PROGRAMA ELECTORAL DE EQUO – ELECCIONES GENERALES 2015

BLOQUE 3: TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ECONOMÍA (Caps. 10-13)

CAPÍTULO 10. ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO:

La lucha contra el cambio climático está en el ADN de EQUO porque es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad, cada vez tenemos menos tiempo, pero todavía es posible dar soluciones si reaccionamos ya. Nuestro objetivo es el de evitar el aumento de la temperatura media global por encima de 1,5 grados centígrados antes de final de siglo.

Consideramos imprescindible un cambio en política energética que facilite un nuevo modelo

energético. Proponemos la aprobación de una ley de cambio climático, la lucha contra la

pobreza energética y medidas que permitan luchar contra el cambio climático en una transición

hacia un 100% de energías renovables en 2050, fijando a medio plazo una reducción del 30%

de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020, con respecto a 1990. También se

recogen medidas para poner la energía, por supuesto renovable, en manos de la ciudadanía, y

el abandono de las energías contaminantes.

La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y de sustancias nocivas en las ciudades las proporciona el transporte, proponemos que la movilidad y el transporte tengan, por su importancia un Ministerio, como en el resto de Europa, y el desarrollo de una Ley de Movilidad Sostenible. El fomento de la movilidad a pie y bicicleta, que junto a la electrificación del transporte público urbano permitirían disfrutar de ciudades más limpias y con una población más sana. Las medidas que proponemos están encaminadas al desarrollo de una fiscalidad favorable al uso de la eco-movilidad y a desincentivar los medios de transportes poco eficientes energéticamente.

Las medidas que promueve EQUO para evitar la contaminación y sus desastrosos efectos sobre la salud de la población se centran en la modificación de las medidas de exposición de la población junto a la reducción de contaminantes, tanto respecto a la calidad del aire como la contaminación acústica y electromagnética.

10.1 Política energética y cambio climático Luchar contra el cambio climático, reducir el impacto de nuestros residuos, mantener e incrementar los espacios naturales de nuestro territorio, promover unas ciudades más habitables y saludables, son necesidades sociales imperiosas para mantener la única condición de posibilidad que tiene la humanidad, el medio ambiente para nuestra generación y las generaciones futuras. Hacer del Ahorro, la Eficiencia y el desarrollo de las Energías renovables el eje central del cambio de modelo productivo para reducir nuestra alta dependencia energética del exterior y potenciar un sector tecnológico e industrial para que se convierta en el eje de la transformación que la economía española necesita. Como medidas en materia de política energética proponemos:

- Aprobación de una ley de cambio climático y transición energética con objetivos de reducción de emisiones, ahorro y energías renovables.

- Plan de choque contra la pobreza energética, con una tregua invernal, tarifas sociales y programas de rehabilitación energética de edificios en las zonas más vulnerables.

- Plan de I+D+i de Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia Energética. Auditoría y reforma del sector eléctrico modificando el sistema de fijación de precios, retribuyendo costes reales y externalidades. Ahorro y eficiencia energética:

- Reducción de al menos el 25% del consumo de energía primaria para 2020 con respecto a 1990, y planificación a largo plazo para un 50% de reducción en los siguientes 10 años, incluyendo el consumo de energía asociada a productos importados.

- Plan de rehabilitación energética de edificios, priorizando viviendas en riesgo de pobreza energética, y fomento de la edificación autosuficiente.

- Plan de ahorro y eficiencia en las administraciones públicas y programas específicos para sus edificios.

- Programas de gestión de la demanda y de auditorías energéticas.

- Abandono de las fuentes de energía contaminantes:

- Fin de las ayudas a combustibles fósiles y energía nuclear, así como a todos los equipamientos y usos ineficientes de la energía. Cierre progresivo de centrales nucleares para antes de 2020 como objetivo, y en cualquier caso no más allá de los 40 años de vida útil de las centrales nucleares.

- Replanteamiento del ATC (Almacén Temporal Centralizado) y de la instalación más adecuada para los residuos de alta actividad.

- Plan de cierre de las centrales de combustibles fósiles más contaminantes.

- Prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking), y de las prospecciones en el litoral.

- Programa de sustitución de sistemas y equipos de calor basados en combustibles fósiles por otros alimentados por energías renovables.

Para poner las energías renovables en manos de la ciudadanía proponemos:

- Conseguir el 25% de energías renovables en 2020 y una planificación a largo plazo

para llegar al 100% en 2030.

- Derogación inmediata del RD 900/2015 y aprobación de una normativa reguladora del

autoconsumo con balance neto (los usuarios pueden compensar la energía consumida

menos la energía vertida a la red, saldando en un balance los periodos de producción y

consumo en la factura) y de la generación eléctrica distribuida. Generación de

renovables por pequeños productores a precio tasado por el gobierno.

Para la lucha contra el cambio climático proponemos:

- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 30% para

2020 y del 100% en 2050 con respecto a 1990, incluyendo sectores difusos y emisiones

asociadas a importaciones.

- Introducción de un ‘presupuesto de carbono’ vinculado a los Presupuestos Generales del Estado.

- Promover la modificación del mercado europeo de derechos de emisión eliminando asignaciones gratuitas de derechos y estableciendo mecanismos para que el precio de emisión sea suficientemente disuasorio.

- Incentivar los sumideros naturales de CO2.

10.2. Movilidad y transporte Promover la movilidad sostenible, mediante el cambio del actual modelo, que genera tantos efectos negativos sobre la salud de las personas, la contaminación y congestión de las ciudades, la dependencia energética del país y el consiguiente déficit de nuestra balanza de pagos. Exigiremos la moratoria en la construcción de nuevas autovías, autopistas, aeropuertos y líneas de alta velocidad, la paralización y revisión del actual Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT), y para ello en EQUO nos comprometemos a adoptar, entre otras, las siguientes políticas: Creación de un Ministerio de Movilidad y Transporte, como hay en el resto de Europa. Fomento de la movilidad activa y potenciación del transporte público urbano, contemplando la sustitución de combustibles contaminantes por otros que no lo sean, prioritariamente por la electrificación. Impulso de la movilidad peatonal y en bicicleta en las ciudades, particularmente en el transporte escolar. Creación de “caminos escolares peatonales” que ayuden a crear una nueva cultura de la movilidad en la comunidad educativa. Desarrollo de una fiscalidad favorable al uso de la eco-movilidad, y en especial de la movilidad activa. Fomento del ferrocarril, especialmente el de cercanías y mercancías. Aprobaremos y pondremos en marcha un plan para el desarrollo del ferrocarril convencional electrificado. Dicho plan contemplará la mejora de las infraestructuras actuales, la potenciación de los servicios de cercanías y regionales, así como la integración de las tarifas ferroviarias. Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la planificación en los ámbitos autonómicos, metropolitanos, municipales y de empresa, así como medidas para la gestión de la demanda del transporte, e impulsar un cambio de modelo hacia los modos de transporte público y no contaminante (a pie, en bicicleta y transporte público…) fomentando el uso de vehículos compartidos.

Incorporar criterios de movilidad sostenible a los Planes Generales de Ordenación Urbana que mejoren la calidad de vida de zonas residenciales, educativas y áreas hospitalarias. Unir a las medidas de promoción de la movilidad sostenible medidas de reducción de las barreras arquitectónicas que integren y mejoren la calidad de vida de la población con dificultades para moverse (ancianos/as, personas con discapacidad, etc.) Potenciar las redes de comunicaciones para facilitar el teletrabajo. Protección legal y ayudas a las personas y entidades que tomen medidas concretas para reducir los desplazamientos. Ya sea en el acceso al puesto de trabajo o en el ejercicio de sus funciones. Aprobación de una ley para la financiación del transporte público y de ordenación de los sistemas tarifarios. EQUO pondrá en marcha una tasación de los combustibles fósiles. Establecimiento de la directiva Euroviñeta (que regula "el pago por uso" de las infraestructuras viarias) para el transporte de mercancías por carretera. En lo relativo a Infraestructuras:

● Revisión de las obras o proyectos de Alta Velocidad ferroviaria en ejecución, y de los concursos de proyectos o de obras de tramos no adjudicados y elaboración participativa de un Plan de viabilidad económica, social y ambiental de cada tramo teniendo en cuenta las obras ejecutadas, su posible reconversión y los itinerarios o modos de transporte alternativos.

● Moratoria en la construcción de nuevas infraestructuras de alta capacidad viaria y aeropuertos.

● Programa de construcción de carriles bus-VAO para autobuses y vehículos con varios ocupantes en las autovías de entrada de las grandes áreas metropolitanas.

Impulso del vehículo eléctrico desarrollando infraestructuras para recarga y una política de adquisición en la renovación de flotas de las administraciones públicas.

Incremento de las tasas aeroportuarias hasta equipararlas con las de la UE, salvo en las islas.

Desincentivar los vuelos cortos por energéticamente ineficientes y promover una tasa inversa al kilometraje para los viajes en avión.

10.3. Contaminación La mayoría de nuestras grandes ciudades, pueblos y áreas metropolitanas, sufren frecuentes episodios de contaminación atmosférica, que es un síntoma del modelo productivo basado en una energía barata y de origen fósil: es evidente que hay que tomar medidas drásticas para reducirla. Estas deben abarcar los ámbitos urbano y rural, e incluir medidas preventivas, coercitivas, y de educación ambiental. La investigación sobre estos contaminantes y la implementación de medidas correctivas que modifiquen hábitos de consumo o de producción también serán desarrolladas. EQUO quiere apostar por la salud de las personas, luchando por disminuir la tasa de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, de asma y de muertes de causa difusa, consecuencia de la mala calidad del aire que respiramos. Además, las políticas activas que plantea EQUO disminuyen nuestro gasto sanitario y consiguen mediante la prevención y la promoción de hábitos saludables una sanidad más eficiente.

El modelo de urbanismo expansivo que ha aumentado las distancias a recorrer y la construcción de innumerables infraestructuras para favorecer los modos de transporte más contaminantes ha dado lugar al empeoramiento de la calidad del aire en las aglomeraciones urbanas. En algunas zonas a esta contaminación derivada del tráfico motorizado se suman las emisiones de contaminantes provenientes de ciertas industrias.

En cuanto a la cuestión de los campos electromagnéticos:

Respetando el principio de precaución y la salud y seguridad de la ciudadanía, se establecerán unos límites de exposición acordes a los recomendados por el Parlamento Europeo (2008-2009)1, y se desarrollarán estudios independientes acerca de los efectos derivados de la exposición continuada sobre personas y medio ambiente.

Teniendo en consideración la proliferación de instalaciones, redes y equipos emisores, se fijarán los controles y criterios técnicos necesarios para asegurar el cumplimiento estricto de dichos límites de exposición, tanto en espacios públicos como en centros de trabajo.

A partir del consenso científico en la materia, se estudiará el establecimiento de distancias de seguridad a las zonas residenciales, así como la racionalización de las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones.

Impulso del Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire, dando carácter legal y obligatorio a los Planes de Acción de Reducción de la Contaminación adoptados por las comunidades autónomas y municipios. Este Plan para el periodo 2017 a 2020, estaría coordinado con la Estrategia Estatal de Movilidad Sostenible y con las políticas de reducción de la contaminación de origen industrial.

Mejora de las Normas sobre Contaminación Acústica, fijando los niveles máximos en función de zonas, con especial protección de las zonas sanitarias, residenciales y educativas, así como las de uso púbico en las ciudades.

Restauración forestal de los márgenes de las grandes vías de circulación de vehículos a motor, especialmente los de las zonas más contaminadas.

Establecer un límite máximo de velocidad en las áreas metropolitanas en las ciudades de 80 km/h.

Aumento de la fiscalidad del gasóleo de automoción para los vehículos diésel no dedicados al transporte público.

Limitaremos la contaminación lumínica y acústica tanto en el medio urbano como en el medio natural mediante normas que fomenten la eficiencia y que impidan un deterioro del ambiente, permitiendo un mejor uso y disfrute del entorno.1

1 �

http://www.celfosc.org/biblio/general/informes.pdf

Realizaremos una regulación de la contaminación odorífera debida principalmente a los usos industriales.

CAPITULO 11. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Para EQUO el cuidado y el respeto al medio ambiente y a los recursos naturales del planeta forman parte esencial de ese cambio del sistema que proponemos hacia una transición ecológica de la economía. Por ello impulsaremos una serie de medidas destinadas a cuidar el medio ambiente y reparar los daños causados por unas políticas basadas en el crecimiento y el consumo sin límites.

Frenaremos el incremento de consumo de recursos minerales, energéticos y de agua y por lo tanto la reapertura de antiguas explotaciones mineras, la construcción de nuevas centrales eléctricas, refinerías, embalses y trasvases de agua por su gran impacto ambiental, racionalizando el uso de los recursos mineros, energéticos e hídricos (sobrexplotados actualmente) de que disponemos, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Y estableceremos medidas de protección de los recursos ecológicos y las reservas naturales especialmente de las relacionadas con el consumo del agua, la vegetación, la producción de alimentos y al desarrollo de infraestructuras urbanas y viarias.

EQUO defiende la detención de la pérdida de Biodiversidad antes del 2020. Para ello, será necesario crear la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, impulsar un Inventario Nacional de la Biodiversidad, y aprobar los planes sectoriales del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. También será necesario revertir los cambios legislativos sufridos en algunas leyes vitales para la conservación de la Biodiversidad, introducidos para favorecer intereses incompatibles con la preservación y recuperación de la misma.

La producción sucia tiene su correlato en el consumo irresponsable y en la creciente generación de residuos, que agreden gravemente el medio ambiente. El sistema funciona promoviendo el consumo creciente de todo lo que se pueda producir, incluso aunque no se necesite (la publicidad y la programación de la obsolescencia de muchos productos se encargan de que esto sea así. La erradicación o limitación de este tipo de prácticas abusivas hacia el entorno y el ser humano se torna fundamental). EQUO cree imprescindible minimizar la producción de residuos, para reducir sus consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud e incentivar el desarrollo de un nuevo modelo económico, así como incentivar un nuevo sistema de reciclaje de todo tipo de materiales.

11.1 Agua y costas El agua es un recurso natural limitado y escaso que resulta esencial para el desarrollo de la actividad humana cotidiana, constituye un elemento fundamental para el ejercicio de una buena parte de la actividad agraria e industrial, y que además es imprescindible para el mantenimiento de los diferentes ecosistemas y de la biodiversidad. En los últimos años, principalmente como consecuencia de la subida de las temperaturas a causa del cambio climático, los recursos hídricos disponibles en España se han visto disminuidos de manera muy importante. Proponemos, con carácter general, frenar el incremento de consumo de agua en nuestro país, así como un esfuerzo de incremento de la eficiencia y de reconversión de determinados sectores, de cara a invertir la actual tendencia, y conseguir una reducción progresiva en los consumos, primando los usos sociales y ambientales sobre los productivos.

Respecto a agua e infraestructuras, durante la mayor parte del siglo XX, la política hidráulica española se ha centrado en el incremento de los recursos hídricos disponibles,

independientemente de su utilidad futura. Como consecuencia de ello, existente actualmente más de 1.100 grandes embalses en nuestro país, que generan un gran impacto ambiental y social. Además, una parte de esos embalses construidos, actualmente tienen una escasa o nula utilidad.

Proponemos el abandono definitivo de la construcción de grandes embalses y trasvases, dado el gran impacto ambiental y social que general y su cada vez más que dudosa utilidad económica y social.

Respecto a agua y agricultura, actualmente en España existen alrededor de 3.600.000 Has. de regadío, que suponen el 80 % del consumo, con un retorno de tan sólo el 10 %. La superficie de regadío se sigue incrementando y por tanto el consumo. Si a ello unimos la reducción de los recursos disponibles a causa del cambio climático, todo apunta a una mayor sobreexplotación de los recursos hídricos, y por tanto a un escenario de total insostenibilidad. Para invertir esa tendencia, proponemos las siguientes medidas:

- Moratoria a la creación de nuevos regadíos. - Reducción progresiva del regadío existente hasta un cierto nivel de sostenibilidad, que se estima podría establecerse en torno a un máximo de 3.000.000 de Has. para el conjunto del país. Con esta cifra se garantiza el total abastecimiento de productos agrarios a la población así como un volumen de producción importante para exportación. - Continuar con la inversión pública para el incremento de la eficiencia en la utilización de agua mediante la modernización de los sistemas de canalización y riego, pero con la obligatoriedad de que los recursos hídricos liberados, se destinen a reforzar los caudales ecológicos. - Establecimiento de un precio para el agua de riego que refleje la totalidad de los costes ambientales, sociales y económicos que conlleva su obtención, tal y como establece la normativa europea. - Puesta en marcha de un plan para el cierre progresivo en ocho años, del medio millón de pozos ilegales que existen en nuestro país, en su mayoría de uso agrícola, como medida esencial para conseguir la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.

Respecto a agua y abastecimiento urbano: El abastecimiento de agua potable y el saneamiento se considera un derecho humano universal. Para que este derecho se cumpla, proponemos una serie de medidas, además de otras propuestas dirigidas a mejorar la gestión actual del agua de abastecimiento:

- Se pondrá freno a la privatización de los abastecimientos urbanos que se está promoviendo en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, por considerar que se trata de un servicio esencial que se da en régimen de monopolio, por lo que debería depender siempre del sector público, como garante que debe ser del interés general. Así mismo, se apoyará la remunicipalización de los servicios de abastecimiento de agua en aquellos municipios donde se ha privatizado este servicio. - Con el fin de garantizar el acceso universal al abastecimiento y saneamiento, se elaborará una Ley estatal, en la que se establezca de forma obligatoria que el establecimiento de bloques bien diferenciados en la tarifa, de tal manera que los precios contribuyan a fomentar el ahorro y disuadir el derroche. Asimismo, dicha Ley establecerá un máximo para el coste fijo en la factura, que será de carácter simbólico, y se establecerá el primer tramo de consumo gratis, recuperándose esos costes en tramos superiores, con el objetivo de fomentar el ahorro de agua y penalizar el derroche. - Se establecerá un plazo para que en todos los sistemas de abastecimiento se reduzcan las pérdidas por debajo de un porcentaje fijado.

- Todas las zonas verdes y jardines que superen las 2 Has. de superficie, deberán regarse con agua residual depurada. - Las empresas de abastecimiento estarán obligadas a realizar campañas continuas de implantación en los hogares, empresas e instalaciones públicas de sistemas de bajo consumo.

Respecto a agua y actividad industrial: Con carácter general, la industria no es un gran consumidor de agua (menos del 5 %), pero en determinados casos no es así, aparte de que algunos vertidos pueden resultar muy contaminantes. Proponemos:

- Fomentar el establecimiento de circuitos cerrados en las industrias en las que sea posible, para reducir el consumo. - Realizar inspecciones continuadas en aquellas industrias potencialmente más contaminantes, garantizando el buen funcionamiento de los sistemas de depuración.

En lo referente a depuración de aguas residuales, aunque en las dos últimas décadas se ha realizado un importante esfuerzo en mejorar la depuración de aguas residuales (con el fin de cumplir la normativa comunitaria y evitar sanciones), todavía no se depuran la totalidad de las aguas residuales urbanas e industriales. Y prácticamente no se hace nada por corregir y evitar la contaminación difusa de los acuíferos a causa de la actividad agraria. Asimismo, como consecuencia de los recortes de los últimos años, una parte de las depuradoras de aguas residuales existentes se han quedado pequeñas y obsoletas, lo que ha producido un empeoramiento en la calidad de las aguas depuradas. Por ello proponemos:

- Elaborar y aprobar un plan para alcanzar el cien por cien de depuración de todas las aguas residuales urbanas e industriales en los próximos cuatro años, así como reducir sustancialmente en ese periodo la contaminación difusa de los acuíferos a causa de la actividad agraria. - En las redes de saneamiento unitarias (pluviales y residuales juntas) se pondrá en marcha un plan para la renovación y ampliación de las depuradoras existentes, bastante por encima del volumen de efluente recibido habitualmente, con el fin de cubrir un mayor volumen recibido en días de lluvia. Y de esta manera, garantizar en todas ellas un nivel de depuración o dilución ambientalmente adecuado todos los días. - En las redes separativas de pluviales se favorecerá la construcción de tanques de tormenta - Se pondrá en marcha un plan para la renovación y ampliación de las depuradoras existentes, bastante por encima del volumen de efluente recibido habitualmente, con el fin de cubrir el volumen recibido en días de lluvia. Y de esta manera, garantizar en todas ellas un nivel de depuración ambientalmente adecuado todos los días. - Se favorecerá la construcción de tanques de tormenta. - Se exigirá a las empresas concesionarias de las depuradoras la restauración ambiental y el mantenimiento del entorno de las plantas, especialmente en el punto de vertido y aguas abajo. - Se elaborará y desarrollará un plan para dotar en cuatro años a todas las depuradoras de tratamiento terciario - No se podrán autorizar nuevos desarrollos urbanísticos que no separen las redes pluviales de las residuales.

Para la protección del dominio público hidráulico y márgenes fluviales es necesario que a los ríos se les considere como lo que realmente son: ecosistemas fluviales, no meros contenedores de agua, donde habitan gran cantidad de especies animales y vegetales, y cuya existencia es fundamental para el mantenimiento de otros ecosistemas colindantes. El abandono en el que se encuentran los cauces, ha permitido que se hayan construido numerosas edificaciones en los mismos, o en zonas de influencia directa de éstos. Esto, además del deterioro ambiental

que producen, constituye un riesgo importante para la seguridad de las personas, al tratarse de zonas especialmente expuestas a las avenidas e inundaciones. Por todo ello, proponemos:

- En un plazo no superior a cinco años, deberá procederse a la eliminación de todas las construcciones existentes en las zonas inundables. De esta manera, además de mejorar la calidad ambiental de los ríos, se reduciría sustancialmente el riesgo derivado para las personas. Se deberá estudiar cada caso de forma particularizada, de cara al establecimiento de las medidas compensatorias socialmente más adecuadas. - De forma simultánea, se desarrollará un plan que tenga como objetivo la restauración ambiental de todas las riberas de nuestros ríos, mediante su limpieza y revegetación con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, de cara a la recuperación de los bosques de ribera originarios en un ancho mínimo de 5 metros de zona de servidumbre. - Se modificará la Ley de Aguas para incluir de manera explícita la protección de los bosques de ribera en toda la Zona de policía de manera que se requiera autorización de la Administración hidráulica para cualquier alteración de este ecosistema independiente de cualquier otra autorización que la actuación a realizar requiera de otras Administraciones, al igual que en el resto de actuaciones sometidas a autorización en dicha zona. De forma simultánea, se desarrollará un plan que tenga como objetivo la restauración ambiental de todas las riberas y márgenes de nuestros ríos, mediante su limpieza y revegetación con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, de cara a la recuperación de los bosques de ribera originarios en el un ancho mínimo de 5 metros de la Zona de servidumbre.

El mantenimiento de los caudales ambientales o ecológicos es fundamental para que puedan preservarse adecuadamente los ecosistemas fluviales. Los caudales ambientales actualmente fijados incumplen claramente la definición establecida en la Ley, siendo muy inferiores a lo que deberían ser. Además, únicamente se han fijado en algunos tramos de los principales ríos. Consideramos necesario profundizar y ajustar más la actual definición de caudales ecológicos vigente establecida por la Ley de Agua, para poder alcanzar el buen estado ecológico en todos los cauces, tal y como establece la Directiva Marco de Agua. Proponemos:

- A la definición actual de caudales ambientales de la Ley de Aguas, habría que añadir lo siguiente: “Con el fin de poder mantener unas poblaciones piscícolas representativas y viables, el régimen de caudales ambientales se establecerá mediante la realización de estudios específicos para cada masa de agua. No obstante, en ningún caso los caudales ecológicos podrán ser inferiores al 50 % de los caudales mensuales en régimen natural durante los meses de estiaje, ni inferiores al 30 % en el resto de los meses. Estos valores serán de aplicación en todos los tramos de todos los cursos de agua, con independencia de que hayan sido o no fijados en los planes hidrológicos de demarcación”.

En cuanto a reservas naturales fluviales, la Ley de Aguas establece las reservas naturales fluviales con la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos con escasa o nula intervención humana. En los actuales planes hidrológicos se incluyen diferentes tramos de reservas naturales fluviales. Sin embargo, estos son insuficientes y además no existe una definición clara de las actuaciones que pueden levarse a cabo o no en las mismas. Por ello:

- Se declararán en el conjunto del país por encima de 3.000 kilómetros de ríos como reservas naturales fluviales. - Se aprobará una normativa que determine las restricciones y usos permitidos para el conjunto de las reservas naturales fluviales. - Por último, la inversión en I+D+I en el sector para mejorar la calidad del recurso en general.

En lo relativo a política de costas las políticas de gestión del agua deben abarcar todo el ciclo integral del agua, desde su origen hasta su vertido al mar. Consideramos importante tener en cuenta el vertido al mar de agua dulce, fundamentalmente por el elevado coste energético y medioambiental que supone la desalación de agua de mar. Proponemos en este sentido:

- Mejoraremos la reutilización y el reciclaje del agua, sobre todo en zonas costeras donde se obtiene agua de la desalación. El proceso de desalación es muy costoso y es importante minimizarlo al máximo. La protección y mejora del ecosistema en las costas buscando la sostenibilidad, es otra prioridad, por ello: - EQUO se compromete a redactar una nueva Ley de Costas, con la participación de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas implicadas, así como de organizaciones de la sociedad civil. Esta Ley revisará temas de la Ley actual como la reducción de la protección del litoral de 100 a 20 metros. - Desarrollaremos una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que proteja los ecosistemas costeros y promueva un urbanismo equilibrado respetando la Ley de Costas (ver sección 11.6).

11.2 Gestión del suelo La gestión del suelo está íntimamente relacionada a la del agua, la vegetación, la producción de alimentos y al desarrollo de infraestructuras urbanas y viarias. El suelo no es la superficie que pisamos sino la capa viva más superficial de la corteza terrestre, cuyo deterioro puede ser irreversible en algunos casos. Proponemos medidas en cuatro ámbitos de actuación: Suelo y ambiente Urbano: El crecimiento descontrolado de las ciudades de costa ha producido que suelos de gran valor agrícola que formaban parte de la orla de transición hacia lo eminentemente rural (Suelo Periurbano) se haya perdido en gran medida, por ello proponemos medidas concretas para el suelo periurbano:

- Suelos dedicados a producción agrícola: preservar las pequeñas explotaciones, vegas y huertas periurbanas que se conserven y recuperar las que sea posible para: 1) Potenciar la relocalización de la producción de alimentos. 2) Limitar la impermeabilización de más suelos en ambientes periurbanos que se traduzcan en tener que invertir más en medidas de protección frente a inundaciones. - Preservar y/o recuperar los suelos periurbanos forestales o con vocación de serlo y protegerlos.

Para propiciar un buen manejo de suelos agrícolas dedicados a la producción de alimentos:

- Mínimo laboreo, evitando suelo desnudo, con incremento de la diversidad en la explotación, especialmente en cultivo de leñosas. - Forestar las riberas de cauces donde se haya perdido el bosque de galería. - La fertilidad y estructura del suelo depende en gran medida de su contenido en Materia orgánica, por ello hay que cerrar ciclos en la medida de lo posible, dentro de la explotación/Comarca (compostaje a nivel comarcal). Limitar insumos inorgánicos.

Respecto a suelos en superficies quemadas:

- Elaborar un catálogo de buenas prácticas para suelos forestales o con matorral en manejo post-incendio. Además del compromiso de combatir los incendios forestales y de monte bajo, entre otras medidas, evitando el posterior aprovechamiento poco ético

de suelos quemados, de la madera, el suelo, los pastos..., especialmente cuando se demuestre que se trata de un incendio provocado. - Suelos en superficies quemadas: Prohibir la construcción de infraestructuras o viviendas en zonas forestales quemadas. Creando empleo en su recuperación ambiental y evitando la especulación urbanística.

Como medidas para Suelos afectados por Infraestructuras:

- Incluir en el estudio de impacto ambiental que requieren estas infraestructuras siempre de manera explícita los impactos en suelo y las medidas correctoras o alternativas que se proponen para mitigarlas. Además EQUO propone que a partir de un Libro Blanco, se apruebe una nueva legislación sobre el reciclaje y aprovechamiento de las infraestructuras y edificaciones urbanas, que sería el marco para las reformas siguientes: - Nueva legislación de revitalización de las ciudades que limitaría la construcción de grandes centros comerciales. - Reforma de la legislación de vivienda y rehabilitación, reenfocada hacia el aprovechamiento del stock edificado y a su eficiencia energética, revisión del Código Técnico de Edificación, reforzando las exigencias de aislamientos y ventilación natural. - Un nuevo Código Técnico de la Urbanización con exigencias ambientales, energéticas, constructivas sobre las distintas redes urbanas. - Revisión del Código Técnico de Edificación exigiendo eficiencias energéticas mínimas similares al standard passivhaus, yendo progresivamente a los edificios cero y plus. - Revisión de la legislación del suelo y ordenación del territorio con parámetros sostenibles. Aprobación del Reglamento de la Ley del Suelo, que mejorase los actuales informes de sostenibilidad ambiental; y fomentar un urbanismo más participativo, donde la recalificación de nuevos terrenos urbanizables se vincularía a las necesidades reales de suelo, favoreciendo también una movilidad sostenible. - Establecer medidas de Pago por Servicios Ambientales. - Elaboración de un Plan Estatal de Ordenación del Territorio: se fomentarán los planes de ordenación del territorio, integrando los recursos naturales con el desarrollo rural, la conectividad, la sostenibilidad costera y el patrimonio cultural. - Los PGOU fomentarán la compacidad de las ciudades, la ocupación o reocupación de los espacios interiores y la no expansión hacia nuevos suelos periféricos.

11.3 Biodiversidad De los 9 Límites de Sostenibilidad Global que la Comunidad Científica describió en 2009, tres de ellos han sido ya sobrepasados: la pérdida de especies, el cambio climático y la alteración del ciclo del nitrógeno. De estos, el primero en sobrepasarse y el que en mayor medida lo ha hecho es el relacionado con la pérdida de Biodiversidad. Por tanto, la pérdida de especies y la degradación de los ecosistemas es uno de los problemas ambientales más graves y urgentes que debemos abordar y resolver. Para detener la pérdida de especies no sólo habrá que conservar de forma eficaz las que todavía sobreviven en nuestro territorio, sino que habrá que recuperar las poblaciones perdidas en muchas áreas, acabar con las amenazas, y restaurar efectivamente los hábitats naturales degradados. Por eso EQUO quiere cambiar este dramático panorama con las siguientes medidas: Creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, unificando en uno solo ente el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y la Subdirección General de Biodiversidad, por ejemplo, para impulsar de forma más coordinada y eficaz en toda España la conservación y recuperación de la Biodiversidad.

Impulso del Inventario Nacional de la Biodiversidad y aprobación de los planes sectoriales del Plan Estratégico Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, integrando la conservación y recuperación de la Biodiversidad en el resto de políticas sectoriales del Gobierno. Creación de un Observatorio Estatal de Datos de Biodiversidad, por poblaciones y territorios, integrándolo en el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Completar y ampliar la Red de Parques Nacionales para los espacios más amenazados, así como elaborar y ejecutar un nuevo Plan Director. Apoyar la red de Reservas de la Biosfera y promover la correcta implantación de la Red Natura 2000, elaborando y ejecutando los correspondientes planes de gestión, declarando ZEC (Zona de Especial Conservación) y aprobando una correcta financiación. Revisar y modificar la actual Ley de Costas, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley de Parques Nacionales, Ley de Montes, y el “Catálogo Español de Especies Amenazadas”, y el “Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”, con el objeto de garantizar la conservación y recuperación efectiva de la Biodiversidad en España. Aplicar, dotar adecuadamente y vigilar el cumplimiento de todas las leyes ambientales, así como supervisar que las leyes de carácter autonómico, ya aprobadas o futuras, no contravengan las normativas nacionales, europeas o los convenios internacionales. Cumplir con los compromisos de protección del medio marino, completando la Red Natura 2000 marina y la Red de Áreas Marinas Protegidas hasta alcanzar, al menos, el 10% de la superficie de nuestros mares antes de 2020. Se protegerán suficientemente las costas y mares y se reducirá el riesgo de vertidos en los mismos. Se promoverá, a través de un ambicioso Plan Nacional de Restauración Ecosistémica, una adecuada gestión, protección y restauración de los hábitats naturales, incluyendo la recuperación de especies desaparecidas en los mismos (con especial atención a aquellas especies consideradas clave para el funcionamiento del ecosistema), que integraría las Estrategias Nacionales de recuperación de especies y lucha contra amenazas aprobadas hasta la fecha, con su debida financiación. Aprobación y puesta en marcha de forma urgente de planes de erradicación de ciertas especies invasoras (eucalipto, yucas, senecios, cortarderia selloana…), tanto nacionales como autonómicos. Se promoverá la compra responsable de productos originados en el medio natural, ya sea en España o en el exterior, como por ejemplo los de carácter forestal. Se impulsarán así la certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council), que asegura que los productos forestales utilizados provienen de bosques gestionados de manera sostenible, como otras certificaciones y sellos de calidad para diferentes productos con el mismo objetivo. Revisión de la política nacional de lucha contra los incendios forestales, y aplicación de medidas sostenibles de prevención de incendios de alta intensidad. Incrementar de forma notable los medios humanos, técnicos y de material de los servicios de vigilancia y protección de la Naturaleza, como el SEPRONA y el cuerpo de Agentes Forestales y/o de Medio Ambiente, reforzando el carácter de policía jurídica de estos últimos.

Elaborar un Plan quinquenal (periodo mayor que el cortoplacista impuesto por las legislaturas de 4 años) de reforestación, que impulse mediante la inversión por parte de todas las administraciones, la repoblación con especies autóctonas de los montes públicos de forma preferente 11.4 Residuos vs recursos Se producen residuos tanto en la fase de consumo final en los domicilios y sectores terciarios, como en el ciclo de producción industrial. Aunque parezca que se ha avanzado mucho en las últimas décadas en materia de gestión y aprovechamiento de los residuos, la realidad es que el volumen de residuos que se genera es cada vez mayor (cada persona de los denominados países industrializados genera como media 1,5 Kg de basura al día, la mayoría de la cual -más del 75%- acaba en vertederos, incineradoras o perdidos en nuestro entorno). Aumentan los residuos porque crece el consumo, pero también porque aumentan los envases y los productos de usar y tirar. En el marco de la gestión eficiente de recursos y la estrategia Residuo Cero, EQUO cree imprescindible minimizar la producción de residuos, pues reduce sus consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud e incentiva el desarrollo de un nuevo modelo económico. Es imprescindible modificar la política de residuos y la visión que se tiene sobre ellos, concibiéndolos como recursos y no como desechos. La acción política debe ir, por tanto, encaminada a la reducción de la generación de residuos, lo que implica aplicar criterios de sostenibilidad y eficiencia desde la fase de diseño y producción y aprovechar mejor los residuos biodegradables, estableciendo la separación diferenciada para el posterior compostaje de la materia orgánica en todos los flujos de residuos. Ello posibilitará la creación de nuevos empleos, disminuyendo a su vez el consumo de materias primas y el impacto medioambiental.

Ante la complejidad de conseguir una buena gestión de los residuos en un marco en el que el negocio privado condiciona esa gestión, muchas administraciones locales han optado por obviar el problema y apostar por las soluciones de final de tubería, más contaminantes y caras. Hay que excluir la incineración y evitar el vertedero. Por tanto es preciso una normativa estatal más ambiciosa respecto de la prevención y la gestión de los residuos, basada en:

- El ecodiseño o diseño ecológico, que minimiza la generación de residuos no reutilizables o no reciclables desde la fase de diseño y producción. Innovación en materiales para evitar sustancias tóxicas, para que sean materiales biodegradables y/o fácilmente reciclables y para que su obtención sea lo más respetuosa posible con el medio ambiente. - La recogida selectiva obligatoria y en el aprovechamiento de la materia orgánica - El establecimiento del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para envases y otros tipos de sistemas eficientes que aumentan los índices de reutilización y recuperación de materiales, así como la reutilización de determinados embalajes de transporte. - La limitación de las opciones de gestión de final de tubería.

Por todo ello proponemos:

Plan Estatal de Residuos encaminado a cumplir con los objetivos europeos y para avanzar hacia el residuo 0 y la economía circular, que incluya programas específicos de prevención, reutilización y de impulso al compostaje.

Ley Estatal Integral de Gestión de Residuos que incluya medidas como:

- Obligaciones de prevención y reducción de residuos, de recogida selectiva de la materia orgánica, de implantación del sistema de depósito, devolución y retorno para ciertos envases de bebidas y de ampliación de la utilización del contenedor amarillo para otros residuos inorgánicos. - Aplicar fiscalidad ambiental y penalización al vertido o incineración de residuos: impuestos por generación de residuos y sanciones por vertido o incineración. - Establecer la obligatoriedad de la recogida separada de la fracción orgánica y su gestión en plantas aeróbicas de proximidad descentralizadas, favoreciendo el compostaje doméstico o comunitario. Sistemas de recogida separada incentivada, para cartones, papel, envases, vidrios, metales. - Descartar la incineración y la coincineración de residuos por razones de eficiencia energética, de aprovechamiento de recursos y para evitar los impactos ambientales y a la salud que conlleva este tratamiento finalista de residuos. - Se impulsará el aprovechamiento energético de los residuos orgánicos mediante su conversión en Biogas y Bioabono.

Control estadístico exhaustivo de la generación y gestión de todos los flujos de residuos.

Campañas de formación, información y asesoramiento dirigidas hacia los sectores industrial y agrario sobre cómo reducir residuos y como re-utilizarlos.

Promover la aplicación de los residuos orgánicos compostados de calidad a los suelos para incrementar su contenido de materia orgánica, beneficiando ambientalmente a los territorios y a la agricultura.

Aplicar criterios ecológicos y sociales en la trasposición al ámbito autonómico de la Ley de Contratos del Estado.

Aplicar políticas de promoción de la reducción en origen, reutilización y desmaterialización, evitando los envases y embalajes innecesarios y los productos de un solo uso.

Promover la estandarización de los envases en líneas concretas de bebidas para facilitar la eficacia de los envases y embalajes reutilizables.

Prohibición del uso de materiales de construcción que contengan sustancias tóxicas y peligrosas para la salud.

Actuar contra la obsolescencia programada y percibida y potenciar la extensión de garantías de los productos.

Actuar con contundencia para detener el vertido o la quema incontrolada de residuos.

Actuar contra el despilfarro alimentario en el sector primario y agroalimentario, así como en el ámbito de la distribución, la restauración y el doméstico.

Entre los objetivos cuantitativos que nos fijamos, destacamos:

- Conseguir que, en el año 2020, la producción de residuos sea inferior a 1,20 Kg / habitante / día, invirtiendo la situación actual de forma que, en el año 2020, como

mínimo el 70% de los residuos generados sean recuperados y, como máximo, el 30% sean destinados a tratamiento finalista.

- Reutilización del 50% de los envases comerciales o de transporte en los siguientes cinco años.

- Preparación para la Reutilización de RAEEs del 5% del valor promedio de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) puestos en el mercado en territorio español en los tres años previos al año que se considere.

- Implantación del Sistema de Depósito Devolución y Retorno de los envases de bebidas con el objetivo de reintroducir los envases reutilizables en el sector doméstico y reciclar el 85% de los envases sujetos al SDDR.

- Reducción en un 90% de las bolsas comerciales de asas no biodegradables y bandejas de un solo uso. Prohibición del uso de las bolsas oxodegrables.

CAPITULO 12. MODELO DE PRODUCCIÓN, CONSUMO Y DESARROLLO

Durante los últimos 50 años, el progreso económico de España se ha logrado a costa de un crecimiento insostenible, que sin embargo no ha producido el bienestar social, sino una multiplicidad de problemas: destrucción ambiental, pérdida de derechos sociales, desigualdades persistentes, dificultad de acceso a una vivienda digna, desempleo estructural masivo, aumento del trabajo precario y de personas sin hogar… Nuestro sistema económico necesita evolucionar hacia un modelo de desarrollo sostenible centrado en buscar el bienestar y la prosperidad para todas las personas, capaz de crear empleo estable y de calidad, y que además asegure una más justa redistribución de la riqueza y una mayor inclusión social. Para conseguirlo desde EQUO proponemos los siguientes ejes de actuación:

- Poner en marcha el Green New Deal en España, un proceso de transformación de la economía basado en el desarrollo sostenible de sectores tan diversos como la energía, la industria, el transporte, la construcción, el turismo, la ciencia, la agricultura, la educación, la salud, la asistencia social o la cultura, cuyo objetivo principal es generar el empleo verde y de calidad que España necesita.

- Modificar el mercado de trabajo, con el fin de garantizar la estabilidad laboral y los salarios dignos, favorecer el reparto del trabajo y terminar de una vez con la desigualdad y la explotación que afectan a las mujeres y a las personas migrantes.

- Desarrollar el Estado del Bienestar, a través de una profunda reforma fiscal que nos permita financiar un programa de renta básica universal, reducir los índices de pobreza en España a la mitad para 2020, revisar las pensiones o apoyar a las personas sin hogar y a las familias afectadas por la pobreza energética.

- Dar un giro radical a las políticas de ciencia y tecnología, reorientando sus objetivos hacia los nuevos retos, renovando sus estructuras, dotándola de una financiación pública y privada suficiente, simplificando la gestión de los programas y posibilitando el retorno del talento investigador perdido durante los últimos años.

- Promover el consumo responsable como instrumento para contrarrestar la huella ecológica de nuestra sociedad, fomentando las vías de consumo alternativas y reforzando los derechos de las personas consumidoras, los instrumentos de que disponen y la calidad de la información que reciben.

- Poner en práctica unas políticas agrícolas, pesqueras y forestales dirigidas a garantizar una gestión sostenible y duradera de los recursos naturales del territorio, al tiempo que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, energía y materias primas renovables de la población, así como la recuperación del tejido social y productivo local de las poblaciones rurales y costeras.

12.1 Empleo Verde, Empleo Digno: el Green New Deal El Green New Deal es un proceso de transformación encaminado a conseguir el bienestar y la prosperidad para todas las personas. Este proceso desarrollará nuevas actividades en sectores tan diversos como energía, transporte, construcción, agricultura, educación, salud y asistencia social.

El objetivo final del cambio es lograr una economía sostenible y avanzada a través de un incremento del valor añadido de las empresas que se traduzca en un reparto más equitativo de la riqueza generada. En concreto para poner en práctica el Green New Deal en España, proponemos las siguientes medidas:

Aprobaremos un plan estatal de empleo verde que identifique el potencial de creación de nuevo empleo y las necesidades de formación de los trabajadores a los nuevos sectores, que ayude a desarrollar un sector empresarial sostenible y que ponga en marcha políticas activas de formación e inserción en los nuevos nichos productivos.

Los sectores industriales que impulsaremos serán los de las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos, el transporte eficiente, la industria agroalimentaria ecológica, la transformación sostenible de recursos naturales (textil, papel y madera) o la industria química verde.

Impulsaremos agrupaciones de empresas a nivel local o comarcal. Los pilares de esta estrategia serán la creación de cadenas de valor locales, la identificación de las necesidades de formación por parte de los agentes sociales, la evaluación de las necesidades de desarrollo tecnológico, y la definición de objetivos de producción y de indicadores de sostenibilidad para evaluar el avance de la transición.

Desarrollaremos planes de transición económica en las zonas que hayan experimentado procesos recientes de desindustrialización, así como en comarcas afectadas por el cierre de centrales nucleares o de la minería de carbón.

Revisaremos los planes de formación del Ministerio de Educación, para actualizar los programas de estudios universitarios y de formación profesional a las nuevas necesidades formativas y productivas.

Promoveremos un programa de fomento de la sostenibilidad del tejido empresarial, con planes de formación e información, desarrollo de objetivos ambientales sectoriales e incentivos económicos para su consecución.

Daremos impulso al cooperativismo y a la economía social en sectores como la producción ecológica, el cuidado de ecosistemas, las energías limpias, el transporte público, la gestión de residuos, la cultura, el software libre, el turismo sostenible…

12.2. Una Economía Social y Solidaria para el Bien Común El Green New Deal y la Economía del Bien Común buscan garantizar la calidad de vida de todas las personas, de manera duradera en el tiempo y sostenible para el planeta. Este doble enfoque social y ambiental debe configurar una estrategia pública que nos permitan construir una economía orientada al bien común, asegurando empleo de calidad, digno y estable, justa redistribución de la riqueza, inclusión social de todas las personas y actividades económicas ambientalmente sostenibles En materia de empleo hacemos las siguientes propuestas:

- Derogaremos la reforma laboral y subiremos el salario mínimo interprofesional hasta el nivel que recomienda la Organización Internacional del Trabajo.

- Introduciremos nuevos derechos de participación de los trabajadores en la vida de las empresas. Aprobaremos una Ley de Participación y Cogestión (modelo alemán) para las empresas con más de 50 personas empleadas.

- Promoveremos acuerdos voluntarios de reducción de horarios en las empresas, que posibiliten las 35 horas semanales efectivas en 2018 y las 32 horas en 2020. Reforzaremos los servicios de inspección para acabar con las horas extraordinarias.

- Revertiremos la progresiva privatización de los servicios públicos, consolidando y renovando las plantillas hasta recuperar tasas de empleo público similares a la media europea. Reformaremos la función pública para aumentar su eficiencia y eficacia. También impulsaremos medidas de reparto voluntario del empleo público.

- Recuperaremos la negociación colectiva y los convenios sectoriales. Introduciremos las cuestiones relacionadas con la transición de la economía y la igualdad de género en el diálogo social entre el Gobierno y los agentes sociales.

- Aplicaremos los Planes de Igualdad en las empresas y exigiremos un mínimo del 40% en compañías con participación en Bolsa (modelo noruego). Garantizaremos plazas escolares suficientes de 0 a 3 años para facilitar la conciliación y llevaremos a cabo campañas de sensibilización sobre el reparto de las tareas del hogar.

- Desarrollaremos las bonificaciones a la contratación de personas en riesgo de exclusión. Reorganizaremos la Inspección de Trabajo para incrementar el control de la economía sumergida y de la explotación de las personas trabajadoras migrantes.

- Garantizaremos por ley el derecho universal a recibir formación durante la jornada de trabajo y entre contratos. Reorientaremos los planes de estudios de la formación profesional hacia los nuevos sectores económicos sostenibles.

- Modificaremos la Estrategia Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, de modo que contemple el reconocimiento y prevención de las enfermedades de origen laboral y la plena participación de las trabajadoras y trabajadores en todos los temas que atañen a la salud y seguridad en el trabajo, así como el control y coordinación de las mutuas de accidentes de trabajo por parte de la Seguridad Social.

En lo relativo a la lucha contra la pobreza y la desigualdad:

- Construiremos un sistema impositivo más equitativo y progresivo, que grave en mayor medida al capital frente a los salarios, que elimine las desgravaciones fiscal social y ambientalmente injustas, y que penalice la evasión y el fraude fiscal (ver Capítulo 12).

- Exigiremos que las empresas que coticen en Bolsa realicen auditorías anuales para analizar su brecha salarial, y que las compañías de más de 50 empleados presenten su “pay ratio” (relación de sueldos entre sus empleados asalariados más altos y los más bajos) junto con las cuentas anuales.

- Estableceremos mecanismos de apoyo para las familias afectadas por la pobreza energética o para que puedan realizar inversiones en eficiencia energética.

- Reduciremos el índice de pobreza a la mitad para 2020, y nos comprometemos a erradicar la pobreza infantil para esa fecha. Revisaremos las pensiones más bajas y pondremos en marcha un programa de renta básica universal (ver Capítulo 4).

- Financiaremos la red de casas de acogida para personas sin hogar.

Por último, en materia de comercio exterior nos posicionaremos siempre en contra de la aprobación y aplicación de los Tratados de Libre Comercio (TTIP, TISA, CETA y EPA) y trabajaremos en favor de un comercio internacional basado en el Mandato de Comercio Alternativo.

12.3. Investigación y Ciencia La ciencia y la tecnología son la base incuestionable del progreso material de la humanidad. Un país que no invierta ahora en investigación está condenado al atraso y a la dependencia externa. Es vital para España un giro radical en su política científica y tecnológica, para situarla en una posición acorde a la de los países de su entorno. En materia de ciencia y tecnología EQUO se plantea como objetivo inmediato el de aliviar los efectos de las políticas desarrolladas en los últimos años; a medio plazo, el objetivo es asentar las bases que nos proporcionen un sistema capaz de responder a los retos del siglo XXI, resolviendo sus debilidades estructurales, tales como la escasez de financiación, la mala gestión del capital humano, unas estructuras y procedimientos obsoletos o la escasa participación empresarial. En este sentido las principales medidas que se plantean son las siguientes: Pondremos en marcha un plan de rescate para la ciencia española, que incluya la creación y puesta en funcionamiento de la Agencia Estatal de Investigación y un incremento extraordinario en las convocatorias de personal investigador. Para ello, se incrementarán los presupuestos del CSIC y del Plan Nacional, y se permitirán tasas de reposición superiores al 100% en universidades y organismos públicos de investigación. Todas las convocatorias se publicarán en un portal web disponible en inglés. A nivel estratégico, desarrollaremos la Ley de la Ciencia, prestando especial atención al diseño de la carrera investigadora y la definición de unos procesos de selección de personal abiertos, basados en méritos objetivos y homologables a los de los países de nuestro entorno. Definiremos una Estrategia Nacional de I+D+i que dé cabida a los retos específicos de la sociedad española, que inserte al sistema español de I+D+i dentro del ecosistema europeo de ciencia y tecnología, y que reconozca la necesidad de invertir en ciencia básica.

Orientaremos los objetivos estratégicos y los recursos económicos a acometer el cambio de modelo productivo y energético, hacia la mitigación del cambio climático, y a la conservación y recuperación de la biodiversidad. No descuidaremos los retos relativos a la salud y la medicina. Estableceremos un horizonte estable de 10 años para los Programas Marco y los Planes Nacionales y autonómicos de investigación.

Dotaremos al sistema con una financiación pública mínima del 2,5% del PIB en 2018 y del 3 % en 2020. Incrementaremos la participación del sector privado en la financiación, mejorando el marco fiscal de las aportaciones de mecenazgo científico. Promoveremos la cooperación entre empresas y universidades, fomentando aquellas estructuras que demuestren ser más exitosas en la transferencia de conocimiento al sector productivo: parques tecnológicos, incubadoras de empresas, programas de posgrado y emprendimiento… Haremos más transparente el procedimiento de concesión de ayudas al sector privado, y perseguiremos el fraude.

Aumentaremos el número de centros de investigación en España, a partir de un Plan Nacional Estratégico de Potenciación de Infraestructuras, creando nuevos centros públicos especializados por áreas de actividad, ubicados según el principio de solidaridad territorial. Impulsaremos la reforma y auditoría del CSIC. Mejoraremos la coordinación entre universidades, organismos de investigación y empresas, para favorecer la colaboración científica y optimizar los recursos disponibles.

Dotaremos a los nuevos centros de investigación con los recursos humanos necesarios. Incentivaremos la incorporación de nuevo personal investigador en las universidades, así como la firma de convenios de colaboración entre universidades y entidades privadas. Facilitaremos el acceso de empresas y asociaciones a todos los recursos de financiación. Apoyaremos a las publicaciones científicas españolas para que alcancen los estándares internacionales de reconocimiento.

Pondremos en marcha la Agencia Estatal de Investigación, para garantizar una planificación estratégica estable, así como una evaluación y seguimiento de los proyectos con las máximas garantías de transparencia, objetividad y cualificación. Adscribiremos todas las competencias en materia de investigación a una única cartera ministerial, con el fin de resolver los actuales conflictos competenciales.

Racionalizaremos la gestión administrativa de los proyectos de investigación. Publicaremos un cronograma de convocatorias públicas. Simplificaremos la documentación exigida a los y las solicitantes y los sistemas de justificación de gastos. Reduciremos a menos de cinco meses los plazos de resolución. Exigiremos que se publiquen los criterios de adjudicación de fondos y de provisión de personal.

Elaboraremos un Plan Estratégico de Recuperación de Investigadores en el Extranjero, que siente las bases materiales y económicas para su incorporación estable al sistema español de I+D+i, bien sea en organismos públicos por vía excepcional, o en las distintas universidades primando su trayectoria profesional.

Incentivaremos la contratación indefinida de personal investigador y técnico por parte de empresas, así como la sustitución de las becas por contratos en prácticas. Facilitaremos la transferencia de personal científico y técnico entre los organismos públicos de investigación y las universidades. Elaboraremos bolsas de trabajo de ámbito estatal según áreas de especialidad, que faciliten la movilidad geográfica.

Impulsaremos la transferencia de conocimiento del sistema de investigación a la sociedad, en especial hacia las administraciones, a través de seminarios, mesas redondas y cursos de formación periódicos, y mediante el uso de software libre y licencias “creative commons” en caso de proyectos con financiación pública. Incentivaremos las publicaciones de carácter divulgativo para el gran público y la participación del personal investigador en todos los medios de difusión del conocimiento a la sociedad. En materia de salud pública, apostamos por el acceso abierto a los resultados de la investigación financiada por fondos públicos.

12.4. Industria Verde El sistema económico actual impone la transformación insostenible de materiales y recursos, sin tener en cuenta que muchos son finitos y que causan daños irreversibles a los ecosistemas y a la salud. Las sustancias y materiales usados y las tecnologías industriales empleadas generan importantes impactos ambientales, tanto en la fase de producción como en la de consumo. Esos impactos conllevan elevados costes de reparación que asume toda la sociedad

en lugar de quienes directamente los provocan. En este ámbito la actuación de los sucesivos Gobiernos de España ha sido carente de ambición, profundidad, continuidad y suficiente control. Es precisa una acción política decidida y responsable que evite los problemas que origina el mercado globalizado y que ponga en marcha acciones para conseguir que se fabriquen productos con las siguientes características:

- Que eviten en su composición y en su fabricación la presencia de sustancias peligrosas, como los contaminantes orgánicos persistentes o los metales pesados.

- Que contengan la menor cantidad de materiales posible.

- Que sean fabricados con materiales biodegradables, reciclados o renovables, mediante procesos productivos cerrados, que usen el agua y la energía de forma eficiente.

- Que sean reciclables, duraderos, reutilizables, desmontables y reparables.

En este sentido hacemos las siguientes propuestas:

- Reactivaremos el Plan Nacional de Aplicación del Convenio de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y elaboraremos un Plan Nacional de Aplicación del Convenio sobre Mercurio.

- Restringiremos el uso y, en algunos casos, prohibiremos la comercialización de sustancias cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción o disruptores hormonales, como el bisfenol A, el glifosato o algunos ftalatos.

- Promoveremos, en el ámbito europeo de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), la inclusión de las sustancias más tóxicas en la lista de candidatas a autorización del Reglamento REACH.

- Aprobaremos una Estrategia Española de Química Sostenible, que incluya la creación de un instituto de investigación sobre producción limpia y química verde.

- Desarrollaremos un Plan Estatal sobre producción limpia, integrada con otras estrategias sobre riesgo químico y salud ambiental, destinada a favorecer la sustitución de sustancias y procesos industriales, el ecodiseño y la ecoinnovación.

- Aprobaremos una exigente normativa sobre ecodiseño y comercialización de productos, basada en el análisis de su ciclo de vida y en su grado de sostenibilidad.

- Desarrollaremos líneas de financiación de las infraestructuras del vehículo eléctrico, ligadas a su abastecimiento con electricidad de origen renovable.

- Estableceremos criterios vinculantes de sostenibilidad en la agroindustria y en el procesamiento de alimentos, sobre la base de su huella de carbono.

- Impulsaremos la industria de fabricación de materiales de aislamiento y de bioconstrucción para la rehabilitación de edificios y viviendas.

12.5. Consumo Responsable y Derechos de las Personas Consumidoras El nuevo modelo productivo que impulsa EQUO debe ir acompañado de una nueva forma de entender el consumo, no sólo como una vía para satisfacer nuestras necesidades materiales,

sino como una herramienta imprescindible para la transformación del propio sistema económico. Así, en materia de consumo responsable proponemos las siguientes medidas:

Desarrollaremos campañas de concienciación para eliminar los productos de usar y tirar, e impulsaremos un marco legal y fiscal que penalice a los fabricantes que utilicen la táctica mercantil de la obsolescencia programada.

Aprobaremos políticas para reducir los residuos en origen, con objetivos vinculantes en materia de reducción de embalajes y reutilización de envases.

Exenciones fiscales a las cooperativas de consumo ecológico y comercio justo.

Regularemos el etiquetado de productos sostenibles, saludables y responsables, simplificando los pictogramas y controlando su uso adecuado por las empresas.

Supervisaremos las prácticas de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas, tanto las que opten a adjudicaciones de contratos públicos como las empresas españolas que operen en países receptores de ayuda oficial al desarrollo.

En lo relativo a los derechos de las personas consumidoras haremos lo siguiente:

- Facilitaremos la actividad de las Asociaciones de Personas Consumidoras, impulsando que las cuotas sociales sean desgravables y que tengan justicia gratuita.

- Regularemos las vías de reclamación y demanda ante los servicios de atención al cliente, para que sean efectivas con plazos de respuesta breves y con un sistema de indemnizaciones disuasorias de las malas prácticas. Fomentaremos el arbitraje de consumo. Daremos publicidad a las sanciones que se impongan.

- Abriremos los organismos reguladores y supervisores a las personas consumidoras, y arbitraremos vías de consulta ágiles y, a ser posible, vinculantes.

- Simplificaremos la normativa relativa a las cláusulas y prácticas de los contratos bancarios, hipotecas y de seguros, y regularemos la dación en pago.

- Reformaremos las leyes para que las formas de intercambio mercantil se adapten a las características sensoriales y psicosociales de las personas consumidoras mayores.

Por último, en materia de publicidad pondremos en marcha las siguientes medidas:

- Promoveremos la creación de un ente independiente que supervise la veracidad de la publicidad en cualquier soporte.

-Impulsaremos la creación de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal con una amplia representatividad social.

- Exigiremos el respeto de las franjas horarias de protección y súper protección infantil.

- Potenciaremos la emisión de espacios infantiles y juveniles sobre el consumo consciente y responsable en los medios de comunicación públicos.

12.6. Medio Rural y Marino España tiene un enorme potencial agrícola, forestal y marino. Sin embargo estamos arruinando esta fuente de riqueza y prosperidad con políticas que buscan el beneficio económico rápido, a costa de la destrucción de los ecosistemas y del agotamiento de recursos tan escasos como el agua. Esto provoca nefastas consecuencias para el mundo rural y en las poblaciones costeras, tanto sociales como ambientales. Por lo tanto las políticas que desarrolle EQUO en esta materia garantizarán una gestión sostenible y duradera de los recursos naturales del territorio, al tiempo que aseguren la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, energía y materias primas renovables, así como la recuperación de un empleo digno y de calidad, y por ende del tejido social y económico local de las poblaciones rurales y costeras. En materia de política agrícola proponemos las siguientes medidas:

- Aprobaremos una Ley de Desarrollo de la Agroecología, que garantice la recuperación, uso y conservación de las variedades animales y vegetales autóctonas, que impulse la prohibición progresiva de las sustancias químicas que afectan a los insectos polinizadores, que proteja el suelo agrícola de las áreas periurbanas a través de los Parques Agrarios, que desarrolle figuras de protección y recuperación del patrimonio agrario y rural, que posibilite a los pequeños productores agrícolas y ganaderos la venta directa y la transformación artesanal de sus productos, que fomente el consumo de alimentos ecológicos locales en instituciones públicas y que impulse el compostaje de la materia orgánica residual.

- Utilizaremos los fondos del pilar 2 de la Política Agrícola Común dedicados al desarrollo rural para defender la producción familiar, sostenible y extensiva, la biodiversidad, el comercio de proximidad y los intercambios de kilómetro cero, y la soberanía alimentaria.

- Implantaremos los “pagos por servicios ambientales” en el mundo rural y estableceremos un sistema de control y garantía de los precios agroganaderos.

- Fomentaremos la producción de energía renovable en el mundo rural (solar, eólica y biomasa), con destino al consumo de proximidad y al autoconsumo.

- Aprobaremos un plan de inversiones en municipios rurales enclavados en áreas de muy baja densidad de población, con exenciones fiscales para emprender actividades económicas sostenibles, actuaciones en materia de movilidad y conectividad, introduciendo servicios educativo, sanitarios y de emergencias más cercanos, y promoción del turismo rural y de naturaleza (ver Sección 11.7).

En lo relativo al uso y liberación de organismos genéticamente modificados:

- Nos opondremos a que se concedan nuevas autorizaciones de uso agrícola y ganadero sobre semillas, especies genéticamente modificadas, y revisaremos de forma exhaustiva las concedidas.

- Impulsaremos el etiquetado de los alimentos que contengan organismos genéticamente modificados, y de los productos ganaderos alimentados con ellos.

- Regularemos la coexistencia de cultivos ecológicos y convencionales respecto a los que utilicen organismos genéticamente modificados, en lo referente a trazabilidad y responsabilidades en caso de contaminación cruzada.

En materia de política forestal:

- Reforzaremos los controles aduaneros para evitar la entrada de madera de especies en peligro de extinción o procedente de selvas tropicales no certificadas.

- Elaboraremos Planes de Ordenación de los Recursos Forestales comarcales, que evalúen la capacidad de producción sostenible de biomasa forestal.

- Pondremos en marcha políticas de prevención de incendios basadas en trabajos de conservación y en el pastoreo dentro de las áreas forestales de mayor riesgo.

- Pondremos en marcha medidas económicas y fiscales para fomentar el manejo forestal sostenible y para sustituir progresivamente las plantaciones de pino y eucalipto por especies de crecimiento medio-lento y alto valor maderero sometidas a planes de gestión forestal sostenible.

- Estableceremos figuras de protección restrictivas en cuanto a los usos forestales permitidos en los bosques naturales y protegeremos los “sistemas agroforestales de alto valor natural”, que permiten conservar zonas con gran riqueza en biodiversidad (ver sección 10.3).

En lo que respecta a la política pesquera:

- Elevaremos a la Comisión Europea un plan que establezca para 2020 la prohibición a nivel internacional de las artes pesqueras más destructivas.

- Fomentaremos la pesca sostenible a nivel nacional y europeo. Asegurar el futuro del sector pesquero español, defendiendo una Política Pesquera Comunitaria que recupere todas las pesquerías y sus ecosistemas, y desarrollar una Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que proteja los ecosistemas costeros y promueva un urbanismo equilibrado respetando la Ley de Costas.

- Sancionaremos la captura de ballenas, delfines y tiburones. Subvencionaremos la presencia de observadores en las campañas que tengan lugar en aguas internacionales o de países que no tengan medios para controlar a nuestra flota.

- Promoveremos la creación de Reservas Costeras de Pesca en la costa española, gestionadas por las cofradías de bajura en régimen de concesión, aplicando los cupos de pesca, las medidas de cierre temporal y las paradas biológicas que establezcan las recomendaciones científicas.

- Subvencionaremos a las cofradías para que implanten métodos de pesca más sostenibles y sistemas de detección más modernos y selectivos.

- Dotaremos a los servicios de inspección pesquera de medios para que controlen los máximos de capturas admisibles y para que vigilen la entrada en los mercados, de capturas procedentes de terceros países que incumplan la normativa europea.

- Regularemos los precios mínimos en lonja y pondremos en marcha una denominación de origen específica o certificaciones independientes que permitan a nuestros productos pesqueros acceder a mercados más exigentes.

- Desarrollaremos una línea de investigación específica sobre técnicas de acuicultura sostenible.

12.7. Turismo Sostenible El sector turístico en España es un sector clave en la economía española. Por eso es necesaria no solamente su diversificación, sino romper con la estacionalidad asociada al turismo de sol y playa, así como evaluar los riesgos para este sector derivados del cambio climático. El objetivo de EQUO es desarrollar un nuevo modelo turístico, sostenible en el uso de recursos escasos y en la reducción de los impactos ambientales, que atraiga un turismo de calidad durante todo el año, basado en el respeto y el disfrute de los recursos naturales y del patrimonio artístico y cultural que albergan nuestros territorios. Para propiciar este cambio de modelo proponemos las siguientes medidas: Aprobaremos una Ley de Cambio Climático que incorpore medidas de adaptación específicas para el sector turístico (transporte, alojamientos, actividades). Esta ley debe establecer un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector para 2030, incidiendo en el consumo energético asociado al transporte aéreo y buscando un mayor uso del ferrocarril o el autobús. También regulará las certificaciones energéticas de los alojamientos turísticos (Ver Capítulo 9). Crearemos un Observatorio de Sostenibilidad y Turismo, que evalúe los impactos del cambio climático en zonas turísticas vulnerables, como zonas costeras, islas y zonas de montañas, así como en el patrimonio cultural, y que desarrolle un modelo de gestión para optimizar las principales opciones de adaptación y sus implicaciones en las políticas turísticas. - Impulsaremos las certificaciones de calidad turística, como los certificados de calidad del cielo nocturno en los Espacios Naturales Protegidos (Reservas Starlight), o la marca Municipios Cero Emisiones para municipios turísticos. Incluiremos la promoción internacional del turismo rural y de naturaleza por parte de Turespaña.

Crearemos de un Centro de Investigación para la Innovación Turística en materia de sostenibilidad, que ofrezca productos turísticos vinculados a la observación y al disfrute de nuestros recursos naturales y culturales.

Incluiremos el sector del turismo sostenible en el ámbito de aplicación de nuestro Plan Estatal de Empleo Verde (ver sección 11.1).

Promoveremos planes de movilidad sostenible en zonas turísticas, así como un plan específico

de incentivos para la rehabilitación energética de segundas viviendas ubicadas en zonas

turísticas. También pondremos en marcha planes de concienciación sobre la importancia de

conservar en buen estado el patrimonio natural y cultural en las poblaciones receptoras.

CAPITULO 13: ECONOMÍA Y FISCALIDAD

En EQUO concebimos la economía como un instrumento al servicio de la calidad de vida de las personas. El desarrollo sostenible implica aunar calidad de vida laboral, actividad productiva, equilibrio ecológico y equidad social. La crisis que sufrimos debe ser abordada de manera integral e integrada. Hay que generar numerosos puestos de trabajo con empleos dignos y de calidad, en sectores y en actividades que tienen un gran potencial de creación trabajo: energías renovables, residuos, movilidad, rehabilitación de viviendas, agricultura ecológica, química verde, cultura, turismo sostenible, desarrollo rural y biodiversidad. Se trata de promover la economía verde como están haciendo los países y las regiones más avanzadas, así como fomentar la economía de proximidad, colaborativa, del compartir y la autosuficiencia alimentaria y energética.

Un desarrollo de estas características necesita ser sustentado sobre toda una serie de medidas que lo hagan posible. Entre ellas, dotarnos de un sistema financiero, diversificado y creando una banca pública al servicio de la sociedad y de la actividad económica. Igualmente, es imprescindible llevar a cabo una reforma fiscal basada en la progresividad, la equidad y la lucha contra el fraude y la evasión. Que penalice las actividades con fuertes impactos ambientales (impuestos verdes) y que promueva sectores y actividades respetuosos con el medio ambiente. Y, por último, llevaremos a cabo medidas que favorezca a las empresas que generen riqueza colectiva e introduzcan medidas de democracia industrial.

13.1 PYMES, trabajo autónomo y cooperativo Las PYMES y los trabajadores autónomos son un pilar fundamental e imprescindible para cualquier política pública hacia la economía. Pequeñas empresas y autónomos son los eslabones más débiles en el sistema de las unidades económicas, y por lo tanto necesitan de la especial atención por parte del Estado. Con gran frecuencia son sede de las mayores innovaciones no sólo tecnológicas, y ello se añade a su importancia central en la creación y el mantenimiento del empleo. Son además la base de la economía local y de proximidad y pueden favorecer la sostenibilidad y la autosuficiencia. Las prioridades de las políticas públicas para EQUO serán:

- Fomento del crédito a las empresas, muy especialmente incentivando y reorientando hacia las actividades ligadas a la economía y los empleos verdes.

- Apoyo en beneficios fiscales (municipales, autonómicos y estatales) si el autónomo desarrolla su trabajo en sectores prioritarios: medio ambiente, I+D+I, educación, sanidad, cultura, etc....

- Simplificar a los emprendedores el comienzo de su actividad.

- Facilitar el acceso de las PYMES a los programas estatales y europeos de I+D+I.

- Revisión de las cuotas que pagan los autónomos, planteando que estén en función de los ingresos, estableciendo un mínimo de éstos para empezar a pagar.

- Que los autónomos dispongan de las mismas prestaciones que el trabajador por cuenta ajena a igualdad de contribución a la Seguridad Social

- EQUO apoya y promoverá el modelo empresarial cooperativo. Este modelo organizativo, alternativo tanto a la empresa capitalista como a la empresa pública (en su versión de capitalismo de estado, a no confundir con los servicios públicos prestados por la administración) es el modelo que mejor se adapta a una economía sostenible y en estado estacionario. Ya que no exige para su supervivencia la remuneración del capital (no hay inversionistas como tal), no necesita del crecimiento permanente del beneficio, lo que requiere un crecimiento permanente de la economía. Además, en épocas de crisis es el modelo que mejor defiende los puestos de trabajo, es más democrático en su funcionamiento interno, los repartos salariales son más equitativos y mantiene una relación más colaborativa y menos “depredadora” con el entorno social.

13.2 Reforma del sector financiero La crisis financiera que está en el origen de la crisis económica y social que seguimos sufriendo, nos ha enseñado lo que no se debe hacer, pero también algunas medidas de reforma financiera que fueron acordadas internacionalmente pero que no han sido llevadas a cabo. Muy especialmente la de reducir el tamaño de las entidades y abordar su diversificación. Hay que acabar con el riesgo sistémico de los grandes bancos y con la concentración de poder que ostentan. Es tiempo de devolver al sector financiero su auténtico papel y su tamaño razonable: aquel que permita financiar la economía que la sociedad necesita, en vez de supeditar la economía productiva a la economía especulativa. La crisis financiera ha causado una crisis productiva todavía no superada, entre otras razones, por las dificultades que se mantienen en las entidades de crédito.

Una crisis localizada en el mercado hipotecario de California pudo contaminar el conjunto del sistema financiero mundial por un sistema de globalización financiera en el cual el capital ha gozado de una primacía total sobre el trabajo, y la especulación sobre la producción. El dinero de los inversores especulativos entraba y salía de las empresas productivas en búsqueda de las mayores rentabilidades inmediatas sin importar los efectos sociales, en términos de pérdida de empleo o de destrucción de capital productivo y tecnológico, en una enloquecida pulsión cortoplacista.

La excesiva asunción de riesgo y expansión del crédito por parte del sector financiero privado en un contexto de progresiva desregulación motivada por la idea de que los mercados eran eficientes, la ausencia de fiscalidad y la laxitud de la política monetaria ha causado una crisis que se ha manifestado en todos los ámbitos.

En EQUO apostamos por un sistema financiero diversificado, regulado y controlado en el que convivan una banca privada y una pública, cooperativa o mixta, bajo la consideración de complementariedad (bancos públicos que financien áreas de interés estratégico para la sociedad con retornos financieros de medio y largo plazo) y competencia (ofreciendo, bajo criterios de mercado, tipos de interés más bajos, condiciones de préstamos más ventajosas, menores comisiones bancarias) con el sector privado.

Apostamos por una Banca razonable: Hacia otro sistema financiero. Para ello proponemos:

- Creación de una banca pública a partir de las cajas de ahorro nacionalizadas (BANKIA, muy especialmente), del fortalecimiento y desarrollo del ICO y de otras instituciones financieras de las comunidades autónomas. Promover su actuación con criterios éticos.

- Para el corto plazo, resulta necesario reforzar las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial y canalizar por esta vía una mayor oferta de crédito, con el adecuado control de riesgos, hacia las PYMES y hacia las empresas que invierten en sectores prioritarios para el nuevo modelo que proponemos.

- Control y limitación de los salarios, remuneraciones en dinero y en especies, bonos y complementos de pensión de los altos ejecutivos y personal de dirección bancarios.

- Prohibición para operar en la UE a los bancos con sucursales en centros offshore (paraísos fiscales).

- Promoción y fortalecimiento de una banca ética y cooperativa, al servicio de las actividades económicas y productivas más cercanas y medioambientalmente sostenibles. Especial apoyo a los emprendedores y al autoempleo en actividades económicas sostenibles.

- Creación de una Agencia Europea de Calificación de Riesgos.

- Medidas adicionales para conformar un sector financiero más sano y con más responsabilidad social:

- La modificación estructural de las políticas públicas de vivienda y urbanismo para cambiar las pautas de ahorro de la sociedad española hacia actividades distintas a la construcción residencial.

- La prohibición indefinida de las operaciones en la bolsa de valores a corto plazo, con o sin cobertura.

- Complementariamente, debe procurarse el cumplimiento de pago sobre los beneficios reales en el impuesto de sociedades.

- Los bancos deberán contar con líneas de financiación específica para apoyar a las empresas, autónomos y emprendedores que apuesten por la economía verde y sostenible.

- Impedir que una entidad financiera, incluyendo sociedades filiales, instrumentales o controladas por cualquier medio, preste servicios de banca comercial y banca de negocios de forma simultanea. El espíritu sería, convenientemente actualizada, una recuperación de la Ley Glass-Steagal.

13.3 Fiscalidad para la equidad Asegurar la distribución de la renta y la riqueza para promover la cohesión y la equidad social, fortalecer y aumentar la capacidad fiscal del Estado para promover el cambio de modelo productivo y la creación de empleo mediante una economía más social, más verde y más sostenible y asegurar una provisión de servicios públicos de calidad para toda la población -sanidad, educación, cultura, atención a la dependencia, pensiones, Renta Básica Incondicional, protección medioambiental,…- requiere llevar a cabo una reforma fiscal profunda.

El actual modelo fiscal de nuestro país ha demostrado ser socialmente injusto y económicamente ineficaz e insuficiente para asegurar la financiación de los servicios y actividades del Estado. Ello es debido a las políticas seguidas en esta materia por los diversos gobiernos y muy especialmente por tres factores: la permisividad frente al fraude fiscal generalizado de las altas rentas y de las empresas, las sucesivas contrarreformas fiscales establecidas a partir de 1996 para desfiscalizar las rentas de capital, y la fuerte reducción de ingresos fiscales derivados de la caída de la actividad inmobiliaria.

Subir el IVA y bajar el IRPF a los que más ganan es pernicioso: el elevado protagonismo de los impuestos sobre el consumo es injusto, regresivo y además provoca fenómenos indeseados desde el punto de vista del consumo y del empleo, porque aplican el mismo tipo impositivo a todas las personas, lo que supone gravar proporcionalmente más a quien menos tiene.

Por el contrario, los impuestos sobre la renta progresivos tienen una función redistributiva además de la recaudatoria. Una baja recaudación por una imposición directa (IRPF e Impuesto de Sociedades y Patrimonio) hace inviable unos ingresos suficientes para sostener los servicios públicos (sanidad, educación…) y una buena protección social. En todos los países en los que se ha construido un estado de bienestar sólido, el impuesto sobre la renta progresivo es la fuente de recaudación más importante.

Romper estos equilibrios con los que se han construido el pacto social y las modernas sociedades europeas, deslegitima el sistema ante la población y, como consecuencia directa, hace que aumente la economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal, así como la ruptura de los lazos de solidaridad que toda sociedad justa y cohesionada requiere.

La presión fiscal española en 2012 se situó en el 32,5% del PIB, inferior en 8 puntos a la media de los países que componen la zona euro, muy superior al mínimo alcanzado en 2007 cuando se había reducido a 3,1 puntos del PIB. De tener una presión fiscal similar a la media europea, se produciría un aumento en los ingresos fiscales de alrededor de 80.000 millones de euros, lo que daría suficiencia al Estado y evitaría los recortes sociales y de inversión pública para el cambio de modelo productivo que, necesariamente, hemos de llevar a cabo. En el mundo y muy especialmente en Europa, se observa una fuerte correlación positiva entre presión fiscal y desarrollo económico y social. Los países con mayor recaudación mediante impuestos y cuotas sociales mantienen también un nivel más alto de desarrollo y bienestar.

En relación con las políticas de gasto, las prioridades puestas en el control del déficit -que no en una austeridad razonable y socialmente justa- entorpecen el paso a una economía productiva que solo se desarrollará si apostamos por procesos de mayor eficiencia, innovación y sostenibilidad. La reforma constitucional que se aprobó en 2011 y estableció un límite al déficit público, va a dificultar mucho más el cambio de modelo. EQUO planteará modificar la Ley Orgánica prevista en la reforma constitucional y se dirigirá al resto de partidos, para que se unan con el objetivo de revertir esta situación.

Cambiar radicalmente la actual situación fiscal de España es el compromiso que asumimos desde EQUO y para ello proponemos las siguientes medidas que conformarán la Reforma Fiscal que nuestro país necesita.

Para la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones pública el esfuerzo para mejorar el sistema tributario es extensible a todos los niveles de gobierno y a todas las administraciones. Proponemos por ello una actuación más ambiciosa en la fijación de los tipos de gravamen en los impuestos cedidos tradicionales (Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), en el tramo autonómico del IRPF (50%) o sobre los

tipos del IVA (50% de la recaudación) y los Impuestos específicos sobre el consumo (58% de la recaudación).

Como medidas concretas proponemos:

- Elevar la progresividad fiscal, y reequilibrio de aportaciones fiscales por tipos de renta, incrementando la imposición sobre las rentas del capital. Pagar todos y pagar más los que más tienen. En el camino hacia un salario máximo interprofesional propondremos que se fije por ley o incluso por reforma constitucional un tope (en consonancia con medidas similares que se están adoptando en países de nuestro entorno) a partir del cual no sea posible acogerse a ninguna deducción en el IRPF por ningún concepto y por encima del cual se deban aplicar tasas de impuestos de al menos el 50%.

- Revisar la financiación de la Seguridad Social, instaurando progresivamente la financiación por IRPF (modelo de Raventós), la Renta Básica Incondicional, sustituyendo en una primera fase todas las pensiones y ayudas por desempleo y por hijo a cargo, inferiores a la cuantía del umbral de la pobreza, y en una segunda fase universalizando el derecho a estos ingresos mínimos para todos los ciudadanos

- Equiparación de las rentas de capital, y otras rentas a la curva de progresividad que soportan las rentas del trabajo en el IRPF.

- Impuesto de Sociedades. Eliminación de todas las deducciones en el Impuesto de Sociedades para acercar la tributación efectiva (entre el 6-15% según tamaño y facturación) al tipo de gravamen general. Las grandes empresas están pagando un tipo real del 6% aprovechando todos los agujeros y exenciones que año tras año los sucesivos gobiernos han ido estableciendo con un único objetivo: beneficiar a los más poderosos y desfiscalizar sus beneficios.

- Eliminar todos los agujeros legales y normativos que permiten que las empresas multinacionales no paguen los impuestos en el país en el que están radicadas y trasladen su declaración de beneficios a países que cuentan con los impuestos de sociedades más bajos (Irlanda, Luxemburgo….)

Otras reformas impositivas que proponemos son:

- Retorno de la tributación en el Impuesto sobre Patrimonio, y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

- Establecimiento de control en las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) y que el mismo se realice por parte de la Agencia Tributaria (AEAT), para impedir operaciones que encubran el pago de tributos a nivel individual cuando se proceda al reparto de los beneficios generados con el propósito de eludir el tipo de gravamen del IRPF. Incremento de la tributación para estas sociedades.

- Eliminación de las deducciones a sistema de planes privados de pensión.

- Instaurar un nuevo impuesto sobre los bancos y otras entidades de crédito como han hecho algunos países de la Unión Europea, así como a los depósitos bancarios.

- Desarrollo de una fiscalidad verde (ver 12.4).

- Introducción de nuevos impuestos en áreas como: alimentos y productos que contengan sustancias nocivas para la salud (grasas saturadas y azúcares). Introducir parámetros ambientales en el Impuesto de Actividades Económicas. Incremento del IBI en viviendas vacías y segundas residencias.

- Reforma del IVA, para beneficiar actividades y sectores considerados prioritarios en el cambio de modelo económico, productivo y de consumo, y para penalizar las que se consideren nocivas o superfluas (por ejemplo, 25% para los artículos y productos de lujo).

- Es necesario avanzar en materia de Fiscalidad internacional porque el capital no conoce fronteras y los agujeros fiscales hacen inviable la lucha contra el fraude y la evasión país a país. En este sentido en Equo nos comprometemos a:

- Perseguir la erradicación de los paraísos fiscales en Europa y combatir los existentes en otras regiones del mundo para evitar la competencia desleal y el perverso comportamiento de mercados como el financiero (ver 12.5). Asimismo, promover una legislación europea que penalice a las empresas que no cumplan con los Derechos Humanos, en particular en sus actividades de producción fuera de la UE.

- Establecer una armonización fiscal en la Unión Europea, muy especialmente del Impuesto de Sociedades que permite que haya países con tipos del 10% frente a otros con tipos del 30%.

- La instauración de un impuesto supranacional europeo que permita a la UE disponer de un verdadero presupuesto para llevar a cabo las políticas que Europa necesita.

- La creación y aplicación de una tasa internacional sobre operaciones financieras (Tasa Tobin) que ya fue aprobada por una mayoría de países de la UE pero que la presión del lobby financiero y de países como Gran Bretaña y Francia han hecho que finalmente no haya entrado en vigor.

13.4 Fiscalidad para la sostenibilidad En España una fiscalidad ambiental es imprescindible si queremos impulsar el cambio de modelo productivo, penalizar las actividades insostenibles social y ambientalmente y promover la equidad social y la protección de las personas y del medio ambiente. La presión de la fiscalidad medioambiental (fundamentalmente de la energía y el transporte) es muy inferior a la del resto de países europeos. La media en la UE está en torno al 2,5% del total del PIB, pero oscila entre casi el 4% del PIB en Dinamarca frente al 1,6% en España, que es la más baja de todos los estados miembro. Además esa presión fiscal ha tenido un retroceso en el período 1995 a 2012 de 0,63 puntos del PIB. Es decir, el peso de los impuestos sobre las actividades medioambientalmente regresivas es cada vez menor. Los impuestos ambientales suponen en España sólo un 4,5% de la recaudación fiscal total mientras la media de la UE-27 era del 6%.

Aumentar los impuestos a los productos, servicios y sectores más contaminantes es además fundamental para introducir señales de precio en los comportamientos de ciudadanos y empresas para favorecer la transición hacia una economía menos contaminante y baja en carbono. Con la recaudación fiscal que se derive de los impuestos ambientales se pueden financiar además políticas sociales y medioambientales para esa transición, y crear los tan necesarios puestos de trabajo. Existe un amplia variedad de medidas fiscales (impuestos,

tasas…) implantadas en otros países europeos que pueden servir como referencia para introducir nuevas medidas en España.Como propuestas proponemos:

Para el sector del transporte:

- Impuesto estatal de matriculación. Incremento del vínculo entre el tipo impositivo y las emisiones de CO2, considerando también otras formas de contaminación atmosférica y eliminación de la exención para yates y aeronaves.

- Implantación en España de la Directiva europea que establece la Euroviñeta para la circulación de camiones.

- Modificar la ley de haciendas locales para que el impuesto municipal de circulación se establezca también en función de las emisiones de CO2 y de otros contaminantes atmosféricos.

- Consideración de los gastos de transporte público (abono de transporte) como deducción en el IRPF.

- Estudiar un nuevo impuesto sobre las plazas de aparcamiento en edificios de oficinas, instalaciones industriales y en centros comerciales y de ocio – salvo para vehículos no contaminantes.

Para el sector de la energía:

- Creación de una tasa de CO2 existente ya en muchos países europeos, para luchar contra el cambio climático, la dependencia energética exterior y el déficit de nuestra balanza de comercio exterior y otras modificaciones fiscales para penalizar el derroche de energía.

- Eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica para las instalaciones de generación de energía renovable.

- Eliminar todas las tasas y penalizaciones económicas a la autogeneración eléctrica con energías renovables.

- Impuesto de hidrocarburos. Igualación de los tipos del gasóleo con la gasolina, aumento de la tarifa del fuelóleo y eliminación de la exención del queroseno en los vuelos domésticos.

- Aumento del tipo de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de la generación de energía nuclear y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

- Aumento del tipo del impuesto sobre el gas natural.

En materia de fiscalidad de los residuos proponemos:

- Establecimiento de impuestos tanto sobre el vertido como sobre la incineración de residuos.

- Establecimiento de un impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso, en particular las fabricadas con derivados del petróleo, con vistas a su eliminación.

Para la fiscalidad de las sustancias tóxicas proponemos un nuevo impuesto sobre sustancias tóxicas definidas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.

En materia de urbanismo proponemos la modificación de los impuestos sobre construcciones instalaciones y obras, el IAE y el IBI para introducir criterios ambientales y de racionalización en la utilización del suelo.

En el sector del turismo es necesaria la coordinación con las Comunidades Autónomas para la

creación de una ecotasa turística (tal y como tienen muchas ciudades y comunidades de

España y Europa) sobre las pernoctaciones para recabar fondos a fin de mejorar las

infraestructuras y los valores territoriales y paisajísticos y corregir los impactos

medioambientales, sociales y culturales que la masificación turística genera.

13.5. Evasión fiscal y fraude

Proponemos las siguientes medidas para la lucha contra la evasión fiscal y el fraude:

Mejora de la ley de delito fiscal y del resto de normas que entorpecen la lucha contra el fraude fiscal en coordinación con las Instituciones Europeas y endurecimiento de las penas por delitos fiscales.

Establecer una mayor especialización de jueces y fiscales.

Responsabilidad solidaria de despachos e instituciones en fraudes de ingeniería fiscal.

Aumento de la plantilla de Inspectores y Subinspectores (alcanzar la ratio y el presupuesto que tiene la media de países que componen la zona euro) y de los recursos de apoyo necesarios y elaboración de Planes de lucha contra el fraude con especial atención en las rentas de las actividades económicas en el IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre Valor Añadido.

Plan de detección, vigilancia y erradicación de la economía sumergida.

Prohibición de acceder a contratos públicos las empresas que operan con o desde paraísos fiscales.

13.6 Auditoría de la deuda Desde EQUO creemos que la auditoría ciudadana de la deuda es una vía para recuperar la soberanía de los pueblos a través de los espacios de aprendizaje y métodos de democracia participativa, dotando a la sociedad de una herramienta de empoderamiento a través de la cual se pueda luchar por la transparencia, la democracia y la justicia social. Su realización resulta imprescindible para identificar y cuantificar la deuda ilegítima y poder

impugnarla ante los tribunales correspondientes, evitando potenciales casos de corrupción.

Defenderemos la modificación del actual Artículo 135 de la Constitución Española que da

prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto público.