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Revista de Historia Económica

Año XIII Invierno 1995 N.° 1

Editada en la Fundación Empresa Pública

DELGADO: Mercado interno versus mercado colonial - KLEIN: The Great Shift; México and Perú in the Spanish American Colo

nial Empire - CARMONA: Estrategias económicas de la vieja aristocracia en el siglo xix - PRO: Ocultación de la

riqueza rústica en España - GARRIDO: El cooperativismo agrario del primer tercio del

siglo XX

RECENSIONES

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Vasco) Eugene N. White (Universidad de Rutgers) Bartolomé Yun (Universidad de Valladolid) Vera Zamagni (Universidad de Bolonia)


Año Xm Invierno 1995 N.° 1

Editada en la Fundación Empresa Pública

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En los demás extremos, se observarán las normas que rigen para el envío de artículos originales.

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

JosEP M.' DELGADO RIBAS. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado diversos trabajos sobre Cataluña y el Comercio Colonial.

HERBERT S. KLEIN. Catedrático de Historia en la Columbia University, Nueva York. Ha publicado varios libros y artículos sobre historia de la Hacienda y el comercio colonial y del escla-vismo.

JUAN A. CARMONA PIDAL. Doctor en Historia. Es actualmente investigador en el St. Antony's College.

JUAN PRO RUIZ. Profesor de Historia contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor del libro Estado, geometría y propiedad. Los orígenes del catastro en España, 1715-1941.

SAMUEL GARRIDO HERRERO. Doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Profesor de Historia Económica en la Universidad Jaume I de Castellón.

S U M A R I O

PANORAMAS

JOSEP M." DELGADO RIBAS (Universidad Autónoma de Barcelona): Mercado interno versus mercado colonial en la primera industrialización española 11

ARTÍCULOS

HERBERT S. KLEIN (Columbia University, New York): The Great Shift: the rise of México and the Decline ofPeru in the Spanish American Colonial Empire, 1680-1809 35

JUAN CARMONA PIDAL (Universidad Carlos III de Madrid): Us estrategias económicas de la vieja aristocracia española y el cambio agrario en el siglo xix 63

JUAN PRO RUIZ (Universidad Autónoma de Madrid): Ocultación de la riqueza rústica en España (1870-1936): acerca de la fiabilidad de las estadísticas sobre k propiedad y uso de la tierra 89

SAMUEL GARRIDO HERRERO (Universidad Jaume I): El cooperativismo agrario español del primer tercio del siglo xx 115

RECENSIONES

CLARA EUGENIA NÜÑEZ y GABRIEL TORTÉELA (eds.): La maldición divina. Ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica. Por Jordi Palafox 147

RICHARD GARNER y SPIRO E. STEFANOU: Economic Growth and Change in Bourbon México. Por Carlos Marichal 152

MONTSERRAT GARATE OJANGUREN: Comercio ultramarino e Ilustración. La Real Compañía de La Habana. Por Daniel Peribáñez Caveda 154

EDUARDO L. MOYANO BAZZANI: La nueva frontera del azúcar: el ferrocarril y la economía cubana del siglo xix. Por Antonio Santamaría 157

JOSÉ IGNACIO BARRÓN GARCIA: LM economía de Cantabria en la etapa de la Restauración (1875-1908). Por Carlos Larrinaga 160

ANTONIO TENA JUNGUITO: Las estadísticas históricas del comercio internacional: Fiabi-lidady comparabilidad. Por Javier Cuenca 164

CLARA EUGENIA NÚÑEZ: La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España contemporánea. Por Emilio A. Parrado 166

ALFONSO BALLESTERO: Juan Antonio Suanzes, 1891-1977. La política industrial de la postguerra. Por José Luis García Ruiz 169

MARIANO ESTEBAN DE VEGA, SANTIAGO GONZÁLEZ GÓMEZ y MANUEL REDERO SAN

ROMÁN: Salamanca, 1900-1936. La transformación limitada de una ciudad. Por Carlos Larrinaga 171

MIRTA L. DE PALOMINO: Tradición y poder: La sociedad rural argentina (1955-1983). Por Raúl García Heras 175

JAVIER PAREDES ALONSO: Félix Huarte. Fuentes históricas. Por Juan Manuel Mates Barco 179

HERVÉ MONET y JEAN-JACQUES SANTINI: L'economie britanique: le libéralisme a l'épreuve desfaits. Por Juan Carlos Frías 184

PANORAMAS

MERCADO INTERNO VERSUS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA *

J O S E P M. D E L G A D O RIBAS Universitat Autónoma de Barcelona

RESUMEN

La intención de este ensayo es analizar el papel del mercado hispanoamericano en el desarrollo de la industria española durante la segunda mitad del siglo xviii. En especial, se discute la visión tradicional que enfatiza la importancia del comercio colonial en el desarrollo de la industria algodonera moderna en Cataluña. Con el apoyo de investigaciones recientes se concluye que el mercado interior actuó de motor de arranque de la industrialización española.

ABSTRACT

The aim of this essay is to analize the role of the Spanish American colonial market in the development of the Spanish industry during the second half of the XVIIIth cen-tury. Specially we discuss the traditional view wich emphasizes the importance of the colonial trade for the development of the modem cotton industry in Catalonia. With the support of new evidence fumished by recent research we conclude that the intemal market was the engine of the Spanish industrialization.

I N T R O D U C C I Ó N

El estudio de la relación entre las variables comercio de España con Amé

rica Latina e industrialización española no es, ni mucho menos, un tema nuevo

* Este trabajo es un avance de la investigación financiada con cargo al proyecto DGICYT PB93-0858. Versiones preliminares han sido presentadas al VI Congreso de la Asociación de Historia Económica (San Sebastián, septiembre de 1993) y al 48th International Congress of Araeri-canists (Estocolmo, julio de 1994).

Revista de Historia Económica AñoXUl. Invierno 199X N' 1.

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JOSEP M. DELGADO RIBAS

sino el capítulo mas reciente de un debate ya centenario que enfrenta a dos formas distintas de entender la evolución a largo plazo del estado español. Para un sector amplio de la historiografía nacionalista catalana, que pretendía demostrar la existencia de un monopolio exclusivo de la Corona de Castilla en el comercio americano, el triunfo de la industrialización moderna en el Principado fue una consecuencia lógica de la eliminación de todas las trabas legales con el Reglamento de 1778, del mismo modo que resultaba evidente que la decadencia de los siglos XVI y xvii había nacido de la anterior prohibición del tráfico con las colonias. Este planteamiento simplista sería puesto en evidencia por Vicens Vives y Pierre Vilar en diferentes trabajos publicados durante los años cincuenta y sesenta donde el llamado mito de la exclusión era certeramente derribado. Vilar y Vicens coincidían en destacar que la participación o no de catalanes en el comercio con las Indias debía interpretarse en función del dinamismo interno de la economía del Principado y que, en este sentido, las relaciones con el mundo colonial se intensificaron ya durante la segunda mitad del siglo xvii, dentro del proceso general de recuperación del sector exterior catalán. Trabajos posteriores de Fontana, E. Otte, Rafael Conde, Martínez Shaw y Cabrera Lobo, entre otros, demostraron la existencia de contactos indirectos y directos con la Contratación de Indias que, en algunos casos, se remontaban al siglo xvi ^

Curiosamente, nadie llevó a cabo entonces una reflexión crítica sobre la otra premisa de la argumentación esgrimida por los historiógrafos de comienzos de siglo, a saber, que el comercio directo con América abrió a partir de 1778 un mercado de enormes posibilidades para la industria catalana que la burguesía emprendedora del Principado supo aprovechar para avanzar por la senda de la industrialización moderna ^. Más bien al contrario, el peso de la evidencia empírica parecía seguir otro derrotero. Dos sólidos trabajos de investigación, presentados por C. Martínez Shaw y A. García Baquero al Primer Congreso de Historia Económica (Barcelona, 1972), aportaban pruebas de que el mercado colonial había constituido el estímulo principal para el desarrollo del sector algodonero catalán durante el siglo xviii. Martínez Shaw establecía una correlación entre el despegue de la indianería y el incremento de la participación catalana en el comercio de Indias, «fenómenos en cierta medida paralelos», para «asegurar que el mercado americano contribuyó en gran medida a

' Sobre estas cuestiones, Martínez Shaw (1986). ' En palabras de Pere Voltes Bou, 1778 «fou quan la bandera de la matricula catalana onejá

per primera vegda en els ports d'América que fins aieshores no havien pogut contemplar-la in-mediatament s'al^aren gran nombre de fabriques en el territori cátala: totes elles treballant per a América» (1964, p. 14).

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MERCADO INTERNO VERSVS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

acelerar el proceso de aparición de las primeras compañías de indianas y que prácticamente todas las grandes empresas estuvieron relacionadas con el mundo atlántico, mientras aquellas firmas modestas que basaron su comercio en una clientela primordialmente catalana no rebasaron nunca ciertos límites» '. Las relaciones entre las primeras manufacturas algodoneras y el comercio colonial eran «polivalentes». La actividad comercial proporcionó capitales para la inversión productiva y el mercado americano se habría configurado como una «salida privilegiada a la producción algodonera». Por su parte, García Raquero, con cifras elaboradas a partir de los registros de carga de los buques del comercio libre y sobre el presupuesto de partida de que el comercio catalán con América equivalía a las exportaciones efectuadas a través del puerto de Barcelona '*, demostraba el «predominio del sector industrial en el conjunto de las exportaciones catalanas hacia las colonias» ' y ponía de relieve que «los pintados constituyen, después del aguardiente, el principal producto de exportación catalán» . Pese a que en el texto García Baquero distinguía entre «lienzos pintados» —«tejidos diversos de lino y cáñamo importados del extranjero y tan sólo teñidos aquí»— e «indianas» —«producto totalmente fabricado en Cataluña»— ', y pese a reconocer que «los primeros superan a éstas en más de un 50 por ciento», las cifras que ofrecía en el cuadro 4 sumaban ambas partidas, sin ofrecer estimaciones más precisas sobre el peso relativo de cada una de ellas.

Los resultados dados a conocer por Martínez Shaw y García Baquero * reforzaron un modelo explicativo del crecimiento económico catalán del siglo XVIII construido por Vicens Vives, Fierre Vilar y los primeros trabajos de Josep Fontana que interpretaba el acceso de la producción catalana al mercado colonial como la culminación de un proceso de mercantilización iniciado durante las últimas décadas de la centuria anterior que alcanzó su cénit en la antesala de las guerras coloniales de fines de siglo. Si para Vicens se produjo en este momento la aparición de la «tercera generación burguesa», que protagonizó «el salto definitivo del capitalismo comercial al industrial en Cataluña» , Fon-

' Martínez Shaw (1974), p. 247. '' García Baquero se proponía estudiar a través de los registros cerrados en el puerto de Bar

celona «la estructura de este comercio de exportación colonial en el capitulo de los productos españoles» (1976, p. 287).

' Los porcentajes propuestos eran un 64% para la producción industrial y un 36% para la producción agraria. García Baquero (1976, p. 287).

<• Con un 58% de los textiles y un 26,8% de las exportaciones totales. ' García Baquero identifica «indianas» y «cotones pintados», Cataluña (1976, p. 293). * Mejor que nadie, el propio García Baquero valoraba su aportación: «justo es reconocer

que no ha venido a añadir gran cosa a lo ya sabido; más bien se ha limitado a corroborarlo, aunque, eso sí, a través de una óptica hasta ahora inédita» (1976, p. 294).

' Vicens Vives (1974), p. 33.

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JOSEP M, DELGADO RIBAS

tana destacaba la importancia de las colonias como elemento potenciador «de una industrialización de tipo moderno, sobre todo en Cataluña», donde la debilidad del crecimiento a la británica se explicaba en función de la estrechez del mercado interno "* y las transferencias en mercancías y dinero recibidas de América determinaban la precaria estabilidad de la economía española y del Estado Absoluto.

¿Qué papel correspondía a la demanda interna, catalana y española en este proceso de crecimiento orientado hacia el exterior? Uno más bien discreto, pues se vería obligada a relevar a fines del siglo xviii al «inmenso mercado colonial» " en una coyuntura de crisis agraria poco favorable al crecimento del consumo de bienes de demanda elástica.

Frente a este modelo explicativo utilizado por la gran mayoría de los investigadores que abordaban la cuestión del nexo entre comercio colonial y crecimiento económico hasta comienzos de la década de los ochenta, sólo algunas voces se mantenían críticas. Jordi Nadal recordaba en 1970 la necesidad de no perder de vista la formación del mercado interior ' , Fontana advertía sobre los peligros de una articulación excesivamente simplista entre industrialización y demanda americana ' , y Maluquer de Motes, más rotundo, destacaba que era difi'cil de entender un proceso de industrialización que no comenzara a partir de la captura de la demanda interna. Su lectura de las cifras aportadas por García Raquero era completamente distinta a la efectuada por éste pues servía para destacar la escasa relevancia de las exportaciones enviadas a las colonias durante la etapa del «comercio libre». Según Maluquer de Motes, «las espléndidas oportunidades de acumulación que proporcionó a Cataluña el mercado americano en la segunda mitad del siglo xviii fueron, con seguridad, más amplias para la agricultura y el comercio que para la industria» '''.

1» Fontana (1974), p. 73. " M. Izard (1976). Según Martínez Shaw, «la crisis que se precipita en 1793-1824 obligó a

establecer un nuevo sistema comercial que iba de la mano de un nuevo sistema productivo. El hundimiento de los mercados americanos, primero por las guerras, posteriormente por la pérdida completa de las colonias en 1824, obligó a una reconversión general del sistema comercial español. Esto obligó a los productores de Cataluña y a los de las regiones más expansivas a buscar la apertura del mercado interior para sus productos» (1982, p. 55).

' Nadal (1970). En el mismo sentido abundaba el hecho de que la producción algodonera de los años 1819-1820 sobrepasaba, pese a no contar ya con el apoyo del mercado colonial los niveles de 1792. Nadal (1975), pp. 191-194.

" Fontana (1976), p. 356. Fontana indicaba que un análisis en profundidad del proceso de consolidación de una industria moderna en Cataluña y su relación con el mercado americano no podía limitarse «a la simple verificación de la relación que existe entre comercio colonial y producción de tejidos» (p. 365).

'" Maluquer de Motes (1977), p. 75.

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MERCADO INTERNO VERSUS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

Este ensayo pretende resituar el papel de la demanda americana en el desarrollo de la industria algodonera catalana a partir de tres líneas arguméntales superpuestas: 1) una correcta lectura de las series de comercio con América reduce sensiblemente la participación de los textiles de algodón catalanes en las exportaciones a las colonias; 2) la contabilidad de las empresas algodoneras confirma el reducido peso relativo de estas exportaciones sobre la producción total, y 3) ni el marco institucional dentro del cual se realizaba el comercio colonial durante el siglo xviii, ni las pautas de consumo del mercado americano permitían una mayor penetración de las telas de algodón catalanas en el mercado ultramarino.

ANTES Y DESPUÉS DEL «COMERCIO LIBRE»

De entre las numerosas incógnitas que es necesario despejar para proceder a una correcta valoración del papel del mercado colonial en la consolidación del sector algodonero catalán, la primera y más elemental consiste en conocer la magnitud de las export-aciones de telas de algodón a las colonias a lo largo del siglo XVIII, es decir, antes y después del «comercio libre».

Para la etapa del monopolio gaditano, la información disponible sobre las exportaciones de manufacturas al mercado americano apenas ofrece rastros de la presencia de indianas o cotones pintados en los registros de los buques " de la Carrera. De un modo genérico, el estudio de García Baquero sobre el comercio de exportación de Cádiz entre 1717 y 1778 no detecta la presencia de telas de algodón en las bodegas de los buques. Si nos referimos únicamente a las exportaciones catalanas a las Indias, el resultado no varía en exceso. Martínez Shaw apenas encuentra antes de 1756 indicios de la presencia de géneros de algodón en las consignaciones efectuadas por el comercio catalán > En sus

>' García Baquero (1976) I, pp. 319-322, y II, pp. 200-219, Frente a la mención repetida de lienzos, paños, bayetas y sederías en las relaciones de mercancías que cita, donde se contienen listas pormenorizadas de la producción industrial española y extranjera que se exportaba a Indias, o en los comentarios derivados del análisis de los registros de la Contratación, no aparece ni siquiera mención a telas de algodón, indianas, cotones pintados o cualquier otro termino utilizado para detectar la presencia de géneros de algodón. , . „ , , „ , 7 4 , 7 8 1SÍ,1»8 iq?

- Martínez Shaw (1981), pp. 152-153, 157. 159-161 166, 169-170, 174-178, 186-188 192^ 193, donde se detallan los registros de carga de las embarcaciones catalanas que entre 1749 y 1756 participan en el comercio con América, no aparece ni una sola partida de telas de algodón. Esta impresión es confirmada asimismo en los apéndices donde se incluyen las mercancías embarcadas por los corresponsales catalanes en Cádiz en barcos no catalanes entre 1735 y 1756 (pp. 287-302) - n i una mención a indianas o géneros de algodón-, o en las cuentas de la Compañía Alegre y Gibert, en cuyo capítulo de exportaciones a Cádiz entre 1720 y 1754 aparece una única

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conclusiones al estudio de la estructura de las exportaciones, trasladará la carga de la prueba de la importancia del mercado americano para la industria algodonera al período posterior:

en los años centrales de siglo, las remesas de indianas debían representar todavía un papel modesto dentro del conjunto de la exportación catalana a América, pero sin duda su presencia en la Carrera de Indias debió incrementarse a ritmo acelerado en las décadas siguientes '^.

Sin embargo, las investigaciones realizadas por J. M. Oliva y Eloy Martín Corrales no confirman esas expectativas. El primero analiza la actividad exportadora de la Real Compañía de Comercio de Barcelona desplegada entre 1756 y 1785, para concluir que dentro de las exportaciones, «los tintados y teñidos son pocos, y menos aún los pintados» '*. Por su parte Martín Corrales reafirma esta conclusión para el mismo período en las operaciones efectuadas por particulares ' .

A conclusiones similares ha llegado recientemente J. K. J. Thomson en su reciente estudio sobre la indianería catalana, donde se discute la supuesta importancia del mercado colonial en la consolidación de la manufactura algodonera catalana. Para el período 1741-1758, observa no sólo que Madrid es ya su principal mercado ^ en una estructura que ya incorpora toda la fachada litoral hasta Cádiz, sino que además la presencia de las telas de algodón catalanas ha iniciado la penetración en el resto del mercado interior. Thomson cree que las partidas remitidas durante estos años por los fabricantes catalanes a Andalucía se dirigían con preferencia a este mercado regional y no a las colonias. Pero, aun en el caso de que estas remesas tuvieran realmente por horizonte las colonias, «la producción para el mercado americano sería sólo de importancia secundaria» ^'. En las dos décadas siguientes, la estructura del mercado apenas registrará variaciones ^^. Thomson reproduce los datos de Asumpta Muset sobre las ventas de la fábrica F? Ribas y Compañía entre

partida de 25 piezas de indianas remitidas en 1752 con el patrón Joan Bautista Balansó, que no representa ni una centésima parte del valor total de las exportaciones (pp. 333-343). Lo mismo se observa a partir de la contabilidad de Ermengol Gener para el período 1747-1756 —ausencia total de telas de algodón—, pp. 352-358.

" Martínez Shaw (1981), p. 236. '8 Oliva Melgar (1987), pp. 268-269 y 274. 1' Martín Corrales (1988), pp. 125-144. ^ Sobre la relevancia de Madrid como gran centro consumidor de telas de algodón catalanas

desde mediados del siglo xvill, Cruz (1994). 21 Thomson (1992), pp. 131-132. " Thomson, 1992, p. 163.

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1766-68 y 1774-83 que confirman el predominio del mercado interior, y den

tro de él del castellano.

CUADRO 1

Ventas de las fábricas F(. Ribas i Cia, Mattel Ortells yjosep Castanyer (en % sobre el total)

Ribas" Ortells" Castanyer" Cercado 1766-1783 1784-1796 1780-1788

r ,.„ 53.27 51,3 33,42 Castilla , ^-! ->n n , - 24,06 s.d. 37,20 ^ " ' f ' r . 5,80 26,0 17,38 A"dalucia ^^^ ^ g 3_ 6 ^f' " ' 2;38 11,7 M 5 Murcia „ . n^ i r, - w 0,50 0,4 0,41 P^''^' '^'^° 069 1.2 0,72 Í7°" o:69 0.3 4.91 Oalicia •. , . r, , o I: . 0.29 1,2 0,18 hxtremadura Mallorca ' n IA rs 0,69 — 0,34 0 " ° ^ 622 - 0,19 Sin precisar '

Así pues, las evidencias empíricas que tenemos indican que, al nienos hasta 1778, la industria algodonera catalana necesitó poco o nada del mercado americano para consolidarse. En este momento existían 63 empresas algodoneras activas entre reguladas y no reguladas ^ lo que representaba, solo para el caso de las reguladas, 950-1.000 telares y una producción anual de 1,2-1,4 millones de metros 27. i-c i »„

Estos resultados son importantes porque obligan a modificar la argumentación que defiende la importancia del mercado americano para la industria al-

" Muset (1988), p. 396, y Thomson (1992), p, 164. Falta la información correspondiente al

' " ' " ' S d o ' R L s (1988). p. 112. La información sobre las ventas de Ortells no recoge las

" ' T k r u ^ a l i T n T d Í c a Í Í T n y a (ANO, Fons Castanyer, 162.24.25.02, Llibre Major. 1780-

1788.

2' Thomson, 1992, pp. 188 y 194. 2' Thomson (1992), p. 197.

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godonera catalana en el período 1778-1796, es decir, en el marco del sistema de «comercio libre». En lugar de presentar esta etapa como la culminación lógica de un proceso gradual de conquista del mercado americano iniciada en la etapa anterior, es necesario ahora explicar qué factores provocaron, en espacio de pocos años, la reorientación del sector exportador hacia el mercado colonial.

Todas las estimaciones sobre las exportaciones de telas de algodón catalanas al mercado americano durante el «comercio libre» (1778-1808) han utilizado como soporte documental la misma fuente: los registros de carga de los buques elaborados en las aduanas habilitadas para el pago de aranceles y reales derechos. Recientemente *, y en una reelaboración de las cifras presentadas en 1972, García Baquero ha expuesto con claridad cuáles son sus criterios para establecer la distinción dentro de las exportaciones de manufacturas «nacionales» entre telas de algodón estampadas fabricadas en Cataluña y pintados sobre lienzo extranjero. Su estimación, que incrementa respecto a la mía de 1981 ^ el peso de las indianas del Principado, se sustenta sobre un criterio taxonómico puramente terminológico. Las denominaciones «indiana» y «cotón pintado» se utilizan para distinguir las telas de procedencia genuinamente catalana, de los lienzos de procedencia foránea pintados en Cataluña y luego reexportados al mercado colonial ^°. Aceptar este criterio ofrece al investigador la ventaja de que reduce a la lectura de los registros el trabajo de separar las telas de lino de las de algodón y hace difícil la existencia de grandes discrepancias entre dos series construidas sobre la misma fuente ".

Pero el problema es mucho más complejo, especialmente por dos razones. En primer lugar, porque la distinción entre lienzo pintado de lino e indiana o cotón pintado que establecen las hojas de registro no constituye una información fiable para determinar el tipo de fibra de que están compuestos los tejidos. Los resúmenes de los registros del «comercio libre» no pretendían recoger las características técnicas de las mercancías registradas, porque esta no fue nunca su función. Lo único que exigía la Real Hacienda al funcionario de rentas es que clasificara los géneros según las diferentes categorías fiscales recogidas en los Aranceles de 1778, a saber, géneros del reino libres, mercancías nacionales que pagaban el 3%, y mercancías extranjeras al 7%, en función de las

8 García Baquero (1991). ^' Delgado Ribas (1981). La discusión en torno al volumen de las exportaciones de telas de

algodón catalanas, en Delgado Ribas (1988) y (1993), García Baquero (1991). 'O García Baquero (1991), p. 29, " Por ello considero razonable la perplejidad que manifiesta García Baquero al comparar

sus cifras con las mías.

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MERCADO INTERNO VERSVS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAROLA

declaraciones de los cargadores 32. Las dudas que las aduanas habilitadas exponían a la dirección general giraban en torno a la tributación de los géneros que los comerciantes presentaban para su oportuno registro y no respecto a la naturaleza de las fibras utilizadas en su fabricación. En segundo lugar, existe un problema conceptual común a todas lenguas que incorporaron en su léxico los términos «indiana», «pintado» o «calicot» para identificar a unos textiles inicialmente importados de Asia, pero que desde fines del siglo xvii comenzaron a ser imitados en Europa, no por la fibra empleada, sino en función de su técnica específica de acabado. Así, en su General Dtctionary oflrade and Com-merce, Malachy Postlethwayt definía el «calicoe» como «una variedad de manufactura de lino, hecha de algodón principalmente en las Indias Orientales» 33. Un siglo después, otro diccionario inglés definirá la indiana como una «tela de lino o algodón, o de mezcla de uno y otro pintada por un solo lado» 34. El mismo problema plantea el término «indienne» en la terminología francesa ^\ En Cataluña, la confiísión era alimentada por los propios empresarios cuando, por ejemplo, se autocalificaban en un memorial presentado a Carlos III, como fabricantes de «indianas y demás lienzos pintados de algodón» .

Aceptemos, por un momento, que la pericia de los agentes de aduana era suficiente como para distinguir la textura de un tejido sin desatar el fardo que

^^^X Reglamento de 1778 especificaba, en su a«. 8. que «Los ^^-'j°^¿^^ff^°i:'J^^] f o ^ a r en la^ Aduanas con total separación e ^ ^ ¿ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ t ^ ' l t T . ^ ^ l mercaderías Extranjeras que nunca se podran mezclar, y con cxp

' " S ^ S S ^ i r ^ U ^ t ^ i r a d o r .enera, de .aaduana de B - ^ o n . J o ^ ^ H ^

no se realizaba la mspección ocular de los bultos embarcados por ' ° ^ « • " " " ; " ' ° ^ 5 ^ ^ "

del «comercio libre» para no perjudicar «a los mteresados ° /y^"° ' . /^^^ ° ™ ° ^ t híbie

ropas, porque viniendo estos ^^J -^ ' ^ . ' ^ - J -P /^^e i^^^^^^^^^^^^ sen de reconocer por menor P f « - " ^'g^s" ¿ S R 2 . ^ ,eg 8 f9). De este modo debía resultar Rentas, Barcelona, 2 de marzo de 1794. AL.b, uoiv. ¿. r., « -difi-cil el peritar si una pieza de tela -ampada^era ^^^^^^^^°^^ ^ „ ^ , „ , , , , , H , „ , e en el

33 Postlethwayt 1766 I. Según Ene ^ ^ ''f;, j ' f ™ „ P „ , designar un nuevo tipo de te-Lancashire a partir de la decada de ¿^^Jf^'^h'^^Meitmb, R ^ ^ o Stepney. La novedad que tejido elaborado por empresas como ^ e y ^ o u t h MeU:omt,ej^g manufacturado fabricado ín-presenta el «pintado» inglés - ¿ ' c a en que se trata J l prj^^^^ ^.^^.^^^ ^^

tegramente en algodón importado de las ^ ^ ^ ' ^ ? ^ ~ ¡ ' { J ^ ¿ ^ 1, producción de telas impresión en bloque que imitaban a las empleadas en la ind.a para v

" ^ t ^ L e s indiennes ont aussi é t . ^ ^ ^ n . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

pie des Orientaux, les E " 7 « = - ^ . - ^ = " ' " ^ ^ ^ ^ c Marpon y E. Flammarion Edits, s. f.

3' Los fabricantes... a de Hacienda, leg. 1431.

19

]OSEP M. DELGADO RIBAS

lo contenía. Entonces el criterio de García Baquero sería correcto siempre que todos lo cotones pintados e indianas embarcados en Barcelona como género «nacional» fueran, efectivamente, manufacturados en las fabricas catalanas. Pero esto no es cierto. El mismo Reglamento de 1778 en su art. 26 recordaba que los géneros de algodón llegados de Filipinas y luego reexportados al mercado americano tenían la consideración de género nacional sujeto al arancel del 3%. Estas partidas no fueron importantes hasta la creación, por RC de 10 de marzo de 1785 de la Real Compañía de Filipinas, uno de cuyos principales negocios debía ser la importación de telas de algodón asiáticas al mercado español. No deja de ser significativo que las primeras remesas de indianas «de la India» llegaran a Cádiz durante el segundo semestre de 1787, y que su venta al mayoreo a los fabricantes de estampados comenzara a efectuarse en 1788, fecha en que mis cifras y las de Antonio García Baquero comienzan a discrepar. Y estas importaciones no hicieron sino aumentar en los años siguientes. La Balanza de Comercio de 1792 indica que se introdujeron en España 1,7 millones de varas de telas de algodón procedentes de Filipinas. Pensar que una proporción importante de estos géneros fue absorbida por la industria de estampación catalana para su posterior reexportación a las colonias no es descabellado. Un informe elaborado por la misma Compañía de Filipinas a mediados de 1790 resumía las importaciones efectuadas durante el último semestre y su distribución en la Península. Barcelona fue el destino final de 101.025 varas de lienzo de algodón en blanco (el 92,6% del total), 150.000 varas de mahones en crudo (52,1%), 5.187,5 varas de muselinas (26,4%) y 6.550 varas de gasas (76,5%). La mayor parte de estas telas fue adquirida en la Lonja de Barcelona por los fabricantes de estampados para su posterior reexportación a las colonias '^. Pese a ser ya importante no es este el único motivo de discrepancia entre las series de García Baquero y las mías. En 1789 el ministro de Hacienda López de Lerena autorizó la introducción de muselinas extranjeras en crudo '*. Según la balanza de comercio de 1792, entraron en Espa-

" En Delgado Ribas, 1988, detecté la venta en la Lonja a través de los libros del corredor Just i Anglada de 300.593 varas de telas de la Compañía de Filipinas entre los años 1790 y 1792. Si se acepta que quedan recogidas aquí las operaciones de un 25% de los fabricantes de estampados, la cifra estimada de producción sobre telas asiáticas ascendería a 1,2 millones de varas, la mayoría, destinadas al mercado americano. La utilización de las telas de algodón importadas por la Compañía de Filipinas para la estampación de indianas destinadas al mercado colonial no fue exclusiva de Cataluña. Para El Puerto de Santa María, vid.}.]. Iglesias Rodríguez (1991), p. 232.

' ' Las muselinas constituían la variedad mas fina de las telas de algodón importadas de la India. La industria algodonera británica no estuvo en condiciones de competir con las importadas de Asia hasta que a fines de los años ochenta cuando la introducción de la «mulé» y la llegada del algodón Sea Island garantizaron una mejora en la calidad y el descenso de los precios. En Catalu-

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MERCADO INTERNO VERSVS MERCADO COLONIAL EN , A PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN E S P A N O U

ña 727.829 varas de muselinas importadas de Inglaterra, Italia y Francia muchas de las cuales serían reexportadas al continente americano. Las telas de la Compañía de Filipinas y las muselinas procedentes de Europa eran, es cierto, géneros de algodón y así se expresaba en el registro. Pero cuando de lo que se trata es de discernir qué parte de la producción algodonera catalana se oriento hacia el mercado colonial, el criterio taxonómico basado en el nombre es insu-ficiente. La única alternativa posible, que utilicé en 1981 y aun defiendo, es la de adoptar como único criterio seguro el arancelario utilizado por la dirección general de rentas para calcular la deuda tributaria de cada pieza de tejido: Mientras las indianas y telas de algodón catalanas eran libres del pago de derechos, las pintadas sobre lienzo o algodón extranjero, pese a exportarse también como efectos nacionales, pagaban una tarifa del 3% 3 .

Si dejamos a un lado esta cuestión, es posible encontrar aun otras dos lineas arguméntales para sostener que la exportación de telas de ^ ^ " e t ñas al mercado colonial durante el «comercio libre» fue - - - ' i - ' ' ^ ^ d/ ° que piensa García Baquero. En primer lugar, el análisis de las « í^- tes directas

1 j - ^„^ ^^Ke nrevalecer sobre os resultados obtenidos a parpara la producción», que debe prevaiecci »uuiv. tir de la fuente «auxiliar» del comercio «, en caso de d ' - e P - ^ ^n se^ndo lugar, el estudio de las pautas de consumo, cuestión que los estudios obre a fofmlción del mercado en la época preindustrial han comenzado a prestar recientemente toda la atención que se merece. • , j „ „ „ ..t^Uní,

Por desgracia, el libro de Thomson sobre la industria ^^f^^^^^^^^ no aporta información tan detallada respecto a la "tructura del mere do como para el período anterior, aunque su conclusión es clara: «La xpansion del me'rcado americano representó una ^ - - - " ; t ' ° " ^ \ P ^ ; ° ^ l ' T e p r e ' cia de unas conexiones de mercado más consolidadas y estables lo que repre-cía ae una:, cui CA comerciantes nversores compro-sentó el estímulo mas poderoso para ^'^^jo come c

metieran sus recursos en una ^^¡¡^^rl^S^^^rlil^^^^ ^^

r r i r ^ •::s ^ ^ : : a u r S = ae a ^ ó n y . n z o s pintado.

, j • • •„ intrnrliirirse un par de décadas. Edwards (1967), ña, la producción de muselinas tardaría aun en introducirse un pa pp. 40-43. . „.„„f.,rtiira'! nacionales «pintadas o beneficiadas de

>' El Re,l.>nen.o de 1778 <i--^^JX^^^:^^7üLpo de su introducción, aunque modo que muden el aspecto, o el uso y d « ' " ° " " ^ ' ^ «manufacturas de lana, algoJó», sus primeras materias ' " V f ^ h C e n t e de las Fábricas de' la Península y de las islas de Malino y cáñamo que sean indubitablemente de las raonc Horca y Canarias» (art, 22), libres de derechos.

"" García Baquero, 1976, p. 270. <i Thomson (1992), p. 216,

21


las tres incluidas en el cuadro 1, Ribas, Ortells y Castanyer, más la firma Rull, estudiada por Alejandro Sánchez '*^.

CUADRO 2

Ventas dejosep Castanyer i Cia (1780-1788)

Libs. cat. %

Cataluña sin Barcelona 409.915 30,17 Barcelona 95.499 7,03 Castilla sin Madrid 276,389 20,34 Madrid 176.867 13,02 Andalucía sin Cádiz 124.277 9,15 Cádiz 111.777 8,23 Galicia 66.673 4,01 Valencia 49.665 3,66 Murcia 19.645 1,45 Aragón 9.735 0,72 País Vasco 5.620 0,41 América (Buenos Aires) 4.650 0,34 Extremadura 2.447 0,18 Asturias 1.941 0,14 Rioja 836 0,06 Compradores malteses 2.572 0,19

TOTAL 1.358.515"' 100

La contabilidad de las empresas de estampación confirma una distribución del consumo de sus manufacturas similar a la del período anterior al «comercio libre». El mercado castellano, en el cual Madrid juega un papel destacado, y el catalán absorben mas de dos tercios de la producción total. La nota discordante a esta situación de la firma Rull, cuyas ventas se dirigen según A. Sánchez en un 58,4% al mercado colonial, un 35% al catalán, y sólo el 6,6% al interior '''', tiene, a mi entender, dos explicaciones. En primer lugar, el predominio de la estampación de lienzos importados —75,7%, frente al 24,3% de las telas de algodón— indicaría una especialización en el surtido del mercado

« A. Sánchez (1989), pp. 18-20. ••' Incluye la suma de las fracciones (sueldos y dineros). •"• Sánchez (1989), p. 21.

22

MERCADO INTERNO VERSVS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

ultramarino. En segundo lugar, una cierta sobrevaloración del mercado colonial respecto al interior. A. Sánchez considera «claro» que la ventas a Cádiz tienen por destino ultimo el mercado colonial, sin considerar que la bahía era la vía de entrada para la producción industrial catalana en a cuenca ba,a del Guadalquivir, un área de alta densidad urbana relativa, habitada por una población de renta notablemente superior a la media española y cuyo poder de compra no dejaría de atraer a los exportadores catalanes, como ya observara Thomson para el período anterior. «Sensu contrario», es presumible que una parte de las ventas al mercado catalán se destinaran a su distribución mediante la venta ambulante en el mercado interior. El grueso de las transacciones de la firma Castanyer en el mercado regional catalán -cuadro 2 - se dirige hacia los centros nodales de las grandes diásporas mercantiles desplegadas por el co-mercio catalán en el mercado interior -V ic , Gironella, Torte la, Copons y Ca-laf- y no hacia los pueblos de la costa donde sólo Canet y Mataro tienen una participación modesta. Pienso que una parte de estas ventas viajaría en los carros que mantenían en funcionamiento las redes de distribución que conec a-ban estas villas catalanas y las españolas con presencia de «botiguers» cátala-

nes 45

PAUTAS DE CONSUMO Y RESTRICCIONES INSTITUCIONALES

Pero ¿podría ser de otro modo?. Todas las informaciones descriptivas que he podido reumr insisten una y otra vez en que las indianas ^bncadas en el Principado no se adaptaban al gusto de los consumidores de las - lon ia • Se gün l íomson. «los linos importados eran de mayor calidad Y ¿aban mejores Resultados cuando eran estampados que las indianas de P - / - ^ " - " -nal» -• Alejandro Sánchez, por su parte, recoge el testimomo de comerciante matriculado Josep F , Vila que añade nuevos elementos para explicar la preferencia hacia la estampación de lienzos importados:

, j . , r^^rr^nt'úe'i en el caso de la pañería, Torras Elias « Sobre el funcionamiento de estas redes mercantiles en ei c

(1984), (1989), (1991). « Thomson(1992), p. 165,n. 35.

23


y darlas a lo menos a los mismos precios a que resultan éstas, introducidas clandestinamente en América '*''.

En 1794, el administrador de la Aduana de Barcelona contestaba, a pregunta de la dirección general sobre la naturaleza de los estampados exportados por el Principado a las colonias que éstos se fabricaban sobre «platillas, caserillos aplatillados, diez y óchenos, veintenos y veintecuatrenos; cambrayones, o estopillas lisas, algunos cambrayes o batistas, choletas, lávales y trues, y de algodón, los elefantes, garras y gurras y algunas muselinas ordinarias» ''*.

La cantidad y la calidad de las telas exportadas desde la península a las Indias dependía en última instancia de la demanda americana. La demanda de textiles de las colonias era función de tres variables: las restricciones impuestas por el monopolio al libre comercio, las pautas de consumo de los hispanoamericanos y la existencia o no de producciones concurrentes que pudieran competir en precio, calidad y gusto con la oferta española.

Respecto a la primera cuestión, no voy a insistir en el hecho de que los textiles reexportados desde España resultaban más caros que sus equivalentes introducidos por el contrabando '•', sino en el problema más genérico de los costes de transacción. Si prescindimos de aspectos puramente fiscales, el cargador español tropezaba con dos importantes restricciones a la hora de buscar el lucro en su participación en la Carrera de Indias que, pese a su naturaleza distinta, tenían como resultado la pérdida de todo control sobre la comercialización de las mercancías de demanda menos elástica y mayor margen de beneficio: el tabaco y los esclavos. Dejando al margen la problemática compleja del establecimiento del estanco del tabaco en América, la especificidad del sistema de provisión de negros a las colonias españolas constituye la gran diferencia entre el sistema colonial español y los restantes imperios europeos. Históricamente, la Corona había organizado la trata a través de contratos de asiento en virtud de los cuales el asentista recibía una concesión para introducir, durante un serie de años y en régimen de monopolio, una cantidad determinada de esclavos en una región determinada de la colonia. La Real Hacienda recibía una compensación por negro introducido que luego el asentista cargaba sobre el precio de venta al hacendado comprador de fuerza de trabajo esclava'". Este

"' Sánchez (1992), p. 220. « Helguero a la DGR, Barcelona, 27-XII-1794, AGS, DGR 2.' r., leg. 819. Una relación muy

similar, en Lipp (1793) I, pp. 203-205. •" Esto ya lo sostenía J. F. Viia en 1786. Supra, nota 48. Sobre el extraordinario crecimiento

del contrabando de telas de algodón en las colonias españolas después de 1778, S. J. Stein (1974). '" La racionalidad del sistema de asientos no escapa a Mercedes García Rodríguez; «la ce

sión del Asiento proveyó a la corona española de recursos monetarios importantes, al establecer

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MERCADO INTERNO VERSUS MERCADO COLONIAL EN LA PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOU

sistema restrictivo se mantuvo vigente hasta febrero de 1789 cuando, dentro del segundo ciclo reformista promovido por Floridablanca, el «comercio libre» se extendió también al tráfico de esclavos. Sin embargo, esta liberalización, que beneficiaba tanto a los negreros extranjeros como a los españoles, llegó tarde. El comercio español no tenía factorías en la costa africana, ni conocimientos en un negocio que alcanzaba altas cotas de riesgo e incertidumbre y las colonias españolas continuaron siendo abastecidas mayoritariamente por traficantes de otros países hasta entrado el siglo xix " . No pretendo sostener tanto que las restricciones impuestas por la administración española al tráfico de esclavos limitaran las posibilidades de beneficio del comercio colonial español como que, debido a ellas, éste no pudo organizar un sistema atlántico de intercambios '2. Sobre este «Atlantic System», caracterizado porque lo que circula en él son «esclavos, la producción de los esclavos, los "inputs" de las sociedades esclavistas y los bienes y servicios comprados con los beneficios del trabajo esclavo» ", se había construido la prosperidad del comercio colonial europeo.

Uno de los efectos multiplicadores que se derivaban de una participación directa en el sistema de intercambios atlántico era la captura de un mercado exterior de grandes dimensiones para la producción de estampados de algodón. En el comercio de la WIC holandesa con la costa africana «los textiles dominaron con claridad» hasta el punto de constituir el medio de pago en el 57% de las compras'''. Para el caso británico, Richardson, Inikori y Eltis han destacado que la primera gran expansión de la industria algodonera británica que tuvo lugar entre 1748 y 1778 tuvo por horizonte el comercio de esclavos y la provisión de ropas bastas a las áreas de plantación más que el exigente mercado de consumidores blancos de la América anglosajona " . Para el caso francés, R. L. Stein ha señalado asimismo que en Nantes la fabricación de indianas nació y se desarrolló como resultado de la demanda de tejidos bastos

el cobro de altos derechos por la introducción de negros en sus colonias e imponer como condición irrevocable la subvención al tesoro español, por parte de la compañía concesionaria; además el monarca obtenía directamente un porcentaje de la ganancia total de la compañía». García Rodríguez (1994), p. 299.

" Sobre esta etapa, Tornero Tinajero (1994). " Sobre esta cuestión me remito al volumen colectivo editado por Barbara Solow (1991). " Solow (1991), p. 1. " Postma (1990), p. 104. En su mayoría lienzos de Leiden y Haarlem y telas asiáticas. " Richardson (1987), (1991); Inikori (1990), (1992). Según Eltis, (1991) p. 106, en los años

ochenta del siglo XVIII, las telas de algodón representaron el 56,4% en valor de las exportaciones británicas a la costa africana que se destinaron a la compra de esclavos; unos 9,5 millones de yardas (8,7 millones de metros). Sobre la conexión entre trata de esclavos y desarrollo de la industria algodonera en el caso de los Estados Unidos, Bailey (1992).

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y de baja calidad necesarios para vestir a los esclavos. Esta actividad industrial fue la más importante de la ciudad hasta la Revolución y «existió casi exclusivamente para servir al tráfico de esclavos» '*. Uno de los principales atractivos que para los empresarios ingleses tuvo el Tratado de Edén (1786) fue la posibilidad de capturar el mercado negrero francés para la industria de Lancashi-r e " .

Las pautas de consumo de la población americana no esclava tampoco jugaron en favor de la industria algodonera española. Como observa Mary Mo-ney, el uso de un determinado tipo de textiles va ligado a comportamientos culturales vinculados a la etnicidad. Peninsulares, criollos '*, y en mucha menor medida, mulatos aparecen como los únicos consumidores «libres» de textiles importados. La indumentaria de la mujer criolla se hallaba desde fines del siglo XVII, y gracias a la extensión del contrabando, muy influenciada por el gusto francés: jubones de generoso escote confeccionados en bretañas, broca-tos, rasos y paños de Castilla; casacas ceñidas de raso, sayas de seda —tisúes, tafetanes, rasos, felpas etc.—, mantones, mantillas y medias de seda, y ropa interior de lencería fina y seda. La indumentaria de la mujer mestiza era sensible al efecto demostración y tendía a seguir los gustos franceses impuestos por las damas pudientes, aunque con telas de inferior calidad y menos recargadas de encajes, blondas y cintería: pollera amplia hasta la rodilla, jubón y manta de seda, y ropa interior de bretaña o muselina de algodón y seda.

La indumentaria masculina de los blancos acomodados también se caracterizaba por el predominio del diseño francés y el uso del lienzo, seda y lana como fibras textiles dominantes. El capote o gabán se confeccionaba en paños de Quito o bayetones «de Castilla» '^, el calzón, de tafetán y paño, y la camisa de lencería europea. La única prenda masculina fabricada en telas estampadas fue el chaleco, también de influencia francesa, cuyo uso, sin embargo, sólo se generalizaría durante el siglo xix.

Los hábitos de vestir de la población indígena y su resistencia a la acultu-ración varió en función de la jerarquía. Mientras las personas de linaje adoptaron al menos en la morfología las prendas europeas, como signo de diferenciación social, el común de los indios mantuvo su indumentaria tradicional. La

'^ R. L. Stein (1979), pp. 134-135. También, Villiers (1991). " Inikori (1992), p. 167. '* Money observa diferencias en cuanto a las pautas de consumo de los peninsulares y crio

llos más acomodados y el resto. Mientras los primeros tendían a vestir exclusivamente ropa importada, los segundos «se vieron obligados a confeccionar sus trajes mezclando con los tejidos hechos en los obrajes de esta ciudad (La Paz)». Money (1983), p. 75.

" En este caso, la expresión «de Castilla» indica que el género ha sido importado de la metrópoli.

26

MERCADO INTERNO VERSUS MPRCADO COLONIAL EN U PRIMERA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

adopción de prendas como el medio calzón, camisa o chaleco, además de no ser inmediata y generalizada, no representó un aumento del consumo de textiles europeos porque estas prendas se confeccionaron con tocuyos y bayetas

«de la tierra» °. Una vía de aproximación al conocimiento de los niveles de consumo de

textiles catalanes en América es la de utilizar los inventarios de tiendas establecidas en los principales centros urbanos de la colonia que comercializaban mercancía importada. En este sentido, los ejemplos que conocemos, que corresponden a centros regionales de cierta importancia como Valladolid de Mi-choacán, Cusco, Lima y La Paz, en el Perú y Bolivia, ponen de relieve la escasa o nula presencia de indianas y telas algodón catalanas. El caso del corregidor de Canas y Canchis, estudiado por Neus Escandell *', propietario de una de las mayores tiendas de efectos europeos del Cusco es un ejemplo bien significativo. Sobre un inventario valorado en 1,6 millones de rs. vn. donde aparecen todos los productos de la manufactura europea transportados al mercado colonial, la ausencia de las indianas y tejidos de algodón catalanes es total.

CONCLUSIÓN

En las páginas precedentes he intentado refutar la teoría que liga el nacimiento de la industria algodonera catalana al desarrollo del mercado colonial durante la época del «despotismo ilustrado». Ni las cifras de que disponemos, ni las características del marco institucional en el que estaba inmerso el comercio con América, ni las pautas de consumo de los subditos americanos de la corona permiten sostener actualmente esta hipótesis. , , , , .

Sería incorrecto, sin embargo, extender el ejemplo de las telas de algodón catalanas al conjunto de la producción industrial del Principado. La construcción naval, el pintado de lienzos, las industrias papelera, mediera sombrerera, y sedera, el curtido, la fabricación de encajes y puntas, el metal y la agroindus-tria generaron un importante valor añadido gracias a sus exportaciones al mercado americano. Muchas de estas actividades manufactureras P^^f^^riles pudieron disfrutar además de toda la protección que el Reglamento de 1778 dispensaba a la «industria popular» y contribuyeron a incrementar el nivel de riqueza, bienestar y consumo de la Cataluña del último tercio del siglo xviii.

60Money(1983). pp. 169-172. También, en el Río de k Plata, Garavagiia y Wentzel (1989), y

Nueva España, Menegus (1994). -> Escandell Tur (1993) y (1994).

27


Pese a que estos sectores industríales carecían de la capacidad transformadora

y de arrastre que llevó a la industria algodonera británica a protagonizar la pri

mera revolución industrial ya durante la segunda mitad del siglo xviii, favore

cieron el desarrollo de un tejido industrial denso y diversificado, capaz de

aportar rentas de información, trabajo e iniciativa empresarial, a las nuevas

oportunidades que se presentarán en la centuria siguiente y preparado para re

sistir el impacto de las malas coyunturas ^^.

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ARTÍCULOS

THE GREAT SHIFT: ^^^^ ^^^^ THE RISE OF MÉXICO AND THE DECLINE OF PERÚ IN THE SPANISH AMERICAN COLONIAL EMPIRE, 1680-1809 *

HERBERT S. KLEIN Columbia University

RESUMEN

A partir de la reconstrucción de las cuentas de la Real Tesorería para 1« tres princi-pales colonias de Hispanoamérica desde el último cuarto del siglo xyi. a 1« ?"»•«« década del siglo XDC, eL ensayo reconstruye el destino cambiante de los ««gresos y ^ ^ -reales en estas cruc ales economías americamis. Los yicerretnatos de Perú y México y U ^ S L c i a T c h a r c o s fueron Us principales fuentes del superávit en « - J ^ - 3 -ñas. Hasta 1700, las dos regiones andinas dominaron el sistema colonial »"*P««°«»««; cano en términos de ingresS reales generados y de plata produada, P-« « ' ^ J ^ -Europa. Sin embargo, estas regiones comenzaron a declinar en el siglo xviii. Los ^rfen^" tes tiSos de ingresT gastos L e s y su evolución son '-^^^^^^^'ZL tres colonias a finde determinar sus tendencias a largo plazo y su importancia relativa.

ABSTRACT

. , . , j 1 .~^...r» n>rnnls for thc thrcc principal colonies of Spanish Using Ae reconstructed ^ ^ f j ^ 7 ^ ^ ~ i . e first deLde of die 19d. century, this

America from die last quarter of tiie 17th cenni^ 10 « c , ^ „ j j ^ , ^ ;_ Aese crucial essay constructs the changing formnes of royal meóme - " • i ? ! ! " ^ ^ „ ' j ; „ " f S . ^ ^ American economies.lT.evice«,yaltíesofPeru and México andAeAud ^ ^ ^ ^

Aepri„jpalsou..ofsurpJu^r.^^^^^ «pons dominated the Sp.n«h Amencan «,10 ^ ^ ^ ^^^^ ^^^^^^ andmprodu«ngsih^rforeîtt^Êurop«.B«^^^

: í ; atrâ'Td^^^íSit:^^ c S to deteiSine d i X n g term trends in dieir growth and rel-tive importance.

*Revised versión of a paper delivered at the «Coloquio Historia Económica: México-España en el Quinto Centenario», México, 6-9 julio 1992.

Raiislíi de Historm Económica Año XIII, Invierno 199% N.° 1.

35

HERBERT S. KLEIN

I. INTRODUCTION

From its discovery in the 1530s to the last half of the 17th century the viceroyalty of Perú —and the associated southern Andean región of the Audiencia of Charcas— were the dominant economic zone of the Spanish American economy, as reflected in mineral exports to Europe and royal treasury receipts. But by the 1660s the viceroyalty of Nueva España had begun to challenge Peru's leadership and by 1700 it took the lead in both Índices. This shift of economic power from the Southern to the Northern Hemisphere of Spaín's American empire is, of course, generally accepted in the traditional literature. But little attempt has been made to detail the timing or the profound transfor-mations in the two regional economies which underlay this new balance of economic power. In the absence of all other comparable serial statistics for the colonial Spanish American economy, I will examine these changes in the late 17th and 18th century American economy using royal treasury receipts in the three crucial colonial economies of Nueva España, Perú and the Audiencia of Charcas.

I have chosen to analyze the annual accounts of royal receipts and expen-ditures ', of the 48 local royal treasuries {caja real) which went to make up these three colonial regions, in the 130 year period 1680 to 1809 . I and others have already analyzed these complex royal treasury accounts for the Spanish empire ', and a formal methodology has been elaborated on how to handle most of the problems inherent in these annual income and expenditure materials''. Accepting all the limitations associated with these materials, one

' The complete set of annual accounts for the Andean colonies are reprinted in TePaske and Klein (1982b) I (Perú); II (Upper Perú); and those for the cajas of Nueva España in Tepaske and

Klein (1986, 1988). ^ Starting earlier than 1680 would have biased the results against Perú since there are major

cajas such as Arequipa, Cailloma, Cuzco and Huancavelica which are missing annual accounts for most of the period up to 1680. Also by the 1680s it seemed as if both México and the Andean regions were recovering from the worst effects of the 17th century crisis and still main-tained their relative positions of importance from earlier in the century. After the political uphea-vals which began in 1810, the treasury records no longer reflect local economic trends with the same accuracy as before.

' For detailed studies discussing the methodology and applying them to this material see Klein (1973), Klein (1983) and most recently Klein (1991). Similarly, one can also consult among his several arricies those of TePaske (1982) and TePaske (1985) along with those cited in note 17, as well as our joint study on the 17th century crisis cited below. A survey of the work that has used this material is found in Klein and Barbier (1988) and most recently in Klein (1993) as well as TePaske (1991b).

'' There were three major problems to resolve with these accounts. The first was to elimínate the most obvious instances of double counted funds from the income and expenditures sides of

_ _ ^ THE GREAT SHIFT: THE RISE OF MÉXICO AND THE DECLINE OF PERÚ

can still very fruitfully use these government generated data to get at long term economic trends as well as the relative economic health of each of the col-onies. Although it would be ideal to deflate all numbers against price índices, no such systematic comparable price series exist for the colonial economies of the Andean regions and México, thus all figures are given in current monies of account'. Equally, since a good part of this discussion is comparative, my con-clusions will not be substantially revised once such series can be used.

That Perú was unquestionably Spain's primer colony in the 16th and 17th centuries is seen in the fact that between half to two thirds of total government silver exports to Spain or its colony in the Philippines, carne firom the Peruvian Viceroyalty until the decade of the 1660s (see table 1) *. This dy-namic growth of the Peruvian royal treasury was based on the extraordinary silver production of the mines Potosí in the allied Audiencia of Charcas (or Alto Perú/Bolivia). These high andean mines were the single most important source of silver in the Western World in the second half of the 16th and early 17th century, and surpassed any other source of mineral production in America.

But the output of Potosí peaked in the 1590s (at a volume not achieved again until the late 19th century), and experienced a secular decline which did not end until the 1750s '. Though smaller Andean mines initially compensated

the ledger. Total revenue in all the tabies and graphs is defined as Gross Income or Expenditure less a series of uncoliected income, double counted accounts and cash deposits of one kind or another. Thus total income revenues are gross income figures less Existencia del año anterior; Depósitos; Deudas para cobrar, and the Keal Hacienda en Común category; while Total Expenditure figures aiso exludes depósitos, deudas para cobrar, specie or other government valued paper (papel sellado, bulas, etc.), as well as the reales labrados de barras. Secondly, given the missing years for many of the accounts, using an average decade estímate insures that the accidental factor of pres-ervation will not distort the historical record. The use of averages to fill in the missing data tends to stress a greater stability in the income and expediture figures than if one were using the pre-dicted numbers taken from a regression equation. On the other hand, given that the gaps in the data were often of several decades in length, generating the missing estimated valúes by using a regression equation would bias the accounts more than the use of an averaging equation. Finally, the pre-1709 accounts, and most especially those for the last quarter of the 17th century, had to be recalculated on a monthly basis (due to their being kept in multi-year formats) so that an an-nual, and therefore a decade estímate could be calculated.

' On this question of colonial price series see Klein and Engerman (1992). All figures are presented in the standard colonial currency of account, which was pesos a S, or a peso valued at 8 reales. These colonial pesos were equal to 20 reales de vellón - which was the standard units used in metropolitan tax accounts. All pesos ensayados and pesos de oro have been converted into pesos a 8.

*• Both the figures for surplus silver exports and for bullion production come from the royal treasury accounts themselves. The total bullion figures have been generated by TePaske fi-om the mining and minting taxes registered in these accounts.

' For the output of the Potosí mines, see Bakewell (1975), table I, 92-97; and Sierra (1808/1971).

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HERBERT S. KLEIN

for the declines at Potosí, the long term trend was for Peruvian silver produc-tion to decline. Total silver output in the Peruvian viceroyalty and the Charcas audiencia peaked in the decade of the 1630s. Production thereafter declined in a slow but steady manner until the trough of the 1720s. It was only in the 1790s that combined Andean production finally surpassed the 1630s figure (see graph 1).

TABLE 1

Estímate of Government Silver Shipped to Spain & Phillipines from Perú and México, 1591-1730, (in pesos a 8).

Decade Remitted

from Perú To Spain

from México To Philippines from México

Total remissions

%Peru } México

1591-99 19,957,476 1601-09 17,249,406 1611-19 11,025,487 1621-29 11,037,808 1631-39 16,577,813 1641-49 14,847,713 1651-59 10,812,749 1661-69 2,973,745 1671-79 2,089,103 1681-89 307,387 1691-99 432,021 1701-09 1,658,007 1711-19 77,411 1721-29 1,034,400 1731-39 1,427,272 1741-49 545,000

9,333,073

0,016,003

6,072,134

5,782,816

7,201,026

2,981,421

4,333,383

3,991,220

9,967,125

4,770,990

2,741,057

5,233,621

7,811,117

5,586,811

8,509,817

5,325,510

466,016

1,174,782

2,541,652

3,620,573

3,672,874

2,206,810

1,508,388

1,379,509

1,628,439

1,952,190

1,661,385

1,248,873 1,010,868

1,339,403

1,510,826

1,761,649

67 61 56 54 60 74 65 36 15 4 9 20 1 13 12 7

33 39 44 46 40 26 35 64 85 96 91 80 99 87 88 93

112,052,798 99,657,124 28,684,237 47 53

SOURCE: TePaske (1983), tables 1 & 2a.

Mexican bullion production, which had grown slowly in the fírst half of the 17th century, in contrast, took off in the 1670s. In this decade its output finally passed total Andean production, and there began a long term secular growth which ended with México producing over three times as much silver as the late 18th century Andean industry.

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THE GREAT SHIFT: THE RISE OF MÉXICO AND THE DECLINE OF PERÚ

GRAPH 1

Valuéofbullionproduction itiMexico, Perú & UpperPeru, by decade, 1581-1810.

Millions of pesos a 8

250i

200

150

100

O " ! — ' — I — ' — I — ' — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — 1 _ | I |__ 1581 1601 1621 1641 1661 1681 1701 1721 1741 1761 1781 1801

• México • Perú & Upper Perú

SOURCE: TePaske (1987), table 1.

Total royal revenues followed the path of silver production. The Crown saw its tax incomes from the two Andean regions seriously decline in the middle decades of the 17th century. This in turn led to a slower but still steady decline in surplus government funds generated. But surprisingly, long before Andean surpluses fell behind those registered from México, Perú and Charcas stopped shipping funds to Europe. Thus as early as the 1660s, long before total Mexican revenues surpassed those of the two Perus, México had become Spain's dominant generator of surplus tax funds. What had happened is that the local American demands on Peruvian resources had suddenly esca-lated by the second half of the 17th century as dependent zones such as Chile and the Río de la Plata had become important regions of Spanish setdement. These treasuries were deficitory from the beginning and thus relied on Peruvian surpluses to support their setdement. Though the Andean treasuries were no longer serious suppliers of revenues to Spain, their role in the maintenance of American empire was crucial.

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HERBERT S. KLEIN

México became dominant in government silver exports to Europe by the 1660s, but it was still the lesser economic zone as measured by total royal tax income. But the long term decline in bullion production in the Andes guaran-teed that this Peruvian dominance would not continué. In fact, the first decade of the 18th century marks the definitive shift in total silver mine production and in royal revenue from Perú and Alto Perú to the Viceroyalty of New Spain (see graph 2).

GRAPH2

Total Royal Income in México and the Two Perus, 1580-1809.

100%

75%

50%

25%

1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

decades

I México I Perú Charcas

To analyze the relative economic growth of México and the Andean cen-ters, it is useful to break down that growth into its component parts. For this reason, I have combined the numerous tax categories into a few large group-ings most closely related to local patterns of production and consumption *. These groups consist of taxes on mine production; taxes on local and interna-

* This involved the regrouping of almost 6,000 individual taxes (3,458 income ramos and 2,456 expenditure ramos) into coherent groups of taxes. A list of the individual taxes which went to make up the income tax categories for México can be found in Klein (1985) and Klein (1973), pp. 369-400

40


tional trade (to which only Indian consumed goods were exempt); receipts from the sale of government monopoly products; and finally the head tax on Indian landowners and workers. These taxes explained over 90% of the in-come received in Charcas, and around half of the taxes in the two viceregal centers of Perú and México.

II. MINING

The driving forcé behind the economies of both México and the two Perus were the silver mines. These provided the bulle of the exports to Europe and generated the capital to import European goods. In turn the mining centers promoted the development of powerful regional markets to supply the basic necessities of the miners and their workers.

Although no detailed breakdown exists for the two Perus of the shares of the economy controlled by the various producers and markets, there does exist the estímate provided for México by Humboldt at the end of the colonial period. Even at the height of the mining boom of México, Humboldt esti-mated the annual valué of mining at about 23 million pesos a 8, compared to agriculture at 29 million pesos and manufacturing at between 7 and 8 million pesos'. Of these three pillars of the economy, agriculture, which employed most of the population and accounted for the majority of national output, was primarily directed toward internal trade and consumption, with only commer-cial dyes, some cotton, sugar, spices and condiments being exported to Europe (representing an average 20% of exports in peacetime). As for manufactures, this too was predominantly oriented to local market consumption, though México did export to the rest of the Caribbean such royal monopoly products as gunpowder, finished jewelry and minted coins. In contrast, the mining in-dustry was almost exclusively oriented toward exports, with its output of gold and silver accounting for 80% of the valué of exports during any peacetime year '". So impressive was these silver exports in terms of quantity and valué, that they accounted for 2/3 of total world output, and guaranteed that New Spain had a consistently positive balance of trade ". It can be assumed that the two zones were roughly similar in the fact that agriculture was more im-portant in terms of total valué and of workers employed than the mining in-

' Humboldt (1811), III, 265, 347; IV. p. 290. 1» Humboldt (1811), IV, pp. 362-363. " Humboldt(1811), III, p. 346.

41

HERBERT S. KLEIN

dustry, and that both were well ahead of manufacturing, which tended to con-sist of small units concentrated in production for the popular end of the mar-ket and with little ability to export beyond regional markets. Moreover, in the Andes as in México, it was the mining industry which accounted for over three-quarters of the valué of exports and paid for the bulk of imports of Eu-ropean textiles, manufactured goods and comestibles.

While mining played such a predominant role in international trade, it was less important in terms of generating income for royal taxation. Throughout most of the 18th century, mining income made up only 20% to 27% of total royal revenues. But this was not a consistent pattern, as both in the 1680s and in the 1780s and afterwards, its relative importance dropped to half this amount. By the last fifth of the 18th century, in fact, taxes on trade, agriculture and commerce outdistanced mining in importance for the royal treasury. Evi-dently the Crown was unwilling to tax this industry too heavily, as studies of the Mexican industry showed. Humboldt estimated that the diezmo, cobo and minting taxes took only some 15% of the valué of mine output, a figure which he claimed was lower than was then the norm for European miners i . Garner in his studies of individual Zacatecas mines estimated the rate at 12% for taxes and another 6% for royal mintage charges ".

Whereas the Mexican treasury receipts were much influenced by the mining taxes, those of the Peruvian viceroyalty were not a significant factor until well into the century. Representing only 1% of royal revenues in the 1680s, Lower Peruvian mine taxes grew rather dramatically during the century despite the continued crises of the mercury mines of Huancavelica. The growth of Vico y Pasco was impressive and the receipts coUected in other interior mines by the Lima treasury also were significant. Thus by the last decades of the century mine taxes were ranging from 10% to 16% of total royal receipts, and ap-proximating the relative weight of such taxes in total Mexican income. Includ-ing the audiencia of Charcas, shows that mine income —which was always a much more significant part of total royal revenues here than elsewhere in the empire— did finally recover by the second half of the 18th century (see graph 3) '''. That such royal revenues from mining taxes grew despite the hal-ving of the tax rate early in the 18th century is impressive evidence for the im-

'2 Humboldt(1811), IV, pp. 143-44. " Garner (1980), p. 177n. '*' These royal mine tax income figures follow closely the estimare provided by TePaske of

estimated total mine production. The total Peruvian mine production of the two Perus began to grow after 1750 and by the 1790s actually surpassed the peak 1630s production figures. For the growth of Lower Peruvian mining in this period see Fisher (1977).

42


GRAPH3

Mine Income in México and the Two Perus, 1680-1809.


1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

I México >Peru ° Charcas — T w o Perus

portance of the small but dynamic element of the Lower Peruvian mining sector But the fact that Perú and Charcas got tax relief much later than the Vice-rovaltv of New Spain i', goes a long way to explaining why the combined An-dean reasuries produced more income from mine taxes until the first decade of the 18th century - s o m e four decades after Mexican bulhon production had surpassed the Andean output. . , A .• •

In contrast to the other two zones, mining tax revenues m the Audiencia of Charcas were the single most important source of government meóme until the last quarter of the 18th century. Accounting for 2/3 of all revenues at the end of the 17th century, mine tax revenues continued to account for at east 40% to 50% of incomes until the 1760s, but then dropped significantly as l e r tax incomes began to grow more rapidly^ As with Perú one of the fastest ^ owing accounts was the tribute income which was to take the lead from mTnTng and all other taxes by the last two decades of the century.

, , 1 fíffh had been reduced to a tenth of the valué of total output in the 1' Although the royal tmn n „ntury, such relief did not come to the Andean mi-

Mexican mines by the m'^dl^ « " " ^ , ners until 1736. Bakewell (1984), II, P. 134.

43

HERBERT S. KLEIN

III. TRADE

The category which most influenced total revenues after mining was taxes on trade and commerce. Trade, agricultural and commercial taxes tended to grow in quite cióse harmony with total revenues, at least until 1790, for both México and the two Perus. But revenues from trade and commerce taxes in México already passed the combined total of Charcas and Perú by the 1690s and continued to outdistance the two South American colonies for the rest of the 18th century. Despite some impressive growth for the Andean colonies in the second half of the century, Mexico's growth was even more expressive, so that by the decade of the 1780s it's trade revenues annually averaged 4.8 mil-lion pesos, or over four times as great as the 1 million annual estímate then registered for Charcas and Perú combined. Then in the 1790s, as mining tax revenues stagnated in México, trade and commercial tax income in that vice-royalty definitively passed mine taxes and generated 1.2 million pesos more for the Crown than did mine income (see graph 4).

GRAPH4

Trade income in México and the Two Perus, 1680-1809.


1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México íPeru D Charcas —Two Perus

NOTES: Trade for Charcas is missing for the last two decades.

44


In contrast, trade receipts in Perú had always provided the single largest source of government income (or a third of total revenues at its height in the 1760s), suddenly declinad to last place as a source of revenue among the principal components of taxed income in Perú after the wars of empire began to seriously disrupt International trade in the 1790s. Thus well before the end of the colonial period, Peruvian trade was undergoing a serious crisis, at the same time as local mining receipts continued to expand. In contrast to México both mining and tribute taxes (in the 1780s) had surpassed trade taxes in im-portance.

As for Alto Perú, trade and commerce taxes were a small share of total income but varied little in their relative importance throughout the period (see graph 4). Consistently averaging between 5-10% of total revenues, commercial and trade tax revenues tended to move in cióse association with total revenues. A significant growth in those trade revenues thus occurred at mid century and actually doubles from the 1760s to the 1770s. Though Alto Perú probably suffered from the crisis in trade which affected Lima in the post 1790 period, the lack of relevant data from the Potosí materials makes it im-possible to estímate how the International trade crisis affected royal receipts in Charcas.

IV. MONOPOLY

Monopoly tax revenues also showed important differences between the three colonias. The range of products which were either taxed as monopolies or were government products was amazing, going from the standard European monopoly items such as stamped official paper and playing cards to cockfights, snow and gunpowder. But the most important monopolies in terms of genera-ting income were the sale of mercury to the silver miners, and liquor and tobáceo sales to the general public. Though varying from región to región, there is little doubt that mercury sales were the single largest generator of income in Charcas and México, though less so in Perú. In all regions liquor sales were important, and the tobáceo monopoly was of such an importance, that in the second half of the 18th century it formed a sepárate monopory with its own accounting system independent of the royal treasury.

The movement of monopoly consumption income in México closely paral-leled that of gross revenues (see graph 5). There was little growth until the 1730s, when suddenly such taxes passed the million peso mark. Growth was impressive for the rest of the century and ended up at over 5 million pesos per

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HERBERT S. KLEIN

GRAPH 5

Monopoly Income in México and the Two Perus, 1680-1809.

Millíons of pesos a 8

1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México »Peru o Charcas -Two Perus

annum by the end of the century, having passed mining taxes in ímportance by the 1780s and more or less keeping pace with trade incomes ' .

Within each treasury district in New Spain the mix of incomes was quite different. Overall traditional estancos accounted for about half of all monopoly incomes, mercury about 30% and liquor sales about 20%, though the mix would vary considerably between mining and non-mining districts. What is most interesting, however, is the steady and almost universal nature of monopoly incomes. In all but four of the 23 Mexican treasuries monopoly consump-tion taxes provided important and steady royal incomes. Thus along with com-mercial and trade taxes, monopoly consumption taxes were the most widely distributed taxes in the viceroyalty.

"' While I have Usted 6.2 millions pesos as the total average monopoly income per annum in the decade of the 1780s for monopoly consumption receipts, this number should be treated with caution. Some 1.1 million pesos of this total is accounted for by two exceptional year listings for mercury receipts in the port of Veracruz, which in all its history only had such receipts for a total of five years, and in the other 3 years was of insignificant amounts. These million totals in two years are extraordinary incomes which may in fact be double counted receipts from other treasuries.

46


In the Peruvian situation, monopoly taxes grew at a pace consistent with total revenues, and on average accounted for 7% of total revenues. Only in. the 1770s and 1780s did monopoly revenues outpace the growth in total income, but then they fell back to an earlier rhythm at the end of the period. As was to be expected, the mining centers were important in mercury sales, while Lima alone accounted for half of all incomes and participated in all types of monopoly revenues.

In the case of Alto Perú monopoly incomes fell less rapidly than did total revenues and thus tended to increase their share of total revenues, rising by the 1720s to 25% of total incomes. But then their growth slowed considerably as total revenues expanded. In contrast to Peruvian developments, however, mercury income in Charcas was overwhelmingly the predominant producer of monopoly incomes, and thus mining and monopoly tax revenues tended to move closely together, especially in the second half of the 18th century.

V. TRIBUTE

Since the tribute taxes on Indian heads of households were relatively fixed, being based on initial assessments of the valué of the land held in each free Indian community, growth and decline in tribute income tended to reflect the natural growth of the Indian population. Thus tax income generated by this discriminatory head tax followed very general economic trends which were also reflected in population expansión or contraction (see graph 6).

Unlike the other major taxes so far examined, the tribute tax was much more highly concentrated in each of the colonies, since it was exclusively linked to a clearly defined rural population living in free communities. By the end of the 17th century, for example, the regions in the northern part of the Viceroyalty of New Spain were primarily populated with mestizos and landless and non-community Indian. They therefore paid little in the way of tribute taxes. In contrast the central and southern zones, the oíd core área of the Aztec empire, contained the majority of the settled Indian peasant communities and thus provided the bulk of royal tribute monies.

The surprising sensitivity of the Indian population and its growth to general economic trends is well revealed in the high correlation between tribute income and total revenues. Until the 1780s, Indian tribute monies in New Spain averaged within a very short range of from 5% to 8% of total income. However, the tribute tax proved immune to the crises in International trade and regional mine production, and continued to grow until the Hidalgo rebellion of 1810.

41

HERBERT S. KLEIN

GRAPH6

Tribute Income in México, and the Two Perus, 1680-1809.

Thousands of pesos a 8

2500

2000

1500--

1000

500

1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México iPeru D Charcas — Two Perus

Tribute taxes, were also highly unevenly distributed in the Peruvian situ-ation. Lima in this case produced on average only 18% of total revenues whereas such southem highland centers as Puno and Cuzco accounted for al-most half of all income. In contrast to all other revenues, tribute income de-clined less in the initial decades after the 1680s, and though experiencing an usual decline in the 1720s, it recovered quickly and then went on to increase at a steady pace. So dramatic was this growth that tribute was almost ten times greater in the 1790s than in 1680s. By the 1780s it became the single largest source of royal revenues —a position it maintained to the end of this period.

In this as in so many other áreas, Alto Perú foUowed a path similar to that of the Peruvian viceroyalty. In contrast to the other two regions, however, tribute revenues were more evenly distributed and were an important aspect of all local treasury incomes. Charcas, like Perú, also experienced an unusual and sharp drop in tribute revenues in the 1720s —clearly reflecting a pan-Andean crisis in the Indian peasant communities— but otherwise experienced rela-tively steady growth throughout the period. This growth meant that tribute income by the 1790s had even passed mining income and was the audiencia's largest single source of govemment income (see graph 6).

48


VI. SPECIAL WAR TAXES AND THE POST-1790 «BOOM»

The changes in the post-1790 period, especially in total Mexican receipts, deserves greater explanation because of its controversial and special nature. Most of this growth carne from the previously insignificant tax category of loans. In the late 18th century these prestimos rose to prominence in the total picture of royal revenues in the viceroyalty of New Spain. Forced and volun-tary loans and other special emergency taxes were used to support a debt rid-den and increasingly bankrupt imperial treasury incapable of prosecuting a series of late 18th century international wars on the basis of normal tax revenues ". With the onset of almost continuous warfare beginning in 1793, these special loans and exactions become the single most important source of revenues from México, if not from the Andean treasuries, though no zone es-caped these exactions. Clearly not all of these forced loans were fully col-lected, but there is little question that they fell heavily on the American popu-lations.

For México, these new taxes caused a fundamental shift in the basis of royal tax incomes. Production, trade, consumption and tribute revenues which had formed the basis of royal income prior to 1780, were replaced by loans and new miscellaneous special taxes after that date, as the single largest source of income. What the costs of these exploitative taxes on prívate capital accu-mulation were, is difficult to assess. But in México and Perú they carne at the same time as an international trade crisis caused by the war, which blocked off traditional incomes and foreign capital investments. This combined with the scarcity of mercury imports, meant that mining halted in many Andean and Mexican zones even before the outbreak of fighting in the wars of independ-ence in the first quarter of the 19th century.

In the case of Perú, some special subsidies and war taxes existed, but clearly the economy could not support the type of capital extraction that the Crown developed in México. In fact such taxes produced litde revenue and such miscellaneous incomes had litde impact in increasing overall revenues. For this reason, such basic taxes as those on tribute, monopolies and mining income actually increased their relative rates of participation in the last three decades of the period.

" An excellent review of these special taxes, forced loans and patriotic gifts which drained capital firom México is found in Marichal (1990). Also see Pérez Herrero (1980). Finally the impact of the international wars and internal early 19th century rebellions on regular fiscal collec-tions has been examined by TePaske (1991a), and his analysis of the two principal regional cajas in the late colonial period is contained in TcPaske (1986).

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HERBERT S. KLEIN

Alto Perú also was not used by the Crown as a source of new funds in the post 1780 period. There were the special war taxes and as many new censos as could be found in Perú, but like Perú these added only small amounts to the income ledger and did not change the relative weight of the other major sour-ces income. Thus the experience of both Perus would seem to suggest that the Crown concentrated all of its special energies on its richest colony and made no serious attempt to extract extra resources from its weaker colonial American possessions.

VIL GENERAL TRENOS IN EXPENDITURES

A look at the long term movements in expenditures shows two clearly defined patterns. The first and most obvious is that total expenditures moved closely with total income figures in terms of growth and decline over this 130 year period. In all regions there was consistently a high and significant correla-

GRAPH 7

Total Expenditures in México and the Two Perus, 1680-1809.


1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México • Perú o Charcas — Two Perus

50

^ THE GREAT SHIFT: THE RISE OF MÉXICO AND THE DECLINE OF PERÚ

tion between the movement in income and resulting expenditures ^^. Ob-viously, the Crown spent only what it had and if that income disappeared it did not «invent» new incomes or go wildly into déficit financing. Thus when income declined drastically, so too did expenditures in quite cióse correlation.

Secondly, it is evident that expenditures never fell below income growth rates in New Spain, though they certainly did so in both Perus. It would ap-pear that the Crown had more of an expectation of growth or that it was more willing to gamble with accumulated debt in New Spain than it was in the Perus. This could mean that it really anticipated long term growth in New Spain, as opposed to an expectation of long term decline in the Perus.

Examining the major components of expenditures in the three treasuries we find some marked differences. In México and Perú war related expenditures for army and naval affairs were the single most important item of govern-ament concern (see graph 8). In México such expenses varied considerably but

GRAPH8

War Expenditures in México and the Two Perus, 1680-1809.


1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México •Perú ° Charcas — Two Perus

'* AU the correlations I have run between gross income and gross expediture on an annual basis —which is how Crown would have perceived its revenues— was both significant and very highly correlated - being on average over .95 for all major treasuries.

51

HERBERT S. KLEIN

on the whole averaged just under half of all expenditures, going from a low of 22% in the 1760s to a high of 47% in the 1780s.

In contrast the essentially interior colony of Alto Perú devoted few of its tax resources for local military expenditures. On average it spent only about a tenth of its revenues on local military affairs except in the crucial period of the Tupac Amaru rebellions, when such expenditures absorbed as much as 48% of total expenditures.

Both Perú and México spent little on administration —Perú being a bit more costly with about 15% of its budgetary expenses going in this category while México only averaged some 5%. But Alto Perú averaged over 30% for such expenses overall, and such administrative costs only began to fall to the Mexican levéis in the last quarter of the century. Thus the total level of spend-ing on administration in the two Perus, was considerably higher than in México (see graph 9). This finding is difficult to explain. México was the more populous and richer zone, with as wide an administrative coverage from the geographic point of view as the two Perus, yet it expended less total funds in absolute terms on administration until the 1750s than either of the other two

GRAPH 9

Administration Expenditures in México and the Two Perus, 1680-1809.

Millons of pesos a 8

3500

3000

1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 decades

I México • Perú D Charcas — T w o Perus

52

^____ THE GREAT SHIFT: THE RISE OF MÉXICO AND THE DECLINE OF PERÚ

colonies. Moreover, its administrative expenses only surpassed the combined Peruvian costs in the 1790s. Does this mean that the Mexican operation was a more efficient one and better administrated than the two Perus? This would seem to be the conclusión from examining graph 9.

The surplus revenues category in all three regions well reflects the varying fortunes of the local economy (see graph 10). The ability of New Spain to send large sums of specie to Spain and the Philippines throughout the period, con-trasts sharply with inability of Lima to produce excess revenues after 1750 i . In contrast, Charcas was able to supply both an important subsidy to Lima (not reflected in the figures in graph 10) until the 1710s, which had peaked at half a million pesos in the 1680s, as well as maintain a steady supply of excess funds for the deficitory operations in the Río de la Plata. These Buenos Aires subsidies, known as the situado, tended to reflect the highs and lows of alto-

decade

1680 1690 1700 1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

GRAPH 10

Remittances and Subsidies from México and the Two Perus, 1680-1809.

Millons of pesos a 8

• • MÉXICO-CASTILLA 11=1 MÉXICO-MANILA

• • PERU-CASTILLA 1=1 CHARCAS-SUBSIDIO

4 3 México

2 3 4 Two Perus

" For a survey of the situtuio sent to the Philippines see, Bauzon (1970).

^3

HERBERT S. KLEIN

peruvian royal income. Thus they dropped to dramatically low levéis in the middle decades of the century and then rose again as mining production and the general economy boomed at the end of the colonial period. Reaching al-most 1.7 million pesos in the 1790s, such excess funds shipped from Charcas was the single most important source of government revenues for the Buenos Aires viceroyalty.

VIII. CONCLUSIÓN

Before analyzing the final results of these calculations in royal income and expenditures in these three colonias some modest disclaimers are worth not-ing. The changes in taxation in the 1730s (the incorporation of new categories of Indians subject to tribute and the halving of the basic mine tax in the An-dean colonies) did temporarily genérate new funds beyond the normal growth of the economy being taxed. It is also probable that ongoing changes in tax procedures such as expansión of the tax base, changes in rates or in exclu-sions, may have suddenly changed tax receipts in a given local environment ^°. But overall receipts —with the exception of the emergency taxes in México at the end of the 18th century— followed basic changes in the economy over the long period. Also the fact that royal expenditures were so highly correlated with income trends meant that the Crown obviously responded in a reason-ably rational economic way to declines in revenues, by severely reducing expenditures —rather than by any imaginary deficitory financing.

Accepting then that tax flows did reflect basic changes in the economy, the question is what these flows tell us about the history of the Spanish American economy in the period 1680-1809. Some very broad patterns are apparent. There was obviously a late 17th century period of growth, followed by an early 18th century period of intense depression ^'. Evidently the Mexican economy was only temporary slowed by this crisis, whereas for both Perus it was a crisis of such profound proportions that recovery was only modérate (see table 2). It would seem that the fundamental decline of Potosí mining put severe strains

^ It is quite conceivable, as O'Phelan has recently argued that some of the ¡ncrease in royal revenues in the second half of the 18th century may be due to the expansión of the tax base itself and the inclusión of Indians and other previously exempt groups. See O'Phelan Godoy(1986).

^' For more details on the 17th century crisis as seen from these fiscal accounts see TePaske and Klein (1981), and a «Rejoinder» to the critiques of Israel and Kamen, TePaske and Klein (1982a), pp. 157-162,

54


on both Peruvian economies. The further blow of the withdrawal of Alto Peruvian funds and their transfer to Buenos Aires —along with an eventual political unión in the 1770s, meant that the economy based on Lima and its associated zones never really recovered its 17th century position of leadership. The recovery of Alto Peruvian mining through government subsidies and re-covery of new deposits in Oruro and other zones guaranteed that by mid century Alto Perú would once again begin to grow at a more than reasonable rate. Perú also experienced a late 18th century growth in mining output, but together these new developments still did not match the spectacular growth of the northern viceroyalty.

TABLE 2

Index of Growth of Total Income in Three Regions (1680-89 = 100)

Decade

1680-89

1690-99

1700-09

1710-19

1720-29

1730-39

1740-49

1750-59

1760-69

1770-79

1780-89

1790-99

1800-09

México

100 75

89

113

126

158

208

245

246

343

623

943

1.335

Perú

100

83

67

41

65

80

57

61

85

87

186

171

188

Charcas

100

80

57

54 38

38

34

44

50

92

103

119

141

Two Perus

100

82

63

47

53

61

47

53

70

89

149

148

167

AllUree zones

100 79 75 78 88 107 123 144 153 209 373 524 719

SOURCE: TePaske and Klein (1982b; 1986, 1988).

México in contrast never looked back. It had a small boom in the 1720s to 1750s period, another pause in the 1760s, though the economy was at a higher level of output than in the previous 17th century peak. This mid-18th century pause was followed by the greatest period of sustained growth in the economy, which probably lasted from the late 1760s until the early 1790s. There then seemed to have occurred another levelling of output, if not actual decline, in the late 1790s and early 1800s.

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Tax revenue data also gives us some reasonable ideas about Spanish Royal fiscal policy as related to its American colonies. It seems that the Crown tried throughout most of the period not to burden the crucial mining sector with taxes which would cripple its ability to produce. The big producing zones of México had their taxes reduced in the 17th century, while the poorer zones of Alto Perú were slow to receive this support. Thus mining taxes were a much lower ratio of total revenues in México than they were in Charcas. But once the Crown decided to support Alto Peruvian growth, then the relative import-ance of mine income declined here as well.

The rapid growth of tribute income in all three colonies was impressive and clearly reflected the growth of the Indian peasant population in America, which by the late 17th century had finally recovered from the disastrous initial shock of contact with hitherto unknown European diseases. But however im-portant such revenues became in México, they never surpassed the other major categories of funds. In the relatively weaker economies of the two Perus, however, this regressive tax income by the end of the colonial period became the single most important source of government revenue in the two colonies.

There finally remains in terms of income, the special development within México of the new war-related taxes and exactions which produced such enormous sums for the royal coffers in the post-1780 period. Why the Crown concentrated its efforts exclusively on México would appear to be based on the reality of México as the single source of royal «profits» - i.e. remittances of specie from the royal treasury. This special taxation creates two problems. The first is its effect on the masking of actual economic conditions because of this sudden taxation of individual and institutional savings, which was in effect, a tax on the local capital market. Thus special higher taxes and loans were tem-porarily masking what appears to be the beginnings of a cycle of depression. This should have negatively affected consumption taxes, which does not seem to have been the case. Could this mean that the late 18th century boom cre-ated enough savings that these new royal taxes on capital did not diminish prívate consumption, even as actual output in mining, trade and agriculture declined? Could this be due to the very strong showing of the economy in the 1770-1799 period which created a wellspring of demand that even excessive taxation could not dampen? From the evidence at hand it is difficult to prove the case one way or the other. It is therefore difficult to know if this was a suicidal policy of a desperare metropolitan government willing to sacrifice its colonies in its concerns for European interests, or was this a sophisticated élite which in the crisis of European war was finally and effectively able to tax hitherto unexploited capital resources without really destroying the colonial

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economy upon which it depended. Some support for the latter hypothesis, is seen in the fact that the Crown did not attempt such monumental new tax ex-tractions in either of the other rwo colonies.

How much did the Crown actually extract from this complex tax structure is another interesting finding from these treasury records. There is little ques-tion that Perú, which had stopped remitting monies to Spain after the 1740s was barely holding its own in terms of paying for local government and defense from the incomes it received and could afford little beyond this. Alto Perú on the other hand, was able to send large quantities of «excess» revenues outside its frontiers. Unfortunately for the Crown all of this money had to be directed to the maintenance of the new viceroyalty of Buenos Aires, which in turn could afford to send no serious quantities of «excess» revenues to Spain. Only México could be relied upon to send massive financial support direct to the Madrid coffers. From the tax revenue data from Spain as well as these two viceroyalties one can in fact get a rough idea of how much money was trans-ferred from México (the only really surplus producer of revenues in all of America) to Spain. The answer is rather a lot. Given the very heavy costs of maintaining a defensive fordfied frontier in the north and the Caribbean, of subsidizing most of the economies of the Spanish islands 22, and of maintaining a major bureaucracy and military presence within the viceroyalty provinces themselves, it is amazing just how much the Crown was able to ship home ". Thus Humboldt estimated that the Crown in the period from 1796 to 1801 shipped on average 8 to 9 million pesos per annum in its own ñame to Spain 24. While this represented only some 15% of total royal revenues from all sources, which in the six year period averaged 56.6 million pesos, this total was still impressive. These 8-9 million New Spain pesos of surplus royal revenues represented well over a third of the valué of total silver and gold ex-ports from the viceroyalty, and made up well over 3/4 of Indies income com-ing to Spain in that period and was then clearly the largest smgle source of royal revenues from the New World 2'.

^ The so-called situado, or subsidy, to American and Asian provinces cost the v.ceroyalty treasury at its máximum some 3.6 million pesos in the 1780s, with 1.8 m.llion of that sum gomg toCuba. Humboldt (1811), V,p. 32. , , . . . . r • u .u

" Some 10.5 million pesos on average went for internal admmistration and defense w.th the viceroyalty, Humboldt (1811), V. p. 26.

21 Humboldt (1811), IV, pp. 451-52. L u u " Throughout this essay I have stressed the term «surplus» revenues rather than use the

term «net» income. Given the non-annual nature of royal expenditures and the complex patten, of inter-ramo transfers on the deber side of the ledger, it is d.fficult to see how such an annual «net» estímate could be generated despite a recent attempt to do so by Pérez Herrero (1991).

57

HERBERT S. KLEIN

Even at the level of gross revenues, the 48.2 million pesos generated by the royal treasury of New Spain in the 1790s was impressive by the Crown's own standards. From a population of 6 million persons, it represented a per capita tax of approximately 8 pesos per person. In the same period, the Crown grossed almost 50.2 million pesos from a metropolitan population of 10.5 million Spaniards. This meant that the richest colonials were paying over one and a half times the 4.8 pesos per capita paid by the inhabitants of the metro-polis *.

The other expenditure patterns show relatively little surprises, especially in the light of my earlier studies of the Spanish metropolitan expenditures ^'. As in Spain itself, the major category of expenses was that of war, with little left over for social overhead expenditures. The actual administration of the colonial govemment was rather a small part of the Crown's expenditures, usually representing less than 10% of total expenditures. Thus in the decade of the 1750s, when war costs absorbed 41% of the combined 16.3 million royal expenditures of the three colonies, administrative costs for these zones was but 7% 2*. By the 1780s, administrative costs were approximately the same in total volume as they were thirty years before. But as expenditures now totalled 39.4 million pesos for the three colonies, its relative importance declined to but 4%. The only surprising result here is the consistently lower administrative costs of México compared to the other two zones until the very end of the colonial period. War expenditures on the other hand had surpassed even the growth in total disbursements, and now accounted for 47% of this larger sum. Though shipments of «excess» funds outside America had risen from 1.8 to 2.7 million in this period, this growth was less than total expenditure increases and thus actually declined in relative importance in this period from 11% to just 7% of the total for these three colonies. Moreover, even as far as the Mex-ican surpluses were concerned, over half, or some 7.9 million pesos a 8 were spent in America, versus 6.0 million pesos sent to Spain. Of the surplus spent in America, some 5 million pesos went for subsidies to help to sustain the economies of the Caribbean islands, the frontier provinces along the Pacific and Atlantic coasts, and the famous northern mission frontier.

^ Barbier and Klein (1981), table 1. For the estímate of metropolitan Spain's population in the 1790s, see Nadal (1973), p, 16.

" Barbier and Klein (1981). 2* It should be noted, that while administrative cost in the three major colonies were in-

cluded in the administration expenses category, the administration costs for the colonies which received subsidies from these three zones, were included in the war expenditures. Thus for America as a whole, administrative expenses were probably another 5 % to 10 % higher than the averages for the two Perus and México.

58


Finally, it is quite obvious that in America as well as in Spain the Atlantic

wars of the late 18th and early 19th century were fatal for the economy. The ill

conceived and poorly financed participation of Spain in these wars, especially

the two against England, clearly was the major factor ushering in a new crisis in

the Spanish American economies in the early 19th century, a crisis more severe

than that of the late 17th century. Moreover this was an economic crisis which

now affected New Spain as profoundly as it did the two Andean colonies.

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LAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LA VIEJA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA Y EL CAMBIO AGRARIO EN EL SIGLO XIX

JUAN CARMONA PIDAL Universidad Carlos III

RESUMEN

Aunque se ha empezado recientemente a valorar el papel positivo de los terratenien-tes en el crecimiento agrario español, se sabe reUtivamente poco sobre la participación de U vieja aristocracia terrateniente en estos cambios. A través del análisis de la gesdon administrativa, la contabilidad, las inversiones y estrategias de algunas casas anstocraticas de ámbito nacional, el artículo pone de relieve la lentitud e, incluso, fracasos de algunas transformaciones. El estudio muestra que ni los factores mentales, m la escasez «k ^ r . sos y oportunidades explican estos fracasos. En cambio se destoca U incapacidad de estos propietarios para crear una organización administrativa eficaz que pudiera, amultanea-mente, resolver los problemas planteados por la fragmentodón patrimonial y la indefini-ción de los derechos de propiedad formales y estimular los nuevos cambios productivos.

ABSTRACT

Althoughonlyrecentlythepositive performance ofthelandlordsindieS^nishap^^^^^ turalg«,wthhas¿enstondedup,wela,owrelativelylittêabouttheparti«p-«onofthelan. ded aôcraty in these changes. Through the analysis of Ae administouon, ^ " « ^ o " ' ^ ^ investments and strategies of some aristocratic families, the article ««P»""»^ * " ' ° ^ ^ ^ andveryoftenfailureofsometransformations.TheworkshowsAatnormentolfi^^^^^

her the scarcity of resources and oppormnities expkm these failures. Instead it is po.nted outthe¡rincapacityincreatinganefficientorganizationwhichcouldsolve,atAesametime,

the problems of a scattered inheritonce and the ambiguities of formal property nghts.

* Este artículo ha contado con la ayuda del proyecto de investigación «Empresas, vínculos tste articulo n^ômaü y informales y estrategias inversoras en los

persona es y poder en España y el Kio oe la riaia. itut» i- • J , u n n r V T grupos dirigentes de Madrid y Buenos Aires entre 1760 y 1870», financiado por la DGICYT.

Revista de Historia Económica AñoXUl Invierno 199S, N" 1.

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JUAN CARMONA PIDAL

En los últimos años se ha producido una amplia revisión del papel que desempeñaron los grandes propietarios españoles en los cambios agrarios a lo largo del siglo XIX. De acuerdo con la visión tradicional el papel de los terrrate-nientes habría sido nulo o negativo, esencialmente por dos motivos: la gran difusión del absentismo, ligado, por otra parte, a determinadas actitudes ante la tierra; pero también, indirectamente, al predominio de un enfoque secularmente pesimista de la evolución del campo español que favoreció los análisis orientados en descubrir las raíces del atraso en lugar de los síntomas de crecimiento: de esta manera, la ausencia de una revolución agraria no habría exigido la presencia de actores de ningún tipo. Algunos de estos presupuestos han experimentado profundos cambios: por una parte, se está revisando la perspectiva de estancamiento agrario en la España del xix, lo que obliga a buscar los factores del crecimiento, y, al mismo tiempo, los agentes del mismo '; por otro, algunos estudiosos se están replanteando la pertinencia de una visión demasiado lineal del cambio agrario que no suele tener en cuenta las diferentes restricciones naturales, sociales o económicas específicas de cada país y la manera en que condicionaron su desarrollo agrario .

De hecho, recientes análisis empíricos han permitido comprobar la existencia en España de unos propietarios agrícolas innovadores y dan cuenta del papel que ejercieron en el cambio agrario . Se trata generalmente de notables locales, algunos de ellos miembros de la pequeña nobleza, probablemente bastante minoritarios aunque local o regionalmente influyentes. Pero esta renovación de perspectivas todavía no ha beneficiado a los mayores terratenientes, esto es, a la vieja aristocracia castellana, aún detentadora de los mayores patrimonios agrarios hasta las primeras décadas del siglo xx. En parte, porque buena parte de estos estudios es de tipo local o regional y esta aristocracia cuenta con una inevitable proyección nacional; pero también por esa misma condición de élite procedente del antiguo régimen, impregnada de valores caducos y dueña de recursos y rentas de origen secular. De este modo, algunos autores aún siguen distinguiendo, implícitamente, una «burguesía agraria» y la aristocracia tradicional, por la adopción de un comportamiento más o menos maxi-mizador •*. Ahora bien, si un estudio desapasionado de los propietarios tenidos por rentistas han hecho descubrir actitudes empresariales dinámicas, podría

' Prados (1986), Garrabou y Robledo (1989-90); numerosos estudios regionales avalan también esta perspectiva, entre otros los trabajos de Pérez Picazo (1984), Bernal (1988), Garra-bou (1985).

2 Garrabou y Robledo (1989-90), p. 59. ' Entre los estudios biográficos destacan Héran (1980), Pérez Picazo (1991), Castejón

Montijano (1977). " Un ejemplo reciente, en Pérez Picazo (1990), pp. 213-243.

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LAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LA VIEJA ARISTOCRACM ESPAÑOLA

ser de gran interés reexaminar el comportamiento económico de la aristocracia con el fin de explicar, sin el recurso a explicaciones mentales o pervivencias seculares, el relativo retraimiento de los mismos en el cambio agrario en comparación con otros propietarios agrarios e incluso con respecto a otras noblezas europeas.

Este artículo se divide en tres partes. En la primera se hará un breve repaso de las características esenciales de la vieja aristocracia española, y se verán los principios de sus estrategias, para descubrir en qué medida su comportamiento conservador puede atribuirse a un comportamiento no maximizador. En la segunda se verán algunos elementos del comportamiento empresarial de las familias aristocráticas en la agricultura, en concreto su interés personal en la adopción de innovaciones. Por último se analizarán algunos de los factores que explican el hecho de que unos propietarios dotados de tantos recursos no lideraran el proceso de cambio agrario. Se hará especial hincapié en los problemas de tipo organizativos y en los factores que restringieron la movilización de los recursos. Este último apartado basa buena parte de su argumentación en la administración de los marqueses de Alcañices, una de las grandes familias aris-

tocráticas del siglo xix. j c j j El estudio se centra en el análisis de un grupo singular y bien definido de

grandes terratenientes españoles. La vieja aristocracia agrupaba, en 1833 a 60 familias que tenían el orgullo de disfi-utar de la máxima categoría nobiliaria, la Grandeza de España (de ahí que también sea conocida como alta nobleza de cuna) \ Pero tras esta distinción formal se ocultan otras características compartidas. En primer lugar, la antigüedad de estas mismas familias, que en algunos casos se remontaba al siglo xv, acompañado de un continuo y sostenido proceso de acumulación patrimonial a través de donaciones reales, compras y acumulación de herencias ; en segundo lugar, el papel que jugo la institución del mayorazgo careliano en su supervivencia, especialmente por su rigidez y el hecho de que esta institución se mantuviera prácticamente intacta hasta 1833 ; en tercer lugar, el volumen de las fortunas de estas

'Buena parte de estas familias se preciaban de reunir más de un 7 l ° ¿ ; " ; ^ í ; ^ ^ ^ ; « ^ ^ /" - j / . j j / j j j . l »s« 18Ai<, 25 Brandes Casas os ducados de Abrantes, Alba, Medi-Gma de forasteros de MadndátUno 1866, 25 grandes ^^u^^^, Ses-nace i, Fernán Núñez, Osuna, Lecera, Escalona, Frías, íli)ar, Meaina ae i • ^ ,,

/ j j j Al • í Ti^.Jo „ Ariñn los marquesados de Alcanices, Villatranca, «..erralbo, sa condado de Altamira), Uceda y ^ " 0 " . ' ^ sima Coloma Teba. Montijo y Bomos) reunían Bé «ida V \named ano, os condados de Onate, Santa v^oionw, ic , i J 72 Grandezas de España y 142 titulados nobiliarios, y por tanto un numero muy superior de ma-i¿ grandezas ae cspana y t iniciado un proceso de fragmentación patrimonial des-yorazgos sin títulos; dado que ya se había iniciaao un piu s ,„„,,.;„, de 1845, la concentración de comienzos del siglo xix tuvo que ser '"C uso superio .

^ Domínguez Ortiz (1973), p. 85; Atienza (1987), cap. 2; Carmona (1991), c a p j ' Las diferencias entre los distintos sistemas vinculares europeos, en Cooper (1976), pp. 192

303. La r i ¿ t de l lyo razgo , en Clavero (1974). El impacto del sistema de mayorazgo castellano

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JUAN CARMONA PIDAL

familias en el contexto español las convertían en bloque en las más ricas del país: una relación fiscal de 1857 indica que 9 de los 10 mayores contribuyentes son aristócratas, y no menos de 37 de los 53 primeros contribuyentes *. El tamaño de estos inmensos conglomerados de bienes y honores los convertía en las primeras empresas del país a mediados del siglo xix y en las primera empresas de servicios, por el número de empleados administrativos y domésticos; por último, su dignidad de Grande de España les brindaba, además de prestigio, ventajas tangibles, como el monopolio de los altos cargos cortesanos, un estrecho contacto con la familia real y hasta el privilegio de poder ocupar asientos del Senado por derecho propio que le otorga la Constitución Liberal de 1845 y que mantiene la de 1876. Al ser la grandeza una dignidad que la Corona otorgaba con bastante generosidad, incluso a individuos que no pertenecían a estas familias (lo que convertía a la nobleza española en una de las más abiertas de Europa), estas ventajas tuvieron que ser compartidas, a la postre, con estos «advenedizos». Sin embargo, los matrimonios mixtos, y, por tanto, la desaparición como tal de la vieja aristocracia procedente del antiguo régimen, sólo empezaría a generalizarse a partir de finales del siglo xix, de ahí, límite cronológico de este estudio .

El establecimiento del régimen liberal en España no implicó, ni la nacionalización de los bienes amortizados en manos de la nobleza, ni la desaparición del dominio compartido (en clara contradicción con el nuevo marco institucional), ni la abolición de sus antiguas dignidades, a las que, incluso, se le asignaron nuevas funciones en el seno del nuevo régimen. De esta manera, estas familias tradicionales se vieron dotadas con una enorme cantidad de recursos (materiales y simbólicos) que tuvieron que gestionar en un medio, si no hostil, sí bastante diferente al que había favorecido su supervivencia en los siglos anteriores. La abolición del mayorazgo, en particular, contó con el apoyo más o menos explícito de la aristocracia, que se manifestaba interesada en acudir al mercado financiero con el fin de solucionar sus frecuentes problemas de liquidez; pero con ello acababan también, y ya irreversiblemente, con la institución que había garantizado la supervivencia nobiliaria a lo largo de varias generaciones, obligándoles a adoptar nuevas estrategias en un medio, a su vez, cambiante.

Se sabe aún poco sobre la forma en que estos grandes propietarios aristocráticos gestionaban sus recursos, sobre todo en comparación con los estudios

en la acumulación patrimonial y las estrategias matrimoniales ha sido analizado para el caso napolitano, Deiille (1986), pp. 59-75.

8 González de la Peña (1891), pp. 82-86. ' Carmona/Fernández Delgado (1989), pp. 595-605.

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LAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LA VIEJA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA

disponibles para sus antepasados desde los siglos xv a xviii 'o. De ahí que sean numerosos los mitos que aún planean sobre su comportamiento económico, generalmente sobre su incapacidad o desinterés por la adopción de cambios. Existen pocas imágenes más arraigadas en relación con cualquier comportamiento económico que la del aristócrata rentista que deja en manos de sus administradores o gerentes el control de sus propiedades con el fin de dedicar su tiempo libre a «una vida de placeres» o a otras actividades, políticas o mundanas, fuera de sus responsabilidades económicas 'i. La idea del gran propietario absentista se compararía, con singular desventaja, a la del empresario capitalista, motor de cambio de la moderna historia económica en el sentido schumpeteriano de la palabra, de manera que la no asunción de determmados valores explicaría su incapacidad para competir en un nuevo entorno económico, una ineficiente gestión de su patrimonio y un serio obstáculo al crecimiento en las regiones en las que disponía de abundantes recursos. Unos pocos autores han apuntado, sin embargo, la racionalidad de algunas de sus estrategias, que parece responder al deseo de maximizar sus ingresos, pero de acuerdo con su entorno o restricciones, sentando la necesidad de abandonar las meras explicaciones mentales para explicar algunos rasgos económicos aristocráticos ' I Pero hasta ahora se ha puesto más énfasis en la actividad del aristócrata como simple rentista, o, como mucho, gestor (mejor o peor) de una cartera de valores >3, que a la de empresario agrario, unas veces porque se considera inexistente, otras porque se ignora o simplemente porque no se deslinda ambas actividades. En este artículo trataré de forma diferenciada, por un lado, la gestión del patrimonio y, por otro, su actividad como empresario agrario, desde el momento en que la aristocracia nunca renunció del todo, incluso de forma marginal, a intervenir en la organización y explotación de sus propiedades. Sin embargo, más que tratar de demostrar la racionalidad de su comportamiento, lo que según algunos criterios podría acabar siendo una mera tautología, me centraré en la evolución de las oportunidades que tuvieron, sus respuestas y las restricciones que a menudo les hicieron renunciar a muchas de estas nuevas oportunidades. , .

Una de las formas más comunes de acercarse al comportamiento económico de las élites es a través del análisis de sus estrategias patrimoniales, y ello gracias a la existencia de inventarios de fortunas, una fuente notarial cuyo difícil manejo queda compensado por su fiabilidad (al menos hasta el siglo xx) y

.oAtienza(1987). Casey (1983) Jago (1982), Nader (1977), Yun (1985). " La «vida de placeres», en Thompson, (1963), p.l51_ • Bahamonde (1984), Herr (1980), p. 59. Garrabou y Robledo (1990) >3 Especialmente Gortázar (1986), pp. 193-210, y Herr (1980), p. 71.

JUAN CARMONA PIDAL

la posibilidad de efectuar comparaciones entre distintos tipos de agentes. Los cambios en la estructura del patrimonio, y, cuando ese dato es disponible, la evolución de las compras y ventas de activos, es un indicador razonable de las preferencias de los propietarios. El cuadro 1 ofrece la composición de algunos de estos patrimonios entre 1868 y 1885 i"*. Se trata por tanto de las fortunas de una generación que heredó entre 1820 y 1840 y tuvo tiempo suficiente para reestructurar y consolidar sus patrimonios. Se comparan con algunos pertenecientes a la nueva aristocracia, nombre con el que se designa a las nuevas élites económicas que acumularon una gran fortuna durante la época isabelina y lograron consolidarla durante la Restauración, un tipo de trayectoria que solía coronar la obtención de un título de nobleza, y, a veces, la dignidad de Grande de España (de ahí su condición aristocrática) ".

CUADRO 1

Composición patrimonial de algunas fortunas aristocráticas españolas (1868-1885) (en %)

Rústicas Censos y foros Urbanas Valores mobiliarios Créditos

FUENTES: Giménez (1986), p. 48; Bahamonde (1986), p. 334 y (1989), p. 546; Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Madrid, prot" 27.680-682 y 27.688-690.

En términos comparativos, los patrimonios de la vieja aristocracia son claramente más agrarios, destacando incluso el papel que aún desempeñan censos y foros, un tipo de rentas agrarias que no se ajustan o sobreviven provisio-

Vieja aristocracia

65,1 12,5 17,5 3,4 0,2

Nueva aristocracia

29,7 0,7

35,3 32,0

3,3

'•• La muestra incluye los patrimonios de los duques de Gor, Noblejas y de la Roca, marqueses de Alcañices, Altamira, Bedmar, Bendaña, Castelar y Montealegre y los condes de Santa Coloma, Montijo, Campo Alange y de Orgaz.

" La muestra incluye las fortunas de los duques de Bailen y de Zaragoza, los marqueses de Benalúa, La Habana, Múdela, O'Gavan, Núñez, Riscal, San Gregorio y Zugasti y los condes de Berlanga del Duero y de Nava del Tajo forman la muestra.

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nalmente al nuevo marco jurídico de la propiedad. Ambos conceptos suman el 80 por ciento de las rentas, con muy pocas variaciones en la muestra analizada, en contraste con el 30 por ciento para la nueva aristocracia. Esta última posee patrimonios más diversificados, tierras, fincas urbanas y valores mobiliarios (acciones y deuda pública) a partes iguales aproximadamente, sobre todo entre las mayores fortunas (marqués de Múdela o el duque de Bailen). Este es un fenómeno que no se observa entre los mayores patrimonios de la vieja aristocracia (marqueses de Alcañices y Altamira, condes de Montijo, Santa Coloma y Orgaz) con un volumen de fincas o rentas rústicas nunca inferior al 70 por ciento de las rentas totales. Pero además el carácter rural no sólo se mantiene, sino que en algunos casos parece crecer con el tiempo, como en el de los marqueses de Alcañices (cuadro 2), donde disminuye, hasta desaparecer, el volumen de los valores mobiliarios en el conjunto. Los datos son concluyentes en mostrar la ausencia de convergencia entre las estrategias económicas (en término de cartera de valores) de la vieja aristocracia con el resto de la élite económica afincada en Madrid, al menos durante el período considerado. Pero ello no prueba necesariamente una gestión más conservadora, o, incluso, irracional económicamente.

CUADRO 2

Evolución de la composición patrimonial de la Casa de Alcañices (1857-1909) (en %)

18^7 1868 1909

_ . . 61,7 66,1 84,2 ^ " ^ " " ^ 13.6 12,8 3,7 Censosyforos ^^ ^ ^^^ j j j

l '"!' " ^ • - ; . - . :::::::: 2A I,O O.I Valores mobiliarios ,_ „ „ n¿ _ , ,. 4,5 0,0 0,6 t-reditos c T. ,oíT 4 u- A AIk„rn„prmie lee" 434-para 1868, Archivo Histórico de Proto-

leg." 404-405; para 1909, A. de Alburquerque, leg.435-6 y 621.

Por una parte, un análisis comparativo de la rentabilidad de los distintos activos indica que la de la tierra no era muy distinta a la de los demás, lo que quiere decir que la preferencia por la tierra no iba ligada, necesariamente, al prestigio que proporcionaba; ante la ausencia de estudios cuantitativos mas

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concluyentes, la opinión de los contemporáneos, las observaciones de los tasadores de fincas agrarias, y ciertas observaciones recientes, concuerdan en que la tierra proporcionaba una rentabilidad que oscilaba entre el 3/3,5 y 4 % entre 1838 y 1880 (del 3 al 3,6 descontados los costes de administración del 10 %), con un ligero aumento a lo largo de este período '*. Estos valores eran sensiblemente superiores a los habituales en otros países, concretamente en Inglaterra, donde raramente excedía el 2,2 % ". Pero más importante es el hecho de que la renta experimentara un importante crecimiento real y sostenido a lo largo de casi un siglo: de un 2,4 % anual para una muestra de cortijos andaluces entre 1835 y 1885 y hasta del 5,6 % en tierras salmantinas en plena roturación entre 1838 y 1871 i*.

Los demás activos no parecen haber ofrecido índices de rentabilidad muy distintos, aunque faltan estudios empíricos más específicos: si bien el precio del suelo urbano también experimenta un fuerte alza durante el mismo período, su aprovechamiento parece haber sido más difi'cil que el suelo rústico, al exigir inversiones y costes de reparación e impuestos más elevados ": en el caso de Madrid, la rentabilidad líquida, que oscilaba entre el 4,5 y 5 %, no era virtualmente superior a la tierra, mientras la especulación inmobiliaria era un negocio sumamente arriesgado ^°. Lo mismo cabría decir de la inversión en Bolsa, donde, a diferencia de Londres y París, los valores públicos presentaban un comportamiento muy inestable, con frecuentes derrumbamientos de las cotizaciones como consecuencia de las dificultades financieras del estado ^'.

Pero el análisis comparado de la rentabilidad de estos activos no es suficiente prueba de que la peculiar distribución de los activos de la aristocracia fuera el producto de estrategias deliberadas, en la medida en que domina la ausencia de todo cambio. En efecto, partiendo de los mismos datos, también se podría deducir que los aristócratas se limitaron a aprovechar una oportunidad favorable (el crecimiento de la renta de la tierra), de una forma totalmente pasiva, una oportunidad que, de no haber existido tampoco habría alterado sustancialmente unas opciones esencialmente conservadoras. Sin embargo, una reconstrucción de las estrategias inversoras a corto plazo, lo que permite tener en cuenta su experiencia pasada, sus expectativas y oportunidades y, sobre

" Robledo (1983), p. 264; Hidalgo Tablada (1851), p. 57 (1864), pp, 151-344; Caballero (1864); Ruiz y Rochera (1861), pp. 150-152; Giménez (1986), pp. 16-23; Carmona (1991), pp. 349-63.

>' Offer (1991), p. 14. '« Carmona (1991), pp. 349-59. " Mas(1986), pp. 41, 72-3. 2» Mas(1986), pp. 81-4. 21 Sarda(1948),pp. 359-61.

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todo, el resultado de las inversiones anteriores, indica, al contrario, una gran flexibilidad. Un análisis detallado de las contabilidades y variaciones patrimoniales de los marqueses de Alcañices entre 1835 y 1866 22 cambia sustancial-mente la imagen estática del cuadro 2, y permite, de hecho, distinguir cronológicamente 3 períodos diferentes:

En un primer momento, de 1835 a 1848, predominó la completa inhibición de la Casa que debe hacer frente a cambios jurídicos trascendentales (abolición de señoríos y mayorazgos) que exigían una respuesta activa y movilizar recursos y energía de sus agentes locales. Además, el elevado endeudamiento y la provisionalidad de algunas de sus rentas tampoco facilitaba las nuevas inversiones. El cambio de tendencia se inició a finales de los años 40 y significaba el mayor esfuerzo diversificador de la Casa: un alza moderado del precio de la tierra aconsejaba no vender e incitó a realizar algunas compras aprovechando la desamortización; pero, simultáneamente, conservó el cuantioso volumen de deuda pública que ftie recibiendo del estado a partir de 1851 por diversas indemnizaciones en forma de deuda pública (8 millones en deuda consolidada al 3 %) dado el buen comportamiento de su cotización (un 40 % de aumento ente 1850 y 1863); tampoco fiíe ajena al negocio ferroviario, ni a las sociedades de crédito con compras por valor de 250.000 reales a partir de 1856; el alza del precio del suelo urbano y alquileres le estimularon a comprar solares o a edificarlos e, incluso, explotarlos como «casero». Un tercer periodo se abrió en 1855-57 cuando la tierra ofi-ecía las mejores expectativas, especialmente el cultivo de cereal: así, la renta neta de sus cortijos, dehesas y hasta de pequeñas explotaciones de regadío en la Rioja experimentaron entre un 60 y un 80 % de crecimiento entre 1855 y 1865. De ahí los estímulos mas o menos formales a la roturación y la compra de más de 2.000 hectáreas de tierras dedicadas al cereal hasta 1865, y ello a pesar de las deudas.

El éxito agrario contrasta con los mediocres resultados de otros activos: las inversiones urbanas apenas ofrecieron rendimientos netos del 1,5 al 3 % debido a los elevados costes de reparaciones; los valores mobiliarios empej^aron a bajar en 1861 y, de forma espectacular, a partir de la crisis de 1863^ Simultáneamente, el encarecimiento del precio del dinero (en torno a un 40 % entre 1860 y 1867) repercutió con extrema rapidez en el servicio de la deuda de los marqueses (en un 26 %) y explica el interés por reducirlo con el producto de la venta de todo tipo de activos (1865). Los resultados fiíeron muy desiguales: las acciones y deuda pública con pérdidas de hasta un 40 % con respecto a su valor de 1857, de un 15 % en el caso de las fincas urbanas en contraste con las

" Carmona(1991),pp. 240-286.

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importantes revalorizaciones de hasta un 100 % de las tierras cerealeras en menos de 12 años. El fracaso de sus actividades no agrarias, tanto como el éxito de estas últimas, podrían así explicar la vocación rural de esta Casa y probablemente la de buena parte de la vieja aristocracia en el tercio de siglo siguiente.

La segunda cuestión aborda el comportamiento estrictamente empresarial de esta aristocracia en el campo. Se ha tendido históricamente a negar ese comportamiento, a destacar su papel de rentista, su «mentalidad inversora» según la expresión de Herr ^ , unas veces por motivos culturales y otras como un producto, paradójicamente, de estas mismas estrategias maximizadoras a las que no fueron ajenas, como se acaba de ver. En efecto, una de las críticas mas severas es el haber desarrollado un sistema de explotación indirecto, con contratos de arrendamiento a corto plazo, que habría desincentivado cualquier tipo de inversión o mejoras, tanto por el lado del propietario como del arrendatario; el primero, por simple desinterés, pero también por miedo a que sus inversiones fueran descuidadas; el segundo, porque el sistema de arrendamiento desincentivaba cualquiera mejora de la explotación dado que era el propietario el que a la postre captaba todas las ganancias de productividad. El comportamiento maximizador de estos propietarios (y de los arrendatarios) habría sido paradójicamente una de las causas del escaso desarrollo agrícola y habría producido, en definitiva, un equilibrio subóptimo •'. Este análisis se ajustaría también al resto de los terratenientes con las excepciones que la literatura reciente está sacando a la luz.

Es indiscutible el gran favor que tenía la explotación indirecta entre los terratenientes españoles, posiblemente aún mayor entre la vieja aristocracia. Los estudios regionales muestran el predominio del arrendamiento en Castilla y Andalucía, precisamente las regiones en que estaban localizadas la mayor parte de las fincas aristocráticas 2'. El tamaño de las fincas tampoco influía en el tipo de explotación, dado que el arriendo de dehesas o cortijos era una práctica muy extendida tanto en Andalucía como en Castilla hasta el primer tercio del siglo XX *. Los inventarios de fortuna también dejan constancia de la escasa o nula participación de los aristócratas en la explotación de la tierra, al no mencionarse la posesión de aperos o animales de labranza, en contraste con los de algunos grandes propietarios locales.

Pero esto no implica que los propietarios se sustrajeran de la explotación

" Herr (1991), p. 868. 21 Herr (1984) y (1991), pp. 867-869; Garrabou y Robledo (1990), pp. 61-62. " Robledo(1984),pp. 74-81. 2' Bernal (1988), p. 149; Robledo (1984), pp. 78.

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agrícola, que la explotación indirecta impidiera necesariamente la activación de mecanismos que permitiera desde cambios de cultivo hasta la introducción de nuevas técnicas, como se ha observado entre otros terratenientes europeos ^\ Se ha destacado a menudo la rigidez y conservadurismo de las cláusulas de los contratos de arrendamiento españoles que impedían la intensificación de los cultivos por parte de los arrendatarios. Sin embargo, se han detectado transformaciones importantes con este tipo de contratos, lo que pone en duda la eficacia de las cláusulas limitativas, incluso con la aquiescencia de los propietarios. Así, se roturaron numerosas dehesas a pesar de las clausulas que en principio lo impedían 2«. También se comprueba la intensificación del cultivo al tercio bajo estas estructuras tradicionales ^^. Pero hay casos mas concretos de estímulos directos, como el que se observa en la plantación de viñedos (su propia especificidad obligaba al establecimiento de clausulas especiales) y que puede detectarse en las regiones más adecuadas a su cultivo, lo que parece mostrar que la aristocracia no se sustrajo del todo al deseo de estimular cambios de cultivo, incluso la introducción de alguno nuevo como la remolacha. Si el arrendamiento domina, no excluye la coexistencia con otro tipo de contratos, como la aparcería o el mismo cultivo ¿¿^f ^^ ( ™ " ° ™ ' P " ° siempre presente), lo que pondría en evidencia su gran flexibilidad. Finalmente hay que hacer constar que, empujado por el optimismo de una coyointura favorable y el aumento de precios y beneficios, y quizás el prestigio, algunos trataron de llevar a cabo reformas más importantes en forma de fincas modelos, al igual que otros propietarios agrarios. , , . - i

Este fenómeno concuerda con algunas demostraciones del ínteres personal de la aristocracia por los cambios agrarios y que compartieron con otros gandes propietarios - La Exposición Agrícola y Ganadera cekbrada en Madnd en 1857 sería un excelente motivo para mostrar alanos de los logros de la aristocracia en el terreno de la selección ganadera 3'. En 1877 se escribía sobre la nueva «moda» (que duraría bien poco) de P-ar largas temporadas en el campo y su excelente influjo en la agricultura ^l En 1878 se creaba en el palacio de la duquesa de Medinaceli la «Sociedad General protectora de la Agn-

T , TU „„íiQí,?l Parker (1975), Wordie (1982) y Beckett (1986) y 2' Véase, para Inglaterra, Thompson (196», farKer yiyiJi,

(1988), o para Francia, Brelot( 1988). - c„„, nQ97) n 369

» Carmena (1991), pp. 345-7; también lo sugiere García Sanz (1992), p. 369.

« Bernal (1988), pp. 145-149.

:: S f r f l t Í l ' o ? u n ; í fes marqueses de Perales y Alcalices; El Museo Un^.ersal,

' ' 3 f ^ A Í i Í T M l Í i ¿ a ' . E n el Campo, en El Cnr^, H (1877. 1 noviembre), nüm. 3.

pp. 321-322.

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cultura española», con el único y explícito propósito de fomentar la agricultura ^ . Los valores nobiliarios no parecen haber supuesto obstáculo suficiente para impedir una participación activa en las empresas agrarias. Muchos aristócratas valoraban positivamente el prestigio que iba asociado a la introducción de innovaciones, de una forma no muy distinta a sus antepasados del siglo anterior, como puede deducirse de su presentación en exposiciones agrarias. Los inventarios post mortem de esa época no tienen reparo en incluir detalles prolijos de todas las novedades, incluidas las compras de maquinaria, construcciones, mejoras de infraestructura, como hacían los otros grandes propietarios que labraban sus propias tierras ^'*. Ahora bien es dudoso que estas iniciativas tuvieran una gran influencia local, dada la habitual ausencia de sus propietarios, en marcado contraste con el caso inglés, donde el influjo personal parece haber tenido cierta importancia ^'. Parece evidente que estos aristócratas tenían interés por copiar los modelos que ya funcionaban y eran coherentes con sus modelos maximizadores, incluso hay que señalar la alta valoración de la explotación directa, no sólo por prestigio sino por que se consideraba más rentable y eficaz.

Así se explica la aparición de numerosas fincas modelo (así se las denomina en los inventarios de fortuna), a partir de la década de los 50 aproximadamente, aunque poco significativos en términos patrimoniales: los marqueses de Alcañices en Cadreíta y Algete, los duques de Fernán Núñez en Aranjuez, la condesa de Montijo en Baños y Moya, y su madre en su finca de Carabanchel, el marqués de Benalúa en la Hacienda Benalúa en Alicante, Bedmar en Cani-llejas, los duques de Medinaceli en su antiguo señorío de Navas del Marqués, etc. 5 . Todas ellas conllevaban un gran esfuerzo en introducción de nuevos cultivos (remolacha, caña de azúcar, patatas, sobre todo viñedos, pastos regados), maquinaria, edificios y técnicas de cultivo. Pero sus resultados están lejos de haber satisfecho las expectativas mientras el análisis de algunas de estas iniciativas modernizadoras muestra que no eran siempre rentables. Así, la que acomete en 1862 la condesa de Montijo, ya Emperatriz de los franceses, con el deseo de aumentar la rentabilidad de dos de sus estados, el marquesado de Moya en la provincia de Cuenca y el condado de Baños de Rioja sito en la

" El Campo, año III (16 abril de 1878), núm. 10, p. 149. Consideraban su papel esencial, dado el desvalimiento en que se hallaba el labrador, «sin el auxilio de los hombres de la inteligencia y del valor, sin los medios intelectuales y materiales que éstos puedan darles, sin que entre unos y otros se establezca la más perfecta inteligencia y el más completo acuerdo», p. 150.

>i Bahamonde (1986), pp. 337-8. Giménez (1986). " Parker (1975), en especial cap." 7; Wordie (1982), cap.» 2; Beckett (1989), pp. 162-8. " Bahamonde (1986), pp. 337-8. Giménez (1986), pp. 52-83; Ponsot (1981), pp, 85-102; Carmo-

na (1991), p. 379; Iturralde y Elorrieta (1914), p. 5.

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provincia de Burgos, y que puede seguirse a través de los informes de los directores franceses responsables de los proyectos y analizados por Ponsot ^\ En el primer caso, se pretendía modernizar la explotación de madera de los extensos bosques de pino y la creación de una finca modelo de 62 hectáreas, dotada de maquinaria moderna para el cultivo de la remolacha, patatas y trigo. En el segundo caso, se trataba de crear 32 explotaciones cedidas en arrendamiento, un soto irrigado y un extenso viñedo de 150 hectáreas. En ambos, las inversiones fueron cuantiosas (cerca de 2 millones de reales en 8 años) y los resultados irrisorios: si la finca modelo de Moya no logró producir nada entre 1867 y 1897, el viñedo y pastos de la segunda, después de 15 años sin producir beneficios, no generaría más de 16.000 rsv. anuales en la década de los noventa, una cifra que se hallaba lejos de corresponder a las expectativas. No se trata de un caso aislado: los marqueses de Alcañices también abandonan en 1877 su explotación vinícola de Cadreíta, menos de 15 años después de su plantación, por problemas relacionados con la comercialización de los caldos, precisamente en un período de máxima prosperidad para el vino 3B. Tampoco tiene mucho más éxito el duque de Medinaceli en sus explotaciones de madera de Navas del Marqués 3 . No se sabe aún en qué medida se pueden generalizar estos fracasos, teniendo en cuenta que fueron probablemente muchas mas las explotaciones que, sin llegar a quebrar, tampoco obtuvieron buenos resultados .

Estos ejemplos ponen en evidencia que, ni el simple deseo de modernizar la explotación, ni la disponibilidad de capital, ni siquiera la utilización de técnicos extranjeros (en una coyuntura que, no hay que olvidar es extremadamente favorable para los precios agrícolas), eran condiciones suficientes para el éxito de una empresa de estas características. Por una parte, las ventajas de ciertas inversiones, tales como la compra de maquinaria, o a rotación de cultivos con plantas forrajeras, impracticable en buena parte del territorio nacional fueron ciertamente limitadas, pero la aristocracia tampoco adopto algunos cambios que sí tendrían éxito entre otros propietarios .

" Ponsot(1981),pp. 85-102. Carmona (1991), pp. 367 y ss.

" Iturralde y Elorrieta (1914), p. 5 destacados del financiero « En el caso de los grandes P ^ P ' f " " " ^ ' " " ^ ; ' ' " ^ " ¿ " . b ^ ^ e U n el aceite, entre otros, tam-

Francisco de Múdela en los vinos, o ^¡^^^'^^^^^t^^lx ^-^ro en su colonia de San bien se dan algunos f - ^ - ^ - ' ^ ^ ' ^ / t ^ X - p o c a de expansión agraria [Bernal (1988), pp. Pedro de Alcántara entre 1857 y ^ ^ ^ j ; , ^ " P^^j"^Xp„„ibles no aborden la rentabilidad de las 153-154.], pero es más frecuente que los estudios aispomu inversiones agrarias realizadas j ^ ^ problemas de la difusión de nuevas

' Garrabou y Robledo (1989-90), pp. ?v t,u ^ . ^ ^^^^^^

técnicas en los latifundios andaluces, Bernal (1988), pp. l:»^ 3o> Y P

pp. 271-299.

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Estos problemas llevan a considerar otros factores completamente diferentes y preferentemente relacionados con la propia organización de las casas aristocráticas. En efecto, a diferencia de la gestión de una cartera de valores, dirigir la explotación de un gran patrimonio exige, además de cierta capacidad para movilizar recursos materiales, la de movilizar recursos humanos, y ello con el fin de evitar problemas de cooperación. En la medida en que el propietario debe delegar en otros la explotación de sus tierras, la comercialización de su producto y la adopción de la mayor parte de las decisiones cotidianas corre el peligro de que estos agentes no actúen de la forma más adecuada a sus intereses, cuando no directamente en contra, abusando de la información que está a su disposición '' . Esto explica la importancia de los sistemas de contabilidad, los métodos de selección del personal administrativo o agentes, los incentivos y los mecanismos de control de los mismos, los tipwDS de contratos agrarios y el funcionamiento de los mercados de factores y productos y su influencia en la adojjción de decisiones económicas, y por tanto en la eficiencia de la unidad productiva o empresarial '•'. También es el motivo por el que podemos considerar una casa aristocrática como una empresa, en la medida en que sus problemas son similares a los de una organización empresarial.

Hasta el momento se ha considerado uno solo de estos problemas, el que se deriva de la explotación directa de una finca que no puede ser sup)ervisada directamente por su propietario y que explicaría la adopción de contratos agrarios como la enfíteusis, la aparcería o el arrendamiento'"'. Los demás problemas han recibido mucha menos atención, concretamente para responder a la cuestión de en qué medida las casas aristocráticas absentistas fueron capaces de dotarse de unos mecanismos que les permitieran una movilización adecuada de sus recursos, y si estos mismos mecanismos facilitaron o fueron un obstáculo a determinado tipo de transformaciones agrarias.

Las organizaciones aristocráticas españolas debían enfrentarse a problemas de características muy diferentes a las de cualquier otro gran propietario, señaladamente dos: la dispersión patrimonial y la lentitud del cambio institucional.

Con respecto a la primera, hay que recordar que la vieja aristocracia castellana poseía los mayores patrimonios agrarios al menos hasta finales del siglo XIX: aunque las 230.000 hectáreas del duque de Osuna (un 0,5 % del territorio nacional) en 1863 eran realmente excepcionales, muchos patrimonios supera-

« Eggertsson (1990), pp. 41-5. « Eggensson, T, (1990), pp. 4-32. •'•' AUier (1912). Una visión general de los problemas que plantean los contratos agrarios, en

Eggertsson (1990), 213-231.

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ban las 10.000 e, incluso, las 50.000 hectáreas '\ no lejos de los patrones europeos '<'. Se trataba, sin embargo, de un patrimonio enormemente parcelado y disperso: no eran raras las 3.000 o 4.000 fincas dispersas entre 20 o 30 estados diferentes extendidos por todo el país. Ésta era seguramente la mayor diferencia existente con los patrimonios no aristocráticos, generalmente mucho mas compactos ^\ Todo ello exigía el mantenimiento de un importante aparato administrativo y la contratación de un gran número de agentes territoriales «. De ahí la necesidad de crear algún mecanismo que lograra incentivar la cooperación de los agentes o evitar los fraudes con el fin de obtener unos resultados

s^tisrác tonos La segunda gran restricción fiíe la lentitud del cambio institucional. La ma

yor parte de los patrimonios se componía de fincas con derechos claros y absolutos, en su mayoría desde mucho tiempo atrás, pero aún subsistía una importante cantidad de censos o foros, derechos compartidos generalmente con los campesinos. De esta forma en las regiones del norte de España y de la antigua Corona de Aragón van a coexistir en cada estado fincas rusticas, incluso grandes dominios, con censos enfitéuticos, foros, y antiguos derechos señoriales convertidos en «concordias», y hasta fincas de titularidad discutida, aunque se procuraba conservar las costumbres de explotación consuetudinaria. Conservar estas rentas a lo largo de muchas décadas sin recurrir a los tribunales, un proceso muy oneroso (dado que a menudo iba acompañado de la cesación del pago de la renta), aunque se obtuvieran sentencias favorables, exigía tacto, influencias o el control del poder local, lo cual estaría cada vez menos garantizado en el tiempo. Incluso fincas de pleno dominio podían ser arrendadas de forma mancomunada y de manera indefinida (a través de la tacita), - n -iden^ te pérdida de dominio - . La amplia difusión del arriendo «por 1 - > ^ ; . J ^ incbso se transmitía de padres a hijos, planteaba incluso problemas para

r ~ j - 1 J ^ ,^ ^c Osuna en Mata y Atienza (1986), p. 94; la Casa

de 40.000 has. « Spring (1967), pp. 1-6. . • „„ aristocráticos- 25.000 has, de las 28.000 que « Incluso los dos prinopales P « n " ; ° " ' - ^ ' ^ 1 b „ « ^ kancha; la totalidad de las

abarcaban las fincas del -^^^^X:x¿.T^M^ytBLr.onA. y Otero (1989). pp. 533-534. tierras de Ignacio Vázquez se hallaban en aevma \ÍO' h Los datos de Vázquez en Héran (1980), p. 16. , Ig^j. Atienza (1987), apéndice 3;

« La Casa de Osuna contaba con mas de ^ f / ' ™ " ^ "rm„„;(1991), pp, 296-7. otro gran propietario, la C a - d e Alcafiícj^c^n 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ i i ^ n s a b i l i d a d de los

- Son frecuentes las quejas de ^2^^ir^M^rid.d d^los mismos para protestar o pe-arrendatarios en los contratos mancomunados, '» «''"J» . ,^ denominación de las fin-dir el descenso de ' ^ - ^ ^ :> ¿ o ^ ^ q u e n^^^^^^^ ,^^^„ ,^ ^ „ , ^ , , , , , , , c „ . cas; en otros casos, el cobro de renta» au»»o" mona(1991),pp. 341-349.

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conocer las dimensiones de las fincas "*. Naturalmente, el talante del administrador resultaba decisivo para controlar estos peligros; la inercia facilitaba la conservación de este tipo de situaciones, cualquier cambio podía acabar con la cesación en el pago de las rentas y se urdían verdaderas estrategias con tal de acabar con estas prácticas ".

De ahí las dificultades y ausencia de garantías para cualquier operación de transformación local de gran envergadura, ya que debía tener en cuenta muy a menudo los entremezclados o ambiguos intereses de la población, cuando no la clara oposición de la oligarquía local. Los numerosos éxitos, sobre todo en la primera mitad de siglo, coexisten con estrepitosos fracasos. El costoso y nada eficiente arbitraje de los tribunales de justicia seguía siendo por tanto crucial para la explotación de determinados bienes, incluso a comienzos del siglo XX.

Estas restricciones explican el hecho de que la gran aristocracia aún conservara buena parte de los rasgos del sistema de organización administrativa puesta en pie durante la Edad Moderna '^. Así lo sugiere el modelo organizativo que rige el funcionamiento de la Casa de Alcañices entre 1850 y 1910 y que corroboran trabajos sobre otras casas '^. Aunque se producen algunos cambios debidos a la desaparición de las funciones señoriales de muchos estados aristocráticos, concretamente la reducción del número de agentes a uno solo por estado o administración. La dispersión del patrimonio de los Alcañices en más de 200 localidades exigía un gran número de representantes (unos 32 en 1868) un poco por todo el país, lo que no impedía el cuasi abandono de algunas rentas o derechos en zonas muy apartadas: tres años tardaría el agente de Villace, en León, en formar un inventario de bienes en 28 pueblos de su administración. Era frecuente que los agentes trabajaran para más de un patrón. Ex-cepcionalmente, algunas administraciones poseían la suficiente envergadura para contar con más de un responsable y a partir de 1880, incluso con la colaboración de algún técnico, aunque no era lo más usual.

Cada agente monopolizaba en principio todas las funciones administrati-

'0 Ibíd, p. 347. " Así, un administrador del marqués de Alcañices en Redecilla del Camino (La Rioja) logra

ba, en 1888, capitalizar las tensiones entre los arrendatarios por las mejores tierras dividiendo las fincas en lotes y hacer responsable al arrendatario del pago de la renta. Archivo de Alburquer-que, Leg. 421.

" Una descripción exhaustiva, en Atienza (1987), pp. 291-327. " Carmona (1991), cap." 4. Para la Casa de Osuna, Atienza (1987), pp. 291-327; el ducado de

Medinaceli en Berna! (1979); el marquesado de Cerralbo en Robledo (1987), pp. 105-24; algunas casas menores, en Giménez (1986); las dificultades que tiene el marqués de Lozoya para controlar una dehesa lejana, en García Sanz (1992), pp. 351-3,

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vas: era el responsable de sacar a subasta las tierras en arrendamiento, de la firma de la mayoría de los contratos, de su cumplimiento, de la percepción de todo tipo de ingresos y de la venta del producto, si era en especie. También se encargaba de los asuntos extraordinarios, como pleitos, conflictos y, en caso necesario, de la venta de los bienes. Su gran independencia con respecto al poder central explica la existencia de un complejo sistema de control. Asi, era usual el mantenimiento de una correspondencia mensual, como máximo, a través de la cual ponía al administrador general al corriente de estos asuntos, en especial de la evolución del precio de los cereales. Tenía la obligación de enviar anualmente al contador un estado de la contabilidad, y, cada semestre, una cuenta detallada de las operaciones administrativas para su superví-

sion. El seguimiento, a menudo muy minucioso (por las pequeñas correcciones

numéricas), de sus actividades por parte del contador suele tomarse como signo de la eficacia de su control, pero son muy abundantes los indicios de lo contrario: en primer lugar el hecho de que la información fiíera profiíndamen-te asimétrica y casi totalmente en poder del agente. De hecho, no se encuentran alusiones a ninguna otra fuente de información complementaria con el fin, por ejemplo, de contrastar el predo de algunos productos o las verdaderas dificultades de los arrendatarios. No se trataba de un problema de contabilidad: el tan denostado sistema de cargo y data permitía, por ejemplo, conocer el saldo del administrador con respecto a la casa, proporcionando, a la vez, los datos suficientes para reconstruir, si era necesario, el movimiento de los ingresos, el predo y el volumen de las operaciones efectuadas '1 El problema parece radicar más bien en el virtual monopolio que d agente poseía sobre la información local. Así, un análisis del seguimiento que realizaba el contador de las cuentas que le remitían fos agentes locales muestra mas una actitud permanente de desconfianza que la posibilidad real de desenmascarar algún fraude o incluso errores: las cuentas de Valencia sólo empiezan a impacientar seriamente al contador, que inicia una investigación 40 años después ¿el imao de las irregularidades. También en Huelma Qaén) se dan situaciones d^^^^^l ^ " dad durante más de 20 años. Por otra parte, la realización de un - - t ^ - g -neral en 1857 permitió descubrir numerosas irregularidades y, en algunos casos, el escaso control dd marqués sobre sus recursos. La - ^ '^ ' i ; J - ^ ^ vos locales en condicfones y la ambigüedad de muchos - n rato, f recue^ . mente sin escriturar, dificultaba, finalmente, cualquier investigación por sor-

„fi ;<.nfc<L incluso en los grandes y bien organiza-' Recientes análisis demuestran que eran »"fi' .' " " ' " ' ' " ' ° ¡3 174

dos estados ingleses de mediados del siglo xix. Nap.er (1991), pp. 163 1/4.

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presa. Una forma de sustraerse a la intermediación de los agentes locales era a través del control directo de los grandes contratos de arrendamientos, singularmente de latifundios o dehesas, cuando no eran firmados directamente en Madrid (ya desde el siglo xviii). Sin embargo, para ello era preciso contar con un mercado eficiente de grandes fincas, que sólo parece existir en las grandes ciudades andaluzas ".

Ante la imposibilidad de controlar las actividades de los agentes, la Casa ofrecía un complejo sistema de incentivos que tenía por objeto garantizar la lealtad de los mismos y su cooperación. Los incentivos materiales solían representar un porcentaje, normalmente un 10 % del producto bruto de la administración, lo que permitía estimular el interés del agente en la cobranza de morosos, pero sobre todo en lograr el máximo precio de venta de los productos. Pero si las grandes administraciones podían ofrecer hasta 12.000 reales de ingresos (en el caso de la mayor administración, Cadreíta —cuyo patrimonio estaba tasado en más de 10 millones de reales en 1910— sólo representaba un 2 % de la renta) o incluso verdaderos salarios hacia finales del siglo xix (como en Algete o a un ingeniero en Cuéllar) la mayor parte de las administraciones sólo ofrecían bajos ingresos, a menudo por debajo de los mil reales. Para éstos era necesario otro tipo de incentivos: por una lado, la posibilidad de contar con el prestigio y las relaciones de un aristócrata: las recomendaciones del bien situado marqués de Alcañices '* ofrecía, desde la posibilidad de obtener plazas de juez o de secretario de juzgado, gracias a sus buenas relaciones con el ministro de justicia, como sacar a algún pariente de una cárcel; pero la Casa garantizaba, ante todo, protección y ayuda a la familia de sus administradores (al igual que con sus criados), con lo que se fraguaban verdaderas dinastías (interrumpidas por auténticas regencias en manos de viudas) que tenía por fin estrechar la cooperación recíproca entre agentes y principal y generar una fidelidad probablemente sincera " .

De acuerdo con las funciones a desempeñar, la mayor parte de los agentes se reclutaban entre los notables locales: notarios, abogados o funcionarios, de formación jurídica, con amplias redes clientelares y muy a menudo amigos per-

" Mata (1988), pp. 259-65. " El XV marqués, Nicolás Osorio (1799-1866), desempeñó el cargo de mayordomo mayor de

Francisco de Asís, el rey consorte; su hijo, José Osorio (1825-1909), el de Jefe de palacio durante el breve reinado de Alfonso XII. Mantuvo el resto de su vida excelentes contactos con los políticos de ambos partidos dinásticos.

" No era seguramente esta la única forma de crear vínculos e incentivos; los marqueses de Lozoya prefieren estimular al agente de una de sus dehesas (en este caso el montaraz) cediéndole la explotación de parte de sus tierras, lo que garantizaba una total tranquilidad al propietario a cambio de perder todo el control sobre la finca; García Sanz (199), pp. 350-1 y 369-70.

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sonales de los contadores o de los administradores generales, eran los agentes más adecuados para negociar, pactar o luchar a favor de los intereses de la Casa. Pero este perfil no era indispensable en las áreas del latifundio o de las grandes dehesas (Lebrija y Écija (Sevilla), Córdoba y Salamanca), donde se preferían grandes propietarios dispuestos a responder con sus bienes o enormes fianzas de la cobranza de la renta y ésta era probablemente su única función. Las necesidades técnicas que exigía la introducción de nuevos cultivos se resolvía en las mayores administraciones con la contratación de costosos ingenieros que asesoraban, sin llegar a sustituirlos nunca, a los fieles servidores de la Casa. Una excelente formación técnica no era de ningún modo suficiente para la gestión de un estado. En el caso antes citado de la condesa de Monti,o, la causa más evidente del fi-acaso de sus iniciativas modernizadoras es la torpeza de los ingenieros franceses que se enfrentan frontalmente al conjunto de la población local'«. En cambio, ftieron los fieles servidores de sus grandes administraciones de Cadreíta y Cuéllar, y no los ingenieros, los que resolvieron los numerosos problemas legales o los que pudieran generar las dificiles relaciones

con los colonos". , , . , Este tipo de organización tenía indudables ventajas, en la medida en que

lograba preservar la mayor parte de los recursos heredados, e incluso aprovechar el alza de la demanda de cereales de mediados de siglo. Pero también los costes fiíeron elevados, en concreto por el escaso dinamismo de la gestión de la mayor parte de los estados en manos de notables poco cualificados y carentes de iniciativas. Un cuestionario dirigido por la administración centra del marqués de Alcañices (por la iniciativa del propio marques o de su administ a-dor general, el banquero Francisco de Goicoerrotea) a todas las administacio-nes focales en 1857 incluía una pregunta sobre las inversiones <^-onsc,-f^.E resultante es altamente decepcionante: la mayor parte ê 1 - respuestas se limitaban a considerar ... la reparación de una tapia o el tejado de un '"olmo abandonado. Con una excepción, sin embargo, en la persona '^-\^'-^J^^^l ta, al destacar la posibilidad de introducir nuevos cultivos y la ônsnu^^ác un vifêdo aprovechando la apertura de una línea ferroviaria --deU^^^^^^^^ La Casa no tardó en responder, invirtiendo en la P ^ - ^ - ^ J ; ; ™ ^ ^ ^ ^ construcción de una bodega, nuevas viviendas p . a o - b - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ adquisición, unos años después, de nuevas fincas en estrecna ^° el administ;ador que cuidaría las buenas relaciones de tipo paternahsta con los

" Ponsot (1981), p. 110-111. propietarios conservadores en un medio rural en " También en Franca contrasta el - -""^^P^^P '^^las prácticas tradicionales; Brelot (1988),

que dominaba la pequeña propiedad, al no romper con P

pp. 221-254.

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colonos. Se trata de un tipo de actuación de una envergadura única en el conjunto patrimonial, si se exceptúa las que realiza el marqués bajo su propia supervisión en su finca de recreo de Algete, cerca de Madrid *°. Ello sugiere que se dejaba en manos de agentes locales (en principio por ser los mejor informados) la iniciativa de cualquier tipo de cambio, lo que reducía extraordinariamente el ámbito de actuación del propietario. La organización administrativa limitaba igualmente las modalidades de comercialización de la renta en especie: la Casa aprovechaba las redes y la información que sus agentes locales necesitaban para la venta de sus propias cosechas, lo que les aseguraba el máximo precio de venta, pero exclusivamente en el mercado local, ya que era el ámbito usual en que desarrollaban sus transacciones. El sistema era remunerador mientras no existiera un mercado nacional mejor integrado, dado que su gran capacidad de almacenamiento (en «paneras») lo colocaba en una óptima posición para vender en los mejores momentos. Pero en cambio no estimuló el desarrollo de una red de contactos más amplio que permitiera canalizar su producto directamente hacia los mercados urbanos (o internacionales), ni la necesidad de disponer de unos administradores con la suficiente flexibilidad e iniciativa para buscar compradores en otros mercados *'. La Casa tampoco aprovechó, salvo excepciones, las ventajas de una mayor integración de sus administraciones en la medida en que no estaban suficientemente especializadas en producciones complementarias, tales como ganadería y producción cerealera, probablemente la más adecuada para este tipo de relación ^^. Las empresas aristocráticas se estaban desprendiendo de esta forma de una de las actividades más importantes de la producción agraria, la comercial, y una de las más decisivas para la introducción de nuevos productos o técnicas de cultivo y pieza clave de algunos de los mayores éxitos de otros grandes empresarios agrícolas *'.

En la década de los 80 se conjugan varios factores que ponen en crisis este modelo administrativo tradicional: en primer lugar, la caída del precio del trigo, tanto por su influencia en el descenso de la renta como por el elevado cos-

"> Y que consistirían en la producción «por cuenta propia» (es decir, directamente) de pienso para su importante cabana equina.

<•' Es el problema que describe Hubscher (1978) para la venta de productos ganaderos. En el caso de las casas aristocráticas españolas, las ventas venían precedidas de la autorización del contador central, lo que aún hacía el proceso aún menos flexible.

" La excepción era Algete, pero también contaba con su propia cebada, y sólo ocasionalmente (2 veces en 15 años) se realizan pedidos a Cuéllar, cuando era de suficiente calidad para la siembra.

*' Así, Riscal y Múdela en la producción de vino; la familia Carbonell en la del aceite de oliva; Giménez (1987), Bahamonde/Otero (1989), Castejón (1977).

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te de la ayuda (por condonación de rentas o préstamos) a los campesinos en dificultades; en segundo lugar, la integración del mercado de cereales limitaba las rentas de situación que ofrecían los pequeños mercados locales en épocas de malas cosechas. En 1910, la mayor parte de los compradores de las cosechas o rentas de las distintas administraciones de la Casa de Alcañices son ya grandes tratantes procedentes de Barcelona o Galicia, lo que estrechaba el margen de maniobra de los agentes locales "4. Finalmente, la llegada al poder de los liberales (1884) implicó una merma importante de la influencia del marqués en numerosas localidades, e incluso el surgimiento de una oposición frontal a la pervivencia de ciertas rentas (lo que reavivó numerosos pleitos) o privilegios, como los que habían permitido un reparto bastante favorable de la carga fiscal hasta el momento 6'. Estos factores explican el aumento de las dificultades de numerosas administraciones, la aparición de pérdidas y su virtual liquidación en menos de 20 años, hasta 1905 ^.

¿Qué ocurrió con las demás administraciones? Su suerte fue variable, pero 2 de entre ellas experimentaron importantes cambios antes de finales de siglo. Las administraciones de Cadreíta y Cuéllar pasarían a producir el 80 % de los ingresos de la Casa en 1910 gracias a la introducción de nuevos cultivos, como la remolacha azucarera en la primera, o cambios en la forma de explotación de un producto tradicional, como la resina, en el segundo. Pero en estos casos, la modernización es exógena y protagonizada por empresas industriales (azucarera y química) que llevaron realmente la iniciativa de este tipo de transformación. En el caso de Cuéllar, la Unión Resinera se comprometía (en 1890) a adquirir, durante un plazo de 20 años, la totalidad de la producción de resina de los extensos pinares de la Casa, además de asesorarla con un ingeniero agrónomo empleado de la compañía, que pasaría a convertirse en el director de ex-

6 En Cuéllar (Segovia), por ejemplo, las ventas de cebada de la Casa empiezan a verse tan condicionadas como la de los restantes propietarios: cuando los precios tendían a ^"b'r, todos los productores solían «aguardar», almacenando su cosecha, y raramente el duque tema la ultima palabra, como en 1896, cuando los precios del centeno habían ascendido, pasando de U 22 p e-setas el hl. a 14,65 en enero del año siguiente, alcanzando máximas de 14,88 en agosto. Segundo Velasco, el administrador, no había vendido contando con que se mantendría la tendencia alcista, pero ésta no se produjo y tuvo que vender, finalmente, a 11,45 en noviembre _E1 an° » g"^^"« sobre una renta de 730 hls. de centeno cobrados en octubre apenas había l ^ f °^^^ 'J^^ ' j^^ '^ ' a 15,11 ptas, «y nomás», dado que los precios empezaban a bajar a menos de ¡\^'J^'^'"l^ll^ ción central intervino entonces ordenando paralizar las -n t a s . Sin embargo a ano sámente las ventas se realizaban ya por debajo de las 12 ptas., con pérdidas del 10 al 15 %. Los -omentos de bajos precios y buenas cosechas podían coincidir con órdenes de compras P^'-^^lge" o ^ j ; aunque no tuvieron un impacto excesivo, siguieron siendo ocasionales o en cantidades limitadas, Carmona(1991),pp. 312-313.

" Pro (1987), pp. 325-77. , . , o„„,Qnq ^ Las 34 administraciones del marqués de Alcañices se ven reducidas a 8 en 1909.

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JUAN CARMONA PIDAL

plotación de las fincas. Este tipo de contrato permitía solventar algunos de los graves problemas de estrangulamiento tradicional: garantizaba la venta del producto *', la supervisión técnica (cuyo coste la Casa no habría podido asumir de forma solitaria) y las relaciones con la compañía, que se realizaban directamente desde Madrid, por encima del agente tradicional, como deja ver la correspondencia administrativa, e, incluso, la firma del contrato. Como resultado, en el plazo de 7 años (1895-1902), la Casa asumió el coste de plantación de cerca de 90.000 pinos nuevos junto a la puesta en valor de sus dos principales pinares *. El proceso era similar, aunque de menor envergadura, en Cadreíta, donde se introdujo remolacha azucarera a finales del siglo xix, también contando con el asesoramiento técnico de la fábrica y la adquisión del producto. Pero la introducción de técnicos y la desaparición de las actividades comerciales no implicó la desaparición de los agentes tradicionales, que nunca dejaron de desempeñar las mismas prácticas paternalistas con los colonos *.

Las viejas grandes familias aristocráticas contaron, a lo largo de todo el siglo XIX, con un gran número de ventajas o recursos que les brindaba la posibilidad de haber sido unos de los promotores del cambio agrícola en España. Estos recursos no eran sólo materiales. Sus inmensas propiedades y su capacidad para obtener créditos ocultan otros recursos menos visibles, pero quizá tan eficaces como disponer de una red de agentes dispersa por toda la Península; residir en Madrid, la mayor plaza financiera del país y un gran mercado de productos agrícolas; pero también en su calidad de cortesanos gracias a los contactos que podían mantener con los hombres de negocios más importantes. Tampoco puede creerse que no estuvieran interesados en incrementar la rentabilidad de sus tierras. Muchos de estos cortesanos mantenían un alto nivel de consumo que les estimulaba a sacarle el máximo partido a sus patrimonios y, por supuesto, no todos estaban dispuestos a arruinarse. Y hasta es posible que la grave situación financiera del duque de Osuna, el hombre más rico de España, hecha más o menos pública a partir de 1863, hubiese fomentado una vigilancia más estricta de los gastos de las viejas casas aristocráticas. Y ello sin contar con las gratificaciones que la fundación de granjas modélicas o la introducción de innovaciones técnicas proporcionaban a través del prestigio.

Pero la realidad es que no supieron aprovechar estas oportunidades, en

*' En una época de elevados precios; Iturralde y Elorrieta (1913), p. 145. * La producción de resina se multiplicaría por 9 en este mismo período. Destaca asimismo

la disminución de los ingresos por venta de pinos secos, a medida que se racionalizaba la explotación de las fincas; Carmena (1991), p. 379.

*' No sin roces entre técnico y abogado, como se comprueba en Cuéllar por la cesión discrecional de árboles muertos por parte del administrador. Ibíd., p. 380.

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LAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE U VIEJA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA

parte por una mala distribución de sus recursos físicos (como consecuencia de su mismo éxito en la transición) y también por los problemas de tipo institucional que explica una utilización muy poco eficiente de los mismos: una red de agentes que, de hecho, sólo sirvió para cobrar las rentas; el acceso a un crédito relativamente más barato que los restantes agentes económicos, al disponer de propiedades hipotecables, pero que no pudieron emplear en sus tierras ^°; y unos buenos contactos instrumentalizados para conservar la fidelidad de sus agentes. Los cambios fiíeron lentos, aunque el hecho de disponer de excelentes recursos facilitó la aparición de nuevas oportunidades, aunque tardías y, en el fondo, menos remuneradoras, en la medida en que se encontraba en peor situación para negociar.

Los factores mentales, tales como la posesión de unos valores o actitudes empresariales no fueron quizá tan decisivos como pudiera pensarse a primera vista. Ni tampoco el hecho de invertir o no un gran volumen de capital en sus propiedades, como parecen mostrar los fracasos citados: la falta de información, la baja cualificación de la mayoría de los administradores y las dimensiones relativamente reducidas de los estados que impedían de hecho las suficientes economías de escala para contratar la supervisión de especialistas; finalmente no todas las inversiones eran igualmente pertinentes y no está claro que pueda valorarse positivamente el intento de adoptar las mejores prácticas del «high farming» en ... la serranía de Cuenca. Es probable, aunque aún quede por demostrar ^', que el propietario local estuviera más capacitado para introducir cambios agrícolas, si bien ello no implicara una actitud diferente hacia la tierra, mayor disponibilidad de capitales o determinado talante empresarial, sino más bien una mayor capacidad de supervisión, un control más estrecho de las inversiones y una mayor flexibilidad ante los cambios exó-genos ^ .

™ Como consecuencia la mayor parte de la aristocracia parece «tar hinp.a de deudas a partir de la década de los 80; Giménez (1987), Bahamonde (1986), pp. 370-376, (1990), pp. 363-81

'> Lo cual requeriría calcular la rentabilidad comparada de estas inversiones y no solo el vo-

lumen de las mismas. , , . . _ • i " Como puede deducirse de la explotación de las tierras del 8^"" P^^P'^»"'" " ' " ^ " \ " ° : '

conde de San Juan que analiza Pérez Picazo. En el espacio de 40 anos (1863-1902). uno de sus titulares invierte en nuevos cultivos como vid y patata, abandona otros como la morera y cambia a menudo de sistemas de cesión de la tierra, de aparcería a arriendo, y viceversa, una flex.b. idad que contrasta de manera llamativa con la lentitud de los cambios en los grandes estados ansto-créticos. Pérez Picazo (1991), pp. 39-95.

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JUAN CARMONA PIDAL

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OCULTACIÓN DE LA RIQUEZA RUSTICA EN ESPAÑA (1870-1936): ACERCA , DE LA FIABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LA PROPIEDAD Y USO DE LA TIERRA

JUAN PRO RUIZ Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

La Contribución territorial, creada en 1845, estaba viciada por la carencia de un sistema eficaz de obtención de datos sobre la propiedad y uso de la tierra. Los documentos conocidos como «amiUarimientos» no sólo carecen de fiabilidad por contener un alto nivel de ocultación, sino que en realidad eran fruto de negociaciones políticas y no de averiguaciones estadísticas. El análisis pormenorizado del caso de la provincia de Cádiz confirma este punto de vista. En consecuencia, la imagen del crecimiento agnco-la español de la segunda mitad del siglo XK y del primer tercio del xx, debería ser ma-tizada con el hecbo de que coincide con un periodo de mejora en la calidad de os datos oficiales sobre superficie cultivada, producciones y rendimientos de hecho, las seríes que venimos manejando parecen partir de niveles artificialmente bajos, en virtud de la prevención antifiscal dominante en el mundo rural de entonces.

ABSTRACT

The Land Tax, estoblished in Spain in 1845, sufifered from die 1-ckof an effident system of data coUection conceming ownership and die use of land. The documents known as «amillaramientos» are unworthy of trust, not only due to their high leyel o concealment, but also as tesult of d.e fact diat they were by nature the fruits ot pohtical negociations and not of statistical research. A detailed amilysis of the province of Gidu confirms Ais hypodiesis. As a result, the study of the Spanish agncultund gro«^ of die second half of die nineteendi century and die first dúrd of Ae twentieA centu^^ m . ^ consider Ae coincidence between Ais time period and Ae ^ w i n g improvemem in Ae quality of Ae offidal Information concemed wiA cultivated áreas, P««J»<*«n« ««« profits. The series so far used depart, from artificially low figures, distorted by Ae ano-fiscal efforts which dominated Ae Spanish rural world at Ae ame.

Revista de Historia Económica Año Xni. Invierno 2995, N." J

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JUAN PRO RUIZ

El término específico con el que se designaban en el siglo xix las operaciones de evasión fiscal era el de ocultación. Dicho término, hoy caído en desuso, significa la acción de encubrir bienes con el fin de no pagar tributos; es, por lo tanto, un término meramente descriptivo y muy adecuado a las características de un impuesto de producto (como era la Contribución territorial), en el que la ocultación de la cosa traía aparejada la inexistencia del tributo. La ocultación fiíe definida expresamente por el Reglamento de amillaramientos de 1878, al tiempo que se declaraba que podía ser objeto de denuncia, investigación y penalidad. Entraban en tal consideración casos diversos: por un lado, la omisión en las declaraciones de fincas o cabezas de ganado, o bien la disminución de la superficie de los inmuebles (dos casos de ocultación absoluta); y por otro, la desnaturalización de la clase de cultivo a la que se dedicaban las fincas, clasificándolas en otras de menor rendimiento, la inferioridad en clase o edad del ganado, y la declaración de una renta menor de la real en aquellas fincas que estuvieran arrendadas (tres supuestos de ocultación relativa). La actitud pasiva de los propietarios que admitieran errores a su favor era conceptuada también como ocultación '.

AMILLARAMIENTOS: EL FRAUDE INSTITUCIONALIZADO

El nuevo sistema tributario creado por la reforma de Mon (1845) se basaba en varios impuestos de los llamados «de producto», el más importante de los cuales era la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. Para repartir los cupos de dicho impuesto se recurrió, desde 1850, a realizar en cada pueblo unos amillaramientos (listas de propiedades de los vecinos) y unas cartillas eva-luatorias (cálculo del rendimiento normal de los diferentes usos y calidades del suelo de la localidad). Tales documentos los realizaban unas juntas periciales formadas por los miembros del ayuntamiento y un número igual de los mayores contribuyentes; la Administración central se limitaba a negociar con estas juntas locales el cupo del tributo, y les dejaba las manos libres respecto al reparto de su pago entre los vecinos. Al no existir documentos gráficos que reflejaran objetivamente la propiedad y uso de la tierra, la ocultación era sistemática y el fraude proliferaba con total impunidad.

La época de confección de los amillaramientos y de su posterior contrasta-ción con el catastro coincidió, además, con el proceso de introducción en Es-

• Capítulo VIII del R.D. de 10 de diciembre de 1878, publicando el Reglamento sobre rectificación de amillaramientos (Colección Legislativa, 1879, pp. 25-165).

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OCULTACIÓN DE LA RIQUEZA RUSTICA EN ESPAÑA (1870-1936)

paña de las unidades de medida del sistema métrico decimal, lo cual introdujo un elemento adicional de confusión y, por ende, adicionales oportunidades para la ocultación. Los amillaramientos respondían a un modelo de documento utilizado en España desde tiempo inmemorial para repartir los impuestos: eran listas de propietarios de un pueblo, a los cuales se asignaban una tras otra sus distintas propiedades. La descripción de los predios se hacía trasladando al papel la información que proporcionaban los vecinos en un estilo propio de la lengua hablada: se relacionaban los nombres de los propietarios colindantes a los cuatro vientos, de tal manera que resultaba de todo punto imposible reconstruir el parcelario para comprobar si había fincas no declaradas. Tal descripción se completaba con una evaluación aproximada de la superficie del predio, bajo la forma tradicional de la «cabida», es decir, indicando cuánta semilla podía sembrarse en un terreno determinado. Con el tiempo, aquellas unidades de medida basadas en la siembra habían cristalizado en el lenguaje de la gente del campo en unidades de superficie propiamente dichas, que, bajo el mismo nombre, recubren una variedad enorme de extensiones reales.

Desde 1849 el gobierno empezó a introducir en el mundo rural el sistema métrico decimal, eliminando la heterogeneidad de unidades existente 2; la tarea se extendió durante más de cincuenta años, pues hasta el primer tercio del siglo XX no empezaron a utilizarse áreas y hectáreas como unidades de medida en el campo español. Pero, incapaz de abarcar la variedad de unidades que se utilizaban durante la segunda mitad del xix, la Administración empleó algunos supuestos simplificadores, como el de atribuir a cada provincia una equivalencia en hectáreas de la fanega o de la unidad de medida más usada; de hecho, cada pueblo o grupo de pueblos tenía sus unidades particulares, y a veces hasta dentro de un mismo pueblo se utilizaban distintas unidades de medida para las tierras llanas y las tierras altas, o para la viña y el cereal, o para el regadío y el secano \ Y, sobre todo, lo que hacía ilusorios los intentos de calculo racional, era el hecho de que las unidades de medida tradicionales, reflejadas en los documentos fiscales, no tenían pretensiones de exactitud, sino que respondían a una impresión personal, influenciada por la calidad de los terrenos, su orografía y su vegetación \ Si a esto unimos que muchos propietarios no habían realizado nunca una medición rigurosa de sus fincas, comprendemos que a la ocultación deliberada para eludir la carga del impuesto se anadia la indefinición propia del mundo rural de aquella época.

2 Tablas de correspondencia... (1852); Instituto Geográfico y Estadístico (1886). ' Lopera (1958) y Besnier (1964). •" Pro (1994a).

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JUAN PRO RUIZ

La amplitud de la riqueza territorial que se ocultaba a la Hacienda no empezaría a conocerse sino veinte años después de que se creara el sistema de los amillaramientos; la llegada al poder de progresistas y demócratas tras la Revolución de 1868 sacó a la luz pública datos que demostraban hasta qué punto la práctica tributaria se había alejado de los principios teóricos de equidad que inspiraban el sistema.

Cuando Laureano Figuerola se hizo cargo del Ministerio de Hacienda —en octubre de 1868— sólo encontró en sus oficinas centrales los resúmenes de los amillaramientos de 23 provincias, de modo que tuvo que tomarse el trabajo de conseguir los restantes y de reducirlos todos a unidades de medida del sistema métrico decimal (no consiguió datos relativos a Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, por razón de los privilegios fiscales que mantenían; pero tampoco para La Coruña y Pontevedra, provincias en las que ni siquiera parecen haberse elaborado amillaramientos'). A continuación comparó las cifi-as de aquellos documentos con la superficie del país y de sus diferentes provincias, lo cual le permitió oft-ecer a la opinión pública la primera imagen oficial de la magnitud del fi^aude fiscal de los terratenientes (mapa 1).

El impacto de semejantes datos, lanzados desde el propio ministerio, resulta innegable: 25 años después de la reforma liberal de la Hacienda, 18 millones de hectáreas —más de un 39 por 100 de la superficie rústica del país— no estaban recogidas en los amillaramientos, y en 13 provincias la extensión de tierra oculta era mayor que la declarada.

Las cifras publicadas por el ministerio en 1870 pretendían exponer ante la sociedad española el problema del fraude. Al mismo tiempo, se pretendía quizá asustar a los defraudadores con la perspectiva de una mayor presión social sobre ellos y de una mayor voluntad política de perseguirles desde la Administración del Estado. Aparte de esas intenciones «simbólicas», aquellos datos tenían poco valor, ya que no existía aún el catastro que hubiera permitido comprobarlos *: tan sólo tenían el valor de ser los primeros datos oficiales de carácter general y el de indicarnos dónde pensaba el gobierno que se situaban

' Figuerola consiguió estimaciones fiscales de la riqueza territorial para las otras dos provincias gallegas y para la de Oviedo; pero, en realidad, en la segunda mitad del xix no se elaboraron amillaramientos sistemáticos ni en Galicia ni en Asturias, de modo que en aquellos territorios los repartos de la Contribución territorial se realizaban con la más amplia libertad de movimientos por parte de los ayuntamientos y juntas periciales, pues ni siquiera elaboraban un documento que pudiera ser objeto de reclamación.

<• A la altura de 1870 sólo se habían realizado levantamientos catastrales en algunos pueblos de Castilla la Nueva (Guadalajara, Toledo y Cuenca), en los que se venía trabajando desde 1867; por cierto, que ya en aquel primer acercamiento se comprobó una ocultación media del 40 por 100 de las superficies (Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, 1874, pp. 5-6).

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OCULTACIÓN DE LA RIQUEZA RUSTICA EN ESPAÑA (1870.1936)

MAPA 1.- Porcentaje de superficie oculta en los amillaramientos (estimación M ' Hacienda 18701

• • >50% I I M 25-50% B n <25% I I Sin datos

FUENTE; García de Torres (1872), pp. 168-169.

las mayores bolsas de ocultación. A ese respecto, creo que los datos de 1870 pudieron ser contraproducentes, por cuanto, si observamos la geografía del fraude que nos sugieren, desviaban la atención hacia zonas que no eran las de mayor gravedad de la ocultación, sino zonas en donde abundaban los montes, bosques y eriales improductivos, tierras de ínfimo rendimiento económico, cuya extensión no era fácil de calcular con un mínimo de exactitud y cuya situación jurídica era muchas veces complicada o imprecisa.

Ese tipo de tierras explican que el bloque más compacto de altos índices de ocultación se centrara a ambos lados de la Cordillera Cantábrica (con porcentajes de más del 60 por 100 de ocultación en provincias como León, Santander, Lugo, Oviedo o Burgos), mientras que algunas de las provincias con una constitución social más desigual y oligárquica daban índices por debajo de la media nacional (Cádiz, con un 9 por 100; Sevilla con un 26,4...).

Digo que tales cifras pudieron desenfocar la cuestión del fi-aude porque el problema no estaba en las vastas extensiones de monte del norte. El problema del fraude no es tanto de cifras absolutas como de desigualdad; cabe imaginar que un reparto extremadamente injusto de los cupos individuales de la Contri-

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JUAN PRO RUIZ

bución territorial quedara disimulado por unas cifras globales de riqueza cercanas a las reales (a costa de que algunos contribuyentes figuraran en los ami-llaramientos con una riqueza superior a la que tenían). Algo así se sospechaba que ocurría en las regiones latifiíndistas del centro y sur de la península, extremo que el gobierno quiso comprobar descendiendo en ellas a averiguaciones de nivel local, con ayuda de los trabajos topográficos del Instituto Geográfico.

PRIMERAS EVIDENCIAS CARTOGRÁFICAS

El Instituto Geográfico emprendió desde 1870 un tipo de trabajo que reviste un gran interés para los historiadores, bajo el nombre de avance catastral. Consistía en realizar mediciones topográficas muy precisas de los términos municipales y de las masas de cultivo, de modo que, comparando las superficies resultantes de sus planos con la suma de superficies declaradas en los amillara-mientos, no sólo podría saberse la extensión total de tierras no declaradas, sino además conocer a qué tipo de usos agrícolas correspondían.

Buscando la máxima eficacia propagandística, pero también los menores costes y las mayores bolsas previsibles de ocultación, los topógrafos comenzaron el levantamiento del mencionado avance catastral por la provincia de Córdoba (terminada en 1872), y siguieron por las de Sevilla (1873) y Cádiz (1874). Los trabajos sufrieron un «bache» con la Restauración borbónica, pero el Instituto Geográfico no desapareció —quizá por su vinculación al ejército— y pudo continuar sus trabajos en fechas posteriores: en 1879 se publicaron los datos correspondientes a Albacete, Jaén y Málaga; en 1889 los de Ciudad Real; y en 1893 los de Toledo.

Las cifras de ocultación que se comprobaron en estos trabajos (cuadro 1) confirmaron básicamente la imagen que habían dado las estimaciones del Ministerio de Hacienda en 1870, con la salvedad de que ahora se contaba sólo con datos de unas cuantas provincias de Andalucía y Castilla la Nueva, pues el avance catastral tardaría más de cien años en cubrir el conjunto del territorio nacional. Si bien las cifras de ocultación comprobadas eran en general inferiores a las que se habían estimado en 1870, un 26,1 por 100 de la superficie sin controlar seguía siendo un porcentaje importante, que alcanza cotas mucho más altas si aumentamos la escala de observación al nivel provincial (hasta demostrar la ocultación de un tercio de la superficie en las tres provincias del valle del Guadalquivir), o más aún si llevamos la observadóu Hasta e\ T\we\ \oca\

^

OCULTACIÓN DE LA RIQUEZA RUSTICA EN ESPAÑA (1870-1936)

CUADRO 1

Ocultación descubierta en los amillaramientos a raíz de los trabajos del Instituto Geográfico (1872-1893)

B C D

Córdoba(1872) 476.170 34,6 98,9 -10,3 Sevilla (1873) 460.291 32,7 92,5 -72,3 Cácliz(1874) 78.111 10,6 78,9 - 6 2 Málaga (1879) 210.089 28,8 91,7 -46,4 Jaén (1879) 451.216 33,4 76,8 -33,1 Albacete (1879) 477.918 32,1 100 -44,5 Ciudad Real (1889) 377.145 19,1 87,5 -134,6 Toledo (1893) 238.024 15,5 90,6 - 1 0 8

TOTAL 2.768.964 26,1 100 -134,6

Columna A: Superficie oculta (en hectáreas). Columna B: Porcentaje medio de ocultación de U provincia. Columna C. Porcentaje máximo de ocultación correspondiente a un pueblo de la provincia. Co/awnaD: Porcentaje mínimo de ocultación correspondiente a un pueblo de la provincia. FUENTE: Instituto Geográfico: Trabajos topográficos. Comparación de las superficies dadas por el amilla^

ramiento con las que resultan de los planos. Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional

50.085-50.101.

LA PROVINCIA DE CÁDIZ: LA OCULTACIÓN AL DESCUBIERTO

Vamos a tomar como modelo del funcionamiento del fraude en la Contribución territorial una de aquellas provincias catastradas en el último tercio del siglo XIX. Para asegurarnos de que no estamos estudiando un caso excepcional, observaremos la provincia de Cádiz, que fue la que arrojó un menor porcentaje de superficie oculta: sus amillaramientos eran, pues, aparentemente, de los más fiables de España, con alrededor de un 10 por 100 de error según las estimaciones de 1870 y según las comprobaciones de 1874. El cuadro 2 muestra el volumen de ocultación detectado en cada pueblo de la provincia, ordenados de mayor a menor porcentaje de fraude.

Un cuadro como éste resulta muy revelador: descubrimos que, bajo la opa

ca frialdad de las «medias» aritméticas, las estadísticas provinciales sobre ocul

tación de tierras en los amillaramientos encerraban una realidad mucho mas

desigual de lo que habíamos pensado. Ese supuesto 10,6 por 100 de tierras

ocultas, etóvament, deb/a de signfa ^^^J^^^':^':Zl Pueblos como Alcalá del Valle o San Fernando, en donde

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JUAN PRO RUIZ

CUADRO 2

Ocultación descubierta en los amillaramientos de la provincia de Cádiz (1874)

D

Alcalá de los Gazules 47.851 Setenil 8.244 Puerto Real 19.511 San Roque 16.342 Castellar 17.913 Trebujena 6.983 Chiclana de la Frontera 20.300 Los Barrios 32.818 Benaocaz 6.929 Algar 2.686 Sanlúcar de Barrameda 17.095 Espera 12.313 Conil 8.563 El Castor 2.775 Rota 8.183 Medina Sidonia 54.654 Jimena de la Frontera 34.524 Arcos de la Frontera 52.496 Algeciras 8.375 Puerto Serrano 2.217 Paterna de la Rivera 1.400 Chipiona 3.232 Bornos 5.433 Villamartín 20.977 Torre Alháquime 1.736 Olvera 19.192 Vejer de la Frontera 39.644 El Bosque 3.063 Villaluenga del Rosario 5.988 Ubrique 6.936 Grazalema 12.238 PradodelRey 4.959 Puerto de Santa María 15.640 Jerez de la Frontera 140.461 Zahara 7.129 Cádiz 942 Tarifa 41.455 Algodonales 13.599 San Fernando 2.831 Alcalá del Valle 4.685

TOTAL 732.312 654.201 78.111 10,6

Columna A: Superficie del pueblo en hectáreas, según las mediciones topográficas del Instituto Geográfico. Columna B: Superficie útil declarada en los amillaramientos. Columna C: Ocultación aparente (diferencia A - B). Columna D. Porcentaje de ocultación.

FUENTE: Instituto Geográfico y Estadístico: Trabajos topográficos. Provincia de Cádiz (1874). Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional, 50.088.

10.088 4.199

10.376 8.832

11.427 4.562

13.352 22.191

4.966 2.037

13.235 9.600 6.927 2.337 6.987

47.036 30.532 46.614

7.575 2.014 1.273 2.944 5.034

19.734 1.655

18.676 38.912 3.031 5.936 6.887

12.967 5.445

17.954 162.866

8.325 1.108

48.818 16.216 3.941 7.592

37.763 4.045 9.135 7.510 6.486 2.421 6.948

10.627 1.963

649 3.860 2.713 1.636

438 1.196 7.618 3.992 5.882

800 203 127 288 399

1.243 81

516 732

32 52 49

-729 -486

-2.314 -22.405

-1.196 - 1 6 6

-7.363 -2.617 -1.110 -2.907

78,9 49,0 46,8 45,9 36,2 34,6 34,2 32,3 28,3 24,1 22,5 22,0 19,1 15,7 14,6 13,9 11,5 11,2 9,5 9,1 9,0 8,9 7,3 5,9 4,6 2,6 1,8 1,0 0,8 0,7

-5 ,9 -9 ,8

-14,7 -15,9 -16,7 -17,6 -17,7 -19,2 -39,2 -62,0

%

OCULTACIÓN DE LA RIQUEZA RÚSTICA EN ESPAÑA (1870-1936)

por una superficie que excedía en un 62 y en un 39,2 por 100, respectivamente, de la extensión real del término. Efectivamente, en diez pueblos (la cuarta parte de la provincia) se comprobó que los amillaramientos recogían extensiones significativamente mayores que el total del territorio municipal, medido por rigurosos métodos topográficos. Sólo con este dato sería suficiente para despertar nuestra sospecha de que los amillaramientos no se hacían para reflejar realmente la distribución de la propiedad, sino que eran una ficción documental con un trasunto político.

La situación de la provincia de Cádiz no es en absoluto excepcional con respecto a otras provincias españolas, en donde los mismos fenómenos se daban en mayor o menor proporción, como demuestran las columnas C y D del cuadro 1, en las cuales quedan reflejados los enormes márgenes de variación del porcentaje de tierras ocultas que había dentro de una misma provincia. Junto a esos pueblos «sobrecargados» con más tierras de las que realmente tenían, en la parte alta del cuadro 2 encontramos la otra cara de la moneda: esos pueblos en los que se había ocultado con éxito un 78,9 por 100 de la superficie (Alcalá de los Gazules) o un 49 por 100 (Setenil). Los porcentajes son suficientemente expresivos, pero las cifras absolutas nos ayudan a calibrar la magnitud de la ocultación, comprendiendo que no podía ser sólo firuto de errores de apreciación o de la tolerancia hacia un disimulo fiscal espontaneo: en Alcalá de los Gazules faltaban 37.763 ha, en Jerez sobraban 22.405, en Los Barrios faltaban otras 10.627...

¿Qué quiere decir esto? El rasgo que salta a la vista es que, a medida que vamos ampliando la escala de observación, es decir, que " 0 ^ / ° " " " " ^ ^ ' " ° ' ^" el estudio de territorios más pequeños, la cuantía y la gravedad del fi-aude aumentan. La existencia de desproporciones tan enormes en el eshierzo fascal como las que separaban a unos pueblos y otros dentro de una misma provincia nos acerca al contenido esencial del problema del fraude, que no es solo un problema de insuficiente recaudación, sino fiíndamentalmente un problema de desigualdad en el reparto de la carga fiscal, un problema de desigualdad en el acceso a los recursos.

Los trabajos del Instituto Geográfico nos permiten, ademas, conocer en qué tipo de cultivos se centraban las ocultaciones de tierras, desterrando de una vez por todas la benévola suposición de muchos historiadores según la cual esas enormes cifras ocultas corresponderían en su mayor parte a tierras de poco valor del tipo de montes, prados, yermos y baldíos. Nada de eso: se ocultaban todo tipo de tierras, también tierras de cultivo, y cuanto mas valor tenían, más propensos eran sus dueños a hacerlas desaparecer del amillaramien-to o a clasificarlas como tierras de rendimiento menor.

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JUAN PRO RUIZ

Las cifras del cuadro 3 son suficientemente expresivas de lo que venimos diciendo. Las mayores ocultaciones en cifras absolutas se dan en las tierras ce-realeras de secano. En las tierras de montes y pastos, como era de esperar, también se da una ocultación importante, con más de 28.000 ha de defecto; pero se trata —al mismo tiempo— del tipo de tierras en donde la ocultación supone un porcentaje menor, tan sólo del 8,9 por 100, por debajo de la media de la provincia. No se sostiene la teoría de que el fenómeno de ocultación de superficies que reflejan las estadísticas procede de las vastas extensiones de montes y pastos cuya medida exacta se ignoraba o cuya titularidad era confusa; por el contrario, la existencia de grandes extensiones de montes y pastos, cuya carga tributaria era ínfima y no importaba demasiado declararlas, ha sido un factor que ha rebajado las cifras globales del fraude en la Contribución territorial, haciendo que el problema aparente no tuviera las dimensiones del problema real.

CUADRO 3

Clasificación de las tierras ocultas según su uso. Provincia de Cádiz (1874)

dio 4.527 Secano (cereal) 326.562 Viña 20.160 Olivar 20.822 Montes y pastos 321.194 Terrenos inútiles 29.425 -19.822 -67,3

Columna A: Extensiones de los cultivos en hectáreas, según los planos del Instituto Geográfico y Estadístico. Columna B: Diferencia con respecto a las superficies declaradas en los amillara-mientos. Columna C: Porcentaje de tierras ocultas.

FUENTE: Instituto Geográfico y Estadístico: Trabajos topográficos... Cádiz (1874).

Las cifras de ocultación en montes y pastos vienen determinadas por casos como el de Jerez de la Frontera, en cuyo amillaramiento figuraban 55.585 ha de dehesas, cuando los expertos del Instituto Geográfico no admitieron más que 5.928 (el resto eran clasificaciones discutibles de tierras de otro tipo, en cantidad de 49.930 ha); o el de Tarifa, en donde se declaraban en los amillara-mientos 24.104 ha de dehesas, que luego resultaron ser sólo 4.036; o el de Ve-

9*

2.171

70.279

4.970

10.863

28.792

47,9

21,5

24,6

52,1

8,9


jer de la Frontera, donde de las 7.968 ha de «eriales con pastos» declaradas, los topógrafos no hallaron más que 213 que pudieran recibir tal nombre (las 7.755 restantes daban un amplio margen para ocultar aquí todo tipo de tierras). Ciertamente, las tierras de dehesa se prestaban como ninguna otra categoría a la duda y a la discusión sobre su clasificación fiscal, dadas las características de estas explotaciones en las que se mezclan diversos tipos de aprovechamientos y con muy desigual intensidad; de ahí la facilidad con la que se hacían pasar como «dehesas para pastos» de muy bajo rendimiento terrenos arbolados o cultivados a los que en justicia correspondía tributar por tipos mayores.

Por lo que respecta a las tierras cultivadas, las de olivar y las de regadío parecen ser las más propensas al fi-aude, pues cerca de la mitad de estas clases habían escapado a los amillaramientos. Las cifi-as globales encubren situaciones locales muy diferentes, que revelan la desigual fuerza que tenían en cada junta pericial los poseedores de este tipo de tierras. Descendiendo a ese nivel local, encontramos tal volumen de ocultación que es impensable que no fuera conocido por todos: en Vejer de la Frontera se habían evadido de los amillaramientos 3.094 ha de olivar (más de la mitad del total que había en la localidad); y en ViUamartín 2.403 ha (las tres cuartas partes de los olivos del pueblo).

Precisamente en este caso de ViUamartín resulta muy claro el fiínciona-miento concreto del ft-aude. En su amillaramiento aparecen declaradas 825 ha de olivar y 1.838 de dehesas para pastos; pero los topógrafos del Instituto Geográfico midieron 3.228 ha de olivar y sólo 300 de dehesas para pastos. Las 2.403 ha de olivar «perdidas» se encuentran, así, entre las L537 ha declaradas de más como dehesas y las 1.242 de ocultación global en el conjunto del termino. Si nos quedamos sólo con este último dato, que supone una ocultación del 5,9 por 100, apenas percibimos el fraude que se oculta bajo las grandes cifras de un impuesto de cupo, pues la parte de la superficie que se declaraba era objeto de una intensa manipulación a la hora de clasificarla por usos del suelo, manipulación, como vemos, nada desinteresada.

En las tierras de viña el fraude parece haber sido menor; pero una vez más, la cifra media resulta engañosa: las cinco mil hectáreas ocultas sumarian sólo una cuarta parte de las viñas de la provincia (lo cual ya es bastante)^ Pero si nos concentramos sobre las grandes poblaciones vitivinícolas, en donde los intereses ligados a la viña tenían mayor influencia sobre las instituciones locales, vemos que este cultivo era motivo para grandes bolsas de fraude: en Jerez de la Frontera las mediciones topográficas sacaron a la luz 3.054 ha de viña ocultas (un 35,3 por 100 del total); en Sanlúcar de Barrameda, 1.007 ha (30,4 por 100).

99

JUAN PRO RUIZ

Las tierras de sembradura de secano marcan el índice de ocultación más bajo de las tierras cultivadas, con ese 21,5 por 100 que, no obstante, representaba 70.279 ha que se habían escapado al control de la Hacienda durante un cuarto de siglo. Hay que advertir, sin embargo, que esta menor ocultación aparente en secano que en regadío no demuestra nada parecido a una mayor «honestidad» de sus propietarios, sino que pone de relieve un mecanismo de fraude específico, que consistía en clasificar como tierras de secano fincas que en realidad eran de regadío, o —más en general— hacer que se clasificaran las tierras en una clase de menor rendimiento que el que les correspondía. Un fenómeno parecido puede haber actuado sobre las tierras de pasto y monte, cuyo porcentaje puede ser artificialmente bajo, debido a que en esa categoría se venían escondiendo tierras de cultivo para disfrutar de una carga tributaria más baja.

Llegamos, por último, al dift'cil apartado de las «tierras inútiles». Los firmantes del trabajo topográfico de 1874 —Carlos Ibáñez, Francisco Vallduví y Andrés de Modet— advirtieron expresamente que en los estados de los amilla-ramientos no figuraban, por definición, las superficies correspondientes a cascos de poblaciones, cauces de ríos, etc. Sin embargo, esta circunstancia no puede tomarse como atenuante de la gravedad de la ocultación detectada por las comparaciones entre el plano topográfico y los amillaramientos: hemos sumado la extensión total correspondiente a poblaciones, ríos, arroyos, barrancas, lagunas, caminos, ferrocarriles, cañadas, marismas, arenales, salinas, esteros, caños, playas, cementerios, cuarteles, arsenales, castillos, zonas militares, muelles, canteras, minas y conventos, todo lo que —desde un punto de vista agrícola— podría contabilizarse como «tierras inútiles», incluida la «zona neutral» que separaba San Roque del Gibraltar en manos británicas; y todas esas tierras no suman más que 29.425 ha, muy por debajo de las 119.419 ha descubiertas en los 30 pueblos en los que se detectó mayor superficie que la declarada hasta entonces en los amillaramientos.

Por otra parte, los amillaramientos sí contaban con otra categoría de superficies en sus clasificaciones: las llamadas exactamente «inútiles para todo aprovechamiento», que sumaban nada menos que 49.248 ha (¡y eso que excluían poblaciones, ríos y caminos!). Lo que esto nos muestra es que en esa categoría de tierras inútiles se incluían gran cantidad de tierras de las que sí se obtenían rendimientos agropecuarios. El único tipo de tierras en donde los amillaramientos solían mencionar más extensiones que las que había eran estas tierras «inútiles», que no tenían carga fiscal, lo cual es un fraude tan importante como la ocultación pura y simple, a pesar de que ese índice negativo del —67,3 por 100 de ocultación pudiera hacer pensar a primera vista en lo contrario.

100


Podemos preguntarnos por la lógica que regía esta distribución del impuesto, o más bien la distribución de las cuotas de fraude. Algunos autores, a partir de investigaciones localizadas sobre todo en Valencia y Cataluña han defendido que el grado de concentración de la propiedad podía ser un factor decisivo para determinar las posibilidades de la ocultación, de manera que las regiones de constitución agraria más «igualitaria» coincidirían con las de menor incidencia de la ocultación sobre los amillaramientos I Por otra parte, investigadores de la historia agraria andaluza han comprobado que las grandes propiedades del sur por lo general sí solían aparecer correctamente declaradas en los amillaramientos, quizá por temor a que su posesión se pusiera en duda, mientras que las mayores ocultaciones se darían en la clasificación y valoración de los terrenos «. Ambas observaciones apuntan en la línea de «recuperar» los amillaramientos como una fiíente válida para la historia de la propiedad de la tierra, minimizando el grado de ocultación que contienen.

Utilizando los datos del avance catastral levantado a partir de 1906 he intentado establecer una correlación entre las dos variables apuntadas, un índice de concentración de la propiedad y el porcentaje de superficie no declarada en los amillaramientos, comprobando que no existe una correlación signifacati-va. Tampoco pudo establecerse ninguna correlación del fraude con otros indicadores de la estructura agraria de las poblaciones. Y es que, para desesperación de los historiadores que utilizan los amillaramientos como hiente histórica, la lógica que determinaba el nivel de firaude admitido en cada población y a cada contribuyente parece ser la lógica del poder local: as redes personales tejidas en torno a las instituciones municipales, provinciales y estatales estaban constituidas por vínculos multiformes, como el parentesco, la amistad, la asociación económica o la fidelidad política. Por esos canales circulaba el poder en sus formas más puras: la información y la influencia. Y la estructura de esos vínculos y de esas redes determinaba la fiíerza de cada población ante el Estado para obtener una carga fiscal soportable, así como la capacidad de cada individuo para eximirse total o parcialmente del reparto del impuesto en su localidad. La variedad de situaciones posibles en cuanto a la cohesión de a oligarquía local y sus vínculos con redes de poder más amplias, hace que la geografía del firaude representada en el mapa escape a cualquier explicación

racional en términos globales . r- • j Al no haber ninguna correlación significativa entre la geografia agraria de

' Azagra (1978), Ferrer, Segura y Suau (1985), Segura (1988). 8 Bernal (1979), pp. 158-164; Mata (1987), vol. II, PP- 88-90. ' He tratado más ampliamente este aspecto de la cuesfon en Pro (1994b), un estudio

en Pro (1994a).

101

JUAN PRO RUIZ

las provincias estudiadas y las cifras de ocultación que estamos comentando, puede mantenerse la hipótesis de que el dato esencial para la repartición de los cupos de la Contribución territorial eran las redes de relaciones personales de cada contribuyente, que determinaban la capacidad de cada uno para influir sobre la redacción del amillaramiento.

EL FRAUDE A ESCALA LOCAL

Si fuera cierta nuestra hipótesis de que la gravedad del problema del fraude se acentúa cuanto más reducida es la muestra que observamos, eso significaría que el problema real tenía unas proporciones mucho mayores de todo lo que puedan indicarnos cualesquiera cifras estadísticas agregadas. Al menos podemos confirmar que el problema rebasaba ampliamente lo que pudiera indicar ese 26,1 por 100 de tierras ocultas comprobado en 1872-1893, o incluso ese 39,3 por 100 estimado en 1870; para ello vamos a llevar la escala de observación al plano local.

Tomaremos como modelo tres pueblos de la misma provincia de Cádiz: aquel en el que se ocultaban más tierras al fisco según los datos de 1874 (Alcalá de los Gazules), el que más se aproximaba aparentemente a una declaración fiel de su extensión en los amillaramientos (Ubrique, con una diferencia de sólo el 0,7 por 100) y el que había declarado una cantidad por exceso más elevada (Jerez de la Frontera). Hay que señalar que Alcalá de los Gazules es doblemente significativo por su carácter extremo, significativo de hasta dónde podían llegar las ocultaciones dentro del sistema de los amillaramientos, ya que no sólo era el pueblo en el que se ocultaban más tierras en términos absolutos, sino también en porcentaje sobre la superficie total del término.

El caso contrario vendría representado por el pueblo homónimo de Alcalá del Valle, que parece haber tenido un amillaramiento «de castigo» por circunstancias que se nos escapan, pero que suponemos relacionadas con la lógica de la política provincial, en la que los notables locales no debían de estar muy bien situados hacia 1860 (fecha en la que se redactaron los amillaramientos). De todas maneras, el caso resulta también ilustrativo de la mecánica del fraude, aunque sus cifras indiquen aparentemente lo contrario: la sobrecarga tributaria de un territorio o de un grupo de contribuyentes es también una práctica fraudulenta por parte de las juntas periciales, y de hecho se trata de la consecuencia más negativa del fraude, pues al ser la Contribución de inmuebles un impuesto de cupo, la evasión efectiva del impuesto por parte de algunos contribuyentes exige que el resto sean presionados a aceptar un cupo mayor que

102

OCULTACIÓN DE U RIQUEZA RÚSTICA EN ESPAÑA (1870-1936)

el que les correspondía. Si no hemos incluido en el cuadro los datos de Alcalá del Valle es porque muestran únicamente que en todos los tipos de tierras del término el amillaramiento recogía mayores extensiones de las existentes

El cuadro 4 arroja alguna luz más sobre lo que se esconde detras de esas cifras que estamos tomando como indicadores de la ocultación fiscal de tierras a nivel local. Incluso en un caso tan escandaloso como el de Alcalá de los Ga-zules (que había ocultado el 78,9 por 100 de su superficie), al descender a la ocultación por cultivos descubrimos que el fraude era mayor de lo que parecía, pues se habían introducido en las categorías de prados y dehesas para pastos 3.739 ha de tierras de otro tipo, presumiblemente tierras de sembradura de cereales en secano, pues en dicha categoría se habían escamoteado nada me-

nos que 16.880 ha. . . . En cuanto al caso de Jerez de la Frontera, ya hemos anticipado lo engaño

sa que resulta la circunstancia de que aparezca en el cuadro general como victima de una estimación excesiva de su superficie bajo el régimen de los amilla-ramientos. La totalidad de ese fenómeno se debe al efecto de haber declarado 49.093 ha de dehesas para pastos que el Instituto Geográfico no admitió como tales. Se trata, una vez más, de un caso de clasificación «a la baja» de tierras de cultivo, pues la liberalidad mostrada al declarar dehesas daba un margen realmente amplio para hacer desaparecer fiscalmente 6.000 ha de tierras cereceras, 1.000 de olivar y - s o b r e t o d o - 3.000 de viña, que era el cultivo estratégico en la economía local. La circunstancia de que aparentemente Jerez hubiera sido uno de los pueblos perjudicados por los repartos del impuesto (en virtud de haberle supuesto más superficie de la que tenía) no pasó inadvertida para los notables locales; tal circunstancia fiíe esgrimida, junto con otros argumentos, por la Cámara agrícola de la localidad en la campaña que impulso a finales de siglo contra «la enormidad de la tributación con que preténdese estrechar más y más la ya exigua riqueza de las clases productoras» _

Por último, el ejemplo de Ubrique nos sirve para disolver definitivamente el espejismo de pensar que algunos pueblos hubieran podido quedar al margen del movimiento generalizado de ocultaciones masivas al fisco. Ba,o esa aparente honestidad que supone el haber declarado una extensión similar a la que luego se comprobó que medía el término, lo que encontramos es que aquella circunstancia parece haber sido firuto de la casualidad. Si nos concentramos sobre las grandes cifras, vemos que la ocultación de tierras cerealera y de viña (casi 2.000 ha) queda disimulada por el exceso de superficie encontrado en lo que respecta a dehesas, así como las mil hectáreas de montes no de-

'" Anónimo (1899), p. 159.

103

JUAN PRO RUIZ

CUADRO 4

Clasificación de las tierras ocultas según su uso en tres pueblos de la provincia de Cádiz (1874)

14 2.375

25 81

5,608

1.477

506

98 16.880

67 282

-3.739

23.146

1.014

88 87,6

72,8

77,6

-200

94 66,7

Alcalá de los Gazules

Regadío 112 Secano (cereal) 19.255 Viña 92 Olivar 363 Prados y dehesas 1.869 Montes y baldíos 24.624 Terrenos inútiles 1.520

TOTAL 47.851 10.088 37.763 78,9

Jerez de la Frontera

Regadío 149 Secano (cereal) 71.161 Viña 8.629 Olivar 2.216 Dehesas 6.342 Montes 48.646 Terrenos inútiles 3.315

TOTAL 140.461 162.866 -22.405 -15,9

Uhrique

149 64.382

5.575

1.257

55.435 33.047

2.517

0 6.779

3.054

958 -49.093 15.598

798

0 9,5

35,3

43,2

-774,1

32 24

47 1.241

211 66

1.279

2.795

1.747

-10 1.857

60 -6

-1.279

1.042

-1.614

-28,6

59,9

2,2 -11,8

— 31,2

-1.213,5

iío 36 Secano (cereal) 3.098 Viña 271 Olivar 59 Dehesas O Montes 3.337 Terrenos inútiles 133

TOTAL 6.936 6.887 49 0,7

Columna A: Extensiones de los cultivos en hectáreas, según los planos del Instituto Geográfico y Estadístico. Columna B: Extensiones declaradas en los amillaramientos. Columna C. Diferencia A — B. Columna T>. Porcentaje de tierras ocultas.

FUENTE: Instituto Geográfico y Estadístico: Trabajos topográficos... Cádiz (1874).

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nr.Ill.TACláN DE LA RIQUEZA RUSTICA EN ESPAÑA (1870-1936)

claradas podrían haber quedado escondidas en esas 1.614 ha de «tierras mutiles para todo aprovechamiento» que nunca existieron. Como se ve - y salvo por la excepción relativa al regadío, que afecta a una extensión muy pequeñ a - el movimiento general consiste en declarar las tierras (quiza por e temor a que su titularidad fuera algún día puesta en duda), pero forzando su clasificación en categorías en donde Hacienda apenas podía gravarlas, del tipo de pas-tos y montes.

SOBRE LA DESIGUAL FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS

Todas las observaciones basadas sobre la comparación de las cifras de los amillaramientos de 1860 con los levantamientos topográficos de 1874 podrían resultar discutibles si entre las dos fechas mencionadas hubiera existido en la provincia estudiada un vasto movimiento de expansión agrícola, que hubiera conllevado la roturación de tierras de monte y dehesa para convertirlas en tierras de cultivo. Eso no explicaría la ocultación pura y simple de grandes superficies, ni la extremada desigualdad entre el trato fiscal recibido por los contribuyentes de unos términos y los de otros términos vecinos; pero si podría explicar algunas de las clasificaciones de tierras cultivadas como pastos y bosques, que nosotros hemos considerado fruto del fraude. Cabe pensar - p o r ejemplo- que la escasa ocultación detectada en las tierras de pasto y mon^, al tiempo que se descubrían grandes extensiones sin declarar de torras de cultivo, no fuera sólo fruto del fraude, sino de una ampliación real de la superfr cié cultivada a costa de tierras marginales. Ciertamente, este fenómeno parece haber existido en la segunda mitad del siglo xix, en parte como consecuencia

de la desamortización ". u»,-..™*. En efecto, hay que señalar que los amillaramientos se pensaron P h ^ ^ ^ ^

cada diez años, pero con un sistema de apéndices anuales ^-^-^^\'j^^¡ el reparto de los cupos a la evolución agrícola de cada locahdad; hab^, pues obligación de los ayuntamientos de recoger las declaraciones de -ôd.ôn.¡ que hubieran sufrido las propiedades rústicas, tanto en cuanto a su titulandad

" A s í lo indican una serie de trabajos recientes, como el ^^^^^^^ ^ ^ : : ^ t ' Í l ; : y l Sevüla (1991); no deja de ser llamativo sin embargo, ' I - g r a n ^ ^ ^ / j " ^ o d o estratégico d'e L sobre las cifras resultantes de los amiliaram.entos, P - " - ~ "^ ^^^ .¿^ en trabajos

revisión en torno al cambio de siglo. Este ^ - f ^ ° J ^ ! ' ^ „ 5;";8V2 ôô punto de partida para como el de Piqueras (1981), que toma el amillaram.en o de 186^ co P cuantificar la expansión del viñedo valenciano hasta finales del siglo XIX.

103

JUAN PRO RUIZ

como en cuanto a su dedicación. El fraude, por lo tanto, existiría incluso cuando se hubiera producido un cambio de uso del suelo, siempre que propietarios y autoridades locales hubieran omitido la notificación del cambio; sabemos que esta era una práctica generalizada. No sólo los apéndices anuales no solían hacerse, sino que nadie declaraba cambio ninguno en el amillaramiento una vez terminado, y además los amillaramientos no se rehicieron con la periodicidad que se había previsto: después de su implantación en 1850, sólo se volvieron a hacer con carácter general en torno a 1860-1864, mientras que todos los intentos posteriores o bien fi-acasaron (porque contribuyentes y ayuntamientos negaron su colaboración) o bien se realizaron sólo en algunas zonas.

Aun así, creo que es importante recalcar —considerando de nuevo las cifras generales de la provincia que veíamos en el cuadro 3— que la posibilidad de un cambio significativo en la dedicación de la tierra afectaría principalmente al olivar. Efectivamente, parece que los años 1860-1874, a los que nos estamos refiriendo, coinciden con un proceso de roturación de tierras para plantar olivos, lo cual explicaría la cifra extraordinariamente alta de aparente ocultación en este cultivo (52,1 por 100) y la correlativa modestia de la ocultación detectada en cuanto a pastos y montes (8,9 por 100). Digo esto siguiendo las indicaciones de uno de los principales especialistas en historia del olivar, que presenta «las décadas centrales del siglo xix definidas por una importante expansión del cultivo consecuencia, sin duda, de una coyuntura favorable y de numerosos predios por roturar» ' .

En concreto, la cifra de 10.442 ha de olivar que da Zambrana para la provincia de Cádiz en 1858 la toma de los datos de la Comisión de Estadística publicados en aquella fecha, tan sólo un año después de su fundación y sin haber realizado trabajos de medición topográfica sobre el terreno. Como suele ocurrir en estos casos, se obvia una crítica seria de la forma en que se realizó dicho cálculo, en el que a mi entender iba ya asimilado el efecto de un persistente firaude fiscal. De ser cierta esa cifra, significaría que la extensión dedicada a olivos en Cádiz se habría duplicado en el transcurso de quince años, mientras que en la vecina provincia de Sevilla tan sólo se produjo un incremento de la extensión del olivar del 15 por 100. Zambrana no se plantea el problema, omitiendo de su comentario la provincia de Cádiz; cuando comenta el caso de Córdoba, en el que se habría dado un incremento similar según sus datos, le parece tan inverosímil que dice escuetamente: «creo que los datos de 1858 son inferiores a la realidad y de ahí el importante avance registrado» ' .

'2 Zambrana (1987), p. 53. " Ihidem, p. 57.

106


Este tipo de usos de las cifras no es exclusivo del autor citado ni de su obra (por lo demás muy estimable). Es sólo un reflejo de la debilidad de las bases estadísticas sobre las que trabaja la historia económica en España. En concreto, las exageradas distorsiones detectadas en los amillaramientos del siglo XIX nos llevan a poner en cuestión muchas otras fuentes estadísticas que tomaron aquellos documentos como referencia o punto de partida . Ciertamente, los ingenieros agrónomos sospechaban de los amillaramientos y los tomaban con cautela a la hora de evaluar las superficies cultivadas y las producciones agrícolas; pero el nivel de los escrúpulos de cada ingeniero era forzosamente desigual y, en todo caso, el resultado no pasaba de ser una estimación personal, basada sobre pocos datos que podamos considerar rigurosamente objetivos, al menos en los períodos iniciales en torno al cambio de siglo .

En consecuencia de todo lo dicho, creo que la visión optimista sobre el crecimiento de la agricultura española a partir de finales de siglo xix esta viciada por un proceso de mejora progresiva de la calidad de los datos, al ritmo del levantamiento del catastro en esas mismas fechas. Las cifras de partida de muchas series podrían ser artificialmente bajas, no sólo debido a la inexperiencia y las equivocaciones iniciales de los servicios estadísticos, sino también a la ocultación de riquezas, propiedades y rendimientos por temor a su posible em-pleo fiscal ' .

LOS LEVANTAMIENTOS CATASTRALES Y LA EVIDENCIA DE LA OCULTACIÓN

Los trabajos catastrales realizados en los tres primeros decenios del siglo XX sirvieron para poner al descubierto de forma cada vez mas clara la persis-

• La treintena de artículos reunidos por Connn y f^-^^^^l'^Zl^^ZZo^^ (1994) indican que probablemente las dudas sobre la J^^-' '^a-JJ^.^s ^ . H ram ^ P ^^^^^

extenderse a otras ftientes fiscales y estadísticas; la confianza ' " " ' " ; ^ ' ^ " " ^ . ^^1 ^^¿^ ¿^ p,o-impresas va dejando paso a la crítica tan pronto como se comienza a investigar ducción de los datos. A^,M,An sobre lo que se sabe de la

n El GEHR (1991, pp, 27-56) ha rea izado un ^-^^^^^^¡XtZrr. dvil. Desgraciada-forma de elaborar las estadísticas de ^^'^^^-^^^^^lf^¡:':^J:2%o análisis les conduce mente, y a pesar de la acumulación de - ' ' ^ ^ / / / f / i ^ ^ ^ ^ X e a " agrícolas españolas (pp. 56-62). a concluir con una reivindicación de la bondad de las estadísticas g ^K ^^^^^¿^ y ¿^ U

- Me refiero a la constatación general de una expans^n d » J P ^ f ¿ ^"^^ ^^J^ ¿^ 1, producción agrícola en la segunda mitad del -glo - x y el pr me ^^.o^^fj 3,^„^^ ^,^,, ^ lectura de trabajos tan importantes '^°'"° °^ j ^ . ^ ""^°"co inc ido en la crítica a esta interpreta-1986), Zapata (1986) y los diversos " " ^ " J ^ ^ j f ' ¿ ^ " ^ E s t u d i l l o (1989) para el sistema cereal en ción de la fuente con la postura mantenida por López tstuamo

el período 1891-1935.

107

JUAN PRO RUIZ

tente ocultación fiscal que practicaban los terratenientes españoles. El mapa 2 muestra los datos agregados de las provincias en las que se realizaron tanto los primeros trabajos del catastro por masas de cultivo y clases de terreno en 1895-1906 como los posteriores del avance catastral ^n 1906-1924. El panorama de fraude que refleja nos resulta ya tristemente familiar: el sueño de los conservadores de conseguir una sociedad inmóvil parece plasmarse con total eficacia en este terreno de la tributación, tan relevante para la estructuración de la sociedad.

^ ^ ^ ^ ^ r O"

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^Mj^^^^^ MAPA 2.- Riqueza rústica oculta en los pueblos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H d ^ ^ ^ ^ H ^ J ^ ^ en los que se levantó el catastro (1895-1924)

^^^^^^^^^^^B^PIP H l >5o% ^^^S^r^^ ^ B 25-50%

V ^ í 1 1 Sin datos

FUENTE: Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas (1906); Ministerio de Hacienda (1925).

Los datos del mapa 2 siguen presentando volúmenes de ocultación muy elevados, que en 17 provincias superan el 50 por 100; pero en este caso se trata ya de cifras de riqueza oculta (evaluada por los peritos agrícolas e ingenieros agrónomos a partir de los trabajos catastrales), y no de simples cifras de superficies ocultas como en los cuadros anteriores. Este cambio de criterio se debe a la constatación de que la ocultación «absoluta» de fincas a la Hacienda, si bien era una operación fi-ecuente e importante, no era la única forma de fraude, ni quizá siquiera la más representativa: hemos visto que predominaba la tendencia a clasificar los terrenos en categorías fiscales inferiores a las que les corres-

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pondían, fingiendo dedicaciones apenas productivas (esto es, un supuesto de

ocultación «relativa»). Al mismo tiempo que la presentación de los datos tendía a dar un peso

creciente al fraude en las valoraciones, la propia práctica de las evaluaciones de los técnicos catastrales también fiíe cambiando de tono progresivamente. Puede observarse una tendencia a valorar los terrenos cada vez mas alta a lo largo de los tres decenios que van desde la puesta en marcha de los primeros trabajos del catastro por masas a título experimental (1895) hasta que la dictadura de Primo de Rivera detuvo el levantamiento del avance catastral (1925). Así, mientras que en los pueblos en los que se levantó el catastro por masas entre 1895 y 1899 se estimó la ocultación en un 39,1 por 100 de la riqueza, en los avances catastrales levantados entre 1906 y 1924 1- estimación llegó al 49,7 por 100. El resultado era que a 31 de diciembre de 1923, el Ministerio de Hacienda podía hacer públicos datos según los cuales la riqueza rústica declarada en los amillaramientos era de 241 millones de pesetas, mientras que la comprobada por el catastro ascendía a algo mas del doble,

475 millones '^. , . i i-El gráfico 1 confirma la'idea de que los primeros trabajos catastrales reali

zaron estimaciones más conservadoras o más benévolas de la riqueza rustica, sin duda tratando de evitar la confrontación entre la Hacienda Publica y los terratenientes; a partir de 1917 fue cuando el endurecimiento de las evaluaciones se hizo más notorio, y entonces la resistencia de los terratenientes al levantamiento catastral tomó aires de «Fronda» antifiscal. A medida que se extendía por los campos el catastro, ocultar grandes superficies al fisco se volvía una tarea más complicada; las evaluaciones pasaron a ser la única carta que les quedaba a los defraudadores, de modo que dedicaron un gran esfuerzo de organización y de lucha a defender su posibilidad de jugarla Efectivamente, a campaña de las cámaras agrícolas contra el avance catastra en los anos veinte se concentró sobre las acusaciones de falta de rigor contra las evaluaciones ca rástrales, suponiéndolas fruto de la voracidad fiscal de los agrónomos y de no haber tenido en cuenta que la coyuntura de precios altos de lapnmera guerra mundial ya había pasado a la historia - . Tenemos sobrados - ^ i ^ - ^ / ^ J / ^ ^ les protestas eran injustificadas, y que simplemente manifestaban la reacción de los grandes terratenientes contra lo que habría significado el fin de su sitúa-ción fiscal privilegiada ''.

" Ministerio de Hacienda (1925) '« Pro (1992), pp. " Entiéndase qu(

tía a los grandes coni

" Ministerio de ílacienaa ^l:'•¿-'^ '« Pro (1992), pp. 275-289. ^„„,,.„1 lel reoarto del impuesto, que permi-" Entiéndase que el «privilegio» consistía en el control del ' 7 " ^ ° ' T ' ^ ¡^'Jrio; Que-a los grandes contribuyentes desviar la carga tributaria sobre los menores propietarios. W

109

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GRÁFICO 1

Ocultaciones de riqueza rústica descubiertas por el avance

200

150-

100-

50-

I I

1903 1905 I I I I I I I I I I I

1910 1915 * Aumento (%)

1920 1924

FUENTE: Ministerio de Hacienda (1925).

El dato fundamental a retener del mapa 2 y del gráfico 1 es el hecho de que, un siglo después de la reforma de Mon, la ocultación de propiedades rústicas a la Hacienda seguía siendo una realidad muy extendida, gracias a la persistencia del inverosímil sistema informativo de los amillaramientos.

Los trabajos catastrales de principios de siglo permitieron, además, sacar a la luz otro importante dato, como era el del tipo de gravamen al que estaba sometida la riqueza rústica. La cifra media es, en este caso, poco importante, pues depende por completo de la evaluación que se haya querido hacer de las bases del impuesto, evaluación cuya relación con la realidad económica de la época no conocemos. El dato importante es la desigualdad

daría por saber si esa situación de privilegio se mantenía al comparar el esfuerzo fiscal de los terratenientes con el que se exigía a los poseedores de otras formas de riqueza (comerciantes, industriales...). Como es sabido, Fuentes Quintana (1961) ha mantenido que la relativa facilidad de control de la riqueza inmobiliaria se tradujo en una mayor imposición sobre este sector, agravio que cabe pensar que repercutiera en una mayor propensión a ocultar lo que se pudiera y a legitimar este tipo de actitudes. En el estado actual de nuestros conocimientos, sin embargo, nada de esto puede afirmarse, a la espera de que adquieran alguna entidad las investigaciones iniciadas sobre el fraude en los diversos impuestos (como las reflejadas en El fraude fiscal..., 1994).

no


de tipos tributarios que un mismo impuesto suponía para distintos contribu-

yentes. El cuadro 5 nos muestra los márgenes entre los que se movía la «presión

fiscal» por territorial en los distintos pueblos de las provincias para las que te-nemos datos. Mientras que el tipo teórico se adaptaba con rigurosa igualdad al 19,6 por 100 que marcaba la ley en aquel momento, la existencia de una gran riqueza oculta hacía que, de hecho, se estuviera tributando, según los pueblos a tipos medios que iban desde el 4,5 por 100 (en Chiclana, Jaén) hasta el 25,5 por 100 (en Caracuel, Ciudad Real). Si estas son las diferencias entre unos pueblos y otros, no es dificil imaginar que serían mucho mayores las que hubiera entre unos comribuyentes y otros, incluso dentro de una misma localidad Esta desigualdad de tipos no es ni más ni menos que la consecuencia fiscal práctica del corrupto sistema de los amiUaramientos: los amiUaramientos, esos documentos que pretendían reflejar la distribución de la propiedad entre los vecinos de un pueblo, eran una ficción adaptada para hacer que esfuerzos fiscales enormemente desiguales tomaran la apariencia exterior de un impuesto proporcional al producto de la agricultura, haciendo que un 4,5 por 100 o un 25,5 por 100 quedaran convertidos en el 19,6 que el mimsterio quena, por la magia de la ocultación, de la manipulación sistemática de los datos y de la negociación de las cantidades que las oligarquías terratenientes estaban dispues-tas a entregar al Estado.

CUADRO 5

Variación de los tipos efectivos de la Contribución territorial bajo el régimen de los amillaramientos (1900-1906)

B

J aen 9,3 4,5 16,8

113 7,2 20,7 Cofdoba J26 4,8 20,8 Toledo j j ' j 58 23,0 '^«drid j ^ ' j 50 24,9 Albacete ^5'^ yg 25,5 Ciudad Real '

Columna A: Tipo tributario medio de V ^ " " ^ ' ' t r a l f o S ^ c ^ d f e n t ^ p t b í de k do en un pueblo de la provincia. Columm C. Tipo medio mas alto detectado en p

provincia.

FUENTE: Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas (1906).

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JUAN PRO RUIZ

CONCLUSIÓN

La magnitud del fraude detectado en los amillaramientos de la propiedad rústica nos permite concluir que tales documentos no son fuentes fiables para el conocimiento de la propiedad y los usos del suelo en la España del siglo XIX. Lejos de constituir meramente una fuente fiscal sesgada «a la baja», los amillaramientos eran fruto de una negociación de los cupos tributarios entre la Administración central y las oligarquías locales, cupos que éstas repartían entre los vecinos según la lógica de los vínculos personales (de parentesco, amistad, patronazgo, etc.).

Durante el primer tercio del siglo xx, con el levantamiento del avance catastral, el Estado fue mejorando paulatinamente su conocimiento de las bases tributarias del impuesto territorial, no sólo porque mejoraron los instrumentos que permitían el control de la riqueza, sino también porque la nueva configuración del poder hizo posible un mayor rigor en los criterios de evaluación. La fiabilidad de las fuentes resultantes nos sirve de término de comparación para poner en evidencia la falsedad de los amillaramientos. Pero, al mismo tiempo, modifica las bases sobre las que debemos estimar el crecimiento de la agricultura española desde la Guerra de Cuba hasta la Guerra civil: la apariencia de un crecimiento espectacular en esos cuatro decenios queda rebajada —en proporciones que ignoramos— al saber que las cifras contienen el efecto de una mejora sustancial en el acercamiento de los servicios estadísticos del Estado a la realidad agrícola.

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1874-1935, Madrid.

114

EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX *

SAMUEL GARRIDO HERRERO Universidad Jaume I de Castellón

RESUMEN

Hacia 1900 comienza a configurarse en el campo español un movimiento cooperativo integrado por pequeños y medianos agricultores. Al tiempo que se «va "a la .m-portancia de la actividad económica que generó, en el artículo se anal«an al«un^¿^ los obstáculos que imp¡die«,n que adquiriera mayor desarrollo. Se llega a la inclusión de que, pese a haber aparecido algunos núcleos de gran ^-t»Wad «:ooperaOva^l c o o ^ rativismiagrario español se caracterizó durante el primer tercio del siglo xx Por s u d ^ capitalización y por su escasa capacidad para consolidarse. Como resultado, s^tecOvi-dad como vía de acceso del pequeño explotador a una mejora tecmca fue muy limitada.

ABSTRACT

Towards the year 1900, the Spanish countryside witnessed Ae « " « « ^ " « p f J agricultural co^perative movement, formed by farmers of small or ""«If « / « ^ ¿ ^ dlngs. Tbe impomnce of die economic actívity thus generated « - " ' « « ^ J ^ ' ^ analysing some of the obstades which prevented its development The «-nclus^on re-ached is,Vat despite die existence of some coH,peratíve nucUi «J P^-J^J"''*^*; ^ nish aícultural co.>perative movement during the first third of die ^ ^ . - « ^ " J ' ^ ^ chararterised by decapitalisation and by a lack of consolidation. As a result, its capacity to introduce small scale farming was vety limited.

~ * Este trabajo, que debe mucho a las sugerencias de Jesús Millán, es una - ¿ ^ b ™ ¿ 1 capitulo primerc! d e \ i tesis doctoral. Garrido (1993^ l^:%Z::^^<it^c^Ltr<:^:2 una crítica más exhaustiva de las fuentes y, sobre todo, la argumentación aesa clones que puedan parecer aquí un tanto aventuradas.

Revista de Historia Económica AiioXIU, Invierno 199}, N' t.

ID

SAMUEL GARRIDO HERRERO

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto de cambios y transformaciones que provoca la crisis finisecular, hacia 1880 comienza a cobrar forma en diversas agriculturas europeas un movimiento cooperativo que durante las tres décadas siguientes se extenderá, con desigual dinamismo e intensidad, por la práctica totalidad de los países del continente. Es sabido que la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 actuó como detonante para la expansión de aquel fenómeno asociativo en España. En este artículo se pretende realizar una evaluación —provisional, por lo que inmediatamente se dirá— de la importancia económica que adquirió en el campo español el cooperativismo acogido a aquella disposición legal ^

La manera idónea de conseguirlo sería poner en relación su actividad con la del conjunto del sector agrario. Pero las estadísticas conocidas apenas recogen datos sobre la compra en común de factores productivos, la comercialización de las cosechas de los socios o el estado de las secciones de crédito. Y la poca información que proporcionan presenta tan grandes problemas de credibilidad que la hacen casi por completo inaprovechable. Queda el recurso de utilizar la evolución del número de sindicatos agrícolas y el de sus socios como indicador aproximado de la evolución de su peso económico. Pero ¿cuántos sindicatos agrícolas se fundaron?, ¿cuántos de ellos funcionaban?, ¿cuántos socios reunían? De manera un tanto sorprendente, porque es un tema presente en muchas reflexiones, aún no se dispone de una respuesta mínimamente precisa para preguntas tan elementales como éstas. Aparentemente, es una laguna fácil de cubrir, porque es una información que sí queda consignada en numerosas estadísticas confeccionadas por la Dirección General de Agricultura (DGA) . Pero incluso estos datos son de dudosa habilidad. En realidad, la Administración no tuvo nunca una idea precisa de cuántos sindicatos funcionaban ^.

' Fue el de mayores repercusiones sociales, económicas y políticas, pero no el único cooperativismo rural existente. Pervivían formas tradicionales de cooperación: los Pósitos, Carasa (1991); pero también sociedades de seguro del ganado, formas de intercambio de trabajo personal entre vecinos, etc. Sociedades campesinas de resistencia acogidas a la Ley de Asociaciones de 1887 podían desarrollar una actividad cooperativa similar a la de los «sindicatos agrícolas», Ma-yayo (1989), Duran (1977). Al igual que las Comunidades de Labradores o las Cámaras Agrícolas, Planas (1992).

2 Dirección General de Agricultura (1917, 1918 y 1934), Muñiz (1923, 1924 y 1927). Afirmando que se publicaban anualmente, aparece un resumen de ellas en los Anuario(s) Estadtstko(.s) de España.

3 Redonet (1924), p. 14; Mayayo (1989), p. 215.

116

EL rnnPFBATIVlSMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX •

En cada gobierno civil existía un registro de los sindicatos agrícolas de la provincia. Pero en ellos no solía eliminarse a las entidades disueltas \ Las estadísticas de la DGA se hacían a partir de unos cuestionarios enviados a las cooperativas que en algún momento habían legalizado su existencia, muchos de los cuales quedaban sin respuesta. Por lo que parece, las cooperativas que no contestaban también figuraban en la estadística, y cada edición contenía una mezcla de información actualizada y otra, la mayoritaria, proveniente de las estadísticas anteriores. De las estadísticas de 1915 y 1917 sí que se eliminó sindicatos desaparecidos. Aun así, los compiladores sospechaban que al menos el 40 % de los citados en esta última no mantenían un funcionamiento real, y el grado de fiabilidad de posteriores recopilaciones se deterioro progresivamente, porque hasta la edición de 1934 no se volvió a depurar la

información. ,. , , j Por otro lado, el proceso administrativo desarrollado para aplicar la ley de

1906 suponía la existencia de dos registros centrales:

1) Registro del Ministerio de Fomento. Han resultado infructuosos los intentos de localizarlo, si bien conocemos cuántos expedientes mgresarori entre 1908 y 1914 '. Dado que las cooperativas solían iniciar con celeridad os tramites necesarios para acogerse a la ley de 1906, estos datos serán utilizados como indicador del ritmo de las fiíndaciones. Como se concedían exenciones fiscales, en la práctica el reconocimiento de una cooperativa conio «sindicato agrícola» dependía del Ministerio de Hacienda, y, tras emitir su dictamen, iô-mentó enviaba allí los expedientes. i - j „

2) Registro del Ministerio de Hacienda. Se ha encontrado para el periodo 1908-19. Ya que Fomento solía despachar con relativa rapidez la documentación, la fecha de ingreso de los expedientes en Hacienda puede dar una idea de la evolución de las fundaciones entre 1915-19 .

Ambos registros eran acumulativos: no se hacía constar si las sociedades se disolvían y no sirven para saber las que funcionaban. En las antes menciona-

" Instituto de Reformas Sociales (1917), «Advertencia». ' Aparece un resumen en £'^'^'<21-I-1915) p. 2. Nacional, Hacienda, ' Archivo del Ministerio de Hacienda, hbro ^^J j . A^^j"J° ^ depuración de datos

libros 4.507-9 y 7.605, y leg. 6.614. Ante la ^"'^''^^^^^^l^^^ZoÛrollgano. sindicatos para el conjunto estatal, he sumado los inêsos ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o n ^ ^ ^ ^^^^^ F ~ ''^-pud>eron haber inicado mas de - « P ^ J ' - ^ , ¿ relativa p^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^^^ ne una excepción conocida: durante 191U-1.¿ liego a it"<;' en ocasiones más de uno o dos años.

117


das estadísticas de la DGA aparecen los sindicatos existentes, con los problemas de credibilidad indicados. Queda así abierta la posibilidad de cruzar las fuentes (cuadro 1) para conseguir una visión que abarque todos los aspectos: ritmo de fundaciones, ritmo de desapariciones y sindicatos verdaderamente existentes.

CUADRO 1

Evolución del sindicalismo agrícola en España

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1922

1923 1924

1926

1928

1933

(1)

972

287

190 166

175

175 102*

(2)

972

1,259

1.449

1,615

1.790

1,965

2.067 *

0)

739

366

85 172

271

108 210

206

408 376

318

1,057

i4)

739

1.105 1.190

1.362

1.633

1.741

1.951 2.157

2.565

2.941

3.259

4.316

CT

433

954

1.559

1.530

1.754

2,005

3.470

4,892

5,180

5.442

5.821

6.813 4,266

(6)

142,506

210,580

302,285

344,915

393,453

424,607

442.206

452.159

555.609

(7)

104

517 496

503 514 514 499 499 501 501

(8)

42.279

51.502

55.804

55.804

57.965

57,965

57.965

57,965

(1) Expedientes de sindicatos agrícolas ingresados en el Ministerio de Fomento, (2) Id,; ingresos acumulados. (3) Expedientes de sindicatos agrícolas ingresados en el Ministerio de Hacienda. (4) Id.; ingresos acumulados, (5) Sindicatos agrícolas existentes, (6) Socios de los sindicatos agrícolas. (7) Cajas rurales existentes. (8) Socios de las cajas rurales.

* Hasta junio.

FUENTES: Para las cois. (1) y (2): El Social (21-1-1915), p, 2. Para las cois, (3) y (4); Archivo Ministerio Hacienda, lib, 16,714; Archivo Histórico Nacional, Hacienda, libs, 4,507-9 y 7.605, y leg. 6.614 g. Para las cois. (5), (6), (7) y (8): Muñiz (1923), p. 12, para 1907; Cooperación (1915), I, p. 19, para 1908; Garrabou y Pujol (1988), p. 115, para 1910; Anuario Estadístico, 1916, p, 239, para 1915; Dirección General de Agricultura (1917), pp, 14-5, para 1916; Dirección General de Agricultura (1918), pp, 334-5, para 1918; Anuario Estadístico, 1919, p, 351, para 1919; Anuario Estadístico, 1921-22, p. 310, para 1922; Muñiz (1923), p. 377, para 1923; Muñiz (1924), p, 377, para 1924; Muñiz (1927) para 1926; Anuario Estadístico, 1928, pp, 516-7, para 1928; Dirección General de Agricultura (1934), p, 393, para 1933,

118

EL rnOPF.RATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX'

2. EL ARRANQUE DEL COOPERATIVISMO RURAL (1906-9)

F. Rivas calculaba que los «sindicatos agrícolas» españoles eran menos de 70 a finales de 1905 \ Si el cooperativismo puede considerarse como una de las respuestas de los agricultores a la creciente integración de la agricultura en el mercado y a las repercusiones de la crisis finisecular, fiíe en España una respuesta bastante tardía desde un punto de vista comparativo. Los 648 smdica-tos agrícolas existentes en 1890 en Francia pasaban a ser 2.069 en 1900 y 6.647 en 1914. En Bélgica habían aparecido hacia 1890; en 1897, un año antes de la promulgación de la ley destinada a regularlos, había 572, que ascendían a 962 en 1904. En 1904 estaban censadas en Italia 1.092 cajas rurales católicas. La estadística alemana informaba de la existencia de 17.162 cooperativas agrarias de todo tipo en 1905. En Dinamarca se creó en 1882 la primera cooperativa de producción de manteca, y en 1900 ya había 1.029 «. En cualquier caso, gracias a una Ley de Sindicatos Agrícolas que concedía exenciones fiscales y otros «beneficios» a los agricultores asociados, la Administración española actuó de incitadora para reducir las distancias existentes en esta parcela entre el campo español y otras agriculturas europeas. Y los resultados, en apariencia al menos, fiaeron espectaculares.

Se afirma que en 1907 ya había 433 sindicatos agrícolas '. En 1908 (primer año de aplicación de la ley de 1906) entraban en Fomento 972 expedientes, y según la DGA a finales de año fiíncionaban 954 sindicatos, que P^sab^" ^ ^ 1.559 en 1910 (cuadro 1). O sea, que en 1908 se habrían hecho mas de 500 fundaciones, y otras tantas durante 1909-10. En gran medida, porque, en su deseo de «ganar el campo al socialismo», los católicos se habían lanzado a crear sindicatos a un ritmo casi frenético. Pero muchos de los que aparecieron como resultado de sus campañas de propaganda eran fundaciones apresuradas, mas o menos ficticias, nacidas con escasas perspectivas de no fracasar El jesuíta Antonio Vicent, el principal animador del primer sindicalismo catolico-agrano, re-

' Rivas (1926), p. 214. , j ^ p itaUa, Sapelli « Para Francia, Cleary (1989), p. 35. Para Bélgica, Le Soc (19Ü9), p. it>_ ' 5 ^

(1981), p. 37. Para Alemania, Elias (1910), p. 22. Para Dinamarca, ^^'^^^^1^^"°^^^^^ de las o'bras citadas se informa del grado de Habilidad de as e d- ^^^^^^^^^^^^ ft.era siempre muy distinto del español. Por ejemplo en 1927 «^^^an censa ^^^^^ cajas rurales Vurand, pero sólo actuaban unas dos mil, Gueslin (1984), p. ¿b¿. £.n v

de Var muchos sindicatos no funcionaban, Reinaudo (1980). ,,„„^;,ln,ente complicado

' M u . . (1923), p. 12. También habría 104 cajas rur .es pero es «peci li ^ ^ ^ ^ ^

seguir la evolución de estas. Según Rivas (1923), pp. » f, qu= " ^2 714 so-blemente de las recogidas en el cuadro 1. ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ T ^ l l £ l 6 socios), eos). 439 en 1910 (60.318 socios), 591 en l/^^'78-45°^^^^^^^ Pero inmediatamente después se contradice: en 1920 serian i¿J, ci

119

rur.es


clutó en ocasiones los socios para sus fundaciones, sin haberlos avisado previamente, repansando en compañía del párroco el censo de población '". Y solía pasar que aquellas cooperativas, nacidas sin haberse asegurado una mínima fidelidad por parte de los socios (que las abandonaban en el mismo instante de surgir alguna dificultad), se disolvían poco después o mantenían una existencia meramente nominal.

De todas maneras, es innegable que aquella propuesta asociativa tuvo un gran atractivo para amplios sectores del campesinado español. En parte, porque nacía avalada por el sacerdote del lugar. Sobre todo, porque lo que los «propagandistas» ofrecían —para «evitar los actuales males de emigración y socialismo en el campo»— era el «mejoramiento de la producción agrícola» ' ' . Pero era una declaración de intenciones que chocó frecuentemente con la modestia de los resultados obtenidos.

La actividad cooperativa apenas tuvo incidencia en la esfera de la comercialización. En el País Valenciano aparecieron pocas cooperativas citrícolas ' ^ y en las regiones ganaderas no se constituyeron lecherías cooperativas —se afirma que la primera se creó en 1913 '3. Parece que tampoco se difundieron las secciones de comercialización en las áreas trigueras. En Castilla o en Aragón muchos sindicatos disponían de «paneras sindicales», pero durante este período inicial no aparecen fábricas de harina: los socios seguían comercializando en solitario y el sindicato, cuando disponía de la capacidad financiera necesaria, les hacía préstamos en la época de la recolección, con la cosecha como garantía, para ayudarlos a resistir frente a los acaparadores. Y a excepción de la comarca de la Conca de Barbera y de algunos casos aislados, tanto en Cataluña como en el País Valenciano hay que esperar a mediados de la década de 1910 para que se produzca una cierta difusión de las bodegas cooperativas !•*.

Por lo que se refiere a la práctica del crédito, muchas de las primeras cooperativas, tan faltas de recursos como sus socios, sólo pudieron conceder sumas minúsculas '^. En los casos conocidos, la media de los préstamos suele situarse alrededor de las 100 o 200 pesetas por prestatario. Un dinero que podía servir para superar alguna dificultad concreta, para adquirir algunas viñas americanas, unos cuantos quintales de abono o semilla para la nueva cosecha.

'» Vicent (1906), pp. 66 y 32-3, ' ' Revista Católica de Cuestiones Sociales (abril 1912), p. 262. '2 Abad (1991). '3 Cooperación (1915), II, p. 20. '" Mayayo (1989), Pujol (1984), Piqueras (1981). " Andrés (1984), p. 123.

120

EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX'

Pero que, por su modestia, difícilmente podría ayudar a introducir de manera continuada y progresiva inputs de capital en las pequeñas explotaciones campesinas. Como excepción, suele citarse la importante actividad crediticia de las cajas rurales de Navarra, y, especialmente, la de las cajas de Badajoz que formaban parte de la Federación Agraria Extremeña. Pero estas últimas, también como excepción, estaban «constituidas por propietarios ricos», mientras que en la vecina provincia de Cáceres, como en general en toda España, las integraban «modestos labradores» *.

La mayoría de sindicatos se habrían dedicado a la compra-venta de abonos y de artículos de consumo. Partiendo de un consumo anterior muy Dají^ excepto en la agricultura mediterránea más dinámica, la utilización de abonos químicos experimentó un significativo incremento entre 1897 y ^^^ ; "" rante estos años, en la periferia mediterránea o en el Valle del Ebro (País Valenciano, Cataluña, Navarra o La Rioja) las adquisiciones de fertilizantes de algunos sindicatos o federaciones fueron de gran envergadura i». Pero en las áreas interiores eran compras de poco volumen. Los sindicatos católicos de la provincia de Salamanca adquirieron en 1908 unas 327 t de abonos, supertostatos en su inmensa mayoría. La federación de Ciudad Rodrigo compro en 191U más de mil cien toneladas, pero bajaron durante los años inmediatamente posteriores a una media de 900 t, repartidas entre unas 20 cooperativas^ El Sindicato Central de Aragón -formado en 1913 por 98 entidades- vendió 1.480 t de abonos en 1910, 1.680 en 1911, 1-981 en 1912 y 2.750 en 1913 ; ' . Ejemplos similares podrían multiplicarse, pero las cantidades pocas veces dejarían de ser modestas. Si en la agricultura interior el consumo de fertilizantes químicos se extendió más allá de la gran explotación, parece indudable que gran parte del mérito lo tendrían los sindicatos. Pero los conocimientos que actualmente tenemos sobre aquellas entidades no permiten suponer que los pequeños labradores socios pudieran hacer, en general, un uso relativamente abundante de abonos. Lo que no obsta para que su actividad tuviera un a to valor cualitativo: «Hace pocos años no eran conocidas de los labradores las excelencias de los abonos químicos. Hoy se hacen ya compras no sólo para un pueblo, sino

" Cooperación (1915), I, pp. 21-4. ' Gallego (1986). .« S S f ^ ^ ^ Í 9 1 . . p. . O a c a 1 9 . . c o — ^ - ^ Í C . : " S ^ ^ n ^ l ^

mían unas 700 t de abonos haca 1910, y casi el ^ ^ ^ ^ Z T Z l i y T Z . GudaÍ iodri o. >' Para el conjunto de Salamanca, La Paz W (1908X PP. 388 y s^ ^^^

La Paz Social (1910), pp. 659 y ss.; y Cooperación (1915), 11, P- ¿í- » O D « ^^"8

'"(sept. 1913), pp. 797-9.

121


para diócesis o regiones» ^°. Gracias a los sindicatos, algunos pueblos de la diócesis de Ciudad Rodrigo habrían conseguido «duplicar y hasta triplicar sus cosechas» ^i.

A niveles aún modestos, entre 1898 y 1912 también se produjo en España una expansión en el uso de maquinaria agrícola 2 . Parece razonable suponer que las cooperativas, adquiriendo máquinas que después alquilaban a los socios, habrían actuado como centros de difusión de estas nuevas tecnologías. Pero todo parece indicar que lo conseguido durante esta etapa inicial fue más bien escaso. En 1909 se calculaba que disponían de maquinaria entre el 15 y el 20 % de los sindicatos confesionales ^ . Para 1910 se hablaba de la existencia de 96 asociaciones agrícolas católicas en la diócesis de Zaragoza, seis de las cuales eran cajas rurales y 90 sindicatos agrícolas. De éstos, todos tenían sección de crédito, «aunque sólo fuese para préstamos de abonos químicos y de simiente», pero únicamente 8 disponían de maquinaria agrícola ^^. Junto a algún caso local aislado —como puede ser el sindicato de Yelo (Soria)— Navarra sería una de las principales excepciones ^^. Menos conocida, es posible que fuera similar la contribución de los sindicatos agrícolas de La Rioja, cuya federación compró en 1913 «tres seleccionadoras, un bravant, tres gradas, una bomba, una máquina de injertar, un triturador» 2*. También sobre Castilla la Vieja y León es posible encontrar información esporádica sobre adquisiciones de maquinaria. En 1910 la federación de Ciudad Rodrigo repartió entre cinco sindicatos cuatro arados Rud-Sach, dos del Sindicato Nacional de Maquinaria y otro Brabant. Pero puede que tuviera más importancia la contribución a la mejora del instrumental tradicional, porque a título individual aquellos sindicatos hacían pedidos de hierro «para calzar y enfricar las rejas de los arados» ^ . Sin que sepamos los resultados, en Cáceres se pretendió impulsar en 1908 un «sindicato comunal» para adquirir trilladoras ^^. En las memorias de

^^ Boletín del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras (1908), p. 261. 2' Anuario Social de España Año 1.191Í-16 (1916), p. 110. " Gallego (1986), " Jiménez (1909), p. 179. " Noguer (1912), p, 519. La habían adquirido por medio del Sindicato Central de Aragón,

que hasta 1913 se limitó a comprar seleccionadoras. Antes de 1910 había comprado una. En 1910 sirvió 7, sistema «Marot», y 5 en 1911. En 1912 las 779.000 pesetas invertidas en abonos contrastan con las 5.000 pesetas dedicadas a «maquinaria agrícola, semillas y otros artículos». No se indica que durante el primer semestre de 1913 se comprara ninguna máquina. El Obrero Agrícola {sept. 1913), pp. 797-9.

25 Abundante información en Yoldi (1916). La referencia a Yelo, en Cooperación (1915), II, p. 24.

2' El Obrero Agrícola {mayo 1914), p. 147.

27 Robledo (1984), p. 145. Las compras de los arados modernos , en Andrés (1984), p. 275. 28 Sánchez (1979), p. 124.

122

EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX •

las federaciones del País Valenciano no aparecen nunca alusiones a compras de maquinaria, aunque muchos sindicatos valencianos contaban con ciertas máquinas —prensas, agramadoras de cáñamo, trilladoras de arroz, desgranadoras de maíz— o con una «sección de herramientas». Quizá estas adquisiciones no se canalizaran a través de las federaciones y se deba a ello la dificultad de encontrar información.

3. UNA INTERRUPCIÓN DEL CRECIMIENTO (1910-15)

Pero aquella labor no siempre tuvo continuidad. Promulgada inmediatamente después de las revueltas castellanas y andaluzas de 1904-5, desde finales de 1909 hasta al menos 1915 la Ley de Sindicatos Agrícolas casi dejó de tener vigencia práctica 2». En parte como resultado de ello, hacia 1909-10 el movimiento cooperativo experimentaba una fuerte crisis. Disminuyó sensiblemente el número de fundaciones y se disolvieron muchas de las primeras cooperativas. Según la DGA, en 1915 existían 1.530 sindicatos, cuando cinco anos antes se había hablado de la existencia de 1.559 (cuadro 1). Como entre enero de 1911 y junio de 1914 habían ingresado en Fomento 614 expedientes, en 1915 ya habría desaparecido, como mínimo, el 30 % de los sindicatos agrícolas hin-dados antes de ese año.

Las secuelas de la crisis finisecular propiciaron que desde ciertos sectores de las clases propietarias, por motivos sociales y políticos, se considerara prioritario el objetivo de mantener las pequeñas explotaciones. A pesar del proteccionismo, ello parecía imposible sin un aumento de la productividad campesina, que pasaba por una mejora técnica difícilmente alcanzable por el pequeño explotador, por su pobreza, de manera aislada 30. Muy sensible a estas preocupaciones, el Estado tenía interés para que el pequeño productor rural no quedase marginado de la política dinamizadora que estaba desplegando. De hecho, muchas de las iniciativas estatales (y básicamente la legislación sobre cooperativismo) iban dirigidas a él, desde el momento que comenzó a pensarse que el proceso de dinamización agrícola tendría que apoyarse en gran medida en la explotación familiar, por la gran capacidad de resistencia a desaparecer que estaba presentando 3i. Desde los últimos años del siglo xix la Iglesia venia repitiendo que la solución a la «cuestión agraria» era la cooperación intercla-sista animada desde la confesionalidad. Una de las confluencias entre tantas

" Garrido (1993), pp. 127-196. '» Garrabou(1990),p.74. " Villares y L. Fernández (1992).

123


miradas dirigidas al pequeño agricultor estaba en los sindicatos agrícolas. Impulsados mayoritariamente por una Iglesia que aportó un sustrato ideológico y a los sacerdotes encargados de hacer y vigilar las fundaciones, representaban un modelo de cooperación guiado por criterios de armonización social. Y podían ser controlados fácilmente por la gran propiedad.

La argumentación anterior es coherente, pero ha de fallar en algún punto, porque entre tantas facilidades resulta difícil entender por qué las cooperativas adquirieron tan escasa envergadura y por qué fracasaron con tanta facilidad. En realidad, parece que todo transcurrió de manera mucho más compleja. Según dijeron repetidamente los activistas católicos, en la práctica los pilares de la cooperación habrían quedado reducidos a dos: ellos y los propios campesinos. Porque la Administración no aplicaba correctamente la ley de 1906 y «los ricos ... nos hacen la guerra, no fiándose en nosotros» 3 .

Cuestionando las construcciones teóricas en las que se acepta la existencia —universal y atemporal— de un «anticooperativismo campesino» ^^, en muchas regiones españolas los pequeños explotadores, de tierra propia o ajena, mostraron hacia 1906 una gran receptividad a la propaganda cooperativa. Pero, aparte de su descapitalización, los obstáculos a los que tuvieron que hacer frente las primeras cooperativas fueron a menudo insuperables. Generalizar es simplificar, porque se dieron, en el espacio y en el tiempo, una gran variedad de situaciones; frecuentemente, contradictorias. Pero las obstrucciones más importantes provinieron de la gran propiedad, de manera directa o indirecta (a través del Estado). Porque los sectores de terratenientes que prestaron su apoyo a aquellos experimentos fueron una minoría frente a otros que desconfiaban del asociacionismo campesino. Aunque fuera un asociacionismo obsesivamente antisocialista, impregnado de conservadurismo y dispuesto a reservarles un asiento en todas las directivas de las federaciones o confederaciones que se creasen.

Los sindicatos agrícolas estaban formados básicamente por pequeños y medianos agricultores. Pero no necesariamente por pequeños y medianos pro-

'2 Archivo Vicent, carta del obispo de Pamplona a Antonio Vicent, 17-02-1912. «No somos capaces de interesar a las gentes acomodadas», arzobispo de Sevilla a Vicent, 18-01-1911. La «gente principal», según el obispo de Huesca, mostraba en su diócesis «desconfianza y fi-ialdad» ante los sindicatos, 19-07-1907. Este archivo, que contiene básicamente la correspondencia recibida por el jesuíta, se conserva en la Facultad de Teología de Sant Cugat del Valles.

" Por ejemplo, Rogers y Svenning (1973). Una crítica a estas interpretaciones esencialistas, en Contreras (1984). El anticooperativismo como resultado de la diferente estrategia empresarial de cada segmento social de agricultores, en Caballer (1982). Un intento de aplicar estas ideas al análisis histórico, en Garrido (1993). También allí, la Administración y la vía no democrática de cooperación impulsada por la Iglesia como responsables parciales del rechazo campesino a las cooperativas.

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EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX '

pietarios, porque sus socios podían ser (o podían ser al mismo tiempo) arrendatarios y aparceros, que posiblemente necesitaban salir de la explotación familiar para trabajar a jornal un número importante de jornadas al año. Que a partir del interclasismo inicial pudieran degenerar en sociedades campesinas de resistencia no parece que preocupara excesivamente a las clases terratenientes. Se dieron casos, pero la misión de la Iglesia era evitarlos. Sí que podían preocuparles las repercusiones económicas de aquel fenómeno asociativo^ Porque sin que ello implique un comportamiento «feudal» o irracional, en determinadas circunstancias el propietario capitalista puede optar por una estrategia maximizadora que produce la obstrucción de la mejora técnica 3". Una estrategia en la que la renta - y el control de los canales de crédi to- puede ocupar un lugar central. Es lo que parece que ocurrió en al menos una parte ae la España interior 35. Precisamente, en algunas de las zonas donde más se difundieron los sindicatos agrícolas después de 1906, por abundar la pequeña explotación y ser fuerte la influencia que la Iglesia conservaba sobre el campesinado.

La comparación con Francia puede ser esclarecedora. En amplias regiones, la sociedad rural francesa permanecía durante el último cuarto del siglo xix sometida a la inñuencia de una clase de grandes propietarios de origen aristocrático. Entusiastas de las primeras formulaciones del catolicismo social, la fundación de los sindicatos agrícolas franceses partió inicialmente de estos sectores, con objeto de conservar el «ordre naturel des choses». Dentro de este, la renta de la tierra era la que les ofrecía los medios económicos necesarios para su supervivencia, y no deja de ser significativo que los primeros sindicatos surgieran en Francia, hacia 1880, coincidiendo con el inicio de una fuerte y mantenida tendencia a la caída de la renta 36. En la España interior estudiada por K. Ko-bledo la crisis agraria finisecular no produjo la «derrota» del rentista, sino que en los inicios del siglo xx la renta experimentó, después del estancamiento o la ligera caída durante los años de la crisis, una decidida recuperación. Como ha explicado R. Robledo, el propietario castellano fomentaba la competencia para acceder a la tierra arrendable y anulaba las iniciativas que pudiesen dar cierta independencia económica al explotador campesino. Es decir, las iniciativas que pudiesen redundar en una disminución de la presión existente para coger tierra en arrendamiento. El cooperativismo actuaba en esta dirección, por o que desde la perspectiva del rentista podía ser contemplado - y pienso que tó fue de manera bastante generalizada- como una amenaza contra la renta .

'" Bhaduri (1987). " Robledo (1984).

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125


Considerando el peso político de aquellos sectores de terratenientes en la España de la Restauración, no puede resultar muy fantasioso suponer que la política cooperativa estatal partía lastrada por importantes limitaciones.

Pero también limitaciones políticas de otro orden. El apoyo que el Estado presta a la pequeña explotación es un buen indicador de la influencia del campesinado sobre el bloque de poder. En Argentina el sector cooperativo no despegó durante las primeras décadas del siglo xx, pero gracias a las cooperativas los pequeños y medianos agricultores canadienses pudieron controlar una porción importante de la comercialización del trigo e influyeron sobre los precios de venta al intermediario. En un estudio comparativo, se llega a la conclusión de que el distinto grado de acceso al poder político es uno de los factores que explican una evolución tan distinta: como en Canadá los gobiernos dependían (en mayor medida que en Argentina al menos) de las variaciones de la opinión expresadas a través de las urnas, necesitaban el apoyo electoral de los pequeños agricultores, lo que produjo una política agraria más favorable a sus intere

ses 38

A la vez, en las sociedades occidentales el cooperativismo fue una de las vías que permitieron al campesino ampliar sus derechos políticos. Se ha indicado para Francia que, gracias a él, en los inicios del siglo xx el pequeño agricultor había pasado a ser visto por la sociedad global como una masa organizada con la que el Estado necesitaba contar. Pero, previamente, el sindicalismo agrícola fi-ancés había podido consolidarse porque, desde Gambetta y Méline, el Estado republicano, entrando en competencia con los notables monárquicos, se había visto en la necesidad de «gagner les ruraux» para la República como garantía para su perennidad. Desde el momento que se entendió que la población rural, aún mayoritaria, iba a convertirse progresivamente en el arbitro de la vida política ^'. Las batallas políticas también se ganaban en los pue-

principalmente a la modesta propiedad rural, y contribuyendo a aumentar el número de los pequeños propietarios que labran por su cuenta y a disminuir, por consiguiente, la oferta del colonato, colocarían al rentero en situación favorable para contratar en mejores condiciones...», Chaves (1975), II, p. 420. En Carrión de los Condes se «atrajo a los obreros con la idea de procurar en el futuro sindicato estudiar lo de los arrendamientos de fincas y prevenir las competencias ruinosas que se hacen estos colonos, pujando por la renta de los solares o tierras, actitud a la cual se debe atribuir en gran parte el que los colonos paguen excesivo canon de renta, con lo cual los propietarios estiman serles más útil arrendar las tierras que labrarlas por cuenta propia», carta de F. Arce a S. Nevares, 26-06-1909, en Aldea (1987), p. 6. «Con los arriendos en común», repetía en sus mítines un sacerdote extremeño, «se destruiría la competencia ruinosa. Y suprimido ... el arrendatario logrero y explotador, y con éste los subarriendos, abaratarían [los sindicatos] las rentas de los terrenos laborables en beneficio de los pequeños labradores», carta de Simón Oliveros a A. Vicent, 19-07-1910 (Archivo Vicent).

38 Solberg (1987).

39 Moulin (1988), pp, 135 y ss.

126

EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX *

bles rurales en la España de la Restauración, pero con una diferencia fundamental respecto a la Francia de la III República: aunque con lentitud y vacilaciones, el mundo rural francés estaba entrando en la etapa de la movilización y la opinión, cosa que no pasó en España.

Uno de los objetivos de la reacción conservadora que dio lugar a la Restauración fue liquidar el notable proceso de movilización popular posterior a 1868. Durante el más de medio siglo que siguió a 1875 de los beneficiarios del régimen forjado por Cánovas no partieron nunca intentos serios de ampliar el consenso hacia las clases subalternas y de legitimar su dominio a través del juego democrático. Al contrario que el Estado republicano francés, aquí los gobernantes no se vieron en la necesidad de atraerse a la opinión del campo, y una de las bases sobre las que se hizo descansar la perpetuación del régimen fue (incluso después del sufragio universal masculino de 1890) mantener a la población rural desmovilizada políticamente, función de los poderes locales. A pesar de la importancia del control sobre la Administración, la perpetuación de las formas de poder caciquil guardaba relación con la capacidad de los propietarios de mantener mecanismos de control social de carácter personalista: a través del crédito entre particulares (a menudo a intereses usurarios), del control sobre el uso de un factor productivo esencial como es el agua, del control de los canales de comercialización o del control sobre el mercado de trabajo. El cooperativismo agrícola, que incidía sobre todos estos ámbitos, no dejaba de ser un elemento perturbador. Por ello, la acción del Estado nació en España inmersa en una contradicción. Existía una voluntad de dinamizar la actividad agrícola; para ser efectivo, se consideraba imprescindible que este proceso llegara a la pequeña explotación, y para conseguirlo era preciso fomentar el cooperativismo. Pero el cooperativismo (aunque estuviera impulsado mayorita-riamente por los católicos) producía unas repercusiones políticas no deseadas. En el contexto general de la Restauración, no puede extrañar que la segunda consideración tendiera a pesar más que la primera ni que el miedo a la agitación social en el campo fuera, en último extremo, lo que hiciera oscilar la ba-

lanza hacia uno u otro extremo. .,, Después de 1912 se reactivó la propaganda católico-agraria en Castilla-

León 40, pero parece que inicialmente sólo produjo resultados importantes en la provincia de Palencia y en algunas áreas de Burgos o Valladolid. i>e dice que en los inicios de la guerra europea los sindicatos de Falencia representaban, junto a los de La Rioja, las cajas rurales de Navarra y Badajoz y las cooperativas citrícolas valencianas, una excepción dentro del panorama general de

"» Castillo (1979), pp. 75 y ss.

127


decadencia. Estas últimas eran presentadas como la expresión más perfecta del cooperativismo español en un informe de 1915 del Instituto Internacional de Agricultura, lo que no es sino una muestra de las limitaciones del movimiento cooperativo en el campo español. Como consecuencia de la mala campaña naranjera de 1908-9, comenzaron a desarrollarse a partir de 1909 y decayeron durante los años iniciales de la primera guerra mundial. Alcanzaron su máximo esplendor durante la campaña de 1911-12, cuando entre 16 entidades exportaron unos 290.000 qm de naranja *^. O sea, el 5,3 % de los cítricos españoles exportados.

4. LA GRAN EXPANSIÓN (1916-20)

En 1916 aumentaron los expedientes ingresados en Hacienda (408, por una media de 175 entre 1910-15) y las entidades teóricamente existentes (1.754, 224 más que en 1915). Las primeras repercusiones del conflicto europeo sirvieron para reactivar el ritmo fundacional. Especialmente, en Castilla la Vieja y León, donde, con el beneplácito de la gran propiedad, el movimiento católico-agrario comenzó a canalizar la movilización de los pequeños y medianos campesinos en demanda de una mayor protección y de unos altos «precios mínimos» de venta del trigo. Pero ello no impedía que muchas de las primeras cooperativas siguieran sucumbiendo: en 1916 se habían disuelto o habían dejado de funcionar 161 sindicatos, 44 de ellos en la provincia de Valladolid y 60 en el conjunto de las nueve provincias castellano-leonesas. De los 1.754 «existentes», 706 no habían contestado a la petición de la DGA para que enviasen datos actualizados de su actividad, cosa posiblemente debida «a que no realizan labor alguna útil y eficaz para el fomento y desarrollo de los intereses agrícolas» *^.

En cualquier caso, estaba creciendo la capacidad de las cooperativas para atraer socios, y ya no únicamente pequeños explotadores. En las regiones periféricas que anteriormente hacían un uso abundante de abonos químicos, las economías que permitían las compras mancomunadas iban ganando atractivo para el conjunto de agricultores conforme subían sus precios. En el sistema cereal interior puede que influyera, más que el encarecimiento de los fertilizantes, la contracción de las disponibilidades a causa del hundimiento de las importaciones. Allí la guerra propició un contexto de acumulación de beneficios

"1 Cooperación (1915), II, pp. 14-20. •• Dirección General de Agricultura (1917), pp. 314-5 y 13.

128


especulativos en las empresas agrarias. Durante 1914-18 los precios de los abonos crecieron mucho más que los de los productos agrícolas, pero en un nivel de abonado de la tierra aún bajo, un incremento de éste provocaría un aumento de los rendimientos que compensaría los gastos efectuados por el alza relativa de los precios de los abonos. Por eso, el consumo «debió caer simplemente porque no se encontraban abonos en el mercado, aunque se pagara mucho» Las cooperativas, que pudieron importar a través de la Confederación Nacional Católico-Agraria (CNCA), se dedicaban precisamente a proporcionar abonos.

Pero fue durante el «trienio bolchevique» de 1918-20 cuando al tiempo que la conflictividad social en el campo alcanzaba cotas máximas el cooperativismo agrario español recibió un impulso definitivo Y es también entonces cuando deja de haber dudas de que se hizo efectiva la confluencia en los sindicatos de la gran propiedad territorial, el Estado y la Iglesia. Como resultado, los 1.754 sindicatos de 1916, en su mayoría muertos, pasaban (cuadro 1) a ser 2.005 en 1918, 3.471 en 1919 4 y 4.892 en 1922 45. u J 1 c .«

Adquirieron alguna fuerza los intentos de exportar las cosechas de los socios. En 1918 sólo 3 de los sindicatos integrantes de la católica Federac °n V -lenciana tenían «sección de exportación», pero pasaron a ser 42 en lî^ ^ Por su excepcionalidad, tiene más interés que durante la guerra europea los sindicatos católicos, «además de vender trigo en el intenor a precios elevados^ pudieron exportar» 4 . Los sindicatos católico-agrarios -^1^"^-"° f ™ durante aquellos años a los mercados extranjeros « ^ ^ ^ ^ ^ ° " ! producciones de huerta, pero también arroz: por medio de R.O ^l^f'-^^^ se concedió en exclusiva a la Federación Valenciana un permiso P ^ ' - ^ ^ - P ^ ^ el arroz de la provincia de Valencia. Lo que puede dar -^^J^^'l^^'^H por qué algunos sectores de propietarios acomodados estaban P O t - c ^ d ^ ahora el corperativismo: sirviéndose de las facilidades - c e d i d a s por m^ ^ ^ ^ sociales a los sindicatos, habrían conseguido participar de ^<^^^^^^^"°l^^^^ vados de los altos precios de los alimentos de primera necesidad en el mercado europeo y esquivar legalmente las trabas a la exportación.

" Gallego (1986), pp. 187-9. c„,^/t/,>o 7 920 p 310, se repiten las mismas « Anuario Estadístico. 191% p. 351. En Anmno £ ^ ' ^ " " ^ ° ' / ; , wî , , , r io de Hacienda 1.057

cifras. Posiblemente, están infladas: durante 1919 entraron - " ¿ ^ ' " ' f „ ^ ^ ° i f expedientes, pero a finales de 1919 «existían» 1^66 s.nd.catos - - J - - ^^^j^^ ¿^ ,„„, , i ,„ .

- Anuano Estadísttco, 1921-22, p. 310. E" Mumz (^92 V l^^JUp^^^ ^^^^^^^^ ^^ ^^^^ ^^

ción de los sindicatos «existentes». En recuento de V. â"^^'»' j Q58 1920, 359 en

da la fecha de constitución de 5.159; 994 de ellos se fundaron en 1919, l.u

1921 y 161 en 1922. " Garrido (1993), p. 64. "' Arribas(1989), p. 45.

129


Pero todo parece indicar que continuó siendo una actividad encaminada preferentemente hacia las compras en común. Disponemos de mucha información fragmentaria, pero faltan casi por completo series de datos que permitan una visión de conjunto. De éstas, las únicas mínimamente aprovechables que conozco (reproducidas en el cuadro 2) se refieren a las adquisiciones efectuadas por las federaciones integrantes (a partir de abril de 1917) de la CNCA. Su utilización resulta muy problemática '•*, pero el cuadro puede servir para proporcionar alguna orientación.

Sorprenden las escasas inversiones en maquinaria. Esta partida sólo aparece consignada con asiduidad en las federaciones del Alto Ebro (Navarra y La Rioja) y de Castilla la Vieja y León, pero con sumas muy modestas. En Castilla-León se destinaron en 1920 a adquirir máquinas 151.000 pesetas, que quedan en casi nada dividiéndolas por los 1.213 sindicatos que aquellas federaciones decían representar. Aunque ya se ha dicho que es posible que algunos sindicatos, caso de hacerlas, hiciesen estas compras en solitario. Puede, en consecuencia, que la suposición de R. Garrabou de que los sindicatos actuaron eficazmente como centros difusores de la mecanización sea demasiado optimista, pero parece excesivamente contundente la conclusión en sentido contrario de P. Carasa '•«.

Son más significativos los datos sobre los abonos (especialmente los de 1920), porque parece que durante los años contemplados estas compras sí se canalizaban a través de las federaciones. Destacan claramente dentro de la Confederación tres núcleos por el volumen de esta actividad: País Valenciano, Alto Ebro y Castilla-León. Si bien la imagen varía sustancialmente al calcular la relación entre abonos adquiridos y sindicatos integrantes de las federaciones (cuadro 3). Pueden plantearse objeciones de peso contra la representatividad de estas medias, pero del cuadro se desprende la existencia de al menos dos modelos: mientras que en algunas de las áreas más dinámicas el sindicalismo agrícola confesional se dedicó principalmente al suministro de abonos, en la agricultura interior serían muy distintos los mecanismos de captación de socios. Si en los libros de actas de las entidades valencianas suelen aparecer alusiones a los abonos desde la reunión fundacional, en los libros de la potente Federación Católica de Villalón (Valladolid), fundada en 1919, no son citados hasta 1932, sin que pueda deducirse de ello que antes no se compraran 50. El

*' Porque los católicos utilizaban la estadística como arma de propaganda y lo que declaraban no se ajustaba siempre a la realidad. Porque faltan datos de algunas federaciones. Y porque los sindicatos, y en especial los más potentes, podían haber comprado por su cuenta.

*' Garrabou (1990), Carasa (1990) p. 893, 5» Martínez(1982), p. 131.

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EL COOPERATIVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TEROO DEL SIGLO XX •

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motor de los sindicatos de la Tierra de Campos parece que fue la «panera sindical» y una fábrica de harina. Pero no puede generalizarse para toda Castilla, porque las fábricas cooperativas de harina siempre fueron pocas. También el caso gallego parece muy diferente: en 1921 la federación de La Coruña vendió a sus sindicatos productos por valor de 785.000 pesetas, pero sólo 75.000 pesetas en abonos y la mayoría del resto en comestibles ' ^

CUADRO 3

Compras de abonos de las federaciones de la CNCA

Abonos/sindicato (en miles de ptas.)

1916 1918 1920

Galicia (1) 0,32 Cantábrico (2) 1,07 3,48 AltoEbro{3) 7,43 10,29 14,33 Aragón (4) 2,03 Cataluña (5) 6,16 País Valenciano (6) 5,64 10,53 55,77 Baleares (7) 6,52 Murcia (8) 4,93 Extremadura (9) 4,33 Castilla y León (10) 3,75 4,43 4,39 Castilla la Nueva (11) 4,63 Andalucía Occidental (12) 1,53 Andalucía Oriental (13) 5,49

CNCA 4,59 5,93 10,29

FUENTES: Las indicadas en el cuadro 2, que también indica qué federaciones integran cada región. Se ha considerado únicamente las federaciones de las que se conoce la cantidad invertida en abonos.

También muestran los cuadros 2 y 3 que la considerable implantación de las cooperativas en las áreas interiores no es incompatible con el hecho de que la actividad desarrollada por la mayoría de ellas fuera casi siempre muy modesta en términos susceptibles de ser sometidos a una cuantificación. Para que hubiese tenido un efecto apreciable en cada localidad, y a partir de

" Martínez(1989), p. 113.

132


la suma de éstas sobre la evolución del sector, habría sido necesario que los sindicatos hubiesen mantenido una actuación continuada. ¿Pudieron mantenerla?

5. LOS AÑOS VEINTE: ¿CONSOLIDACIÓN O DESINTEGRACIÓN?

Superados los efectos catastróficos de la guerra europea sobre la utilización de fertilizantes químicos, con la década de los veinte comienza una nueva fase, prolongada hasta 1928, de expansión de su uso, igual que del de maquinaria agrícola " . ¿Pudo influir sobre ello la labor de unas cooperativas agrarias que ya desde 1919-20 eran tan numerosas?

Los indicadores sobre la actividad económica que éstas desarrollaron continúan siendo de similares características que en momentos precedentes: escasos, parciales y merecedores de escasa confianza. La CNCA, por ejemplo, decía estar formada en septiembre de 1926 por 54 federaciones, 3.034 sindicatos y 1.669 cajas rurales, la mayoría de las cuales eran secciones de un sindicato. Durante el año anterior habrían dedicado 22.077.000 pesetas a comprar abonos y 400.000 a adquirir maquinaria agrícola. Poseerían 28 bodegas cooperativas, 17 fábricas de harina, 5 de conservas, 1 de sulfiíro de carbono, 1 de )abon, 1 de hielo, 2 de luz, 29 molinos de aceite y 4 panaderías. Las cajas rurales tendrían en depósitos 250 millones de pesetas, y los préstamos a sus socios ascenderían a 200 millones " . Aunque es dificil de creer, se dice que la Liga Nacional de Campesinos, otra federación estatal de cooperativas confesionales fundada en 1923 por Antonio Monedero ^4, reunía 3.250 entidades en 1936. Implantada especialmente en las provincias de Palencia, Burgos y i>egovm'V con menor intensidad en el resto de Castilla-León y en Aragón compro 500 t de fertilizantes químicos en 1925. 1.000 en 1926, 5.000 en 1928, 10.015 en 1930, 11.000 en 1933 y 12.000 en 1936.

Como posible explicación del porqué de un volumen de negocio aparentemente tan modesto, diversos indicios apuman que después del auge fundacional de 1919-20 muchas cooperativas no pudieron consolidarse y desaparecieron a corto plazo. Si ello no queda reflejado en las estadísticas es porque, como ya se ha dicho, su fiabilidad experimentó durante los años vemte una to-

" R ^ r S V . . (sept. 1926), p. 10. Bases para una - 1 ° - - cntica de^es^^^^^^^^ >, en Castillo (197^ pp. 267 y ss. De todas maneras, las compras ^^ abonos y maqumar a pa =n referirse a las federaciones, pero muchos sindicatos no operaban ahora a través de ellas.

ción, en Castillo \ i^ /^ ; , PP- Í .^ ' / -- — recen referirse a las federaciones, pero muchos

" Castillo (1979), pp. 481-6,

133


tal degradación. Aunque en alguna ocasión se afirme lo contrario, los datos proporcionados por la Dirección General de Agricultura no estaban convenientemente actualizados: parece que se añadía a las estadísticas los sindicatos de nueva creación, pero no se eliminaban los que dejaban de funcionar ". De confirmarse esta suposición, en 1924, 1925 y 1926 se habría hecho una media de 213 fundaciones por año. O sea, 4,3 sindicatos por provincia y año. Prácticamente no se habrían creado cooperativas en Navarra o La Rioja; posiblemente, porque ya habían alcanzado una implantación notable durante los años anteriores. Pero en Castilla-León habría aparecido una media de 5,7 sindicatos por provincia y año, 10,4 en el País Valenciano, 6,7 en Galicia, 4,6 en Cataluña, 5,3 en Extremadura y 1,5 en Andalucía. Ahora bien, en algunas provincias las entidades que estaban desapareciendo serían mucho más numerosas '*.

Desde 1906-8 este modelo de cooperación interclasista había encontrado su marco idóneo en las áreas peninsulares con mayor peso de la pequeña explotación y la pequeña propiedad de la tierra. Aunque en 1919-20 también se extendió por las provincias meridionales latifundistas 5 , durante los primeros años veinte los sindicatos andaluces, inviables como fórmula cooperativa debido a la extrema descapitalización de los socios, desaparecieron de manera masiva al dejar de recibir el apoyo de sus impulsores. Pero los espectros de aquellas entidades siguieron figurando durante toda la década de 1920 en las estadísticas de la DGA (cuadro 4). Posiblemente, la fuerte presencia de los sindicatos en Extremadura o en Castilla la Nueva durante el período se deba a la misma razón. Porque en 1926 la distribución geográfica de los sindicatos «es de notar que sigue, poco más o menos, la de la propiedad territorial», y sólo «en las comarcas en que los pequeños propietarios son numerosos la sindicación está muy desarrollada» '^. Es decir, que durante la Dictadura de Primo

" Aun así, las cifras de 1928 destacan por su exageración. Provienen del Anuario Estadístico, 1928, pp. 516-7, que da una cifra total de sindicatos —7.101— que no se corresponde con los 6.813 que resultan al sumar los datos provinciales. Pero puede que el error tipográfico no esté en la suma final, sino en la provincia de La Coruña, que pasó de tener 300 sindicatos en 1926 a tener 51 en 1928: fríe la única provincia en la que disminuyó entre 1918-28 el número de sociedades.

" Si en 1920 se decía que la CNCA reunía 4.451 sindicatos, Anuario Estadístico, 1920, p. 314 —y en alguna ocasión se afirma que eran más de 5.000—, en diciembre de 1923 habrían bajado a 3.212, Redonet (1924), p. 257. Según la CNCA, a mediados de 1929 eran «cuatro mil escasos» los sindicatos que «actuaban» de verdad. O sea, que no llegaban al 60 % de los existentes. Pero estos cálculos merecen poco crédito, porque entre los que actuaban estaban incluidos los «más de tres mil Sindicatos» que la Confederación decía tener afiliados, Revista Social Agraria (abril 1929), p. 170. En Anuario Social de España, 1929 (1930), pp. 380-2, sólo se concede a la CNCA 2.276 sindicatos.

5' Castillo (1979). '* Revista Social Agraria {sept. 1926), p. U.

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de Rivera el cooperativismo acogido a la ley de 1906 habría vuelto a replegarse en la mitad septentrional peninsular.

Aun así, el gran crecimiento del número de sindicatos agrícolas en Castilla-León, Galicia, Aragón, Cataluña o el País Valenciano parece deberse en parte a la «inercia» estadística, porque también en estas zonas proliferaron las disoluciones. Es cierto que determinadas entidades locales y comarcales, casi siempre aquellas que incluían entre sus socios a un núcleo importante de agricultores relativamente acomodados (caso de muchos sindicatos valencianos), experimentaron durante esta década un gran desarrollo. Pero no parece que las cosas marcharan igual de bien, en general, para los mayoritarios sindicatos casi exclusivamente formados por los propietarios muy pobres de los que hablaba J. J. Castillo. Igual que había pasado después de la promulgación de la ley de 1906, todo parece indicar que durante los años veinte fueron muchos los pequeños agricultores ganados por la propaganda cooperativa. Pero todo parece también indicar que las sociedades que formaban, descapitalizadas y con pocas posibilidades de obtener recursos, fracasaban con gran facilidad. En 1924 el Ministerio de Hacienda pretendió anular la franquicia postal que se había concedido a los sindicatos agrícolas en 1906, y desde el órgano de prensa de la CNCA se aseguraba que «... su existencia económica es tan menguada y tan estrecha que no podrían el 90 por 100 de los Sindicatos existentes sostener este nuevo gasto» *.

Cuando en 1922 se me ordenó visitase los sindicatos federados [a la Federación Católico-Agraria de La Coruña, relataba en 1927 el inspector de ésta] se me dio una lista de 120, [y] pude comprobar que en la práctica no existían más que 46. Desde entonces se repite el fenómeno: todos los años pasan a mejor vida 10 ó 12 sindicatos, y hay que fundar más para compensar esta sangría **.

A pesar de algún sonado fracaso, en Navarra fue muy larga la vida media de las cooperativas: en 1935 perduraba el 91 % de las cajas rurales y sindicatos agrícolas constituidos entre 1902-35 ^i. La única manera de comprobar si —como parece— fue un caso excepcional, pasa por la realización de monografías regionales. Mientras tanto, el «Censo electoral social» elaborado por el Ministerio de Trabajo en 1932 puede ser utilizado para obtener alguna conclu-

" Revista Social Agraria {ihn\ 1924), p. 5. 6» Citado por Martínez (1989), p. 74. *i Majuelo y Pascual (1991), pp. 458-62.

136

EL rnoPFRATTVISMO AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO X X '

sión provisional sobre cómo evolucionó el ritmo de fundación-desaparición de

sindicatos a lo largo de la década de los veinte Aunque parece que todas las entidades mencionadas en el «Censo» mante

nían un funcionamiento real, no son todas las que funcionaban: no recoge las Ligas de Campesinos, y provincias con una fuerte tradición cooperativa pueden aparecer con muy pocos sindicatos: Logroño (1 sindicato). Salamanca (3),

•Segovia (0), Pontevedra (1), Orense (3) o Murcia (6). Pero el «Censo* es una muestra significativa del cooperativismo agrícola español en aquel momerito. El resultado de agrupar por períodos los L252 sindicatos de los que se facilita el año de constitución (no se indica de otros 64) es el siguiente:

antes 1906 1906-9 1910-3 1914^ 1919 1920 19214

24 157 93 304 160 66 100

1925-6 1927-9 1930-2

53 143 152

Ya sabemos que en 1919 o en 1920 se habían fundado casi tantos sindicatos como durante 1906-9. También sabemos que al menos el 30 % de estos últimos se disolvió antes de 1915. De los 1.316 que se conoce '^^'¡^"'^f'^^l funcionaban en 1932, 157 se habían fundado en 1906-9, pero 160 en 1919 y sólo 66 en 1920. Lo que indica que las fundaciones del trienio bolchevique tti-vieron una vida media aún más corta que las cooperativas P '°n";^/= '" ^ ^ J ^ lia-León continuaba existiendo en 1932 un número considerable de las entidades constituidas durante la primera guerra mundial. Ahora bien, ^^'S°'^^' con 84. la provincia castellano-leonesa que más sindicatos tema en ei «Censo . Setenta y dos de ellos habían sido fundados en 1919 o antes, lo que no de^a de contrastar fuertemente con los 248 expedientes de -"^icatos burgalese^ que habían ingresado en el Ministerio de Hacienda durante 1908-19, incluso aceptando que muchos de los que todavía existían en 1932 P^^<^1^^°'^''^;^ cer. De aquellos 72 sindicatos, 50 habían sido fundados entre 191448 pero los expedientes que entraron en Hacienda durante el ^^^^° ^'^'^^^^^^^ 147. O sea, que las fundaciones no se detuvieron durante los anos vemte pero las desapariciones habrían sido abundantísimas. Extremo que una nueva recopilación de la DGA, de mejor calidad que las anteriores, viene a confarmar.

Si para enero de 1927 se indicaba la existencia de ^f^ indica os en Cas^ tilla-León -1 .843 en diciembre de 1928- , en diciembre de 1933 seguirían

" Gaceta del 14 y 19 agosto y 21 enero de 1932.

137


existiendo 1.299 * . Pero al menos el 40 % de ellos habían sido reconocidos por el Ministerio de Hacienda a partir de 1930 *''. Además, entre estos 1.299 sindicatos castellanos figuran 506 entidades federadas a la Liga Nacional de Campesinos, que no habían aparecido en el «Censo electoral» de 1932 y que quizá no habían contemplado tampoco las anteriores estadísticas de la DGA. De una provincia de fuerte tradición cooperativa. Valencia, se dice que había 353 sindicatos en 1926 (373 en 1928); en 1933 sólo eran 157, la cuarta parte de los cuales reconocidos después de 1930 ^^.

Es decir, que en la estadística editada en 1934 ya se han depurado las entidades disueltas presentes en las ediciones anteriores, aunque no sabemos si fue un expurgo completo. Como resultado, en diciembre de 1933 había 1.555 sindicatos menos que el 1 de enero de 1927: 4.266 en lugar de 5.821, con una disminución del 26,7 % **. Si, desde el supuesto que el «Censo electoral» de 1932 ofi-ece una muestra significativa, puede calcularse que aproximadamente un 23 % de los sindicatos existentes en 1933 habían sido fundados después de 1926, viene eso a significar que en 1934 se habría eliminado alrededor de la mitad de los sindicatos que en 1927 se consideraba «existentes». (Y el porcentaje sería mucho mayor en el caso de que en la estadística de 1927 no figurasen las Ligas de Campesinos, lo que habrá de ser comprobado.) Mientras tanto, los socios habían pasado de 442.206 en enero de 1927 a 555.609 en diciembre de 1933. «Consecuencia de todo ello es que muchas entidades de escasa importancia han desaparecido, a la vez que otras de las antiguas han adquirido mayor desenvolvimiento y han surgido nuevas con gran vitalidad ...» *''.

'3 Respectivamente, Muñiz (1927), Anuario Estadístico, 1928, pp. 516-7, y Dirección General de Agricultura (1934).

" Arribas (1989), p. 40. '5 Entre 1909-19 el Ministerio de Hacienda había fallado favorablemente sobre 283 expe

dientes de sindicatos de la provincia de Valencia, pero en 1933 sólo pervivían 81. En 1917 y 1919 el número de reconocimientos fue especialmente elevado: 87 y 71; pero en 1933 sólo quedaban, respectivamente, 14 y 19 de ellos. Se ha podido detectar que algunas entidades reconocidas antes de 1919 efectuaron después alguna modificación de estatutos y volvieron a pasar por el Ministerio de Hacienda, apareciendo en la estadística la fecha del segundo reconocimiento. Pero puede quedar compensado por las «refundaciones»: los sindicatos de que consta una fecha de aprobación anterior a 1919 y que, después de haber dejado de funcionar durante años, habían vuelto a realizar actividad cooperativa.

" Disminución aproximada, porque en Dirección General de Agricultura (1934), pp. 354-91, aparece una relación, que no se ha considerado, de sindicatos que enviaron tarde los datos. También se ha de decir que Castillo (1979), p. 286, informa que durante la Segunda República (pero parece que a partir de 1934) desde la CNCA se propugnó una variante táctica consistente en la potenciación de las entidades comarcales: es posible que sindicatos católicos diminutos se hayan agrupado y puedan continuar existiendo a pesar de no aparecer en la estadística.

6' Dirección General de Agricultura (1934), «Introducción» sin paginar.

138

EL rnnPP«.TTV,.Mn AGRARIO ESPAÑOL DEL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX '

CUADRO 5

El sindicalismo agrícola español en 1933

Capital Socios/ Pías./ Pías./ sindicatos socios ,^g j ^^^ sindicato sindicato socio

Burgos 241 13.934 610 58 2.532 44

Falencia 146 11.541 1.306 79 • 1 Sona 51 2,872 188 • Valladolid 77 7.370 1.046 96 13.584 142 Zamora 109 7.490 511 69 4.690 68

Meante 79 15.083 3.782 191 47.874 251

Castellón (1) 129 28.969 3.140 Valencia 157 53.558 7.030 341 44.779 131

Castilla y León (2) 621 43.207 3.661 69 5.896 85 País Valenciano 365 97.610 13.952 267 38.226

España (3) 3.292 514.461 65.757 156 19.975 128

(1) Se ha considerado que los 8.254.005 ptas de ^^^f^¿^:]^X:s'l^^^';o'S^. t realidad 254.005 ptas., que es una cifra similar a la que declaran los otros smaica F

la Plana de Castellón. , •, - , „ . AAS sindicatos con un total de (2) No se ha considerado las provincias de León <^">'°'^;Yg2 "ndicatós 4.358 socios y

13.814 socios, únicamente reunirían 269.000 ptasjSalarnnca 92^ n ^ ^ ^ 38.000 ptas.), Segovia (59 sindicatos, 4.488 socios y 75.000 P"^.) n Avua, p 79 sindicatos, con 4.733 socios, se les otorga un capital de « ^ ' / ^ ™ ; ° 3 " ; ^ o X considerado, por

(3) Además de las cuatro provincias " ^ « 1 * " ° - ' " ° " " ^ ' ^ ' / ' , e d u c i d o las provincias de Ma-parecer el capital reunido excesivamente abultado o demasiado reduciao, v

drid, Orense, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona.

FUENTE: Dirección General de Agricultura (1934).

Pero era una vitalidad que no puede generalizarse. En d.ciembre de 1933 más de un cuarto de siglo después de la promulgación de la ley ¿e I J M o s 4.266 sindicatos agrícolas españoles sólo reunían en conjunto un capitaj ^ ^ ^ ^ j " vo de 99 millones de pesetas. Es decir, una media de 23.000 peseta por s.ndi cato y de 178 pesetas por socio. Estas cifras sirven como ' " '^ -^ ' í " f^^^^ ' del bajo nivel de actividad que pudo desarrollarse. Pero «on tamban una ad vertencia de la desconfianza con que ha de ser «"«"^plada la fuente de don de provienen, a pesar de ser la más exacta de todas las ^f^f^l^'^'f^^^^^^^ Los sindicatos de la provincia de Tarragona (148, con 21.672 - - s r - n an un capital de más de 17 millones de pesetas. Cosa poco cre.-ble s. se con d -que la provincia que la sigue por este concepto, Valenaa (157 smd.catos y

139


53.558 socios), únicamente reunía 7 millones. Se han reelaborado los datos eliminando los que parecían más difícilmente aceptables (cuadro 5): el capital por sindicato y por socio que resulta es aún mucho más bajo. Se ha considerado las provincias castellano-leonesas y las valencianas para mostrar que las medias esconden enormes diferencias regionales y provinciales. Pero también pueden ser muy acusadas las diferencias comarcales, y hay entidades que pueden distorsionar las medias debido a su excepcional envergadura. Por ejemplo, el 40 % del capital de los 129 sindicatos de la provincia de Castellón pertenecía a sólo 5 sindicatos de la Plana, que era la comarca que acogía al 43 % de los sindicatos agrícolas castellonenses y acaparaba el 57 % del capital sindical provincial.

De manera similar a la Plana, en algunas zonas de la mitad septentrional peninsular ya estaba fuertemente consolidado en el inicio de los años treinta un cooperativismo muy activo. Por lo que se sabe, en la Tierra de Campos, en el área de actuación del «sindicato regional» de Cardón de los Condes, en muchas comarcas valencianas y catalanas, en gran parte de Navarra... A manera de islotes más o menos dispersos, también funcionaban en muchos pueblos entidades locales potentes y dinámicas. Pero parecen haber sido la excepción en un mundo rural español en el que las cooperativas tenían poca vitalidad y, sobre todo, mostraron muy escasa capacidad para consolidarse. Hasta el punto de que a lo largo del primer tercio del siglo xx parecen haber aumentado las distancias respecto a los países que ya disponían a finales del siglo xix de un tejido asociativo rural más desarrollado. En 1914 más de las tres cuartas partes de los agricultores franceses permanecían fuera del movimiento cooperativo y sindical, pero durante el período de entreguerras la proporción de no sindicados disminuyó a la mitad **.

6. CONCLUSIONES

Aunque es innegable que desde la Iglesia, la Administración y ciertos sectores de propietarios partieron en los inicios del siglo xx poderosos estímulos a favor de la organización cooperativa del pequeño agricultor, las cooperativas tuvieron que hacer frente a múltiples obstrucciones e intentos de desestabilizarlas.

Desde el Estado se creó un marco legislativo muy favorable, con disposiciones que pueden ser consideradas adecuadas desde un punto de vista técnico. Pero no se aplicaban o se aplicaban con muchas reticencias. Es cierto que

«8 Moulin (1988), pp. 138 y 185.

140


fueron determinados sectores de propietarios los que animaron aquel fenómeno asociativo. Pero el cooperativismo tendía a facilitar el funcionamiento económico del campo en condiciones favorables para el pequeño explotador, y fue bastante frecuente que los propietarios lo contemplaran con cierta desconfianza, o incluso que se opusieran frontalmente a él. De manera aun mas frecuente, no se oponían, pero tampoco colaboraban, por entender que ser socios de una cooperativa comportaba unos inconvenientes que no quedaban compensados por las ventajas que podían obtener .

La incitación a organizarse fue recogida por muchos pequeños y medianos agricultores. Pero a la hora de la verdad solía pasar que las cooperativas quedaban abandonadas a sus propias y únicas fuerzas. Por eso, se ha concluido en otro lugar ™ que la capacidad del cooperativismo para consolidarse dependió en gran medida de la capacidad económica de los sectores campesinos implicados. En este sentido, no parece que las condiciones fueran excesivamente favorables en la que suele convencionalmente llamarse España interior, bs posible que la visión un tanto escorada hacia el pesimismo que aquí se ha otrecido esté condicionada por la precariedad de las fuentes. También es posible que cuando se hagan monografías locales similares a la que M. Martínez dedico a la Tierra de Campos se muestre que en muchas otras zonas castellano-leonesas o aragonesas existieron núcleos cooperativos que tal vez no generaban citras de negocio espectaculares, pero que tuvieron continuidad y pudieron prestar una ayuda importante para el funcionamiento de las pequeñas explotaciones campesinas. Pero mientras no se disponga de mayor información lo que se sa-be no invita a un mayor optimismo.

Las alusiones al cooperativismo se utilizan en la historiografia agrana española para dar fuerza a muy diversas argumentaciones: una muestra de la etecti-vidad de los nuevos rumbos de la política agraria estatal después de la crisis n-nisecular, una ayuda decisiva para el acceso de muchos desposeídos a la propiedad, instrumento de modernización de la agricultura... No se ha pre en-dido en este artículo negarlo. Al menos en el regadío valenciano, las cooperat -vas desempeñaron con éxito tales papeles, aunque tainpoco estuviera su cami-tio exento de dificultades. Lo que se ha pretendido es «¿vertir sobre o peligros que entraña utilizar como comodín explicativo algo que debería ser previamente explicado. Que es tanto como reclamar la urgente ^P-^'^^^ nuevos estudios que permitan ampliar lo poco que hoy se conoce sobre cooperativismo agrario español del primer tercio del siglo xx.

«' Caballer (1982),

'"> Garrido (1993).

141


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144

RECENSIONES

Clara Eugenia NÚÑEZ y Gabriel TORTELLA (eds.), La maldición divina. Ignorancia y atraso económico en perspectiva histórica, Madrid, Alianza Universidad, 1993, 425 pp. con índice y bibliografía.

Es difícil pensar que cuando los editores del Journal of Political Economy decidieron en 1964 editar un número monográfico dedicado a la importancia del capital humano en el crecimiento económico fueran conscientes de que, tres décadas más tarde, la cualifi-cación de la población activa y, más en general, los niveles educativos de las sociedades se convertirían en uno de los elementos considerados cruciales en el debate sobre los factores del crecimiento económico.

La obra editada por Núñez y Tortella, en gran medida resultado de dos reuniones previas celebradas por los autores en Valencia y Lovaina (esta última dentro del X Congreso Internacional de Historia Económica), se inte-

Revisla de Historia Económica Año XIU, Invierno 199}, N' 1

gra dentro de este debate y tiene el innegable mérito de presentar por vez primera en lengua castellana un buen número de contribuciones recientes en donde se recoge abundante evidencia histórica acerca de la relación entre los niveles educativos alcanzados por las sociedades y su desarrollo económico. Una iniciativa destacable, teniendo en cuenta tanto la escasa atención prestada a este tema dentro de la historia económica española, excepción hecha de los editores y del pionero trabajo de Garrabou sobre los ingenieros industriales, como la ignorancia pública, que no siempre individual, acerca de la decisiva importancia de la formación para superar con éxito el reto de conseguir la convergencia de España con los

147

RECENSIONES

niveles medios de renta por habitante de la Unión Europea.

Junto a la cuantiosa evidencia histórica, la obra contiene, en especial en la introducción y las contribuciones de Mitch y Sandberg pero también en algunos de los restantes trabajos, sugestivas reflexiones para avanzar en una especificación más precisa y rigurosa de una relación tan poco mecánica, y por ello tan compleja y difi'cil, como la existente entre formación y desarrollo económico. Unas reflexiones que permitan superar la afirmación de Anderson y Bowman de que considerar hoy a la educación como un requisito para el crecimiento es un tópico (entre los investigadores, obviamente).

Dividida en cuatro secciones [ i)es-tudios generales, ii)primeras industrializaciones, iii)los (países) rezagados y iv)otros continentes], el volumen contiene doce contribuciones y una magnífica introducción de los editores, quizá las páginas más sugestivas del libro, dedicadas a mostrar qué vínculos han existido históricamente entre ambas variables. De esta forma, a lo largo de las más de cuatrocientas páginas se analizan, desde enfoques no siempre coincidentes, un número destacado de temas relevantes vinculados a la relación mencionada, eje central del volumen.

Aun cuando no es posible reseñar aquí el contenido y las principales conclusiones de cada uno de los artículos del libro, parece posible indicar algunos de los rasgos más destacados de sus cuatro secciones. Así, la primera de éstas re

coge, como su título subraya, los estudios más generales. El primero es un provocativo texto de David Mitch en el que se discute, desde postulados neoclásicos elegantes pero irreales (como perfecta sustituibilidad de los factores y ausencia de incertidumbre), si un nivel mínimo de educación (formal) de la fuerza de trabajo ha sido históricamente un requisito para el crecimiento económico. Una tesis constestada negativamente por Mitch que reaparece bajo versiones diferentes en otras contribuciones como las de Zamagni y Núñez, quienes llegan a conclusiones opuestas a las del primero.

El segundo, de Lars G. Sandberg, no menos sugestivo aunque más persuasivo que el anterior, se centra en la profundi-zación del concepto de atraso relativo de Gerschenkron mediante su descomposición en dos componentes: pobreza e ignorancia. Aun cuando su densidad hace difi'cil sintetizar sus resultados, tal vez los más destacados sean dos. Por un lado, que el nivel alcanzado por la alfabetización en 1850 en un amplio grupo de países europeos pronostica sorprendentemente bien los ingresos por habitante de los años 1970. Por otro, la mayor importancia de la ignorancia sobre la pobreza en el bloqueo de los procesos de crecimiento al inhibir la capacidad de explotar las oportunidades existentes rápida y eficientemente. Una conclusión presente también en el artículo de Nicholas (aun cuando la base factual en la que éste se apoya sea más discutible) sobre Inglaterra incluido en la segunda sección del libro.

148

RECENSIONES

Ésta, y la siguiente, están dedicadas al análisis de la evolución educativa de diversos países europeos desde la perspectiva del largo plazo. Como se señala en la introducción, el deseo de incluir una recopilación lo más completa posible de estas sociedades, hoy industrializadas, es la potencial relevancia de su experiencia histórica para las actuales naciones en vías de desarrollo. Así, en la segunda sección del libro, se analiza sucesivamente la evolución de Inglaterra, tanto durante la Revolución Industrial y la etapa inmediatamente posterior (Nicholas) como los decenios que siguen a la Segunda Guerra Mundial (Aldcroft), y de Alemania y Francia, en un artículo comparativo de Hage y Garnier, en el cual, y junto a la importancia concedida al papel desempeñado por el Estado (mayor en Alemania, menor en Francia), no es lo menos llamativo los sorprendentes coeficientes de correlación unitarios que obtienen en sus estimaciones, tan demoledora como indirectamente criticados por Susan Hanley en su aportación.

A su vez, en la tercera parte, los cuatro artículos que la componen analizan, respectivamente, los casos de Italia (Za-magni), España (Núñez), Portugal (Reis) y Rusia/URSS (Mirónov). Aun cuando los métodos de análisis empleados no son similares, sí lo es, en buena medida, su objetivo: contrastar en qué medida la educación (aproximada a través de la alfabetización y/o escolarización primaria) es un prerrequisito para el crecimiento sostenido y si existe un determi

nado umbral educativo necesario para iniciar este proceso.

Los resultados, obtenidos sobre períodos diferentes —lo que no facilita una comparación homogénea, ya que las necesidades educativas de los procesos productivos pudieron diferir sus-tancialmente—, parecen indicar que, al igual que hoy en los países en vías de desarrollo, tanto en Italia como en España, donde Núñez ha incorporado las diferencias de sexo en la explicación (y podría inferirse del sugestivo trabajo de Reis que también por omisión en Portugal), la fase inicial de escolarización tuvo una relación más estrecha con el inicio de un proceso sostenido de crecimiento de la renta por habitante que el progreso de las titulaciones de otros niveles posteriores del sistema educativo. De ahí que resulten tan sorprendentes algunas de las afirmaciones generales con las que finaliza la contribución de Mirónov. Entre las cuales destaca el que, según éste, «En los países en vías de desarrollo, debido al nivel educativo relativamente bajo de la población y a la mentalidad tradicional, la contribución neta de la educación al desarrollo económico del país es comparativamente pequeño (sic)», p.

296. Por último, la cuarta parte del libro

contiene tres artículos sobre la influencia de la educación en el crecimiento económico fuera de Europa. El tercero de ellos es, sin duda, el más panorámico. En él, Clara Eugenia Núñez realiza una síntesis de la evolución histórica

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del continente americano articulada en torno a la diferencia sustancial en la transición de la alfabetización entre el norte y el sur. Una transición que mantiene una fuerte similitud con la constatada entre el norte y el sur de Europa. La cual intuitivamente parece difícil de disociar de los elementos culturales característicos de ambas regiones vincu-lables en el siglo xix, a la necesidad, y capacidad, de aumentar la cohesión nacional mediante el sistema educativo o a la ausencia de esta necesidad mencionada por Reis en su trabajo sobre Portugal.

Estos elementos no cuantiíicables, y en gran medida no económicos, son considerados centrales en la explicación de las contribuciones de Hanley sobre Japón y de Kimura sobre Corea del Sur. En esta última, su autor trata de demostrar, sin aportar información concluyente, la contraposición existente entre la etapa en que el país formó parte del Imperio japonés y la posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando «la identidad coreana y los logros educativos se convirtieron así en las dos caras de la misma moneda» (p. 358).

Por su parte, en el trabajo de Susan Hanley, y al margen de los sensatos consejos indirectos de carácter econo-métrico, se sostiene que el elemento diferencial de Japón no fue el logro de un umbral mínimo de alfabetización, sino la actitud hacia el sistema educativo por parte del conjunto de la sociedad. Aun cuando, como en el caso del traba

jo anterior, la evidencia presentada no resultará convincente para quien no participe del convencimiento de la importancia de la educación, es difícil discrepar de la afirmación con la que finaliza su trabajo: «La educación fue, de varias maneras, una parte esencial de la modernización de Japón, pero es imposible percibir hasta qué punto influyó en la historia del país utilizando solamente variables económicas que se analizan por medio de análisis de regresiones múltiples» (p. 332). El problema, sin embargo, es cómo llegar a precisar los mecanismos que determinan estas otras variables de forma que sean operativas.

Como tal vez sea posible intuir de la apretada síntesis realizada hasta aquí, el número de cuestiones concretas abordadas por el libro en torno a la relevancia de la educación en el crecimiento es elevado. En su conjunto, éste aporta evidencia cuantiosa sobre la existencia de una relación estrecha entre aumento en los niveles educativos y aumento, posterior, de la renta por habitante. Dado que las economías no pueden determinar el crecimiento en el largo plazo mientras sí pueden controlar el proceso educativo, parece razonable aceptar que la causalidad entre ambas variables, un aspecto siempre peliagudo en la teoría del capital humano y más cuando ésta se circunscribe al proceso educativo formal, transcurre desde la educación al crecimiento y no a la inversa. A favor de defender la causalidad en esta dirección

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está también el hecho de que es igualmente razonable suponer que el acceso a un acervo de conocimientos acumulados permite aprovechar mejor las oportunidades tanto individuales como colectivas para incrementar la producción de bienes.

Ahora bien, las dificultades para profiandizar a partir de aquí en la influencia concreta de la formación en el desarrollo de la economía no son escasas. Y más en el terreno histórico, al que está dedicado este volumen, en donde la información, cuantitativa o no, es poco precisa. La ausencia de relación directa entre gasto educativo y competitividad económica, como argumenta Aldcroft para la Gran Bretaña de los últimos decenios, es un excelente indicio de las dificultades para alcanzar resultados unívocos entre variables agregadas y de la importancia de los contenidos educativos. Y si es cierto que al lector le será fácil dejarse cautivar por los argumentos de Sand-berg o de Hanley, también lo es que quien no participe de los axiomas desde los que están escritos los artículos, difícilmente quedará convencido por la información que suministran. Porque en el primero de los casos no hay un solo argumento económico riguroso concreto que permita vincular niveles de alfabetización a mediados del siglo XIX con niveles de renta en los años setenta del siglo xx. Y en el segundo caso, como he mencionado, al adentrarse su autora en el terreno de los referentes culturales se desplazan los in

terrogantes hacia otros campos, pero no se resuelven.

Estos ejemplos se suman a algunos «excesos» estadísticos que, como mínimo, sorprenden al lector. Ya he mencionado la ausencia de reflexión de Hage y Garnier ante coeficientes unitarios en sus estimaciones. Pero éste no es el único ejemplo. La pretensión de Nicholas de que su muestra de los deportados es representativa de la fuerza de trabajo inglesa es, cuando menos, exagerada y, en mi opinión, ni el coeficiente de correlación de 0,714 ni el cuadro 4.1 de su trabajo permite obtener esa conclusión. E igual de sorprendente es la solución adoptada por Reis ante los deficientes resultados obtenidos de su modelo para estimar el esfuerzo que debería haber realizado el Estado portugués: «mejorar», esto es aumentar, los valores obtenidos un

40%. Al mismo tiempo, uno de los ele

mentos que hace globalmente menos robustos los análisis del volumen es la ausencia de homogeneidad en el uso del término educación y/o su uso indistinto en algunos casos con el de alfabetización. Ello hace que, en ocasiones, las comparaciones intuitivas que el lector pueda establecer no sean adecuadas o que Mitch, homogeneizando simplificadamente las cualificaciones necesarias para desarrollar diferentes trabajos, pueda moverse tan cómodamente en su argumentación, al equiparar cualquier tipo de educación formal con la alfabetización y negar implícita-

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mente que ésta pueda facilitar el aprendizaje de tareas productivas concretas.

Estos comentarios, u otros que podrían añadirse como el contraste entre la excesivamente sintética información cuantitativa del trabajo de Núñez sobre España y la extensión del de Mi-rónov sobre Rusia, publicado en esta revista, en el que se reproducen diez páginas de apéndices, no reducen el enorme interés del libro ni sus méritos a la hora de aportar evidencia histórica al debate sobre la importancia de la

educación en el crecimiento económico. Constituye, pues, una excelente base para poder llegar a explicar el que es, como se menciona en la introducción de los editores, el principal desafío de los economistas de este fin de siglo: entender las causas de la creciente disparidad en los niveles de ingreso por habitante a escala internacional.

Jordi PALAFOX

Universitat de Valencia e I.V.I.E.

Richard GARNER with Spiro E. STEFANOU: Economic Growth and Change in Bourbon México, University Press of Florida, 1993, 354 pp.

Lo que propone Garner en este importante estudio es ofi-ecer estimaciones relativamente confiables de la evolución global de la economía mexicana en el siglo xviii con base a una amplia revisión de las series estadísticas disponibles de precios, producción y población. Sus resultados no son sorprendentes, pero ciertamente permiten evaluar con mucha más seguridad y ecuanimidad una serie de interrogantes que han sido planteadas por la abundante historiografi'a reciente sobre la economía de la Nueva España y del impacto de las reformas borbónicas.

Señaladamente hay que subrayar en este sentido el debate abierto por autores tan lúcidos como John Coatsworth y Eric Van Young en años recientes acerca de lo que ellos percibían como

la crisis de la economía colonial hacia fines del siglo xviii. El concepto de crisis hacía cuestionar la visión tradicional de la prosperidad de diversos sectores económicos de la Nueva España que había sido común desde los trabajos clásicos de Humboldt y que desde principios del decenio de 1970 fue refrendado por la conocida obra de David Brading sobre los mineros y comerciantes del México borbónico. Uno de los primeros en señalar la importancia de estudiar la crisis de fin de siglo fue Enrique Florescano con su trabajo pionero sobre los precios agrícolas en el siglo XVIII, pero a ello se fueron agregando otros testimonios y argumentos; uno de los más importantes sigue siendo el ensayo de Coatsworth sobre los crecientes costos de la minería en este período.

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No obstante, el debate sigue abierto, ya que en documentados estudios sobre ramos fiscales, otros autores como Herbert Klein o Juan Carlos Garava-glia y Juan Carlos Grosso argumentaban que el extraordinario aumento en la recaudación a lo largo del siglo tendía a indicar un incremento sustancial en los recursos producidos y comercializados en la economía novohispana. El aumento constante en la acuñación de plata, el extraordinario incremento de la producción y consumo de tabaco, el crecimiento en las transacciones mercantiles locales eran todos indicativos de que la economía no estaba en una crisis tan profunda como sostenían los autores anteriormente mencionados, aun teniendo en cuenta el incremento en la presión fiscal.

Así Garner, al emprender su trabajo, se situaba en medio de un verdadero avispero del debate histórico. Y me parece que se ha salido del mismo sorprendentemente bien parado. Comienza argumentando que sí se produjo un crecimiento relativamente sostenido de la producción agrícola en la Nueva España en el siglo xviii pero que ello no superó sustancialmente al crecimiento de la población, por lo que el crecimiento real fue probablemente pequeño. Garner desecha —de manera bastante bien fundamentada— muchos de los argumentos acerca de una inflación muy marcada, usando las tendencias de los precios de las mercancías que eran de mayor consumo, en particular el maíz, para demostrar que

no aumentaron sus precios de manera rápida. Y de forma muy original argumenta que si bien hubo coyunturas de fuerte escasez y grandes hambrunas, en otros y numerosos períodos se produjo un exceso de oferta de granos, lo que (junto con los precios bajos) limitaba la rentabilidad de la inversión en el campo. Así la agricultura mexicana no se modernizó a pesar de que el volumen total de la producción iba en aumento gradual.

Algo más sorprendente resulta el hecho de que el sector minero no fuera testigo de cambios tecnológicos importantes, ya que la producción de plata aumentó más de seis veces en el siglo. El autor sostiene que tampoco se manifestaron efectos multiplicadores demasiado importantes, aun cuando en los pueblos y villas mineras, como Guana-juato o Zacatecas, gran parte de la población dependía de este ramo productivo. En este caso Garner tiende a coincidir con Coatsworth en lo que se refiere al aumento de los costes de inversión y afirma que se estaba alcanzando un «plateau», o nivel superior de la producción, que no podía ser superado fácilmente. Pero, a la vez, argumenta que el poder de la plata como motor de la economía siguió siendo fuerte hasta fines de siglo.

En secciones subsiguientes sobre el comercio exterior Garner argumenta que el crecimiento de la actividad mercantil se debió esencialmente al aumento de la producción de plata, que constituía el 80% de las exportaciones

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novohispanas. Sostiene que de acuerdo con el modelo económico propuesto por el «Staples theory» lo importante consiste en determinar si el aumento de la producción de los bienes exportados pudo llevar a un proceso de diversificación económica; de acuerdo con Garner, el aumento de la exportación de plata no tuvo este efecto en este período.

Garner concluye señalando que si bien existieron otros obstáculos al desarrollo económico —como el transporte, muy deficiente y costoso, y el alto grado de corporativismo oligopólico— quizá el factor decisivo en impedir tasas más altas de inversión en nuevos sectores económicos fue la política fiscal y financiera de la corona, especialmente desde el último cuarto del siglo

XVIII. La extracción creciente de recursos (en términos absolutos y proporcionales) a través de impuestos, monopolios y préstamos voluntarios y forzosos fue una pesadísima carga. En este sentido, Garner sugiere que los costes del colonialismo fueron sustancialmente mayores de lo que ha sugerido Coats-worth en un reciente ensayo. En síntesis, se trata de un libro lleno de información, de hipótesis bien meditadas y fundadas que se convierte desde ahora en adelante en obra de consulta indispensable no sólo para los especialistas del México borbónico, sino para todos aquellos interesados en la historia económica comparada de esa época.

Carlos MARICHAL

El Colegio de México

Montserrat GÁRATE OJANGUREN: Comercio ultramarino e Ilustración, ha Real Compañía de La Habana, San Sebastián, Departamento de Cultura del País Vasco, 1993. Contiene apéndice documental, bibliografi'a e índice onomástico.

Desde que en 1972 se celebró el 1 Coloquio de Historia Económica de España, el tema del comercio colonial ha sido objeto de numerosos estudios. Desde aquéllos que siguiendo la vía abierta por P. Vilar consolidaron un modelo explicativo que, en cierta medida, conectaba crecimiento económico con el comercio colonial, hasta los más recientes que han matizado las repercusiones que los Reglamentos de 1765 y 1778 pudieron haber tenido para la mayoría de las regiones de la pe

riferia peninsular, salvo en los casos de aquéllas que, como Cataluña, Baja Andalucía y País Vasco, supieron captar los estímulos del mercado americano.

Sin embargo, los estudios de las compañías privilegiadas de comercio han dado siempre por supuesto que la Compañía de La Habana, al igual que la Compañía de Galicia, apenas pudo superar una corta vida, y siempre con más problemas que beneficios.

El libro de Montserrat Gárate Ojanguren nos muestra, por el contrario.

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que la empresa mercantil habanera tuvo una larga vida, aunque ésta fuera muy desigual en cuanto a su funcionamiento.

La autora dedica un capítulo introductorio a explicar el tratamiento dado a un tema tan peculiar, así como a dar una visión esquemática que nos permite conocer las distintas etapas de la Compañía y las características de los protagonistas humanos que se sucedieron al frente de la empresa.

Si bien el objetivo central de la investigación es la historia económica de la Real Compañía de La Habana, la autora va más allá de los aspectos estrictamente económicos al plantear cuestiones relacionadas con las ideas ilustradas del último tercio del siglo XVIII y su repercusión en Cuba, mostrando muy oportunamente el marco ideológico dominante del período en que se desenvolvió la vida de la empresa.

Los capítulos siguientes se desarrollan en función de las etapas que vivió la Compañía y estudiando cada período como un todo. Así, en el capítulo dedicado a la primera etapa, 1740-52, que por otra parte es el más conocido dentro de la historiografía, se realiza un análisis completo de la empresa, en el que se pormenorizan cuestiones referentes a privilegios reales, operaciones, promotores de la empresa y accionistas, así como el organigrama empresarial que se completa con un balance general de la Compañía durante esta etapa. Años difíciles y problemáticos

atravesó la habanera entre 1752-66. La pérdida de los privilegios reales que le fueron concedidos en su fundación y la competencia que debía soportar en el espacio caribeño condujeron a la empresa a una situación tan crítica —no repartía dividendos desde 1746 y en 1765 apenas tenía giro mercantil—, que quienes habían asumido la gestión se planteaban su desaparición. Sin embargo, en las Juntas de Particulares de la Real Compañía de La Habana, que funcionaban regularmente desde 1757, se impusieron los representantes de los accionistas más interesados en la continuidad de la sociedad.

Desde 1765, discusiones y proyectos se sucedieron con el fin de definir unos nuevos objetivos empresariales que paliasen la pérdida de los privilegios que habían sido su principal soporte. Pero lo cierto es que hasta 1778 la habanera no estuvo en condiciones de retomar con vigor el giro ultramarino y emprender una nueva andadura. El comercio del azúcar sustituiría, con ventaja, al del tabaco; y si bien la competencia de particulares reduciría el margen de beneficio, también obligaría e impulsaría a los gestores a extender su actividad más allá del espacio cubano. El Reglamento de 1778, pues, no fue sino un episodio más de su difi-cil trayectoria empresarial, porque para entonces había tenido que acomodarse a un mercado competitivo.

Recordemos que en el marco europeo las compañías privilegiadas que se constituyeron ya en el siglo xvil te-

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nían en común el hecho de que por sus chárters se asemejaban a una corporación de derecho público, aunque el objetivo inmediato era la obtención del máximo beneficio en un mercado competitivo. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales pagó, entre 1602-1798, un dividendo promedio del 18,2 por ciento, y los dividendos de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales se elevaron a un promedio del 20,3 por ciento entre 1673-1713, para bajar al 10 por ciento durante el siglo xviii.

Justamente, la particularidad de la habanera después de 1778 será su afán de buscar fórmulas capaces de generar cualquier beneficio. Nuevos ramos y espacios abarcarán sus operaciones. Al comercio de coloniales —sobre todo azúcar— añadirá las operaciones financieras, entre las que tanto contaban la negociación de letras como los préstamos a premio o la utilización de vales reales.

Por otra parte, y en lo referente al terreno de las factorías, la Compañía de La Habana establecería administradores, factores y comisionados en Santander, La Coruña, Alicante, Caracas, Ve-racruz, Portobelo y Lima, lo que proporcionaría nuevas oportunidades de negocios a la empresa mercantil, que ya apenas tenían que ver con los objetivos que llevaron a su constitución en 1740.

La expansión del sector azucarero y la puesta en marcha de los ingenios determinó la orientación de parte de los recursos de la Compañía a la financia

ción de aquéllos, sobre todo cuando en los últimos lustros del xviii empeoraron las condiciones del comercio con la metrópoli. Las circunstancias del giro ultramarino quedan reflejadas en la propia dinámica de la empresa. Las tablas y gráficos que incluye la autora en torno al tráfico azucarero, fletes, utilización de navios —más ajenos que propios—, negociación de letras y vales, préstamos con garantía —algunos de ingenios—, plasman con claridad los vaivenes políticos y sus consecuencias en los intercambios metrópoli-colonia.

Por su parte, el análisis de los balances de la entidad es ilustrativo de lo que acaecía en el seno de la Compañía. Así, a comienzos del siglo xix, las dificultades de la empresa se agravaron: las elevadas sumas que la habanera había dedicado a préstamos, aunque aseguradas con los propios ingenios, eran excesivas. Las dificultades del comercio regular entre colonia y metrópoli no hacían sino empeorar más las cosas. En 1845 la Real Compañía de La Habana presentaba una situación insostenible, puesto que su capítulo de deudores —mayoritariamente insolventes— era tan elevado como su propio capital, y en tal estado era imposible que pudiera hacer frente a una nómina de acreedores que no dejó de incrementarse durante la centuria decimonónica.

En el capítulo final, la autora hace unas consideraciones generales sobre la Compañía en las que clarifica dos cuestiones importantes. En primer lu-

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gar, los lazos de parentesco y paisanaje que ligaban a los protagonistas humanos de la empresa a lo largo de su complicada andadura, confirmando una vez más la participación de guipuzcoa-nos y navarros en el negocio ultramarino. En segundo lugar, la percepción del fenómeno ilustrado entre quienes aquí y allá, en la metrópoli y en Cuba, dirigieron de forma importante la Compañía. Entre ellos, destacaron miembros ligados de forma directa a las Sociedades Económicas de Amigos del País, en concreto a la Bascongada, y también quienes en La Habana impulsaron la formación de otras Sociedades Económicas. Además, son de destacar las reflexiones en torno al modelo económico que defienden unos y otros grupos, ligados a la Compañía de La Habana, aunque más interesados en el siglo XIX por un modelo adecuado con las circunstancias del mercado azucarero, más allá del marco estrictamente metropolitano.

Por lo demás, la investigación se basa en una abundancia de fuentes documentales de primera mano, y aparece resumida en unas conclusiones finales.

Se puede decir que el libro de Montserrat Gárate Ojanguren viene a cubrir un capítulo muy importante en la historia de las compañías privilegiadas de comercio en los siglos xviii y xix, pues la Real Compañía de La Habana, aunque nacida en pleno Siglo de las Luces, sobrepasó el umbral de aquella centuria. Su trayectoria un tanto irregular añade una nota más de peculiaridad a esta empresa, que trató, por todos los medios, de buscar nuevos cauces mercantiles y financieros para lograr alguna rentabilidad. En último término, es posible que su propia e irregular andadura empresarial refleje bastante bien la propia evolución de la economía española en el mismo período.

Daniel PERIBÁÑEZ CAVEDA

Universidad de Oviedo

Eduardo L. MOYANO BAZZANI: U nueva frontera del azúcar el ferrocarril y la economía cubana del siglo xix, Biblioteca de Historia de América, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1991, 404 pp., cuadro, gráficos, mapas y bibliografi'a.

La nueva frontera del azúcar es un libro de carácter complementario —así nos lo presenta el propio Eduardo L. Moyano en la introducción—. Complementario de los estudios sobre los ferrocarriles de servicio público cubanos y complementario de los trabajos so

bre la economía azucarera insular: los primeros nacieron y se desarrollaron para satisfacer las necesidades de la segunda. Cronológicamente, la obra se centra en el siglo xix, concretamente entre los años 1830 y 1868, en palabras de Moyano: la etapa peor estudiada del

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desarrollo ferroviario insular. En esto, sin embargo, debemos disentir, puesto que el libro de Osear Zanetti y Alejandro García, Caminos para el azúcar (La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1987), así como algunos artículos de estos mismos autores, aparecidos en distintas revistas cubanas y españolas, analizan magistralmente todo el período comprendido entre 1830 y 1959.

La intención original de Eduardo L. Moyano es analizar el papel de los ferrocarriles dentro de la economía cubana durante las seis primeras décadas de la pasada centuria. En los capítulos primero y segundo de La nueva frontera del azúcar realiza un bosquejo histórico-económico de Cuba y un análisis de la situación de la infraestructura viaria insular en los cuarenta años anteriores a la construcción del primer ferrocarril (1790-1830). Los capítulos tres, cuatro y cinco estudian las necesidades, antecedentes y pormenores de la construcción de la primera línea férrea, así como de la etapa de expansión inicial del nuevo medio de transporte en la isla, que comenzó en 1837 y terminó con la crisis financiera de mediados de los años cincuenta. Los capítulos 3 y 4 son sin duda los más logrados del libro. En 1837 se abrieron al tráfico los 27,75 kilómetros del tramo entre La Habana y Santiago de Bejucal del Ferrocarril La Habana-Güines, lo que convirtió a Cuba en el sexto país del mundo y primero de América Latina por orden de incorporación al desarrollo ferroviario. De hecho, el más recien

te y actualizado estudio monográfico sobre este ferrocarril es la obra El Camino de Hierro de La Habana a Güines, publicada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles en 1989, entre cuyos autores se encuentra Eduardo L. Moyano.

El principal defecto de La nueva frontera del azúcar comienza a apreciarse en el capítulo 5. El estudio del desarrollo ferroviario insular entre los años 1830 y 1857 no es un análisis del ferrocarril dentro de la economía insular, como proponía el autor en la introducción. Moyano se limita a describir el nacimiento y desarrollo de cada una de las líneas. En definitiva, más que los resultados de la investigación, el autor nos presenta una relación sistematizada de los materiales de trabajo. El capítulo se cierra con dos apartados sobre la financiación de los ferrocarriles y sobre sus repercusiones en la economía insular, cuya extensión (ocho páginas) y contenidos no son suficientes para paliar los defectos citados anteriormente.

Tras un detallado estudio sobre la legislación ferroviaria, cuya principal carencia vuelve a ser la ausencia de conclusiones que lo hagan eficiente, el capítulo 7 de La nueva frontera del azúcar estudia el desarrollo de las compañías de ferrocarril de servicio público entre los años 1858 y 1868, repitiendo la estructura y los defectos del capítulo 5. La aportación de Eduardo L. Moyano al estudio del sector no es menospreciable, puesto que los materia-

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les presentados, completados e ilustrados con abundantes mapas, gráficos y material estadístico desagregado sobre los distintos indicadores de la infi-aes-tructura, transporte y economía de las empresas ferroviarias, ofrecen al investigador de los ferrocarriles y de la historia económica de Cuba en general una fuente inestimable de información, respaldada, además, por un riguroso aparato crítico. Lo que se echa de menos es, por tanto, la aportación del autor al debate historiográfico cubano en la parte que le corresponde. El capítulo 7 carece incluso del pequeño apartado sobre el ferrocarril y la economía nacional con que se cerraba el capítu-lo 5.

La elección del período 1868-1878 como límite cronológico del estudio tiene que ver con los efectos que la Guerra de los Diez Años tuvo sobre los ferrocarriles de servicio público y sobre la economía insular. El proceso de construcción de la moderna industria azucarera cubana comenzó tras la guerra, con la crisis del sistema de producción esclavista. Ni el capítulo dedicado al ferrocarril y la guerra, ni las conclusiones, que de nuevo destacan por su parquedad (apenas cuatro páginas en un libro de cuatrocientas), abordan los grandes problemas del debate historio-gráfico sobre un momento que se considera clave en la historia económica cubana. En lo que a los ferrocarriles respecta, por ejemplo, la única conclusión del autor es que el conflicto fue negativo para la economía de las em

presas. La guerra, sin embargo, tuvo efectos indirectos sobre el sector que para Moyano han pasado totalmente inadvertidos. Citamos sólo algunos de especial importancia. En primer lugar, tras la paz de 1878, el cultivo del azúcar comenzó a extenderse por las provincias del este insular (hasta ese momento habían permanecido despobladas, inexplotadas y ausentes del desarrollo ferroviario), lo que se consolidó después de 1900, con la expansión de las líneas de servicio público en la mitad oriental de Cuba. En segundo lugar, la modernización de la industria azucarera se realizó mediante un proceso de descentralización horizontal y centralización vertical de la producción, lo que provocó un proceso de concentración en los ferrocarriles de servicio público y el inicio de la construcción de una red ferroviaria azucarera, que acabó doblando en extensión a los primeros. La literatura sobre el sector ha destacado la importancia que este proceso tuvo sobre el posterior desarrollo ferroviario, y su origen ha sido considerado producto de una mala estrategia empresarial por parte de las empresas de servicio público (véase, por ejemplo, Alejandro García, «Simbiosis ferroviario-azucarera en Cuba», Revista de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba, núm. 4,1987, y Luis E. Rivas, «La Consolidación ferroviaria», Cuba Contemporánea, t. XXIV, 1924).

Antonio SANTAMARÍA GARCIA

Universidad Carlos III de Madrid

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José Ignacio BARRÓN GARCIA: La economía de Cantabria en la etapa de la Restauración (1873-1908), Santander, Ayuntamiento de Santander y Librería Estudio, 1QQ9 4 9 1 r.r. 1992, 421 pp.

Con la publicación de este libro esta vez le ha tocado el turno a Cantabria, otra de las regiones de la periferia española que inicia su proceso de modernización durante la Restauración. Y digo que le ha tocado el turno porque poco a poco se están publicando estudios parciales, bien de tipo regional o provincial, bien tomando como base una ciudad, que están contribuyendo muy positivamente a completar, mejorar y afinar más nuestro conocimiento de la modernización de España y de lo que supusieron realmente los años de la Restauración en este proceso. De esta forma, y frente a una etapa anterior en la que los estudios políticos habían llevado la delantera, nos encontramos en un momento en que las cuestiones sociales y económicas parecen estar gozando de una auténtica luna de miel en el campo de la investigación histórica referida a la Restauración. Así nos lo confirma la obra de José Ignacio Barrón. Obra que tiene sus orígenes en un trabajo más amplio, su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Zaragoza durante el curso 1988-89 con el título «Economía y sociedad en Cantabria en la etapa de la Restauración, 1875-1908» bajo la dirección del profesor Dr. Carlos Forcadell. El autor, sin embargo, únicamente recoge en este libro la parte dedicada a la economía, sin entrar en los aspectos sociales, re

servados, quizá, para una posterior publicación.

El libro se divide en dos partes o capítulos, dedicados el primero a los aspectos demográficos y el segundo propiamente a la economía.

Tal y como se suele hacer en este tipo de trabajos, en un capítulo breve, pero conciso y correctamente estructurado, el autor nos da las claves demográficas del período, estudiando la evolución de la población, la natalidad-mortalidad y el fenómeno de la emigración. Según sus investigaciones, durante la segunda mitad del siglo pasado Cantabria experimentó un crecimiento demográfico que, aun no siendo espectacular, generó una presión tal que su estructura económica fue incapaz de soportar semejante presión, encontrando en la emigración a América la única vía de escape para dicho excedente demográfico.

Como ya se ha indicado, la segunda parte o capítulo constituye realmente el grueso del libro. Respondiendo al título de la obra y centrado en la economía cántabra del período escogido, este gran capítulo se subdivide a su vez en cuatro apartados.

En el primero de ellos, muy breve, se hacen unas consideraciones previas sobre los orígenes del capitalismo montañés. Para Barrón, no se puede hablar de revolución industrial en Cantabria,

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pero sí de hitos de industrialización, estrechamente relacionados con su propia riqueza natural, con su posición geográfica y su condición marítima, con una burguesía comercial que había encontrado en el comercio colonial su principal fiíente de ingresos y con las medidas liberalizadoras promulgadas ftindamentalmente a partir de 1834 (libertad de comercio e industria, desamortización, abolición de señoríos, supresión de mayorazgos, ley de minas, etc.).

El segundo apartado está dedicado al comercio y la industria cántabros hasta 1898. Como se ha dicho, fue la burguesía comercial santanderina la que llegó a jugar un papel sobresaliente en el proceso industrializador de la región. Ahora bien, para entender esto, es preciso remontarnos a la segunda mitad del siglo xviii, y más concretamente a 1765, fecha en que Santander es autorizada a comerciar con las Antillas, y 1778, cuando se le permite hacer lo propio con veinte plazas ultramarinas. A partir de ese momento Santander se convirtió en la salida natural de los trigos y harinas de Castilla y, en contrapartida, en la entrada de productos coloniales. No es de extrañar, pues, que la industria harinera se convirtiera en uno de los subsectores más importantes de la región. Junto a ésta, es preciso hacer hincapié en la explotación minera, sin duda una de las grandes riquezas naturales de la Montaña. Ahora bien, su producción se subordinó al mercado exterior y a la adecuación a

los intereses del capital extranjero, de suerte que su característica más acusada fue la dependencia. Paralelamente, el sector siderometalúrgico experimentó un notable crecimiento en estos años.

Es también ahora cuando se dan los inicios de la configuración bancaria de Santander, habiendo tenido como antecedentes al Crédito Cántabro y a la Unión Mercantil, ambas experiencias fallidas tras la crisis financiera de 1866. Así, a comienzos de 1875 se creaba el Banco de Santander y se instalaba una sucursal del Banco de España.

Junto a estos aspectos, el problema de las comunicaciones va a constituir un pilar básico dentro del mercado nacional y de la ruptura del aislamiento interregional que España había vivido hasta entonces. De esta forma se consiguió crear un entramado de comunicaciones que «contribuyó a una mayor integración económica de las diferentes comarcas montañesas y a una articulación con las demás regiones del país» (p. 105). A ello respondieron la construcción del ferrocarril de Isabel II, el tendido ferroviario que unía la provincia con Vizcaya y Asturias o la expansión de la red de carreteras a cargo del Estado.

El panorama económico de la Cantabria de estos años se completaría con industrias tales como la conservera, alimenticia, textil, química, curtidos, etc., bien analizadas por José Ignacio Ba-rrón.

Estudiados los distintos subsecto-

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res, el autor hace algunas reflexiones sumamente interesantes, insistiendo en el sistema de tarifas, desfavorable para la economía santanderina, impuesto por la Compañía de los Ferrocarriles del Norte al hacerse cargo del ferrocarril de Alar del Rey. Estas tarifas diferenciales fueron aducidas por la burguesía de la región como la principal causa de la ruina y decadencia de su comercio. Junto a ésta habría que añadir la crisis del comercio internacional y la política arancelaria del Gobierno respecto a las Antillas.

En el tercer apartado el autor se centra en la economía montañesa tras el Desastre de 1898. En concreto, «la repatriación de capitales invertidos en las colonias en los últimos años del ochocientos y la política de estabilización económica iniciada por Villaver-de constituyen un hito en la historia del capitalismo hispano» (p. 167). Extinguido el comercio colonial, tomó nuevo impulso el comercio minero con la Europa del Norte y el Mediterráneo, se fundaron destacadas sociedades anónimas y nacieron nuevos grupos bancarios, haciendo de Santander una de las ciudades españolas de mayor vitalidad económica. Con todo, los niveles de industrialización de la región no serán los mismos, sobresaliendo la propia capital. Castro Urdíales, Torrelave-ga y Santoña.

Tras examinar los distintos subsec-tores industriales de la región, el autor se detiene en la minería, dado el auge extraordinario que ésta experimentó

durante los primeros años de este siglo. Aunque, como sucediera en la etapa anterior, siguió siendo un subsector dependiente. En palabras del autor, «el drama de la minería del hierro en Cantabria dimana no sólo de la exportación casi absoluta y a bajo precio del mismo con el fin de abastecer las siderurgias inglesa y alemana, sino también de la considerable apropiación extranjera de los beneficios derivados de la explotación, auspiciados además por una benévola legislación fiscal» (p. 192). Junto a este desarrollo de la minería, la siderurgia y otras actividades productivas, el autor hace una mención especial al resurgimiento bancario que experimenta Santander, al igual que otras ciudades españolas, tras 1898. En efecto, a las dos entidades bancarias precitadas se unen ahora el Banco Mercantil, la Sociedad de Crédito Industrial y Mercantil de Santander y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Alfonso XIII. Finalmente, José Ignacio Barrón hace un estudio de los valores bursátiles en la plaza de Santander tras la pérdida de las colonias, señalando a los sectores minero, naviero, metalúrgico y la banca como los más apetecidos por los accionistas norteños de finales del pasado y comienzos del presente siglo.

El último apartado de la obra está dedicado a la agricultura y la ganadería. Partiendo de la base de que Cantabria continuó siendo en este período una región eminentemente rural, lo primero que se observa en estos momentos, especialmente en la crisis de

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los ochenta, es la sustitución de tierras labrantías por prados. Las praderas cultivadas y la superficie forestal e inculta aprovechada para pastos experimentan un importante crecimiento. Crecimiento relacionado con el aumento de la cabana ganadera. Frente a éstos, los cereales, las leguminosas o la vid mantendrán porcentajes muy reducidos. La horticultura, por su parte, se desarrollará como consecuencia del aumento de población, sobre todo la urbana. Ahora bien, los prados constituirán «la base primordial de la explotación ganadera, en la que se sustentaba la mayor parte de la población rural» (p. 247). El segundo aspecto que debemos destacar es el referido a la propiedad agraria. La estructura de la propiedad en Cantabria siguió siendo de signo minifundista, toda vez que el crecimiento demográfico favoreció la fragmentación de la propiedad rústica y la desamortización de Madoz dejó intacto más del 70% de las tierras comunales de la provincia. Y el tercer aspecto que hay que resaltar es el progresivo uso de abonos y fertilizantes químicos para superar el empobrecimiento constante de las tierras.

En cuanto a la ganadería, debemos indicar que «la cabana montañesa, y especialmente el ganado vacuno, conoció una tendencia alcista durante la segunda mitad del siglo xix, sólo empañada por la recesión de los años ochenta» (p. 293). Estrechamente relacionadas con esta naciente especializa-ción ganadera que se da en Cantabria,

y también en Asturias, surgirán las primeras industrias lácteas del país. Aunque las dificultades van a ser constantes, especialmente por la falta de inversiones de capital y por la presión fiscal sobre el sector agropecuario. Pese a todo, se puede hablar de crecimiento, interrumpido sólo por la crisis de los ochenta. Crisis que puso de manifiesto los problemas estructurales del sector.

Además de estos dos capítulos, el libro de Barrón García se completa con un magnífico epílogo y una cuidada, exhaustiva e interesantísima bibliogra-ft'a, donde las publicaciones de época juegan un papel determinante.

En definitiva, el libro de José Ignacio Barrón nos parece una extraordinaria monografi'a y un muy buen ejemplo de cómo hacer historia local sin caer en el localismo, sin perder nunca el horizonte y la dimensión de un espacio más amplio que el propiamente regional. Mediante aportaciones tan serias, rigurosas y bien documentadas como la que presentemos estamos seguros de ir en la buena línea para un conocimiento más exacto y real de lo que fue la modernización del país, tal como indicábamos al principio. Al respecto sorprende, por cierto, el importante volumen documental manejado por el autor y su habilidad para elaborarlo correctamente, sin caer en lo farragoso y en la gratuidad de las notas a pie de página. Todo lo contrario. Los signos de reflexión y buen entendimiento de la documentación son una constante a lo

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largo del trabajo, complementándose perfectamente con los numerosos cuadros y gráficos que aporta. Todo ello hace que la lectura de este libro nos resulte no sólo grata, sino también gratificante. Porque la larga investigación que supone una tesis doctoral ha llegado a buen puerto, siendo el resultado extraordinario. Porque con obras de semejante calibre la investigación histórica vuelve a tener sentido en un momento en que las Letras en general, y la

Historia en particular, están totalmente devaluadas y marginadas. Libros como el de Barrón García suponen un aviso serio al tedio y lo vulgar. Una suerte, en definitiva, la publicación de este trabajo, siendo motivo de reconocimiento por parte de todos el gran esfuerzo editorial realizado por el Ayuntamiento de Santander y la Librería Estudio.

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ

Universidad de Deusto

Antonio TENA JUNGUITO (1992): Las estadísticas históricas del comercio internacional: fiabilidady comparahilidad, Madrid, Banco de España, Servicio de Estudios de Historia Económica, núm. 24, 126 pp.

Es frecuente detectar, y no sólo en conversaciones informales, actitudes escépticas sobre la fiabilidad de ciertas fuentes estadísticas o de análisis basados en ellas. Bien es verdad que ciertos modos de hacer historia cuantitativa invitan a la incredulidad. En años recientes se ha exacerbado una tendencia, por fortuna minoritaria y tal vez ya en retroceso, a utilizar con fines revisionistas cifras publicadas o elaboradas para otros propósitos, sin escrutinio aparente de las fuentes originales ni recogida de otros datos relevantes cuya existencia en los archivos es de sobra conocida. Tampoco contribuye al diálogo profesional la aparente presunción, entre una minoría de «nuevos historiadores económicos», de que toda revisión es necesariamente creativa o

vanguardista, y toda resistencia al revisionismo inevitablemente «conservadora».

No es menos cierto, por otra parte, que todas las críticas que se lanzan al enfoque cuantitativo pueden esgrimirse también contra otros modos de hacer historia. Es más, el creador de una serie estadística se expone más que nadie a descalificaciones contundentes, mediante la mera comprobación de la inexactitud de un solo dato importante o de una tendencia clave. El problema no radica en los enfoques teóricos y cuantitativos, sino en los abusos que en su nombre se perpetran y en la mayor visibilidad de estos abusos. Desde un punto de vista neutral no hay historia seria e historia cuantitativa, ni tampoco revisiones vanguardistas y reacciones

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«conservadoras», sino, sencillamente, trabajos buenos y trabajos malos.

El libro que nos ocupa es bueno por dos razones. Antonio Tena ha logrado destilar, en sólo 126 páginas, una revisión auténtica e importante de la historiografía reciente sobre la fíabilidad de las estadísticas históricas del comercio internacional. Revisión auténtica porque se basa en un análisis sistemático, con criterios y metodología muy refinados, de una muestra de datos mucho más amplia que las contempladas hasta ahora por otros autores. Revisión importante porque abre nuevas vías para la rectificación de unas cifras que se usan a diario en trabajos sobre las contabilidades nacionales, el crecimiento económico comparado, la producción y los precios.

El primer objetivo de Antonio Tena es contrastar una presunción, popularizada por Morgenstern en 1963, de que las estadísticas agregadas del comercio internacional no son fiables mientras no se demuestre lo contrario. Sorprenderá a los más ingenuos que una afirmación tan obvia y razonable se presentara en su día como un gran descubrimiento. Lo verdaderamente notable es que la conclusión de Morgenstern se basara en un análisis somero y superficial de una muestra de valores exportados e importados por pares de países sin intentar siquiera rastrear los orígenes de los errores en cuestión ni estimar su magnitud. En trabajos posteriores se demostró que la fíabilidad de las mismas estadísticas no es

tan escasa si se consideran factores tan elementales como la diferente metodología con que aquéllas fueron elaboradas en los países participantes.

Uno de los méritos de Antonio Tena consiste en haber diseñado unos «tests» más generales que permiten identificar otras fuentes de error y clasificarlas por orden de importancia. Si se exceptúa la mayor fuente de discrepancias entre las estadísticas nacionales, que procede de aquellas exportaciones que no siempre terminaron en el destino geográfico asignado en los registros de origen, resulta que la fiabilidad de las cifi-as comerciales de 33 países distintos es ya más robusta para el período 1909-13, y mejora muy significativamente en los años 1928,1935 y 1958-9.

La parte más sustancial del libro es una aplicación de los métodos y conclusiones resultantes a los casos de España e Italia desde 1890 hasta 1967. Las estadísticas comerciales españolas de los siglos XIX y xx cuentan ya con una historiografi'a muy polémica y con varios trabajos de calidad. Nuestro autor ha extendido la cobertura temporal de este tipo de análisis más allá del año 1935, y ha elegido para la rectificación de los valores oficiales españoles e italianos muestras paralelas de estadísticas comerciales extranjeras que permiten controlar los precios y las cantidades al mismo tiempo.

La conclusión principal de Antonio Tena en ambos casos es que los sesgos y errores comprobables en estas cifras de comercio exterior parecen respon-

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der, significativamente, a cambios fortuitos e irregulares en los sistemas oficiales de valoración de las cantidades comerciadas. No sería exacto entonces que, como postulara Valentín Andrés Álvarez para el caso español, los mayores errores en el período 1890-1930 se hubieran debido entera o predominantemente a la exageración de los valores importados por motivos arancelarios. Y puede cuestionarse también que el control de divisas y la sobrevaloración de la peseta fueran plenamente responsables de la infravaloración de exportaciones e importaciones en la década de 1950. En cuanto a los inevitables errores de asignación geográfica, no habrían sido éstos de mayor entidad que los detectados en otras estadísticas nacionales, y coincidirían los casos español e italiano en una relativa sobrevalo

ración oficial del comercio con los países fronterizos.

Un somero resumen como el que antecede no puede hacer justicia a la amplitud y profundidad analítica del texto ni a la riqueza de sus conclusiones. Debe resaltarse también la cuidadísima presentación de cuadros y gráficos y la claridad expositiva del autor sobre un tema que no se presta precisamente a la lectura amena y relajada. Por encima de todo, es de agradecer que Antonio Tena haya elegido, sin atender a llamadas de sirena, el arduo camino de ofrecer a sus colegas un bien público cuyo elevado coste privado podría haber parecido prohibitivo a otros investigadores.

Javier CUENCA ESTEBAN

University of Waterloo

Clara Eugenia NÚÑEZ: La fuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1992,355 pp. Bibliografi'a e índice de materias.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, y dentro de la teoría del crecimiento económico, la relación entre educación y economía ha adquirido particular relevancia como factor explicativo del desarrollo o atraso de los países. Es posible reconocer en la literatura dos diferentes formas de aproximación al problema: por una parte, economistas, sociólogos y poli-tólogos, partiendo del análisis comparativo de sociedades contemporáneas,

han desarrollado modelos teóricos y métodos econométricos, más o menos generales, para captar la contribución de la educación al desarrollo a un nivel macro y las decisiones individuales o familiares de inversión en capital humano a un nivel micro. Historiadores, por otra parte, han estado mayormente preocupados en desentrañar las características específicas de los sistemas educativos de las sociedades que analizan interpretando

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en fuentes históricas sus posibles determinantes.

El libro de Clara Eugenia Núñez es una eficiente combinación de ambas perspectivas aplicadas al caso español. Partiendo de los conceptos, modelos y métodos desarrollados dentro de la teoría del capital humano, la autora rastrea históricamente el impacto de la educación como variable independiente sobre las condiciones de desarrollo de la sociedad española, su atraso con respecto a otros países europeos y sus diferencias regionales y por sexos al interior de España mismo. En un intento por captar la influencia sobre el crecimiento de algo tan difícil de estimar como son las actitudes sociales, el libro presenta a la educación no sólo como un factor que aumenta la productividad del trabajador, sino que a partir de su equilibrada distribución regional y por sexos, hace disminuir la resistencia al cambio y facilita la adopción de innovaciones en sociedades en vías de desarrollo.

El objetivo principal del libro es el estudio de la formación y evolución del capital humano como factor explicativo de la modernización económica de la España contemporánea. Tarea extremadamente compleja ya que, como reconoce la autora, por un lado, en tanto que investigación histórica, no siempre se cuenta con la información necesaria para aplicar los modelos y métodos utilizados en los estudios contemporáneos de economía de la educación. Por otro lado, en el caso español el estudio del

crecimiento económico se traduce a la vez en un estudio del atraso económico de España con respecto a otros países europeos. Finalmente, muchas de las preguntas que se formulan en este tipo de estudio son preguntas contra-fácticas en las cuales las respuestas son válidas en la medida en que el modelo teórico esté correctamente especificado. La autora enfrenta estos problemas realizando un detallado estudio de largo plazo de la evolución de la alfabetización por sexos, regiones y provincias basado en los siete censos realizados entre 1860 y 1930; manteniendo una perspectiva comparativa tanto con respecto a otros países europeos y del tercer mundo, como con respecto al interior de España mismo, entre regiones; y utilizando modelos estadísticos que le permiten captar la contribución de distintos factores al desarrollo.

El libro puede dividirse en tres partes. Una primera parte teórica, que abarca los capítulos 1 a 3, en donde se presenta una excelente revisión del aporte de la teoría del capital humano al problema del desarrollo y del rol de la alfabetización en el proceso de modernización económica. Una segunda parte, que ocupa los capítulos 4 y 5, en donde se describe y se analiza la evolución de las tasas de alfabetización en España, por regiones, provincias y sexos como factor explicativo de los niveles de desarrollo económico. Finalmente, una tercera parte, que va del capítulo 6 al 8, en donde se estudian detenidamente los problemas de oferta

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y de demanda en el proceso de transición de la alfabetización, combinando las variaciones en políticas públicas con las decisiones familiares de inversión en educación.

El análisis cuantitativo muestra que existe una positiva y significativa correlación entre las tasas de alfabetización y la renta por habitante con un desfase temporal de al menos 25 años entre las dos variables. El análisis de regresión indica que las tasas de alfabetización al principio de un período predicen en forma consistente el nivel de renta por habitante después de un lapso de tiempo y que el grado de asociación lineal entre las dos variables decrece a medida que la distancia en el tiempo se alarga. Ya que no existen estimaciones de la renta por provincias previas a 1955, no es posible controlar en el análisis por el nivel de desarrollo económico al momento del censo. Esta falta de información plantea limitaciones en el análisis cuantitativo. Por un lado, hay que tener presente que alfabetización y renta no sólo son variables que se influyen mutuamente, sino también variables que, por decirlo de algún modo, influyen sobre sí mismas. Así la variable que mejor predice el nivel de desarrollo económico de una provincia es sin duda el nivel de desarrollo económico previo. Al no poder controlar por el nivel económico al momento del censo, se hace difícil captar la contribución específica de la educación en la predicción del nivel económico. Por otra parte, para medir en qué medida

la educación causa crecimiento económico, se necesitaría especificar un modelo dinámico, en donde la variable dependiente sea cambio en la renta por habitante. Si bien las inferencias en términos de causalidad que pueden hacerse a partir de la información disponible son limitadas, la alta y consistente asociación entre alfabetización y renta en distintos períodos implica que la educación ha tenido un rol preponderante en la modernización de España.

Analizando las diferencias en las tasas de alfabetización por sexos, se muestra que el diferencial sexual, medido como la diferencia porcentual entre las tasas de alfabetización masculina y femenina, tiene un efecto negativo sobre el nivel de renta por habitante. Este es un hallazgo importante que introduce una dimensión que no había sido considerada en los análisis agregados de la alfabetización. Cuanto mayor es el diferencial sexual, mayor es su impacto negativo sobre el nivel de renta después de un lapso de tiempo.

La asociación entre nivel económico, tasas de alfabetización y diferencial sexual permite a la autora construir el concepto de transición de la alfabetización que constituye una contribución original a la teoría del «umbral» que trata de establecer niveles de alfabetización mínimos a partir de los cuales el desarrollo económico es posible. La incorporación del diferencial sexual en la transición de la alfabetización en España implica que los niveles de alfabetización agregados no son condición

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suficiente para el desarrollo económico, sino que deben integrarse con una equitativa distribución de la alfabetización por sexos.

Tomando a las tasas de alfabetización como variable dependiente, la autora cuestiona eficientemente las posiciones que explican el retraso en el proceso de expansión de la escolaridad primaria en España sólo a partir de las variaciones y limitaciones en la oferta pública de establecimientos escolares. Las variaciones en la demanda educativa se presentan como un factor importante en el momento de entender las diferencias regionales en tasas de alfabetización y las distintas modalidades de inversión pública. Midiendo la influencia de la ocupación de los progenitores y el nivel de renta de la familia, se registra, por ejemplo, que la condición de jornalero agrícola influyó decisiva y negativamente sobre la demanda de escolaridad. Las variaciones en la demanda educativa por grupos sociales, conjuntamente con las políticas locales de inversión pública, permiten explicar de manera más consistente las diferencias regionales y por sexo en la expansión del sistema educativo español.

La autora concluye reconociendo que el bajo nivel de alfabetización de la población española fue un serio obstáculo a la modernización del país, que combinado con las variaciones en el diferencial sexual por regiones y las políticas públicas en educación, permite reconocer dos Españas en lo que se refiere a la formación del capital humano: una España septentrional donde el principal problema fue el desarrollo de un fuerte diferencial sexual y una España meridional en la que el mayor obstáculo fue el desarrollo de la enseñanza superior a costa de la instrucción primaria.

El libro es una excelente contribución al entendimiento de los factores de crecimiento de la economía española que logra reducir la brecha existente entre la teoría económica contemporánea y la economía histórica. No se pretendió revisar todas las hipótesis y hallazgos que la autora propone; el libro se presenta como un importante estímulo para el estudio de todo un conjunto de problemas específicos y futuras investigaciones.

Emilio A. PARRADO

Universidad de Chicago

Alfonso BALLESTERO: Juan Antonio Suanzes, 1891-1977. La política industml de la postguerra, Madrid, LID, Colección de Historia Empresarial, 1993,423 pp., 31 fotografi'as, bibliografía, anexo documental.

Que la historia empresarial empieza figura del empresario que ha tenido lu-a estar de moda no es ningún secreto, gar en la década de 1980, la decada de Tras la reivindicación ideológica de la los noventa parece estar destmada a

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convertir al empresario en un importante sujeto histórico. En este contexto, surge la colección de historia empresarial que ha iniciado la editorial LID, autodefinida como «editorial empresarial», cuya primera obra es la que ahora comentamos.

En principio, diremos que dedicar un libro al estudio de la figura del arquitecto de la autarquía, Juan Antonio Suanzes, parece ser la forma más adecuada de ir dilucidando algunos interrogantes que en las dos grandes historias del Instituto Nacional de Industria (INI) (la de González y Schwartz, 1978, y la de Comín y Martín Aceña, 1991) quedaron planteados. Tocar al hombre que hizo posible el desarrollo del INI ayudará a comprender, con más propiedad, lo que se esconde tras la acumulación de los datos cuantitativos y los balances. Y esta es, precisamente, la pretensión de Alfonso Ballestero.

Cabe advertir, desde el principio, que Alfonso Ballestero no es historiador ni economista. Su profesión es la de ingeniero de minas que ha desarrollado su trabajo tanto en la empresa pública como en la privada. Eso se deja notar en la forma de redacción del libro, que carece de la precisión en el uso de las fuentes, que caracteriza al historiador, y de la preocupación por aplicar la teoría económica, que es la esencia del trabajo del economista. ¿Queda invalidado su trabajo por estas deficiencias? En mi opinión, desde luego que no. Los méritos del libro superan con creces estas limitaciones.

En primer lugar, Ballestero ha podido acceder al archivo privado de la familia Suanzes, archivo que se encuentra ordenado con la meticulosidad que definía al primer presidente del INI, y que, según demuestra el autor, contiene correspondencia y notas manuscritas de enorme interés. Asimismo, Ballestero ha consultado los archivos particulares de Manuel Arburúa y de Carlos Rein. La investigación se ha completado con documentación obtenida en algunos archivos públicos relacionados con la historia del INI. Este esfuerzo por desvelar el contenido de importantes fuentes de archivo resulta sin duda meritorio, y ayuda a completar el trabajo realizado hasta ahora sobre la historia de la industrialización pública en España.

Ballestero evita en todo momento juzgar a Suanzes, lo que puede ser discutible y hasta equívoco. Pero el autor prefiere intentar comprender los motivos que le impulsaron en su defensa de la autarquía. En ese sentido, el libro deja bien claro que las vidas de Suanzes y Franco discurrieron de forma paralela. Fueron compañeros desde la infancia (Paul Preston llama a Suanzes, repetidamente, el «amigo de Franco de toda la vida»), sintieron la decadencia nacional de España tras la crisis de 1898 y se mostraron recelosos frente al modelo liberal que confiaba el desarrollo del país al capital extranjero. La posición de Suanzes en la Sociedad Española de Construcción Naval frente al socio inglés, Vickers, que tan bien detalla Ballestero, es muy significativa.

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La coincidencia de ideas entre Franco y Suanzes se reforzaría durante la Guerra Civil, y los documentos que aporta Ballestero no dejan lugar a dudas sobre que su visión autárquica fue previa al aislamiento que sufriría España en la década de 1940. Asimismo resulta manifiesta la beligerancia política de Suanzes («Franco o el caos»). Sin embargo, resulta muy dudoso afirmar, como hace el autor, que estas tendencias existieran plenamente antes de la Guerra Civil, y que pueden rastrearse en la legislación proteccionista de la Restauración. Creo que afirmar esto es claramente exagerado.

Aspectos muy interesantes de la obra son el tratamiento de las relaciones con el capital extranjero (primero italiano y alemán, luego argentino y norteamericano) y con la empresa privada. El reconocimiento de la superioridad técnica y económica de otros países y el difi'cil entendimiento con la empresa privada (véanse los casos siderúrgico y eléctrico) fueron contradicciones que Suanzes tuvo que afrontar.

También tuvo que enfrentarse con los que se oponían, incluso dentro del gobierno, a su megalomanía y a su desmedido afán estatificador. Seguramente, sus frecuentes cartas de dimisión no fueron sino peticiones de ayuda para que Franco interviniera en su favor. Por eso mismo, se sintió abandonado cuando Franco aprobó el Plan de Estabilización, y Suanzes dejó su despacho en la Plaza del Marqués de Salamanca sin despedirse de nadie. Como muestra Ballestero, sus ideas no variarían un ápice hasta el final de sus días.

En fin, estamos ante una biografi'a «no autorizada» de un personaje clave en la historia empresarial de la España contemporánea, escrita con fluidez e interés, que contiene un rico material documental, y que a pesar de las deficiencias de estilo de su autor será apreciada por cualquier lector interesado en comprender la España que legó el franquismo.

José Luis GARCÍA RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

Mario ESTEBAN DE VEGA, Santiago GONZÁLEZ GÓMEZ y Manuel REDERO SAN RO-

MAN: Salamanca, 1900-1936. U transformación limitada de una ciudad. Salamanca, Diputación Provincial de Salamanca, 1992, 100 pp.

Una vez más nos topamos con un libro que tiene por objeto de estudio la ciudad. La ciudad entre finales del siglo XIX y comienzos del actual. Son cada vez más las ciudades españolas que cuentan con sus respectivas monogra-

fi'as históricas. Superado el excesivo localismo de años anteriores y siguiendo la estela marcada por Terán o Capel a finales de los setenta, la historiografi'a española cuenta en estos momentos con obras que, encuadradas dentro de

ni

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lo que llamamos la microhistoria, están llamadas a jugar un papel destacado en la reelaboración de la propia historia de España. Qué duda cabe que las cada vez mayores dificultades con que se encuentra el investigador para abordar temas muy amplios y el ftaerte desarrollo experimentado por las administraciones locales (Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas) durante estos últimos años han contribuido decididamente en el incremento de este tipo de obras. Ahora bien, si, por un lado, el número de trabajos de esta índole es importante, por otro, como bien señala Ángel Bahamonde en el Prólogo, «el gran problema reside en que mayoritariamente no acaban de calar en el gran mundo editorial, de ahí su dificultad de localización dadas las trabas que enrarecen la difusión de las obras publicadas por las instituciones locales y autonómicas». En efecto, muchos de estos libros no hacen sino hibernar plácidamente en las catacumbas de unos sótanos más o menos oscuros por falta de una adecuada distribución. Seguramente éste puede ser el mayor problema al que deben hacer frente estos trabajos. Y con todo, hemos de agradecer que este tipo de obras puedan haber visto la luz, algo prácticamente impensable hace tan sólo unas décadas.

El libro que presentamos, Salamanca, 1900-1936, responde claramente a estas características. Se trata de un estudio local, quizá un primer esbozo de un trabajo más amplio, que se centra

en una ciudad del interior. Salamanca. Una ciudad que es capital de una provincia eminentemente agrícola, con un crecimiento industrial bajísimo y una capacidad de transformación urbana muy limitada. En definitiva, un ejemplo de lo que algunos historiadores han empezado a denominar el modelo interno de crecimiento urbano, propio de las áreas rurales. Junto a los estudios dedicados a las ciudades más dinámicas del país (Barcelona, Madrid o Bilbao), es muy positivo contar igualmente con obras dedicadas a este otro modelo con el objeto de poder percatar mejor las distintas vivencias del país.

Ciertamente, algunas de las ideas que nosotros exponemos aquí son igualmente apuntadas tanto por el profesor Bahamonde en el Prólogo del libro, como por los autores en la Introducción, quienes desde el comienzo dejan sentados claramente sus objetivos. «Este trabajo aborda, fundamentalmente, el estudio de la morfología urbana, de las estructuras económicas, de la realidad socioprofesional y de la estratificación social de la ciudad de Salamanca en el primer tercio del siglo XX. Por el tipo de fuentes en que se sustenta (padrones y matrículas industriales), se trata de una investigación básicamente cuantitativa, cuyo objetivo esencial es establecer una base estadística fiable para otros trabajos de historia social más concretos» (p. 17). Rechazada la relación mecánica entre urbanización e industrialización, Sala-

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manca es una ciudad de tamaño medio y de estructura económica preindus-trial que experimenta durante estas tres décadas un importante aumento demográfico.

A lo largo de tres capítulos de semejante extensión y presentación, los autores nos dan las claves de esta transformación limitada. En concreto, éstos hacen hincapié en tres aspectos, a saber, la morfología urbana, la distribución profesional y la estratificación social. Con tal fin, hacen uso de los padrones municipales de 1900, 1921 y 1935 y de las matrículas industriales de 1897,1918 y 1935. De los primeros obtienen una «población catalogada», definida por «todas aquellas personas que declaran en el Padrón una profesión y a todos los cabezas de familia» (p. 36), con la cual han de trabajar. Las matrículas industriales, por su parte, contribuyen muy positivamente a definir más certeramente la distribución profesional.

Encerrada en sus murallas, la morfología urbana de la Salamanca preindus-trial de 1900 se caracterizaba por la continuidad. Es cierto que desde finales del siglo pasado se plantearon algunas reformas de tipo parcial y se aspiró a sanear e higienizar la ciudad, pero «las limitaciones de este impulso reformador son (...) traducción de una realidad económica cuyos sectores básicos mostraban, a comienzos de siglo, una escasa potencialidad renovadora» (p. 30). Sólo en la década de los veinte comenzaron a darse algunos cambios

como consecuencia del incremento demográfico registrado en estos años. Por primera vez se traspasó el perímetro amurallado y se dieron algunos cambios en la morfología del espacio intramuros, especialmente en la ocupación más intensa del mismo. Con todo, «la mayoría de las deficiencias urbanísticas tradicionales pervivieron» (p. 53). Hay que esperar a los años treinta para detectar una renovación real del paisaje urbano. El descenso de la tasa de mortalidad y la afluencia masiva de emigrantes hicieron de Salamanca una de las ciudades cuya población mostró mayor dinamismo. Esto influyó, lógicamente, en la transformación del paisaje urbano, marcado en muchas ocasiones por la erección de grandes edificios. «Los nuevos espacios de la periferia urbana crecieron, por tanto, de forma espontánea y desordenada, sin otro criterio que la voluntad de los propietarios del suelo y de los promotores de las viviendas» (p. 76). Ahora bien, a la vez que se fueron produciendo estas transformaciones urbanas, podemos decir que la propia economía de la ciudad también experimentó algunos cambios. Basada en los servicios y en la industria tradicional, en la década de los veinte estos sectores alcanzaron una mayor complejidad. Hubo, además, un desarrollo de las industrias tradicionales y de los sectores representativos del momento. Paralelamente, el comercio asistió a un proceso de expansión y renovación. En los años treinta, por su parte, pese a que la base económica se-

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guía residiendo en los servicios, el comercio y la industria tradicional, «en la industria se produjo un aumento muy notable del número de instalaciones (...) y una pérdida de la importancia relativa de las empresas familiares respecto de las sociedades anónimas» (p. 78). En el comercio, por su parte, también se detectaron novedades, especialmente con «la introducción de fórmulas empresariales de carácter capitalista y la aparición de algunos grandes almacenes» (p. 81).

El segundo de los aspectos estudiados por los autores es el de la distribución profesional. En 1900 ésta presentaba las características de una ciudad típicamente preindustrial. En la base, obreros y artesanos ocupaban dos tercios de la población activa de la ciudad, sobresaliendo, especialmente, los jornaleros. Le seguía una clase media-baja constituida por pequeños funcionarios y «trabajadores de cuello blanco» y, finalmente, en la cúspide, los altos funcionarios y los profesionales liberales, por un lado, y los industriales, comerciantes y banqueros, por otro. Este esquema, con pequeños reajustes, se repite en 1920. Tal es así que los propios autores afirman que «la impresión que se obtiene comparando estos datos con los del Padrón de 1900 es que la configuración socioprofesional de Salamanca permaneció básicamente estable durante las dos primeras décadas del siglo» (p. 62). Hasta los años treinta no podemos hablar de cambios en esta estructura. Obreros y artesanos

seguían sumando las dos terceras partes de la población activa, pero con un considerable aumento de la población de obreros, especialmente de jornaleros, en su mayoría emigrantes rurales. Además, se dio un aumento de determinados oficios relacionados con servicios urbanos y nuevas actividades económicas, frente a un retroceso de los oficios tradicionales. Tras los obreros, también engrosó considerablemente sus efectivos el grupo compuesto por pequeños funcionarios y «trabajadores de cuello blanco». En la cúspide, por contra, no se apreciaron cambios significativos.

El tercer punto estudiado es el de la estratificación social. Para ello, y centrándonos en 1900, cuentan con dos elementos de interés, «la desigual distribución del servicio doméstico entre los distintos grupos profesionales» (p. 43) y «una pequeña muestra de los sueldos que perciben los individuos de los distintos grupos profesionales» (p. 45). Así, en la preindustrial Salamanca de primeros de siglo nos es posible hablar de una estratificación social, de una jerarquía sin clases sociales que tendría por base un grupo de marginados (herederos de la crisis de los ochenta) y un amplio colectivo formado por el servicio doméstico y todo tipo de obreros. Por encima, una pequeña clase media y una reducida élite que controlaba el poder local. Los veinte son años de estabilidad de esta pirámide social. Pese a la disminución del número de jornaleros, el aumento de obreros empleados en sectores en auge

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y una mejora económica de los pequeños funcionarios y de los «trabajadores de cuello blanco», los cambios son prácticamente inapreciables. En los treinta sí. Se avanzaba claramente ya hacia una sociedad de clases. El ensanchamiento de la pirámide mediante la aportación de importantes contingentes de mano de obra rural y el proceso de su concienciación constituyeron los dos fenómenos más importantes de este proceso. «La ciudad asistió, así, en las vísperas de la IP República, a un proceso de proletarización y de renovación de la fuerza de trabajo que, desde luego, no pudo ser ajeno al cambio en las actitudes sociales que poco a poco empezó a evidenciarse, y a la conflictividad que (...) culminó en el panorama social de la primavera de 1936» (p. 95).

La obra finaliza con un capítulo de conclusiones donde de forma breve, pero magistralmente expuesto, se hace un repaso de los acontecimientos socioeconómicos más importantes acaecidos en Salamanca a comienzos de este siglo, muy en la línea del resto del trabajo.

En definitiva, nos encontramos ante un libro cuya calidad nos deja realmente satisfechos, pero cuya brevedad nos

hace esperar un segundo estudio más detallado y «definitivo». La calidad de las fuentes manejadas y la exquisitez de su tratamiento hacen de esta obra un importante referente metodológico para otros autores y otras ciudades. Retomando, pues, el hilo del discurso inicial, sólo mediante este tipo de investigaciones, donde la seriedad es lo que prima, podemos seguir avanzando en el estudio de una historia total más cercana a la realidad. Si bien es cierto que no hay referencias a otras ciudades españolas, que no hay elementos de comparación y que esto podría inducirnos a pensar que estamos ante una obra de carácter locaUsta, el manejo que los autores hacen de la información despeja todo tipo de dudas. Más aún cuando los intereses de los mismos han quedado claros en la introducción del libro. Sólo nos queda añadir, pues, que no se trata de un trabajo más dentro de los estudios de las ciudades en la modernización de España, sino de una obra con personalidad y entidad propias, pese al carácter de esbozo que pueda tener.

Carlos LARRINAGA RODRÍGUEZ

Universidad de Deusto

Mirta L. DE PALOMINO: Tradkión y poder U Sociedad Rural Argenttm (1955^1983),

Buenos Aires, CISEA, Grupo Editor Latinoamericano, 1988, bibliograha e

índice, 270 pp.

La Sociedad Rural Argentina es la principal entidad que desde la segunda , j c- k mitad del siglo xix agrupa y representa pando un papel destacado. Sm embar

a los ganaderos en un país en el que su producción agropecuaria sigue ocu-

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go, este es el primer trabajo integral sobre su trayectoria entre la caída del Peronismo en 1955 y la restauración de la democracia en la Argentina en 1983.

Este estudio fue parte de las investigaciones sobre el comportamiento de las principales organizaciones corporativas de la Argentina realizadas en el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración (CISEA) de Buenos Aires durante los años 80. Fue financiado por un programa de la Fundación Ford de estímulo a los estudios de «goberna-bilidad» en países que trataban de consolidar un sistema democrático.

La obra aspira a examinar detalladamente y de manera sistemática la estructura social y funcionamiento interno de la Sociedad Rural Argentina, su ideología, las características socio-económicas de sus socios y dirigentes, su participación en el poder político, sus vínculos con otras organizaciones empresariales y sociales, y con los distintos gobiernos durante casi tres décadas de notoria inestabilidad política. Para ello se basa sobre todo en algunos documentos internos, declaraciones públicas y memorias anuales de la Sociedad. Además, cita y debate las conclusiones de conocidos estudios anteriores que trataron directa o indirectamente la Sociedad Rural Argentina.

El primer capítulo resume la evolución de la Sociedad Rural desde su fundación en 1866 hasta la caída del Peronismo en 1955. Señala cómo los

ganaderos se agruparon para «velar por los intereses de la campaña» y el carácter «progresista» de sus propuestas de mestización del ganado, introducción del alambrado y de fomento de la agricultura. En su parte final examina temas conflictivos clave en la relación de la Sociedad con el Peronismo como la sanción de una ley de arrendamientos rurales, del estatuto del peón, la nacionalización de los registros genealógicos de los animales de raza y la derogación de una concesión para realizar sus exposiciones anuales en un predio de Palermo, un barrio relativamente céntrico de la ciudad de Buenos Aires.

Ciertas omisiones bibliográficas y de contenido le quitan profundidad y claridad a este capítulo inicial. No hay referencias a la crisis económica de 1866, cuya conocida incidencia sobre la cría del lanar, las vitales exportaciones de lanas, la fundación, las características y propuestas de la Sociedad Rural durante esos años ya examinaran otros trabajos. Tampoco se mencionan dos medidas que exacerbaron el en-frentamiento de la Sociedad Rural con el Peronismo hasta 1955: la nacionalización del comercio exterior y sus resultados, y la política de precios relativos para el agro hasta 1952. La primera de ellas fue muy significativa porque ayuda a explicar el posterior rechazo de la entidad contra el intervencionismo estatal en la economía y el Peronismo, que la autora analiza en capítulos posteriores.

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Los dos capítulos siguientes examinan la organización institucional y el perfil socio-económico de los socios y dirigentes de la Sociedad Rural. Su análisis subraya que la entidad sigue representando a una cierta élite social y económicamente muy homogénea, que hasta 1983 sus dirigentes fiíeron fiandamentalmente grandes propietarios y criadores de Aberdeen Angus, que tuvieron una notable permanencia en distintos cargos directivos y una amplia inserción en actividades económicas extraagropecuarias, y que hubo estrechas afinidades sociales, económicas e ideológicas entre los socios y sus dirigentes. También se señala aquí el papel del Instituto de Estudios Económicos y el Ateneo Juvenil en la defensa de las posiciones y la continuidad de los dirigentes de la Sociedad Rural. El primero de ellos da fiínda-mentos técnicos a las posturas de la entidad, elabora sus propuestas y asesora a los socios sobre diversos temas desde 1969. Por su parte el Ateneo prepara a los fiíturos dirigentes agropecuarios del país de acuerdo a la filosofi'a de la Sociedad Rural.

La participación en el poder político y las relaciones con otras instituciones también ftieron componentes primordiales de la estrategia corporativa de la Sociedad Rural para mantener una posición influyente en la sociedad argentina. Con relación al primero de ellos, la autora somete a una cuidadosa revisión las conclusiones de Imaz y sólo demuestra que la presencia de so

cios de la Sociedad Rural en altos cargos públicos fue mucho mayor durante los gobiernos militares y mínima o nula en gobiernos constitucionales como los de 1963-66 y 1973-76. Aun así, señala que ésta no es la única institución con poder y que su influencia ya no es tan hegemónica como en las primeras décadas de este siglo.

Luego Palomino analiza sucintamente y por separado los lazos de la Sociedad Rural con otras entidades del agro, con las no agropecuarias, con organizaciones sociales en general y con instituciones públicas como las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Aquí cabe formular dos comentarios. Dado que los productores rurales se agrupan en diversas entidades de alcance nacional perfectamente diferenciadas entre sí, se hubiera justificado un examen más detenido de los vínculos entre todas ellas. En segundo lugar, la autora también podría haber ahondado en las relaciones de la Sociedad Rural con la principal entidad que agrupa a los industriales, la Unión Industrial Argentina, sobre todo tomando en cuenta que en las últimas décadas ambas fueron protagonistas principales de la permanente puja intersectorial por la distribución del ingreso nacional en la Argentina.

Los capítulos finales de la obra tratan respectivamente la ideología y las relaciones de la Sociedad Rural con distintos gobiernos durante casi tres décadas. El primero de ellos aborda con solvencia sus opiniones, distin-

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guiendo dos niveles vinculados entre sí. Uno se refiere a temas generales de una ideología invariable a lo largo del tiempo y que la muestran como una acérrima defensora de la propiedad privada y del Estado subsidiario. El otro agrupa las manifestaciones de la entidad sobre la coyuntura y las decisiones del poder político. Allí, por ejemplo, Palomino subraya su visión de los impuestos como una carga con-fiscatoria que frena toda posibilidad de progreso y cubre casi siempre gastos fiscales improductivos, la responsabilidad que le atribuye al Estado por la caída de la rentabilidad agropecuaria, su convicción de que el agro es un irremplazable pilar fundamental en la economía nacional, y su falta de compromiso permanente con la vigencia de la Constitución y la democracia en la Argentina.

Muy por el contrario, el extenso capítulo sobre las relaciones de la Sociedad Rural con los diferentes gobiernos en el período 1955-83 combina el planteo de una acertada perspectiva analítica con significativas omisiones de contenido que podrían haberse salvado sin extender excesivamente el texto. Por un lado. Palomino diferencia los vínculos con gobiernos que la entidad consideró como propios porque sostenían sus principios y dieron a sus socios mayor acceso al poder de los que mantuvo con aquéllos frente a los cuales mostró una profunda desconfianza y sus críticas se tornaron más agudas. Los casos con los que ejemplifica este

contraste son el gobierno peronista de 1973-76 y el militar de 1976-83 comúnmente conocido como el Proceso de Reorganización Nacional.

Por otro lado, en el abordaje de las relaciones de la entidad con cada gobierno faltan indispensables referencias mínimas a la evolución de la política económica argentina. Éstas hubiesen aclarado bien, por ejemplo, por qué la Sociedad calificó de «estatista» e «intervencionista» al gobierno Radical de Arturo Illia (1963-66), las causas de su enfrentamien-to inicial con el gobierno «desarrollista» de Arturo Frondizi (1958-62), y con el Peronismo durante la gestión de Gel-bard en la cartera de Economía (mayo 1973-octubre 1974). Además, al examinar el período del gobierno militar conocido como la «Revolución Argentina» de 1966-73 no toma en cuenta que éste pasó por distintas etapas y que como su política económica no fue uniforme dichas relaciones también variaron.

La obra culmina con un extenso apéndice que contiene cuadros estadísticos y documentos emitidos por la Sociedad Rural que permiten conocer toda la información que se discute más resumidamente en el texto. No obstante las observaciones ya apuntadas. Palomino ha hecho un aporte valioso que ejemplifica los nuevos y alentadores rumbos que con el retorno de la democracia en la Argentina se abrieron para la aún escasa historiografía de sus grupos empresarios.

Raúl GARCÍA HERAS

Universidad de Buenos Aires

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Javier PAREDES ALONSO: Félix Huarte. Fuentes históricas, Madrid, Rialp, 1993,1103

pp., índice onomástico y temático.

Hace muy poco tiempo que estas páginas han sido testigo de un interesante y controvertido debate, en donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar estudios de Historia de la empresa, con el objeto de acercarnos algo más al conocimiento de los momentos en que surgen algunas actividades empresariales y, de forma simultánea, que sirvan para analizar algunas formas de actuación del empresariado español. Quizá sea esta una de las aportaciones más valiosas que posee la recopilación de gran parte de los documentos del archivo de Félix Huarte efectuado por Javier Paredes, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá y experimentado en las lides de la biografía histórica {Pascual Madoz: libertad y progreso en la monarquía isabelina, Pamplona, Eunsa, 1982; Serafín Olave: Fuerista y republicano, Pamplona, Diario de Navarra, 1984), además de gran conocedor del siglo XIX (La organización de la Justicia en la España liberal, Madrid, Civitas, 1990). Presenta en esta obra un preludio de una futura publicación sobre Félix Huarte, conocido empresario de la segunda mitad de nuestro siglo, y mientras realiza la completa biograft'a de esta figura de la vida económica navarra, nos ofrece un amplio volumen con el asiento imprescindible que todo buen historiador necesita para realizar un provechoso trabajo: la recopilación.

clasificación y exposición del archivo del personaje biografiado.

El libro posee tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas presenta la Guía del Archivo, indicando los documentos que guarda cada una de las cajas. En total son 3.374 documentos agrupados en 38 cajas, cuyo contenido es variadísimo en cuanto a temas que pueden consultarse. Discursos en diversos homenajes, documentación referente a su empresa constructora en sus diversas etapas, testimonios documentales de empresas en las que participaba activamente, futuros proyectos empresariales (Imenasa, Perfisa, Aborgam, Aborgase, Inasa, Dipenfa, Filmayer, Papelera Navarra, Torfinasa, Ingranasa...), actuaciones como responsable de la Diputación Foral de Navarra, en vertientes tan variadas como carreteras, el saneamiento de las aguas, industria, hacienda, sanidad, turismo... Actividades, en suma, relacionadas muy directamente con el mundo de la empresa y de la economía en su vertiente pública o privada.

En la segunda parte de la obra están reproducidos un gran número de estos documentos, agrupados por materias, lo que facilita la consulta temática de cada una de las secciones anteriormente mencionadas. Javier Paredes ha seleccionado los documentos que le han parecido de mayor interés, más de mil, para convertirlos en el verdadero meo-

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lio de la publicación y que representan la porción más extensa del libro.

Por último, la tercera parte, incluye un índice temático, onomástico y de conceptos, que facilita más si cabe la puntual búsqueda de los contenidos. Una actuación loable desde la vertiente de lector, muy en la línea del profundo conocedor de fondos documentales —con anterioridad catalogó el archivo particular de la Hermandad de San Gerónimo de Mercaderes de Libros de Madrid—, unido todo a meritísima labor de expurgación.

La información que se presenta es muy útil para estudiar temas todavía oscuros como el proceso de industrialización de la región, la dependencia de la industria española en materia de tecnología, las relaciones laborales durante la República y el Franquismo, evolución de los salarios, las alteraciones sufridas en el poder adquisitivo o los procesos de formación introducidos por el fundador de las empresas, niveles de capacitación de los obreros, mandos intermedios y directivos, etc. Es algo que entraña dificultades en el fondo, por la inexistencia de archivos empresariales a niveles más generales. De hecho, desde su puesto de observación pericial e historiador, nos adelanta un suceso que se constata en gran parte de los archivos empresariales: la recomposición fue una tarea harto complicada, predominando el desorden y desbarajuste, con escasa información y gran discontinuidad en los apuntes estadísticos. En este sentido.

no hay que olvidar que algunos de los proyectos industriales iniciados por Huarte han desaparecido o han cambiado de propietario, circunstancias que favorecen el vaciado y limpieza de las estanterías donde se depositaban los documentos.

La clave que explica la polivalencia y versatilidad de un personaje como Félix Huarte descansa sobre una característica que define a su grupo empresarial: la capacidad para saberse rodear de excelentes colaboradores. El empresario realizó algo de lo que tan necesitado está el mundo empresarial actualmente, como es el tener suficiente habilidad para formar excelentes equipos de trabajo que fuesen capaces de llevar directamente la gestión. Por ello nos permitimos una llamada de atención. La organización empresarial, las funciones y relaciones entre los directores generales, ejecutivos empresariales, técnicos y empleados, son cuestiones en las que habrá que hacer especial hincapié a la hora de estudiar las estrategias empresariales del grupo.

La presentación de la documentación archivada en la primera caja muestra dos grandes bloques temáticos; por un lado, los documentos biográficos, y por el otro, los referentes a la empresa de la construcción de Félix Huarte (pp. 121-192). Naturalmente, con Jo aJJí guardado no se podrá elaborar una historia completa de la empresa, pero sí rehacer algunas secuencias de la historia de Huarte y Cía. Al faltar la documentación relacionada con los

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primeros años de la empresa, 1928-1934, Paredes ha optado por incorporar la información de esos años existente en el Archivo General de Navarra sobre la primera y más importante empresa de Félix Ruarte. Un apunte ilustrativo, aunque sea anecdótico, tuvo lugar durante la Guerra Civil, Huartey Malumbres, nombre de la constructora en su primera etapa, fue acusada por las autoridades franquistas de no prestar ayuda a las tropas sublevadas. Para defenderse la compañía realizó una exposición de sus bienes, que nos ha permitido clarificar el «vertiginoso despegue» de Félix Huarte como constructor.

Un importante segundo bloque lo ocupa la información que hay de otra empresa de Huarte, Industrias Metálicas de Navarra, S. A. (Imenasa, pp. 193-206). Su fundación estuvo en relación con las necesidades de cerrajería que la constructora demandaba, montando un taller mecánico, que sería el punto de arranque de la futura y poderosa industria metálica. Con la finalidad de subsanar la carencia de tradición industrial y la escasez de mano de obra especializada creó, en 1952, una escuela de formación profesional dentro de las instalaciones de la factoría. A pesar de la importancia de la empresa no parece que ésta fuera muy rentable, ya que fije preciso realizar unas inversiones cuantiosas a largo plazo, con escasas expectativas de obtener beneficios en poco tiempo. Los costos de la formación de la mano de obra eran eleva

dos, y en ocasiones las directrices emitidas por los directivos no fueron lo más acertadas, por lo que tardaron bastantes años en convertir Imenasa en una empresa eficiente. Su documentación tiene un interés añadido, porque permite conocer la influencia que tuvo en la creación de otras empresas como Perfrisa, la fábrica de grúas Girling, Torfinasa; y, de una manera más general, posibilita para evaluar su actuación en el proceso de industrialización de Navarra. Además, pensamos que puede ser de gran interés el estudio de la evolución técnica de la empresa y la incorporación que realizó de tecnología extranjera, más aún si pudiéramos efectuar una comparación de factores con el nivel tecnológico del resto de España. Tampoco debe obviarse la interesante documentación aportada sobre series de salarios, que permiten un análisis de las relaciones laborales y los índices de nivel de vida. Incluso se ha conservado parte de la correspondencia de Félix Huarte, que permite adentramos en sus opiniones sobre la promoción social y la conflictividad

laboral. Las referencias sobre la fábrica de

compost que instala en Pamplona (pp. 207-221) constituyen un bloque documental rico en evidencias. La obtención de abono orgánico para fertilizar la tierra mediante la fermentación acelerada de basuras fue otro de los proyectos innovadores del empresario Huarte en años como el de 1958, cuando no existía en España ninguna em-

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presa similar. Aquí vuelve a repetirse la forma de encarar las iniciativas empresariales de otros momentos con el mismo proceso de siempre: tras el conocimiento de experiencias tecnológicas que son operativas en el extranjero, se impulsa el estudio y la viabilidad de las mismas en nuestro país, para terminar implantando esas prácticas industriales en Navarra. En esta ocasión el archivo conserva en su totalidad la documentación sobre esta sociedad, desde la constitución empresarial, la consolidación del equipo técnico, las modificaciones tecnológicas, los acuerdos suscritos con el Ayuntamiento, los elevados costes de producción, el establecimiento de la red comercial, los gastos de inversión y, por último, la crisis y el cierre de la factoría.

En este quinto apartado existen referencias a empresas como Torfinasa, una de las más relevantes del grupo Huarte, y curiosamente de las que menos documentación se ha conservado, frente a una de las mejor documentadas, aunque sin ser completa, como es Inasa. Es una masa heurística interesante no sólo por servir de cauce para conocer la industrialización de la zona navarra de Irurzun, sino también para adentrarse en las estrategias empresariales de Félix Huarte a la hora de buscar colaboraciones con grupos empresariales americanos —en este caso de Louis Reynolds— y situar el papel que jugó la empresa en el conjunto de la industria del aluminio en España. En esta misma línea de contactos con em

presas extranjeras, habría que detallar la aparición de Papelera Navarra y la asociación con la compañía sueca Svenska.

De la apariencia externa de las empresas del grupo Huarte es fácil deducir que fueron negocios muy prósperos y altamente rentables. La experiencia de Papelera Navarra y de Conserna, una cooperativa conservera, presentan la otra cara de la moneda. Tal es así, que su caótica situación económica le llevó a tener que arriesgar su patrimonio para sacarlas adelante, hasta el punto de perder parte de él para salvar la empresa de conservas en una actuación de cierto empecinamiento por querer reanimarla, más que nada por ser la única en Navarra.

También hubo actuaciones fallidas. En la caja XII está la documentación de dos proyectos empresariales que no llegaron a hacerse realidad, pero a los que hago referencia como detalle que puede ilustrar la magnitud empresarial de este hombre de negocios. El primero se centra en los intentos de levantar una industria química; en el segundo se recoge los anhelos de lograr la explotación de unos yacimientos mineros en suelo navarro. En su afán de instalar una industria química en Navarra, de la que tan escasa estaba España, no le detuvieron los obstáculos. Promovió estudios que examinaron las posibilidades reales de los proyectos, análisis detallados de las inversiones a efectuar y su posible financiación... Sólo desistió ante la deslealtad de sus compañeros

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de viaje en la aventura química —la multinacional estadounidense Olin Mathieson, que había entrado en el proyecto americano de los vuelos espaciales—; y la evidencia de la escasísima rentabilidad de los yacimientos mineros.

Otros testimonios, sobre los que pasamos rápidamente por tener una vertiente preferentemente política, son los materiales reunidos para las elecciones a la Diputación Foral; sustancioso fondo que permite ampliar el conocimiento de los entresijos de la trama política navarra en la década de los sesenta. Desde 1958 le rondaba la idea de presentarse a ellas y de hecho en 1962, la empresa Huarte realizó un estudio sobre el «Plan de Desarrollo de Navarra». Como era habitual en este hombre de empresa, el trabajo de prospección lo encargó a un equipo de primera categoría. La dirección estaba a cargo de Manuel Várela Parache, y estaba formado por Félix Várela, José Luis Ugarte, Arturo Pina, Gabriel Solé y Luis Ángel Rojo. Con el tiempo el grupo se fue aumentando con investigadores del CSIC, coordinados por Valentín Hernando, que examinaron la situación agropecuaria de Navarra.

Aquel constante afán de encontrar nuevas vías para el desarrollo económico de su tierra, le llevaron a realizar una vez más estudios que analizaran la situación de la agricultura y la ganadería navarras, para imponer una gestión y un programa acorde con las perspectivas económicas que demandaban los nuevos tiempos. Estos análisis, que no

olvidaban las cuestiones tecnológicas, examinaban un amplio espectro de actuaciones, desde los sistemas de rotación, hasta los usos de fertilizantes, pasando por los tipos de suelo agrícolas, la selección de semillas, los sistemas de cultivos o, incluso, la constitución de cooperativas y la comercialización de los productos agrícolas. Todo este material está concentrado en una sección rotulada con el título de Sector Primario en Navarra (pp. 645-689).

La información sobre aspectos de la vida económica navarra más conectados a su época de diputado foral se guarda en otro fondo. Uno de los temas, que provocó una gran virulencia en la Navarra de aquel entonces, fue el expediente de la depuración de las aguas residuales. En este sentido, se puede decir que Huarte se erige en un adelantado a su tiempo. Es conocido que en el río Arga, a su paso por Pamplona, desembocaban todos los colectores que recogían los residuos urbanos e industriales; también es sabido que la capital navarra destacaba por ser una de las ciudades españolas con mayor número de afectados por enfermedades paratíficas. Ambas cuestiones coadyuvaron a que Félix Huarte se planteara la realización de análisis de las aguas. Éstos no hicieron nada más que confirmar la evidencia: el abuso sempiterno de muchos industriales, que no querían someterse a la mínima legislación existente por aquel entonces en materia de depuración de aguas residuales, convertían al río en una

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cloaca y germen de infecciones. El ayuntamiento no hacía nada por evitar esa situación aunque le era bien conocida; la complicidad de las autoridades locales con los industriales implicaba una permisividad que se inhibía ante el continuo ataque a la preservación del medio ambiente. Para el profesor Paredes hay algo interrelacionado. Basta con superponer el mapa donde están localizados los vertidos industriales con el de las fobias que desató la personalidad de Félix Huarte, para entrever alguna de las causas que le hicieron impopular entre determinados grupos de empresarios, los cuales no querían acatar los controles respecto a la depuración de los residuos industriales.

En definitiva, Javier Paredes ha realizado una excelente labor de recopilación y catalogación de una documentación que presenta aspectos fundamentales para conocer el desarrollo económico de Navarra, junto a la ya mencionada actividad empresarial de Félix Huarte. El libro tiene una buena introducción general y unas excelentes reseñas, que sitúan los documentos en

su contexto, relacionando las fuentes con otros aspectos de la vida política y social. Queda muy completo al incluir el detalladísimo índice onomástico y temático que se presenta al final del volumen (pp. 1050-1103). Sí, puede aducirse, que los soportes informáticos aligeran y allanan las grandísimas dificultades que este tipo de trabajos tenían hace unos años; pero a pesar de ello, no deja de ser encomiable la paciencia que ha debido emplear al incluir una tabla de tal calibre. Por último, destacar el esfuerzo de la editorial por realizar una presentación e impresión de tal magnitud; en estos momentos de recortes presupuestarios por todas partes, donde los empeños editoriales tienen a veces más de aventura quijotesca que de negocio empresarial, es de justicia alabar la osadía de lanzar a la imprenta un trabajo de tal envergadura, cuando no es un libro de masas y va dirigido a una estrictísima minoría de historiadores e investigadores.

Juan Manuel MATES BARCO

Universidad de Jaén

Hervé MONET y Jean-Jacques SANTINI: L 'economie britanique: le libéralisme a l'épreu-vedesfaits, Nathan, París, 1992, 208 pp. (tiene bibliografi'a).

Para hacer esta historia económica de trece años de política económica liberal británica, los autores han tomado sin duda la mejor postura, juzgarla a partir de sus logros y fracasos, teniendo un sólido conocimiento de los hechos.

instrumentos y evolución/variación de los agregados económicos fundamentales. El libro se abre con un capítulo introductorio sobre el proceso indus-trializador británico desde finales del siglo XVIII hasta la segunda guerra mun-

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dial. Para continuar después con la descripción del lento pero constante debilitamiento económico en relación a otros países industrializados a partir de este último acontecimiento. Quizá el indicador más significativo del período sea el lento crecimiento de la productividad. Casi la mitad que Francia y tres veces menos que la de Japón. Este indicador pone de manifiesto la constante pérdida de competitividad de los productos británicos, lo que a su vez incidió en un menor desarrollo de la producción. También la rigidez del mercado de trabajo, tipos de interés elevados y una política económica equivocada que desincentivó la inversión industrial explican el proceso de decadencia para los autores. Un período que también se caracteriza por la presencia de constantes tensiones in-flacionistas, pero eso sí, con pleno empleo en la mayor parte de la etapa. El comienzo de la gestión laborista, en 1974-75, se caracteriza por la elevación de los impuestos, crecimiento notable de los servicios sociales y el reforzamiento de los controles de precios. Las tensiones inflacionistas de esta política amplificaron los efectos de la primera crisis del petróleo. La libra se devalúa entonces en los mercados internacionales. En 1976 el gobierno ha de endurecer su política monetaria y presupuestaria, lo que deja en el olvido para los presupuestos de los años 1978-79 con motivo de las elecciones. A pesar de todo, esos años se caracterizan también por los graves desacuerdos con

los sindicatos sobre topes salariales, las duras huelgas de 1979 y fuertes tensiones inflacionistas.

En mayo de 1979 es elegido el primer gobierno Thatcher que, conforme a las tesis monetaristas, buscó a través de la reducción del papel del Estado en la economía y un incremento de la capacidad de adaptación del aparato productivo, un crecimiento económico no inflacionista y constante. Se tomaron en más de diez años diversas medidas con éxito diverso que los autores analizan y juzgan por lo general al terminar cada capítulo. En la política de oferta las modificaciones más importantes fueron dos: la reforma del mercado de trabajo, que ganó con el curso de los años una flexibilidad notable, y una modificación profunda de la fiscalidad, esta última buscando neutralidad para no afectar las elecciones de los agentes económicos. La fle-xibilización del mercado de trabajo no ha traído, y esto es importante señalarlo, un incremento de los niveles de empleo, exceptuando un corto período en el que esta política parece tuvo incidencia positiva, las tasas de paro se han mantenido por encima del 10 % y no ha descendido nunca a los niveles inmediatamente anteriores al primer gobierno Thatcher, que era de un 6 % de la población activa como máximo. No obstante haber reducido enormemente la protección laboral y el poder sindical. Se pusieron en práctica dos programas especiales de lucha contra el paro; eran programas de formación

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para parados de larga duración y jóvenes. Han tenido bastante éxito, a diferencia de los programas españoles del mismo tipo. En los seis meses posteriores a la formación casi tres quintas partes de las personas habían encontrado empleo o seguían una formación.

Con respecto a la política fiscal y al igual que en EE.UU. los impuestos directos fueron rebajados notablemente, las bases imponibles aumentadas y el sistema en general simplificado. Fueron modificados también el sistema de cotizaciones sociales y el régimen impositivo de las familias con la finalidad de estimular el ahorro y aumentar la oferta de trabajo. Muy importantes han sido los cambios introducidos en el sector público. Sobre todo han reducido su peso en la actividad económica, pero también han aumentado su eficacia y se han transferido al sector privado un número importante de empresas. Para aumentar la eficacia se tomaron varias medidas, entre las cuales podemos destacar algunas: medición de producción, lo que incluyó varias decenas de indicadores de calidad, en relación a los recursos utilizados; la introducción de la competencia en el sector público, tanto con el sector privado como competencia entre diversos servicios públicos, y un reforzamiento de los controles externos para garantizar la eficacia en el gasto. En la política de privatizaciones, aparte de reducir el papel del Estado, se buscó también desarrollar el accionariado popular e incrementar la participación de los traba

jadores en la gestión de las empresas y finalmente reducir el poder de los sindicatos. Entre las más relevantes y problemáticas de las privatizaciones están las de las empresas distribuidoras de agua y las empresas de electricidad, esta última muy compleja, así como la de British Telecom. Los resultados para los usuarios de empresas de servicios públicos no parecen haber sido muy satisfactorios. El paso a manos privadas se realizó de dos formas: ventas en bolsa y ventas directas. Como resultado, en gran parte por las privatizaciones, en 1992 un 20 % de la población adulta es propietaria de acciones, frente a un 4,5 % en 1984. Lo que en su tiempo se llamó «capitalismo popular», entre otros nombres. El resultado de esta y otras políticas como la fiscal ha tenido por efecto un saneamiento notable de las finanzas públicas.

Otro elemento digno de señalar es la reducción o desaparición de los controles administrativos que existían en 1979, lo que sin duda ha aumentado la eficacia del sistema económico.

Como resultado de la política de los sucesivos gobiernos conservadores dos cambios fundamentales deben citarse: la destrucción de gran parte del tejido industrial y la modificación profunda de las estructuras de empleo, con un descenso notable del empleo dependiente de la actividad industrial y crecimiento importante en el sector de servicios y del trabajo por cuenta propia, aparte del ya citado agravamiento de la cantidad de personas desempleadas.

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Los autores, al hacer un balance de conjunto, manifiestan pocas dudas con respecto al resultado de la política liberal. La capacidad competitiva de la economía británica ha crecido notablemente, han mejorado sus perspectivas y posibilidades, pero existen problemas graves, gravísimos, que tienen una muy difícil solución.

Quizá añadir por nuestra parte que de estos éxitos y fracasos los gobiernos y las grandes corporaciones inteligentes han sacado consecuencias notables. La desindustrialización británica, especialmente el hundimiento de la industria de máquinas-herramienta, es uno de los motivos que ha llevado a las grandes corporaciones japonesas a realizar una enorme inversión en investigación y desarrollo, de tal forma que, a pesar de transferir a otros países instalaciones y plantas, las

actividades industriales con alto valor añadido permanecen en suelo japonés, por lo que los niveles de empleo apenas se ven afectados y la competiti-vidad de su industria sigue y seguirá siendo una de las mayores del mundo, y eso con contratos de empleo, en las grandes corporaciones, con casi la duración de una vida. Los dirigentes de las grandes empresas y políticos japoneses intentan evitar lo que llaman «error inglés».

En una síntesis apretada como ésta es difícil dar cuenta de todo lo que dicen los autores; sin embargo, las diferencias y semejanzas con respecto a la situación española quizá animen finalmente a algún editor a publicar en castellano este excelente libro.

Juan Carlos FRIAS FERNÁNDEZ

Universidad de Valladolid

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REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Presidente: Luis SÁNCHEZ AGESTA

Director: Francisco RUBIO LLÓRENTE ^ecretóno; Javier JIMÉNEZ CAMPO

SUMARIO DEL AÑO 14 NÚM. 42 (septiembre-diciembre 1994)

ESTUDIOS MANUEL ARAGÓN REYES: U Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea: la reforma de

la Constitución. BAKIOLOMÍCLAVEHOSALVADOR: Derecho débil (Manifiesto sencillamente federal)

RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO: Distribución de competencias ejecutivas y sistema administrativo en el

Estado Autonómico. . P • VITELIO TENA PIAZUELO: Derechos Históricos y Autonomía Financiera: Los Temiónos torales como

especialidades en el sistema de financiación autonómica • • i n MARKUS GONZÁLEZ BEILFUSS: Delimitación de competencias entre el Tribunal Constitucional y el Le

gislador Ordinario en el restablecimiento de k igualdad en k Ley.

JURISPRUDENCIA

Estudios y Comentarios VÍCTOR FERRERES COMELLA: El principio de igualdad y el .Derecho a no casarse» (a propósito de k

STC 222/92) F. JAVIER MATIA PORTILLA: Delito fkgrante e mviokbilidad del domicilio (Comentario a k Sentencia

del Tribunal Constitucional 341/199}). , , , , , „„.,/.„ l„ CARLOS AGUILERA SILLER: Constitucionalidad o inconstitucionalidad de ks normas que regukn k

prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos con renta congelada.

Crónica Por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid.

CRÓNICA PARLAMENTARIA

Por NICOLÁS PÉREZ-SERRANO

CRÍTICA DE LIBROS

RICARDO CHUECA RODRÍGUEZ: De mayorías y minorías (En tomo a Minórame e ÍAaggiorame» de

Akssandro Pizzorusso).

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

Noticias de libros Revistas de Revistas

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_ . 4.500 ptas. España _„ 1 Extranjero ••••_••• . ;;;;;; 1.600 ptas. Numero suelto España ^ Número suelto Extranjero

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REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (NUEVA ÉPOCA)

DIRECTOR: Pedro DE VEGA GARCIA

SECRETARIO: Juan J. SOLOZÁBAL ECHAVARRIA

SUMARIO DEL NÚM. 86 (octubre-diciembre 1994)

ESTUDIOS

Domingo GARCÍA BELAUNDE; La interpretación constitucional como problema. Enrique ÁLVAREZ CONDE y Enrique ARNALDO ALCUBILLA: De nuevo sobre el procedimiento electo

ral uniforme. M.' Luisa ESPADA RAMOS: Asilo e inmigración en la Unión Europea. José AGOSTA SÁNCHEZ: La articulación entre representación, Constitución y democracia. Génesis, crisis

actual y Constitución española. Eduardo TARNAWSKI GESLOWSKA: El tiempo de las democracias inciertas. Carlos MIGUEL HERRERA: La polémica Schmitt-Kelsen sobre el guardián de la Constitución.

NOTAS

J, ViLAS NOGUEIRA: Identidad cultural conflicto cultural y violencia. Josep M. COLOMER: Teorías de la transición. Francesco LEONI: las raíces del nacionalismo italiano. Guillermo MÁRQUEZ CRUZ: Bases para el estudio de la inestabilidad política en los Gobiernos

locales. Lourdes LOPEZ NIETO e Irene DELGADO SOTILLOS: Innovación urbana española: ¿Una nueva clase

política? Manuel Alvaro DUEÑAS: «La palanca de papel». La intervención de créditos: Un mecanismo de repre

sión económica durante la guerra civil española.

CRÓNICAS Y DOCUMENTACIÓN

Geoffrey K. RoBERTS: Sistema de partidos y Parlamento en Gran Bretaña, 199}.

RECENSIONES. NOTICIAS DE LIBROS


España 4.800 ptas. Extranjero 61 $ Número suelto España 1.400 ptas. Número suelto Extranjero 22 $

Suscripciones y números sueltos:

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Fuencarral, 45, 6.' 28004 MADRID

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Director: Eduardo GARCIA DE ENTERRÍA

Secretario: Fernando SAINZ MORENO

SUMARIO DEL NÚM. 135 (septiembre-diciembre 1994)

ESTUDIOS

V.GARMDO FALLA: El concepto de servicio público en Derecho español. J. M.' BOQUERA OLIVER: Insusceptihilidad de la suspensión de la eficacia del acto administrativo. J. TORNOS MAS: Potestad tarifaria y política de precios. T.QUINTANALÓPEZ: La responsabilidad del Estadio legislador J. M.- GiMENO FELIU: Sistema económico y derecho a la libertad versus reservas al sector publico de

actividades económicas. _ A. SERRANO DE TRIANA: La fragmentación delDerecho administrativo español

JURISPRUDENCIA

I. Comentarios monográficos

P. MAYOR MENÉNDEZ: Una reflexión sobre la función del Juez nacional ante la contradicción derecho

interno-derecho comunitario. , , , ; j j j „ - ,*„>,.,„ S. GONZALEZ-VARAS IBAREZ: Criterios sobre el control judicial de la discrecionalidad adminstrativo a

la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de U CE y otras enseñanzas procesales del De-

recho comunitario. , I J - Í J . U A ^ C. PADROS REIG y J. ROCA SAGARRA: La armonización europea en el control ,ud.c.al de la Ad

ministración: El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. J. M. GimÉRREZ DELGADO: El Fuero territorial del Estado y otras Entidades publicas: Histona, razón

de ser y plena vigencia en nuestro ordenamiento.

II. Notas

Contencioso-administrativo

A) En general (T. FoNT i LLOVET y J. TORNOS MÁS). B) Perion<j/(R. ENTRENA CUESTA).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN Y DICTÁMENES

BIBLIOGRAFÍA


. 4.800 ptas. España AI t Extranjero ._....._. - - ; j 70O ptas. Numero suelto España •" Número suelto Extranjero


CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Fuencarral, 45,6.' 28004 MADRID

REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS

Director: Manuel DiEZ DE VELASCO, Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS

y Araceli MANGAS MARTIN Directora ejecutiva: Araceli MANGAS MARTIN

Secretaria: Nila TORRES UGENA

SUMARIO DEL VOLUMEN 21, N U M . 3 (septiembre-diciembre 1994)

ESTUDIOS

Torsten STEIN: La sentencia del Tribunal Constitucional Alemán sobre el Tratado de Maastrichl. Ángel BoiXAREU CARRERA: El principio de subsidiariedad. Margarita ROBLES CARRILLO: La posición del Tribunal de Justicia en el Tratado de la Unión Europea:

Alcance y consecuencias de los arts. C. y L. José María FERNÁNDEZ MARTÍN: El principio de tutela judicial efectiva de los derechos derivados del

Derecho Comunitario. Evolución y alcance.

NOTAS

Manuel PÉREZ GONZÁLEZ: La «onda regional» en Bruselas y el ámbito del poder exterior. (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 16^/1994, de 26 de mayo.)

Manuel LÓPEZ ESCUDERO: Las reglamentaciones anticompetitivas. (Comentario a las sentencias del TJCE de 17 de noviembre de 1993, as. MENG, OHRA y REIFF.)

Ana SALADO: El Protocolo de enmienda núm. 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Juliette VAN DOORN: La progresiva comunitarización del Convenio de Bruselas.

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

CRÓNICA

BIBLIOGRAFÍA

DOCUMENTACIÓN


España 4.500 ptas. Extranjero 61 $ Número suelto: España 1.600 ptas. Número suelto: Extranjero 22 $


CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Fuencarral, 45, 6.' 28004 MADRID

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Plaza de la Marina, 9

28071 MADRID

EL TRIMESTRE fX] E C O N Ó M I C O ^ COMITÉ DICTAMINADOR: Cwk). Baxdmch P. Alejandro Ca8»ñ j^B«*mlnCor tw^^ John Soott. Lucia Segovia. Rodolto da la Tofra. CONSEJO E D I T O R W J Ednw L f ^ J ^ ^ ^ ^ ' Qarardo Buano. Enrique Cárdena*. Arturo Femándaz. f ^ ' ' » ^ " ; ^ ^ ! ^ ! ^ ^ ^ ^ Roberto Frenkel, Ricardo Hausmann, Albert O. Hinchman, David Ibarra. Frandaoo ' f P « ' ' « T f ^ Maktonado, José A. Ocampo. Luis Ángel Rojo Duque. Qert f ^ » * ' * » ' - P • f ^ • " * ' " ' ^ J ! * ? ^ ^ Francisco Sagastl, Jaime J<¿é Serra. Jeiús Silva Herzog Flores, Osvaldo Sunkal. Carlos Tallo. Ernesto

Director Carlos Bazdresch P. Subdirector Rodolfo de la Torre Secretario de Redacción: Guillermo Escalante A.

Vd. LXI (2) México, Abril-Junio de 1994 ^""'- ^^

ARTÍCULOS

Fausto HenWIndez Trillo EstímacAV. ,nd6g»na M npudh er> melados « * e . ranos <*cré(W0

Daniel Vlllavicenclo y Rlgaa ArvanHI* Transfr^ia da ' ^ « ^ « ^ ¿ « S ^ ^ ^ f c ^ í * * ^ ^

Marta Bakerman La W»9rw*V» er» eí Cor» Sur y su» i^ngM» ecoTKVn/-caspotsneMespam M aoonomla bnvma

Lula cabeza, vega y AnnVMerp— » * ' ' » ^ ) ' « ^ * * f ^ J Í ^ Í ? ! ^ "^ oamtnunMPfú. Aplicación da immtloiJo no pm

métrico

NOTASYCOMENTARIOS:AdoltoFigueroa.L.r«mr.teaol./rr»rca<to<aboíj^ GRÁFICAS: Cartos Javier Maya Ambla: ChristophafColctoughyJan^^^^ or Uarkata? Nao-übaraliam and tha Davalopmant Policy Dabata. DOCUMENTOS. Declaraaon oe. Consejo InterAcckin

EL TRIMESTRE EooNÓMCo aparece en tos mases d . enero, abril, julfoyotíub^ cue«aN$100.00. Númarosuelto N$35.00. indtoes de números 1-200 (por autoras y temáttco) N»/.so

Precio da suscripción por un afto, 1994

España. Centro y Sudamtrica ' ' • « ° * ' ' ™ * ^ fdiiMBr»»; í<*«ar»»;

3500 <2.00 '^I??^ . 1200 18.00

Numero suelto !f-ri en QO Indtoe da números 1 -200 ™ ' * '

49 no 120.00 Unlvarskladas.biblk>tecasainstituck>nes ^ " ^ ^ O Q

Número suelto »•<» Z I ? Fondo decultura Económte..car,«.raPte«*«A|usco227.Cot.B«2i« 1«00 Méxtoo. O.F. Suseripctones y anuncfos: tolétono 227-46-70. señora Irma Barron.

Una revista trimestral, de ciencias sociales sobre la agricultura, la pesca y la alimentación

ABRIL W 4 •'" '° 1994

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Coordinan: JOAN ROMERO Y MARO MORMONT

ESTUDIOS Marc Mormont «La agricultura en el espacio rural europeo». Clive Potter «La reforma medioambiental de la PAC: Análisis y crítica del paquete MacSharry». Michael Redclift «Los sistemas agrarios y el medio ambiente en el Reino Unido y en el continente europeo». Guy M. Robinson «Dimensiones medio ambientales de la política agrícola común en el Reino Unido». Jean Paul Billaud «De la solución negociada de los conflictos a la negociación institucional: la

agricultura busca una nueva legitimidad». F. Vera y J. Romero «Impacto ambiental de la actividad agraria». J. Cruz Villalón «La agricultura en las zonas húmedas mediterráneas». Pablo Campos «El valor económico total de los sistemas agroforestales». Philip Lowe y Neil Ward «Agricultura y medio ambiente: temario sociológico».

BIBLIOGRAFÍA

CONVOCATORIAS

Director: Cristóbal Goma Benito. Suscripción inual par* 1994

Edita. Soreíai-ía Gemal Técmca _ Anuil p « . esuidUmo. 4.J00 Jui. Ministerio de Agricultura. Pesca y _ Anual púa extranjero 8.500 pui. Alimentación. — Número meUo 2.000pt««.

Solicitudes: A través de librerías especializadas o dirigiéndose al Centro de Publicaciones del Ministerip de Agricultura. Pesca y Alunentación. Paseo de la Infanta babel, 1. 28071 • MADRID (ESPAÑA).

e V i

HISTORIA INDUSTRIAL

s 1994

J . M . ' V E G A R A ,

Cambio tecnológico, aná

lisis económico e historia.

La aportación de Nathan Rosenberg.

J. MALUQUER DE MOTES, El índice

de la producción industrial de Cataluña.

L. ORTEGA, Los límites de la

industrialización en Chile.

A. CuBEL, Los efectos del

gasto del Estado en la in

dustria de construcción naval militar

en España A. SANTAMARÍA GARCÍA, La

crisis financiera de 1920-1921 y el ajuste

al alza de la industria azucarera cubana.

NOTAS DE INVESTIGACIÓN • RECENSIONES • NOTICIA BIBLIOGRÁFICA

NOTICIARIO

HISTORIAAGRARIA Revista Semestral del Seminario de Historia Agrario (SEHA)

« w i R O - j u N i o i » y ^ » N . " y

DEBATES DEL SEHA: El crédito rural como factor de cambio agrario TELLO ARAGAY, Enric: El papel del crédito rural en la agricultura del Antiguo Régimen: desarrollo y crisis de las modalidades crediticias (1600-18S0). MARTÍNEZ SOTO. Ángel Pascual: El papel del crédito y la fmanciación en la agricultura capitalista (18S0-1970). Una primera aproximación a un campo multifactorial.

ESTUDIOS WINDLER-DIRISIO, Chrístian: Campesinos pobres y absolutismo reformista. DE LA TORRE, Joseba: Coyuntura económica, crédito agrícola y cambio social en Navana, 1750-1850. GARRIDO HERRERO, Samuel: Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política estatal sobre cooperativismo en los inicio* del siglo XX.

FUENTES GUTIÉRREZ BRINGAS. Miguel Ángel: Los cuadernos generales de la riqueza (1818-1820): La localización de una fuente histórica en Espafla.

BIBUOGRAFIA MORGAN, Raine: Lisu y revisión de artículos sobre la historia agraria de Gran Bretaña e Irlanda. 1992.

ENCUENTROS • CRITICA Y RESEÑA DE LIBROS - TESIS DOCTORALES Y PROYECTOS DE INVESTIGAOON - N O T i a A S DEL SEHA

CONmO DE REDACCIÓN: Cariof Barcida (Univ. de AlicMe), Lounmo ftnéaiez Prieto (Univ. de Salido de Ccmpoarii). Ranón Gambou (Univ. Aulónoim de Bvcelona), Manuel González de Molina (Univ. de Gnna-daX loif M. Mmúaez Caridn (Univ. de Murcia). Jeidí MilUn (Univ. de Valencia). Mvia Tereía IVnz Picazo (Unv. de Mareia), Vicente PÍMlla (Univ. de Zar^ou). Ricardo Robledo (Univ. de Salnunca), Joié A. SobMián Amarilla (Univ. CoaplManae de Madñd). Juan Franciico Zanfarana (Univ. de Mil^a).

'. J. M. MaMfaea Canión. Dplo. de Sociolo((a e Hinoria Ecanómica. Facakad de Cienciai Eoonómicai y Empcaañak*. UNIVERSIDAD DE MUROA. O. Ronda de Levme. 10 - 30001 MUROA.

SUSCUPCIONBS: INTERCAMBIO: SEMINARIO DE HISTORIA AOtARIA (SEHA) Sacmuúdo da PuMiaciaMa • Imarcamtaio CSaodSoo

i*'amdmEc;miaicmjtmf.mtíUlm UNIVERSIDAD DE MWICIA Unvanwaa da yamirit

C/. Dr. Canda. 1. E-SOOOS Zangau ^- S*"*" Cnaio. 1 TaUtaMS (TK) 233SS1 6 231M1 300OI MUROA (ESPAÑA)

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