Revista Centroamericana de...

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Función Pública: acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad social

VERSIÓN DIGITAL

ISSN 2215-3047 No. 62: enero-junio/2012

No. 63: julio-diciembre/2012 URL:http//biblioteca.icap.ac.cr/icap/62-63/contenido.pdf

Revista Centroamericana de Administración Pública

en este número

artículos Gobernanza pública: el desafío

de la participación ciudadana, la rendición

de cuentas y la responsabilidad social para servicios públicos en el nuevo

milenio p.9

La profesionalización de la Función Pública: el desafío

inconcluso para el fortalecimiento de la

gestión pública p. 25

Apuntes regionales

para la discusión: la Administración Pública Centroamericana y sus

recursos humanos p. 39

Tendencias de la Nueva Gestión Pública para la administración pública

centroamericana p. 61

Cuando la administración pública es cuestión de vida

o muerte p. 75

El proceso y las acciones

en el análisis de las políticas públicas

p. 123

Jonas Rabinovitch Presenta un nuevo y reciente paradigma para la administración pública que se caracteriza por el uso innovador de las TIC’s incrementando la transparencia y la prestación de servicios por los gobiernos, y basado en modalidades mejoradas de interacción social integrada. Gregorio Montero Montero Identifica los desafíos que enfrenta el Estado y la Administración Pública y destaca la importancia del rol de los recursos humanos meritocráticos y profesionalizados en la gestión de las políticas públicas. Mercedes Iacoviello Sistematiza la evolución de los servicios civiles en el Istmo centroamericano y República Dominicana en el período 2004-2012 enfatizando las estrategias de profesionalización, las lecciones aprendidas, los retos pendientes y los acuerdos normativos. Harys Regidor-Barboza Repasa las tendencias transformadoras de la Administración Pública que marcaron el siglo XX y que han generado, tanto distorsiones como avances en la administración de lo público, haciendo hincapié en la nueva gestión pública como un enfoque innovador. Alberto Delgado Paniagua A partir de las lecciones aprendidas en cuanto a crisis, emergencias y desastres propone la sistematización de las mismas para incorporarse a la gestión de crisis, abocando por la responsabilidad institucional de la administración pública ante estos eventos. Federico Rivera Romero Analiza desde diferentes enfoques teóricos las acciones de los actores sociales en el proceso de las políticas públicas: problema, agenda, formulación de la política, toma de decisiones, implementación, evaluación y comparación de la política.

Continúa…

ICAP"Haga clic sobre el artículo que desea consultar"

…viene

De Sísifo a Hércules: la construcción de sistemas

de evaluación de desempeño en las

organizaciones públicas modernas

p. 151

Una nueva generación de sistemas de evaluación de desempeño en

América Central. Panoramas de un recorrido reciente

p. 171

cifras

Estadísticas de servidores públicos de Centroamérica,

Panamá y República Dominicana p. 189

documentos

Logros y retos de la Contraloría General de la República de

Costa Rica en el ejercicio de su potestad

sancionatoria por faltas cometidas en concepto de

cargos de corrupción, rendición de cuentas y

transparencia en la función pública

p. 255

La institucionalización del acceso a la información y la rendición

de cuentas en el Órgano Ejecutivo de El Salvador

p. 299

El derecho de acceso a la información pública y la

existencia de herramientas que posibilitan la

transparencia en la gestión administrativa en Costa

Rica. Una visión legislativa p. 357

Ana Laura Rodríguez Gustá Expone un nuevo enfoque de evaluación del desempeño orientado al aprendizaje organizacional y al crecimiento personal. Ana Laura Rodríguez Gustá Examina las características de una nueva generación de sistemas de evaluación de desempeño en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. ICAP

Presenta estadísticas recientes de las características de los servidores públicos de los países integrantes del Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Jennifer Isabel Arroyo Chacón Muestra los resultados obtenidos de los procedimientos disciplinarios instaurado por la Contraloría General de la República de Costa Rica, en virtud de faltas tipificadas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, aprobada en el 2005-2006. Varinia Arévalo Quinteros Documenta la experiencia de El Salvador en la institucionalización del acceso a la información y la rendición de cuentas. Jorge Córdoba Ortega Estudio de situación del acceso a la información en Costa Rica, analizando el avance que ha tenido la regulación de este derecho fundamental en este país.

Continúa…

…viene

Derecho de Acceso a la Información Pública.

Herramientas para la Gestión de la Transparencia y la

Rendición de Cuentas p. 409

Un acercamiento a la experiencia

panameña en innovación tecnológica, participación

ciudadana y responsabilidad social p. 451

Evolución administrativa en

Costa Rica: de las Unidades de Organización y Métodos hasta las Unidades de Planificación

Institucional p. 461

Centro de Transparencia

en Contrataciones y Adquisiciones de la República

de Honduras p. 479

el icap en Centroamérica

Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y

República Dominicana p. 503

referencias p. 511

Lineamientos para los

colaboradores de la Revista Centroamericana de

Administración Pública del ICAP p. 515

Ruth Piedra Marín Sistematiza la experiencia de la Dirección General de Servicio Civil con respecto a la aplicación de instrumentos en cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Nicolás Jerome Destaca la importancia de las Tecnologías de la Información, TIC’s, en la gestión pública para promover la participación ciudadana y la responsabilidad social, haciendo alusión a la experiencia panameña.

Rolando Bolaños Garita Revisa las estructuras administrativas del Gobierno de Costa Rica y sus potestades para liderar un proceso de modernización a nivel de toda la administración pública, bajo la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional. Héctor Martín Cerrato Documenta la creación del primer Centro de Transparencia en Contrataciones y Adquisiciones de Honduras, el que permite mostrar su quehacer en la promoción de la transparencia con el apoyo de las TIC’s.

ICAP Describe los antecedentes del Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana y el desarrollo de la celebración del XVI Foro de la Función Pública.

ICAP Incluye referencias relevantes sobre el tema de esta revista.

ICAP Instrucciones para los colaboradores de la Revista Centroamericana de Administración Pública que edita el ICAP.

ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (60-61), 2011 6

Revista Centroamericana de Administración Pública No. 61: enero-junio/2012 No. 62: julio-diciembre/2012

♦ Directora Rethelny Figueroa de Jain Coordinadora Técnica y Directora Subrogante del ICAP, Nicaragüense, Instituto Centroame-ricano de Administración Pública, ICAP

♦ Editora Rethelny Figueroa de Jain ICAP

♦ Comité Editorial ° Rethelny Figueroa de Jain

ICAP

° Alan Henderson García Coordinador del Área de Gerencia Social, Costarricense, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP

° Fremi Mejía Canelo Coordinador del Área de Gestión de Políti-cas y Negociaciones Internacionales, Do-minicano, Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP

° Ramón Rosales Posas Coordinador del Área de Gerencia de Pro-yectos, Hondureño, Instituto Centroameri-cano de Administración Pública, ICAP

♦ Coordinación Programa Editorial Rethelny Figueroa de Jain ICAP

• Para suscripciones, canje y solicitudes, escribir a Revista Centroamericana de Administración Pública, ICAP, Apartado 10.025-1000, San José, Costa Rica, C.A. Fax: (506) 2225-2049. Correo electrónico: [email protected] Web site: http://www.icap.ac.cr

El proceso globalizador ha propiciado un cambio de para-digmas en diferentes aspectos sociales, económicos y políticos en general. En particular, la ad-ministración pública ha experi-mentado transformaciones en el aparato estatal y en la gestión, constituyendo una agenda más orientada al mejoramiento de los servicios, con gran énfasis en la efectividad de las políticas públi-cas, en el fortalecimiento de la función pública, en la democrati-zación del aparato gubernamen-tal, con el objetivo de afianzar una verdadera ciudadanía.

El legado de la Adminis-tración Pública de años anterio-res, contrasta con las reformas administrativas que tuvieron lugar recientemente para concretar una nueva gestión pública. Así, con la democratización de la gestión pública, emerge un mayor control del quehacer del gobierno por parte de la ciudadanía, es decir, se convierte en una obligación del gobierno, la rendición de cuentas.

mailto:[email protected]�http://www.icap.ac.cr/�


editorial

Las redes sociales tam-bién forman parte importante de este proceso de actualización en la administración pública, porque son el medio por el cual existe una comunicación fluida, recep-ción de consultas y respuestas, aunando la notificación de avan-ces, y las convocatorias de parti-cipación ciudadana, acercando el vínculo gubernamental-adminis-trativo con la sociedad civil, pro-moviendo acciones responsables en el buen manejo de los recur-sos y la correcta implementación de las políticas públicas, siempre en pro del desarrollo y bienestar de la población.

El ICAP como institución al servicio de la Región y concor-dante con su Plan Estratégico 2011-2015, presenta en estos números el tema “Función Públi-ca: acceso a la información, transparencia, rendición de cuen-tas y responsabilidad social”, ex-poniendo diferentes textos de expertos que fundamentan su experiencia para ejemplificar los avances y retos que presenta la realidad de la Región.

Asimismo, se les exige a las auto-ridades gobernantes, transparen-cia en los procesos, los que de-ben ser visibles divulgando, tanto los datos con respecto a las acti-vidades propias del quehacer gubernamental, como la informa-ción concerniente a los individuos que ostentan las diferentes posi-ciones en los gobiernos.

Este nuevo accionar es lo que se conoce con el nombre de gobierno abierto, el que con el apoyo de las nuevas tecnologías de información y comunicación y de normativa apropiada para el acceso a la información, han hecho que la gestión pública in-cursione de manera más cercana, en la participación ciudadana y en la agilización de procesos para la entrega de bienes y servicios a la sociedad. El tema de gobierno electrónico se ha posicionado como uno de los grandes avances dentro de la función pública, fo-mentando el desarrollo de una sociedad vinculada a la gestión, tanto de la información como del conocimiento, de forma inclusiva e integral.


Revista Centroamericana de Administración Pública

♦ La Revista Centroamericana de Administración Pública es una revista abierta a todas las

corrientes del pensamiento administrativo y público que aboga por el desarrollo de la dis-ciplina en Centroamérica.

♦ La Revista Centroamericana de Administración Pública está incluida en:

o Los Indicadores Bibliométricos de la Bibliografía Latinoamericana de la Universidad Autónoma de México: http://biblat.unam.mx/index.html

o La base de datos de la Red de Naciones Unidas en Administración Pública conoci-da como UNPAN por sus siglas en inglés: http://unpan1.un.org/intradoc-cgi/idc_cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=STANDARD_QUERY_PAGE

o Servicio de Información y Documentación Agropecuario de las Américas SIDALC: http://www.sidalc.net/

o METABASE: Bibliografía en Red: http://www.metabase.net/busqueda2bib.phtml?qm=a

o En la biblioteca del Centro de Recursos de Información y Aprendizaje, CRIA, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. http://www.icap.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=127

♦ Esta publicación es editada cada seis meses o bien dos números anuales, por el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, organismo intergubernamental al servicio de la región centroamericana con sede en San José, Costa Rica.

♦ Los artículos que publica son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y no tradu-

cen necesariamente el pensamiento del ICAP. ♦ La Revista permite la reproducción parcial o total de sus trabajos a condición de que se

mencione la fuente. ♦ Esta publicación ha sido impresa en el Departamento de Publicaciones del Instituto

Centroamericano de Administración Pública, ICAP, en el mes de setiembre del 2011, en San José, Costa Rica.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ICAP Apartado 10.025-1000, San José, Costa Rica, C.A., Fax: (506) 2225-2049 Teléfonos: (506) 2234-1011 / 2225-4616. Centro de Docencia: (506) 2253-4059 / 2253-2287 Correo electrónico: [email protected] Web site: http://www.icap.ac.cr

http://biblat.unam.mx/index.html�http://unpan1.un.org/intradoc-cgi/idc_cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=STANDARD_QUERY_PAGE�http://unpan1.un.org/intradoc-cgi/idc_cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=STANDARD_QUERY_PAGE�http://unpan1.un.org/intradoc-cgi/idc_cgi_isapi.dll?IdcService=GET_DOC_PAGE&Action=GetTemplatePage&Page=STANDARD_QUERY_PAGE�http://www.sidalc.net/�http://www.metabase.net/busqueda2bib.phtml?qm=a�http://www.icap.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=127�http://www.icap.ac.cr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=65&Itemid=127�mailto:[email protected]�http://www.icap.ac.cr/�

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Jonas Rabinovitch (2012). Gobernanza pública: el desafío de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la responsabilidad social para servicios públicos en el nuevo milenio. ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (62-63): 9-24, 2012 9

artículos Gobernanza pública: el desafío de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la responsabilidad social para servicios públicos en el nuevo milenio* Jonas Rabinovitch**

UN NUEVO PARADIGMA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EMERGE DESDE EL PRINCIPIO DEL SIGLO XXI, QUE SE CARACTERIZA POR EL USO INNOVADOR DE LAS TIC’S, PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LOS GOBIERNOS. EL AUTOR SOSTIENE QUE ESTE NUEVO PARADIGMA “POST-GOBERNANZA” NO DEPENDE NECESARIAMENTE DE GRANDES INVERSIONES DE CAPITAL O EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ALTA TECNOLOGÍA.

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACION PUBLICA; GOBERNABILIDAD; RENDICION DE CUENTAS; PARTICIPACION POPULAR; SERVICIOS PUBLICOS

KEY WORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC ADMINISTRATION; GOVERNANCE; ACCOUNTABILITY; POPULAR PARTICIPATION; PUBLIC SERVICES

Introducción1

El propósito principal de este

artículo1 es diseñar algunas tenden-cias globales claves para la gober-

* Asesor Principal de la División de

Administración Pública y Gestión del Desarrollo, DPADM, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, DAES, Naciones Unidas, Nueva York.

1. Este artículo es una adaptación de la presentación inaugural realizada en el Foro de la Función Pública de Centroamé-rica, Panamá y República Dominicana, celebrado en Panamá del 7 al 9 julio de

nanza pública, incluyendo la partici-pación pública, la rendición de cuen-tas y responsabilidad social para el servicio público en el nuevo milenio. En este artículo se sostiene que estas tendencias esbozan una nueva _____________________________

2012, organizado por el Instituto Cen-troamericano de Administración Pública, ICAP, y la Dirección General de Carrera Administrativa, DIGECA, del Gobierno de Panamá.

Recibido: 16 de setiembre del 2012. Aceptado:24 de setiembre del 2012.

ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (62-63): 9-24, 2012 10

definición operativa de la gestión pública - que tal vez se podría llamar "post-gobernanza" - caracterizada por:

• Nuevos tipos de interacciones

entre los actores sociales y el uso generalizado de la Tecno-logía de Información y Comu-nicación, TIC, en el interior de los gobiernos, entre gobiernos y sociedad civil, y entre go-biernos y empresas.

• La intensificación del uso es-pontáneo o planificado de los medios de comunicación so-cial (twitter, facebook, etc) para fines de gestión pública; nuevos indicadores para co-nectarse e integrarse al con-junto de políticas guberna-mentales, la libertad de información, el uso público de la computación en nube y un interés global en las posibili-dades de gobierno abierto.

• Participación incremental de la

sociedad civil, en particular en las actuales modalidades de rendición de cuentas de forma social y participativa, y la de-manda por una mayor trans-parencia en los gobiernos.

La gobernanza pública ha sido

tradicionalmente vista como la inter-acción crucial entre tres ámbitos distintos: el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Sin em-bargo, con base en los elementos anteriores, estos dominios están

incrementalmente buscando nove-dosas formas de interacción, poco a poco formando un nuevo paradigma de gestión pública en el cual esas interacciones se dinamizan de forma más innovadora y eficiente.

El potencial de este nuevo pa-

radigma parece ser constantemente rechazado por diversos gobiernos e instituciones posiblemente debido a poderosos "mitos negativos del de-sarrollo", incluyendo lo siguiente: "E-Government se refiere principalmen-te a alta tecnología", "Nuestro país no cuenta con los recursos fi-nancieros para invertir en la alta tecnología", "Tecnología de la Infor-mación y la Comunicación es solo una moda que no tendrá un impacto real en la transformación del Esta-do", "Nuestros empleados públicos no tienen el interés o la capacidad para convertirse en expertos en cuestiones de tecnología", “¿Si in-formación es poder, por qué dividir-la?”, etc.

¿Qué tiene de especial el

nuevo milenio para merecer nuestra consideración sobre estos temas? El artículo sostiene que en esta re-ciente coyuntura de factores se va delineando un nuevo enfoque para las modalidades transparentes, efi-cientes, eficaces y responsables del servicio público. Este enfoque no es solo teórico, abstracto o especulati-vo, por el contrario, los ejemplos más avanzados de la administración pública a nivel mundial han dejado lecciones aprendidas acerca de es-tas tendencias que serán brevemen-


te descritas y analizadas en este artículo.

Desafíos actuales enfrentados por los gobiernos

Es un hecho que en todo el

mundo las administraciones públicas se enfrentan a desafíos, incluyendo pero no limitado a lo siguiente:

Demanda para que los

gobiernos:

• Resuelvan problemas más complejos con menos recur-sos y con capacidad operativa limitada.

• Para que instituciones públi-cas sean más eficientes y transparentes.

• Para que la administración

pública responda de forma más rápida y eficiente con mayor participación pública.

• Por un mayor uso de las

TIC’s.

• Por más información y servicios.

2. El Sondeo de las Naciones Unidas sobre

Gobierno Electrónico es publicado cada dos años por la División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo, DPADM, del Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, UNDESA, sigla en inglés . Estas cifras fueron tomadas del Sondeo de 2012.

Estas exigencias colocan cada vez más preguntas concretas a los gobiernos, incluyendo la capacidad de los ciudadanos para obtener in-formación en tiempo real acerca de los problemas del país, por lo que el objetivo de hacer frente a la satisfac-ción de los ciudadanos es cada vez más difícil.

Por ejemplo, por un lado, el

número total promedio global de suscripciones móviles por cada 100 habitantes es más de 80,5. Por otro lado, solo 24 países en todo el mun-do promueven el acceso gratuito a los servicios de administración electrónica a través de Wi-Fi o quioscos. Actualmente, solamente el 40% de los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, ONU están usando sitios de redes sociales, con resultados variados.2 La situación es muy heterogénea, pero está cambiando rápidamente, como se muestra en el Sondeo de la ONU sobre e-Gobierno en el 2012. En resumen, la mayoría de las per-sonas en el planeta ahora tienen teléfono celular y utilizan medios sociales de comunicación. Entretan-to los gobiernos no alcanzan este nivel y la incorporación gradual de estos cambios recientes todavía no ocurre de manera integrada en las políticas y prácticas de la gestión pública.

Breve perspectiva histórica

Sería un grave error poner la enorme diversidad de la historia mundial y los recientes cambios


dinámicos en los gobiernos en cajas racionales de análisis y categorías de gestión del conocimiento. No obstante, se espera que esta breve reseña histórica serviría al propósito de delinear la gestión pública como la vemos hoy en día, incluyendo el crecimiento de la participación ciu-dadana y la importancia de la rendi-ción de cuentas, la libertad de infor-mación y la utilización de medios de comunicación para facilitar servicios públicos.

Estamos siendo testigos de tiempos dinámicos y desafiantes que ponen principios de administración pública bajo conjuntos contradicto-rios de circunstancias. Por un lado, vivimos en un mundo que gasta más de:

• US$1,5 billones en gastos

militares cada año y más de US$1 billón en corrupción.

• Más de US$600 billones anua-

les en subvenciones a la agri-cultura, a menudo subsidiando ineficiencias agrícolas.

• US$6 billones serían suficien-

tes para proporcionar educa-ción básica a todos los niños y niñas en el planeta. Asimismo, el 2% de la pobla-

ción mundial controla aproximada-mente el 50% de los recursos.3 De

3. Sondeo sobre Desarrollo Humano,

publicado anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

hecho, es muy difícil hablar de la sostenibilidad y eficiencia de la ad-ministración pública en un mundo caracterizado por tantas contradic-ciones y desigualdades. Al mismo tiempo, hemos hecho más en la promulgación de políticas contra la pobreza en los últimos cincuenta años que en los 500 años anteriores. Los Estados miembros de la ONU han acordado los Objetivos de Desa-rrollo del Milenio, que estableció un precedente histórico en términos de esbozar objetivos globales e indica-dores concretos para luchar contra la pobreza, promover la educación, la salud, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, entre otros objetivos de desarrollo.

Al mismo tiempo, en línea con los planteamientos habituales descri-tos en la literatura, me gustaría lla-mar la atención sobre tres ondas de democracia participativa, que ayudó significativamente a la architectura de los gobiernos como los conoce-mos hoy en día.

El término "democracia" fue

acuñado 505 a.c. por Clístenes cuando desarrolló una reforma del gobierno en Atenas, que sustituyó a los tiranos anteriores (tiranía) por un "gobierno del pueblo" (demokratía). En aquellos días, "tirano" no era un adjetivo, sino una clase social. En la antigua Grecia, todos los hombres blancos libres eran iguales. A las mujeres no se les permitía participar en el proceso político. Era una so-ciedad en la que la esclavitud fue considerada "normal" y todos los economistas de la época podían


argumentar que un mundo sin escla-vitud no sería económicamente via-ble. Ese arreglo innovador permitió a todos los ciudadanos de Atenas -que en ese momento tenía unos 300.000 habitantes, 115.000 de los cuales eran esclavos4- que se reunían en el "ágora", cuya capacidad es de más de 6.500 personas. Sin embargo, 6.500 personas no fueron capaces de entretener a cualquier diálogo productivo. La solución, según algu-nos sugerida por Sócrates, permitió a 500 ciudadanos elegidos por sor-teo - no por votación - para tomar decisiones en nombre de todos los atenienses. No hubo elecciones o campañas políticas como la cono-cemos hoy en día. Si tuvieran Twitter e Internet, por ejemplo, el potencial de la antigua democracia ateniense habría sido sin duda aún más prometedor.

Este tipo híbrido de "democra-cia participativa" y "democracia re-presentativa" duró unos 180 años. No representa mucho en compara-ción con las normas de funciona-miento equitativas y exigente que tenemos para las democracias de hoy, pero fue un invento importante que influyó en lo que llamamos "de-mocracia" para los 2.500 años siguientes.

La segunda "ola democrática" sucedió durante el llamado "siglo de las luces" a través de las obras de Spinoza, Locke, Montesquieu, Kant, Voltaire y otros. Este movimiento dio

4.(http://www.ancientgreekbattles.net/Pages/4

7932_Population.htm)

lugar a cambios concretos en el Go-bierno a través de la revolución ame-ricana, y la francesa y su influencia, incluyendo las innovaciones que perduran hasta nuestros días: la separación entre los poderes Ejecu-tivo, Legislativo y Judicial, los siste-mas de chequeos y control, la idea de rendición de cuentas, la relevan-cia de las constituciones, el estable-cimiento de elección directa y la democracia representativa, entre muchas otras características las que no serán discutidas en este artículo.

La tercera "ola democrática"

coincide aproximadamente con el nacimiento de la administración pública como disciplina moderna en una época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Fue un período de "maximización" del Estado, que duró aproximadamente desde 1945 a 1970. La Segunda Guerra Mundial se percibe generalmente como un momento en que los poderes de-mocráticos del Occidente derrotaron a dictaduras brutales, pero también puede ser percibido como el momen-to cuando un sistema de administra-ción pública prevalece sobre otro. En un ejemplo sencillo, en el apogeo de su poder, Adolfo Hitler centralizó en su persona unas cuarenta y siete funciones del Estado alemán. Además de los graves problemas morales y éticos existentes en las dictaduras, una situación en la que una persona centraliza cuarenta y siete funciones del Estado en su persona no puede en absoluto con-siderarse sostenible, responsable, transparente y eficiente.

http://www.ancientgreekbattles.net/Pages/47932_Population.htm�http://www.ancientgreekbattles.net/Pages/47932_Population.htm�


El período posterior a la Se-gunda Guerra Mundial también fue testigo del proceso de descoloniza-ción global, la sustitución del colonia-lismo por el nacionalismo, el naci-miento del nacionalismo y dictaduras militares en muchos países de re-ciente independencia, la Guerra Fría, la lucha por el poder mundial entre el capitalismo y el comunismo, el ad-venimiento del imperialismo, una situación geopolítica caracterizada por el enfrentamiento entre las esfe-ras bipolares de influencia de los Estados Unidos, EE.UU., y la Unión Soviética, URSS, entre otras carac-terísticas que impiden el pleno desa-rrollo de relaciones entre el sector público, el sector privado y la socie-dad civil en torno a cuestiones de prestación de servicios de forma participativa en una escala global.

Desde la década de los seten-

ta a los noventa el mundo fue testigo de un período de "minimización" del Estado, que se caracteriza por la alabanza a la libre empresa, la libe-ralización económica, la libertad de negocios, una visión bien represen-tada por Reaganomics del Presiden-te Reagan en los EE.UU. y del That-cherismo en el Reino Unido, entre otros ejemplos. Ese tiempo fue testi-go del nacimiento de la Nueva Ges-tión Pública y otras escuelas de pen-samiento basadas en la transferencia de los principios del sector privado a la gestión y la efi-ciencia del sector público. En mu-chos países en desarrollo, las priori-dades de progreso se centran en la noción de crecimiento económico por encima de cualquier otra cosa.

En aquellos días, el aumento del Producto Interno Bruto, PIB, fue el principal indicador de desarrollo. Hubo poca preocupación por el equi-librio entre las políticas económicas y sociales, había una creencia gené-rica en teorías de “distribución es-pontánea de recursos desde arriba hacia abajo” (trickle down theories) y en las políticas de ajuste estructu-ral. En varios países en desarrollo, la noción de "milagros económicos" de acuerdo en que las naciones deber-ían "aumentar el pastel" para dividir-lo mejor después. Sin embargo, muy a menudo estas políticas resultaron en significativa desigualdad social en varios países en desarrollo.

El final del siglo XXI vio el na-

cimiento de la globalización, la consolidación de la hegemonía económica mundial de los EE.UU., la creación de nuevos bloques económicos como la Unión Europea, UE, el Mercado Común del Sur, MERCOSUR, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA/TLCAN, el crecimiento de China como acreedor internacional importante, el aumento de tensión entre el fundamentalismo islámico y los valores occidentales, la consoli-dación de la noción de "gobernanza" en la gestión de los asuntos públi-cos, la serie de conferencias de la ONU afirmando la idea de que los gobiernos no pueden actuar solos y necesitan alianzas con el sector privado y la sociedad civil para prestar servicios a todos. Además, ha habido un cambio general de los regímenes militares a gobiernos democráticamente electos en todas


las regiones, especialmente en Amé-rica Latina, seguida por un fortaleci-miento gradual global de la sociedad civil como un actor político. Estas tendencias también motivaron una serie de políticas de descentraliza-ción en varios países, así como me-canismos participativos desarrolla-dos en respuesta a las demandas para una mayor transparencia en la conducción de los asuntos públicos. También es importante destacar el papel creciente de los medios de comunicación a lo largo de estas transformaciones.

En este contexto, quisiera re-

ferirme brevemente a tres caracterís-ticas que juegan un papel cada vez mayor en la gestión pública desde el comienzo del siglo XXI:

• El desarrollo de nuevas moda-

lidades de rendición de cuen-tas con participación social.

• La libertad de información. • El uso incremental de las

herramientas y tecnologías de información y comunicación, el gobierno electrónico y la go-bernanza electrónica.

Participación pública y metodologías para la rendición social de cuentas

Hay varias dimensiones y mo-dalidades para rendición de cuentas. Sin entrar en demasiados detalles sobre definiciones, me gustaría

acordar dos "tipos" básicos de rendi-ción de cuentas, como suele definir-se en la literatura, y dos “objetivos” básicos para la rendición de cuentas como se definen en el marco legal de un país.

"Rendición de cuentas verti-cal" generalmente se percibe como interna a los gobiernos y definida por una cadena tradicional de relaciones administrativas las que vinculan al electorado, los distintos niveles de la jerarquía de un gobierno y presta-ción de servicios. "Rendición de cuentas horizontal" puede referirse a los vínculos entre dos instituciones en un mismo nivel jerárquico en el gobierno, pero sobre todo a la acción de la participación pública en los ejercicios de rendición de cuentas. Éstos pueden tener dos propósitos básicos:

• “Justificación”, o la obligación

de los funcionarios públicos de informar al público sobre sus actividades y justificar sus de-cisiones, gastos y ejecución.

• La autoridad para imponer

sanciones a los funcionarios públicos y a las instituciones que no obedecen a sus man-datos y límites. En este artículo se pondrá de

relieve la creciente importancia de la rendición de cuentas horizontal y el papel de la sociedad civil. En otras palabras, la responsabilidad existe, tanto desde el punto de vista institu-cional, como desde la perspectiva de


la interacción entre los gobiernos y el público.5

Parte del movimiento hacia la

responsabilidad social creciente está motivada por la constatación de que las elecciones son una herramienta muy puntual y rudimental para eva-luar la gestión pública democrática. Las elecciones, en promedio, ocu-rren cada cuatro años. El público en general tiene que elegir entre un(a) candidato(a) de "situación" y uno de "oposición". El de "situación" por lo general trata de convencer a los votantes de que absolutamente todo va bien, mientras que la "oposición" trata de convencer a los votantes que todo está mal y el gobierno es-taría haciendo un trabajo terrible. Muy a menudo, los ataques persona-les se convierten en parte de este juego, que puede llegar a causar la falta de interés por parte del público en el proceso político. Ningún go-bierno del mundo puede hacer todo bien o todo mal. Cuando un gobierno reconoce aspectos para mejorar en su propio rendimiento, está contribu-yendo a uno de los puntos más im-portantes en la construcción de la confianza general por parte de la ciudadanía.

5. Reunión de Expertos “Involucrar a los

ciudadanos para mejorar la rendición de cuentas y acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, organizado por la División para Administración Pública y Gestión del Desarrollo (DPADM) de UNDESA, Naciones Unidas en Viena, Austria, 11-13 de julio 2011 http://www.unpan.org/2011WKS-CE-Vienna

En las democracias más avanzadas esa responsabilidad so-cial se convierte así en una parte intrínseca del gobierno, veinticuatro horas al día, incluyendo metodolog-ías sociales para rendición de cuen-tas, tales como: • Auditorías Sociales. • Iniciativas de Análisis Presu-

puestaria. • Encuestas de Vigilancia de

Gastos Públicos. • Mecanismos multicanal para

quejas y modalidades de ou-vidoria (Ombudsman).

• Planificación Participativa y ejercicios de Presupuesto Participativo. Es importante destacar el

hecho de que las metodologías para la rendición social de cuentas deben centrarse no necesariamente en la cantidad de información, sino en su calidad. Una crítica común es llama-da por algunos de "estrategia para sobrevivir a la rendición de cuentas", cuando las instituciones se centran en proporcionar un montón de infor-maciones que no son relevantes, son difíciles de interpretar o que no tienen base concreta o atribución.

Un ejemplo de un caso exitoso

de política para acceso a la informa-ción ha sido llevada a cabo en la India. El Estado Rajasthan aprobó una Ley de Acceso y Derecho a la Información en el 2002, que abrió las puertas para el ejercicio de audi-

http://www.unpan.org/2011WKS-CE-Vienna�http://www.unpan.org/2011WKS-CE-Vienna�


torías sociales a través de las agen-cias públicas.6

Las auditorías sociales involu-cran a la comunidad o a las partes interesadas en un programa de escrutinio de proyectos o programas públicos para exponer irregularida-des en el uso de gastos públicos. Una Organización No Gubernamen-tal, ONG, llamada en inglés MKSS (Asociación para Empoderamiento de Trabajadores y Agricultores) ha desarrollado diferentes herramientas para la auditoría social que combi-nan audiencias públicas, el monito-reo de gastos públicos, sondeos con participación comunitaria, compa-rando los informes de auditorías formales con las auditorías sociales generadas por los activistas del mo-vimiento. Las auditorías sociales también incluyen entrevistas con trabajadores y contratistas de obras públicas, la apertura de cuentas de los proveedores, informes de la gen-

6. “Involucrar a los ciudadanos y sus

organizaciones para prevenir la corrupción en la prestación de servicios públicos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM”, Enrique Peruzzotti, documento presentado a la Asamblea General Extraordinaria se ha mencionado anteriormente en la nota de pie de página No. 4, y más específicamente citando a Dennis Arroyo y Sirker Karen, "Balance de las Responsabilidades Sociales en la región de Asia y el Pacífico”. El Instituto del Banco Mundial, BM, y el Programa de Empoderamiento de la Comunidad y de Aprendizaje para Inclusión Social (The Work Bank, 20005), p. 12.

7. Para mejores prácticas en la administración pública, consulte también los Premios de las Naciones Unidas para Servicios Públicos http://www.unpan.org

te del pueblo sobre el progreso o la calidad del trabajo y otros aspectos. La iniciativa demostró estimaciones infladas de costos, el uso de mate-riales de mala calidad, cobros exce-sivos por los proveedores, entradas falsas en los registros de empleo, nombres falsos de empleados cuyos pagos se les asignaba a otras per-sonas y otros problemas.

En Corea, el índice global de

la integridad del sector público ha pasado de 6,43 en el 2002 a 8,43 en el 2011. En Nueva York, el número telefónico 311 ofrece información con más de 4.000 servicios, con costos reducidos por 7 millones de dólares anuales, mientras que los servicios son ofrecidos en 180 idio-mas. En México, el Gobierno creó el Instituto Federal de Acceso a la In-formación, mientras que en España el Gobierno aprobó una ley en el 2007 por lo que es un derecho de los ciudadanos acceder a la información sobre los servicios públicos. Hubo ahorros del orden de los 3 millones de euros para los veinte servicios con mayor demanda.7

“Gobierno Abierto”: hacia un equilibrio entre acceso a la información y la protección de datos públicos

Con los avances que se reali-zan en las TIC, los ciudadanos espe-ran una mejor organización de los datos del gobierno a través de la gestión del conocimiento, como se mencionó anteriormente. Un seg-

http://www.unpan.org/�


mento creciente de la población re-quiere que los datos sean fácilmente disponibles a través de plataformas en línea. Los gobiernos más avan-zados están abriendo sus conjuntos de datos, por lo general a través de los portales abiertos de cifras oficia-les con el uso de formatos abiertos, como CSV, XML y otros, lo que per-mite a los ciudadanos realizar sus propios análisis. Gobierno Abierto por lo general requiere un software de lectura mecánica y no todos los gobiernos están preparados o dis-puestos a compartir toda su informa-ción en línea, debido a comprensi-bles razones políticas, de seguridad y privacidad.

Este artículo no defiende la

apertura total de datos gubernamen-tales ni la falta de transparencia en los sistemas gubernamentales de datos. Los próximos años y décadas irán modulando, sin duda, esta ten-dencia hacia un equilibrio entre la libertad de información y protección de datos. Anticipo que, en el futuro, los líderes del gobierno recibirán su mandato junto con un “flash drive” con diferentes conjuntos de datos los que podrían ser abiertos al público o protegidos.

La apertura de datos del go-

bierno es relevante, ya que fortalece la gobernanza participativa, permite a los ciudadanos controlar los flujos de datos y de este modo controlar el desempeño del gobierno en materia de transparencia y combate a la corrupción. También puede permitir a los ciudadanos ser más conscien-tes sobre algunas cuestiones impor-

tantes y hacerlas parte del proceso de toma de decisiones para enfrentar asuntos de política a través de e-participación (participación electrónica).

El Gobierno Abierto puede ser

visto como una característica de la práctica democrática contemporánea y está a menudo vinculado a la aprobación de legislación sobre li-bertad y acceso a la información. El Artículo 19 de la Declaración Univer-sal de Derechos Humanos se refiere al derecho de "buscar, recibir y di-fundir informaciones e ideas". Además, el Comité de Derechos Humanos reconoció en una obser-vación general, la importancia de la libertad de información consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las leyes para incrementar la

Libertad de Información, LDI, garan-tizan el acceso a los datos en poder del Estado. En ellos se establece un "derecho a saber" así como el pro-ceso legal mediante el cual el públi-co podrá solicitar información en poder del gobierno, para ser recibi-das gratuitamente o a un costo mínimo, salvo excepciones. También en el marco de los llamados "regis-tros abiertos" o "Leyes Sunshine", los gobiernos estarían obligados a publicar y promover la transparencia. En muchos países existen garantías constitucionales para el derecho de acceso a la información, pero por lo general éstos no han sido utilizados, si la legislación de apoyo específico aún no está debidamente aprobada e implementada.


Libertad de información

Entre todos los miembros de

las Naciones Unidas, noventa y un países (47%) tienen un Freedom of Information Act (FOIA), cincuenta (26%) no tienen FOIA, veintiocho (15%) tienen un proyecto de ley y veinticuatro (12%) tienen una dispo-sición constitucional. Sin duda, el escenario global todavía parece heterogéneo y transitorio relativo a la libertad en el uso y diseminación de la información pública.

Leyes de protección de datos

Al mismo tiempo, noventa y

dos países (48%) no tienen legisla-ción sobre protección de datos; ochenta y dos (42%) cuentan con una legislación para protección de datos; once (6%) tienen una disposi-ción constitucional y ocho (4%) tie-nen un proyecto de ley para ser dis-cutido. Esto también muestra un escenario global muy heterogéneo en relación a Leyes para Protección de Datos.

Un aspecto interesante es que

muy a menudo los países empren-den iniciativas de “libertad de infor-mación" y en los "ejercicios para protección de datos" no coordinan una iniciativa con la otra. Natural-mente, diferentes tipos de actores sociales apoyan la libertad de datos o protección de datos. Los medios de comunicación son los actores que más aclaman y apoyan

la libertad de información, sobre todo en Europa, mientras que la comuni-dad de inteligencia, junto con las organizaciones no gubernamentales que defienden la privacidad de los ciudadanos, están dispuestos a apo-yar leyes de protección de datos. En última instancia, los intereses nacio-nales determinarán qué conjuntos de datos deben estar bajo el amparo de la libertad de información o dentro del ámbito de protección de datos. La importancia de la privacidad y la seguridad

Si bien el acceso a los datos

del gobierno promueve un discurso civil, el bienestar público mejorado y un uso más eficiente de los recursos públicos, plantea problemas de pri-vacidad que puede legalmente im-pedir que ciertos conjuntos de datos se compartan con el público. Los desafíos que enfrentan los gobiernos requieren hacer públicos los datos del gobierno, mientras que al mismo tiempo proteger la información de identificación personal, mantener los datos a salvo de la corrupción y el acceso adecuado del control de la misma. Estas preocupaciones sue-len superarse mediante la preven-ción de ciertos conjuntos de datos, que de compartirse con el público, se realizaría a través de medios legales, como los actos de protec-ción de datos, leyes de privacidad y otros.

Las leyes deben ser bien im-

plementadas con el propósito de


hacer una diferencia. Las regulacio-nes gubernamentales abiertas, se pueden lograr a través de una su-pervisión institucional sólida, por ejemplo a través de una organiza-ción independiente como por ejem-plo Libertad de Información y Priva-cidad de Datos Personales.

Existe una serie de herramien-

tas que pueden utilizarse para apli-car y gestionar las políticas guber-namentales abiertas con respecto a datos, tales como: Open Data Go-bierno Catálogos, Kit de herramien-tas de Open Data Gobierno, Open Data Gobierno competiciones y apli-caciones, Open Government Index Data (compuesto por compromisos estipulados en Tratados Internacio-nales y fundamentados en el imperio internacional de la ley, la accesibili-dad de datos, facilidad de uso y la difusión de los esfuerzos y las nor-mas técnicas del W3C,8 por ejemplo 5-puntos de rating, normas ISO le-gislaciones, libertad de información y protección de datos, etc.)

Debido a las políticas de la

UE, los países europeos están a la vanguardia en la promoción de la

8. El Consorcio World Wide Web (W3C) es

una comunidad internacional que desarrolla estándares abiertos para asegurar el crecimiento a largo plazo de la Web. Se han desarrollado criterios para el avance de un gobierno abierto basado en 5 puntos. Para obtener más información, visite http://www.w3.org/

9. La séptima edición de este Sondeo ha sido publicado desde el 2002 por la Divi-sión de Administración Pública y Gestión del Desarrollo de UNDESA en la Secretar-ía de las Naciones Unidas.

legislación relativa a la privacidad y protección de datos. En este artículo se reconoce que la legislación sobre privacidad efectiva es necesaria para el éxito de iniciativas de gobierno abierto, y disminuir las preocupacio-nes de los políticos, administradores públicos y los ciudadanos. Un mar-co institucional sólido es necesario para acceder a los datos del gobier-no y la privacidad de los datos.

Sin embargo, la falta global de

los marcos institucionales para facili-tar la aplicación y supervisión de la Libertad de Información y Privacidad de Datos en varios países, hacen que sea difícil para un Gobierno Abierto convertirse en una realidad inmediata. La gran mayoría de los países europeos facilitan la existen-cia de una libertad de información independiente y un órgano de priva-cidad de datos.

Gobierno Electrónico y un "Post-Gobierno" para modernizar y simplificar las operaciones del gobierno: con un enfoque hacia todos los niveles de la administración

Esta sección se basa en el

Sondeo de las Naciones Unidas para Gobierno Electrónico.9

El Sondeo presenta una eva-

luación sistemática del uso de las TIC para transformar y reformar el sector público, mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, el acceso a los servicios

http://www.w3.org/�


públicos y mejorar la participación ciudadana en los 193 Estados miembros de la ONU. Los mismos han sido utilizados como una herra-mienta útil para comparar el desarro-llo de la administración electrónica en todos los países a través de indi-cadores comunes y enfoques de política. El índice de desarrollo de gobierno electrónico es un indicador compuesto que mide la voluntad y la capacidad de la Administración Pública para utilizar las TIC y prestar servicios públicos. Está formada por tres componentes básicos:

OSI = Índice de servicios en línea, con información de UNDESA.

TII = Índice de Infraestructura en

Telecomunicaciones, con in-formación de la Unión Internacional de Telecomuni-caciones, UIT.

HCI = Índice de Capital Humano,

con información de la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, sigla en inglés y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

Mediante la combinación de

estas tres dimensiones, la Encuesta permite a los gobiernos a asignar su estado en términos de preparación para el gobierno electrónico y pro- 10. Sondeo de las Naciones Unidas sobre

Gobierno Electrónico 2012 en http://www.unpan.org

porciona indicadores concretos para orientar la formulación de políticas.10

El índice de servicios en línea

permite el establecimiento de diver-sas fases objetivas en el proceso nacional de desarrollo del gobierno electrónico, como sigue:

• Emergentes: un sitio web ofi-

cial con información del go-bierno estática, incluyendo los Ministerios, información sobre los servicios, actividades y prioridades, etc.

• Mejora: la existencia de servi-

cios en línea, obtener formula-rios descargables, información actualizada de la política, etc.

• Transaccional: posibilidad de

pago de impuestos y otros pa-gos en línea, consultas, de dos vías de comunicación en-tre el gobierno y el público, etc.

• Conectado: integración de la

burocracia interna (back-office de integración) para la mejora de la "front-office" (relación general con el público).

El Índice de Infraestructura de

Telecomunicaciones está determi-nado por un índice compuesto de la siguiente manera, obtenido de la Unión Internacional de Telecomuni-caciones, UIT, una agencia indepen-diente de las Naciones Unidas:

• El promedio de los usuarios

estimados de Internet / 100 personas.

http://www.unpan.org/�


• El promedio de líneas de telé-fono fijo / 100 personas.

• El promedio de Subscripcio-nes Móvil / 100 personas.

• El promedio de Subscripcio-nes Fija Internet / 100 perso-nas.

• El promedio de Banda Ancha Fija / 100 personas. El valor de una quinta parte se

le asigna a cada uno de los elemen-tos anteriores.

El Índice de Capital Humano

está determinado por un índice com-puesto de los siguientes, que se obtiene a partir de la UNESCO y el PNUD:

• La tasa de alfabetización de

adultos, combinado con la re-lación primaria bruta de esco-larización, secundaria y tercia-ria.

Un valor de dos tercios está

asignado a la tasa de alfabetización de adultos, mientras que una tercera parte se asigna a la tasa bruta de matrícula.

ÍNDICE DE DESARROLLO GLOBAL E-GOVERNMENT

República de Corea 0,9283

Países Bajos 0,9125

Reino Unido 0,8960

Dinamarca 0,8889

Estados Unidos 0,8687

Francia 0,8635

Suecia 0,8599

Noruega 0,8593

Finlandia 0,8505

Singapur 0,8474

Fuente: Organización de Naciones Unidas,

ONU, e-Government Survey.

Las principales conclusiones

de la ONU e-Government Survey destacan los siguientes aspectos:

• Enfoques de Gobierno Inte-

grado están a la vanguardia de los países avanzados.

• Los Estados Miembros de la


ONU están prestando más atención al suministro de ser-vicios multi-canal (teléfono, móvil, banda ancha, atención personal, correo convencional, etc.).

• Los países en desarrollo

están avanzando en la e-participación.

• Los ciudadanos están deman-

dando más servicios de los gobiernos. Esto significa que los gobier-

nos se están convirtiendo en facilita-dores de la gestión integrada de oferta de servicios a través de un solo punto de entrada basados en la demanda por servicios, en lugar de la oferta de servicios a través de canales descentralizados y sin coordinación.

Conclusiones

En este artículo se espera haber demostrado algunas tenden-cias actuales en el arte y ciencia de gobernar a través de un movimiento gradual hacia una mayor transpa-rencia y participación. Este movi-miento -llamado aquí de “Post-Gobernanza”- incluye, pero no se limita a:

• Gobierno electrónico y gober-

nanza electrónica integrados (“Whole-of-Government” o Gobierno Integrado), múltiples canales para prestación de servicios, mejores mecanis-

mos para rendición social de cuentas, el equilibrio entre la libertad de información y pro-tección de datos por razones de privacidad y seguridad, en-tre otros aspectos. Esta conclusión apunta a ten-

dencias hacia la “Post-Gobernanza”, que pueden caracterizar un cambio en el conjunto tradicionalmente está-tico y separado de las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y el sector privado.

Los países están cambiando

de distintos modelos separados de organización administrativa para modelos integrados y unificados para todo el gobierno. Los Estados se están trasladando a puntos de entrada centralizados para presta-ción de servicios a un único portal donde los ciudadanos pueden acceder a todos los servicios propor-cionados por el gobierno, sin saber cuál autoridad del gobierno las pro-porciona. En algunos países más avanzados, un "nivel de gobierno integrado" ayuda a construir un sis-tema de gobierno transparente con los departamentos y divisiones inter-conectadas.

Junto con las metodologías

para la responsabilidad social y los marcos jurídicos para el gobierno abierto, parece que nos estamos acercando a un nuevo paradigma de gestión pública - "post-gobernanza" - en la que los plazos y modelos sepa-rados y desintegrados de organiza-ción tienden a desaparecer en res-puesta a una ciudadanía más


exigente con el poder democrático, contando con enfoques revoluciona-rios ofrecidos por la tecnología y nuevos formatos de organización social.

El movimiento de la gober-

nanza tradicional para la “post-gobernanza” no tiene por qué ser errático y circunstancial. Hay indica-dores concretos que existen y guían el camino para una presencia más conectada por parte de los gobier-nos. Existen herramientas para me-dir el progreso. Hay enfoques con-cretos que promueven la responsabilidad social y la libertad de información. Los retos se sitúan en la consecución de liderazgo, de-sarrollo de capacidades y la oportu-

nidad de integrar la forma en que los marcos de la administración pública funcionen. Como se ha visto recien-temente, la falta de transparencia puede incidir en el rechazo popular o en el castigo de resultados electora-les, lo que refleja una falta de con-fianza en el gobierno.

Finalmente, podemos decir

que somos testigos de una nueva etapa para el diseño de la adminis-tración pública, caracterizada por la prestación de servicios innovadores e integrados. A lo mejor, podemos estar entrando en una era en que los gobiernos autoritarios y poco trans-parentes, dentro de límites razona-bles, se podrían considerar una cosa del pasado ◊

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Gregorio Montero Montero (2012). La profesionalización de la Función Pública: el desafío incon-cluso para el fortalecimiento de la gestión pública. ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública (62-63): 25-38, 2012 25

La profesionalización de la Función Pública: el desafío inconcluso para el fortalecimiento de la gestión pública Gregorio Montero Montero*

PARTE DE LOS DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL ESTADO PARA SER EFECTIVO, IDENTIFICANDO LAS PRESIONES A QUE ESTÁ SOMETIDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA IMPORTANCIA DEL ROL DE LOS RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS, MERITOCRÁTICOS Y PROFESIONALIZADOS EN LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS; FINALIZANDO CON LA AGENDA PENDIENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN.

PALABRAS CLAVES: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; FUNCIÓN PÚBLICA; RECURSOS HUMANOS; GESTIÓN PÚBLICA

KEY WORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; PUBLIC SERVICE; HUMAN RESOURCES

1

El Estado del siglo XXI

No cabe duda en que asisti-mos a una reconfiguración del Esta-do, no solo desde las perspectivas social y económica, sino que, como consecuencia de esto, también se empuja hacia la consolidación jurídi-ca del mismo, como forma de gene-rar un entorno de garantías ciudada-nas que no desdigan de un Estado Social y Democrático de Derecho. También es importante volver la mirada al factor institucional, pues en una parte del camino parece que * Secretario General del Centro Latinoa-

mericano de Administración para el De-sarrollo, CLAD.

Recibido: 29 de mayo del 2012. Aceptado: 13 de julio del 2012.

para algunos dejó de ser importante, olvidando que sin esta dimensión no puede haber desarrollo sostenible.

Todo lo anterior, se ve marca-do profundamente por el aumento, diversificación y complejización de las demandas de los ciudadanos frente al Estado, quienes de más en más van entendiendo su real posi-ción frente al Estado y la Administra-ción, así como el sentido preciso de su condición de ciudadano y el signi-ficado del ejercicio de la ciudadanía. La tendencia debe continuar siendo profundizar esta visión, pues la ciu-dadanización de estas ideas deviene en un gran impulso a las transforma-ciones que se necesitan, es lo que algunos teóricos estudian como la “ciudadanía social”.


Obviamente, la sociedad mo-derna está sometida a constantes transformaciones, como consecuen-cia de los cambios que operan en la forma de pensar y actuar de los indi-viduos, todo lo cual refleja visiones diferentes sobre el Estado, lo que a su vez tensiona la relación Estado-sociedad y termina provocando reacomodamientos de las estructu-ras estatales, pretendiendo respon-der a las transformaciones mentales y sociales, y por qué no decirlo, na-turales, que se experimentan cada día. Por otro lado, el Estado debe responder a las exigencias del mun-do actual, que es un mundo en cri-sis, parecería que asistimos a un escenario global en el cual lo único que tiene criterio de integralidad es la crisis: social, ideológica, política, moral y económica. El Estado tiene la obligación de recomponerse y demostrar, parece que estuvo en duda, que es imprescindible para el direccionamiento y la conducción de la sociedad y el desarrollo pleno de los pueblos, y que es capaz de pre-venir, adelantándose ante los episo-dios de catástrofes de diferentes tipos, los cuales amenazan hoy más que antes. Es claro que el Estado del siglo XXI debe reconstituirse sobre tres dimensiones o características que expresan y sintetizan la realidad y aspiraciones actuales de los indivi-duos, como son las dimensiones social, democrática y de derecho. Es una tarea no concluida aun en mu-chos de nuestros países latinoameri-

canos la construcción y consolida-ción del Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual impide enfrentar con éxito los crecientes desafíos que tenemos. Los principios de la democra-cia participativa son innegociables, allí donde el ciudadano no solo cuente en los procesos electorales, sino que sea incorporado de forma sistemática al proceso de fundamen-tación de la toma de decisiones por parte de las autoridades guberna-mentales; el sistema de derechos de primera, segunda y tercera genera-ción debe ser fortalecido constante-mente, por lo que es preciso rodear-lo de todas las garantías necesarias; por último, el Estado debe ser garan-te de un sistema de protección social integral, tanto desde la perspectiva prestacional como la seguridad ciudadana. Se requiere de un Estado que vuelva su mirada al ciudadano, colo-cando su bienestar como el objetivo-meta de todas sus acciones, tomán-dolo como fuente de inspiración del diseño y formulación de las políticas públicas; se hace necesario un dise-ño estatal en el cual sus operadores políticos y técnicos entiendan que son instrumentos al servicio de los ciudadanos, no al revés, por lo que la participación real y activa de la gente en las cuestiones estatales es vital. Es preciso que el Estado re-grese a reasumir su rol central, por fortuna empieza a hacerlo, con la fortaleza institucional que le corres-


ponde, con el tamaño que necesita para ser eficiente, más allá de los prejuicios, de la visión mercado céntrica que tanto daño ha ocasio-nado, blindándolo ante toda amena-za de secuestros posibles por parte de intereses políticos, funcio-nariales, empresariales, o de cual-quier otro tipo, ajeno a su naturaleza e intereses generales; el Estado que necesitamos y queremos es el que catalice fielmente todos los intereses envueltos, pero haciendo particular énfasis en los de aquellos hombres y mujeres menos favorecidos, y que tienen derecho a una mayor protección. De ahí que sigue siendo válido el proceso de transformación o re-forma del Estado en América Latina, solo que la vertiente humana debe ser incorporada al proceso, a partir de una pregunta muy simple: refor-mar para qué? Evidentemente que la respuesta es también simple, aun-que en los hechos resulta compleja: reformar el Estado para sumar felici-dad a los ciudadanos. No se puede perder de vista que los diferentes procesos que debemos encaminar en este sentido deben ser articula-dos en el marco de un enfoque de transformación del Estado con miras al desarrollo real e integral. Para que esto ocurra es nece-sario que la gente participe en los procesos de reforma, esto los legiti-ma y garantiza su sostenibilidad; la reforma debe centrarse en los indivi-duos, por ello deben propender a construir instituciones públicas ági-les, enfocadas en resultados que

impacten positivamente a los ciuda-danos. Es preciso que los procesos de reforma en la actualidad nos en-caminen a resolver la gran contra-dicción que existe en la región, ya que las estadísticas macroeconómi-cas expresan economías in crescen-do de forma sostenida y a la par la pobreza que crece en mayor proporción. Deben formularse y ponerse en ejecución políticas públicas inclu-yentes, erradicando todo tipo de discriminación por razón de raza o color, etnia, género, discapacidad, religión, filiación política; en fin, polí-ticas públicas que recojan todas las dimensiones de multiculturalidad que se expresan en cada país de la re-gión. Todo esto hace parte necesaria de la configuración del Estado de estos tiempos; un Estado que sea capaz de producir resultados para el desarrollo. En síntesis, como queda enunciado en el documento del Cen-tro Latinoamericano de Administra-ción para el Desarrollo, CLAD de 2010, titulado Una Gestión Pública Iberoamericana para el Siglo XXI, el Estado del presente siglo debe pro-ducir desarrollo sostenido en térmi-nos sociales, políticos, económicos y ambientales, agregamos nosotros, con criterio de responsabilidad, es-tricto apego al orden jurídico esta-blecido y rendición de cuentas. De ahí que todas las instituciones que lo integran deban alinearse en la idea de elaborar, aprobar, aplicar y juzgar en base a leyes y políticas públicas pensadas en los ciudadanos, y hacerlo conjuntamente con ellos.


Sin duda, estos requerimien-tos del siglo XXI imponen desafíos de gran trascendencia, los cuales es preciso enfrentar con éxito si se quiere en verdad lograr la efectividad del Estado, que en definitiva consti-tuye el legítimo interés de los ciuda-danos. De lo contrario continuare-mos asistiendo a un mundo en el cual los mecanismos de presión y de protesta efectivos seguirán siendo expresión de la creatividad en torno a las frustraciones de la gente; y seguiremos escuchando de los In-dignados, Ocupa Wall Street, la Pri-mavera Árabe, y en nuestra región, de las Movilizaciones Indígenas, Marcha por la Paz, los Foros Socia-les, entre otros. Presión sobre la Administración Pública en la actualidad

Evidentemente, por su propia naturaleza, la mayor cantidad de presión social que se ejerce sobre el Estado la recibe el estamento admi-nistrativo, ya que a la Administración Pública le corresponde la gestión directa y permanente de las relacio-nes del Estado con los particulares, es la catalizadora de las demandas ciudadanas. Por ello la Administra-ción Pública en la actualidad y hacia adelante debe ser expresión fiel de los intereses y aspiraciones de la gente, solo así puede constituirse en lo que debe ser, el instrumento de satisfacción de sus necesidades y la impulsora del desarrollo sostenible.

Se hace obligatorio asumir

políticas públicas serias y de calidad,

conectadas con una estrategia de desarrollo, que motiven para que el ciudadano vuelva, si alguna vez lo hizo, a confiar en las instituciones del Estado, y que dichas políticas sean seguidas por programas y ac-ciones concretas y coherentes que impacten en el bienestar de la gente. Por eso todos los estamentos del Estado, y la propia sociedad, deben involucrarse en el ciclo básico de las políticas públicas.

También, se debe dotar a la

Administración Pública de un diseño organizativo flexible, que interprete de forma precisa la estrategia de desarrollo y las políticas públicas a ejecutarse, en base a principios, criterios, normas jurídicas y proce-dimientos coherentes, que den orden al funcionamiento de los órganos con base en la planificación de las acciones gubernamentales, que faciliten la interacción de la Adminis-tración con los ciudadanos, no que la compliquen; se requiere de un dise-ño organizacional en el cual las per-sonas sean sujeto, no objeto, y los funcionarios públicos sean el instru-mento al servicio pleno de dicha interacción.

La prestación de los servicios

públicos es una de las actividades centrales del Estado, son en definiti-va la unidad de medida o indicador de la satisfacción ciudadana, es así que éstos deben responder a las características que les son inheren-tes y que en casi todos los países han sido constitucionalizadas; de ahí que los mismos deban ser universa-les, oportunos y de calidad, lo que


plantea la necesidad de que se in-corporen sistemas y metodologías de gestión pública que coadyuven a la eficacia, eficiencia y efectividad de la acción administrativa del Estado, pero en convivencia plena con la legalidad y un modelo de desarrollo, no partiendo de la superposición de la eficiencia a la legalidad, como pretendieron algunos.

No proponemos dejar de lado, bajo circunstancia alguna, la impor-tancia de los trámites administrativos o burocráticos, actividad a la cual el Estado debe dedicar gran parte de su esfuerzo a través también de la Administración Pública, y que cada vez más el proceso de reconfigura-ción del quehacer público le dedica particular atención, como conse-cuencia de la tipificación de nuevos derechos fundamentales y garantías jurídicas a favor de los ciudadanos, solo como ejemplo, citamos el dere-cho de acceso a la información pública.

Más que a todos los demás

estamentos del poder público, le corresponde a la Administración Pública la responsabilidad de que la acción del Estado y el gobierno im-pacte de forma positiva al ciudada-no; esta es una de las más fuertes presiones que recibe la gestión pública en la actualidad, pues ya hemos hablado de la gran paradoja latinoamericana que hace pensar que existe una relación directamente proporcional entre crecimiento económico y aumento de la pobreza.

En consecuencia, se requie-

ren políticas públicas que se concre-

ten en gestión pública, tendentes a una mejor distribución de la riqueza y al bienestar de los pueblos de nuestra región, si en verdad se des-ea legitimar al Estado y la Adminis-tración Pública frente a la sociedad; no hay duda, en consecuencia, de que este es uno de los grandes de-safíos que enfrenta la gestión públi-ca actual, toda vez que, como sa-bemos, ella es la responsable principal de tres de los procesos respecto del ciclo de las políticas públicas: el diseño o formulación, la ejecución y la evaluación. También sabemos que la Administración Pública es parte importante en el proceso de aprobación de las políti-cas públicas.

Resulta prolijo agregar, pero

igual lo hacemos, que la Administra-ción Pública de hoy está sometida a una gran presión como consecuen-cia de la crisis financiera global, la cual debe gestionar en paralelo a sus tareas ordinarias; preciso es reconocer que, por fortuna, en Amé-rica Latina la crisis no ha afectado tanto, por el momento, como en Eu-ropa y Norteamérica, pero igual se esperan fuertes impactos, o por lo menos se están tomando medidas previsoras.

Se enfrenta, no hay duda,

una situación de recorte presupues-tario, ajustes fiscales, medidas de austeridad, etc., que obligan a esta-blecer prioridades, no perdamos de vista que para el ciudadano todos sus derechos y necesidades son prioritarios, especialmente siendo él conciente de que no ha sido causan-


te de la crisis, más bien es víctima, pues son las desatinadas políticas y acciones de los gobernantes, así como la corrupción y la irresponsabi-lidad, las que han llevado a nuestras sociedades al actual estado de co-sas en que se encuentran.

Se ha hecho conciencia sobre

la idea de que gran parte de los pro-blemas que hoy tenemos como ex-presión de la crisis se debe a la opa-cidad con que han sido manejados los asuntos del Estado y la Adminis-tración Pública; los funcionarios públicos, incluidos muchos técnicos, más que detentar ostentan sus car-gos, colocándose por encima del bien y del mal, sintiéndose amos del proceso de gestión, conculcando derechos y convirtiendo en vasallos a sus empleadores, o sea los ciuda-danos, rendir cuenta no es dable para ellos.

De un tiempo a esta parte la

gente reclama no solo legalidad y eficiencia, sino también transparen-cia en la actuación gubernamental; todo esto presiona a la Administra-ción Pública y la está obligando no solo a establecer mecanismos efica-ces de rendición de cuentas y con-troles administrativos, sino también mecanismos de participación ciuda-dana a través de la auditoría social. Los políticos y los gestores públicos de hoy están obligados a entender que la transparencia es un principio y un valor de la actuación adminis-trativa, pero que también es un de-recho de los ciudadanos y un deber de los funcionarios públicos.

Evidentemente, la idea que hoy se asume es que por principio la acción y los documentos guberna-mentales son públicos y por excep-ción reservados, de ahí que los crite-rios que rigen en este ámbito son el de “máxima publicidad” de los asun-tos de la Administración Pública y el de “gobierno abierto”; claro está, apoyándose sin reservas en las herramientas de la Tecnología de la Información. Todo esto permite que los ciudadanos escruten el interior del Estado y cuestionen la actuación de los funcionarios, y participen de forma cualificada, con miras no solo a la eficacia de éste, sino también a la lucha contra la corrupción.

Es importante consignar cla-

ramente que la temática relativa a las presiones que pesan sobre la Administración Pública en la actuali-dad quedaría inconclusa si no abor-damos con precisión la cuestión de los recursos humanos que están al servicio de los órganos estatales, y más aun, ninguna de las otras cues-tiones presionantes que hemos ana-lizado serían suficientes si no somos capaces de gestionar con éxito esta última.

Se trata básicamente de redi-

mensionar este factor, entendiendo que solo con hombres y mujeres comprometidos con la sociedad y que asuman la acción gubernamen-tal como un instrumento para servir a los intereses de los ciudadanos, solo a partir de ello la Administración Pública podrá cristalizar los fines del Estado y se podrá convertir en el mecanismo de desarrollo social,


político y económico que le exige su propia naturaleza.

De la calidad de los funciona-

rios públicos, tanto en el nivel políti-co como en el técnico, va a depen-der el éxito de las políticas públicas y la legitimación social de las institu-ciones estatales; pero no podemos obviar que de la calidad de los servi-dores públicos, entiéndase calidad a partir de capacidad y honestidad, va a depender de los mecanismos e instrumentos que utilicemos para su incorporación y gestión. Profesionalización de la Función Pública Es imposible repensar la so-ciedad y el Estado de hoy sin ponde-rar el valor de las personas en los procesos de transformación; se podría afirmar que de la dotación de las personas, en término de cantidad y calidad, depende el éxito de las organizaciones, en función de los objetivos y metas trazadas. Es por ello que numerosos tratados son dedicados a fundamentar distintos modelos de gestión de personas, recursos humanos o capital humano, como se le denomina indistintamen-te, tanto para el ámbito público como para el privado. En el caso del sector público, que es el que nos ocupa, la gestión humana toma una importancia parti-cular, toda vez que se trata de colo-car bajo la responsabilidad de un cuerpo funcionarial en distintos nive-les los intereses generales de la

sociedad y los individuos, por lo que las normas, los procesos y las meto-dologías deben corresponderse con un conjunto de derechos y deberes que casi siempre tienen rango cons-titucional; además, le corresponde a dicho cuerpo funcionarial articular y ejecutar acciones que se conectan directamente con una estrategia de desarrollo nacional. Por ello existen unas exigencias, criterios y valores no ponderables, necesariamente, en el sector privado, vinculados a nor-mas, naturaleza de relación de em-pleo, naturaleza de las funciones, entre otros. No hay duda en que en el sector público la gestión de las per-sonas tiene un valor estratégico, ya que ésta debe estar estrechamente conectada, no solo con la estrategia organizacional, sino con la estrategia nacional con perspectiva de desarro-llo que debe darse cada país en un mundo como el de hoy; de ahí que debe existir un enfoque sistémico de gestión de personal que aborde to-dos los subsistemas de recursos humanos de forma interrelacionada y con criterio de política pública. La dimensión conceptual de este ítem aparece expuesta de for-ma magistral en la Carta Iberoameri-cana de Función Pública, otro de los documentos doctrinarios del CLAD aprobado en el 2003, en el cual se asocia la idea de Función Pública a un conjunto de arreglos instituciona-les comprendidos por normas, es-tructuras, pautas, procesos, cultura y prácticas que remiten a una gestión adecuada de los recursos humanos


que están al servicio de la Admi-nistración Pública, con aplicación en cualquier realidad nacional o institucional. En lo que refiere a la profesio-nalización del personal del sector público, la Carta propone armonizar los principios de eficacia, eficiencia, mérito, igualdad, imparcialidad, co-mo forma de alcanzar la democrati-zación plena de la Administración Pública; además, se procura garanti-zar con ello la no patrimonialización y el grado necesario de independen-cia e imparcialidad para su apropia-do funcionamiento en razón del in-terés público. El enfoque de Función Pública que ofrece la Carta permite no solo que cada país lo adapte a sus propias realidades, sino que recono-ce que en una misma realidad pueden coexistir distintos modelos de gestión de recursos humanos o de empleo público, siempre que no exista entre ellos un alejamiento tal que entre en contradicción con los principios centrales del sistema. Este enfoque se conoce como el de la combinación del principio de mérito con el criterio de flexibilidad; claro, flexibilidad que no debe ser entendida bajo el esquema de la precarización laboral de las corrien-tes neoliberales.

Evidentemente, la profesiona-

lización de la Función Pública no solo tiene una dimensión teórica o conceptual, tiene una dimensión práctica, la que debemos atender con cierto cuidado, pues con fre-

cuencia la gente se está preguntan-do ¿Carrera Administrativa para qué? Parece que los efectos de la profesionalización no están llegando a los destinatarios, pues al final, de lo que se trata es que estos proce-sos impacten de forma positiva en la calidad de vida, el bienestar o el bien vivir de los ciudadanos.

Se debe hacer un esfuerzo

constante por legitimar los procesos de profesionalización en la región, para ello es necesario desarrollar la Carrera Administrativa en el marco de una Estrategia de Desarrollo, no como un mecanismo aislado; además, es preciso desarrollar indi-cadores y encontrar la vinculación existente entre ellos y la gestión de recursos humanos. Por otro lado, los sistemas de empleo público deben articularse con la participación plena de los diversos actores sociales.

El significado de la Carrera

Administrativa hoy está referenciado en el ciudadano, no en el propio servidor público, si ésta no es capaz de impactar positivamente la calidad de vida de la gente, no encontrará su justificación práctica, por ello los procesos innovadores deben estar fundamentados en la propia configu-ración jurídica de los modelos, como forma de buscar y encontrar siempre la mejor manera de gestionarla, en función de las expectativas y necesi-dades de los ciudadanos.

No debe quedar duda respec-

to del gran aporte que significa que los procesos selectivos de los recur-sos humanos para el sector público


se hagan atendiendo a criterios técnicos y científicos, independien-temente del tiempo y el esfuerzo que esto conlleva, se debe entender claramente la importancia que tiene para la Administración y el ciudada-no reclutar y seleccionar bien el per-sonal público.

De la misma manera, es pre-

ciso asumir con sentido práctico la importancia de planificar los recursos humanos del Estado, pues sin ella no habrá dotación racional y efecti-va; también, la organización del em-pleo es vital y así debe ser asumida; hay que describir con precisión los cargos, solo así pueden ser debida-mente valorados y remunerados; sin justa remuneración es imposible hablar de profesionalización consis-tente y sostenida. Además, son es-tos pasos previos los que permiten un buen diseño para las promocio-nes y los ascensos, donde impere la certeza, la equidad y el reconoci-miento de los méritos de cada quien.

También, es preciso seguir va-

lidando, en la teoría y en los hechos, los procesos de evaluación del desempeño, sabemos que sigue tornándose compleja la cuestión, pero de lo que se trata es de enten-der sin ambages que los procesos de evaluación constituyen no solo mecanismos imprescindibles de supervisión del personal, sino tam-bién una insustituible herramienta para la mejora constante de los co-laboradores. Se trata, además, de ser creativos, explorando y ensa-yando fórmulas que nos permitan descubrir en cada país los espacios

de objetivización y legitimización de este importante proceso de gestión.

Si no sabemos con qué con-

tamos, en términos de capacidades, competencias y honestidad, qué aporta cada quien en el proceso, qué deja de aportar, cómo mejorar lo que tenemos, cómo conseguir lo que necesitamos, no podremos hablar de planificación ni de logro de objetivos institucionales, mucho menos de definición de indicadores de gestión pública.

Ahora bien, sin lo anterior se

hace imposible manejar los procesos de capacitación y desarrollo del per-sonal público desde una perspectiva de metas y objetivos institucionales, capacitar sin base en un plan de mejora, conectado con la estrategia de desarrollo, los planes instituciona-les y las necesidades de capacita-ción, seguirán siendo un gran gasto, nunca una inversión, lo cual termi-nará dando la razón a aquellos que, desde una posición netamente eco-nomicista, no creen en que deba destinarse recursos para la capaci-tación del personal del Estado.

Por último, debemos entender

y lograr que todos entiendan, que la Función Pública, desde una perspec-tiva práctica, debe propender a ins-taurar un clima de armonía laboral, que contribuya a una dedicación plena a las tareas para alcanzar los objetivos institucionales, por lo que resulta más que necesario someter-se a un régimen de derecho laboral público que tiene su origen en las garantías de buena prestación de


servicios de que son acreedores los ciudadanos, el cual contiene dere-chos y deberes, cuya observación obligatoria está más que justificada en los intereses de las personas.

En resumen, de lo que se trata

es de diseñar y aplicar modelos de empleo público que procuren la cali-ficación permanente de los trabaja-dores, pero que esta calificación tenga por objetivo primario una me-jor prestación de servicios a los ciu-dadanos; esas son garantías consti-tucionales y legales en cada uno de nuestros países, en consecuencia el modelo de empleo no puede estar divorciado de ello.

Incluso, el tema de la profe-

sionalización viene tomando cada vez más tanto cuerpo en Iberoaméri-ca, que ya se analiza, discute y prac-tica no solo cobertura a los cuerpos funcionariales medio y bajo, que es a los que tradicionalmente ha abarca-do la Carrera Administrativa, sino también a los altos directivos públi-cos, como expresión de la amplia-ción de la gerencia pública y de la evolución de los sistemas políticos y administrativos de los últimos años.

De lo que se trata básicamen-

te es de articular normas, procesos y metodologías de gestión de aplica-ción exclusiva, en el marco de la profesionalización, a una franja par-ticular que se encuentra entre la gestión concreta y los políticos, o sea, aquellos funcionarios que están llamados a asumir la compleja tarea de dirigir las instituciones públicas. En síntesis, se trata de particularizar, desde los subsistemas de gestión de

recursos humanos, una franja que está sometida a los niveles de ten-sión diaria que se produce entre la política y la administración.

Está demostrada la relación

proporcional directa existente entre profesionalización e institucionalidad, el déficit que acusamos en esta ma-teria podría ser atacado, en una de sus formas, con los esfuerzos para desarrollar modelos de profesionali-zación del empleo público, lo cual sin duda propiciará que las instituciones estatales trasciendan a sus gestores, como garantía de la efectividad de las políticas públicas y la continuidad del desarrollo. Los desafíos pendientes en la gestión pública de la Región Si hacemos un balance crítico y sincero, nos debemos convencer de que las administraciones públicas del Istmo Centroamericano y de República Dominicana han marcado un proceso de avance ascendente en procura de cualificar los procesos de gestión, actualmente contamos no solo con diagnósticos, sino tam-bién con planes de intervención, en muchos de los casos ya en aplica-ción, con logros ostensibles. En lo que respecta a la profesionalización de la Función Pública y a la adop-ción de modelos de gestión de cali-dad los ejemplos son relucientes. No obstante, también hay que reconocer que aún tenemos grandes


déficits que implican serios desafíos para varios de los países, los cuales es preciso afrontar con toda la firme-za que se requiere, pues no debe-mos perder de vista el criterio de integralidad de la reforma y la mo-dernización de la Administración Pública; incluso, se pueden verificar casos donde los avances en deter-minado aspecto no pueden ser veri-ficados en su justa proporción por los atrasos que se presentan en otros rubros.

Pese a los ingentes esfuerzos y el logro de significativos resulta-dos, verificados en las distintas me-diciones realizadas con el Barómetro de Servicio Civil, las relaciones pri-marias siguen influyendo fuertemen-te en los mecanismos de asignación de cargos públicos en muchos de los países de la región centroamericana; aun el clientelismo político opera de forma muy negativa, obstaculizando que las administraciones ingresen con éxito al Estado del Siglo XXI y que ofrezcan, en consecuencia, res-puestas adecuadas a las crecientes demandas ciudadanas.

Está pendiente todavía la ciu-dadanización de los temas referidos a la gestión pública, incluso la gente no se involucra, hemos afirmado que el éxito de los procesos de profesio-nalización en la regi

Revista Centroamericana de...

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