandés, que cosechó el 13,3% en las elecciones europeas. Estos dos partidos se han convertido en tercera fuerza política en sus respectivos países.

Las fuerzas de extrema derecha han entrado en diversos grupos del Europarlamento y, por vez primera desde la Segunda Guerra Mundial, han hechos progresos relevantes en otras regiones de Europa.

http://www.semana.com/nacion/articulo/expertos-internacionales-vigilaran-busqueda-de-desaparecidos-de-la-toma-del-palacio-de-justicia/447048-3


En Suiza, las recientes elecciones de octu-bre de 2015 las ha ganado, con un 29,4% de los votos –el mejor resultado de su historia–, el Partido del Pueblo Suizo - Unión Demo-crática de Centro (SVP-UDC), la formación de ultraderecha xenófoba y antieuropeísta que, en el pasado, promovió el referéndum, aprobado en 2009, que estableció la prohi-bición de construir nuevos minaretes en el país.

También en Escandinavia constituyen una realidad bien consolidada, además de la orientación política que ha registrado la mayor expansión electoral. En la patria por antonomasia del “modelo nórdico”, los Demócratas Suecos, nacidos en 1988 de la fusión de diversos grupos neonazis, se han convertido, con el 12,8% de la preferencia electoral, en el tercer partido más votado en las legislativas de 2014.

En Dinamarca y en Finlandia, dos par-tidos fundados en 1995, ambos adheridos al Grupo de Conservadores y Reformistas Eu-ropeos, han logrado resultados todavía más sorprendentes, convirtiéndose en segunda fuerza política de sus respectivos países. Sus-citando el estupor general, el Partito Popular Danés ha sido, con el 26,6%, el movimiento político más votado en las últimas elecciones europeas. Tal éxito se ha visto confirmado en las legislativas de 2015, a continuación de las cuales, con el 21,1% de las preferencias, ha entrado en la mayoría de gobierno. Tras las elecciones de 2015, a las carteras del go-bierno de Helsinki han ascendido también los Verdaderos Finlandeses, con el 17,6% de los votos. En Noruega, por último, con el 16,3% de las preferencias, ha llegado por

primera vez al gobierno el Partido del Pro-greso, con una visión política análogamente reaccionaria.

La notable y casi uniforme afirmación de estos partidos en una región donde las organizaciones del movimiento obrero han ejercido una indiscutida hegemonía durante larguísimo tiempo, ha sido también posible porque los partidos de extrema derecha se han apoderado de batallas y temáticas muy caras en el pasado a la izquierda, ya fuera so-cialdemócrata o comunista. El maquillaje de la simbología política (los Demócratas Suecos han substituido, por ejemplo, la llama típica de los movimientos fascistas por una flor del campo más tranquilizadora con los colores nacionales) y la llegada de líderes jóvenes y capaces de comunicar con los medios han sido útiles, pero no fundamentales.

El avance de la derecha se ha producido recurriendo no sólo a las clásicas campañas reaccionarias, como las contrarias a la glo-balización, la llegada de nuevos refugiados o



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peticionarios de asilo y el espectro de la “is-lamización” de la sociedad. En la base de su éxito ha estado, sobre todo, la reivindicación de políticas, tradicionalmente de izquierda, a favor del Estado social. Se trata, empero, de un nuevo tipo de welfare. Ya no universal, inclusivo y solidario, como el del pasado, sino algo basado en un principio diferente –que algunos estudiosos han definido como welfare nationalism–, es decir, proporcio-nar derechos y servicios exclusivamente a los miembros de la comunidad nacional ya existente.

A la gran aprobación recibida en las zonas rurales y de provincia, despobladas y con tasas de desempleo inéditas, la extrema derecha escandinava ha añadido, así, la de la clase obrera que, en una parte significativa, ha cedido al chantaje de “o inmigración o Estado social”.

Peligro en el EsteTambién en diversos países del Este

europeo la extrema derecha ha logrado reor-ganizarse, después del final de los regímenes prosoviéticos. La Unión Nacional Ataque en Bulgaria, el Partido Eslovaco Nacional y el Partido de la Gran Rumania son algunas de las fuerzas políticas que han logrado buenos resultados electorales y estar presentes en el parlamento.

En esta zona de Europa, el caso más alar-mante es el de Hungría. Tras la aplicación de severas medidas de austeridad, introducidas por el Partido Socialista Húngaro, como regalo a las intimaciones de la Troika, y a continuación de la grave crisis de deflación desencadenada por estas, llegó al poder la Unión Cívica Húngara - Fidesz (miembro del Partido Popular Europeo). Tras haber depurado la magistratura y puesto bajo con-trol a los mass media, en 2012 el gobierno húngaro introdujo una nueva Constitución con acentos fuertemente autoritarios.


Junto a esta peligrosa realidad, desde 2010 el Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik) se ha convertido en el tercer partido del país (20,5% en las elecciones de 2014). A diferencia de las fuerzas pre-sentes en la Europa occidental y escandinava, Jobbik representa el clásico ejemplo –hoy dominante en el Este– de formaciones de extrema derecha que siguen utilizando el odio contra las minorías (sobre todo, la de los Rom), el antisemitismo y el anticomunismo como principales instrumentos de propaganda y de acción.

Completan, por último, este panorama diversas organizaciones neonazis, dispersas por varias zonas de Europa. Dos de ellas han obtenido una aprobación nada desdeñable. El Partido Nacional-Democrático de Alemania alcanzó un l1,5% en las elecciones de 2013 y consiguió un eurodiputado en 2014; Amanecer Dorado, en Grecia, alcanzó un 9,4% en las europeas de 2014 y un 7% en las elecciones de 2015, consoli-dándose, en ambos casos, como tercera fuerza política del país.

En estos años, por tanto, los partidos de la extrema derecha han ampliado decididamente su consenso en Europa en casi todas partes. En muchas ocasiones se encuentran en condiciones de hegemonizar el debate político y, en algunos casos, han logrado llegar al gobierno.

Sin embargo, tanto en Grecia como en las regiones orientales de Alemania, han conseguido resultados inferiores a los que habría podido obtener; mientras que en España, Portugal y República Checa, es decir, en los que la oposición social ha sido dirigida por la izquierda anticapitalista, no se han dado las condi-ciones para su renacimiento. Se trata de importantes indicaciones que han de tenerse presentes, en un mar-co político que está cambiando a gran velocidad. El avance de la extrema derecha en Europa sigue siendo, de todos modos, una epidemia muy preocupante, a la cual no se puede responder desde luego sin combatir el virus que la ha generado: la letanía neoliberal tan en boga hoy en Bruselas.

En la base del éxito de la ultraderecha

europea ha estado, sobre todo, la reivindicación

de políticas, tradicionalmente de

izquierda, a favor del Estado social. Se trata, empero, de un nuevo tipo de welfare. Ya no

universal, inclusivo y solidario, como

el del pasado, sino algo basado

en un principio diferente –que

algunos estudiosos han definido

como welfare nationalism–, es

decir, proporcionar derechos y servicios

exclusivamente a los miembros

de la comunidad nacional ya

existente.


Derechas en la miraNº 59, Noviembre de 2015 · Bogotá, Colombia Contenido

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A 10 años del ALCA: ¡La lucha continúa!

Julio C. Gambina*

Doctor en Ciencias Sociales de la UBA

El 5 de noviembre pasado se realizaron en varios países de Nuestramérica actividades conmemorativas del rechazo al

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más

importantes protagonizadas contra un proyecto estratégico de las cla-ses dominantes en la región. La liberalización impulsada por EE.UU. en las negociaciones por el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, con excepción del de Cuba, excluida de los cónclaves de Presidentes de las Américas. Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.

La combinación de la campaña continental contra el ALCA y el acceso al gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el primer escollo al avanzado proyecto del ALCA, el que se negociaba en secreto. En efecto, en la IIIa Cumbre de Presidentes de las Américas, realizada en el 2001 en Quebec, apareció la primera fisura. Al mismo tiempo, se desarrollaba una gigantesca movilización continental, como parte de la IIa Cumbre de los Pueblos, en las calles de la ciudad canadiense.

* El autor es profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario, UNR, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, y Director del Instituto de Estudios y formación de la CTA Autónoma.


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Allí empezó una nueva etapa en las discusiones por la integración, especialmente con el fin del se-creto en las negociaciones de los Jefes de Estado. Fue el comienzo del fin de un tratado que definía en el corto plazo la integración subordinada de nues-tros países a la lógica de liberalización del capital transnacional y a los intereses de la política exterior estadounidense.

La libre circulación de mercancías, servicios y capitales constituía el sentido de la política apertu-rista del ALCA, y la movilización y organización popular le puso límites a esa institucionalidad re-gresiva y neocolonial.

Se había constituido así el movimiento conti-nental No al ALCA con visibilidad para la sociedad. Esa situación se potenció en los años siguientes, y en noviembre de 2005, en la IVa Cumbre de Presiden-tes de las Américas en Mar del Plata, George Bush y los gobiernos aliados intentaron reinstalar la agenda por el ALCA. No pudieron, ya que fueron frenados por la movilización social reunida en la IIIa Cum-bre de los Pueblos, junto a una nueva correlación de fuerza política en los gobiernos de Sudamérica, especialmente Venezuela y los 4 del Mercosur. La articulación de los movimientos populares con estos gobiernos impidió la institucionalización del ALCA.

Integración alternativaFue un gran triunfo que habilitó una discusión

sobre la integración alternativa, con nuevas consig-nas, como la soberanía alimentaria, energética o financiera. Eran demandas que emergieron desde el movimiento popular, en simultáneo con una estra-tegia que reinstalaba la lucha por el socialismo, con especificidades desde Cuba; desde Venezuela con el Socialismo del Siglo XXI (2004/2005); desde Boli-via por el Socialismo Comunitario (2010).

Ese es el marco para el debate procesado entre 2005 y 2010 para pregonar la necesidad de una

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/papeles-inedi-tos-del-holocausto-del-palacio-de-justicia-articulo-594455


nueva arquitectura financiera en la región. Incluso antes, en diciembre de 2007, se suscribió un acuerdo para instalar rápidamente un Banco del Sur como parte de una estrategia de integración financiera con perspec-tiva alternativa.

La crisis mundial, actualmente en curso, aparecía con fuerza en el sector financiero hacia 2007, y alentaba en Nuestramérica una búsque-da para transitar senderos alternativos. Grandes cantidades de reservas internacionales se acumulaban en nuestros países y se discutía el uso de esos fondos orientado hacia otro modelo de producción y con expecta-tivas en proyectos de transformación social, emancipación y liberación.

Esas expectativas no se concretaron, aun cuando subsistió el objetivo y el discurso por una integración alternativa. Es más, algunas iniciativas avanzaron, tal es el caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) por acuerdos entre Cuba y Venezuela hacia fines de 2004, que con la in-corporación de Bolivia en 2006 se transformó en ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos), para continuar creciendo en adhesiones.

Con el ALBA-TCP se avanzó en el intento de la nueva arquitectura financiera, con un banco y una moneda para el intercambio comercial, el SUCRE; pero con los límites que impone la no integración a esos procesos de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente Brasil y Argentina. Sin embargo, sí se constituyeron ámbitos de articulación, más políticos que económicos, como fueron los casos de Unasur y la Celac.

Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más importantes protagonizadas contra un proyecto

estratégico de las clases dominantes en la región. La liberalización impulsada por EE.UU. en las negociaciones por

el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, con excepción del de Cuba, excluida de

los cónclaves de Presidentes de las Américas. Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.


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Aquel clima de época y de esperanzadas expectativas del segundo lustro del siglo XXI no prosperó en su orientación principal, mientras seguían ‒no tan subrepticiamente‒ los estatutos de la liberalización.

Así, el mantenimiento en varios de los países de los tratados bila-terales de inversión y la negociación de tratados de libre comercio, por ejemplo, el del Mercosur con Israel, e incluso las conversaciones para retomar las negociaciones con Europa desde 2010, dan cuenta de una agenda liberalizadora que reapareció en la región.

La Argentina no siguió el camino de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que denunciaron la participación ante el CIADI. Vale recordar que Brasil jamás aceptó integrarse a la lógica del tribunal impulsado por el Banco Mundial.

Se puede coincidir en que la integración alternativa sigue siendo una asignatura pendiente, pero que las demoras en ese proceso favo-recieron remedos del ALCA como la Alianza del Pacífico, al que son tentados para ingresar los países que resistieron hace una década al ALCA. Del mismo modo aparecen el TISA y otros mecanismos para empujar la inserción subordinada de Nuestramérica en la liberaliza-ción de la economía mundial.

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Nuevos protagonistas para la inserción mundialOtros actores globales intervinieron en este tiempo para definir

la inserción de Nuestramérica en el sistema mundial, especialmente China. Se trata de un vínculo de complementariedad sin modificar el modelo productivo, que condena a nuestra región a ser proveedor de recursos naturales o bienes comunes.

La presencia china fue creciendo desde las relaciones comerciales a las inversiones y los préstamos, ocupando en varios de nuestros países el primero o segundo lugar en vínculos económicos internacionales. Ha desplazado en varios casos la preeminencia de EE.UU. o de la Unión Europea, e incluso postergado relaciones interlatinoamericanas.

Esas relaciones y las condiciones globales de la situación mundial estimularon el alza de los precios de los productos primarios de expor-tación, algo que ya no ocurre, consolidando la primarización de las exportaciones de Nuestramérica. El resultado directo fue la confirma-ción de un modelo productivo subordinado a la lógica de acumulación de las transnacionales. Con ello, junto a la superexplotación de la fuer-za de trabajo, acontece el saqueo de los bienes comunes, contribuyendo al despliegue de la faceta climática y ambiental de la crisis mundial del capitalismo.

El papel de China avanza en múltiples direcciones y articulaciones globales más allá de Nuestramérica. Pretende su lugar en la disputa de la hegemonía del sistema mundial. Destacan en ese sentido las cre-cientes relaciones políticas y económicas con Rusia y el liderazgo en la construcción del bloque BRICS, algo que genera expectativas, aun cuando no está propuesta la superación del orden capitalista.

Un párrafo especial merece la calificación de países emergentes, en-tre ellos, a los integrantes de los BRICS. Vale discutir el tema, puesto que son emergentes en la consideración de los capitales excedentarios en el mundo entero que demandan rentabilidad en momentos de crisis de ganancias rápidas en el capitalismo desarrollado. Son dos las con-diciones que definen la emergencia: una remite a la abundante oferta de fuerza de trabajo barata y escasamente dispuesta a la resistencia y la organización contra el régimen del capital; la otra supone abundancia de recursos naturales, en disposición de ser apropiados por las transna-cionales para su ciclo de producción y reproducción.

No solo los BRICS tienen abundante población empobrecida en disposición de vender su fuerza de trabajo a bajo precio internacional, sino que en el sur del mundo, la pobreza reproduce esa condición de posibilidad y ni hablar de la importante dotación de recursos naturales


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de Nuestramérica en energía, agua, tierra, biodiver-sidad, etc.

La realidad de los BRICS y otros países emer-gentes habilita el posibilismo de un capitalismo di-ferente al hegemónico. Más allá de que ello es discu-tible, ilumina la posibilidad de cambios progresivos dentro del capitalismo. Todo un oxímoron, ante la esencia de la explotación que sustenta el régimen del capital.

La discusión habilitada para nosotros en Nues-tramérica es sobre el modelo productivo y de de-sarrollo. Si el problema es la subordinación a un bloque de países u otros sin superar la hegemonía del régimen del capital, o si de lo que se trata es de superar la inserción dependiente en el orden capita-lista y construir una sociedad por fuera del régimen de explotación y saqueo.

Subordinación o autonomía para un nuevo modelo productivo

A 10 años del No al ALCA sigue vigente la discusión sobre la inserción internacional de Nues-tramérica y el carácter subordinado o autónomo de la integración regional. No es un tema menor en toda la región, en momentos en que se define la pro-fundización del cambio político construido desde el inicio del siglo XXI, con matices, es cierto, pero que explica expectativas que la región genera en los pueblos en todo el mundo.

Al no haber avanzado en la agenda por la inte-gración alternativa en estos años facilita la presión del poder económico por la apertura, la liberaliza-ción y la subordinación al programa de máxima del capital transnacional.

Hace muy poco, y en Uruguay, la movilización popular denunció el secreto del Gobierno uruguayo para integrarse en el TISA y frustró el proyecto, que es una de las tantas formas de institucionalizar la liberalización. El triunfo de la movilización y or-ganización popular uruguaya muestra el camino a

Vale la pena recuperar la

memoria del triunfo de hace

una década y continuar en la

brega por reinstalar una agenda para

la integración no subordinada. No está cerrada la discusión, y el

momento de mayor expectativa en la construcción del

proyecto alternativo estuvo determinado

por la dinámica de movilización

popular e iniciativa política de

transformación.


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seguir en todo el continente para reinstalar la perspectiva masiva contra la liberalización y por otro proyecto de integración en perspectiva de liberación y por una sociedad no capitalista.

Por eso vale la pena recuperar la memoria del triunfo de hace una década y continuar en la brega por reinstalar una agenda para la integración no subordinada. No está cerrada la discusión, y el momento de mayor expectativa en la construcción del proyecto alter-nativo estuvo determinado por la dinámica de movilización popular e iniciativa política de transformación.

Ese es el desafío en la coyuntura para recrear condiciones de posibilidad para la lucha por la emancipación en la región nuestramericana. Son los pueblos movilizados los que pueden potenciar el cambio político como cambio económico y generar sujetos cons-cientes para confrontar al capitalismo. Esa confrontación fue posible hace 98 años, un 7 de noviembre de 1917 y contribuyó a modificar sustancialmente la sociedad mundial. Mencionamos el tema porque desde América del Sur emergió la ofensiva neoliberal que en 40 años construyó la actual ofensiva del capital, que ahora atraviesa una profunda crisis. Desde Nuestramérica se procesan ensayos que animaron el cambio político y pue-den ser el punto de partida para pensar nuevamente en tiempos de revolución, contra el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo.

El No al ALCA demostró que se podía enfrentar a la estrategia de las clases domi-nantes. Retomar ese camino para constituir sujetos y programa para la revolución es la posibilidad para confrontar la ofensiva del capital y construir la necesaria contraofensiva popular.

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Bolivia: Los notables avances económicos y sociales de los últimos años

José Luis Rodríguez

Doctor en Economía Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) La Habana (Cuba)

Bajo el gobierno de Evo Morales las transformaciones revolu-cionarias que han tenido lugar en Bolivia desde el año 2006

resultan muy significativas por su exitoso resultado, basado en una no-table creatividad y eficiencia socioeconómica, lo que ha representado un antes y un después en la historia del país.

Si se examina esa historia, desde la época colonial la economía bo-liviana evolucionó primero a partir de una estructura monoproductora basada en la minería de la plata y el estaño, pasando después a la explo-tación de los hidrocarburos desde la primera mitad del siglo 20, unido a una agricultura de subsistencia que solo comenzó a lograr una limitada diversificación en el oriente boliviano después de la Segunda Guerra Mundial. El escaso avance económico logrado se dio –además– en me-dio de una brutal estratificación social, donde la explotada población originaria carecía de los derechos más elementales, en un medio con una baja densidad demográfica y una ubicación geográfica que propiciaba el aislamiento del país.

A lo anterior habría que añadir la gran inestabilidad de los sucesivos gobiernos bolivianos, con una historia plagada de asonadas militares y dictaduras de todo tipo, así como una desafortunada presencia de gue-rras con estados vecinos por disputas en torno a recursos naturales, que llevaron a Bolivia a perder partes sustanciales del territorio nacional. De tal modo ocurrió con la Guerra del Pacífico librada contra Chile en 1879, que dejó a Bolivia sin acceso al mar, o la Guerra del Chaco que enfrentó a


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Bolivia con Paraguay entre 1932 y 1935 al costo de 60 000 muertos y con pérdida igualmente de territorios valiosos en recursos de diferente naturaleza.

En medio de ese complejo devenir histórico, se incrementó la lucha de los trabajadores mineros y las fuerzas más progresistas de entonces, lo que condujo al triunfo de la Revolución nacionalista de 1952 a partir de la cual se desarrolló una reforma agraria y se nacionalizó la minería, al tiempo que se fortalecía el papel del Estado en la economía nacional. Sin em-bargo, estas transformaciones parciales perdurarían poco tiempo, pues ya a mediados de los años 60 nue-vos gobiernos militares y oligárquicos revirtieron los limitados avances logrados.

La crisis económica y política del país llegó a una nueva cota con el enorme endeudamiento público de los años 80 y el proceso de hiperinflación que lo acompañó, todo ello en medio de la expansión de la producción y exportación ilegal de cocaína, que llegó a valorarse como un significativo aportador de divisas al país, expresión límite de la descomposición del sistema socioeconómico imperante entonces.

En síntesis, si se examinan los datos del creci-miento económico de Bolivia1 entre 1950 y 1980 se aprecia que el crecimiento del PIB fue de solo 3.2%, en tanto que el promedio regional fue de 5.5%, mien-tras que el crecimiento de la industria manufacturera entre 1950 y 1974 alcanzó un 3.7% y el sector agro-pecuario 1.6%, cifras que se computan entre las más reducidas de la América Latina en esos años.

1 Para los datos estadísticos del trabajo el autor se apoyó en la información presentada en el libro de Luis Bértola y José Antonio Ocampo El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2013; en el documento de CEPAL “Estudio Eco-nómico de América Latina y el Caribe 2015. Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el cre-cimiento”. Santiago de Chile, julio de 2015 y en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia “Memoria de la Economía Boliviana 2014”, La Paz, 2015.

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Para enfrentar la crisis se implantó una política neoliberal ortodoxa en agosto de 1985, que profundizó las contradicciones de todo tipo en el país y que dura-ría hasta el 2005, generando un crecimiento promedio anual del 3.1% que, sin embargo, no produjo el impac-to alguno en el real desarrollo del país.

Los acontecimientos cambiaron radicalmente con el triunfo del partido Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones que llevaron a la presidencia a Evo Morales en enero de 2006, con un respaldo de más del 60% de los votos, instalando –por primera vez en la historia de Bolivia– a un líder de la población originaria en la más alta posición del Estado.

El programa de gobierno de orientación socialista que se implementó a partir de entonces había sido ges-tado en estudios realizados por grupos de intelectuales de izquierda desde los años 90, bajo la denominación del grupo Duende y el grupo Comuna, en los que par-ticiparon personalidades como Álvaro García Linera, actual vicepresidente del país, y Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas.

La implementación del Modelo Económico So-cial Comunitario Productivo que comenzó entonces partió de un diagnóstico de la crisis del capitalismo y de un análisis comparativo entre las políticas neo-liberales y la política dirigida a respaldar los cambios indispensables en el modelo económico del país.

Una importante definición estratégica la expre-saría el ministro de Economía y Finanzas Públicas al señalar que “No es la pretensión del Modelo Económico Social Comunitario Productivo ingresar directamente al cambio en el modo de producción capitalista, sino, sentar las bases para la transición ha-cia el nuevo modo de producción socialista.”2 De tal modo, el proceso de cambios se enfocó tomando en cuenta el nivel objetivo de desarrollo de la sociedad

2 Luis Alberto Arce “El Modelo Económico Social Comunita-rio Productivo”, revista del Ministerio de Economía y Finan-zas Públicas Ecoplural, 12ª Edición, agosto de 2015, p. 5.

Bajo el gobierno de Evo Morales las

transformaciones revolucionarias que han tenido lugar en Bolivia desde el año 2006 resultan muy significativas por su

exitoso resultado, basado en una

notable creatividad y eficiencia

socioeconómica, lo que ha

representado un antes y un después en la

historia del país.


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boliviana actual y la necesaria gradualidad que una transición al socialismo supone.

Por otra parte, se aseguró la creación de una economía plural bajo la dirección del Estado, que pasó a desempeñar un rol fundamental en las transformaciones; se incluyó también la participación del sector privado, donde el peso predominante lo tie-nen las PYMES; así como el sector coope-rativo y las comunidades como los actores económicos fundamentales de este proceso.

Los dos pilares del nuevo modelo se concibieron a partir de un sector estratégico que genera excedentes y que incluye los hidrocarburos, la minería, la generación eléctrica y los recursos ambientales. Un segundo sector integra la generación de ingresos y empleo, lo que abarca la indus-tria manufacturera y artesanal, el turismo, el desarrollo agropecuario, la construcción de viviendas y los servicios comerciales, de transporte y otros.

Intermediando entre esos sectores el Estado ejerce una política de redistribución de ingresos a través de programas sociales enfocados a la lucha contra la pobreza,

subvenciones cruzadas, incrementos sala-riales y con mecanismos de transferencia condicionada de recursos como son los bonos Juancito Pinto, dirigido a la subven-ción de las necesidades de niños y personas jóvenes hasta los 18 años; los bonos Juana Azurduy, para apoyar a las madres bolivia-nas y la Renta Dignidad para respaldar a los pensionados. Estos bonos beneficiaban ya al 44.9% de la población boliviana en el 2015.

Los resultados de las transformaciones ocurridas en los últimos ocho años demues-tran el indiscutible avance en el proceso de transición hacia una economía de orienta-ción socialista.

En efecto, el crecimiento del PIB en el período de las políticas neoliberales –1985-2005– fue de 3.1%, mientras que durante el gobierno de Evo Morales se ha logrado un 5.3% hasta el 2014 y en el presente año se pronostica un 5% de incremento, lo que ubica estas cifras entre los mayores creci-mientos de América Latina en el período. En este desempeño ha jugado un papel fundamental el aumento de las inversiones, cuyo peso relativo en relación al PIB pasó

La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó transmitir por televisión y radio el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, en lugar de presentar la situación del Palacio.

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del 6.6 al 17.4% entre el 2005 y el pasado año, con un incremento de la formación bruta de capital que se elevó del 14.3 al 20% hasta el 2013. A su vez en este proceso la inversión estatal aumentó de 629 millones de dólares en el 2005 a un plan de 6 179 millones el presente año, para un incremento de casi 10 veces. A esto se añade que la inversión extranjera directa más que se triplicó entre el 2006 y el 2014, alcanzando en este último año 2 113 millones de dólares, más del doble del máximo alcanzado en los años del neoliberalismo.

La redistribución por parte del Estado de los beneficios generados por esta política de desarrollo productivo, que se apoya en una participación de al-rededor de un 30% de la propiedad estatal en el PIB, donde recursos como los hidrocarburos y la electrici-dad desempeñan un importante papel, ha permitido un avance social muy significativo en pocos años.

En primer lugar en el período que va del 2005 al 2015 se redujo la pobreza extrema del 38.2% al 17.8% de la población; el coeficiente GINI dismi-nuyó de 0.60 a 0.47, lo que refleja que el diferencial entre los ingresos del 10% más rico en relación al 10% más pobre de los bolivianos bajó de 128 veces a 42; el desempleo se contrajo del 8 al 3.5% y el salario mínimo pasó de 440 a 1 656 bolivianos mensuales.

Por otro lado, este importante avance social se alcanza con una notable estabilidad en la macro-economía. Así el índice de precios al consumidor ha mostrado crecimientos que no rebasan entre el 6 y el 7% de inflación en los últimos años y el saldo fiscal se ha mantenido controlado registrando incluso superá-vits entre el 2006 y el 2013, lo que ha propiciado que el nivel de deuda pública interna haya descendido del 31 al 13% del PIB entre 2005 y 2014.

En relación a las finanzas externas se ha logrado una balanza de pagos equilibrada lo que ha posibilita-do que las reservas internacionales se incrementaran de 1 714 a 15 123 millones de dólares entre el 2005 y el 2014, donde este último año la cifra representa

“No es la pretensión del

Modelo Económico Social Comunitario Productivo ingresar

directamente al cambio en el modo

de producción capitalista,

sino, sentar las bases para la

transición hacia el nuevo modo de producción

socialista.” De tal modo, el proceso

de cambios ha tomado en cuenta

el nivel objetivo de desarrollo

de la sociedad boliviana actual

y la necesaria gradualidad que una transición al

socialismo supone.


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el 46.1% del PIB. Por otra parte, la deuda externa ha crecido modera-damente de 6 278 millones de dólares en el 2006 a 7 756 millones en el 2013 y el servicio de la deuda se ha reducido significativamente.

La evolución registrada en la macroeconomía boliviana llevó inclu-so al hecho inédito de obtener una calificación de riesgo favorable de Fitch Ratings, que en julio de 2015 la elevó a BB, nota característica de economías desarrolladas y nunca antes registrada en el país. Según esta agencia la calificación se apoyó en múltiples elementos, entre los que destaca la sostenibilidad en la producción de hidrocarburos, la dismi-nución de la incertidumbre regulatoria, la disminución de riesgos de nacionalizaciones, la capacidad de absorber shocks adversos en la econo-mía, la presencia de sólidos balances fiscales y externos, un crecimiento económico sostenido y una estabilidad macroeconómica notable.

En síntesis, puede decirse que los factores que han determinado el éxito del Modelo Económico Social Comunitario Productivo en Boli-via, aun en medio de un clima donde no ha faltado la hostilidad de las fuerzas de la contrarrevolución, son las siguientes

• El haber planteado las metas de transformación y desarrollo adecuadas para la situación socioeconómica del país, lo cual su-pone la no superación inmediata de las relaciones capitalistas de producción y la transición gradual hacia una economía socialista, creando las condiciones indispensables para ello.

• El acertado reconocimiento e inclusión de los actores económicos fundamentales en el proceso de transformaciones, redefiniendo el papel prioritario del Estado en el mismo.

• La solución gradual de los agudos problemas sociales del país mediante un proceso de redistribución de ingresos, pero preser-vando, al mismo tiempo, el equilibrio macroeconómico indispen-sable para ese objetivo.

• La capacidad de Evo Morales y sus colaboradores para establecer un clima de transparencia y confianza con toda la población y especialmente con los pueblos originarios, alcanzando un elevado nivel de gobernabilidad y fortaleza política para enfrentar los obstáculos y las fuerzas sociales opuestas a los cambios dentro y fuera del país.


Edito

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La toma del Palacio de JusticiaA 30 años de un holocausto que no termina

Jesús Gualdrón

A 30 años de los terribles hechos ocurridos con motivo de la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19

y de la retoma del mismo por parte de las Fuerzas Armadas, es evidente que ese oscuro capítulo de la historia colombiana no se puede concluir. La decisión del Fiscal general, en coincidencia con la opinión del Procurador, de ordenar la revisión del alcance de cosa juzgada de los indultos y la am-nistías concedidos al M-19 como resultado de que este grupo guerrillero se hubiera acogido a los términos de un proceso de paz en 1989, muestra que la inseguridad jurídica sigue siendo una característica estructural de nuestro sistema de justicia e indicaría que el Estado colombiano no está en condiciones de garantizar en el futuro las decisiones que los gobiernos de turno tomen en el marco de coyunturas específicas.

Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos en toda la libertad

de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar y acabar con todo.

General Rafael Samudio

No puede ser que haya tanta gente en el baño,y si la hay, no importa, les hacemos un monumento después. ¡Vuélenlo!

General Arias Cabrales


Editorial

En las circunstancias actuales de negociación con las FARC-EP de una salida democrática del conflicto social y armado que vive nuestro país, semejante decisión se convierte en un inesperado y peligroso obs-táculo, que implica la necesaria discusión de estrictos mecanismos de confiabilidad jurídica que blinden los acuerdos a que pueda llegarse en La Habana, con el propósito de asegurar su cumplimiento en relación con la situación jurídica y la seguridad de los guerrilleros que se acojan a ellos y el cumplimiento de su letra en relación con el contenido y alcance de los mismos en materia política y social. Se trata, indiscutible-mente de una preocupación justificada que se manifiesta ya a propósito de la interpretación del acuerdo sobre la Jurisdicción especial para la paz, dado a conocer recientemente. La violación de los compromisos adquiridos por el Estado está en la raíz de la violencia y el conflicto actual, constituyó motivación principal de la nefasta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y generó el genocidio político contra la Unión Patriótica, organización surgida a raíz de los pactos de La Uribe, incumplidos también por el Estado.

El holocausto del Palacio de Justicia mostró la esencia criminal del militarismo, consustancial al régimen político colombiano. Rafael Samudio, a la sazón Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, declararía tiempo después en Chile con inocultable orgullo que “se pudieron salvar las instituciones y darle un ejemplo al mundo de cómo se debe actuar en la lucha antiterrorista”.

http://unaantropologaenlaluna.blogspot.com.co/2013/05/existe-el-matriarcado-y-el-patriarcado.htm

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La impotencia del gobierno civil fue suplida inmediatamente por el aparato militar, que tomó el control de la situación relegando de facto la autoridad del ejecutivo y aplicando un protocolo de tierra arrasada que causó el exterminio de los asaltantes, tanto como el de la mayoría de los rehenes, entre los cuales se contaban los magistrados de las altas Cortes de la justicia colombiana. El cálculo del M-19, según el cual, las autoridades del Estado iban a hacer todo lo posible para salvar la vida de tan insignes compatriotas mientras el Gobierno era sometido a juicio, resultó ser, no sólo irresponsable, sino completamente errado. Las investigaciones independientes realizadas con posterioridad a los hechos indican que, con muy alta probabilidad, los guerrilleros cayeron en una trampa, pues los altos mandos militares tenían conocimiento previo de la acción que iba a tener lugar y la utilizaron para exterminar a un enemigo que les había infligido golpes y derrotas humillantes. Y al incendio de la sede de la justicia colombiana siguieron la destrucción y la alteración de las pruebas para ocultar su innegable responsabilidad, el secuestro de los sobrevivientes, su tortura en instalaciones militares, su asesinato y la desaparición de los cuerpos.

En los años siguientes, un manto de impunidad cubrió los luctuosos hechos. Se han producido apenas dos condenas de altos militares involu-crados en tan condenables acciones. Nunca se investigó en profundidad la responsabilidad innegable del presidente Betancur y sus ministros. Y hoy, a los 30 años, en vez de avanzar en la superación de tan nefasta herencia con los ojos puestos en un futuro de paz y reconciliación, en el esclarecimiento de los hechos para acercarnos a la verdad histórica y poder resarcir a las víctimas, sus familiares y a la sociedad colombiana en general, lo que se pretende es desandar lo logrado con los acuerdos de paz con el M-19 y desconocer que este grupo otrora insurgente ha hon-rado a cabalidad los compromisos adquiridos, confiando precisamente en que el Estado respetaría y cumpliría la parte que le corresponde.


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DATOS IMÁGENESLas imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

*Portadahttp://www.defensoriamilitar.org/_pdf/LaVerdadHistorica001.pdf*Bandera:http://liturgiassinsentido.tumblr.com/post/132626044909/el-holocausto-toma-al-palacio-de-justicia-30# *Página actual:https://www.flickr.com/photos/arttesano/22391489958/in/dateposted/

Nº 59 NOVIEMBRE / 2015 BOGOTÁ, COLOMBIA ISSN- 2215-8332

Revista Izquierda N° 59, noviembre de 2015

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