RÉGIMEN DE POLÍTICA COMERCIAL: MARCO Y OBJETIVOS DE TAILANDIA

1) PANORAMA GENERAL

1. La estructura de la formulación de la política comercial en Tailandia no ha

experimentado cambios de importancia desde el anterior examen de las políticas

comerciales, que tuvo lugar en 1999. El Gobierno ha introducido medidas

encaminadas a mejorar la gestión y la eficiencia burocráticas, como el

establecimiento de la Comisión Nacional Anticorrupción independiente y la

reestructuración en curso del sector público.

2. Tailandia está comprometida con la liberalización del comercio y las inversiones

como medio de aumentar la competitividad y con ello promover un crecimiento

económico sostenible y mitigar la pobreza. Estas reformas son parte importante de la

estrategia doble que sigue el Gobierno con respecto al desarrollo, consistente en

fortalecer la economía interna y al mismo tiempo integrar en mayor medida a

Tailandia en la economía mundial. Uno de los objetivos principales de la política

comercial es fomentar el crecimiento de las exportaciones mediante la

diversificación de los mercados y el aumento del valor de los productos.

3. El Gobierno apoya el libre comercio y está comprometido con la liberalización

del sistema multilateral de comercio, y en especial con la del sector agrícola. En su

calidad de miembro del APEC, Tailandia también se ha comprometido con el

"regionalismo abierto" con miras a liberar y abrir el comercio y la inversión para

2020. Asimismo, contribuye a la liberalización del comercio regional y, además de

la AFTA, está tratando de negociar una red de acuerdos bilaterales de comercio

preferencial. Por otra parte, Tailandia busca mayores vínculos comerciales

regionales dentro de la ASEAN mediante, entre otras cosas, el establecimiento de

una Zona de Libre Comercio ASEAN-China en 10 años, la formación de una Zona

de Libre Comercio del Asia Oriental entre los miembros de la ASEAN, China, el

Japón y Corea ("ASEAN más tres"), y una Asociación Económica entre la ASEAN y

el Japón. Tailandia considera que los acuerdos regionales de libre comercio pueden

ser un catalizador eficaz del libre comercio y servir de complemento al

multilateralismo.

4. Tailandia sigue aplicando un régimen de inversiones extranjeras generalmente

liberal. Se han reducido las listas negativas que restringen los niveles de inversiones

extranjeras directas en determinadas actividades. Los inversores estadounidenses

reciben trato preferencial, pues, según un tratado de 1966, están exentos de la

mayoría de las restricciones relativas a las IED.

MARCO CONSTITUCIONAL E INSTITUCIONAL GENERAL

5. La Constitución y el sistema parlamentario democrático de Tailandia no han

experimentado cambios importantes desde el examen de las políticas comerciales

que tuvo lugar en 1999. Se celebraron elecciones para la Asamblea Nacional en

2001 con arreglo al sistema electoral revisado, y las siguientes serán en 2005 para la

Cámara de Representantes y en 2006 para el Senado. Con arreglo a lo dispuesto en

la Constitución revisada de 1997, se establecieron nuevas instituciones antes del final

de 1999; por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Comisión Electoral, y la

Comisión Nacional Anticorrupción independiente. La lucha contra la corrupción es

una de las principales prioridades del Gobierno. Además, se creó un Tribunal

Administrativo a mediados de 2000 encargado de resolver las diferencias

administrativas en que participase el Gobierno.

La Constitución prevé la libertad de "practicar lealmente" la libre competencia, con

sujeción a limitaciones establecidas por leyes basadas en consideraciones relativas a

la protección del consumidor, la planificación urbana, la conservación de los recursos

naturales y del medio ambiente, la seguridad pública, las medidas de lucha contra los

monopolios o la erradicación de las condiciones no equitativas de competencia. Se

imponen las limitaciones necesarias a las empresas estatales para proteger la

seguridad nacional o el interés público, o para el suministro de un servicio público.

La Constitución prevé además una mayor descentralización gubernamental.

ACUERDOS BILATERALES

Tailandia y Bahréin concluyeron recientemente un Acuerdo Marco sobre el

Estrechamiento de la Asociación Económica, que entró en vigor el 29 de diciembre de

2002. Ambas partes intercambiaron una lista de 626 partidas, respecto de las cuales se

eliminaron de inmediato los aranceles del 3 por ciento. Se espera que otros aranceles

sean eliminados para el año 2010. Las negociaciones con la India (Acuerdo marco

sobre un acuerdo de libre comercio) y Australia (Acuerdo comercial por el que se

estrechan las relaciones económicas entre Australia y Nueva Zelandia) se deberán

concluir a más tardar en octubre de 2003. Tailandia también está negociando o tiene

intención de negociar un conjunto de amplios acuerdos comerciales bilaterales con

distintos interlocutores, entre los que se cuentan el Japón, los Estados Unidos

(probablemente por añadidura al Tratado de Amistad vigente), el Perú, México, Nueva

Zelandia y la República de Corea, y hasta otros 12 países en el futuro próximo.

Tailandia considera que los acuerdos de libre comercio pueden ser un catalizador eficaz

del libre comercio y un elemento modular del sistema multilateral de comercio. Las

autoridades han indicado que Tailandia tratará de garantizar la compatibilidad con los

principios del APEC de "regionalismo abierto" y las disposiciones de la OMC de

manera que los beneficios que se obtengan se hagan extensivos a terceros países.

Los trabajadores extranjeros en Tailandia por lo general deben obtener un permiso de

trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (Ley de Empleo de Extranjeros,

1978). Diversas ocupaciones y profesiones están vedadas a los extranjeros (Real

Decreto de 1979). Se aplican disposiciones especiales a los extranjeros que trabajen en

actividades promovidas por la Junta de Inversiones o en virtud de leyes especiales,

como la Ley del Petróleo, a fin de facilitar la aprobación de los permisos de trabajo.

Además, los ciudadanos extranjeros que trabajen en Tailandia tienen que cumplir los

requisitos de visado

La Constitución

27. La actual Constitución de Tailandia, vigente desde 2007, conserva en gran parte

lo esencial de la Constitución de 1997, pero incluye disposiciones más claras y

perspectivas más amplias con respecto a la protección de los derechos y libertades de la

población, y hace más hincapié en el proceso de la participación directa del pueblo. Hay

en la Constitución de 2007 cuatro características innovadoras importantes que vale la

pena destacar. Se trata de las siguientes:

a) Una mejor protección y promoción de los derechos humanos y libertades de la

población;

b) La imposición de restricciones al poder ejecutivo para reducir al mínimo los

casos de malversación y abuso de poder;

c) La insistencia en la transparencia y en normas éticas y morales de la

administración pública; y Disposiciones encaminadas a fortalecer las facultades de

varios órganos independientes para aplicar sistemas de frenos y contrapesos.

28. El contenido y la estructura de la Constitución de 2007, que garantiza los

derechos y las libertades del pueblo tailandés de conformidad con los principios de

derechos humanos, figuran a continuación.

2. Principios y directrices

29. Los principios básicos relativos a los derechos humanos garantizados por la

Constitución de 2007 son:

En las disposiciones generales (arts. 4 y 5), se establece la protección de la dignidad

humana, los derechos, las libertades y la igualdad de las personas, y que el pueblo

tailandés, con independencia de su origen, sexo o religión, gozará de igual protección en

virtud de la Constitución;

En el ejercicio de las competencias de todas las autoridades del Estado (arts. 26 a 69) se

prestará la debida atención a la dignidad humana, los derechos y las libertades, de

conformidad con las disposiciones de la Constitución;

Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos por la Constitución sean

vulnerados, podrá invocar las disposiciones de la misma para incoar una demanda o

defenderse ante los tribunales;

No se impondrá a ninguna persona la restricción de los derechos y libertades

reconocidos en la Constitución;

Los hombres y las mujeres gozarán de los mismos derechos;

No se permitirá la discriminación injusta contra ninguna persona por motivos de origen,

raza, idioma, sexo, edad, discapacidad, condición física o de salud, situación jurídica

personal, posición económica o social, creencia religiosa o educación u opinión política

expresada con arreglo a la Constitución;

Toda persona gozará de los derechos y las libertades de protección de su vida y su

integridad corporal;

Se prohíbe todo acto de tortura y toda pena por medios crueles o inhumanos;

Queda prohibido el arresto, detención o búsqueda injustificados de cualquier persona;

Queda protegido el derecho de una persona cuyos derechos se vulneraron a recibir

reparación;

Se protege el derecho a una vivienda segura;

Derecho a la libertad de circular y de elegir su residencia dentro del Reino;

Se protegerán los derechos familiares de una persona, su dignidad, su reputación y el

derecho a la privacidad;

Toda persona gozará de la libertad de comunicación por medios legítimos;

Toda persona gozará de plena libertad para profesar una religión;

Nadie será castigado por un acto, a menos que este constituya un delito en virtud de una

ley en el momento de la comisión del mismo (nullum crimen, nulla poena sine lege);

El sospechoso o el acusado en un juicio penal se presumirá inocente mientras no se

demuestre su culpabilidad;

Se garantiza el derecho a acceder sin obstáculos a un proceso judicial;

Todo niño, joven, mujer, anciano o persona con discapacidad tendrá derecho a la

protección adecuada en el proceso judicial.

30. Otros derechos garantizados por la Constitución se refieren a los derechos de

propiedad; el derecho de sucesión; la compensación justa en los casos de expropiación

de bienes inmuebles; derechos y libertades en materia de ocupación y derecho a la

protección del trabajo y del bienestar; libertad de expresión de las personas y de la

prensa; prohibición del cierre de un periódico o un medio de comunicación o injerencia

en estos medios, y la concesión de dinero u otros bienes por parte del Estado como

subvenciones a periódicos u otros medios de comunicación privados; derechos y

libertades en materia de educación; derecho a los servicios de salud pública y el

bienestar; derechos de información y de petición; libertad de reunión, de asociación y de

formar un partido político; derechos comunitarios, y derecho a salvaguardar la

Constitución.

Las leyes y el sistema judicial

39. El sistema judicial de Tailandia es una combinación del derecho consuetudinario

tailandés y el derecho occidental. Se han promulgado leyes sobre la celebración de los

procesos judiciales, la aplicación coercitiva de la ley y la protección de la justicia.

Además de la Constitución, que establece las directrices fundamentales para la

protección de los derechos y libertades de la población, existen el Código Penal

tailandés y el Código Civil y Comercial, promulgados en 1908 y 1923, respectivamente,

actualizados mediante modificaciones. También existe el Código de Procedimiento

Civil y el Código de Procedimiento Penal, promulgados en 1936, que constituyen la

base principal de los procedimientos judiciales. El Código Penal tipifica los delitos

contra la vida y la integridad corporal, los bienes y el bienestar físico de las personas y

prohíbe la aplicación de la pena capital a una persona de menos de 18 años de edad. El

Código Civil y Comercial establece principios y reglas generales sobre cuestiones que

afectan al bienestar social, los bienes y la vida en general. Estos dos códigos constituyen

la base de la legislación para la protección de los derechos de las personas.

Marco de protección y promoción de los derecho humanos

A. Aceptación de las normas internacionales

43. Tailandia es actualmente parte en siete de los nueve tratados de derechos

humanos de las Naciones Unidas, como se muestra en el cuadro 7, según se indica a

continuación:

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

(8 de septiembre de 1985), suscrita con siete reservas: el artículo 7, relativo a la

igualdad en la vida política y pública; el artículo 9, relativo a la nacionalidad de los

hijos; el artículo 10, relativo a la igualdad del derecho a la educación; el artículo 11,

relativo al empleo; el artículo 15, relativo a los contratos; el artículo 16, relativo a la

igualdad en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, y el

artículo 29, relativo a las controversias entre Estados partes. Cinco de estas siete

reservas se han retirado. Las dos reservas que se mantienen son las relativas a los

artículos 16 y 29. (Tailandia se encuentra actualmente en el proceso de examinar la

retirada de su reserva al artículo 16.)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (30 de enero de 1997). Tailandia no

presentó ninguna reserva, pero hizo declaraciones interpretativas sobre cuatro artículos:

el artículo 1, relativo al derecho de libre determinación; el artículo 6, relativo a la

imposición de la pena de muerte a personas de menos de 18 años de edad; el artículo 9,

relativo al derecho de toda persona detenida a ser llevada sin demora ante un tribunal, y

el artículo 20, relativo a la prohibición de la propaganda en favor de la guerra. El

Gobierno está examinando la retirada de sus declaraciones interpretativas sobre los

artículos 6 y 9, dado que las leyes pertinentes ya han sido modificadas.

Tailandia ha realizado grandes esfuerzos para cumplir las obligaciones previstas en los

instrumentos en los que es parte. El marco de protección de los derechos humanos de

Tailandia ha mejorado notablemente después de que el país se convirtiera en Estado

parte en los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Los principios

de derechos humanos se han incorporado a la Constitución. Se han establecido órganos

independientes de derechos humanos para supervisar y proteger estos derechos. Se han

hecho esfuerzos para revisar, modificar y promulgar leyes con el fin de mejorar la

protección de los derechos humanos y de formular estrategias para remediar la situación.

Como resultado de esos esfuerzos, algunas de las reservas formuladas al ratificar

instrumentos de derechos humanos se han retirado, en particular las relativas a los

artículos 7 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los artículos 7, 9, 10,

11 y 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer. También se han hecho esfuerzos para difundir los instrumentos a una

audiencia lo más amplia posible a través de diversos medios.

49. Tailandia ha tomado seriamente sus obligaciones de presentar informes. Cada

instrumento tiene requisitos y plazos específicos para la presentación de informes. Esos

informes son importantes mecanismos de seguimiento para las Naciones Unidas y

revisten importancia también para los propios Estados partes como mecanismos de

autoevaluación. Los progresos realizados por Tailandia en la aplicación de esos

instrumentos se describirán detalladamente en los informes correspondientes a cada uno

de los instrumentos.

La protección a los inmigrantes en Tailandia Bangkok, 22 de marzo de 2013 – A finales de enero, se concedió a los dos millones de trabajadores inmigrantes irregulares, que se calcula que viven en Tailandia, una prórroga cuatro

meses a sus permisos de trabajo, hasta abril de 2013, mientras esperan que sus respectivos

gobiernos verifiquen sus nacionalidades. Aunque este es un buen paso como medida temporal,

cuando termine el nuevo plazo, los inmigrantes irregulares se enfrentaran a las mismas

amenazas de detención y deportación que sufren en la actualidad, dice Kohnwilai

Teppunkoonngam, responsable de atención a los inmigrantes del JRS Tailandia.

A menos que haya un cambio social en cómo las sociedades de acogida, como la tailandesa,

perciben a los inmigrantes y refugiados, será muy difícil garantizar la protección de los más

necesitados. Así lo ven los equipos del JRS en Mae Sot – donde los migrantes forzosos de

Birmania constituyen el 70 por ciento de la población – cuyo trabajo incluye las actividades de

advocacy, la capacitación en derechos laborales y el apoyo a la creación de medios para la

subsistencia.

Después de abril, los trabajadores inmigrantes indocumentados que ya están en Tailandia

podrían no poder registrarse ya que es improbable que el plazo se prorrogue de nuevo. En

cambio, el gobierno tiene previsto contratar a nuevos trabajadores directamente de Laos,

Camboya y Birmania, mediante los acuerdos bilaterales firmados entre 2002 y 2003, dice

Teppunkoonngam.

El trabajo de los inmigrantes está infravalorado. En las últimas dos décadas, Tailandia ha

sido objeto de un creciente escrutinio a sus políticas por no proteger a los trabajadores

inmigrantes irregulares de la explotación y del abuso.

A pesar de su enorme contribución al crecimiento anual del PIB, se calcula un cuatro por ciento,

los dispendiosos costos para registrarse y la falta de cumplimiento de las normas de protección

laboral hacen vulnerables a los trabajadores inmigrantes.

Aunque los centros de ventanilla única mejoran el acceso a la verificación de la nacionalidad en

poco tiempo, cerrar esta puerta permanentemente, en vez de dejarla abierta, no puede ser una

solución a largo plazo", dice Teppunkoonngam, que recuerda que Tailandia es signataria de la

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores

migratorios y de sus familiares, de la ONU de 1990.

DERECHOS Y LIBERTADES

El capítulo tercero trata de los derechos y libertades de los tailandeses (arts. 26 a 68), si bien se

pueden encontrar referencias en otras partes del texto constitucional. Es de destacar que, aunque

parecida a la Constitución de 1997,17

la amplitud de derechos reconocidos a los grupos es

mayor.18

Sobre los derechos fundamentales establece:1 19

1. La libertad de ejercicio de los derechos por los ciudadanos y la obligación de respeto al

mismo por las autoridades, con las únicas limitaciones del respeto a las normas

constitucionales y a la moral pública.

2. Se establece que los derechos y libertades reconocidos son inviolables, y que los

ciudadanos pueden pedir el amparo de los tribunales de justicia en su defensa, si bien

las leyes determinarán y concretarán el ejercicio de los derechos y el ámbito de las

libertades, con respeto a la constitución.

3. Cualquier limitación deberá ser establecida por ley.

4. Se reconoce la igualdad de todos los ciudadanos, y la obligación de los poderes

públicos de salvaguardarla. Igualmente se establece la no discriminación por razón

de sexo, lugar de nacimiento, raza, condiciones físicas y psíquicas, posición social o

económica, creencias religiosas, orientación política o educación (arts. 31 y 32). En

materia religiosa, a diferencia de las anteriores constituciones, no se declara

al budismo como religión oficial, si bien se menciona al señalar que el Rey es el cabeza

de la Iglesia budista en el país y que el Estado la protegerá, junto a otras confesiones

religiosas (art. 78).20

21

5. Se prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y cualquier forma de ejercicio irregular de

violencia contra las personas, debiendo la fiscalía actuar de oficio contra quienes los

ejercieran (arts. 32 y 33).

6. Se establece la libertad de circulación por todo el país, el derecho al honor, la propia

imagen y la no intervención en la vida privada y familiar; la libertad de

comunicación salvo las excepciones previstas en las leyes; la libertad religiosa (art. 37)

y de culto, así como las ceremonias a ellas asociadas, siempre y cuando no atenten

contra la moral o la ley; se prohíben, asimismo, los trabajos forzados (arts. 32 a 38).

7. Derecho a un juicio justo, a no ser condenado salvo por los tribunales de justicia, a

la presunción de inocencia mientras no haya sentencia firme de un tribunal. Los

procedimientos judiciales han de ser rápidos, no excesivamente costosos, públicos y

sujetos a las pruebas presentadas. Se reconoce igualmente el derecho a la defensa (arts.

39 a 41).

8. Derecho al trabajo, a una remuneración adecuada y a recibir prestaciones en

situaciones de desempleo (arts. 43 y 44).

9. Derecho a la libertad de expresión, salvo las limitaciones establecidas por ley y el

respeto al resto de los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Se prohíbe

la censura previa. Se establece la obligación de que los titulares de losmedios de

comunicación sean tailandeses, quedando prohibidas las ayudas del Estado a los

medios de comunicación. Los periodistas gozarán de libertad para difundir sus

opiniones. El espacio radioeléctrico y de comunicaciones de cualquier tipo vía

televisión se consideran de servicio público, y su uso se efectuará mediante concesión

administrativa por una agencia estatal independiente (arts. 45 a 47).

10. Derecho a la educación en igualdad de condiciones, y a la libertad académica (arts. 48

y 49).

11. Derecho a recibir unas prestaciones de calidad en el sistema sanitario público que será

de carácter universal (art. 50).

12. Derecho a la protección especial de:

1. Los menores frente a la violencia psíquica y los malos tratos. Se garantiza que

el Estado se hará cargo de la educación y cuidado de los niños cuando se

encuentren en desamparo.

2. Los mayores de 60 años, a recibir una pensión si no disponen de recursos

suficientes.

3. Los discapacitados a recibir atención y ayuda del Estado, así como de los

pobres (arts. 51 a 54).18

13. Derecho a la participación política en la elección de los cargos públicos, a conocer los

datos que sobre su persona están en poder de la administración, a la rectificación de los

mismos, a realizar peticiones y comparecencias ante los poderes públicos y a recibir, en

un tiempo razonable, respuesta a sus demandas y a la protección como consumidores

(arts. 55 a 61).

14. Derecho de asociación a los grupos y entidades legalmente constituidas, a crear una

entidad y afiliarse a un partido político. Se establece que los miembros de la Cámara de

Representantes que consideren que una resolución de su partido afecta a sus deberes

estatutarios como miembros del parlamento, o está en conflicto con los principios

constitucionales, pueden llevar la cuestión al amparo de la Corte Constitucional, la cual

podrá revocar la decisión del partido político (arts. 62 a 64).