Reforma 2014

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Director: Abundio Núñez Sánchez

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Jul

2014

Portada Opinión Eduardo Bautista Víctor Leonel Juan Martínez Soledad Jarquín Edgar Miguel Ángel Vásquez Sara Lovera Felipe Martínez Soriano Mario Arturo Mendoza Flores Moisés Bailón Jiménez Raúl Campa Torres Raúl Sinobas Solís Roberto Molina Juan Manuel López Alegría Aquiles Córdova Morán María de los Ángeles Nivón Bárbara García Chávez Abundio Núñez Sánchez Miguel Merino Baltazar Abraham Santiago Soriano

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Jenaro Villamil / Proceso

Domingo, 13 Julio 2014

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Antecedidos por la aprobación de la llamada Ley Peña-Televisa en el

Congreso de la Unión, comenzaron ya a manifestarse los primeros reacomodos en el

mercado de las telecomunicaciones. El acicate lo aplicó el martes 8 el magnate Carlos

Slim al anunciar la desincorporación y venta de activos de su empresa América Móvil.

Antes del sorpresivo anuncio, el consorcio de Emilio Azcárraga Jean festejaba las leyes

que ostensiblemente lo favorecieron. Pero lo cierto es que, según expertos consultados

por Proceso, aun dentro de este mar de asechanzas mutuas, y a la sombra de una ley tan

deficiente como sesgada, ni uno ni otro magnate saldrán perdiendo, ya que su apuesta a

partir de ahora será por la "cartelización" de sus negocios

MÉXICO, D.F., (Proceso).- El martes 8 se inició un nuevo episodio en la guerra de las

telecomunicaciones entre las compañías de Carlos Slim y de Emilio Azcárraga Jean. Ese día

América Móvil, propiedad del primero, comunicó a la Bolsa Mexicana de Valores "la

desincorporación y venta de ciertos activos a favor de algún nuevo operador

independiente".

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El propósito, según Slim, es dejar de ser agente económico preponderante; es decir,

disminuir su control de 70% a menos de 50% del mercado del sector que agrupa la

telefonía fija, la telefonía móvil y el internet.

La decisión sorprendió a los legisladores y al propio Ejecutivo federal, pero no a los

mercados financieros. Incluso se dio a conocer justo cuando la Cámara de Diputados había

votado, en lo general, la minuta de la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones –

conocida como Ley Peña-Televisa, por su sesgo a favor del consorcio de Azcárraga Jean.

No había posibilidad ya de cambiar el artículo 12 transitorio que establece los plazos para

la desincorporación de activos, partes sociales y acciones de los llamados "agentes

económicos preponderantes". Al día siguiente del comunicado de América Móvil, las

acciones de la compañía repuntaron de manera espectacular en las bolsas de México y

Nueva York: crecieron 9.4%.

La firma ganó 6 mil 851 millones de dólares el miércoles 9; es decir, recuperó parte

importante de lo que había perdido desde marzo de 2014, cuando se presentó la iniciativa

del Ejecutivo federal. En aquella jornada, América Móvil perdió 24% de su valor, en una

clara percepción bursátil de que sería el monopolio más afectado. Hasta el viernes 11, las

acciones de América Móvil habían crecido 10% en Nueva York y 11% en México.

El miércoles 9,

Slim y su equipo financiero viajaron a Nueva York para negociar un programa de crédito

por 2 mil 500 millones de dólares con el BBVA, el Banco de Tokio, Mitsubishi, Citigroup,

Sanpaolo y Santander, según información de la agencia Reuters. Asimismo, el magnate

analiza incrementar a 17% su participación financiera en The New York Times, donde

invirtió 250 millones de dólares en créditos en 2009.

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Desconcertados, los reguladores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

guardaron silencio ante el anuncio de esta compañía claramente dominante y que, según

la ley, tendría que compartir su infraestructura y cobrar tarifa de interconexión cero a sus

competidores más pequeños, como la española Telefónica –en pláticas con Iusacell-

Televisa para formar una sociedad–, Maxcom y Nextel.

En el Senado, el perredista Alejandro Encinas ironizó: quisieron frenar a uno de los

hombres más ricos del mundo y con un simple anuncio ganó en la bolsa casi 70 mil

millones de pesos.

El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, actuó en una forma que pone

en duda la autonomía recién estrenada del IFT. Prácticamente habló en nombre del

instituto cuando afirmó en una rueda de prensa, el mismo miércoles 9, que América Móvil

"deberá presentar un plan" ante el instituto y éste "tendrá que señalar si ese plan cumple o

no con generar competencia efectiva en cada uno de los mercados".

–¿Confían en que Televisa, el otro gran preponderante del país, tome pronto medidas

similares a las que anunció América Móvil? –preguntó a Castillejos el corresponsal de The

Wall Street Journal.

–La de América Móvil ha sido una decisión unilateral. Una decisión de modelo de negocios.

Y corresponderá a cada agente económico tomar sus propias decisiones ante el nuevo

marco regulatorio del país –respondió el consejero jurídico de Los Pinos, quien volvió a

comportarse como vocero extraoficial de la principal televisora del país.

Dos días después, Slim declaró a la agencia Reuters que la operación de desincorporación

de entre 15 y 20% de sus activos no duraría un año ni seis meses, en clara contradicción

con lo afirmado por Castillejos.

Por su parte, el semanario británico The Economist interpretó así la reacción del mundo

financiero ante el anuncio de América Móvil: "Los inversores claramente lo tomaron como

una retirada táctica más que como una derrota, con la intención de ganar la aprobación del

IFT para que América Móvil pueda ofrecer el paquete de triple play de televisión, teléfono

e internet".

INCENTIVO PARA FORMAR CÁRTELES

Para el especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, el anuncio de

América Móvil es "una carambola de varias bandas". Permitió, dice, el repunte bursátil de

la compañía, lo que impactará en los otros mercados latinoamericanos.

La firma pasará de ser "el agente a controlar, a ser el consorcio que ayudará al regulador",

y le dará mayor valor al mercado del triple play, al tiempo que pondrá en aprietos a las

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otras compañías telefónicas –incluyendo a Televisa-Iusacell– que esperaban utilizar la

infraestructura de Telmex y Telcel para crecer.

Entrevistado por Proceso, Negrete interpreta así los escenarios: "Cálculos preliminares

indican que desincorporando cerca de 20% de cada uno de sus negocios en los segmentos

de telefonía fija y móviles le bastaría a América Móvil para tener una participación en el

sector de 49.17%. Sin embargo, esto no indica que en cada servicio haya reducido su

participación por debajo de 50%, evidenciando que la regulación de preponderancia debió

ser por servicio y no por sector".

De manera coincidente, el especialista Ramiro Tovar, académico del Instituto Tecnológico

Autónomo de México, considera que la decisión de América Móvil constituye "un escarnio

público" a las empresas vinculadas a Televisa, como Canitec, Canieti y otras que alabaron la

ley por frenar al monopolio de Slim; además, tendrá un impacto negativo sobre la noción

de "agente económico preponderante" por "sector" que fue defendida por los legisladores

que votaron a favor.

"El 30% de esta nueva legislación, que tiene que ver con el agente económico

preponderante, queda anulado. Los mismos legisladores mataron este invento. Al intentar

transferir recursos financieros y redes e infraestructura de un operador a otro, acabaron

matando la noción del agente económico preponderante. Afortunadamente, la ley marcó

el camino de salida", abunda Tovar.

"El autor o los autores del término 'agente económico preponderante' establecieron el

peor criterio regulatorio en la historia de México, y como consecuencia de eso obligarán a

los competidores en telefonía y en radiodifusión a ponerse de acuerdo para distribuirse un

mercado y a volverse cárteles", sentencia el también especialista en competencia.

–¿Pasarán entonces de ser monopolios a ser cárteles agrupados en torno a un

dominante? –se le cuestiona a Tovar

–Así es. En lugar de regular a través del criterio de "mercado relevante", que está en la Ley

Federal de Competencia Económica, prefirieron el de "agente económico preponderante"

por sector y no por servicio a partir del control del 50%. Obviamente, no hubo ningún

economista que les dijera que esto equivale a hacer un cártel de la industria.

"Eso equivale a decir que sólo te penalizarán si superas el 50%. Luego entonces, todos

tratarán de mantener un poco menos, entre 40 y 47%; tanto Televisa como América

Móvil."

–¿Qué implicaciones tiene que lo hayan definido por sector y no por servicio?

–Por sector es todavía peor porque les da la oportunidad de que sigan manteniendo el

monopolio en un mercado, ya que sumas lo que no es sumable. Por ejemplo, a Televisa le

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van a sumar las audiencias de radio y de televisión abierta. Así no supera el 50%, pero

mantendrá el control de las audiencias de televisión abierta.

"Aún si hubieran puesto el 50% por servicio, esto es un incentivo para cartelizarse. Esto lo

vamos a ver. Eliminaron el incentivo para competir cuando uno se va acercando al 50%.

Entonces, los presuntos rivales se van a poner de acuerdo y se repartirán el mercado. Es

una especie de competencia administrada."

–¿Algo similar a lo que han hecho Televisa y TV Azteca al repartirse entre 70 y 30% del

mercado de la televisión abierta?

–Así es. Aquí hay dos aberraciones: definir preponderancia a partir del 50%, y la aplicación

mañosa de que sea por sector. Hubo mucho ruido y nada de nueces en esta ley.

SLIM, HACIA LA TV ABIERTA O DE PAGA

De acuerdo con datos del IFT, América Móvil –que agrupa a Telmex, Telcel y al servicio de

internet– mantiene más de 60% del mercado en telefonía móvil, telefonía fija, internet

móvil e internet inalámbrico. En el único rubro donde no tiene inversión es en televisión

restringida (ya sea vía cable o satelital).

Paradójicamente, hasta 2006 Slim mantuvo una participación de 24.7% en Televicentro, a

través del Fideicomiso Inbursa. Incluso, llegó a tener 49% de inversión en Cablevisión, la

empresa de televisión por cable más importante de Azcárraga Jean. Hasta ese momento no

había problema por la participación del concesionario de Telmex en inversiones en

televisión.

Todo cambió en febrero de ese año, cuando las acciones de Slim en el Grupo Televisa

disminuyeron hasta 2%, mantuvo una mínima participación en Cablevisión y buscó su

participación en el mercado de la televisión restringida. Ahí se inició la "guerra" entre los

dos gigantes.

Actualmente, en telefonía fija, de los 20.3 millones de líneas que existen, Slim tiene 67.6%

(13.7 millones); en telefonía móvil, de 102.6 millones de líneas, América Móvil posee 70.1%

(71.9 millones); en internet fijo tiene 66.9% (9 millones), y en internet móvil 62% (8.9

millones), según los datos del IFT.

En contraste, Grupo Televisa es dominante en televisión abierta (70%); mantiene una

participación en telefonía móvil (8% a través de Iusacell), una mínima participación de 4%

en telefonía fija y de 14% en internet. Su dominio en televisión restringida es claro. Hasta

el cierre de 2013 tenía 56.4% de ésta, dividida en dos grandes tecnologías: por cable

(Televisa posee 34.1% a través de sus filiales Cablevisión, TVI y Cablemás) y satelital (Sky

tiene 71.8% del mercado).

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Si se concreta la adquisición del 100% de Cablecom, compañía en la que adquirió 49% a

través de instrumentos de deuda, la empresa de Azcárraga tendría 8.2% más de ese

mercado.

Para que América Móvil pueda participar en los contenidos audiovisuales (televisión

abierta y televisión de paga) debe dejar de ser preponderante en sus otros servicios; es

decir, tener menos de 50% del mercado.

El anuncio del martes 8 dejó establecido claramente que Slim va por el mercado del triple y

el cuádruple play; o sea, por dar los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión

restringida.

"La decisión de desincorporación de venta de activos está condicionada a que Telmex y

Radiomóvil Dipsa (Telcel) dejen de ser preponderantes y estar sujetos a medidas

asimétricas, y puedan acceder a la convergencia. Asimismo, estos activos deberán

venderse en condiciones de mercado a su valor comercial", según estableció la compañía.

Al mismo tiempo, anunció que renunciaba "a los derechos derivados del contrato de

opción de compra de 51% de las acciones representativas del capital social de Dish

México", pero mantenía su acuerdo comercial para dar servicios de facturación y cobranza,

distribución y arrendamiento de equipo, con esta compañía administrada por MVS, de

Joaquín Vargas.

La alianza entre Telmex y Dish México generó uno de los episodios más fuertes de la guerra

entre las compañías de Azcárraga y Slim. Televisa y Canitec –la cámara de empresas

cableras dominada por Azcárraga– presentaron sendas denuncias en contra de Telmex por

violar su título de concesión que prohíbe dar servicios audiovisuales, ya sea en televisión

abierta o restringida.

Arturo Elías Ayub, director de Comunicación, Relaciones Internacionales y Alianzas de

Telmex, ha señalado a Proceso en reiteradas ocasiones que a América Móvil le interesa la

participación en televisión restringida. Desde 2009 preparó la infraestructura para poder

dar contenidos, esperando el cambio de su título de concesión, que se frenó durante el

sexenio de Felipe Calderón.

Los analistas consultados señalan que si América Móvil deja de ser preponderante, puede

competir no sólo en televisión restringida, también en televisión abierta. La misma

compañía de Slim ya ha ensayado la distribución de contenidos de los Juegos Olímpicos de

Invierno a través de Canal 22, la señal de Conaculta que es concesión y no permiso.

La empresa UNOTV, creada para ofrecer servicios audiovisuales, sólo transmite

información por medio de internet, y cuenta con estudios e infraestructura para distribuir

contenidos en televisión restringida.

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América Móvil puede incursionar en la televisión restringida con su propia infraestructura

o formar una sociedad con alguna de las grandes cableras que no forman parte de Grupo

Televisa, como es el caso de la empresa Megacable, de Enrique Yamuni, que hasta el cierre

de 2013 tenía 13.5% de este mercado. Otras versiones en la industria de cable mencionan

la posibilidad de que Megacable entable una alianza con Telefónica.

"Estar presente en el mercado audiovisual en México es indispensable para cualquiera de

las compañías", afirma Negrete. "Como lo han señalado compañías como Ericcson, Cisco,

Alcatel-Lucent, la imagen audiovisual será uno de los principales generadores de datos en

la red y, por lo tanto, de ingresos para las empresas de telecomunicaciones, por lo que

estar fuera de este servicio implicaba condenarse a la ineficiencia de la red, inversiones

postergadas, falta de evolución tecnológica y, sobre todo, débil crecimiento de utilidades",

explica el director de Mediatelecom.

Para Negrete, los posibles adquirientes de 20% de la infraestructura de América Móvil

serían compañías estadunidenses, como Comcast o Verizon. Comcast anunció en febrero

pasado una sociedad con Time Warner Cable para producir precisamente contenidos en

triple play. Descartó la posibilidad de que sean AT&T o alguna empresa europea como

Deutsche Telecom o France Telecom, o la china Huawei.

Estas mismas empresas, pronostica el especialista, no sólo entrarían a ofrecer servicios de

telefonía e internet al mercado mexicano, sino también servicios de televisión restringida;

ahí, insiste, Grupo Televisa tendría dos rivales al mismo tiempo: América Móvil y los

posibles compradores de 20% de su infraestructura.

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Viernes 11 de julio de 2014

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Otras notas de Política

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Además, la programación será controlada por la autoridad

Limitan las nuevas leyes el desarrollo de la radio y

la tv públicas: expertos ISRAEL RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS MIRANDA Y CIRO PÉREZ Periódico La Jornada

Viernes 11 de julio de 2014, p. 9

La nueva ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en el contexto de la aprobación de la reglamentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, limita la obtención de financiamiento de entidades públicas, como el Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación (dependiente de la Secretaría de

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Educación Pública), así como del Canal 22 (del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) y Canal Once (del Instituto Politécnico Nacional, aseguró el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).

Esta institución independiente, que se dedica al análisis y a hacer propuestas de políticas viables para el desarrollo, explicó que la nueva reglamentación limita las opciones de financiamiento a donativos, aportaciones y la prestación de algunos servicios, los cuales no excederían el uno por ciento del presupuesto asignado a comunicación social del gobierno federal o estatal correspondiente, lo que equivale a supeditar su potencial desarrollo al presupuesto público y su contenido al control político de la autoridad en turno.

Por otra parte, Alejandro Ocampo Almazán, profesor del departamento de comunicación del Tecnológico de Monterrey, indicó que el hecho de que la Secretaría de Gobernación y los proveedores de Internet estén obligados a guardar la información de los usuarios dos años “es gravísimo, porque se está imponiendo una especie de policía del pensamiento y se está perdiendo la libertad y la neutralidad de la red”.

Señaló que prácticas como la pornografía infantil y la trata de personas no pueden permitirse bajo ningún concepto, “pero el hecho de que se pueda espiar prácticamente sin ningún mandato judicial es muy grave” y contradice las resoluciones de la Corte Europea, que recientemente obligó a Google a borrar los registros de las actividades sus usuarios.

En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos señaló que “analiza si la recién aprobada ley federal de telecomunicaciones genera las mismas circunstancias de incertidumbre ante la falta de respaldo judicial y la posible invasión del ámbito de la privacidad”, en relación con la geolocalización.

Destacó que en la legislación secundaria de telecomunicaciones se prevén supuestos en los que las instancias de procuración de justicia y seguridad nacional pueden requerir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.

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Telecom y el Canal 13 Fiel portavoz Sábado, 12 de julio de 2014 - Edición impresa En: Editoriales, Opinión

Por Antonio Plascencia Gómez (*)

La reforma a la ley de teleconomunicaciones de 2013 estableció la necesidad de crear un

nuevo marco jurídico que sustituyera a la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 y a la

Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995.

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La reforma creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que regularía, dijeron, a

sectores tan estratégicos, influyentes y poderosos como la radio, la televisión, la prensa

escrita y el internet.

El IFT estableció entonces como preponderantes a Telmex/Telcel en el “sector”

telecomunicaciones y a Televisa en el “sector” de radiodifusión. La reforma fue aprobada

en mayo de 2013 y pasó a su segunda fase conocida como leyes secundarias que el senado

aprobó ya con los votos del PRI y de alguna fracción del PAN.

Estas leyes secundarias, en las cuales participó activamente el PRD y que irónicamente

votó en contra, establecen, sí, beneficios para los consumidores pero también abren

camino para el sobreenriquecimiento de la principal empresa en radiodifusion: Televisa. Es

decir, con la reforma las llamadas nacionales de telefonía móvil y fija no costarán, la

portabilidad será gratuita y rápida (menos de 24 horas), habrá más competidores en

telefonía móvil y se abrirán dos nuevas cadenas de televisión abierta y nacional y que -

declarada Televisa preponderante- estará obligada a permitir la utilización de su

infraestructura.

Pero con la decisión de establecer en la ley secundaria la determinación de preponderancia

por “sector” y no por “servicio”, se sigue manteniendo un régimen de excepción para los

diferentes mercados que subsisten en las industrias de la radiodifusión y de las

telecomunicaciones.

Esta decisión permite que Televisa no sea declarada preponderante en la televisión de

paga, aunque tenga más del 60% de ese mercado; seguir en su proceso de eliminación de

competidores (como Dish de MVS) y con buenos abogados ni en televisión abierta.

De la misma manera establece la posibilidad de que esta empresa pueda abrir más

estaciones de radio y contener más “comerciales” o “infomerciales” durante sus

contenidos, todo esto en beneficio económico de la empresa de Emilio Azcarraga Jean -que

tanto daño ha hecho al pueblo de México- y la telebancada en la que están pseudopanistas

de dudosa reputación como Javier Lozano.

De los tres senadores que tiene Yucatán, dos votaron a favor y sólo Daniel Ávila Ruiz (PAN)

voto contra reglamentar estas leyes secundarias.

En este contexto, Telmex/Telcel recientemente anunciaron que reducirán su participación

debajo del 50% para dejar de ser preponderante en ese “sector” y que permitirán el uso de

sus instalaciones para algún competidor con poder económico.

En Yucatán estamos en pañales en telecomunicaciones; las estaciones de radio suelen

servir a los intereses del gobierno en turno y son poco o nada criticas ni objetivas a la hora

de informar. Al oír los noticiarios locales de Grupo Rivas, Grupo Fórmula, Sistema Rasa,

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IMER, etcétera, pareciera estar escuchando las actividades relatadas (no explicadas y

menos criticadas) del gobernador, legisladores locales o alcaldes.

Aunque hay repetidoras de la empresa MVS y sus noticiarios en Yucatán, hace falta un

noticiario de la misma calidad que, por ejemplo, la primera emisión de noticias MVS, pero

Yucateco.

El Canal 13 de Yucatán, creado en febrero de 1970 por Manuel Barbachano, inaugurado

por el entonces candidato del PRI Luis Echeverria Álvarez y el gobernador Carlos Loret de

Mola, embargado posteriormente por el gobierno federal en 1974 y reabierto en 1981 por

la compra del gobierno del Estado que hizo Francisco Luna Can, ha servido más como fiel

portavoz de su jefe en turno: el gobernador.

Siendo del gobierno del Estado, es de todos los yucatecos; empero, el canal nos anuncia -

incluso presumiendo en lengua maya- en cada noticiario (tiene más programación, pero

acá importa la información) las actividades del gobernador hasta el hartazgo, si la

administración meridana es panista toca los temas ríspidos y los magnifica, sean ciertos o

no, los conductores del noticiario del canal repiten los errores de administraciones panistas

y no tocan ni con su punto de vista los errores del gobierno del Estado.

La solución: abrir estaciones de radio plurales, objetivas, críticas, confrontativas e

irreverentes ante cualquier administración pública y vender Canal 13 ó equilibrar la

información, fiscalizando por igual a todos los actores políticos.

Una sociedad informada es una sociedad que critica.- Mérida, Yucatán.

[email protected]

@antonioplascen

—–

*) Politologoblasto y dermatólogo

Etiquetas:Antonio Plascencia Gómez, Editoriales

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Telecomunicaciones

Enrique Peña Nieto promulga la Ley Federal de Telecomunicaciones en el Palacio Nacional. ESPECIAL

• Mejores servicios a menores precios con reforma en telecom: SHCP • Es turno de la autoridad vigilar aplicación de ley telecom • Ley secundaria en telecom se quedó corta, señala Aureoles Compartir:

o Asegura que la ley traerá beneficios

El Presidente promulga la legislación luego de su aprobación en el Congreso de la Unión

CIUDAD DE MÉXICO (14/JUL/2014).- El Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, luego de que concluyera la semana pasada el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la Unión. En el acto realizado en el Patio de Honor de Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza ofreció un discurso previo a que el Presidente Peña Nieto promulgara la legislación, en el cual destacó que la legislación dará oportunidad a muchos mexicanos y mexicanas de ser incluidos en uno de los avances tecnológicos más importantes de la humanidad. Al promulgar la Legislación Secundaria de las reformas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, el titular del Ejecutivo federal detalló los cuatro ejes rectores: Internet al alcance de más mexicanos, telefonía más eficaz y costos accesibles para la población, así como mayor competencia en radio y televisión. Destacó también la obligatoriedad para las empresas de impulsar accesibilidad para los usuarios con alguna discapacidad y agradeció el trabajo de los senadores y de los diputados al aprobar

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con amplia mayoría esta reforma y sus leyes secundarias. Acompañaron al Mandatario los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y de Hacienda, Luis Videgaray, así como el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos y el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras. También asistieron los legisladores priistas, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones; los panistas José Luis Preciado y José González Morfín, además de Aurelio Nuño, jefe de la oficina de la Presidencia. Pese a que la aprobación de la legislación en el Congreso de la Unión tomó más tiempo del que se esperaba, los cambios y ajustes en materia de telecomunicaciones ya comienzan a verse. Un ejemplo es el anuncio que realizó el martes pasado América Móvil, que desincorporará activos para librarse de la etiqueta de actor preponderante en el sector. Algunos de los puntos destacados en esta ley, que debió estar aprobada en diciembre pasado, son: la eliminación del cobro de Larga Distancia Nacional a partir de enero de 2015; en prepago la consulta de saldo será gratuita y el saldo tendrá vigencia de un año y no dos meses, y el desbloqueo se hará en un plazo de 24 horas. Esta legislación surge a partir de la reforma constitucional aprobada en junio de 2013, que busca garantizar la competencia efectiva e incrementar la cobertura de servicios como la banda ancha, televisión y telefonía, con mejores precios y mayor calidad para los mexicanos. La nueva legislación suple a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en 1995 y a la de Radio y Televisión promulgada en 1960, para dar paso a un nuevo marco convergente. Una vez que entre en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los usuarios del servicio de telefonía móvil podrán ejercer su derecho a la portabilidad en sólo 24 horas a partir de que se presenta la solicitud, un trámite que en la actualidad puede tardar hasta 10 días. También, a partir del 1 de enero del próximo año, las llamadas desde un teléfono fijo o móvil se cobrarán como llamadas nacionales, es decir, se dejará de pagar el costo extra por la larga distancia nacional, lo cual representará un ahorro de alrededor de 20 mil millones de pesos al año. La nueva ley obliga a los operadores de telefonía móvil a incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas el cobro por segundo sin perjudicar otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, capacidad o cualquier otra modalidad. Además, en el caso de que el servicio presente fallas o cargos indebidos, las empresas tendrán la obligación de realizar bonificaciones o descuentos en sus tarifas, en tanto que los usuarios de prepago podrán conservar su saldo hasta por un año, y ningún operador deberá cobrar por la consulta de éste. La nueva ley establece que dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) deberá iniciar los procedimientos de investigación que correspondan para determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. En materia de contenidos, se crea la figura del defensor de la audiencia, el cual será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de los televidentes. Asimismo, establece que el órgano regulador deberá realizar los estudios correspondientes para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios de televisión a incluir una barra programática dirigida al público infantil. Ello, señala, dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley, con el fin de

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promover la cultura, el deporte, la conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Con información de El Universal y NTX.