Pueblos 67 – Cuarto trimestre de 2015

Revista de Información y Debate n Cuarto trimestre de 2015 n Nº 67www.revistapueblos.org

Dossier: CárCeles en AmériCA lAtinA> Encarcelamiento masivo > Compromiso político y prevención para hacer frente a la tortura > Encarcelamiento femenino en Brasil > Colombia: instrumentos para la dominación y el control social

otros temAs: Entrevista a Arcadi Oliveres > Sahara Occidental: pasado, presente y futuro > El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana > La banca pública en el Estado español > Propuestas alternativas de fiscalidad > Puerto Rico > Guatemala > Los hilos mediáticos de África al sur del Sáhara > Cultura: Enrique Martínez Reguera > Fotografía

Portada del número 67

Cecilia Ramos

Pueblos es una apuesta por la solidaridad que ofrece una mirada crítica sobre las diferentes realidades sociales, políticas, económicas y culturales del mundo. Busca consolidar un instrumento de comunicación que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones del Norte y del Sur que trabajan en procesos de transformación social. Fundada en 1995 (segunda época, 2002) y editada por Paz con Dignidad, la edición en papel de Pueblos se publica trimestralmente (enero, abril, julio y octubre). Todos o prácticamente todos los artículos publicados en las revistas son originales. Pueblos - Revista de Información y Debate no se hace responsable de las opiniones de los autores y autoras de los artículos.

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PUeBlos - revistA De informACión y DeBAteNº 67 (II época). Cuarto trimestre de 2015fUnDADA en 1995. n Segunda época: 2002. n eDitADA Por Paz con Dignidad (C/Gran Vía, 40 - 5º Oficina 2. 28013 - Madrid / Gardoki, 9, 5ºD, Bilbao, 48008).DePósito legAl: M.47.658-1999. issn: 1577-4376DireCCión: Luis Nieto Pereira. Consejo eDitoriAl: Eugenio Pascual Coruña (Asociación Paz con Dignidad) n Elena Nagore Cordón (Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá, CIC Batá) n Carmen Sala. (Entrepueblos) n Puri Pérez Rojo (Mugarik Gabe Euskadi) n Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional, OCSI) n Patxi Zabalo (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Hegoa - Universidad del País Vasco UPV/EHU) n Fidel Nieto (Universidad Luterana de El Salvador) n Pedro Ramiro (Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL) n Silvia Pérez (Plataforma 2015 y más) n Silvia Piris (Grupo Movimientos Sociales y Cooperación Crítica, Hegoa) n Teresa Aranguren n Jaume Botey n Jule Goikoetxea n Roberto Montoya n Adolfo Rodríguez Gil n Isaac Rosa n Pascual Serrano n Carlos Taibo. entiDADes ColABorADorAs: Xulio Ríos (Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, IGADI) n Mikel De La Fuente (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU) n Amparo Merino (Universidad de Castilla-La Mancha) n Edgardo Mira (Centro de Investigación Sobre Inversión y Comercio - CEICOM, El Salvador) n Revista Envío (Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua). n Marco Gandarillas (Centro de Documentación e Información, CEDIB Bolivia).CoorDinACión: Andrea Gago Menor. Consejo De reDACCión ([email protected]): José Alberto Andrés Lacasta n Rosaura Audi n Marina Blesa n Eneko Calle n Laura Daudén n Oihana Etxebarrieta n Magdalena Ferrín Pozuelo n Javier González Álvarez n Álex Guillamón n Suso López n Alba Onrubia García n Mikel Otxotorena n Beatriz Ortiz Martínez n Alejandro Pedregal n Susana Pérez Sánchez n Sebastián Ruiz n Mª Cruz Tornay n Joseba Villa González. AgrADeCimientos: A Ursula Czwienczek, Urbano de la Cruz, Gorka Martija y a todas aquellas otras entidades y personas que han hecho posible la elaboración de este número. Diseño: Andrea Gago y Silvia M. Pérez. mAqUetACión: Alba Onrubia García. ADministrACión ([email protected]): Ángela Martín.

PUeBlos se reAlizA Con el APoyo De lAs sigUientes institUCiones:Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) n Ajuntament d’Artà n Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid n Ayuntamiento de Valladolid n Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao n Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación de Bizkaia n Garapenerako Lankidetzaen Euskal Agentzia / Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Eusko Jaularitza / Gobierno Vasco) n Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa.

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Esta revista se publica en papel reciclado.

Nacida en 1980, es una artista y diseñadora colombiana. Hace más de diez años alterna el diseño gráfico con la ilustración, la pintura, la escultura y la fotografía. Es creadora de la tira cómica La Ché, popular en los países de habla hispana, y escultora de la serie de art toys Monstruarium. Es, según explica en su página: “ociosa de tiempo completo, aprendiz de todo y habitante en la casa de la esquina del mundo”.

Este número ha contado con el apoyo especial de la Diputación Foral de Gipuzkoa / Gipuzkoako Foru Aldundia. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la opinión de ninguna de las instituciones que la apoyan económicamente.

El dossier central ha sido editado también íntegramente en euskera.

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Revista de Información y Debate n Cuarto trimestre de 2015 n Nº 67

www.revistapueblos.org

Dossier: CárCeles en AmériCA lAtinA

> Encarcelamiento masivo > Compromiso político para hacer frente a la tortura en América Latina

> Brasil: Encarcelamiento femenino > Colombia: instrumento de control social

otros temAs: Entrevista a Arcadi Oliveres > El Sahara Occidental: pasado, presente y futuro

> Multinacionales: Venezuela y Guyana, conflicto territorial. Estado español: banca pública y

fiscalidad alternativa > Cooperación: 35 años de UNAMG > Comunicación: África y América Latina

> Cultura: leer a Enrique Martínez Reguera

Información y Debate n PUEBLOS b Cuarto trimestre n 2015 n 3

EDITORIALDe Siria no vienen árboles (Pueblos - Revista de Información y Debate) .......................... 4

OPINIÓNPuerto Rico, la deuda y la condena del estatus (Rosaura Audi) ................................................. 5Guatemala, más allá de las elecciones (Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate) ............................ 6

ENTREVISTAArcadi Oliveres: “En mi juventud fui ferviente partidario de la Unión Europea. Es lo que se veía detrás del franquismo. Aquella Europa bonita, democrática. Hoy en día es un desastre” (Beatriz Plaza Escrivá y Pablo Diez) ......................................................................................... 8

FOTOGRAFÍAAmérica Latina, entre lo visible y lo invisible (Clara Romaguera y Arpad Pou) ........................... 12

SÁHARAMemoria histórica en el Sáhara Occidental. Pasado, presente y futuro en la transformación del conflicto (Carlos Martín Beristain y Sergio Campo Lladó) ............. 16Sáhara, la vida a ambos lados del muro (Santi Gimeno).......................................................... 19Mujeres saharauis: la lucha que continúa (Zahra Ramdán)....................................................... 22Solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Alimentando una esperanza? (Eneko Calle).................. 24

DOSSIER: Cárceles en América LatinaEncarcelamiento masivo. Cuando la excepción es regla (Laura Daudén y Vivian Calderoni) ........................................................................................... 28Compromiso político y enfoque sistémico preventivo como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina (Sylvia Dias) ..................................................... 32Encarcelamiento femenino: el mal ejemplo brasileño (Raquel da Cruz Lima y Vivian Calderoni) ........................................................................... 36Cárceles colombianas: un instrumento para la dominación y el control social (Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo).................................................... 40

MULTINACIONALESEl conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, estrategia de un nuevo proyecto imperial en la región (Úrsula Czwienczek) ............................................................................................. 43La banca pública en España: diagnóstico y propuestas de actuación (Fernando Heredia García) ..................................................................................................... 47Empresas transnacionales españolas: propuestas alternativas de fiscalidad (Chantall Marie Ramírez) ......................................................................................................... 50

COOPERACIÓN35 años de UNAMG. Reivindicamos la alegría, la resistencia y la rebeldía de las mujeres(Maya Varinia Alvarado Chávez) ............................................................................................... 53

COMUNICACIÓNLos hilos mediáticos del África al sur del Sáhara (Sebastián Ruiz-Cabrera) ........................... 56La comunicación en América Latina, un territorio en disputa (Mª Cruz Tornay) ........................ 60

CULTURALeer a… Enrique Martínez Reguera (Clara Alonso) ................................................................... 64Nuevas Publicaciones ................................................................................................................. 66

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CONTENIDOS

*Pueblos - Revista de Información y Debate.

De Siria no vienen árboles

EDITORIAL

4 n 2015 n Cuarto trimestre b PUEBLOS n Información y Debate

“El hombre no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina”, explicaba Juan Goytisolo hace once años en el Fórum de las Migraciones de Barcelona. El ser

humano siempre se ha desplazado impulsado por su instinto de vida, por la búsqueda de lugares en los que satisfacer sus necesidades, las más y las menos elementales. Porque no hay qué comer, porque no hay empleo, porque no hay posibili-dades de mejorar… Porque hay guerra (y por tanto, todo lo anterior y mucho más), porque no hay futuro. Hablamos de personas refugiadas, de migrantes, de la gestión de la “crisis de los refugiados sirios” por parte de las instituciones euro-peas y de las distintas posturas presentes en la ciudadanía.

Hoy, y según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de la mitad de las personas re-fugiadas en el mundo procede de sólo tres países: Siria, Afganistán y Somalia. Tras más de cuatro años, el conflic-to en Siria ha originado ya más de cuatro millones de per-sonas refugiadas y seis millones y medio de desplazadas internas. Sin embargo, el principal destino de las personas refugiadas no es Europa, a pesar de que éste sea el men-saje que parecen querer trasladarnos los medios de comu-nicación. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) maneja unas cifras muy diferentes: el 86 por cien-to de las personas refugiadas en el mundo son acogidas en los países más empobrecidos. Sobre todo llegan a Turquía, Pakistán, Líbano, Irán, Etiopía y Jordania.

Pero, como decíamos, de pronto pareciera como si nun-ca nadie se hubiese ahogado en el Mediterráneo arriesgan-do todo por otro futuro, aunque ACNUR hable de más de 3.400 personas muertas de este modo en 2014. Pareciera que no supiésemos que Siria iba a estallar, que pensásemos que el enésimo acto de una guerra contra el terrorismo tan inverosímil como real no iba a tener ninguna consecuen-cia. Ni sobre la población de la zona, ni sobre otros países. Que ni tan siquiera íbamos a sentir incomodidad porque, sencillamente, no íbamos a enterarnos de casi nada. Orien-te Próximo iba a continuar siendo una selva incompren-sible, con sus dictadores, sus yihadistas, esas bombas y aquellas otras… y ya. Doce años más, quizás, que es lo que ha pasado desde Irak.

Esta vez, la realidad saltó a las pantallas con más fuerza que de costumbre y Europa se quedó braceando y abriendo la boca como un robot con un cortocircuito. Desnuda com-pletamente, desde sus instituciones comunes y sus gobier-nos estatales a su ciudadanía.

De pronto, Alemania era el colmo de la solidaridad, a pesar de que en algún discurso Ángela Merkel quisiese abrir un abismo entre las personas refugiadas y las migran-tes (“Para poder ayudar a los que están en una situación de emergencia tenemos que decirles también a aquellos que no lo están que no se pueden quedar aquí”). El gobierno húngaro, el horror, la inhumanidad. Las instituciones eu-ropeas, subastando personas (el vídeo de CEAR “¿Quién da menos?” es, como la guerra contra el terrorismo, tan inverosímil como real).

¿Y qué ocurre con la ciudadanía europea? Que está igual de dividida. Hay gobiernos locales implicados; aso-ciaciones con trayectoria muy comprometidas ayudando en lo que pueden; personas que quieren implicarse directa-mente por primera vez en algo así; personas que dicen que “bueno, no está mal ayudar, pero bastante tenemos acá, ¿no?” y personas (¿?) que se visten del Ku Klux Klan y tiran piedras y petardos a autobuses llenos de refugiados y refugiadas. Y está el miedo detrás de casi todo, de un modo u otro.

En líneas generales, la gestión de esta crisis por parte de la Unión Europea demuestra que la movilidad de los seres humanos sigue siendo vista como una gran amenaza. Y mientras el eco de la “crisis de los refugiados sirios” va perdiendo fuerza estos días en los grandes medios, no sabe-mos si para desaparecer o para regresar en algún momento con fuerza, van llegando noticias que nos demuestran que hablamos de algo complejo de abordar en la práctica desde todos sus ángulos, como las violaciones de mujeres y me-nores en los centros de refugiados de Alemania.

Como es habitual, cuesta encontrar en los medios con más audiencia no ya reflexiones, sino guiños a la comple-jidad de los hechos. Se mezclan conflictos, terrorismo is-lamista, mafias y contrabando, derechos de las personas refugiadas y migrantes, derechos de las personas “pobres de acá”… Se mezclan, pero no se hilan, no se habla para las grandes audiencias de relaciones Norte-Sur desiguales, donde siempre gana la misma parte, ni de intervencionis-mo económico y militar. No se habla de clases sociales ni de neocolonialismo, en definitiva. Mientras, termina de gestarse otra guerra “humanitaria”, que será también re-transmitida e increíblemente aplaudida.q


OPINIÓN

S er estadounidense es una realidad que aplasta y li-mita a los boricuas1 en todos los sentidos. Hoy, esa nación enfrenta la peor la situación económica de su

historia. Se encuentra en suspensión de pagos y es precisa-mente su estatus de Estado Libre Asociado lo que le impi-de encontrar una salida justa para su ciudadanía. En tanto, el mundo ha avanzado en el establecimiento de principios sobre la reestructuración de la deuda externa.

Fue el 3 de agosto cuando Puerto Rico entró en de-fault. De los 58 millones de dólares que debía desembol-sar a acreedores de la Corporación para el Financiamien-to Público (CFP) boricua, sólo pagó 628 mil dólares. Su gobernador, Alejandro García Padilla, prefiere hablar de incumplimiento de pagos y busca que el gobierno estadou-nidense le apruebe un paquete (compuesto principalmente por ajustes del gasto público e impuestos) que le permita una reestructuración y el acceso a más créditos. Ya en ju-nio, el funcionario había anticipado que la deuda puertorri-queña era impagable.

Pero las alertas estaban activadas desde hacía muchísi-mo más tiempo. En un país cuya deuda externa supera los 72 mil millones de dólares, más del 100 por ciento de su PIB, este colapso llegaría. Los poseedores de los bonos bo-ricuas son “individuos o sociedades de inversión de todo Es-tados Unidos, debido a sus ventajas fiscales”, según explica The Wall Street Journal en un artículo del 9 de septiembre.

Resulta interesante hacer una retrospección sobre cier-tos aspectos de la nación. El principal es el estatus de Esta-do Libre Asociado de Estados Unidos, o sea, su condición colonial. Esto ha implicado desde hace 117 años que las y los puertorriqueños, que tienen ciudadanía estadouniden-se, no decidan sobre su economía ni tengan representantes con voto en el Capitolio (apenas cuentan con un comisio-nado residente que vota cuando se lo permiten y sólo en el comité conjunto). Tampoco votan a los congresistas a menos que tengan residencia en uno de los 50 estados de la Unión. Todo implica un condicionamiento absoluto que evita que el pueblo tenga incidencia sobre su territorio.

Además, toda la política económica ha estado atada a conveniencias estadounidenses. Primero estaban instaladas las farmacéuticas, luego Washington eximió a las corpora-ciones del pago de impuestos para atraerlas después del éxodo de las compañías a destinos de mayor productividad como México o Asia, en los setenta. El bajo crecimiento siguió por décadas. En 2006, el gobernador de turno retiró

las exenciones impositivas y las empresas se fueron a otros destinos. Puerto Rico estaba ya en recesión cuando llegó la crisis financiera de 2008. En 2012 se aprobaron dos leyes de exención fiscal nuevamente “para atraer inversiones”.

Otro punto que ahoga la economía puertorriqueña es la Ley Jones de Comercio Mercante de 1920, que obliga al país a comerciar solo a través de puertos estadounidenses.

Toda esta historia parece una trampa mortal, porque si Puerto Rico fuera uno de los estados de la Unión podría solicitar la protección ante los acreedores de la Ley de Quiebras, de la que está excluido.

El 9 de septiembre de 2015, el gobierno puertorriqueño presentó un plan fiscal de cinco años a Washington para conseguir que la administración de Barack Obama le brin-de el respaldo necesario en el Congreso y se le habilite la protección de la Ley de Quiebras y la negociación con los acreedores. El plan consiste en las conocidas recetas neoli-berales de recortar el gasto público y aumentar los impues-tos, ante una población que tiene un índice de desempleo oficial del doce por ciento en la mayoría de los municipios (61 de 78) y superior en el resto.

Sin embargo, el gobernador asegura que mantendrá los puestos de trabajo (el principal empleador es el Estado) y que la reestructuración del 65 por ciento de la deuda apunta a sos-tener el bienestar del pueblo. “Las medidas fiscales del plan por sí solas no nos sacarán del hoyo. Sólo con una reestructu-ración amplia de la deuda en la que participen los acreedores regresaremos a un camino sostenible”, dijo Padilla.

Justamente, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó el 10 de septiembre, por mayoría, nueve lineamientos o principios que establecen que las reestructuraciones de deuda deben ser sostenibles. Se trata de una iniciativa que promovió Argentina, en su lucha contra fondos buitre con base en Estados Unidos. Los seis países que votaron en contra de esta resolución no vinculante son Estados Uni-dos, Gran Bretaña, Alemania, Japón, Israel y Canadá. Pero la diferencia entre lo que propone hacer Puerto Rico y el espíritu de la resolución de ONU está en que un plan sos-tenible se contrapone a un plan de ajuste.q

Rosaura Audi

Puerto Rico, la deuda y la condena del estatus

*Rosaura Audi es periodista. Forma parte del consejo de redacción de Pueblos-Revista de Información y Debate.

1 Persona nacida en la isla de Puerto Rico. Las y los puertorriqueños cuya familia sólo reside en la isla desde una o dos generaciones atrás no son considerados boricuas.


OPINIÓN

diferente, estallando un clima efer-vescente de protesta e indignación en las calles. De esta manera, al ciclo creciente de movilización popular que han venido desarrollando en los últimos años el movimiento campesi-no, el indígena y el feminista, se han sumado otras muchas gentes, segura-mente con agendas diferentes y bajo consignas diversas, pero que han to-mado la calle con valentía, frente a la ecuación calle igual a miedo que ha imperado por décadas en el país.

Por último, también se ha roto la ley no escrita de que quien quedaba segundo en unas elecciones presiden-ciales se convertía en el ganador de las siguientes. Así, Baldizón ha pasa-do de ser el candidato con más posibi-lidades a quedar fuera de la contienda en la segunda vuelta, tanto por su pé-sima gestión de la crisis en conniven-cia con el Partido Patriota de Pérez Molina (que le ha hecho acumular un gran rechazo popular) como por no

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate*

La convulsión generada en Guatemala en torno

al proceso electoral todavía en marcha (en espera de

la segunda vuelta entre Jimmy Morales y Sandra Torres

a la hora de escribir este artículo) puede entenderse desde claves políticas diversas

pero, independientemente del resultado final,

abre una ventana de oportunidad para quienes

defienden un proceso constituyente que reforme integralmente al Estado y

que vire la lógica neoliberal y violenta del modelo

hegemónico de desarrollo.

Es incuestionable que algunas cosas han cambiado en los últi-mos tiempos en Guatemala. En

primer lugar, Ríos Montt fue conde-nado en 2013 a 80 años de cárcel y, aunque posteriormente la sentencia fue anulada en el marco de impunidad todavía vigente, se logró escuchar y leer desde un espacio oficial como la judicatura el concepto de genocidio como diagnóstico de lo ocurrido en el período 1960-1996, generando un amplio debate social y mediático.

En segundo lugar, los numerosos escándalos de corrupción que han aflorado desde abril de este mismo año han enviado a la cárcel al presi-dente y a la vicepresidenta, entre otras personas, en una dinámica que parece no haber concluido. Si ello pudiera responder a disputas entre élites y a la necesidad de designar cabezas de turco en la lógica de que algo cambie para que nada cambie, no quita para que la resolución de este tipo de he-chos sea muy diferente al habitual.

En tercer lugar, la respuesta ante la crisis política vivida ha sido muy

G u a t e m a l a,más allá de las elecciones


Guatemala b OPINIÓN

dejar de ser un outsider de las élites conservadoras vinculadas a la patro-nal CACIF, y además con supuestos vínculos con el narcotráfico. De esta manera, la segunda vuelta se presenta más abierta y bajo nuevas lógicas.

En todo caso, como decimos, hay cosas que han cambiado, y los debates políticos, la movilización social y los reacomodos de élites y movimientos no son las mismas. No obstante, y al mismo tiempo, podemos afirmar que todavía hay muchas cosas que no lo han hecho.

Lo que no ha cambiadoEn este sentido, y en primer lugar, el modelo ultra-neoliberal y violento que impera desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 de la mano de la coa-lición entre militares, patronal, narco y empresas transnacionales, se sigue ahondando, desposeyendo a los pue-blos de sus territorios, asesinando y encarcelando a sus líderes y militantes.

En segundo lugar, el Estado sigue siendo un escenario de disputa y rea-comodo entre élites conservadoras, emergentes e ilegales, que corrompen endémicamente el sistema político en su propio beneficio, para lo cual no establecen las más mínimas ga-rantías democráticas como el control de la financiación de los partidos o el seguimiento y penalización del trans-fuguismo (práctica más que habitual en el Congreso), del nepotismo o del acarreo. En tercer lugar, tampoco ha cambiado el papel injerencista de la Embajada de Estados Unidos en todo el proceso, apostando por la dinámica final de encarcelamiento ejemplifica-dor del presidente a la vez que defen-diendo la celebración de las elecciones para evitar cambios más profundos.

En cuarto lugar, tampoco se ha su-perado el papel residual de los parti-dos políticos de izquierda, incapaces de recabar la indignación popular en forma de voto.

Finalmente, y en quinto lugar, se mantiene, pese a la movilización po-pular, un sentido común conservador mayoritario dentro de la sociedad guatemalteca, como ha podido tradu-cirse de la victoria en primera línea de la ultraderecha militarista encarnada por Jimmy Morales.

VariabLes e inerciasen Las eLeccionesTodas estas variables, todos estos cambios notorios y todas estas iner-cias estructurales han jugado su papel en los comicios que aún se siguen ce-lebrando. De esta manera ha habido quienes, como ya hemos dicho, han apostado por un lavado de cara electo-ral para que nada cambie; quienes han protestado simplemente contra los y las corruptas, pero sin tirar más allá del hilo, y quienes piensan que es el propio sistema el que está corrompi-do, por lo que es preciso transformar-lo completamente.

En esta última lógica, parecie-ra que quienes hicieron esta apuesta necesaria y estratégica de cambio profundo, bajo el lema “en estas con-diciones no queremos elecciones”, se hubieran visto derrotados y derrota-das tanto por el alto porcentaje de par-ticipación (en torno al 80 por ciento), como por la victoria en primera vuelta de la ultraderecha.

No obstante, no es necesariamente así, ya que los ciclos políticos y sus puntos de inflexión no pueden me-dirse en el corto plazo. Como hemos dicho, el sentido común guatemalteco sigue siendo conservador, y la fuerza de las élites y de la embajada america-na todavía muy notables.

* Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es coordinador de Paz con Dignidad - Euskadi e investigador

del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Pero, en todo caso, se han abierto grietas, fisuras notorias, que es preci-so aprovechar en los próximos años. Así, se abre una oportunidad para ampliar el marco de la movilización y la indignación, convirtiéndolas en un control mayor de las instituciones y en agendas políticas transformadoras, fortaleciendo el ciclo de luchas contra los monocultivos y los proyectos ex-tractivos e hidroeléctricos. A su vez, existe un conflicto abierto entre élites que no se ha cerrado como en 2012 en torno al Partido Patriota, por lo que se pueden encontrar contradicciones y sacar partido de las mismas, dentro de una crisis integral del sistema y del modelo de desarrollo.

Son estas cuestiones las que nos permiten vislumbrar un horizonte de cambio en el medio y largo plazo, más allá de las elecciones. En este sentido, el resultado definitivo de la contienda electoral en segunda vuelta es significa-tivo, pero no estratégico. Se enfrentan Jimmy Morales (el actor que representa a FCN, un partido generado por milita-res recalcitrantes, sin propuesta política más allá de desmarcarse de la corrup-ción) y Sandra Torres, de la UNE, que defiende una propuesta socialdemó-crata para el país (un inciso: cuando escribo la palabra socialdemócrata, se me aparece la imagen de una tumba donde pone RIP 1950-1980, pero cuan-do aparece esa misma palabra vincula-da a Guatemala, lo que me genera es una carcajada incontenible). Ocurra lo que ocurra, miremos más allá, ya que vamos despacio porque vamos lejos.q

FotograFía de Jacobo mogoLLón ViLLar, centro de medios independientes de guatemaLa

8 n 2015 nCuarto trimestre b PUEBLOS n Información y Debate

ENTREVISTA

Beatriz Plaza y Pablo Diez*

Activista en diferentes organizaciones y movimientos sociales, promotor de Procés Constituent, doctor en Economía, defensor del decrecimiento y denunciante incansable de los intereses ocultos tras los conflictos bélicos, Arcadi Oliveres nos habla con fortaleza y desde un conocimiento inmenso, pero con la humildad propia de quien sabe que nunca se deja de aprender. Conversamos con él en Bilbao tras su intervención en las jornadas organizadas por SETEM Hego Haizea “Estrategias para un desarrollo decrecentista, incluyente y feminista”.

Arcadi Oliveres:

Sobre la mesa, algunas de sus preocupaciones actuales: la in-dependencia de Catalunya, el

municipalismo, el devenir de la Unión Europea, el cierre de fronteras y las llamadas “nuevas guerras”.

- Esta entrevista saldrá publicada poco después del 27-S. ¿Se atreve con algún pronóstico?- Creo que no es muy difícil. Se prevé un voto mayoritario para la candidatu-ra esta de Junts Pel Sí que, quizás con el voto de las CUP, puede conseguir una mayoría absoluta. Pero esto no es del todo significativo para la inde-

“En mi juventud fui ferviente partidario de la Unión Europea. Es lo que se veía detrás del

franquismo. Aquella Europa bonita, democrática. Hoy en día es un desastre”

arcadi oLiVeres FotograFiado por pabLo diez.


Arcadi Oliveres b ENTREVISTA

pendencia de Catalunya. Creo que la independencia de un país, que es le-gítima y de la cual yo soy partidario, ha de ser justificada con una mayoría de votos más amplia. Pienso que lo elegante para que un país tome una decisión así es tener el 65 o el 65 por ciento a favor de esta propuesta, y hoy por hoy no creo que sea posible. Pero es que, además, tampoco creo que sea el lugar, ni el modo. Estas elecciones son orientativas, nos permitirán saber cuánta gente en Catalunya quiere la independencia, pero no es un procedi-miento normal, hay que hacer un refe-réndum con todos los condicionantes necesarios. ¿Qué habremos consegui-do con esto? Pues que si hay esta ma-yoría que pretende la independencia en Catalunya, implícitamente hay una mayoría de gobierno para que el señor Mas o la gente que ha gobernado has-ta ahora siga gobernando, lo que des-de el punto de vista social es trágico.

- En este sentido, ¿piensas que, si sa-liese el sí y se llevase a cabo el pro-ceso de independencia, la política de gobierno sería la misma que ha ve-nido haciendo hasta ahora CIU? Es decir, ¿beneficiar a los grandes capi-tales y alejarse de la política social?- Habría también que ver los resulta-dos de las elecciones estatales del 20 de diciembre. Tengo la impresión que aunque el tema de la independencia esté en los labios de mucha gente, y yo mismo estuve el 11 de septiembre en la manifestación, aquí hay una trampa de continuación de un gobierno que aplica políticas de derechas encubier-to con la idea nacional catalana.

- ¿Qué papel crees que tendrá el voto del área metropolitana de Bar-celona, antiguo cinturón rojo?- Es lo que intenta potenciar el señor Miquel Iceta, candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que quiere recuperar ese feudo. Sin embargo, puede que se lo repartan en-tre Ciudadanos y Catalunya Sí que es Pot. En cualquier caso, al ser un voto fragmentado tendrá una influencia menor de la que se puedan imaginar.

- ¿Qué crees que falló en el Procés Constituent?- Quizás los presupuestos básicos sí que eran sanos, eran convincentes,

”

“ La salida de la Unión Europea

sería sin duda uno de los cambios radicales, porque habida cuenta

del tipo de troika que tenemos es evidente

que no se puede seguir funcionando

pero nos falló fundamentalmente, por ignorancia, el juego político. Íbamos con el convencimiento, que yo to-davía mantengo, de que la izquierda rupturista tendría que ir unida en las elecciones, sin pensar que la política es algo muy complicado y que por pe-queñas razones, a veces personales, a veces históricas, a veces ideológicas también, esto se podía caer. Nuestro planteamiento era que con las CUP, Iniciativa, Esquerra Unida y, después, con Podemos, se podría hacer un cam-bio radical. Pero nos dimos cuenta después de que esto no era posible porque cada uno andaba por su cuenta y había historias antiguas e irreconci-liables entre las CUP e Iniciativa, que venían de ayuntamientos, sitios dis-tintos… Esto rompió la posibilidad, rompió nuestra propuesta. Dentro del Procés Constituent han aparecido dos corrientes claras: una que simpatiza más con las CUP y otra que simpatiza más con Podemos. Ahora lo que tene-mos que hacer es curarnos en salud, esperar a que pasen las dos convocato-rias electorales que tenemos a la vista y hacer una asamblea refundacional.

Nosotros nos hemos movido siem-pre en temas de movimientos sociales, en temas de presupuestos políticos, pero no en la acción política. Es un éxito que mucha gente nuestra haya ido asumiendo cargos en el Ayunta-miento de Barcelona, pero creo que los dos triunfos más importantes que hemos tenido han sido otros dos.

Por un lado, una imponente re-flexión sobre Europa que hicimos en el mes de abril del 2014. No nos presen-tábamos a las elecciones europeas, era inviable, pero pensábamos que el tema europeo, que ahora se ve con Grecia y con otras cuestiones, era un tema importante, y estuvimos un sábado reunidos en L’Hospitalet más de 800 personas , desde las diez de la mañana a las diez de la noche, para discernir cuál sería el mejor futuro político y económico europeo. Dudo que ningún partido político, y menos con tanta gente detrás, haya hecho una reflexión así ni en Catalunya ni en España, y mucho me temo que ni en Europa, eso se llama pedagogía política. Posterior-mente, cerca de la Navidad del 2014, unas 600 personas dedicamos también una tarde entera a reflexionar sobre el famoso Tratado Transatlántico de Co-

- En el caso de Grecia, ¿qué opina del equipo de Alexis Tsipras?- No estoy de acuerdo con cómo han actuado. En Grecia hay dos proble-mas: uno de índole interna y otro de índole externa. Es verdad que la Unión Europea ha tratado a Grecia muy mal, es verdad que debería sa-lir del euro, es verdad que la política practicada por la troika ha sido un desastre. Pero también es verdad que Grecia no debe olvidar que tiene pro-blemas presupuestarios internos: falta de ingresos y gastos excesivos.

Falta de ingresos porque la clase privilegiada griega, en la que aparecen estos señores propietarios de buques jamás ha pagado ningún impuesto. En el capítulo de gastos se destaca poco esto, pero, como es uno de mis temas de trabajo, quiero destacarlo: Grecia es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de gasto militar por

mercio e Inversión entre la Unión Eu-ropea y Estados Unidos (TTIP). Eso también fue pedagogía política.

Es en estos ámbitos en los que me siento más cómodo, más que en el cambio de cromos. Creo que si segui-mos haciendo esto como hasta ahora podremos seguir adelante, aunque también es cierto que “el gusanillo de la política” gusta y que a numerosos de nuestros miembros les resulta muy atractiva la posibilidad de formar par-te de una u otra candidatura.

10 n 2015 n Tercer trimestre b PUEBLOS n Información y Debate

ENTREVISTA b Arcadi Oliveres

encima de su Producto Interior Bruto. Obligado por la OTAN, obligado por los EEUU, obligado por su aparente rivalidad con Turquía. Pero mientras en la Unión Europea no se estaba su-perando del dos por ciento de PIB en gasto militar, Grecia supera el cuatro por ciento. Es evidente que un país que no tiene ingresos pero sí gastos inmensos, tiene deuda. Este problema hay que resolverlo internamente.

Grecia pertenece “con trampa” al euro. No reunía los requisitos. Fue una trampa elaborada por esta famosa banca, Goldman Sachs, que falsificó la contabilidad de Grecia para que tu-viera los déficits que le permitían la entrada al euro y las cifra inflaciona-ria y la deuda que tenían la obligación de tener. Todo era falso. Pretendían en aquellos momentos que el euro se extendiera a todos los países que lo aceptasen. Grecia entró coja en el euro y no ha podido mantenerse bien. Ni España, ni Italia, ni Chipre, ni Por-tugal, ni Irlanda. Y no ha habido una respuesta radical a este problema.

- ¿En qué podría consistir esta res-puesta radical?- Podría ser dividir el euro en dos, en-tre los países nórdicos, que lo pueden subir, y el resto de países que acabo de nombrar, que a lo mejor lo podrían seguir pero con una capacidad de de-valuación mayor, con una flexibilidad cada vez mas grande. Al no asumirse

esto y al no tener el apoyo de estos países, porque ha sido lamentable que España y Portugal no apoyaran a Gre-cia en esta situación, Grecia ha inten-tado salir del paso. Tenía una promesa aparentemente atractiva, la coalición Syriza, pero después, a medida que en-traron en las negociaciones en Bruse-las, teniendo en cuenta que conseguir éxitos era cada vez más complicado, para ganar fuerza en las negociaciones quisieron tener el respaldo popular a través de un referéndum. Y, una vez lo tuvieron, Tsirpas hizo lo mismo que Felipe González en España hace años, ceder a la potencia. En aquel caso, se cedió ante Estados Unidos, ahora la potencia es la Unión Europea.

- ¿Eres partidario de la salida de la Unión Europea de estos países que has nombrado?- Sí. En la asamblea de abril del 2014 para tratar el tema de las elecciones europeas, la mayor parte de los asis-tentes hablaban a favor de una salida del euro. La salida de la Unión Euro-pea sería sin duda uno de los cambios radicales, porque habida cuenta del tipo de troika que tenemos es eviden-te que no se puede seguir funcionan-do. Los países no pueden devaluar, existen controles de unos déficits que malgastan el gasto público, existen además estas agencias de calificación norteamericanas que no tienen nada que ver con lo europeo pero que aca-

ban marcando el tipo de interés que pagan los países…

- ¿Te decantarías por una nueva unión que englobe a estos países y por compartir una misma moneda, o por el regreso a sus monedas an-teriores?- Yo soy más bien partidario de una alianza entre países, porque unas eco-nomías se van apoyando en las otras. Entre continuar o no con la mecánica de la Unión Europea, lo dudo, porque yo por edad y por juventud era un ferviente partidario del mercado co-mún europeo… y ahora soy un crítico acérrimo, no solo del euro, sino tam-bién de las políticas migratorias, de la falta de vocación en el Parlamento Europeo, del maltrato a las zonas más pobres…

- En cuanto al tema de las personas refugiadas que están llegando a Eu-ropa, ¿considera adecuado el térmi-no “crisis migratoria”?- No, es puro egoísmo europeo. Hace 20 o 25 años Europa tuvo corrien-tes migratorias muy fuertes, y había menos países en la Unión Europea, menos habitantes. Ahora se habla de unas seiscientas mil personas a las puertas de Europa. ¡Pero si tuvimos más del doble hace 20 o 25 años a las puertas de una Europa que tenía menos posibilidades, y se las reci-bía! La posición de la Unión Europea es, con perdón, una posición crimi-nal. Esta especie de subasta de “con

Ahora se habla de unas seiscientas mil personas a las puertas de Europa. ¡Pero si tuvimos más del doble hace 20 o 25 años

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ENTREVISTA

cuántos inmigrantes nos quedamos”, estas leyes de extranjería, este saltar-se las normas de libre circulación de Schengen para poder poner barreras, este acto inhumano de Hungría de co-locar alambres en las fronteras, estos muertos dentro de camiones frigorí-ficos, estos niños que aparecen en la costa mediterránea… Todo esto no es ni más ni menos el resultado de que a Europa la gobiernan criminales.

- En una de tus entrevistas ante-riores hablabas de la “sociedad del miedo”. ¿Crees que esta política de la Unión Europea de fijar cuotas y cerrar fronteras es fruto del miedo o una protección para seguir man-teniendo un estatus económico?- Para mantener su estatus económico Europa no ha de rechazar inmigrantes ni refugiados. La llegada de estas per-sonas a los países de la Unión Euro-pea rejuvenece la población y permite a estos países una situación econó-mica mejor. Pienso que es más fruto de políticas irresponsables, evidente-mente, y acciones demagógicas de las que son responsables estas políticas, que no de realidades económicas, y que a lo mejor tienen que ver con este miedo que ellos han infundido falsa-mente a la población.

- ¿Qué le parece el trato que desde las instituciones europeas y los dife-rentes gobiernos se está dando a las personas refugiadas de las llamadas “nuevas guerras”?- Es verdad que las guerras, debido a las nuevas tecnologías, están tomando facetas nuevas, que ya no vemos a los Cien Mil Hijos de San Luis o cosas por el estilo. Hoy en día hay aparatos más sofisticados, los llamados drones, que están acabando con muchas vidas humanas. Las nuevas tecnologías per-miten otros tipos de guerra, es eviden-te, y por eso quienes nos hemos dedi-cado durante mucho tiempo a hablar sobre temas de guerra tenemos que reciclarnos. Hablar de grandes ejérci-tos como la OTAN, pero también de los pequeños ejércitos, de las guerras por encargo que hacen ejércitos que no son oficiales, de mercenarios, de estos pequeños aviones. No soy ex-perto y ni lo seré ya con mi edad, pero en cualquier caso hay que empezar a trabajar en esto.

- ¿Qué claves destacarías de la irrupción de las nuevas tecnologías en el aparato militar?- Evidentemente han irrumpido en la industria, seguro, aunque no soy ex-perto. Pero, sin duda, donde más han irrumpido es en los sistemas de espio-naje, porque hoy en día las amenazas de guerra a través de informaciones y a través de chantajes, de conocimientos, de sistemas, de servicios secretos, son de una fuerza enorme. Los servicios de espionaje han funcionado siempre, pero yo diría que ahora estamos en un punto álgido. Las guerras de carácter cibernético son muy importantes, pero tampoco soy un experto en esto.

- ¿Y por qué cree que habiendo otros casos de población en situación de refugio se haya puesto el ojo en estos momentos sobre el caso de Siria?- Pues es una cuestión que yo también me pregunto. Que salgan personas en busca de refugio masivamente en vera-no es algo que puede influir, pero tengo la impresión de que en este caso tienen mucho peso los focos mediáticos, que nos interesa una guerra. Una guerra de un país del mundo árabe, en el que hay un enfrentamiento entre Estados Uni-dos y Rusia. Rusia favorece al gobierno de al-Asad y Estados Unidos favorece a la guerrilla, a los llamados “rebeldes”. A partir de aquí hablamos como de aquellas guerras, que también se daban en el período de la Guerra Fría, a través de peones e intermediarios.

- ¿Cómo le parece que se está tra-tando en la Unión Europea la infor-mación sobre estas cuestiones?- Desde el punto de vista de la comu-nicación lo de Europa es una manipu-lación total. Hoy en día, pienso que la Unión Europea para la mayor parte de Europa del sur es un desastre. Sin em-bargo, preguntas a casi cualquier per-sona acerca de la salida de la Unión Europea y te contesta que no podemos salir de ninguna manera, aún siendo Catalunya independiente.

- Si Catalunya consiguiera la inde-pendencia, ¿apostaría entonces por la salida de la Unión Europea?- Saldría automáticamente, pero lo que yo considero es que no deberíamos de volver a entrar. No hay democracia, no


hay políticas sociales, las políticas mi-gratorias son un desastre, las políticas de cooperación son de pura explota-ción, la política financiera es inacep-table totalmente… En mi juventud fui ferviente partidario de la Unión Euro-pea. Es lo que se veía detrás del fran-quismo. Aquella Europa bonita, de-mocrática. Hoy en día es un desastre.

- ¿A qué propuestas o alternativas de cambio apuestas más?- En el ámbito del municipalismo, op-taría por un gran aumento de compe-tencias y de poder para los ayuntamien-tos. Hoy en día, los ayuntamientos son el pariente pobre de las administracio-nes públicas. En España, la capacidad financiera de los municipios supone el catorce por ciento de los presupuestos públicos del país, lo otro son autono-mías y gobierno central. En Suecia, los municipios representan el 55 por ciento de los presupuestos. A partir de ahí está todo dicho. Hay que tener en cuenta que los municipios son lo pri-mero con lo que nos encontramos. Es a quien más pedimos, más exigimos, y quien tiene menos posibilidades. Hay que cambiar las cosas, irreme-diablemente. Y hay que empezar por esta tremenda estupidez de la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” promovida por el gobierno del Partido Popular.

En cuanto a cambios políticos, creo que, empezando por este cambio en el ámbito del municipalismo, hacer aumentar la democracia desde abajo hacia arriba sería básico. Pero no soy politólogo. En temas económicos me atrevo un poco más: hay que cambiar el sistema empresarial, hay que con-trolar a las grandes empresas y el frau-de fiscal, hay que vigilar la corrup-ción, crear sistemas cooperativos de funcionamiento de las empresas, hay que hacer unos presupuestos equili-brados… En fin, entiendo que hay un amplio abanico de posibilidades.

-¿Y qué opinas de la Responsabili-dad Social de las empresas?-¡La respuesta es muy fácil!: puro marketing.q

*Beatriz Plaza es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con

Dignidad. Pablo Diez forma parte de Paz con Dignidad.

entre lo visible y lo invisibleAmérica Latina,

Clara Romaguera y Arpad Pou*

12 n 2015 nCuarto trimestre b PUEBLOS n Información y Debate

FotograFía de arpad pou. eL 9 de octubre de 1967 ernesto che gueVara murió en La higuera (boLiVia).

hoy día miLLones de turistas Visitan este puebLo de poco menos de 100 habitantes

para homenaJear aL reVoLucionario argentino. enero de 2015.

Giordano Bruno, filósofo italiano del renacimiento quemado en la hoguera por la Inquisición, concibió una teoría según la cual todos los opuestos eran idénticos, de modo que lo mayor era equivalente a lo menor, lo más largo a lo más corto, lo finito a lo infinito. Bruno nunca llegó a imaginarse que su hallazgo reformularía la historia para facilitarnos el entendimiento de la diversidad, ésa que atraviesa todas las esferas de este mundo y que se expresa en las culturas y modos de vida, inagotables y sorprendentes. En ese tiempo remoto, donde el poder se enmasacaró en las conquistas hacia lo desconocido,la derrota fue la patria y bandera de una tierra fértil.

Arpad Pou b FOTOGRAFÍA


D esde que la Europa del Renacimiento (ni siquiera Giordano Bruno se enteró de que fue coetáneo del exterminio) hundió sus armas en el cuello de los

pueblos originarios e inundó de terror las almas de Améri-ca, se estableció el servilismo “de las necesidades ajenas” que sigue dominando en el mundo.

“Nuestra derrota (escribió Galeano) estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos se convierten en veneno”.

En la disparidad y complejidad de los polos idénticos de Giordano Bruno la diferencia entre el pasado y futuro es (in)visible. América Latina, cuna de culturas ancestrales y modos de existencia humana infranqueables e inmutables, es una muestra de convivencia entre lo opuesto, entre lo propio y lo extraño, que visibiliza aún más la desigualdad exponencial que tiñe el planeta y que tiene como raíz la imposición superlativa de los intereses económicos.

FotograFía de arpad pou. (página 12) JuLia montaño, campesina de un pequeño puebLo ruraL de La región de santa cruz (boLiVia), Fue testigo de Los úLtimos días deL che gueVara. desde ese día deFendió La reVoLución en américa Latina. enero de 2015.

pobLación ruraL en eL Lago titicaca, una conViVencia entre Lo tradicionaL y Lo moderno. isLa deL soL (boLiVia), Febrero de 2015.

rascacieLos en sâo pauLo (brasiL), 2ª ciudad más pobLada de américa Latina. agosto de 2014.


FOTOGRAFÍA

FotograFías de

En América Latina todo ha sido construido y destruido por el capital extranjero. La minería, las petroleras, los grandes proyectos hidroeléctricos, las madereras o la agroindustria son las principales amenazas que desafían buena parte del continente americano. En 2014, el 18 por ciento del Ama-zonas se había deforestado con la consecuente afectación al cambio climático, los desplazamientos de poblaciones

indígenas y la vulneración de derechos elementales, aun-que las legislaciones internacionales lo prohibiesen.

Sin embargo, en su opuesto idéntico, habitan tam-bién trazos de esperanza o, mejor dicho, como expo-ne el sociólogo francés Jêrôme Baschet: “experiencias de construcción inmediata y presente de las realidades alternativas”.q

FotograFías de arpad pou. Los niños y niñas kuna, en eL archipiéLago de san bLas (panamá), están inmersos en un

capitaLismo que corrompe toda La comunidad con La expLotación turística. Junio de 2015.

cachi (argentina) se ha conVertido, según rough guide , en uno de Los meJores Lugares inesperados para ViVir. se estima que hay entre un tres y un cinco por ciento de indigenas

en todo eL país, es decir, entre 800.000 y 2.000.000 personas. diciembre de 2014.todos Los domingos tiene Lugar en tarabuco (boLiVia) un mercado artesanaL que destaca por sus teJidos tradicionaLes. enero de 2015.


*Texto: Clara Romaguera y Arpad Pou. Proyecto Termitas y Elefantes,www.termitasyelefantes.org.

Arpad Pou b FOTOGRAFÍA

FotograFías de arpad pou. después de sigLos de masacre histórica y opresión poLítica y cuLturaL, Los puebLos originarios ViVen un proceso de recuperación

y FortaLecimiento de su identidad. Febrero de 2015.

mercado centraL en potosí (boLiVia), centro neuráLgico y cuLturaL para eL desarroLLo diario de Las ciudades deL país. enero de 2015.


SÁHARA

Carlos Martín Beristain y Sergio Campo Lladó*

Memoria histórica en el Sáhara OccidentalPasado, presente y futuro en la transformación del conflicto

En contextos de graves violaciones de derechos humanos como es el caso del Sáhara Occidental, en

el que éstas se han producido de un modo sistemático y generalizado durante diferentes épocas en

un conflicto que dura ya cuatro décadas, la memoria histórica es una herramienta que puede tener un

importante potencial transformador. La investigación y el reconocimiento de las violaciones de derechos

humanos suponen un marco social para la experiencia de las víctimas y sobrevivientes.

P or un lado, recuperar sus expe-riencias y dotar éstas de sentido es una forma de afrontar he-

chos de violencia y sus consecuencias tanto de forma individual como colec-tiva. Por otra parte, también es funda-mental para abordar la transformación del conflicto desde la perspectiva de la justicia transicional. La memoria de las víctimas no es algo que mira al pa-sado ni compete únicamente a ellas, si no que se proyecta como garantía co-lectiva para afrontar en paz el futuro del conjunto de las sociedades afecta-das por la violencia.

A la hora de caracterizar las vulne-raciones de derechos humanos que se han producido desde 1975 en el Sáha-ra Occidental resulta imprescindible identificar algunos elementos, como los que se explican a continuación:

n Las diversas tipologías de viola-ciones1 (ejecuciones, desplazamiento

forzado, refugio, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, bombar-deos de población civil, etc.) tuvie-ron como motivación eliminar a un enemigo interno identificado como la población civil saharaui favorable a un proceso de descolonización, aún pendiente en el caso saharaui, y al ejercicio del derecho de autodetermi-nación postergado desde mediados de los años sesenta.

n La reciente documentación de las violaciones de derechos humanos cometidas ha ayudado a sostener y proporcionar datos y análisis de los testimonios de las víctimas, consti-tuyendo pruebas irrefutables en un conflicto en el que se ha mentido y ocultado por tanto tiempo la verdad. Los autos emitidos por la Audiencia Nacional en la causa que sigue por crímenes de lesa humanidad contra algunos altos cargos civiles y milita-

res marroquíes muestran que existen indicios fundados de un delito que puede ser considerado de genocidio contra el pueblo saharaui.

n Hay que recordar que el Sáhara tiene un número de personas desapa-recidas, en proporción a la población, más alto que Chile o Argentina, y que la extensión de la violencia a distintos grupos sociales, como las mujeres o los jóvenes e incluso niños y niñas, ha afectado al menos a tres generaciones. Una gran parte de la población saha-raui se ha visto sometida a la exclu-sión social como consecuencia directa del conflicto.

n A pesar del olvido internacional y de la minimización de la situación de la población saharaui, la población civil, y especialmente las mujeres, han desarrollado numerosas estrate-gias de afrontamiento y resistencia, han logrado mantenerse en medio de


SÁHARA

un largo exilio en el desierto en con-diciones extremas y lideran organiza-ciones de derechos humanos que han mostrado al mundo la realidad del Sá-hara, como en la organización y pos-terior desmantelamiento violento del campamento de Gdeim Izik.

n En ese contexto, el debate sobre el conflicto del Sáhara se ha mante-nido en una relación asimétrica de negociación, primero sobre la reali-zación del referéndum, luego sobre el censo de votantes, posteriormente sobre el tiempo de un régimen de au-tonomía para decidir su futuro y, en la actualidad, por la negativa de Ma-rruecos a discutir cualquier salida que incluya el ejercicio del citado derecho de autodeterminación. Mientras tanto, las organizaciones de derechos huma-nos saharauis todavía están prohibi-das, no se puede hacer un programa de atención a las víctimas ni la po-blación puede expresar públicamente sus reivindicaciones. En ese contexto, no habrá transformación posible del conflicto sin que la cuestión de los derechos humanos se encuentre en la agenda de la discusión.

derecho internacionaLe incumpLimientosDesde el punto de vista del derecho internacional, dos resoluciones hacen referencia a los derechos de las vícti-mas y el papel de las mujeres en los procesos de paz: la resolución apro-bada en el año 2005 por la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional humanitario a interpo-ner recursos y obtener reparaciones2, y la resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2010, sobre la mujer, la paz y la seguridad3.

En la primera de estas dos resolu-ciones se establece como uno de los principios para la reparación del daño causado a las víctimas el de satisfac-ción, esto es, la necesidad de “esclare-cer la verdad de lo ocurrido, reconocer el daño causado, incluyendo la sanción y la justicia, restablecer la dignidad de las víctimas y honrar su memoria”.

Esta acción sirve de base para articular una política de reparación completa, y por lo tanto eficaz, conforme a los otros principios también reconocidos en la citada resolución, como son la “restitución a la situación previa a la violación, la indemnización por los daños, la rehabilitación y la garantía de no repetición”. La investigación y esclarecimiento de la verdad es el pun-to de partida para que pueda darse la Justicia y la Reparación.

Estos procesos deben contar con la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de derechos huma-nos. Además, tal y como recomienda la resolución 1325, durante el mismo debe prestarse especial atención a que la voz, la acción y sufrimiento específicos de las mujeres en el conflicto como actoras y víctimas sean tenidos en cuenta.

Esto es especialmente relevante en el caso del conflicto del Sáhara Oc-cidental dado el especial papel que, como ya hemos comentado, han juga-do las mujeres en el mismo4.

El Derecho Internacional otorga una gran responsabilidad en estos pro-cesos a los Estados y partes en conflic-

FotograFíade Laura toLedo daudén.


SÁHARA

1 Al respecto se pueden consultar las obras que citamos a continuación, ambas disponibles en PDF en la sección de publicaciones del Instituto Hegoa, www.hegoa.ehu.es. Martín Beristain, Carlos; González Hidalgo, Eloísa (2012): El Oasis de la Memoria. Memoria histórica y violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental (Tomos I y II); y Martín Beristain, Carlos (2015): Los otros vuelos de la muerte. Bombardeos de población civil en el Sáhara Occidental.

2 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, 60/147. Disponible en www.ohchr.org.3 Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por unanimidad el 31 de octubre de

2000. Aboga por la adopción de una perspectiva de género que incluya las necesidades especiales de las mujeres y niñas durante la repatriación y reasentamiento, rehabilitación, reintegración y reconstrucción post-conflicto. Dis-ponible en: www.un.org/es.

4 Actualmente estamos trabajando en un informe que abordará específicamente esta cuestión. La investigación está realizándose con mujeres saharauis de los Territorios Ocupados y en ella están participando organizaciones saharauis como la Asociación Saharaui de Víctimas de violaciones de Derechos Humanos (ASVDH) y la Red Vasca de Apoyo a las Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS).

5 Martín Beristain, Carlos; y Etxeberria, Paco (dir) (2013): Meheris. La esperanza posible: Fosas comunes y primeros desaparecidos saharauis identificados. Disponible en PDF en la sección de publicaciones del Instituto Hegoa, www.hegoa.ehu.es.

6 Martín Beristain, Carlos; y Etxeberria, Paco (dir): Saber al fin. Fosas comunes, memoria colectiva y reparación en el Sáhara Occidental.

7 Análisis de Hans Corell sobre la responsabilidad del Consejo de Seguridad de NU en el caso del Sáhara Occiden-tal. Fuente: International Judicial Monitor (www.judicialmonitor.org). Disponible en castellano en www.euskalfon-doa.org/es (22 de febrero de 2015).

*Carlos Martín Beristain es médico y doctor en psicología social. Trabaja desde hace más de

25 años en América Latina y Euskadi con víctimas de la violencia y organizaciones de derechos humanos.

Fue coordinador del informe Guatemala Nunca Más, y ha trabajado como asesor en Comisiones de la Verdad

de Perú, Paraguay y Ecuador. Participa en distintos proyectos de investigación y es docente en varios

másteres sobre Cooperación y Ayuda Humanitaria de la UPV/EHU y de la Universidad de Deusto.

Ha realizado varios peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido

consultor de la Corte Penal Internacional en varios países de África.

Sergio Campo Lladó es técnico del proyecto “Violaciones de derechos humanos en el Sáhara

Occidental” del Instituto Hegoa. Anteriormente ha trabajado en diversas ONGD, como el Centro de Documentación y Estudios para la Paz Bakeaz.

Asimismo está vinculado a diversos movimientos sociales, entre otros, el de derechos humanos en

relación con la violencia específica de Euskal Herria.

“El Sáhara tiene un número de personas desaparecidas,

en proporción a la población, más alto que

Chile o Argentina, y la extensión de la violencia a distintos grupos sociales

ha afectado al menos a tres generaciones

”

to. Así, cabe citar la experiencia de la Instancia de Equidad y Reconciliación (IER) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) imple-mentadas por el Reino de Marruecos.

Se trata de iniciativas impulsadas tras la llegada a la corona alauita de Mohamed VI. Se procuró llevar a cabo una transición, tras el reinado de Hassan II y el periodo de varias décadas cono-cido como los años de plomo. Sin em-bargo, para la IER el Sáhara no existe, se denomina “las provincias del Sur”, y tampoco se dio ningún análisis espe-cífico de las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población saharaui, ni el Sáhara fue un territorio incluido en la reparación colectiva, ni se ha realizado un reconocimiento de muchos casos de personas desapareci-das. Por otra parte la IER no facilitó la participación de las víctimas y tampoco contó con una perspectiva específica de género de la población saharaui.

La información facilitada sobre personas desaparecidas fue en los ca-sos saharauis parcial y distorsionada, cuando no manifiestamente falsa en el caso de las fosas descubiertas. El ocultamiento o la tergiversación de la verdad es una nueva forma de victimi-zación secundaria. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, la negación de la verdad puede ser también una for-ma de maltrato psicológico.

Por ejemplo, en el caso de las ocho primeras personas desaparecidas saharauis que han podido ser identi-ficadas demostramos de forma feha-

ciente, a través de análisis antropoló-gico-forenses y de ADN, la identidad de los restos hallados en dos fosas comunes y, a través de los testimonios de testigos y familiares, pudimos re-construir los hechos y circunstancias de su ejecución y desaparición5.

La versión dada por Marruecos y publicada en internet sin comunica-ción con las familias de las víctimas se demostró que era falsa. No habían muerto ni habían sido hechas desa-parecer en las circunstancias, fechas y lugares que indicaban la IER y la CNDH. Siguiendo esta lógica, hemos procedido a comparar la versión dada por Marruecos en diversos momen-tos con lo que ha podido investigar nuestro equipo en otros 46 casos de personas desaparecidas6. El resulta-do vuelve a cuestionar gravemente la información facilitada por la IER y la CNDH.

En este marco de continuación de las graves violaciones de derechos humanos en un contexto de impuni-dad para quienes las perpetran y de la demostrada inacción en esta materia del Reino de Marruecos, las únicas alternativas en la transformación del conflicto pasan por el apoyo desde la solidaridad con las organizaciones sa-harauis de víctimas y derechos huma-nos, así como por la incidencia políti-ca para la activación de las diferentes instancias internacionales y mecanis-mos del sistema de Naciones Unidas en la búsqueda de una salida política al conflicto basada en el respeto de los derechos humanos.

Por último, queremos señalar que las implicaciones del conflicto del Sáhara Occidental superan a las del territorio en disputa, el Magreb o las antiguas potencias coloniales. Va mu-cho más allá. En la misma línea argu-mental de Hans Corell, ex-secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos y asesor jurídico de la ONU, como se recogía en un reciente artículo7, lo que está en juego es la autoridad de Nacio-nes Unidas, su credibilidad para hacer cumplir sus propias resoluciones o la prevalencia del Estado de Derecho In-ternacional. Y, en definitiva, algo tan trascendental como el cuestionamien-to de la afirmación del valor universal de los Derechos Humanos como una conquista de la Humanidad.q


SÁHARA

Santi Gimeno*

La vida a ambos lados del muro

Cuarenta años después, el conflicto saharaui sigue afectando a la vida de miles de personas a las que se niega el ejercicio del derecho a la libre determinación. Empieza a nacer otra generación (la segunda) que sólo conoce la vida en el exilio o bajo la ocupación marroquí. Como en el resto de países del entorno, la población joven se rebela ante la falta de oportunidades y la imposibilidad de trazar un proyecto vital. En ese contexto, enfrentar de manera pacífica la vulneración de derechos civiles y políticos, pero también económicos sociales y culturales, se convierte en una batalla cotidiana.

Brahim recrimina a su hermano haber perdido la partida. Sus primos vuelven a ganar al domi-

nó, una tarde más, en el campamento de Dajla. Los cuatro han estudiado en Cuba y a pesar de sus títulos uni-versitarios sólo encuentran trabajo fabricando ladrillos de adobe. Por la puerta de la jaima en la que juegan se ve, a lo lejos, el tendido eléctrico que el gobierno argelino está instalando

Sáhara

muJeres cruzando La caLLe en un barrio de mayoría saharaui en eL aaiún ocupado. FotograFía: santi gimeno.


SÁHARA

terraza. Ese es el precio de la supervi-vencia en un territorio en el que se esti-ma que el 80 por ciento de la población es ya colona. Adaptarse a un entorno económico, político y social dominado por la administración marroquí y las élites locales cooptadas, o morir.

En los pocos días que estuvo en Dajla ocupada, dos desconocidos dife-rentes le ofrecieron, entre susurros, el mismo trato: vivir allí, con un trabajo y una casa, empezar una vida nueva. Es verdad que conocía la historia de varios chicos de otras wilayas que ha-bían aceptado pasarse al bando enemi-go, e incluso de algunos que trabajan para mafias que introducían hachís en los campamentos, pero no sabía que el sistema de captación era tan directo. Entre eso y las reprimendas morales del barbudo de su vecino, a Brahim cada vez se le hace más difícil olvidar a la novia que dejó en La Habana.

La (in)acción de naciones unidasLos cuatro primos pudieron vivir aquella experiencia porque fueron se-leccionados para uno de los intercam-

en la wilaya1, pero la fecha definitiva de llegada de la corriente es toda una incógnita. Para entonces puede que ya se hayan mudado al campamen-to de Bojador, en el que, además de haber electricidad, los precios de los productos básicos son más bajos que en Dajla, alejada del resto de asenta-mientos en más de 150 kilómetros.

Recostados, intentando aprove-char la ligera brisa que ventila la tien-da, recuerdan la semana que pasaron en la verdadera Dajla. Lo primero que hizo Brahim al llegar allí fue acercar-se a la costa y tomar un té en el Sa-markand, un restaurante del que había visto fotos en internet. El alma se le retorcía al ver pasar a los camareros con exquisitas sopas de pescado, bo-gavantes y hasta paellas. La riqueza de las aguas de su pueblo servida a ti-pos con cara de pocos amigos, que no paraban de resolver pingües negocios hablando por teléfono en dariya2.

Dicen que el restaurante es propie-dad de un saharaui que, a pesar de ex-poner el retrato del rey tras la barra, fa-cilita encuentros entre activistas en los pequeños reservados acristalados de la

bios de visitas en los que familiares de ambos lados del muro pueden en-contrarse tras años de separación. La iniciativa forma parte del programa de medidas de confianza impulsado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, que también inclu-ye seminarios culturales en los que participa sociedad civil saharaui con presencia de autoridades marroquíes y del Frente Polisario.

Uno de estos encuentros, celebra-do en las Azores en marzo de 2014, contó con la asistencia de Athar Sultan-Khan, jefe de Gabinete del ACNUR. En su cuenta personal de Twitter colgó una foto en la que se le ve sonriente, entre melfas y darras3, verdaderamente satisfecho por la in-auguración del seminario.

Pocos meses después, una cuenta anónima en esa misma red social em-pezó a filtrar cables diplomáticos de las embajadas marroquíes en Ginebra y Nueva York en los que quedaba en en-tredicho la neutralidad del mencionado Sultan-Khan. El escándalo afectaba también a importantes funcionaros del Alto Comisionado de Naciones Unidas

JoVen haciendo eL té en eL campamento de pobLación reFugiada de boJador (argeLia). FotograFía: santi gimeno.


SÁHARA

para los Derechos Humanos que su-puestamente han favorecido de manera deshonesta la posición marroquí en el desarrollo de sus trabajos.

Los medios de comunicación ape-nas informaron del contenido de las filtraciones, y el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Refe-réndum del Sáhara Occidental (MI-NURSO) se renovó en abril de 2015 sin novedades, a pesar de que se ha-bía anunciado un giro importante en el manejo de las negociaciones. Tras la sombra de la primavera árabe, la emergencia del Estado Islámico y el drama de la inmigración, el conflicto saharaui se hunde todavía más en el listado de crisis olvidadas.

La (re)acción de Las personasEn la actualidad, el programa de vi-sitas en el que participaron Brahim y sus primos se ha interrumpido “debi-do a desacuerdos entre las dos partes sobre la lista de candidatos”, según el último informe del secretario general.

Por esta razón, la familia de Fatma, una joven refugiada, ha decidido via-jar por su cuenta a territorios ocupados a través de Mauritania. La abuela de la familia, muy mayor y enferma, vive en la ciudad de El Aaiún, y su nieta sólo la conoce a través de fotos que su tía le envía por Whatsapp. Ambas pasan las largas jornadas de Ramadán jugando a acertijos tradicionales saharauis.

Entre acertijo y acertijo, Fatma le cuenta lo dura que a veces es la vida en los campamentos, cómo colabora con el reparto de ayuda alimentaria y los problemas que hubo el mes pasa-do en el suministro de agua. Ella es de Bojador, y aunque allí muchas jai-mas disponen de aire acondicionado y algunas incluso de internet privado (expuestos a continuos cortes de elec-tricidad), apenas se cumplen los míni-mos estándares internacionales sobre derecho al agua o a la alimentación.

Estos sitúan en 2.100 las kiloca-lorías requeridas para cubrir las ne-cesidades energéticas de una persona

al día. Según las cifras de repartos de alimentos de la Media Luna Roja Sa-haraui, se supera esa cantidad a duras penas, y desde luego no en la variedad de nutrientes recomendada. En el aire queda el llamamiento que el Programa Mundial de Alimentos hizo en febre-ro de 2015, en el que alertaba sobre la falta de financiación para cubrir las necesidades de la población refugiada saharaui durante la segunda mitad del año. El frágil sistema de extracción de aguas subterráneas, depuración, distri-bución y almacenamiento en depósi-tos familiares no llega a cubrir los 20 litros por persona y día que establecen las normas mínimas para la respuesta humanitaria. A veces también se con-sume en condiciones de insalubridad, y en verano son habituales las diarreas entre la población refugiada.

Un primo lejano de Fatma, que la escucha mientras hace el té en la otra punta de la habitación, interviene en la conversación. Precisamente el co-lectivo mediático al que pertenece acaba de publicar una información so-bre cómo las autoridades marroquíes están favoreciendo la gestión privada de ese recurso a través de corruptelas, y cómo la escasez y la mala calidad afecta especialmente a los barrios de mayoría saharaui.

Fatma le dice a su primo que no sabía que era un militante tan activo, y da gracias a Dios por su implicación en la lucha pacífica de su pueblo. Le cuenta que los chicos en los cam-pamentos hablan de volver a tomar las armas, que están frustrados por la falta de oportunidades y que sólo piensan en emigrar a Europa. Otros, los más jóvenes, en conseguir dinero “como sea” para comprarse un Merce-des, por lo que aumenta el abandono escolar y la delincuencia. Pero tam-bién hay gente joven que, preocupada por la situación de su generación, ha empezado a trabajar para explorar las posibilidades de la no violencia y la defensa de los derechos humanos.

Fatma se lo está pensando, pero probablemente a su regreso a los campamentos se una a ese colectivo. Las dudas tienen que ver con su edad, 23 años, y con las prisas que le han entrado a muchas de sus amigas por casarse y tener una familia. Algunas de ellas tienen la cabeza echa un lío,

y por influencia de los cánones de be-lleza tradicionales saharauis o de los nuevos modelos de mujer árabe que exportan los canales de televisión del Golfo Pérsico, toman medicamentos y productos para engordar y aclarar su piel. Acaban teniendo verdaderas en-fermedades y problemas psicológicos que las pocas profesionales de salud mental que hay en los campamentos intentan prevenir a través de campa-ñas de sensibilización. La falta de re-cursos y los recortes en cooperación también están mermando la existencia de proyectos de promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres saharauis, verdaderas protagonistas del tejido social.

La vida a ambos lados del muro está llena de historias como las de Brahim y Fatma. Personas que ven como sus abuelas y madres mueren en el exilio o bajo la ocupación marroquí, y que desde luego no están dispuestas a repetir el mismo destino. Estamos asistiendo a una etapa de cambios, en la que la población joven mundial, altamente globalizada, cada vez tiene más capacidad para empujar la historia hacia nuevos horizontes. En el caso sa-haraui, el tiempo dirá si la defensa de sus derechos recibe el acompañamien-to que se merece y sigue discurriendo por vías pacíficas, o si el radicalismo se apodera de sus posiciones.q

*Santi Gimeno es periodista y miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza

(www.seipaz.org).

1 Campamento.2 Dialecto marroquí del árabe.3 Vestimentas tradicionales saharauis.

”

“ Tras la sombra de la primavera árabe,

la emergencia del Estado Islámico y el drama de

la inmigración, el conflicto saharaui se hunde

todavía más en el listado de crisis olvidadas


Zahra Ramdán*

El 31 de octubre de 1975, el ejército marroquí invadió y ocupó por la fuerza de las armas el Sáhara Occidental, obligando a su pueblo a enfrentarse a una gran injusticia que hoy, cuarenta años después, continúa tratando de silenciar a pesar de la flagrante violación de la legalidad internacional. Las mujeres saharauis, incorporadas desde el inicio a la lucha por la libertad y la justicia para su pueblo, siguen activas y convencidas de que son parte indivisible de ese gran movimiento a nivel mundial que lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y por la construcción de un mundo más justo y más democrático.

SÁHARA

Mujeres saharauis:

la lucha que continúa

Los bombardeos a principios de 1976 de la aviación marroquí con fósforo blanco y napalm de

los civiles saharauis que huían de sus ciudades y aldeas provocaron el éxodo de la población y que ésta se refugiase en el desierto, en los campamentos.

La ocupación provoca cierta simi-litud con la primera etapa del pueblo saharaui, nómada, en lo que respecta

a la ausencia de los varones. En este caso, ellos se encuentran en el con-flicto bélico, y su ausencia facilita de nuevo la ocupación de los espacios por las mujeres. La vida en los cam-pamentos está subordinada a la orga-nización y supervisión de las mujeres, que se han hecho cargo en un por-centaje muy elevado del poder local y familiar y son parte importante de

profesiones anteriormente reservadas a los hombres.

Muchos observadores y analistas internacionales coinciden en que la participación directa de las mujeres saharauis por lograr sus legítimos de-rechos a la libertad y a la independen-cia es uno de los grandes símbolos de la resistencia de este pueblo.

La onu y marruecosTras dieciséis años de guerra, la Organización de Naciones Unidas (ONU) convenció en 1991 al enton-ces rey de Marruecos, Hassan II, de que aceptara que el pueblo saharaui ejerciese su derecho legítimo a la au-todeterminación mediante un referén-dum supervisado por la propia ONU y la Unión Africana. Así, se creó la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

La política intransigente del go-bierno de Marruecos es el principal obstáculo para la implementación del

FotograFía de Laura toLedo daudén.


SÁHARA

*Zahra Ramdán es la fundadora y presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis en España.

proceso de descolonización del último vestigio colonial en África. Marrue-cos obstaculiza de manera continuada los esfuerzos que lleva a cabo el en-viado personal del secretario general de la ONU, el diplomático estadouni-dense Christopher Ross.

nueVo cicLo para Las muJeresEn esta etapa histórica del Sáhara Occidental se abre un ciclo diferente para las mujeres saharauis. Terminado el proceso bélico, se produce el retor-no de los hombres a los campamentos de refugiados, lo que provoca que mu-jeres y hombres tengan que compartir de nuevo los mismos espacios.

Las mujeres saharauis demuestran ser firmes defensoras de la autodeter-minación de su pueblo y de la crea-ción de un Estado que no merme sus conquistas sociales.

La experiencia de las organiza-ciones de mujeres en situaciones de conflictos en otros países confirma que los procesos de desmovilización tienden a producir un retroceso en las posiciones logradas por las mujeres. Las personas que han acudido a los campamentos en los años de la gue-rra (1975-1991), en calidad de obser-vadoras internacionales o visitantes, y que han regresado posteriormente, coinciden en que las mujeres saha-rauis no han sido ni son una excep-ción en este sentido.

Pese a esto, las mujeres saharauis gozan de un status jurídico y político muy avanzado con respecto a otros países con condiciones económicas y

sociales similares, así como con res-pecto a otros países de religión islámi-ca, puesto que participan activamente en las esferas administrativa y polí-tica. En este sentido, son un ejemplo vivo de que la cultura donde se desa-rrolla una religión es tan importante como la religión misma. El Islam se entiende como se concibió esencial-mente en su origen, sin discriminacio-nes entre sexos, no contaminada por otras interpretaciones culturales.

muJeres organizadasA principios de 2004 se fundó la Aso-ciación de Mujeres Saharauis en Es-paña (AMSE), formada por mujeres procedentes de las ciudades ocupadas, de las zonas liberadas y de los cam-pamentos de refugiados y refugiadas. Durante todo este tiempo, AMSE ha llevado a cabo un importante trabajo de sensibilización acerca de la situa-ción del pueblo saharaui, destacando especialmente el protagonismo de las mujeres como ejemplo de emancipa-ción y empoderamiento dentro del mundo árabe y musulmán.

Se han organizado multitud de charlas, conferencias, coloquios, ex-posiciones fotográficas y actividades de carácter cultural, y se ha publicado abundante material de difusión y sen-sibilización. Se ha procurado trabajar de manera coordinada con las redes de solidaridad de cada lugar, así como con grupos internacionales.

Uno de los principales objetivos de AMSE ha sido y sigue siendo hacer frente al bloqueo informativo impues-

to sobre la lucha del pueblo saharaui, visibilizando siempre a las mujeres como elementos fundamentales en la transformación de la sociedad. Traba-jamos para desenmascarar las manio-bras y artimañas del régimen ocupante marroquí, que no ha escatimado es-fuerzo alguno para confundir a la opi-nión pública internacional acerca de su presencia colonial en nuestro país.

Futuro inciertoLa pasividad de la comunidad inter-nacional, la ambigüedad, la complici-dad de ciertos gobiernos occidentales y su insensibilidad ante la continua vulneración de los derechos huma-nos animan al gobierno de Marrue-cos a proseguir en su intransigencia, no aplicando las resoluciones de las Naciones Unidas y poniendo condi-ciones previas e inaceptables a las di-ferentes rondas de negociaciones.

Después de más de dos décadas del histórico alto el fuego y ante la impo-sibilidad de la aplicación del Plan de Paz debido a los grandes impedimen-tos ejercidos por Marruecos, la pa-ciencia del pueblo saharaui se agota. Lo que está en peligro es la resolución pacífica del conflicto. Nadie quiere que esto suceda, pero tampoco nadie po-drá hacerle responsable de lo que sería una tragedia anunciada, tras más de veinticuatro años de espera pacífica y confianza en las negociaciones auspi-ciadas por Naciones Unidas.q

”

“ La pasividad de la comunidad internacional

y su insensibilidad ante la continua vulneración de los derechos humanos animan aMarruecos a proseguir en

su intransigencia

eL Vii congreso de La unms se ceLebró entre eL 3 y eL 5 de abriL de 2015 en La wiLaya de smara, campamento de personas reFugiadas saharauis de tindouF (argeLia), con La participación de deLegaciones extranJeras que LLegaron de Los cinco continentes. FotograFía: isabeL uria serrano de La asociación de amigxs de La rasd de bizkaia.


SÁHARA

Eneko Calle*

A principios del siglo pasado, Mohammad, el abuelo de Lalia, recorría el Desierto del Sáhara con su caravana de dromedarios para conseguir vender la sal y el oro que transportaban desde el Golfo de Guinea a las costas del Norte de África. Hoy, en el siglo XXI, Lalia espera las caravanas de alimentos que miles de personas solidarias del Estado español envían cada año a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), ciudad a la que llegaba el abuelo de Lalia para vender sus mercancías. Terrible condena para un pueblo cuyo único delito es haber querido ser sólo saharauis, en su tierra (la que sobrevive en los mapas de su memoria, en la geografía de sus sueños), el Sáhara Occidental, ilegalmente ocupado por el Reino de Marruecos tras el vergonzoso abandono de España, que dejó a su colonia al albur de las rapiñas.

Lalia es el título de un cortometra-je dirigido por Silvia Munt que cuenta como es su país, el Sáha-

ra. Nos va introduciendo en su mun-

do, un mundo de sueños perdidos, de recuerdos no vividos, para acabar des-pertando en su realidad. Una realidad terrible de la que quiere escapar: su exilio en un campo de refugiados en Argelia. Este corto lo hemos utilizado en numerosas charlas, conferencias y actividades de sensibilización, porque también nos introduce en otro mundo,

el mundo de la solidaridad con la cau-sa saharaui.

Wilayas y sueñosSon El Aaiún, Dajla, Ausserd, Smara y Bojador, los que no salen en los ma-pas, las cinco wilayas (campamentos) en las que sobrevive desde hace más de 40 años la mayor parte del pueblo

¿Alimentando una esperanza?

FotograFía de Laura toLedo daudén.

Solidaridad con el pueblo saharaui


SÁHARA

saharaui y que tienen el nombre de las ciudades más importantes del Sáhara Occidental. Estas wilayas están en la parte del desierto conocida como ha-mada: un lugar inhóspito donde vivir es casi imposible. Las condiciones son tan extremas en la hamada que to-das las personas que visitan los cam-pamentos vuelven sobrecogidas. La fuerte voluntad de un pueblo unido y la ayuda internacional han permitido a las y los saharauis sobrevivir estas décadas.

Durante todos estos años y de forma voluntaria y espontánea la so-ciedad civil se ha venido articulando en diferentes asociaciones de ayuda o amistad con el pueblo saharaui; gente desinteresada movida por la grave in-justicia que sufren los y las saharauis en el exilio pero que, una vez visita-dos los campamentos, son conscientes de la capacidad del pueblo saharaui para sobrevivir con dignidad. Desde los inicios de la lucha por la liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, el Frente Polisario ha apostado por la educación porque cree en un futuro para sus hijos e hijas; ha cultivado la esperanza y espera cultivar sus frutos.

Lalia, de 10 años, espera poder pa-sar su verano con una familia española en el marco del programa Vacaciones en Paz que desde 1991 se viene desa-rrollando principalmente en el Estado español. Un programa que pretende

acoger durante los meses de verano a los niños y niñas saharauis con el objetivo de realizar chequeos médi-cos, tener una buena alimentación y escapar de los más de 50 grados del verano de la hamada argelina.

Aunque la situación económica de miles de familias españolas se ha vis-to dañada por la crisis financiera, aún son las personas que menos tienen, las más humildes y solidarias, las que abren sus casas para acoger a estos niños y niñas que, lejos de ser huér-fanos o estar faltos de cariño, vienen de un lugar que no es su tierra, la tie-rra que no les ha visto nacer ni crecer. Una tierra rica en recursos naturales y bañada por el Atlántico, un mar que Lalia nunca ha conocido ni podrá co-nocer, al igual que a su familia, como Mahfud, su primo segundo. Y es que los campamentos de refugiados y el Sáhara Occidental están divididos por un muro de más de 2.000 kilómetros construido por el Reino de Marruecos y sembrado con más de dos millones de minas antipersona.

soLidaridad, Luchay represiónTodos y todas somos ya un poco saha-rauis desde que nos abrieron su casa, nos dieron de comer y beber (té), y nos sentamos como hijos-hermanos en el suelo a compartir su amargo presente (amargo primer té). Y es este amargo presente el que no hemos podido cam-biar ni con caravanas de alimentos ni con el programa Vacaciones en Paz. No dudo que estas iniciativas sean el mayor exponente de la solidaridad con el Pueblo Saharaui, pero esta so-lidaridad debe ser internacionalista, pues es desde la articulación entre pueblos oprimidos y la acción política desde donde podemos transformar la situación de dominación del pueblo saharaui.

Desde 2005, en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, Mahfud viene participando en las manifestaciones y protestas junto a centenares de saharauis, en lo que han llamado la Intifada, un levantamiento popular contra la ocupación y domi-nación al que es sometida la población nativa del Sáhara Occidental y que se

fundamenta en la resistencia civil no violenta. Desde entonces, miles de saharauis han sido detenidas, desapa-recidas, torturadas, asesinadas y pri-vadas de libertad de movimiento por Marruecos, al que todas las potencias occidentales definen como democráti-co y garante de los derechos humanos.

Todas y todos conocemos a Ami-netu Haidar, activista saharaui y pre-mio de derechos humanos por la Fun-dación Robert F. Kennedy, que realizó una huelga de hambre de 32 días en el Aeropuerto de Lanzarote tras ser expulsada ilegalmente de El Aiún. Conocemos también a Takbar Haddi, saharaui de nacionalidad española que fue asesinado por las fuerzas de ocupación marroquíes, y también a su mamá Haidala, que hace poco realizó una huelga de hambre para recuperar el cuerpo de su hijo. O nos es familiar el campamento Gdeim Izik, donde en octubre del 2010 se agruparon 20.000 saharauis para pedir mejoras en su nivel de vida y viviendas dignas, por lo que 24 jóvenes han sido juzgados por un tribunal militar y condenados, algunos de ellos, a cadena perpetua, como Hassana Alia.

Los ejemplos citados son viola-ciones de derechos humanos que se perpetúan ante la pasividad y conni-vencia de la comunidad internacional, así como ante la atenta mirada de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), creada hace más de 23 años, prorrogada cada 6 meses y la única misión de la ONU que no tiene entre sus mandatos la vigilancia de los derechos humanos en el territorio.

La MINURSO tiene, entre sus cometidos, supervisar el alto el fue-go firmado por Marruecos y el Fren-te Polisario, tomar medidas con las partes para asegurar la liberación de todos los prisioneros políticos o de-tenidos, y hacer efectivo el programa de repatriación (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-dos). Exceptuando las tímidas visitas programadas por la ONU entre fami-lias saharauis de los campamentos de refugiados en Tindouf con sus fami-liares de los territorios ocupados, el resto es papel mojado.

“Esta solidaridad debe ser internacionalista, pues es desde la articulación entre pueblos oprimidos y la acción política desde donde podemos transformar la situación de dominación del pueblo saharaui

”


SÁHARA

Marruecos ha violado sistemática-mente el alto al fuego utilizando vio-lencia contra la población ocupada y armando a los colonos marroquíes del Sáhara Occidental. Ha aumentado sus tropas en el territorio y su maquinaria bélica gracias, entre otros, al Estado español, que desde 1995 hasta 2012 exportó material a Marruecos por va-lor de más de 250 millones de euros. Marruecos ha seguido deteniendo ar-bitrariamente a la población saharaui, principalmente estudiantado universi-tario, activistas de derechos humanos, intelectuales, etc., por el mero hecho de ser saharauis y no aceptar la ocu-pación marroquí.

proFundizar La soLidaridadContinúan siendo los casos coyuntu-rales, lamentablemente, los que nos siguen moviendo a actuar de manera puntual, sin una estrategia clara de in-cidencia y acción política contra quie-nes siguen perpetuando la injusticia del pueblo saharaui, como el gobierno del Estado español.

No es fácil conseguir que algo que ocurre en los territorios ocupados lle-gue a nuestras pantallas o rotatorios de periódicos. El bloqueo informativo hace inviable informar de lo que pasa, siendo expulsadas sistemáticamente delegaciones, observadores y perio-distas que visitan el territorio. Pero hoy en día, las tecnologías de la in-formación y comunicación facilitan la búsqueda y difusión de lo silenciado. Estudios como los de Western Sáhara

Resource Watch (Observatorio de Re-cursos Naturales del Sáhara Occiden-tal) revelan el expolio y saqueo de los fosfatos, bancos pesqueros y gas del territorio ocupado, violando el Dere-cho Internacional, pues la potencia ocupante no puede enriquecerse con los recursos naturales de la población ocupada. Las asociaciones de dere-chos humanos saharauis como la Aso-ciación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos (AS-VDH) o la Asociación para los Fami-liares de Presos y Desaparecidos Sa-harauis (AFAPREDESA), entre otras, también emiten comunicados y accio-nes urgentes ante agresiones, amena-zas, detenciones y desapariciones de personas saharauis en el territorio ocu-pado. Y las delegaciones internacio-nales que se vienen organizando a los territorios ocupados, algunas de ellas en forma de brigadas internacionalis-tas, también son una fuente importan-te para conocer lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental.

Quienes verdaderamente se están jugando el pellejo y tratan de contar-nos lo que está pasando son un gru-po de jóvenes comprometidos con romper el bloqueo informativo en los territorios ocupados por Marruecos, arriesgando cada día sus vidas para que el mundo conozca la grave viola-ción a los derechos humanos cometi-da por el régimen de Mohamed VI. Se llaman Equipe Media (Equipo Mediá-tico) y publican audiovisuales, imá-genes y denuncias de lo que acontece

* Eneko Calle forma parte de Paz con Dignidad y del consejo de redacción de

Pueblos-Revistade Información y Debate.

en las manifestaciones y protestas que está realizando la población saharaui en los territorios ocupados.

El movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui ha conseguido una legitimidad que se fundamenta sobre todo en la acción humanitaria (cara-vana) y el asistencialismo (proyectos asistenciales en vez de desarrollo y el programa Vacaciones en Paz). La ciu-dadanía todavía se mueve, sobre todo, ante las catástrofes y el conocimiento de situaciones dramáticas. La imagen miserabilista y el protagonismo del “blanco” mueven más fácilmente las conciencias que una explicación com-pleja y completa de la realidad. Por tanto, hemos de continuar esforzán-donos para crear una nueva legitimi-dad basada en la reciprocidad de una solidaridad internacionalista. Hemos de conseguir que, además de apoyar al pueblo saharaui en la lucha por su autodeterminación, se produzcan transformaciones en nuestra sociedad para conseguir sumar a más gente y organizaciones, y pasar de la solidari-dad a una activa militancia en el tejido asociativo.

La esperanza no se alimenta, se cultiva. Lo que debemos alimentar es la resistencia del pueblo saharaui por la liberación de su territorio. Ellas y ellos mismos son una esperanza para quie-nes aún creemos en el ser humano.q

“ El movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui

ha conseguido una legitimidad que

se fundamenta sobre todo en la acción humanitaria

y el asistencialismo

”FotograFía de Laura toLedo daudén.


Cárceles en América Latina b DOSSIER

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Revista de Información y Debatewww.revistapueblos.org

Dossier n Número 67Cuarto trimestre n 2015

CÁRCELES EN AMÉRICA LATINA> Encarcelamiento masivo. Cuando la excepción es regla

> Compromiso polít ico y enfoque sistémico preventivo como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina

> Encarcelamiento femenino: el mal ejemplo brasileño > Cárceles colombianas: un instrumento diseñado

para la dominación y el control social


DOSSIER b Cárceles en América Latina

Encarcelamiento masivo. Cuando la excepción es regla

Laura Daudén y Vivian Calderoni*

Por primera vez en quince años, Brasil recibió en agosto al relator especial de las Naciones Unidas

sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En un viaje de

doce días, el abogado argentino Juan Méndez, él mismo víctima de la tortura en su país durante

la dictadura militar, pasó por cárceles, centros de detención provisional e instituciones

para adolescentes en conflicto con la ley en cuatro estados, además del Distrito Federal.

Sus conclusiones y recomendaciones, al final de la visita, eran de la más variada naturaleza,

pero una llamó especial atención, sobre todo por parecer no formar parte, en un primer momento,

del mandato principal de la relatoría de tortura: la superpoblación de esos espacios

de privación de libertad. FotograFía de gláucio dettmar (agência cnJ).

FotograFía de luiz SilVeira (agência cnJ).


doSSier

S egún Méndez, el número cre-ciente de personas detrás de las rejas amplía el alcance y la gra-

vedad de todas las demás violaciones verificadas por su delegación. Es de-cir, sólo el hecho de utilizar la prisión como primera y no como última me-dida ya representaría, por sí mismo, una violación de derechos humanos.

“Muchas de las instalaciones visi-tadas están seriamente superpo-bladas, en algunos casos, casi tres veces por encima de su capacidad”, dijo el relator. “Eso lleva a condicio-nes caóticas dentro de las instala-ciones, con gran impacto para las condiciones de vida de las personas detenidas y su acceso a la asistencia jurídica, cuidados de salud, apoyo psicosocial, oportunidades laborales y de estudio, así como al sol, al aire fresco y a la recreación.”

Lo que se puede concluir de esa po-sición, que no es sólo de la ONU sino de gran parte de la sociedad ci-vil brasileña y latinoamericana que trabaja con el tema, es que mientras la región no revise urgentemente sus políticas de encarcelamiento masivo, será en vano cualquier esfuerzo por mejorar las condiciones de detención y acabar, definitivamente, con la tra-gedia humana que se vive a diario en esas “mazmorras medievales”, como las calificó el actual ministro de Justi-cia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

La evaluación de Méndez, combi-nada con años de denuncias por parte de las organizaciones no gubernamen-tales, hace sonar la alarma sobre el fu-turo de la justicia criminal en la región. No es una situación novedosa, pues el escenario de violaciones y abusos es conocido desde hace mucho.

guerra contra laS drogaS, Pobreza y PriVatizaciónLa diferencia, y aquí reside la impor-tancia de los artículos reunidos en este dossier de Pueblos, es la combinación de esa estructura y ese sistema, viola-dores en su origen, con una amplia-ción de la llamada “guerra contra las drogas”, uno de los más eficientes instrumentos de criminalización de la pobreza en Latinoamérica, especial-mente en contra de las mujeres y la juventud negra, y la configuración de un nuevo y potencial mercado de cár-

celes y población reclusa, basado en la privatización total o parcial de los sistemas penitenciarios nacionales.

Esos dos elementos relativamente nuevos apuntan en esa dirección: al cre-cimiento geométrico de las poblacio-nes carcelarias nacionales, frente a una tendencia mundial hacia la reducción, o bien la estabilización de las tasas de encarcelamiento (número de presos y presas por cada cien mil personas).

Aunque sean incapaces de tradu-cir el gravísimo impacto social, eco-nómico y, sobre todo humano, de ese nuevo escenario, los números ayudan a su comprensión: según datos del In-ternational Centre for Prison Studies del King’s College, en Reino Unido, desde el año 2000 la tasa de encarce-lamiento de países como El Salvador, Paraguay y Venezuela creció, respec-tivamente, 240, 163 y 206 por ciento. La tasa de Cuba, de 510 presos por cada cien mil habitantes, es la sex-ta más grande del mundo. En países como Perú y Brasil, el número abso-luto de presos y presas creció más del 160 por ciento en el mismo período. En Colombia, el aumento fue del 134 por ciento. En El Salvador y Venezue-la, por encima del 285 por ciento.

En estos depósitos de gente, el lis-tado de ausencias es largo. Partiendo de un análisis general, falta asistencia médica, psicológica y jurídica. Tampo-co hay comida adecuada. En algunos centros de detención brasileños hay hambre y hay sed. No se cuenta con suministro de agua potable. Ratas y cu-carachas pasean por celdas y pasillos. El calor y la humedad, dependiendo de la localización, son insoportables. Tampoco se respetan los derechos de las y los agentes de seguridad, que en muchas ocasiones trabajan en condi-ciones extremadamente precarias para empresas a su vez subcontratadas.

cerrar la Puerta de entradaAdemás de incrementar la violencia y la militarización de extensas regiones en Latinoamérica, la llamada “guerra contra las drogas” criminalizó a las y los consumidores de estas sustancias, sobre todo si estas personas ya forma-ban parte de grupos históricamente marginalizados. Las políticas repre-sivas aplicadas supuestamente para frenar el consumo de drogas conside-radas ilícitas, como muestran numero-

sos estudios teóricos y empíricos, son hoy una de las principales vías de ac-ceso al sistema carcelario, sobre todo para las mujeres, como sostiene el ar-tículo de Vivian Calderoni y Raquel Lima incluido en este dossier.

Un informe publicado en agosto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina1 muestra una panorámica del prohibicionismo en la región. Menciona, por ejemplo, la vi-gencia en Argentina de una ley que pe-naliza la tenencia de drogas, aunque esa norma haya sido considerada inconsti-tucional por la Corte Suprema del país.

El mismo debate transcurre en Bra-sil. El Supremo Tribunal Federal empe-zó a juzgar en agosto la inconstitucio-nalidad de un artículo de la actual ley de drogas que criminaliza la tenencia para consumo personal. En los casi diez años de vigencia de la norma, creada en el año 2006, el número de personas de-tenidas por tráfico pasó de 32,8 mil en 2005 a 146,2 mil en 2013, lo que impli-ca un aumento del 345 por ciento.

En Chile, aunque ya esté permitido el consumo personal exclusivo y para fines médicos, más de 50 mil personas fueron detenidas en 2014 por infrac-ciones relacionadas con las drogas, sobre todo (el 46,6 por ciento) por te-nencia, según el informe de CELS. En Perú y México, que ya no criminalizan la posesión de pequeñas cantidades, el número de personas detenidas sólo por consumir drogas ha crecido, en gran parte por la discrecionalidad policial en el momento de la detención.

“ Gobiernos en América Latina siguen utilizando el derecho penal como

instrumento para criminalizar la pobreza;

políticas de drogas y privatización de las cárceles

amplían el escenario de violaciones

”



de drogas, el mercado avanza a pasos rápidos sobre esa novedosa y poten-cial fuente de lucro que es el sistema carcelario. Como no podría ser de otra manera, trata de ampliarla. Hoy, en toda la región, aunque en diferentes grados y formatos, se asiste a la priva-tización total o parcial de los sistemas carcelarios nacionales.

de convocar, para abril del 2016, una se-sión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre estas cuestiones.

laS garraS del mercadoEl tiempo para el debate urge. Mien-tras no se registren cambios estructu-rales e internacionales en la política

Las penas para los crímenes rela-cionados con las drogas, señala el estu-dio, también aumentaron. Algunas lle-garon a multiplicarse por veinte en los últimos sesenta años. “En Colombia, por ejemplo, en 1950 el tráfico era cas-tigado con una pena de entre seis meses y cinco años de prisión”, y en la actua-lidad se prevé un castigo de entre diez y treinta años de cárcel, sin la concu-rrencia de causas agravantes. “Pese a la falta de acceso a información confiable y a la deficiencia de los datos peniten-ciarios oficiales, se puede señalar que el período de fuerte aumento de la pobla-ción penitenciaria es coincidente con el incremento de las personas privadas de su libertad por delitos de drogas”.

Pese a las tinieblas en las que si-gue sumergido el debate sobre drogas en Latinoamérica, se han creado en los últimos años algunos espacios de cons-trucción de alternativas que ofrecen esperanzas para que esa larga puerta de entrada al sistema carcelario sea defi-nitivamente cerrada, impidiendo por lo menos el agravamiento de sus terribles condiciones. En marzo de 2014, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, impulsada por la firma en el 2013 de la Declaración de Antigua2, realizó su primera audien-cia temática sobre la represión contra las drogas, respondiendo a un pedido de 17 organizaciones sociales de once paí-ses de la región. La iniciativa de la OEA va de la mano de la intención de la ONU

“El tiempo para el debate urge. Mientras no se registren cambios estructurales e internacionales en la política de drogas, el mercado avanza a pasos rápidos sobre esa novedosa y potencial fuente de lucro que es el sistema carcelario

” cárcel de urSo branco, braSil. FotograFía de gláucio dettmar (agência cnJ).

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DOSSIER

*Laura Daudén es periodista, Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos (UAM).

Trabaja en la ONG brasileña Conectas Direitos Humanos (www.conectas.org ) y forma parte del consejo de

redacción de Pueblos – Revista de Información y Debate.

*Vivian Calderoni es abogada del programa de Justicia de la ONG brasileña Conectas Derechos Humanos.

Es graduada en Derecho por la Universidad de São Paulo y tiene maestría en Derecho Penal

y Criminología por la misma universidad.

Genéricamente, esta privatización consiste en el traspaso de algunos ser-vicios esenciales al funcionamiento de las unidades a una empresa. Esos contratos pueden abarcar desde la limpieza y el suministro de comida a la construcción y administración de la estructura, pasando por la seguridad y por la atención médica.

En Brasil hay casos, incluso, de privatización del servicio de asistencia jurídica. Esto significa que la abogada o abogado que atiende a la persona presa es contratada por la misma em-presa que administra la unidad, lo que implica un claro conflicto de intereses. En el país, según recoge la Pastoral Carcelaria de 20143, más de 20 mil per-sonas presas en siete estados de Brasil cumplen pena en cárceles privatizadas. Si las autoridades no hacen nada al res-pecto, ese número tenderá a crecer ex-ponencialmente en los próximos años.

Prueba de ello es el informe final4 de una Comisión Parlamentaria de Investi-

gación creada en el Congreso brasileño para evaluar la situación del sistema car-celario nacional. Una de sus principales recomendaciones es la ampliación de las concesiones a la iniciativa privada.

Como afirmó recientemente Mar-cos Fuchs5, director adjunto de Conec-tas Derechos Humanos, esto demues-tra que los presos y presas son vistos como commodities, y el sistema, a su vez, como un mercado en expansión a ser explorado y explotado. “La expe-riencia de EEUU prueba que los inte-reses económicos son absolutamente irreconciliables con los objetivos del sistema carcelario, que deberían ser la recuperación y resocialización. Al final, no tendría sentido apostar en un mercado sin, al tiempo, trabajar por su ampliación. Algo que, en este caso, significa privar a cada vez más perso-nas de libertad”, explicó.

La defensa de ese modelo privatiza-do es bastante fácil porque se apoya en las reales (e insoportables) condiciones

de las prisiones públicas. Pero está claro que la habilitación de nuevas plazas no es la solución. Antes, es necesario cues-tionar el origen de ese aumento, como ya hemos señalado, el asimétrico acceso a la justicia o la necesidad de mantener a toda esa población privada de libertad.

Recordemos casos como el de Bo-livia, donde más del 80 por ciento de la población carcelaria no fue efecti-vamente condenada pero la tasa de ocupación del sistema es de 298,7 por ciento. Es decir, que 14,5 mil personas detenidas comparten en ese país un espacio proyectado para albergar a 4,8 mil. Si parte de ellas estuviesen aguar-dando a sus juicios en libertad, como debería ser la regla, los problemas no desaparecerían completamente, pero serían significativamente menores.

Como se ve, el escenario es com-plejo. Por eso, y porque sólo es posi-ble pensar (y enfrentar) una de las más poderosas fuentes de violación de de-rechos a partir de un debate profundo, cualificado y diverso, se ha intentado reunir en este dossier visiones, naciona-lidades y perspectivas distintas, amplias y específicas, empíricas y teóricas.q

1 Pol, Luciana; y Tordini, Ximena (2015): El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos: la experiencia del continente americano. CELS, Argentina, 2015. Disponible en: www.cels.org.ar/Drogas.pdf.

2 Declaración de Antigua Guatemala “Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Améri-cas”, 7 de junio de 2013. Esta declaración estableció un compromiso de los Estados miembro de la organización con políticas de drogas basadas en la salud y en los derechos humanos. Disponible en www.oas.org/es.

3 Consultar el informe Prisões privatizadas no Brasil em debate, Pastoral Carcelaria, Brasil, 2014. Disponible en: www.carceraria.org.br.

4 Disponible en: www.camara.gov.br5 Artículo “Segundas intenções. CPI erra ao apontar privatização como saída para problemas no sistema prisional”,

publicado el 6 de agosto de 2015 en la web de Conectas Direitos Humanos. Disponible en portugués e inglés en www.conectas.org.

“ Está claro que la habilitación de nuevas plazas no es la solución.

Antes, es necesario cuestionar el asimétrico

acceso a la justicia o la necesidad de mantener

a toda esa población privada de libertad

”Penitenciaría de rondônia, 2011. FotograFía de luiz SilVeira (agência cnJ).


Sylvia Dias*

En Honduras, en el año 2012, más de 360 personas murieron víctimas de un incendio en el penal de Comayagua1. En Panamá transcurre ahora el juicio de doce funcionarios imputados por la muerte de cinco adolescentes en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen en 2011, muertes al parecer causadas por un incendio provocado por policías que lanzaron bombas lacrimógenas al interior de unas celdas cerradas con llave y ocupadas. En Brasil, la guerra entre bandas rivales en la cárcel de Pedrinhas (Maranhão), provocó el asesinato de 62 reclusos dentro del penal en un año. Este caso se difundió por todo el mundo cuando circuló en los medios un vídeo que enseñaba la decapitación de internos por bandas rivales. Todos estos ejemplos son trágicos y brutales casos de violaciones a la integridad y dignidad de personas que se encuentran bajo la custodia de un Estado, casos que demuestran que la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes son prácticas recurrentes y constantes en América Latina.

como condiciones para hacer frente a la tortura en América Latina

“ La persistencia de la tortura es resultado de

causas estructurales de un sistema que propicia y crea

las condiciones para que dicha violencia ocurra, y

que incluso muchas veces incentiva o alimenta

”

E n lo que concierne a la actua-ción de la policía y a la inves-tigación de delitos, el uso de la

tortura y de otros tratos crueles, inhu-manos y degradantes persiste como práctica sistemática y endémica en el continente. Un informe de la Comi-sión Interamericana de Derechos Hu-manos2 señala cómo “ha observado a través de los años y hasta el presente que la mayoría de los actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degra-dantes cometidos contra las personas en custodia del Estado ocurren duran-te el arresto y las primeras horas o días de la detención; en la gran mayoría de los casos se trata de actos de tortura con fines de investigación criminal”.

Compromiso político y enfoque sistémico preventivo

La región ya no puede seguir ce-rrando los ojos e ignorando estas graves violaciones recurrentes de de-rechos humanos practicadas cotidia-namente por agentes públicos en con-tra de personas que se encuentran bajo la custodia del Estado3. La situación requiere atención inmediata y com-prometida por parte no sólo de las au-toridades de los poderes ejecutivo, le-gislativo y judicial, sino también de la opinión pública, quien debe reclamar el respeto a los derechos humanos y la protección integral de la dignidad de todos sus ciudadanos y ciudadanas.

La recurrencia amplia del proble-ma demuestra que no se trata de ac-tos aislados, circunscritos a un país o

FotograFía de andré gomeS de mel.



subregión del continente, o de prácti-cas aisladas de uno u otro funciona-rio “que transgrede las normas”. La persistencia de la tortura es resultado de causas estructurales de un sistema que propicia y crea las condiciones para que dicha violencia ocurra, y que incluso muchas veces incentiva o ali-menta mediante falsos (y peligrosos) pretextos de “lucha contra el crimen” y “seguridad pública”.

Es imprescindible que se empren-da un abordaje holístico del fenóme-no, un análisis de los factores que facilitan o crean las condiciones para la existencia de casos como los ejem-plos de los párrafos anteriores. Para inhibir de manera efectiva la práctica de la tortura y de los malos tratos es necesario centrarse en la prevención y contemplar acciones amplias que combinen medidas legislativas, admi-nistrativas, judiciales y educacionales.

algunoS PaSoS hacia la SoluciónPese a la situación general, en Améri-ca Latina se pueden observar también algunas buenas prácticas dirigidas a inhibir la práctica de tortura y a pre-venir futuros casos de tratos crueles inhumanos y degradantes.

La impunidad y la falta de sanción de los agentes de Estado que cometen delitos de tortura sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que hacer frente. Son varios los países en los que el número de denuncias y quejas es extremadamente alto, donde se en-cuentran pocos casos efectivamente

judicializados y un número ínfimo de condenas. En Argentina, un fallo his-tórico reciente provee algún aliento para la justicia en casos de violencia institucional. En junio pasado se pro-dujo la primera condena en la historia del país de penitenciarios federales por actos de tortura. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a tres agentes por dar una brutal paliza, de más de cuatro horas, a un interno del Complejo Penitenciario Federal para Jóvenes Adultos4. Por supuesto, este soplo de aliento en la lucha contra la impunidad es muy poco si tenemos en cuenta que entre 2013 y 2014 la Procuración Penitenciaria de la Na-ción investigó y documentó aproxi-madamente 1.500 quejas y denuncias de tortura y malos tratos sobre agre-siones físicas en los establecimientos penales federales5.

Los vehículos de traslado suelen ser espacios de gran riesgo y en los que se dan casos de tortura y malos tratos6. En este sentido, en Chile se pusieron en marcha en 2012 algunas medidas encaminadas a superar su opacidad y aumentar el control del trato de la policía. La primera pauta se dio con la instalación de cámaras de vigilancia en los buses, carros y furgones policiales con el objetivo de conocer en tiempo real lo que ocurre dentro de estos vehículos y producir grabaciones que puedan servir más tarde como evidencia7. Además, el Instituto Nacional de Derechos Hu-manos inició ese mismo año una la-

bor de inspección de esos espacios, ingresando a los buses policiales que trasladan a personas detenidas, para inspeccionar el trato que se atribuye a las personas privadas de libertad du-rante los traslados y verificar que se respeten sus derechos humanos8.

Una de las maneras más eficientes para desalentar la práctica de torturas como medio de investigación crimi-nal es que las y los jueces adopten una postura rígida en cuanto a la acep-tación de confesiones como medio de prueba en juicios criminales, que “rechacen las confesiones cuando existan motivos razonables para creer que se han obtenido mediante tortura o malos tratos”9. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción de México emitió un fallo para-digmático en este campo al rechazar una confesión obtenida bajo tortura10 como prueba. La Corte ordenó la puesta en libertad de Alfonso Martín del Campo Dodd, tras 23 años en pri-sión, reconociendo que su condena se había basado en su confesión obtenida bajo tortura.

Un importante desarrollo que se observa en la región es el número significativo de los países que han decidido adherirse al Protocolo Fa-cultativo de la Convención de las Na-ciones Unidas contra la Tortura, apro-bado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2002. Hasta la

“Una de las maneras más eficientes para desalentar

la práctica de torturas como medio de investigación

criminal es que las y los jueces adopten una postura

rígida en cuanto a la aceptación de confesiones como medio de prueba en

juicios criminales

”

eSPírito Santo, braSil. FotograFía de luiz SilVeira (agência cnJ).



porque inhibe la práctica de abusos y posibilita el reaccionar de forma in-mediata a los problemas que afectan a los y las internos. Sin embargo, es motivo de preocupación que tres de los países de la región que ratificaron este instrumento internacional todavía sigan sin poner en marcha sus meca-nismos de prevención (Chile, Perú y Panamá12) y que otros países no hayan suscrito este tratado.

encarcelamiento FemeninoNo se puede dejar de tener en cuen-ta la problemática específica de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo en el contexto actual, caracterizado por un aumento exponencial del número de mujeres bajo custodia del Estado. Las políticas de mano dura y represión en la lucha contra las drogas generan un encarcelamiento masivo de mujeres, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico.

Entre 2005 y 2012 se registró en Brasil un aumento del 146 por ciento de población femenina encarcelada, mientras que la población masculina

fecha, son catorce los países del con-tinente americano que han ratificado este tratado internacional y que se han comprometido a crear mecanismos independientes nacionales de preven-ción de la tortura con el mandato de llevar a cabo un sistema de visitas de monitoreo a todos los lugares de privación de libertad11. Son diez los países que por el momento han pues-to en marcha dichos órganos, ya sea a nivel nacional o local: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guate-mala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

Estos mecanismos, conformados por expertos y expertas independien-tes, desarrollan una labor importante de diagnóstico y documentación de las condiciones de detención. Ade-más, proponen medidas encaminadas a mejorar las condiciones de deten-ción y fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Sus inspecciones a los centros de detención cumplen una serie de funciones y generan un importante impacto preventivo. El simple hecho de que un agente ex-

terno entre regularmente al lugar de detención, en sí mismo, contribuye a la protección de las personas que se encuentran detenidas en dicho lugar,

“ Hasta la fecha, son catorce los países del

continente americano que se han comprometido

a crear mecanismos independientes nacionales de prevención de la tortura con el mandato de llevar a cabo un sistema de visitas

de monitoreo a todos los lugares de privación

de libertad

”

braSil. FotograFía de luiz SilVeira (agência cnJ).



*Sylvia Dias es abogada y tiene una Maestría en Derecho Internacional. Durante los últimos diez años

ha estado trabajando con organizaciones de derechos humanos. De 2011 a junio de 2015

desempeñó el cargo de directora de la Oficina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)

para América Latina en Panamá. Actualmente trabaja como delegada de la APT en Brasil.

1 En la web www.rtve.es se puede ver el vídeo de la noticia “Tragedia en Honduras tras la muerte de al menos 355 personas en un incendio en una cárcel”, 15 de febrero de 2012.2 Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 64, 31 diciembre 2011.3 Destaca, en Brasil, un caso de desaparición forzada en 2013 que generó repercusión mediática internacional. Un pedrero, residente de la favela de la Rocinha, una de las mayores

de Rio de Janeiro, fue visto por última vez siendo llevado por policías y desde entonces se encuentra desaparecido. Las investigaciones preliminares concluyeron que él habría sido sometido a una sesión de tortura con el objetivo de obtener informaciones sobre la localización de armas de traficantes de la favela en la que vivía, siendo víctima de choques eléctricos y asfixiado con una bolsa plástica. En Argentina salieron a la luz en 2012 brutales actos de tortura y violencia policial en las comisarías de Salta que causaron conmoción en el país. Vídeos divulgados en internet muestran a agentes de seguridad que someten a jóvenes privados de libertad a lo que se conoce como “submarino seco” (una bolsa de nylon en la cabeza) y a palizas salvajes para castigarlos y obtener confesiones u otra información relacionada con una supuesta comisión de delitos.

4 Sobre el caso Brian Nuñez se pueden consultar los siguientes artículos: “Se hizo justicia y para mi hijo salió el sol” (18 de junio de 2015, www.notas.org.ar; y “Caso Brian Nuñez: Primera condena a penitenciarios federales por actos de tortura” (16 de junio de 2015, www.ppn.gov.ar).

5 Procuración Penitenciaria de la Nación, www.ppn.gov.ar. 6 Ver nota 2.7 Ver noticia “Carabineros implementan cámaras de vigilancia al interior de vehículos policiales”, del 4 de agosto de 2012, en www.cooperativa.cl. 8 Más información en la noticia “Contraloría autoriza a Instituto de DDHH a abordar buses policiales para conocer estado de detenidos”, 25 de septiembre de 2012, www.biobiochile.cl.9 Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, informe sobre la visita al Brasil, CAT/OP/BRA/1, 5 de julio de 2012. Disponible en

www.tbinternet.ohchr.org. 10 Ver noticia “#AlfonsoLibre: Caso Martín del Campo Dodd, esperanza para las víctimas de tortura y muestra de la lentitud del sistema de justicia en México”, Comisión Mexicana de

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), 24 de marzo de 2015, www.cmdpdh.org.11 Artículo 19.12ElúltimopaísqueratificóestetratafdofuePanamá,en2011.13 Al respecto, en www.elobservador.com.uy se puede consultar la noticia “La población reclusa femenina aumentó 583 por ciento en una década”, 6 de enero de 2013.14 Reglas de Bangkok, A/RES/65/229, 16 de marzo de 2011.15 “Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse

o mantenerse”. (RAE). 16 Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 126107 / DF – Distrito Federal, 08 de enero de 2015. Disponible en www.stf.jus.br.17 Vídeo Un sueño llamado libertad, Canal Judicial Costa Rica. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_TOXRCXLlxI.

creció un 70 por ciento en este mismo período. En Panamá, de 2010 a 2014, hubo un incremento del 30 por ciento de la población femenina encarcelada. En Uruguay, la cantidad de presas au-mentó un 85 por ciento en seis años, frente al 43 por ciento de incremento en el caso de los varones13. Las muje-res están cada vez más expuestas a la tortura en las manos de la policía y se encuentran sometidas al hacinamiento y al deterioro de sus condiciones de reclusión.

En el ámbito internacional ya ha habido un reconocimiento del deber de atender a las necesidades y espe-cificidades de las mujeres recluidas como grupo en situación de vulnera-bilidad. En el 2010, la Asamblea Ge-neral de las Naciones Unidas aprobó las Reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok), que, además de estar encaminadas a mejorar la situa-ción de las reclusas, sus hijos y sus colectividades, alienta a los Estados a aplicar medidas sustitutivas al encar-celamiento y dar prioridad a la finan-ciación de esos sistemas14.

Haciendo uso de la aplicación de dicho estándar, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en reciente fallo, concedió el hábeas corpus15 a una mujer embarazada que se encontraba recluida en condiciones inadecuadas a su condición física y de salud, convir-

tiendo la prisión preventiva en arresto domiciliario. El ministro de la Corte fundamenta su decisión en las Reglas de Bangkok señalando16 que estas normas obligan a “elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres de-lincuentes, teniendo presente el his-torial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cui-dado de otras personas.”

En Costa Rica se ha dado una va-liosa experiencia en materia de justi-cia criminal con enfoque de género. En el 2013 se promulgó la Ley 9161, impulsada por la Defensoría Pública y la Legislatura, con miras a brindar una alternativa a las penas despropor-cionadas establecidas en la legislación (penas de ocho a veinte años de pri-sión a las mujeres arrestadas por in-troducir drogas a los centros penales, independientemente de la cantidad de droga y de sus circunstancias persona-les, que representan el 22 por ciento de las mujeres privadas de libertad en el país). Justificada en razones humani-tarias y de justicia social de género, la nueva ley establece que si se da uno de cuatro supuestos (que la imputada sea jefa de hogar, adulta mayor, que viva en condición de pobreza o que tenga bajo su cargo niños o niñas, adultas mayores o personas con cualquier tipo de discapacidad), la mujer recluida por este crimen será puesta en libertad de

manera inmediata y le será impuesta otra pena alternativa a la reclusión, como el trabajo comunitario en insti-tuciones de interés público17.

de la iniciatiVa aiSlada al comPromiSoLos ejemplos indicados son todavía iniciativas aisladas e incipientes, pero pretenden mostrar algunas buenas prácticas que se vienen llevando a cabo en algunos países latinoamerica-nos para incidir sobre las condiciones que propician la tortura. Se hace ur-gente identificar los factores de riesgo y posicionarlos como componentes de política públicas para poder inci-dir sobre los mismos, reconociendo los delitos de tortura y malos tratos como parte de todo un andamiaje es-tructural y sistémico que propicia que dichas violaciones sigan persistiendo en nuestro continente. Solamente la implementación de una política ho-lística e integral, apoyada por un re-clamo social y un fuerte compromiso político acompañado de la inversión de recursos adecuados podrá erradicar esta práctica.q



FotograFíaS de elza Fiuza (agência braSil).

Visitar cárceles de mujeres es ser testigo de la crueldad del sistema penal y de su capacidad de actuar del modo más brutal posible. Es un sistema que tiene el poder de quitar mucho más que la libertad; que reduce a las personas a los episodios aislados que la justicia consideró en un momento dado que eran crímenes y que, a partir de ahí, pasa a tratarlas como si no tuviesen más derechos: convierte vidas en números sin acceso a las condiciones mínimas de existencia garantizadas por la legislación y las pone a sobrevivir en ambientes extremadamente insalubres, incluso para los animales. No es posible sentir el olor ácido de las cárceles, escuchar historias de violencia y sufrimiento extremo, y no unirse a la lucha por una transformación profunda de este escenario. Este artículo quiere ser una invitación a que más personas entiendan la realidad de las mujeres presas y se sumen al combate contra el encarcelamiento femenino.

Raquel da Cruz Lima y Vivian Calderoni*

Encarcelamiento femenino: el mal ejemplo brasileño

E star presa es, en sí, una viola-ción de derechos humanos, y más en un país como Brasil, en

el que las condiciones de las cárceles son especialmente duras. El hacina-miento es la regla; hay mucha violen-cia, malos tratos y tortura; problemas de alimentación, ventilación y sanea-miento, así como carencia de servi-cios de salud y acceso a la justicia.

En el caso de las personas extranjeras se agravan las discriminaciones y las diferencias en cuanto a idioma crean nuevas barreras, como las limitacio-nes en, por ejemplo, el ejercicio del derecho a la defensa.

Las mujeres encarceladas repre-sentan aproximadamente el siete por ciento del total de población presa (en números absolutos, hablamos de cer-

ca de 40.000 mujeres). A pesar de que aparentemente resulta más sencillo diseñar y poner en marcha políticas públicas para una población menor, las pocas que se aplican al sistema de prisiones no contemplan en modo al-guno una perspectiva de género. Los centros penitenciarios fueron cons-truidos en su inmensa mayoría para albergar hombres y después se “adap-


DOSSIER

FotograFíaS de gláucio dettmar (agência cnJ).

Más allá de la maternidad en el período de encarcelamiento, la cues-tión de la convivencia familiar es fundamental. El encarcelamiento (en general, pero con mayor énfasis el femenino) impacta sobre toda la co-munidad familiar. El Ministerio de Justicia de Brasil ha intentado reco-pilar datos acerca de la cantidad de hijos e hijas de las personas presas y ha tenido grandes dificultades para realizar estos informes, cuestión que de por sí resulta muy reveladora. Consiguió obtener la información de apenas el 3,34 por ciento4 de las per-sonas presas del país, lo que deja en evidencia que la convivencia familiar y el apoyo para el mantenimiento de los vínculos no es una prioridad para el poder público.

La ceguera o, mejor, la falta de vo-luntad política es tan alta que los equi-pos no están adaptados para las nece-sidades a las que deberían destinarse. Un ejemplo es que se puede encontrar, en el centro de un patio de cemento, un tobogán de plástico diseñado para niños y niñas de tres años, en una uni-dad en la que los bebés permanecen con sus madres, en la práctica, apenas hasta los seis meses de edad.

regiStroS corPoraleSe inSPeccioneS VeJatoriaSUn ejemplo de esto es la imposición de registros corporales e inspecciones vejatorias a las y los familiares de los presos los días de visita, un procedi-miento inhumano que incluye dejar a estas personas completamente des-nudas, posicionamiento en cuclillas e inspección de los órganos genitales por parte del funcionariado público.

Como resulta fácil de imaginar, este procedimiento abusivo provoca im-portantes daños o la ruptura de vín-culos familiares, puesto que muchas personas dejan de realizar las visitas para no tener que someterse al mis-mo. Del mismo modo, es habitual que muchos presos y presas pidan a sus familiares que dejen de visitarlos para evitar que pasen por estas humillacio-nes “por causa suya”.

Este tipo de inspección está consi-derado maltrato por la ONU y, depen-diendo de las circunstancias, incluso tortura. Pese a esto, a estar expresa-mente prohibida en muchos países y a que Argentina haya sido condenada en 1996 por este motivo por la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Es-tados Americanos, en Brasil continúa realizándose de modo generalizado y sistemático.

São Paulo, el estado que concen-tra mayor población encarcelada en Brasil, prohibió en 2014 esta práctica, aunque todavía no ha implementado la ley. Esta decisión se tomó después de la importante movilización que llevaron a cabo distintos actores so-ciales, movilización que tuvo como punto álgido de presión la difusión de una campaña por el fin de los re-gistros corporales y las inspecciones vejatorias5. La campaña, más allá de exponer la brutalidad de este proce-dimiento por medio de audios y ví-deos grabados por actrices y actores

taron” para las mujeres, lo que viene a significar cambiar el nombre del cen-tro y algún detalle más.

algunoS númeroSSorprende el dato de que existe una cantidad menor de centros penitencia-rios femeninos que de centros mixtos, que albergan hombres y mujeres. La diferencia es grande: del siete al die-cisiete por ciento1.

Apenas el diecisiete por ciento de las mujeres tiene acceso a la educación. Esto no sucede por falta de demanda, porque el 45 por ciento ni siquiera completó la enseñanza básica. En tér-minos laborales la realidad es también desalentadora: tan sólo el 29 por ciento de estas mujeres tiene empleo2.

El acceso a la salud puede cali-ficarse de inexistente: apenas el 52 por ciento de los centros femeninos dispone de estructura para atención médica3, y en situación y calidad in-adecuadas. Hay 37 ginecólogos y ginecólogas para todo el sistema pe-nitenciario, es decir, que cada profe-sional se debe ocupar de 1.081 presas (dispersas en 26 estados).

maternidad entre reJaSLa cuestión de la maternidad es cen-tral en los debates sobre las mujeres encarceladas. Según la legislación, el plazo mínimo que el bebé debe per-manecer con la madre para asegurar la lactancia materna es de seis meses. Sin embargo, este plazo mínimo se ha convertido en la realidad en el plazo máximo. A los seis meses, el bebé es separado totalmente de la madre, sin seguir ningún tipo de proceso gradual para evitar traumas. “Visitar cárceles de mujeres

es ser testigo de la crueldad del sistema penal y de su

capacidad de actuar del modo más brutal posible. Es un sistema que tiene

el poder de quitar mucho más que la libertad

”



(algunos muy conocidos en Brasil), presentó numerosos datos y expuso la realidad de ciudades y estados que ya habían aplicado prohibiciones totales o parciales de los registros corporales e inspecciones vejatorias, ciudades y estados en los que no se habían incre-mentado los casos relacionados con la seguridad de sus cárceles6. Goiás apli-ca el registro “humanizado”, que pro-híbe la desnudez, por ejemplo, mien-tras que el municipio de Joinville, en Santa Catarina, ha instalado escáneres corporales.

La campaña se basó en datos es-tudiados y presentados por la socie-dad civil que revelaron que, de cada diez mil personas registradas de este modo, apenas tres llevaban algún ob-jeto que estuviese prohibido, y no se encontró ningún arma. Sin embargo, dentro de las unidades se encontraron cuatro veces más objetos prohibidos. Este dato demuestra la desproporción del procedimiento y no deja lugar a dudas en cuanto a la verdadera razón del mismo: ésta no es la seguridad de los presidios, sino la imposición de sufrimiento a las y los familiares de las personas presas y la ruptura de los vínculos familiares.

VíctimaS directaSde la “guerra contra laS drogaS”En Brasil, el cruce entre una políti-ca contra las drogas basada en la re-

presión penal con las desigualdades de género ha dado lugar a un grave problema: el crecimiento, en tasas alarmantes, del número de mujeres presas. Es un hecho que la situación general del sistema penitenciario es preocupante: hay más de 600 mil per-sonas presas, habiéndose incrementa-do este número en un 575 por ciento desde 1990 a 2014, según datos del Ministerio de Justicia.

Sin embargo, este crecimiento no se ha ido distribuyendo de manera igualitaria entre hombres y mujeres, y la razón de esto reside en cómo se cas-tigan los delitos relacionados con las drogas. En este sentido, es interesante prestar atención a dos cuestiones.

Mientras que entre los años 2000 y 2012 el aumento del encarcela-miento femenino fue del 246 por ciento, la tasa para los varones no subió del 130 por ciento. ¿Con qué frecuencia fueron durante este perío-do los delitos vinculados a las drogas la causa del encarcelamiento? Según los datos de 2014, en el caso de los hombres existía este vínculo en el 25 por ciento de los casos, cifra que en el caso de las mujeres7 alcanzaba el 63 por ciento.

El incremento del encarcelamien-to femenino y la alta representatividad de los delitos asociados a la represión por los motivos a los que estamos ha-

ciendo referencia no son una particu-laridad brasileña, sino un reflejo local de un régimen jurídico internacional que ha defendido y defiende la abso-luta prohibición de uso, producción y comercio de drogas. Por esto, el gran aumento de la cifra de mujeres presa puede comprobarse en países tan dife-rentes entre sí como Australia, Méxi-co, Bolivia, Colombia, Kenia, Nueva Zelanda, Chipre, Estonia, Finlandia, Holanda o Grecia.

La recurrencia de los delitos rela-cionados con las drogas en la pobla-ción presa femenina sigue la misma tendencia: entre 2003 y 2004, esos crímenes representaban en El Salva-dor el 46 por ciento de los casos; en Nicaragua, el 86; en Costa Rica, el 64 por ciento, y en Venezuela, el 70 por ciento8.

Pequeño mercado y neceSidadeS báSicaSEsta mayor recurrencia de los delitos relacionados con las drogas no signi-fica que las mujeres tengan una im-plicación mayor de la de los varones en el comercio y consumo de drogas, sino que el endurecimiento de la legis-lación acerca del mercado de las dro-gas tiene como principal blanco a las personas que desempeñan funciones de poca relevancia y baja remunera-ción en el mismo. El combate contra

“Muchas de estas mujeres se implican en el mercado

de drogas al por menor como estrategia para

complementar los ingresos que necesitan y que no pueden obtener de otro modo por causa de su

imposibilidad para acceder a la economía formal

”

FotograFíaS de gláucio dettmar (agência cnJ).


DOSSIER

*Raquel da Cruz Lima tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidade de São Paulo y es

coordinadora del Programa Justicia Sin Muros del Insti-tuto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC, http://ittc.org.br).

Vivian Calderoni tiene una maestría en Derecho Penal y Criminología por la Universidade de São Paulo y es

abogada del programa de justicia de la ONG Conectas Direitos Humanos. www.conectas.org.

Traducido por Andrea Gago Menor

1 Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Infor-mações Penitenciárias. InfoPen, junio de 2014. Ver en: www.justica.gov.br.

2 Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. InfoPen, junio de 2013. Ver estadísticas sobre educación y empleo en: www.justica.gov.br.

3 Los datos sobre salud han sido tomados del InfoPen de junio de 2014. Disponible en la web del Ministério da Justiça, www.justica.gov.br.

4 Datos tomados del InfoPen de 2014.5 Ver campaña por el fin de los registros corporales y

las inspecciones vejatorias en www.fimdarevistavexa-toria.org.br.

6 Más información en el artículo: “Revista vexatória é proibida em São Paulo. Governador sanciona lei que impede humilhação de familiares em presídios”, 13/08/2014, www.conectas.org.

7 InfoPen de 2014.8 Giacomello, Corina (2014): “Mujeres, drogas y cárce-

les en Latinoamérica”, en Revista Análisis de la Reali-dad Nacional, año 3, edicion 42.

el tráfico de drogas se ha diseñado se-gún la actuación de la policía en las calles, que enfoca su represión en los barrios considerados “peligrosos” y sobre personas no blancas, pobres y jóvenes, sin acceso a los niveles eco-nómicos más altos y control de los grupos criminales.

El perfil de la mayoría de las mu-jeres presas en América Latina refuer-za el enfoque selectivo de la represión criminal: ellas tienen en común, en general, la ausencia de antecedentes, la condición de cabezas de familia en hogares monoparentales, una baja es-colaridad formal, la dificultad de ac-ceso a empleos formales y el hecho de ocupar posiciones subalternas y mal pagadas en la estructura del tráfico de drogas.

Muchas de estas mujeres se im-plican en el mercado de drogas al por menor como estrategia para comple-mentar los ingresos que necesitan y que no pueden obtener de otro modo por causa de su imposibilidad para ac-ceder a la economía formal. Al hablar con mujeres presas es habitual escu-charles contar que los ingresos que buscaban en el comercio de drogas tenían como objetivo el pago de tra-tamientos médicos para hijos u otros familiares a su cargo.

Se sabe que existen mujeres en puestos altos en el tráfico de drogas, pero son una excepción. Ese universo es extremadamente machista y acos-tumbra a tratar a las mujeres como objetos y relegarlas a posiciones de

poca relevancia. Un ejemplo de esto es la actuación de las “mulas”, perso-nas que transportan a nivel nacional o internacional cantidades pequeñas de drogas dentro de objetos personales como mochilas o maletas, e incluso el propio cuerpo.

Pero estas personas son fácilmen-te sustituibles, algo que se comprueba por el hecho de que muchas de ellas son reclutadas exactamente para ser apresadas durante el transporte, des-viando de este modo la atención de la policía de mayores alijos de drogas. La dinámica es simple: determinados miembros de la propia organización ponen sobre aviso a la policía de ma-nera anónima para que la “mula” que lleva una pequeña cantidad de droga sea detenida antes incluso del check-in. Al mismo tiempo, otras personas completan sus viajes con cantidades mayores de droga y consiguen salir del país en el que ya ha quedado dete-nida la otra “mula”.

El tema de las “mulas” y del trá-fico internacional pone de manifiesto otro de los motivos por los cuales el encarcelamiento de mujeres en Bra-sil por cuestiones vinculadas con las drogas es un tema global. Retrata un escenario diseminado a nivel inter-nacional, pero también apunta a una de las causas de permanencia de ex-tranjeras en el territorio brasileño: la prisión de las “mulas”. En São Paulo, una de las principales ciudades del país, hay mujeres de más de 50 paí-ses encarceladas por este motivo. Bo-livia, Sudáfrica y Perú son los países de origen más frecuente. España es el Estado europeo con más mujeres en-carceladas en São Paulo por ello, por delante de Nigeria y Mozambique, y entre los diez países más representa-dos en las cárceles de mujeres.

PaSoS neceSarioS Para otra Política antidrogaSNo será posible hacer frente al encar-celamiento femenino y a todas sus in-humanas consecuencias sin modificar profundamente la política antidrogas, política que está viviendo momentos muy tensos a nivel global. Son in-numerables las personas que son ya conscientes del fracaso de la actual

guerra contra las drogas, que ha pro-ducido incontables víctimas y ninguna conquista. Se ha asumido ya de mane-ra bastante generalizada que la crimi-nalización de las personas empleadas en pequeñas actividades de tráfico es una opción marcada por una clara dis-criminación de género, pues son esos los trabajos que permiten que muchas mujeres cumplan con sus expectativas sociales de cuidado de los menores y mantenimiento de los hogares.

La constatación de estos hechos es el primer paso para cambiar los principios centrales de esta política. Algunos países tienen dado ya pasos concretos para modificar estas nor-mas, aplicando mecanismos como indultos o perdones judiciales a per-sonas condenadas por tráfico de dro-gas, y promoviendo reformas en las leyes penales. Es el caso de EEUU, principal responsable de esta políti-ca bélica, donde, hasta el momento, catorce estados han despenalizado la marihuana y cuatro la han legaliza-do (Washington, Colorado, Oregón y California).

Se abre, en estos momentos, una gran oportunidad a nivel mundial. En 2016, la Asamblea General de la ONU iniciará un ciclo de reuniones para debatir y, llegado el caso, revertir la política internacional hegemónica so-bre drogas. Antes, el Consejo de De-rechos Humanos debatirá el asunto en un panel de expertos y expertas. Por todo esto, creemos que ha llegado el momento de que se reconozca abier-tamente que la política belicista con-tra las drogas ha tenido mucho éxito, sí, pero en generar más violencia y en arruinar la vida de miles de personas, en especial, de mujeres que han sufri-do la dureza de las garras penales de este sistema. Es tiempo de cambiar la realidad para salvar vidas.q



Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo*

Desde la antigüedad, los sistemas penitenciarios se han ido acoplando a las necesidades políticas y económicas de cada momento. A lo largo de su sombría historia, siempre han existido revueltas, hacinamiento y masacres, y siempre las cárceles han sido un instrumento para castigar y deshacerse de la oposición. A pesar de que son innumerables los informes y estudios que explican que las prisiones no sirven para prevenir los delitos ni transformar a las y los transgresores, en todos los puntos del planeta hay cárceles abiertas, y en muchas ocasiones incluso podemos decir que éstas han sufrido pocos cambios en los últimos siglos. Las cárceles colombianas, desde la década de los veinte del siglo pasado, han ido sufriendo cambios para servir principalmente al objetivo de lucha contra la insurgencia.

Cárceles colombianas: un instrumento para la dominación y el control social

L os Estados, de manera terca, atacan los efectos y no las cau-sas que generan la violencia.

No abordan de manera integral ni contemplan la exclusión, la inequi-dad social o la falta de educación y de oportunidades, es decir, problemas estrechamente vinculados al capitalis-mo. Nunca ha habido crisis carcelaria ni penitenciaria: lo que sucede en las prisiones es propio de los objetivos

de las mismas, porque se pretende el control social, el silenciamiento de la oposición.

Es de gran importancia, para abor-dar en su magnitud el tema peniten-ciario, reconocer a grandes rasgos de la historia de las prisiones y las dife-rentes formas utilizadas para castigar conductas “anormales penales” en las esferas sociales. Recordamos los métodos dirigidos a generar el mayor

malestar en el reo, descritos de forma detallada por Michael Foucault en su obra Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (1975). El maltrato físico y psicológico juega un papel fundamen-tal en el control social desde un punto de vista histórico y, de la mano con la tecnología de cada siglo, logra distin-tos objetivos, como consolidar fuerte-mente el arte de castigar a la persona privada de su libertad.

FotograFía de oScar Paciencia, colombia.



interno según los postulados e impo-siciones del Gobierno de los Estados Unidos.

A los sectores populares, sociales, sindicales y de oposición al régimen nos tocó enfrentar desaciertos jurídi-cos y penitenciarios como el Decreto 1923 o Estatuto de Seguridad de Tur-bay Ayala (1978- 1982), cuyo fin era enfrentar el “terrorismo”, el “enemigo interno”. El gobierno buscaba frenar la creciente protesta social y paros de los sectores sindicales.

Posteriormente se instaura la “Justicia sin Rostro” mediante la Ley 40/93, que endureció las penas. Las personas detenidas eran juzgadas im-punemente, con informantes pagados por la fuerza pública. Las y los deteni-dos sólo llegaban a conocer la senten-cia (por ejemplo, 60 años en prisión), pero nunca el rostro del juez ni del in-formante que lo hubiese acusado.

Esta grave situación provocó que a finales de los años 90 los presos se amotinaran en unas acciones sin pre-cedentes en el país. Después de mu-chas muertes y de incontables perso-nas gaseadas y apaleadas, se logró una mesa de concertación y se derogó la ley de “Justicia sin Rostro”.

En esas fechas, la Corte Cons-titucional, mediante una acción de tutela presentada por los internos la T-153/98, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional al in-terior de los penales.

uribe, Vuelta de tuercaCon la llegada del siglo XXI y la pre-sidencia de Álvaro Uribe Vélez apa-recen las ejecuciones extrajudiciales,

que junto a las cárceles se convirtieron en “principal destino” de la oposición política y social al régimen colombia-no. Capturas masivas y sentencias con testigos falsos, pagados con dinero de los contribuyentes, acusaciones viles de “terroristas o auxiliadores del te-rrorismo”.

En materia penal y penitenciaria, Colombia se convierte en laboratorio de EEUU para experimentar acerca del control del “enemigo interno”. A partir de 1998, bajo la presidencia de Andrés Pastrana y con el acuerdo entre EEUU y Colombia del Plan Co-lombia, se empiezan a construir los nuevos campos de concentración, lla-madas cárceles de alta seguridad, Es-tablecimientos Reclusorios de Orden Nacional (ERONES).

La “nueva cultura penitenciaria” tiene como propósito despojar a los seres humanos prisioneros de todas las acciones vitales: controlan los movimientos, el dormir, el despertar, prohíben la luna, controlan el sol, la luz, el agua, el aseo…

deSde dentro, nueStroS SueñoS Las y los presos políticos hemos te-nido que afrontar durante años las consecuencias del conflicto y las de nuestro compromiso político e ideo-lógico. Buena parte de los códigos penal y penitenciario son resultado de una política criminal contrainsurgen-te, de legislación que imprime el sello de un régimen de dominación clara-mente antipopular, cuyo propósito ha sido castigar a las y los disidentes u opositores políticos y a las personas excluidos por su modelo.

Las penas para los delitos de re-belión y cuestiones vinculadas han venido aumentando progresivamente en cada reforma. Se realizan esfuer-zos desesperados, además, por negar el carácter político de la lucha. A las y los presos políticos se nos disemina por todas las cárceles del país, impi-diendo nuestra dinámica colectiva y la reafirmación de nuestros valores revolucionarios. Se nos impide la co-municación y se nos niega el derecho a la información.

Como las más de 120 mil per-sonas presas del país, padecemos unas condiciones indignas y que en ocasiones atentan contra la vida; se

eVolución de laS PriSioneS en colombiaLa población aborigen de América Latina contaba con sus propias reglas de castigo, como la pena capital para las faltas graves, como el homicidio, o los trabajos comunitarios para la de-lincuencia. Con la colonización europea llegaron el perverso sistema peni-tenciario y la Inquisición, empleadas ambas como herramientas de some-timiento y control social. Éste es el sistema que ha continuado vigente en Colombia, tanto durante la coloniza-ción como durante la vida republicana.

En los años veinte, coincidiendo con el auge de los movimientos so-ciales, se usaron técnicas penitencia-rias tan escabrosas como el cepo y los calabozos de aislamiento construidos con sal, para que se mantuvieran hú-medos y fríos todo el tiempo causan-do el deterioro mortal de las personas encarceladas.

La situación de las cárceles de cualquier país del mundo refleja la sociedad en su conjunto, plasma la intensidad de la lucha de clases. En Colombia hay 155 cárceles adscritas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), dependiente del Ministerio de Justicia. Quizás no haya muchos más países en el mundo en los que existen más cárceles que uni-versidades públicas.

En los años sesenta, al diseño de la política criminal y penitenciaria en Colombia se le da otro enfoque aún más sombrío, construido bajo los pa-rámetros de la guerra contrainsurgen-te, es decir para controlar al enemigo

“La propuesta pedagógica promueve la escucha

activa e incentiva diálogos significativos entre

diferentes sectores de la sociedad colombiana

”

“La situación de las cárceles de cualquier país del mundo refleja la sociedad en su conjunto, plasma la intensidad de la lucha de clases

”



“ En materia penal y penitenciaria, Colombia se convierte en laboratorio de

EEUU para experimentar acerca del control del

‘enemigo interno’

”

*Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo. Cárcel Bellavista de Medellín-Antioquia.

nos somete al hacinamiento, a fal-ta de atención en salud. En algunas prisiones se han comprobado prácti-cas de tortura. Se prohíbe, restringe o dificulta el ingreso de defensores y defensoras de derechos humanos, or-ganismos humanitarios y comisiones de verificación.

Pese a todo, estas condiciones no han logrado menoscabar nuestra dig-nidad. Nuestros sueños de revolución y emancipación siguen en pie; bus-camos el reconocimiento de nuestra condición de rebeldes, continuamos luchando por la libertad, por una paz transformadora desde la justicia so-cial, por una nueva Colombia, libre, democrática y en paz.

laS y loS PreSoS PolíticoS y la lucha Por una Solución Política y la Paz tranSFormadoraEn los últimos cinco años, la cárcel Bellavista de Medellín ha sido tes-tigo fiel de un proceso discreto de reflexión y de construcción de ini-ciativas pedagógicas, humanitarias y de trabajo por la paz de un grupo de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) presos, constituidos como parte del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo, que interactúa con el gobierno colombia-no, la comunidad internacional y la sociedad y sus diferentes expresiones políticas y sociales, así como con las diversas iglesias y universidades tanto colombianas como de otros países.

Nuestra lucha y accionar ha per-mitido romper las barreras que genera el encierro los barrotes y dar recono-cimiento a las y los presos políticos del ELN que, en los últimos 25 años, han sido protagonistas de las luchas que el país está librando por la paz desde las cárceles. Han sido múltiples las actividades realizadas en este es-pacio con el propósito de generar un ambiente positivo y propicio para el desarrollo del proceso de paz.

Dentro de este proceso destaca-mos la puesta en marcha de un pro-grama pedagógico para la solución política y la paz transformadora, que busca el fin del conflicto armado y hacer caminar al país hacia una ruta democratizadora, por el bien común y la justicia social. La propuesta peda-

gógica promueve la escucha activa e incentiva diálogos significativos entre diferentes sectores de la sociedad co-lombiana, como parte de los esfuerzos por la realización de un gran diálogo de las mayorías de la nación y la construcción de un gran movimiento por la paz que active la participación de la sociedad colombiana en todas sus expresiones desde los territorios, comunidades, sectores y pueblos.

El Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo realiza inicia-tivas con universidades colombianas promoviendo el debate y propiciando los encuentros que la sociedad nece-sita y el actual momento exige, para avanzar en la construcción de garan-tías para la terminación de este ciclo de violencias y encaminarnos hacia la construcción de esos otros mundos posibles que desde las comunidades y pueblos se vienen gestando.

Desde esta propuesta pedagógica desarrollamos diferentes iniciativas con el acompañamiento de univer-sidades del país como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universi-dad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Corporación Universi-taria Reformada de Barranquilla, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) de Medellín, la Uni-versidad San Buenaventura (Me-dellín), la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Universita-ria Claretiana (FUCLA). También se mantiene un intercambio continuo con la Red de Universidades por la Paz (Redunipaz) y con centros de otros países, como el Instituto Pensa-miento y Cultura en América Latina (IPECAL), de México, la Escola de Cultura de Pau (Barcelona), el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Ins-tituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, el Instituto de Paz del Congreso de los Estados Unidos, la asociación Paz con Digni-dad y Entrepueblos/Entrepobles/En-trepobos/Herriarte (Estado español).

Los intercambios que hemos ido llevando a cabo con partidos, organi-zaciones sociales, plataformas por la paz, con organizaciones comunitarias, de víctimas, movimientos de mujeres organizaciones campesinas, afrodes-cendientes e indígenas, así como con medios de comunicación colombia-

nos y de otros países del mundo, se dirigen a lograr un escenario de parti-cipación directa de la comunidad para ir tejiendo un “acuerdo de mayorías” que nunca ha existido en nuestra his-toria como república.

Son varios los ejemplos de presas y presos políticos en el mundo que nos han servido y sirven de guía, de fortaleza para hacer de nuestro espa-cio un escenario lleno de sueños y esperanzas, a pesar de nuestras exa-geradas condenas (todas oscilan entre treinta y cuarenta años). Hablamos del ejemplo de Nelson Mandela, en Sudáfrica; de Fidel Castro, en Cuba; de Hugo Chávez, en Venezuela; de compañeros como Bobby Sands, del IRA, en Irlanda del Norte, de presas y presos políticos kurdos y palestinos… Y hablamos, igualmente, de tantos compañeros y compañeras presas por su trabajo político emancipatorio en Colombia. Mientras escribíamos este artículo era detenido el líder indígena Feliciano Valencia. Su delito: luchar por la defensa de su pueblo, la madre tierra y la paz.

Nuestra apuesta, en definitiva, es seguir desde un espacio tan hostil como la cárcel construyendo una so-ciedad en la cual la dignidad y el amor se conviertan en los principios fun-dantes de una nueva forma de asumir la vida en otro mundo que creemos es posible.q

Cintillo si necesario n SECCIÓN


Cuando se comienza a hablar del Esequibo, a las personas nacidas en tierras venezolanas les vienen a la mente las múltiples líneas transversales que se marcan dentro de esa extensión en el mapa político, líneas trazadas en el imaginario colectivo y vinculadas al sentimiento de pertenencia de un territorio del que Venezuela fue despojada en 1899. Hoy, el Esequibo representa uno más de los múltiples conflictos que en América Latina entremezclan fronteras, acuerdos coloniales de épocas pasadas sin resolver e intereses de empresas multinacionales de diferentes partes del globo.

A través del Laudo Arbitral de Pa-rís1, y como consecuencia de las negociaciones realizadas entre

los Estados Unidos de Norteamérica y el antiguo imperio Británico, a Ve-nezuela se le sustrae una extensión territorial de 159.542 km2. En aquel entonces Venezuela no pudo participar en la discusión debido a que era con-siderada un país débil, a quien Gran Bretaña, como potencia, se negaba ca-tegóricamente a reconocer como con-traparte en la disputa territorial. Es por esto que se incorporaron los Estados Unidos, para “defender” la posición venezolana de soberanía a través de la aplicación de la Doctrina Monroe.

Muchos fueron los acontecimien-tos que antecedieron a este laudo y

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Ursula Czwienczek*

El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, estrategia de un nuevo proyecto imperial en la región

pocas fueron las acciones que pudo Venezuela realizar como país del Ter-cer Mundo después de este hecho. Durante ese período se encontraba inmerso en escenarios de guerras in-ternas y conflictos que se sucedieron tras la conformación de la República en 1830. Años más tarde sería la ines-tabilidad política, económica y social la que marcaría la realidad del país durante todo el siglo XIX. En el siglo XX, las dictaduras y, posteriormente, los gobiernos democráticos, promo-vían políticas para reproducir el ideal moderno, mostrando una Venezuela con estabilidad política, un socio co-mercial petrolero confiable, y dando la bienvenida a las inversiones ex-tranjeras para la explotación de los re-cursos naturales. Durante todos estos años, el elemento de reclamación fue desplazado por coyunturas nacionales y por la construcción de un modelo desarrollista. Mª José CoMendeiro.


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Sólo fue posible llevar a cabo re-clamaciones acerca del Territorio del Esequibo ante escenarios internacio-nales a partir de la década de los cin-cuenta. En 1949 se fija una posición acerca de la nulidad del Laudo Arbi-tral de París debido a la publicación post mortem del Memorándum de Severo Mallet-Prevost2, quien fuera el abogado defensor norteamericano por la parte venezolana durante las nego-ciaciones, en la que describe ciertos vicios suscitados en la disposición de los límites fronterizos.

Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez Frías, el discurso por la defensa del territorio cobra relati-va importancia, en especial cuando se especifica en la Constitución de 1999 que “el territorio y demás espacios geográficos son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810”, e incorpora a ese reconocimiento “las modificaciones resultantes de los tra-tados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”, como en este caso es abiertamente expuesto ante instancias internacionales.

Por su parte, se reafirma el 6 de marzo de 2006 la adición de una es-trella más a la bandera nacional para incorporar a la región de Guayana, recalcando la deuda histórica según lo establecido en el decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 18173 acerca de las ocho provincias4 de la naciente Venezuela.

”

“El actual contexto nacional que atraviesa Venezuela por causa de la caída sostenida de los precios del petróleo pone en peligro su posición geopolítica como socio de los acuerdos energéticos de integración regional

No obstante, el gobierno de Chávez no fue más allá de un marca-do manejo discursivo y mediático, de modo que no llegó realmente a posi-cionarse firmemente en defensa de la soberanía de el Esequibo. Eso no se debió tanto, pienso, a indiferencia por la recuperación del territorio, como a la existencia de un interés mayor, el de fortalecer los procesos de integra-ción regional basados en la solidari-dad y reciprocidad, con el objetivo de construir una Unidad Suramericana. Es por esto que se establecieron las negociaciones con Guyana por medio del mecanismo de buenos oficiantes ante las Naciones Unidas.

En la actualidad son varios los agentes inmersos en estas cuestiones acerca del Territorio del Esequibo. Ya no son sólo los Estados parte quienes interactúan dentro del conflicto, sino que al mismo se han incorporado también terceros Estados y empresas transnacionales, entre las que destaca la estadounidense Exxon Mobil.

Por otro lado, el actual contexto nacional que atraviesa Venezuela por causa de la caída sostenida de los pre-cios del petróleo pone en peligro su posición geopolítica como socio de los acuerdos energéticos de integración regional. Esto brinda, al mismo tiem-

po, una oportunidad única a los EEUU de ampliar su área de influencia en la región, influencia que se había visto mermada durante más de diez años por los esquemas regionales promovi-dos por los gobiernos progresistas.

TransnaCionalizaCión del esequiboComo resultado de las negociaciones que elevó Venezuela a las instancias internacionales se firma el Acuerdo de Ginebra en 19665, documento en el que Gran Bretaña aceptó negociar con Venezuela con el objetivo de buscar soluciones al alegato de que el Laudo Arbitral carecía de validez. Guyana nació poco después como Re-pública, sin soberanía sobre el espa-cio del Esequibo aunque con control administrativo sobre el mismo. Ac-tualmente, dicho acuerdo se encuen-tra en vigencia, por lo que se podría considerar violatorio el hecho de que se le otorguen concesiones a empresas transnacionales en este territorio.

Desde hace más de doce años hay presencia de transnacionales en el Esequibo, debido a las importantes re-servas probables de crudo, que oscilan entre los diez y veinte mil millones de barriles de petróleo, y a sus extensas áreas con oro, diamante, bauxita, ura-


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camente como China. Sin embargo, sí ha actuado cuando se ha tratado de empresas transnacionales estadouni-denses. Ahora bien, llevar una política displicente y acomodaticia podría traer consigo graves daños a la soberanía nacional, ya que pareciera que se estu-viera midiendo el grado de injerencia que puede tener una transnacional res-pecto a otra dentro del territorio, fre-nando la posibilidad de abrir espacios para la discusión del diferendo.

No obstante, ¿qué significa que una empresa transnacional como la Exxon Mobil tenga presencia en la zona?

aCCiones de la TransnaCional exxon Mobil Exxon Mobil es reconocida por pa-trocinar guerras en todo el mundo. Es un gran instrumento de la geopo-lítica norteamericana. “Esta empre-sa ha sido la más piratesca y la más bandida de todas las trasnacionales desde 1910 hasta la actualidad, y ha participado en las acciones de desa-rrollo geopolítico que ha implantado Estados Unidos, como, por ejemplo, en la división en los países de Medio Oriente. La Exxon Mobil ha partici-pado y participa en la política de segu-ridad energética de Estados Unidos”6. Bajo esta realidad podemos ver con gran recelo el interés de esta corpo-ración dentro de la región, ya que es necesario recordar que esta empresa financia acciones militares en los paí-ses en los que invierte.

Desde hace más de doce años hay presencia de transnacionales

en el Esequibo, debido a las importantes reservas

probables de crudo y a sus extensas áreas

con oro, diamante, bauxita, uranio, coltán, etc

”

“

de la transnacional. En los años si-guientes, la empresa, ahora con perfil bajo, acompañó a un grupo de trans-nacionales a través de la corporación Canacol Energy Ltd con el propósito de realizar un estudio acerca del in-ventario de recursos petroleros en el Territorio del Esequibo.

Así mismo, vetó acciones empren-didas por el gobierno de Guyana. En 2012, este país se presenta ante la Co-misión sobre Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas para extender su plataforma marítima en el marco de la zona en reclamación sin consultarlo con Venezuela, por lo que el gobierno venezolano solicitó al Secretario de las Naciones Unidas desestimar tales pretensiones. Otro in-cidente tuvo lugar en 2013 con la de-tención por parte de la Armada venezo-lana del buque de exploración petrolera Teknik Perdana, que realizaba labores científicas para el gobierno de Guyana en aguas venezolanas sin autorización, cuestión que reavivó el diferendo.

Efectivamente, hay que subrayar que el gobierno venezolano ha sido muy cauto cuando se trataba de em-presas transnacionales con origen en el continente, como es el caso de Odebre-cht, o en el de países alineados políti-

nio y coltán; así como a las fuentes de amatistas, cuarzos, jaspe, ágatas, tal-co, topacio y feldespatos. Compañías auríferas, forestales, petroleras y de explotación de uranio se han asentado en el área: la constructora Odebrecht, de Brasil; la compañía de exploración de oro Guyana Goldfield, de Canadá, y las petroleras China National Offs-hore Oil Company, Shell (Holanda), CGX (Canadá), y Anadarko y Exxon, de Estados Unidos, son sólo algunas de las empresas que mantienen pre-sencia en dicho territorio.

El gobierno venezolano hubiera podido implementar en los últimos años políticas más firmes ante el re-clamo soberano por la instalación de estas empresas transnacionales, pero, como se mencionaba en párrafos ante-riores, la promoción de la integración suramericana primó sobre aspectos de la soberanía nacional.

También es cierto que en un pri-mer momento Venezuela rechazó enérgicamente ciertas acciones em-prendidas por la transnacional Exxon Mobil y por el gobierno de Guyana. En el año 1999, Venezuela protestó ante la concesión que recibió Exxon Mobil para explorar y explotar recur-sos petroleros del bloque Stabroek, paralizando las primeras incursiones

Mª José CoMendeiro.


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1 Laudo dictado en París el 3 de octubre de 1899 por el Tribunal de Arbitramento que determina la línea de demarcación entre los Estados Unidos de Venezuela y la Guayana Británica. Ver: http://esequibo.mppre.gob.ve.

2 Ver texto completo del Memorándum en: http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC1981439_425.pdf.3 Documento 2409. Decreto del Libertador Simón Bolívar en fecha 20 de Noviembre de 1817. Ver: http://www.archivo-

dellibertador.gob.ve.4 Antiguas Provincias de Venezuela: Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo.5TextooficialdelAcuerdodeGinebra.Ver:http://esequibo.mppre.gob.ve.6 Señalamiento de Mendoza Potellá, economista venezolano. Ver artículo de César Eulogio Prieto Oberto “Pedagogía

en política petrolera. ExxonMobil, el Esequibo y Venezuela (I)”, publicado en www.aporrea.org el 17/07/2015.

*Ursula Czwienczek es licenciada en Estudios Internacionales, miembro de la Fundación Antonio

Gramsci (www.fundaciongramsci.com) y colaboradora de Pueblos - Revista de Información y Debate.

No podemos ver como casualidad que después de su infructuosa inter-vención en 1999 y de su estrategia de bajo perfil en 2009, el coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales de Departamento de Estado, David Goldwyn, visitara Guyana a princi-pios de 2010 para presentar un pro-grama de asistencia técnica petrolera, que incluyó la participación de porta-voces de la Exxon Mobil. Resulta más esclarecedor aún el hecho de que, tras este encuentro, el Departamento de Estado Norteamericano anunciara la inclusión de Guyana en el programa Iniciativa para la Gestión y Capacita-ción Energética, lo que significa que EEUU asume la defensa de los recur-sos energéticos en dicho país.

Esta trasnacional forma parte de la política estratégica de seguridad norteamericana, que establece clara-mente la protección y aseguramiento de los activos de EEUU a escala inter-continental. Una vez que se produce la inversión de recursos en determi-nados territorios, estos se enmarcan en los activos norteamericanos, por lo que no sólo entra en juego la so-beranía nacional sino que se abren es-pacios para una nueva intervención norteamericana en la región.

Al mismo tiempo, es importante recordar y valorar el decreto firma-do por Barack Obama en marzo de 2015, en el que declara a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política ex-terior de Estados Unidos”, por lo que cualquier acción en defensa destinada a la recuperación del territorio deriva-do de las continuas pretensiones por parte de Exxon Mobil podría ser visto como una amenaza a su seguridad, y emprender toda una estrategia militar.

Todos estos hechos hacen suponer que se están generando las condicio-nes objetivas para que EEUU reor-ganice sus intereses hegemónicos en la región a través de la ampliación de

Más eeuu en aMériCa laTina y CaribeActualmente, la caída sostenida de los precios internacionales del petróleo se torna como la principal consecuencia de que Venezuela se encuentre en un pro-ceso de inestabilidad política, econó-mica y social producto del imaginario rentista que prevalece en el país, para el que la venta del petrolero representa el 95 por ciento de su ingreso nacional. Esto es una debilidad para sostener acuerdos energéticos como Petrocari-be, generando incertidumbre para los países beneficiarios, que necesitan con-tar con un socio comercial seguro, así como para la influencia geopolítica que se venía manteniendo desde 2005.

Estos planteamientos fueron desa-rrollados en el discurso sobre el fortale-cimiento del uso de energías renovables presentado en el marco de la Cumbre por la Seguridad Energética del Cari-be, cumbre celebrada en mes de abril

”

“Cualquier acción en defensa destinada a la recuperación del territorio derivado de las continuas pretensiones por parte de Exxon Mobil podría ser visto como una amenaza a su seguridad

su influencia y control de los recursos naturales que en principio están dis-ponibles a través de los acuerdos con países como Guyana.

de 2015 como una nueva iniciativa del gobierno de Washington. Esta Cumbre contó con la participación de todos los países de la Comunidad del Caribe (Caricom), evidenciándose un claro in-terés por recobrar la influencia nortea-mericana en la región caribeña.

Guyana no escapa a esta realidad. Con la llegada a la Presidencia de Da-vid Granger, en mayo de 2015, se han intensificado las tensiones debido a su negativa a reconocer el Acuerdo de Gi-nebra y a su posición de explotar de ma-nera arbitraria los recursos del Esequi-bo. El nuevo gobierno ha rechazado en varias ocasiones la reactivación de la figura del buen oficiante de las Nacio-nes Unidas y ha solicitado apoyo a los Estados Unidos y a la Commonwealth. Amenaza, de esta forma, con llevar el conflicto a la Corte Internacional de Justicia, desistiendo enfáticamente de participar en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoame-ricanos y Caribeños (CELAC). Todas estas gestiones emprendidas por el pre-sidente Granger perjudican de manera categórica el escenario regional, per-mitiendo la intervención de potencias extranjeras estatales y transnacionales.

Es necesario señalar, finalmente, cómo las potencias hegemónicas se en-cuentran en una cruzada global por al-canzar mayores niveles de crecimiento, buscando a través de la promoción de conflictos entre los países del continen-te implementar estrategias que les per-mitan contar con los recursos naturales para mantener sus producciones y sus capacidades, protegiendo sus modelos y niveles de bienestar.

Estas empresas no llegaron solas a la región: hay que reconocer que ha sido la complicidad de las élites po-líticas con el capital trasnacional lo que ha permitido su entrada. En lo que respecta a Guyana se evidencia que el Esequibo se entiende como una estrategia para revertir los esfuerzos integracionistas que ha podido llevar a cabo Venezuela. En cuanto a este país, ha sido la falta de determinación de sus gobiernos lo que ha debilitado las posibilidades de reivindicar sus derechos soberanos.q


A la hora de abordar cualquier debate de índole económica, pocos conceptos han sido, y de hecho son, más controvertidos y discutidos que el de banca pública. Es innegable que sea así debido a la elevada carga ideológica que intrínsecamente posee, como ocurre con muchos otros conceptos económicos. Sin embargo, la reciente crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto una característica esencial del sistema económico capitalista en el que actualmente vivimos: el crédito es un pilar fundamental dentro del proceso de acumulación capitalista. Y esta reciente crisis financiera ha servido para demostrar, una vez más, que quien controla el sistema financiero es capaz de controlar el resto de la economía.

Fernando Heredia García*

La banca pública en España:


Las personas extranjeras se encuentran en-tre los grupos sociales más vulnerables, no sólo por su estatuto jurídico de segun-

do nivel en relación con las nacionales, sino también por la existencia de posibles barreras de hecho, como el desconocimiento del idio-ma del Estado en el que viven o la xenofobia. Esta vulnerabilidad se acrecienta en el caso de las personas extranjeras en situación irregu-lar. Muchas veces son víctimas de violaciones que no denuncian por miedo a sufrir repre-salias o a ser deportados. Además, la pasión por la seguridad (que últimamente recorre las venas de muchos líderes políticos) extiende un manto de sospecha sobre las personas de determinadas nacionalidades o rasgos étnicos.

Como suele ocurrir en todas las etapas económicamente difíciles, ahora se han pues-to de relieve deficiencias estructurales que ya existían anteriormente. Entre ellas está la ma-yoritaria apropiación en manos privadas del sistema crediticio a nivel internacional, cons-tituyendo ésta la principal vía de financiación

diagnóstico y propuestas de actuación


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de cualquier actividad económica. Eso ha provocado, en primer lugar, la consecuente paralización del crédito al resto de sectores, con la evidente paralización de las demás actividades a nivel general. Además, el dejar en manos privadas la capacidad de otor-gar créditos al resto de la economía ha favorecido la agrupación de entidades financieras en grandes corporaciones con sobrada capacidad para imponer sus propios intereses. Finalmente, este exponencial aumento de tamaño de las entidades bancarias ha provo-cado que se eleve a la categoría de dogma la afirmación del too big to fail (demasiado grandes para caer).

En consecuencia, resulta bastan-te evidente que es pertinente otorgar más importancia y visibilidad al de-bate acerca de la conveniencia de una banca pública capaz de actuar bajo una lógica diferente a la de la banca privada.

¿qué se enTiende por banCa públiCa?Es oportuno aclarar que, en general, la terminología acerca de la banca pú-blica en la literatura económica es no-tablemente confusa. Por ello, aquí se adoptará por válida la definición que realiza el economista Alberto Mon-tero en el Diccionario crítico de em-presas transnacionales, donde afirma que la banca pública es “una institu-ción crediticia en la que el control y la gestión están en manos de alguna administración pública o del Estado”1

Una vez aclarado, se pueden enun-ciar dos condiciones esenciales que toda entidad de banca pública debe poseer para ser denominada como tal. Primero, debe tener la posibilidad de captar fondos del público en general (en este caso, fundamentalmente ciu-dadanía y empresas), así como otorgar créditos a los agentes económicos que lo demanden. En segundo lugar, un po-der público debe ser el encargado de controlar y gestionar las operaciones bancarias, independientemente de la naturaleza público-privada de los fon-dos constituyentes de dicha entidad.

Llegados a este punto, sería inte-resante analizar el recorrido histórico reciente que han experimentado las cajas de ahorros en España. No obs-tante, en este artículo este asunto se dejará de lado para así poder detallar con mayor énfasis los motivos acer-ca de por qué es pertinente impulsar la creación de una banca pública en España, así como las principales vías sobre las que se puede actuar.

razones y vías de aCTuaCiónEn la historia de la banca pública espa-ñola, las últimas décadas no han sido muy favorables. De hecho, desde fi-nales de los años 80 se han producido dos fenómenos de gran magnitud en el sistema financiero español: grandes privatizaciones (siendo la de Argen-taria la más importante) y desregula-ción de dicho sistema financiero, con el consiguiente aumento de la concen-tración de una gran cuota de mercado en manos de pocas entidades. Desde diversos organismos oficiales2 se ha alertado repetidamente de la nefasta situación del sector financiero espa-ñol en términos de competitividad y concentración bancaria.

Así las cosas, existen diversos casos de éxito que demuestran que la inclu-sión de entidades públicas bancarias puede ser muy beneficiosa para el res-to de agentes económicos. Basta citar ejemplos como el de los Landesbank en Alemania, responsables de la casi totalidad del crédito a las pequeñas y medianas empresas alemanas desde hace varias décadas; el Bank of North Dakota, al que se le atribuye por parte de diversos autores gran protagonismo en el histórico superávit presupuestario experimentado por dicho estado nortea-mericano; y el BNDES3 en Brasil, criti-

cado duramente por su participación en proyectos poco respetuosos con el me-dio ambiente pero con un papel básico a la hora de otorgar financiación a agentes económicos sin posibilidad de acceso a las vías tradicionales de financiación.

En este contexto, se expone a con-tinuación una batería de razones, cla-sificadas en tres ámbitos (económico, social y democrático), con las que se pretende responder a la cuestión de por qué sería necesaria una banca pú-blica en España.

razones eConóMiCas: 1) Contar con una banca públi-

ca reduciría las dificultades con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias contracíclicas. En la última crisis financiera, uno de los grandes obstáculos que han existido para reactivar el crédito ha sido la des-confianza hacia los bancos. Si existe una banca pública fuerte no hay lugar para una crisis de confianza bancaria, al estar sus activos respaldados me-diante garantías y recursos públicos.

2) Se reduce el riesgo sistémico impulsado por la visión cortoplacista de las inversiones bancarias privadas. En un contexto de creciente financia-rización, la presión por la constante valorización de las inversiones ac-cionariales condiciona a los bancos a emplear sus fondos en operaciones especulativas, lo cual incrementa el riesgo sistémico, lo cual aumenta a su vez la posibilidad de una nueva crisis financiera a corto plazo.

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“Contar con una banca pública reduciría las dificultades con las que se encuentra cualquier gobierno a la hora de hacer frente a una crisis financiera, facilitando la ejecución de políticas crediticias contracíclicas

”

“Al crear una banca pública donde el crédito tenga una

clara utilidad social, se hace frente de manera directa a lamarginaciónfinanciera

tanto de familias como de pequeñas y

medianas empresas


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directa a la marginación financiera tan-to de familias como de pequeñas y me-dianas empresas. De hecho, los efectos colaterales de una situación de margi-nación financiera sobrepasan cualquier ámbito puramente económico.

2) La banca pública puede ga-rantizar proyectos sociales. Se torna indispensable recuperar los criterios de rentabilidad social y medioam-biental a la hora de priorizar la con-secución de proyectos por parte de la banca pública, entendiendo así a la banca pública como un posible agente de transformación de la realidad so-cial y ciudadana.

una propuesTa ConCreTa de aCTuaCiónPara avanzar hacia una banca pública sería necesario avanzar en cinco ejes fundamentales:

1) Nacionalización de cajas de ahorros y bancos rescatados con fon-dos públicos. Toda la ayuda ofrecida a la banca privada por parte del sector público se convertiría inmediatamen-te en acciones, convirtiendo a dichas entidades salvadas de la quiebra con recursos públicos en el primer pilar para una banca pública potente y con presencia nacional.

2) Auditoría pública de las cuentas de las entidades financieras rescatadas, para establecer un plan de saneamiento mucho más efectivo que el realizado hasta la fecha. Dicha audi-toría sería realizada por técnicos de la administración pública no vinculados a ninguna entidad financiera privada.

3) Una banca pública bajo una lógica de funcionamiento y rentabili-dad social frente a objetivos exclusi-vamente financieros, con un modelo de gestión que excluya cualquier tipo de operación especulativa, así como la operativa en paraísos fiscales.

4) La participación y rendi-miento público de cuentas como ele-mentos cruciales de funcionamiento. Es fundamental la inclusión de co-lectivos de todas las capas sociales en el proceso de toma de decisiones

de dicha entidad, con una gestión de fondos públicos que sea totalmente transparente para la ciudadanía.

5) Introducción de criterios so-cioecológicos como elementos decisi-vos a la hora de otorgar financiación.

Entre los medios de actuación para conseguirlo, avanzamos los siguien-tes: conversión en acciones de las ayudas públicas destinadas a la banca; obligación por ley de rendir cuentas anual y públicamente; elección trans-parente y con representación ciuda-dana de los miembros del consejo de administración; cese y prohibición inmediata de operaciones en paraísos fiscales; creación de un parque inmo-biliario público, continuidad de la obra social de las anteriores cajas de aho-rros, y, por último, comprensión de la banca pública como mecanismo clave de la política económica nacional.

Al existir un ente financiero público, el gobierno cuenta con una herramienta potentísima de política económica. De hecho, mediante dicha banca pública se pueden articular de forma muy efectiva los objetivos de desarrollo económico de una determinada región o colectivo social gracias al control integral de di-cha entidad. Del mismo modo, la ges-tión y recaudación fiscal ve reducida considerablemente su coste al ser lle-vada a cabo por una entidad pública y no vía bancos privados.

Es importante detallar que el espí-ritu de dicha propuesta se basa en una concepción del sistema bancario, y concretamente el crediticio, como un servicio de primera necesidad y no al servicio de intereses especulativos. Así, se realiza bajo una visión de la banca pública como un elemento de cambio fundamental a la hora de transitar ha-cia un modelo económico y social más sostenible en toda su amplitud. En otras palabras: se apuesta por un determi-nada banca pública desde la que no se promueva la continuación del actual modelo de crecimiento que perpetúe la coexistencia de efectos negativos sobre infinidad de ámbitos como el ecológico o el social, por citar sólo algunos.q

3) La Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (CO-PYME) ha expresado recientemente su adhesión al movimiento de banca pública4. La concesión de créditos a un menor interés, con elevados periodos de carencia o ligados a los resultados empresariales, son experiencias que ya se han puesto en práctica en otros paí-ses con resultados muy exitosos para garantizar la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

4) La concentración de poder por parte de unas pocas firmas en un determinado mercado es uno de los peores indicadores económicos a la luz de la experiencia histórica. De esta forma, la instauración de una banca pública potente se posicionaría como contrapeso a la banca privada. Ade-más, la reducción del nivel de con-centración de capital favorecería una distribución de la renta más equitativa en tanto que es posible reutilizar los propios fondos captados por las enti-dades de banca pública en la conce-sión de créditos a familias y empresas.

razones deMoCráTiCas:1) Una banca pública facilitaría

la democratización de la economía. Mediante la instauración de una ban-ca pública con participación de los distintos colectivos que conforman la ciudadanía se promueve una mayor transparencia y eficiencia en la práctica bancaria, así como un mayor acceso al crédito de sectores vulnerables. Sería carente de toda lógica que una entidad bancaria pública, de la que dependen los fondos de una parte de la ciudada-nía, careciese de una representación di-recta ciudadana. Por ello, funcionando bajo la consecución de metas sociales en detrimento de objetivos puramente financieros, se aporta un contrapeso fundamental para incrementar el nivel de democracia en la economía.

razones soCiales:1) Al crear una banca pública

donde el crédito tenga una clara utili-dad social, se hace frente de manera

1 Montero Soler, Alberto (2012): “Banca pública”, en Hernández Zubizarreta, J.; González, E. y Ramiro, P. Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 47-49.

2 “La concentración bancaria en España alcanza su máxima cota histórica”, Cinco Días, 27 de enero de 2013.3 Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.4 Copyme se adhiere al manifiesto de Bankia Pública. http://bancapublica.info/copyme-se-adhiere-al-manifiesto-de-

bankia-publica/

*Fernando Heredia García es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina

(OMAL) y del Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense

de Madrid (UCM).


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Chantall Marie Ramírez*

En épocas de “bonanza” pasaban desapercibidas, hoy no. La crisis económica que atraviesa España desde hace casi una década ha puesto el foco sobre cuestiones económicas y sociales que venían desarrollándose en el país mucho antes del estallido de la misma, entre ellas prácticas fiscales de grandes empresas y fortunas que se han caracterizado por evitar contribuir a los presupuestos del Estado. Diferentes instituciones y voces expertas proponen alternativas que abogan por la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia.

Empresas transnacionales españolas:propuestas alternativas de fiscalidad

El fraude fiscal representa uno de los mayores agujeros presu-puestarios para la economía es-

pañola: a través de las grietas legales dentro del sistema tributario las gran-des firmas aprovechan los beneficios fiscales y, además, utilizan la ingenie-ría fiscal para transferir sus beneficios a jurisdicciones de baja tributación y así reducir sus facturas fiscales.

En la actualidad, casos tan sona-dos como el Luxleaks, que muestra cómo más de 340 transnacionales han recurrido a la evasión fiscal para pa-gar menos impuestos y aprovechar las leyes ventajosas de Luxemburgo, o la famosa lista Falciani, que contiene 130.000 nombres de potenciales eva-sores con cuentas no declaradas en la sucursal de Ginebra del banco inglés HSBC, profundizan en la necesidad



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de buscar nuevas alternativas a este tipo de prácticas cada vez más gene-ralizadas.

españa, uno de los países Con Menor presión fisCalOtro factor que añade más leña al fuego es que diversos informes in-ternacionales, entre ellos el de la Or-ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se-ñalan que España es uno de los países con menor presión fiscal de la zona euro, ubicándose muy por debajo del promedio. En 2013 este parámetro se situaba en España en el 32,6 por cien-to frente al 40,1 de la media europea, y esto teniendo en cuenta que entre 2007 y 2013 se produjo la mayor caí-da de la presión fiscal de la zona, dis-minuyendo en un 5,4 por ciento.

En los últimos años, la excusa de los grandes déficits públicos ha sido utilizada para llevar a cabo el des-mantelamiento del estado de bienes-tar, con privatizaciones incluidas, sin plantearse la posibilidad de desarro-llar una política fiscal más justa o de eliminar la evasión y el fraude fiscal por parte de empresas transnacionales. En este contexto, destacan propuestas alternativas a la fiscalidad que hacen de la imposición a estas empresas el verdadero impulso de la economía del país y permiten el sostenimiento del estado de bienestar a través de la justi-cia, la equidad y la redistribución.

A través de la búsqueda de alter-nativas a la fiscalidad se puede incen-tivar la creación de un sistema fiscal basado en los principios de eficiencia, equidad y suficiencia, y con ello se avanzaría en el cumplimiento del artí-culo 31.1 de la Constitución española de 1978: “Todos contribuirán al sos-tenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igual-dad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

algunas sugerenCiasLa realidad golpea de frente dejan-do claro que el sistema fiscal espa-ñol recauda poco y que se encuentra muy por debajo de la media europea. Autores como Vicenç Navarro, Juan

Torres o Alberto Garzón, así como instituciones como Intermón Oxfam, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) o la OCDE, han hecho al-gunas recomendaciones acerca de los cambios que deberían implementarse en el sistema fiscal español para ha-cerlo más justo y eficiente. La primera recomendación que hacen es la de una reforma al impuesto sobre sociedades, pues a pesar de que desde 2007 el tipo nominal general de este impuesto es del 30 por ciento para las grandes em-presas y del 25 para las PYMES, el tipo efectivo que soportan (es decir, lo que pagan respecto a sus beneficios) es muy inferior al nominal gracias a la aplicación de exenciones, a meca-nismos de planificación fiscal y a que las empresas de mayor tamaño apro-vechan todas las oportunidades para reducir la factura fiscal.

En segundo lugar, hacen referen-cia a la necesidad de eliminar privi-legios fiscales y figuras como la de las Empresas de Tenencia de Valores en el Extranjero (ETVE), especial-mente atractiva para los extranjeros no residentes en España, ya que los beneficios de sus filiales no tributan en España, como tampoco la poste-rior distribución de los dividendos a sus socios (salvo que sean residentes en paraísos fiscales). El sistema fiscal español, aseguran, debe eliminar las ventajas fiscales en materia imposi-tiva sobre la renta empresarial y la derivación de los incentivos al ámbito más transparente de la financiación y las políticas de gasto público.

Otro elemento que debe ser revisa-do son las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). GESTHA y Oxfam coinciden en la necesidad de realizar una modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para establecer un porcentaje máximo de participación, entre un dos y un cinco por ciento, fijado así estatutaria-mente para evitar abusos y equiparar la tributación de los beneficios a los de las empresas.

Por otro lado, una de las grandes propuestas para el endurecimiento de las sanciones contra el fraude y el delito fiscal es la aprobación de una ley tributaria anual. Esta ley recoge-ría y corregiría los huecos legales o de interpretación descubiertos por las

administraciones tributarias y estaría abierta a un período de consulta en el que podrían participar tanto profesio-nales de la Administración como la sociedad civil.

Con el objeto de reducir la des-igualdad económica a largo plazo, diferentes organizaciones proponen la aplicación de un impuesto al patrimo-nio y a las grandes fortunas. GESTHA plantea la creación de un impuesto sobre la riqueza que supere los de-fectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), lo que podría hacer que se triplicara la recaudación.

Otro de los retos a los que se viene enfrentando el sistema tributario es-pañol desde su modernización es a la lucha contra la economía sumergida. En este contexto, Oxfam propone que las medidas que se tomen sean tanto en procedimiento como en cuantía a tributar, de manera que se incentive el cumplimiento voluntario y la formali-zación también en la seguridad social.

Los técnicos de GESTHA con-sideran que el mayor potencial re-caudatorio se encuentra en la lucha contra este tipo de fraude, ya que sólo reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida (hasta situarla al nivel de la media de la UE) se obten-drían más de 38.500 millones de eu-ros adicionales cada año, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.

”

“La excusa de los grandes déficitspúblicos ha sido

utilizada para llevar a cabo el desmantelamiento

del estado de bienestar, con privatizaciones

incluidas, sin plantearse la posibilidad de desarrollar una políticafiscalmásjusta


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*Chantall Marie Ramírez es investigador del Observatorio de Multinacionales en América

Latina (OMAL) - Paz con Dignidad y del Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad

Complutense de Madrid (UCM).

un probleMa MundialEs indudable que la evasión y la elu-sión fiscal son un problema de alcan-ce mundial, cuyas repercusiones en el conjunto de la economía han quedado patentes a raíz de la crisis actual. Las estructuras complejas que tienen las corporaciones transnacionales posibi-litan que tengan a su disposición una serie de técnicas que permiten trasla-dar beneficios de una filial a otra, con el objetivo de favorecerse de cada le-gislación.

A nivel internacional, las propues-tas giran en torno a la necesidad de desarrollar un impuesto a las transac-ciones financieras, medida defendida en los últimos años por ATTAC. Por su parte, las transacciones en España (al igual que en muchos otros países) están exentas de IVA, por lo que el Es-tado deja de recaudar 2.500 millones de euros anuales (30.000 millones en la UE). En un informe propuesto por la Comisión Europea, dada la diferen-te naturaleza que presentan los activos financieros gravados, se propone apli-car un tipo impositivo mínimo del 0,01 por ciento en la compraventa, cesión, celebración o modificación de los con-tratos de derivados y un gravamen del 0,1 para el resto de instrumentos.

La existencia de estas normas fis-cales ha favorecido la expansión de las políticas de precios de transferencia en los grupos transnacionales, lo que está provocando una reacción impositiva de las administraciones. Es importante que, de forma conjunta, los gobiernos a nivel global reaccionen implantando medidas antiabuso o de control de las compañías extranjeras.

En el entorno de la UE se debe, por un lado, incrementar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro terri-torio, aumentando la participación de las administraciones tributarias auto-nómicas, y, por otro, crear consorcios tributarios y ampliar la información sobre transacciones internacionales de capital.

La OCDE apunta que es necesa-rio, en términos de precios de transfe-rencia, mejorar las normas para poner más énfasis en la creación de valor por parte de grupos muy integrados, abordando el uso de intangibles, ries-gos, capital y otras transacciones de

alto riesgo para desviar los beneficios. Asimismo, recomienda que se utilice el principio de los precios de merca-do para los precios de transferencia y para determinar si una transacción es “abusiva” con respecto a dichos prin-cipios.

ConTra los paraísos fisCalesOtro factor esencial a nivel interna-cional es la lucha contra los paraísos fiscales, que actúan en un ambiente de secretismo e impunidad con un impacto enormemente perjudicial, debilitando las instituciones dentro de los países y poniendo en riesgo la es-tabilidad del sistema financiero en su conjunto.

Como tercera medida, organi-zaciones como Oxfam apuestan por crear una lista negra europea de pa-raísos fiscales con carácter vinculante y, a partir de ahí, desarrollar una es-trategia coherente para luchar contra ellos. Por último, habría que mejorar la transparencia sobre la información financiera de las grandes empresas, especialmente de las multinacionales. Las empresas deben facilitar de forma pública y accesible la lista de todas las filiales y los países en los que operan.

Sin lugar a dudas, la crisis econó-mica y financiera desatada en 2008 -y los enormes déficits presupuesta-rios que ha generado- han supuesto el empuje necesario para que diseñar un sistema fiscal cimentado en bases que puedan sostenerse a largo plazo vuelva a estar dentro de las priorida-des del país. Recuperar la capacidad recaudatoria del Estado para mante-ner el nivel de gasto público actual e incluso aumentarlo para mejorar las prestaciones y la cobertura del esta-do de bienestar es imprescindible, no obstante, es necesario hacerlo me-diante un sistema impositivo que sea progresivo y recaiga sobre todos y todas: empresas e individuos, en fun-ción de su capacidad y de su actividad económica real.

Para ser socialmente responsable se debe ser fiscalmente responsable, por eso el Estado debe poner en mar-cha leyes que obliguen a las grandes empresas a pagar lo que corresponde y a cerrar los resquicios del sistema fiscal internacional de los que éstas se aprovechan. Por su parte, las grandes firmas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales: sólo un trabajo conjunto permitirá una mayor recaudación y justicia fiscal en el futuro.q

”

“El Estado debe poner en marcha leyes que obliguen a las grandes empresas a

pagar lo que corresponde y a cerrar los resquicios del sistemafiscalinternacional

de los que éstas se aprovechan

Entre las medidas a tomar estaría, en primer lugar, la de buscar una de-finición más objetiva y completa del término “paraíso fiscal”, ya que el estándar utilizado por la OCDE se ha mostrado insuficiente. En segundo lu-gar, la de actuar contra el uso abusivo de los trusts1: sin un registro público (disponible para las autoridades fisca-les de otros países) es prácticamente imposible obtener información acerca de los activos depositados. A nivel eu-ropeo esta armonización de registros conduciría a establecer un registro de sociedades y trusts que permitiría conocer a los beneficiarios reales de toda entidad creada.

1 Mecanismo de origen anglosajón empleado durante dé-cadas con distintos propósitos; un contrato privado por elcualunapersonatransfiereunbienoderechoaotrapersonadesuconfianzaconelfindequelocontroleyadministreenbeneficiode terceraspersonas,normal-mente familiares o allegadas.


COOPERACIÓN

35 años de UNAMGReivindicamos la alegría, la resistencia y la rebeldía de las mujeres

Maya Varinia Alvarado Chávez*

El 8 de marzo de 2015 la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) cumplió 35 años. Esta conmemoración de vida y lucha sucede en un contexto convulso, dada la deslegitimación del sistema político por hechos de corrupción develados por la Comisión Internacional contra la Impunidad, junto al Ministerio Público, a partir del 16 de abril del año en curso.

foTografía: unaMg.

L a denuncia pública, que alcanza a la presidencia y vicepresiden-cia de Guatemala, ha generado

múltiples movilizaciones ciudadanas que, de manera constante, sábado a sábado, han llenado y llenan la Plaza de la Constitución para repudiar es-tos hechos pero también para intentar proponer la ruta de los cambios pen-dientes a partir de los Acuerdos de Paz. Este escenario de efervescencia social se remonta a los momentos de la fundación de UNAMG, a una etapa en los años setenta y ochenta de am-plia movilización de sectores sociales y, con y desde ellos, de numerosas mujeres abanderando luchas.

TrabaJo preparaTorio El terremoto de 1976 afectó profunda-mente a los sectores más empobreci-dos del país y puso al descubierto las grandes diferencias sociales y la mi-seria que enfrentaba la mayoría de la población. Para las mujeres, represen-tó salir del marco de las tareas domés-ticas y del hogar y pasar a formar parte de los comités de madres, de los comi-tés de salud en las comunidades afec-tadas, de los comités para reorganizar la vida de las comunidades destruidas.

En este marco, UNAMG nace como un colectivo de cuatro mujeres que, en su búsqueda de transformacio-nes sociales profundas, encontraron en el feminismo una valiosa herra-mienta teórica y política. El objetivo era en primera instancia formarse po-líticamente para poder diseñar cursos a nivel amplio dentro de UNAMG.

La coyuntura del terremoto del 76 permitió iniciar la organización


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de la UNAMG a nivel de frente am-plio. Pioneras de este trabajo fueron principalmente Olga Jiménez Muñoz, ya fallecida, Aura Azucena Bolaños y Lesbia Gálvez, quienes, desde sus di-ferentes experiencias, conocimientos, compromiso social y frentes con sec-tores de la población, se propusieron impulsar el trabajo con distintos sec-tores de mujeres.

En los cursos impartidos en la ciu-dad de Guatemala participaron estu-diantes de educación media, maestras, trabajadoras de servicios, trabajadoras de la salud, universitarias, grupos juve-niles y pobladoras. De 1977 a 1979 se realizaron reuniones y asambleas en las que se discutían diversos temas. Todo ello llevó a plantearse la necesidad de formar una comisión coordinadora para organizar el I Encuentro Nacio-nal de la Mujer, donde se plantearía la necesidad de conformar una organiza-ción que lograra hacer confluir tantas inquietudes y reivindicaciones. Como resultado de este proceso de trabajo se lograron realizar tres eventos significa-tivos durante el año de 1980.

fundaCión de unaMgDe acuerdo con las resoluciones de las asambleas de los diversos sectores de mujeres, se había planificado que el 8 de marzo de 1980 se realizaría el Primer Encuentro Nacional de la Mujer, y que ese encuentro sería también la asamblea general constitutiva de la organización.

El 31 de enero se producen los dolorosos y lamentables sucesos de la Embajada de España. Profundamente consternadas e indignadas por la ma-sacre de 37 campesinos, campesinas y

estudiantes, víctimas del terrorismo de Estado, se reflexionaba acerca de si era prudente realizar el I Encuentro de la Mujer. Algunas compañeras integran-tes de la organización estaban ya vigi-ladas y amenazadas. El I Encuentro se realizó finalmente, pero algunas com-pañeras no asistieron para poder estar alerta ante cualquier contingencia.

En medio de esta incertidum-bre, pero con absoluta convicción, la Asamblea se realizó en la colonia Sa-kerti el 8 de marzo de 1980. Allí que-dó formalmente constituida la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), aunque éste no fue su pri-mer nombre.

Participaron aproximadamente en-tre 250 y 300 mujeres representantes de los distintos sectores, incluyendo indígenas y campesinas de distintas regiones del interior del país. Destacó en este grupo la presencia de aproxi-madamente 80 mujeres quekchíes de Alta Verapaz. Entre los objetivos ini-ciales de la UNAMG en ese momento histórico destacan:

- Erradicar todas las formas de dis-criminación contra la mujer.- Demandar la solidaridad del mo-vimiento femenino internacional para con la lucha de las mujeres y el pueblo de Guatemala, denunciando la miseria, explotación y represión a que éste es sometido por la dicta-dura militar y el imperialismo.

La UNAMG surgió como organiza-ción que buscaba impulsar fundamen-talmente las reivindicaciones de las mujeres. En ese momento el consenso entre ellas se daba en torno a la nece-sidad de luchar por mejores condicio-

nes de vida para la mujer trabajadora. Su consigna inicial fue la siguiente: “¡Por nuestra lucha social, viva la mujer combativa!”.

perseCuCión políTiCa y exilioLa persecución política desatada en contra del movimiento social a fina-les de los años setenta y los ochenta golpeó profundamente a la UNAMG. Una de sus fundadoras, presidenta entonces de la Junta Directiva, Silvia Gálvez, fue secuestrada y desapare-cida por las fuerzas de seguridad del gobierno en diciembre de 1985.

Este hecho doloroso ocasionó que el trabajo en Guatemala tuviera que hacerse en la clandestinidad y que va-rias de las dirigentes principales, que ya habían recibido amenazas, tuvieran que salir al exilio. Se continuó traba-jando en y desde México, Nicaragua,

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“UNAMG nace como un colectivo de cuatro mujeres

que, en su búsqueda de transformaciones sociales profundas,

encontraron en el feminismo una valiosa herramienta

teórica y política

foTografías: unaMg.


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Costa Rica y Australia. En estos países no sólo se mantuvieron los procesos de formación interna, sino que se generó organización, sobre todo en México, para recibir a familias que lograban huir del terrorismo de Estado implan-tado en Guatemala en esos años.

reTorno y reConsTruCCiónCon la firma de la Paz en 1996, va-rias de las integrantes de UNAMG que habían salido al exilio retornan, igual que otras compañeras que tu-vieron contacto con la organización. Esos primeros años fueron de recons-trucción del trabajo organizativo de UNAMG, que retoma su trabajo con grupos de mujeres en distintas regio-nes del país y retoma también la auto-formación a través de lecturas políti-cas, análisis de coyuntura y talleres de formación interna.

Al mismo tiempo que se desarrolla-ban estas tareas, la realidad de la vio-lencia iba marcando las dificultades en el trabajo con las mujeres como sujetas políticas de derechos. Esto obligó a la diversificación temática y al inicio del trabajo con sobrevivientes de violencia sexual durante el conflicto armado.

reesTruCTuraCión y ConsolidaCiónEn el año 2008, UNAMG inicia un proceso de reestructuración que con-firma la formación interna como una prioridad. Como recoge el Plan de For-mación de esas fechas, “concebimos la formación política como un proceso permanente y sistemático, que forta-lezca en las integrantes de la UNAMG, las herramientas teórico-conceptuales y políticas para interpretar y luchar por transformarse a sí mismas, sus fa-milias, las comunidades y la sociedad guatemalteca en su conjunto”.

En junio, una vez iniciado el proce-so de reestructuración, la coordinación retoma el proceso de formación interna y estructura el trabajo en áreas: a) par-ticipación política y ciudadana; b) no-violencia y construcción de la paz, c) justicia económica. Estás áreas trabajan sobre las líneas estratégicas de forma-ción/organización; investigación; co-municación; movilización e incidencia.

El trabajo continuo y la reflexión crítica del mismo en procesos inter-nos han ido impulsando los cambios necesarios para convertirnos en una

organización que consideramos una “herramienta de lucha para las muje-res que la integramos”.

eTapa aCTualAl hacer acopio de lo recorrido en es-tos 35 años vienen a la mente todas las mujeres de todas las edades, de todas las etnias y de todos los lugares de Gua-temala y el mundo con las que hemos creado complicidad para la construc-ción de una paz digna y duradera, de justicia social y de nuestro derecho in-alienable a una vida libre de violencia.

En los últimos años UNAMG ha enfrentado retos de todo tipo y ha su-perado obstáculos gracias a la convic-ción de la mayoría de sus integrantes, quienes han continuado trabajando pese a las dificultades financieras y las amenazas y riesgos que supone inter-pelar a los poderes fácticos del Estado de Guatemala.

UNAMG ha construido alianzas importantes para lograr sus objetivos políticos. En el marco de la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impuni-dad, realizó en 2010 el I Tribunal de conciencia contra la violencia sexual hacia mujeres indígenas en Guatema-la. Esta alianza está integrada por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y Muje-res Transformando el Mundo, además de por la UNAMG. Con ellas impul-samos el Caso Sepur Zarco, caso de justicia de transición en el cual quince mujeres quekchíes son testigas princi-pales por delitos contra los deberes de humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica que padecieron a manos de soldados en un destacamento militar en la comunidad de Sepur Zarco, El Estor, Izabal, al nororiente del país.

Asimismo UNAMG es parte de la Convergencia por los Derechos Huma-nos, espacio al que confluimos once organizaciones sociales que defende-mos derechos de mujeres, ambientales, niñez y adolescencia; derechos econó-micos y sociales, seguridad, justicia de transición; trabajo psicosocial y otros. Junto a estas organizaciones, UNAMG realiza acciones continuas de denuncia social y política, análisis de la realidad y movilización social.

UNAMG es parte de la Red Alfor-ja, desde donde promueve la educa-

ción popular feminista. Varias de sus integrantes acuden permanentemente a la Asamblea Feminista, espacio des-de el cual se articula una propuesta de transformación social desde los feminismos. A nivel internacional, UNAMG es parte de la Federación Democrática Internacional de Muje-res (FDIM).

Es difícil sintetizar estos 35 años llenos de la vitalidad y decisión. Se han recorrido caminos en muchas co-munidades donde viven mujeres di-versas, con sus familias o en soledad, en condiciones económicas, sociales y políticas que pretenden anularlas como sujetas y convertirlas en caudal electoral y beneficiarias de políticas clientelares. En esos caminos recorri-dos junto a ellas, su andar (presuro-so o pausado y sereno, pero siempre decidido) ha sido de gran aprendizaje. También hemos recorrido nuestros propios caminos, con aciertos y des-aciertos, abrazadas a la convicción de que es posible construir otra realidad desde la dignidad, la autonomía, la libertad, el pensamiento, la emoción del corazón, la plenitud de la vida.

Queremos rendir homenaje a los ideales que animaron a las fundadoras, a su espíritu de lucha, y reivindicar el ejemplo de todas las mujeres diversas que en Guatemala y el mundo han ofrendado sus vidas convencidas de la justicia y nobleza de la causa que de-fendían. Todas son ejemplo y luz en el camino. Es cierto que se ha conocido la violencia en todas sus manifestaciones, la persecución, el exilio, la desapari-ción forzada y la muerte, pero también el abrazo profundo, la sencilla alegría, el encuentro entre hermanas, el canto de todas, la solidaridad de los pueblos.

Este empeño es compartido por mujeres en todas partes del mundo que resisten y defienden la vida, el agua, el territorio, el cuerpo, el derecho a la justicia en su sentido más amplio. A pesar de que este sistema quiera decre-tar olvido e impunidad, se reivindica la alegría, la resistencia, la rebeldía y la decisión de continuar luchando y apor-tando en la construcción de un mundo más humano y justo.q

*Maya Varinia Alvarado Chávez es directora ejecutiva de la Unión Nacional

de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).


COMUNICACIÓN

Los h i los mediát icos del África al sur del Sáhara

Sebastián Ruiz-Cabrera*

Quién controla a los medios de comunicación es una cuestión que pasa desapercibida. Y no es casual. La respuesta atenta directamente contra las estructuras de poder que están

reforzadas por los agentes publicitarios que, a su vez, sostienen las radios, televisiones, periódicos y el propio internet. La apariencia de un abanico amplio de opciones para informarnos nubla una realidad que ataca directamente a la democratización de los contenidos y al ejercicio de

la propia profesión que desde hace tiempo ha sustituido sin ningún escrúpulo la máxima de informar por la de vender. Antes, esta variable estaba de alguna forma encubierta, pero

el capitalismo monopolista no tiene espacio para distracciones.

o incluso pagar. Aunque el acceso sea asimétrico.

Dos ejemplos: actualmente hay unos doscientos periódicos en la República Democrática del Congo (RDC). Algo parecido sucede en Nai-robi, capital de Kenia, en la que cien-tos de personas dedicadas a la venta ambulante moldean el paisaje urbano con periódicos bajo el brazo en varias lenguas: inglés, suajili, kikuyo, luo o árabe. Al mismo tiempo, el continente ha visto cómo hombres (sobre todo,

E l ecosistema actual de medios del continente africano es vi-brante. En algunas ciudades

donde hace apenas una década (an-tes de la ola de liberalizaciones de los años noventa) había aproximada-mente tres o cuatro periódicos y una radio (la del gobierno), hoy cientos de empresas compiten por hacerse un hueco. La población consumido-ra africana está más conectada por la accesibilidad de teléfonos móvil desde los que llamar, chatear, tuitear

hombres) lideran grandes conglome-rados mediáticos que controlan la ma-yor parte del contenido que se genera. Algunos de estos ejemplos serían el sudafricano Koos Bekker, el tanzano Reginald Mengi o el nigeriano Ray-mond Dokpesi.

una relaCión CoMpliCada: áfriCa y los MediosLa prensa, tal y como la conocemos en Occidente, surgió en el continente africano de la mano del colonialismo.

paula Cabildo.


COMUNICACIÓN

”

“La prensa, tal y como la conocemos en Occidente,

surgió en el continente africano de la mano del

colonialismo. En parte como soporte para mantener

informadas a las pequeñas élites económicas de las

colonias; en parte como un mecanismo más, utilizado

por las metrópolis, para “educar” en los valores

occidentales

En parte como soporte para mantener informadas a las pequeñas élites eco-nómicas de las colonias y ofrecer un espacio donde anunciarse; en parte como un mecanismo más, utilizado por las metrópolis, para “educar” en los valores occidentales. Sobre todo, el desarrollo del cine colonial y misio-nero en las décadas de los 20, 30 y 40 presentan un claro ejemplo de cómo la colonización utilizó las herramientas comunicativas para respaldar su mi-sión “civilizadora”.

La noción de la construcción del Estado en África ha estado ligada a los medios desde su inicio y se produjo en diferentes niveles. En primer lugar, a raíz de las independencias en la déca-da de los años 60, el pensamiento po-lítico africano empezó a preocuparse por la construcción de los Estados-na-ción y la consolidación del poder po-lítico. Su manifestación abierta fue la nacionalización de los medios de co-municación (prácticamente en un 80 por ciento eran propiedad de las élites coloniales), convirtiéndolos, de hecho, en portavoces de los nuevos Estados. En esta primera fase, los medios de comunicación fueron vistos como ins-trumentos para forjar y mantener una identidad nacional unificada y soñada.

En consonancia con este énfasis histórico sobre la construcción nacio-nal, varios presidentes africanos vie-ron en los medios de comunicación posibles vehículos para sus ideologías políticas de la unidad nacional.

Por ejemplo, el presidente Jomo Kenyatta (Kenia) instaba a la pren-sa a que “buscase la unión, en lugar del aislamiento”. De esta manera, en función de las ideologías, el relato varió según el país: podemos encon-trar el discurso de la “Personalidad africana” en la Ghana del presiden-te Kwame Nkrumah; el movimien-to de la “Negritud” en el Senegal de Leopold Senghor; la unidad nacional o “Harambee” en Kenia; el “Ujamaa” (o unión) en Tanzania, de la mano del padre del socialismo africano, Julius Nyerere; la narrativa del “Humanis-mo” en Zambia, respaldada por su pri-mer presidente Kenneth Kaunda; o el “Chimurenga” (lucha revolucionaria) en el Zimbabue de Robert Mugabe.

En segundo lugar, en el plano in-ternacional, las ideologías postcolo-nialistas de construcción de la nación debían coincidir con las convocatorias de un Nuevo Orden de la Información y la Comunicación (NOMIC). Curio-samente, en 1985, Edward W. Said, en su reconsideración del orientalismo1, se refería al debate sobre el NOMIC en términos de la producción irregular de los conocimientos y de los medios de comunicación para protegerse con-tra el nativismo, la intervención divi-na, el regionalismo, y las cortinas de humo ideológicas.

En tercer lugar, en la era de la glo-balización actual, las preocupaciones de los medios africanos se centran en cómo el Estado postcolonial pue-de volver a legitimarse ante los ojos de la gente. ¿Por qué? Pues porque la globalización desafía la noción del Estado-nación como unidad geográ-ficamente acotada, haciéndola per-meable a las influencias globales de la liberalización económica, la priva-tización, la comercialización y la in-ternacionalización.

En esta nueva configuración, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y una serie de organi-zaciones internacionales determinan y dictan la política fundamental. Son, en muchos aspectos, las nuevas ad-ministraciones coloniales. Y en este caso, los medios de comunicación se convierten en un peón en la política del poder, siendo desplegados al ser-vicio de las élites estatales y tratan-do de conquistar los corazones y las mentes de la ciudadanía.

Algunos de los problemas más críticos y difíciles que impiden el desarrollo de los medios, ya sean he-redados del pasado o de los marcos políticos actuales, son de carácter económico. Kenia, Nigeria y Sudáfri-ca se encuentran entre los pocos ejem-plos de entornos en los que las gran-des empresas de negocio están detrás de las empresas mediáticas.

Es importante observar también que el nuevo ecosistema político/legal ha favorecido la entrada de medios de comunicación extranjeros. Pero de al-guna forma no son nuevos. Muchos de los medios dominantes disponibles y

accesibles para las grandes audiencias africanas tienen vínculos accionariales con las antiguas metrópolis y, cuando no, la voz de sus principales agencias son referencia obligada para seguir la actualidad: la BBC (Inglaterra), Radio France International (Francia), Voi-ce of America (Estados Unidos) o la Deutsche Welle (Alemania).

Países enmarcados dentro de las economías más pujantes del mundo también tienen un protagonismo cada vez más considerable en África, como muestran los ejemplos de China y su nuevo canal de televisión CCTV-Afri-ca, o Turquía, con EbruTV. Un caso interesante también a tener en cuenta es el de AlJazeera, que en los países anglófonos está alcanzando cuotas elevadas de seguimiento.

No es previsible esperar que los medios de propiedad privada africa-na tengan el alcance de los grandes grupos internacionales que ya están consolidados en el continente. Sin embargo, tampoco parece que ésta sea la dinámica, especialmente por las condiciones económicas. Más bien es pertinente preguntarse dos cuestiones: por un lado, si la industria de los me-dios en África no se presentará como


COMUNICACIÓN

otro nuevo Dorado para el intento de control socioeconómico y, en segundo lugar, cuáles son las prácticas comu-nicativas-empresariales que estarían ejerciendo estos medios “nacionales”.

el iMpaCTo de la globalizaCión MediáTiCa en áfriCaA pesar del relativo aislamiento en los flujos de información (hay quien pue-de pensar que se trata de marginación), el continente africano se encuentra desde hace una década en la cúspide de los procesos comunicativos. Entre otras cuestiones, la globalización ha permitido que las imágenes y progra-mas de la industria cultural dominante sean efectivos para captar seguidores con lenguajes heterogéneos y con di-ferentes culturas. De hecho, África está inundada por el contenido de los medios de comunicación de masas y, con él, la filosofía, valores y diferen-tes visiones del mundo, sobre todo de los Estados Unidos.

La explicación es sorprenden-temente simple: no hay numerosas fuentes de noticias en el mundo y el ejemplo del panorama en Estados Unidos puede resolver algunas dudas. Cinco grandes corporaciones contro-lan el 90 por ciento de los medios de comunicación y conectan a estos cin-co conglomerados con las élites de la clase política y económica: Time Warner, Disney, News Corporation, Bertelsmann y Viacom. Sus ramifica-

ciones llegan a Europa, América Lati-na, Asia y África.

Sin embargo, aunque estos bre-ves ejemplos dan una impresión de un África asaltada por los medios de comunicación del Norte y sus valores afines, el intercambio cultural aquí no es uniforme y unidireccional. Las y los africanos son mucho más que re-ceptores pasivos de mensajes. A pesar de la casi abrumadora exposición a la programación occidental y a que los controles gubernamentales africanos sobre sus medios de comunicación tienen su base en modelos coercitivos del colonialismo europeo, los mass media africanos participan activa-mente en la hegemonía cultural que acompaña a la globalización.

CongloMerados MediáTiCos afriCanosLos conglomerados mediáticos mun-diales cosechan una cultura global que puede ser empaquetada, publici-tada y vendida como nueva al estilizar los distintos productos que ofertan: noticias, películas, vídeos, canciones, discos, revistas y sus accesorios cultu-rales sinérgicos, desde ropa a alimen-tos y artículos de cuidado personal. El éxito de la animación y el propio mo-delo de la publicidad promovida por los medios de comunicación transna-cionales indica el liderazgo hegemó-nico del capital global, ya que millo-nes de personas se sienten atraídas por

la levitación y el dulce olor del placer de comprar.

Los medios de comunicación globales y sus anunciantes buscan continuamente nuevos productos y nuevos mercados, apropiándose de ellos y estimulándolos, pero siempre dentro de un marco modificado de composición. Sin embargo, tanto la diversidad de experiencias culturales como sus prácticas y manifestaciones artísticas quedan fuera de los límites de los grandes conglomerados me-diáticos. ¿Y qué estrategia utilizan? La absorción y compra, o las alianzas estratégicas comerciales en aquellos sectores donde no tienen influencia. Y en el continente hay varias empresas, que aunque con inversión de capital local, siguen esta estructura mundial. A continuación cuatro ejemplos.

n naspers (sudáfriCa)Puede que sorprenda saber que la mul-tinacional más grande de Sudáfrica no se dedica a la extracción de recursos minerales como diamantes, oro o pla-ta. Tampoco procesa aceite ni produce cerveza. Al contrario, es una empre-sa de medios. Y el sudafricano Koos Bekker, de 62 años y posiblemente el magnate con más influencia mediática en África, está lejos de jubilarse.

Bekker es el director general y el mayor accionista individual de Naspers, un conglomerado que, en-tre otras empresas, controla 23 re-

”

“La globalización desafía la noción del

Estado-nación como unidad geográficamenteacotada,

haciéndola permeable a las influencias globales

de la liberalización económica, la privatización,

la comercialización y la internacionalización

paula Cabildo.


COMUNICACIÓN

*Sebastián Ruiz-Cabrera es periodista e investigador especializado en medios de comunicación y cine en

el África subsahariana. Doctorando por la Universidad de Sevilla, coordina la sección Cine y Audiovisuales

en el portal sobre artes y culturas africanas www.wiriko.org. Forma parte del consejo de redacción

de Pueblos – Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Nairobi (Kenia).

vistas (incluyendo las más leídas de la “prensa rosa” You, Drum y True Love), siete periódicos y el gigante de la televisión de pago DSTV. El ori-gen del nombre de Naspers proviene de la lengua afrikans, Nasionale Pers (Prensa Nacional) y, desde que cam-biara su nombre oficialmente en 1998, se ha erigido en una multinacional que ofrece servicios en más de 130 países.

Lo interesante es que sus orígenes estuvieron ligados a la dirigencia del Apartheid. Han tenido que pasar 100 años desde la fundación de Nasiona-le Pers (julio de 2015) para que uno de sus directivos pidiera oficialmente disculpas por su papel clave durante el racismo institucionalizado de Sud-áfrica.

Además, Nasper tiene aspiracio-nes intercontinentales como lo de-muestran su editorial Abril, de gran influencia en Brasil, sus empresas en Europa del Este o sus dos estandartes del antiguo bloque comunista: por un lado, Tencent, una empresa china cu-yas subsidiarias proveen servicios de internet y telefonía móvil; por otro, tiene acciones en el holding ruso DST, propietario del portal de Internet Mail.ru.

n naTion Media group (Kenia)Nation Media Group (NMG) tiene una historia de poco más de 50 años y actualmente es uno de los mayores conglomerados mediáticos en el con-

1 Edición revisada (1985) de la obra de Edward W. Said Orientalism, de 1977.

”

“IPP Resources es propietaria de minas de oro, uranio, cobre, cromo y carbón, lo que explica a la perfección la dinámica capitalista en la que sectores alejados de los medios de comunicación penetran en ellos y adquieren su control

tinente y el más grande de África del Este. El fundador, Karim Aga Khan, se graduó en Harvard en 1960 con una licenciatura en Historia Islámica, justo dos años después de convertirse en imán de los chiitas ismaelíes como Aga Khan IV. Así, se convirtió en el imán número 49. Fue precisamente en 1960 cuando Aga Khan IV sembró la semilla del NMG.

Este grupo con sede en Nairo-bi, fundado tres años antes de la in-dependencia de Kenia, nació en un momento en el que la prensa estaba controlada por la colonia, por lo que su objetivo fue proporcionar noticias independientes a través de los perió-dicos Taifa Leo (en kisuajili) y Nation (en inglés). Actualmente tiene presen-cia en televisiones, radios y periódi-cos en Kenia, Tanzania, Uganda y Ruanda.

El máximo accionista del NMG es el Fondo Aga Khan para el Desarrollo Económico (AKFED), un organismo internacional que a su vez forma par-te de la Red de Desarrollo Aga Khan (AKDN), con sede en Ginebra. Esta estructura tiene varias agencias que trabajarían en sectores tremenda-mente diversificados como el medio ambiente, la salud, la educación, la cultura o las microfinanzas. Como se puede apreciar, encontrar informacio-nes comprometidas sobre el AKDN, que trabaja en 30 países de África, Asia y Oriente Medio, puede ser una cuestión complicada.

n ipp Media group (Tanzania)Reginald Mengi es una de las perso-nas más influyentes de Tanzania. IPP Media Group, fundado a mediados de 1980, es propietaria de diez periódicos nacionales, dos de las estaciones de te-levisión más populares de África Orien-tal y una decena de estaciones de radio.

Al mismo tiempo es dueño de Bo-nite Bottlers, el único embotellador de productos de Coca-Cola en la región norte de Tanzania y de la marca de agua embotellada Kilimanjaro, la más vendida en el país. IPP Resources es propietaria de minas de oro, uranio, cobre, cromo y carbón, lo que explica a la perfección la dinámica capitalis-ta en la que sectores alejados de los medios de comunicación penetran en ellos y adquieren su control.

n daar CoMMuniCaTions plC (nigeria)

Es el conglomerado mediático más importante de Nigeria, la primera economía del continente. Constitui-do en 1988, fue pionero con el esta-blecimiento de la emisora de radio Raypower y con el lanzamiento de la primera televisión por satélite de África, en 1996, Africa Independent Television (AIT).

En 2003 lanzó su señal en los Estados Unidos y ahora se recibe en México, el Caribe y en toda Europa gracias al satélite Hotbird. Detrás de la rama comunicativa se encuentra Raymond Dokpesi, presidente tam-bién de Daar Investment Holding, un consorcio de bancos liderados por el Union Bank Plc, de capital mayorita-riamente inglés.

breves apunTes finalesLos ejemplos mencionados ilustran cómo la globalización de los medios en el continente africano se encuen-tra en un momento de dinamismo creciente y cómo sus prácticas están conectadas con los procesos globales capitalistas. Sin embargo, el acceso a las tecnologías de la información en África continúa siendo asimétrico.

Muy a menudo hay una suposi-ción implícita de que los cambios que está experimentando el sector mediático en Europa o Estados Uni-dos (en términos de crisis) tienen su reflejo en el resto del mundo. Pero, en la gran mayoría de países al sur del Sáhara, la industria mediática es vi-brante. El estudio de la estructura de la información y de la industria de los medios en África podría beneficiarse del actual dinamismo del continente, a menudo descuidado en los debates contemporáneos.q


COMUNICACIÓN

El escenario mediático en América Latina se caracteriza desde hace años por una propiedad altamente concentrada en manos de las familias más adineradas y poderosas, con gran capacidad de influencia en las decisiones gubernamentales. El cambio de tendencia en la región de una etapa neoliberal hacia políticas más progresistas afectó las relaciones con unos medios que se convirtieron en actores políticos de oposición y que se resisten a la entrada de actores públicos, sociales y comunitarios en el terreno mediático.

Mª Cruz Tornay*

La comunicación en América Latina, un territorio en disputa

D urante parte del mandato del presidente argentino Carlos Menem, las relaciones con el

poderoso Grupo Clarín se pudieron considerar como amistosas. En ese tiempo se dieron reuniones privadas que confirmaban la buena marcha de los vínculos entre poder político y mediático. En una de ellas, y ante la falta de acuerdo en un determinado tema, Menem enfatizó que él era el presidente país, a lo que el poderoso grupo mediático contestó recordándo-le que “ése” era un cargo menor. Años después, en 2002, quedó demostrada la participación de Venevisión, Globo-visión, RCTV y Televen en el intento

de golpe de Estado contra el presiden-te electo Hugo Chávez, en colabora-ción con la patronal Fedecámaras1. En el contexto centroamericano, aún hoy es conocido el “derecho a picaporte” del que se hace uso desde instancias directivas y de propiedad de los me-dios de comunicación para recordar a los gobiernos electos el apoyo ofreci-do en campañas presidenciales.

El intercambio de favores entre las familias propietarias y los gobiernos de turno fue durante décadas práctica habitual entre las élites del poder en América Latina. Algunos de los gran-des grupos mediáticos de la región, como el brasileño O Globo o el ar-

gentino Clarín2, difícilmente pueden esconder que sus exitosas carreras empresariales despegaron bajo la pro-tección de dictaduras militares.

Los medios privados han copado décadas prácticamente la totalidad de un bien público, como es el espec-tro radioeléctrico, hasta el punto de que la concesión de frecuencias fue asumida como una asignación a per-petuidad. Los privilegios ofrecidos a los medios privados nunca fueron discutidos ni su cuestionamiento for-mó parte del debate público, a pesar de que en países como Venezuela o Costa Rica las leyes que regían la ac-tividad de los medios fuesen incluso


COMUNICACIÓN

anteriores a la aparición de la televi-sión o se promulgasen en periodos no democráticos.

El estatus del que gozaban los me-dios privados se quebró con la llegada de gobiernos que rompieron la ten-dencia neoliberal que hasta principios del siglo XXI había predominado en la región. La batalla entre los gobier-nos denominados progresistas, nacio-nal-populistas o postneoliberales, y las corporaciones mediáticas, conver-tidas en activos actores políticos de oposición, perdura hasta el momento actual y es habitual que cargos presi-denciales como Cristina Fernández, Nicolás Maduro, Rafael Correa, Evo Morales o Dilma Roussef se declaren víctimas de la “guerra mediática” que el filósofo Fernando Buen Abad defi-ne como un “Plan Cóndor Comunica-cional” para la región3.

De acuerdo con este pensador mexicano, los medios de comunica-ción estarían operando como punta de

lanza para debilitar la popularidad de las y los presidentes que fueron ele-gidos democráticamente con amplio respaldo electoral. En la planificación de esta estrategia no sólo estarían im-plicados los grupos mediáticos del continente, como el colombiano Ran-dom, sino que también participarían grupos con altos intereses económi-cos en el área, como el Grupo Prisa y la CNN de Estados Unidos.

Ya sea para el fortalecimiento de-mocrático con la inclusión de nuevos actores, o como estrategia para debi-litar a los oligopolios mediáticos, lo cierto es que la comunicación es hoy un terreno en disputa, en el que entra-ron a participar un sector público que aún no ha terminado de consolidar su modelo y unos medios comunitarios con fuerte tradición pero con poca ca-pacidad de influencia para quebrantar la comunicación hegemónica.

Desde el intento de golpe de Esta-do contra Hugo Chávez, cinco países sudamericanos han aprobado leyes que regulan el espacio comunicacio-nal y mediático. Con diferentes pro-cesos, pero con similares acusaciones de coartar el derecho a la libertad de expresión, Venezuela (2004), Argen-tina (2009), Bolivia (2011), Ecuador (2013) y Uruguay (2014) lograron actualizar el marco legislativo que regula el sector. En todos ellos, a ex-cepción de Venezuela, se establece el reparto equitativo y porcentual para los sectores privado, público y co-munitario, en tanto que el acceso a las frecuencias es considerado parte del reconocimiento del derecho a la comunicación de los grupos históri-camente excluidos de la propiedad de los medios.

Países que apuestan ideológica-mente por la libre competencia tam-bién han reformado sus leyes de te-lecomunicaciones, como México y Colombia, pero sin recoger el espíritu participativo e inclusivo de las otras normas aprobadas en el continente4. La Reforma de las Telecomunicacio-nes de México fue aprobada en 2014 como parte de las reformas de la cons-titución presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto. El acceso a la banda ancha fue defendido como es-trategia para la mejora de la competi-tividad del sector de las telecomunica-ciones y el desarrollo económico del

país. La reforma también incluyó la licitación de dos televisiones en abier-to en un sector altamente concentrado con el objetivo de favorecer la com-petencia.

A diferencia del resto de legisla-ciones aprobadas en los últimos años, el estado mexicano no aprovechó la reforma para impulsar al sector co-munitario. Las radios comunitarias e indígenas son consideradas como aquellas sin fines de lucro y con “pro-pósitos culturales, científicos, educati-vos o a la comunidad”. La ley prohíbe a estas emisoras el ingreso de finan-ciación a través de venta de publici-dad y sólo contempla la obtención de recursos mediante fondos de entida-des públicas. Por tanto, el manteni-miento del sector depende de los fon-dos que cada gobierno esté dispuesto a entregar. Otro de los inconvenientes que encuentran los actores sociales es el máximo de potencia de 20 vatios fijado para las antenas comunitarias y que limita la presencia de estas radios a territorios muy reducidos.

Brasil, El Salvador y Costa Rica intentan sacar adelante una legisla-ción que permita democratizar el es-cenario audiovisual con la participa-ción de nuevos actores sociales. Sin embargo, la ausencia de mayoría en las cámaras de votación y la excesiva presión de los grupos mediáticos im-piden que los textos hayan pasado de la fase de discusión.

”

“Algunos de los grandes grupos mediáticos de

la región, como el brasileño O Globo o el argentino

Clarín, difícilmente pueden esconder que sus exitosas

carreras empresariales despegaron bajo la protección de

dictaduras militares

paula Cabildo.


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CenTroaMériCa, el inTenTo de ganar en deMoCraCiaA excepción de Costa Rica, los paí-ses que conforman la región de Cen-troamérica cuentan con una historia reciente muy similar: guerras civiles, apertura de periodos neoliberales, alta concentración de la propiedad de los medios, y estrecha relación entre po-der mediático y político; cuando no directa participación, como es el caso del ex presidente salvadoreño Antonio Saca, quien inició su carrera pública desde la presidencia de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (AS-DER). La comunicación nunca formó parte de los debates para la construc-ción de las nuevas democracias y tam-poco se vieron afectados los intereses de las empresas privadas. Más aún, la apertura de mercados favoreció la entrada del capital extranjero que hoy controla las economías de la región.

La implicación de los medios pro-piedad de la familia terrateniente Fa-cussé en el golpe de Estado de Hon-duras, la participación de la familia Ortega-Murillo en algunos de los me-dios nicaragüenses y el control de los cuatro canales que emiten en Guate-mala por un mismo propietario, Ángel González, son algunas de las piezas que componen el escenario mediático centroamericano. Con este panorama, se puede alcanzar a entender las difi-cultades que atraviesan los gobiernos de Costa Rica y de El Salvador para introducir cambios en el privilegiado sector de la comunicación.

La llegada al poder del FMLN des-pués de veinte años de presidencia de

ARENA permitió al presidente Mau-ricio Funes presentar un proyecto de ley que abriera el camino a la partici-pación de los medios comunitarios en el panorama nacional de telecomuni-caciones. Cuatro años después, la ban-cada opositora y la representación de la propiedad de los medios, como la citada ASDER, mantienen su rechazo a la entrada de las emisoras comunita-rias en el espacio radioeléctrico y a la propuesta de creación del Consejo Na-cional de Medios Públicos, destinado a administrar y garantizar la pluralidad e independencia de la televisión y la radio públicas salvadoreñas5.

En 2013, las asociaciones de me-dios populares presentaron a la Asam-blea Legislativa, junto a decenas de organizaciones aliadas, un Proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria que busca el reconocimiento de los actores comunitarios y el fortaleci-miento del sector público como medio para garantizar la diversidad de voces que no son reconocidas en el ámbito privado-comercial, una ausencia de pluralidad que obstaculiza el fortale-cimiento democrático del país.

En el caso costarricense, el desa-fío del gobierno de Luis Guillermo Solís es actualizar una ley de tele-comunicaciones que data de 1954, incorporando a los sectores sociales hasta el momento excluidos, aunque sin afectar los intereses de los medios hegemónicos que ya acusan al ejecu-tivo de copiar los modelos socialistas de la región. El “Texto base de discu-sión para una nueva Ley de Radio” es la propuesta lanzada para su discu-sión desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT). Por su parte, el denominado Movimiento Ciudada-no por el Derecho a la Comunicación elaboró el texto de la Ley Participati-va de Radio y Televisión, que, a dife-rencia de la limitada propuesta oficial, contempla el reconocimiento del de-recho a la comunicación a través del acceso a las frecuencias.

Las organizaciones que apuestan por democratizar la comunicación critican el texto del MICIT por no ga-rantizar el interés público en el uso del espectro radioeléctrico y priorizar la li-bre competencia, en la que los medios comunitarios, populares y educativos no juegan en igualdad de condiciones.

los medios públicos no terminan de consolidar un modelo que garantice la independencia de los gobiernos de turno y el sector comunitario es con-cebido, en la mayoría de los casos, con una reducida visión que pasa por su identificación con lo meramente local, y sin planes de proyección a mayor escala.

No obstante, la definición de lo comunitario en las legislaciones ha permitido el reconocimiento de las radios que emitían en la ilegalidad, ”

“Desde el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, cinco países sudamericanos han aprobado leyes que regulan el espacio comunicacional y mediático

la TransiCión haCia nuevos esCenarios MediáTiCos Transcurridos ya varios años desde la entrada en vigor de las leyes de comunicación en distintos países de la región, la estructura de la tenencia de la propiedad de los medios no ha cambiado sustancialmente. El sec-tor privado sigue acaparando entre el 80 y el 90 por ciento de las fre-cuencias disponibles en el espectro;

paula Cabildo.


COMUNICACIÓN

*Mª Cruz Tornay Márquez forma parte del consejo de redacción de

Pueblos - Revista de Información y Debate. Actualmente reside en Quito (Ecuador).

1 Villegas, E. (2012): Abril, golpe adentro, Fundación para la Cultura y las Artes, Caracas.2 Sobre la vinculación del Grupo Clarín y otros poderosos conglomerados mediáticos argentinos con la Junta Militar

que gobernó el país entre 1976 y 1983, ver “Clarín y La Nación confesaron en 1977 su complicidad con la dictadura”, Tiempo Argentino, 23 de agosto de 2010. Ver en http://tiempo.infonews.com.

3 Sobre el denominado Plan Cóndor Comunicacional, ver la entrevista en TeleSUR a Fernando Buen Abad: “En Amé-rica latina hay bases militares y bases mediáticas”, 1 de junio de 2015. Disponible en www.telesurtv.net. Ver también la noticia “Plan Cóndor Comunicacional en América Latina, denuncia Buen Abad”, 02/06/2015, en www.granma.cu.

4 Sobre la ley de reforma del sector de las telecomunicaciones impulsada por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, ver el artículo “Ley de medios a la mexicana”, en Página 12, 19 de marzo de 2013. Disponible en: www.pagi-na12.com.ar.

5 Sobre las resistencias de las élites empresariales y profesionales del sector de la comunicación al citado proyecto de ley de control de medios promovida por el gobierno del FMLN presidido por Funes, ver “Ley de Medios Públicos crea ataduras a medios privados”, en Elsalvador.com, 30 de marzo de 2014.

6 Sobre la relevancia de la pugna política entre el gobierno de Cristina Fernández y el Grupo Clarín como represen-tante de la élite empresarial vinculada al sector de la comunicación en torno a la ley de democratización de medios, ver “La madre de todas las batallas es una nueva ley de radiodifusión”, en La Nación, 13 de abril de 2008. Ver en: www.lanacion.com.ar.

como en Venezuela, o con licencia co-mercial, como en el caso ecuatoriano. En Uruguay, 140 emisoras fueron le-galizadas en los últimos dos años por un consejo independiente que garanti-zó el carácter comunitario de las 400 solicitudes recibidas.

La Ley de Servicios de Comuni-cación Audiovisual de Argentina, que establece el reparto porcentual y la ausencia de control de contenidos, es considerada como una de las mejores

”

“ El sector privado sigue acaparando entre

el 80 y el 90 por ciento de las frecuencias disponibles;

los medios públicos no terminan de consolidar un modelo que garantice

la independencia de los gobiernos y

el sector comunitario es concebido con

una reducida visión que pasa por su identificación

con lo meramente local

de la región. Sin embargo, la acusa-ción de inconstitucional y el poder de los medios privados confirman que, en casos como el argentino, las leyes son necesarias, pero no suficientes. La denuncia de inconstitucionalidad pre-sentada por el Grupo Clarín mantuvo la ley en los tribunales durante varios años, hasta que la Corte Suprema de Justicia de Argentina terminó resol-viendo en 2013 la constitucionalidad del texto. En su sentencia, la corte defiende que la libertad de expresión y el interés público es contraria a la concentración de medios, de tal ma-nera que se terminó priorizando el in-terés general al de la propiedad de las empresas6.

En Ecuador, la batalla entre el presidente Rafael Correa y los me-dios comerciales sigue abierta. Estos últimos denuncian una supuesta in-defensión ante los ataques públicos y personalizados que a menudo lanza el primer mandatario. El espectro ra-dioeléctrico aún está lejos de alcanzar la asignación proporcional por tercios establecida en la Ley Orgánica de Co-municación (LOC) para cada uno de los sectores, más aún cuando, a dos años de la aprobación de la norma, prácticamente no se ha creado ningún nuevo medio comunitario.

En este momento, el debate en el ámbito de la comunicación se centra en la propuesta que se realiza desde el gobierno ecuatoriano de declarar la comunicación como servicio públi-co, lo que deja en el aire numerosas preguntas sobre las implicaciones de este reconocimiento para el ejercicio de la profesión periodística y del de-recho a la comunicación, recogido en la Constitución de 2008.

La transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) marca un nue-vo desafío para todos los países de la región que, a excepción de Colombia y México, optaron por unificarse en el sistema estándar ISDB-T, con tec-nología digital brasileño-japonesa. El nuevo escenario en telecomunicacio-nes abre una vía para la tan buscada integración comunicacional del con-tinente, que actualmente sólo cuen-ta con dos canales regionales: CNN en español, que emite desde Estados Unidos, y TeleSUR, que recientemen-te cumplió diez años de emisión.

Aunque no todos los países tienen fecha para el apagón analógico, el es-cenario mediático regional deberá ha-cer frente a los nuevos desafíos de un cambio tecnológico sin vuelta atrás. Entre ellos, que la apuesta por la de-mocratización del sector y la inclusión de los actores excluidos no se vea des-virtuada con el cambio tecnológico.q


CULTURA

Clara Alonso*

Enrique M. Reguera es cofundador de la Escuela de Marginación de Madrid (1978),

entidad creada para preparar a personas que trabajan con menores que viven en situación de marginación, y fundador de varias asociaciones

de la coordinadora de barrios, donde ha trabajado intensamente a favor de aquellas personas más

débiles y desprotegidas. Lleva cincuenta años dedicados a la lucha por la infancia, revisando

los supuestos pedagógicos que llevan a multitud de chavales y chavalas a la calle, lejos de sus

familias y de su entorno. En palabras del propio autor: “Soy maestro por naturaleza, filósofo por

afición y, por nada, psicólogo”.

Leer a…

Enrique Martínez RegueraE nrique cuestiona con vehemencia el papel de las

instituciones estatales en todos sus libros, ya que, en su opinión, éstas sienten un profundo despre-

cio hacia estos pequeños y pequeñas y sus familias: “Se les judicializa, se les interna, y ya queda todo resuelto”. También se muestra especialmente crítico con la Ley de Protección Jurídica del Menor, una “norma de apariencias que estataliza a los niños y comete atrocidades con ellos”.

Acaba de cumplir 80 años y se mantiene muy joven y en forma. Prueba de ello es su último libro, Manifiesto personal contra el Sistema (Editorial Popular, 2015), en el que, con su acostumbrada sinceridad y eficacia no sólo plasma su testamento vital sino que arremete de manera contundente y sin “paños calientes” contra instituciones, medios de comunicación, ONG, subvenciones… y tantas y tantas flagrantes evidencias que ponen en entredicho un sistema ya putrefacto.

El trabajo de Enrique M. Reguera a lo largo de su vida se ha centrado en la infancia y la juventud, al igual que toda su obra. En algunos de sus ya legendarios libros, como en De tanta rabia tanto cariño (Popular, 2005), se desvela que el autor, crio en su casa en sucesivas tandas a medio centenar de chiquillos, chiquillas y adolescentes

paula Cabildo.

“no he ConoCido a ningún Menor Marginado que sea irreCuperable”


“”

Arremete de manera contundente contra instituciones, medios de comunicación, ONG, subvenciones… y tantas y tantas

flagrantes evidencias que ponen en entredicho un sistema ya putrefacto

Leer a... Enrique Martínez Reguera b CULTURA

vian y que son fundamentales. Ante la pregunta “¿para qué debe servir un centro de tutela?”, él contesta:

“Como prioridad ha de garantizar una buena crianza a los niños que tienen la mala suerte de que su familia no se la proporcione. Pero son un acuartelamiento que lo único que promueve es que los muchachos queden perdidos, sin amistades, sin parientes, sin vecinos, sin ambiente. Tienen que ser lugares muy tempo-reros, porque el niño tiene que vivir en su ambiente. (…) Si a un niño se le arrebatan todas estas pertenencias, se le está haciendo el daño más grande de su vida… Llevamos años com-probándolo, no se les da lo que necesitan, una buena crianza y reintegración en su propio mundo”2.

En su discurso encontramos muchas veces una palabra bastante ausente en los planes educativos de cualquier sig-no político, en las leyes del menor, en cualquier discurso sobre infancia: la crianza.

“Como psicólogo puedo decir que, salvo raras excepciones, una entre millares, los niños no necesitan psicólogos, sino una buena crianza. Y esto es lo que no veo trabajar ni en los centros de tutela ni en los de reforma. (…) La crianza es una actividad personal, una transmisión de lo interior adulto a lo interior de un niño, labo-res estrictamente personales donde lo profesional es perjudicial, molesto y absurdo”3.

Frente al tecnicismo y altruismo de moda, que convierten el tutelaje y la educación en un sistema de sometimiento, Enrique habla de otras formas de control y supervisión de la infancia en riesgo de exclusión social: sin desarraigo familiar y social, con control y por un tiempo medido y establecido, con un trato personal y no profesional, etc. En definitiva, lo que él lleva haciendo durante años en Valle-cas… y que funciona.

Enrique M. Reguera denuncia en su último libro que “la ciudadanía ha sido objeto de un concienzudo programa que, a modo de lavado de cerebro, se propuso cosificar-nos a fuerza de despersonalizarnos y deshumanizarnos”. Porque “es necesario restaurar la conciencia, ese punto de feliz encuentro, en donde la razón y el corazón confluyen y se entienden si se escuchan”4. Pese a todo, es optimista y sigue pensando que los problemas tienen solución. Los niños son la solución, y en los ojos claros y profundos de Enrique M. Reguera se ve el fin del desamparo.q

cuyas familias los atendían con dificultad. En Pedagogía para mal educados (2010) se destacan los grandes cambios que atraviesa nuestra sociedad y que determinan un tipo de “atención a la infancia” que repercute profundamente en las relaciones con sus familias y personal educador.

Tiempo de coraje (2006) refleja la cotidianidad que personas como Enrique M. Reguera viven con la infancia y juventud de nuestros barrios marginados: “De la mañana a la noche, sin saber de dónde ni porqué, nos encontra-mos en un mundo que no nos gusta ni estamos dispuestos a que sea el nuestro; en programas y proyectos que nos organizan, institucionalizan, vigilan y tutelan, desde su fe ciega en la eficacia del sometimiento”. El pedagogo es consciente del mal que hace institucionalizar la pobreza y la marginación. Así, habla de “la industria de la seguridad ciudadana” y durante un tiempo se dedica a recopilar todo lo que publicó la prensa sobre lo peligroso de la vida en Vallecas. El resultado de esta recopilación es La calle es de todos (2008), que habla de violadores en las esquinas, robos a mano armada y hasta niños de siete años peligro-sísimos que tenían que poner ladrillos en los asientos del coche que estaban robando para poder llegar al volante1.

Cuando uno se acerca y conversa con Enrique puede mantenerse alejado, sosteniendo una simple charla agra-dable con una persona educada, respetuosa y que habla de lo que centra su vida y su trabajo. Pero si queremos ver un poco más allá y entender qué es lo que hace a una persona dedicar su vida a las demás, percibimos una dosis de ver-dad con la que no damos en otras. Por ello, acercarnos a su obra hará comprender su pensamiento, su filosofía… y sus acciones, a veces difíciles de entender.

La lectura de uno de sus libros más filosóficos, Esa persona que somos. Desde la filosofía, la ética y la polí-tica (Popular, 2012), es ideal para esta comprensión. En esta obra intenta destacar la importancia del hecho de ser persona, advertir “que pese a las crecientes dificultades, las personas deberán seguir ahí, capaces de no rendirse, dispuestas a labrar su destino”.

“Quienes deseamos que la ley del más fuerte se cubra de he-rrumbre y descrédito, necesitamos consolidar nuestra con-dición de personas, porque la persona es la piedra angular sobre la que se consolidó la cultura de Occidente. Sin esa noción no tendría sentido hablar de identidad, libertad ni res-ponsabilidad. De un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a una repentina devaluación del hecho de ser personas”.

Pero Enrique M. Reguera no es un llanero solitario. Como decíamos, está desde hace años en contacto permanente con educadores y educadoras, centros de tutela, centros te-rapéuticos, educadores de calle, colegios y otros agentes, intentando hacer un trabajo conjunto, llamando la atención sobre ciertos aspectos de la marginación infantil que se ob-

*Clara Alonso ([email protected]) es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

1 El imaginario creado en torno a la delincuencia juvenil fue objeto de tratamiento en el III Encuentro Interprofesional sobre menores y jóvenes migrantes, celebrado en mayo de 2011 en Donostia y organizado por SOS Racismo. Ver artículos en la revista Mugak, número 56. Disponible en www.mugak.eu.

2 Conclusiones del III Encuentro Interprofesional sobre menores y jóvenes migrantes. 3 Ibíd. 4 Reguera, Enrique M. (2015): Manifiesto personal contra el Sistema, Ed. Popular,

Madrid. Citas de páginas 61 y 99.


CULTURA b Libros

AlternAtivAs Al modelo ActuAl. decrecimiento, buen vivirJesús gonzález pazos, puri pérez roJo y MaiTe ezquerro sáenz, sua edizioaK, ColeCCión eusKal herria. 2014.

Decía Vandana Shiva que “bajo la máscara del crecimiento se disimula, de hecho, la creación de la penuria”. Este libro, impulsado por Mugarik Gabe, presenta varias alternativas al modelo actual, propuestas que se realizan no con la intención de exponer soluciones cerradas a los gran-des problemas, sino con el objetivo de abrir el debate y generar reflexiones sobre la posibilidad de ir construyendo otros caminos diferentes al sistema dominante. Aborda propuestas como el decrecimiento, el buen vivir, la soberanía alimentaria, la ecología, la economía feminista y la economía solidaria para poder ir pensando y generando vías alternativas entre todos y todas.

Jesús González Pazos. Licenciado en Antropología y Etnología, posgrado en Movimientos Sociales de América Latina y especialista universitario en Derechos Humanos. Miembro de Mugarik Gabe y responsable de su área de Pueblos Indígenas.

Maite Ezquerro Sáenz. Licenciada en Psicología, técnica en Desarrollo So-cial y máster oficial en Desarrollo y Cooperación Internacional. Trabaja en el equipo de Educación y el área de Soberanía Alimentaria y Consumo Conscien-te y Responsable de Mugarik Gabe, desde donde trata de conocer, compartir y aportar a procesos transformadores para una sociedad más sostenible, justa y equitativa.

Puri Pérez Rojo. Licenciada en Bellas Artes, especialidad de Audiovisuales. Colaboradora de Mugarik Gabe desde 1987 y en la actualidad coordinadora de

esta organización, apuesta por la cooperación desde hace más de 25 años como forma de mejorar un poquito este mundo tan desigual y tan injusto con las mujeres.

enriC llopis, CoediTado por la ediTorial alfaqueque y la CooperaTiva del banCal de Molina de segura. 2015.

Enric Llopis ofrece en este libro, prologado por la periodista Olga Rodríguez, el portavoz del SAT Diego Cañamero y el politólogo Manolo Monereo, un panorama de la crisis en formato periodístico con reportajes y entrevistas. El primer bloque de la obra incluye entre-vistas a tres conocidos activistas: Manolo Cañada, miembro de los Campamentos Dignidad de Extremadura; Rafael Mayoral, abogado y activista de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), y José Coy, miembro de la PAH y activista de las Marchas de la Digni-dad. El segundo bloque incluye reportajes sobre personas afectadas por la precariedad y la exclusión derivadas de la actual crisis económica.

Gente precaria. La rebelión de los frigoríficos vacíos aborda desde una perspectiva sencilla, directa, espontánea y no académica la realidad de las personas desahuciadas por la crisis. Es por esto que aporta la experiencia de varias personas que se han politizado y entrado en el activismo social a partir de situaciones de pobreza.

Enric Llopis es periodista y desde 2008 colabora habitualmente con Rebelión. Durante una década ha simultaneado su trabajo profesional en gabinetes de comunicación institucionales con la colaboración en medios como L’Avanç, L’Accent o Radio Klara. Ha publicado artículos y entrevistas en Diagonal, El Viejo Topo, Kaos en la Red, Crónica Popular y Pueblos - Revista de Información y Debate. Es autor, junto a Manolo Monereo, del libro Por Europa y contra el sistema euro (El Viejo Topo, 2014).

Gente precAriA. lA rebelión de los friGoríficos vAcíos

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SSuScripción anualEstado español: 32,5 euros - Unión Europea: 35 eurosNúmero de suscripciones:

DatoS De la perSona SuScriptoraNombre:Dirección: Población:Provincia:Teléfono/s - fax:Correo electrónico:

FormaS De pago:1.Domiciliación bancariaBanco / caja:Domicilio sucursal. Calle y nº:Código postal y localidad:

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente la Asociación Paz con Dignidad-Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:IBAN - Entidad - Oficina - D.C. - Número de cuenta

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Pueblos 67 – Cuarto trimestre de 2015

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