PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LAS PROPUESTAS DEPATRIA GRANDE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LAS PROPUESTAS DEPATRIA GRANDE

MAYO 2015

3Introduccin

El sueo de un buen vivir nos moviliza

Cada da nos levantamos con la certeza de que po-demos vivir mejor. Lo merecemos. Esa esperanza es nuestro alimento cotidiano. Un mismo fuego recorre al obrero y a la maestra, al enfermero y a la estu-diante, a la ama de casa y al trabajador del campo. Con el sol matinal se levanta y renueva nuestra fe en el porvenir. Anhelamos una vida de felicidad para todas y todos, sin violencias, temores ni resquemores. El sueo de un buen vivir y un mundo mejor nos moviliza. Como el buen mate, nos rene, nos calienta el cuerpo y nos mantiene despier-tos.

Es dura la vida sin embargo. La mujer y el hombre de a pie lo saben. Dureza que deja cicatrices. Vivimos para trabajar en vez de trabajar para vivir. Sabemos -lo sentimos- que los mismos de siempre se enriquecen a costa nuestra. Ve-mos la riqueza de nuestro pas en pocas manos, mientas nuestro esfuerzo diario se nos escurre como el agua por un colador.

Contar con un empleo estable o una jubilacin digna es una excepcin y no una regla.

Tener una casa propia y decente es un lujo al cual accede-mos con suerte luego de largos aos de sacrificios.

Sufrimos la agresividad de ciudades desquiciadas. Pasamos largas horas de viaje slo para ir y venir al mismo punto.

Acaso no merecemos ms que esto?

Creemos que s. Ms que creer, estamos convencidos y convencidas de ello. Y esa conviccin es nuestro estandar-te. Con ella como maza quebramos el oscuro cristal que nos muestra lo injusto como inevitable y lo abominable como natural. La realidad aparece desnuda en toda su cru-deza ante nuestros ojos y lo posible se vuelve necesario. Aquel sueo de una vida mejor se vuelve nuestra bandera a la victoria. La buena madera se reconoce por su peso.

Triunfamos cuando soamos. Vencemos cuando no nos conformamos con migajas. La tristeza y los profetas de la derrota retroceden cuando un pueblo se echa a andar con la frente en alto y la mirada en el horizonte. En los almace-

nes, en las esquinas, en los bajos fondos, se oye el latido, el calor de la llama, el pulso que se hace eco de los soni-dos del pasado. Venimos a retomar un viejo camino. No ms que un nuevo captulo en la historia de lucha de los humildes, de los descamisados, de las trabajadoras y tra-bajadores. Aspiramos a esa Patria Grande que amasamos cariosamente desde hace siglos. La patria de aquellos que con esfuerzo sostenemos este pas y lo hacemos grande.

Somos muchos, millones. Ellos son pocos, muy pocos. De un lado, estamos nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las edades, laburantes, hacedores de la Patria Grande. Soadores de un mundo justo, sin miseria, po-breza ni explotacin. Una vida digna de ser vivida. De otro lado, quienes se benefician de la miseria ajena, viven en el lujo y el despilfarro; sustentados por poderes imperiales, hipotecan la vida de la nacin al bajo precio de su codi-cia. As pues, Argentina y toda Nuestra Amrica son hoy, como ayer, tierra de batallas.

No es fcil la contienda. Ellos, aunque son pocos, estn unidos en la defensa de sus privilegios. Un inters egosta pero compartido. Cuentan con el respaldo del dinero y de la ley. Como seores acostumbrados a mandar, inspiran temor y subordinacin. Nosotros somos muchos, la ma-yora. Pero estamos fragmentados, divididos. Nos cuesta vernos como parte de lo mismo. Y a veces nos equivoca-mos y vemos en el que piensa diferente a un enemigo. Y a ro revuelto ganancia del vendepatria/oligarca!

Por eso la unidad popular se impone como necesidad. Ya no es una mera consigna, es condicin indispensable para alcanzar nuestros sueos. Unidos, las esperanzas aparecen al alcance de la mano. No son vanas ilusiones, es la certeza de que la unin hace a la fuerza. La unidad de mestizos, criollos, indgenas y negros hizo posible la emancipacin americana. Solo un amasijo similar nos va a permitir el ca-mino a la segunda y definitiva independencia y a la cons-truccin de la Patria Grande.

2015: frente al giro conservador, una alternativa popular.

4Patria Grande se acerca a su primera presentacin electoral en la provincia de Buenos Aires en un momento trascendental en la poltica nacional. Tras doce aos de gobiernos kirchneristas, nos encontramos frente a unas elecciones presidenciales en las que la transicin aparece o bien como una posible continuidad con cambios por parte del oficialismo, o bien como una restauracin conservadora por parte de la oposicin de derecha.

Un triunfo del Frente para la Victoria (FPV), cuyo precandidato ms fuerte al da de hoy es el gobernador Daniel Scioli, no garantiza la continuidad de lo que podemos denominar las polticas ms progresivas llevadas adelante por el gobierno nacional en los ltimos aos, que le valieron el apoyo de amplios sectores del campo popular. Por el contrario, esta opcin surge de las limitaciones que ha tenido el kirchnerismo, y pone en jaque fundamentalmente la autonoma relativa del poder poltico respecto de los sectores del poder econmico y del imperialismo en un contexto de ofensiva estadounidense sobre Amrica Latina.

Por esto decimos que el escenario actual signado por una fuerte polarizacin kirchnerismo-anti kirchnerismo se caracteriza por un giro conservador, del cual el FPV forma parte. Mientras tanto, el fortalecimiento de la opcin liberal y de corte reaccionario que representa fundamentalmente el PRO, expresa la subordinacin de la poltica y la economa argentina a los intereses de las grandes corporaciones y al capital financiero internacional, en desmedro de cualquier anhelo de soberana, independencia o justicia social.

Es en este marco que realizamos nuestra apuesta. Millones de bonaerenses vivimos diariamente las consecuencias de un modelo que ha demostrado sus lmites para saldar deudas estructurales. Millones sabemos que ninguno de los grandes temas pendientes para mejorar nuestra vida cotidiana est en la agenda de los principales candidatos. Por eso estamos convencidos y convencidas de que es imprescindible construir una alternativa popular para la etapa poltica que se abre en nuestra provincia y en todo el pas.

51. Buenos AiresLa Provincia

La Provincia de Buenos Aires es el distrito ms gran-de de nuestro pas desde todo punto de vista, es la de mayor superficie, de mayor poblacin y de mayor producto bruto. Es La Provincia, en primer lugar porque posee cerca del 40% de la poblacin de la Argentina. Se-gn el censo de 2010, viven en ella 15.625.084 personas y su densidad poblacional supera en cinco veces a la media nacional. Pero no es solamente la cantidad de poblacin. La Provincia de Buenos Aires es la base territorial de la mayora de los grandes agentes econmicos, y en muchos casos sus intereses estn vinculados con los de la Capital, con lo cual ese agregado tiene una envergadura que no encuentra equivalencia en el pas.

La metrpoli portea desde su nacimiento condicion fuertemente el desarrollo de las tierras aledaas. La con-centracin del poder poltico y econmico en el distrito Capital configur, a lo largo de su crecimiento, el entrama-do de localidades que hoy conforman el Conurbano Bo-naerense. El rea metropolitana Capital y Gran Buenos Aires concentra la mitad de la poblacin del pas y los ms altos indicadores de la actividad industrial. El 63,5% de esta actividad est radicado en los partidos del Gran Buenos Aires y slo el 36,5% en el interior de la Provincia. La Matanza, el ms grande de los 135 municipios que la componen, alberga una poblacin similar a la de seis pro-vincias agregadas (Catamarca + La Rioja + Santa Cruz + Tierra del Fuego + San Luis + La Pampa).

En cifras, la Provincia generaba en 2013 el 37 % del Pro-ducto Bruto Interno del pas, el 56 % de la produccin industrial y el 33 % de las exportaciones nacionales. En el decenio 2003-2012 creci a un promedio del 8,2 % anual, por encima de la media nacional situada en 7,1. La impor-tancia de la produccin industrial de la Provincia es indiscu-tible. Aqu se refina el 66% del petrleo a nivel nacional y se concentra el 95% de la produccin nacional siderrgica. En el norte del Conurbano se encuentra la mayor aglome-racin de empresas autopartistas y ms de la mitad de las empresas terminales desde donde sale ms del 70% de los vehculos fabricados en el pas. Por otro lado, no hay duda de la gran importancia que tiene la produccin agrcola-ganadera en el inmenso territorio provincial.

El desarrollo industrial y agropecuario de la Provincia tiene su principal sustento en el esfuerzo de sus trabajadores. Hay ms de dos millones de trabajadores privados registrados, que se suman a ms de 600 mil trabajadores que dependen del estado provincial bajo distintas modalidades. Sin embargo, el sector industrial est muy lejos de ser la principal fuente de empleo. Es el de comercio y servicios el que nuclea a ms del 60 % de los trabajadores. Esto tiene un correlato directo con el poder adquisitivo de las familias bonaerenses y est signado por el principal problema que afronta el conjunto de la clase trabajadora: la precarizacin laboral. El empleo informal que incluye el trabajo en negro, sectores de la economa popular y el empleo domstico comprende al 45% de los/las trabajadores/as de la Provincia.

El crecimiento provincial de los ltimos siete aos caballito de campaa del actual Gobernador de la Provincia y primer precandidato presidencial del Frente Para la Victoria, Daniel Scioli se ha sustentado sobre la base de paritarias cerradas por decreto, con valores por debajo de la inflacin y la postergacin del pago de aguinaldos. As, el primer precarizador es el estado provincial, que mantiene a la cuarta parte de sus trabajadores en planta transitoria. Peor an, si se tienen en cuenta las diferentes modalidades de contratacin mensualizados, locacin de servicios, cargos docentes y no docentes, etc. y, sobre todo, la heterogeneidad de regmenes estatutarios que rigen las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la Provincia: el nmero de trabajadores precarizados que emplea el estado bonaerense se equipara a los que hoy se encuentran en planta permanente, y el nmero total de trabajadores asciende a ms de 630 mil. En palabras del mismo gobernador, en la Provincia hay ms de 330 mil docentes, es decir uno de cada dos empleados pblicos.

Es importante remarcar que en nuestra Provincia, que aporta el 60% del Producto Bruto Industrial del pas, los docentes 9% de la masa trabajadora de la misma cobran un 18% menos que la media nacional.

Mientras el Gobernador reivindica un crecimiento del

6Producto Bruto Provincial cercano al 37 %, el presupuesto de la Provincia contempla un aumento en las carteras de Salud y Educacin menor al 30%, absorbido en su mayora por los conflictos paritarios. Esta poltica lleva al desfinanciamiento progresivo de los hospitales y centros de salud pblicos dependientes de la Provincia, los cuales, a pesar de los anuncios rutilantes de modernidad e inversin, se sostienen con el esfuerzo de sus trabajadores. Situacin similar enfrentan los/las trabajadores/as de la educacin, donde la inversin en infraestructura y condiciones estructurales de jardines, escuelas y colegios, no se condice con el aumento paulatino pero constante de la matrcula en los establecimientos educativos de gestin pblica.

El desfinanciamiento de los sistemas de Salud y Educacin, como as tambin del Ministerio de Desarrollo Social, con los sucesivos recortes de planes vinculados a la juventud, es parte de la poltica de vaciamiento de lo pblico que ha mantenido Daniel Scioli a lo largo de sus siete aos al frente de la gobernacin bonaerense.

Caso contrario opera con la Seguridad, cuyo presupuesto

creci ao a ao en esta gestin. La poltica de seguridad impulsada por el gobierno provincial est basada en el control social, el aumento de la poblacin encarcelada y la saturacin con policas del espacio pblico. Gracias al decreto de emergencia en seguridad hoy los efectivos de la Polica Bonaerense llegan a 92.000, y esta fuerza se ha convertido en la principal fuerza armada del pas superando en ms del doble al Ejrcito Nacional. La no prorrogacin de la Ley de Emergencia no es un logro de gestin: marca ms bien la militarizacin de la Provincia. Las policas comunales, mrito exclusivo de esta gestin refuerza el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad bajo un incierto control municipal.

Creemos que es posible construir otra Provincia con la participacin activa y directa del pueblo. Una Provincia donde cada habitante tenga acceso a la salud y a la educacin; donde el transporte pblico sea accesible y de calidad; donde la vivienda sea un derecho para cada uno y una de nosotras. Queremos construir una Provincia que garantice trabajo digno para toda la poblacin. Soamos un pas con justicia social.

72. Tres ideas centrales de Patria Grande1.- Justicia social

Despus de una dcada de crecimiento de la eco-noma, la Provincia de Buenos Aires, que destaca entre otras a nivel nacional, como hemos dicho, sigue mostrando profundas desigualdades. Mejor parcial-mente la calidad de vida y hubo una mayor intervencin del Estado en diferentes niveles para compensar situacio-nes vulnerables, pero no hubo un cambio sustancial en la distribucin de la riqueza. La sociedad bonaerense sigue siendo profundamente desigual y fragmentada: los benefi-cios del perodo de bonanza que empieza a agotarse no han alcanzado a todos los sectores por igual.

A nivel nacional, por lo menos un cuarto de la poblacin percibe ingresos que no cubren lo mnimo para desarrollar una vida digna, es decir viven en la pobreza. El promedio del salario real se recompuso, pero apenas supera en un 20% el nivel bajsimo de 2001. Uno de cada tres trabajado-res alrededor de 4 millones y medio de personas est en negro. La capacidad de generar empleo se fue estancando en los ltimos aos: hoy un 16% de la clase trabajadora sufre desocupacin y subocupacin. El boom inmobiliario y la lgica especulativa que domina en las grandes ciuda-des, hacen que para buena parte del pueblo, incluyendo a los sectores medios, el acceso a una vivienda digna sea un sueo difcil de alcanzar. Lo mismo sucede con las comuni-dades rurales ante el avance del agronegocio. Y adems el derecho a la salud y a la educacin gratuita, y de calidad, si-gue estando afectado por falta de recursos materiales, in-adecuacin edilicia, insuficiencia de personal y sobre todo la competencia desigual con el sector privado.

El capitalismo serio con inclusin social tan proclamado por el gobierno ha llegado a su lmite: la permanencia de los problemas que sealamos significa la continuidad de la exclusin de amplios sectores populares y juveniles en el conurbano y en todos los rincones de la provincia. El ca-pitalismo serio, finalmente, es el capitalismo como tal: es el verdadero poder que explota y oprime.

La lucha por los derechos populares, por el acceso a los

servicios sociales bsicos, por conquistar mayores niveles de bienestar y felicidad colectivas, en fin, por apropiar-se colectivamente de la riqueza generada por el trabajo de los hombres y las mujeres del pueblo, est vigente en nuestro pas y forma parte de una disputa estratgica que tiene como fin ltimo la conquista de la igualdad social en todos los planos.

Es imprescindible descartar cualquier ilusin de que el avance del pueblo trabajador se haga sin afectar enrgicamente los intereses del poder econmico. Es fundamental comprender que las transformaciones profundas que necesitamos no llegarn desde arri-ba, a partir de la accin de tal o cual gobierno. Se-rn conquistadas con la movilizacin y la lucha por el cambio social. No habr justicia social sin poder popular. La organizacin de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto es el principal motor de la lucha por la justicia social.

2.- Soberana popularPara poner en pie un proyecto de nacin popular, real-mente independiente, que se proponga el bienestar de las mayoras, el cuidado del ambiente y la defensa de los inte-reses nacionales, necesitamos el manejo soberano sobre los recursos naturales y los sectores estratgicos del siste-ma productivo, as como tambin modificar radicalmente los criterios que guan el sistema financiero.

Soberana popular significa conquistar, entre otros, los si-guientes cambios estructurales:

1.- Asumir una poltica firme en relacin con la deuda externa y la necesidad de que se anule la validez de todo lo que tiene de fraudulenta e ilegtima.

2.- Reorientar la renta extraordinaria del agro para el desarrollo industrial y establecer la nacionalizacin del comercio exterior para controlar la mayor fuente de divi-sas que tiene el pas.

3.- Poner fin a la concentracin y la expansin indis-criminada del agronegocio, con el objetivo de romper

8la dependencia creciente respecto de la soja.

4.- Reorientar el uso del suelo y la propiedad de la tie-rra en funcin de nuestra soberana alimentaria, alentando la produccin agropecuaria para el consumo popular y te-niendo como horizonte la produccin agroecolgica.

5.- Disear una matriz energtica combustibles, electricidad, gas natural, agua que responda entera-mente a la rbita pblica y que se estructure en funcin del autoabastecimiento y el desarrollo productivo aut-nomo.

6.- Creacin de empresas pblicas que puedan inter-venir como agentes de peso en determinados merca-dos (alimentos, medicamentos, telecomunicaciones, etc.).

7.- Recrear un sistema de servicio pblico de trans-porte con participacin de trabajadores y usuarios en todos los sectores, incluyendo los puertos privatizados.

8.- Poner fin a la lgica comercial que predomina en el sistema de medios masivos de comunicacin. El ejercicio del derecho a la comunicacin supone la posibili-dad de que nuestro pueblo pueda expresar libremente su pensamiento.

Estas transformaciones fundamentales requieren de una nueva institucionalidad poltica del Estado, sepultando las normativas neoliberales vigentes (tratados de inversin, concesin de la soberana nacional en instancias de arbi-traje internacional, la propia Constitucin Nacional del 94, etc.). Se trata de transformar el Estado actual en un Estado de nuevo tipo que limite drsticamente el poder de los sectores privilegiados, que se sostenga en la participacin popular, que aliente la democratizacin radical de todos los rdenes de la sociedad y el derecho de las mayoras a una vida plena. Soberana nacional, claramente, significa soberana popular. En oposicin al modelo econmico-social que significa mayor concentracin de la riqueza en unos pocos, permanencia de la extranjerizacin de ramas fundamentales de la economa, y que se sostiene en el relanzamiento de las estructuras polticas tradicionales, proponemos un nuevo proyecto de pas cuyo pilar funda-mental sea el poder del pueblo trabajador sostenido por la unidad de sus organizaciones. Este nuevo proyecto se pro-pone superar la dependencia, el saqueo y la irracionalidad que impone la lgica de la rentabilidad capitalista.

3.- Protagonismo y poder popularLa poltica y el poder aparece en la sociedad actual como

actividad de especialistas, de los que tienen recursos eco-nmicos o de sus personeros, tambin de los que cuentan con reconocimiento meditico e incluso digan representar al pueblo. El neoliberalismo, tan marcado en dcadas ante-riores, instal en el sentido comn la idea de que la polti-ca es una prctica mezquina, sin tica ni principios, propia de personajes corrompidos y de aparatos burocratizados. Esta degradacin de la poltica, ms all del discurso neo-liberal y anti-poltico, existe realmente y es sufrida cotidia-namente por nuestro pueblo. Prometer una cosa y luego no hacerla, o hacer todo lo contario; hacerse elegir por un partido y luego pasarse de bando segn tal o cual inters, es algo muy comn en la prctica de los polticos. Tal es la poltica existente desde arriba.

Es necesario y realmente posible, a partir de la experien-cia de lucha de nuestro pueblo, comprendiendo los pro-cesos de cambio existentes en Nuestra Amrica crear y construir otra forma de hacer poltica: gestada desde aba-jo, discutida en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo y de estudio. Se trata de superar la democracia representativa: los/las votantes deben elegir a quines ejercern el gobierno en nombre de ellos/as, por una democracia participativa en la que todos y todas po-damos ser protagonistas del debate y de las decisiones de lo que debemos hacer, de lo que realmente necesitamos. Esto significa poner en el puesto de mando el poder del pueblo. Significa impulsar, construir y fortalecer el poder popular.

Construir poder popular es poner como fundamento la construccin de base en cada uno de nuestros territorios, el dilogo y el aprendizaje mutuo, asumiendo que cual-quier cambio vendr de la mano del protagonismo efecti-vo de los explotados, oprimidos y marginados. Construir poder popular es construir nuestra autonoma como clase trabajadora, torcer la relacin de fuerzas a nuestro favor y generar las condiciones para un gobierno popular. Poder popular es organizacin de los y las de abajo, es construc-cin de fuerza social y poltica emancipadora, es disputa integral econmica, poltica y cultural contra la clase do-minante. Es la clave para el cambio social, para la disputa por el Estado y la conquista de un gobierno popular. Es lo opuesto a la administracin progresista de la maquina-ria estatal existente: busca una transformacin radical de todas las instituciones del Estado, la construccin de una democracia protagnica, participativa, popular y comuni-taria. Patria Grande inscribe en su horizonte de lucha este objetivo fundamental.

93. Derecho a la Ciudad

La ciudad es un producto social e histrico. Una de las grandes contradicciones del desarrollo urbano es que la ciudad es construida socialmente, pero apropiada de manera privada. Sede del capital especulativo y del po-der poltico dominante, la ciudad que tenemos es de acce-so desigual y diferencial: la mayora del pueblo trabajador no puede acceder a su uso pleno o lo hace de modo muy costoso y precario, por lo que no puede habitarla desde sus necesidades y deseos.

En este sentido vemos cmo las grandes y medianas ciu-dades han sido apropiadas en gran parte por el mercado y la especulacin inmobiliaria. El derecho a la ciudad est en manos de la elite poltica y econmica que cada da profundiza ms la configuracin de los ncleos urbanos segn sus propios intereses: una ciudad concebida como una mercanca.

Esto produce inevitablemente ciudades ultra fragmenta-das, caticas, colapsadas, elitizadas, concentradas, agresi-vas, contaminadas. Grandes inversiones en autopistas se orientan hacia los requerimientos de acceso de intereses particulares por su preponderancia social-econmica, flu-jos de transporte comercial, flujos tursticos, barrios cerra-dos. El Estado los favorece construyendo grandes obras (autopistas, puentes, puertos, redes de infraestructura), garantizando as la alta valorizacin de tierras adquiridas por esos privados a bajo costo y asegurando mediante la gestin estatal y el uso de recursos pblicos la alta ren-tabilidad a los grupos desarrolladores. Adems, por la presin que ejercen estos grupos y sus inversiones, se ha vuelto tanto o ms caro acceder a una vivienda o a un alquiler en pequeas ciudades que en el Conurbano e in-cluso en la Capital.

A raz de esto, y por la falta de una poltica urbana popular nuestras ciudades sufren dos efectos nefastos, propios al capitalismo: el caos por la falta de gestin o planificacin social de los problemas pblicos de las mayoras; y una gestin estatal al servicio de los negocios privados, que privilegia las obras o intervenciones que garanticen la alta renta a los grupos inversores locales y globales.

El dficit habitacional, la segregacin urbana y la especu-

lacin inmobiliaria, son algunas de las expresiones de un problema complejo presente en cada uno de los grandes centros urbanos de nuestra Provincia. Las relaciones so-ciales de dominacin han avanzado con violencia en las formas de organizacin de nuestras ciudades, desde la invasin de grandes edificios hasta la contaminacin del medio ambiente y la expulsin de los sectores populares a zonas donde se profundiza la precarizacin de la vida, la represin y la criminalizacin. Las polticas urbanas lle-vadas a cabo durante las ltimas dcadas promueven el desplazamiento de los sectores sociales, populares y de clases medias, propietarios, inquilinos, trabajadores y tra-bajadoras (en sus diversas formas), estudiantes. Al mismo tiempo, los habitantes de la Provincia vemos avanzar la prdida de espacios pblicos, espacios verdes, de iden-tidad barrial y el colapso de los servicios pblicos (agua potable, cloacas, y energa), as como de los sistemas de transporte urbanos e interurbanos.

Pero ya no se trata slo de luchar por el derecho a la tierra y a la vivienda, por la cultura y los espacios pblicos, sino por otro modelo de desarrollo urbano. Por un derecho integral, amplio y participativo: el Derecho a la Ciu-dad.

Nuestra miradaEl Derecho a la Ciudad es el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, de-mocracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legiti-midad de accin y de organizacin, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prcticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminacin y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, con-cebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los de-rechos civiles, polticos, econmicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos1

La lucha por el Derecho a la Ciudad le da un marco gene-

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ral a derechos que suelen ser tomados en forma aislada, como el derecho a la vivienda, al uso comn del espacio pblico, a un ambiente sano, pero por sobre todo a una mayor participacin popular sobre las polticas urbanas. Creemos necesario concebir a la ciudad en s misma y en su conjunto, como un bien comn, un bien produci-do socialmente. No es el sector privado el que construye la ciudad, la produccin de la ciudad es una produccin co-lectiva y social, producto de la poltica pblica urbana y del accionar social. Entenderla de esta manera, nos permitir recuperar y transformar la ciudad en que vivimos y de la cual somos parte.

Las organizaciones populares debemos afrontar el desafo de discutir y modificar de raz las dinmicas urbanas excluyentes, denunciar a sus principales actores y construir una propuesta participativa y radical. Ve-mos necesario construir un proyecto de ciudad donde nuestro pueblo sea el principal actor en su definicin, donde el poder popular sea la herramienta para la distri-bucin de bienes y servicios (vivienda, transporte, infraes-tructura), ms all del reclamo por un acceso individual o colectivo.

La creciente valorizacin del suelo, las viviendas y los al-quileres, y la concentracin del mercado inmobiliarios, plantean la urgencia de esta disputa. A la que se suma un desigual acceso a los espacios pblicos, a la libertad de cir-culacin por la persecucin policial a los sectores popu-lares, la dificultad en el acceso y disfrute de los espacios pblicos y la cultura. Pelear por una ciudad que no est mercantilizada, privatizada y segregada, es pensar y proyectar una ciudad planificada al servicio de las ne-cesidades de sus habitantes, que garantice derechos individuales y colectivos. En este camino resulta indis-pensable reformular las regulaciones estatales, defender la funcin social de la propiedad e impulsar la participacin de los sectores sociales hoy postergados. Poner en discu-sin la base econmica y poltica sobre la que se construye la ciudad actualmente.

PropuestasPara transformar el modelo de ciudad actual, basado en una lgica de produccin y apropiacin del espacio urbano bajo el dominio de los sectores empresarios que viven de la obtencin de la renta urbana, es necesario cambiar las reglas de juego. Por un lado nos referimos a modificar las condiciones que permiten el avance de esta dinmica, as como potenciar otras formas de produccin, apropiacin y usos de la ciudad, y por otro se trata de cambiar la ca-pacidad de decisin que tenemos los distintos actores que hacemos y vivimos en la ciudad. Para pensar las propues-tas capaces de transformar el modelo de ciudad actual, es importante destacar la interrelacin entre ellas.2

Una transformacin del desarrollo urbano y territo-rial implica una lucha poltica y social por la produc-cin y apropiacin de la ciudad. Un proyecto de este tipo afecta intereses estratgicos y no cosmticos o coyun-turales. Es una disputa por la direccin de la sociedad.

Este momento hace necesario una serie de modificaciones de polticas pblicas. O sea, una serie de iniciativas que son de mbito de decisin estatal. Sin embargo, una transfor-macin del modelo de ciudad para llevarse a cabo como proyecto debe imponerse en la agenda pblica y poltica de manera masiva y debe ser apoyada por las mayoras so-ciales. Esto amerita lo que denominamos protagonismo popular. En este sentido creemos que adems del mbito estatal propiamente dicho, a travs de su institucionalidad poltica, es necesario el desarrollo de una nueva insti-tucionalidad poltica popular. Es necesario un conjunto de mecanismos institucionales, que expresen el protago-nismo popular de manera permanente y que tenga efecto en la produccin, usos y apropiacin de la ciudad:

1.- Modificar el rgimen de usos de los Cdigos de Or-denamiento Urbano. Articular mecanismos tendientes a inhibir la especulacin inmobiliaria, sea por medio de nor-mas urbansticas, con diferentes instrumentos de poltica econmica, tributaria y financiera.

2.- Modificar el sistema de gravamen sobre la renta urbana. El Estado debe implementar mecanismos para

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recuperar parte de la valorizacin inmobiliaria, puesto que es el resultado de la accin de toda la comunidad a travs del mismo. Generar instrumentos de regulacin y control del mercado inmobiliario. Impuesto predial para inmue-bles subutilizados o sin uso, tarifas progresivas, recupera-cin de plusvalas, control de los fondos de inversin.

3.- Protagonismo popular en la planificacin y ges-tin del desarrollo urbano y territorial. a) Reconoci-miento e incorporacin del Derecho a la Ciudad y del con-cepto de Produccin Social del Hbitat en los Cdigos de Ordenamiento Urbano. b) Formacin de un Consejo Local de Ordenamiento Urbano y Hbitat Social, con re-presentacin de las organizaciones populares, universida-des y representantes legislativos, no reducida a los agentes del negocio inmobiliario. c) Que en cada municipio se cree el Plan Urbano Integral Participativo, con reformas estra-tgicas que mejoren la vida de las mayoras populares. d) Creacin de las figuras de referndum populares, consul-tas populares, y plebiscitos para dirimir temas que hagan a los usos urbansticos por parte de actores privados o del propio Estado Municipal que puedan ser considerados de afectar los intereses comunes de la ciudadana. e) Registro de la Produccin Social de Hbitat dirigido a las organiza-ciones sociales implicadas en dichas actividades.

4.- Ciudad para todos. El derecho a la vivienda debe ser universal. Nueva poltica de acceso al suelo urbano y la vivienda digna para los sectores populares. El Derecho a la Ciudad debe igualar oportunidades de residencia, infraes-tructura, servicios, transporte, recreacin y verde para todos los habitantes de nuestras ciudades. Una legislacin

que establezca mecanismos y sanciones destinadas a ga-rantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano, de los inmuebles pblicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados u ociosos (para especulacin) con el fin de que cumplan con su funcin social.

5.- Plan Nacional/Provincial de Vivienda Popular, fi-nanciado con presupuesto prioritario y metas fijas por distrito para toda la prxima dcada. Eliminar el negocio de las empresas mediante la autogestin, donde sean las propias organizaciones de beneficiarios, sociales, vecinales y/o gremiales quienes resuelvan eficientemen-te sus proyectos de hbitat popular, decidiendo la mejor localizacin, calidad, costo y asignacin de sus propias vi-viendas.

6.- Pleno cumplimiento de la Ley de Acceso Justo al Hbitat (14449).

1. Carta Mundial por el derecho a la Ciudad, 2001, Porto Alegre.

2. Por ejemplo, si nos quedsemos slo en la propuesta de mayor acceso a la vivienda para los sectores populares no modificaramos la lgica central de apropiacin de la ciudad basada en la obtencin de rentas urbanas. Si esto continuara de la misma manera, se reproduciran constantemente las causas actuales del dficit habitacional. Si queremos modificar este mecanismo central, necesitamos afectar fuertemente la obtencin de rentas urbanas, lo cual incluye su gravamen pero tambin el rgimen de usos que permite modalidades que alientan la obtencin de esas rentas extraor-dinarias. Si queremos hacer todo eso necesitamos afectar los intereses de sectores empresarios ligados a estos negocios, as como modificar la normativa sobre el de-sarrollo territorial. Si queremos disponer de recursos estatales suficientes como para modificar la situacin social de las clases populares, debemos intervenir fuertemente en los sectores donde se generan sobre-ganancias, y de esa manera comenzar un real proceso de redistribucin equitativa de los frutos del desarrollo urbano y econmico en general. Y si queremos lograr todos estos objetivos necesitamos del concurso del protagonismo popular de manera permanente.

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4. Derecho al Buen Vivir

1.- Educacin

La educacin debe ser una fuerza motora para la in-tegracin ciudadana, para reconstruir el tejido social comunitario y recuperar la solidaridad de la vida en comn, en cooperacin, en el planeamiento y la toma de decisiones. La educacin debe ser pblica y gratuita, pre-servando el derecho a la educacin del criterio mercantil que le imprime el mbito privado, para as asegurar la de-mocratizacin de la cultura, la ciencia y la tecnologa, con amplia participacin social en su creacin, uso y disfrute.

Cuando se toma la educacin como un derecho, debe contemplarse por un lado el plano presupuestario, que implica salarios para trabajadores/as, infraestructura y condiciones edilicias, y por otro el proyecto educativo que aquel plano sustenta. No es posible desarrollar una pro-puesta educativa sin tiempos de capacitacin y reflexin en horarios laborales, con sueldos pauprrimos y precari-zacin. No se puede pensar en una escuela transformado-ra donde a los/las trabajadores/as no se les respeten sus derechos. Es por las grandes deudas sostenidas con res-pecto a todo esto que el sector docente de la Provincia es uno de los de mayor conflictividad en trminos laborales y polticos.

Con respecto al presupuesto, del total provincial del 2015 se destinaron a Educacin unos 68.500 millones de pesos, lo que implica un 28% del presupuesto total, y un retroceso sostenido en trminos porcentuales nmero descendente ao a ao desde un 32% en el 2012, mientras que otras reas como Seguridad recibieron un aumento del 66%. De ese total, el 90% se destina al pago de haberes, que en la provincia para miles de docentes nunca se realiza en tiempo y forma. El 10% restante se divide en infraestructura, comedores, transporte, reas en las que el financiamiento resulta siempre insuficiente para cubrir las necesidades bsicas para el correcto funcionamiento de las instituciones educativas. Si bien resulta inadecuado analizar las polticas presupuestarias de manera desagregada, el marco general entender que se trata de un retroceso

porcentual como contracara del aumento de partidas para otras reas como Seguridad permite inferir cules son las prioridades en la agenda poltica y el problema que significa que la educacin no sea realmente una de ellas. Cuando se habla de los das de clases como un objetivo en s mismo, se confronta con los/las trabajadores/as de la educacin que pueden reducir esos das por ejercer el derecho a huelga, y se saca la atencin de la calidad de esos das de clase. Un docente con mejor salario puede hacer mejor su trabajo, preparar las clases, planificar, evaluar en mejores condiciones. Un mayor presupuesto permite inversiones en infraestructura, mejorar los comedores escolares, invertir en materiales didcticos, en definitiva tender a mejorar la calidad educativa y garantizar el proyecto de escuela que verdaderamente mejore la vida de toda la poblacin.

2.- Niez y juventudEn la Provincia de Buenos Aires rigen las leyes 13.298 de Promocin y Proteccin Integral de los Derechos de los Nios y la 13.634 que crea el Fuero de Responsabilidad Pe-nal Juvenil y de Familia. Ambas legislaciones crean el marco normativo en la Provincia y generan una nueva perspectiva en el desarrollo de polticas pblicas orientado a la promo-cin y proteccin de derechos, sea de jvenes en situacin de vulnerabilidad o en conflicto con la ley penal.

As, con ese marco normativo, es competencia de la Pro-vincia de Buenos Aires, especficamente de la Secretara de Niez y Adolescencia, disear las polticas pblicas necesarias para ir por un progresivo cumplimiento de los derechos de la niez y juventud, que fueron primero re-conocidos por el derecho internacional y luego por leyes nacionales.

La legislacin anterior trataba a los menores de 18 aos como objetos y no como sujetos, era un confuso sistema paternalista, asistencialista y represivo a la vez. Este marco normativo claramente criminalizaba con sus criterios de seleccin a la infancia pobre bajo la excusa de la asistencia. Los nios, nias y adolescentes caan dentro de la misma

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denominacin de menor sin distincin alguna y con una connotacin social por dems negativa. En relacin al pro-ceso penal, ste se caracterizaba por la ausencia de garan-tas constitucionales y del debido proceso, ya reconocidas en el proceso penal de mayores.

Con la recepcin de la Convencin Internacional de De-rechos del Nio, la nueva legislacin echa por tierra esa forma de tratar a la juventud y la niez. La categora del menor fue modificada por jvenes, nios y nias, aun-que es sabido que la ley no modifica costumbres sociales.

El presente paradigma legal entiende a los nios, nias y adolescentes como sujetos de derecho que necesitan de una proteccin especial. Para ello se crean una serie de secretaras y centros de proteccin de derechos que, bajo la rbita del Poder Ejecutivo, intentan abordar aquellos casos en los cuales los jvenes encuentran vulnerados o violentados algunos de sus derechos.

Pero la realidad de todo el sistema que trabaja con niez dista mucho del ideal legal. As mientras que en el rea de promocin y proteccin de derechos reina la falta de presupuesto y la precarizacin laboral, en la parte penal juvenil aumenta la cantidad de Juzgados, de Centros de Detencin, etc. En fin, claramente en la provincia de Bue-nos Aires en material de Niez se le da preferencia a la represin que a la prevencin y promocin.

Sumado a ello, consideramos supervivencia ideolgica del paradigma del patronato en las instituciones actuales, a lo cual hay que darle batalla desde lo discursivo, generando instancias de debate, y desde la formacin, creando espa-cios de acuerdo a los paradigmas actuales en materia de niez.

Otra problemtica que vemos, producto de la falta de in-ters y desidia, es la poca de difusin, socializacin y for-macin en relacin a las herramientas para abordar pro-blemticas de niez y juventud.

Por ltimo, no hay rganos funcionando que tengan como tarea el contralor de la implementacin y ejecucin de la ley, y las polticas pblicas que en su consecuencia se lle-van a cabo. As, vemos gran discrecionalidad en la aplica-

cin y ejecucin de la ley y los programas que se fueron creando, diferencias entre Municipios de la provincia que implica discriminacin segn el Municipio en el cual viva cada joven.

Propuestas1.- Mayor presupuesto para toda la Secretaria de Niez y Adolescencia de la Provincia, y especficamente al rea de Promocin y Proteccin de Derechos.

2.- Jerarquizar el trabajo de los operadores y operadoras de niez, que hoy trabajan en forma precarizada, reconocindolos como trabajadores del Estado.

3.- Implementacin inmediata del Observatorio Social y el Defensor del Nio, rganos creados por Ley pero que nunca se pusieron en prctica, que deben cumplir un rol fundamental en el balance y control de las polticas pblicas actuales y proyeccin de las futuras.

4.- Instancias de formacin, debate y socializacin sobre esta temtica, obligatorias para todos los operadores y operadoras de niez. Estas instancias necesariamente transdisciplinarias y con un claro contenido prctico, que den las herramientas de cmo accionar para quienes se encuentran trabajando en el territorio, en los barrios, con los jvenes.

Consideramos fundamental discutir y avanzar en la concrecin de polticas pblicas de prevencin, que no se acuerden de nuestros jvenes cuando cometen un delito sino mucho antes, cuando tiene vulnerado un derecho. Por eso entendemos que, se debe dejar de lado y rechazar fuertemente, tanto desde la sociedad como desde el Estado, las polticas simplemente punitivistas en esta materia.

Los nios, nias y jvenes son el futuro de nuestra Patria, y por eso debemos ocuparnos de brindarle seguridad en todos sus derechos, sabiendo que cuando se encuentran inmersos en conflictividades penales es porque el Estado y la sociedad fracaso. No hay que pensar soluciones simples

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y solamente represivas ante problemas complejos, porque los jvenes no son peligrosos, si no que estn en constante peligro.

3.- MedioambienteParte fundamental del Buen Vivir de la poblacin tiene que ver con el cuidado y preservacin del medioambiente y el derecho a la salud de las personas en relacin con la naturaleza.

En este plano, hay tres problemticas fundamentales que atentan contra la salud de la poblacin en diferentes partes de la provincia.

Uno de los ejes ms complejos es el del tratamiento de residuos urbanos. En la actualidad, los residuos no slo de la provincia con su enorme densidad habitacional en el Conurbano sino de la Capital Federal (6.000 toneladas diarias), se destinan a pocas plantas de relleno sanitario o grandes basurales a cielo abierto ubicadas en el rea metropolitana. Esto contamina suelo, aire y agua. Las po-blaciones de las cercanas de las plantas sufren todo tipo de consecuencias nocivas para la salud: enfermedades de la piel y en el sistema digestivo, leucemia, cncer.

El problema no es solamente el tratamiento de residuos y la falta o ineficiencia de polticas destinadas a la separacin de residuos y reciclaje, sino tambin el del negocio millo-nario que implica para las empresas tercerizadas cobrar por las toneladas de residuos transportadas.

Con similares consecuencias para la salud de la pobla-cin, los otros dos ejes fundamentales en relacin con el medio ambiente son, por un lado, el saneamiento de cuencas, fundamentalmente la cuenca Matanza-Riachuelo y la Reconquista. Y por otro, el uso masivo de agrotxi-cos en zonas rurales y limtrofes los cuales han sido re-conocidos recientemente por la Organizacin Mundial de la Salud como potenciales cancergenos y vienen siendo

denunciados consecuentemente desde hace aos tanto por vctimas de los efectos nocivos que producen en la salud como por organizaciones sociales abocadas al tema. Los efectos secundarios de estas sustancias son imposibles de controlar al absorberse a travs del sustrato y las napas subterrneas, y perduran por aos en el medio ambiente. Es necesaria una poltica de produccin agraria que apunte progresivamente a la produccin agroecolgica, ambien-talmente sana y humanamente justa.

4.- SaludLa salud se encuentra en un estado preocupante. Noso-tros creemos como afirmaba Carrillo que todos los hombres y mujeres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad. No puede haber poltica sanitaria sin poltica social. De nada sirve la conquista de la tcnica mdica si esta no puede llegar al pueblo. La Salud Pblica en la Provincia de Buenos Aires est tan lejos de alcanzar estos principios bsicos que hoy debemos conducir una trans-formacin profunda en el sistema que tenga como ejes la descentralizacin y democratizacin de los gobiernos de los centros de salud, con participacin activa de la comu-nidad, desde la prevencin hasta la toma de decisiones, y la produccin pblica de medicamentos en laboratorios descentralizados (en cada hospital zonal).En materia de salud tambin se expresa una problemtica presupuestaria que no puede analizarse de manera aislada, y que incide tanto en el derecho a la salud del conjunto de la poblacin como en las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. En la actualidad, contamos con un sistema pblico fragmentado, vaciado de recursos, con trabajadores precarizados con serias dificultades para dar respuestas a la poblacin. Para que la Salud sea un derecho al alcance de todos y todas es imprescindible direccionar partidas presupuestarias de emergencia y aumentar el pre-supuesto para desarrollar polticas de largo plazo.

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5. Gneros

Comprendemos dentro de las problemticas de g-neros todas las relacionadas con las desigualdades y vulneracin de derechos de las personas en razn de su gnero, identidad u orientacin sexual, es decir pro-pias de las mujeres pero tambin de todas las identidades disidentes del patriarcado. Cuando se habla de gneros se habla de salud, de educacin, de trabajo, por lo que nece-sariamente la perspectiva feminista debe atravesar todos los ejes de un programa poltico transformador, pero se incluyen aqu las dos mayores problemticas que hacen a la vida y salud de las mujeres, por su relevancia especfica: el aborto y la violencia de gneros.

La problemtica del aborto se enmarca dentro de los de-rechos humanos de las mujeres, particularmente los de-rechos sexuales y reproductivos, y se expresa tanto en la parcialidad en el cumplimiento del protocolo para los casos de Aborto No punible (ANP) como en la pelea por la legalizacin del aborto en todos los casos. Buenos Aires est entre las provincias que cumplen de manera parcial el fallo de la Corte Suprema sobre ANP. Esto quiere decir que hay muchos hospitales pblicos que se niegan a rea-lizarlos, aduciendo institucionalmente objecin de con-ciencia que es atributo de los mdicos o mdicas en tr-minos personales pero no de una institucin en s misma, o lo hacen solamente tras la judicializacin de los casos de mujeres que deberan poder acceder a la realizacin del aborto sin atravesar ese proceso. En este sentido, las mu-jeres que han sido vctimas de violencia sexual, son tam-bin vctimas de violencia institucional, mdica y simblica.

En relacin a la legalizacin del aborto, se trata de la mayor deuda hacia las mujeres. Debe comprenderse dentro del derecho a decidir y pone en cuestin la idea de la mater-nidad como mandato irrenunciable. Pero sobre todo, la legalizacin del aborto es la mejor y ms contundente res-puesta que se debe dar a la muerte de mujeres por la reali-zacin de abortos clandestinos, sin informacin, sin condi-ciones de salubridad ni cuidados mdicos. Es una cuestin de justicia social, porque las mujeres que mueren son las que no tienen los recursos para acceder a la realizacin de

un aborto en una clnica. La aprobacin de un proyecto de ley de Interrupcin Voluntaria de Embarazo para que las mujeres puedan decidir si ser madres y cundo, debe for-mar parte de un conjunto de polticas pblicas orientadas a brindar mayor educacin sexual y mayor acceso a los mtodos anticonceptivos. Si bien existe la Ley de Educa-cin Sexual Integral, a travs de la cual se ha avanzado en materia de capacitacin, sta an es fragmentaria y todava quedan miles de escuelas donde no se aplica.

En relacin a la violencia de gneros, se trata de un tema que pone sobre la mesa una serie de problemticas en otro tiempo invisibles: la violencia en el seno del hogar, la existencia de noviazgos violentos desde temprana edad, y las mltiples formas de violencia que preceden y acom-paan a la violencia fsica, as como la debilidad de las po-lticas para dar respuesta. A lo largo y ancho del pas las mujeres sufren diferentes formas de violencia, psicolgica, sexual, fsica, con la particularidad de que en general se ejerce en el mbito familiar, es decir por parte de parejas o ex parejas, y llegan al alarmante resultado de un femicidio cada 32hs. En provincia de Buenos Aires, de acuerdo a da-tos oficiales del Ministerio de Salud, en el 2014 alcanzaron una cifra de 78 muertes 69 mujeres y nias y 9 varones y nios (femicidios vinculados, es decir personas del en-torno de la vctima a quien se quiere daar). En todo el 2014 los partidos con mayor cantidad de femicidios fueron Merlo (10 vctimas), La Plata (7), Lans (4) y Moreno (4). Muchas veces, las mujeres hacen denuncias por agresiones que son desestimadas. En general, la respuesta es dbil y tarda. Esta es una problemtica extendida que requiere de ms y mejores polticas para hacer frente a todas las formas de violencia y prevenir los femicidios.

Propuestas1.- Reconocimiento de las Consejeras de Salud Se-xual y Reproductiva en los barrios y comunidades para brindar asesoramiento a las mujeres en situacin de vio-lencia o embarazos no planificados.

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2.- Mecanismos de control para el cumplimiento del protocolo de ANP.

3.- Aprobacin del proyecto de ley de Interrupcin Voluntaria del Embarazo.

4.- Programas de capacitacin de los efectores de salud, educacin y justica para el trabajo integrado frente a situaciones de violencia. Creacin de entes transdisciplinarios para brindar respuestas integrales.

5.- Creacin de hogares y refugios que permitan a las mujeres salir de su hogar ante situaciones de violen-cia.

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Los trabajadores y trabajadoras somos quienes hace-mos girar el mundo todos los das. Somos la enorme masa de los argentinos, argentinas y compatriotas la-tinoamericanos quienes vivimos de nuestros ingresos, los que creamos con nuestra actividad diaria todas las cosas que la humanidad necesita para vivir y todo lo que existe. Somos quienes sabemos cmo se hacen las cosas, desde el trabajo rural, hasta la albailera, desde la produccin industrial hastalas oficinas. Somos quienes peleamos por llegar a fin de mes cuando el sueldo no alcanza, y los que tratamos de brindarles un mejor futuro a nuestros hijos a raz del sudor de nuestra frente y nuestro esfuerzocoti-diano.

El trabajo es una gran fuente de aprendizaje para la vida en sociedad. Ensea el compromiso, la solidaridad, la respon-sabilidad, el sentirse capaz y digno de ganarse el sustento y el progreso de la familia propia. Pero si los salarios son insuficientes, las condiciones laborales precarias y las for-mas de contratacin inestables el trabajo nunca redunda en progreso, esa funcin social del trabajo se pierde. Si nos vemos expuestos a que se nos deje sin trabajo de un da para otro, el trabajo deja de ser todo lo que podra. Si nuestras herramientas de organizacin y de solidaridad de clase estn cuestionadas, agredidas y limitadas, o ganadas por dirigentes que en vez de defender al trabajador y la trabajadora, buscan colaborar con la patronal como ad-ministradores de recursos humanos, nos vemos reducidos a ser una pieza descartable ms de el engranaje que nos aplasta. Nos volvemos un factor ms de ajuste en el balan-ce contable de las grandes empresas. 540 mil trabajadores formales en la provincia se ven expuestos a este tipo de situaciones todos los das. Y tambin existe una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras precarizados/as.

No slo en negro: hay miles que buscan el sustento diario recorriendo las calles del Conurbano sin ninguna legali-dad laboral, trabajando como cartoneros/as. En algunos casos, esta franja de trabajadores/as cuenta con sus pro-pias organizaciones confrontando a diario con los pode-res: se trata de los/las trabajadores/as excluidos/as por el sistema que siguen luchando por su dignidad. A travs de la organizacin, cooperativas, feriantes, obreros de em-presas recuperadas, pequeos y grandes emprendimien-tos productivos pelean por el derecho de agremiacin, salario social mnimo garantizado, vacaciones, aguinaldo, obra social efectiva, ART, licencias por maternidad, pater-nidad y enfermedad, y todos los derechos que cualquier trabajador/a debe conquistar.

Propuestas1.- Salario igual a la canasta bsica. Aumento salarial de emergencia y prohibicin de despidos. Paritarias sin techo.

2.- Basta de trabajo en negro, basta de contratos basura! Derogacin de toda la legislacin laboral preca-rizadora. Eliminacin de las formas precarias de contra-tacin en el sector privado y en el Estado. Derechos sa-lariales y de condiciones de trabajo para todos/as los/las trabajadores/as, incluyendo los/las tercerizados.

3.- Paritaria social para los trabajadores y las trabajadoras de la economa popular.

4.- Reconocimiento a las organizaciones de trabaja-dores y trabajadoras de la economa popular y apoyo estatal para el desarrollo productivo del sector.

5.- Plenas garantas para la organizacin sindical en los lugares de trabajo y proteccin de los delegados gremiales.

6. Derecho al Trabajo

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7. Sobre el rol del Estado en la economa

1.- Matriz productiva y comercio exterior

La economa argentina se ha debatido histricamente entre los modelos de insercin basados en la extrac-cin primaria y el desarrollo de una industria local subsidiada con una capacidad exportadora limitada. De hecho, esta histrica puja entre sectores explica en par-te los procesos polticos histricos que hicieron alternar a nuestro pas de gobiernos militares a frgiles democracias tuteladas. El gran cambio propiciado por la dictadura ge-nocida del ao 76 implic resolver la tensin entre mo-delos productivos hacia el inicio de una nueva era de re-troceso industrial y estatal. Ese modelo no hizo otra cosa que profundizarse en los aos 90, primero liberalizando parte de la economa, luego endeudando la nacin, pos-teriormente privatizando la enorme masa de los capita-les estatales, destruyendo fuentes de trabajo, generando desocupacin creciente, miseria y exclusin. Una enorme masa de esos cambios estructurales todava perdura hoy, a pesar de algunas reversiones parciales que se han dado, por ejemplo, en el peso de la produccin industrial de base local en el PBI nacional.

Dos de las consecuencias ms profundas de aquellos aos que hoy en da constituyen un problema estructural de la economa argentina tienen que ver con el rol de las expor-taciones y el comercio exterior, y el nivel de extranjeriza-cin de la produccin argentina.

Por un lado, el comercio exterior se encuentra privatiza-do. Esto quiere decir que las transacciones internacionales de factores claves como la produccin agraria nacional, que provee de las divisas necesarias para generar saldos comerciales que permitan importar productos y bienes fa-bricados en el exterior, se encuentran concentradas en un puado de empresas con un enorme poder de influencia en nuestra economa. Parte de este poder fue puesto en juego generando una devaluacin del peso en enero de 2014. Empresas integradas, concentradoras de la produc-cin, principalmente de derivados con grados de procesa-

miento industrial como el aceite y las harinas de soja.

La estructura productiva desequilibrada argentina nos ha llevado a que todas las veces que vivimos procesos de de-sarrollo industrial de algn nivel, se han debido a subsidios estatales hacia sectores puntuales, sin una clara estrategia de desarrollo, financiando a empresas que no han dado respuestas frente a esta poltica de transferencia de fondos desde las arcas estatales a sus balances. Esta poltica no nos ha llevado a un desarrollo, ni lo har.

De lo que se trata es de integrar todas las partes del cir-cuito. El Estado, comandado bajo una administracin in-teligente y eficiente, es infinidad de veces ms producti-vo que cualquier privado. Por eso, el Estado debe tener un rol activo y protagnico en el comercio exterior. Los grandes jugadores del comercio exterior deben responder al Estado, quien tiene que centralizar la comercializacin de granos a nivel nacional. Por otra parte, los subsidios directos e indirectos a empresas por las que nadie rinde cuentas y con los que jams se ha alcanzado un desarrollo industrial local, deben cesar para reorientar nuestra pol-tica industrial hacia el desarrollo de la produccin con un fuerte basamento nacional.

2.- Extranjerizacin y concentracin de la produccin nacionalOtro de los factores de la estructura econmica de nues-tro pas tiene que ver con el enorme grado de extranje-rizacin de la cpula empresarial nacional. En 2012, del grupo de las 500 principales empresas no financieras lo-cales, 321 eran extranjeras, mientras que slo 179 eran de capitales locales. La tendencia a la extranjerizacin de la economa, iniciada en la larga noche neoliberal, no slo no se ha revertido los ltimos aos sino que se ha profun-dizado. Esto hace que los principales factores que rigen sobre nuestra economa, por ejemplo el valor de nuestra moneda, estn atados a centros de decisiones que no se encuentran radicados en el pas. Mayor extranjerizacin

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equivale a menor autonoma para decidir y controlar el destino de la economa. Esto se da un contexto de fuerte legislacin neoliberal respecto de la regulacin del capital extranjero.

Para retomar las riendas de la economa nacional es nece-sario regular los mercados extranjeros y someter al poder de polica del Estado a la fuga de capitales va remisin de utilidades a las casas matrices de las principales empresas extranjeras. Y si bien esta poltica es necesaria, tambin es necesario replantear el modelo productivo que ha puesto el acento en la produccin industrial sin preguntar qu produccin ni con qu destino.

3.- Reforma tributariaArgentina mantiene una estructura improductiva desba-lanceada y regresiva, que es un correlato de su estructura productiva desequilibrada. Mientras existe un puado de empresas que explican la enorme masa de la produccin y otro que mantiene un enorme poder de concentracin de los bienes exportables, la estructura impositiva pone un fuerte acento en el consumo y presiona de esta manera a los asalariados. Tal como es hoy la estructura impositiva heredada del neoliberalismo, el que menos tiene es el que en mayor proporcin de sus ingresos tributa al fisco.

La estructura impositiva argentina es regresiva. Los im-puestos como Ganancias, Ganancia Mnima Presunta, Bienes Personales, que gravan la renta y el patrimonio, tienen una participacin menor en la recaudacin que el Impuesto al Valor Agregado. El peso del IVA en la recaudacin total es de alrededor de un 30% de la misma, siendo histricamente el impuesto que ms abona al total de la recaudacin. Retenciones e Impuesto a las Ganancias alcanzaron un 32% en 2014, pero con la polmica extraccin del ltimo a toda una gama de trabajadores cuyos sueldos superaron el piso de un mnimo imponible que no fue actualizado debidamente hasta el ao 2015.

La actualizacin del piso de impuesto a las ganancias de acuerdo a la inflacin, y por sobre todo, la drstica reduccin de IVA son medidas de emergencia en materia tributaria. Pero, por sobre todo, es necesario reformar la estructura tributaria argentina para que los grandes capitales sean objetivos de impuestos. Esto involucra el desarrollo de una reforma para alcanzar a toda una gama de operaciones financieras hoy exentas. Tambin implica revisar nichos de exencin impositiva, como es la exportacin minera, y profundizar la presin sobre los grandes agentes de elusin presentes en todo el sistema bancario.

MAYO 2015