¿Qué quiere las Farc?

7/22/2019 ¿Qué quiere las Farc?

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Fundación Ideas para la paz

Octubre de 2010 Serie Informes No. 11

Gerson Iván Arias

Carlos Andrés PrietoMilena Peralta

¿Qué quieren las FARC?

Agendas de negociación en

los procesos de paz



2 • www.ideaspaz.org/publicaciones•



Contenido •

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Presentación

1. Introducción

2. Aproximaciones conceptuales a los conictos

armados, procesos de negociación y defnición de

agendas

2.1. Introducción

2.2. El conicto y los nuevos contextos

2.3. La negociación

2.4. Denición de la agenda

3. Los temas de agenda en las FARC

3.1. Las agendas de negociación: la experiencia de

1982-2002

3.1.1. Las plataformas originales de lucha de las FARC

3.1.2. ¿Qué propusieron negociar las FARC entre

1982-2002?

3.2. Las FARC en la era Uribe (2002-2010): ¿Una agenda

posible?

4. Conclusiones

Contenido ¿Qué quieren las FARC? Agendas de

negociación en los procesos de paz



¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz • octubre de 2010 • 5

Presentación

Con el propósito de contribuir de manera ecaz a la com-

prensión de todos los escenarios que surgen del conicto ar-

mado en Colombia, la FIP presenta el informe “¿Qué quieren

las FARC? Agendas de negociación en los procesos de paz”.1

Desde su constitución como centro de pensamiento en1999, la FIP ha defendido con convicción que el conicto ar-

mado colombiano necesariamente concluirá con una nego-

ciación o una serie de negociaciones de paz que requerirán

la debida preparación y asistencia técnica.

Como parte de esta iniciativa, el presente informe2 tiene

como objetivo identicar y analizar los principales contenidos

de las distintas agendas de negociación de las FARC, sus

principales rupturas y continuidades, como un elemento pri-

mario que permita plantear escenarios futuros de solución

negociada del conicto con este actor armado.

Vale aclarar que este documento no pretende justicar el

contenido de dichas agendas ni muchos menos sugerir que

esos serán los temas y asuntos de una futura agenda de ne-

gociación con esta guerrilla. Se trata de un ejercicio de análi-

sis y sistematización que busca mejorar el conocimiento del

conicto armado colombiano y sus posibilidades de pensar

su solución política, en la medida en que esta sea posible y

probable.

En términos de la coyuntura actual y teniendo en cuenta

los notables cambios de la historia reciente del conicto ar-

mado que tienden a afectar de manera irreversible el accio-

nar de los grupos guerrilleros, este documento plantea unos

elementos históricos que deberán tenerse en cuenta parauna posible negociación, aunque considera que dicho esce-

nario parece cada vez más distante y limitado si se tienen

en cuenta los temas que el Estado y la sociedad aceptarían

discutir hoy por hoy con estos grupos insurgentes.

La realización de esta investigación y la publicación de

este informe fueron posibles gracias a los generosos aportes

de la Fundación Ford.

1 Agradecimientos especiales a María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP y a Juan Carlos Palou coordinador del Área de Construcción de Paz y Post

conicto por sus comentarios y aportes a este documento. Los autores también agradecen los comentarios de Carlos Eduardo Jaramillo, analista y ex consejero

de paz.2 Esta investigación fue desarrollada por Gerson Iván Arias, Coordinador del Área de Dinámicas del Conicto y Negociaciones de Paz; Carlos Prieto, Investigador

del Área de Dinámicas del Conicto y Negociaciones de Paz, y Milena Peralta, asistente de investigación del Área de Dinámicas del Conicto y Negociaciones de

Paz.




1. Introducción

El análisis del conicto armado colombiano frecuente-

mente se ve atiborrado de creencias que nada o poco tienen

que ver con la historia política del país. Una de las más re-

cientes muestras de tal falta de coherencia la dio el propio ex

Presidente de la República, Álvaro Uribe, al exponer, sin nin-

guna mesura, que en los años 80 las FARC (Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación

Nacional) harían la paz “si Colombia ampliaba la democracia

hacia la elección popular de alcaldes y gobernadores”.3

Desde luego una lectura juiciosa de los distintos plantea-

mientos de agenda de estos grupos guerrilleros lleva a la con-

clusión que el asunto es mucho más complejo. Este tipo de

interpretaciones desconocen, por ejemplo, en el caso de las

FARC a lo largo de estos 45 años de existencia, su aspiración

por el poder político. Afortunadamente recientes análisis han

vuelto a colocar en su verdadera dimensión estos asuntos

4

ypor ende han incrementado el nivel de conocimiento sobre

estas guerrillas5 y sobre el conicto armado en el que se ha-

llan inmersas.

Este es precisamente el objetivo del siguiente Informe de

la FIP: identicar y analizar los principales contenidos de las

distintas agendas de negociación de las FARC, sus principa-

les rupturas y continuidades, como un elemento primario que

permita plantear escenarios futuros de solución negociada

del conicto con este actor armado.

El documento no pretende justicar el contenido de di-

chas agendas ni mucho menos sugerir que esos serán los te-

mas y asuntos de una futura agenda de negociación con estaguerrilla. Se trata de un ejercicio de análisis y sistematización

que busca mejorar el conocimiento del conicto armado co-

lombiano y las posibilidades de pensar una solución política,

en la medida en que esta sea posible y probable.

En términos de la coyuntura actual y teniendo en cuenta

los notables cambios de la historia reciente del conicto ar-

mado que tienden a afectar de manera irreversible el accio-

nar de los grupos guerrilleros,6 este documento plantea unos

elementos históricos que deberán tenerse en cuenta para

una posible negociación. Desde luego, es oportuno mencio-

nar que dicho escenario de negociación parece cada vez másdistante y limitado si se tienen como referentes los temas que

el Estado y la sociedad aceptarían discutir actualmente con

estos grupos insurgentes.

Desde el punto de vista conceptual el informe se enfoca

en los denominados temas sustantivos de la agenda de nego-

ciación. Es decir, “aquellos temas de la agenda que constitu-

yen el núcleo de las materias negociables y que por lo general

se conguran a partir de las demandas de cambio por parte

de la insurgencia”.7 Para ser más precisos, el informe se con-

centra sobre las demandas que los grupos guerrilleros a lo

largo de su historia han considerado como asuntos de nego-

ciación con el Estado colombiano.8

Este informe se divide en tres partes. Una primera aborda

de manera sintética algunos elementos teóricos para aproxi-

marse al tema. Una segunda hace un recorrido histórico so-

bre el contenido de estas agendas para el caso de las FARC.

Seguidamente un análisis de estos contenidos, para nalizar

con unas conclusiones.

Este informe será complementado con dos boletines vir-

tuales sobre las agendas de negociación tanto de las FARC

como del ELN, que podrán ser descargados desde la página

web www.ideaspaz.org.

3 La frase completa es: “Esta violencia fue inútil, ha sido inútil. Esta violencia, yo recuerdo que siendo yo estudiante universitario –yo estudié en la universidad

pública– las Farc y el Eln decían que si Colombia ampliaba la democracia hacia la elección popular de alcaldes y gobernadores harían la paz. Este país adoptó

la elección popular de alcaldes y, pocos años después la elección popular de gobernadores en la Constitución de 1991. Al otro día, en lugar de hacer la paz, se

convirtieron en sicarios de los alcaldes, en factores de extorsión de los gobernadores. Combinaron las formas de lucha: mataban y penetraban las instituciones

y le enseñaron eso al paramilitarismo.” (Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez, al clausurar el Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Rein-tegración, Cartagena, 2009).

4 Varios autores. Qué, cómo y cuándo negociar con las Farc. Bogotá: Intermedio editores, 2008.5 Pecaut, Daniel. Las FARC ¿Una guerrilla sin n o sin nes? Bogotá: Editorial Norma, 2008.6 Ver: Fundación Ideas para la Paz. Las Farc: un año después de “Jaque”. Boletín Siguiendo el Conicto, junio de 2009.7 Bejarano, Jesús Antonio. “Los procesos de paz. Un análisis de las negociaciones en El Salvador, Guatemala y Colombia”. En: Una agenda para la Paz. Aproxima-

ciones desde la teoría de la resolución de conictos. TM Editores, Bogotá, 1995, p. 184.8 Teniendo siempre presente, tal como lo recuerda Pecaut, que la política de los grupos debe analizarse no por sus declaraciones sino por lo que hacen

(Pecaut,Daniel.Ciudadanía e instituciones en situaciones de conicto. En: Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas

por el conicto, Cinep- ODECOFI, Bogotá: (2009); p. 310-322.




2. Aproximaciones conceptuales a

los conictos armados, procesos de

negociación y defnición de agendas

2.1. Introducción

El análisis de los conictos armados y la denición demodelos exitosos de resolución han sido temas abordados

desde áreas distintas como la sociología, la antropología, la

historiografía, la ciencia política y las relaciones internaciona-

les.9 Para el estudio de conictos armados como el que vive

Colombia se han desarrollado durante las últimas décadas

diversos trabajos enfocados a analizar tanto la naturaleza y

causas del conicto, como las posibles alternativas para la

resolución del mismo.

Conceptualmente, el conicto se ha entendido como el

encuentro de valores, conceptos e intereses que se contra-

ponen. En el caso de conictos armados internos las razones

suelen ser más profundas, más estructurales, mezclando ele-

mentos económicos, políticos y sociales, que en las últimas

décadas, han incluido variables relacionadas con la religión,

la etnia y los nacionalismos exacerbados, entre otros.

Autores de diversa procedencia académica y geográca

han desarrollado un trabajo conceptual extenso con la na-

lidad de denir y abordar los conictos armados desde dife-

rentes esquemas y modelos teóricos. Uno de estos autores

es Vicenç Fisas, quien elabora su propuesta conceptual de-

niendo el conicto como el producto de disputas que se es-

tructuran por antagonismos e incompatibilidades entre dos o

más partes; es el resultado complejo de valoraciones, pulsio-nes instintivas, afectos y creencias que pueden ser nalmen-

te conducidos, transformados y superados por las mismas

partes con o sin ayuda de terceros.10

En esta misma línea, Galtung tiene una forma especíca

de reconocer la naturaleza del conicto y de entender toda

posible salida al mismo. Según él, la imposibilidad de alcan-

zar la paz no ha de buscarse en la guerra sino en la violen-

cia.11 De ahí que la denición de paz implique una ausencia

o disminución de todo tipo de violencia, sea esta directa (fí-

sica), estructural, o cultural (legitimadora).12 En ese sentido,

para Galtung, la paz debe ser entendida como objetivo y cau-

sa por la cual los conictos se transforman creativamente y

no de forma violenta, a través de herramientas concretas que

promuevan el diálogo, el reconocimiento de los oponentes, y

la cooperación entre las partes.

Desde la academia estadounidense, y especícamente

autores como Gray, Coleman y Putnam denen los conictosarmados a partir de un rasgo común que comparten tanto los

conictos externos como los internos (y que resulta pertinen-

te para el caso colombiano), reriéndose a la intratabilidad.13

Bajo ese concepto se denen aquellos conictos “persisten-

tes y destructivos”, prolongados en el tiempo por rivalidades

duraderas (involucrando muchas veces asuntos no negocia-

bles por alguna de las partes), y producto de variables (más

de 50 según Coleman) asociadas a contextos (inestabilidad

política), cuestiones sociales (étnicos, religiosos, morales),

relaciones (destructivas pero inevitables), procesos (con sus

perversiones) y resultados (incluyendo los traumas que gene-

ran para las partes) con efectos directos sobre las familias,las comunidades y las sociedades a nivel global.14

La tendencia a que este tipo de conictos se expandan y la

violencia se recrudezca, obliga en la mayoría de casos a que

las partes en disputa, las comunidades y la academia en gene-

ral hagan énfasis no sólo en la resolución del conicto sino en

encontrar la mejor solución posible, que aunque responde en

últimas al “estado” de la democracia en una sociedad y al ni-

vel de pragmatismo que ha alcanzado la negociación, busque

alejar de las partes la sensación de que el otro ha recibido una

ventaja injusta. Las resoluciones parciales normalmente sue-

len preparar el terreno para conictos futuros, frecuentemente

de mayor intensidad que la confrontación actual.

2.2. El conicto y los nuevos contextos

Con el n de la Guerra Fría, y el encuentro de procesos de

globalización económica y fragmentación geopolítica, muchos

autores coinciden en que se ha materializado una tendencia

de transformación o desaparición de los conictos existentes,

que se suma a la aparición de nuevos conictos cargados con

componentes étnicos, confesionales y sociales, o en muchos

casos ligados a fenómenos de crimen organizado.

9 Galtung, Johan. “Hacia una denición de las investigaciones sobre la paz”. En:Investigación sobre la paz: tendencias recientes y repertorio mundial, Informes y

documentos en Ciencias Sociales, 43, UNESCO, (1981); p. 7-17.10 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.11 Galtung, Johan. “Paz por medios pacícos: paz y conicto, desarrollo y civilización”. Edición Bakeaz, Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003. p. 31.12 Ibíd. p. 20.13 Putnam, Linda. “Intractabale conict: New perspectives on the causes and conditions for change”. En: American Behavioral Scientist No. 5, (.2007): 1417.14 Ibíd., pp. 1415-1431.




De acuerdo con Vincenç Fisas, los conictos con-

temporáneos ofrecen, un gran material para el análisis

y elementos importantes que aportan a la elaboración

de modelos conceptuales y prácticos de resolución de

conictos armados y de prevención de futuras confronta-

ciones. Cuantitativamente, para 2008, el número de con-

ictos armados activos registrados alrededor del mundoeran 36, ubicados en 26 zonas de la geografía mundial.

En los últimos años, la zona más afectada fue África, que

pasó de tener nueve conictos en 2003 y siete en 2005,

a reportar 12 en 2008. De los 36 conictos registrados, 5

son considerados como guerras con más de mil muertes

al año producto de los combates (Afganistán, Irak, Pakis-

tán, Somalia y Sri Lanka), mientras que el resto se clasi-

can como conictos menores (entre 25 y mil muertes

relacionadas con el conicto).15

En este contexto de transformación de los viejos con-

ictos y de surgimiento de nuevas confrontaciones, al-

gunos autores argumentan que la búsqueda de la paz através de la resolución de los conictos y la denición de

agendas han estado presionadas por tendencias relacio-

nadas a procesos de deslegitimación de la guerra, el reco-

nocimiento de la voluntad popular y del protagonismo de la

ciudadanía (retorno a la democracia) y el estancamiento de

los conictos existentes.16

Los nuevos conictos y el redimensionamiento de los

ya existentes hacen pensar a muchos análistas que todo

proceso de negociación y su respectiva agenda debe in-

cluir actualmente una amplia gama de temas, entre ellos,

democratización del Estado, vigilancia sobre la protección a

los Derechos Humanos, fortalecimiento del proceso de paz,

fortalecimiento de la cultura de paz, desmilitarización, des-

minado, desmovilización y reinserción, apoyo al retorno de

refugiados y desplazados, apoyo a los heridos y a las fami-

lias de víctimas, verdad, justicia y reparación y rehabilitación

de las zonas dañadas, entre otros.17

Las experiencias recolectadas por conictos desarrolla-

dos en distintas partes del mundo en los últimos 40 años

han demostrado con simpleza que las posibles salidas a un

conicto deben incluir las mismas variables que determina-

ron su origen y transformación. No obstante, por más obvio

que resulte, el proceso de negociación y la denición de una

agenda siempre tendrán el objetivo fundamental de hacer

que el conicto armado conuya hacia un proceso de paz

estable e irreversible.

2.3. La negociación

El proceso de negociación suele ser denido como la

interacción y comunicación entre dos partes que deen-

den unos intereses incompatibles. Puede denirse como el

conjunto de fases continuas o simultaneas que se cumplen

durante el periodo de la superación de un conicto en el

lapso comprendido desde la decisión de negociar hasta la

suscripción del acta nal y las fases iniciales de cumpli-

miento de los acuerdos. La posibilidad de negociación lle-

ga en circunstancias siempre diversas, y éstas claramente

condicionan la actitud de las partes, el tiempo de negocia-ción y la posibilidad de intermediación de terceros, entre

otras cosas.

Ury, Brett y Goldberg, en su libro Getting Disputes Re-

solved,18 denen como camino de negociación la identica-

ción de los intereses de las partes, la creación de un proceso

de negociación alternativo que elimine los obstáculos que

producen un eventual estancamiento, ordenar los procedi-

mientos garantizando el máximo resultado con el mínimo

costo y asegurar a todas las partes la oportunidad para par-

ticipar.

La doctrina sobre resolución de conictos armados es-

tablece como paso previo a la negociación y denición de

un agenda, hacer un estudio completo sobre las variables

que explican el conicto; entender la dinámica del conicto

e identicar factores que impiden a las partes llegar a una

resolución son elementos que hacen posible establecer

marcos de negociación para el conicto, priorizando temas

y procedimientos especícos para el avance de las nego-

ciaciones.

15

Según un informe elaborado por Lotta Harbom y Peter Wallensteen para la Universidad de Uppsala en Suecia, los países con conictos armados hasta 2008eran: Georgia, Rusia, Irán, Irak, Israel, Turquía, Afganistán, Myanmar (2 conictos internos), India (6 conictos internos), Pakistán (2 conictos internos), Filipinas

(2 conictos internos), Sri Lanka, Tailandia, Argelia, Burundi, Chad, República Democrática del Congo (2 conictos internos), Djibouti –Eritrea (frontera), Etiopia,

Mali, Niger, Somalia, Sudán, Colombia, Perú y Estados Unidos. En: Harbom, Lotta y Wallensteen, Peter. “Armed Conicts, 1946–2008”. En: Journal of Peace

Research, Vol 46, No. 4; (2009): 577-587.16 Fisas, Vicenç.“Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.17 Encuentro Interdisciplinario Internacional Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”. Editorial Paidós, Buenos

Aires, 1994.18 Tomado de: Fisas, Vicenç.“Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998 y Encuentro Interdisciplinario Internacional Nuevos

Paradigmas, Cultura y Subjetividad “Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad”. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1994.




Procesos de negociación que pretendan ser efectivos

y a la vez legítimos para las partes, deben formarse sobre

el reconocimiento del conicto (origen, elementos que lo

desarrollan, fases de evolución), identicar y reconocer

sus actores (quiénes, inuencia y vigencia, que represen-

tan, pasivos o activos), identicar y reconocer sus con-

secuencias (valorar magnitud, contenido y sujetos de lasconsecuencias), entender la negociación como el camino

idóneo para resolver los conictos (la intensidad y radi-

calización debe llevar a soluciones racionales en todos

los plazos) y cumplir lo acordado para la superación de-

nitiva del conicto, así como hacer seguimiento sobre lo

pactado.19

Para la denición de una agenda de negociación, algu-

nas condiciones deben ser cumplidas de acuerdo con varios

modelos propuestos: la maduración del conicto, el empate

entre las partes, el agotamiento de los actores o la favora-

bilidad externa, suelen ser indicadores que plantean la ne-

cesidad de una negociación; la voluntad de las partes y laexistencia de agendas potencialmente negociables suelen

ser terreno fértil para el desarrollo de un proceso de nego-

ciación.20

Generalmente, la apertura de un proceso de negocia-

ción se da en la medida en que se entiende que un con-

icto ya ha superado su etapa de maduración. Vincenç

Fisas argumenta que los conictos maduros son aquellos

prolongados y complejos donde las partes han llegado a

un punto de estancamiento y ninguna de las partes está

dispuesta a seguir tolerando los costos crecientes de una

escalada del conicto. Christopher Mitchell, describe ésta

situación en cuatro escenarios posibles, entre ellos, el es-

tancamiento perjudicial, la catástrofe inminente mutua, la

trampa, y la oportunidad tentadora; todos cuatro plantean

incuestionablemente la necesidad de iniciar un proceso

de negociación.21

2.4. Defnición de la agenda

La denición de la agenda comprende básicamente tratar

elementos de forma y fondo tales como procedimientos, tiem-

pos, contenidos y posibles pactos. Como respuesta a ciertas

necesidades, intereses y objetivos de las partes en conicto,

la agenda establece los tiempos, pasos, mecanismos, con-

tenidos y resultados esperados dentro del proceso de nego-ciación; la agenda pretende ponderar las expectativas de los

actores a través del desarrollo de una estrategia de negocia-

ción que cuente con procedimientos consensuados entre las

partes y que apunte a la rma de acuerdos satisfactorios para

esas partes.22

La negociación sin duda supone aplicar un conjunto de

técnicas que parten del sentido común y del cultivo de habi-

lidades para acercar a las partes y reejar sus necesidades

y preocupaciones. De aquí que sea importante interpretar

el mapa del conicto: motivos del conicto, los problemas

entre las partes, discrepancias en la interpretación de los

hechos, intereses incompatibles, barreras estructurales, di-

ferencias de valores,23 obstáculos que se oponen al arreglo,

procedimientos para resolver la disputa, factores individuales

o estructurales que podían mejorar la situación, puntos de

coincidencia y valores comunes, entre otros.

En teoría, para denir una agenda e iniciar un proceso

de negociación existen varias dimensiones de análisis del

conicto que se deben tener en cuenta: en el primer nivel se

analizan las relaciones estructurales, las relaciones de poder

y el estatus formal de las confrontaciones. El segundo nivel

consiste en ver como emerge el conicto, los asuntos que

polarizan y la capacidad de concentración de los bandos y

sus antagonismos. Se observa cual fue el punto máximo de

la violencia y el estado de daños mutuo, para aplicar lo que

Carlo Nasi entiende como una estrategia de negociación24

tendiente a identicar y generar puntos de encuentro (o te-

mas a negociar) entre las partes. El tercer nivel se da sobre

las formas de negociación, sí son basadas en el poder, si son

19 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.20 Ibíd.21

Mitchell explica los cuatro escenarios de la siguiente forma: estancamiento perjudicial, donde ninguna parte puede imaginar una solución positiva mientrasprevalezcan las estrategias de las que hacen uso; tampoco es posible que perciban benecios, o disminución de costos; catástrofe mutua inminente, que se

considera como una amenaza en el corto plazo para quienes han llegado a puntos de estancamiento; trampa, en donde los líderes se ven atrapados en una

continua búsqueda de la victoria y persisten en la lucha a pesar de que los costos y el sufrimiento sean insoportables. No obstante, el incremento de los perjui-

cios, y el abandono de aliados, lleva a que los líderes consideren la necesidad de recortar las pérdidas y minimizar los costos por medio de un cambio de actitud.

Finalmente, en la oportunidad tentadora, los líderes descubren una alternativa mucho mejor a la guerra o al enfrentamiento extremo para lograr sus objetivos.

Empiezan a aceptar nuevas ideas, principios y conceptos. Citado en: Wills Otero, Laura,“La mediación como herramienta para la resolución de conictos arma-

dos internos”. Ediciones Alfaomega, Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, 2003. 30-31.22 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.23 Fisas, Vicenç. “Procesos de paz y negociación en los conictos armados”. Ediciones Paidós, Barcelona, 2004.




basadas en la conanza, o si son basadas en un sistema de

reglas predeterminado. No obstante, para el caso de una ne-

gociación en particular suelen materializarse cada uno de es-

tos parámetros de negociación a diferentes escalas y suelen

priorizarse de acuerdo con el tipo de conicto y el momento

en el que se está negociando.

Teniendo en cuenta este tipo de variables (mapa delconicto), es posible tratar de estructurar una agenda acor-

de a las necesidades y rasgos del conicto. Cuando se trata

de negociar conictos armados, con frecuencia se realiza

una distinción entre los temas a tratar para negociarlos en

bloques que pueden tener diferentes ritmos cada uno. Teó-

ricamente, suele identicarse dentro de la agenda tres tipos

de temas:25

• Temas sustantivos: constituyen las demandas de cambio

estructural permiten dar visibilidad a las incompatibilida-

des básicas, temas acordados antes del cese de hostili-

dades. Ocasionalmente estos suelen ser confundidos porlas partes como elementos de principio, y de esa forma,

la negociación desemboca en el estancamiento, puesto

que siendo principios establecidos por las partes, no tie-

nen ningún margen de negociación. Los principios no son

negociables.

• Temas operativos: se reeren a aquellos temas que per-

mitirían eventualmente a las fuerzas enfrentadas suspen-

der las hostilidades, entre ellos, asuntos relacionados

con Desarme, Desmovilización, Reintegración –DDR– y

amnistía.

• Temas de procedimiento: se reeren a las reglas del juego

de las negociaciones (calendario, espacios, transparen-

cia) y a la vericación de lo acordado.

En el plano fáctico, dependiendo de las condiciones del

conicto, de la naturaleza de las partes y del conicto, y de

los niveles de polarización, los temas a denir en una nego-

ciación están organizados en dos bloques.

El primer conjunto de temas está relacionado con aspec-

tos de procedimiento en donde se denen variables como es-

pacios, tiempos, exploraciones, la logística, los mecanismos

de mediación, la infraestructura, los formatos de diálogo, me-

canismos de seguridad y la vericación. En un segundo blo-

que de temas se incluirían aspectos de fondo de la agenda de

negociación, es decir, temas de poder como la cuestión cam-

pesina, cambio económico o sociopolítico, administración de

armas, un nuevo marco jurídico, entre otras.26

Los aspectos técnicos de la negociación no suelen repre-

sentar mayores inconvenientes, no obstante, niveles altos de

polarización y de recrudecimiento del conicto llevan a queestos temas sean vitales para establecer cualquier tipo de

negociación. En algunos casos, la indeterminación frente a

estos temas puede llegar a frenar todo el proceso de negocia-

ción. Aspectos como la denición de un lugar para las reunio-

nes, condiciones del entorno, los interlocutores, y el manejo

de la información suelen ser temas gruesos a tratar cuando

los niveles de violencia y confrontación son altos. Actualmen-

te, suelen ser temas vitales al corto plazo, aspectos que no

suelen ser considerados de fondo, como las deniciones

humanitarias, elementos relacionados con verdad, justicia y

reparación, desarme, desmovilización y reincorporación a la

vida civil.Como veremos más adelante, la prioridad que se le da

a cada uno de estos temas dependerá de la fase en la que

se encuentre el conicto, de la posición de las partes, y de

las transformaciones propias que conictos tan largos suelen

presentar. Sin embargo y como ya se advirtió, el informe se

enfoca sobre los denominados temas sustantivos de la ne-

gociación.

24 Nasi, Carlo. “Colombia`s Peace Processes, 1982-2002, Conditions, Strategies, and Outcomes”. En: Bouvier, Virginia M (ed.) (2009). “Building peace in a time of

war”. United States Institute of Peace, Washington, (2009): 57-59.25 Marc Chernick plantea esta división por temas con el propósito de analizar el registro histórico de negociaciones con las FARC, diferenciando ‘procedural issues’,

‘substantive issues’ y ‘amnesty and DDR’. Chernick, Marc, “The FARC and the negotiation table”. En: Bouvier, Virginia M (ed.),“Building peace in a time of war”.

United States Institute of Peace, Washington, (2009); pp. 65-94.26 Fisas, Vicenç. “Cultura de paz y gestión de conictos”. Icaria, Ediciones Unesco, Barcelona, 1998.




3. Los temas de agenda en las FARC27

El objetivo del presente capítulo es identicar el conte-

nido de las agendas en cada uno de los procesos de nego-

ciación adelantados entre el Gobierno Nacional y las FARC,

desde 1982 hasta los recientes planteamientos en la admi-

nistración de Álvaro Uribe.Además de hacer un seguimiento al contenido de las

agendas propuestas en cada momento de los procesos de

paz, también se busca identicar los distintos planteamientos

de las FARC sobre los denominados temas sustantivos, sin

importar que hayan sido resultado o no de un proceso de ne-

gociación especíco. El capítulo inicia con una descripción de

la plataforma de lucha de este grupo guerrillero, que en cierta

forma es la justicación a su accionar insurgente.

En la mayoría de los casos, los documentos alusivos a

posturas sobre los temas de agenda se incluyen de forma

integra en el texto, respetando la edición original (numera-

ción, puntuación, etc.). En otros casos, cuando el contenido

del documento referido trate otras temáticas, además de los

temas sustantivos, solo se incluirá la parte del texto que verse

sobre las agendas.

3.1. Las agendas de negociación: la experiencia de

1982-2002

3.1.1. Las plataformas originales de lucha de las FARC

Las FARC y las reivindicaciones agrarias

El origen de las FARC está asociado a núcleos de auto-

defensa campesina creados por el Partido Comunista Co-lombiano durante los años cincuenta. Al nalizar la violencia

liberal-conservadora, quedaron en Tolima, Cundinamarca y

Huila reductos guerrilleros de inuencia comunista, que se

organizaron luego en pequeños asentamientos rurales, de-

nunciados ante el Congreso de la República como “Repúbli-

cas Independientes”; por lo que en 1964 fueron objeto de

operativos militares orientados a su erradicación. Ante esta

situación, los grupos de campesinos se organizaron como

guerrillas móviles dando origen a las FARC.

Desde sus orígenes, las FARC han estado asociadas a

procesos de colonización y a la lucha por reivindicaciones

agrarias, por lo que sus primeros planteamientos proponíancambios de fondo en la tenencia de la tierra y en general en

el sector rural, tal como se deja ver en la “Proclama de Mar-

quetalia” que se incluye a continuación:

“Luchamos por una Política Agraria que entregue la tie-

rra del latifundio a los campesinos: por eso, desde hoy,

20 de Julio de 1964, somos un ejército guerrillero que

lucha por el siguiente Programa Agrario:

PRIMERO

A la política Agraria de Mentiras de la Oligarquía, opo-nemos una efectiva Política Agraria Revolucionaria que

cambie de raíz la estructura social del campo colombiano,

entregando en forma completamente gratuita la tierra a

los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, sobre

la base de la conscación de la propiedad latifundista en

benecio de todo el pueblo trabajador.

La Política Agraria Revolucionaria entregará a los cam-

pesinos favorecidos por ella, la ayuda técnica y de in-

fraestructura, herramientas y animales de labor para la

debida explotación económica de la tierra. La Política

Agraria Revolucionaria es condición indispensable para

elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de

todo el campesinado, librarlo del desempleo, el hambre,

el analfabetismo y las enfermedades endémicas que li-

mitan su capacidad de trabajo; para liquidar las trabas

del latifundismo y para impulsar el desarrollo de la pro-

ducción agropecuaria e industrial del país. La Política

Agraria Revolucionaria conscará las tierras ocupadas

por compañías imperialistas norteamericanas a cual-

quier título y cualesquiera que sea la actividad a la cual

estén dedicadas.

SEGUNDO

Los colonos, ocupantes, arrendatario, aparceros, terraz-

gueros, agregados. etc., de tierras de los latifundistas y

de la nación, recibirán los títulos correspondientes de

propiedad de los terrenos que exploten. Se liquidará todo

tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas de

aparcería. el arriendo en especie o en dinero.

Se creará la unidad económica en el campo de acuerdo

con la fertilidad y’ ubicación de los terrenos, con un mí-

nimo de 10 a 20 hectáreas, cuando se trate de tierras

planas y aledañas a poblaciones o ciudades y, en otras

tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de comunica-

ciones. Se anularán todas las deudas de los campesinoscon, los usureros, especuladores, instituciones ociales

y semi-ociales de crédito.

27 Este capítulo se basa en los resultados del proyecto “Sistematización de la información sobre los procesos de paz en Colombia 1978-2002” de la FIP, en el cual

participaron: Laura Wills, Nelson Camelo, Angélica Durán y Gerson Arias. Diciembre de 2002.




TERCERO

El Gobierno Revolucionario respetará la propiedad de los

campesinos ricos que trabajen personalmente sus tie-

rras. Se preservarán las formas industriales de trabajo

en el campo. Las grandes explotaciones agropecuarias

que por razones de orden social y económico deban con-

servarse, se destinarán al desarrollo planicado de todoel pueblo.

CUARTO

El Gobierno Revolucionario establecerá un amplio sis-

tema de crédito con facilidades de pago, el suministro

de semillas, asistencia técnica herramientas, animales,

aperos, maquinaria. etc., tanto para los campesinos indi-

viduales como para las cooperativas de producción que

surjan en el proceso. Se creará un sistema planicado de

irrigación y electricación y una red de centros ociales

de experimentación agrotécnica.

Se organizarán servicios sucientes de sanidad para la

atención completa de los problemas de la salud pública

en los campos. Se atenderá el problema de la educación

campesina. La erradicación total del analfabetismo y

se creará un sistema de becas para el estudio técnico y

superior de los hijos de los trabajadores de la tierra. Se

cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la cons-

trucción de vías de comunicación de los centros rurales

productivos a los centros de consumo.

QUINTO

Se garantizarán precios básicos remunerativos y de sus-

tentación para los productos agropecuarios.

SEXTO

Se protegerán las comunidades indígenas otorgándoles

tierras sucientes para su desarrollo, devolviéndoles las

que les hayan usurpado los latifundistas y modernizando

sus sistemas de cultivos.

Las comunidades indígenas gozarán de todos los be-

necios de la Política Agraria Revolucionaria. Al mismo

tiempo estabilizará la organización autónoma de las co-

munidades respetando sus Cabildos, su vida, su cultura,

su lengua propia y su organización interna.

SÉPTIMO

La realización de este Programa Agrario Revolucionario

dependerá de la alianza obrero-campesina y del Frente

Unido de todos los colombianos en la lucha por el cambio

de régimen, única garantía para la destrucción de la vieja

estructura latifundista de Colombia. La realización de esta

política se apoyará en las más amplias masas campesi-nas, las que contribuirán decididamente a la destrucción

del latifundio. Para tal n se organizarán potentes unio-

nes de luchas campesinas, fuertes sindicatos, comités de

usuarios y juntas comunales. Por eso, este Programa se

plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del

más amplio frente único de todas las fuerzas democráti-

cas, progresistas y revolucionarias del país para librar un

combate permanente hasta dar en tierra con el régimen

oligárquico al servicio de los imperialistas yanquis, que im-

piden la realización de los anhelos del pueblo colombiano.

OCTAVO

Las FARC-EP en su momento promulgarán la Primera Ley

de la Política Agraria Revolucionaria. Por eso invitamos a

los campesinos, obreros, empleados, estudiantes, arte-

sanos, pequeños industriales y comerciantes, a la bur-

guesía nacional que esté dispuesta a combatir contra el

imperialismo, a los intelectuales demócratas y revolucio-

narios. a todos los partidos y corrientes de izquierda y de

centro, que quieran un cambio en sentido del progreso,

a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colom-

bia para los colombianos, por el triunfo de la revolución,

por un gobierno democrático de Liberación Nacional.

Marquetalia, Julio 20 de 1964”28

A pesar del paso del tiempo, 45 años después, muchos

de estos planteamientos siguen vigentes en las actuales

pretensiones de las FARC y fueron esgrimidos en reiteradas

ocasiones en cada uno de los procesos de paz, como se verá

más adelante.

3.1.2. ¿Qué propusieron negociar las FARC entre 1982-2002?

Bajo este acápite se hará una síntesis de las principales

consideraciones y propuestas de las FARC respecto a lasagendas de negociación durante el periodo 1982-2002. Se

sugiere complementar su lectura con documentos que posi-

28 Programa Agrario de los guerrilleros de las FARC-EP. Proclamado el 20 de julio de 1964, en el fragor de la lucha de Marquetalia. Corregido y ampliado por la Oc-

tava Conferencia Nacional de las FARC-EP en abril de 1993. En: FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos

cumpliendo!”. Mimeo.




biliten el entendimiento de las políticas de paz de cada admi-

nistración presidencial.29

Las FARC: Las transformaciones de una agenda rural,

1982-2002

Las agendas en los gobiernos Betancur y BarcoBelisario Betancur (1982-1986) inaugura un periodo in-

édito en términos de entender el conicto armado en Colom-

bia. Reconoció el carácter político de los grupos insurgentes,

estableciendo la negociación política como el criterio básico

para avanzar hacia la búsqueda de la paz, cuestión que for-

mó parte de los factores previos a considerar antes de iniciar

cualquier etapa de negociación.

La propuesta de Betancur coincidió con la realización de

la Séptima Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC,

en la cual, según palabras de su ideólogo Jacobo Arenas, se

decide convertir a las FARC en “un movimiento guerrillero

auténticamente ofensivo”.30 Se dota a la organización de unPlan Estratégico Político Militar para lo cual plantea un cre-

cimiento en el número de los integrantes por frente y de-

ne que un 50% de su fuerza militar debería ubicarse en la

cordillera oriental con el n de rodear a Bogotá. La meta es

formulada sin ambages: lograr ponerle n al régimen en ocho

años y constituir un “gobierno provisional”.

Luego de este gesto, las FARC mostraron su voluntad de

negociar con el Gobierno Betancur desde el primer momento.

Su planteamiento en torno a la paz recordaba la proclama

original de 1964:

“En Colombia no hay un problema de guerrillas, en Co-

lombia los problemas no son de subversión, los pro-

blemas son otros; son los problemas del hambre, de la

desocupación, de la miseria, de la falta de techo para

una enorme masa de colombianos. [...]Este es un pro-

blema sumamente complicado. Hay mucha gente que

viene hablando desde hace mucho tiempo de llegar a

encontrar unos caminos que conduzcan a una paz es-

table. Pero lo primero es ver quién va a entrar a resolver

este problema, si el Gobierno, si el régimen, qué fuerzas

están interesadas en resolverlo. Este es un problema del

pueblo colombiano. Es el problema de una distribución

mal dirigida de la riqueza del país. [...]”.31

Este práctico pero a su vez inasible diagnóstico también

había sido expuesto por el grupo guerrillero recién posesio-

nado Betancur:

“[...] toda acción en búsqueda de la paz, debe incluir me-

didas económicas, sociales, políticas tendientes a modi-

car favorablemente la grave situación de los colombianos

y requiere además de un efectivo desmonte de los meca-

nismos represivos. La paz no se logra con simples ejecu-

torias de acción cívico-militar porque ella no va a la causa

de la problemática social para resolverla” .32

Sin embargo, la voluntad de negociar de las FARC obe-

deció más a la táctica de combinación de todas las formas

de lucha, en la cual, la negociación política era vista como

un espacio de consolidación que permitía el aanzamientomilitar y la expansión, sin que se pensara en entregar deniti-

vamente las armas. Al respecto, Manuel Marulanda armaba

en una entrevista de la época: “Nosotros pensamos que de

todas maneras, haya la pacicación que haya, las armas las

seguiremos manteniendo y vamos a organizar al pueblo en

determinado momento en autodefensa popular y el pueblo

tendrá esas armas para su defensa”.33

Pero luego, a mitad del mandato Betancur aparece por

primera vez en la historia de los procesos de paz un primer

acuerdo en donde las FARC muestran, en un escenario de ne-

gociación, una propuesta de temas de agenda que se validan

con los denominados Acuerdos de La Uribe. Estos se rman

el día 28 de marzo de 1984 en La Uribe, municipio de Me-

setas, departamento del Meta, que fueron rmados por seis

miembros de la Comisión de Paz y cinco del Estado Mayor de

las FARC, los cuales pese a signicar un gran avance, fueron

poco difundidos y analizados en ese entonces. Se trataba de

un documento negociado que esbozaba de manera precisa

algunas de las pretensiones del grupo guerrillero:

“(…) 6. Cuando a juicio de la Comisión de Vericación,

hayan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un

29 Arias, Gerson Iván. Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá, 2008.30 Arenas, Jacobo. Cese el Fuego: Una Historia Política de las FARC . S.l.: s.n. 2000; p 107.31 Arenas, Jacobo. Las FARC-EP dispuesta a los acuerdos de Paz. Entrevista de la Cadena Caracol, del 23 de septiembre de 1983. En: Villarraga S., Álvaro (Com-

pilador). El proceso de Paz en Colombia 1982-1994. Compilación de documentos. Bogotá: Presidencia de la República, 1998; pp. 82-84.32 Carta de las FARC-EP al presidente Betancur: Posición en torno a los temas de la paz y la amnistía. 12 de octubre de 1982. En: Villarraga S., Álvaro (Compilador).

Op. Cit.; pp. 111-112.33 Citado por García D., Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala. Procesos de Paz. Op. Cit., 1992; p. 83.




período de prueba o espera de un (1) año para que los

integrantes de la agrupación hasta ahora denominada

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-

EP) puedan organizarse política, económica y socialmen-

te, según su libre decisión. El gobierno les otorgará, de

acuerdo con la Constitución y las leyes, las garantías y

los estímulos pertinentes. Durante este mismo período el gobierno tomará las medidas necesarias para restable-

cer en las zonas de violencia la normalidad civil.

(…) 8. La Comisión de Paz da fe de que el Gobierno tiene

una amplia voluntad de:

a) Promover la modernización de las instituciones polí-

ticas, dirigida a enriquecer la vida democrática de la

nación, e insistir ante las Cámaras en la pronta tra-

mitación de los proyectos sobre reforma política, ga-

rantías a la oposición, elección popular de alcaldes,

reforma electoral, acceso adecuado a las fuerzas

políticas a los medios de información, control político

de la actividad estatal, ecacia de la administración

de justicia, impulso al proceso de mejoramiento de

la administración pública y nuevas iniciativas enca-

minadas a fortalecer las funciones constitucionales

del Estado y a procurar la constante elevación de la

moral pública.

b) Impulsar vigorosamente la aplicación de una políti-

ca de Reforma Agraria en reconocimiento a que los

problemas de la tierra están presentes en los actua-

les conictos sociales, y las demás acciones de las

agencias del Estado dirigidas a ampliar permanen-

temente los servicios al campesinado para mejorar

la calidad de su vida y la normal producción de ali-

mentos y de materias primas para la industria, para

lo cual dispone del instrumento jurídico contenido en

el artículo 32 de la Constitución Nacional, que esta-

blece la dirección de la economía por el Estado.

c) Robustecer y facilitar la organización comunal, de

usuarios campesinos y de indígenas, las asociacio-

nes cooperativas y sindicales, a favor de todos los

trabajadores urbanos y rurales, así como sus organi-

zaciones políticas.

d) Hacer constantes esfuerzos por el incremento de la

educación a todos sus niveles, así como de la salud,

la vivienda y el empleo.

e) Mantener su propósito indeclinable de que para la

protección de los derechos que a favor de los ciuda-

danos consagran la Constitución y las Leyes y para la

conservación y restablecimiento del Orden público, sólo existan las fuerzas institucionales del Estado, de

cuyo profesionalismo y permanente mejoramiento

depende la tranquilidad ciudadana.

f) Promover, una vez restablecida la paz, y tal como

ocurrió en otras oportunidades, iniciativas para for-

talecer las mejores condiciones de la fraternidad de-

mocrática, que requiere perdón y olvido, y del mejor

estar en lo económico, político y social de todo el

pueblo colombiano”.34

Además de reiterar sus propuestas fundacionales, por

primera vez las FARC planteaban la posibilidad de convertir-se en partido político35 y de este modo iniciar un proceso de

desmovilización. Los Acuerdos de la Uribe adquirieron de este

modo un carácter de referente para entender por qué lucha-

ban las FARC.

Antes de nalizar el gobierno Betancur, las FARC vuelven

a reiterar su disposición de seguir negociando con el próximo

presidente, y por primera vez realizan una condena pública

al secuestro, la extorsión y el narcotráco, además de reite-

rar su disposición de iniciar un proceso de “reincorporación

de sus efectivos a la actividad política”36 y la terminación del

estado de sitio.

Con la llegada de la administración Barco y un nuevo

equipo de negociación en cabeza de la Consejería para la

Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, las FARC ex-

pusieron de nuevo sus temas de negociación.

En el documento hicieron un recuento del contenido de

los acuerdos rmados con el Gobierno Betancur y además

se comentó punto por punto la mencionada propuesta de

“Reconciliación, Normalización y Rehabilitación”, del Presi-

dente Barco. En la última parte del “Memorando del Estado

Mayor de las FARC para el señor Presidente”, como se llamó

el documento de respuesta, se hace una alusión a los temas

sustantivos en los siguientes términos:

34 Arenas, Jacobo. Paz, amigos y enemigos. Bogotá: Editorial La Abeja Negra, 1990; pp. 114-118.35 Una prueba de ello fue la creación en 1985 de la Unión Patriótica (UP). Un movimiento político que reunió a distintas vertientes de los partidos tradicionales, a

miembros del Partido Comunista y algunos cuadros de las FARC.36 Gobierno Nacional – FARC-EP – ADO y Destacamentos Simón Bolívar y Antonio Nariño ELN. Acuerdo de prolongación de la tregua. Firmado en la Uribe, departa-

mento del Meta, el 2 de marzo de 1986.




“Nos gustaría hablar de reformas ahora pero preferimos

hacerlo más tarde cuando en efecto aquellas hayan sido

aprobadas por el Parlamento, teniendo en cuenta nues-

tras opiniones. Por ahora lo que sabemos es que hay re-

formas en curso. Por ejemplo: hay proyectos de ley de

reforma urbana. Que bueno resolver el problema de la

vivienda a millones de gentes necesitadas, sobre la basede la conscación de las tierras de engorde en ciudades

y poblaciones de alta densidad humana para entregarles

casa a los que no la tienen, a costo de producción con la

infraestructura de los servicios públicos y con un sistema

de pago que no pase del quince por ciento (15%) de suel-

dos o salarios de los usuarios. Y que bueno una Reforma

Agraria sobre la base de la conscación de grandes lati-

fundios, la creación de unidades económicas de acuerdo

con la fertilidad de la tierra, a las vías de comunicación y

acceso de los centros productivos a los centros de mer-

cado (ferrocarriles, carreteras, navegación). Suministro

de maquinaria y demás tecnologías para que Colombia

despegue hacia el progreso. Si se quiere un despegue

semejante el Estado debe no sólo poner su empeño gi-

gantesco sino el dinero necesario recurriendo a todas las

fuentes posibles.

Y conste de una vez por todas que no habrá Reforma

Agraria si ésta no dispone de su infraestructura corres-

pondiente que vale 50 veces más que el simple reparto

de tierras conscadas. Pasar de las palancas de madera,

el barretón y la garlancha a la producción maquinizada

cuesta plata, planes de envergadura nacional y gente

que sepa de estas cosas.

Las reformas no pueden ser enunciados de buenas inten-

ciones, sino algo muy concreto, si en realidad se quiere

trabajar en el sentido de un cambio del medio ambiente

para que se aclimate la paz que todos deseamos”.37

Un año después y ante la formulación de la denominada

Iniciativa de Paz38 por parte del gobierno, las FARC respondie-

ron y sintetizaron su agenda:

“Los alzados desde hace tiempo, hemos clamado porque

el Estado propicie un cambio fundamental del medio am-

biente, para que retornen las libertades del hombre y delciudadano. Que el gobierno dirija sus esfuerzos a liquidar

los factores objetivos que generan violencia. Eso no es

imposible (…) Le proponemos al Presidente Barco con-

vocar ya un Gran Acuerdo Nacional que diseñe un plan

realista de paz”.39

De esta manera para nales de los 80 la agenda de las

FARC persistía en abarcar una amplitud de temas difíciles

de concretar en propuestas concretas. Lo que sí queda ex-

plícito es un punto de partida para la superación de la visión

rural del país que se concibe ya con un fuerte componente

urbano.Para 1989 cuando el proceso de negociación con el M-19

empezaba a cuajar y se empezaba a discutir la posibilidad

de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

(ANC), tanto las FARC como el ELN solicitan participar en la

Asamblea sin ninguna clase condicionamientos.40 Esta soli-

citud la repiten el 31 de julio a través de una carta dirigida

al electo Presidente Gaviria.41 Y en septiembre de 1990, un

mes después de posesionado el nuevo Presidente, la Coor-

dinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)42 realiza el primer

Congreso Nacional pre-constituyente, en el que, además de

reiterar su deseo de participar sin condiciones, impulsan y

proponen el temario que debería tener la ANC.43

Si bien era claro que esta propuesta respondía también

a la inquietud que le generaba el posicionamiento del M-19

dentro del contexto nacional, a las FARC, como cabeza de la

37 FARC. Memorando del Estado Mayor de las FARC para el señor Presidente Dr. Virgilio Barco. Octubre de 1986.38 Estaba diseñada para implementarse en cinco fases. Primea fase: Fase de distensión: Pretendía lograr un ambiente de entendimiento con aquellos grupos al-

zados en armas que demostraran su voluntad de de regresar a la normalidad. Segunda fase: Fase de transición: Tiene como propósito iniciar el tránsito hacia la

normalidad institucional y el regreso a la democracia de los grupos alzados en armas con los que ya se hubiesen establecido procedimientos de reincorporación.

Tercera fase: Fase de reincorporación: Se reintegrarán plenamente a la sociedad los hasta entonces alzados en armas culminando asó los procedimientos de

reincorporación a la vida democrática. Cuarta fase: Diálogos regionales para la convivencia: Para solucionar la delincuencia común y grupos terroristas. Quiénesusen la violencia para apagar o imponer ideas políticas; para proteger intereses o se deendan a mano propia de forma ilegal. Quinta fase: término para culminar

la iniciativa: El plan de paz debía completarse antes del comienzo del próximo proceso electoral.39 Respuesta de las FARC al plan del gobierno, septiembre de 1988.40 “FARC y ELN pidieron participación en la Constituyente”.El Colombiano, junio 21 de 1990.41 Ver: “FARC respaldan opinión del nuevo Mingobierno”.El Tiempo, agosto 3 de 1990. Y; “Habla Manuel Marulanda Vélez comandante de las FARC”.Semanario

Voz Proletaria, septiembre 20 de 1990.42 A nales de septiembre de 1987 se realiza una reunión en La Uribe (Meta) entre dirigentes de las FARC–EP, el M–19, el EPL, el ELN, el PRT y el Quintín Lame.

De allí surge la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).43 “La Asamblea debe ser un hecho de paz”. Semanario Voz Proletaria, octubre 4 de 1990.




CGSB, el tema de una ANC se colocaba como una posibilidad

para restablecer los diálogos con este grupo guerrillero.

Fue así como la quinta cumbre de la CGSB llevada a cabo

en junio de 1990 apoya la convocatoria de una ANC y arma

que “la CGSB ha apostado de tiempo atrás por una nueva Cons-

titución y lo seguirá haciendo combinando tanto los espacios

institucionales como los extrainstitucionales, con la nalidad deestar en primera línea en la brega por esta bandera democrá-

tica, impidiendo que la oligarquía se la apropie para reforzar

su sistema de dominación”.44 A reglón seguido solicitan que la

misma tenga una conformación democrática y popular.

Hoy sin embargo poco se sabe de los acercamientos que

en su momento pudo realizar el gobierno con la CGSB para

incentivar su ingreso a la ANC.

Sin embargo, el bombardeo a la sede del Secretariado de

las FARC en Casa Verde, el mismo día en que los ciudadanos

colombianos elegían a los representantes a la Asamblea, sig-

nicó para las FARC una declaratoria directa de guerra.45 Y así

lo vivió el país entre 1990 y 1991.El país tuvo que esperar hasta mediados de 1991 para

volver a escuchar las propuestas de las FARC. Un escenario

en donde el ataque a Casa Verde y el exterminio contra la UP,

marcaban unos obstáculos difíciles de superar.

El proceso de Caracas y Tlaxcala y la Octava Conferencia

Un nuevo escenario de negociación con las FARC y la

CGSB sólo sería posible hacia mediados de 1991.46

El 30 de abril de 1991 una delegación de la CGSB47 irrum-

pe en la sede de la Embajada Venezolana en Colombia con

el n de “facilitar la iniciación de las conversaciones” entre el

Gobierno y la CGSB. Ante la negativa del Gobierno, los guerri-

lleros deciden solicitar asilo y de inmediato sus mandos de-

ciden cesar la función negociadora de éstos. Posteriormente

se llega a un entendimiento entre las partes y se elige a Cravo

Norte, en Arauca, como sede del primer acercamiento. Y es

así como el 1 de junio de 1991 los dos voceros designadospor el Gobierno Nacional (Andrés González Díaz, Viceministro

de Gobierno, y Carlos Eduardo Jaramillo) y los voceros de la

CGSB acuerdan, entre otras, “celebrar conversaciones direc-

tas, inicialmente en Caracas, con representantes al más alto

nivel decisorio encaminadas a buscar una solución negocia-

da a la confrontación política armada, desde el 1 de junio del

presente año”. Por primera vez los encuentros se dan fuera

del país y el gobierno debe aceptar que se desarrollen sin

suspensión previa de las hostilidades como sí fue el caso de

las negociaciones con el M-19.

Con precisión, las razones para negociar en el exterior se

relacionaban con la condición de negociar sin el cese de hos-tilidades, lo cual abría la puerta para la discusión sobre una

zona de distensión que garantizaría las condiciones para la

negociación, pero la condenaría, en teoría, a las dinámicas

de la confrontación externa a la zona. Un escenario externo

otorgaba la posibilidad de extraer a la negociación de las

presiones y restricciones que se planteaban al negociar en

medio del conicto.

En Caracas se dan cuatro rondas de negociaciones (del 3

al 15 de junio, del 20 al 25 de junio, del 4 al 30 de septiem-

bre y del 30 de octubre al 10 de noviembre). En la primera se

44 “El movimiento insurgente y la solución política”.Semanario Voz Proletaria, junio 14 de 1990.45 Uno de los integrantes de la consejería gubernamental encargada de los temas de paz durante el gobierno Barco, José Noé Ríos, considera que en su opinión

“para la historia es absolutamente inexplicable el bombardeo del 9 de diciembre”, en razón a su experiencia meses antes de ese ataque al ‘corazón’ de las FARC:

“el 20 de octubre de 1990, a mí me llamó Rafael Pardo y me dijo que se iba a crear una comisión de exploración privada, que no era institucional, pero que

tuviera el apoyo del gobierno. Entonces se creó una comisión que en su momento estuvo integrada por Àlvaro Leyva Durán, Roberto Posada García-Peña, Carlos

Alonso Lucio, Gabriel Vega, Saulo Arboleda y monseñor Eduardo Sarmiento y yo la presidía. Nosotros viajamos el 21 de octubre a Casa Verde y nos reunimos con

‘Tirojo’, ‘Alfonso Cano, ‘Timochenco’, ‘Francisco Caraballo’ del EPL, ‘Pablo Tejada’ del ELN, y los invitamos a que se vincularan a la Constituyente. Ellos hicieron

una propuesta que consistía en lo siguiente: 1. La Constituyente va a tener 70 miembros, pero nosotros proponemos 90, y que los 20 miembros adicionales

no sean elegidos sino propuestos por la insurgencia, y nos dieron los 20 nombres; 2. Que las elecciones no se hagan el 9 de diciembre sino en mayo, para

tener tiempo de hacer un trabajo político y de pronto tener más representación en la ANC; 3. Que se determine un acuerdo político en donde se denan unos

mínimos sobre los cuales se fundamente esa ANC, especialmente en los temas de la reforma de las fuerzas armadas, de la economía y de la justicia; 4. Que

ellos tuvieran posibilidad, si se llegaba a ese acuerdo, alguna propaganda política. Nosotros suscribimos un acuerdo parcial y bajamos de allá muy contentos.Quedamos en volver en un mes con respuestas. Presentamos un informe condencial y uno público. Pero luego, más o menos a los 15 o 20 días recibí una

llamada donde me decían que el Estado le retiraba el apoyo a esa comisión de exploración y nos quedamos sin saber qué había pasado. Y después sucedió la

toma de Casa Verde el 9 de diciembre. Ahí hay un capítulo oscuro que valdría la pena analizar”. (Exposición de José Noé Ríos en el Conversatorio “Superación

del Conicto y Construcción de la Paz (1982-2009): Lecciones para 2010”, del 5 de agosto de 2009, convocado por Fundación Ideas para la Paz, Fundación

Social, PCS Consejería en Proyectos, Corporación Nuevo Arco Iris, Planeta Paz y Fucude). Ver también: Ríos, José Noé,Cómo negociar a partir de la importancia

del otro. Bogotá: Planeta, 1997; pp.119-123.46 La siguiente descripción hace parte de: Arias O., Gerson Iván. “Dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo colombiano en los procesos de paz,

1981-2003: transformación y análisis”. Monografía de grado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-Departamento de Ciencia Política, 2004.47 Conjuntamente con Álvaro Leyva Durán y los parlamentarios Jesús Carvajal, Rafael Serrano Prada y Hernán Motta Motta.




denen 10 puntos de una agenda cuyo tema principal se cen-

tró en las condiciones del cese al fuego y hostilidades, y en

algunos temas substantivos enunciados de manera general.

Estos temas fueron:

1. Estudiar la posibilidad de convenir entre el gobierno

y la Coordinadora una fórmula de cese al fuego y alas hostilidades.

2. Relaciones de este proceso con la Asamblea Nacio-

nal Constituyente, las corporaciones públicas, las or-

ganizaciones políticas y sectores sociales.

3. Acciones contra los grupos “paramilitares” y de justi-

cia privada. Medidas efectivas contra la impunidad.

Concepciones sobre la denominada doctrina de la

seguridad nacional.

4. Derechos humanos, derechos de las minorías étni-

cas.

5. El Estado, la democracia y la favorabilidad política.

6. Elementos que contribuyen a desarrollar la sobera-

nía nacional, tales como el manejo de los recursos

naturales y aspectos de los tratados internacionales

relativos a los temas de este proceso.

7. Elementos para la democratización de la política

económica y social.

8. Diseño de un proceso que permita evolucionar a

una fase en la que se concreten acuerdos y medidas

prácticas que materialicen la superación denitiva

del conicto armado en Colombia y garanticen el

ejercicio de la actividad política sin el recurso de las

armas, dentro del marco de la vida civil y democráti-

ca del país, una vez satisfechos los requisitos nece-

sarios para este propósito.

9. Veeduría del proceso de paz.

10. Metodología, procedimientos y reglamentaciones de

las negociaciones y los acuerdos.48

Sumado a esta propuesta, desde el mismo discurso de

instalación de los diálogos, Alfonso Cano representante de

la CGSB, resaltó asuntos que marcarían hacia el futuro los

temas de negociación con las FARC:

“(…) así evitaremos vacíos presentados anteriormen-te que fueron causa importante de intransigencias y

obstáculos insalvables en diferentes momentos que in-

terrieron el avance de la negociación (…) es posible ir

abordando temas que por su urgencia, puedan redundar

en el mejoramiento del medio ambiente de la negocia-

ción. Temas como el de la guerra sucia y el paramili-

tarismo, el estado de sitio, los derechos humanos y el

tratamiento de la población civil en la confrontación”.49

En la segunda ronda y ante las complicaciones para acor-

dar el cese de fuegos, el tema se circunscribe a formas de

vericación y de veeduría internacional. En ese momento las

partes suspenden los diálogos para realizar consultas y “por

su parte, el Gobierno para hacer frente a las crecientes ini-

ciativas de negociaciones paralelas con la guerrilla a nivel re-

gional y sectorial”50 determina “desautorizar estas iniciativas,

reiterando que los únicos indicados para ello son el Ministro

de Gobierno y el Consejero de Paz; y en segundo lugar, toma la

iniciativa de conformar una Comisión Asesora de las Negocia-

ciones con la participación de los distintos grupos políticos”.51 Durante la tercera ronda el Gobierno expone su propuesta

del cese al fuego el día 10 de septiembre y la CGSB respon-

de de manera negativa realizando una contrapropuesta que

resulta inaceptable para el Gobierno. Se da un nuevo receso

durante el cual el Gobierno decide crear una Comisión confor-

mada por empresarios para buscar formulas de desmoviliza-

ción ecaz de los guerrilleros que así lo decidan. Este receso

tuvo lugar por decisión unilateral del Gobierno tras el atenta-

do contra el senador Aurelio Iragorri el 30 de septiembre, aún

sin la certeza de la responsabilidad de la CGSB.

Luego de compromisos entre las partes empieza una

cuarta ronda en la que, en esencia, se realiza un balance de

las negociaciones hasta el momento y nuevamente hay una

suspensión para consultas a nivel horizontal en cada una de

las partes.

Antes de abandonar Caracas, los miembros de la comi-

sión negociadora del gobierno realizaron un balance de estas

rondas:

“Balance general:

1. Bilateralidad: Denida como una situación que no im-

plique ventajas estratégicas para ninguna de las partes.

Acuerdo: Existe consenso en el contenido general delconcepto.

48 Arango Z., Carlos. De Cravo Norte a Tlaxcala: Los Diálogos por la Paz . Colombia: s.i., 1992; pp. 50-51.49 Arango Z., Carlos. De Cravo Norte a Tlaxcala: Los Diálogos por la Paz. Colombia. s.i., 1992. 46-49.50 García D., Mauricio. De la Uribe a Tlaxcala: Procesos de Paz . Bogotá: Cinep, 1992. 225.51 Ibíd.




2. Vericación: Diseño de Cese al fuego vericable. Que-

daría por aplicar los términos del acuerdo suscrito el 25

de junio de 1991.

Acuerdo Condicionado: El Gobierno está de acuerdo en

que el Cese al Fuego debe ser vericable, pero es sola-

mente la localización lo que permite esa vericación. La

CGSB está de acuerdo con que el cese al fuego debe servericable, pero para ella lo importante son los meca-

nismos de vericación y no cree que la localización sea

necesaria a este efecto.

3. Transitoriedad: Denida como el carácter temporal y

secuencial de las diversas fases del proceso.

Acuerdo: Las partes están de acuerdo.

4. Evaluación: Denido como mecanismo de seguimiento

y calicación del proceso. Divergencia: en cuanto a los

elementos constitutivos así como en la integración y fun-

ción de una comisión de evaluación. El Gobierno opina

que los negociadores no deben formar parte de ésta, sino

que una vez presentado el informe, los negociadores de-

cidirían eventuales acciones al respecto. La CGSB opina

que sí es conveniente que la Comisión de Evaluación la

conforme la mesa de negociaciones, la Veeduría Interna-

cional y la Comisión de Evaluación Seguimiento y Aseso-

ría del proceso y se tomen las decisiones en conjunto.

5. Veeduría Internacional: Acuerdo: Las partes coinciden

en que estudiarán un mecanismo concreto, para confor-

marla y ponerla en marcha una vez iniciado el cese al

fuego, con base en los acuerdos suscritos el 25 de junio

de 1991.

6. Normas de Comportamiento: Referidas a reglas de

juego para el manejo del cese al fuego y a las hostili-

dades.

Acuerdo: Las partes están de acuerdo en que debe tra-

bajarse a n de denir compromisos con el objeto de

establecer normas de comportamiento que eviten situa-

ciones de confrontación.

7. Paramilitarismo: Las partes consideran el tema como

esencial y pertinente.

Posición de la CGSB:

1. Presentación de un informe al país sobre las accio-

nes adelantadas por el Estado contra el paramilitaris-

mo. El Gobierno deberá dar a conocer el resultado delas investigaciones por las múltiples masacres y ase-

sinatos políticos ocurridos en los últimos seis años.

2. Pronunciamiento ocial del Gobierno en el sentido

de que no es política estatal, la promoción y activi-

dad del paramilitarismo. Raticación de la deroga-

ción que todas las leyes, decretos y resoluciones

militares o administrativas que autoricen, ordenen o

favorezcan la creación o constitución de grupos pa-

ramilitares.

3. Acciones inmediatas del Estado contra el paramili-

tarismo, como ordenar a todos los organismos del

Estado, civiles, militares o de policía, iniciar en forma

inmediata las acciones que conduzcan al desmonte

y destrucción de todas las organizaciones de éstetipo existentes, y a la captura de sus integrantes para

su juzgamiento.

4. Explicación al país en torno al documento que sobre

el tema presentará al CGSB.

5. Creación de una Comisión Internacional de alto nivel

y con las necesarias garantías y facultades para al

investigación del paramilitarismo.

6. Depurar la Fuerza Pública de miembros comprome-

tidos con grupos paramilitares, autores materiales,

intelectuales y nanciadores de los mismos, sin per-

juicio de la acción penal a la que su responsabilidad

diere lugar.

7. Creación de una reglamentación que impida que

mercenarios extranjeros den instrucción paramilitar

a ciudadanos colombianos.

8. Levantamiento del fuero militar, porque ha sido y es,

el principal factor de impunidad en materia de críme-

nes políticos y de violación de los derechos humanos

y porque bajo su amparo miles de miembros de las

fuerzas armadas, autores de asesinatos políticos,

masacres, torturas y desapariciones han quedado

sin castigo.

9. Retorno de los desplazados a causa de la acción de

los paramilitares a sus hogares y sitios de origen,

con todas las garantías y favorabilidad social.

10. Revisión de la doctrina militar sobre seguridad na-

cional.

Posición del Gobierno: Deja constancia que ya existe

una política contra los paramilitares. En éste sentido y

en función del presente proceso, el Gobierno reitera su

disposición de comprometerse a:

1. Presentar un informe sobre acciones contra parami-

litares.

2. Investigar el informe que pudiera presentar la guerrilla.

3. Convenir con la CGSB, acciones especícas en zonasdespejadas por la guerrilla.

4. Los demás temas serían materia de tratamiento del

punto tres de la agenda.

8. Secuestros:

Posición del Gobierno: La liberación de las personas se-

cuestradas por la guerrilla debe ser inmediata y no tiene

contra prestaciones por parte del Gobierno.




Posición de la CGSB: Dentro del contexto del presente

proceso se compromete a encontrar soluciones a los ca-

sos de secuestro denunciados en el país en lo que a su

responsabilidad competa. Las partes convienen la crea-

ción de una comisión para esclarecer casos sobre dudo-

sa autoría de la guerrilla ante determinados secuestros.

9. Desaparición Forzada de Personas: Acuerdo: Las partes convienen en designar una comi-

sión distinta a la de los secuestros para investigar los

casos de desaparición forzada. Los otros temas se tra-

tarían cuando se discuta el punto cuatro de la Agenda.

10. Garantías a la Población Civil: No hay denición co-

mún aceptable a las partes.

Posición del Gobierno: Se reere a las garantías especí-

cas para la población que habita en áreas despejadas

por la guerrilla, a n de evitar retaliaciones, amenazas,

o amedrentamiento a dicha población. Denido así, el

Gobierno estaría dispuesto a convenir un acuerdo a éste

efecto.

Posición de la CGSB: El acuerdo a que se llegue debe po-

sibilitar que cesen los efectos de la confrontación sobre

la población civil en todo el territorio nacional.

11. Militares retenidos por la guerrilla: El Gobierno no

acepta la calicación dada por la CGSB de prisioneros de

guerra de los militares y lo único que puede esperar es

que libere a los militares secuestrados.

Posición de la CGSB: La CGSB considera que habría que

discutir el tratamiento que da la fuerza pública a los gue-

rrilleros capturados, y adoptar un código de conducta.

12. Localización: Ubicación transitoria de la guerrilla

dentro de áreas razonables de extensión limitada, aún

por determinar.

Desacuerdo: Divergencia de posiciones en cuanto al ta-

maño, número y oportunidad de localización. El Gobier-

no está dispuesto a considerar un breve plazo, a n de

lograr el tránsito de la guerrilla hacia las áreas de locali-

zación. La CGSB parte de que la localización es producto

de una fase del proceso y no una condición preliminar.

13. Fuerza Pública: Referida a la presencia de las dis-

tintas instituciones para el mantenimiento del orden pú-

blico.

Divergencia: El Gobierno señala que, en caso de un ceseal fuego localizado, no se está discutiendo la presencia

de la Fuerza Pública en esas áreas, lo que debe discutir-

se son las condiciones de su permanencia.

La CGSB sostiene que:

1. El gobierno debe retirar las brigadas móviles, los

grupos de contraguerrilla y destacamentos que

participan en operativos militares ofensivos contra

la guerrilla sin que sea necesario que se retiren de

cuarteles y bases en donde habitualmente están ins-

talados.2. Para cualquier tipo de cese al fuego, el papel de la

fuerza pública signicaría el levantamiento de los

dispositivos militares ofensivos.

3. El cese al fuego no signicaría dejar sin fuerza públi-

ca a los municipios del país.

4. En el caso de un cese al fuego localizado es imposi-

ble que las fuerzas confrontadas se ubiquen en un

mismo espacio.

14. Franja Neutral: Denido como espacio cuyo límite

habría que determinar y que serviría de “colchón” para

reducir roces entre las partes confrontadas.

15. Garantía Jurídicas y de integridad personal para los

voceros de la guerrilla: El Gobierno las aplicaría, dentro

de un diseño de cese al fuego localizado. La CGSB lo apli-

caría a cualquier tipo de acuerdo sobre el cese al fuego.

16. Realización de tres encuentros nacionales relativos a:

1. Desarrollo económico del país y bienestar social.

2. Violencia política, derechos humanos, corrupción ad-

ministrativa e impunidad y

3. Política y administración de los recursos naturales.

Desacuerdo: El gobierno estaría de acuerdo en discutir

ese elemento siempre que ya se haya acordado una fór-

mula de cese al fuego. La CGSB considera que la realiza-

ción de estos tres encuentros deben formar parte de la

fórmula de cese al fuego”.52

A principios de 1992 el Estado Mayor Central de la CGSB

da a conocer sus “Doce propuestas para construir una es-

trategia de paz”, a través de una carta enviada al Congreso:

“Señores Congresistas:

Un logro importante de los diálogos de Caracas, ha sido

la elaboración conjunta de una agenda de negociación

que trasciende los elementos exclusivamente militares

del cese de fuegos y toca con aquellos que sirven de so-porte a la crisis nacional.

Abordar estos temas de la agenda para su tratamiento

no puede ser solo competencia de los negociadores o

52 Puntos tomados del “Cuadro comparativo de posiciones de las partes en torno a los 16 elementos contenidos en una eventual fórmula de cese al fuego y de las

hostilidades”. Caracas, noviembre 10 de 1991.




G. DERECHOS HUMANOS

Restituir y hacer vigentes los Derechos Humanos en Colom-

bia, garantizándole al ciudadano, vida, dignidad, respeto y

condiciones básicas para su realización como ser humano.

H. IMPUNIDAD

Terminar con la impunidad. Supone revisar integralmen-te el sistema de la Rama Judicial para dotarlo de todos lo

elementos posibles que hagan pronta, ecaz e imparcial

muestra justicia. Terminar con el Fuero Militar, alcahue-

tería suprema convertida en el principal factor de impu-

nidad existente.

I. DEMOCRACIA

Colombia necesita una democracia sin trampas, sin Es-

tatutos antiterroristas, que sólo golpean a la oposición

y a los inconformes, sin privilegios para los poderosos

de los medios de comunicación, sin militarización de

las campañas electorales y con una Registraduría como

rama independiente del Poder Público.

Es urgente llenar de libertad el proceso electoral, ins-

trumentar más y mejor la democracia directa del refe-

réndum del plebiscito, de la revocatoria del mandato,

defender el pleno Derecho de Tutela y acrecentar el pa-

pel de órganos elegidos popular y directamente. Pero por

sobre todo garantizar la vida de ciudadanos y organiza-

ciones que quieran hacer oposición.

J. EL TEMA AGRARIO

Hay que redistribuir la tierra allí donde impere el latifun-

dio. Construir la infraestructura vial y dotar del transpor-

te necesario los campos del país, jar créditos baratos

para la agricultura y la ganadería, seguros de cosecha,

facilitar insumos y tecnología moderna a todos quienes

generan riqueza en nuestros campos y garantizar la ven-

ta de sus productos.

K. UNIDAD NACIONAL

Fortalecer la Unidad Nacional. La arrogancia centralista

de los gobiernos y la ausencia de una concertación so-

bre planes sociales y de desarrollo, han relegado a las

distintas regiones del país, a los indígenas y minoríasétnicas, al marginamiento, sumidos en la injusticia. Inte-

grar armónicamente a Colombia, es prioridad de carác-

ter estratégico para cimentar la paz.

L. REPARACIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA

Indemnizar a los afectados por la violencia. Debemos

elaborar y desarrollar un plan serio que comprome-

ta al Estado a la empresa privada y a la Comunidad

Internacional para que sin paternalismos, vayamos

restañando las profundas heridas que ha dejado la

confrontación.Estamos seguros que un Gran Acuerdo Nacional sobre

estos temas, sentará las bases de la reconciliación,

contrasta nuestra propuesta con la conducta de los

estrategas de la guerra que al recrudecerla con el ata-

que de Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, llevaron

al país hacia el abismo conrmando una vez más el

fracaso ocial de la vía militar para la solución de la

crisis.

Secretariado del Estado Mayor Central

Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar

Montañas de Colombia, Enero 25 de 1992”.53

El 10 de marzo se reinician los diálogos en la ciudad de

Tlaxcala, México, pero nuevamente un hecho puntual hace

que el Gobierno se retire de la mesa: la muerte del exministro

Argelino Durán Quintero quien había sido secuestrado por un

frente del EPL, noticia dada a conocer el 21 de marzo. En

esta corta etapa se encargó de las negociaciones el nuevo

Consejero de Paz Horacio Serpa Uribe.

Pese a una reanudación el 21 de abril y a la invitación

que la CGSB hace al Presidente del Senado, la conanza

entre las partes ya estaba herida de muerte y los diálogos

nalizan. Además de los atentados antes mencionados que

conformaron las causas inmediatas de la nalización de los

intentos de negociación, dos razones gravitaron en el trasfon-

do: el incremento de la desconanza entre las partes desde

la inoportunidad política de la operación sobre Casa Verde

y el que con la nueva Constitución el Estado estrenaba una

legitimidad que redujo ostensiblemente los márgenes para

acordar las reformas a que aspiraban las FARC.

El año siguiente, después de 11 años de preparación, las

FARC realizan su Octava Conferencia (abril de 1993) en la que:

“el crecimiento sostenido de las FARC conduce a lacreación de bloques y comandos conjuntos que obede-

cen a la necesidad de regionalizar la organización, en

aras de su crecimiento y avance en el control territo-

53 Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Doce propuestas para construir una estrategia de paz. En: Arango Zuluaga, Carlos.De Cravo Norte a Tlaxcala: Los

Diálogos por la Paz . Colombia: s.i., 1992; pp. 166-171.




54 Ferro M, Juan Guillermo y Uribe R, Graciela.El Orden de la Guerra. Las Farc-Ep: Entre la Organización y la Política. Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 2002. 117.

rial. Se propone una plataforma para un gobierno de

reconstrucción y reconciliación nacional como parte

del plan estratégico que sigue siendo la base de la pro-

puesta actual de las FARC”.54

Como parte de ese proceso interno las FARC publican la

llamada “Plataforma para un gobierno de reconstrucción yreconciliación nacional”, en donde actualizan sus temas de

agenda:

“PLATAFORMA DE UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN

Y RECONCILIACIÓN NACIONAL

Invitamos a todos los colombianos que anhelan una pa-

tria amable, en desarrollo y en paz, a trabajar por la con-

formación de un gobierno nacional Pluralista, Patriótico y

Democrático que se comprometa a lo siguiente

1. Solución política al grave conicto que vive el país.

2. La Doctrina Militar y de Defensa Nacional del Estado,

será bolivariana. Dijo el Libertador que: “El destino del

Ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de

que vuelva sus armas contra los ciudadanos”. Las FF.AA.

serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuo-

sas de los Derechos Humanos y tendrán un tamaño y un

presupuesto acordes a un país que no está en guerra

con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser depen-

dencia del Ministerio de Gobierno, reestructurada para

que cumpla su función preventiva; moralizada y educada

en el respeto de los Derechos Humanos.3. Participación democrática nacional, regional y mu-

nicipal en las decisiones que comprometen el futuro

de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos

de scalización popular. La Procuraduría será rama

independiente del poder público y el Procurador Ge-

neral de la Nación será elegido popularmente. El Par-

lamento será unicameral. La oposición y las minorías

tendrán plenos derechos políticos y sociales, garan-

tizándoles el Estado su acceso a los grandes medios

de comunicación. Habrá libertad de prensa. La Rama

Electoral será independiente. La Corte Suprema de

Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Nacionalde la Judicatura, serán elegidos por voto directo de to-

dos los Jueces y Magistrados del país. Moralización de

la Administración Pública y de las instituciones civiles

y militares del Estado.

4. Desarrollo y modernización económica con justicia

social. El Estado debe ser el principal propietario y admi-

nistrador en los sectores estratégicos: en lo energético,

en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos

y recursos naturales en benecio del desarrollo económi-

co-social equilibrado del país y las regiones.

El énfasis de la política económica será la ampliacióndel Mercado Interno, la autosuciencia alimenticia y el

estímulo permanente a la producción, a la pequeña,

mediana y gran industria privada, a la auto gestión, la

microempresa y a la economía solidaria.

El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria

nacional y desarrollará una política proteccionista sobre

las mismas. La gestión económica ocial se debe carac-

terizar por su eciencia, su ética, su productividad y su

alta calidad. Habrá participación de los gremios, las or-

ganizaciones sindicales, populares, entes académicos y

cientícos en la elaboración de las decisiones sobre la

política económica, social, energética y de inversiones

estratégicas.

5. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el

bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su

empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recrea-

ción como centros de las políticas del Estado, apoyados

en nuestras tradiciones culturales democráticas y bus-

cando el equilibrio de la sociedad con su medio ambien-

te y la naturaleza.

El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la in-

vestigación cientíca.

6. Quienes mayores riquezas posean, más altos impues-

tos aportarán para hacer efectiva la redistribución del

ingreso. El impuesto del IVA, solo afectará bienes y ser-

vicios suntuarios.

7. Política Agraria que democratice el crédito, la asisten-

cia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria

y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal

frente a la desigual competencia internacional.

Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elabora-

do en conjunto con las organizaciones de la comunidad,

liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyen-

do la tierra, deniendo una frontera agrícola que raciona-

lice la colonización y proteja del arrasamiento nuestrasreservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional

e internacional.

8. Explotación de los recursos naturales como el petró-

leo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas,




etc., en benecio del país y de sus regiones. Renegocia-

ción de los contratos con Compañías Multinacionales

que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional

de Energía, con participación del Estado, los trabajado-

res del sector y las regiones, planicará la política ener-

gética.

Se construirán más renerías y se desarrollará la in-dustria petroquímica. El gobierno le informará a la co-

munidad con transparencia, los términos del contrato

existente para la explotación de CUSIANA Tan solo los

5.000 millones de barriles de petróleo de reserva que

poseen, a los precios de hoy y a la tasa de cambio vi-

gente, producirán $80 billones (80 millones de millones

de pesos), es decir, más de seis veces el presupuesto

nacional de

Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explo-

tará CUSIANA y cómo insertaremos su producido en los

planes generales de nuestro desarrollo. Hay que .sem-

brar el petróleo” para las próximas generaciones, porque

el crudo es de todos los colombianos y sus benecios

también.

9. Relaciones internacionales con todos los países del

mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeter-

minación de los pueblos y del mutuo benecio. Priorizar

tareas por la integración regional y latinoamericana. Res-

peto a los compromisos políticos del Estado con otros

Estados. Revisión total de los Pactos Militares y de la in-

jerencia de las potencias en nuestros asuntos internos.

Renegociación de la Deuda Externa, buscando un plazo

de 1O años muertos, en el pago de los servicios.

10. Solución del fenómeno de producción, comercializa-

ción y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido

ante todo como un grave problema social que no puede

tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la

participación de la comunidad nacional e internacional y

el compromiso de las grandes potencias como principales

fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.

Abril 3 de 1993”55

Desde ese momento, estos diez puntos serían asumidos

por las FARC como temas irrenunciables a la hora de afrontar

una negociación. Inclusive hoy esta Plataforma hace parte delos puntos claves que discutirían las FARC.

Las FARC en los gobiernos Samper y Pastrana

Con el ascenso de Ernesto Samper Pizano a la Presi-

dencia de la República en 1994, empieza a congurarse un

nuevo discurso sobre la Paz. Con la creación de un Alto Comi-

sionado para la Paz, cuyo primer titular sería el político liberal

Carlos Holmes Trujillo (1994-1995), se intenta construir otras

lógicas en el manejo de dichas materias que se verían fuer-temente debilitadas por el escándalo político en que se vio

envuelto Samper y por ende sus notables declives de legitimi-

dad y capacidad para actuar.

Tal como lo describe Daniel García-Peña, antiguo coor-

dinador de la Ocina del Alto Comisionado para la Paz

(1995-1998), para entender los avances o retrocesos de un

escenario de negociación con las FARC hay que entender el

contexto en que se desarrolló esa difícil tarea:

“En el tema de la Paz el gobierno de Samper tuvo tres

partes. La primera del 7 de agosto de 1994 al dos de

agosto de 1995, que es cuando renuncia Holmes y tam-

bién renuncia Fernando Botero y se viene todo el 8000

con las declaraciones de Santiago Medina, etc.

La segunda parte es el 8000. Un periodo que es largo,

la tormenta”, que va hasta 1997, que es cuando se da la

liberación de los soldados en Cartagena del Chairá, que

de todos modos fue un acuerdo con las FARC, mínimo,

chiquito, humanitario como lo quieran llamar. Ese día de

la liberación Marulanda manda una carta proponiendo

los cinco municipios y entonces todo ya se vuelve mate-

ria del debate pre-electoral del próximo gobierno.

Y el tercer periodo que fue de julio del 1997 a agosto del98, viene por parte de las FARC la liberación de los solda-

dos y por parte del ELN Viana y Maguncia”.56

Siguiendo esta periodización, recién posesionado Sam-

per las FARC anuncian su disponibilidad de arrancar de nuevo

lo que había quedado planteado en Caracas y Tlaxcala:

“sabemos que un proceso de negociación como el que

puede iniciarse, debe culminar en un tratado de paz, que

permita en el marco de una cultura de la tolerancia, con

un Estado garante de ella y no un Estado terrorista, que

cada quien luche por lo que considere justo, protegidopor la ley”.57

55 FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo!”. Mimeo.56 Entrevista a Daniel García-Peña, coordinador de la Ocina del Alto Comisionado para la Paz durante en gobierno Samper (1995-1998). Realizada por Gerson

Arias el 22 de septiembre de 2005.57 Carta abierta de las FARC. Agosto 19 de 1994.




Sin embargo, solo sería hasta inicios de 1995 cuando las

FARC muestran sus cartas de negociación de manera más

concreta:58

1. “Que el Gobierno Nacional despeje de fuerza pública y

de servicios de inteligencia el área del

municipio de La Uribe, departamento del Meta, durante sesenta días.

2. Que tal decisión sea informada públicamente y con

suciente antelación.

3. A partir de la fecha inicial y durante treinta días, las

FARC vericarán la realidad del despeje.

4. Comprobado el despeje del municipio, una parte de

su delegación se desplazará al área, en lo que empleará

quince días.

5. Durante los siguientes cinco días y ya con a presencia

de la delegación del Gobierno Nacional, se adelantará la

primera reunión.

6. Los diez días restantes, se emplearán en la evacua-

ción del lugar.

7. El secretariado nacional de las FARC, requiere de ga-

rantías y medios para que otros dos de sus integrantes

sean desplazados en helicóptero desde las áreas donde

se encuentran actualmente hasta La Uribe regresados a

la misma una vez culmine la reunión”.

Si bien no se trata de temas sustantivos, este primer

pronunciamiento es clave pues representa el primer antece-

dente reciente en donde el tema del despeje de un territorio

empieza a ser considerado como una garantía ineludible para

cualquier proceso de negociación.

Viene luego una etapa de acercamientos que naliza con

el destape del escándalo del llamado proceso 8000,59 que

tiene como consecuencia el cierre de las puertas por parte

de las FARC para cualquier negociación:

“Los vergonzosos escándalos que hoy sacuden a la cla-

se política del país deben reclamar la atención de todos

lo que queremos una patria mejor, pues el cáncer de la

corrupción administrativa y política no es lo único que

aqueja a Colombia, ni siquiera el más grave (…) “Esta-

mos en tiempos en que la debilidad moral del gobierno

lo empuja a someterse aún más a los dictámenes del

militarismo”.60

Con esta puerta clausurada, las FARC aprovecharon el va-cío institucional y se apoderaron de la iniciativa estratégica

en lo militar, cuyo punto emblemático fue la liberación unila-

teral de 60 soldados y 10 infantes de Marina en su poder, el

15 de junio de 1997 en el municipio de Cartagena del Chairá

(Caquetá).

Meses más tarde, en noviembre de 1997, las FARC rea-

lizan un Pleno del Estado Mayor en donde se cuestionan la

existencia de condiciones para arrancar un proceso de ne-

gociación con un nuevo gobierno, en donde resulta clara la

necesidad de aprender de sus errores pasados:

“Qué planes de orden político y militar podemos de-

sarrollar de tal manera que nuestras actividades

correspondan al plan estratégico y no ocurra como

anteriormente, que en lugar de avanzar retrocedimos,

porque los Frentes no desarrollaron la política señalada

por el Secretariado, cuando Betancur, aunque gana-

mos por algún tiempo con la organización de Ia Unión

Patriótica y que nalmente perdimos por mal manejo,

esto mientras se mantengan las conversaciones si las

condiciones surgen”.61

De este modo, con unas FARC en pleno ascenso militar yun país que reclamaba la paz,62 el candidato Andrés Pastrana

Arango gana la segunda vuelta electoral, gracias, entre otros

factores, a un encuentro entre miembros de su campaña con

el comandante en jefe de las FARC Manuel Marulanda Vé-

lez ‘Tirojo’. Una vez electo, el 10 de julio de 1998, el propio

Pastrana se reúne con el líder guerrillero y se establecen las

bases del futuro proceso de negociación.

Iniciado el proceso con las FARC-EP63 y con la entrada en

vigencia de la denominada zona de distensión el 7 de noviem-

58 Carta del Secretariado de las FARC al Alto Comisionado para la Paz, enero 3 de 1995.59 Proceso penal que se generó por el aporte de dineros del Cartel de Cali a las campañas al Congreso y a la Presidencia. Este se abrió formalmente en julio de

1994 con el número de radicación 8000, pero fue solo hasta mediados de 1995 cuando el proceso comenzó a ser ampliamente publicitado en los distintos

medios de comunicación.60 Comunicado de las FARC, agosto 26 de 1995.61 FARC-EP. Informe a la Octava Conferencia de las FARC-EP, “Comandante Jacobo Arenas estamos cumpliendo!”. Mimeo.62 El mismo día que tuvieron lugar las elecciones para mandatarios locales (octubre de 1997), cerca de 10 millones de ciudadanos colombianos votaron el de-

nominado “Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad”. El mandato contenía diez puntos que se traducía en la aspiración de una salida negociada al

conicto armado. Esto generó un clima favorable para los candidatos presidenciales que proponían temas puntuales en esta materia.




bre de 1998, los esfuerzos institucionales se enfocarían a la

constitución de la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación y

el Comité Temático Nacional previstos para el 7 de enero de

1999. Ese mismo día Víctor G. Ricardo, María Emma Mejía

Vélez, Fabio Valencia Cossio, Nicanor Restrepo Santamaría

y Rodolfo Espinosa Meola eran nombrados como voceros del

Gobierno Nacional en la Mesa Nacional de Diálogo y Negocia-ción (Primer equipo de negociación).

Una vez establecidas estas lógicas, y después de que Pas-

trana y Marulanda acordaran el inicio de la fase de negocia-

ción del proceso,64 el 6 de mayo de 1999 los negociadores

rman el primer acuerdo sustantivo, el cual da origen a la

Agenda Común por el Cambio hacia una Nueva Colombia:

“AGENDA COMÚN POR EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA

COLOMBIA

La Machaca, 6 de Mayo de 1999

1. Solución política Negociada

Se buscará una solución política al grave conicto social

y armado que conduzca hacia una nueva Colombia, por

medio de las transformaciones políticas, económicas y

sociales que permitan consensos para la construcción

de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social,

conservando la unidad nacional. En la medida en que se

avance en la negociación, se producirán hechos de paz.

De ahí el compromiso que debemos asumir todos los co-

lombianos con la construcción de la paz, sin distinción

de partidos, intereses económicos, sociales o religiosos.

2. Protección de los derechos humanos como responsa-

bilidad del Estado

2.1 Derechos fundamentales.

2.2 Derechos económicos.

2.3 Tratados internacionales sobre derechos humanos.

3. Política Agraria Integral

3.1 Democratización del crédito, asistencia técnica, mer-

cadeo

3.2 Redistribución de la tierra improductiva

3.3 Recuperación y distribución de la tierra adquirida a

través del narcotráco o enriquecimiento ilícito

3.4 Estímulos a la producción

3.5 Ordenamiento territorial integral3.6 Sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo

4. Explotación y Conservación de los Recursos naturales

4.1 Recursos naturales y su distribución

4.2 Tratados Internacionales

4.3 Protección del ambiente sobre la base del desarrollo

sostenible

5. Estructura Económica y Social

5.1 Revisión del modelo de desarrollo económico

5.2 Políticas de redistribución del ingreso

5.3 Ampliación de mercados internos y externos5.4 Estímulos a la producción a través de la pequeña,

mediana y gran empresa privada

5.5 Apoyo a la economía solidaria y cooperativa

5.6 Estimula a la inversión extranjera que benecie a la

Nación

5.7 Participación social en la planeación

5.8 Inversiones en bienestar social, educación e investi-

gación cientíca

6. Reformas a la justicia, lucha contra la Corrupción y el

Narcotráco

6.1 Sistema judicial

6.2 Órganos de control

6.3 Instrumentos de lucha contra la corrupción

6.4 Narcotráco

7. Reforma política para la ampliación de la democracia

7.1 Reformas de los partidos y movimientos políticos

7.2 Reformas electorales

7.3 Garantías a la oposición

7.4 Garantías a las minorías

7.5 Mecanismos de participación ciudadana

8. Reformas del Estado

8.1 Reformas al Congreso

8.2 Reforma administrativa para lograr una mayor e-

ciencia de la administración pública

8.3 Descentralización y fortalecimiento del poder local

8.4 Servicios Públicos

8.5 Sectores estratégicos

9. Acuerdos sobre Derecho Internacional Humanitario

9.1 Desvinculación de los niños al conicto armado

9.2 Minas antipersonales

9.3 Respeto de la población civil

9.4 Vigencia de las normas internacionales

10. Fuerzas Militares

10.1 Defensa de la soberanía

10.2 Protección de los derechos humanos10.3 Combate a los grupos de Autodefensa

10.4 Tratados internacionales

11. Relaciones Internacionales

63 Resolución Número 84 de 1998 (octubre 14); 85 de 1998 (octubre 14) y 1 de 1999 (enero 5).64 Comunicado del presidente de la República, Andrés Pastrana Arango y Manuel Marulanda de las FARC-EP, rmado en Caquetania el 2 de mayo de 1999.




11.1 Respeto a la libre autodeterminación y a la no in-

tervención

11.2 Integración regional latinoamericana

11.3 Deuda externa

11.4 Tratados y convenios internacionales del Estado

12. Formalización de los acuerdos

12.1 Instrumentos democráticos para legitimar losacuerdos.

Firmado

Por el Gobierno Nacional

Víctor G. Ricardo, Fabio Valencia Cossio, María Emma Me-

jía, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola

Por LAS FARC-EP

Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez”

El universo de puntos de esta agenda sustantiva eviden-

ciaban la posición dominante con que las FARC habían llega-

do a la mesa, pero también que la apuesta gubernamental,más allá de “poner los pies sobre la tierra”, era una apuesta

clara por ganar desde un principio la conanza del grupo gue-

rrillero, para luego intentar discutir uno a uno los temas. Pero

el proceso seguía.

En mayo de 2000, cuando ambas partes deciden inter-

cambiar su propuesta de cese de fuego, las FARC hacen más

explícitos la denición de algunos de los temas de agenda, a

través de un documento que titularon “Consideraciones ge-

nerales para discutir el cese de fuegos”, en especial su de-

nición holística del término ‘hostilidades’:

“LAS HOSTILIDADES

DESMONTE DEL PARAMILITARISMO ESTATAL

1. Suspender las hostilidades del Estado contra el pue-

blo colombiano implica necesariamente, depurar las

Fuerzas Armadas de todos los ociales y subociales

comprometidos con estos grupos llevándolos ante los tri-

bunales de la justicia ordinaria para que paguen por sus

crímenes; igual suerte deben correr los civiles compro-

metidos en su nanciamiento, promoción y patrocinio.

2. El paramilitarismo en Colombia provoca: masacres,

desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, expro-piación y repoblación de tierras, desalojos, amenazas,

narcotráco, terror generalizado, exilio, inmovilidad de

las fuerzas sociales que propugnan por cambios demo-

cráticos. Esta es una política de Estado instrumentada

por sectores de las Fuerzas Armadas y que amenaza las

actuales instituciones incluido el gobierno que preside el

doctor Andrés Pastrana.

El paramilitarismo como política de Estado en Colombia

responde a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Na-

cional.

RESPETO POR LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS DE

LOS COLOMBIANOS

3. Las FARC-EP considera necesario que el Estado co-lombiano y el gobierno, en cumplimiento de un acuerdo

de cese de hostilidades detengan la represión contra el

pueblo y los trabajadores, acabando con la criminaliza-

ción de la protesta social y garantizando el libre ejercicio

de los derechos civiles y políticos. Cese de las masacres,

torturas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, de-

tenciones arbitrarias, desplazamientos, bloqueos, salvo-

conductos, justicia sin rostro.

CAMBIO DEL MODELO ECONOMICO NEOLIBERAL

4. El pueblo colombiano, de tiempo atrás, viene sopor-

tando, por parte del Estado y los distintos gobiernos, el

desconocimiento de sus derechos económicos, sociales,

y culturales. Un acuerdo de cese de hostilidades debe

incluir la suspensión de la política económica neoliberal

que provoca despidos de trabajadores y empleados de

las empresas públicas y privadas, la pérdida de garan-

tías del derecho al trabajo, restricción a las libertades de

sindicalización, movilización y huelga; provoca el cierre

de escuelas, colegios y universidades públicas, hospi-

tales; desalojos de los deudores del UPAC, de los cam-

pesinos y destechados; incremento de la explotación de

trabajo infantil; privatización de fábricas y cierre de las

mismas, aumento de impuestos; persecución contra los

trabajadores informales.

4.1 El modelo económico neoliberal nos llevó a la peor

crisis económica de los últimos tiempos. Ruina del cam-

po; quiebra de la pequeña y mediana industria nacional;

concentración de la riqueza y monopolización de los sec-

tores nanciero, industrial, comercial, agropecuario y mi-

nero; desempleo desbordado; inequidad social; todo esto

como resultado de esta política económica totalmente

lesiva para el pueblo colombiano. Modicar dicha políti-

ca, para benecio de los colombianos, debe ser compro-

miso del Estado y el gobierno en el marco de un acuerdo sobre el cese de las hostilidades.

CESE DE LAS PRIVATIZACIONES

En desarrollo de las Audiencias Públicas adelantadas

en el marco del Proceso de Diálogo fue pública y noto-

ria la exigencia de diversos sectores sociales para que

el Estado colombiano y el actual gobierno no sigan ade-




lante con la venta del patrimonio nacional. La política

privatizadora compromete el desarrollo, la soberanía e

independencia de la patria al poner en manos de las

empresas transnacionales los sectores estratégicos. El

acuerdo sobre el cese de las hostilidades debe incluir

la posesión del pueblo colombiano, a través del Estado,

como principal propietario y administrador, del sector delas comunicaciones, el transporte, los puertos, las vías,

los aeropuertos, los energéticos, los recursos naturales

y mineros, los servicios públicos, la educación, la salud,

la seguridad social.

SUSPENSIÓN DE LA EXTRADICIÓN DE NACIONALES

El acuerdo del cese de hostilidades debe incluir el cese

de la extradición de nacionales restableciendo la digni-

dad y soberanía del Estado colombiano para diseñar un

sistema judicial que corresponda a nuestras tradiciones

y realidad nacional.

CASTIGO PARA LOS CORRUPTOS

La corrupción es un cáncer que padece la nación desde

sus inicios. La lucha contra este fenómeno tiene entre

sus primeros antecedentes el decreto del Libertador

Simón Bolívar que establecía severas penas a los fun-

cionarios del Estado que robarán los dineros del erario

público. Todavía hoy, mientras se deterioran acelerada-

mente las condiciones de vida de todos los colombianos,

observamos diariamente escandalosos casos de corrup-

ción cuyo denominador común es la impunidad y autoría

de representantes de la clase politiquera administra-

dora del Estado desde siempre. El robo y el despilfarro

de billones y billones de pesos de las nanzas públicas,

mientras el pueblo padece la insatisfacción de sus ne-

cesidades básicas, es una verdadera afrenta contra

los colombianos. Hay que parar semejante repartija. El

acuerdo sobre las hostilidades debe incluir castigo ejem-

plar para los responsables, tal como lo exige el conjunto

de la sociedad.

SOLUCIÓN CONCERTADA AL PROBLEMA DE LOS CULTI-

VOS ILEGALES

La agresión del Estado contra los campesinos cultiva-dores de hoja de coca y amapola en desarrollo de una

política impuesta por intereses extranjeros no puede con-

tinuar. Asesinato de centenares de compatriotas, daños

a la salud de los pobladores principalmente a los niños,

miles de hectáreas de cultivos de pan coger arrasadas,

centenares de animales domésticos muertos, fuentes de

agua contaminadas, daños inmensos al ecosistema y la

biodiversidad, ruina económica de las regiones y des-

plazamiento de los campesinos es lo que queda de tan

demencial acción. Ningún gobierno, ningún Estado, en

nombre de ningún interés tiene el derecho de tratar de

esa manera a sus conciudadanos; a menos que se haya

propuesto, convertirse en verdugo de su propio pueblo.

Un acuerdo sobre hostilidades debe incluir concertar conlas comunidades la erradicación manual y sustitución de

cultivos, con asesoría técnica de profesionales naciona-

les; nanciación; construcción de vías; escuelas, pues-

tos de salud y garantías de mercadeo para los nuevos

productos; tal acuerdo, se hace indispensable antes que

los daños causados a la Amazonía, mayor reserva natu-

ral de la humanidad sean irreparables. En desarrollo del

principio de corresponsabilidad los recursos nancieros

de este plan deben ser aportados por la comunidad in-

ternacional y su manejo estará bajo responsabilidad de

La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación deben parar las hostilida-

des contra el pueblo colombiano, sus organizaciones so-

ciales, políticas y armadas. De continuar con su política

de hacer apología de los grupos paramilitares deben ser

sancionados cancelándoles las licencias de funciona-

miento.

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN

Logrado un acuerdo en la mesa sobre el punto de las

hostilidades, que incluya los temas mencionados, se

hace necesario nombrar una Comisión Nacional de Ve-

ricación con participación de las dos partes y de repre-

sentantes de los sectores de la sociedad colombiana.

Las organizaciones sociales que consideren vulnerados

sus derechos como consecuencia de la política del Go-

bierno y el Estado colombianos podrán acudir a través de

voceros ante la Comisión Nacional de Vericación para

presentar sus denuncias. Esta Comisión Nacional de Ve-

ricación contará para su funcionamiento con todas las

garantías y medios necesarios y tendrá bajo su respon-

sabilidad vericar el cumplimiento de los acuerdos rma-

dos sobre el cese de las hostilidades. El resultado de sutrabajo será entregado en informes a la Mesa Nacional

de Diálogo y Negociación.

Al presentar esta propuesta las FARC-EP desean apor-

tar elementos para la solución de la actual problemática

nacional, convencidos como estamos, que con la partici-

pación del conjunto de la sociedad y el respaldo de la co-

munidad internacional lograremos derrotar los enemigos




de la reconciliación nacional sentando las bases para la

consolidación del actual proceso de paz y creando el am-

biente propicio avanzar en la discusión de los temas sus-

tantivos de la Agenda Común Para la Nueva Colombia”.

A pesar de los obstáculos y complicaciones que tuvo el

proceso durante el periodo posterior (que incluyeron congela-miento de los diálogos), a inicios de 2001 Pastrana y Marulan-

da rman el Acuerdo de los Pozos rearmando la necesidad

de reanudar los diálogos, agilizar las propuestas de intercam-

bio humanitario, discutir las propuestas de cese de fuegos,

de discutir el asunto de la erradicación manual y concertada

de los cultivos ilícitos, invitar a la comunidad internacional y

entre otras decisiones crea la Comisión de Personalidades

(también conocida como Comisión de Notables) con el propó-

sito de encontrar caminos para acabar con el paramilitarismo

y disminuir la intensidad del conicto. Dicha comisión fue o-

cialmente creada el 11 de mayo de 2001 y la integraron Ana

Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, VladimiroNaranjo Mesa y Alberto Pinzón Sánchez.

Fruto de esta comisión, que se entendía representativa

de ambas partes, surge un documento que contiene 28 re-

comendaciones:

“RECOMENDACIONES:

1.Que se pacte una tregua bilateral entre el Gobierno

Nacional y las FARC-EP, en principio de seis (6) meses,

en las acciones armadas, término que puede ser prorro-

gado por acuerdo entre las partes. Dicha tregua implica

que las partes, es decir el Gobierno Nacional y las FARC-

EP, adquieran, por lo menos durante este lapso, los si-

guientes COMPROMISOS:

A) No habrá acciones militares por parte de las Fuerzas

Armadas y de Policía contra las FARC-EP en ningún lugar

del territorio nacional.

B) No habrá acciones militares por parte de las FARC-EP

contra las Fuerzas Armadas y de Policía en ningún lugar

del territorio nacional.

C) Lo anterior no impide que las Fuerzas Armadas y de

Policía continúen sus acciones, conforme a los mandatos

de la Constitución y la ley, en contra de otras agrupacio-nes o individuos que sigan actuando de manera ilegal.

D) El Estado reitera su compromiso de respetar todas las

normas universales que regulan los conictos armados

no internacionales, recopiladas en el Derecho Interna-

cional Humanitario (Convención de Ginebra y protocolos

adicionales) y las FARC-EP se comprometen igualmente

a respetar dichas normas. Ambas partes se abstendrán,

en particular, de la utilización de armas no convenciona-

les, como las minas antipersonales, los cilindros de gas y

bombas de aspersión, del reclutamiento y mantenimien-

to en las de menores de edad, así como del asalto y

toma de poblaciones.

E) Las FARC-EP no efectuarán actos de hostilidad contra

particulares, tales como retención de personas, secues-tro, cobro forzado de contribuciones pecuniarias o de

cualquier otra especie, atentados contra la infraestruc-

tura energética y petrolera del país o contra la infraes-

tructura vial.

F) El Gobierno Nacional, de común acuerdo con las FARC-

EP, estudiará mecanismos de nanciación que permitan

atender a las necesidades de subsistencia de los com-

batientes de la insurgencia durante el período de tregua.

G) Que, conforme al punto 10 del Acuerdo de los Pozos,

el Estado se comprometa a la sustitución de cultivos ilíci-

tos en las pequeñas parcelas mediante el procedimiento

de erradicación manual, y ambas partes a la protección y

recuperación del medio ambiente y la ecología.

2. Que durante el período de la tregua bilateral de paz,

la Mesa Nacional de diálogo y negociación estudie, con

base en la Agenda Común de doce puntos acordada por

las partes en La Machaca, y llegue a acuerdos sobre las

materias especícas que conformen un temario denido

de proyectos de reforma constitucional, así como aque-

llas que deban ser posteriormente objeto de desarrollo

legislativo por parte del Congreso, o de implementación

por parte del Ejecutivo. Lo anterior sin perjuicio de llegar,

durante ese lapso, a acuerdos parciales de ejecución in-

mediata.

3. Que durante este período se intensiquen las reunio-

nes de la Mesa, al menos a tres días completos por se-

mana, y que se invite a sus deliberaciones, además de

las autoridades públicas, civiles o militares, pertinentes,

a voceros o representantes de los diferentes estamentos

o sectores de la sociedad colombiana que puedan contri-

buir con sus opiniones y experiencia a la determinación

de los temas concretos a incluir en el temario, a n de

que se obtengan los avances esperados por la sociedad

colombiana.

4. Que, con base en los acuerdos logrados por la Mesareferidos en el punto 3, se dena el temario de propues-

tas concretas de reforma constitucional, a ser discutido y

decidido, en principio, por una Asamblea Constituyente,

cuya convocatoria el Gobierno Nacional se compromete

a impulsar. Esta Asamblea deberá quedar integrada por

representantes de los distintos partidos y movimientos

políticos y sindicales, de los sectores de la producción,




de los sectores independientes de la sociedad civil y de

las FARC-EP y demás grupos de la insurgencia que de-

cidan comprometerse con este proceso. La forma de

integración de esta Asamblea Constituyente, su confor-

mación, así como su lugar de reunión, agenda, término

de duración y demás aspectos relacionados con su fun-

cionamiento y logística, serán acordados por las partesdurante el período de la tregua bilateral que proponemos.

5. Que, sin perjuicio de lo anterior, la Mesa estudie la

posibilidad de optar por la alternativa de convocar la

Asamblea Constituyente o la de convocar, en su defecto,

un referendo popular. Recomendamos que el Gobierno,

de común acuerdo con la Mesa, analice, a la luz de la

Constitución, de la ley y de las circunstancias políticas

del país, cuál de estas dos alternativas resulta más con-

veniente y expedita para el trámite de los proyectos de

reforma constitucional que hayan sido denidos en los

términos del punto 3 de este documento.

6. Que las partes se comprometan, de manera formal y

solemne, a respetar y acatar las decisiones que se adop-

ten por la Asamblea Constituyente y/o por la vía del refe-

rendo, y, en general, todas aquellas que emanen de las

diferentes instancias que constitucionalmente tengan

que ver en el trámite de las reformas previsto en estas

recomendaciones.

7. Que una vez acordado el temario de proyectos de re-

forma constitucional, éstos sean sometidos a un proceso

intenso de difusión y de pedagogía ante el pueblo colom-

biano, a n de que éste tenga la suciente información

sobre ellos, como parte del proceso de discusión de los

mismos, y, llegado el caso, antes de su refrendación en

la instancia correspondiente.

8. Que, en caso de convocarla, el término de duración de

la Asamblea Constituyente sea máximo de seis (6) me-

ses, y que entre la convocatoria y la reunión de la misma

no transcurran más de tres (3) meses.

9. Que se entienda el acto de convocatoria de la Asam-

blea Constituyente o, si es del caso, el del referendo,

como la culminación del actual proceso de diálogo y ne-

gociación.

10. Que, en caso de convocarla, la mayoría de la Asam-

blea Constituyente sea conformada mediante la libre ydemocrática elección de sus miembros, sin perjuicio de

que se adopten otros procedimientos especiales para la

escogencia de quienes han de representar en ella a la

insurgencia.

11. Que durante el período de tregua bilateral y, en gene-

ral, durante el lapso de este proceso democrático de re-

forma constitucional, se mantenga la zona de distensión.

12. Que, en el entendido de que la convocatoria a la

Asamblea Constituyente, o al referendo si se opta por

esta vía, signican como se señala en el punto 9 de este

documento- la culminación del proceso de diálogo y ne-

gociación, una vez acordada aquella e iniciado el proceso

para su conformación, las FARC-EP depongan las armas.

13. Que, en este mismo sentido, una vez se pacte la paz,la Fuerza Pública se ajustará a los parámetros acorda-

dos en el ordenamiento constitucional que se establezca

en orden al cumplimiento de su nalidad primordial, cual

es, en términos del artículo 217 de la Carta Política vi-

gente, la defensa de la soberanía, la independencia, la

integridad del territorio y del orden constitucional.

14. Que, de común acuerdo, la Mesa determine el me-

canismo que permita garantizar el cabal cumplimiento

de los compromisos adquiridos por las partes para el

período de tregua y, en general, para todo el proceso de

solución política al conicto que se propone en estas re-

comendaciones, y para que aquellos sean vericables.

Sugerimos, por ejemplo, que se designe entre los países

amigos del proceso a representantes de alta investidura

que, en calidad de observadores, sirvan como garantes,

ante la comunidad nacional e internacional, del cumpli-

miento de estos compromisos; entre tales observadores

podría gurar, por ejemplo, un representante de las Na-

ciones Unidas. Lo anterior no excluye que la Mesa acuer-

de que los garantes, o algunos de ellos, sean también

personalidades nacionales dignas de toda credibilidad.

15. Que si al vencimiento del período de seis meses de

tregua no se han logrado concretar los acuerdos de que

tratan los numerales anteriores, las partes lo prorroguen

por el término que consideren prudente para tal efecto.

16. Que se invite al Ejército de Liberación Nacional ELN

a hacer parte de este proceso y a aceptar la tregua de

paz que estamos proponiendo a la Mesa de Negociación

y Diálogo, con las mismas garantías y compromisos aquí

señalados.

17. Que el movimiento político que formalicen las FARC-

EP como consecuencia lógica de este proceso, goce de

todas las garantías y derechos y asuma todas las respon-

sabilidades que ello implica.

18. Que en caso de peligro de romperse la tregua por in-cumplimiento de los compromisos señalados en el punto

1o de esta propuesta por cualquiera de las partes, de

inmediato se reúna la Mesa de Diálogo y Negociación,

en presencia de los garantes nacionales y/o internacio-

nales y de los altos funcionarios del Estado que se con-

sidere pertinente invitar, a n de buscarle una pronta

solución al asunto.




19. Respecto del fenómeno del paramilitarismo nos per-

mitimos formular las siguientes recomendaciones:

A) Que durante todo este proceso el Gobierno nacional,

a través de la Fuerza Pública y los organismos de seguri-

dad, continúe adelantando las acciones encaminadas a

combatir el paramilitarismo en sus diversas modalidades.

B) Que sin perjuicio de ello, con arreglo a las leyes per-tinentes, el Gobierno adelante gestiones tendientes al

sometimiento a la justicia de quienes se hayan implicado

en actividades paramilitares.

C) Que se implementen por las partes las recomendacio-

nes que sobre el conicto colombiano y sobre este tema

en particular han formulado las Naciones Unidas –pre-

sentadas en la 57 Comisión de DD.HH.– y la Organiza-

ción de Estados Americanos (OEA).

D) Que se designe una instancia gubernamental que se

encargue de coordinar las acciones contra el paramili-

tarismo, sin perjuicio de las que correspondan a otras

entidades públicas.

E) Que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte

Constitucional, se someta a la justicia ordinaria a cual-

quier persona, civil o militar, que resulte implicada en

actos de colaboración, complicidad y, si es del caso, omi-

sión frente a los crímenes del paramilitarismo.

F) Que se continúe, al interior de las Fuerzas Armadas y

de Policía, el proceso de desvinculación de todos aque-

llos individuos que hayan resultado comprometidos en

actividades de tipo paramilitar o sobre los cuales haya

serios indicios de estarlo, sin perjuicio de que contra

ellos se adelanten los procesos judiciales y disciplinarios

correspondientes, con el propósito de evitar que tales

conductas queden en la impunidad.

G) Que se apoye desde todas las instancias del Estado la

acción de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía

General de la Nación para que capture y judicialice a los

promotores y partícipes de grupos paramilitares y demás

grupos de justicia privada.

H) Que se recopilen en un solo cuerpo todas las leyes

y demás normas jurídicas vigentes que tengan relación

con el tema del paramilitarismo.

I) Que se fortalezcan los programas de protección y

seguridad de los activistas de derechos humanos, dirigentes de partidos y movimientos políticos, jueces, or-

ganizaciones sindicales, agrarias, juveniles y populares,

periodistas y demás potenciales objetivos del accionar

del paramilitarismo y de otros grupos de justicia privada.

J) Que, con la cooperación internacional, se fortalezcan

los controles tendientes a impedir, por todos los medios,

el ingreso a Colombia de cualquier tipo de agentes ex-

tranjeros que, a cualquier título, actúen como promoto-

res, asesores, adiestradores o entrenadores de grupos

paramilitares o de cualquiera otra clase de grupos de

justicia privada.

K) Que se organice un gran encuentro nacional en el cual

se debata a la luz pública el fenómeno del paramilitaris-

mo, con amplia participación de voceros de los distintospartidos y movimientos políticos, gremios de la produc-

ción, sectores sociales y populares, la Iglesia, las ONG

y ciudadanos que de una manera u otra se hayan visto

afectados por ese fenómeno.

L) Creemos, por lo demás, que si son consecuentes con

su reiterada armación de que su accionar ilícito es una

respuesta al de los grupos insurgentes, en particular al

de las FARC-EP, ante la tregua pactada los grupos pa-

ramilitares habrán de abstenerse de perpetrar actos

criminales, al menos mientras ella se mantenga. Y que

si, como lo esperamos todos los colombianos de buena

voluntad, se logra la tan anhelada paz, por la vía del en-

tendimiento y la negociación política y por mecanismos

como los que estamos recomendando, el fenómeno del

paramilitarismo tendrá necesariamente que desapare-

cer en forma denitiva de nuestra patria.

20. Que el Estado, como política de largo alcance y con

la decidida cooperación de la comunidad internacional,

redoble sus esfuerzos en la lucha contra el agelo del

narcotráco, que, aparte del inconmensurable daño que

ha venido ocasionando a Colombia y, en general, a la hu-

manidad, del grave deterioro causado al tejido social y el

daño irreparable iningido al medio ambiente y a nuestro

ecosistema, en lo que bien puede calicarse como un

verdadero ecocidio, ha contribuido de manera insoslaya-

ble a agudizar la violencia, la corrupción, la delincuencia

común y también nuestro conicto interno. En este orden

de ideas, es necesario que la comunidad internacional,

particularmente los países más desarrollados, asuman

frente a Colombia y demás países productores y expor-

tadores de drogas sicotrópicas, el compromiso de com-

batir y sancionar, a su turno, a quienes incentivan esa

producción, a través del suministro de insumos químicos

y otros elementos, al igual que a los importadores y distri-

buidores de droga y demás empresarios del narcotrácoen sus respectivos países, y a las organizaciones interna-

cionales de lavado de dólares, así como de intensicar,

por todos los medios, las campañas educativas de pre-

vención contra el consumo de drogas entre los diversos

estratos sociales.

21. Que, de acuerdo con el numeral anterior, se solicite

a la comunidad internacional, particularmente los países




más desarrollados, se comprometan a apoyar los progra-

mas o proyectos integrales de sustitución de cultivos ilíci-

tos y de erradicación de los mismos, a través de medios o

sistemas que no conlleven daño ecológico ni peligro letal

para la salud humana.

22. Que el cumplimiento de las etapas previstas en estas

recomendaciones, a saber la tregua de paz de seis meses y su eventual prórroga, la reunión de la Asamblea Na-

cional Constituyente y la eventual refrendación popular

de las reformas constitucionales, no implique interrup-

ción o suspensión del proceso electoral a celebrarse, en

los términos de la actual Constitución, el próximo año, y

que las FARC-EP se comprometan a no interferirlo con

acciones de fuerza de ningún tipo.

23. Que, como se puede constatar con alarma, este con-

icto se ha degradado hasta llevarlo por debajo de los

límites mínimos de humanidad, incurriendo en insospe-

chados actos de crueldad, el Estado se comprometa a

seguir respetando y las FARC-EP lo hagan de igual ma-

nera ante la Nación y ante la comunidad internacional,

los Principios mínimos humanitarios, y a que éstos no

se queden en mera retórica. Este compromiso implica,

entre otras cosas, redoblar esfuerzos para que no haya

en adelante, ni dentro ni fuera del período de tregua,

más desapariciones forzosas ni privaciones ilegales de

la libertad de personas, sean ellas civiles, combatientes

o militares, ni se causen más desplazamientos de pobla-

ción civil de sus lugares de residencia y trabajo por cau-

sa de la intimidación y la violencia.

24. Que el Gobierno Nacional, con el apoyo nanciero de

la comunidad internacional y con el concurso de todos

los estamentos académicos y educativos, inicie desde

ahora mismo una intensiva campaña pedagógica para

que los colombianos de todos los estratos y condición

aprendan a convivir en paz, tolerancia y respeto por los

derechos de todos, y se rescaten las virtudes que, como

la honestidad, el amor al trabajo y al estudio, se han

venido perdiendo a lo largo de los últimos tiempos, en

vastos sectores de nuestra población y en los diferentes

estratos sociales.

25. Que, en desarrollo de lo establecido en el artículo

22 de la Constitución Nacional, la paz se considere enadelante como una política de Estado, tendiente a darle

continuidad y solidez a la estabilidad que aspiramos a

lograr con este proceso, entendiendo la paz no simple-

mente como el silencio de los fusiles, sino como la solu-

ción no armada de los conictos internos y la búsqueda e

implementación de la justicia social y la tolerancia entre

los colombianos.

26. Que a n de aclimatar la tregua y el proceso de paz,

el Estado se comprometa a considerar las demandas de

los sindicatos y sectores populares tendientes a la solu-

ción de sus inquietudes sobre sus difíciles condiciones

de existencia, agravadas por el desempleo, la informali-

dad, las alzas en los servicios públicos y, en general, la

miseria en que se debaten amplios sectores de la pobla-ción Colombia.

27. Que las recomendaciones que aquí se formulan se

consideren por la Mesa en un sentido integral, ya que

sus diferentes partes están concatenadas, tienen un

mismo hilo conductor, y representan, por tanto, una uni-

dad de propuesta.

28. Que la Mesa haga públicas estas recomendaciones,

a n de auscultar también el sentir de la opinión nacional

sobre las mismas, teniendo en cuenta que este proceso

debe involucrar a la totalidad de la nación colombiana.

Con ello se evitaría que la opinión caiga en el terreno de

las distorsiones y las especulaciones, que sólo generan

confusión e incertidumbre.

En la esperanza patriótica de que las anteriores reco-

mendaciones sean acogidas por la Mesa en su propósito

de conseguir una paz integral y duradera, nos suscribi-

mos de los señores integrantes de la Mesa de Diálogo y

Negociación, muy atentamente, Compatriotas y amigos,

CARLOS LOZANO GUILLÉN

VLADIMIRO NARANJO MESA

ALBERTO PINZÓN SÁNCHEZ

Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2001”

Luego de la divulgación de este documento, el proceso

con las FARC continuaría su complejo ritmo y terminaría en

febrero de 2002.

Hasta aquí la presentación cronológica de los principales

temas de agenda expuestos por las FARC en procesos de ne-

gociación durante el periodo 1982-2002.

3.2. Las FARC en la era Uribe (2002-2010): ¿Una

agenda posible?

Una de las particularidades del conicto armado colom-

biano está en su continua capacidad de transformación. Granparte de este proceso en los últimos seis años tiene su sus-

tento en los impactos de la Política de Defensa y Seguridad

Democrática (PDSD)65 y de su segunda fase, denominada

Política de Consolidación de la Seguridad Democrática.66 El

escenario estratégico del conicto armado y las iniciativas de

paz para superarlo, sin duda han cambiado luego de la imple-

mentación de estas políticas.




En dicho escenario las FARC han sido el principal objetivo

de la PDSD. Por un lado la estrategia de desmovilización indi-

vidual de ex combatientes de las FARC registra una cifra sin

precedentes. Entre agosto de 2002 y agosto de 2009, 12 942

miembros de las FARC se han entregado a las autoridades y

hoy hacen parte del programa de reintegración.67 Así mismo,

entre 2002 y 2008 la capacidad ofensiva de las FARC en tér-minos de ataques disminuyó en un 70%, pasando de 330 ac-

ciones en el periodo enero-octubre 2002, a 100 en el mismo

lapso del 2008.68 Por último, cerca de 40 estructuras tienen

nula actividad y la mayoría del grupo sufre serios problemas

de comando-control y comunicación. Prueba de ello son los

operativos en donde han caído varios comandantes de fren-

tes y dos miembros del Secretariado, situación que nunca se

había presentado. Para rematar en marzo de 2008 su máximo

comandante Manuel Marulanda falleció por causas aún desco-

nocidas. Esto origina una redenición del Secretariado y el as-

censo de Alfonso Cano como comandante general de las FARC.

Si bien las FARC han avanzado tímidamente para adap-tarse a estas nuevas condiciones,69 lo cierto es que para el

gobierno colombiano, las oportunidades de una negociación

política parecen estar supeditadas a la posibilidad de reducir

al máximo su capacidad militar y llevarlas casi derrotadas a

una mesa de negociación, y así denir con ellas un desarme y

la desmovilización de sus miembros. De aquí la imposibilidad

política actual de que se contemple una “agenda” de paz con

este grupo guerrillero.

Sin embargo, en el terreno de la política colombiana nada

parece estar escrito y una futura oportunidad de negociación

con este grupo guerrillero no es descartable. Sobre todo ante

la posibilidad de un cambio en la Presidencia de la República,

o la continuidad de un esquema de gobierno que pueda ago-

tarse y tenga una de sus tablas de salvación en la apertura de

un proceso de negociación con este grupo guerrillero.

¿Qué han propuesto las FARC en los gobiernos de Uribe?

Lo primero que se debe señalar es que la elección de

Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República fue ex-

presión de tres variables que coincidieron en un mismo mo-

mento histórico: su elección era un resultado consecuente

con el efecto propiciado por los ataques del 11 de septiembre

de 2001 y el cambio del paradigma y del discurso de segu-

ridad a favor de una lucha global contra el terrorismo; era

producto de una clara muestra del impacto de los resultados

decientes en materia de política de paz y negociación de suantecesor; y claro, era una evidencia del peso del accionar de

las FARC dentro de la política interior.

Como presidente condicionó cualquier proceso de nego-

ciación a la declaratoria de un cese unilateral de hostilidades,

encontrando eco sólo en los consolidados grupos paramili-

tares que para la fecha decían tener una fuerza de 15 mil

hombres.70 De este modo el gobierno inició una etapa de

acercamientos y negociaciones que concluirían con la des-

movilización de 31.671 paramilitares entre 2003 y 2006.

El rumbo y los resultados de este proceso signicaron

para las FARC un espejo para mirar sus posibilidades de ne-

gociación con el gobierno Uribe, más aún cuando decidió ha-cerse reelegir por cuatro años más. Pero, en materia de las

agendas de paz, se tradujo en que los derechos de las vícti-

mas a la verdad, justicia y reparación vía mecanismos como

la Ley de Justicia y Paz, de aquí en adelante serían temas

ineludibles dentro de un proceso de negociación.

Sumado a este nuevo contexto, los pronunciamientos de

las FARC respecto a su agenda de negociación se vieron mu-

chas veces opacados por el tema del acuerdo humanitario o

canje de secuestrados,71 que ante las dicultades en el terre-

no militar les permitió y les permite aún tener algún principio

de iniciativa política.72

Lo cierto es que desde antes de la elección de Uribe, las

FARC ya habían puesto sobre el tapete el tema de una Asam-

blea Nacional Constituyente como punto de llegada para una

negociación post-Caguán:

“Nuestra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

con una verdadera representación popular. Una constitu-

yente cuyo escenario sea una zona desmilitarizada que

65

Ministerio de Defensa Nacional.Política de Defensa y Seguridad Democrática. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2003.66 Ministerio de Defensa Nacional.Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2007.67 Ministerio de Defensa Nacional. Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Cifra a agosto 31 de 2009.68 Fundación Seguridad y Democracia. El Debilitamiento de los Grupos Irregulares en Colombia 2002-2008. Marzo de 2009.69 Fundación Ideas para la Paz. Las Farc: un año después de “Jaque”. Boletín Siguiendo el Conicto, junio de 2009.70 Nuestra Evaluación a disposición de los Candidatos Presidenciales”. Documento de Carlos Castaño, 20 de diciembre de 2001.71 Ver: Fundación Ideas para la Paz. Boletines de Paz: El acuerdo humanitario y las posibilidades de un proceso de paz: Las posiciones de las FARC y el acuer-

do humanitario: Las posiciones de Gobierno (2002-2007). Estos boletines se pueden consultar en: http://www.ideaspaz.org/portal/index.php?option=com_

docman&task=cat_view&gid=54&Itemid=5572 Fundación Ideas para la Paz. Riesgo calculado: intercambio humanitario y seguridad. Boletín Siguiendo el Conicto, No. 51, julio de 2007.




garantice la participación de la guerrilla como fuerza be-

ligerante y de oposición armada al régimen en sus deli-

beraciones. Una constituyente que siente las bases de la

futura paz a través del Acuerdo Nacional”.73

Recién posesionado Uribe esbozan de nuevo sus postu-

ras ya conocidas y claricando las condiciones de un futurodiálogo:

“Diálogos que estamos dispuestos a desarrollar en Co-

lombia y de cara al país, retomando la Agenda Común

por el Cambio hacia la Nueva Colombia, rmada con el

Gobierno Pastrana, donde deberán participar activa-

mente las organizaciones sociales y populares, en las

deniciones de su interés.

Mientras persista la política gubernamental de conver-

sar en medio de la guerra, solicitamos del Estado y el

Gobierno efectivas garantías consistentes en

Desmilitarización de los Departamentos del Putumayo y

el Caquetá

Excluir del lenguaje de los funcionarios ociales los cali-

cativos de “terroristas y narcoterroristas”, para referirse

a nuestra Organización de oposición política-militar al

Estado.

Política clara del Gobierno ante el pueblo para erradicar

el paramilitarismo como política ocial del Estado”.74

El año 2002 naliza con una reiteración de las propues-

tas para oponerse al presidente Uribe:

“La salida a la grave crisis que sufre Colombia reclama

un contenido profundamente anti-oligárquico y es por

ello que estamos convocando a los sectores sociales,

fuerzas, movimientos y colombianos opuestos al fascis-

mo de Uribe Vélez, a la conformación de un Gobierno

Democrático y anti-neoliberal, que con un programa de

paz se constituya en poder alterno para conducir al país

por los caminos de la esperanza, la soberanía y la jus-

ticia social. Este nuevo Gobierno, estará integrado por

12 colombianos representantes de todas las regiones

del país y todos los sectores que se identiquen con la

Plataforma de 10 puntos para una nueva Colombia y

que en principio adelantará su actividad clandestina

mientras logra la fuerza para desarrollarla de cara a

todo el país”.75

Para ese momento el reloj del conicto aún no corría encontra de las FARC y sus posturas parecían recordar las épo-

cas en donde las ventajas militares justicaban el contenido

de sus agendas y peticiones.

Seis meses más tarde, en julio de 2003, las FARC y el ELN

dejan saber que no adelantarán ningún proceso de acerca-

miento o diálogo con el gobierno Uribe.76 Esta actitud la com-

binaron con llamamientos a la ONU para participar en estos

escenarios77 y de este modo hacer contrapeso a las iniciati-

vas gubernamentales que buscaban incrementar la presión

internacional sobre las FARC.

Iniciando 2005 recuerdan su condición de reconocimien-

to de beligerancia como factor esencial para iniciar cualquier

proceso de negociación,78 solicitud que sería complementada

en términos que se les excluyera de los listados de grupos

terroristas de la Unión Europea,79 al cual habían ingresado en

junio de 2002.

A pesar de las solicitudes, el gobierno seguía dándole

prioridad al acuerdo humanitario e insistiendo en que el pri-

mer gesto que deberían hacer las FARC era cesar hostilida-

des.

Fue hasta nales de 2006 cuando las FARC especicaron

su agenda con Uribe:80

1. Desmilitarice los departamentos de Caquetá y Putu-

mayo para iniciar conversaciones de paz.

2. Suspenda las órdenes de captura para los integrantes

del Estado Mayor Central de las FARC.

3. Solicite a la comunidad internacional suspender la

calicación como organización terrorista a las FARC. Re-

suelto este problema, quedan abiertas las puertas para

que los distintos países, si lo estiman conveniente, jue-

guen su rol como mediadores, o facilitadores, etc.

4. Reconozca la existencia del conicto social y armado.

73 Comunicado de las FARC: La anhelada paz no está derrotada. Secretariado del Estado Mayor Central, abril de 2002.74 Carta Abierta de las FARC al Presidente Álvaro Uribe Vélez. Secretariado del Estado Mayor Central, 20 de agosto de 2002.75 Saludo de n de año de las FARC-EP. Secretariado del Estado Mayor Central, 23 de diciembre 2002.76 Comunicado conjunto de las FARC-EP y el ELN. Secretariado del Estado Mayor Central y COCE, julio de 2003.77 Ver: Secretariado del Estado Mayor Central, julio 17 de 2003. Y, Carta abierta a Ko Annan. Secretariado del Estado Mayor Central, diciembre de 2004.78 Comunicado de las FARC-EP. Secretariado del Estado Mayor Central, 25 de febrero de 2005.79 Carta de las FARC a las Presidencia de la Unión Europea. Raúl Reyes, jefe de la Comisión Internacional de las FARC-EP, 28 de agosto de 2006.80 Carta abierta de las FARC a los integrantes de las tres ramas del poder público. Secretariado del Estado Mayor Central, 1 de octubre de 2006.




5. Suspenda los operativos militares a escala nacional y

regrese las tropas a sus Cuarteles, Divisiones, Brigadas

y Batallones.

6. Otorgue plenas garantías para el desplazamiento de

miembros del Estado Mayor Central en los dos depar-

tamentos donde se efectuaran los diálogos Gobierno-

FARC.7. Los encuentros Gobierno- FARC serán de cara al país.

8. Bajo estas condiciones las FARC, en acuerdo con el

gobierno nacional, entrarían de inmediato a explorar ca-

minos que conduzcan a un cese bilateral del fuego y a

analizar la solución política al conicto social y armado

llevando a la mesa los siguientes materiales para su dis-

cusión:

a. Agenda Común del Caguán y Plataforma para un

Nuevo Gobierno de Reconciliación y Reconstrucción

Nacional.

b. Paramilitarismo de Estado.

c. Depuración de las fuerzas armadas ligadas al para-

militarismo.

d. Libertad inmediata para la población civil sindicada

de nexos con la guerrilla.

e. Reparación económica por parte del Estado a todos

los afectados por el conicto interno.

f. El TLC con los Estados Unidos.

g. Reforma Agraria inmediata que incluya la restitución

de propiedad sobre ncas y parcelas al campesinado

afectado por el conicto.

h. Retorno de los desplazados a sus áreas con plenas

garantías personales, económicas, sociales y políti-

cas por parte del Estado.

i. Reforma Urbana inmediata.

j. Política de Estupefacientes.

k. Tratado de Extradición.

l. Asamblea Constituyente.

m. Política Energética”.

Este mensaje de las FARC fue respondido por el gobierno

quien por primera vez hacía una oferta diferente y le proponía

a las FARC de una Asamblea Nacional Constituyente,81 como

punto de llegada de un eventual proceso de paz. Sin embargo

y a pesar de estos nuevos aires, el 19 de octubre de ese añola Universidad Militar es atacada con un carro bomba cuya

autoría el gobierno endilga a las FARC, acabando de un tajo

cualquier posibilidad de acercamiento.

Bajo este panorama, las FARC realizan la Novena Confe-

rencia Nacional de Guerrilleros a inicios de 2007 –al parecer

de manera virtual–82, en donde reestructuran parte de su ac-

cionar operativo y reivindican algunas de sus posturas histó-

ricas. Además de denir sus respuestas militares a la presiónde la fuerza pública, colocan dentro del horizonte estratégico

la creación de condiciones para un cambio en la presidencia

o en su defecto “desarrollar la actividad política utilizando la

clandestinidad”, con el n de desarrollar su denominado Plan

Estratégico.83

Con la llegada del denominado “Marzo Negro” (marzo de

2008), cuando las FARC pierden a dos miembros del Secre-

tariado y a su máximo jefe, las posibilidades de una nego-

ciación se reducirían al máximo. Sólo hasta nales de 2008

cuando su nuevo comandante ‘Alfonso Cano’ reaparecía ante

un medio de comunicación,84 el país raticó que por ahora las

puertas de una negociación con las FARC seguirán cerradas.A mediados de 2010, el debate en torno a la salida ne-

gociada al conicto ha recobrado protagonismo como conse-

cuencia del cambio de gobierno y de las expectativas que se

generan frente a éste por parte de los diferentes actores so-

ciales y políticos; en julio de 2010, la cadena árabe Al Jazeera

hizo públicos tres videos en los que el comandante ‘Alfonso

Cano’ expresa su intención de dialogar con el gobierno San-

tos, haciendo énfasis en tres temas centrales para una even-

tual negociación: el acuerdo de cooperación militar rmado

entre el gobierno Uribe y Estados Unidos que delimita la pre-

sencia de personal militar norteamericano en bases milita-

res nacionales; derechos humanos y derecho internacional

humanitario; y propiedad y distribución de tierras. Del lado

del gobierno Santos se ha declarado que la activación de un

proceso de paz con las FARC estará sujeto a las garantías que

brinde el grupo guerrillero en cuanto a su renuncia a acciones

armadas con impacto en la población civil.

81 Comunicado No. 006. Presidencia de la República, 2 de octubre de 2006.82 Arias, Gerson y Ortiz, Román D. La apuesta de la Novena Conferencia de las FARC. Fundación Ideas para la Paz Boletín Siguiendo el Conicto, No. 48, marzo de 2007.83 FARC-EP. Tesis de la Novena Conferencia Nacional Guerrillera ¡Por la Nueva Colombia, la Patria Grande y el Socialismo! Mimeo.84 Entrevista a ‘Alfonso Cano’. Revista Cambio-España, Cuadernos para el diálogo, diciembre de 2008.




4. Conclusiones

FARC: La negociación y las agendas

• La experiencia histórica ha mostrado que la negociación

ha sido considerada por las FARC como un elemento di-

namizador de su capacidad organizacional y militar. Tal

como ya se ha dicho, las FARC hacen un uso táctico dela paz y de la negociación dentro de una estrategia de

guerra.85

• Bajo esas consideraciones, para este grupo guerrillero cual-

quier escenario que pretenda denir las reglas o los temas

sustantivos de una negociación, se convierte en un espacio

para mostrar la existencia de dos poderes que se excluyen

(FARC y Estado). De esta manera en la negociación se juega

no sólo la representación de esos poderes, sino también la

posibilidad de utilizarla para ganar la guerra.

• Si para las FARC su n último es la toma del poder, la ne-

gociación y con ella el establecimiento de una agenda, im-

plica para este grupo insurgente un proceso de disputas y

micro-negociaciones permanentes para arrebatar, quizás

guiado por una estrategia incremental, el mayor número

de concesiones, otorgando lo menos posible.

• Este principio lo entienden muy bien las FARC, e implica

que así la agenda sea un listado de temas diversos y ex-

tensos, al inicio de una negociación ésta sólo representa

el punto de partida de un pulso largo y la forma de plas-

mar una ideología y unas reivindicaciones que las legtima

como grupo insurgente.

• De este modo, un análisis sistemático y serio de estas

agendas de negociación de las FARC implica entenderel por qué de sus luchas, y representan una ventana de

oportunidad para no justicar ciertos de sus comporta-

mientos, y son la pieza fundamental para el diseño de

cualquier estrategia de paz.

• En general dentro de las negociaciones de paz el tema de

la conanza es uno de los puntos fundamentales a tener

en cuenta ya que a mayores niveles de conanza, mayo-

res serán los avances. Aunque es claro que un proceso de

esta naturaleza desde el comienzo está rodeado de incer-

tidumbre entre las partes, existen elementos dentro de la

negociación que son generadores de conanza; quizás el

más usado de ellos sea la inclusión de un mediador o untercero, quien actúa como garante de las intenciones y

acciones que guían el curso del proceso.

Rupturas y continuidades

• En esencia, los temas sustanciales para la negociación

con las FARC han permanecido como referentes de aco-

pio para la construcción de agendas de negociación

aplicadas durante las últimas décadas y a través de los

distintos gobiernos de turno. No obstante, como respues-

ta a la aparición de nuevas variables de contexto interno yexterno (internacionales, políticas, económicas, militares)

y por ende, de nuevas lógicas discursivas y de acción por

parte de cada una de las partes en conicto, el perl de

estos temas para la negociación ha variado progresiva-

mente, ajustándose a las prioridades de los actores y a

las dinámicas del conicto. De este modo, en esa cons-

tante redenición de asimetrías (políticas y militares) en-

tre ambos actores,86 los temas de agenda sufren cambios

y se presentan con mayor o menor posibilidad de nego-

ciarse y de ser aceptados por el grueso de la sociedad.

Cada conicto y cada momento del proceso de negocia-

ción tiene su propia agenda.• La permanencia de temas de naturaleza eminentemente

agraria en la agenda de las FARC y del país, 87 validan el

convencimiento cada vez más extendido de que se tra-

ta de una asignatura pendiente. Y visto de este modo, la

negociación podría ser un escenario para empezar a re-

solverlo. No obstante, el actual gobierno del presidente

Santos ha manifestado su aspiración de resolver estos

temas sin una negociación con las FARC, ya que esto pue-

de ser visto, como una “concesión a la guerrilla”, en lugar

de un imperativo unilateral de equidad y desarrollo de la

democracia colombiana.

• La denición de un cese de fuego o de hostilidades como

factor determinante para garantizar el éxito o fracaso de

una negociación con las FARC, es otro tema pendiente.

Por un lado en términos estrictamente técnicos y por otro

en cuanto al momento indicado para ser discutido dentro

de una mesa de negociación.

• Si bien la preocupación nominal de las FARC por los de-

rechos de las víctimas no es reciente, la triada de verdad,

justicia y reparación, dentro de un contexto de justicia pe-

nal internacional, limita y hace más complejo el abordaje

de estos temas dentro de un proceso de negociación.88

• La permanencia del tema del desmonte del paramili-tarismo en la agenda de las FARC, indica que esta pre-

ocupación no fue solucionada con el pasado proceso de

85 Arias, Gerson Iván. Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano. Fundación Ideas para la Paz, Bogotá: 2008.86 Philipson, Liz. Compromisos con grupos armados. El reto de las asimetrías. Revista Accord, Indepaz-Conciliation Resources, 2005; pp. 68- 71.87 Ver: Reyes, Alejandro. Guerreros y campesinos. El despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Norma, 2009.




88 Este en uno de los temas que actualmente analiza la FIP como parte del proyecto “Propuestas de negociaciones de paz con las FARC”, nanciado por la Agencia

Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.89 Rangel, Alfredo. “Qué y cómo negociar con las FARC”. En: Qué, cómo y cuándo negociar con las Farc. Bogotá: Intermedio editores, (2008); 29-35.90 Arias. Gerson y Ortiz, Román D. La apuesta de la Novena Conferencia de las FARC. Fundación Ideas para la Paz Boletín Siguiendo el Conicto, No. 48, marzo de

2007.

negociación entre el gobierno Uribe y los grupos parami-

litares. En ese sentido para las FARC seguirá estando en

su agenda.

• La discusión de la reinserción dentro de una agenda con

las FARC no parece nada clara. Sus pronunciamientos his-

tóricos parecen sugerir que si bien puede ser aceptable

un paquete de benecios como los que actualmente ofre-ce el Estado, este tema no se reduce sólo a eso. Implica

para hablarlo claro, de la posibilidad de que muchos de

los miembros de las FARC ingresen a las Fuerzas Milita-

res, en el entendido de que no sería una entrega total de

las armas.

• Finalmente todo pareciera sugerir que su pretensión de

convertirse en una agrupación política es sin duda una

de las constantes en la agenda de las FARC. Sin embargo,

incentivar y hacer posible ese camino implica, como míni-

mo saldar las deudas que en materia de justicia tiene el

Estado colombiano con el exterminio de la Unión Patrió-

tica. Y además, garantizar que la utilización del principiode la combinación de todas las formas de lucha deberá

ser rechazado y denunciado desde cualquier postura del

espectro ideológico.

¿Qué quieren las FARC?

• Para algunos analistas una agenda de negociación con

las FARC sólo pueden estar compuestas por cuatro te-

mas centrales: el poder político (denido en términos de

circunscripción especial de paz o alternación política re-

gional); la cuestión agraria; las armas y la reinserción; e

inevitablemente los temas de Verdad, Justicia y Repara-

ción.89

• Sin embargo, hay que entender que los cambios impor-

tantes en la escala de prioridades de los temas a negociar

se han expresado como producto de los cambios tempo-

rales en la correlación de fuerzas (ventaja militar del Esta-

do o de la insurgencia). Factores ideológicos y discursivos

se han sumado a esta dialéctica de poder y han logrado

sustentar la tendencia reciente que establece estados de

negociación que pasan por alto la discusión sobre los te-

mas de fondo que explican el conicto armado interno.

• Este informe permite distinguir por lo menos cinco temas

que responden la pregunta ¿qué quieren las FARC?

- El primero sin duda el tema agrario y lo expuesto en

el “Programa Agrario de los guerrilleros”. Pese a los

cambios generacionales,90 las FARC continúan siendo

una organización fundamentalmente de base cam-

pesina. El correlato de este tema pasa por discutir el

destino de miles de hectáreas dedicadas al narcotrá-

co, en donde este grupo tiene su base social y partede sus zonas de retaguardia.

- La entrega de armas. Con base a sus propias leccio-

nes de historia (i.e. Unión Patriótica), las FARC entien-

den que el mantenimiento de las armas es la única

garantía para que los acuerdos se cumplan. Es algo

a lo que difícilmente renunciarían, lo cual abre la dis-

cusión sobre su posible incorporación a unas nuevas

fuerzas militares, integradas en parte por miembros

de esta guerrilla.

- Si bien existe un progresivo desvanecimiento del ideal

de construir un Estado marxista –sólo presente en

algunos miembros de la derecha colombiana pre-mo-derna–, lo cierto es que las FARC desearían discutir

las políticas que rigen la explotación de los recursos

naturales, ya que las entienden como el principal fac-

tor que decide el futuro económico del país.

- La concepción de un Estado con marcada función so-

cial es indispensable para las FARC. Al reivindicar un

papel de víctimas del Estado a lo largo de sus 45 años

de lucha, entienden que este debería gestionar y ha-

cer las reformas políticas y económicas necesarias en

materias como salud, educación, servicios públicos,

vivienda y derechos humanos.

- La raticación de los acuerdos deberían concluir en

una Asamblea Nacional Constituyente. Eso implicaría

la elaboración de una nueva Constitución en donde

miembros de las FARC tendrían voz y voto. En ese sen-

tido si bien comparten los postulados de la Constitu-

ción de 1991, nunca fueron ni se sintieron partícipes

de ese proceso.

Notas nales

• Poder y legitimidad son dos variables inherentes a todo

proceso de negociación. El poder fáctico del grupo alzado

en armas suele tener una traducción en el campo de la




negociación y denición de la agenda, pero supeditada a

las características y términos que la negociación misma

establece como parte de su dinámica interna. En general,

dependiendo de la situación de poder a la hora de nego-

ciar y del grado de reconocimiento entre las partes, se

dene el grado de legitimidad de la negociación y de las

partes que intervienen en ella. Dada la actual situacióndel conicto con las FARC, la legitimidad de un eventual

proceso de negociación parece depender más de la legiti-

midad del gobierno que la impulse.

• Adicional al poder y la legitimidad, las negociaciones sue-

len leerse también desde la conanza y también desde

la existencia de sistemas normativos que las rigen. La

conanza suele ser un concepto en construcción dentro

de la negociación: mediadores y gestos de ‘buena volun-

tad’ suelen ser los insumos para ampliar los niveles de

negociación y, por esa vía, propiciar condiciones necesa-

rias para avanzar en el proceso. Los hechos del Caguán

son un claro ejemplo de cómo bajos niveles de conan-za contribuyeron al fracaso del proceso ya que como se

comprobó, mientras se realizaban los diálogos con las

FARC, este grupo continuó con sus acciones militares y

delincuenciales.

• En este mismo sentido, los sistemas normativos esta-

blecen los límites y marcos de procedimiento sobre los

cuales se va a desarrollar la negociación: suelen denir

la exibilidad del proceso de negociación en cuanto son

parámetros de regulación construidos tanto para la nego-

ciación (aplicable a los posibles mediadores) como para

(o desde) cada una de los partes negociadoras. Estos in-

cluso pueden ser objetos mismos de la negociación.

• Con el establecimiento de la Coordinadora Guerrillera Si-

món Bolívar en 1987 la agenda de las FARC toma un enfo-

que diferente a través del tratamiento más especializado

de ciertos temas y la inclusión de otros tantos. En primer

lugar, en el tema de derechos humanos, se plantean pro-

puestas que abarcan la restitución de los derechos para

la población colombiana en general, una revisión integral

al sistema judicial para acabar con la impunidad, pero so-

bre todo se hace un importante avance con la inclusión

del tema de la reparación que nunca antes había apa-

recido en su agenda; aunque si bien no hablan especí-camente de sus víctimas, sí hacen un llamado tanto al

estado como a la empresa privada y a la comunidad para

restaurar las heridas de los que ellos denomina como:

“los afectados por la violencia”.

• En cuanto a la inclusión de temas, la asociación de las

FARC con el ELN bajo la gura de la CGSB hace que en la

agenda se incluya de manera clara el tema del manejo de

los “Recursos Naturales y Energéticos” en donde se hace

un especial llamado a la revisión de los contratos con lasmultinacionales y al desarrollo de una industria Petroquí-

mica que asegure el autoabastecimiento. Otro de los te-

mas nuevos es el tema de género en el cual se aboga por

garantizar la igualdad entre hombre y mujer como uno de

los puntos para establecer un nuevo orden económico y

social.

• El componente militar de la negociación se ha estableci-

do para las FARC como una de las variables inamovibles

para avanzar en un eventual proceso de negociación. La

magnitud asignada al tema del cese al fuego o de hosti-

lidades, con sus implicaciones referidas al desmonte del

paramilitarismo, la depuración de las Fuerzas Militares yhasta la intervención militar extranjera, han logrado es-

tancar el diálogo entre las partes y la construcción de

consensos que determinen un proceso de negociación

legítimo y efectivo. Iniciar un proceso por esa discusión

hace inviable cualquier posibilidad de éxito.

• Tal como lo recuerda Nasi, en materia de agendas de ne-

gociación, el Estado debe entender que existen ejemplos

históricos de conictos armados donde ningún grupo ar-

mado ha depuesto sus armas en consideración a la sim-

ple existencia de indicadores económicos positivos.91 De

este modo, el éxito de una negociación, entendido como

una labor de convencimiento a una organización político-

militar (FARC) de que las vías de las armas no son la ga-

rantía para la consecución de sus objetivos, se traduce

en la necesidad de ofrecer reformas o cambios político-

económicos que reivindiquen ciertas partes del por qué

de su lucha. Esa oferta deberá ser denida por el propio

Estado y la sociedad.

• Sin duda, el fortalecimiento institucional del Estado y el

debilitamiento actual de las FARC representa una venta-

na de oportunidad para pensar que los futuros acerca-

mientos entre las partes serán distintos a los del Caguán

en términos del procedimiento y de los temas a incorporaren la agenda;92 empero, esta realidad se verá siempre en-

frentada con la existencia de unos postulados vitales e

91 Nasi, Carlo.. Agenda de paz y reformas: ¿Qué se puede y qué se debe negociar? Reexiones para un debate. Revista de Estudios Sociales No. 14. Universidad

de los Andes (Febrero 2003): 93.92 Rangel, Alfredo. “Qué y cómo negociar con las FARC”. Op. Cit., p. 26.8.




inalterables para las FARC asociados con la naturaleza

del grupo armado y que históricamente siempre han es-

tado presentes, en mayor o menor medida, dentro de las

negociaciones.

• En la coyuntura actual, el gobierno tiene la responsabi-

lidad política de impulsar un proceso de negociación al

ser poseedor de la ventaja militar y tener la capacidadrelativa para denir términos y condiciones básicas de

la negociación. Las lecciones aprendidas del Caguán de-

muestran que la irresponsabilidad política de las FARC,93

expresada en su inactividad para aprovechar la ventaja

militar y avanzar en el proceso de negociación, ocasionó

el distanciamiento entre las partes y deterioró el terreno

abonado con la instalación de la mesa de negociación. El

futuro de la negociación y de nalización del conicto con

las FARC por una vía negociada depende hoy de la res-

ponsabilidad del gobierno para aprovechar una coyuntura

favorable a sus intereses políticos y estratégicos, así ello

signique ofrecerle una mínima legitimidad pero sin crearla ilusión de que por esa vía se puede revertir la correla-

ción político-militar de las fuerzas.

93 Corporación Observatorio para la Paz. Guerras Inútiles. Una historia de las FARC. Bogotá: Editorial Intermedio, 2009.



Textos

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

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Revista Semana y Ocina del Alto Comisionado para la Paz

Diagramación

David Rendón

Preprensa e impresión

Zetta Comunicadores

ISSN: 1909-4310

© Fundación Ideas para la Paz, 2010

Tel: (57-1) 218 3449

Calle 100 No. 8A-37, Torre A, Ocina 305

www.ideaspaz.org / e-mail: [email protected]

IMPRESO EN COLOMBIA



La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999

por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de

manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conicto

armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por

los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público.

La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera

efcaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conictos en

Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de

pensamiento mantiene la convicción de que el conicto colombiano necesariamente

concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán

la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la

atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconicto.

¿Qué quiere las Farc?

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