Precedentes Legales Administrativos

Precedentes administrativos

REGLAS PROCEDIMENTALES El Decreto Supremo 26319 de 15 de septiembre de 2001, que aprobó el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, establece el procedimiento administrativo para la sustanciación de dichos recursos y, a partir de ello, la Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a reglas procedimentales:

Error en la cita de la legislación aplicable Es válido alegar derechos sobre disposiciones derogadas cuando la cita substancial de un derecho está contemplada en la normativa vigente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2002)

Un error en citas legales es irrelevante y no invalida la petición del recurrente. Corresponde la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de la acción para asegurar, más allá de aspectos formales, una decisión sobre el fondo de la cuestión planteada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/059/2002)

Nulidad del acto administrativo emitido por autoridad incompetente Es nulo el acto administrativo emitido por autoridad que no acredite la delegación expresa, de la autoridad competente señalada por ley, para formular el mismo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/008/2003)

Nulidad del memorándum emitido por autoridad que carece de competencia El memorándum emitido por autoridad sin competencia al efecto es nulo pues carece de uno de sus elementos esenciales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/103/2007 de 23 de julio de 2007)


Nulidades de oficio Procede, de oficio, según las normas del derecho procesal civil, la anulación de obrados en toda causa en la que se encuentren infracciones que interesen al orden público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/016/2002)

Nulidad por vicios en el procedimiento

De existir una cadena de vicios, la nulidad se dispone hasta el vicio más antiguo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/025/2005)

Prioridad de aspectos sustanciales por encima de los formales Las autoridades que conozcan, resuelvan y ejecuten las resoluciones administrativas emergentes de los recursos de revocatoria y jerárquico, deben tomar en cuenta prioritariamente aspectos sustanciales por encima de los formales o procedimentales, especialmente si la aplicación de éstos últimos no se funda en un sólido cimiento legal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/016/2002)

Tacha de testigos, declaraciones

La tacha de testigos no impide recibir la declaración testifical. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/029/2005)

Partes intervinientes Son partes intervinientes tanto el interesado que impugnó el acto como la entidad pública recurrida, representada, en general, por la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/080/2005)

Señalamiento de domicilio

La omisión de la constitución de domicilio por parte del recurrente es una exigencia formal no esencial que puede ser suplida y por tanto, no implica el rechazo del conocimiento de la causa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/074/2002)


El domicilio es una exigencia prevista para fines de notificación, su omisión como requisito no esencial no interrumpe el procedimiento y es subsanable posteriormente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/112/2003)

Domicilio señalado en Secretaría

El hecho de señalar domicilio legal en “Secretaría de Despacho” no exime la obligación de realizar las notificaciones, de acuerdo al procedimiento, en dicho domicilio. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/044/2005)

Domicilio de las entidades públicas con jurisdicción nacional El domicilio de las entidades públicas con jurisdicción nacional se encuentra en todos aquellos lugares geográficos en los que funcionan sus oficinas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/156/2006 de 24 de noviembre de 2006)

Falta de fecha de notificación o de presentación del recurso

En el cómputo de plazos para presentar los recursos, cuando no pueda ser comprobado el dato oficial registrado, si no consta la fecha de notificación del acto impugnado o de la presentación del recurso, debe entenderse que el mismo ha sido interpuesto dentro de término. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/022/2003)

Falta de forma en la notificación subsanada

La notificación mal realizada, en domicilio distinto al señalado, se subsana con la respuesta o prosecución del trámite por parte de quien debió ser notificado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/116/2004)

Las notificaciones irregulares deben ser probadas A objeto de analizar las consecuencias de una notificación irregular, es necesario que el recurrente demuestre tal extremo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/125/2007 de 25 de septiembre de 2007)


Fallecimiento del recurrente

En conocimiento del fallecimiento del recurrente, no corresponde a la Superintendencia del Servicio Civil pronunciarse sobre el recurso planteado por éste. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/031/2003)

Omisión de la firma del recurrente

La omisión del recurrente de estampar su firma en los memoriales de los recursos de revocatoria y jerárquico, que no sea justificada o subsanada a tiempo, es motivo para declarar desestimado el recurso en cuestión. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/092/2003) La omisión de la firma se admite si fue oportunamente justificada y subsanada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/084/2005)

Representante o mandatario

El abogado que interponga un recurso a nombre del recurrente, debe contar con poder de representación otorgado por éste. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/032/2004) Quien interponga recursos en representación de otro, deberá estar debidamente acreditado con poder notarial que lo faculte y legitime para tal acción. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/105/2005)

Alcances del principio de informalismo El artículo 6 del Decreto Supremo 26319 establece que la inobservancia de exigencias formales no esenciales que puedan ser cumplidas por el interesado posteriormente, no interrumpirá el procedimiento administrativo establecido en dicha norma. Similar criterio se encuentra previsto en la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, quedando claro que dicho principio alcanza únicamente a aquellas exigencias formales que posteriormente puedan ser cumplidas por el interesado, vale decir, que advertido el recurrente de su error u omisión pueda posteriormente enmendarlo. (Auto de 8 de noviembre de 2006)


Informalismo y seguridad jurídica El principio de informalismo doctrinalmente supone la excusación, a favor del recurrente, de la observancia de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente, opera como un paliativo a favor del recurrente por la falta de regulación adecuada o por la falta de límites concretos a la actividad administrativa. A los efectos de identificar a las mencionadas exigencias formales esenciales, deben analizarse los requisitos para la presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico regulados por el artículo 22 del Decreto Supremo 26319. En ese entendido, las exigencias formales esenciales se constituyen en los requisitos de presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico que deben ser cumplidos por los recurrentes en aplicación del principio de seguridad jurídica y que su incumplimiento debe ser analizado por la Administración bajo el principio de informalismo. Si bien es cierto que, bajo la aplicación de este último principio, la Administración debe realizar la interpretación más favorable al recurrente, no debe perderse de vista que, en aplicación del mencionado principio de seguridad jurídica, dicha interpretación debe contar con límites concretos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/088/2006)

Autoridad ante quien se interpone el recurso jerárquico En aplicación del principio de informalismo establecido por el Tribunal Constitucional, no importa ante quien se interpone el recurso jerárquico, correspondiendo a la autoridad ante quien se interpuso reencausarlo a objeto de que lo tramite la competente. (Resolución Administrativa SSC/IR/098/2007)

Supuestos del principio de verdad material En la tramitación de los recursos de revocatoria y jerárquico, deben adoptarse todas las medidas necesarias a fin de buscar la verdad material de los hechos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/128/2007)

Inaplicabilidad de la Ley 2341

La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, en tanto que la Ley 2341 tiene por objeto establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el


procedimiento administrativo en el sector público, hacer efectivo el derecho de petición ante la Administración Pública, regular la impugnación de actuaciones administrativas que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados y regular procedimientos especiales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/025/2004)

Excepcionalidad en la aplicación de la Ley 2341

Excepcionalmente y de manera preferente a los códigos adjetivos civil y penal, se aplicará, por analogía, el artículo 21 de la Ley 2341, referente al plazo adicional por la distancia, para la presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/040/2005)

Ampliación de plazos en razón a la distancia Ante el vacío de la norma, por analogía se tomará como aplicable, respecto a la presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico que deban ser presentados por funcionarios que se encuentren en un municipio distinto al de la sede de la entidad pública que corresponda, un plazo adicional en razón de la distancia, de cinco días hábiles administrativos, a partir del cumplimiento del plazo, siempre y cuando el recurrente así lo solicite y las circunstancias, a criterio de la Superintendencia del Servicio Civil, así lo ameriten. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/040/2005)

Inaplicabilidad del plazo adicional en razón a la distancia No es aplicable el plazo adicional en razón a la distancia si el recurrente que reside en una sede distinta a la de la autoridad recurrida, señala domicilio especial dentro del radio urbano de la sede donde tiene sus oficinas dicha autoridad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/004/2006)

Actos administrativos impugnables Constituye objeto de impugnación todo acto administrativo que, con carácter definitivo, determina el ingreso, la promoción o el retiro de la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/092/2005)


Tanto en instancia de revocatoria, como en jerárquica, el acto administrativo impugnado debe estar identificado, sin que exista la posibilidad de duda razonable al respecto. Si el recurrente no sólo no rectifica su error sino que lo ratifica expresamente, se entiende como tal el acto impugnado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/095/2005) Se desestima un recurso interpuesto por un recurrente que pese a conocer que lo planteó contra actos administrativos ajenos a su situación personal, no sólo no subsanó ese hecho, sino que reiteró dicho planteamiento, haciendo improcedente el recurso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/033/2004) Se desestiman los recursos que no son presentados contra actos administrativos de carácter definitivo que decidan el ingreso, promoción o retiro de la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/111/2004) Se desestima el recurso por no haberse hecho efectivo el acto administrativo que fue impugnado, al no existir afectación, lesión o perjuicio a los intereses del recurrente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2003)

Idénticos recursos planteados

Cuando son planteados dos recursos con idéntico objeto, sujeto y causa, debe procesarse uno de ellos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/113/2004)

Vicios del consentimiento

En tanto un juez competente en la materia no determine la existencia de vicios del consentimiento en un acto administrativo de manifestación de voluntad, la Superintendencia del Servicio Civil lo asume como válido, no correspondiendo determinar su nulidad, puesto que su competencia está limitada a las atribuciones que le otorga el Estatuto del Funcionario Público, entre las cuales no figura ninguna que le permita pronunciarse sobre la existencia o no de vicios del consentimiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/117/2004)

Improcedencia de daños y costas

Tratándose de una instancia administrativa, no corresponde a la Superintendencia del Servicio Civil la determinación ni calificación de daño moral ni civil, mucho


menos la calificación de honorarios profesionales correspondientes al abogado patrocinante del recurrente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/126/2004)

Investigación penal

La existencia de una investigación en el ámbito penal relacionada a la posible contravención del ordenamiento jurídico por parte del recurrente en su actividad funcionaria, exime a la Superintendencia del Servicio Civil de pronunciarse al respecto por carecer de competencia en la materia. No obstante, como entidad encargada de velar por la correcta implantación del Estatuto del Funcionario Público, le corresponde señalar que dicho Estatuto prevé, además del régimen de carrera administrativa, un régimen disciplinario para los funcionarios públicos, que no es otro que el establecido por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y por el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado y modificado, sucesivamente, por los Decretos Supremos 23318‐A y 26237; régimen al cual están sujetos todos los servidores públicos, independientemente de su condición y jerarquía, y que la entidad debe hacer cumplir, más allá de las acciones que esté siguiendo en el orden penal contra aquellos funcionarios o ex funcionarios en cuyas conductas ha advertido la existencia de indicios de responsabilidad penal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/089/2005)

Cómputo de plazos en recursos administrativos Para el cómputo de plazos correspondientes a los recursos administrativos deberán tomarse en cuenta solamente los días hábiles administrativos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/043/2003)

Características de los términos y plazos procesales Los términos y plazos establecidos en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa se entienden como máximos y de cumplimiento obligatorio, los cuales comienzan a correr a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate y concluyen al comienzo de la primera hora del día siguiente a su vencimiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/076/2005)


Mención expresa al recurso de revocatoria El término revocatoria hace referencia a toda decisión que deja sin efecto una resolución o acto administrativo y es semejante a las expresiones ʺrevisión o reconsideraciónʺ, por lo que no es imprescindible mencionar este término si el contenido del recurso es claro. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/002/2002) La carta o nota mediante la cual se ejercita el derecho al reclamo y que por su contenido exprese la solicitud de reconsideración de la decisión, se entiende como un pedido de revocar dicha medida, aunque no se haya empleado el término específico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/033/2002)

Plazos en el recurso de revocatoria

El recurso de revocatoria debe ser interpuesto por el interesado afectado, ante la autoridad administrativa que dictó la resolución o acto impugnado, dentro de los cuatro días hábiles administrativos siguientes a la fecha de su notificación o comunicación con el acto de que se trate. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/049/2002) Para sustanciar y resolver el recurso de revocatoria, la autoridad administrativa tendrá un plazo de ocho días computables a partir de la interposición del recurso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/011/2005)

Respuesta al recurso de revocatoria La resolución emitida en respuesta al recurso de revocatoria que se pronuncie sobre un tema distinto al solicitado u objeto impugnado, es anulable. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2004)

Notificación con conclusión de periodo probatorio

No es imprescindible la emisión de un acto administrativo que declare cerrado el período probatorio, dado que, vencido el mismo, automáticamente se abre el plazo para alegar. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/042/2005)


Naturaleza jurídica del recurso de revocatoria

El recurso de revocatoria ha sido instituido a fin de que la misma autoridad que emitió el acto impugnado, reconsidere su actuación y que, ante la evidencia de que su decisión fue emitida al margen de la ley, pueda modificar ese acto, evitando, de esa manera, la interposición de un eventual recurso jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2005)

Resolución emitida en periodo de prueba o de alegatos

Se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, en resguardo de la garantía al debido proceso, cuando ésta se viera afectada a momento de que la autoridad recurrida emite la resolución del recurso de revocatoria, cuando el recurrente aún tenía la posibilidad de presentar pruebas y alegar sobre lo actuado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/090/2005)

Delegación y avocación La delegación implica la transferencia que realiza un superior jerárquico del ejercicio de competencias propias a los inferiores jerárquicos, y la avocación significa que la autoridad superior puede asumir el ejercicio de competencias propias de sus inferiores jerárquicos, avocándose o, en otras palabras, asumiendo para sí, el conocimiento y decisión de cualquier asunto que corresponda al delegado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2005)

Deber de tramitar la avocación

El recurso de revocatoria será conocido y resuelto por la misma autoridad que lo dictó quien tiene el deber de poner el recurso en conocimiento de la máxima autoridad ejecutiva, para que ésta potestativamente decida avocarse o no el conocimiento de la causa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/139/2004)

Contenido de la avocación

La avocación debe ser clara, toda vez que expresa la voluntad administrativa del superior jerárquico, y no debe contener errores, en razón a que producirá efectos


jurídicos para las partes intervinientes, caso contrario, se produce la nulidad del acto. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2005)

Avocación tácita

El hecho de que el recurso de revocatoria se presente directamente ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y ésta lo resuelva, se considera como una avocación tácita, lo que habilita al recurrente a presentar ante dicha autoridad el recurso jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/108/2004)

Ausencia de sustanciación del recurso de revocatoria supone existencia de vicio procedimental La ausencia de sustanciación o de tramitación del recurso de revocatoria, según mandan los parágrafos I y II del artículo 31 del Decreto Supremo 26319, implica la existencia de vicio en el procedimiento que supone vulneración a la garantía del debido proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/133/2007)

Inclusión de conclusiones que no responden al recurso de revocatoria de que se trate vulnera el derecho al debido proceso El hecho de emitir conclusiones que no guarden relación con los planteamientos del recurso de revocatoria implica que la Resolución correspondiente a tal recurso carezca de la debida fundamentación y que exista vulneración al derecho al debido proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/148/2007)

Procedencia del recurso jerárquico Procede la interposición del recurso jerárquico, si habiendo el interesado interpuesto el recurso de revocatoria no se dictó la correspondiente resolución en el plazo fijado para el efecto. Se debe tener por denegado el recurso si vencido el plazo no se dictare Resolución. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2002)


Plazos para interponer recurso jerárquico El plazo para interponer recurso jerárquico es de cinco días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del plazo del recurso de revocatoria, que se asume como negativa por silencio administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/047/2003)

Impugnación ante silencio administrativo inexistente

Existiendo un acto administrativo expreso impugnable en instancia jerárquica, emitido en plazo y legalmente notificado, contra el que no se presentó recurso jerárquico, no corresponde presentar dicho recurso contra un silencio administrativo que no se produjo, ya que la impugnación no se ajusta a las previsiones del artículo 33 del Decreto 26319 y por ende es desestimable. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/076/2005)

Extinción del recurso jerárquico Queda extinguido el recurso jerárquico cuando el acto administrativo impugnado fue revocado expresamente por la autoridad recurrida, antes de que se emita la Resolución Administrativa correspondiente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/068/2003)

Admisión del recurso jerárquico La Superintendencia del Servicio Civil admite un recurso jerárquico cuando cursa solicitud de incorporación a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/080/2005)

Corresponde la desestimación de un recurso jerárquico cuando los actos impugnados fueron anulados y revocados previamente Debe desestimarse el recurso jerárquico cuando, durante su tramitación, se han anulado y dejado sin efecto los actos administrativos impugnados. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/103/2007)


Desistimiento Entre las formas de conclusión extraordinaria del proceso, está previsto el desistimiento del recurrente, requiriéndose para su pleno valor la conformidad entre él y la autoridad recurrida. (Auto de 9 de agosto de 2002) El desistimiento formal de la impugnación, tiene como consecuencia el archivo de obrados. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/053/2005)

Oportunidad para presentar el desistimiento El desistimiento en materia administrativa es el abandono, deserción o apartamiento de la acción o recurso, que debe presentarse en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento administrativo que se trate antes de la emisión de la resolución final a ser dictada por el órgano administrativo competente. Asimismo, se configura en una de las formas de terminación del procedimiento, pues existen varias, entre ellas, la emisión de resolución, la extinción del derecho, la renuncia al derecho, la imposibilidad material y el desistimiento. En ese contexto, una vez que ya ha operado una de las formas de terminación del procedimiento, como es la emisión de la Resolución Administrativa, no corresponde la aplicación de otra forma de terminación, a saber, el desistimiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/162/2006)

Carácter no vinculante de los Informes remitidos a la Superintendencia del Servicio Civil Considerando las previsiones contenidas tanto en el parágrafo II del artículo 48 de la Ley 2341 así como en el parágrafo II del artículo 20 del Decreto Supremo 26319, los informes serán facultativos y no obligarán a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos, salvo disposición legal en contrario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/131/2007)

Desestimación de recurso jerárquico por falta de señalamiento de hechos y fundamentos de derecho Corresponde la desestimación del recurso jerárquico que carezca de la debida fundamentación de hecho y de derecho, puesto que se incumple lo señalado por el


artículo 22 del Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2007)

Imposibilidad de revisión o reconsideración de las resoluciones administrativas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil

La Resolución Administrativa dictada por el Superintendente del Servicio Civil al resolver un recurso jerárquico, sólo puede ser impugnada en la vía judicial en un proceso contencioso administrativo, lo que significa que, en el ordenamiento jurídico vigente, no está prevista la vía de la revisión o reconsideración. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/070/2003) Las Resoluciones Administrativas dictadas por la Superintendencia del Servicio Civil al resolver un recurso jerárquico, sólo pueden ser impugnadas en la vía judicial en un proceso contencioso administrativo, ya que el ordenamiento jurídico vigente no prevé la vía de la revisión o reconsideración, por tanto, una revisión, tendiente a modificar el contenido del fallo pronunciado como consecuencia de la tramitación de una impugnación en instancia jerárquica es ilegal y lesiona el derecho a la seguridad jurídica que tienen las partes intervinientes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/118/2006)

Rectificación de Resoluciones Administrativas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil Conforme al artículo 25 del Decreto Supremo 26319, la figura de la rectificación podrá ser aplicada, de oficio, por la autoridad administrativa correspondiente o el Superintendente General del Servicio Civil, a fin de rectificar aquellos errores o contradicciones de sus respectivas resoluciones, cuando no modifiquen sustancialmente el fondo de las mismas. El Interesado podrá pedir aclaraciones, complementaciones o enmiendas que no alteren sustancialmente la resolución notificada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/118/2006)

Complementación de Resoluciones Administrativas Es posible complementar las Resoluciones Administrativas, disponiendo la revocatoria del acto administrativo que dio origen a la impugnación, si el mismo


no fue realizado expresamente en dicho fallo, como por ejemplo, el memorándum que determinó el retiro. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/143/2003)

Obligatoriedad de dar cumplimiento estricto a las resoluciones definitivas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil Son nulos los actos administrativos emitidos al margen de lo instruido en las Resoluciones Administrativas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/120/2007)

Imposibilidad de la Superintendencia del Servicio Civil de exigir el cumplimiento de una Resolución Administrativa

La Superintendencia no tiene instrumento alguno a su alcance que le permita ejercer coerción sobre las entidades públicas a objeto de que éstas cumplan con sus determinaciones, estando limitado su accionar a la posibilidad de remitir informes a la Contraloría General de la República denunciando la incorrecta implantación de la carrera administrativa, correspondiendo a dicha instancia ejercer sus atribuciones de fiscalización a través de la realización de las respectivas auditorías especiales, situación que, se entiende, no implica, de modo alguno, la inmediata ejecución de sus resoluciones. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/019/2005)

Vía para exigir el cumplimiento de las Resoluciones Administrativas de la Superintendencia del Servicio Civil

Ante el incumplimiento de las decisiones emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil, a la conclusión de un recurso jerárquico, la única vía idónea que, con carácter inmediato, puede permitir a los recurrentes beneficiados con las mismas lograr la protección de los derechos que les reconoce el Estatuto del Funcionario Público y la Constitución Política del Estado, no es otra que la recursiva constitucional, dada la imposibilidad, por ausencia de mecanismos coercitivos, de que la Superintendencia, última instancia administrativa, pueda asegurar la ejecución de sus fallos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/019/2005)


Cancelación de haberes devengados La cancelación de haberes devengados supone la reparación del agravio que, como efecto de una ilegal decisión de retiro, se ocasionó al recurrente por lo que, de ninguna manera, se estaría incurriendo en la prohibición de pago por días no trabajados, establecida en el inciso f) del artículo 51 del Estatuto del Funcionario Público, máxime si el hecho de que el recurrente no haya prestado funciones se debió a una causa exclusivamente atribuible a la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/163/2006)


COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO CIVIL El inciso a) del artículo 61 del Estatuto del Funcionario Público establece que el Superintendente General del Servicio Civil tiene la atribución de conocer y resolver los recursos jerárquicos planteados por aspirantes a funcionarios de carrera públicos, relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios. Por su parte, el artículo 7 del Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa dispone que los funcionarios de carreras con legislación especial no se encuentran sometidos a la jurisdicción de la Superintendencia, siendo las autoridades legales establecidas en su legislación las competentes para resolver dichas impugnaciones. En ese marco, la Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos:

Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil El Superintendente General del Servicio Civil tiene facultad para conocer y resolver los recursos jerárquicos interpuestos por aspirantes a funcionarios de carrera o funcionarios de carrera sobre controversias relativas al ingreso, promoción o retiro de la función pública o aquellas derivadas de procesos disciplinarios. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/047/2004) La Superintendencia del Servicio Civil es competente para conocer recursos jerárquicos planteados por quienes desempeñan funciones y fueron incorporados a la entidad a través del Programa del Servicio Civil. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/023/2002) La Superintendencia del Servicio Civil es competente para conocer recursos jerárquicos derivados de procesos disciplinarios planteados únicamente por funcionarios de carrera o aspirantes a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2002)


Durante el periodo de prueba, sujeto a la evaluación de confirmación, el servidor público es considerado aspirante a funcionario de carrera y, por tanto, con derecho a interponer recursos de acuerdo a Ley. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/136/2004) No corresponde que las autoridades de una entidad resuelvan recursos jerárquicos, arrogándose una facultad que por mandato del inciso a) del artículo 61 del Estatuto del Funcionario Público, es atribución del Superintendente del Servicio Civil. Si bien el Decreto Supremo 26237 que modificó el Decreto Supremo 23318‐A, establece el procedimiento para la tramitación de los procesos administrativos internos, el parágrafo I del artículo 23, establece que los funcionarios de carrera tramitarán los recursos de revocatoria y jerárquico, conforme al procedimiento reglamentado por la Superintendencia del Servicio Civil. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2002)

Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil La Superintendencia del Servicio Civil no es competente para conocer recursos jerárquicos planteados por funcionarios de carácter provisorio. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/003/2002) La Superintendencia del Servicio Civil no es competente para conocer recursos jerárquicos planteados por funcionarios de libre nombramiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/028/2002) La Superintendencia del Servicio Civil no es competente para conocer recursos jerárquicos planteados por funcionarios de carácter eventual. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/081/2004) En vista de que a partir de la aprobación del Estatuto del Trabajador en Salud de Bolivia, primero a través de la Resolución Ministerial 0908 y luego por el Decreto Supremo 28909, se ha identificado que, inclusive, los cargos administrativos de los Servicios Departamentales de Salud, pertenecen al Sector Público de Salud y que, por ende, sólo están sujetos, en cuanto al Estatuto del Funcionario Público, a los regímenes de Ética Pública y de Declaración de Bienes y Rentas, la Superintendencia del Servicio Civil carece de competencia para resolver en el


fondo las reclamaciones en instancia jerárquica planteadas por funcionarios de los mencionados Servicios Departamentales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/016/2007)

Pérdida de competencia de la Superintendencia del Servicio Civil La Superintendencia del Servicio Civil pierde competencia durante la tramitación de un recurso jerárquico ante el surgimiento de normas o actos que determinen que un cargo dentro de los alcances de la carrera administrativa se convierta en uno de tercer nivel jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/048/2006)

Existencia de irregularidades en el proceso de selección no suprime el derecho a impugnar

La hipotética existencia de irregularidades en un proceso de selección no restringe el derecho de los aspirantes a funcionarios de carrera a impugnar decisiones que afecten su situación laboral, en tanto la Superintendencia del Servicio Civil no se pronuncie oficialmente sobre su incorporación a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/036/2002) La falta de cumplimiento de una formalidad como es la obtención del número de registro de la Superintendencia del Servicio Civil no es motivo válido para desconocer el derecho que tiene todo aspirante a funcionario de carrera a impugnar un acto administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/131/2003)

Adquisición de la condición de funcionario de carrera administrativa La condición de funcionario de carrera administrativa se adquiere una vez obtenido el número de registro otorgado por la Superintendencia del Servicio Civil, siempre y cuando el aspirante a funcionario de carrera cumpla con todos los requisitos formales establecidos al efecto. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/089/2002)


Funcionarios de carrera y aspirantes a tal calidad Tanto los funcionarios de carrera como los aspirantes a tal calidad, reúnen las mismas condiciones esenciales que los hace merecedores de ingresar a carrera administrativa, siendo la única diferencia entre uno y otro que el funcionario de carrera cuenta con un número de registro, otorgado por la Superintendencia del Servicio Civil, y el aspirante aún no cuenta con ese número de registro. En esa lógica es que ambos gozan de los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que el Estatuto del Funcionario Público prevé para aquellos que pertenecen a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IR/067/2006)

Movimiento temporal de funcionarios de carrera no significa la pérdida de esa condición

El funcionario de carrera que fuese temporalmente ascendido a un puesto de libre nombramiento, conservará su condición de funcionario de carrera, debiendo incorporarse nuevamente a su puesto de carrera o a otro de igual categoría cuando cese en sus funciones de libre nombramiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2003)

Calidad de aspirante a funcionario de carrera administrativa Los procesos de selección deben ser revisados y convalidados por la Superintendencia del Servicio Civil con el propósito de establecer el cumplimiento de la normativa vigente y, en consecuencia, determinar la incorporación o no a la carrera administrativa de los servidores públicos elegidos en los referidos procesos, en tanto, dichos servidores públicos tienen la condición de aspirantes a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/045/2002) Son aspirantes a funcionarios de carrera administrativa los servidores públicos que, a la fecha de vigencia del Estatuto del Funcionario Público, reúnan las condiciones establecidas en los parágrafos I y II del artículo 70 de esa Ley, en tanto no sean formalmente incorporados a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/050/2002)


Son aspirantes a funcionarios de carrera administrativa los servidores públicos que hayan ingresado a una entidad pública, a partir del 19 de junio de 2001, mediante convocatoria pública y concurso de méritos, y que sean ratificados en sus puestos luego de la evaluación de confirmación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/022/2004) Un funcionario aspirante a la carrera es aquel servidor público que fue seleccionado para ocupar un puesto permanente con ítem aprobado, a partir del cuarto nivel jerárquico en orden descendente, y que esté comprendido en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 70 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, esto es que cumpla con alguna de las condiciones para la incorporación a la carrera administrativa, y al que aún la Superintendencia del Servicio Civil no le otorgó el número de registro como funcionario de carrera. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/080/2005)

Continuidad en ostentación de calidad de aspirante a funcionario de carrera administrativa Ante la ausencia de remisión o no remisión oportuna de documentación complementaria, respecto al proceso de selección del cual participó el recurrente, corresponde considerar al mismo como aspirante a funcionario de carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/103/2007)

Pérdida de la calidad de aspirante a la carrera administrativa Se pierde la calidad de aspirante a la carrera administrativa cuando la Superintendencia del Servicio Civil, luego del trámite de incorporación a dicha carrera, determina, por razones técnicas, no incorporarlo a la misma. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/052/2005)

Responsabilidad en la solicitud de incorporación a la carrera administrativa No es responsabilidad del servidor público realizar las gestiones ante la Superintendencia del Servicio Civil para su incorporación a la carrera administrativa. Dicha responsabilidad recae en la Máxima Autoridad Ejecutiva de cada entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/064/2002)


Calidad de funcionario provisorio

Un funcionario provisorio es aquel servidor público que, a la fecha de vigencia plena del Estatuto del Funcionario Público, es decir, al 19 de junio del año 2001, desempeña funciones en cargos correspondientes a la carrera administrativa y cuya situación no se encuentra comprendida en los casos previstos por el artículo 70 de ese Estatuto. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/098/2005)

Renuncia voluntaria al cargo La condición formal de renuncia voluntaria al cargo con fines de presentación de los recursos de revocatoria y jerárquico previstos por el Decreto Supremo 26319, es aplicable a aquellos casos en los que la entidad en la cual desempeña funciones el servidor público que manifiesta su voluntad de querer acceder a la carrera administrativa y de sujetarse a las disposiciones del Estatuto del Funcionario Público y sus normas reglamentarias, se encuentra bajo el Régimen Laboral de la Ley General del Trabajo y no así bajo las previsiones normativas de ese Estatuto. Asimismo, dicha condición formal es exigida por esta Superintendencia del Servicio Civil, en aplicación del artículo 70 de la Ley 2027, únicamente en los casos en los cuales la entidad ha solicitado la incorporación de sus servidores públicos a la carrera administrativa, en el marco de lo regulado por la Resolución Administrativa SSC‐01/2002 de 28 de enero de 2002, que aprobó el Reglamento de Procedimiento de Incorporación a la Carrera Administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/010/2006)

Funcionarios de carrera establecida Serán considerados funcionarios de carrera aquellos servidores que pertenezcan a una carrera preestablecida. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2002)

Carreras diferenciadas del Servicio de Educación Pública Por mandato de la Ley de Reforma Educativa, Reglamento sobre las Carreras en el Servicio de Educación Pública y el referente a la Organización, Atribuciones y Funcionamiento del Servicio Departamental de Educación Pública, existen dos carreras: la Carrera Docente, a la cual pertenecen los docentes o maestros de aula y


los directores de Unidad Educativa o de Núcleo y la Carrera Administrativa a la cual pertenecen los directores departamentales, distritales y subdistritales, funcionarios de servicios técnico pedagógicos y asesores pedagógicos y funcionarios de administración de recursos de todos los niveles. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2002)

Carrera administrativa del Servicio de Educación Pública Los cargos de Director del Servicio Departamental de Educación, Técnico de Recursos Humanos y Técnico Profesional de Recursos son parte de la carrera administrativa del Servicio de Educación Pública, por lo que se encuentra dentro del alcance del Estatuto del Funcionario Público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/049/2003, SSC/IRJ/058/2003 y SSC/IRJ/059/2003)

Nivel jerárquico de los cargos de Directores Departamentales El cargo de Director Técnico de los Servicios Departamentales dependientes de las Prefecturas de Departamento es de tercer nivel jerárquico por mandato del Decreto Supremo 28666 de 6 de abril de 2006, por lo que ha dejado de ser un cargo comprendido dentro de los alcances de la Carrera Administrativa, en aplicación del artículo 75 del Estatuto del Funcionario Público que establece que dicha Carrera se aplicará a los cargos públicos comprendidos desde su cuarto nivel jerárquico, inclusive, en línea descendente; disposición normativa con la que son concordantes el artículo 34 del Decreto Supremo 25749 que aprobó el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 2027 y el artículo 52 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, aprobadas por el Decreto Supremo 26115. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/048/2006)

Carrera docente La carrera docente se constituye en carrera con legislación especial por lo que se encuentra fuera del alcance del Estatuto del Funcionario Público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/049/2003)


Condición de los Secretarios Técnicos del Congreso de la República Los Secretarios Técnicos de ambas Cámaras del Congreso de la República, que asumieron los cargos antes de la vigencia plena del Estatuto del Funcionario Público, independientemente de la forma de su ingreso, forman parte de la carrera administrativa establecida en el Congreso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/004/2005) La designación de un Secretario Técnico producida con posterioridad a la vigencia del Estatuto del Funcionario Público debe responder a un proceso de selección de personal en el marco de dicho Estatuto y de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, a objeto de que éste pueda ser considerado aspirante a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/106/2005)

Personal médico y paramédico

No existe norma alguna que otorgue al personal médico y paramédico la posibilidad de ser incorporado a la carrera administrativa propia de la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/080/2003)

Servicio de Salud Pública y Seguridad Social

Los funcionarios del Servicio de Salud Pública y Seguridad Social están sujetos solamente a las normas sobre ética pública y declaración de bienes y rentas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/080/2003)


INGRESO La selección de los funcionarios de carrera y consecuente ingreso a la función pública, se realizará sobre la base de su capacidad, idoneidad, aptitud y antecedentes laborales y personales, previo cumplimiento de los procesos de reclutamiento y selección de personal establecidos en el Estatuto del Funcionario Público y en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados al ingreso de funcionarios a la carrera administrativa:

Ingreso por proceso de selección A partir del 19 de junio de 2001, fecha en que entró en vigencia plena el Estatuto del Funcionario Público, todos los procesos de dotación de personal para puestos correspondientes a la carrera administrativa, deben sujetarse a dicho Estatuto y a las disposiciones de la Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/025/2004)

Objeto de la Convocatoria Pública El propósito de una Convocatoria Pública es la selección de personas que cumplan con un determinado perfil profesional basado en ciertos requisitos específicos mínimos establecidos previamente por cada entidad pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2002)

Personas que pueden participar de una convocatoria pública La convocatoria pública externa está abierta tanto a la participación de los servidores públicos de la entidad, como de personas ajenas a la misma, dentro y fuera del sector público (Resolución Administrativa SSC/IRJ/053/2006)


Consecuencias del ingreso irregular Los funcionarios que ingresen a una entidad pública mediante procedimientos diferentes a los establecidos en las normas correspondientes, no tienen derecho a la incorporación a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/002/2001)

Prohibición de convocar cargos que cuenten con titulares No corresponde que se convoque a un proceso de selección para cubrir cargos que cuenten con titulares que reúnen las condiciones sustánciales para constituirse en funcionarios de carrera, mas aun si la misma entidad inició trámites para su incorporación a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/033/2003) Si bien la regla es que los cargos a ser convocados se encuentren vacantes, tratándose de funcionarios provisorios o irregulares que ocupan los mismos es posible lanzar una convocatoria pública a fin de sustituir a éstos por funcionarios de carrera. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/014/2005)

Responsabilidad del proceso de reclutamiento y selección de personal El proceso de reclutamiento y selección de personal se encuentra bajo la responsabilidad del Comité de Selección, aún cuando dicho proceso hubiere sido encomendado a una empresa especializada. En caso de que el Comité de Selección no avale dicho proceso, el mismo se considerará inválido. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/018/2002) La responsabilidad del proceso de reclutamiento y selección de personal, encargado o no a una empresa especializada para el reclutamiento, recae siempre en la entidad, a través del Comité de Selección que, por norma, debe acompañar todas y cada una de las fases del proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/101/2005)


Condiciones para participar en convocatorias internas de regularización

Para participar en una convocatoria interna de regularización, el funcionario público debe contar con la condición de funcionario provisorio de acuerdo al artículo 71 de la Ley 2027 o haber cumplido más de tres años de servicio ininterrumpidos en la misma entidad, en aquellos casos de funcionarios que no poseen nombramiento regular. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/025/2004)

Reconocimiento tácito de la legalidad del proceso de selección El funcionario interino que se presenta a la convocatoria de su propio cargo, reconoce tácitamente la validez de la misma. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/103/2004)

Técnicas de evaluación y modalidad de calificación Tanto las técnicas de evaluación como la modalidad de calificación, deben ser definidas en forma previa a la convocatoria y deben ser de conocimiento público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/007/2005)

Imposibilidad de cuestionar las técnicas de evaluación Un postulante que se presentó voluntariamente a una convocatoria, sometiéndose a las condiciones que en ella se establecen, así como a la calificación que de ella emerge, hecho que constituye un acto libremente consentido, acatando sus condiciones, no puede cuestionar las reglas a las que se sometió sin observación alguna cuando el resultado sea adverso a sus intereses. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/134/2004)

Cumplimiento de criterios definidos en el proceso de selección La entidad no puede incumplir los criterios definidos por ella misma con carácter previo al proceso de selección de personal. De ser así, se daría lugar a la nulidad del proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/101/2005)


Requisitos para el cargo Los requisitos establecidos en una convocatoria configuran las condiciones a las cuales se sujetarán los postulantes, tal es así que, de acuerdo a esos requisitos, dichos postulantes adecuarán su currículum a fin de dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos de la convocatoria. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/093/2005)

Requisitos no exigidos en la convocatoria La valoración y asignación de puntaje a requisitos no solicitados o exigidos en la convocatoria no es válida ni merece asignación de puntuación, en consecuencia debe existir coherencia entre la evaluación y la convocatoria. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/028/2005)

Experiencia profesional La experiencia profesional requerida en la Convocatoria Pública, debe contemplar las particularidades de cada profesión, previstas en su propia normativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/041/2002)

Diferencia entre experiencia laboral y experiencia profesional La experiencia laboral se computa incluso antes de la obtención del Título en Provisión Nacional, en cambio la experiencia profesional debe computarse a partir de la fecha de obtención de dicho título. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/137/2004)

Inscripción en el Colegio Profesional Si la convocatoria tuvo carácter nacional, el requisito de inscripción en determinado colegio profesional se entiende como la realizada en cualquier departamento, debiendo el postulante elegido inscribirse, posteriormente, al que corresponda a la sede de la entidad pública a la que ingresó o al lugar donde ejercerá sus funciones. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/137/2004)


Valoración de documentación fuera de plazo Dentro de un proceso de selección público, la documentación remitida con posterioridad a la fecha de cierre de las postulaciones, no puede ser considerada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/036/2005)

Convocatoria declarada desierta Sólo puede ser declarada desierta una convocatoria cuando no se logre atraer al menos a un postulante, o en la que no califique ningún postulante, debiendo esa decisión ajustarse a las disposiciones específicas de la entidad así como a las disposiciones generales previstas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2005)

Informe de Resultados El Informe de Resultados se constituye en una etapa imprescindible del proceso de reclutamiento y selección de personal, la falta de éste genera la anulación del proceso. La publicación del Informe de Resultados se constituye en garantía de la transparencia del proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/118/2003)

Situaciones de impugnación al Informe de Resultados

El Informe de Resultados elaborado por el Comité de Selección constituye un acto definitivo y por consiguiente impugnable para aquellos postulantes que participaron en la convocatoria y que no fueron incluidos entre los candidatos finalistas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/030/2005) El Informe de Resultados no constituye un acto definitivo impugnable para aquellos postulantes que formen parte de la lista de finalistas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/105/2005)

Notificación del Informe de Resultados Si bien está previsto que el Informe de Resultados de un proceso de reclutamiento y selección de personal debe ser puesto a disposición en la entidad, para todos los postulantes a una convocatoria, ello no implica que el mismo deba ser notificado,


de manera personal, a los participantes del proceso de selección, pues la obligación que tiene la entidad es la de poner en conocimiento de los postulantes la forma válida en la que hará conocer los resultados de dicho proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/123/2007)

Empate en calificación final Ante el hecho de que dos postulantes figuren con la misma calificación final, es atribución de la autoridad competente elegir a alguno de los dos sin obligación de explicar las razones de orden objetivo o subjetivo en que se basó para esa decisión. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/055/2004)

Supresión del puesto convocado No existe disposición legal alguna que establezca la imposibilidad de suprimir puestos que, al estar vacantes y haber sido convocados públicamente, dejen de formar parte de la estructura organizacional de una entidad como emergencia de restricciones presupuestarias. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/061/2004)

Cancelación del proceso de selección La Máxima Autoridad Ejecutiva podrá disponer la cancelación del proceso de selección, como efecto de la adopción de decisiones gerenciales con el propósito de lograr resultados de forma eficaz, eficiente y económica, no correspondiendo a la Superintendencia del Servicio Civil pronunciarse sobre el mérito, oportunidad y conveniencia de la decisión adoptada, pues esos aspectos deben ser examinados a través de un examen de control gubernamental específico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/044/2005)

Elección de postulantes al cargo

La autoridad facultada de la entidad tiene la atribución de elegir, basándose en el Informe de Resultados, de entre los candidatos que obtuvieron los mayores puntajes y cumplan con los requisitos del puesto. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2002)


La autoridad facultada de la entidad tiene la atribución de elegir, basándose en el Informe de Resultados, de entre los candidatos preseleccionados competitivamente. De ninguna manera podrá recurrir a un profesional que haya competido para otro cargo cuyo perfil básico es distinto del correspondiente al cargo en el que fue elegido. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2002) La autoridad facultada de la entidad tiene la atribución de elegir, basándose en el Informe de Resultados, de entre los candidatos que obtuvieron los mayores puntajes y cumplan con los requisitos del puesto o de entre la terna de finalistas si este extremo fue definido en la convocatoria. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/101/2005)

Potestad Facultativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva para elegir a postulante En el marco del inciso d) del parágrafo II del artículo 18 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal se puede colegir que la elección de entre los candidatos que mayor puntaje hayan obtenido en un proceso de selección es facultativa para la autoridad que se encuentra a cargo de ello; lo que de ninguna manera puede significar que esa facultad se deba entender como una arbitrariedad, pues en el marco de la responsabilidad por la función pública, los motivos que induzcan a determinar la no elección de un candidato que se encuentre habilitado deberá contar con el debido justificativo en procura del resguardo de los intereses de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/040/2007)

La Máxima Autoridad Ejecutiva puede apartarse de la recomendación emitida por el Comité de Selección

No es obligatorio que la Máxima Autoridad Ejecutiva de determinada entidad se allane a la recomendación emitida por el Comité de Selección de personal, pues puede apartarse de tal recomendación y no elegir al candidato que haya ocupado el primer lugar. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/101/2007)

Competencia para validación de Procesos de Selección de Personal

El Superintendente General del Servicio Civil es la única autoridad competente para determinar si un proceso de selección de personal fue o no regular y, en


consecuencia, determinar la incorporación o no de los servidores públicos a la carrera administrativa, por consiguiente, las autoridades de una entidad no tienen competencia para validar o invalidar un proceso de selección de personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/048/2002) Los procesos de selección deben ser revisados y convalidados por la Superintendencia del Servicio Civil con el propósito de establecer el cumplimiento de la normatividad vigente y, en consecuencia, determinar la incorporación o no a la carrera administrativa de los servidores públicos elegidos a través de los referidos procesos. En tanto, dichos servidores públicos tienen la condición de aspirantes a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/104/2005)

Presupuestos para el nombramiento El hecho de comunicar, por escrito, a un postulante su elección, no puede sustituir el nombramiento oficial a cargo de la Máxima Autoridad Ejecutiva. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/122/2007)

Efecto de nombramientos irregulares Los funcionarios públicos, cuyo nombramiento no deviene de un proceso de selección de personal, conforme a las normas vigentes, podrán continuar ejerciendo funciones, entre tanto se efectúe una nueva convocatoria pública, pudiendo presentarse a la misma. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/021/2002)

Ilegal designación No corresponde la designación de un funcionario a un puesto no vacante, ocupado por otro funcionario que cumple todas las condiciones y requisitos de ley. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/117/2004)

Incorporación a la carrera administrativa Para la incorporación a la carrera administrativa de un servidor público, se toma en cuenta el puesto que éste ocupa en el momento de la solicitud. Sin embargo, esa situación no implica que dicho servidor deba permanecer en ese puesto a objeto de


conservar su condición de aspirante a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/072/2005)

Incorporación automática a la carrera administrativa La modalidad de incorporación automática a la carrera administrativa, debe ser aceptada sin observaciones basada en un derecho adquirido por cumplimiento de requisitos exigidos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/027/2002) Los funcionarios que cumplan con las condiciones para la incorporación automática, pero cuyo perfil personal no guarde relación con los requisitos del puesto de carrera que ocupan, podrán ser transferidos a otro puesto de la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/027/2002) El cambio de ítem de personal regular a personal eventual, concerniente a un funcionario público comprendido en el artículo 70 del Estatuto del Funcionario Público, vulnera su legítimo derecho a ser incorporado a la carrera administrativa. Por consiguiente, corresponde a la entidad reasignar el ítem de personal permanente. (Resolución Administrativa SC/IRJ/042/2002)

Imposibilidad de incorporación a la carrera administrativa La Superintendencia del Servicio Civil no puede incorporar a la carrera administrativa a ningún funcionario sin que conste la previa asignación de ítem para remuneración del respectivo cargo con aprobación del Ministerio de Hacienda. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/068/2002)

Nulidad por vicios en el proceso de selección De existir una cadena de vicios en el proceso de selección, la nulidad se dispone hasta el vicio más antiguo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/025/2005)

Ausencia de cumplimiento del parágrafo IV del artículo 9 del Decreto Supremo 26319 El hecho de no señalar en las correspondientes convocatorias públicas la fecha y la forma válida por las cuales se harán conocer los correspondientes resultados del


proceso de selección, ni especificar que tales aspectos pueden ser consultados a través de la revisión de otros documentos, afecta la transparencia del proceso de reclutamiento y selección de personal y no sólo implica el incumplimiento del mandato legal dispuesto por el parágrafo IV del artículo 9 del Decreto Supremo 26319, sino que al no cumplirlo se vicia de nulidad dicha Convocatoria, puesto que vulnera los derechos subjetivos de los postulantes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2006)

La transparencia dentro de un proceso de reclutamiento y selección de personal Las bases de la transparencia dentro de un proceso de reclutamiento y selección de personal residen en: i) la posibilidad que se otorga a los postulantes de tener a su disposición los criterios de selección y evaluación; ii) el respaldo documental que el Comité de Selección genera en cada etapa del proceso, a fin de que los postulantes puedan comparar las evaluaciones a las que se sometan con los criterios preestablecidos al efecto; y iii) otorgar a los postulantes la posibilidad de tener plena certeza sobre los plazos en los que dicho proceso se desarrollará, a fin de que se les dé la opción de ejercitar su derecho a recurrir, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, si así lo creyeran conveniente, en los plazos previstos por la normativa emitida al efecto (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2006).

Ausencia de documentación de respaldo de proceso de selección determina que el funcionario ganador no sea considerado aspirante a funcionario de carrera Si la entidad da fe respecto a la ausencia de documentación de respaldo del proceso de selección por el que el funcionario recurrente ingresó a la misma, dicho servidor público deja de revestir la calidad de aspirante a funcionario de carrera. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/133/2006)


EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN La evaluación de confirmación es el proceso al que se sujetan los servidores públicos cuyo ingreso en la entidad es reciente y los promovidos. Se realiza una vez agotado el periodo probatorio de tres meses al que se someten los funcionarios desde el cuarto nivel jerárquico en la estructura organizacional, inclusive, y todos los de nivel operativo, y está a cargo del jefe inmediato superior. El resultado de la evaluación de confirmación sirve para determinar la continuidad del servidor público que recién ingresó a la entidad o la continuidad del servidor público ascendido en un puesto. Está regulada por los artículos 19 y 20 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y por el artículo 25 sobre inducción o integración del Estatuto del Funcionario Público. La Superintendencia del Servicio Civil, ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a la evaluación de confirmación:

Objeto de la inducción La inducción tiene por objeto reducir el tiempo y la tensión que surgen como consecuencia de la nueva condición laboral, propiciando una adaptación beneficiosa para el servidor público y la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/124/2004)

Funcionarios sujetos a la evaluación de confirmación La evaluación de confirmación corresponde a servidores públicos que recién hayan ingresado o sean promovidos en una entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/015/2002)

Oportunidad de la evaluación Los servidores públicos que hubieren ingresado recientemente a la entidad se sujetarán a una evaluación de confirmación en el puesto, la que se realizará una vez agotado el periodo probatorio, dicha evaluación debe ser efectuada por el jefe


inmediato superior y sirve para determinar la continuidad del servidor público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/174/2003) La evaluación de confirmación es una herramienta de administración de personal que permite ratificar o apartar de un determinado cargo al personal seleccionado, luego de un término razonable de tres meses, y sobre la base de elementos que, ciertamente acusan un alto nivel de subjetividad, pueden ser contrastados empíricamente, no es lógico que se realice después de superado este plazo por el doble del tiempo, ya que su fin es medir la adaptabilidad al cargo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/120/2004)

Propósito de la evaluación de confirmación La evaluación de confirmación tiende a revelar el grado de adaptación del funcionario a su puesto y a la entidad más no su desempeño. En ese sentido, la evaluación debe realizarse por los tres primeros meses de trabajo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/183/2003) La evaluación de confirmación está destinada a medir la adaptación de un servidor público al cargo y a la entidad a la que ingresó a trabajar y no a medir el desempeño. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/124/2004)

Efectos de la evaluación de confirmación Los funcionarios de carrera incorporados a la función pública o promovidos se someterán a una evaluación de confirmación, de cuyo resultado dependerá su incorporación o promoción definitiva. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/026/2002)

Nulidad de la evaluación de confirmación efectuada antes de tiempo Es nula la evaluación de confirmación que se realiza antes de los tres meses establecidos en la norma como período de prueba. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/079/2002)


Cómputo de tiempo para la evaluación de confirmación El cómputo de los 90 días se inicia desde el ingreso efectivo al puesto, por más de que la designación formal en el cargo sea posterior. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/117/2003)

Confirmación tácita La evaluación de confirmación debe darse luego de tres meses, el hecho de que el funcionario continúe prestando servicios más allá de ese período, por más de un periodo similar de tiempo, se entiende como una tácita confirmación en su cargo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/022/2004) Ni la normativa general ni la específica, contemplan disposiciones especiales en caso de que la evaluación de confirmación no se de una vez concluido el periodo probatorio de tres meses. No obstante, el hecho de que una evaluación cuyo fin es el de determinar la ratificación o desvinculación de un servidor público, se haya realizado después del doble de tiempo del establecido a partir de su ingreso en la entidad, evidencia que su empleo fue extemporáneo e innecesario, y que el funcionario fue tácitamente confirmado en el puesto, debiendo evaluarse ya no su adaptabilidad al cargo, sino su desempeño. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/120/2004)

Responsable de la evaluación de confirmación

La evaluación de confirmación debe estar a cargo del jefe inmediato superior del funcionario sujeto a la misma, ello tiende a garantizar que la evaluación sea realizada por la persona que tuvo el tiempo pertinente para poder evaluar el grado de adaptación. De existir un cambio en la persona responsable, es decir, un cambio del jefe inmediato superior, quien asuma ese cargo debe realizar la evaluación una vez concluido un nuevo periodo de 90 días, en el entendido de que, en dicho plazo, la mencionada autoridad tendrá la posibilidad de evaluar el grado de adaptación y garantizar el cumplimiento de las previsiones establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/021/2005)


El jefe inmediato superior debe ser aquel que estuvo a cargo del proceso de inducción del servidor público recién nombrado en un puesto y el único que puede evaluar si se adaptó o no al mismo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/050/2005)

Forma de la evaluación de confirmación En los Reglamentos Específicos de cada entidad se deberá definir la metodología, el procedimiento y los formatos para ejecutar la evaluación de confirmación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/019/2002) Las evaluaciones de confirmación no deben limitarse al marcado de signos en los respectivos formularios de textos establecidos, deben adicionalmente incorporar comentarios relacionados con los parámetros predeterminados para respaldar y garantizar una valoración seria, objetiva e individualizada del funcionario público, tanto para determinar su continuidad, o para decidir su retiro de la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/124/2004)

Reglamento Específico contrario a las Normas Básicas

Cuando el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal no se ajusta a las Normas Básicas, por prelación normativa y en aplicación del artículo de seguridad incluido en dicho Reglamento Específico, se debe recurrir a lo expresamente establecido por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/015/2005)

Conocimiento de la evaluación y del formulario El evaluado debe conocer que está siendo sometido a una evaluación, ello le permite discutir los parámetros de calificación de la misma, para suscribir o no el documento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2002) El formulario de evaluación de confirmación debe ser puesto en conocimiento del funcionario evaluado, a fin de que éste pueda estampar su firma como constancia de que tuvo conocimiento de la evaluación realizada a su persona, además de que de esa manera se le brinda la oportunidad de realizar comentarios u observaciones a dicha evaluación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/015/2005)


Nulidad de evaluación de confirmación Es nula una evaluación de confirmación que en los hechos, se haya realizado con criterios propios de una evaluación de desempeño. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2002) Constituye un elemento referencial y no concluyente en una evaluación de confirmación el cumplimiento de las funciones y el logro de resultados. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/050/2005)

Calificación errónea La evaluación de confirmación con la calificación “en observación” que corresponde únicamente al subsistema de evaluación del desempeño, se entiende como un exceso de las atribuciones que le confiere la norma a la autoridad encargada de tal evaluación y de entenderse la decisión de confirmar al evaluado en su cargo, la calificación errónea no debe ser considerada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/178/2003)

Firma del Formulario de Evaluación de Confirmación El hecho de firmar el Formulario de Evaluación de Confirmación con resultados negativos para el funcionario evaluado, no implica que expresamente esté aceptando tales resultados, teniendo la posibilidad de presentar los recursos administrativos correspondientes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/066/2006)

No corresponde una segunda evaluación de confirmación En vista de que la evaluación de confirmación es el proceso al que se sujetan los servidores públicos, por única vez, luego de su ingreso a la entidad o de manera posterior a su promoción, una segunda evaluación de confirmación resulta innecesaria y carece de respaldo normativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/137/2007)


Evaluación de confirmación como precedente necesario a la evaluación del desempeño La evaluación del desempeño no puede anteponerse a la evaluación de confirmación, pues del resultado de esta última depende que el aspirante a funcionario de carrera, se someta a una evaluación de su desempeño. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/030/2007)

Diferencia entre evaluación de confirmación y evaluación del desempeño La evaluación de confirmación deviene del proceso de inducción o integración que pretende procurar una eficaz, eficiente y conveniente adaptación de los aspirantes a funcionarios de carrera que sean seleccionados para desarrollar una nueva función pública y de cuyo resultado dependerá su incorporación definitiva a la entidad. La evaluación del desempeño tiene como objetivo medir el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto, durante un período determinado, debiendo efectuarse, para los funcionarios de carrera, de manera obligatoria y en forma periódica, una o dos veces al año, y que las fechas y bases para la misma deben estar registradas previamente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/030/2007)

Asignación de funciones durante el período de inducción o integración No necesariamente, durante el período de inducción o integración, el funcionario recientemente posesionado deberá asumir la totalidad de las funciones asignadas a su cargo, pues las mismas le podrán ser encomendadas progresivamente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/143/2007)

Condición del funcionario en etapa de prueba

Durante el periodo de prueba, sujeto a la evaluación de confirmación, el servidor público es considerado aspirante a funcionario de carrera y por tanto con derecho a interponer recursos de acuerdo a Ley. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/136/2004)


EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO La evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual por parte del servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período determinado. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a la evaluación del desempeño de funcionarios de carrera administrativa:

Características y principios La evaluación del desempeño constituye un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la Programación Operativa Anual Individual por parte del servidor público en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período determinado, se funda en los principios de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, mensurabilidad y verificabilidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/056/2005)

Objetivo

La evaluación del desempeño tiene como finalidad valorar objetivamente el desempeño de los servidores públicos para determinar el grado de eficacia, así como para detectar falencias y potencialidades del servidor público evaluado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/056/2005)

Cumplimiento de normas y principios Son revocables los actos administrativos que incumplan las normas y los principios que rigen el subsistema de evaluación del desempeño. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/159/2003)

La evaluación del desempeño debe realizarse en cumplimiento de todos los requisitos y condiciones establecidos en el procedimiento de evaluación de desempeño de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/013/2005)


El proceso de evaluación del desempeño que no se realice conforme a la normativa establecida al efecto, adolece de nulidad; en consecuencia, corresponde la realización de una nueva evaluación que garantice la plena aplicación de las normas vigentes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/061/2005)

Base de la evaluación La base para la evaluación del desempeño es la Programación Operativa Anual Individual (POAI) de cada funcionario. Ante la inexistencia de POAI, la evaluación de desempeño debe realizarse de acuerdo al Programa Operativo Anual (POA) de la unidad organizacional en la que los servidores públicos prestan sus servicios. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/122/2004)

Falta de POAI y POA Debido a la obligatoriedad de la realización de por lo menos una evaluación del desempeño en el transcurso de una gestión anual, es válida la evaluación del desempeño aún a falta del POAI y del POA de la unidad correspondiente. Sin embargo, la validez de ese cumplimiento no puede extenderse a la validez de los resultados cuantitativos asignados a los funcionarios. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/122/2004)

Postergación de la evaluación del desempeño El proceso de evaluación del desempeño será postergado, previo conocimiento de la Superintendencia del Servicio Civil, en caso de no existir un jefe inmediato superior del funcionario a ser evaluado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/063/2005)

Segunda evaluación Después de una evaluación con resultado ʺEn observaciónʺ, corresponde la inmediata asignación de tareas y resultados esperados, a partir de los cuales deberá realizarse la segunda evaluación. El Comité de Evaluación, responsable de esa evaluación, debe estar conformado por el jefe inmediato superior, quien deberá proporcionar información sobre el desempeño o, si se diera el caso, se deberá recabar información del anterior jefe. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/133/2004)


Tercera evaluación Corresponde una tercera evaluación sobre el mismo periodo, cuando la primera fue anulada o revocada y, con respecto a la segunda, existe evidente diferencia en las calificaciones, sin fundamentación objetiva sobre las motivaciones de la calificación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/027/2003)

Jefe inmediato superior El jefe inmediato superior debe tener al menos tres meses de antigüedad en el cargo, tiempo que debe estar comprendido en el periodo de evaluación. Caso contrario, la evaluación del desempeño deberá realizarla el superior jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/061/2005)

Evaluación de personal que estuvo sujeto a rotación El personal que estuvo sujeto a rotación, será evaluado por el jefe inmediato superior que supervisó el trabajo del funcionario público por más tiempo, tomando como parámetro al menos los últimos 3 meses, debiendo solicitar información al otro jefe superior. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/048/2005) El funcionario que a lo largo del período evaluado estuvo sujeto a constantes rotaciones debe ser evaluado por su jefe superior jerárquico quien deberá recabar los informes respectivos de los jefes inmediatos superiores que supervisaron el trabajo del funcionario evaluado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/149/2006)

Oportunidad de la ejecución de la evaluación del desempeño La evaluación del desempeño que se ejecute posteriormente a los seis meses o más de haber concluido el período evaluado vulnera los lineamientos generales que deben respetarse en toda evaluación del desempeño que se pretenda oportuna y objetiva. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/149/2006)

Finalidad de la conformación del Comité de Evaluación Considerando que la permanencia y el retiro de los funcionarios de carrera están condicionados a los resultados de su evaluación del desempeño, dicho proceso


debe garantizar que el evaluado sea sometido a un examen imparcial que refleje, bajo los principios de mensurabilidad y verificabilidad, el grado de cumplimiento de su Programación Operativa Anual Individual en relación al logro de los objetivos, funciones y resultados asignados a su puesto durante un período determinado. Para dicha finalidad, el ordenamiento jurídico vigente ha previsto la necesidad de la conformación de un cuerpo colegiado que, además de avalar los resultados de la evaluación del funcionario público, asume las consecuencias frente a una eventual impugnación a esos resultados por parte del interesado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/164/2006)


ROTACIÓN La rotación es el cambio temporal de un servidor público de una unidad de trabajo a otra, en una misma entidad para desempeñar un puesto similar. No implica incremento de remuneración ni cambio de residencia. La entidad programará la rotación interna de su personal, en la medida de sus necesidades y con el propósito de facilitar su capacitación indirecta y evitar la obsolescencia laboral. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a la rotación de aspirantes a funcionarios de carrera y funcionarios de carrera administrativa:

No procede la rotación a una entidad descentralizada El proceso de rotación se efectúa dentro de una misma entidad y no a una entidad descentralizada, con personería jurídica propia, autonomía de gestión financiera, legal y técnica. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/108/2006)

Cumplimiento de requisitos para la rotación funcionaria Para determinar la rotación de un funcionario de carrera o de un aspirante a tal condición, no sólo deben respetarse los supuestos legales previstos por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, sino deben cumplirse los pasos previos previstos por la normativa interna de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/013/2007)

Revocatoria de rotación a cargo de menor nivel jerárquico y fuera de los alcances de la carrera administrativa por pertenecer a un programa con financiamiento externo La decisión de rotación que afecte el nivel jerárquico del funcionario de carrera o aspirante a tal calidad, siendo que la misma debe efectuarse entre puestos similares y no entre un cargo superior y uno inferior, y entre uno de carrera y uno fuera de


la misma por pertenecer a un programa financiado con fondos externos, es revocable. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/013/2007)


TRANSFERENCIA La transferencia es el cambio permanente de un servidor público de su unidad de trabajo a otra unidad de la misma entidad u otra entidad. Se efectúa ente puestos similares o afines. No necesariamente implica incremento de remuneración y debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a la transferencia de aspirantes a funcionarios de carrera y funcionarios de carrera administrativa:

Transferencia Irregular Es ilegal la transferencia que no se realice de una unidad de trabajo a otra unidad de la misma entidad u otra entidad entre puestos similares o afines, debiendo prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2002) La transferencia que supone un incremento salarial y un ascenso de jerarquía en la estructura de la entidad, es contraria a la naturaleza de la modalidad de transferencia, y puede más bien asimilarse a una promoción vertical, la cual debe responder a un proceso de selección público y competitivo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/044/2004)

Consenso

Si bien la norma dispone que para efectuar una transferencia debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas, ello no significa que ese consenso sea obligatorio. Debe tenerse como recomendable que el acuerdo sea propuesto por la autoridad a fin de dar un tratamiento más flexible y equitativo al servidor público respetando la dignidad personal del funcionario, pero sin exigir este acuerdo como condición inexcusable para una transferencia, ya que el sistema de movilidad de personal, está dirigido a garantizar que la función pública cumpla mejor su rol de servicio y de utilidad a la sociedad y al Estado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/172/2003)


Reconocimiento tácito de dependencia funcionaria

La entidad reconoce la dependencia funcionaria cuando, pese a haber transferido a un funcionario, se otorga el beneficio de vacaciones y emite memorándums en consideración al cargo original. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/005/2003)

La transferencia no implica renuncia a la carrera administrativa

La transferencia de funcionarios de carrera, de ninguna manera implica su renuncia a la carrera administrativa, porque únicamente se trata de cambios a los que sujeta el servidor público desde que ingresa a la carrera administrativa hasta su retiro. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/029/2005)

Diferencia entre transferencia y rotación La transferencia es el cambio permanente de un servidor público de su unidad de trabajo a otra unidad de la misma entidad u otra entidad. Se efectúa entre puestos similares o afines. No necesariamente implica un incremento de remuneración y debe prevalecer el consenso entre el servidor público y las entidades involucradas. La rotación es el cambio temporal de un servidor público de una unidad de trabajo a otra, en una misma entidad para desempeñar un puesto similar. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2002)

Autoridad ante quien se impugna la medida de transferencia

De existir transferencia de dependencia de una entidad a otra, corresponde interponer los recursos ante la autoridad que determinó la transferencia. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/115/2003)

Transferencia de funcionarios entre entidades públicas En caso de tratarse de una transferencia entre entidades públicas, más allá de que la entidad de la cual depende el funcionario mínimamente debe intentar el asentimiento del mismo, es primordial el consenso entre dichas entidades, puesto que deberán existir acuerdos anteriores respecto a previsiones presupuestarias y organizacionales, entre otras. La transferencia de funcionarios entre entidades puede producirse en base a acuerdos en casos particulares, a un resultado con


calificación excelente derivado de una evaluación del desempeño o a disposiciones legales respecto a la reorganización de la Administración Pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/083/2006)

Revocatoria de designación en cargo distinto al titularmente ocupado en caso de no aplicarse proceso alguno de movilidad funcionaria. La decisión de “designar” a un funcionario de carrera o aspirante a tal condición en un cargo distinto al que titularmente ocupa, basado en “motivos de mejor servicio”, no corresponde a ninguno de los procesos del Subsistema de Movilidad de Personal, bajo los cuales un funcionario de carrera puede ser designado en un cargo diferente al que ocupa, pues, únicamente puede operarse la movilidad funcionaria a través de los procesos de promoción, rotación, transferencia y retiro, debiendo éstos estar claramente identificados en el memorándum o acto administrativo correspondiente; consiguientemente corresponde su revocatoria. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/007/2007)

La transferencia no puede efectuarse por memorándum de retiro y posterior memorándum de designación Para que se efectúe la transferencia de funcionarios de carrera, no debe emitirse, de ninguna manera, un memorándum de retiro y uno posterior de designación en una entidad distinta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/042/2007)


RETIRO El retiro es la terminación del vínculo laboral que une a la entidad con el servidor público, conforme al Subsistema de Movilidad Funcionaria, y puede producirse por cualquiera de las causales previstas en los artículos 41 de la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público y 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal aprobadas por el Decreto Supremo 26115. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados al retiro de funcionarios de carrera y aspirantes a la carrera administrativa:

Memorándum de retiro El memorándum de retiro es el acto administrativo a impugnar mediante el recurso de revocatoria. (Resolución Administrativa SC/IRJ/047/2002)

Retiro por necesidad de lograr eficiencia Para aplicar como causal de retiro la necesidad de lograr eficiencia en la Administración Pública, deben efectuarse previamente dos evaluaciones de desempeño no satisfactorias o, en caso de faltas o contravenciones, deben comprobarse los hechos mediante proceso disciplinario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/020/2003)

Retiro por haber incurrido en faltas El retiro por la comisión de faltas es válido únicamente luego de comprobarse la falta cometida como resultado de un proceso disciplinario sustanciado de conformidad a las disposiciones legales vigentes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/037/2003)


Retiro por jubilación

La causal de retiro por jubilación debe estar respaldada en la decisión de la entidad pública expresada en un acto administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/135/2003)

Retiro producto de proceso disciplinario

La causal de retiro como resultado de un proceso disciplinario, procede únicamente si dicho proceso fue sustanciado de acuerdo a la normativa vigente, cualquier disposición que determine el retiro sin proceso previo, es incompatible con la normativa vigente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/137/2003)

Invalidez de retiro pactado en acuerdos transaccionales

Las decisiones de retiro deben estar enmarcadas en disposiciones legales, más allá de acuerdos o documentos transaccionales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/164/2003)

Implicancias del resultado negativo de la evaluación de confirmación

Se considera como causal de retiro el resultado negativo de la evaluación de confirmación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/015/2004)

Retiro por supresión de cargo

Es causal de retiro la supresión del cargo, entendida como la eliminación del puesto de trabajo o cargo en el marco del Sistema de Organización Administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/083/2005) El retiro por supresión de cargo debe estar expresamente establecido en el acto administrativo, la comunicación al interesado debe realizarse con anticipación de 30 días calendario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/002/2002) La supresión del cargo es entendida como la eliminación de puestos de trabajo en el marco del Sistema de Organización Administrativa, debiendo comunicarse la


decisión al interesado con la anticipación debida. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/030/2002)

No se constituyen en fundamento para la supresión del cargo, los indicios y presunciones de responsabilidad por la función pública establecidas contra un funcionario público dentro un proceso disciplinario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/063/2003) A efectos del retiro de un funcionario de carrera por supresión del cargo, es irrelevante el análisis de los antecedentes laborales del funcionario cuyo puesto será suprimido, así como el resultado de las evaluaciones de su desempeño, ya que el retiro por supresión del cargo resulta de una reestructuración administrativa o de restricciones presupuestarias, en el marco de los sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/021/2004) La supresión del cargo es entendida como la eliminación de puestos de trabajo cuando éstos dejan de tener vigencia como resultado de la modificación de competencias o restricciones presupuestarias de la entidad, traducidos en los Sistemas de Programación de Operaciones y Organización Administrativa, en cuyo caso se suprimirá también el ítem correspondiente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/109/2003) El memorándum que anuncie la posibilidad de retiro, condicionada a su ratificación, de ninguna manera puede entenderse como el aviso previo de 30 días calendario que prevé la norma en caso de supresión del cargo. (Resolución Administrativa SC/IRJ/114/2003) El retiro por supresión del cargo supone la supresión del ítem correspondiente, no pudiendo la entidad, en lo que resta de la gestión fiscal, reponer el mismo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/046/2005) De quedar sin efecto la medida que estableció la supresión de puestos, los funcionarios deben ser reincorporados a sus cargos, debiendo percibir haberes entre la fecha de esa decisión y su reincorporación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/046/2005)


No corresponde el retiro por supresión del cargo cuando dicho cargo no se encuentra suprimido en la nueva estructura organizacional de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/047/2005) Para aplicar el retiro por supresión de cargo, toda reestructuración debe realizarse con sujeción a las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa. Asimismo, debe demostrarse que existen justificativos técnicos y jurídicos con carácter previo a la emisión del acto administrativo que dispuso el retiro. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/052/2004) La reestructuración que tuvo origen en las medidas de ajuste presupuestario debe identificar, en el marco de los principios establecidos en el Sistema de Organización Administrativa, las áreas funcionales afectadas y dentro de cada una de ellas los puestos e ítems a ser suprimidos en la estructura orgánica. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/058/2004) La aprobación de una nueva estructura salarial y de cargos no subsana el incumplimiento de los procesos necesarios para la creación o supresión de puestos en el marco de los Sistemas de Programación Administrativa y de Programación de Operaciones. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/129/2004)

Modificación del nivel del puesto

Cuando la modificación del nivel del puesto que ocupa un funcionario de carrera no responde a una medida discrecional destinada a causarle perjuicio, sino a una determinación de orden general tendiente a optimizar la estructura orgánica de la entidad pública y que no implica de modo alguno, la reducción del salario ni afecta la condición de funcionario de carrera, se considera válida. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/071/2005)

Auditoría Gubernamental En los casos de retiro por supresión de cargo se realizarán en forma obligatoria, exámenes de auditoría gubernamental que verifiquen la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión. La comprobación de que la decisión de retiro no estuviese legalmente justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad administrativa y civil. (Resolución Administrativa SC/IRJ/024/2002)


Los exámenes de auditoría gubernamental previstos en el Estatuto del Funcionario Público, deben realizarse, de manera obligatoria, una vez que se haya determinado la eliminación del ítem a través de la resolución administrativa correspondiente. (Resolución Administrativa SC/IRJ/150/2003) El examen de auditoría gubernamental que verifique la oportunidad, mérito y conveniencia de la decisión de supresión de cargo, debe ser solicitado sea a la Unidad de Auditoría Interna de la entidad o la Contraloría General de la República. (Resolución Administrativa SC/IRJ/018/2004) Por principio básico de control gubernamental, las auditorias son posteriores a los actos administrativos sujetos a verificación. (Resolución Administrativa SC/IRJ/091/2004)

Reingreso El funcionario público retirado por supresión del cargo, tiene derecho a su reingreso a la entidad u otra entidad en el mismo nivel de puesto que ocupaba o a otro puesto que reúna las condiciones requeridas, con preferencia a cualquier otro aspirante a dicho puesto manteniendo su condición de funcionario de carrera. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/073/2003) Los funcionarios públicos retirados por supresión del cargo, tienen derecho a su reingreso a la misma entidad en el mismo nivel de los puestos que ocupaban o a otros puestos para los cuales reúnan las condiciones requeridas, que, en el caso de que existan puestos de carrera ocupados por funcionarios provisorios o con ingreso irregular a esa entidad, quienes debieran ser sustituidos por los funcionarios de carrera retirados, bajo alternativa de iniciarse contra las autoridades respectivas los procesos de responsabilidad por la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/057/2004) Para hacer efectivo el reingreso previsto en el artículo 65 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, se requiere del desarrollo de un proceso de selección y reclutamiento de personal a través de la realización de una convocatoria pública externa, a la cual se postule el funcionario afectado con la supresión de su puesto, no suponiendo, de ninguna manera, que el reingreso se pueda producir de manera directa, dado que tal situación, supondría que el


nombramiento sea efectuado de manera irregular. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/099/2005)

Temporalidad de la supresión del cargo La supresión de un cargo por razón de restricciones presupuestarias no implica necesariamente la eliminación definitiva de dicho cargo, pues el mismo podrá, de acuerdo a los requerimientos de la entidad, ser repuesto en venideras gestiones. (Resolución Administrativa SC/IRJ/042/2004)

Retiro por reestructuración del Poder Ejecutivo No se constituye en retiro discrecional aquel que se adopta a través de la supresión de cargos por la emisión de normativa que determine la reestructuración del Poder Ejecutivo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/146/2006)

Retiro discrecional Está prohibido el retiro discrecional y unilateral de funcionarios de carrera, bajo alternativa de iniciarse procesos de responsabilidad por la función pública contra la autoridad que lo haya decidido. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/002/2002) El retiro de un funcionario de carrera que no se enmarque en ninguna de las causales de retiro establecidas en los artículos 41 de la Ley 2027 y 32 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, se enmarca en la figura de retiro discrecional. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/082/2002) La convocatoria de cargos que se encuentran ocupados por aspirantes a funcionarios de carrera, se considera retiro discrecional. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/055/2003) El retiro excepcional se aplica en atención a determinados requisitos previos, caso contrario el retiro se considera discrecional. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/083/2002)


La reestructuración administrativa no constituye en sí misma una causal de retiro, por lo que alegarla tiene carácter de retiro discrecional. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/020/2003) El servidor público que ingresa a una entidad mediante proceso de reclutamiento y selección, no puede ser responsabilizado, a efectos de su retiro, por las insuficiencias o irregularidades en dicho proceso, ya que las mismas son atribuibles únicamente a la entidad y es ésta la que debe responder en última instancia por los resultados de las operaciones efectuadas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/084/2004)

Reincorporación En caso de comprobarse que el despido fue discrecional, corresponde la reincorporación del funcionario público a su mismo cargo o a otro de igual nivel salarial en la misma institución. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/032/2003) Cuando la supresión del cargo no se adecue a lo previsto por la normativa, pero el ítem correspondiente a ese cargo hubiera sido eliminado de la escala salarial y de la planilla presupuestaria, la reincorporación del funcionario público debiera darse en el mismo nivel de puesto que ocupaba éste o en otro para el cual reúna las condiciones requeridas, con preferencia a cualquier otro aspirante a dicho puesto, manteniendo su condición de funcionario de carrera. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/019/2005) Independientemente de la existencia de acuerdos entre la entidad y el funcionario público, sobre el reingreso de éste, la reincorporación dispuesta por la Superintendencia del Servicio Civil es de carácter obligatorio para las entidades públicas. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/164/2003)

Pago de haberes devengados La reincorporación de un funcionario público dispuesta por la Superintendencia del Servicio Civil, al cargo del cual fue desvinculado de manera ilegal, supone también el pago de haberes con carácter retroactivo en su favor. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/144/2003)


Únicamente se dispondrá el pago de haberes devengados, cuando se disponga que el recurrente deba ser reincorporado a la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/111/2005) El derecho a percibir el pago de haberes de manera retroactiva no se pierde por no haberlo solicitado en los memoriales de interposición de recursos de revocatoria y jerárquico, pudiendo el interesado solicitarlo a la Superintendencia del Servicio Civil, en el plazo de un día, computable a partir del día de su legal notificación con la correspondiente resolución del recurso jerárquico. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/165/2003)

Vacaciones pendientes De manera obligatoria, hará uso efectivo de la vacación que le corresponde aquel funcionario público que hubiere sido retirado. (Resolución Administrativa SC/IRJ/024/2002) No obstante haberse producido el retiro, se procederá a la reincorporación a la entidad a efectos de que el funcionario público haga uso de su derecho a vacaciones pendientes (Resolución Administrativa SC/IRJ/016/2005)

Retiro sin efecto Si luego del aviso anticipado de retiro por supresión de cargo, en vez de hacer efectivo ese retiro, la entidad procede al cambio de ítem, se entiende su voluntad tácita de dejar sin efecto dicho retiro. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/030/2002) Queda sin efecto el retiro cuando el funcionario público, presenta oportunamente su reclamo de manera verbal y como resultado del mismo, la entidad conviene en que éste continúe prestando sus servicios. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/031/2002)

Retiro excepcional Son condiciones ineludibles para el retiro excepcional la existencia de motivos fundados no previstos en el artículo 41 del Estatuto del Funcionario Público y que


el retiro se ajuste a lo dispuesto, para ese propósito, en los reglamentos internos aprobados por cada entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/039/2003) En caso de retiro excepcional debe informarse a la Superintendencia del Servicio Civil de forma inmediata la determinación del retiro, para los fines legales pertinentes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/055/2005) La medida de retito excepcional, debe ser adoptada por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/058/2005)

Retiro por disolución de la entidad Es válido el retiro de un funcionario de carrera por disolución de la entidad, aunque no se adecue a ninguna de las causales que prevé el Estatuto del Funcionario Público y las Normas Básicas del Sistema de Administración. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/082/2004)

Aceptación tácita del nuevo nivel salarial En caso de operarse reducción de la remuneración previamente asignada y habiendo el funcionario público continuado desempeñando labores en el nuevo ítem que le fue asignado, se considera que de su parte se dio una aceptación tácita de su nuevo nivel salarial. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/007/2004)

Inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada Se garantiza la permanencia de la mujer en período de gestación, hasta un año del nacimiento del hijo, en su puesto de trabajo, lo que implica no sólo la imposibilidad de despido sino también el respeto al ítem al cual va ligado el puesto de trabajo que toda mujer embarazada tenga en una entidad pública. (Resolución Administrativa SC/IRJ/042/2002)

Actos que no implican despido automático La determinación de que el personal de una entidad pase a depender de otra entidad, ratifica la vigencia de los puestos de dicho personal y, por consiguiente,


no puede entenderse como despido automático. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/038/2002) Los servidores públicos que no se presenten a una convocatoria pública de selección de personal, emitida por la entidad en la que prestan servicios y que cuenten con la antigüedad establecida en el artículo 70 del Estatuto del Funcionario Público, no son pasibles de despido. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/032/2002)

Pérdida de la calidad de funcionario de carrera a la extinción legal de una entidad pública Un servidor público mantiene su calidad de funcionario de carrera administrativa mientras su relación laboral permanece vigente en la entidad donde se produjo su incorporación a dicha carrera, pues a su extinción legal también se produce desvinculación. Si bien es posible que un funcionario de carrera pueda ser transferido de una entidad a otra, sin perder esa condición, para que ésta pueda considerarse efectiva deben cumplirse ciertos requisitos que se encuentran previstos en el artículo 31 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/061/2006)

Acumulación de llamadas de atención no implica retiro La acumulación de llamadas de atención por la comisión de faltas graves no se constituye en una causal de retiro conforme disponen tanto el Estatuto del Funcionario Público, como las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/074/2006)

Características de la incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial El argumento de incompatibilidad por parentesco no es válido para justificar una decisión de despido, ya que se trata de un impedimento excusable. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/050/2002)


Autorización de incompatibilidad por parentesco

La Superintendencia del Servicio Civil podrá autorizar excepcionalmente el ejercicio de funciones de funcionarios de carrera que tengan el grado de parentesco establecido en el parágrafo II del artículo 11 de la Ley 2027, en casos justificados, siempre y cuando hayan demostrado méritos para su ingreso a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2005) Considerando que el parágrafo V del artículo 11 del Estatuto del Funcionario Público dispone que los funcionarios de carrera, con vínculo y grados de parentesco que generan incompatibilidad, excepcionalmente, puedan ejercer funciones en la misma entidad, en aplicación del principio de igualdad de oportunidades, previsto en el inciso e) del artículo 1 de dicho Estatuto, con carácter previo a aplicar dicha incompatibilidad como causal de retiro, la entidad tendrá que contar con el pronunciamiento de la Superintendencia del Servicio Civil que determine la imposibilidad de una autorización excepcional, en el marco del Reglamento para Autorizar Excepcionalmente el Ejercicio de Funciones Públicas en caso de Incompatibilidad por Parentesco o Matrimonio, aprobado por Resolución Administrativa SSC‐003/2002 de 28 de enero de 2002; caso contrario, se estaría vulnerando el derecho a la carrera administrativa y estabilidad, inspirada en los principios de reconocimiento de mérito, evaluación de desempeño, capacidad e igualdad previsto en el inciso a) del parágrafo II del artículo 7 de la Ley 2027. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/050/2007)

Abandono de funciones no implica, únicamente, inasistencia El abandono de funciones puede producirse, además, por la desatención de los deberes encomendados al funcionario de forma deliberada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/151/2007)


PROCESOS INTERNOS La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. Para determinar la existencia de responsabilidad y que la autoridad competente imponga la sanción que corresponda, es necesario ejecutar un proceso interno. El proceso interno consta de dos etapas, la sumarial y la de impugnación, que a su vez se constituye por los recursos de revocatoria y jerárquico. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos relacionados a recursos jerárquicos derivados de procesos disciplinarios:

REGLAS GENERALES

Régimen de responsabilidad por la función pública

El régimen de Responsabilidad por la Función Pública tiene el objetivo de establecer responsabilidades de diversa índole: administrativa, ejecutiva, civil y penal y, si corresponde, determinar las sanciones que correspondan a la contravención del orden jurídico administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/073/2005)

Responsabilidad por la función pública

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo, la responsabilidad por la función pública se determina tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/104/2004)

Presunción de licitud

Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/104/2004)


Proceso interno El proceso interno es el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen, permite un amplio margen a la entidad para disponer una investigación respecto a un servidor o ex servidor público a objeto de determinar su responsabilidad por la función pública. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/052/2003) El proceso administrativo interno para el caso de funcionarios de carrera o de aspirantes a la carrera administrativa, tiene como base legal principal el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por el Decreto Supremo 23318‐A y modificado por el Decreto Supremo 26237, y el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto Supremo 26319. La fase de impugnaciones para el caso del procesamiento de funcionarios públicos con alguna de esas condiciones, se tramita exclusivamente con el Decreto Supremo 26319. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/110/2004)

Finalidad del proceso interno - Determinar la responsabilidad administrativa

El proceso interno y la investigación deben darse no solamente a los fines de determinar la responsabilidad, que es lo que persigue quien detenta el poder disciplinario, sino e inclusive, principalmente, a los fines de proteger la honra de una persona públicamente cuestionada en su accionar como funcionario de una repartición del Estado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/039/2005) El propósito que persigue el procesamiento interno a un servidor público no es otro que el de determinar responsabilidad por la función pública demostrando, dentro de un debido proceso llevado adelante con todas las garantías fundamentales, que el procesado acusado de contravenir, con su acción u omisión, el ordenamiento jurídico administrativo, efectivamente lo contravino, o que, por el contrario, no lo hizo, o que, pese a la existencia de indicios de que así fue, durante dicho procesamiento no llegó a demostrarse de manera evidente la verdad o falsedad respecto de la acusación. Así, para determinar responsabilidad administrativa, es ineludible que haya quedado plenamente demostrado, a través


de la acumulación de prueba completa o perfecta, es decir, de aquella que manifiesta sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido, que el ordenamiento jurídico administrativo fue contravenido por el servidor público procesado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/094/2005) En el marco de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la responsabilidad administrativa se determina, previo proceso interno en cada entidad pública sujeta a su ámbito de aplicación, por la contravención, por parte del servidor público, del ordenamiento jurídico administrativo vigente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005)

Normas aplicables a los procesos internos Para la sustanciación de procesos disciplinarios, son aplicables no solamente las normas establecidas en la Constitución Política del Estado, sino las reglas técnicas y doctrinales sobre apreciación de pruebas contenidas en el Código de Procedimiento Penal, inspiradas a su vez en los preceptos expuestos en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/004/2001)

Alcance del proceso disciplinario El proceso administrativo procede para investigar y sancionar, si corresponde, acciones u omisiones que presuntamente hayan contravenido el ordenamiento administrativo o las normas que regulan la conducta del funcionario público, no pudiendo referirse a hechos que constituyan tipos penales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/003/2002)

Interesado o afectado

En los procesos administrativos internos, para el caso de funcionarios de carrera o de aspirantes a la carrera administrativa, se entiende como interesados a aquellos contra los cuales se hubiera iniciado y desarrollado un proceso interno. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/110/2004)


Derecho a asumir defensa

El derecho a la defensa que puede asumir un servidor o ex servidor público procesado ante la Autoridad Sumariante en un proceso administrativo interno es independiente de otros procedimientos, como el de aclaración conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 23215 que aprobó el Reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La Autoridad Sumariante puede incoar el proceso administrativo interno incluso de oficio, debiendo, asegurar al procesado su derecho a asumir defensa en el respectivo proceso respetando todos los derechos y garantías constitucionales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/118/2004)

Responsabilidad por atribuciones no establecidas No corresponde determinar responsabilidad administrativa en contra de un procesado sobre la base del incumplimiento de atribuciones que no estaban contempladas entre las facultades de dicho funcionario público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/016/2003)

Excepción de prescripción

Opuesta la excepción de prescripción por el procesado, la Autoridad Sumariante debe declararla probada o improbada; en caso de declararla probada no corresponde entrar en mayores consideraciones de fondo respecto a la responsabilidad del servidor público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2005) La prescripción de la responsabilidad administrativa opera a los dos años de cometida la contravención o desde la última actuación que supone dicha contravención al ordenamiento jurídico administrativo. El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública señala que la Autoridad Sumariante tiene tres días para determinar la apertura del proceso, el hecho de que no lo haga en ese plazo no da lugar a la prescripción de la acción u omisión puesto que, inclusive quien actúe en esa calidad, la de Sumariante , la siguiente gestión, puede determinar la apertura de un proceso interno sobre la base de una denuncia del año anterior en razón de no haber la misma prescrito y, principalmente, en razón de que no existe disposición normativa alguna que señale que la omisión o


contravención prescribe ante la inacción de una Autoridad Sumariante antes de los mencionados dos años. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/039/2005)

Oportunidad para invocar la prescripción en procesos sumarios El artículo 16 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, respecto a la prescripción de la responsabilidad administrativa, dispone que ésta opera a los dos años de cometida la contravención, plazo que se interrumpe con el inicio de un proceso interno y que la misma deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente, no dispone que la prescripción deba, única y exclusivamente, plantearse como excepción previa en la fase del sumario sino que deja abierta la posibilidad de ser invocada en cualquier etapa del proceso administrativo, vale decir, sumarial o de impugnación, pues al determinar que la autoridad legal competente debe pronunciarse expresamente al respecto, se entiende por tal, de acuerdo al artículo 12 de dicho Reglamento, tanto a aquella que actúa en el etapa sumarial como aquella que conoce el recurso jerárquico (Resolución Administrativa SSC/IRJ/120/2007)

Requisito para la excepción de responsabilidad en decisiones gerenciales Para efectos de la justificación de decisiones gerenciales que puedan generar responsabilidad por la función pública, el servidor público deberá enviar previa, concurrente o inmediatamente tomada la decisión, un informe escrito que sustente la misma, a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de la entidad, o a la autoridad que ejerce tuición sobre su entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/045/2003) No es suficiente mencionar que se ejecutaron actos al amparo del artículo 33 de la Ley 1178 y que las decisiones asumidas fueron comunicadas al inmediato superior, pues debe demostrarse tal comunicación (Resolución Administrativa SSC/IRJ/091/2007)


Responsabilidad civil y/o penal

No se puede colegir indicios de responsabilidad civil y/o penal cuando no exista en el proceso administrativo antecedentes, denuncia o elementos de juicio que la justifiquen. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/077/2004)

Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil

La Superintendencia del Servicio Civil es competente para conocer recursos jerárquicos derivados de procesos disciplinarios planteados por funcionarios de carrera o aspirantes a la carrera administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2002)

Competencia que no emana de la ley

Las autoridades de una entidad no tienen competencia para resolver los recursos jerárquicos interpuestos por aspirantes o funcionarios de carrera, contra los cuales se hubiera iniciado y desarrollado un proceso interno, siendo competencia, establecida por ley, de la Superintendencia del Servicio Civil. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2002)

Análisis del cumplimiento de normativa

Corresponde a la Superintendencia del Servicio Civil realizar la revisión y análisis del cumplimiento de la normativa vigente (interna y general) y el empleo de criterios jurídicos en la etapa sumarial, a tiempo de determinar responsabilidad por la función pública y establecer la sanción correspondiente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/065/2005)

Ordenes ilegales

La desobediencia a órdenes ilegales no puede entenderse como infracción a la obligación de acatar determinaciones de superiores jerárquicos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/103/2003)


Fotocopias en el expediente

Durante un sumario administrativo que se sustancie en determinada entidad del sector público, no es necesario que se legalicen copias de documentos que se pueden cotejar cualquier momento con los originales conservados en la propia entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/075/2004)

Vulneración de los Códigos de Ética

Quienes vulneren un Código de Ética serán sancionables mediante proceso disciplinario dentro de la entidad, al margen del envío de los antecedentes al Tribunal de Honor del Colegio Profesional que corresponda. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/014/2002)

Faltas previstas en instrumentos normativos de mayor jerarquía

El hecho de que ciertas acciones no se hallen expresamente previstas como faltas susceptibles de un proceso interno, dentro de un instrumento normativo de la entidad, no supone que por ello no pueda iniciarse un proceso interno, si es que dichas contravenciones se hallan previstas en otros instrumentos normativos de mayor jerarquía; sin embargo, esa normativa deberá ser mencionada en el Auto Inicial del Sumario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/169/2003)

Competencia para el procesamiento de abogados

Las denuncias, informes de auditoria y dictámenes de responsabilidad civil y administrativa que involucren a los abogados de una entidad, serán conocidos y resueltos en fase del sumario por el asesor legal principal de la entidad que ejerce tuición. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/141/2004)

Compatibilización de reglamentos

El hecho de que no exista compatibilización del Reglamento Interno de Personal por el Órgano Rector, no implica la invalidez de dicho Reglamento, ya que no existe disposición expresa que la declare nula, pero este hecho no exime de


responsabilidad a las autoridades que no hayan gestionado dicha compatibilización. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/108/2005)

Declaración falsa sobre el parentesco

La declaración de parentesco que no refleje la verdad, se constituye en causal de responsabilidad administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/054/2005)

Características de la incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial La incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial no es, por sí sola, una contravención al ordenamiento jurídico administrativo que permita iniciar un proceso interno en contra de los funcionarios que incurrieron en la incompatibilidad. Es distinto el hecho de que los servidores públicos no declaren la incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial que pudieran tener en la misma entidad, situación que puede generar que se inicie un proceso administrativo interno a objeto de determinar si con esa acción se vulneró o no la normativa vigente (Resolución Administrativa SSC/IRJ/008/2007)

Procesamiento a mujer embarazada El embarazo de una servidora pública no puede impedir que ésta sea procesada por la presunta vulneración al orden jurídico vigente, tampoco es un impedimento para determinar responsabilidad administrativa en su contra al haberse demostrado la vulneración del ordenamiento jurídico administrativo, menos para fijar una sanción proporcional a la gravedad de la falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/073/2005)

Responsabilidad administrativa de funcionario obligado a emitir recomendaciones La responsabilidad administrativa de aquel funcionario que omite emitir una recomendación al funcionario recién posesionado en su cargo, no puede ser igual a la responsabilidad administrativa de aquel que no ejecutó determinada acción. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/168/2006)


Supuesto para acusar la infracción al derecho a que se proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de funciones No basta acusar la vulneración del derecho a que se proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de funciones, si es que no se ha probado la negativa a algún requerimiento de material. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/085/2007)

Una Circular sí forma parte del grupo de normas que regulan la conducta del servidor público Una Circular emitida por alguna autoridad de la entidad sí forma parte del grupo de normas que regulan la conducta del servidor público, pues está clasificada como una norma de carácter específico dictada por la propia entidad, por lo que puede ser susceptible de contravención. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/152/2007)

INICIO DEL PROCESO INTERNO

Disposición de inicio del proceso disciplinario

La Superintendencia del Servicio Civil puede fallar revocando la resolución que rechazó el inicio del proceso administrativo interno contra un aspirante o funcionario público, si considera que a partir de las denuncias presentadas, existen indicios de conductas que podrían constituirse en contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo; disponiendo el inicio del proceso interno, a objeto de determinar la responsabilidad del funcionario, garantizando el debido proceso y el ejercicio pleno del derecho a la defensa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/149/2003)

Inicio de proceso interno de oficio Para que una entidad pública inicie de oficio un proceso interno en contra de sus servidores o ex servidores públicos, deberán existir elementos que hagan presumir la comisión de faltas al ordenamiento jurídico administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/131/2006)


Formalidades del auto de apertura del sumario

Un auto de apertura de sumario debe necesariamente disponer en forma expresa tal apertura y señalar las disposiciones legales que se presumen infringidas por quien será procesado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/170/2003)

Elementos del auto inicial El auto inicial del proceso administrativo debe contener esencialmente los siguientes elementos: i) La descripción de los hechos objeto del proceso; ii) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor de la presunta contravención; y iii) La calificación legal de tal conducta, vale decir, que se debe identificar claramente a las disposiciones del ordenamiento jurídico administrativo y/o normas de conducta que el procesado con su acción u omisión hubiera presuntamente vulnerado, a objeto de que éste tenga la posibilidad de defenderse en estricta relación circunstanciada con los hechos, respondiendo eficazmente a los cargos que se le atribuyen y en qué medida su omisión o acción ha vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo (Resolución Administrativa SSC/IRJ/026/2007)

Determinación expresa de presuntas contravenciones u omisiones El auto inicial del sumario debe exponer puntual y expresamente las supuestas contravenciones u omisiones, caso contrario carece de valor en el marco del debido proceso y va en contra del principio de defensa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/012/2003) El auto inicial del sumario debe establecer los hechos que habrán de ser investigados para delimitar la competencia del Sumariante, debiendo existir congruencia e identidad entre los hechos sobre los que se ordenó el sumario, las pruebas en relación a los hechos investigados y los hechos a los que se refiere la resolución final. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/038/2003) Cuando se inicia un proceso administrativo contra un servidor público, debe señalarse con claridad cuáles son las conductas o comportamientos que se


considera que infringieron una determinada norma concreta y, por ello, se debe mencionar la norma que se considera infringida. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/078/2003)

Delimitación de los hechos a investigar El procesado asume defensa sobre los puntos determinados en el auto inicial del sumario que establece cuáles son los hechos irregulares que se le atribuyen y en qué medida su comisión o su omisión han vulnerado el ordenamiento jurídico administrativo, ello le permite responder eficazmente a los cargos y asegura la garantía del debido proceso y otras garantías constitucionales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/038/2003)

Indicios de responsabilidad en la instauración del proceso interno

La actuación administrativa por medio de la cual se instaure un proceso interno no podrá, de modo alguno, establecer la existencia de contravención al ordenamiento jurídico administrativo, pues de ser así se estaría yendo en contra del principio de presunción de inocencia, fundamental en el marco de un debido proceso y de la garantía del derecho a la defensa, puesto que al asumir que la contravención se produjo por la acción y omisión del servidor público a quien formalmente se le inicia un proceso con el fin de averiguar, precisamente, si los indicios de presunción de tal contravención son ciertos o no, se estaría prejuzgando su falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005)

Ausencia de dictamen de orden técnico

Por las características de los hechos que originan el proceso, no se requiere como punto de partida un dictamen de carácter técnico, contable o financiero. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/075/2004)

Denuncias

La facultad para denunciar contravenciones al ordenamiento jurídico administrativo no está limitada a personas específicas; al contrario, en la medida que el ejercicio de la función pública incumbe a todos los ciudadanos, cualquiera


de ellos está habilitado para denunciar. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/096/2005)

Conceptualización de denuncia La denuncia es la declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento hechos que considera que pueden constituir un delito o una falta, y que, en ramas del derecho diferentes a la administrativa, supone la aportación, por parte del denunciante, de prueba de cargo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/136/2006)

Investigación de denuncias La presunta comisión de hechos que merezcan la determinación de responsabilidad por la función pública, debe investigarse internamente por autoridad legal competente con estricta sujeción a los principios establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, que precautela la garantía del debido proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/106/2004)

Responsabilidad del denunciante Un servidor público no podrá ser procesado administrativamente ni sancionado dentro de la entidad por haber presentado una denuncia, en general, o una denuncia contra una autoridad superior, pero ésta podrá originarle responsabilidad civil o penal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2002)

Plazo para presentar denuncias

No existe previsión normativa que regule un plazo máximo para presentar una denuncia en el régimen disciplinario administrativo, situación distinta al mecanismo de prescripción de la responsabilidad administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/096/2005)

Informe de auditoría

Un informe de auditoría puede dar lugar al inicio de un proceso administrativo interno, pero no es condición sine qua non para el procesamiento disciplinario de


acciones u omisiones que supuestamente vulneraron el ordenamiento jurídico administrativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/115/2004)

Inicio del proceso interno en base a informe de auditoría Cuando un proceso interno se incoa en base a un informe de auditoría interna, corresponde que el mismo esté elaborado en el marco de lo previsto en los artículos 39 y 40 del Decreto Supremo 23215, vale decir, que el informe de auditoría que incluya hallazgos de responsabilidad, debe ser sometido a aclaración, entendiéndose por tal el procedimiento por el cual la Contraloría General de la República o las unidades de auditoría de las entidades públicas, según sea el caso, hacen conocer dichos hallazgos al máximo ejecutivo de la entidad y a las personas presuntamente involucradas para que éstas presenten, por escrito, sus aclaraciones y justificativos, con la documentación sustentatoria, en un plazo de diez días hábiles o más, a cuya conclusión, en base a los resultados de dicho procedimiento, los auditores elaborarán un informe complementario en el cual se ratificará o modificará el informe original, los mismos que, además, por disposición de las Normas de Auditoría Gubernamental GGR NAG Res. CGR‐1/119/2002, deben contar con el informe legal correspondiente. Lo contrario significa la transgresión a una garantía de orden constitucional como es el debido proceso, motivo por el cual no puede considerarse como válida la forma de inicio de ese proceso interno. (Resoluciones Administrativas SSC/IRJ/023/2007 y SSC/IRJ/024/2007)

Auditoría no implica litispendencia Siendo la auditoría la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y criterios establecidos, la misma no puede considerarse, de ninguna manera, como un juicio o litigio, conforme define nuestro ordenamiento legal vigente, puesto que, principalmente, no estará a cargo de ningún juez investido de jurisdicción y competencia, sino que estará encargada, en el caso del control interno posterior, a la Unidad de Auditoría Interna de la entidad, en los casos en los que así corresponda; por tanto, el desarrollo de una auditoría interna de forma paralela a la tramitación de un proceso interno no implica, de ninguna manera, litispendencia. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/028/2007)


Presunción de actos delictivos

Ante la presunción de la comisión de actos delictivos, la entidad debe denunciar o iniciar querella. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/109/2005)

Correspondencia entre el auto de apertura y la resolución final Las disposiciones legales citadas como infringidas en el auto de apertura de un proceso interno deben también ser citadas en la resolución emitida como consecuencia de ese auto de apertura, pues debe haber siempre una relación directa entre las unas y las otras por el principio de congruencia y el debido proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/078/2003)

Notificación con el auto inicial del proceso Aunque conste claramente que el procesado supo desde un principio que se abrió causa contra él e intervino en la tramitación respectiva, por apego a todo formalismo, se ha consolidado la costumbre de aplicar la causal de nulidad de falta de notificación con el auto inicial de proceso, debiendo imprescindiblemente realizarse la misma. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/088/2003)

Oportunidad en el conocimiento de los fundamentos de la acusación

Los fundamentos de la acusación se hacen conocer luego de la notificación con el auto de apertura del proceso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2004)

Improcedencia de la nulidad del auto inicial dictado fuera de término

No es procedente la nulidad del auto de apertura del proceso que se hubiera dictado más allá de los tres días de conocido el hecho o de recibida la denuncia por la Autoridad Sumariante, ya que la misma no está expresamente establecida. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/023/2004) Si bien el artículo 22 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública establece un plazo de tres días para dar inicio al proceso interno, ese mismo


Reglamento dispone, en su artículo 16, que la responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención, por lo que sería ilógico no poder dar inicio a un proceso interno vencidos los tres días previstos en el mencionado artículo 22, cuando la contravención al ordenamiento jurídico administrativo aún no ha prescrito. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/055/2006)

Nulidad por vulneración de derechos

No comunicar al funcionario o ex funcionario procesado sobre todos los actos por los cuales se lo procesa, lesiona el derecho a la defensa y conculca derechos fundamentales, lo que da lugar a la nulidad hasta el vicio más antiguo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/118/2004)

Retardación e incumplimiento de plazos procesales La retardación e incumplimiento de plazos procesales por el Sumariante pueden originar responsabilidad por la función pública, dado que es responsabilidad suya la suscripción de autos y resoluciones. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2003)

Ilegal inicio del proceso disciplinario

Es ilegal el inicio de un proceso disciplinario y la emisión de un fallo final responsabilizando administrativamente al procesado, sobre la base de un informe que acusa una violación flagrante de las disposiciones constitucionales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/106/2004)

No corresponde iniciar proceso sumario por la presunta contravención al ordenamiento jurídico que no estuvo vigente a momento de la supuesta comisión Independientemente de que la denuncia se efectúe con posterioridad al hecho cometido corresponde iniciar el proceso interno por la presunta contravención al ordenamiento jurídico administrativo vigente a momento de su supuesta comisión. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/120/2006)


Medidas precautorias La legislación vigente prevé el cambio temporal de funciones como única medida precautoria a ser adoptada a título provisional por la Autoridad Sumariante. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/045/2003) Se consideran nulas las medidas precautorias, dispuestas por la Autoridad Competente, que carezcan de vigencia a tiempo de emitir el auto inicial del proceso administrativo. Dicho acto, por tanto, también adolece de vicio de nulidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/040/2004)

Tácita notificación con la apertura del término de prueba

Es válido que la comunicación con el término para la presentación de la prueba de descargo se realice en otro acto, como en la declaración informativa del procesado, al final de la cual se hará mención de que dicho acto es considerado como una notificación tácita. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2005)

Incidentes dentro del proceso interno

Los incidentes planteados en la tramitación del proceso interno, como la excepción non bis in ídem, no deben pasar a la fase de análisis para la resolución final sino ser resueltos inmediatamente, por ser cuestiones que obligan a un previo y especial pronunciamiento. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2004)

Cargos incluidos en el auto inicial del proceso interno

En la resolución final del proceso interno se pueden reducir los cargos incluidos en el auto inicial; sin embargo, no existe la posibilidad de incluir durante el proceso o en el auto final, cargos diferentes a los contemplados en el auto inicial (Resolución Administrativa SSC/IRJ/031/2005) Excepcionalmente se puede incluir cargos en la resolución final que no estuvieron contemplados en el auto inicial sin que ello afecte al debido proceso y al principio de congruencia, cuando, por la generalidad de la tipificación de la contravención y de la naturaleza del proceso interno, el procesado conozca con exactitud los hechos


por los cuales se lo está procesando y, en ese, sentido asuma defensa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/038/2005)

AUTORIDAD SUMARIANTE

Juez natural

Para garantizar el derecho a ser procesado y juzgado por un juez natural, en caso de ser inhabilitada la Autoridad Sumariante, debiera juzgar la Máxima Autoridad Ejecutiva. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/082/2005)

Designación de la Autoridad Sumariante

El Sumariante o autoridad legal competente para conocer el sumario administrativo y el recurso de revocatoria, es el servidor público designado por el máximo ejecutivo en la primera semana hábil del año, precautelando de esta manera la garantía constitucional del debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, independiente, imparcial y competente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/043/2004) La designación del Sumariante efectuada por memorándum tiene la misma validez que si fue efectuada por Resolución Administrativa al entenderse como acto administrativo a toda decisión emitida en ejercicio de la potestad administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/075/2004) La Autoridad Sumariante puede ser individual o colegiada, según disponga la normativa específica de la entidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/051/2005)

Deberes de la Autoridad Sumariante El servidor público que ejerce las funciones de Sumariante está obligado a cumplir los deberes emergentes al ejercicio de la función disciplinaria en la entidad, no sólo en lo concerniente a sus facultades y al cumplimiento de reglas procesales, sino también el deber de ejercer sus funciones con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia y probidad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2003)


Cambio de las autoridades llamadas a resolver un proceso disciplinario El cambio de la Autoridad Sumariante en un proceso disciplinario o de la composición de un Tribunal Administrativo, deberá estar debidamente explicado y justificado con documentación que avale dicha variante. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/003/2002)

Delegación de competencia No es delegable la responsabilidad y la competencia de la Autoridad Sumariante, porque no existe disposición legal expresa al respecto que la determine. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2004)

Competencia de la Autoridad Sumariante

Si el recurrente no cuestionó la competencia de la Autoridad Sumariante durante la tramitación del proceso administrativo interno ni en instancia de revocatoria y reconoció competencia a esa autoridad, la Superintendencia del Servicio Civil no determinará la nulidad de obrados por no existir fundamento legal suficiente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/010/2005)

Reconocimiento tácito de la competencia del Sumariante El apersonamiento del procesado ante el Sumariante reconoce la legalidad de sus actuaciones, no correspondiendo, en consecuencia, que luego de ese reconocimiento tácito de su competencia, se pretenda viciar de nulidad sus actos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/059/2006)

Pérdida de competencia de la Autoridad Sumariante La pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la ley a objeto de establecer nulidades y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública no establece la pérdida de competencia de la Autoridad Sumariante por incumplimiento de plazos estipulados en ese instrumento normativo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/005/2005)


No basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure, pues para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera de tal término, por consiguiente, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/060/2005)

Improcedencia de planteamiento de incompetencia del Sumariante No corresponde plantear la incompetencia del Sumariante, sólo cuando el resultado de la impugnación del procesado le fue adverso a sus intereses, cuando en los hechos se sometió y consintió esa competencia. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/115/2007)

Trámite de recusación

Las recusaciones contra la Autoridad Sumariante se tramitarán conforme a la Ley 1760 de Abreviación Procesal, Civil y Familiar. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005) El régimen de las excusas y recusaciones, previsto en el artículo 26 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, tiene por finalidad precautelar la imparcialidad del Sumariante dentro de un proceso interno, considerándose a ésta como uno de los elementos de la garantía del debido proceso prevista en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. En ese contexto, la mencionada disposición legal prevé que dicho régimen se regirá por lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar en todo lo que le fuere aplicable, vale decir que, tratándose de excusas y recusaciones dentro de un proceso interno, serán aplicables las causales de recusación y la obligación que tiene el Sumariante de excusarse del conocimiento y resolución de un proceso interno en su primera actuación, ya que en lo demás rige lo previsto en los parágrafos II y III del mencionado artículo 26. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/151/2006)


Aplicación normativa preferente en el trámite de recusación

El parágrafo IV del artículo 26 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública es claramente contrario a la garantía del debido proceso, por consiguiente, corresponde aplicar en un proceso administrativo interno, lo dispuesto en la Ley 1760. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005)

Recusación dirigida en contra de la totalidad de los miembros de un Tribunal Administrativo. En la recusación dirigida en contra del órgano colegiado que conoce el proceso interno en fase sumarial deben identificarse las razones por las que se la plantea en contra de todo el Tribunal, y no así, únicamente, en contra de uno de sus miembros, caso contrario la misma debe ser declarada ilegal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2007)

Identificación de la causal o causales de la recusación formulada. A tiempo de formular una recusación, deben identificarse la causal o causales en las que se fundó la misma, las cuales se encuentran previstas en el artículo 3 de la Ley 1760, caso contrario, debe declararse la ilegalidad de la misma. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2007)

Inhabilitación de la Autoridad Sumariante Si es que la Autoridad Sumariante es el Jefe Inmediato Superior del funcionario procesado, dicha autoridad se encuentra inhabilitada para el procesamiento interno del mismo, más allá de que no haya existido excusa o recusación alguna. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/032/2006)

Otra autoridad en los procesos internos: Tribunal Disciplinario

Corresponde al Director Distrital instaurar los procesos administrativos en contra de los docentes siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento de Faltas y Sanciones Disciplinarias; el Tribunal Disciplinario debe conocer las denuncias formuladas contra Directores de núcleo y de Unidades Educativas, así como maestros y personal administrativo de las Unidades Educativas que será presidido


por el Director Distrital. No existe disposición legal expresa que faculte a los miembros del Tribunal Administrativo a delegar esa responsabilidad y competencia a otro servidor público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/009/2004)

Decisiones del Tribunal Administrativo

Toda vez que el Tribunal Administrativo es un cuerpo colegiado, las decisiones que adopte como tal, deben encontrarse respaldadas por la firma de la totalidad de sus miembros, salvo en casos justificados, en los cuales la ausencia de firma de alguno de sus componentes debe hacerse notar en el propio acto administrativo o documento que lo contiene. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/113/2005)

Nulidad de actos del Tribunal Administrativo

Son nulos los actos de los miembros de un Tribunal Administrativo que no hubieran sido designados conforme a la normativa vigente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/113/2005)

PRUEBA

Tipos de prueba

La prueba es el medio con que se muestra y hace patente la verdad o falsedad de alguna cosa, y ésta puede ser plena y semiplena. Prueba plena, completa o perfecta, es aquella que, manifiesta sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido. Prueba semiplena, incompleta o imperfecta, es la que por sí sola no demuestra con claridad el hecho, dejando duda acerca de la verdad del mismo. Las presunciones constituyen prueba semiplena, la cual “no instruye al juez en términos de poder dar sentencia”. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/104/2004) La prueba testifical es admisible cuando existe un principio de prueba escrita respecto a la pretensión del actor; prueba que el juez apreciará considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficiencia probatoria suficiente de que sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, sin descuidar los casos en que legal o comúnmente se requiera otra clase de pruebas. En caso de


contar únicamente con la prueba testifical, deberá reunir ciertas condiciones para ser considerada prueba plena. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/127/2004)

Valor de las pruebas

Los elementos de prueba solamente tienen valor si han sido obtenidos por medios lícitos y han sido incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/106/2004) Carece de sustento jurídico la resolución final del sumario que se emita sobre la base de denuncias sin respaldo documental o pruebas que la sustenten. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/130/2004)

Rechazo de prueba testifical

Entre las facultades conferidas a las Autoridades Sumariantes por el artículo 21 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, se encuentra la de acumular y evaluar las pruebas de cargo y de descargo que sean presentadas durante la tramitación del proceso sumario; sin embargo, en el marco de la normativa administrativa que rige al efecto, no es facultad de la Autoridad Sumariante rechazar la prueba testifical ofrecida por el procesado, presentada dentro del término establecido al efecto, a través de la tacha de los testigos propuestos, en el entendido de que al tratarse de un proceso interno, los testigos que sean funcionarios de la misma entidad en la cual se sustancia tal proceso, se encontrarán de una u otra manera relacionados entre sí por las labores que desempeñan como parte de una misma estructura organizativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/003/2006)

Presentación de prueba fuera de plazo

La prueba presentada fuera de plazo no puede ser considerada como elemento probatorio a los fines de determinación de responsabilidad administrativa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/039/2005)


Notificación con declaraciones informativas

A fin de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa del procesado y el principio de contradicción, debe notificársele con la fecha y hora en que se producirán las declaraciones informativas de testigos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2005)

Oportunidad en la ampliación del proceso administrativo contra otros servidores o ex servidores públicos

Un proceso administrativo interno puede ser ampliado contra otros servidores o ex servidores públicos de la entidad únicamente si dicha actuación se produce en vigencia del período probatorio, caso contrario corresponderá la apertura de un nuevo proceso administrativo interno contra tales servidores o ex servidores públicos. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005)

Validez de la ampliación del término probatorio

Es válida la ampliación del término probatorio en los procesos administrativos internos siempre y cuando medie alguna de las siguientes condiciones razonables: i) Se produzca antes o el mismo día del vencimiento del término probatorio; ii) Se defina a petición de parte o de oficio, cuando la autoridad Sumariante, con la suficiente fundamentación, decida la ampliación para garantizar el debido proceso y una resolución ecuánime; iii) No se pueda repetir esta decisión por una segunda vez para evitar una práctica interminable; y iv) No se produzca cuando esté corriendo o se haya vencido el plazo para dictar resolución final del proceso administrativo interno. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/023/2004) El término de prueba fijado en más de los diez días que establece la normativa vigente, que guarde coherencia con la notificación de apertura del término probatorio, se entiende como válido y beneficioso para el procesado en cuanto le otorga un mayor plazo para presentar su prueba de descargo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/001/2005) Si bien la normativa no contempla la posibilidad de ampliar los plazos previstos para la tramitación de los procesos internos, el término probatorio puede ser ampliado en un plazo prudente, siempre y cuando se garantice el ejercicio del derecho a la defensa del procesado, debiendo ponerse en su conocimiento todo


nuevo elemento de prueba que pueda ser obtenido en ese plazo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/051/2005)

No es obligatoria la ampliación del período de prueba en fase sumarial Si bien en criterio de esta Superintendencia del Servicio Civil, el plazo del período de prueba en un proceso administrativo puede ser ampliado precautelando la aplicación de la garantía del debido proceso y, principalmente, en resguardo del derecho a la defensa que tiene el sumariado, no debe perderse de vista que por mandato del inciso b) del artículo 22 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, el plazo para el período probatorio en fase sumarial es de diez días hábiles computables a partir de la notificación al procesado o procesados con la determinación que dispone el inicio de ese proceso, por lo que no existe disposición alguna que obligue al Sumariante a ampliar el término de prueba. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/136/2006)

Falta de valoración de la prueba

La falta o incorrecta valoración de la prueba implica la revisión de la resolución y de la sanción aplicada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2002)

Nulidad por falta de pronunciamiento en ofrecimiento de pruebas Es nula la resolución en la que el Sumariante no se pronuncia respecto al ofrecimiento de prueba ya que vulnera la garantía del debido proceso, en su componente del derecho a la defensa, considerado como la facultad irrestricta que tiene el procesado de ser oído, impugnado las pruebas en contrario, proponiendo y aportando las que estime convenientes con el fin de desvirtuar o enervar la acusación, o atenuar la responsabilidad que se le atribuye, motivo por el cual corresponde reparar tal trasgresión a fin de garantizar el respeto de los derechos constitucionales que le asisten al recurrente. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/135/2007)


RESOLUCIÓN FINAL

Imposibilidad de suspender la emisión de la resolución final

Bajo ninguna circunstancia procede la suspensión de la emisión de la resolución final, menos después de haber clausurado el período probatorio y decretado autos para resolución. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/051/2005)

Responsabilización administrativa por vulneración a disposiciones legales de carácter general – definiciones No es correcto a fines de establecer responsabilidad administrativa identificar, en una resolución final de sumario, a disposiciones generales, tales como las definiciones incluidas en las normas, como contravenidas por el procesado, pues más allá de su generalidad no contienen ningún elemento que pueda estar relacionado con la supuesta inconducta del sumariado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/014/2007)

Nulidad por falta de motivación en la Resolución Final de Sumario. Cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el derecho al debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión. En ese marco, la parte conclusiva motivada de toda resolución final de sumario debe contener una declaración concreta del hecho o hechos que se tienen como demostrados, señalando el medio o los medios de prueba que llevaron a adoptar tal convicción, así como los hechos no demostrados, debiendo señalarse, imprescindiblemente, el razonamiento que se realizó respecto a las pruebas, así como el análisis de las cuestiones de derecho que incidan en los planteamientos del sumario, caso contrario, velando por la garantía del debido proceso, en su vertiente al derecho a una resolución motivada, corresponde la anulación de obrados hasta la etapa de emisión de la resolución final del sumario. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/033/2007)


Ilegal ejecutoria de la resolución

No es posible declarar la ejecutoria de una resolución mientras el plazo para su impugnación se encuentre vigente o haya sido impugnada en tiempo oportuno. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2002)

Improcedencia de imposición de pago de costas Por el principio de economía no corresponde imponer el pago de costas al sumariado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/151/2006)

No corresponde que el Sumariante determine responsabilidad penal El Sumariante no se constituye en la autoridad llamada por ley para determinar la existencia de la comisión de delitos, siendo esa una atribución exclusiva de los jueces y tribunales en materia penal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/035/2007)

Remisión al Ministerio Público Cuando en un proceso disciplinario existan indicios de responsabilidad penal, existe la obligación de la Autoridad Sumariante de remitir los antecedentes del proceso al Ministerio Público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/008/2002)

SANCIONES

Facultad de sancionar

Sin probar que el funcionario o ex funcionario público haya contravenido la norma y su culpabilidad por dichas acciones, no corresponde imponer sanciones sólo por indicios y presunciones. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/158/2003) Una vez que la Autoridad Sumariante determina responsabilidad administrativa en contra de un servidor público o ex servidor público por la contravención del ordenamiento jurídico administrativo, está facultada para imponer las sanciones


de multa, hasta un 20% de la remuneración mensual, suspensión, hasta un máximo de 30 días, o destitución, según la gravedad de la falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/018/2005)

Sanción de suspensión del cargo La sanción de suspensión de cargo impuesta a un servidor público significa forzosamente que tal sanción debe aplicarse sin goce de haberes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/011/2002)

Sanción de multa: porcentaje de descuento en la remuneración mensual Cuando la sanción establecida consista en el descuento de un porcentaje en la remuneración mensual, debe señalarse un límite en cuanto al tiempo de duración de esa sanción, haciendo necesariamente su delimitación temporal. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/006/2003)

Determinación de la sanción

La Autoridad Sumariante está facultada para imponer la sanción según la gravedad de la falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/005/2005)

Proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta

La aplicación de sanciones no está sujeta a criterios de progresividad, sino en concordancia con la gravedad de la falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/115/2004) Ni la Ley 1178 ni el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, establecen que la aplicación de las sanciones en caso de determinación de responsabilidad administrativa, deba estar sujeta a criterios de progresividad, la aplicación de la sanción está relacionada con la gravedad de falta o contravención al ordenamiento jurídico administrativo por parte del servidor público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/078/2005)


A objeto de aplicar la sanción, se deben tomar en cuenta factores agravantes y atenuantes. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/100/2005)

Excepcionalidad respecto a la progresividad en la aplicación de sanciones Si bien el artículo 29 de la Ley 1178 dispone que la autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de multa hasta un 20% de la remuneración mensual, de suspensión hasta un máximo de 30 días, o de destitución, en el caso de existir reiteración en la conducta del servidor público procesado, debe tomarse en cuenta que aunque no existe, en el marco del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, un criterio de progresividad en la aplicación de sanciones disciplinarias, la Autoridad Sumariante, a tiempo de imponer una sanción en casos de reincidencia, debe tomar en cuenta la primera sanción aplicada. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/026/2006)

Tasación de la sanción Ante la ausencia de parámetros concretos que determinen, en materia administrativa, la tasación de la sanción, la autoridad competente para el procesamiento interno de los servidores públicos debe buscar la mayor cantidad de elementos objetivos para la aplicación de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico vigente, en resguardo de la garantía del debido proceso que debe asegurarse a todo servidor público sometido a un procesamiento interno. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/121/2006) El artículo 29 de la Ley 1178 permite a la Autoridad Sumariante gozar de cierta discrecionalidad, cuyo límite debe encuadrase en la razonabilidad, a efecto de imponer una de las tres sanciones previstas en caso de determinarse responsabilidad administrativa en contra de un servidor público. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/134/2006)

Sanciones diferenciadas No resulta razonable aplicar sanciones notoriamente diferentes a procesados que incurrieron en faltas objetivamente idénticas, sin que exista previamente un cotejo fundamentado entre los deberes especificados y las contravenciones comprobadas,


con mención concreta y diferenciada respecto a cada procesado. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/010/2002)

Ejecución de la sanción de destitución a mujer embarazada

En el marco de la Ley 975, corresponde a la autoridad competente de la entidad, determinar la ejecución o postergación de la sanción de destitución de una servidora pública en gestación, en el marco del resguardo de los derechos individuales así como los derechos colectivos e institucionales. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/073/2005)

Agravación de sanción En ningún caso la decisión de la autoridad que resuelve la impugnación de un recurso, puede resultar más desfavorable, y menos aún agravar la situación de quien manifestó su conformidad con el fallo de primera instancia. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/004/2002)

Modificación de la sanción impuesta La Superintendencia del Servicio Civil falla también modificando la sanción impuesta en el proceso sumario, en aplicación de la disposición contenida en el artículo 29 de la Ley 1178, sobre la gravedad de la falta. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/010/2002)

Duplicidad de sanciones por la misma falta implica la revocatoria de la última de ellas La existencia de doble imposición de sanción disciplinaria, vía llamada de atención y por medio de proceso interno, concurriendo identidad en el hecho, en el sujeto y en el fundamento para la sanción, vulnera el principio jurídico non bis in idem, el cual es elemento esencial de la garantía del debido proceso, reconocida por la Constitución Política del Estado, por lo que la última de las sanciones debe ser dejada sin efecto. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/125/2006)


RECURSO DE REVOCATORIA DERIVADO DE PROCESOS SUMARIOS

Habilitación legal para interponer recursos de revocatoria

El artículo 23 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, establece que la impugnación a las resoluciones emitidas por la Autoridad Sumariante, dentro de un proceso interno, a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, está reservada únicamente al servidor público afectado, vale decir, a aquel que fue sujeto a un proceso interno administrativo. (Auto de rechazo de 15 de mayo de 2006)

Naturaleza del recurso de revocatoria

El recurso de revocatoria pretende lograr que la misma autoridad que dictó el acto administrativo recurrido pueda revisar su propia actuación y, ante la advertencia de vulneración, desconocimiento o incumplimiento de un derecho o interés legítimo, pueda modificarlo o revocarlo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/022/2005)

Excepcionalidad en la impugnación de actos interlocutorios o de mero trámite Si bien es cierto que el acto impugnable en un proceso interno, en su fase sumarial, recae en la resolución final emitida por el Sumariante que concluye tal fase, no debe perderse de vista que, doctrinalmente, existe una excepción a dicha regla, es decir, que los actos interlocutorios o de mero trámite no son objeto de recursos, excepto en los siguientes casos: i) Cuando impiden la prosecución del procedimiento, pues adquieren el carácter de un acto definitivo; y ii) Cuando el acto de trámite o preparatorio lesiona un derecho subjetivo o interés legítimo, causando un estado de indefensión al interesado. En ese contexto, debe entenderse que los actos de mero trámite o interlocutorios son los que producen efectos directos sobre el trámite, no sobre el fondo de la cuestión. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/017/2007)


Ampliación de plazos para impugnar actos administrativos en razón de la distancia

Ante el vacío en el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, que no previó la existencia de casos de entidades públicas que cuentan con funcionarios que desempeñan funciones en municipios diferentes al de la sede de funciones de su Oficina de Sumarios, es necesario determinar la ampliación del plazo para impugnar actos administrativos emitidos desde una sede distinta a la de los funcionarios recurrentes, en cinco días hábiles administrativos, a partir del día del cumplimiento del plazo. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/041/2005)

AVOCACIÓN EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCATORIA

Decisión de avocarse o no el conocimiento de una causa

El recurso de revocatoria será conocido y resuelto por la misma autoridad que lo dictó quien tiene el deber de poner el recurso en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva, para que ésta potestativamente decida avocarse o no el conocimiento de la causa. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/139/2004) Es de carácter obligatorio para la Autoridad Sumariante, poner en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad el recurso de revocatoria interpuesto a objeto de que ésta decida, potestativamente, avocarse su conocimiento, tratamiento y resolución. Reviste carácter esencial tratándose de procesos administrativos internos ya que libera al Sumariante de constituirse en juez y parte y permite que, en caso de que el funcionario afectado interponga un recurso jerárquico, sea la entidad, a través de su máximo ejecutivo, la que asuma las acciones correspondientes de defensa y justificación. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/114/2005)

Avocación y delegación. En la tramitación de los recursos de revocatoria, si la autoridad que emitió el acto administrativo impugnado, lo hizo en ejercicio de una facultad delegada, como es


el caso de las Autoridades Sumariantes, el superior jerárquico puede, facultativamente, resolver el recurso. En ese contexto, no debe perderse de vista que la delegación implica la transferencia que realiza un superior jerárquico del ejercicio de competencias propias a los inferiores jerárquicos, y que la avocación significa que la autoridad superior puede asumir el ejercicio de las competencias propias de sus inferiores jerárquicos, avocándose o, en otras palabras, asumiendo para sí, el conocimiento y decisión de cualquier asunto que corresponda al delegado; no suponiendo, de ninguna manera, que de no efectuarse la avocación, tal autoridad deba delegar a un determinado funcionario, distinto al originalmente delegado y que dictó el acto impugnado, la facultad de resolver el recurso de revocatoria. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/016/2006)

Error o falta de claridad en la decisión de avocación

Puesto en conocimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva el recurso de revocatoria, esta deberá potestativamente decidir avocarse o no el conocimiento de la causa, de manera clara y precisa, para que produzca efectos jurídicos, caso contrario, es decir, de contener errores, falta de claridad y precisión, el acto está viciado de nulidad. En caso de la que la Máxima Autoridad Ejecutiva decida no avocarse el conocimiento de la causa, deberá señalar que la Autoridad Sumariante prosiga el trámite y dicte resolución. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/087/2005) La facultad de avocación de la Máxima Autoridad Ejecutiva es netamente potestativa, vale decir que se encuentra sujeta a su voluntad de hacer o dejar de hacer. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/113/2005)

Validez de los actos de la Autoridad Sumariante

No usurpa funciones aquella autoridad que, al margen de haber emitido una decisión en primera instancia, resuelve un recurso de revocatoria luego de que la Máxima Autoridad Ejecutiva haya decidido no avocarse el conocimiento, tratamiento y resolución de ese recurso. (Resolución Administrativa SSC/IRJ/113/2005)


CAUSALES DE RECHAZO Si bien el ordenamiento jurídico referido a la materia, específicamente, el Decreto Supremo 26319 que aprobó el Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa, no contiene disposición alguna en cuanto a la oportunidad de emisión de Autos de Rechazo ante la interposición de recursos jerárquicos, son los principios establecidos en esta materia, principalmente los de economía y celeridad, los que proporcionan las pautas para proceder de esa manera. Si la Superintendencia del Servicio Civil evidencia que el recurso jerárquico es manifiestamente improcedente por no estar bajo su competencia, ya sea por la calidad del recurrente o por el tipo de controversia, por no cumplir con las formalidades de la presentación o por haber sido interpuesto manifiesta y ampliamente fuera de plazo, dictará un Auto de Rechazo. El Auto de Rechazo es considerado una resolución definitiva, por ende generadora de precedentes administrativos. Admite la solicitud de aclaración, complementación y enmienda y, a su vez, el recurrente puede interponer contra el mismo la demanda contenciosa administrativa y los recursos constitucionales que considere pertinentes. La Superintendencia del Servicio Civil ha generado, durante las gestiones 2001 a 2007, los siguientes precedentes administrativos, a partir de la emisión de Autos de Rechazo:

Aplicación del régimen jurídico anterior No corresponde a la Superintendencia del Servicio Civil el conocimiento de recursos administrativos relativos a controversias sobre ingreso, promoción o retiro de la función pública, o aquellos derivados de procesos disciplinarios que, al 15 de septiembre de 2001, se encontraban en trámite; los mismos que deberán continuar hasta su conclusión según lo determinado por las disposiciones reglamentarias anteriores. (Auto de Rechazo de 5 de agosto de 2002)


Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil La única instancia competente para resolver un recurso jerárquico interpuesto por un funcionario de carrera, sea admitiéndolo o rechazándolo, es la Superintendencia del Servicio Civil. (Auto de Rechazo de 11 de mayo de 2003)

Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos planteados por funcionarios provisorios. (Auto de Rechazo de 13 de marzo de 2002) La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos planteados por funcionarios de libre nombramiento. (Auto de Rechazo de 30 de abril de 2002) Procede el rechazo de un recurso jerárquico interpuesto por quien no ha sido designado a partir de una convocatoria pública competitiva, ni tampoco el interpuesto por quien no tuvo una antigüedad ininterrumpida igual o mayor a cinco años en la misma entidad, anterior al 19 de junio de 2001. (Auto de Rechazo de 29 de noviembre de 2002) La Superintendencia del Servicio Civil no es competente para conocer recursos jerárquicos planteados por funcionarios que no reúnen la condición de aspirantes a la carrera administrativa, por haberse operado interrupción en la prestación de sus servicios en una entidad estatal, por lo que corresponde el rechazo de tales impugnaciones. (Auto de Rechazo de 17 de diciembre de 2002) La Superintendencia del Servicio Civil no es competente para conocer recursos jerárquicos relativos a denuncias de atropellos, abusos o persecución que no se constituyan en resoluciones o actos administrativos definitivos relativos al ingreso, promoción o retiro de la carrera administrativa, por lo que corresponde su rechazo. (Auto de Rechazo de 20 de diciembre de 2002) En caso de que la Superintendencia del Servicio Civil determine la no incorporación a la carrera administrativa de un funcionario público, no corresponde conocer y tramitar el recurso jerárquico por él planteado, por carecer de competencia. (Auto de Rechazo de 11 de marzo de 2003)


La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos jerárquicos de funcionarios eventuales. (Auto de Rechazo de 30 de junio de 2003) La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos de funcionarios que no reúnan ninguna de las condiciones establecidas en el Estatuto del Funcionario Público para ser considerados como aspirantes a funcionario de carrera o funcionarios de carrera. (Auto de Rechazo de 27 de noviembre de 2003) La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos de funcionarios que ingresaron a una entidad sin proceso de selección público y competitivo, con posterioridad al 19 de junio de 2001, fecha en la que entró en vigencia plena el Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 23 de junio de 2004) La Superintendencia del Servicio Civil es incompetente para conocer recursos de funcionarios interinos, quienes en ningún caso podrán constituirse de manera automática en funcionarios de carrera. (Auto de Rechazo de 26 de octubre de 2004)

Carreras con legislación especial La carrera administrativa del Servicio de Relaciones Exteriores y Escalafón Diplomático no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 2 de octubre de 2003) La carrera administrativa de las Universidades Públicas no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 6 de abril de 2004) La carrera administrativa de los Gobiernos Municipales no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 7 de mayo de 2004)


Falta de normativa en cuanto al Régimen Laboral La Superintendencia del Servicio Civil no puede conocer recursos jerárquicos relativos al régimen laboral del Estatuto del Funcionario Público en tanto no se emita un reglamento específico que establezca el procedimiento para ello. (Auto de Rechazo de 27 de abril de 2004)

Competencia en el régimen especial Cuando la entidad cuya carrera administrativa está sujeta a legislación especial, las autoridades legales de las respectivas entidades son las competentes para conocer los recursos de revocatoria y jerárquico, derivados de procesos disciplinarios o emergentes de controversias sobre ingreso, promoción o retiro. (Auto de Rechazo de 8 de marzo de 2002)

Actos administrativos no impugnables Los actos administrativos o resoluciones que no tengan carácter definitivo no son impugnables a través de los recursos de revocatoria y jerárquico. (Auto de Rechazo de 8 de julio de 2003) La resolución impugnada deber tener carácter de decisión definitiva que modifique o extinga derechos adquiridos con relación al ingreso, permanencia o retiro de la función pública o los derivados de procesos disciplinarios. (Auto de Rechazo de 13 de noviembre de 2003) Los actos administrativos o resoluciones que no tengan carácter definitivo, no son impugnables a través de los recursos de revocatoria y jerárquico. En ese sentido, los actos de carácter preparatorio o de mero trámite, informes, dictámenes o inspecciones, no son considerados impugnables. (Auto de Rechazo de 2 de marzo de 2004) No proceden los recursos administrativos planteados contra los actos de carácter preparatorio o de mero trámite y los actos interlocutorios simples. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐027/2005)


Las resoluciones dictadas en los procesos internos que se hubieran ejecutoriado causan estado, por consiguiente, ya no corresponde su impugnación. (Auto de Rechazo de 30 de enero de 2003) Cuando transcurre un largo lapso entre la fecha de emisión del acto impugnable y la fecha de impugnación, ya no corresponde la tramitación de los recursos de revocatoria y jerárquico. (Auto de Rechazo de 17 de abril de 2002) La designación en comisión no supone un acto administrativo impugnable a través de los recursos de revocatoria y jerárquico, ya que ello no determina ni decide el ingreso a la carrera administrativa, la promoción o retiro de aspirantes o funcionarios de carrera. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐001/2005) No puede impugnarse en recurso jerárquico el mismo acto que fue objeto de una primera impugnación. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐017/2005) La Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad decidirá potestativamente avocarse o no el conocimiento, tratamiento y resolución del recurso de revocatoria interpuesto, acto que no es impugnable. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐020/2005) Las recomendaciones y recordatorios emitidos por la Oficina de Ética de una entidad, no constituyen resoluciones administrativas susceptibles de impugnarse a través de los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐024/2005)

Rechazo por incumplimiento de requisitos formales esenciales El incumplimiento de los requisitos formales esenciales, como la firma del recurrente dan lugar al rechazo del recurso. (Auto de Rechazo de 1° de septiembre de 2003)

Interesados Tratándose de recursos administrativos derivados de procesos internos, son interesados, a efectos de la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico, los funcionarios de carrera y aspirantes a la carrera administrativa,


contra los cuales se hubiera iniciado y desarrollado un proceso interno. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐011/2005)

Improcedencia de inclusión o adhesión a recursos Dentro de la normativa establecida para la interposición de recursos de revocatoria y jerárquico, no está prevista la modalidad de inclusión o adhesión de otros funcionarios públicos interesados a los recursos interpuestos con anterioridad por otros recurrentes. (Auto de Rechazo de 5 de abril de 2004)

Ley General del Trabajo Los funcionarios públicos que, formando parte de una entidad sujeta al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, que no hubieran renunciado voluntariamente a los derechos y obligaciones establecidos en dicha Ley, se excluyen del alcance del Estatuto del Funcionario. (Auto de Rechazo de 9 de julio de 2003)

Requisitos esenciales ante renuncia al régimen de la Ley General del Trabajo A objeto de ser formalmente incorporado a la carrera administrativa, no es suficiente renunciar al régimen de la Ley General del Trabajo, sino además cumplir con lo establecido en los parágrafos I y II del artículo 70 del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐035/2005)

Incorporación a la carrera administrativa por modalidad automática Para que un servidor público pueda ser considerado funcionario de carrera, por la modalidad automática, debe reunir al menos una de las condiciones señaladas en el artículo 70 del Estatuto del Funcionario Público, esto en la fecha de vigencia plena de ese Estatuto, vale decir al 19 de junio de 2001. (Auto de Rechazo de 6 de septiembre de 2004)


Funcionario con contrato a plazo fijo Si se ha suscrito un contrato a plazo fijo, en el marco de la Ley General del Trabajo, se entiende que el recurrente no reúne la condición de aspirante a la carrera administrativa o funcionario de carrera. (Auto de Rechazo de 5 de septiembre de 2002)

Consultores Quienes fueron contratados en calidad de consultores están fuera del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 20 de noviembre de 2003)

Funcionarios designados Los funcionarios designados no están sujetos a las disposiciones relativas a la carrera administrativa del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo de 19 de enero de 2004)

Funcionarios de libre nombramiento La modalidad de ingreso a cargos de libre nombramiento, a través de procesos de selección públicos y competitivos, no determina que los mismos se constituyan automáticamente en cargos de carrera administrativa. (Auto de Rechazo de 17 de febrero de 2003) Los funcionarios públicos comprendidos en el tercer nivel jerárquico no se encuentran comprendidos dentro de la carrera administrativa. (Auto de Rechazo de 14 de julio de 2003)

Rescisión de contrato de personal eventual La rescisión del contrato de trabajo de personal eventual se constituye en causal de retiro. (Auto de Rechazo de 30 de junio de 2003)


No incorporación a la carrera administrativa por falta de ítem No procede la incorporación a la carrera administrativa cuando los funcionarios públicos no cuentan con ítem de personal permanente aprobados por el Ministerio de Hacienda, dado que dicho ítem es un parámetro para evaluar si el cargo es de carrera administrativa o no. (Auto de Rechazo de 10 de septiembre de 2004)

Efectos de la invalidación del proceso de selección El funcionario que no sea incorporado a la carrera administrativa por la invalidación de un proceso de selección por parte de la Superintendencia del Servicio Civil, no goza del derecho a impugnar a través de los recursos de revocatoria y jerárquico. (Auto de Rechazo de 20 de diciembre de 2002)

Pérdida del derecho a impugnar Los postulantes que participaron de un proceso de selección y que posteriormente retiraron sus postulaciones, pierden su calidad de aspirantes a la carrera administrativa y, por consiguiente, no se encuentran facultados para interponer recursos de revocatoria y jerárquico conforme a la Ley 2027 y sus reglamentos. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐006/2005)

Antigüedad de cinco años La antigüedad de cinco años que establece el Estatuto del Funcionario Público como condición para ser considerado funcionario de carrera debe ser ininterrumpida, a la fecha de vigencia plena del Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐036/2005)

Servidores públicos de entidades autárquicas y descentralizadas Los servidores públicos de las entidades autárquicas y descentralizadas, cuyas actividades se regulen por disposiciones legales o estatutarias singulares amparadas por la Ley General del Trabajo, en tanto voluntariamente no opten por su incorporación a la carrera administrativa se mantienen en dicho régimen laboral, pese a que la entidad hubiera adecuado su reglamentación interna y


específica al Estatuto del Funcionario Público. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐040/2005)

Falta de mención del acto administrativo impugnado En la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico se debe especificar el acto administrativo definitivo cuya revocatoria se pide. (Auto de Rechazo de 24 de agosto de 2004)

Improcedencia del recurso jerárquico No procede el recurso jerárquico cuando el servidor público ha sido reincorporado a su puesto de trabajo. (Auto de Rechazo de 7 de mayo de 2003)

Vía administrativa agotada en recurso jerárquico Contra las determinaciones definitivas que pronuncia la Superintendencia del Servicio Civil, sólo procede el recurso contencioso administrativo, por haberse agotado la vía administrativa. (Auto de Rechazo de 19 de diciembre de 2002)

Sanciones no emergentes de un proceso interno Aquellas sanciones que no sean emergentes de un proceso interno admiten la posibilidad de que el funcionario público afectado pueda representarlas si a su juicio son contrarias a sus derechos. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐023/2004)

Impugnación judicial a los procesos de incorporación a la carrera administrativa Contra las decisiones de la Superintendencia del Servicio Civil, emergentes de los procesos de incorporación a la carrera administrativa, sólo procede el recurso contencioso administrativo. (Auto de Rechazo de 19 de diciembre de 2002)


Requisito imprescindible para la presentación de recurso jerárquico Uno de los requisitos para interponer un recurso jerárquico es la previa presentación de un recurso de revocatoria, caso contrario la impugnación en instancia jerárquica debe ser rechazada. (Auto de Rechazo de 12 de mayo de 2006)

Rechazo por impugnación a materia diferente a la regulada por la Ley 2027 Un recurso jerárquico presentado ante decisiones adoptadas con relación a un proceso de contratación de consultores bajo las previsiones normativas del Decreto Supremo 27328 de Procesos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, y al Reglamento de su Texto Ordenado debe ser rechazado, pues el objeto de dicho proceso es el de contratar los servicios de un consultor y no cubrir la vacancia de un cargo de carrera administrativa, el que, por lo demás, debe ser cubierto a través de los procesos de selección de personal a los que hacen referencia los artículos 23 del Estatuto del Funcionario Público y 18 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, no generándose, en consecuencia, controversia alguna relativa al ingreso a la carrera administrativa. (Auto de Rechazo de 17 de noviembre de 2006)

Legitimidad para presentar recursos de revocatoria y jerárquico en procesos internos No está legitimado a interponer recursos de revocatoria y jerárquico el denunciante que considera que la determinación final adoptada por la Autoridad Sumariante es errónea. Consiguientemente, la interposición de recurso jerárquico por parte del denunciante debe ser rechazada. (Auto de Rechazo de 24 de marzo de 2006)

Proceso de selección no convierte a un consultor en funcionario de carrera o aspirante a tal condición. Independientemente de que un consultor haya ingresado a la entidad a través de un concurso de méritos, al haberse vinculado contractualmente con la misma a efectos de desempeñar tareas de consultoría, no reviste, de ninguna manera, la


calidad de aspirante a funcionario de carrera o funcionario de carrera administrativa. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐015/2007)

Estabilidad laboral mencionada en Términos de Referencia no otorga a un consultor la calidad de aspirante a funcionario de carrera, menos de funcionario de carrera El hecho de que los Términos de Referencia de la Consultoría adjudicada a un consultor hayan establecido que gozaría de estabilidad laboral, no supone, de forma alguna, que ese aspecto le otorgue la calidad de funcionario de carrera o de aspirante a tal calidad, pues al revestir la condición de consultor, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados en el respectivo contrato y en el ordenamiento legal aplicable, no aplicándosele las previsiones que, en cuanto a carrera administrativa, prevén tanto el Estatuto del Funcionario Público, como su Decreto Supremo Reglamentario 26319. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐015/2007)

Imposibilidad de impugnar acto administrativo de no avocación del conocimiento, tratamiento y resolución del recurso de revocatoria Considerando que parte de la tramitación de un recurso de revocatoria corresponde al procedimiento de avocación facultativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva, cuya decisión de no avocarse el conocimiento, tratamiento y resolución de dicho recurso no implica, de ninguna manera, que esté resolviendo en el fondo o en la forma tal impugnación, no corresponde, en el marco de las previsiones normativas del Decreto Supremo 26319, la interposición de recurso jerárquico alguno en contra de ese tipo de decisión adoptada por parte de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad, pues el recurso jerárquico debe ser interpuesto en contra de la resolución que, con carácter definitivo, resuelva el recurso de revocatoria o, en su caso, contra el silencio administrativo que resuelva negativamente tal impugnación. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐016/2007)


Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil para conocer recursos jerárquicos interpuestos por Directores de Unidad Educativa Por mandato del artículo 7 del Decreto Supremo 23968 que aprobó el Reglamento sobre las Carreras en el Servicio de Educación Pública, los Directores de Unidad Educativa o de Núcleo pertenecen a la carrera docente del Servicio de Educación Pública, considerada una carrera con Legislación Especial y, por consiguiente, fuera del ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público y sus disposiciones reglamentarias. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/017/2007)

Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil para conocer recursos jerárquicos interpuestos por funcionarios del Seguro Social Universitario Las relaciones laborales del Seguro Social Universitario se rigen por la Ley General del Trabajo; consecuentemente, por disposición del parágrafo III del artículo 7 del Estatuto del Funcionario Público, los derechos de los servidores públicos de ese régimen jurídico son excluyentes de aquellos que se encuentran al amparo del Estatuto del Funcionario Público (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐028/2007)

Imposibilidad de impugnar una llamada de atención severa La llamada de atención severa si bien forma parte de las sanciones previstas dentro del Régimen Disciplinario al que se encuentra sujeto todo servidor público, la misma no deviene de un proceso interno por presunta responsabilidad administrativa, sino por las causales establecidas, para el efecto, en los reglamentos internos de las entidades. En ese contexto, los reclamos que devengan de la imposición de una sanción de tal naturaleza no corresponden ser resueltos en el marco del inciso a) del artículo 61 del Estatuto del Funcionario Público y del artículo 12 del Decreto Supremo 26319. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐034/2007)


Imposibilidad de impugnar asignación de funciones nuevas La asignación de nuevas funciones que no suponga rotación o transferencia no es impugnable en el marco del Reglamento de Recursos de Revocatoria y Jerárquicos para la Carrera Administrativa. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/036/2007)

Funcionario interino que adquiere la condición de funcionario en situación irregular La designación de un ciudadano de manera interina, por un lapso de 90 días, en un cargo de carrera administrativa, sin que se haya desarrollado un proceso de selección competitivo y basado en méritos, supone que, pasado dicho plazo, el funcionario adquiere la calidad de funcionario en situación irregular, pues tanto para su ingreso, como para su permanencia en la entidad, luego de vencidos los 90 días del interinato, no se desarrolló proceso de selección de personal alguno en el marco Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐039/2007)

Inaplicabilidad de la Ley de Procedimiento Administrativo para cómputo de plazos en la interposición de recurso jerárquico No es válido interponer recurso jerárquico en el plazo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que se considera una impugnación extemporánea. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/047/2007)

Rechazo de recurso jerárquico dirigido en contra la ausencia de respuesta a representación a memorándum de declaración en comisión de servicios En el marco del Estatuto del Funcionario Público, no corresponde la interposición de los recursos de revocatoria y jerárquico en contra de decisiones que declaren en comisión de servicios a determinado servidor público, caso contrario, el recurso jerárquico debe ser rechazado. (Auto de Rechazo SSC/IRJ/AR‐054/2007)


Indice REGLAS PROCEDIMENTALES 1 Error en la cita de la legislación aplicable 1 Nulidad del acto administrativo emitido por autoridad incompetente 1 Nulidad del memorándum emitido por autoridad que carece de competencia 1 Nulidades de oficio 2 Nulidad por vicios en el procedimiento 2 Prioridad de aspectos sustanciales por encima de los formales 2 Tacha de testigos, declaraciones 2 Partes intervinientes 2 Señalamiento de domicilio 2 Domicilio señalado en Secretaría 3 Domicilio de las entidades públicas con jurisdicción nacional 3 Falta de fecha de notificación o de presentación del recurso 3 Falta de forma en la notificación subsanada 3 Las notificaciones irregulares deben ser probadas 3 Fallecimiento del recurrente 4 Omisión de la firma del recurrente 4 Representante o mandatario 4 Alcances del principio de informalismo 4 Informalismo y seguridad jurídica 5 Autoridad ante quien se interpone el recurso jerárquico 5 Supuestos del principio de verdad material 5 Inaplicabilidad de la Ley 2341 5 Excepcionalidad en la aplicación de la Ley 2341 6 Ampliación de plazos en razón a la distancia 6 Inaplicabilidad del plazo adicional en razón a la distancia 6 Actos administrativos impugnables 6 Idénticos recursos planteados 7 Vicios del consentimiento 7 Improcedencia de daños y costas 7 Investigación penal 8 Cómputo de plazos en recursos administrativos 8 Características de los términos y plazos procesales 8 Mención expresa al recurso de revocatoria 9 Plazos en el recurso de revocatoria 9 Respuesta al recurso de revocatoria 9 Notificación con conclusión de periodo probatorio 9 Naturaleza jurídica del recurso de revocatoria 10 Resolución emitida en periodo de prueba o de alegatos 10


Delegación y avocación 10 Deber de tramitar la avocación 10 Contenido de la avocación 10 Avocación tácita 11 Ausencia de sustanciación del recurso de revocatoria supone existencia de vicio procedimental 11 Inclusión de conclusiones que no responden al recurso de revocatoria de que se trate vulnera el derecho al debido proceso 11 Procedencia del recurso jerárquico 11 Plazos para interponer recurso jerárquico 12 Impugnación ante silencio administrativo inexistente 12 Extinción del recurso jerárquico 12 Admisión del recurso jerárquico 12 Corresponde la desestimación de un recurso jerárquico cuando los actos impugnados fueron anulados y revocados previamente 12 Desistimiento 13 Oportunidad para presentar el desistimiento 13 Carácter no vinculante de los Informes remitidos a la Superintendencia del Servicio Civil 13 Desestimación de recurso jerárquico por falta de señalamiento de hechos y fundamentos de derecho 13 Imposibilidad de revisión o reconsideración de las resoluciones administrativas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil 14 Rectificación de Resoluciones Administrativas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil 14 Complementación de Resoluciones Administrativas 14 Obligatoriedad de dar cumplimiento estricto a las resoluciones definitivas emitidas por la Superintendencia del Servicio Civil 15 Imposibilidad de la Superintendencia del Servicio Civil de exigir el cumplimiento de una Resolución Administrativa 15 Vía para exigir el cumplimiento de las Resoluciones Administrativas de la Superintendencia del Servicio Civil 15 Cancelación de haberes devengados 16 COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SERVICIO CIVIL 17 Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil 17 Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil 18 Pérdida de competencia de la Superintendencia del Servicio Civil 19 Existencia de irregularidades en el proceso de selección no suprime el derecho a impugnar 19 Adquisición de la condición de funcionario de carrera administrativa 19 Funcionarios de carrera y aspirantes a tal calidad 20


Movimiento temporal de funcionarios de carrera no significa la pérdida de esa condición 20 Calidad de aspirante a funcionario de carrera administrativa 20 Continuidad en ostentación de calidad de aspirante a funcionario de carrera administrativa 21 Pérdida de la calidad de aspirante a la carrera administrativa 21 Responsabilidad en la solicitud de incorporación a la carrera administrativa 21 Calidad de funcionario provisorio 22 Renuncia voluntaria al cargo 22 Funcionarios de carrera establecida 22 Carreras diferenciadas del Servicio de Educación Pública 22 Carrera administrativa del Servicio de Educación Pública 23 Nivel jerárquico de los cargos de Directores Departamentales 23 Carrera docente 23 Condición de los Secretarios Técnicos del Congreso de la República 24 Personal médico y paramédico 24 Servicio de Salud Pública y Seguridad Social 24 INGRESO 25 Ingreso por proceso de selección 25 Objeto de la Convocatoria Pública 25 Personas que pueden participar de una convocatoria pública 25 Consecuencias del ingreso irregular 26 Prohibición de convocar cargos que cuenten con titulares 26 Responsabilidad del proceso de reclutamiento y selección de personal 26 Condiciones para participar en convocatorias internas de regularización 27 Reconocimiento tácito de la legalidad del proceso de selección 27 Técnicas de evaluación y modalidad de calificación 27 Imposibilidad de cuestionar las técnicas de evaluación 27 Cumplimiento de criterios definidos en el proceso de selección 27 Requisitos para el cargo 28 Requisitos no exigidos en la convocatoria 28 Experiencia profesional 28 Diferencia entre experiencia laboral y experiencia profesional 28 Inscripción en el Colegio Profesional 28 Valoración de documentación fuera de plazo 29 Convocatoria declarada desierta 29 Informe de Resultados 29 Situaciones de impugnación al Informe de Resultados 29 Notificación del Informe de Resultados 29 Empate en calificación final 30 Supresión del puesto convocado 30 Cancelación del proceso de selección 30


Elección de postulantes al cargo 30 Potestad Facultativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva para elegir a postulante 31 La Máxima Autoridad Ejecutiva puede apartarse de la recomendación emitida por el Comité de Selección 31 Competencia para validación de Procesos de Selección de Personal 31 Presupuestos para el nombramiento 32 Efecto de nombramientos irregulares 32 Ilegal designación 32 Incorporación a la carrera administrativa 32 Incorporación automática a la carrera administrativa 33 Imposibilidad de incorporación a la carrera administrativa 33 Nulidad por vicios en el proceso de selección 33 Ausencia de cumplimiento del parágrafo IV del artículo 9 del Decreto Supremo 26319 33 La transparencia dentro de un proceso de reclutamiento y selección de personal 34 Ausencia de documentación de respaldo de proceso de selección determina que el funcionario ganador no sea considerado aspirante a funcionario de carrera 34 EVALUACIÓN DE CONFIRMACIÓN 35 Objeto de la inducción 35 Funcionarios sujetos a la evaluación de confirmación 35 Oportunidad de la evaluación 35 Propósito de la evaluación de confirmación 36 Efectos de la evaluación de confirmación 36 Nulidad de la evaluación de confirmación efectuada antes de tiempo 36 Cómputo de tiempo para la evaluación de confirmación 37 Confirmación tácita 37 Responsable de la evaluación de confirmación 37 Forma de la evaluación de confirmación 38 Reglamento Específico contrario a las Normas Básicas 38 Conocimiento de la evaluación y del formulario 38 Nulidad de evaluación de confirmación 39 Calificación errónea 39 Firma del Formulario de Evaluación de Confirmación 39 No corresponde una segunda evaluación de confirmación 39 Evaluación de confirmación como precedente necesario a la evaluación del desempeño 40 Diferencia entre evaluación de confirmación y evaluación del desempeño 40 Asignación de funciones durante el período de inducción o integración 40 Condición del funcionario en etapa de prueba 40 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 41 Características y principios 41 Objetivo 41 Cumplimiento de normas y principios 41


Base de la evaluación 42 Falta de POAI y POA 42 Postergación de la evaluación del desempeño 42 Segunda evaluación 42 Tercera evaluación 43 Jefe inmediato superior 43 Evaluación de personal que estuvo sujeto a rotación 43 Oportunidad de la ejecución de la evaluación del desempeño 43 Finalidad de la conformación del Comité de Evaluación 43 ROTACIÓN 45 No procede la rotación a una entidad descentralizada 45 Cumplimiento de requisitos para la rotación funcionaria 45 Revocatoria de rotación a cargo de menor nivel jerárquico y fuera de los alcances de la carrera administrativa por pertenecer a un programa con financiamiento externo 45 TRANSFERENCIA 47 Transferencia Irregular 47 Consenso 47 Reconocimiento tácito de dependencia funcionaria 48 La transferencia no implica renuncia a la carrera administrativa 48 Diferencia entre transferencia y rotación 48 Autoridad ante quien se impugna la medida de transferencia 48 Transferencia de funcionarios entre entidades públicas 48 Revocatoria de designación en cargo distinto al titularmente ocupado en caso de no aplicarse proceso alguno de movilidad funcionaria. 49 La transferencia no puede efectuarse por memorándum de retiro y posterior memorándum de designación 49 RETIRO 50 Memorándum de retiro 50 Retiro por necesidad de lograr eficiencia 50 Retiro por haber incurrido en faltas 50 Retiro por jubilación 51 Retiro producto de proceso disciplinario 51 Invalidez de retiro pactado en acuerdos transaccionales 51 Implicancias del resultado negativo de la evaluación de confirmación 51 Retiro por supresión de cargo 51 Modificación del nivel del puesto 53 Auditoría Gubernamental 53 Reingreso 54 Temporalidad de la supresión del cargo 55 Retiro por reestructuración del Poder Ejecutivo 55 Retiro discrecional 55 Reincorporación 56


Pago de haberes devengados 56 Vacaciones pendientes 57 Retiro sin efecto 57 Retiro excepcional 57 Retiro por disolución de la entidad 58 Aceptación tácita del nuevo nivel salarial 58 Inamovilidad funcionaria de la mujer embarazada 58 Actos que no implican despido automático 58 Pérdida de la calidad de funcionario de carrera a la extinción legal de una entidad pública 59 Acumulación de llamadas de atención no implica retiro 59 Características de la incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial 59 Autorización de incompatibilidad por parentesco 60 Abandono de funciones no implica, únicamente, inasistencia 60 PROCESOS INTERNOS 61 REGLAS GENERALES 61 Régimen de responsabilidad por la función pública 61 Responsabilidad por la función pública 61 Presunción de licitud 61 Proceso interno 62 Finalidad del proceso interno - Determinar la responsabilidad administrativa 62 Normas aplicables a los procesos internos 63 Alcance del proceso disciplinario 63 Interesado o afectado 63 Derecho a asumir defensa 64 Responsabilidad por atribuciones no establecidas 64 Excepción de prescripción 64 Oportunidad para invocar la prescripción en procesos sumarios 65 Requisito para la excepción de responsabilidad en decisiones gerenciales 65 Responsabilidad civil y/o penal 66 Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil 66 Competencia que no emana de la ley 66 Análisis del cumplimiento de normativa 66 Ordenes ilegales 66 Fotocopias en el expediente 67 Vulneración de los Códigos de Ética 67 Faltas previstas en instrumentos normativos de mayor jerarquía 67 Competencia para el procesamiento de abogados 67 Compatibilización de reglamentos 67 Declaración falsa sobre el parentesco 68 Características de la incompatibilidad por razón de parentesco o vínculo matrimonial 68 Procesamiento a mujer embarazada 68


Responsabilidad administrativa de funcionario obligado a emitir recomendaciones 68 Supuesto para acusar la infracción al derecho a que se proporcionen los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de funciones 69 Una Circular sí forma parte del grupo de normas que regulan la conducta del servidor público 69 INICIO DEL PROCESO INTERNO 69 Disposición de inicio del proceso disciplinario 69 Inicio de proceso interno de oficio 69 Formalidades del auto de apertura del sumario 70 Elementos del auto inicial 70 Determinación expresa de presuntas contravenciones u omisiones 70 Delimitación de los hechos a investigar 71 Indicios de responsabilidad en la instauración del proceso interno 71 Ausencia de dictamen de orden técnico 71 Denuncias 71 Conceptualización de denuncia 72 Investigación de denuncias 72 Responsabilidad del denunciante 72 Plazo para presentar denuncias 72 Informe de auditoría 72 Inicio del proceso interno en base a informe de auditoría 73 Auditoría no implica litispendencia 73 Presunción de actos delictivos 74 Correspondencia entre el auto de apertura y la resolución final 74 Notificación con el auto inicial del proceso 74 Oportunidad en el conocimiento de los fundamentos de la acusación 74 Improcedencia de la nulidad del auto inicial dictado fuera de término 74 Nulidad por vulneración de derechos 75 Retardación e incumplimiento de plazos procesales 75 Ilegal inicio del proceso disciplinario 75 No corresponde iniciar proceso sumario por la presunta contravención al ordenamiento jurídico que no estuvo vigente a momento de la supuesta comisión 75 Medidas precautorias 76 Tácita notificación con la apertura del término de prueba 76 Incidentes dentro del proceso interno 76 Cargos incluidos en el auto inicial del proceso interno 76 AUTORIDAD SUMARIANTE 77 Juez natural 77 Designación de la Autoridad Sumariante 77 Deberes de la Autoridad Sumariante 77 Cambio de las autoridades llamadas a resolver un proceso disciplinario 78 Delegación de competencia 78


Competencia de la Autoridad Sumariante 78 Reconocimiento tácito de la competencia del Sumariante 78 Pérdida de competencia de la Autoridad Sumariante 78 Improcedencia de planteamiento de incompetencia del Sumariante 79 Trámite de recusación 79 Aplicación normativa preferente en el trámite de recusación 80 Recusación dirigida en contra de la totalidad de los miembros de un Tribunal Administrativo. 80 Identificación de la causal o causales de la recusación formulada. 80 Inhabilitación de la Autoridad Sumariante 80 Otra autoridad en los procesos internos: Tribunal Disciplinario 80 Decisiones del Tribunal Administrativo 81 Nulidad de actos del Tribunal Administrativo 81 PRUEBA 81 Tipos de prueba 81 Valor de las pruebas 82 Rechazo de prueba testifical 82 Presentación de prueba fuera de plazo 82 Notificación con declaraciones informativas 83 Oportunidad en la ampliación del proceso administrativo contra otros servidores o ex servidores públicos 83 Validez de la ampliación del término probatorio 83 No es obligatoria la ampliación del período de prueba en fase sumarial 84 Falta de valoración de la prueba 84 Nulidad por falta de pronunciamiento en ofrecimiento de pruebas 84 RESOLUCIÓN FINAL 85 Imposibilidad de suspender la emisión de la resolución final 85 Responsabilización administrativa por vulneración a disposiciones legales de carácter general – definiciones 85 Nulidad por falta de motivación en la Resolución Final de Sumario. 85 Ilegal ejecutoria de la resolución 86 Improcedencia de imposición de pago de costas 86 No corresponde que el Sumariante determine responsabilidad penal 86 Remisión al Ministerio Público 86 SANCIONES 86 Facultad de sancionar 86 Sanción de suspensión del cargo 87 Sanción de multa: porcentaje de descuento en la remuneración mensual 87 Determinación de la sanción 87 Proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta 87 Excepcionalidad respecto a la progresividad en la aplicación de sanciones 88 Tasación de la sanción 88


Sanciones diferenciadas 88 Ejecución de la sanción de destitución a mujer embarazada 89 Agravación de sanción 89 Modificación de la sanción impuesta 89 Duplicidad de sanciones por la misma falta implica la revocatoria de la última de ellas 89 RECURSO DE REVOCATORIA DERIVADO DE PROCESOS SUMARIOS 90 Habilitación legal para interponer recursos de revocatoria 90 Naturaleza del recurso de revocatoria 90 Excepcionalidad en la impugnación de actos interlocutorios o de mero trámite 90 Ampliación de plazos para impugnar actos administrativos en razón de la distancia 91 AVOCACIÓN EN EL TRÁMITE DEL RECURSO DE REVOCATORIA 91 Decisión de avocarse o no el conocimiento de una causa 91 Avocación y delegación. 91 Error o falta de claridad en la decisión de avocación 92 Validez de los actos de la Autoridad Sumariante 92 CAUSALES DE RECHAZO 93 Aplicación del régimen jurídico anterior 93 Competencia de la Superintendencia del Servicio Civil 94 Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil 94 Carreras con legislación especial 95 Falta de normativa en cuanto al Régimen Laboral 96 Competencia en el régimen especial 96 Actos administrativos no impugnables 96 Rechazo por incumplimiento de requisitos formales esenciales 97 Interesados 97 Improcedencia de inclusión o adhesión a recursos 98 Ley General del Trabajo 98 Requisitos esenciales ante renuncia al régimen de la Ley General del Trabajo 98 Incorporación a la carrera administrativa por modalidad automática 98 Funcionario con contrato a plazo fijo 99 Consultores 99 Funcionarios designados 99 Funcionarios de libre nombramiento 99 Rescisión de contrato de personal eventual 99 No incorporación a la carrera administrativa por falta de ítem 100 Efectos de la invalidación del proceso de selección 100 Pérdida del derecho a impugnar 100 Antigüedad de cinco años 100 Servidores públicos de entidades autárquicas y descentralizadas 100 Falta de mención del acto administrativo impugnado 101 Improcedencia del recurso jerárquico 101


Vía administrativa agotada en recurso jerárquico 101 Sanciones no emergentes de un proceso interno 101 Impugnación judicial a los procesos de incorporación a la carrera administrativa 101 Requisito imprescindible para la presentación de recurso jerárquico 102 Rechazo por impugnación a materia diferente a la regulada por la Ley 2027 102 Legitimidad para presentar recursos de revocatoria y jerárquico en procesos internos 102 Proceso de selección no convierte a un consultor en funcionario de carrera o aspirante a tal condición. 102 Estabilidad laboral mencionada en Términos de Referencia no otorga a un consultor la calidad de aspirante a funcionario de carrera, menos de funcionario de carrera 103 Imposibilidad de impugnar acto administrativo de no avocación del conocimiento, tratamiento y resolución del recurso de revocatoria 103 Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil para conocer recursos jerárquicos interpuestos por Directores de Unidad Educativa 104 Incompetencia de la Superintendencia del Servicio Civil para conocer recursos jerárquicos interpuestos por funcionarios del Seguro Social Universitario 104 Imposibilidad de impugnar una llamada de atención severa 104 Imposibilidad de impugnar asignación de funciones nuevas 105 Funcionario interino que adquiere la condición de funcionario en situación irregular 105 Inaplicabilidad la Ley de Procedimiento Administrativo para computo de Plazos en la interposición de recurso jerárquico 105 Rechazo de recurso jerárquico dirigido en contra la ausencia de respuesta a representación a memorándum de declaración en comisión de servicios 105

Precedentes Legales Administrativos

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