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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN

Espacios de investigación y divulgación.

29, 30 y 31 de octubre de 2014

NEES - Facultad de Ciencias Humanas – UNCPBA

Tandil – Argentina

I.I: Políticas universitarias, instituciones y territorios

¿Qué hay y que queda de las acreditaciones universitarias? Indagaciones

preliminares en torno a la construcción de la agenda institucional en la Facultad de

Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Duarte Yamila

IdIHCS-UNLP

yamduarte@yahoo.com.ar

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Introducción

Las reestructuraciones que tienen lugar en la relación Estado- Universidad a fines de la

década de los 80 y principios de los 90 generan en Latinoamérica, un proceso dinámico en

materia de reformas educativas, no sólo por la dimensión de las transformaciones que se

proponían, sino también por el “peso” que las mismas tuvieron en las agendas políticas de los

gobiernos. El nuevo contrato entre Estado, sociedad y universidad suponía por un lado, la

sustitución del limitado poder de control administrativo del Estado por una relación de

evaluación que direccione a las universidades y por otro, construir una relación mas

diferenciada y compleja, donde las instituciones diversifiquen sus fuentes de ingresos y el

Estado financie en función de objetivos y metas convenidas. Este escenario estuvo supeditado

a las medidas políticas y económicas establecidas en el Consenso de Washington, las cuáles

tendrán como principales ejes de acción: desregulación, descentralización, privatización,

achicamiento de las dotaciones de personal, y tercerización (Oszlak, 1999).

En este contexto, tomará especial envergadura la evaluación de la calidad constituyéndose en

un tema central de las agendas de las políticas públicas de la mayoría de los países y

convirtiéndose en un elemento de rendición de cuentas de la universidad, así como también en

un dispositivo tendiente a potenciar el control y el direccionamiento heterónomo de las

mismas (Krotsch, 2002).

Teniendo en cuenta este marco, se propone realizar un análisis que contemple las

características y dinámicas generales que suponen los procesos de implementación de

políticas públicas en el ámbito universitario -dentro del marco de las transformaciones de los

sistemas de educación de la región- a partir de indagar cómo se procesaron dichos cambios en

instituciones y disciplinas específicas. Se toma como eje de análisis una dimensión

institucional, que ilumine cómo una política pública pensada para responder a ciertos

problemas identificados, se incorpora en el ámbito universitario e impacta en la elaboración

de la agenda institucional.

En el primer apartado se presenta la perspectiva de estudio utilizada; en el segundo se

recupera el contexto que da origen a las políticas de acreditación y su perduración hasta la

actualidad; en el tercer apartado se establece una caracterización del caso seleccionado, la

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Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, y por último se presenta una

primera caracterización de cómo es abordado el tema en las reuniones del Consejo Directivo,

que posiciones se trazan y cuál es el curso de desarrollo que persigue esta política.

Construcción de la agenda: perspectivas de estudio para su abordaje

¿Qué sentidos y prácticas se construyen en torno a la acreditación?, ¿cómo es abordado

institucionalmente el tema?, ¿en qué espacio se discute y como ingresa el tema en la agenda

institucional?, ¿quiénes participan?, ¿de qué forma lo hacen?, ¿qué acciones se despliegan

para dar respuesta a esta política?

Estos interrogantes son los que orientan el proyecto de investigación, del cuál esta ponencia es

una primera aproximación.

El tema de investigación se enmarca en una línea de estudio que se construye en el cruce de

una perspectiva sociopolítica del análisis de políticas públicas, que permite entender los

cursos de decisiones específicas tomadas por las autoridades estatales a partir de una

consideración crítica de la noción de “ciclo de política”, de modo de indagar en la trama

sociohistórica que constituye una cuestión pública; y de la perspectiva organizacional

orientada al análisis del cambio universitario que posibilita comprender las dinámicas,

conflictos y tensiones que atraviesan a esta organización compleja así como también permite

indagar en las estrategias de los actores universitarios (autoridades, académicos y estudiantes).

Desde el estudio de las políticas, se enfatiza aquellas líneas de investigación que entienden

que el diseño de las mismas responden a un denominado “ciclo de construcción” comprendido

por las siguientes fases: 1-identificación y definición del problema; 2- Formulación de las

alternativas de solución; 3-Adopción de una alternativa; 4-Implantación de la alternativa

seleccionada y 5- Evaluación de los resultados obtenidos (Tamayo Saez, 1997). Esta

estructura de análisis, si bien permite ordenar y sistematizar la información, se encuentra

sujeta a negociaciones, alianzas, conflictos entre los actores que intervienen, incidiendo en el

curso y desarrollo de la misma y provocando, como sostiene Villanueva (2000) dos efectos

negativos: la pluralidad de objetivos y trayectorias de decisión y la aparición de decisiones

inesperadas. Esto requiere necesariamente, atender los cambios estructurales que se han

manifestado en la esfera del Estado, y que han posibilitado que sólo algunas cuestiones sean

"problematizadas", en el sentido de que ciertas organizaciones, grupos o incluso individuos

estratégicamente situados creen que puede y debe hacerse "algo" a su respecto y están en

condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas.

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La importancia de atender el "período de iniciación" que persigue el ciclo de una política

desde su problematización hasta su eventual resolución, permite enriquecer nuestro

conocimiento sobre el poder relativo de diversos actores, sus percepciones e ideología, la

naturaleza de sus recursos, su capacidad de movilización, sus alianzas y conflictos y sus

estrategias de acción política. (Oszlak y O´Donell, 1986; Elder y Cobb, 1993; Tamayo Saez,

1997).

Si este esquema lo trasladamos al sector universitario, es necesario incorporar las

particularidades que asume esta organización y analizar cómo se tramitan estas discusiones

hacia el interior de los espacios formales de discusión y representación política, en este caso,

los espacios colegiados.

Así, y contemplando que el diseño de la agenda conlleva un proceso de negociación que

conlleva establecer prioridades, es necesario destacar sesgos negativos que influyen en la

misma. Por un lado, la inclusión de un tema en la agenda institucional es una condición

necesaria pero no suficiente, para que el problema de lugar a una política que intente

solucionarlo. Esto dependerá centralmente del poder de los grupos interesados, y la influencia

que ejercen para hacer prevalecer sus problemas.

Por otro lado, el peso de la tradición y la tendencia a incluir temas sobre los que pueda

anticiparse el impacto de sus intervenciones, asumiendo que la inclusión de problemas

desconocidos puede generar un alto grado de incertidumbre acerca de los costos de las

acciones para afrontarlo, el compromiso de recursos futuros y los resultados de la

intervención.

Por último, los valores de las personas, entendiendo por ello las actitudes hacia el problema,

la posición ideológica, la especialidad profesional.

Teniendo en cuenta éstos condicionantes, se plantea cómo hipótesis que los procesos de

acreditación no pasan desapercibidos para la institución, incorporándose de manera concreta

en la agenda institucional y generando dinámicas que son re-significadas y, muchas veces

tensionadas, para impulsar el desarrollo de acciones institucionales en determinadas

direcciones. No obstante esto, los intereses que se ponen en juego al momento de definir

temas de relevancia institucional ocasionan negociaciones y tensiones que le imprimen al

proceso un carácter complejo e incierto.

Políticas de acreditación como políticas de estado.

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El conjunto de reformas desarrolladas a mediados de los 90 trajo consecuencias profundas en

el tejido social e institucional, desarticulando crecimiento económico de bienestar social, lo

que llevará a redefinir las funciones del Estado en aquellas áreas que son indelegables, tales

como salud, justicia, educación, seguridad. Mientras la “primera” reforma del Estado estuvo

dominada por el objetivo de la eficiencia económica, las reformas de “segunda generación”

han de ser reequilibradas en términos de “responsabilidad pública (accountability) y seguridad

jurídica, con base a una mayor transparencia en la gestión y la circulación de información, el

fortalecimiento del estado de derecho, y el combate a la corrupción. De este modo eficiencia,

calidad, equidad y responsabilidad pública aparecen como cuatro principios rectores de la

nueva agenda de la reforma estatal” (Camou, 2002:138)

Este conjunto de reformas tendrá su correlato en el nivel educativo, donde se logra construir

consenso en torno a una agenda de temas, impulsada por el Banco Mundial, tendientes a tratar

el problema de la calidad e instalando el concepto de evaluación como elemento asociado a la

rendición de cuentas y como dispositivo que permite intervenir en el direccionamiento

heterónomo de las universidades. La Ley de Educación Superior Nº 24521 será el artificio

legal que formalice y reglamente las prácticas de evaluación y acreditación universitaria. A

partir de aquí se crea, mediante lo dispuesto en el artículo 44, la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo estatal descentralizado,

encargado de llevar adelante tareas de supervisión y control sobre el sistema.

La continuidad en las políticas de evaluación y la perpetuación de la CONEAU como

institución de referencia, permite demostrar que evaluación y acreditación no sólo ingresan y

ocupan un lugar principal en la agenda de gobierno, sino que logran transformarse en políticas

de estado, es decir, en políticas de más de un gobierno (Chiroleu, 2005)

A partir del 2003, con el inicio de la gestión kirchnerista, comienza a evidenciarse un giro en

el papel del Estado, al recuperar cierta centralidad y protagonismo en algunas de sus

funciones. En lo que respecta al sistema universitario se registra un sostenido aumento de

presupuesto, cuestión que impacta de manera tangible en las áreas de investigación, docencia

y extensión; las unidades académicas comienzan a reactivar ciertos proyectos y propuestas,

producto de los subsidios e incentivos otorgados a docentes e investigadores; por otro lado,

estos cambios se producen en paralelo a la permanencia de una gran cantidad de dispositivos

originados en los años 90 que instalaron prácticas difíciles de remover, como es el caso de las

acreditaciones. Esto requiere que, cuando se discute o se analiza política pública en la

universidad, deben incluirse elementos del estilo de gobierno que las gestiona e impulsa,

identificando continuidades, rupturas o transformaciones en las mismas.

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Es necesario, revisar aquellas configuraciones que surgieron como respuesta institucional y

que posibilitaron el ingreso hacia el interior de las estructuras universitarias. Por otro lado, y

asumiendo que estamos frente a una organización compleja, con una base pesada, amplia y

desarticulada, donde las decisiones se toman de forma aislada, se requiere seguir pensando,

dada la continuidad de éstas políticas, como se ha articulado con políticas institucionales más

amplias en la búsqueda del aseguramiento de la calidad.

Estudio de caso: Facultad de Ingeniería de la UNLP

La vida académica de las Ingenierías se remonta al año 1865, año en que se institucionaliza en

el Departamento de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y en 1897 en la

Universidad Provincial de la Plata, donde el Poder Ejecutivo Provincial decreta la

constitución de la Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas, conteniendo las carreras de

Ingeniero Civil y Agrimensor.

En 1906, cuando se decreta la fundación de la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo

Superior precisa para el Observatorio y la Facultad responsabilidades compartidas, y en este

sentido, se incorpora la carrera de Astrónomo, pasando a denominarse Facultad de Ciencias

Fisicomatemáticas y Astronómicas.

En 1968, la Presidencia de la Universidad resuelve la creación de la Facultad de Ciencias

Exactas, transfiriendo los departamentos de Física y Matemáticas, dando lugar así a la

denominación que continúa hasta la actualidad: Facultad de Ingeniería [1].

Actualmente la Facultad dicta doce carreras de grado, organizadas en nueve departamentos:

Hidráulica; Electrotecnia; Construcciones; Agrimensura; Química; de la Producción;

Mecánica y Ciencias Básicas. En cada uno de ellos tiene asiento una o varias especialidades

de las Carreras de Ingeniería, constituyendo el núcleo básico a partir del cual se gestan las

actividades de Grado, Postgrado, Investigación, Transferencia y Extensión Universitaria.

Esta organización departamental data desde 1926, como resultado de la propuesta que

presenta el decano Ing. Castiñeiras (1925-28) durante su primer mandato. Allí cuestiona

seriamente el modelo de organización de la Facultad por Escuelas y afirma que debe

diferenciarse del modelo de la UBA, para lo cual propone un modelo basado en

departamentos, institutos y gabinetes, aprobado por el Consejo Superior.

Las actividades de investigación y transferencia ocupan un lugar significativo en la

organización académica, contando con diversos centros, institutos, laboratorios y unidades de

investigación y desarrollo así como también tienen convenios con empresas donde los

alumnos realizan sus prácticas profesionales.

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Respecto a la organización curricular, se registran 5 grandes reformas en los planes de

estudios. En 1949 se reestructuran los planes de estudio y las carreras. En 1951 se aprueban

los nuevos planes por el Consejo de Universidades y entran en vigencia carreras de cuatro

años con un ciclo superior para obtener el título máximo. Este plan será derogado en 1956.

En 1957 se inicia una transición en los planes que perdurará hasta 1965. Al año siguiente se

modifican y tienen vigencia hasta 1976, excepto en la carrera de Calculista Científico. En

1988 se aprueba un nuevo plan de régimen promocional y estructura por cuatrimestres.

El último cambio fue en el año 2002, donde se reformula el Ciclo Básico, se agregan materias

optativas humanísticas y asumen un mayor protagonismo las materias asociadas al desarrollo

de prácticas profesionales. En la actualidad, si bien el plan de estudios establece un período de

cinco años para la obtención del título, la duración real de las carreras de ingeniería de la

UNLP es, en promedio, de ocho años. Esta cantidad ha ido descendiendo con el transcurso del

tiempo, pues la tasa en años de las carreras de ingeniería para el año 1999 era de casi diez,

siendo uno de las mayores de la Universidad.

La consolidación de la ingeniería estuvo vinculada a las necesidades derivadas de la

expansión del Estado. Esa demanda de recursos humanos persiste hoy complejizada por la

intervención de otros factores y variables relacionados con la estrategia de acumulación del

sistema capitalista en su estadio actual. Esta percepción se confirma en la valoración que de la

ingeniería realiza el Estado nacional cuando la define como una “carrera prioritaria” para el

desarrollo económico del país. Así, a partir de esta definición política se estructuran

lineamientos para la evaluación, acreditación y mejora de la calidad de la enseñanza en esta

área.

Respecto a este punto, cabe destacar que la Facultad de Ingeniería registra antecedentes de

mejoras curriculares y discusiones alrededor de la formación del ingeniero. Las mismas

fueron iniciadas por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI), espacio

corporativo que nuclea a los decanos (miembros activos) y ex decanos (miembros adherentes)

de las facultades de ingeniería de la Argentina. Se conforma en 1988 y que, a partir de 1991,

lleva adelante un proyecto de Modernización de la Enseñanza de la Ingeniería en la República

Argentina, contando para ello con el apoyo académico y económico del Gobierno Español,

mediante la Agencia Española de Cooperación Internacional. El resultado del mismo quedó

plasmado en el denominado “Libro Azul” (Unificación Curricular en la Enseñanza de la

Ingeniería en la República Argentina), el cual se transformó en material de consulta

permanente por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en

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cuestiones relativas a la fijación de estándares curriculares mínimos en planes de estudio de

Ingeniería.

A partir de 1997, y habiéndose sancionada la Ley de Educación Superior (LES), el CONFEDI

comenzó a delinear la definición de estándares para llevar adelante el proceso de acreditación

de carreras, que la LES incorporaba como novedad en la Educación Superior Argentina

(Casajus, R. 2010). En el año 2000 se publica el “Libro Verde”, que contiene “Propuesta de

acreditación de carreras de grado de Ingeniería en la Republica Argentina”.

Carlos Pérez Rasetti (2004) señala que la discusión sobre esos parámetros en el ámbito del

CONFEDI había comenzado antes del año 1995 estableciendo distintos acuerdos sobre cuáles

eran los contenidos mínimos que debían enseñarse en Ingeniería y su correspondiente carga

horaria. Finalmente el mencionado organismo produjo los borradores de los estándares que

luego serían aprobados por el Ministerio de Educación y el Consejo de Universidades. Según

esta perspectiva, y en consonancia con lo sostenido por Moler, todo este desarrollo fue

construyendo un consenso entre las instituciones formadoras de ingenieros respecto de la

necesidad del proceso de acreditación. En la misma línea, Araujo y Trotta (2009) sostienen

que el CONFEDI, organismo que se presentó como el articulador de la especialidad del

conocimiento disciplinar-profesional y representación institucional, se constituyó en el

principal sujeto de la determinación del currículum de las ingenierías, pues definió la

clasificación y estratificación de los conocimientos que estuvieron en la base de la

acreditación de las carreras de grado.

En el caso de la carrera de Ingeniería en la UNLP, la elaboración de estándares se hace

durante el segundo mandato de Albina (1999-2001), y en el 2001 se aprueban para la

evaluación de trece especialidades de Ingeniería: Ingeniero Aeronáutico, en Alimentos,

Ambiental, Civil, Electricista, Electromecánico, Electrónico, en Materiales, Mecánico, en

Minas, Nuclear, en Petróleo y Químico. Se establece que deberán ser aprobados los

contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la

formación práctica y los estándares para la acreditación de las carreras correspondientes a los

títulos consignados, así como la nómina de actividades reservadas (Resolución Ministerial Nº

1232/01). Posteriormente, se agregó Ingeniería Hidráulica e Ingeniería en Recursos Hídricos

(Resolución Ministerial Nº 13/04).

La CONEAU organiza los procesos de acreditación de carreras de grado a través de

convocatorias que comprenden las siguientes fases: autoevaluación de la carrera, actuación

de los Comités de Pares y dictamen final emitido por la CONEAU.

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En el caso de las Ingenierías, se realizó una convocatoria voluntaria y una obligatoria pero,

teniendo en cuenta el número de carreras, la convocatoria voluntaria se dividió en tres etapas.

A continuación de estas etapas se llevó a cabo la convocatoria obligatoria.

La Facultad de Ingeniería (FI) se presenta al último llamado, en el 2001, con 9 carreras a ser

evaluadas: Ingeniería Aeronáutica, Hidráulica, Electricista, Electromecánica, Electrónica,

Industrial, Química, Mecánica y en Materiales.

¿Que hay y que queda de las acreditaciones? Indagaciones preliminares en torno a la

construcción de la agenda institucional.

Recuperando el objetivo principal de esta ponencia, centrada en atender la etapa de

configuración de la agenda institucional en el marco de la instauración de sistemas de

evaluación y acreditación universitaria, se propone indagar a través de las reuniones del

Consejo Directivo -entendiendo al mismo como una forma de gobierno tripartito, donde

participan profesores, estudiantes y graduados- las voces, decisiones, conflictos y rupturas, que

permitan reconstruir, detrás de posiciones institucionales formales, una trama interactiva íntima, con

vinculaciones internas y externas.

A los fines de esta ponencia trabajaremos con las Actas Taquigráficas correspondientes a las

reuniones desarrolladas durante el período previo al dictamen de la resolución 1231/01, y los

años 2001 y 2002 para reconstruir el momento en que el tema ingresa a la agenda y las

dinámicas y acciones que promueve.

A partir del relevamiento de datos, puede identificarse que el tratamiento del tema surge como

consecuencia de la autoevaluación institucional que impulsa la Universidad Nacional de La

Plata en el año 2001. El decano informa que se ha presentado un programa de Autoevaluación

institucional, con el objetivo de repensar la propia universidad. Se gestiona la conformación

de una Comisión Central de Autoevaluación integrada por 12 profesores, 4 graduados, 8

estudiantes y 2 invitados no-docentes y representantes de todas las unidades académicas.

Se registran diversas posiciones por parte de los consejeros. El decano destaca “la necesidad

de que las unidades académicas puedan participar activamente, respetando la autonomía de

cada una de ellas”. El consejero representante de graduados expresa: “que votó

negativamente cuando se presentó el proyecto de evaluación en el entendimiento de que la

presentación de la Universidad no incluía un plan claro, no obstante, frente a la decisión

tomada mayoritariamente de dar participación a la facultad, no puede dejar de reconocer

que esta Unidad Académica debe hacer el mejor papel posible”. El claustro de estudiantes se

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pronuncia en contra, por considerar esta iniciativa “en el marco de un proyecto de educación

que no consideran conveniente para el país, que viene impulsado desde afuera”. El consejero

representante de profesores interviene y expresa que “son parte de un cuerpo colegiado y por

lo tanto, el hecho de que algún momento el Consejo tome decisiones contrarias a su posición,

no puede ser motivo para que los estudiantes dejen de participar”. La propuesta se somete a

votación y se registran 7 votos a favor y tres abstenciones. Se aprueba la incorporación de

Ingeniería a las comisiones de evaluación propuestas. (Acta Nº 36/2000)

Este fenómeno, que se da primero a nivel central, en la UNLP, es representativo del nuevo

entramado sociopolítico que atraviesa a las instituciones, donde las prácticas de evaluación y

acreditación asumen un carácter central en la gestión de las instituciones. A su vez, este

antecedente, podría pensarse como una instancia de prueba, que demuestra la importancia

que empieza a cobrar este tema y permite medir el nivel de adhesión o resistencia que hay

entre los actores.

Esta iniciativa será reivindicada por la gestión que asume en el año 2001, donde se plantea,

entre los ejes del programa de gestión, iniciar un relevamiento riguroso de la información

sobre los resultados de la última reforma del plan de estudios de 1988, que sirvan para realizar

un diagnóstico para la realimentación del sistema. Cada carrera deberá hacer un estado de

situación y evaluar si es necesario actualizar planes de estudio y corregir y/u optimizar los

contenidos de las asignaturas. Revaloriza la iniciativa que tuvo la UNLP de realizar una

autoevaluación institucional, representando un insumo valioso a nivel general y aportando

información específica para pensar la facultad. A esto se suman los documentos elaborados

por el CONFEDI con respecto a la elaboración de estándares para la homogeneización

curricular para las carreras de ingeniería, siendo elementos de referencia para las próximas

acreditaciones de carreras de grado, que son requisito indispensable para otorgar el título

habilitante. Convoca a todos a participar en esta tarea, la cual debe ser discutida en todo el

ámbito de la facultad.

En este sentido, el direccionamiento que asumen determinadas acciones, permite dar cuenta

de la incorporación a la cultura institucional, de prácticas tendientes a evaluar, diagnosticar.

Por otro lado, la referencia al CONFEDI, demuestra la capacidad de definición que asume

este organismo en estos espacios colegiados. En este sentido, poder pensar el proceso de

legitimación que fue construyendo la política de acreditación, como un interjuego entre la

coordinación estatal (SPU, CONEAU), los cuerpos intermedios como las Asociaciones de

Decanos (CONFEDI), y el Consejo de Universidades (CU), en la articulación entre agenda

gubernamental, especialización disciplinar y representación institucional (Araujo, Trotta,

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2011) permite complejizar el análisis y pensar el armado de la agenda institucional como un

ensamblaje conflictivo entre estos actores.

En este contexto se destacan dos hechos importantes, que devienen de acuerdos y definiciones

alcanzados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), CONFEDI, CU, y que a través de

los interlocutores que participan en ambos espacios de representación son incorporados a la

agenda institucional: el 14 de Noviembre el CIN desarrolla un plenario donde hay

acuerdo para incluir al régimen del art. 43 de la LES los siguientes títulos: Aeronáutica,

Alimentos, Ambiental, Civil, Electricista. Electromecánica, Electrónica, Materiales,

Mecánica, Minas, Nuclear, Petróleo, Química.

Este tema se incorpora en la 10ª sesión ordinaria del Consejo Directivo correspondiente al año

2001, donde el decano informa que ha asistido a las reuniones del CONFEDI, en

representación de la facultad y que la misma tuvo como eje central la acreditación de las

carreras de ingeniería. Se redactó un documento que fue elevado al CU y de aprobarse las

acreditaciones comenzarían en marzo.

Es interesante ver como estos temas ingresan a la agenda en calidad de Informe de decanato,

donde no se registran intervenciones de parte de los consejeros, demostrando ser parte de la

presentación y dinámica que construye este organismo en torno a los temas.

Estas distintas instancias de la construcción de la política de acreditación, como se puede ver,

tuvo lugar en niveles supra institucionales, donde la representación de la comunidad

universitaria se centró en la participación de los decanos de las facultades en las diferentes

asociaciones y de las universidades en el CU, lo que no implicó necesariamente instancias de

participación para los diferentes claustros, entre ellos el estudiantil. (Atairo, Trotta, 2012)

Otro de los hechos resulta de la Resolución 1232/ del MCE del 21 de Diciembre, que

aprueba la inclusión de estas carreras bajo el reg. del art. 43 de la LES. El resto de las

carreras deberán ser incluidas previo acuerdo del Consejo de Universidades sobre la

base de la homogeneización curricular implementado para las incluidas.

El tema ingresa en el tratamiento de tablas en la 11ª. Sesión como “Acreditación de las

carreras de ingeniería” donde el Decano informa estas cuestiones, aclarando que este “primer

llamado no involucra la totalidad de las carreras de nuestra facultad”. El dictamen del CU

establece un llamado de acreditación voluntario e inmediato y un llamado obligatorio, con un

año de plazo.

Este hecho es retomado en la 15ª sesión (11 marzo del año 2002), donde el decano solicita

que se altere el orden del día pasando a considerar la creación de la Unidad Operativa para la

adecuación curricular.

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“El Consejo Académico resuelve a partir de considerar la resolución 1232/01, la creación

de una unidad operativa para la adecuación curricular y los procedimientos de gestión,

en el marco del Decanato, considerando que las tareas que demanda la acreditación requieren

compromiso institucional y dedicación y que resulta apropiado y conveniente aprovechar esta

experiencia y capacidad de gestión con vistas a la posibilidad de acreditar voluntariamente las

carreras no incluidas en la resolución”.

Se postula la constitución de una Comisión Central, presidida por el decano y constituida por

el Secretario Académico, dos profesores, un graduado y un alumno, contando con la

participación del personal no docente en los aspectos de su competencia para la adecuación de

los procedimientos de gestión.

En diciembre se emite la resolución 413/02 de CONEAU con la convocatoria y cronograma

para la acreditación obligatoria de carreras de ingeniería.

En la primera sesión del año 2003 se somete a consideración del cuerpo colegiado el llamado

a acreditación obligatoria. El consejero representante por la mayoría del claustro estudiantil

manifiesta “que está de acuerdo con que la facultad realice actividades académicas para

elevar su nivel pero está en desacuerdo con la acreditación y los intereses con los que está

ligada. Propongo iniciar un debate profundo pero negándose a que se desarrolle bajo esas

condiciones”. El representante de graduados manifiesta que “apoya la necesidad de que la

universidad se debe un debate profundo y que aún no ha logrado generar las bases para la

discusión por la falta de articulación”.

El representante por el claustro de profesores de la mayoría se pronuncia a favor y destaca qué

“como integrantes de una institución pública dedicada a la docencia, deben educar con los

hechos, no solamente con los dichos, por lo que es imprescindible que den cumplimiento a las

leyes que están en vigencia. La facultad hace muchos años se viene trabajando en la

elaboración de los estándares que hoy están planteados a través de la CONEAU, indicando

que hay constancias de las reuniones de adecuación curricular donde varios profesores

representaron a la facultad”.

El consejero de profesores por la minoría agrega “el tiempo de discutir ya pasó y que ahora

hay que acreditar”. Se somete a votación y se registran ocho votos a favor y cuatro en contra.

Se resuelve presentarse al proceso de acreditación obligatoria.

En la siguiente sesión se crea la Comisión Central de Acreditación, la cuál tiene como

función, coordinar el proceso y articular con las comisiones de cada departamento afín de

organizar la información requerida. En el marco de las tareas que impulsa, elabora un

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instructivo para la elevación de los planes de estudio, con la intención de homogeneizar las

presentaciones y adecuarlas a la Ordenanza 80 de la Universidad [2].

Conclusiones preliminares

Estas primeras aproximaciones, si bien asumen un carácter exploratorio, por el estado

incipiente de la investigación, permiten conocer a través del análisis de las Actas

Taquigráficas, los debates entre sus miembros, en torno a las cuestiones relacionadas con las

políticas de acreditación. Si bien los temas que demandan cursos de acción en una institución

pueden ser muchos, los que llegan a la máxima instancia decisoria son aquellos que, por su

significación, conflictividad o potencial impacto sobre la institución o sus integrantes, exigen

la atención de las máximas autoridades institucionales.

Teniendo en cuenta esto, puede identificarse el “peso” que asume la revisión curricular en la

agenda institucional, en contextos donde a su vez comienza a discutirse, en espacios

suprauniversitarios, la posibilidad de acreditar las carreras de ingeniería. Esta relación y/o

asociación que se construye entre adecuación curricular y acreditación puede pensarse como

una estrategia política orientada a construir acuerdos y consensos entre los diferentes actores,

ya que la comunidad de ingenieros, tal como lo plantea una de las voces registradas, ha

participado activamente en la discusión de los estándares, lo cual lleva a plantear esta política

como una instancia de discusión y autoevaluación interna respecto a esos estándares.

A su vez, y considerando que estamos frente a una organización compleja, con una base

pesada, amplia y desarticulada, donde las decisiones tiende a tomarse de forma aislada en las

bases del sistema, puede considerarse la creación de la Unidad Operativa para la adecuación

curricular y los procedimientos de gestión, como una “fórmula institucional” para instalar

prácticas que tiendan a la cohesión y articulación entre los diversos departamentos, y de esta

forma evitar que surjan conflictos que desestabilicen los acuerdos construidos.

Por último, y entendiendo que la construcción de la agenda deviene de un proceso donde se

ensamblan diversos intereses y se representan determinados grupos, es necesario incorporar

aquellas discusiones y acciones que se construyen en diálogo con actores externos a la

institución y que le imprimen otra dirección o sentido a la misma.

Bibliografía consultada

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14

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Azcapotzalco (edición original en inglés: 1983).

- Cobb, R. W. & Ch. D. Elder (1986), Participación en Política Americana. La dinámica de la

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- Krotsch, P. (2002), “El proceso de formación e implementación de las políticas de evaluación

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Ediciones Al Margen, La Plata.

-Oszlak, O. (1999a). “De menor a mejor: el desafío de la “segunda” reforma del

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- Tamayo Sáez, M. (1997) “El análisis de las políticas públicas”, en Bañón, Rafael & Ernesto

Carrillo (comps.), La Nueva Administración Pública, Madrid, Alianza.

Documentos oficiales

-Acta taquigráfica N° 36 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2000.

Facultad de Ingeniería.UNLP.

-Acta taquigráfica N° 58 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 23 de marzo de 2001.

Facultad de Ingeniería.UNLP.

-Acta taquigráfica N° 4 correspondiente a la Sesión Extraordinaria del 10 de mayo de 2001.

Facultad de Ingeniería.UNLP. Motivo: Elección Decano.

.Acta taquigráfica N° 8 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 28 de septiembre de 2001.

Facultad de Ingeniería.UNLP.

-Acta taquigráfica N° 10 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 6 de noviembre de 2001.

Facultad de Ingeniería.UNLP.

-Acta taquigráfica N° 10 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 18 de febrero de 2002.

Facultad de Ingeniería.UNLP.

-Resolución CONEAU N° 1232/01 (www.coneau.edu.ar)

Notas

[1] Estos datos fueron extraídos del libro “TRANSFERIR 100”, producción editada por la

“Fundación de la Facultad de Ingeniería para la transferencia de Tecnología y la Promoción

de Empresas de bienes y servicios” en conmemoración del Centenario de la Facultad de

Ingeniería. 1997. Argentina.

[2] Esta Ordenanza contiene los requisitos necesarios para solicitar cambio de plan de

estudios, argumentando la estructura que propone, el perfil del graduado, el alcance del título

y competencia profesional.